Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a garantizar la equidad en la contienda electoral de Colima, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados del Grupo Parlamentario de PRI de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las competiciones electorales, es un principio característico de los sistemas democráticos contemporáneos en el que el acceso al poder se organiza a través de una competición entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto de los electores. Es un principio clave que integraría un derecho electoral común propio de aquellos países que se definen como estados democráticos de derecho y que se fundamentan en la idea de soberanía popular y en la sumisión de todos los poderes al imperio de la ley y de la Constitución. Es un principio con una relevancia especial en el momento electoral, ya que procura asegurar que quienes concurran a él “estén situados en una línea de salida equiparable y sean tratados, a lo largo de la contienda electoral, de manera equitativa1 .

La igualdad de oportunidades en el acceso a las competiciones electorales es el presupuesto y fundamento de la libertad de elección, e implica garantizar la libertad de acceso a dichas competiciones, impidiendo, por ejemplo, que algunos de los competidores electorales obtengan ventajas indebidas como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o económicas) en las que pudieran encontrarse. De ahí que el principio de igualdad de oportunidades se haya convertido también en el fundamento constitucional de las causas de inelegibilidad. Asimismo, el principio de igualdad de oportunidades en esta fase de acceso a las competiciones electorales puede actuar sobre la regulación de las restricciones a la libertad de presentación de candidaturas, tratando de minimizarlas, en la medida de lo posible, para facilitar una oferta electoral amplia2 .

Lo anterior mencionado es base fundamental de los criterios que rigen las normas electorales, base y fundamento de nuestra democracia.

Recientemente conocimos por los medios de comunicación, la noticia de que el panista Jorge Luis Preciado sigue cobrando en el Senado de la República, porque no pidió licencia, a pesar de no asistir a las siete sesiones del pleno realizadas en este mes, le permitió cobrar cerca de medio millón de pesos por aguinaldo y dieta decembrina3 .

Los reportes de los días 1, 3, 8, 9, 10, 14 y 15 de diciembre, que fueron las sesiones de cierre del Senado, el nombre de Jorge Luis Preciado no está ni en los senadores presentes, ni en la lista de los legisladores que se ausentaron, tampoco en el listado de los senadores que se ausentaron en esos días por estar en alguna comisión oficial del propio Senado.

Lo señalado es un tema relevante sobre el cual es menester se pronuncie el Instituto Nacional Electoral (INE) a la brevedad.

Es indispensable un pronunciamiento del INE sobre la información difundida respecto al apoyo del director general de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores, señalado como uno de sus principales colaboradores en la campaña.

Óscar Zurroza Barrera, mencionado director general, se dice es el principal operador político de la campaña de Jorge Luis Preciado y desde hace unas semanas solicitó licencia sin goce de sueldo en el Senado, sin conocer si está aplicada dicha licencia, porque se menciona en medios de comunicación que no renunció a la titularidad de la administración de todos los recursos humanos del Senado, que supera los dos mil trabajadores e implica el manejo de dos mil 359 millones de pesos anuales.

Es indispensable que el INE resuelva si este operador político, Óscar Zurroza Barrera, maneja recursos públicos aplicados en favor del candidato panista, lo cual sería motivo de inequidad en la contienda electoral.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que garantice que la equidad en la contienda electoral en el estado de Colima, no se vea afectada por ventajas indebidas.

Notas

1 Tomado de
http://portales.te.gob.mx/seminario/sites/portales.te.gob.mx.seminario/files/materiales/
Luis%20Delgado%20del%20Rincon.pdf el 12 de Diciembre del l2015.

2 Tomado de
http://portales.te.gob.mx/seminario/sites/portales.te.gob.mx.seminario/files/materiales/
Luis%20Delgado%20del%20Rincon.pdf el 21 de diciembre del 2015.

3 Tomado de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/12/18/1064184 el 21 de Diciembre del 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a actuar con oportunidad e imparcialidad por la Fepade en la persecución de delitos comiciales en el proceso de elección de la fórmula de “diputados migrantes” en Chiapas, suscrita por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta a la PGR al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 23 de noviembre del 2011 se concretó en Chipas una reforma sin precedente en nuestro país; por primera vez se incorporó la figura de Diputado Migrante, con el propósito de darle a los chiapanecos migrantes en el extranjero una representación en el Congreso Local de su entidad de origen.

En el proceso electoral de este año, se habría de elegir por segunda ocasión en la historia de Chiapas a la formula de Diputados Migrantes de entre cuatro diferentes propuestas.

La Constitución de esta entidad, señala que la elección del llamado “diputado migrante” se lleva a cabo con el voto de los chiapanecos residentes en el extranjero.

De acuerdo a lo referido en diversos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, podemos señalar que:

• Para la elección del 19 de julio pasado, la empresa DSI Elecciones fue contratada, con un pago superior a los 12 millones de pesos, para desarrollar el sistema donde se pudieran inscribir quienes, viviendo fuera del país, desearan emitir su voto en la jornada electoral.

• De acuerdo con los lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), DSI Elecciones desarrolló una plataforma electrónica a través de la cual, los chiapanecos que viven en otros países debían enviar una solicitud para obtener un registro como votantes. La empresa fue la encargada de la recepción y cómputo de votos, todo mediante un sistema virtual.

• La empresa debería verificar que los solicitantes efectivamente vivieran en el extranjero, y en ese momento les asignaba una contraseña para que durante el periodo del 5 al 19 de julio pudieran emitir su voto.

La Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) inició una averiguación previa para determinar si DSI Elecciones incurrió en un delito electoral al manipular la lista nominal de chiapanecos residentes en el extranjero, tras una denuncia que interpuso el secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Jesús Moscoso Loranca.

Según cifras emitidas por la empresa al término de la jornada electoral, sufragó más de 65% de un padrón de 10 mil votantes. Detallando que con 3 mil 685 sufragios ganó el candidato del PVEM, Roberto Pardo Molina.

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió cientos de denuncias de ciudadanos residentes de Chiapas, particularmente del municipio de Chalchiuitán, quienes señalaron que se les negó el derecho a votar debido a que su nombre había sido inscrito en el padrón de chiapanecos residentes en el extranjero, siendo que los denunciantes jamás iniciaron ese procedimiento.

La empresa privada DSI Elecciones habría falsificado el padrón de votantes y manipulado la elección para dar el triunfo a Roberto Pardo, quien de acuerdo con la denuncia de algunos partidos políticos es primo hermano de Vicente Manzur Salomón Molina, dueño y director general de esta empresa que, mediante un sistema electrónico, recibió la votación y emitió los resultados a favor del entonces candidato del Verde.

A petición de la FEPADE, el pasado 11 de diciembre, en sesión extraordinaria del pleno del Congreso Local, se procedió a desaforar al diputado Roberto Pardo Molina, luego de que se iniciara una investigación judicial por el proceso plagado de irregularidades que lo llevó al cargo.

Estimadas compañeras y compañeros diputados, resulta por demás oprobioso que se utilice un tema tan noble, como lo es el otorgarle representación en órganos de gobierno a nuestros connacionales que residen el extranjero, para servir, por medio de fraude, a intereses particulares y de grupo. Acciones como estas trastocan perversamente a la democracia y desalientan la de por si insipiente participación de los migrantes en la vida política de nuestro país.

Muchos hemos sido las legisladoras y legisladores que durante varios años hemos pugnado y trabajado en favor de los derechos políticos de los mexicanos que por alguna razón han tenido que emigrar en busca de oportunidades, principalmente a Norteamérica. En el marco del Día del Migrante, que habremos de celebrar el próximo 18 de diciembre, valdría la pena dejar en claro a nuestros hermanos y hermanas migrantes que esta soberanía pugnará por que se haga justicia y se castigue contundentemente a quienes, utilizando la bandera de la defensa del migrante, solo buscan saciar sus particulares apetitos.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . Por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Fepade , actúe con oportunidad e imparcialidad en la persecución de los delitos electorales cometidos en el proceso de elección de la fórmula de “Diputados Migrantes” en el estado de Chiapas, celebrado el pasado 19 de julio, fincando responsabilidad a quien o quienes resulten culpables, sin importar su jerarquía o filiación política.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del presidente de la Conasami a fin de que explique el aumento del salario mínimo para 2016, suscrita por la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal por el Distrito Federal en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno del Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. el día 19 de noviembre del presente año fue aprobado el dictamen de la comisión de puntos constitucionales, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del Salario Mínimo, en donde en lo interesante, se modificaron los artículos 26,41 y 123 para establecer la Unidad de Medida y actualización como unidad de referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones previstos en las leyes y desvincular el salario mínimo de esta función, con ello se busca que se beneficien millones de trabajadores que han visto caer su poder adquisitivo, bajo el pretexto de que el salario mínimo de que no era posible su aumento de manera considerable, sin afectar a la población ya que el mismo era utilizado como referencia para el pago de multas, recargos y créditos, entre otros.

2. Mucho se discutió sobre el tema, ya que se demostró de manera indubitable que el salario mínimo de México es el peor de toda América Latina en donde el mismo equivale a 138 dólares mensuales, mientras que en Argentina se obtiene como mínimo 535 dólares, le siguen Panamá con 360 dólares y Brasil con 252 dólares,1 con lo que resulta incomprensible que en nuestro país siguiera con esta política económica, que lejos de fortalecer el mercado interno, ha ocasionado que en un lapso de 25 años el poder adquisitivo del salario mínimo haya perdido el 76.3% del mismo, lo cual es sumamente grave, sobre todo si se considera que hasta el año 2010, el 49 por ciento de la población ocupada se encontraba dentro del rango de entre cero y dos salarios mínimos diarios, en términos monetarios, implico recibir por un día de trabajo máximo 114 pesos con 92 centavos.

El CAM (Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM) aludió a la Canasta de Alimentación Recomendable (CAR), conjunto ponderado de artículos para el consumo diario de una familia mexicana conformada por cinco personas dos adultos, un joven y dos niños- con la consideración de aspectos históricos económico-sociales, hábitos, costumbres y de dieta.

Si se consideran los últimos 25 años, es decir, de 1987 a la fecha, y se compara que entonces el mínimo era de 6.47 pesos por día, y al primero de enero del año 2012 es de 62.33, la tasa de crecimiento relativa fue de 863.37 por ciento, lo que implicó un aumento monetario de 55.86 pesos.

Sin embargo, el precio total de la CAR era de 13.43 pesos, y su nivel en abril del 2012 de 732.92 pesos por día, lo que significa que la tasa de crecimiento relativa durante el periodo fue de 5,357.33 por ciento que, en términos monetarios, representó un aumento de 719.49 pesos.

Con ello, el poder adquisitivo registró una pérdida acumulada en 25 años del 76.35 por ciento, refirió el CAM.2

3. al día de hoy, la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo ha sido avalada por 17 Congresos Estatales, el de Morelos fue el primer estado en votar la misma el día 24 de Noviembre, mientras que el décimo séptimo estado que logro la mayoría para darle cumplimiento al requisito legal, fue Quintana Roo el día 9 de Diciembre, con lo que el Titular del Ejecutivo Federal deberá ahora efectuar la promulgación del decreto de reforma a través del Diario Oficial de la Federación.3

4. sin embargo y a pesar de existir consenso político como se demostró con el aval casi inmediato de los congresos locales para avalar la reforma, la Comisión Nacional del Salario Mínimo, determino de mutuo propio, a sabiendas de la existencia del proceso legislativo para la publicación de la reforma a los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del Salario Mínimo y sin que existiera ninguna obligación legal para hacerlo antes de que concluyera el año, incrementar en 4.2 % el salario mínimo para pasar de los $70.10 pesos a $73.04, es decir subió $2.94 pesos, lo cual está aún lejos para satisfacer los requerimientos mínimos de la Canasta de Alimentación Recomendable.

5. por todo ello, es que se vuelve indispensable que el Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, comparezca ante esta soberanía a explicar las razones y motivos por las cuales el incremento al salario mínimo que turno a las necesidades contempladas por la Canasta de Alimentación Recomendable, aunado a que ya se ha aprobado la desindexación del Salario Mínimo, quedando pendiente únicamente su publicación por el Titular del Ejecutivo Federal, es que se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, solicita la comparecencia ante esta soberanía del Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Basilio González Núñez, para que explique las razones por las cuales el consejo de representantes acordó otorgar solo un aumento de $2.94 pesos al salario mínimo a partir del año 2016, el cual resulta insuficiente para adquirir la Canasta de Alimentación Recomendable.

Notas

1 http://www.nortedigital.mx/mexico-con-el-peor-salario-minimo-en-al/.

2 http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=economia-y-negocios&pl=en-2 5-anos-el-poder-adquisitivo-del-salario-minimo-perdio-763-por-ciento.

3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/12/ 12/desindexacion-del-salario-minimo-pasa-prueba-de-congresos.

Palacio Legislativo, a 22 de diciembre de 2015.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades ambientales y de seguridad pública de los diferentes niveles de gobierno a implantar acciones que garanticen mayor protección de los santuarios de la mariposa monarca, suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Javier Octavio Herrera Borunda, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las áreas forestales tienen una complejidad social enorme pues son las unidades básicas de la organización y estructura ecológica, son hogar no sólo de 12 millones de personas (incluyen 23 mil 111 ejidos y comunidades, con presencia de 43 diferentes etnias), sino de innumerables especies animales y vegetales, que constituyen una enorme riqueza por los servicios ambientales que proporcionan.

La superficie vegetal forestal del país cubre una extensión de 145 millones 247 mil 547 hectáreas; es decir, aproximadamente 74 por ciento de la extensión superficial del país. De ellas, 34 millones 194 mil 434 hectáreas corresponden a bosques; y 32 millones 59 mil 162, a selvas; donde alrededor de 50 millones 81 mil 454 de hectáreas son cubierta vegetal de zonas áridas.

La tala ilegal tiene un efecto devastador sobre las comunidades y la biodiversidad, por un lado provoca enormes emisiones de carbono y por otro retiene a las personas pobres que viven en los bosques, en un círculo peligroso y dañino de pobreza y corrupción.

Fuente: Semarnat.

Para frenar la tala clandestina en la zona núcleo de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, el gobiernos de Michoacán, en coordinación con el federal y el del estado de México, implantará a partir de 2016 una estrategia de seguridad; lo anterior, atendiendo a las recientes cifras que han dado conocer sobre las nueve hectáreas de bosque que fueron devastadas por grupos de talamontes en el paraje El Tepozán, del santuario Sierra Chincua, en Agangueo, Michoacán.

Asimismo, se señala que el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado, reconoció que dicho ecocidio debe ser atendido por las fuerzas de seguridad pública tanto federales como estatales, ya que las dependencias ambientales se ven limitadas para enfrentar el crimen organizado que opera en los bosques de oyamel que conforman el refugio invernal de ese lepidóptero, cuya presencia, se calcula se duplicará este año.

Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos urgente diseñar una estrategia de seguridad en el hábitat de hibernación de la mariposa monarca.

Consideramos que este tema no es de competencia exclusiva de la Comisión Nacional Forestal: se debe incluir a los distintos órdenes de gobierno en materia ambiental y de seguridad para que se diseñe una estrategia que determine quienes serán los encargados del tema de la seguridad para la mariposa monarca en este invierno 2015-2016, así como los encargados de implementar las acciones necesarias para detener, de manera contundente, este tipo de acciones contra el lepidóptero que es símbolo de la amistad de tres naciones (México, Estados Unidos y Canadá).

Este punto de acuerdo va en consonancia con los compromisos internacionales que el país ha signado en últimas fechas. Basta recordar que el 12 de noviembre de 2015, en el marco de su visita a México, la señora Sally Jewell, secretaria del Departamento del Interior de Estados Unidos de América, recorrió con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales el santuario de la mariposa monarca Piedra Herrada, en el estado de México, donde coincidieron en que deben implantarse medidas especiales con Canadá con el objetivo de incrementar la presencia de este polinizador en los bosques mexicanos.

El secretario, ante la pérdida del fenómeno migratorio de la mariposa monarca en México, propuso crear un grupo trilateral para identificar principalmente las causas que impedían la llegada de la especie y se estableció que para 2020 se cubriría una superficie cercana a 6 hectáreas de bosque.

El titular de la Semarnat también indicó que de acuerdo con los reportes, hasta antes de la llegada del huracán Patricia a México, se contabilizaron en el inicio de la temporada entre 3 y 4 hectáreas de monarca, casi cuatro veces más de lo que llegó en 2014.

En ese orden de ideas, es de resaltar que los legisladores, el gobierno y la academia estamos preocupados por el futuro de la mariposa monarca, es así que, en las memorias del tercer Simposio Internacional de Investigación y Conservación de la Mariposa Monarca realizado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se destacó que además de la tala clandestina, el lepidóptero ésta siendo afectado por el cambio de uso de suelo para la introducción de huertas aguacateras en la zona núcleo de esta área natural protegida y la introducción de cultivos que ponen en riesgo el equilibrio de la mariposa monarca.

Afectaciones climáticas

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas calcula que la temporada 2015-2016 la ocupación de mariposas monarca será mayor al doble de 2014-2015, cuando se registraron 1.13 hectáreas ocupadas por ese lepidóptero; sin embargo, el fenómeno El Niño podría poner el riesgo las colonias de mariposas establecidas en los santuarios de hibernación en el estado de México y Michoacán, por lo que los legisladores del GPPVEM queremos que se preserven los sitios de hibernación (no sólo del hábitat de la mariposa sino también el de otras especies polinizadoras) y conseguir la meta trinacional de 225 millones de mariposas monarca al año.

Queremos reconocer que si bien nuestro país ha fortalecido la vigilancia en la zona con la participación de diferentes instancias gubernamentales, por otro lado encontramos el acecho a la monarca, en la amenaza del cambio climático y sus efectos nocivos, dado que ya están pronosticados a través del Servicio Meteorológico Nacional, fríos prolongados, bajas temperaturas, lluvias invernales y que se presenten condiciones que no son favorables para la mariposa monarca.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y de seguridad pública de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que en este invierno 2015-2016 se implanten conjuntamente acciones que garanticen mayor protección de los santuarios de la mariposa monarca, ubicados en los bosques de oyamel en Michoacán y estado de México, los cuales forman el refugio invernal de ese lepidóptero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2015.

Diputado Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador de Veracruz a crear un instrumento financiero que permita la reactivación y el pago de adeudos de los trabajadores y jubilados del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, de Ciudad Lerdo, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , bajo las siguientes

Consideraciones

El sector agrícola de nuestro país requiere de un importante impulso que le permita contribuir a mejorar el desempeño de nuestra economía frente a un entorno mundial de alta competencia e intercambio comerciales. La actividad cañera no escapa a esta dinámica y de hecho ya se ha visto afectada por la globalización y por políticas equivocadas que han llevado a la quiebra de varios ingenios. La importación de alta fructosa, según los afectados y expertos en la materia, es una de las razones principales que han agudizado los problemas de los ingenios azucareros, como ocurrió con varios de ellos en los estados de Veracruz y San Luis Potosí, puestos en venta por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

No obstante, México se ubicará como el sexto productor y exportador de azúcar del mundo en el ciclo 2015-2016, de acuerdo con proyecciones de la Organización Internacional del Azúcar (ISO, por sus siglas en inglés). En el actual ciclo, que inició el 1 de octubre de 2015 y terminará el 30 de septiembre de 2016, se producirán 170.9 millones de toneladas de ese edulcorante a nivel global y se exportarán 56.5 millones de toneladas, según la misma fuente. De esas cantidades, México aportará 5.95 por ciento en la producción y 1.71 por ciento en las exportaciones, detalla la última perspectiva trimestral elaborada por la ISO1 .

Uno de los ingenios afectados es el denominado Nuevo San Francisco, que se encuentra localizado en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz. Ese ingenio forma parte del grupo Gargonz y se declaró en proceso de quiebra el 1 de octubre de 2013, cerrando sus instalaciones y actividades en el mes de diciembre de ese mismo año. Con la drástica medida, se dejaron de pagar diversos adeudos en sueldos, prestaciones de ley, aguinaldos, pensiones, así como a proveedores.

Ante la declaración de quiebra y el cierre del ingenio, cerca de 850 obreros activos y jubilados, 2 mil 200 productores de caña de azúcar y 5 mil 500 familias dependientes directa o indirectamente, dejaron de percibir ingresos. Esto derivó en una gran crisis económica y social dentro del municipio y lugares colindantes de la región.

A dos años del cierre, a pesar de que han existido diversos acercamientos de autoridades estatales y federales, buscando dar solución al conflicto social que se ha causado, no hay certidumbre de que se vaya a dar solución definitiva. Morena recoge esta preocupación como parte de su compromiso con las demandas más sentidas de los veracruzanos.

El cierre de este ingenio, como en otros casos, deteriora, además, la ya de por sí baja calidad de vida de los habitantes de la región y provoca malestar social. Morena sostiene que hay caminos que pueden explorarse para reabrir esta unidad productiva y fuente de empleo necesaria para conservar la paz social de la entidad. Sólo hace falta voluntad política por parte de los gobiernos federal y del estado de Veracruz. Frente a ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión está obligada a pronunciarse por una solución inmediata y evitar que transcurra más tiempo, por el bien de los veracruzanos afectados y de la propia actividad cañera.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a crear un mecanismo financiero que permita la reactivación inmediata y el pago de adeudos de los trabajadores y jubilados del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, de ciudad Lerdo, Veracruz.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve a la apertura del ingenio azucarero Nuevo San Francisco, de ciudad Lerdo, Veracruz, así como al pago de adeudos de sus trabajadores y jubilados.

Nota

1 Cofece inicia proceso contra azucareros, elecomomista.com. , fecha de consulta 19 de diciembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2015.

Diputada Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Jalisco, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos diputados Castañeda Hoeflich José Clemente, Delgadillo García Verónica, Ochoa Avalos María Candelaria y Sánchez Orozco Víctor Manuel, todos integrantes de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara al hablar sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, incluidos aquellos para la determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como de las garantías del debido proceso con las que contamos las y los mexicanos.

En su artículo primero, además del reconocimiento de todos los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo momento la protección más amplia hacia las personas.

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Respecto a la libre determinación de los pueblos indígenas plasmada en el artículo 2º constitucional, se destaca el propio reconocimiento de las comunidades integrantes de un pueblo indígena, como aquellas que: por el simple hecho que formen una unidad social, económica y cultural; que se encuentren asentadas en un territorio y; que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Incluso el mismo artículo anteriormente mencionado, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la autonomía, esencialmente en distintos rubros que les permitan conservar su origen e identidad, por lo que conservar y mejorar el hábitat así como preservar la integridad de sus tierras es fundamental, así como constitucionalmente protegido.

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

...

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

...

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. a IV. ...

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

...”

Respecto a las garantías del debido proceso con las que contamos las y los mexicanos, los artículos constitucionales 14 y 16 establecen las formalidades esenciales a las que la autoridad deberá de apegarse en todo proceso judicial, por lo que cualquier ejecución que contravenga lo señalado en estos artículos podrá catalogarse como actos de molestia e incluso inconstitucionales.

Bajo el entendido de lo anterior no cabe duda, que las garantías para salvaguardar los derechos humanos de los pueblos indígenas se encuentran constitucionalmente establecidas, pero también la vulnerabilidad de los pueblos y comunidades indígenas en el país es una realidad vigente, por lo que es necesario estar conscientes que su reclamo por mantener su origen e identidad son legítimos, así como la gran relevancia en que se traduce la misma tenencia de sus tierras.

Los casos de atropello hacia los derechos humanos de los pueblos indígenas se encuentran plenamente documentados, lamentablemente la responsabilidad de aquellos que han perpetrado graves violaciones a la dignidad indígena, ya sea a comunidades enteras o a sus líderes, han quedado en una lucha al parecer interminable.

Sin duda han sido numeroso los casos donde México se encuentra en deuda con la comunidad indígena del país, donde el interés privado de unos cuantos se coloca por encima del interés común y de la mayoría.

Solo a manera de ejemplificar respecto a la vulnerabilidad que tienen los pueblos indígenas, particularmente cuando uno de sus miembros ha sufrido un atropello a sus derechos humanos y dignidad, es más que evidente y demostrable que a partir del momento en que se comete el acto violatorio, y durante todo el proceso judicial en el que se busca justicia, la persona afectada se sitúa en un estado de indefensión por el simple hecho de pertenecer a una comunidad indígena.

De lo anterior, simplemente se pueden citar aquellos casos atraídos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde hace responsable a Estado-País de México en violaciones graves de derechos humanos en contra de indígenas:

• Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215.

• Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216.

Para la presente proposición de acuerdo es de mencionarse que en el estado de Jalisco, al igual que en todo el país, se encuentran registrados diferentes violaciones graves a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y que recientemente la detención del líder indígena Miguel Monroy por parte de la Fiscalía del estado no es más que un eslabón más de una cadena de injusticias y arbitrariedades contra la comunidad Nahua del sur de Jalisco.

La Fiscalía giró una orden aprehensión por un supuesto delito de despojo cometido por Miguel Monroy, y lo hizo a pesar de que aún no termina el juicio agrario para determinar quién es el verdadero dueño de las tierras en disputa.

La comunidad Nahua asentada en la sierra de Manantlán es blanco de una persecución del Estado para favorecer los intereses de las mineras que al menos desde 2007 extraen hierro en tierras del ejido Ayotitlán.

Dichas compañías, además de afectar a la población originaria, están poniendo en riesgo un ecosistema único, cuna del maíz criollo, protegido mediante la declaratoria de la reserva de la biósfera de Manantlán.

No podemos permitir que se sigan violentando los derechos humanos de comunidades indígenas y que se asedien a sus líderes.

La Fiscalía no ha cumplido su trabajo, sigue sin resolver la desaparición de Celedonio Monroy, en noviembre de 2012, y ahora se presta para detener a otro líder indígena, beneficiando con esto sólo a intereses particulares.

Otro capítulo de esta persecución ocurrió en agosto de 2013, cuando policías estatales detuvieron a Gaudencio Mancilla, acusado de intentar formar una policía comunitaria.

Miguel Monroy y Gaudencio Mancilla han encabezado desde 2007 las protestas de la comunidad nahua contra las mineras.

Movimiento Ciudadano ha demostrado un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos. No seremos aval de un gobierno que cierra los ojos ante poderosos intereses y se ensaña contra los más pobres.

Exhortamos a las autoridades estatales a liberar inmediatamente a Miguel Monroy y a Marciana de los Santos López, quienes fueron detenidos por la Fiscalía estatal.

Pedimos y exigimos que las acciones de las autoridades, de los funcionarios públicos, contribuya al pleno desarrollo de las comunidades indígenas respetando, en todo momento, su autonomía, sus tradiciones y sus costumbres. Debemos reivindicar la serie de derechos a los que son sujetos, luchar contra la indiferencia de las que han sido víctimas por parte de muchos en este país.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar una investigación sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en el estado de Jalisco, particularmente aquellas ocurridas durante el despojo de tierras en la comunidad Nahua del municipio de Cuautitlán de García Barragán.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco a respetar el principio del debido proceso así como garantizar los derechos humanos del ciudadano y líder Nahua, Miguel Monroy Gerardo en la investigación que dicha dependencia está llevando a cabo.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional del estado de Jalisco a realizar acciones y actos de autoridad que promuevan, respeten, y protejan los derechos humanos de los pueblos indígenas en la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SCT y la Semarnat, así como a las autoridades de los tres niveles de gobierno en las entidades federativas y el DF, a implantar una estrategia que refuerce el acopio de televisores no reutilizables, suscrita por el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

La evolución tecnológica ha evidenciado una serie de transformaciones de gran impacto para la humanidad; un ejemplo de ello, son el avance y desarrollo de uno de los medios de mayor penetración en la sociedad: la televisión.

Desde sus inicios, este medio masivo de comunicación ha proporcionado la posibilidad de trasmitir información, entretenimiento, educación y cultura a una gran parte de la población.

La evolución técnica de este medio ha ido desde sus orígenes analógicos hasta la compleja tecnología digital actual, la cual está convergiendo de manera acelerada en muchos países del orbe, en donde se han desarrollado diferentes estándares y normas que han buscado optimizar la transmisión de este servicio utilizando la tecnología digital, con el objetivo de aprovechar al máximo sus beneficios que ésta ofrece, lo cual no sólo implica una revolución comunicacional por tener mayor número de señales para cada canal o una optimización en la calidad visual frente a la pantalla.

En el plan de trabajo instrumentado por el gobierno federal para la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), participa de esta visión al ser claro al señalar que este medio de comunicación favorece el acceso democrático a la información, “al desarrollo social, la igualdad de oportunidades entre la población” y una vía a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Por ello, “este proceso de transición a la televisión digital constituye una prioridad del gobierno federal para que se lleve a cabo de una forma planificada y atendiendo a la población de escasos recursos que podría quedar excluida de estos beneficios”1 .

La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el estado está obligado a garantizar que sea prestado en condiciones de competencia y calidad, y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y oportunidad de la información.

La transición a la TDT tiene como objetivo central el usuario ya que dicho proceso garantiza un acceso más equitativo a los servicios de radiodifusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 6o. constitucional.

Este proceso de transición o cese de las transmisiones de televisión analógica se ha denominado comúnmente como apagón analógico , mismo que ya se ha llevado a cabo en diferentes partes del mundo.

En nuestro caso, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones ordenó concluir la transmisión de las señales analógicas de televisión el 31 de diciembre de 2015; siendo competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) acordar la terminación de transmisiones analógicas, una vez recibida la notificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre el nivel de penetración alcanzado en cada región, a través de receptores y decodificadores aptos para recibir transmisiones digitales, en 90 por ciento o más de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Atender esta transición ha implicado, como meta, la entrega de 10 millones de televisores de 24 pulgadas, habilitados para recibir señales radiodifundidas digitales al listado de los hogares inscritos en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la Sedesol.

Sin embargo, existen otro tipo de consecuencias en esta transición digital. De acuerdo con el Módulo sobre el Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2013, de los 31 millones de hogares, con alrededor de 60 millones de televisores, 25.8 por ciento contaban con aparato digital, mientras que 69 por ciento tenía solamente televisores analógicos y 5.2 por ciento de los hogares reportó no tener televisor.

De esta información se derivan diversas estimaciones relacionadas con el apagón analógico, siendo la principal de ellas que tal cambio implica desechar todos los aparatos de televisión no aptos para captar las señales digitales, por lo que el universo de aparatos que quedarán inutilizados no se limita a los hogares beneficiarios del programa de Sedesol, sino que cubre a todos aquellos segmentos de la población que cuentan con televisores analógicos; esto es, considera a hogares, comercios, instituciones públicas y privadas que tienen televisores no aptos para recibir señales digitales.

De esta manera, el universo de desechos de televisores analógicos se estima que pudiera rondar sobre los 40 millones de aparatos únicamente en los hogares, por lo que para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza resulta un imperativo proteger la salud de los mexicanos y el medio ambiente de los impactos negativos que pudiera ocasionar el manejo y destino final inadecuado de los televisores analógicos desechados.

Los avances tecnológicos, así como la creciente producción, distribución y venta de aparatos eléctricos y electrónicos origina una vida corta de los mismos, por lo que la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) aumenta de manera acelerada en todos los países, provocando un serio problema para la recolección y manejo de estos desechos, dadas las afectaciones que tienen en la salud de las personas y la ecología en general.

Lo anterior se ha convertido en una preocupación a nivel mundial de los gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil; de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en los últimos 10 años, los RAEE han experimentado una tasa de crecimiento de aproximadamente 4 por ciento a nivel mundial.

Además, de acuerdo con un estudio del citado organismo internacional, presentado en mayo de 2015 y realizado conjuntamente con la Secretaría del Convenio de Basilea; el Centro Regional Sudamericano del Convenio de Basilea (CRBAS); la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); la Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi); la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), los residuos eléctricos y electrónicos constituyen uno de los flujos de residuos que más crecen en todo el mundo, al calcularse que en 2014 se generaron más de 42 millones de toneladas métricas (Mt), correspondiendo 11.7 Mt al continente americano, apareciendo tres países como los de mayor generación de estos residuos en cantidades absolutas: Estados Unidos de América con 7.1 Mt, Brasil con 1.4 Mt y México con 1.0 Mt2 .

De esta manera, el manejo adecuado de los RAEE se convierte en un desafío mundial del cual México no puede sustraerse, dado que estos residuos son diferentes de otros debido a su composición; de no darse un manejo integral responsable, bajo un adecuado proceso que considere la recolección, almacenaje, desensamblaje, transportación y reciclaje3 , los RAEE pueden resultar particularmente nocivos para la salud humana y el medio ambiente.

Además, no debe desestimarse que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales vinculantes en la materia, tales como el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, firmado por México el 22 de marzo de 1989 y ratificado el 22 de febrero de 1991, el cual tiene por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente contra los posibles efectos nocivos de la generación, el movimiento transfronterizo y el manejo de desechos peligrosos.

La atención de esta problemática de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno es compatible y factible con el marco jurídico para la regulación de los residuos que se encuentra establecido tanto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

En esta última, la fracción VIII del artículo 19 considera como residuos de manejo especial a los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil requieren de un manejo específico, dadas sus características o componentes físicos.

Y no puede ser más que precisa y oportuna su aplicación, así como la instrumentación de acciones de política pública que coadyuve a atender, de manera pertinente y eficaz, los desechos que ocasionará la transición a la televisión digital.

Como se ha ya mencionado, esta transición ocasionará que alrededor de 40 millones de televisores analógicos dejen de utilizarse, convirtiéndose en RAEE, precisando que algunos componentes de los televisores analógicos a ser desechados contienen materiales tóxicos como plomo, mercurio y cadmio, retardantes de fuego bromados y policloruro de vinilo (PVC), los cuales está claramente demostrado que contaminan el medio ambiente y afectan la salud de las personas si no son manejados, acopiados y confinados adecuadamente, a diferencia de otros residuos, como los plásticos y vidrios que pueden reciclarse.

En tanto, en los artículos 5, 7, 8 y 9 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se distribuyen las competencias entre los distintos órdenes de gobierno en relación con la clasificación de los residuos, otorgando a la federación la competencia en materia de residuos peligrosos, a los estados la competencia sobre los residuos de manejo especial y a los municipios, la competencia en materia de los residuos sólidos urbanos.

Lo anterior cobra relevancia al considerar que el impacto ambiental generado por los televisores analógicos, sin una disposición final adecuada, llega a tener las siguientes implicaciones:

• Al ser abandonados son fuente de derrames de desechos tóxicos, contaminando el suelo y emitiendo a la atmósfera gases contaminantes.

• Al ser desmantelados sin normas puntuales y controles de operación, originan que los desechos tóxicos se viertan en el drenaje o se derramen en el suelo.

• Componentes como plásticos, vidrio, cubierta de cables, entre otros, también se depositan en el ambiente o en los sitios de disposición final de residuos urbanos, lo cual incrementa la carga ambiental en los sitios de disposición final y contribuyen a la disminución de la vida útil de dichos sitios.

Los 557 centros de acopio implementados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora y Tlaxcala son insuficientes para atender una situación que impacta no sólo a esos trece estados, sino a todo el país.

Además, es de hacer notar que la estrategia hasta el momento implementada ha resultado limitada, e incluso ineficaz, al recabar hasta el pasado 17 de diciembre del año en curso solo 5 mil televisores analógicos4 , cuando se está ya en la última fase de entrega de los 10 millones de televisores digitales.

Por ello, es urgente asegurar el manejo y destino final ambientalmente correctos de los televisores analógicos desechados, mediante estrategias y acciones para que, en coordinación con las entidades federativas, los municipios, así como con el gobierno del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, se incentive y apoye a la población en la entrega de sus televisores analógicos, no sólo a los centros de acopio establecidos, sino que en estas acciones participen activamente los servicios urbanos de limpia, que son los servicios municipales o delegacionales más próximos a la ciudadanía, a efecto de que tales aparatos se recolecten, almacenen, desensamblen, se transporten y reciclen adecuadamente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y al jefe de gobierno del Distrito Federal, para que de manera coordinada con los titulares de los ayuntamientos en cada entidad federativa y las demarcaciones del Distrito Federal, implementen una estrategia que refuerce el acopio de aparatos televisivos que por la entrada en vigor del apagón tecnológico no son susceptibles de reutilizar y con ello, se prevenga del potencial daño ambiental y a la salud de las personas que dichos aparatos llegasen a provocar ante una deficiente disposición final.

Notas

1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Diario Oficial de la Federación del martes 13 de mayo de 2014.

2 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), et al. (2015). Gestión Sostenible de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en América Latina. Pag. 11.

Disponible en: https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0b/11/T0B110000273301PDFS.pdf. Consulta realizada el 17 de diciembre de 2015, a las 12:24 horas.

3 Acorde con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Iniciativa Solving the e-waste problem (Step) de la Universidad de las Naciones Unidas.

4 Declaración del Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la Reunión Nacional de Delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre 2015.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a fortalecer y dar mayor difusión a los programas para migrantes que regresan al país en la temporada de fin de año, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración es un fenómeno social de gran relevancia para México, ante la falta de alternativas miles y miles de mexicanos ven en la migración internacional su estrategia de sobrevivencia y de elevación de sus niveles de vida.

Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estiman que hay 214 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 49 por ciento son mujeres; en México la proporción constituye 24.5 por ciento y en América Latina se eleva a 50.1 por ciento.1

Las entidades federativas con más alto grado de intensidad migratoria a Estados Unidos son cuatro y pertenecen a la región tradicionalmente expulsora de migrantes a ese país Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas.2

En una escala de 0 a 100, el índice de intensidad migratoria de este grupo de entidades se encuentra por arriba de los 3 puntos. Zacatecas es la entidad con más alto índice de intensidad migratoria (4.422).3

Las causas que orillan a migrar hacia Estados Unidos son multiples, recurrentes crisis económicas sexenales, la aguda crisis rural, la fallida reconversión industrial, la alta dependencia de la industria maquiladora.

Son algunos de los factores económicos que explican cómo a pesar de los altos costos que implica el entrar ilegalmente a un territorio hostil, incluso la causa principal de la migración de México a Estados Unidos se genera por motivos laborales.

Este propósito frecuentemente implica arriesgar la vida al tratar de cruzar la frontera sin documentos, dejar a la familia por periodos largos de tiempo, ser víctima de discriminación y abusos en general.

En consecuencia es importante mencionar que los mexicanos, que deciden ir en busca del sueño americano, lo hacen porque en México, su país de origen, no encuentran un trabajo digno que les proporcione los beneficios necesarios para una vida de calida debido a que los salarios no son bien remunerados.

Lo anterior contradice lo señalado en la Constistución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su Titúlo sexto del trabajo y la prevención social, artículo 123 primer párrafo establece:

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente util; al efecto, se promoveran la creacion de empleos y la organizacion social de trabajo, conforme a la ley.

Más aun la condición de ilegalidad hace más propensos a los migrantes a sufrir violaciones en sus derechos tanto humanos como laborales, y provoca el encono de los trabajadores legales en aquel país, nativos e inmigrantes, pues tienen que competir con los inmigrantes indocumentados por algunos puestos de trabajo.

Es más el trayecto a través de México es el peor ya que deben pasar por diferentes adversidades como:

• Viajar en medio de transportes de alto riesgo,

• Utilizar caminos de extravió,

• Evitan el contacto con autoridades,

• Desconocen sus derechos,

• Se encuentran lejos de sus entornos de protección,

• No saben a quien acudir en caso de necesidad,

• Desconocen las leyes del país.

Bajo estas condiciones por su carácter de indocumentado se concentra el fenómeno social de las migraciones: los regresos a casa en fechas decembrinas, promoviendo la unión familiar, pero no es una decisión fácil ya que muchas veces son victimas de abuso, los más comunes son el maltrato verbal y fisico, seguido por la extorsión y los abusos de autoridad por parte de servidores públicos, los quebrantos suceden más a menudo “entre oficiales municipales y estatales.

Para tratar de reducir estas problematicas, se han creado algunos programas que buscan brindar atención y orientación a migrantes mexicanos, entre las sobresalientes se encuentran:

• El programa Paisano;

• Los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS);

• El Programa de Atención a Migrantes Retornados (PAMIR/PRIM);

• El Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes (COAMI);

• Programa de Repatriación.

Estos programas han sido desarrollados para hacer frente al incremento en el volumen de migrantes que han retornado en los últimos años a México y ante el aumento en sus condiciones de vulnerabilidad y dificultades para su reinserción socioeconómica.

Promueven un trato respetuoso y apegado a la ley; informa y difunde el cumplimiento de las obligaciones y derechos de los mexicanos que ingresan, transitan o salen de su país de origen, y protege la integridad física y patrimonial de los connacionales, además de atender y dar seguimiento a quejas y denuncias de los nacionales desde México y EUA.

Sus objetivos se aplican en el auxilio y salvaguarda de los migrantes ante situaciones de riesgo o intentos de abuso por parte del crimen organizado, de las autoridades y particulares; brinda información y orientación sobre los riesgos del camino, con la finalidad de persuadir a los migrantes para regresar a sus lugares de origen; ofrece asistencia social y humanitaria, y canaliza los casos que requieren atención de otras dependencias o autoridades. Sus labores se realizan a lo largo de la República Mexicana, de sur a norte, atendiendo migrantes mexicanos y de otras nacionalidades en tránsito por México.

Uno de los problemas que enfrentan estos programas es que los migrantes o sus familiares muchas veces desconocen la existencia de estos ya que carecen de difusión para llegar al mayor número de personas, sólo brindan una regularización temporal y no permanente.

Así, la intención de los programas para apoyar a los migrantes y ofrecer protección a sus derechos humanos e integridad física en el territorio nacional se ven frenados por falta de información y difusión de los mismos.

Se debe considerar un análisis para fortalecer los programas de atención a migrantes que protejan sus Derechos Humanos y el fortalecimiento de las leyes considerando que México es un país de destino, origen, retorno y tránsito de migrantes internacionales.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a fin de fortalecer y dar mayor difusión a los programas de atención a migrantes que regresan a nuestro país en esta temporada de fin de año.

Notas

1 “Hechos y Cifras 2014” Organización Internacional para las Migraciones [En línea] consultado el 09 de Diciembre de 2015. Dispónible en http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2.

2 “Intensidad migratoria a nivel estatal y municipal” Consejo Nacional de Población [En línea] consultado el 09 de Diciembre de 2015. Disponible en

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/intensidad_m igratoria/pdf/IIM_Estatal_y_Municipal.pdf.

3 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2015.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y locales a promover la atención del cáncer de ovario, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez

Las suscritas, senadoras Martha Tagle Martínez, Maki Esther Ortiz Domínguez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cada año, casi un cuarto de millón de mujeres en todo el mundo son diagnosticadas con cáncer de ovario y mueren 140 mil mujeres anualmente. Sólo 45 por ciento de las mujeres con cáncer de ovario tienen probabilidades de sobrevivir 5 años, en comparación con 89 por ciento de mujeres supervivientes del cáncer de mama.1

El cáncer de ovario se origina de tres tipos de células: epiteliales, germinales y del estroma. Aproximadamente 90 por ciento de los casos de cáncer de ovario son del tipo epitelial, la forma más frecuente de los 3 tipos histológicos.2

A decir de María de los Dolores Gallardo Rincón, investigadora y titular del Programa de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología, este tipo de cáncer no es el más frecuente en la mujer, pero sí es el más mortal.

En 2015 se han presentado 4 mil 500 casos nuevos de cáncer de ovario en México, es decir, 12 diagnósticos diarios y 7 muertes cada día, existen diferentes factores a considerar; lo complicado del diagnóstico en etapas tempranas por ende, el diagnóstico tardío de la enfermedad, el poco progreso de las terapias y cirugías, así como la falta de reconocimiento al método de tamizaje; pese a lo anterior el progreso ha sido alentador, en 1975 la supervivencia global era de 37 por ciento para 2011 creció a 45 por ciento, en todas las etapas clínicas a nivel mundial.3

El cáncer de ovario no es reconocido como un problema de salud pública, a pesar de que afecta a las mujeres menopáusicas entre 40 y 59 años y que en su mayoría forman familias uniparentales. Le quita la oportunidad de vida a la mujer de entre 20 y 30 años y, no está reconocido en el rubro de gastos catastróficos del Seguro Popular, actualmente considera sólo el cáncer germinal, que afecta a 5 por ciento de las mujeres, 95 por ciento de los casos son de tipo epitelial y es la tercera causa de muerte por cáncer ginecológico en México.

La investigadora aconseja a las mujeres de 40 años con factores de riesgo e historia familiar con cáncer de ovario, mama o colon realizarse un ultrasonido trasvaginal cada seis meses, debido a que es una enfermedad se puede desarrollar en un tiempo menor de 12 meses.

México es la segunda región con mayor frecuencia para esta enfermedad en el mundo, y a pesar de ello “este padecimiento en nuestro país, se ha vuelto invisible”.4 En ese contexto, las mujeres son vulnerables lo que demanda la ejecución de programas y recursos del sector salud para satisfacer la creciente demanda de atención médica.

El cáncer de ovario es silencioso y no lo detecta el examen de Papanicolau, incluso es confundido con enfermedades como colitis, amibiasis o cirrosis, pues los síntomas son similares, lo que provoca negligencia al emitir diagnósticos equivocados que afectan aún más la salud de las pacientes y retrasan o evitan su tratamiento. Pese a todo lo anterior, esta enfermedad no ha recibido la atención que merece por las autoridades correspondientes, personal de salud y sociedad.

Ante esa problemática, en días pasados se ha lanzado la campaña emanada desde la sociedad civil #SiTienesOvarios5 con el propósito de crear conciencia sobre el tema.

Esta campaña busca

- Informar y crear conciencia en mujeres y en hombres sobre la situación real del cáncer de ovario en México.

- Impulsar políticas públicas en materia de prevención diagnóstico y tratamiento de este mal.

- Promover la asignación de recursos presupuestales en el sector salud específicos para enfrentar esta enfermedad y lograr que el Seguro Popular brinde la atención médica para toda paciente con cáncer de ovario.

Por lo anterior es necesario que las autoridades sanitarias federales y las locales fortalezcan y dirijan mayores recursos para el inicio de una campaña nacional de prevención contra el cáncer de ovario y lo reconozcan como un problema de salud pública que afecta a las mujeres que lo padecen y a sus familias y entornos sociales y laborales.

El derecho a la salud está consagrado en el 4o. constitucional y en concordancia con lo establecido en el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, es necesario incluir todo tipo de cáncer de ovario epitelial en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, “con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos”.6

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social (artículo 77 Bis 1, Ley General de Salud).

Por todo lo expuesto hacemos un llamado para que se garantice el derecho humano a la salud de las personas con cáncer de ovario, incluido el tipo epitelial, y se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en los estados para que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan una campaña nacional de prevención de cáncer de ovario.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que el cáncer de ovario epitelial sea incluido en el catálogo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se incluyan el ultrasonido transvaginal y la prueba de antígeno CA 125 en la cartilla de la mujer, como pruebas que ayudan a la detección precoz de este tipo de cáncer.

Notas

1 En la URL http//www.saludemia.com/-/notcia-8-de-mayo-deia-mundial-delcancer-de-ov ario-una-sola-voz-por-cada-mujer

2 Gaona Estudillo, Rubí. “El cáncer de ovario, el asalto del homicida invisible”, en Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, volumen 57, número 1, enero-febrero de 2014. Documento PDF.

3 Programa de Cáncer de Ovario, esfuerzo para la detección oportuna, en la URL http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/3551-programa-de-cancer -de-ovario.una-propuesta-para-la-deteccion-oportuna

4 Cáncer de ovario, problema de salud pública que no recibe presupuesto y políticas suficientes, en la URL http://comunicadon.senado.gob.mx/index.php/inforrnacion/boletines/20755 -2015-05-06-18-54- 21.html

5 #SiTienesOvarios es una iniciativa ciudadana, lanzada principalmente en redes sociales, encabezada por la periodista Mariana Escobedo, quien fuera diagnosticada con cáncer de ovario.

6 Ley General de Salud, últimas reformas publicadas DOF 04-06-2015, documento PDF.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Senadoras: Martha Tagle Martínez (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, la SCT y los gobiernos de las entidades federativas a revisar los protocolos de seguridad y las normas oficiales en materia de transporte y distribución de gas y combustibles, suscrita por el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a los gobiernos de las entidades federativas, para que se realice un revisión exhaustiva a los protocolos de seguridad y a las normas oficiales en materia de transporte y distribución de gas y combustibles.

Consideraciones

Los accidentes provocados por camiones de doble remolque, carro tanques o pipas que transportan gas, gasolina, químicos u otros productos de naturaleza inflamable, derivan cada año en cientos de muertos y heridos, lo mismo por la imprudencia e impericia de conductores que por la ausencia de una normatividad sobre los horarios, zonas de tránsito y acceso a zonas urbanas.

Cabe recordar algunos casos recientes y lamentables como los ocurridos el pasado 29 de enero, cuando se registró la explosión de una pipa que se encontraba surtiendo gas en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, acontecimiento que cobró la vida de 5 personas y dejó más de 70 heridos, en consecuencia 75 por ciento de la estructura del nosocomio tuvo serias afectaciones.

Asimismo, el 29 de julio de 2014 explotó otra unidad en la colonia Cerrito Colorado, en Querétaro; el 31 de ese mismo mes, una más se volcó en la carretera entre Celaya y Querétaro.

Aunado a lo anterior, en 2013 dos unidades provocaron distintos percances en la carretera México-Puebla y Chapala-Jalisco. Por si fuera poco, el 18 de diciembre de 2012 una unidad se quedó sin frenos en la delegación Magdalena Contreras y en el 2010 se suscitó un accidente más en la carretera Culiacán- El Dorado.

En síntesis, los hechos acontecidos evidencian la necesidad de actualizar los protocolos de seguridad, entre ellos, los de suministro gas natural y gas LP, de lo contrario, a fin de procurar en la medida de lo posible, evitar que continúen presentándose este tipo de percances.

El caso más reciente se presentó el pasado 25 de noviembre en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la colonia Copilco, al sur de la Ciudad de México, cuando explotó una pipa que descargaba gas, provocando al menos 10 personas lesionadas, en su mayoría estudiantes universitarios que se encontraban al interior de una pizzería.

Es preocupante que estos casos se estén repitiendo en el país y que sólo momentánea y coyunturalmente se establezcan operativos que buscan más mediáticamente hablar de soluciones que resolver de fondo esta situación.

Es necesario revisar las Normas Oficiales en materia del transporte y distribución de combustibles en México, así como el traslado de materiales peligrosos, ya que es evidente que los actuales mecanismos no son suficientes para evitar estas tragedias.

En mérito de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de la asamblea, los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, para que implemente las medidas necesarias a fin de supervisar y garantizar la aplicación puntual de la Norma Oficial Mexicana en materia de transporte y suministro de gas en el país; en su caso, se solicita hacer una revisión exhaustiva a la normatividad aplicable en materia de protocolos de seguridad, a efecto de evitar accidentes.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en conjunto con las coordinaciones de protección civil respectivas, se lleve a cabo una revisión exhaustiva a las normas que regulan la operación y los protocolos de seguridad con que operan las empresas de distribución de gas en sus respectivos ámbitos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Energía para que en el ámbito de sus respectivas competencias, revisen y en su caso modifiquen la NOM-012-SCT-2-2014, en materia de pesos y medidas de las pipas que transportan combustible y otros materiales peligrosos en el país.

Dado en México, DF, a 22 de diciembre de 2015.

Senador Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la FND, los Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura, el Bansefi y el Inaes a poner en marcha la inclusión financiera en zonas rurales marginadas, suscrita por los senadores Juan Carlos Romero Hicks y Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

Juan Carlos Romero Hicks y Francisco Búrquez Valenzuela, senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura; al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; y al Instituto Nacional de la Economía Social, para que en apego a sus facultades legales y en cumplimiento del Plan Nacional de Inclusión Financiera, a la brevedad pongan en marcha acciones inmediatas para la inclusión financiera en zonas rurales marginadas, en especial el orientado a promover el fomento en las Sociedades Financieras Comunitarias y sus Organismos de Integración Financiera Rural que a la fecha se encuentran desatendidas. Lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El pasado 14 de diciembre mediante un desplegado en un diario de circulación nacional, mujeres y hombres indígenas, socios de las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos), acusaron ser objeto de discriminación y veto para no recibir subsidios en pro del desarrollo rural y la inclusión financiera durante el año 2015 por parte de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y otros organismos de banca de desarrollo.

Lo anterior aún siendo parte de la población mayormente vulnerable y prioritaria de México.

Segunda. Dichas Sociedades Financieras Comunitarias suscribieron en el pasado mes de febrero un convenio con la Financiera Nacional, en el cual fue acordado una reducción del importe derivado del anuncio del Ejecutivo Federal de un recorte presupuestal. Cabe señalar que el referido convenio ha sido incumplido en su totalidad toda vez de que a pesar de haber firmado y aceptado una reducción, tal parece que firmaron para no recibir los apoyos que por ley les corresponden y sin mayor argumento por parte de las autoridades que el que “no los pueden apoyar”.

Tercera. Resulta de gran preocupación para los suscritos el posible trato discriminatorio que pudieran estar recibiendo por parte de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y otros organismos de banca de desarrollo hacia las 28 Sofincos existentes en el país, mismas que atienden más de 100 mil familias indígenas y campesinas de 3,364 localidades en 515 municipios de 15 estados del país, lo que incluye 19 grupos indígenas; atendiendo a 82,006 ahorradores y otorgando crédito a 32,759 personas durante el año 2015.

De dicha atención depende el financiamiento de pequeños productores de café orgánico en Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca; productores de maíz, de miel, de ganado, de plantas medicinales, de artesanías y miles de adultos mayores y mujeres pobres que reciben apoyos gubernamentales como Prospera, que están asociados a las Sofincos para recibir servicios financieros que apoyan sus estrategias para lograr seguridad alimentaria.

Cuarta. El trabajo de las Sociedades Financieras Comunitarias ha logrado la organización financiera de base social para hacer llegar productos de ahorro, crédito, micro-seguros, medios de pago, envíos de dinero, financiamiento a la vivienda rural, educación financiera, dinero electrónico, entre otros, a mujeres y hombres indígenas que viven en comunidades dispersas, de muy alta marginación, en regiones de sierra y montaña, de alta expulsión migratoria.

Quinta. La exclusión de acceso a recursos públicos a las Sofincos como posible castigo por defender sus derechos, podría traducirse en una clara violación a las garantías constitucionales para la población indígena.

Las Sociedades Financieras Comunitarias se idearon para atender a la población rural excluida del Sector Financiero Mexicano; no tiene ni intereses económicos de lucro ni generación de altas utilidades para sus Socios.

Así, los suscritos senadores apelamos por que la defensa de los derechos humanos e indígenas no resulte en moneda de cambio que los excluya de la participación en la agenda de políticas públicas para erradicar el hambre y la marginación.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (Bansefi); y al Instituto Nacional de la Economía Social (INAE, para que en apego a sus facultades legales y en cumplimiento del Plan Nacional de Inclusión Financiera, a la brevedad pongan en marcha acciones inmediatas para el Programa de Fomento a la inclusión financiera en zonas rurales marginadas, en especial el orientado a promover el fomento en las Sociedades Financieras Comunitarias y sus Organismos de Integración Financiera Rural que a la fecha se encuentran desatendidas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Senadores: Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Francisco Búrquez Valenzuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Banco de México que indique a esta soberanía las razones del aumento de la tasa de interés y su efecto en la tasa de crecimiento y el empleo, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

1. El 17 de diciembre de 2015 por medio de un comunicado de prensa, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) anunció que decidió “aumentar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 3.25 por ciento”.

Que justifica precisando: “A pesar de que el escenario central sobre el comportamiento de la inflación para el corto y el mediano plazo es congruente con la consolidación de la convergencia de ésta al objetivo permanente de 3 por ciento, la Junta de Gobierno ha decidido incrementar el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, para ubicarla en 3.25 por ciento. Esto en respuesta principalmente al incremento de 25 puntos base en el rango objetivo para la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, el cual, en ausencia del citado ajuste en el objetivo de nuestra tasa de interés de referencia, podría generar una depreciación adicional que fuera desordenada en la cotización de la moneda nacional y, así, afectar las expectativas inflacionarias y a la inflación misma...”

Esto quiere decir que la única razón del ajuste es el otro ajuste que ha realizado la Reserva Federal, para evitar una depreciación mayor del peso, que aunque no lo dice, sería por la salida de capitales. Lo cual demuestre lo endeble que es la economía mexicana y la ausencia de una fortaleza que se presume existe.

2. Estas declaraciones de la Junta de Gobierno de Banxico devela las debilidades estructurales en que, los gobernantes actuales y de las últimas décadas, han sumido a la economía nacional.

2.1. Devela que la capacidad de los tradicionales actores de la economía interna ha sido diezmada, al grado de haberla esterilizado, inutilizándola para ser útil sustantivamente al crecimiento económico. Es decir la empresa nacional ha sido relegada a desaparecer; a acoplarse a las corporaciones multinacionales o a sufrir reingenierías para las maquilas o para los servicios logísticos de las mismas.

2.2. Devela que instituciones fundamentales como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se han convertido en sucursales de la Reserva Federal y del Fondo Monetario Internacional porque diseñan las políticas monetaria y fiscal en función de la liquidez de divisas que les exigen y no en función de la expansión económica local y de las facilidades crediticias para el crecimiento propio de la nación.

3. Lo absurdo del caso es que las argumentaciones ofrecidas son contradictorias, confusas, engañosas y opuestas a los más elementales razonamientos de la teoría económica y a los criterios a los cuales recurren para hacerlos. Por ejemplo el secretario de Hacienda, en la Asociación de Bancos de México, dijo el mismo 17 de diciembre, que el aumento de la tasa de interés “no necesariamente se traduce en un incremento a las tasas a los usuarios de la banca”, y que ese aumento es para “proteger la estabilidad de la economía nacional y de las familias mexicanas”.

En realidad, cualquier libro básico de economía explica la racionalidad de la existencia de la tasa de interés para lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero. Es absolutamente claro que un aumento de la tasa de interés reduce las posibilidades de solicitar nuevos créditos y encarece los que ya se tienen, el efecto natural es la disminución de circulante y el aumento de las deudas. Si esto se aplica a las solicitudes de créditos empresariales o de negocios, habrá un aumento de obstáculos para la inversión.

Cuando en una economía la tasa de inflación se encuentra por debajo de la tasa de interés, quiere decir que estamos en condiciones ventajosas para promover y aumentar la inversión, porque los inversionistas mantendrán sus expectativas de ganancias reales. Si la tasa de interés se aumenta más del nivel actual, se corre el riesgo que los precios al consumidor aumenten y los productos se vendan en menos cantidad. Es necesario hacer este recordatorio elemental de macroeconomía a quienes desafían la realidad económica en nombre de una absurda irracionalidad contraria al bienestar familiar.

4. En el caso nacional, las autoridades monetarias de Banxico, han venido repitiendo por años que “el peor impuesto es la inflación”, ahora presumen que la inflación ha sido dominada y ha caído por debajo de tres por ciento, y está por debajo de la tasa de interés de 3.0 por ciento ¿Qué necesidad hay de aumentar la tasa de interés?, cuando además se tienen más de 170 mil millones de dólares en reservas internacionales. ¿O están diciendo cifras que no son ciertas?

Fuente: Elaboración propia en base a Banxico. http://www.banxico.org.mx/SieInternet/.

Inegi.http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/i np/Default.aspx.

La inflación para 2015 ha caído de 3.07 por ciento a 2.21 a noviembre, y se espera que cierre en dos por ciento para diciembre; mientras que la tasa de interés también se redujo desde 4.5 por ciento en enero de 2012 a 3.0 por ciento al 16 de diciembre de 2015; pero a partir del 17 subió a 3.25 por ciento.

5. Tanto Hacienda como Banxico han tenido pronósticos fallidos de la tasa de crecimiento, del tipo de cambio y de los precios del petróleo. Y ahora se suma una acción que a todas luces resulta contraria al crecimiento económico. Pareciera ser que la política monetaria está dirigida a cualquier otro objetivo que no es precisamente la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y el empleo como una sola imagen objetivo.

6. En muchas oportunidades he señalado que la crisis vigente del sistema financiero mundial, es sistémica, lo cual quiere decir que los flujos o rutas de la liquidez mundial no responden a conseguir equilibrios macroeconómicos de las naciones desarrolladas; tampoco al financiamiento de procesos económicos de producción real de bienes, sino corresponden a la urgencia de pago de intereses y de retorno de liquidez para los propietarios de la especulación mundial hegemónica a quienes urge esa liquidez para sobrevivir. El gran problema es que el monto de esos intereses crece en forma permanente –es una burbuja– en la mecánica financiera y tienen preferencia sobre los requerimientos de la producción. Por esto, las medidas “anti cíclicas” son un fracaso. El aumento de las tasas de interés busca en Estados Unidos de América capturar los flujos internacionales de liquidez, en desmedro de las naciones emergentes. Pero un aumento de la tasa de interés aquí no es útil y es una ilusión monetaria, que haberla aumentado sea un solución de neutralidad.

7. La subida de la tasa de interés por parte de la FED nada tiene que ver con una verdadera reactivación de la economía estadounidense, más bien ella no se ha producido porque en efecto, una acción como tal podría ser contraproducente para todas las deudas externas, gran parte de las cuales podrían ingresar al campo de la imposibilidad de pago, como es en el caso de Grecia y otras naciones, que simplemente les recircularon endeudamientos con tasas de interés altas, sin ofrecerle liquidez interna suficiente.

8. Finalmente, es importante recordar que con el propósito de cambiar esta situación de fragilidad y de riesgo, es necesario modificar la Ley del Banco de México para que éste se ponga al servicio del crecimiento y el empleo, tal como lo he documentado a lo largo de estos dos últimos años en particular.

Es por ello que presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Banco de México informe a esta soberanía de manera detallada y exhaustiva las razones del aumento de la tasa de interés cuando la inflación se reduce; así como su impacto en la tasa de crecimiento y el empleo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al jefe del GDF a instruir al director del Metro para que dé atención prioritaria a las carencias y fallas que ponen en riesgo la integridad y la vida de los usuarios, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace 46 años el Metro de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los grandes pilares de la economía local pues constituye un medio de transporte ágil, económico y amigable con el medio ambiente en el cual se funda, en buena medida, la movilidad urbana de la capital del país, por ello los beneficios de esta red de transporte no sólo alcanzan a sus usuarios sino también al resto de los habitantes de la Ciudad.

El Metro, a través de sus 195 estaciones y sus 226 kilómetros de vías que recorren de punta a punta el Distrito Federal y parte del Estado de México, realiza diariamente más de 5 millones de viajes, ayudando a llegar a sus destinos a buena parte de los trabajadores, estudiantes, amas de casa y turistas de la Ciudad de México y su zona conurbada.

La importancia del Metro como sistema de transporte público es tal que concentra el 13.6 por ciento de todos los viajes que se realizan en la Zona Metropolitana del Valle de México, por este motivo, su buen funcionamiento es vital para mantener la normalidad en la capital del país de modo tal que tanto las autoridades y trabajadores del sistema como los usuarios de éste son responsables de preservarlo.

En apoyo a la economía popular y en virtud de su contribución para reducir las externalidades negativas derivadas del uso de otros medios de transporte como son los vehículos automotores cada año se destinan cuantiosos recursos económicos para subsidiar el costo de las tarifas del Metro.

Los subsidios gubernamentales permitieron durante mucho tiempo mantener el costo del viaje en el Metro como uno de los más bajos de todo el mundo, sin embargo, éstos equivalían aproximadamente al 5 por ciento de los recursos de los cuales dispone anualmente el Gobierno del Distrito Federal. Lo anterior, representaba una enorme carga para la administración de la Ciudad de México.

Si bien el subsidio era una política pública encaminada a generar tanto equidad social como beneficios ambientales y favorecía a millones de personas cada año, lo cierto es que no podían seguirse ignorando los señalamientos técnicos de quienes conocen a fondo el funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro y que desde hace tiempo venían recomendando ajustar la tarifa del viaje con la finalidad de garantizar la adecuada operación del mismo.

Derivado de lo anterior el Partido Verde apoyó a principios de 2014 la propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal de aumentar dos pesos el costo del boleto de Metro pues entonces se consideró que el incremento resultaba indispensable si se quería mantener un nivel aceptable de eficiencia y calidad en el servicio.

En aquel entonces se dijo que con los recursos derivados del ajuste a la tarifa del Metro el sistema contaría con los medios suficientes para dar mantenimiento a las instalaciones e incrementar el número de trenes que se encuentran en operación, lo cual, indudablemente, se traduciría en mayores beneficios para los usuarios del Metro.

No obstante, casi dos años después los usuarios aseguran no percibir mejorías en la calidad del servicio, las instalaciones presentan cada vez mayor deterioro y los tiempos de traslado siguen siendo iguales o incluso mayores que antes del aumento en la tarifa.

Un simple recorrido por las estaciones más concurridas permite constatar que siguen existiendo vendedores ambulantes que incomodan a los usuarios con el ruido que generan.

Sin embargo, lo peor es que el deterioro y la falta de mantenimiento de trenes e instalaciones ponen en riesgo serio la vida y la integridad de los millones de usuarios que utilizan el Metro diariamente para transportarse.

Cabe recordar el accidente registrado en la estación Oceanía en mayo pasado, el cual dejó 12 lesionados. Dicho percance fue atribuido al error de los operadores pero desde días antes al mismo el periódico Excélsior dio a conocer que la Línea 5 operaba con fallas reportadas desde hace 15 años atrás por los trabajadores, entre las cuales se encontraban daños en la estructura de las estaciones, hundimientos del cajón de vía, filtraciones de agua, así como fallas en la comunicación.

Tampoco se puede soslayar que el líder del sindicato de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino, ha venido señalando que, para evitar otro accidente como el de la línea 5, es urgente dar mantenimiento al menos a las Líneas 1 y 2, las más antiguas, cuyas instalaciones están muy deterioradas y tienen trenes con exceso de kilometraje.

De acuerdo a Espino “la Línea 1 está prácticamente a punto de un incidente grave y hay que rehabilitarla en su totalidad”, “todo el equipo, está en condiciones críticas y lo preocupante es que es una de la líneas que transporta más pasajeros.”

Lamentablemente, el pasado sábado 19 de diciembre se registró otro incidente que dejó dos personas heridas, está vez fue el derrumbe de una escalinata en la estación Nativitas de la Línea 2, lo cual pone de manifiesto una vez más la urgencia del mantenimiento que ya debería estarse realizando con los recursos captados gracias al ajuste de la tarifa.

En el Partido Verde nuestro compromiso es trabajar para que el Metro esté en condiciones de proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro a dar atención prioritaria a las carencias y fallas que ponen en riesgo la vida y la integridad de los usuarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de diciembre del año 2015.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la renuncia de los directores generales de Pemex y de la CFE por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en que incurrieron al adjudicar el contrato para construir la central de generación de ciclo combinado Empalme I, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El mega fraude “Enron”, es el caso más emblemático del mundo que ilustra la conducta inescrupulosa y codiciosa de varias grandes empresas estadounidenses a partir de los años 80, al amparo de las políticas de desregulación de las actividades económicas promovidas por el enfoque neoliberal. Enron Corporation empleó diversos mecanismos de corrupción y aprovechó la desregulación del sector energético y la débil regulación y supervisión del sector financiero y del mercado de valores, para ejecutar una variedad de operaciones fraudulentas de gran envergadura.1

Además de expandir su línea original de operación (gaseoductos). Enron desarrolló nuevos mercados en el área de las comunicaciones, manejo de riesgos y seguros en general, de tal manera que la firma, fundada en 1985, llegó a ser la mayor empresa energética de EE.UU., excluidas las petroleras, con ingresos anuales de hasta 51,000 millones de dólares y una plantilla de 21,000 personas poco antes de su quiebra.

Apoyándose en técnicas contables fraudulentas, respaldado por la prestigiosa firma auditora Arthur Andersen (AA), Enron se logró clasificar como la séptima empresa de Estados Unidos y en el 2000 apareció en la lista de la Revista Fortune de los 100 mejores empleadores, siendo designada como la empresa más innovadora de los EE.UU. entre los años 1996 y 2000.

La reputación de Enron empezó a decaer desde comienzos de 2001 por los insistentes rumores de pago de sobornos y tráfico de influencias para obtener contratos en América Central, América del Sur, África, Filipinas, y en particular un contrato de 30,000 millones de dólares con la empresa Maharashtra State Electricity Board, de la India.

En noviembre 2001 se revelaron mayores pérdidas de las declaradas inicialmente por Enron y se hizo público que buena parte de las ganancias de la empresa eran resultado de negocios con una de sus subsidiarias, que le permitía “maquillar” en los balances financieros las gigantescas pérdidas sufridas.

El 30 de noviembre 2001 Enron solicitó protección por bancarrota en Europa y el 2 de diciembre de 2001 solicitó a las autoridades estadounidenses acogerse al Capítulo 11 del Código de Quiebras.

En junio 2002 la firma auditora AA, fue encontrada culpable al comprobarse que destruyó documentos sobre pérdidas de más de 1,000 millones de dólares en Enron. El veredicto legal significó el final de la firma auditora, fundada 89 años antes en Chicago.

En mayo 2006 los responsables directos del escándalo, Kenneth Lay y Jeffrey Skinning, Presidente y Vicepresidente de la empresa, respectivamente, fueron declarados culpables de fraude y engaño. Lay, de 64 años, quien arriesgaba una pena de hasta 45 años de cárcel por su participación en el fraude, falleció, y en octubre 2006, Skilling fue condenado a 24 años de prisión tras haber sido declarado culpable de 19 cargos.

El quebranto financiero directo ocasionado por Enron se estima en 150 billones de dólares, pero los efectos secundarios todavía no se determinan totalmente (solo 3 bancos de Nueva York hasta hace poco habían admitido y/o iniciado acciones legales por casi 16 billones de dólares). El fraude determinó la aprobación de la Ley Sarbanes Oxley (2002), que impone rigurosas medidas de control interno a las empresas que cotizan en bolsa, así como regulaciones estrictas a los contadores y empresas auditoras.

En conclusión, Enron está catalogado como el arquetipo del fraude empresarial planificado ,2 el más grande fraude empresarial de la historia y la mayor quiebra de la historia empresarial estadounidense.

La corrupción la hemos presenciado en países como Estados Unidos, Brasil, Chile, España, Guatemala entre otros. México, no es la excepción, el fenómeno de la corrupción ha estado presente en nuestra nación desde sus inicios. La corrupción ha provocado que diversos problemas que aquejan al país se vayan agudizando, como es el caso de la pobreza extrema, la desigualdad social, la educación deficiente, la falta de inversión, los monopolios y la inseguridad, entre otros. La corrupción y los conflictos de interés han sido y son, uno de los principales obstáculos del desarrollo y la prosperidad de México.

Aunque este problema parece parte de la mexicanidad, en los últimos años hemos presenciado una serie de escándalos de corrupción que, habiendo sacudido a nuestro país, han provocado un profundo descontento en la sociedad. Entre los mencionados escándalos se han visto involucrados empresarios, políticos, sindicatos y servidores públicos de los tres niveles de gobierno –incluyendo al propio Presidente de la República, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a los directores de las ahora llamadas “Empresas Productivas del Estado”, Pemex y CFE–. Lo anterior, denota que el problema permea todos los ámbitos y sectores de la sociedad.

Para el grupo parlamentario de Morena, es imprescindible decir que los recientes escándalos del sector público mexicano nos han dejado boquiabiertos. ¿No habíamos ya avanzado mucho, en los últimos tres sexenios, como se predica oficialmente? Resulta que no: sólo basta exponer algunos datos de la percepción que se tiene de nuestro país, el Índice de Percepción de Corrupción,3 de Transparencia Internacional, ubica a México en el lugar 103 de 175, con un puntaje de 35/100 (donde 0 es “muy corrupto” y 100 es “totalmente limpio”). El Banco Mundial, por otra parte, nos ubicó en 2013 en el percentil 39 del Índice de Control de Corrupción, lo que implica que el 61% de los países del mundo tienen mejores niveles de control que nosotros.4 El único periodo en que hemos podido obtener la mejor calificación en dicho índice fue el comprendido entre 2000 y 2003, en que obtuvimos entre 51.2 y 53.2%; desde 2009 nuestra calificación ha venido en caída. Hasta ahora las acciones mediáticas para el combate a la corrupción, del actual gobierno no han podido ni pretenden resolver este problema que lacera a los mexicanos.

Al inicio de las consideraciones del presente punto de acuerdo trajimos a cuenta el caso del mega fraude “Enron”, en Estados Unidos, sólo como referencia, para evocar a la empresa OHL, que, como lo han afirmado diversos articulistas y medios de comunicación, representa el “Enron Mexicano” .5

La empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) se ha convertido en un verdadero escándalo. Hoy, es el caso más explosivo del que menos se quiere hablar, ni mucho menos explorar porque hay demasiados intereses de por medio.

OHL: El Enron mexicano, es el claro ejemplo mexicano repleto de ejecutivos corruptos, autoridades cómplices, cifras amañadas, consumidores engañados, auditores a modo. OHL, revela muchas de las facetas malolientes de la economía política mexicana. La forma tramposa en la cual se hacen licitaciones, se reserva información pública, se cobra a los usuarios, se enriquece a los ejecutivos y a sus amigos en el gobierno. Y el actuar del Poder Judicial, que en lugar de investigar las denuncias, inculpa a quienes denuncian.

OHL es el resultado de la fusión de Tres grandes empresas líderes en su ramo Obrascón, Huarte y Lain. Obrascón nace el 15 de mayo de 1911, en Bilbao la Sociedad se dedica a obras y construcciones, en 1987, Juan Miguel Villar Mir junto con José Luis García Villalba y otros profesionales del sector adquieren Obrascón; Huarte fue fundada en 1927, en Pamplona por las familias Huarte y Malumbres. Dirigida por Félix Huarte, empresa que consigue ocupar un puesto de privilegio en el ranking sectorial, es en 1996 cuando se produce la entrada de Obrascón como socio industrial y se hace efectiva la fusión. Nace así el sexto grupo constructor del país; Lain se crea en 1963 como empresa filial del grupo británico John Laing Construction. Es en mayo de 1999 cuando se constituye Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL).6

De acuerdo con la información publicada en el portal http://www.ohl.es/informacion-corporativa/presentacion/, refiere que es un grupo internacional de concesiones y construcción con más de 100 años de historia. Está presente en más de 30 países de los 5 continentes. El Grupo OHL es actualmente: promotor estratégico de proyectos de colaboración público–privada, es el trigésimo primer mayor contratista internacional y octavo en Latinoamérica,7 es socio de referencia de Abertis, el líder mundial en autopistas de peaje y referente internacional en construcción de hospitales y ferrocarriles. La empresa cuenta con cinco filiales: OHL Concesiones, OHL Construcciones, OHL Industrial, OHL Servicios, OHL Desarrollos. Es decir, ha expandido su línea de acción original de operación.

OHL México, S.A.B. de C.V., filial de Grupo OHL, es una de las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México. Los proyectos de infraestructura carretera, en su mayoría urbana, están estratégicamente ubicados en las zonas con mayor tránsito de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Puebla, los cuales reúnen el 27 por ciento de la población nacional. Los proyectos generaron conjuntamente en 2010 el 31.22 por ciento del PIB nacional y concentran el 25 por ciento del número total de vehículos en México, que asciende a 7.4 millones. En el sector aeroportuario, participa con el segundo mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana de la capital mexicana. OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre de 2010. Hasta hace un par de meses se ha hecho pública información de que la compañía construye, administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y 1 aeropuerto.8

A continuación se presentan las concesiones otorgadas a la empresa OHL:

Cuadro generado por el grupo parlamentario Morena, con información registrada en el portal oficial de la empresa OHL. http://www.ohlconcesiones.com/concesiones/

En relación con las concesiones de las que se ha visto beneficiada la empresa, los medios de comunicación y las redes sociales, han dado a conocer varias grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México que presumen actos de corrupción protagonizados por la filial de la Constructora Española, con diferentes servidores públicos de Empresas Productivas del Estado, servidores públicos del Estado de México, miembros del Gabinete Presidencial, y el mismo Presidente de la República.

El pasado 10 de septiembre del presente año, Morena presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, donde se evidenciaba que el martes 28 de julio de 2015,9 se había difundió en medios de comunicación y en las redes sociales de un posible conflicto de interés, a través de un video, que contenía tres audio grabaciones de conversaciones telefónicas,10 en el que se muestra graves indicios de corrupción de la empresa OHL México y de su estrecha relación directa con el Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza.

La grabación, del 10 de abril de 2015, es una conversación telefónica entre el Presidente del Consejo de Administración de OHL México y el Director General de Petróleos Mexicanos -quien además fue miembro del Consejo de Administración de OHL México hasta finales de 2012-, pone en evidencia la íntima y vigente relación existente entre el empresario y el funcionario. En la llamada acuerdan encontrarse en la entrada del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, con el objeto de ir a ver juntos al Director General, Enrique Ochoa Reza. Según información del video que contiene las grabaciones, el Director General de Petróleos Mexicanos presentaría al Director de la Comisión Federal de Electricidad con el Presidente del Consejo de Administración de OHL México.

En la última grabación, del mismo día, el presidente del Consejo de Administración de OHL México se comunica con su secretaria para que le compre boletos de avión, para viajar a Cancún a resolver una cosa de muchísimo dinero, y en la misma llamada habla con el licenciado Pablo Wallentin, representante de OHL México, quien le dice que ese “es el camino preciso con Ochoa, que abre todas las puertas también ”; mientras que de Oteyza afirma que sí, para todo, “se va a volver encantando”, “ya hasta me invitó a cenar a su casa, Pablo”, con su esposa “la guapa”.

Estas grabaciones, presumían una posible intervención del Director General de Pemex para conseguir negociaciones entre OHL y la Comisión Federal de Electricidad.

Apenas el 26 de noviembre del año en curso, nuevamente conocimos dos audios filtrados y difundidos en Internet que nos permiten confirmar la presunta intervención de los directores generales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, Emilio Lozoya y Enrique Ochoa, respectivamente, a favor de OHL México en la adjudicación de un contrato millonario para la construcción de la Central de Ciclo Combinado Empalme 1, en el Estado de Sonora, con un resultado favorable a la filial mexicana de la constructora española.

Las grabaciones difundidas en YouTube, como en otras ocasiones en las que se exhibe la presunta complicidad de funcionarios de diferentes órdenes de gobierno, aparentemente corresponden al 31 de marzo, fecha en que coincidentemente se dio a conocer el fallo de la licitación para la construcción de la referida central, en la que OHL presentó una propuesta ganadora por 476 millones de dólares con la que resultó técnicamente solvente y alcanzó el puntaje más alto, con 99.65 puntos de 100 posibles, resultado de la valoración técnica y económica.

En las grabaciones difundidas se escucha una doble conversación sostenida el pasado 31 de marzo entre el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, y el director técnico de OHL México, Jesús Campos.

José Andrés de Oteyza dice: “Esto lo arreglé yo en gran medida el jueves en la noche con (Emilio) Lozoya, y el viernes hablé directamente con (Enrique) Ochoa. Directamente porque me lo arregló Emilio [...] O sea le pedí a Emilio, se lo expliqué, Emilio habló y luego hablé yo directamente con Ochoa. Entonces ya sabía yo que estaba... bueno hasta el último siempre se puede caer [...] se puede caer, pero teníamos una gran, pero una enorme posibilidad de ganar [...] si no, nos mata Iberdrola. Iberdrola en este terreno es un competidor muy peligroso”.

Se hizo una gran labor entre jueves y viernes, dice Oteyza a Campos, según la grabación filtrada, mientras le explica que el tema ya no era técnico, sino de otra índole y “lo peleamos muy bien ”.

“Se portó muy bien eh, el primero que te dije, bueno, no se puede portar mejor, es un señorón, y además a mí de veras no sabes cómo me quiere y qué buena relación tenemos; pero me echó una mano brutal con el otro y el otro también estuvo particularmente caballeroso y bien pero muy bien.”

El presidente de la filial de la empresa española en México señala que tenían una alta posibilidad de ganar, pero admite que Iberdrola era una fuerte competencia y con una buena propuesta.

Estas nuevas grabaciones se suman a una serie de filtraciones difundidas desde el pasado 6 de mayo, cuando OHL fue involucrada en un aparente fraude para el cobro de las tarifas del Viaducto Bicentenario, en el estado de México.

Como ya lo ha venido denunciado Morena, cuenta con el registro de por lo menos más de 25 contratos a favor de OHL y sus filiales, desde la administración de Peña como gobernador del Estado de México y ahora como Presidente de la República, los cuales suman más de 60 mil millones de pesos, sin contar los contratos otorgados por las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Pemex y CFE.

Hasta antes del ingreso de Emilio Lozoya Austin como Director General de Petróleos Mexicanos, OHL no había ganado licitación alguna con la entonces paraestatal. Fue hasta marzo de 201311 -tres meses después de asumir el cargo- que Pemex otorga el primer contrato a OHL, por una cantidad $1,016,881,118.96,12 como se puede observar a continuación:

Información obtenida por el grupo parlamentario, del Portal de Obligaciones de Transparencia.
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=ROPL00713P&_idDependencia=18576

Respecto a los audios difundidos el jueves 26 de noviembre, pudimos constatar que el 31 de marzo de 2015, la Gerencia de Comunicación Social de la CFE, emitió un boletín de prensa con número CFE-BP-22/15vf, el cual informa lo siguiente:13

“La propuesta del consorcio Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V.; Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.; IEPI México, S.A. de C.V.; y OHL Industrial, S.L. resultó técnicamente solvente y alcanzó el puntaje más alto, con 99.6565 puntos de 100 posibles, resultado de la valoración técnica y económica. Por lo cual y, de conformidad con las bases de licitación, fue declarado ganador.

Esta planta de energía eléctrica se ubicará en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora. Consiste en una central de generación de ciclo combinado con capacidad de 770 megawatts, que utilizará gas natural como combustible.

El proyecto comprende la ingeniería, el suministro de equipos y materiales, las pruebas de desempeño y la puesta en operación. También, de conformidad con las bases de licitación, la CFE suscribirá un contrato adicional de mantenimiento de los equipos con el fabricante Siemens por 15 años.

La oferta del consorcio ganador resultó con un Precio Nivelado de Generación de 0.7393 pesos por Kilowatt/hora y presentó una inversión de 476,844,369 dólares. Este monto de inversión representa un ahorro para la CFE de aproximadamente 35%, respecto del presupuesto originalmente estimado, que es de 738,274,000 dólares.

La licitación se llevó a cabo bajo la modalidad de Obra Pública Financiada, con la participación de Transparencia Mexicana, como testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública. Ello, a efecto de cumplir con los más altos estándares en materia de transparencia y rendición de cuentas.

...

El tiempo estimado para la ejecución de la obra es de 30 meses. La entrada en operación comercial está prevista para noviembre de 2017”.

Morena se dio a la tarea de indagar el contrato que le fue adjudicado al consorcio en el que participa OHL Industrial, obteniendo el acta del fallo de la Licitación Pública Internacional N° LO-018TOQ054-T26-2014, que corresponde al proyecto “296 CC Empalme I” (antes Guaymas II).14

Cabe destacar que en la descripción del acta del fallo en el apartado monto del proyecto, este refiere:

“El reporte de la licitación de la Subdirección de finanzas con Memorándum N°SF-000041 de fecha 25 de marzo de 2015, establece que este proyecto está autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015”.

Nos fuimos a la fuente para conocer el monto total en pesos, el Presupuesto de Egresos de la Federación15 establece que la Comisión Federal de Electricidad, a través del sector 18: Energía, pagará por dicho proyecto la cantidad de $9,657,483,758 (nueve mil seiscientos cincuenta y siete millones, cuatrocientos ochenta y tres mil, setecientos cincuenta y ocho pesos), el monto asignado para 2015, fue de $ 15,426,792 (quince millones, cuatrocientos veintiséis mil, setecientos noventa y dos pesos), para el ejercicio fiscal 2016 y 2017 se tiene pronosticado solventar a través del pago de obligaciones por proyecto: Monto de gastos programados para la adquisición de activos y costo financiero de proyectos de inversión financiada directa, la cantidad de $ 579,918,960 (quinientos setenta y nueve millones, novecientos dieciocho mil, novecientos sesenta pesos), estableciendo como fecha de entrada de operación del proyecto el 07 de noviembre de 2017. Hasta ahora desconocemos cómo CFE, pagará el resto de la inversión, puesto que esta información sólo se establece en el contrato. Aun cuando se conoce que la duración del proyecto, que será por un periodo de 30 meses, en función de lo publicado en la convocatoria, no se establece en el acta del fallo, es decir, no sé sabe, cuándo inicia y cuándo termina. Para Morena el manejo de la información es totalmente discrecional, puesto que solo hace referencia a que se podrá consultar en el contrato, documento que por supuesto, no está disponible en el portal de Compranet.

Si nos detenemos a revisar los dos contratos que hasta ahora Morena ha detectado, que le fueron otorgados por las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria a OHL, el primero por Pemex se firmó el 21 de Marzo de 2013, solo a tres meses de que Lozoya Austin se convertirá en Director General de Pemex y dos años después CFE entrega, el 31 Marzo DE 2015, el fallo a favor de la propuesta que técnicamente resulto solvente y obtuvo el mayor puntaje de la valoración técnica y económica que hemos señalado.16 Parece extraño pero el contrato que se otorga a OHL y una de las empresas que conformar en consorcio en 2013 es la misma a la que ahora le han entregado el proyecto en el estado de Sonora, nos referimos a Senermex Ingeniería y Sistemas, SA de CV, y Sener Ingeniería y Sistemas, SA.

Morena ha llevado a tribuna su preocupación por los escándalos que han protagonizado funcionarios federales del actual gobierno y OHL, pero hasta hoy no se ha hecho nada lo que deja ver que la empresa está políticamente protegida, arropada, cuidada.

Morena exige y seguirá en la lucha por denunciar estos hechos, hasta que no se lleven a cabo las investigaciones necesarias y se tomen las medidas para detener la corrupción que flagela a la sociedad mexicana. Hasta que no se cree una comisión investigadora encargada de revisar la legalidad de los contratos otorgados a las empresas favoritas de la administración de Enrique Peña Nieto –HIGA y OHL-, seguirá insistiendo, presentando esta clase puntos de acuerdo, y propondrá a los otros grupos parlamentarios avanzar en el combate a la corrupción. Hasta hoy se encuentran congelados puntos de acuerdo en esta soberanía y en el propio Senado de la República; está postura de la mayoría quiere evitar la necesaria investigación al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a los directores de CFE y Pemex. Por eso hasta los propios auditores -Deloitte- le han permitido a OHL mantener un manejo oscuro de su inversión, su deuda, sus supuestas utilidades. OHL se está endeudando “a cargo de su concesión”. Está generando deuda pública -con una empresa extranjera- y eso lo sabe y lo permite el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. No importan las denuncias, los audios, la trama de sobornos y tráfico de influencias que llega hasta Los Pinos. OHL ha logrado convertirse en cuate privilegiado del capitalismo de cuates.

Cuatitud impulsada por Eruviel Ávila, por Gerardo Ruiz Esparza, por Luis Videgaray. Cuatitud en la cual está también involucrado -otra vez- el Grupo Higa, encargado de la construcción del monumento “Torre Bicentenario” en Toluca, el cual le fue adjudicado “generosamente” por OHL con cargo a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense y con fondos federales.17 Un ejemplo más del vasto universo de ilícitos que involucra al sector de la construcción en nuestro país. OHL sólo revela una práctica común que llevó a la implosión de Enron: registra a través del Circuito Exterior Mexiquense una inversión que no tiene -porque ya la recuperó- y unos ingresos que tampoco tiene. Y el Estado mexicano quiere asegurar que los tenga porque algún beneficio obtendrá. Basta con atender la frase famosa “follow the money”. Sigamos la pista del dinero que terminará en algún proceso electoral o en la bolsa de algún funcionario.

De allí el imperativo de investigar y auditar y hacer del conocimiento público quién ha permitido este fraude, más lo que significa. Y que la investigación abarque todas las operaciones de OHL celebradas con el gobierno federal. Y que la investigación acabe en los tribunales españoles donde podríamos encontrar una justicia que en México no se dará. Al contrario, lo que ocurre aquí es que al abogado que ha tenido el valor de denunciar lo ocurrido, la PGR le “siembra” un arma y lo detiene injustificadamente. En lugar de airear el caso del Enron mexicano, los culpables buscan callar a quien lo evidenció. Enséñame un mentiroso y te mostraré un ladrón, dice el dicho. OHL -auspiciado por el gobierno- es ambos.18

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la renuncia de Emilio Lozoya Austin, Director General de Pemex y de Enrique Ochoa Reza, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de corrupción en los que incurrieron al otorgar la adjudicación del contrato para la construcción de la “Central de Generación de Ciclo Combinado Empalme I” al consorcio formado por las empresas: Senermex Ingeniería y Sistemas, SA de CV; Sener Ingeniería y Sistemas, SA; IEPI México, SA de CV; y OHL Industrial.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a Pemex y CFE para que hagan públicas todas las concesiones, contratos y proyectos en los que haya participado o esté participando de alguna forma la empresa OHL México y sus filiales.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia y en el marco de la legislación aplicable, realice las auditorias correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que haya participado o esté participando de alguna forma la empresa OHL México y sus filiales con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Secretaria de la Función Pública que, en el ámbito de su competencia, realice las auditorias correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que haya participado o esté participando de alguna forma la empresa OHL México y sus filiales con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y solicita a la Secretaria de la Función Pública que, en el ámbito de su competencia, realicen las auditorias correspondientes al contrato adjudicado para la Construcción de la Central de Generación del Ciclo Combinado Empalme I, otorgado a la empresa OHL.

Notas

1 El mega fraude “Enron”, http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/308847-mega-fraude-enron/

2 El caso Enron, https://www.emaze.com/@ALRFFTFO/Caso-Empresa-ENRON

3 ¿Dónde se encuentra México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2014?, Transparencia Mexicana, 02/12/2014, http://www.tm.org.mx/ipc2014/

4 ¿Qué le falta a México para que se erradique la corrupción?, Boletín Informativo del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio A.C. No. 74, mayo, 2015,

http://www.iccmex.mx/uploads/galerias/31fed97d16b2231bbe 068e8b150bb159adfe0a2b.pdf

5 OHL: Enron mexicano, Denise Dresser, 12 Oct. 2015, http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=73374

6 Más de 100 años de historia, OHL es el resultado de la fusión de Obrascón, Huarte y Lain, http://www.ohl.es/informacion-corporativa/historia/

7 Ranking ENR 2015, Un grupo global comprometido con la sostenibilidad, http://memoria.ohl.es/doc/Un-grupo-global-comprometido-con-la-sotenibil idad-Introduccion.pdf

8 Autopistas, Principal línea de negocio. http://www.ohlconcesiones.com/concesiones/

9 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4360-III, jueves 10 de septiembre de 2015, http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/20150910-III.html#Pro posicionUOR3

10 OHL no reporta información a la BMV y usa funcionarios públicos para conseguir contactos,
https://www.youtube.com/watch?v=jkSxZrkZ6eI&feature= youtu.be.

11 Portal de Obligaciones de Transparencia, contrataciones Pemex – Refinación.
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=ROPL00713P&_idDependen cia=18576.

12 Ecolaire España construirá en México una planta de hidrógeno para Pemex Refinación, 15 de julio de 2013,
http://www.ohl.es/sala-de-prensa/noticias/2013/julio-2013/130715-ecolaire-espanna-construira-en-mexico-una-planta-de-hidrogeno-para-pemex-refinacion/.

13 CFE, Boletines de prensa, adjudica la CFE contrato para la Construcción de la Central de Generación de Ciclo Combinado EMPALME I, 31Marzo 2015, http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8219/

14 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, Enero de 2015, modificaciones: cambio de nombre y cancelaciones de proyectos de inversión financiada directa y condicionada que fueron autorizados en años anteriores.
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/p ef/2015/docs/18/r18_toq_iv03.pdf

15 CFE, Dirección de Finanzas Subdirección de Operación Financiera Gerencia de Presupuestos.
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Finanzas/Lists/Pidiregas1/Attachments/4/PIDIREGAS2TRIM2015.pdf

16 Portal de Obligaciones de Transparencia, Contratos - Pemex refinación,
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=PXR-OP-SCC-SPR-GPA-L-10-13&_idDependencia=18576

17 Aristegui Noticias, Pagó OHL por Torres Bicentenario en el Edomex... y las construyó Grupo Higa, junio 2 2015,
http://aristeguinoticias.com/0206/mexico/pago-ohl-por-torres-bicentenario-en-el-edomex-y-las-construyo-grupo-higa/

18 Aristegui Noticias, PGR siembra pistola a abogado de Infraiber en disputa con OHL (video),
http://aristeguinoticias.com/1409/mexico/pgr-siembra-pistola-a-abogado-de-infraiber-en-disputa-con-ohl/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los titulares de la Sagarpa y la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios que se reúnan con una comisión de productores de maíz de Jalisco para atender sus peticiones, suscrita por el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Salvador Zamora Zamora, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se solicita a la Sagarpa y Aserca que reciba y apoye a los productores nacionales de maíz, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En relación a la crisis que han venido enfrentando en los últimos años los productores agrícolas de maíz, en su comercialización, los diputados de la actual Legislatura de este Poder Legislativo retomamos la problemática planteada por nuestros antecesores diputados, ya que a pesar de los avances conseguidos, la situación de dichos productores no ha cambiado mucho, y ello nos obliga a buscar alternativas de solución que conminen a mitigar la grave afectación económica que están padeciendo, por bien de nuestro campo jalisciense y los beneficios que todos recibimos de él.

La producción de maíz es para Jalisco una actividad económica nodal. prueba de ello es que el 34.18 por ciento de la superficie sembrada en Jalisco durante 2014 fue de maíz grano (fuente anuario agrícola 2014/siap/sagarpa)1 .

De acuerdo al Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, en 2014 nuestro estado ha ocupado el primer lugar nacional en el cultivo de maíz forrajero en los últimos tres años (2012, 2013 y 2014) y el segundo en la producción de maíz de grano en el mismo periodo. Con la existencia de más de 100 productores en nuestra entidad, la mayoría de ellos pequeños productores.

Diversas condiciones enfrentan la producción de maíz en Jalisco, una que es fundamentalmente de temporal, lo que la hace profundamente vulnerable frente a contingencias climáticas. Que complican cada vez más la comercialización del producto en el mercado.

Otra, es la competencia desleal que actualmente padecen los productores por el tema de la importación de maíz de Sudáfrica, que muchas de las veces los orilla a abaratar aun más su producto; además el asunto del maíz transgénico, que además pone en riesgo la salud y la seguridad alimentaria de quienes lo consumimos.

Otra, que queremos destacar por lo que vamos a plantear, es el asunto de que los precios del maíz se rigen por la Bolsa de Valores de Chicago; una de las consecuencias de tal circunstancia es su establecimiento por debajo del costo, lo que mina la capacidad productiva de un amplio grupo de productores y genera la conversión de las materas primas en objetos de especulación (Castañeda et. al, 2014:257). Dicha problemática se desglosa en lo siguiente:

En los últimos años el precio del maíz a nivel internacional ha presentado una drástica disminución. El precio por tonelada de estar por arriba de los 4000 pesos en mayo del 2012 se fue a cerca de 3 mil 400 para mayo de 2014. Situación que ha demandado desde entonces una urgente intervención gubernamental para apoyar a este sector productivo2 .

Si bien en el último año el precio fijado en la Bolsa de Chicago para el maíz ha presentado cierta estabilidad, ya que de noviembre de 2014 a julio 2015 fue de 178. 67 a 179.60 dólares por tonelada, los productores se han visto profundamente afectados por la variación del precio del dólar en el último año, el cual ha ido de 14.76 pesos por dólar en diciembre del 2014, a 17.86 pesos por dólar al 14 de diciembre de 2015. Esta circunstancia deja los precios-contrato muy por debajo del valor real del grano.

Esta situación se presenta dada la incongruencia que existe en que el gobierno federal determina el ingreso objetivo al productor en moneda nacional cuando la referencia comercial del grano, así como los insumos que se utilizan para su producción son en dólares (de acuerdo a la Bolsa de Chicago).

En ese sentido, el día de hoy, lejos queda el precio de 3 mil 300 pesos que el 26 de noviembre de 2014 el gobierno federal a través de la agencia de servicios a la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios, la Aserc a, determinó como ingreso mínimo al productor en su zona de producción, ya que en ese momento el precio del dólar era de 12.75 pesos.

Con un tipo de cambio de 17 pesos con 86 centavos, el ingreso mínimo al productor corresponde a 4 mil 622 pesos por tonelada. En caso de que no se actualice el ingreso objetivo por tonelada de maíz, el productor tendría una pérdida de 1 mil 322 pesos, de ahí la importancia de la actualización del precio del maíz al nuevo tipo de cambio peso-dólar.

A ello se suma que los apoyos (compensación de bases, Ipec, estímulo a la conversión de más blanco a amarillo, entre otros, del ciclo anterior, primavera verano 2014) no han sido entregados en su totalidad a los productores de Jalisco, lo que ha incrementado su endeudamiento y ha generado el pago de costos financieros.

Y que cuando los productores acuden a celebrar la garantía de su cosecha a través de agricultura por contrato en las oficinas de Aserca, se les informa que se acabó el presupuesto para cubrir las coberturas de precios. Esta situación es a todas luces irregular ya que en las reglas de operación y los lineamientos publicados en torno al tema, quedo plenamente establecido que se podría celebrar agricultura por contrato hasta el 4 de septiembre de 2015. Fecha que no fue respetada aun considerando que la misma dependencia validó previamente el volumen de toneladas de los productores que esperan beneficiarse de este programa. 300 mil toneladas de maíz y sus productores se ven ahora afectados por la falta de presupuesto anunciada.

La consecuencias de no actuar ante de no llevar a cabo esta actualización sería una cadena de hechos desastrosa: por las pérdidas, los productores se descapitalizarían y no podrían sembrar sus parcelas al caer en cartera vencida, tras lo que pasarán al buró de crédito y en el peor de los casos, deberán emigrar del campo en búsqueda de mejores oportunidades, dejando su lugar de origen.

El otro escenario real, es el de los agricultores que no participaron en el programa de agricultura por contrato, los que al no poder comercializar su producto a un precio mayor de $3,000.00 y que no fueron considerados en las compensaciones, presentan consecuencias mayormente graves y complicadas para las miles de familias que subsisten de esta actividad comercial. Estos también deben ser tomados en cuenta en la solución de la problemática.

Ante lo anterior se considera necesario solicitar ante las instancias federales, entre estas la Sagarpa, para que realice acciones y diligencias que sean necesarias para contribuir con los apoyos económicos que requieren los productores de maíz de Jalisco, entre estos la actualización de la cobertura por tonelada de maíz, mas la compensación de base con el actual tipo de cambio peso-dólar, a fin de que nuestros productores cuenten con un ingreso mínimo por tonelada de maíz de $4,622 pesos.

Por otra parte ante la disminución que ha tenido el precio del maíz en la Bolsa de Chicago3 , el hecho de que se cotice a nivel internacional un grano básico para la alimentación de los mexicanos como un producto destinado para el forraje, y no como producto valor alimenticio, hacen necesario solicitar al Senado de la República, en relación a su facultad exclusiva otorgada por el artículo 76 fracción I, de nuestra Ley Suprema, para que se revise este aspecto en la normatividad establecida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que se asignen precios diferenciados al grano de maíz, al grano de maíz forrajero y así se pague un precio real y justo a lo producido en México y hacer frente al abaratamiento que está teniendo el precio del maíz a nivel internacional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicítese de manera atenta y respetuosa al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa, realizar las diligencias que sean necesarias para contribuir con los apoyos económicos que requieren los productores de maíz de Jalisco a efecto de:

a) Actualizar el precio de cobertura por tonelada de maíz, más la compensación de bases, con el actual tipo de cambio peso – dólar de 17 pesos con 86 centavos, a fin de que nuestros productores, independientemente si cuentan con contratos de cobertura, cuenten con un ingreso mínimo por tonelada de maíz de 4 mil 622 pesos. Permitir que los productores que cuentan con la previa validación de sus toneladas por la Aserca puedan acceder al programa de agricultura por contrato.

b) Se le solicite emitir dictámenes técnicos en donde se verifiquen las afectaciones a los rendimientos de maíz con el fin de anexarlos a los contratos establecidos.

c) Otorgar al productor un precio lleno a la tonelada de maíz facturado, que incluya el precio establecido en el contrato más los apoyos correspondientes.

d) Fijar el ingreso objetivo en dólares dado que la agricultura por contrato es establecida en dólares.

Segundo. Se solicita de manera atenta y respetuosa al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa y a Alejandro Vázquez Salido, director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, reciba de manera inmediata, en reunión de trabajo a una comisión de productores de maíz del estado de Jalisco con la finalidad de escuchar y dar atención a sus peticiones.

Notas

1 http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx/agricultura/graficas/superficies/

2 Datos de SIAP/SAGARPA .

3 La Bolsa de Chicago es el indicador correcto establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para fijar el precio del maíz.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados.

Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP y la Secretaría de Economía a implantar medidas y políticas que detengan y reviertan el crecimiento de la deuda pública externa, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Históricamente la deuda pública externa ha representado desde sus inicios uno de los principales asuntos de preocupación para la economía nacional. Asimismo durante la actual administración, ésta adquirió una aceleración en el ritmo de su crecimiento, constituyéndose en un problema muy serio que debe ser atendido inmediata y oportunamente, pues las acciones y medidas que hasta el momento se han realizado, no han mostrado un impacto relevante para frenar el endeudamiento, lo que pone en incertidumbre la estabilidad de la economía nacional.

En este sentido, datos emitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalan que durante el año 2000 al 2012, la deuda pública alcanzaba el 41.2 por ciento en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), mientras que al inicio de este sexenio, el nivel de deuda fue de 49.8 por ciento del PIB, que significaban 7 billones 770 mil 294 millones de pesos, de acuerdo con el valor de la economía mexicana calculado por la Secretaría de Hacienda para ese año.1

Actualmente, en vísperas de finalizar el 2015, la deuda pública ya se encuentra alrededor del 51.9 por ciento del producto nacional, lo que representa una cantidad de 9 billones 380 mil millones de pesos;2 tomando como referencia que el PIB nacional es de aproximadamente 18 billones 073 mil millones de pesos, las dimensiones que ha alcanzado la deuda pública es una suma que supera históricamente sus niveles, pues más de la mitad de los ingresos de la producción nacional mexicana representan el saldo de la deuda externa.

Por lo anterior, en el Informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública del segundo semestre de este año, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimaron que el endeudamiento en todos sus componentes, en lo que va de la presente administración, ha avanzado a un ritmo de 2 mil 286 millones de pesos diarios,3 lo que manifiesta que la tendencia de aumento de la deuda es positiva, es decir, que la deuda pública externa seguirá creciendo.

No obstante, durante la elaboración, desarrollo e implementación de las Reformas Estructurales, el Ejecutivo Federal aludió que éstas marcarían un proceso de desarrollo y estabilidad económica nacional, pero lo cierto es, que pese a estas Reformas, no se ha logrado un crecimiento económico significativo, pues según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el informe del tercer trimestre de este año, la economía creció solo el 2.6 por ciento,4 mientras que la deuda pública externa durante el 2013 a diciembre del 2014 aumentó el 9.5 por ciento del PIB.

De igual forma, la reforma energética proyecta indicios que señalan que no se dará un desarrollo significativo para la economía nacional, pues en este sentido, los precios del petróleo han disminuido, lo que refiere que los ingresos petroleros no serán suficientes para equilibrar o revertir los niveles de deuda, pues aunque exista inversión privada en la extracción de petróleo, los precios bajos en el mercado internacional no aseguran la recuperación económica a través de este sector.

Los datos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que al cierre del año 2014, la deuda se situaba por cerca de los 6 billones 948 mil millones de pesos, cantidad mayor en un 16 por ciento en comparación con las cifras de finales del 2013. En estos 2 años, del 2012 al 2014, la deuda obtuvo un incremento del 29.8 por ciento5 respecto a la cantidad del 2011.

En este contexto, los niveles que ha alcanzado el endeudamiento son alarmantes, pues en estos dos primeros años del actual gobierno, en términos comparativos, la deuda se incrementó en 5 veces respecto el presupuesto destinado para la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual es la dependencia del Estado que más recursos recibe.6

Por otro lado, las medidas que recomienda el FMI para estabilizar la deuda a mediano plazo, no representan una vía factible para la sociedad. Pues éstas refieren que el gasto público del Estado debe disminuir en el presupuesto; situación que arriesga el bienestar de la población mexicana, ya que hay sectores en los que las erogaciones del Estado son insuficientes y no solventan totalmente las necesidades de la sociedad, por lo que disminuir el gasto público agraviaría aún más la situación social. Además que estas medidas presentarían resultados de estabilidad y retroceso de la deuda hasta el 2020.

De igual forma, actualmente se carece de un sistema de recaudación fiscal con amplia cobertura, lo cual no permite la posibilidad de aumentar los índices de captación de impuestos, por tal motivo la viabilidad de recaudación fiscal no representa satisfactoriamente una solución a corto plazo.

Asimismo, debido a la depreciación que ha sufrido el peso mexicano y la inflación que han tenido varios de los productos básicos de consumo en los últimos meses, el aumento de impuestos no representa una alternativa positiva para detener el aumento del endeudamiento.

Tales motivos muestran que las medidas anteriores al no presentar una resolutiva benéfica, oportuna y eficaz para el país, no deben ser contempladas como alternativas para disminuir los niveles del endeudamiento.

Por lo que es solicitud de esta soberanía que se analice el tema a profundidad y a plenitud, para que en el ámbito y las facultades que poseen las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, se implementen medidas, acciones y políticas, para que a través de éstas se detenga y revierta el aumento de la deuda pública externa.

De tal manera que las nuevas medidas que se elaboren y se presenten, no tengan un impacto negativo para el bienestar de la sociedad, salvaguardando los intereses de la nación, sobretodo que las políticas o estrategias que se implementen, aporten una resolución efectiva y de pronta respuesta al sistema económico, pues mantener y procurar la seguridad de la economía nacional es prioridad para el Estado.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, implementen medidas, acciones y políticas, para que detengan y reviertan el crecimiento de la deuda pública externa.

Notas

1 González Amador Roberto. “La deuda pública sigue subiendo y supera 50 por ciento del PIB, dice FMI”. La Jornada, 19 de Noviembre del 2015. [citado: 10 de diciembre del 2015). En línea: http://www.jornada.unam.mx/2015/11/19/economia/027n1eco

2 Ibídem.

3 Rodríguez Israel. “Crece la deuda a un ritmo de 2,286 millones de pesos diarios”. La Jornada, 2 agosto del 2015. [Citado: 10 de diciembre de 2015]. En línea:
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/02/economia/020n1eco

4 Inegi. Economía. [citado: 10 de diciembre del 2015)

5 Gonzales Amador Roberto. “Crece $2 mil millones diarios la deuda pública con Peña Nieto”. La Jornada, 1 de febrero del 2015. [Citado: 10 de diciembre del 2015]. En línea:
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/01/economia/016n1eco

6 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de diciembre de 2015.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del presidente de la Conasami a fin de que indique las razones del incremento del salario mínimo para 2016, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez

La suscrita, senadora Martha Tagle Martínez, integrante a la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, por el que cita a comparecer a Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a efecto de que informe a esta soberanía las razones que justifican la decisión de incremento del salario mínimo para el año 2016, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los temas más importantes, que preocupan actualmente a millones de ciudadanas y ciudadanos que forman parte de la clase trabajadora mexicana, es el relativo a la pérdida del poder adquisitivo de su ingreso salarial. México es hoy un país de grandes contrastes y desigualdades sociales; casi la mitad de la población enfrenta algún nivel de pobreza. Esta vulnerabilidad en la población trabajadora está asociada a la implementación de políticas económicas que durante sexenios han beneficiado sólo al gran capital, y no a la clase trabajadora de nuestro país impidiendo tener un mejor ingreso salarial.

Si bien se han destinado miles de millones de pesos en programas sociales, de corte asistencialista, su objetivo no ha sido superarla, sino más bien mantener a millones en la pobreza.

la pobreza creció 58% en 42 años, es indiscutible que no hay mejoras para las y los mexicanos, y el ingreso dejó hace mucho de ser suficiente; para dar cuenta de ello, el incremento anual en el salario no ha rebasado el 4.200/0 desde ello de enero del 2013, por ese motivo desde ese año, 102 millones 425 mil mexicanos no pueden comprar la canasta básica constitucional integral, que desde el primero de julio del 2013 tenía un precio diario de un mil 40 pesos (16.04 salarios mínimos).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México es el único país de América Latina donde el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza. Este mismo organismo señala que en México dos de cada cinco trabajadores, es decir el 40% de la población, perciben como máximo dos salarios mínimos, por lo que la realidad de México contrasta con la experiencia de otros países. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que México es el país con el salario mínimo más bajo de los países que integran este organismo.1

Cabe destacar que ambos organismos han concluido que la pérdida de poder adquisitivo real del salario mínimo en México se encuentra entre un 75 y 79 por ciento en los últimos 35 años, lo anterior, resulta de gran relevancia pues en nuestro país existe un sector poblacional de 6.8 millones de personas que cuentan con un ingreso de hasta un salario mínimo, es decir, aproximadamente el 13.7% de la población ocupada, del cual el 54.3% son trabajadores independientes y 45.63% trabajadores subordinados, de los cuales, 96.34% no cuenta con seguridad social.

El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que en 28 años el precio de la canasta obrera indispensable (COI) se ha incrementado de 6.86 pesos a 453 pesos, acumulando una pérdida en su poder adquisitivo de 83.62 %. En 1987, con un salario mínimo diario se podía adquirir 94% de la COI, en tanto al 15 de Octubre del 2015 sólo se obtiene 150/0 de la Canasta Obrera Indispensable.2

Por otra parte, en relación a la CAR (canasta recomendable-modela-ideal), conformada por 40 alimentos de uso y consumo diario, para una familia mexicana de 4 personas (2 adultos/as, 1 joven y 1 niño o niña), donde se consideraron aspectos nutricionales, dieta, tradición, hábitos culturales y su precio no incluye gastos en su preparación, se ha concluido que con el actual salario mínimo de $70.10, únicamente se puede adquirir 34.05 % de la CAR cuando en 1987 con un salario mínimo de $6.47 pesos se podía adquirir 163.800/0 de la CAR, lo que significa que para para Octubre de 2015 el precio de la CAR se incrementó a $ 205.90 pesos a lo largo de 25 años.

La desigualdad salarial genera grandes efectos en la población mexicana fundamentalmente en la clase trabajadora de nuestro país; la evidencia demuestra que el salario mínimo tiene un efecto importante en reducir (cuando es alta) la desigualdad entre asalariados y de agravar (cuando es baja) la desigualdad salarial. Asimismo, un aumento o disminución en el salario mínimo real tiene efectos particularmente en los ingresos de los trabajadores peor pagados y achatan la distribución de las remuneraciones y reducen la desigualdad salarial por sus efectos positivos en la remuneración de los trabajadores de salarios bajos.

Históricamente, México fue uno de los países pioneros en materia de salarios mínimos. En la Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción VI, por primera vez, quedó establecido un salario mínimo con amplitud nacional. El Constituyente fue el primero en introducir a nivel de la Constitución el concepto jurídico de salario mínimo anticipando por lo menos 20 años a la incorporación del derecho a una retribución mínima en la legislación laboral de las naciones más industrializadas de América Latina. El desequilibrio y el abuso del poder del capital previo al Revolución Mexicana, dentro del pacto social del Estado mexicano, se fundamentó bajo la idea de que el trabajador y el patrón fueron partes de una relación con igualdad jurídica.

De acuerdo con el artículo 123 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos” por lo que la Ley Federal del Trabajo señala como salario mínimo “la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo”.

De igual manera la Carta Magna plantea que el salario mínimo “se fijará por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones”. Esta Comisión tiene por objetivo cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, asegurando la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

En el último año, el Congreso de la Unión inició un importante debate para la recuperación del salario de las clases populares, el pasado 19 de noviembre de 2015 se aprobó una Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo turnándolo a los Congresos Estatales para su eventual ratificación. Esta reforma elimina las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, para sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de nueva creación. Y aunque se requiere del aval de la mayoría de los legislativos locales para su promulgación. Esta reforma es un paso trascendente del Constituyente para una nueva política salarial que permita al salario mínimo la recuperación gradual y sostenida de su poder adquisitivo y llegar a ser un salario digno para las y los trabajadores de México.

No obstante, pareciera que esta reforma no es prioridad ni para legisladores, ni para políticos en general, la concreción de esta reforma permitiría dejar lugar a otras mediciones, para evitar la “justificación” de no incremento. La mayoría de los Congresos locales se encuentra ya en receso, ya diferencia de las reformas “estructurales” de este gobierno, la reforma de la desindexación, tendrá que esperar hasta que reiniciar el periodo ordinario, para así tener al menos la mitad más uno de los Congresos locales.

Por otra parte, y a pesar de la grave pérdida de poder adquisitivo; de la voluntad del Congreso Federal de avanzar en la recuperación salarial; y de una inflación general a la baja en 2015, el pasado 11 de diciembre el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó por unanimidad otorgar un aumento de 4.2% al salario mínimo para el 2016, 73.04 pesos diarios, lo que representa un incremento de 2.94 pesos.3

Al resolver el incremento del salario mínimo para el 2016, el Consejo de Representantes fundamentó su decisión, entre otros con los siguientes argumentos:

I. La inflación durante el presente año terminará alrededor del 2.0%, de acuerdo con la información dada a conocer oficialmente al Consejo, por el Gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens, con lo cual el poder adquisitivo del salario mínimo tendrá una recuperación del 4.80%, más del doble de la inflación señalada.

II. El Consejo estima que con el incremento de 4.2010 para el 2016 y con una inflación estimada por el Banco de México de 3.0% para ese año, se tendrá nuevamente una recuperación en el poder adquisitivo de los trabajadores.

III. El Consejo de Representantes también consideró que el salario mínimo real tendrá al finalizar los primeros 37 meses de la actual administración (diciembre 2015) una recuperación del 4.67°/0, la más alta para un período similar en las últimas siete administraciones.

Si bien la inflación ha mostrado un comportamiento cercano a 2% en el último trimestre de 2015, el poder adquisitivo del salario mínimo no ha mostrado una recuperación sustancial; por el contrario se observa a una la clase trabajadora con mayores dificultades para acceder a bienes y servicios básicos, esenciales para su desarrollo humano como: alimentación, salud, vivienda y seguridad social. Contrario a lo señalado con este órgano la recuperación del salario mínimo real en los últimos 37 meses no se ha refleja en la calidad de vida de las y los mexicanos, en este mismo periodo el número de pobres en nuestro país aumento a dos millones de personas más y la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo y bienestar aumentaron a 1 millón 100 mil personas y 3 millones 800 mil personas respectivamente en esta última administración.4 Razón por la cual vemos insuficiente el incremento del salario mínimo para 2016 consideramos que lo autorizado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es insuficiente para transitar a una verdadera recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores de este país. El reclamo de millones de trabajadoras y trabajadores, así como de sus familias por contar con un salario que les permita acceder a una educación de calidad, a servicios de salud dignos y alimentación nutritiva es una demanda imperante que no podemos seguir aplazando.

Subrayo la necesidad de avanzar hacia una nueva política de recuperación del salario mínimo que garantice a todas y a todos los mexicanos un salario digno, justo y acorde a lo establecido en nuestra Constitución Política, que realmente permita avanzar a una recuperación del poder adquisitivo en el corto plazo y que no tengan que pasar 70 años para restituir su capacidad de ingresos.

Por tanto considero que el incremento de 2.9 pesos autorizado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos rompe con el compromiso y voluntad que han hecho diversos poderes públicos, incluido este H. Congreso de la Unión, por avanzar a una sociedad más justa y equitativa en materia salarial, pues este aumento coadyuva a la generación de condiciones para que las y los mexicanos satisfagan las necesidades indispensables en el orden material, social y cultural violentando los derechos económicos, sociales y culturales de los que debiera gozar todo mexicano y mexicana.

Ante las dudas que han surgido tanto de diversas autoridades, ciudadanía y especialistas en torno a la suficiencia del aumento de 2.9 pesos del salario mínimo en todo el país para recuperar el poder adquisitivo del ingreso salarial, resulta indispensable que el C. Basilio González Núñez, Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, comparezca ante esta Soberanía para explicar de manera detallada las razones que justifican el aumento del salario mínimo para el año 2016 y cómo éste servirá para incrementar el poder adquisitivo de las y los mexicanos, así como, los motivos para el rechazo de otras propuestas como la presentada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y analizar detalladamente el desempeño de la política salarial en los últimos años particularmente en esta administración.

Aunado a lo anterior; es apremiante hacer un llamado a los Congresos de las entidades federativas, que aún no han hecho el proceso de armonización de sus Constituciones locales con respecto a la actual aprobación en el Congreso Federal de la Reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, a fin de que agilicen el proceso y así se siga avanzando hacia una verdadera recuperación del salario mínimo en todas las entidades federativas de nuestro país.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, de urgente resolución la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer a Basilio González Núñez, Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a efecto de que informe a esta Soberanía las razones que justifican la decisión de incremento del salario mínimo para el año 2016.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas que no lo han hecho, a armonizar su legislación en el marco del mandato Constitucional en materia desindexación del salario mínimo.

Notas

1 Político de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal (2014).

2 Reporte de investigación 122. México (UNAM): Se agudiza la superexplotación del trabajo. Continúa la pérdida del poder adquisitivo del salario de 9.65% con Peña Nieto (Diciembre, 2015).

3 Boletín de prensa Camisón Nacional de Salarios Mínimos (diciembre, 2015).

4 Coneval: Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas (2015).

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2015.

Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a reactivar el descuento de 50 por ciento en la Autopista del Sol para estimular el turismo y la actividad económica en Morelos y Guerrero, suscrita por los diputados Beatriz Vélez Núñez, Salomón Majul González y Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Beatriz Vélez Núñez, Salomón Majul González y Matías Nazario Morales, diputados federales de la LXIII Legislatura, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La carretera 95D, es una autopista de peaje con cinco plazas de cobro, llamada autopista del sol, que es la manera más rápida y económica para llegar a varios municipios de los estados de Morelos y Guerrero.

Son esos municipios los que forman parte de las zonas más pobres del País, con rezagos sociales, académicos y culturales, también con fenómenos propios que distan de la realidad de otras ciudades.

El turismo proveniente del Distrito Federal, la adquisición de hogares de descanso, la visita a los familiares, entre otras situaciones, da pie a que miles de visitantes se acerquen a municipios como Cuernavaca y sus alrededores, Chilpancingo o Acapulco, por mencionar algunos municipios.

Después de los fenómenos meteorológicos de Ingrid y Manuel en 2013, se decidió apoyar el 9 de diciembre de ese año el descuento del 50 por ciento; sin embargo dicho apoyo se retiró el 1 de julio del 2015, al mantenerlo solamente al 25 por ciento de descuento con vigencia hasta el 1 de julio de 2016.

El recorrido actual del Distrito Federal hacia Acapulco tiene un costo de 370 pesos ida, lo que arroja un total de ida y vuelta de 740 pesos. Debemos ser claros en que la autopista generalmente se encuentra en reparaciones por deslaves y desperfectos; en el caso de puentes y días festivos para entrar y salir de Cuernavaca se tarda entre una y dos horas, sin mencionar que también es bloqueada por campesinos o jóvenes en tramos del Estado de Morelos o en Chilpancingo por lo menos de dos a diez horas de bloqueo en cada puente vacacional.

Lo cierto es que el tránsito de personas es necesario para la actividad económica de los Municipios de Guerrero y Morelos, son respiros para las economías locales y fuente de ingreso para miles de familias.

No apoyarlos, no aumentar el descuento implica que los turistas voltearán hacia otros destinos más cercanos o con peajes más económicos. Requerimos del apoyo del gobierno federal para que gire las instrucciones necesarias que permitan regresar el descuento del 50 por ciento para seguir incentivando las economías locales.

Es y debe ser prioridad buscar mecanismos de solución con herramientas y trabajo en conjunto, el descuento es clamor de todos los ciudadanos que necesitan vender sus servicios o productos. Deben establecerse las comunicaciones necesarias para que el flujo y tránsito de personas y mercancías fluya, para generar capital en los municipios sureños.

En ese orden de ideas se somete a consideración de esta representación nacional, el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. la Comisión Permanente del congreso de la unión exhorta al gobierno federal gire las instrucciones necesarias para reactivar el descuento del 50 por ciento en la Autopista del Sol, a fin de incentivar el turismo y con ello, apoyar la actividad económica de los estados de Morelos y Guerrero.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 22 de diciembre de 2015.

Diputados: Beatriz Vélez Núñez, Salomón Majul González y Matías Nazario Morales (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la PGR y la PGJ de Tamaulipas a emprender acciones para detener la escalada de secuestros en Matamoros, suscrita por el diputado César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado federal César Augusto Rendón García del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, a que de manera coordinada y urgente emprendan las medidas y acciones para detener la escalada de secuestros que se están suscitando en Matamoros, Tamaulipas, bajo las siguientes

Consideraciones

En las últimas semanas se ha suscitado una serie de secuestros en contra empresarios y ciudadanos en el municipio de Matamoros de Tamaulipas, delito de alto impacto que está afectando a diversas familias de manera física y emocional, y se está generando un ambiente de terror en esa localidad.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de este año, se han denunciado 15 casos de secuestro con 22 víctimas en Tamaulipas.1 Sin embargo, la Asociación de Alto al Secuestro indica que, de enero a agosto, tan solo en Matamoros se han cometido 49 secuestros, y en toda la entidad 179.2

La realidad es que estos delitos se han desbordado en Matamoros, en los últimos días diferentes medios de comunicación han alertado sobre varios secuestros de conocidos empresarios, y se rumora que lamentablemente algunas personas han perdido la vida a manos de sus captores.

Ante este panorama de terror, los ciudadanos de Matamoros están exigiendo la urgente intervención de las autoridades federales y estatales para detener esta ola de secuestros que lesionan duramente los valores fundamentales de nuestra sociedad.

Los diputados de Acción Nacional reconocemos las acciones que han implementado las instancias del gobierno federal y estatal, tales como la instalación del Grupo Interinstitucional para la Atención del Delito del Secuestro en Tamaulipas y la reciente detención de 19 presuntos secuestradores, sin embargo, esto no ha sido suficiente y estos delitos se siguen perpetrando en Matamoros.

En tal virtud, se hace necesario que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, atendiendo a sus atribuciones conferidas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3 lleve a cabo las medidas y acciones urgentes y contundentes para detener estos delitos en Matamoros y en el resto del estado.

De igual manera, la Procuraduría General de la República cuenta precisamente con una Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro,4 con la finalidad de intercambiar información e inteligencia a nivel interinstitucional, a través de los convenios de colaboración,5 para combatir estos delitos y, con ello, restablecer la seguridad pública y la paz de los ciudadanos.

Asimismo, se creó el Grupo de Coordinación Tamaulipas, con la colaboración federal y estatal, para ejercer acciones operativas y técnicas para la prevención y protección de los tamaulipecos en contra de cualquier acción criminal, mismo que está integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Policía Federal, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entre otras instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas también cuenta con una Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro, encargada de proponer las políticas públicas para la prevención e investigación de los delitos de secuestro en esa Entidad.6

En consecuencia, los diputados de Acción Nacional solicitamos de manera urgente a las autoridades policiales y de procuración de justicia del gobierno federal y de Tamaulipas, a que lleven a cabo las medidas y acciones para detener la escalada de secuestros que se están suscitando en el municipio de Matamoros, y salvaguardar la integridad y los derechos de los matamorenses, y preservar el orden y la paz pública en esa localidad.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

de urgente u obvia resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a que de manera coordinada y urgente emprendan las medidas y acciones para detener la escalada de secuestros que se están suscitando en Matamoros, Tamaulipas.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Reporte de delitos y víctimas de secuestro del fuero federal 2015.
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/fuero_federal/estadisticas%20fuero%20federal/secuestrofederal102015.pdf

2 sociación de Alto al Secuestro. Informe de Secuestros: 1 de diciembre 2012-31 de agosto de 2015.
https://drive.google.com/file/d/0B_IQTMVnXbDjOHBtZkw5Q21vVTg/view

3 Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSDMS_030614.pdf

4 Procuraduría General de la República. Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro.
http://www.pgr.gob.mx/Unidades-Especializadas/ueidms/Paginas/default.aspx

5 Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5278988&fecha=23/11/2012

6 Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro.
http://procuraduria.tamaulipas.gob.mx/unidad-especializada-en-la-investigacion-y-persecucion-del-secuestro/

Palacio Legislativo de San Lázaro, Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Diputado César Augusto Rendón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar y, en su caso, sancionar el fomento del trabajo infantil, suscrita por los diputados Rafael Hernández Soriano y Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Rafael Hernández Soriano y Araceli Saucedo Reyes, diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En días pasados, durante la conmemoración del “Aniversario del Comedor Popular del Hospital General de Tapachula”, el Diputado Federal por el distrito 1 del estado de Chiapas, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó cajas para lustrar zapatos a niños y jóvenes que se dedican a limpiar calzado en este municipio de la entidad, algunos de los cuales eran menores de edad y de nacionalidades distintas a la mexicana. Tales insumos, fueron entregados en el marco de un evento organizado por la “Fundación Chiapas Verde”, de la cual es Presidente.

Segunda. De acuerdo con el reporte “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014”, publicada por el Coneval el pasado mes de julio del año en curso,1 Chiapas es la entidad con mayor porcentaje de población tanto en pobreza como en pobreza extrema. Asimismo, dicho reporte señala que, a nivel nacional, la población indígena concentra el mayor porcentaje de personas en pobreza y pobreza extrema; y, que, por grupos de edad, tales porcentajes se concentran en aquellas personas menores de 18 años.

Asimismo, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010,2 en dicho estado: (i) el 27 por ciento de las personas mayores de 5 años hablan alguna lengua indígena, lo que la convierte en la tercera entidad con mayor porcentaje de esta población;3 y (ii) residen 1.6 millones de niños de 0 a 14 años –lo que en términos relativos representa el 34.3% de la población total del estado y que constituye el porcentaje más alto de infantes en dicho rango de edad del país por entidad federativa–, no es de sorprender que la situación del ejercicio y goce de los derechos humanos de este sector de la población, se encuentre profundamente distante de los niveles mínimos de aceptabilidad.

De esta forma, destaca, por un lado, que de acuerdo con el referido Censo, Chiapas: (i) ocupa el primer lugar en cuanto a porcentaje de población entre 6 y 14 años que no asiste a la escuela, y (ii) tiene la tasa de analfabetismo más alta de la población de 15 años y más. Y, por otro, que conforme al Módulo de Trabajo Infantil 2013:4 (i) es la quinta entidad con mayor número de población infantil ocupada entre 5 y 17 años, con 164,678 niñas y niños, de los cuales un 40 por ciento no asiste a la escuela y un porcentaje similar trabaja más de 35 horas semanales, y el 75 por ciento no recibe ingresos.5

Aunado a lo anterior, un fenómeno igualmente relevante y lacerante que interactúa con el del trabajo infantil en esta entidad, es el de la migración, particularmente en el municipio de Tapachula, que colinda con Guatemala y que constituye tránsito obligado hacia Norteamérica para los migrantes procedentes, principalmente, de Centro y Sudamérica. De este modo, en Tapachula, un gran número de niños que labora en las calles son migrantes irregulares, lo que los hace presa fácil de la explotación y víctimas cotidianas de los abusos de las autoridades y del crimen organizado.

Tercera. El párrafo primero del artículo 1º constitucional establece que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección...”

En este marco, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990, dispone en su artículo 31, numeral 1, que: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.”6

Por otro lado, el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo decreto de adhesión fue firmado en mayo pasado, limita a 15 años la edad mínima permitida para el trabajo;7 y se suma a la adhesión del país al Convenio 182 (ratificado por nuestro país en el año 2000), que protege a los menores de 18 años contra diversos abusos en el trabajo y la peores formas de trabajo infantil.

En lo que a leyes secundarias internas se refiere, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), promulgada en el año 2014, señala en su artículo 15 que: “Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.”

Cuarta. Tales ordenamientos establecen, igualmente, las obligaciones del Estado y de las autoridades de respetar –o de hacer respetar–, promover, proteger y garantizar los derechos de los infantes y adolescentes y, en su caso, de prevenir, sancionar y reparar sus violaciones.

De esta forma, el párrafo tercero del artículo 1º constitucional dispone que: “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos...”

Por su parte, el numeral 2 del artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño señala que: “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.”

Y, el Convenio 138 de la OIT establece, en su artículo 9, que: “La autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva del presente Convenio.”

Mientras que la LGDNNA, dicta en su artículo 8 que: “Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley”.

En materia laboral, específicamente dispone en su artículo 47, fracciones V y VI, que: “Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables, y...”

Finalmente, en el artículo 148, las fracciones I y II, establece las conductas que representan una infracción a la Ley, por parte de servidores públicos; y en el 149, párrafo primero, las sanciones correspondientes:

“Artículo 148: En el ámbito federal, constituyen infracciones a la presente Ley:

I. Respecto de servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o coordinación de aquéllas, así como centros de asistencia social o de cualquier otra índole de jurisdicción federal, cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas conozcan de la violación de algún derecho a alguna niña, niño o adolescente e indebidamente se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente en contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley y demás ordenamientos aplicables;

Artículo 149. A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y VIII del artículo anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.”

Quinta. Los hechos descritos en el considerando primero de la presente proposición con punto de acuerdo constituyen una clara violación a las disposiciones antes citadas, en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como a otras relativas a la protección de la imagen personal de los infantes, a la atención y protección como niñas y niños migrantes, sin mencionar, presumiblemente, aquellas de orden electoral.

Así, el diputado federal, Rafael Guirao Aguilar, incumplió con su deber como autoridad federal, de promover y proteger los derechos humanos de los niños y adolescentes que laboran como boleros en dicho municipio, pues:

a) La entrega de cajas para lustrar zapatos (insumos de trabajo) constituye un hecho que fomenta y estimula la condición laboral de niños y adolescentes –y, en no pocos casos en un contexto de abuso y explotación–, ya sea, por debajo de la edad mínima para trabajar (diversos de los beneficiarios declararon ser menores a los 15 años de edad), o interfiriendo, en el mejor de los casos, con su asistencia escolar;

b) A pesar de conocer, como representante popular de ese municipio, el fenómeno migratorio que lo ubica como un sitio de paso obligado de miles de migrantes centroamericanos y entre cuyas facetas se encuentra la particular vulnerabilidad de los niños y jóvenes que en su tránsito permanecen temporal o definitivamente en el país, fue omiso ante esta posibilidad –que después fue también confirmada, pues al menos uno de los beneficiarios era de nacionalidad guatemalteca– y, por tanto, ante su deber de dar aviso a las autoridades correspondientes, a fin de que éstas pudieran brindar la protección requerida a este sector de la población, como lo marcan los artículos 12 y 10, respectivamente, de la LGDNNA;8

c) Es de conocimiento generalizado que el oficio de bolero emplea productos químicos que pueden representar un riesgo para la salud de niños y adolescentes, por lo que es factible considerarlo como parte de las peores formas de trabajo infantil, conforme al artículo 3 del Convenio 182 de la OIT;9

d) En su afán de realizar propaganda política, violó también el artículo 76 de la LGDNNA, pues difundió, sin el consentimiento de los niños y adolescentes, la imagen personal de éstos.10

A este respecto, de acuerdo al artículo 134 constitucional, párrafo octavo, en ningún caso, “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno... En ningún caso,... incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

De tal suerte que, la entrega de las cajas lustradoras de calzado, al tener la imagen de la Fundación que preside el Diputado Federal, así como el color de su partido, constituye una clara violación al precepto constitucional invocado, sin perjuicio de todos otros aquellos dispuestos por la Ley en la materia, y sin considerar aquellas normas relativas al origen del financiamiento de tales insumos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar los hechos y realizar, en su caso, un pronunciamiento enérgico en torno al fomento del trabajo infantil, por parte del diputado federal, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, incumpliendo con ello su deber de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; así como a dictar las medidas tendientes a lograr la reparación del daño.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades competentes para que se investigue y, en su caso, se sancione al Diputado Federal por los hechos ocurridos en los pasados días, conforme a lo mandatado por el artículo 149 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar y, en su caso, sancionar al Diputado Federal, Rafael Guirao Aguilar, por:

a) El presunto uso indebido de propaganda, a través de las cajas lustradoras de calzado;

b) El potencial conflicto de interés existente entre el carácter de representante popular del Diputado Federal y la calidad de Presidente de la “Fundación Chiapas Verde”.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración para determinar la situación migratoria de los niños que se dedican a esta labor en la ciudad de Tapachula y para que, sea cual sea su condición migratoria, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o el Sistema Estatal, según corresponda, realice las acciones pertinentes para garantizar su adecuada protección y atención.

Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a implementar estrategias y acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil a lo largo y ancho del país, en todas sus modalidades.

Notas

1 http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web .pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010,
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/princi_result/cpv2010_principales_resultadosI.pdf

3 http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=07

4 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/modulos/mti/mti2013/default.aspx

5 Incluye a los que no reciben ingreso y a quienes reciben ingresos no monetarios (autoconsumo).

6 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

7 Previamente, durante la LXII Legislatura en el año 2014, el constituyente aprobó la reforma al Artículo 123 Constitucional para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar en México, la cual fue publicada el 17 de junio del mismo año, en el Diario Oficial de la Federación.

8 “Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 10. ...

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.”

9 Dicho artículo en su inciso d) establece que: “d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”

10 “Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.”

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 22 días del mes de diciembre de 2015.

Diputados: Rafael Hernández Soriano, Araceli Saucedo Reyes (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a emitir el dictamen sobre el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de 2013, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 30 de abril de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó la Cuenta Pública de 2013 a la Cámara de Diputados, acatando lo establecido en la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello se iniciaron la evaluación y fiscalización por el Legislativo sobre el desempeño del Ejecutivo federal durante el ejercicio fiscal de 2013.

Esta evaluación que debe realizar la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, comprende la revisión de los ingresos, los egresos, los gastos fiscales y la deuda pública entre otros rubros. Asimismo, le corresponde comprender y analizar el manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática, de todo el sector público federal.

De esa manera, esta soberanía verifica el cumplimiento de los objetivos y las metas físicas y financieras de los programas federales.

El 20 de febrero de 2015, la Auditoría Superior de Fiscalización entregó a la Cámara de Diputados el informe general de la Cuenta Pública de 2013. En ella se presentaron mil 413 informes de auditoría individuales, que corresponden a 877 auditorías de cumplimiento financiero, 525 auditorías de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas, y 3 estudios.

En mayo de 2015, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Control, acatando lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, preparó para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública de 2013, a fin de apoyarla en el dictamen de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2013.

Hasta el momento, esta soberanía no cuenta con el dictamen en comento, no obstante que por mandato constitucional el proceso de revisión de la Cuenta Pública de 2013 debió concluir el 31 de octubre pasado.

En el programa anual de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el periodo comprendido entre septiembre 2015 y agosto 2016 se tiene considerado en el inciso d), numeral III, programa anual de trabajo, “revisar, discutir, analizar y evaluar las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal que corresponda, así como elaborar y presentar al pleno de la Cámara de Diputados los dictámenes correspondientes”, que comprenden los dictámenes de los ejercicios fiscales de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 y 2012, incorporando y acumulando el dictamen de la Cuenta Pública de 2013.

Por lo motivado y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. En términos de la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que emita el dictamen correspondiente a la Cuenta Pública federal de 2013 y el pleno pueda conocerlo, discutirlo y, en su caso, aprobarlo, para coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a afecto de que los agentes de tránsito cuenten con la capacitación necesaria en la aplicación del nuevo reglamento para el Distrito Federal, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 de diciembre del presente aña entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, el cual tiene por objeto regular la circulación de peatones y vehículos en la vía pública y la seguridad vial en la Ciudad de México.

En dicho ordenamiento legal se da prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente jerarquía:

a) Peatones; en especial personas con discapacidad y movilidad limitada

b) Ciclistas;

c) Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;

d) Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;

e) Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y

f) Usuarios de transporte particular automotor y motociclistas.

Para hacer valer este nuevo reglamento se establecieron multas más severas y se mantiene el sistema de reducción de puntos a la licencia de manejo. Asimismo, se hace uso de instrumentos tecnológicos como las videocámaras para la imposición de sanciones.

Algunas de las principales disposiciones contenidas en el nuevo ordenamiento son las siguientes:

• Los límites de velocidad establecidos son: 80 km/h en carriles centrales de vías de acceso controlado; 50 km/h en vías primarias; y 40 km/h en vías secundarias. El incumplimiento de esta disposición tiene una sanción de 10 a 20 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México –UCCM (699.5 a 1 mil 399 pesos)– y tres puntos menos en la licencia de manejo.

• Insultar tanto a policías como a otros automovilistas tiene una multa de 20 a 30 UCCM (1 mil 399 a 2 mil 98 pesos).

• Llevar más pasajeros de los establecidos en la tarjeta de circulación implica una infracción que puede de ser de hasta 10 UCCM (699.95 pesos).

• Es obligatorio que los automovilistas cuenten por lo menos con un seguro de daños a terceros. El incumplimiento de este precepto es sancionado con una multa que va de 20 a 40 UCCCM (1 mil 399 a 2 mil 798 pesos).

• Utilizar claxon para un fin diferente al de evitar un accidente de tránsito, así como provocar ruido excesivo con el motor, implica una multa de hasta 10 UCCM (699.95 pesos).

• Utilizar teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento, amerita una multa de hasta 35 UCCM (2 mil 44.25 pesos)

• Se prohíbe la vuelta continua a la derecha e izquierda, excepto cuando exista un señalamiento que lo permita, violar esta disposición se multa con hasta 20 UCCM (1 mil 399 pesos).

• Los choferes de transporte público tienen prohibido realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros, en el segundo o tercer carril de circulación, contados de derecha a izquierda, o sobre una vía ciclista exclusiva, el incumplimiento de esta norma es sancionada con una multa que va de 100 a 200 veces la UCCM (6 mil 995 a 13, 990 pesos).

• Los motociclistas que no utilicen casco podrán ser sancionados con un punto menos en su licencia de conducir y con hasta con 20 UCCM (1 mil 399 pesos), además de la remisión del vehículo al corralón.

En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos esta medida que busca promover una nueva cultura vial y mejorar la movilidad. Además, también busca disminuir el número de accidentes viales, lo cual constituye una de las principales problemáticas de la Ciudad de México, prueba de ello, es que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en esta entidad se registran más de mil accidentes al día. No obstante, consideramos que existen algunas situaciones que ponen en riesgo la correcta instrumentación de este nuevo reglamento.

Resulta preocupante la falta de una señalización vial adecuada y el deterioro de la misma, al respecto, es preciso destacar que de acuerdo a especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, en los 20 cruceros donde se registran más accidentes viales en la ciudad de México, la señalización está mal empleada.

En este sentido, es apremiante que la Ciudad de México cuente con una señalización vial clara que permita a la ciudanía cumplir con las nuevas disposiciones contenidas en el reglamento de tránsito.

Por otra parte, las multas por conductas que violen el nuevo reglamento de tránsito tienen montos máximos y mínimos, con lo cual no se cuentan con criterios objetivos para la imposición de las multas, situación que deja en estado de vulnerabilidad a la ciudadanía, en virtud de que queda a la discrecionalidad de los agentes de tránsito la imposición de las sanciones, lo cual puede generar actos de corrupción.

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación como auxiliar en la vigilancia del cumplimiento del Reglamento de Tránsito, es una medida que se aplica en la Ciudad de México desde hace algunos años, sin embargo, aún son recurrentes las constantes quejas por las fallas en estos sistemas, por ello consideramos que está pendiente la instrumentación de recursos tecnológicos para que los ciudadanos puedan presentar de forma oportuna sus recursos de inconformidad ante sanciones que consideren injustas.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que la correcta instrumentación de este nuevo reglamento debe ir acompañada de una campaña informativa permanente que promueva la adopción de la nueva cultura vial que se buscan alcanzar con esta disposición.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente las acciones que coadyuven a que los Agentes de Tránsito cuenten con la capacitación necesaria para aplicar de forma objetiva y transparente el nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal, a fin de prevenir e inhibir actos de corrupción.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que instrumente las acciones que permitan que la Ciudad de México cuente con una señalización vial en buen estado y acorde al nuevo Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal.

Tercero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo una campaña de concientización permanente que promueva la adopción de los valores contenidos en el nuevo Reglamento de Tránsito.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de diciembre del año dos mil quince.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur y el Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos a emitir convocatoria durante 2016 e incluir Río Lagartos, San Felipe y Tizimín, Yucatán, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El programa Pueblos Mágicos fue creado en 2001 por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, con el objetivo de resaltar el valor turístico de diversas poblaciones, así como establecer un programa de desarrollo integral del turismo en México. La intención es beneficiar a las distintas localidades, y al mismo tiempo impulsar su desarrollo económico y cultural. Por lo tanto, la estrategia plantea la participación comunitaria, su inclusión y permanencia, por lo que los avances y logros serán para beneficio de la misma comunidad.

Es importante resaltar que en nuestro país existen diversas localidades que atesoran grandes riquezas culturales, algunas se caracterizan por sus acontecimientos en la historia, tradiciones, leyendas y, otras más, por su belleza natural y gastronomía, que en conjunto ofrecen al turista nacional y extranjero una extraordinaria opción de viaje.

Actualmente la denominación de Pueblo Mágico, la tienen 83 localidades a nivel nacional. De los cuales, el estado de Yucatán cuenta con dos nombramientos en Izamal y Valladolid.

No obstante, Yucatán con sus 106 municipios, posee un gran legado prehispánico, visto a través de sus sitios arqueológicos, haciendas, un entorno natural privilegiado de cenotes, puertos, grutas y sus reservas ecológicas, por lo que se vuelve necesario incluir más municipios a este programa.

En este sentido, existen tres destinos que merecen ser reconocidos e incluidos en el Programa de Pueblos Mágicos y en consecuencia obtener el nombramiento como Pueblo Magico, a saber: Río Lagartos, San Felipe y Tizimín.

El municipio de Río Lagartos se encuentra ubicado a una distancia de 200 km. de la ciudad de Mérida, capital del estado, a 50 kilómetros de la ciudad de Tizimín, a 104 km de la ciudad de Valladolid y a 220 kilómetros de la ciudad de Cancún, Quintana Roo; importante polo turístico. Tiene una superficie de 249.09 kilómetros cuadrados y representa el 0.90 por ciento de la superficie del estado. Cuenta con 19 localidades y una población total de 3,438 habitantes.

Cuenta la historia narrada por el cronista español Bernal Díaz del Castillo en su famoso libro “Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España”, que durante uno de los viajes de exploración, la tripulación tuvo necesidad de proveerse de agua dulce, y creyendo que se trataba de un río decidieron explorarlo, y a medida que avanzaban hacia el interior se dieron cuenta de la gran cantidad de cocodrilos que había, y lo nombraron como Río de los Lagartos.

Hoy en día se sabe que no se trataba de un río sino de una “ría”, es decir, entradas de mar que en su desembocadura se unen con las aguas dulces que provienen de las capas subterráneas o freáticas y emergen en la costa; también se les denomina esteros.

El municipio de Río Lagartos cuenta con la reserva de biosfera Ría Lagartos, área natural protegida donde se concentra la mayor diversidad biológica, así como ecosistemas con el mejor estado de conservación de la península de Yucatán, ahí se encuentra la principal zona de anidación, en el país del flamenco rosa. (Phoenicopterus ruber ruber).

Los flamencos se reproducen en gran cantidad para colorear con el rosa de su plumaje las turbias aguas de la ciénaga, que contrastan con el verde follaje del mangle, el azul del cielo y los tonos ámbar del amanecer o los naranja del atardecer.

Sin embargo, esa parte de Yucatán es mucho más que una zona de anidación, pues en ella se ubican unas 395 especies de aves (residentes y migratorias), 59 especies de mamíferos y 80 especies de reptiles; 99 especies de peces, 16 anfibios, y una rica y diversa flora.

Es tal la riqueza natural y de recursos no renovables que posee esta zona, que el 26 de junio de 1979 fue declarada reserva especial de la biosfera, con lo cual se convirtió en un área protegida por el gobierno federal.

La infraestructura hotelera con la que cuenta el municipio de Río Lagartos consiste en siete hoteles, los cuales ofertan cincuenta y siete habitaciones.

Dentro del abanico de posibilidades que el viajero puede disfrutar de este pueblo se encuentran:

• Diversas visitas dentro de la biosfera de la ría.

• Recorrido en lanchas por la zona de anidación del flamenco rosa mexicano, incluye la zona de alimentación y el avistamiento de diversas aves como son: gran garza azul, garza tigre, garcetas blanca nívea, espátulas rosadas, entre otras.

• Recorrido por sus playas, y por los petenes (islotes con vegetación de selva mediana que se desarrollan en el manglar).

• Pesca deportiva.

Por otra parte, el municipio de San Felipe, se encuentra a tan solo 5 minutos del municipio de Río Lagartos, ubicado en la región litoral oriente del Golfo de México, a una distancia de 193 kilómetros en línea recta al noroeste de la Ciudad de Mérida, a 111 kilómetros de la Ciudad de Valladolid, y a 230 kilómetros de la Ciudad Cancún, Quintana Roo.

Colinda al norte con el Golfo de México y el municipio de Río Lagartos; al este con los municipios de Río Lagartos y Panabá; al sur con el municipio de Panabá y al oeste con los municipios de Panabá y Dzilam de Bravo y el Golfo de México.

San Felipe cuenta con una población total de 1,839 personas1 y con una superficie de 680.8 km2.

La historia cuenta que en la pequeña playa conocida en lengua maya con el nombre de Actam Chuleb (ave negra con alas rojas), se fundó el puerto de San Felipe. Existen vestigios mayas que demuestran que el lugar fue poblado con anterioridad a la conquista española. El 5 de febrero de 1853, al separarse de Panabá, el pueblo y puerto de San Felipe fue erigido municipio y pasó a formar parte de Tizimín. El 12 de julio de 1935, por decreto (número 235) quedó integrado el municipio libre de San Felipe.2

San Felipe es un gran atractivo turístico, debido a que al igual que el municipio de Río Lagartos, éste forma parte de la reserva de la biosfera Ría Lagartos. Su gran actividad en el ecoturismo, incluye paseos en lanchas por las playas de Cerritos y Paso del Cerro, paseos nocturnos para avistamiento de cocodrilos, visitas en bicicletas o a pie por senderos para observar la flora y fauna, buceo, renta de kayaks y baños terapéuticos de lodo, conocido como Baño Maya.

Además cuenta con una gran variedad de petenes que se distinguen por los hermosos paisajes y zonas solitarias ideal para disfrutar de esta actividad y estar en contacto con la naturaleza.

Los turistas pueden vivir la experiencia de degustar la exquisita comida que existe, rica en sabores y colores. Los alimentos se preparan principalmente con masa de maíz, carne de puerco, pollo y venado acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales platillos son: frijol con puerco, chaya con huevo, puchero de gallina, queso relleno, salbutes, panuchos, pipian de venado, papadzules, longaniza, cochinita pibil, joroches, mucbil pollos, pimes y tamales.

Asimismo, destacan los dulces como son, yuca con miel, calabaza melada, camote con coco, cocoyol en almíbar, mazapán de pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes en almíbar y dulce de ciricote.

las principales bebidas son, xtabentun, balché, bebida de anís, pozole con coco, horchata, atole de maíz nuevo y refrescos de frutas de la región.

En general el municipio de San Felipe, cuenta con una infraestructura hotelera, que se integra por dos hoteles que ofrecen un total de treinta y ocho habitaciones.

Ademas su principal actividad económica de ambos municipios es la pesca ribereña, dentro de las especies comerciales objeto de captura se encuentran las siguientes: mero, pulpo, langosta, huachinango, tiburón, camarón, mojarra, chac-chi, carito, jurel, robalo, corvina, caracol, pepino de mar, bagre, macabí y barracuda.

Por último el municipio de Tizimín, se encuentra ubicado en la región noreste del estado de Yucatán, a 160 kilómetros de la ciudad de Mérida, colinda con el estado de Quintana Roo por el este y se encuentra entre los municipios de Temozón, Calotmul, Espita Panabá y Río Lagartos.

Esta localidad aspira a ser incluida en el Programa de Pueblos Mágicos, ya que cuenta con grandes monumentos históricos arquitectónicos como lo es el exconvento y parroquia de los Santos Reyes (siglo XVll) y exconvento templo de San Francisco (siglo XVI).

Por otro lado, y haciendo referencia a sus fiestas, danzas y tradiciones, se llevan a cabo anualmente la feria agrícola ganadera, industrial y artesanal, celebraciones en honor a los Santos Reyes que inician el 29 de diciembre y culminan el 6 de enero del siguiente año.

Una tradición tan remota como la fiesta dedicada a los tres reyes magos de Tizimín es el “Baxa Toro, se realiza durante los primeros días del mes de enero en la monumental plaza de toros artesanal, construida en 15 días para 10 corridas de toros. Para su construcción se utiliza madera y huano recién cortado y cuenta con una capacidad total aproximada de 3600 a 4300 personas.

Cuenta con atractivos turísticos como los pasajes subterráneos de hasta 50 años de antigüedad, conocidos como las “Catacumbas”; son cuevas en las que se encuentran retratos labrados que son de gran interé y atractivos para explorar, construidas de manera paralela al auge de la industria de la construcción en Tizimín.

Ademas de esto, en el municipio de Tizimín se encuentra el cenote “Kikil”, digno de admiración, ya que se encuentra rodeado de hermosas flores y árboles que hacen embellecer dicho lugar y el movimiento de sus aguas color verde esmeralda hacen un espectáculo natural único.

Tizímin, también cuenta con una vegetación rica en maderas preciosas y tintóreas, donde predominan: el cedro, el jabín, el tzalam, el chacté, el bojom, el zapote y otras más de excelente calidad para ser utilizados en la industria maderera.

Respecto a su gastronomía, tiene una gran variedad de alimentos que se preparan con masa de maíz, carne de puerco, pollo y venado, acompañados con salsas picantes a base de chile habanero. Los principales son: fríjol con puerco, chaya con huevo, puchero de gallina, queso relleno, salbutes, panuchos, pipian de venado, papadzules, longaniza, cochinita pibil, joroches, mucbil pollos, pimes y tamales.

Los dulces tradicionales que se elaboran son; yuca con miel, calabaza melada, camote con coco, cocoyol en almíbar, mazapán de pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes en almíbar y dulce de ciricote.

Además de esto, las bebidas típicas del municipio son el xtabentun, balché, bebida de anís, pozole con coco, horchata, atole de maíz nuevo y refrescos de frutas de la región.

Dentro de esta perspectiva, se puede constatar que estas tres regiones del estado de Yucatán, están coadyuvando con importantes esfuerzos para ofrecer mejores servicios a los turistas, por lo que se vuelve imprescindible promoverlas a nivel nacional e internacional como destinos paradisiacos del estado de Yucatán.

En virtud de todo lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo del gobierno federal, y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos, para que durante el 2016 convoque a las localidades que aspiren a incorporarse al Programa Pueblos Mágicos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Yucatán, a los municipios de Río Lagartos, San Felipe y Tizimín, para que realicen los trámites y acciones necesarias para incorporarse al Programa Pueblos Mágicos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo del gobierno federal, y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos para que, previo el trámite correspondiente, declare “Pueblos Mágicos” a Río Lagartos, San Felipe y Tizimín, pertenecientes al estado de Yucatán.

Notas

1 INEGI, México en Cifras, Información Nacional por Entidad Federativa y Municipios. Disponible:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.a spx

2 Secretaría de Fomento Económico. Gobierno del estado de Yucatán. Disponible: http://www.sefoe.yucatan.gob.mx/esp/estado/municipios_31065.php

Cámara de Diputados, a 22 de diciembre de 2015.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la SEP a formular el Programa Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable con los principios y valores de la Carta de la Tierra como el referente principal, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Antecedentes

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en representación de los estados miembros, ha hecho explícito su interés en participar tanto para prevenir como para disminuir el impacto de la crítica situación ambiental, social, cultural y económica del mundo actual. Ese interés está materializado en las declaraciones de Río de Janeiro (1992), Johannesburgo (2002) y Río de Janeiro (2012), en las que se considera a la sustentabilidad como principio central del desarrollo y se reconoce a los procesos de educación como prioritarios para la formación de sociedades más justas, sustentables y pacíficas.

De modo más resuelto, en forma de compromisos y de acciones, la UNESCO proclamó en su resolución 57/254, del 20 de diciembre de 2002, que los años 2005 a 2014 serían declarados como el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, cuyos propósitos y tareas fueron reiterados como una necesidad en la Declaración de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año 2012 (Río+20). Asimismo, durante la trigésima segunda Conferencia General de la UNESCO (octubre, 2003), se adoptó la resolución 32C/17 donde se “reconoce a la Carta de la Tierra como un importante marco ético para el desarrollo sustentable” y se recomienda a los Estados miembros utilizarla “como un instrumento educativo, particularmente en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible”.

Es de reconocer, con una relevancia análoga, la generación de otras iniciativas relacionadas, como son: el Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes, aprobado en el Foro Mundial sobre la Educación (2000); el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización (2003-2012); y la reciente Declaración resultado de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Nagoya, Japón (2014).

A tono con esas decisiones, los acuerdos y los esfuerzos internacionales más recientes en esta materia dan cuenta de lo categórico de esta resolución para la humanidad, en cuyo cumplimiento México está comprometido. En la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (2014), la UNESCO y los Estados miembros definieron para la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) los siguientes objetivos:

1. Promover y afinar la perspectiva del desarrollo sustentable y la transición al mismo, por medio de todas las formas de educación, formación y sensibilización de la opinión pública.

2. En la construcción del desarrollo sustentable, poner de relieve la función esencial que desempeñan la educación y el aprendizaje.

Con esos antecedentes a la vista, los gobiernos de los países del mundo recibieron una invitación para sumarse al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible. México declaró su adhesión a dicho Programa y por consecuencia se requiere que el país continúe con mayor firmeza la valoración y la conservación de su patrimonio natural y cultural. Durante los más de treinta años previos, la sociedad y el gobierno mexicanos han desarrollado políticas públicas para la protección y conservación de los ecosistemas naturales y el patrimonio socio-biocultural, con tan evidentes altibajos e indeterminaciones que ahora se vuelve indispensable reforzar tanto las políticas como las acciones de este género a fin de enderezar el camino hacia la consecución de la calidad de vida de la población y la conservación de ecosistemas saludables.

La perspectiva anterior nos lleva por fuerza a reconocer, y este no es un hecho de menor importancia, que México vive ya una crisis socio-ambiental muy grave. Tanto así que frente a ella se han constituido incluso esfuerzos colectivos e individuales, de origen local, en ejercicio de la potestad que les otorga la Nación, orientados a salvaguardar sus normas y sus tradiciones mediante estrategias y acciones de autodefensa.

De igual manera, en respuesta a la situación, el gobierno mexicano y la sociedad civil organizada han promovido y luego establecido, grupos de trabajo como las redes de Programas Institucionales Ambientales, impulsados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus). A su vez, la Red Mexicana de Puntos Focales de la Carta de la Tierra, guiada por el objetivo de hacer de México un país más justo, sustentable y pacífico, integra a miembros de los diversos sectores sociales y a quienes han participado en los Consejos consultivos para el desarrollo sustentable, y en los órganos de consulta ciudadana de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dentro de estos importantes antecedentes, no podemos olvidar la importante reforma a nuestra Constitución en materia de derechos humanos del 11 de junio del 2011. En la misma, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

En ese sentido, la Carta de la Tierra representa un instrumento internacional que tiene su fundamento en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos más reconocidos en nuestro planeta. La Carta de la Tierra trata de la misma manera a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos sociales y culturales. De alguna manera, en sus principios se encuentra la esencia de los derechos humanos y las metas que como humanidad necesitamos para alcanzar la sustentabilidad y la justicia social.

La Carta de Tierra, en el ámbito legislativo, puede cumplir la importante función de orientar las políticas legislativas de un país para actuar de conformidad con principios éticos reconocidos universalmente, pero también, como un instrumento que nos ayude a dar aplicabilidad a nuestras nuevas obligaciones en materia de derechos humanos.

Sobre la base de esa lógica y de esa visión de trabajo, emerge como una necesidad ineludible el siguiente punto de acuerdo para generar sinergias y fortalecer los esfuerzos que la sociedad y el gobierno vienen emprendiendo en este sentido.

Consideraciones

Considerando que:

• México padece una crisis política y ambiental que pone en riesgo su viabilidad futura como nación soberana, autosuficiente y sustentable.

• En nuestro nuevo marco constitucional es nuestra obligación respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, progresividad, indivisibilidad y progresividad.

• La Sustentabilidad es un proceso complejo, en construcción permanente y de adaptabilidad incesante, cuya consecución exige la atención articulada y armónica entre las dimensiones ecológica, cultural, económica, político-social y espiritual del país, a fin de generar condiciones que permitan el desarrollo de todas las formas de vida, de las sociedades humanas, de la familia y el individuo, y además impulsar la justicia social, la democracia, la inclusión, la interculturalidad, la otredad, la salud y la equidad.

• La Sustentabilidad como forma de vida implica asumir, entre otros elementos y condiciones, la necesidad de instituir una ética socio-ambiental, una nueva racionalidad económica, formas novedosas de apropiación y distribución de los recursos naturales, la formación de profesionistas con compromiso social y ambiental, todo ello con el objetivo de heredar a las generaciones futuras condiciones favorables para la satisfacción de sus necesidades básicas.

• La Educación para el Desarrollo Sustentable (EDS), con un enfoque específico, exhibe rasgos y características, posibilidades y orientaciones, bastante propias que la llevan a realizar aportaciones valiosas en el tránsito hacia la EDS.

– Implica generar modelos de desarrollo con base en el reconocimiento de que los recursos naturales son finitos, a partir de la valoración e integración de lo estético, lo cultural e identitario del patrimonio, así como de la adopción de una ética ambiental que permita a todas las formas de vida satisfacer sus necesidades, incluidas las sociedades humanas.

– Se orienta a formar una ciudadanía crítica y autocrítica, con capacidad para gestar una sociedad democrática, apta para mejorar la calidad de vida del ser humano y dispuesta a contribuir a la consecución de la equidad social.

– Integra las contribuciones de todas y de todos los actores sociales mediante la adopción y la adecuación de un enfoque intersectorial e interdisciplinario.

– Debe integrarse transversalmente a los planes y programas de todos los niveles y modalidades educativas y culturales, con base en el principio de que concierne a la educación formal, a la no formal y a la comunicación educativa (informal).

– Admite como elemento cardinal a las estrategias de comunicación y de difusión.

Reconoce como sustento cultural esencial a la producción, la promoción y el consumo de las expresiones artísticas.

– Otorga valía indiscutible a la interculturalidad y al patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales, al que comprende como modelo de intervención en la naturaleza de acuerdo con su cosmovisión.

– Promueve la armonización del ambiente natural, la sociedad, la cultura, la economía, la política y la espiritualidad, dejando en claro asimismo que ningún campo del conocimiento o desarrollo científico tecnológico puede ni debe apropiarse de la EDS para fines propios, más bien, en sentido inverso, se espera que todos realicen contribuciones a la misma.

– Se vincula por todas las técnicas pedagógicas y didácticas que promueven el aprendizaje participativo, la reflexión, la libertad de pensamiento y la solidaridad. Asimismo, promueve el aprendizaje interrelacional durante toda la vida.

– Reconoce la evolución constante del concepto de sustentabilidad, y además participa activamente en ella.

– En todo momento toma en cuenta el contexto, las circunstancias, las prioridades locales y los asuntos internacionales.

– Desarrolla en la población capacidades y habilidades para la toma de decisiones como comunidad, sobre la base de la tolerancia, la gestión de los recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y la calidad de vida.

• La EDS favorece y estimula el desarrollo armónico de las facultades y las relaciones de las personas, en cuanto que fomenta el respeto a los derechos, aviva la conciencia de solidaridad —entendida como un proceso de participación responsable por una comunidad global, justa y pacífica—, fortalece el aprecio y el respeto hacia todas las comunidades de vida, robustece la dignidad de las personas y la diversidad cultural, así como promueve el desarrollo genuino, de forma sustentable, de todas y de todos, y de su entorno local y global.

• La labor de los Estados miembros de la ONU, entre ellos México, que incluyen en sus políticas públicas la EDS se define por cuatro aspectos principales, a saber:

– Mejorar el acceso a una educación básica de calidad.

– Reorientar los programas educativos existentes.

– Incrementar el conocimiento y la conciencia de la ciudadanía.

– Impartir formación en esta materia.

• El Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible promueve habilidades como el pensamiento crítico y prospectivo, y a la vez reconoce otros enfoques educativos, considerados afines y coincidentes con la EDS, tales como: educación para la paz, educación para la vida, educación de los derechos humanos, educación por el arte, educación para la producción y consumo sustentables, educación sobre perspectiva de género y educación para una ciudadanía global, entre otros.

El gobierno mexicano ha asumido, en el ámbito internacional, compromisos que favorecen el desarrollo sustentable y ha suscrito además de las convenciones relativas al Desarrollo Sustentable (1992, 2002 y 2012) instrumentos como: Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) impulsado por la ONU, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (1994), Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1998), Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes (2000) y Educación para la Ciudadanía Mundial (2013), y el futuro acuerdo de París sobre Cambio Climático, entre otros.

• El gobierno mexicano acordó firmar, durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, junto con otras organizaciones y países, la Alianza Educando para un estilo de vida Sostenible con la Carta de la Tierra, cuyo sustento es el esfuerzo coordinado entre gobierno y sociedad.

• La Carta de la Tierra es el documento global más consensuado después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como una iniciativa ciudadana desvinculada de creencias religiosas e ideologías políticas enfocada a coadyuvar en la construcción de una sociedad justa, pacífica y sostenible.

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus Artículos 3, 4 y 25, así como su marco jurídico, otorgan certeza y viabilidad al Compromiso establecido por el Gobierno Mexicano con el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible.

• El Gobierno Mexicano ha manifestado que para acceder al desarrollo sustentable de la nación asume que la educación es fundamental en su propósito de conseguir mejores condiciones de bienestar para la población, a partir del respeto y la valoración de su patrimonio biocultural.

• En México, el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 representó una oportunidad histórica para avanzar en la institución y puesta en marcha de procesos y políticas concomitantes. De esta manera se confirió a la educación su carácter relevante para la EDS.

• Junto con algunas organizaciones civiles, el Gobierno Mexicano elaboró en el año 2006 una Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, con el propósito de reconocer, fortalecer y otorgar continuidad a los aportes de más de tres décadas de Educación Ambiental en México. Estrategia que nunca fue instrumentada pese a los convenios de colaboración firmados el 11 de marzo del 2005 y el 22 de abril del 2007, entre la Semarnat y la SEP.

• Es previsible que México llegue a contar con una ciudadanía y un gobierno que estén en posibilidades reales de asumir en forma amplia y participativa, el compromiso con la EDS impulsado por la Red Nacional de Puntos Focales de la Carta de la Tierra y con el Programa de Acción Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, impulsado por la UNESCO.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión asume los principios y valores de la Carta de la Tierra como un marco ético para el desarrollo sustentable, como un referente para la toma de decisiones y para fomentar estilos y prácticas de vida más frugales, justas, inclusivas y equitativas, de respeto entre todas y todos, culturas, religiones, grupos étnicos, géneros, edades, preferencias sexuales o de cualquier otro tipo, en consonancia bienhechora con el ambiente que sustenta la vida en el país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión adopta la Carta de la Tierra como una herramienta ética y pedagógica que contribuye al logro de los objetivos del desarrollo sustentable aprobados por la ONU recientemente en este año 2015, y del Programa de Acción Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, dado a conocer por la UNESCO en el 2014.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores a asumir la Carta de la Tierra como un instrumento orientador en la importante tarea de legislar cuando se trata de derechos humanos y asume el compromiso de impulsarla dentro de sus comisiones, procurando su continuidad y aplicación.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Desarrollo Social y de Educación Pública a formular e instrumentar de forma incluyente un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable que obedezca al programa de acción mundial de educación para el desarrollo sustentable.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Cámaras de Diputados y Senadores y a los Congresos locales a adoptar la Carta de la Tierra para que la incorporen como una herramienta fundamental en la tarea legislativa.

Sexto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión felicita la iniciativa ciudadana que formula el compromiso con el programa de acción global de Educación para el Desarrollo Sustentable y exhorta al Ejecutivo Federal a presentarlo por el estado mexicano ante la UNESCO.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y el Fonhapo a permitir en las reglas de operación de los programas la participación activa de las organizaciones sociales e incrementar los recursos para los de vivienda, suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con base en los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo los numerales 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 3, fracción XVIII; 6 fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 4o. constitucional en su párrafo 7o. mandata lo siguiente:

Párrafo 7o. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

El 7o. párrafo, establece el disfrute de una vivienda digna y decorosa, por lo que, en sentido estricto, el acceso a una vivienda digna; por tal motivo, es urgente que el titular de FONHAPO y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, incorporen en las reglas de operación la participación de las organizaciones sociales y se incrementen de 20 mil a 40 milpesos con el fin de que las familias que accedan a dicho programa puedan contar con los recursos suficientes para mejorar su vivienda.

Estos asuntos no son menores, porque incluso de acuerdo al artículo 1o. constitucional, nuestro país está obligado a cumplir los compromisos internacionales asumidos en los instrumentos en la materia como son los de Hábitat en concordancia con la Observación General número 4 y número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, órgano principal de la ONU encargado de supervisar la realización del derecho a la vivienda por parte de los Estados, los cuales establecen como principios básicos de la vivienda adecuada:

• La seguridad jurídica de la tenencia; incluida una protección legal contra el desalojo, y otras amenazas;

• La disponibilidad de servicios, equipamientos e infraestructura necesaria, incluido el acceso al agua potable y saneamiento;

• El costo accesible, incluso para los más pobres;

La habitabilidad, incluida la protección contra el frío, la humedad, el viento, el calor, las lluvias;

• El acceso para los grupos más vulnerables, incluidas las personas ancianas, los niños, las personas con discapacidades físicas y las víctimas de catástrofes naturales;

• Un lugar adecuado (localización), seguro, alejado de fuentes de contaminación, próximo a servicios públicos, establecimientos escolares.

De acuerdo a lo anterior, es importante que el gobierno federal se abstengas de impulsar medidas legales, administrativas y reglas de operación que pretendan excluir a las organizaciones sociales y campesinas de los programas de vivienda.

Como es del conocimiento de ésta Soberanía fue a partir del Acuerdo Nacional para el Campo suscrito en el año 2003 por el Ejecutivo federal y las organizaciones de la sociedad civil, principalmente campesinas, que se formalizo el marco jurídico que reconoce la representatividad y derecho de dichas organizaciones a participar en procesos de planeación, ejecución y evaluación de los programas que realiza el gobierno federal.

En este sentido, a partir de ese año, las organizaciones sociales y campesinas han trabajado de la mano con el gobierno federal para hacer llegar los beneficios de los programas sociales a la gente más necesitada del país que vive en localidades alejadas, con la falta de servicios y con ingresos menores a la línea de bienestar, considerada por el Coneval.

Sin embargo, desde el inicio de la presente administración, el gobierno federal ha intentado desconocer la participación de las organizaciones sociales y campesinas en la ejecución de los programas sociales, que coordinan diversas Secretarias, tratando de marginar su participación en programas como FAPPA, Promusag (ahora Promete) y Vivienda Rural, entre otros.

De manera particular, el programa Vivienda Rural, ha beneficiado a miles de hogares pertenecientes a las organizaciones sociales y campesinas, los cuales han sido atendidos por el gobierno federal, a través de la estructura las mencionadas, mismas que han gestionado los subsidios que el gobierno destina a la población del campo y en las zonas urbano rurales y urbanas, con el fin de que puedan comprar paquetes de materiales para que autoconstruyan su casa, la amplíen o le hagan mejoramientos, a fin lograr una vivienda digna al mejorar sus condiciones; cabe destacar, el notable éxito que ha tenido este programa, como lo respaldan las evaluaciones que ha hecho el Coneval del mismo, así como instituciones externas especializadas.

En éste sentido, a pesar de los beneficios que ha traído dicho programa con ayuda de la participación activa de las organizaciones sociales y campesinas, el gobierno federal ha implementado estrategias que buscan frenar la participación de estas como interlocutoras y defensoras de los derechos de los campesinos dentro del mismo.

Lo anterior, evidencia que los cambios realizados en los últimos años, se han ido endureciendo las reglas y manuales de operación del programa con el fin de restringir o complicar su participación, al respecto, en las actuales reglas de operación se han eliminado de las reglas de operación la facultad de participar como instancia ejecutora.

Ante el hecho inminente de la fusión del programa Vivienda Rural, con el de Vivienda Digna, para dar vida al “Programa de Apoyo a la Vivienda”, se tiene conocimiento que dentro de la normatividad que regulará la ejecución del nuevo programa, si bien, se reconoce la participación y las actividades que a lo largo de los años han venido realizando las OSC en la operación del programa, se reducen los derechos reconocidos a los beneficiarios del programa, en particular la previsión que faculta al beneficiario para elegir su proveedor, dicho dispositivo permite la activación de la economía social de la localidad.

Por otra parte es importante que se incrementen los montos de los subsidios otorgados dentro del programa, atendiendo la realidad económica actual, haciendo especial énfasis en el monto autorizado para las ampliaciones, ya que desde el año 2009 a dicha acción de vivienda se le ha asignado un presupuesto máximo de 20 mil pesos, situación que dificulta cumplir los requerimientos de las Reglas de operación vigentes, y en consecuencia del objetivo del programa y del gobierno federal que es brindar viviendas dignas y de calidad.

Por lo que esta soberanía y las organizaciones sociales y campesinas hacen un llamado a FONHAPO para que autorice un presupuesto de al menos 40 mil pesos para este tipo de acción, igualando el presupuesto para cuartos adicionales que se plantean realizar dentro de la nueva estrategia de vivienda impulsada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), denominada “Un cuarto más”. En la cual participara en conjunto con la Conavi, el Infonavit y FONHAPO.

También es importante que se autorice un presupuesto de 30 mil pesos para la compra de materiales, considerando que el beneficiario ejecutaría su acción de vivienda bajo la modalidad de autoconstrucción, y con esto, el gobierno federal pueda ahorrar hasta un 25 por ciento del propuesto para cada cuarto adicional en la mencionada estrategia.

Para concluir, debemos mencionar que a fin de disminuir gastos en la implementación de la estrategia “Un cuarto más” y de beneficiar a las personas que requieren dichos apoyos, FONHAPO y la Sedatu se ejecuten mediante el Fideicomiso y se privilegie la autoconstrucción.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y FONHAPO, a que continúen impulsando en las reglas de operación, lineamientos y acciones administrativas la participación de las organizaciones sociales y campesinas sin distinción o discriminación alguna.

Segundo: Que el beneficiario o beneficiarios puedan elegir libremente a su proveedor, cuando la Sedatu funja como instancia ejecutora con el fin de que se fomente la economía social de las localidades.

Tercero: Que en la mecánica operativa se confirme cuando la instancia ejecutora sea la Delegación y la acción de la vivienda se realice por autoconstrucción, recibirá del beneficiario el bono de subsidio endosado a su favor. Y que el Beneficiario podrá elegir al proveedor de su elección, buscando siempre las mejores condiciones de costo, calidad y servicio y que, la Instancia ejecutora firmará un contrato de ejecución con el beneficiario y el proveedor y para fines de control, se solicitará a los proveedores las comprobaciones o facturas de los materiales, a nombre del beneficiario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa a concluir la entrega del apoyo especial en la comercialización de granos por tonelada de maíz para los productores agrícolas de Jalisco y de los demás estados participantes en la modalidad de agricultura por contrato de la cosecha a la base correspondiente al ejercicio de 2014-2015, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que concluya con la entrega del apoyo especial para la comercialización de granos por tonelada de maíz para los productores agrícolas del Estado de Jalisco y de los demás estados que participaron en la modalidad de agricultura por contrato de la cosecha a la base correspondiente al ejercicio 2014-2015; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, los programas de modernización del campo y sus actividades productivas no sólo se centran en los aspectos de la producción y comercialización de los productos nacionales.

Van más allá.

Y su enfoque, se transforma en incluyente y de subsistencia a asistencia; al campo nacional para potencializar su productividad y reconvertirlo para volverlo suficiente ante las necesidades de fortalecer la economía familiar de nuestros campesinos.

Bajo este esquema, las instituciones públicas han diseñado una serie de políticas integrales que respondan a lo anterior y a su vez, a la estimulación y desarrollo de nuestro mercado interno, al posicionamiento de nuestros productos en el exterior y también de manera marcada en estos días; a las coyunturas político-económico y sociales internas y externas que afectan el desarrollo de los mercados nacionales de las economías del mundo, de los productos agrícolas.

El mercado de granos de nuestro país, no es ajeno a lo previo.

En este sentido tenemos que en el caso específico de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se han planteado una serie de incentivos y apoyos particulares para la administración de los riesgos del mercado actual, que funcionan como incentivos o bien como protección del bienestar económico-familiar de nuestros campesinos.

Estos se dividen básicamente en:

a) Cobertura simple

b) Cobertura contractual

c) Coberturas especiales

d) Cobertura de servicios

e) Coberturas propias

f) Cobertura anticipada

g) Cobertura a cosechas e inventarios

h) Cobertura directa1

La integralidad de lo anterior, responde a que el asunto no es menor; para el mercado de granos de nuestro país hay muchos pendientes todavía y deudas diferidas con los agricultores.

Para el caso del maíz, la situación es compleja; es el principal cultivo en nuestra tierra ya que concentra el 33% de la superficie sembrada con cerca de 7.5 millones de hectáreas;2 y aporta cerca del 18% del valor de la producción del sector agrícola (cerca de 88 mil millones de pesos en 2012 y 78 mil millones de pesos para el año 2013).3

A pesar de ello, respecto al maíz amarrillo nuestro país registra un déficit de producción; ya que se registran importaciones de entre 7 y 10 millones de toneladas; posicionándonos como la segunda nación a nivel internacional importadora de grano.4

Esta situación, ha convertido al campo mexicano y el mercado de grano; en un sector altamente sensible a los vaivenes de la oferta y la demanda internacional, de este producto.

En consecuencia, coloca a las familias de agricultores del maíz en una posición de alta vulnerabilidad en su economía familiar y desarrollo como ente económico.

A razón de esto, se desarrolló un esquema de apoyo a los productores de granos como el maíz que se denomina de agricultura por contrato, que es un programa que brinda seguridad a los productores de que sus cosechas obtendrán un precio de compra previamente establecido y que no bajará o bien, será susceptible; pese a las fluctuaciones o cambios del mercado en referencia.

Y que además entrega de manera directa, un apoyo económico en un monto previamente establecido a cada productor.

Nos referimos a un programa exitoso, que el año 2014 alcanzo un monto ejercido de aproximadamente dos mil 400 millones de pesos5 con lo que se benefició la compra de aproximadamente 460 mil toneladas de maíz amarillo y un millón 439 mil 867 toneladas del maíz blanco.6

Como se puede apreciar, exitoso y eficiente en función de su cobertura y de su necesaria continuidad.

En función de su cobertura, porque congrega a cerca de 16 mil productores7 de diversos estados de la república, destacándose Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, entre otros más.

Y de su continuidad, porque brinda la certeza y seguridad necesaria para la inversión de los nuestros campesinos; situación sumamente importante que se requiere en el campo nacional y en específico en la consolidación de la producción del maíz.

Sin embargo, en fechas recientes se asume entre el sector, de una insuficiencia presupuestal que ha impedido que el mencionado apoyo económico que se entrega por tonelada de producción de maíz, tan necesario para los agricultores; no se entregue en tiempo y forma y a la totalidad del padrón que se tiene.

Generando una incertidumbre entre los productores y la intranquilidad de sentirse desprotegidos y vulnerables ante un mercado sumamente competitivo.

Sin duda alguna, todos compartimos la preocupación de fortalecer y modernizar a nuestro campo nacional, así como también de proteger a las miles de familias de los campesinos que con el fruto de su labor; buscan su subsistencia y mejores oportunidades de vida y a su vez; de impulsar la soberanía alimentaria que es imprescindible para el desarrollo de nuestra sociedad.

Esta soberanía cuya primera función es representativa; no puede estar ajena a impedir que situaciones como esta; que tanto afectan a nuestro campo; se presenten o sean recurrentes.

La seguridad, la certidumbre y la continuidad de los apoyos exitosos como los que integran la modalidad de agricultura por contrato para los campesinos mexicanos; no deben de ser tema de debate o discusión; sino asunto de interés nacional.

Finalmente y en el marco de nuestras facultades, apoyemos a los agricultores nacionales para que su apoyo económico que se les entrega por tonelada de producción de maíz, lo reciban en tiempo y forma y se cubra sin excepciones la totalidad del padrón que se tiene.

Y además, se les brinde la certeza de que en el próximo ciclo 2015-2016, el problema que hoy manifiestan, no se presentara de nuevo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que:

1. Concluya a la brevedad posible y en su totalidad, con la entrega del apoyo especial para la comercialización de granos por tonelada de maíz para los productores agrícolas del Estado de Jalisco y de los demás estados que participaron en la modalidad de agricultura por contrato de la cosecha a la base correspondiente al ejercicio 2014-2015.

2. Conforme a sus facultades, publique en tiempo y forma, las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Especial para la Comercialización de granos por tonelada de maíz para los productores agrícolas que participan en la modalidad de agricultura por contrato de la cosecha a la base correspondiente al ejercicio 2015-2016.

Notas

1 Sagarpa. México. Financiera Rural 2014
2 Sagarpa. México. Financiera Rural, 2014.
3 Sagarpa. México. Reporte 2012 - 2013.
4 Sagarpa. México. Financiera Rural 2014.

5 Sagarpa. Aserca 2014.
6 Sagarpa. Aserca 2014.
7 Sagarpa. Financiera Rural 2014.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 22 días del mes de diciembre de 2015.

Diputados: José Luis Orozco Sánchez Aldana, Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SRE a considerar y, en su caso, proceder a la destitución del cónsul general de México en Atlanta, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

El ejercicio eficiente de la política exterior, no debe ser otra cosa que la manifestación del buen gobierno emanado del apego irrestricto a los valores que definen el principio de la legalidad en congruencia con el Estado de Derecho; a efecto de posicionar un Estado serio y comprometido con el desarrollo de Relaciones Internacionales cordiales, en donde la máxime sea el respeto entre las naciones, cuya piedra angular, consiste en el acatamiento al marco normativo que define la soberanía de cada nación con la finalidad de lograr una verdadera igualdad jurídica entre las naciones.

De tal suerte que uno de los máximos honores que puede llegar a tener un servidor público, consiste en la representación de su país en el exterior, lo que demanda que su conducta y acciones sean reflejo del principio del deber ser en torno a los valores y principios que definen la congruencia y efectividad de un marco normativo, a favor de la salvaguarda de la dignidad inherente de todo ser humano.

Por lo que resulta totalmente inviable a los objetivos en el desarrollo eficiente de la política exterior y en perjuicio directo del derecho internacional, que los miembros del servicio exterior se valgan de la inmunidad que les confiere el ejercicio diplomático para el desarrollo eficiente de sus funciones, para cometer actos que sólo ponen en vergüenza y degradan la imagen de su país en el exterior.

El pasado 8 de diciembre el Cónsul de México en Atlanta, Ricardo Cámara Sánchez, fue detenido sobre la autopista 400 de Georgia, Estados Unidos, por conducir en estado de ebriedad; no obstante, fue liberado de inmediato al gozar de inmunidad diplomática.

De acuerdo con reportes oficiales, el diplomático mexicano recibió tres infracciones: una por conducir bajo los efectos del alcohol, otra por no mantenerse en el carril correspondiente y una más por no ceder el paso a un vehículo de emergencia.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Cámara Sánchez se ha visto envuelto en situaciones que no hacen otra cosa que menoscabar el objetivo y fin de nuestra política exterior. En el año 2010, de acuerdo con varias fuentes periodísticas, se le acusó de hostigar a los funcionarios del consulado que informaron a la cancillería sobre la conducta de su predecesor, Salvador de Lara Rangel, quien fue señalado por personal adscrito a esa oficina y por la comunidad mexicana de morosidad, descuido manifiesto e ineptitud en el cumplimiento de sus labores, sin que haya mediado solución alguna por parte del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El artículo 41 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, establece “como obligación de todo miembro del Servicio Exterior actuar con apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que corresponde a todo servidor público en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones...” En donde además se establece de manera puntual que deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado ante cuyo gobierno estén acreditados y observar las costumbres sociales del país y la práctica diplomática internacional, sin perjuicio de las inmunidades y privilegios que les correspondan.

Por su parte, entre las diversas disposiciones del Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se establece que “todo servidor público tendrá una serie de obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales”. Particularmente la fracción I de dicho artículo establece que los servidores públicos deberán “Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.

De igual forma, cabe mencionar que si bien es cierto que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece en el numeral 1 del Artículo 43 que: “Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares”, el conducir un vehículo en estado de ebriedad poniendo en riesgo la vida de ciudadanos y en completa violación de la jurisdicción local, no forma parte de ninguna manera del apego al ejercicio de funciones y mucho menos, de la reciprocidad que esperamos recibir como nación en el ejercicio de política exterior por parte de agentes consulares acreditados en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional pone a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, tomen en consideración y en su caso procedan a la destitución del cónsul general de México en Atlanta, doctor Ricardo Cámara Sánchez, por el uso indebido de funciones, en detrimento de la política exterior de México.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 22 de diciembre de 2015.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir por la Segob, la PGR y la Sedena la decisión del Comité contra la Tortura de la ONU, suscrita por los diputados Omar Ortega Álvarez y Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados, Omar Ortega Álvarez y Araceli Saucedo Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 16 de junio de 2009, los ciudadanos mexicanos Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Ramiro López Vásquez, fueron detenidos con violencia y sin orden de aprehensión por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el conjunto habitacional Oceana, de Playas de Rosarito, Baja California. Durante su detención, traslado y arraigo, fueron sometidos a distintos actos de tortura para obligarles a admitir delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y posesión de armas. Por ello, el 31 de julio de ese mismo año, las cuatro víctimas de tortura fueron ingresadas al Centro Federal de Readaptación Social número cuatro, en Tepic, Nayarit, en donde pasaron más de seis años en prisión preventiva.

Entre los actos de tortura a los que fueron sometidos, destacan severos golpes, descargas eléctricas en genitales y simulación de ahogamiento con bolsas de plástico. Además al ser arraigados en la segunda Zona Militar en Tijuana, continuaron las golpizas y amenazas. Les mantuvieron incomunicados en el cuartel militar, atados de manos y pies durante la noche y amordazados con cinta adhesiva, sin comida ni agua1 . De igual forma, durante el tiempo que estuvieron en el centro de readaptación, todos enfrentaron obstáculos para recibir tratamiento médico apropiado y oportuno.

Frente a todas estas violaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para presentar una queja por tortura; sin embargo, la CNDH manifestó que la queja presentada hacía referencia a presuntas conductas constitutivas de “responsabilidad administrativa” declarando la queja “sin materia”2 .

Por todo ello, la organización de la sociedad civil denominada Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), presentaron una comunicación individual de este caso ante el Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)3 .

Dicho comité es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CCT) por sus estados parte. El comité “recibe y examina comunicaciones/denuncias de particulares frente a un estado parte cuando éste haya reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción”4 . México ratificó la Convención contra la Tortura el 23 de enero de 1986 y reconoció la competencia del Comité contra la Tortura para conocer de comunicaciones individuales el 3 de mayo de 20025 .

En este sentido, el CAT recibió el caso en comento y el pasado 24 de septiembre notificó al Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la decisión que adoptó el 4 de agosto de 2015 dentro de la comunicación número 500/2012. En dicha decisión el comité reconoce a Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villareal, Rodrigo y Ramiro Ramírez Martínez, como víctimas de tortura y condena al Estado mexicano por los actos cometidos en su contra.

Esta es la primera decisión sobre un caso individual contra el país que emite el CAT. En ella insta al Estado mexicano a:

1) Iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura.

2) Procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas responsables de las violaciones cometidas.

3) Determinar la inmediata puesta en libertad de las víctimas de tortura.

4) Conceder una plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada a las víctimas y sus familiares, así como una rehabilitación.

De igual forma, el comité exhorta al Estado mexicano a eliminar la figura del arraigo y a ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de asegurar que toda violación a los derechos humanos sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria o civil. Finalmente, solicita al Estado mexicano que le informe en un plazo de 90 días, a partir de la fecha de transmisión de la decisión, cuáles son las medidas que hubiera adoptado en relación con los anteriores puntos de la determinación.

En su decisión, el CAT apunta las dilaciones y omisiones cometidas por la CNDH, la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia Militar en la investigación del caso.

Sin embargo, pese a esta histórica decisión, es alarmante que hasta el momento la PGR no haya dado cumplimiento a lo establecido por el CAT, y no se conozcan las medidas que adoptará para su implementación. Empero, me congratulo por la libertad de dos de las víctimas de tortura hasta el momento.

En tenor de lo expuesto, no se puede olvidar lo ya señalado por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juan Méndez: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad.”

A lo largo de un par de décadas, nuestro país ha sido objeto de observaciones y recomendaciones por el tema de tortura por parte de autoridades, en particular para obtener confesiones. Por ejemplo, en 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre México, destacó que la “tortura y los tratamientos crueles siguen siendo utilizados por algunos sectores de las fuerzas de seguridad, en particular en las etapas de detención preventiva e investigación previa, como método para obtener confesiones o intimidación.”

Con la decisión del CAT, el país tiene una oportunidad histórica para combatir esta problemática, pero los 90 días que tiene el Estado mexicano para enviar información al comité sobre toda medida adoptada para atender la resolución, se acaban.

Por lo anterior, considero que el cumplimiento de todas las autoridades señaladas en la primera decisión sobre un caso individual contra México que emite el CAT, no sólo es de gran relevancia, sino que contribuiría al reconocimiento de las víctimas en México y a la lucha por la justicia y la transparencia.

De esta manera, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Defensa Nacional, a cumplir integralmente la decisión del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas en torno al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes que envió a México, recordando la obligación del Estado mexicano de cumplir con los tratados internacionales, como un principio básico del derecho internacional, respaldado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que los estados se encuentran en la obligación de cumplir de buena fe los tratados internacionales que han suscrito en virtud del principio de pacta sunt servanda.

Notas

1 Martínez, D. “La ONU pide liberar a cuatro jóvenes torturados en Baja California.” Consultado el 01 de diciembre de 2015 en http://www.animalpolitico.com/2015/10/la-onu-pide-liberar-a-civiles-tor turados-por-militares/

2 Ibídem

3 CMDPDH. “México es condenado por torturas en decisión histórica de la ONU: Una gran victoria para las víctimas”. Consultado el 2 de diciembre de 2015 en http://cmdpdh.org/2015/10/mexico-es-condenado-por-torturas-en-decision- historica-de-la-onu-una-gran-victoria-para-las-victimas-2/

4 Fundación Acción Pro Derechos Humanos. “Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas. Consultado el 2 de diciembre de 2015 en: http://www.derechoshumanos.net/ONU/Comite-contra-la-tortura-CAT.htm

5 CMDPDH. “México es condenado por torturas en decisión histórica de la ONU: Una gran victoria para las víctimas”. Consultado el 2 de diciembre de 2015 en http://cmdpdh.org/2015/10/mexico-es-condenado-por-torturas-en-decision- historica-de-la-onu-una-gran-victoria-para-las-victimas-2/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Diputados: Omar Ortega Álvarez, Araceli Saucedo Reyes (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF a entregar la toma de nota a la coordinación ejecutiva sindical elegida libremente por los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Araceli Damián González y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García, Araceli Damián González y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, a que respete la voluntad expresada en la votación universal, secreta y directa de los trabajadores académicos y administrativos, afiliados al Sindicato Único de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, omitiendo poner obstáculos para que se les otorgue la toma de nota solicitada hace más de un mes, sin dilación alguna, en virtud de que los argumentos planteados en el escrito de objeciones carecen de fundamento.

Consideraciones

El Sindicato de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (Sutuacm), fue fundado en noviembre de 2005; es una organización que en estos diez años de trayectoria ha asumido su papel en defensa y reivindicación de las trabajadoras y trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). El sindicato se ha comprometido a luchar por los derechos laborales de todos y cada uno de los afiliados y a defender la educación pública, científica, crítica, humanista, formativa y popular. Es un sindicato democrático en donde sus representantes son elegidos mediante voto universal, directo y secreto, que informan y rinden cuenta a sus afiliados, celebran asambleas generales y negocian con veracidad sus contratos colectivos.

El Sutuacm ha sido desde su nacimiento una organización ejemplar en sus prácticas democráticas. El pasado mes concluyó la elección periódica de su directiva sindical, en la que participó la mayoría de sus agremiados; en una votación transparente, supervisada no sólo por una comisión electoral, sino por la comunidad entera, resultó electo secretario general el profesor Ernesto Guijosa, quien tomó posesión del cargo en un concurrido acto con la presencia de trabajadores y autoridades. Atendiendo al protocolo ordinario, se presentó la documentación electoral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), incluyendo firmas de votantes y las constancias del cómputo suscritas por las distintas planillas.

El trámite parecía normal. Incluso los representantes obreros acreditados ante la junta local conocieron del proyecto de la llamada toma de nota, sólo faltaba una firma; sin embargo, sucedió algo inesperado, la autoridad, por supuestas instrucciones superiores, negó el registro a la nueva directiva sindical, buscando dejar al sindicato sin personalidad jurídica.

El proceso electoral se desarrolló el 3 de noviembre de 2015, en todo momento, de manera limpia y transparente con apego irrestricto a los estatutos del sindicato y no se nos puede atribuir ninguna falta de fondo ni de procedimiento, porque simplemente no existe. Las tres planillas contendientes reconocieron a la Comisión Electoral durante todas las etapas del proceso y habiendo obtenido la planilla, Unidad Sindical, la mayoría de votos.

Luego, como lo marcó la convocatoria electoral, el 5 de noviembre se tomó protesta como nueva coordinación ejecutiva a los ganadores.

Sin embargo, en este acto aberrante y absurdo, el gobierno del Distrito Federal (GDF) a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA) violenta la autonomía sindical con un acuerdo que busca desconocer al órgano electoral del Sutuacm que otorgó constancia de mayoría como coordinación ejecutiva (2015-2017) a la planilla Unidad Sindical.

Especialistas en derecho laboral1 señalan que el acuerdo donde se desconoce al órgano electoral, firmado por la propia presidenta de la JLCyA, Margarita Darlene Rojas Olvera, no tiene soporte jurídico válido y encaja, en contraste, con las maniobras que los gobiernos autoritarios utilizan para entorpecer la libertad sindical.

Como no fue posible para la junta impugnar la elección, al ser ésta impecable, la representante del gobierno del Distrito Federal decidió fundar su oposición en supuestas fallas formales en el procedimiento de designación de la comisión electoral.

Funda su posición en cuatro argumentos: el primero es que la convocatoria a la asamblea de la elección se formuló en una sola hoja y no en dos para distinguir lo que denominó la llamada primera y segunda convocatoria, argumento carente de sentido, sin precedente alguno.

El segundo argumento es que el orden del día para elegir dicha comisión electoral se aprobó con 278 votos a favor y 11 en contra, lo que, a juicio de la representante gubernamental, no es congruente con la asistencia inicial de 323 afiliados, o sea, que para ella el que los trabajadores decidan no votar o simplemente retirarse de una asamblea es motivo de nulidad de una elección. En ningún ámbito electoral se ha dado esta ocurrencia. Es natural la diferencia de votos entre los asistentes y aquellos que libremente deciden votar.

El tercer argumento de la representante del Gobierno del DF señala que, según el estatuto, se deben elegir ocho afiliados para formar la comisión electoral y la asamblea decidió designar a 13. En efecto, la asamblea, además de cumplir con el mínimo estatutario, decidió elegir a otros miembros del sindicato, como lo ha hecho en el pasado, para que coadyuvaran en este proceso dado las nuevas dependencias que se han creado en la universidad. Obvio esto de ninguna manera es motivo de falla.

La última causal de negativa es que en la lista de asistentes no aparece la firma de los representantes sindicales, lo cual es falso, porque se encuentran en el cuerpo de dicha lista, sin que sea obligatorio que aparezcan como se pretende, al final del listado.

De manera tramposa, se alega que la JLCyA es autónoma, cuando es un hecho que el presidente de esta junta es nombrado directamente por el jefe de gobierno del DF (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa. Consideramos que esta pretensión de golpe político del GDF contra la organización sindical, a través de la presidencia de la JLCyA, va en contra de la propia UACM, como una forma de generar inestabilidad al interior de la institución y, con dicho pretexto, generar una intervención indebida en abierta violación a nuestra autonomía universitaria.

Esta nueva violación a la autonomía sindical del Sutuacm se enmarca en el contexto de los recientes ataques al sindicalismo independiente y democrático, como los recientes golpes contra el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (Sutiems) y contra el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Sitimta).

La representación sindical existe por la voluntad autónoma de los afiliados y no por la decisión del gobierno. La exigencia de los sindicatos democráticos es por el respeto irrestricto al voto libre y por la no intromisión de la JLCyA que intenta desconocer la decisión de las y los trabajadores afiliados al Sutuacm.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera, a que respete la voluntad expresada en votación universal, secreta y directa, de los trabajadores académicos y administrativos, afiliados al Sindicato Único de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, omitiendo poner obstáculos para que se les otorgue la toma de nota solicitada hace más de un mes, sin dilación alguna, ya que los argumentos planteados en el escrito de objeciones carecen de fundamento.

Nota

1 Licenciados Arturo Alcalde Justiniani, Patricia Juan Pineda, especialistas laborales con más de 20 años de experiencia en la defensa de trabajadores en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Diputados: Norma Rocío Nahle García, Aracely Damián González, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a impulsar una estrategia multilateral contra la creciente migración infantil y adolescente no acompañada, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

En los últimos años se ha registrado un incremento constante en el número de niñas, niños y adolescentes migrantes que ingresan en el país –principalmente provenientes de Centroamérica– en busca de llegar a Estados Unidos de América. Según el Instituto Nacional de Migración, tan sólo entre 2011 y 2012 aumentó en 47 por ciento la detención de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias.

De acuerdo con cifras más recientes del Gobierno Federal, en 2013 fueron rescatados 9 mil 630 menores; en 2014 esta cifra ascendió a 27 mil 78 y en 2015 se estima que serán rescatados 30 mil.1

Una de las principales causas por las que se da este fenómeno migratorio, se debe a que uno o ambos padres de estos niños y jóvenes realizaron el mismo viaje a los Estados Unidos y, por tanto desean reunirse con ellos, aunque ello implique viajar solos, con todos los riesgos que ello implica.

Algunos otros factores que lo propician este fenómeno son la falta de oportunidades y las condiciones de violencia que impiden el libre desarrollo de los niños y jóvenes en sus países de origen, convirtiendo a la migración en solitario en una opción viable para mejorar sus condiciones de vida.

Es importante recalcarlo: la mayoría de los menores que se atreven a emprender este viaje son conscientes de los peligros a que se exponen, entre los que se encuentran el maltrato, la explotación, el abuso sexual y la trata de personas. Por ello resulta alarmante el crecimiento de este tipo de migración, caracterizada por su vulnerabilidad.

Sin duda, el hecho de que en menos de dos años, de 2013 a 2015, se haya triplicado la cantidad de niños migrantes no acompañados refleja una tendencia preocupante que nos obliga no solo a reforzar las acciones para proteger los derechos humanos, sino a impulsar medidas que contribuyan a disminuir los flujos de esta población migratoria, atendiendo las causas del fenómeno desde un enfoque regional de responsabilidad compartida.

Ciertamente, el Estado mexicano ha emprendido diversas acciones para atender este problema. El 3 de julio de 2014, advirtiendo desde entonces el crecimiento de los flujos migratorios de menores, la Comisión Permanente aprobó la creación de un grupo plural de legisladores dedicado a la atención y seguimiento a la problemática de los niños migrantes que ingresan en Estados Unidos de América.2

A nivel legislativo, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, se incorporó un capítulo que establece las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Gracias a estas disposiciones, el gobierno cuenta con mayores herramientas legales para brindar protección especializada a estos grupos vulnerables.

De conformidad con lo establecido tanto en esa ley de reciente creación como en la de Migración, las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no acompañados son canalizados por el Instituto Nacional de Migración a los Sistemas DIF Nacional, del Distrito Federal y de los estados, hasta la conclusión de su procedimiento administrativo migratorio.

El gobierno de la república, consciente de la gravedad de este problema cuyos orígenes, vale la pena apuntar, trascienden a las fronteras de nuestro país, ha emprendido acciones contundentes que refrendan su compromiso con los derechos humanos y la voluntad para atender de forma integral a los niños migrantes, con especial énfasis en los no acompañados.

En el marco del Programa Especial de Migración 2014-2018, se elaboraron los siguientes protocolos para mejorar la atención que se brinda a los niños migrantes no acompañados:

• Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o Separados que se Encuentran Albergados, en Módulos y Albergues, elaborado por el Sistema Nacional DIF, la Organización Internacional para las Migraciones, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Se trata de un esfuerzo para consolidar los procesos de atención que el Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil proveen a estas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados.

• Protocolo para la Detección de Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados o Separados con Necesidades de Protección Internacional Alojados en las Estaciones Migratorias del INM, elaborado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Tiene por objetivo mejorar los procedimientos de detección de este grupo con necesidades de protección internacional. En abril de 2015, se inició la implantación de una prueba piloto en la estación migratoria del Distrito Federal, a fin de estandarizar las reglas de actuación. Cabe destacar que, a partir del mes de junio de 2015, se ha sumado la participación del Unicef en la implantación de mejoras del protocolo.

• Protocolo para la Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados, desarrollado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef México). Constituye una herramienta para fortalecer los mecanismos de actuación de los servidores públicos que laboran en las representaciones consulares del Estado mexicano. Su objetivo es asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones relacionadas con la protección integral de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, en virtud de la situación de especial vulnerabilidad que presentan.

Asimismo, el Instituto Nacional de Migración cuenta con la figura de los oficiales de protección a la infancia (OPI), agentes federales de migración que tienen como principal tarea garantizar el respeto de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes, en especial de los no acompañados. Los OPI brindan protección y atención especializada desde el momento de su detección en el territorio nacional de la frontera norte y durante todo el proceso administrativo migratorio.

Actualmente, el INM cuenta con 429 OPI, seleccionados de conformidad con un perfil elaborado por el SNDIF y reciben capacitación continua y especializada.

De diciembre de 2012 a junio de 2015, los OPI brindaron asistencia y protección a 38 mil 235 menores de edad mexicanos repatriados por Estados Unidos de América; de ellos, 31 mil 957 eran menores de edad no acompañados. Asimismo, atendió a 40 mil 741 menores de edad extranjeros devueltos; de ellos, 22 mil 81 eran menores de edad no acompañados.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por su parte, ha coordinado la operación de una red de 47 módulos y albergues dedicados a la atención de la infancia y adolescencia migrante no acompañada, tanto de nacionalidad mexicana como extranjera. En estos espacios se les brinda cuidado y asistencia social. Durante 2014, la red de módulos y albergues brindó cuidado y protección a 25 mil 418 NNA migrantes.

En el marco de la Estrategia de Prevención y Atención a NNA Migrantes y Repatriados no Acompañados se avanzó en el desarrollo de un sistema de información sobre migración infantil no acompañada, mediante el cual se sistematizarán los datos de los NNA migrantes no acompañados que sean atendidos en los módulos y albergues de los sistemas estatales y municipales.

Por otra parte, el gobierno de la república ha promovido acuerdos concretos entre los países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración, como la facilitación de información y protocolos que fortalezcan los procedimientos de atención de este grupo de jóvenes vulnerables.

Como resultado de la colaboración con el Unicef, el 11 de mayo de 2015 presentamos el Protocolo para la Atención Consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados. Este protocolo constituye una herramienta apta para fortalecer los mecanismos de actuación del personal consular de México en el exterior. Su objetivo es asegurar la aplicación concreta del principio del interés superior del niño, con miras a generar una cadena interinstitucional para la salvaguarda de sus derechos.

Todas estas acciones reafirman el compromiso del gobierno de la república por atender el fenómeno de los niños migrantes no acompañados, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y destinando los recursos económicos y humanos al alcance para proteger sus derechos humanos.

Sin demérito de los esfuerzos realizados por el gobierno federal, es necesario reforzar la colaboración internacional para atender las causas que han generado el crecimiento del fenómeno de los niños migrantes no acompañados.

En ese sentido, coincidimos con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, quien manifestó en su reciente gira de trabajo por Estados Unidos de América que el gobierno mexicano ha asumido la visión del fenómeno migratorio desde un enfoque de responsabilidad compartida, con la que se busca la protección de los derechos humanos y de los niños. La canciller también apuntó que nuestro país actualmente desarrolla estrategias conjuntas con Estados Unidos y Centroamérica para atender este problema.3

El Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su respaldo a las acciones llevadas a cabo por el gobierno de la república para garantizar el interés superior de la niñez y los derechos humanos de los menores migrantes que atraviesan el país sin la compañía de sus familias.

Compartiendo el enfoque respecto al fenómeno migratorio del gobierno de la república, es nuestro interés hacer un respetuoso llamado a diseñar una estrategia conjunta que de paso a una solución integral al crecimiento del flujo de menores migrantes no acompañados.

Por todo lo expuesto y fundado nos permitimos someter a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a impulsar de manera conjunta con los gobiernos de Estados Unidos de América y de los países que integran la región de Centroamérica una estrategia multilateral que, sobre la base de la cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos, contribuya a disminuir los flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes no acompañados, atendiendo a este fenómeno desde un enfoque de responsabilidad compartida.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía sobre los avances de las estrategias desarrolladas con los gobiernos de Estados Unidos de América y los países que integran la región de Centroamérica para brindar protección y reducir el número de niñas, niños y adolescentes no acompañados que atraviesan nuestro país.

Notas

1 Respuesta a las preguntas parlamentarias en el contexto del tercer Informe de Gobierno. Diciembre de 2015. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-12-15-1/assets/documento s/Respuesta_al_Tercer_Informe_Gobierno.pdf

2 Gaceta Parlamentaria, 3 de julio de 2014.

3 “México hace su parte para atender niños migrantes: Ruiz Massieu”, en El Universal, 15 de diciembre de 2015.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir a partir de enero de 2016 el precio al público de gas LP, suscrita por el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Ejecutivo federal para que reduzcan el precio al público del gas LP a partir del mes de enero de 2016, cuando se dé la apertura a la libre importación, así como para que diseñe un programa de apoyos focalizados a los consumidores, bajo las siguientes

Consideraciones

1. La reforma energética aprobada en la pasada legislatura en su exposición de motivos señalaba entre otras cosas lo siguiente:

El acceso incluyente a la energía permite a países dotados de recursos naturales como el nuestro, imprimir dinamismo y competitividad a sus economías, a fin de consolidar un modelo de desarrollo generador de progreso sustentable para su población.

El fortalecimiento del papel del estado como rector de la industria petrolera: al dotarle de nuevas herramientas para la definición y conducción de la política energética del país, que permitan una adecuada y prudente administración del patrimonio petrolero nacional.

Aprovechar los recursos energéticos de nuestro país en favor de mayor inversión y generación de más empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos.

2. Por lo que el acceso a la energía más barata permitirá:

a) Democratizar la productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país.

b) Aprovechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para ésta y las siguientes generaciones.

c) Mejorar el bienestar de las familias mexicanas ya que cerca de 80 por ciento son consumidoras de gas LP.

d) Incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas industrias consumidoras de este combustible, tales como panaderías, restaurantes, talleres de metalmecánica y de orfebrería, etcétera.

3. El gas LP está considerado como un petrolífero y el mercado internacional de este petrolífero lo rigen los norteamericanos como el principal productor del continente y la caída del precio del petróleo ha mantenido relativamente bajo su costo, lo que ha detenido sus incrementos de precio.

En 2014 el precio de referencia del gas LP: Mont Belvieu, para la importación se ha mantenido en los 40 centavos de dólar por galón y considerando el dólar a 16.50, el precio de gas LP en la planta Americana a .40 dólares estadounidenses por galón equivale a 6.6 pesos mexicanos por galón entre 3.78 litro, lo que hace que el precio de compra por litro es de 1.74 pesos.

Dos litros equivalen a 1 kilogramo de gas LP, por lo que el precio del kilo de gas en el origen norteamericano es de 3.48 pesos por kilo; si se considera que el flete marítimo o terrestre de importación sería de .50 centavos mexicanos por kilo el costo puesto en México es de 4 pesos por kilogramo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) importa el gas LP que no puede producir, lo que equivale a 30 por ciento de la demanda nacional, la paraestatal puede importar el gas LP a menos de 4.00 pesos por kilogramo, y el gobierno ha definido el precio al público a 14.25 pesos por kilo , 356 por ciento más caro que el costo de obtención del extranjero.

En cambio para el mercado interno Pemex define el precio de primera venta o de primera mano en sus centros procesadores, en por lo menos el doble del precio de gas de importación.

Como ejemplo me permito exponer que Pemex definió para el mes de abril que el precio por kilo de gas LP en el centro procesador para la ruta Ciudad Juárez-Camargo, Chihuahua, en 9.16 pesos por kilo, más del doble de caro que el precio del gas LP de importación y además le ponen el IVA en la venta de primera mano.

El precio al distribuidor es de 10.98 por kilo, el precio a las familias mexicanas y a la microindustria es de 14.25 con el IVA incluido, es decir 12.28 más IVA, lo que se traduce para una ama de casa su cilindro de gas de 10 kilos es de 142.00 pesos y de 20 kilos 285.00 pesos, cuando los ingresos promedio para la gente hoy son severamente limitados.

Además, como el gas LP es un insumo principal en la microindustria, su elevado precio por kilo, no permite que se pueda aspirar a mayor competitividad, para llegar a mejores mercados, lo que se refleja en poca generación de empleos y muy escaso crecimiento económico.

Como pueden observar, compañeros legisladores, el mercado del gas LP se ha distorsionado por el mal manejo impuesto por el gobierno y ha encarecido la vida de los mexicanos.

4. La nueva Ley de Hidrocarburos no puede ser letra muerta o retardar su aplicación, esto conllevaría más al deterioro de la ya precaria economía, urge lograr un mercado competitivo.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a efecto de que como mandata la Ley de Hidrocarburos, permita la libre importación de gas LP, a partir de enero de 2016, para que podamos aspirar a que baje el precio del gas LP al público consumidor.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que durante el año 2016, diseñe e implemente a tiempo, el Programa de Apoyos Focalizados a los consumidores de gas LP que mandata el artículo vigésimo noveno transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para proteger verdaderamente a la población más marginada del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los resultados obtenidos en la tercera licitación de la Ronda Uno, suscrita por la senadora María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita Dolores Padierna Luna, senadora de la República a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución con relación a los resultados de la tercera licitación de la ronda uno, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la tercera licitación de la Ronda Uno llevada a cabo el pasado 15 de diciembre se ofrecieron 25 campos en los que existen reservas, lo que implica que Pemex ha hecho las inversiones en exploración, que se ahorrarán las empresas ganadoras de la licitación.

Todos los campos licitados son relativamente pequeños y de poca dificultad tecnológica y operativa para su explotación, ya que se ubican en zonas terrestres. Las reservas totales (3P) que existen en estos campos son de 73.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmpce) que representan sólo el 0.2% de las reservas totales del país.

El Comisionado Presidente de la CNH declaró que el pico de producción, que se podría alcanzar en tres años, será de 36 mil barriles diarios.1 Esta cantidad es de sólo el 1.6% de la producción actual, lo que significa que sólo tendrán un impacto marginal, lo que prácticamente no resuelve la caída de la producción y mucho menos de las reservas.

Cabe señalar que 22 de los 25 campos se habían asignado temporalmente a Pemex por un año o hasta que se licitaran, lo que significa que son campos en producción, por lo cual se transfieren su operación a empresas privadas.

La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos han calificado como un éxito rotundo los resultados de la licitación porque se asignaron la totalidad de los campos ofertados. Si este es el único parámetro para calificar la licitación, indudablemente fue exitosa. Sin embargo, si no se consideran los costos y los beneficios concretos que significan para el país, la calificación del proceso es insuficiente.

De manera destacada cabe señalar que mucho del supuesto éxito de la licitación tuvo su origen en que se regalaron todas las inversiones que Pemex ha realizado en los campos licitados, con lo que los costos de producción de las empresas privadas se verán reducidos de manera importante, a costa de Pemex, lo que a final de cuentas es patrimonio nacional regalado a privados.

Al respecto, la subsecretaria Lourdes Melgar dijo que “Primero que nada no son las empresas privadas las que le van a pagar a Pemex, lo que se prevé es que el Estado pague por la infraestructura útil y existente y eso es algo que está en proceso de evaluarse y de pagarse”.2

Si esto es cierto, el regalo correrá por cuenta del erario público y a los posibles ingresos que obtenga el gobierno federal de los contratos debería descontarse este gasto, para ver si efectivamente hay un beneficio o un costo.

La licitación se realizó bajo la modalidad de licencia, que tiene las siguientes características:

1. Contraprestaciones a favor del Estado

a. Un bono a la firma, que será determinado discrecionalmente por la SHCP.

b. La cuota contractual para la fase exploratoria, que consiste en el pago de $1,150 por Km2 del área contractual cuando no se encuentre en la fase de producción.

c. Regalías que se establecen como un porcentaje del valor de los hidrocarburos. Por ejemplo, para el petróleo crudo el porcentaje es del 7.5% cuando el precio del barril es menor a 48 dólares. Cuando el precio es mayor a 48 dólares, se aplica una fórmula que va incrementando el porcentaje en 0.125% por cada dólar adicional.

d. Una contra prestación calculada como un porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos.

2. A favor del contratista, la transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos.

Al respecto cabe señalar que, en el contrato diseñado para la tercera licitación, la SHCP no estableció el pago de bono alguno, por lo tanto, las contraprestaciones para el Estado sólo serán la cuota contractual para la fase exploratoria, las regalías y un porcentaje adicional del valor de los hidrocarburos que será el ofrecido por los ganadores de las licitaciones. Este último porcentaje fue la variable de adjudicación de los contratos. El Subsecretario Miguel Messmacher dijo que “el Estado recibirá, en promedio, 63 por ciento del valor de los ingresos brutos de los proyectos, entre 18.1 y 93.2 por ciento”.3

Por ejemplo, la Compañía Perseus ganó la licitación del campo Tajón, al ofrecer el 60.8a% adicional de la regalía, que sumado al 7.5% de la regalía base da un total de 68.38%. A los precios actuales, de alrededor de 30 dólares pagará 20.51 dólares, quedándolo 9.49 dólares. Sólo si el costo de producción está por debajo de este valor, tendrá utilidades.

En el contrato también se establece un mecanismo de ajuste al porcentaje adicional que se aplicará cuando la producción rebase ciertos rangos, en cuyo caso se eleva dicho porcentaje adicional, el que también puede disminuir en el caso de que las condiciones del mercado tengan un impacto negativo en el balance económico del contratista. Este mecanismo de ajuste permite una enorme discrecionalidad a la SHCP para manejar las supuestas ganancias extraordinarias de los contratistas, parte de las cuales no necesariamente pasarán al Estado.

En conclusión, se puede afirmar que el hecho de que se hayan adjudicado la totalidad de los campos ofertados no es un éxito de la licitación. Quedan muchas interrogantes que deben aclarar las autoridades.

1. ¿Cuál es el valor de los activos que se entregarán a los contratistas y porqué motivo no se les cobrarán?

2. Si se les van a pagar a Pemex con recursos públicos, deben aclarar si este gasto está contemplado en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados o de dónde van a salir los recursos.

3. ¿Cuál es el monto en dólares que estima la SHCP que recibirá el Estado, así como el porcentaje que representa del valor total de los hidrocarburos, considerando distintos escenarios de precios?

4. Se requiere de una explicación más detallada sobre las contraprestaciones que recibirá el Estado.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente punto de acuerdo, como de urgente resolución, para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su respectiva competencia, presenten un informe, en un plazo no mayor a 15 días, sobre los resultados obtenidos en la tercera licitación de la Ronda Uno, detallando:

• ¿Cuál es el valor de los activos que se entregarán a las empresas ganadoras de los contratos y porqué motivo no se les cobrarán?

• Si se le va a pagar a Pemex con recursos públicos por las inversiones realizadas en los campos adjudicados, aclarar si este gasto está contemplado en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2016 o de dónde van a salir los recursos.

•¿Cuál es el monto en dólares que se estima que recibirá el Estado por la adjudicación de cada uno de los 25 campos, así como el porcentaje que representa del valor total de los hidrocarburos, considerando distintos escenarios de precios y de costos?

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mxleconomialestado-recibira-entre-18-y-hast a-93-de-regalias.html

2 Ibídem.

3 Ibídem.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 22 de diciembre de 2015.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente reconoce a la Secretaría de Salud y, particularmente, a la Cofepris por la aprobación de la primera vacuna contra el dengue a escala mundial, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección transmitida por mosquitos que causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, denominado dengue grave. Se presenta principalmente en climas tropicales y subtropicales del planeta y en zonas urbanas y suburbanas.

Los principales síntomas son: fiebre alta, dolor de cabeza fuerte, dolor de espalda, de articulaciones, náusea, vómito, dolor de ojos y erupción de la piel.

Desde el 2001 la OMS a través del Departamento de Inmunización, Vacunas y Biológicos, ha incentivado el desarrollo de una vacuna que pueda ser utilizada como parte de la estrategia global de combate contra el dengue.

El organismo estima que cerca del 40% de la población mundial está en riesgo de contraer dengue, lo cual equivale a 3,900 millones de personas. Se calcula que alrededor de 400 millones son contagiados cada año en más de 128 países alrededor del mundo.

En México, durante el año pasado se registraron 32,100 casos, de los cuales 23,432 corresponden a dengue no grave y 8 mil 668 a dengue grave. Se estima que el costo social asociado al dengue fue de más de 3,200 millones de pesos en 2014, lo que equivale al 2.5% del presupuesto asignado a todo el sector salud para 2016.

En nuestro país los esfuerzos para crear una vacuna para el dengue derivaron en cinco proyectos de vacuna, siendo el de la farmacéutica Sanofi Pasteur el primero en acreditar su calidad, seguridad y eficacia. Esto se logró demostrar a través de la ejecución de más de 25 estudios clínicos ejecutados en cinco países, incluyendo México, en el que participaron más de 40,000 pacientes.

Esta evidencia fue presentada a Cofepris en un proceso regulatorio que inició desde el mes de mayo de 2013 y que implicó 5 reuniones ante el Subcomité de Productos en Desarrollo y 2 reuniones ante el Comité de Moléculas Nuevas.

La información presentada por la farmacéutica fue evaluada a través del Consejo Científico de la Cofepris, máximo órgano de consulta científica con el que cuenta esta Comisión y consultada con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud.

Como conclusión de este proceso regulatorio exhaustivo y de las recomendaciones emitidas por el INSP y la Ccinsyhae, la Cofepris ha emitido el registro para la Vacuna Contra el Dengue CYD - TDV con las siguientes características:

1) Es una vacuna quimérica tetravalente (para serotipos I, II, III y IV), elaborada a partir de virus vivos atenuados contra dengue (CYD- TDV).

2) Está dirigida a la población previamente expuesta al virus del dengue de entre 9 y 45 años de edad.

3) Está indicada para ser aplicada en poblaciones en las que el dengue sea endémico y su seroprevalencia deseablemente sea igual o mayor a 60%.

4) Tiene una eficacia promedio del 60.5% para la prevención de dengue y de un 93.2% para la prevención de dengue grave.

Adicionalmente, como parte de este proceso, la Cofepris solicitó a la empresa que, de manera adicional, al plan global de manejo de riesgos que la empresa había diseñado, se estableciera un plan específico para nuestro país. En este plan se contempla un registro electrónico de la población vacunada, así como el monitoreo activo de la eficacia y seguridad de la vacuna a través de centros médicos centinelas ubicados en poblaciones endémicas en las que la misma sea aplicada.

Esta vacuna puede prevenir más de 8,000 hospitalizaciones, 104 muertes anuales y generar ahorros por 1,100 millones de pesos anuales por la reducción en costos asociados a la atención médica

Con este registro, México se convierte en el primer país en contar con una vacuna contra el dengue dentro de su gama de opciones para el combate al dengue.

El Grupo Parlamentario del PRI celebra el esfuerzo realizado por las instituciones involucradas para que esta vacuna esté al alcance de los mexicanos y con ello evitar que más personas sigan sufriendo por esta enfermedad.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión manifiesta su reconocimiento a la Secretaría de Salud y, particularmente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por la aprobación de la primera vacuna contra el dengue a nivel mundial.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente, el 22 de diciembre de 2015.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a atraer por la PGR el caso y realizar las investigaciones correspondientes sobre los cadáveres exhumados en Tetelcingo, poblado de Cuautla, Morelos, suscrita por la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN

Emma Margarita Alemán Olvera, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la unión y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 6 de noviembre se dio a conocer en los medios de comunicación en Morelos y a nivel nacional, que la Fiscalía General del estado de Morelos, desde 2014 ha enterrado de forma ilegal a 150 cadáveres sin que aplicaran los protocolos legales de actuación, realizando así un acto totalmente ilegal.

Todo esto se desprende de la investigación realizada por la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez Hernández, quien fue secuestrado y luego asesinado en 2013, y cuyo cadáver forma parte del grupo de los 150, número que da la familia del hoy occiso, que fue colocado “por error u omisión” en una de estas fosas clandestinas, por personal de la Fiscalía, a pesar de estar plenamente identificado por la familia, pero también, no obstante que existía una prueba de ADN que confirmaba plenamente la identidad del cadáver.

Sin posibilidades de evitarlo, la Fiscalía se vio obligada a admitir que el cadáver había sido inhumado de manera “errónea” y autorizó la diligencia, en la cual la familia pudo presenciar todo y grabar un video, a pesar de la resistencia del personal de la Fiscalía.

María Concepción y Amalia Hernández Hernández, madre y tía de Oliver, respectivamente, exigen que se aclaren las anomalías y se deslinden responsabilidades, pues para inhumar en estas condiciones el cadáver de su familiar, y de los otros 149, hubo falsificación de firmas y otros delitos, además de que no se contó nunca con la anuencia de los afectados.

La gravedad de los hechos van más allá al advertir que este caso es del conocimiento no sólo del anterior fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, hoy delegado de la PGR en Durango, sino del encargado de despacho Javier Pérez Durón, (hoy fiscal del Estado), y del propio gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a quien la familia acudió en su momento y del que sólo recibieron negativas y descalificaciones.

Incluso han sido objeto de amenazas veladas de funcionarios o abiertas de parte de individuos sin identificarse, quienes han exigido a la familia “ya no moverle o que se atengan a las consecuencias”.

Oliver Wenceslado Rodríguez fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en la colonia Ampliación Gabriel Tepepa de Cuautla, por cuatro sujetos mientras recogía a sus hijos de la escuela.

Con base en la versión de testigos se abrió la carpeta de investigación CT-UIAE/83/2013 por el delito de desaparición de persona.

El 3 de junio de ese año, es decir, 10 días después, su cuerpo fue encontrado en el barranco de Los Papayos, en el municipio de Ayala, vecino de Cuautla. Derivado de los hechos antes mencionados se abrió la carpeta de investigación CT-UIDD-A/1791/2013 por el delito de homicidio.

En esa carpeta se consigna que el cadáver estaba sin identificar.

Después de revisar las pertenencias del cuerpo se encuentra una credencial y se establece que era Rodríguez Hernández.

Sin embargo, con ayuda de la Procuraduría de Guerrero se realiza una prueba de ADN a la mamá de la víctima, María Concepción Hernández Hernández, la cual establece “un 99.99 por ciento de probabilidad” de identificación entre ambos familiares.

Pese a ello, autoridades de la Fiscalía sugirieron a la madre de Oliver que no reclamara el cadáver, sino que permitiera que se hicieran otros peritajes.

La familia dio su anuencia a que el cuerpo siguiera en la Subprocuraduría Regional Oriente, que unos meses después se convirtió en la Fiscalía Regional Oriente, en Cuautla.

Y según relata la madre, en una reunión el 4 de diciembre de 2014, prácticamente un año y medio después de hallado el cadáver, el encargado de la Fiscalía regional, José Manuel Serrano Salmerón, informa a la familia que el cadáver de su hijo había sido enviado a una fosa común.

Pero no sólo eso, también admite que ésta ubicada en la calle 5 de Mayo, entre las colonias 12 de Diciembre y 19 de Febrero, del poblado de Tetelcingo, en Cuautla.

El funcionario informó además que tenía conocimiento de que el cadáver había sido inhumado en esa fosa el 28 de marzo de 2014, es decir, nueves meses antes de que la familia se enterara de esto.

Todo esto fue realizado en un predio que no cuenta con permiso sanitario correspondiente para la inhumación de cadáveres y sin enviar oficios de aviso o solicitud de esos permisos.

El ayuntamiento que encabeza el perredista Jesús González Otero sostiene que no tenía conocimiento ni oficial ni extraoficial de que se hubieran inhumado 150 cuerpos en ese predio de Tetelcingo.

El 9 de diciembre de 2014, la Fiscalía finalmente accedió a entregar el cuerpo. Para ello, los familiares acudieron a presenciar, no sin resistencia del personal de la Fiscalía, la diligencia en la que se exhumaron los 150 cadáveres, entre ellos el de Oliver Wenceslao, restos que fueron entregados a la familia.

Al término de la diligencia, los 149 cuerpos restantes fueron devueltos a las fosas, en las condiciones originales, es decir, sin exhibirse permisos o avisos oficiales.

El 27 de enero pasado, el director de Salud de Cuautla, Gonzalo Sánchez Hernández, informó al edil Jesús González Otero, mediante el oficio DSM/013/15, que “en mi archivo no se cuenta con el documento” en el que la Fiscalía o alguna otra autoridad le pondría “en conocimiento en relación con la inhumación realizada el día 28 de marzo de 2014 de 150 cuerpos en el panteón de Tetelcingo”.

La familia de Oliver niega en todo momento que haya dado autorización para la inhumación de su hijo, y para ello asegura que cuentan con copias certificadas de las carpetas de investigación correspondientes: una por secuestro y la otra por asesinato, por lo que se tiene “la certeza legal de que no existe petición u oficio que ordene la inhumación del cadáver relacionado” con dichas carpetas, es decir, el de Oliver Wenceslao.

Por si fuera poco, además hubo falsificación de firmas.

Es por ello que la familia se quejó ante un tribunal por dilación de la justicia. Luego de ello, la juez de Control, Juicio Oral y Ejecución, Gabriela Acosta Ortega, determinó que existía “omisión dolosa” de las autoridades, así que ordenó al agente del MP que procediera a la investigación de los hechos relacionados con la inhumación ilegal del cadáver de su hijo.

Fue entonces que se conoció la falsificación de la firma del MP a cargo de la carpeta de investigación, Carlos Alberto Flores García. En otras palabras, alguna otra autoridad o personal de la propia Fiscalía habría falsificado la firma de Flores García en un oficio que supuestamente autoriza la inhumación del cadáver, pues se afirma en el documento del 28 de marzo de 2014 que la víctima “se encontraba en calidad de desconocido”.

Es decir, falsificaron la firma para incluir el cadáver de Oliver entre los 150 que inhumaron clandestinamente ese día. “¿Por qué?”, se pregunta a la mamá y a la tía de la víctima.

Por ello había dos carpetas de investigación, una por secuestro, la otra por homicidio, ambas acumuladas en el mismo caso.

Según el ayuntamiento de Cuautla la fosa común que opera la FGE no cuenta con licencias de panteón ni sanitarias, tampoco existe un padrón del número de muertos enterrados en las dos fosas ni en las otras tumbas hechas después de diciembre de 2014, dijo Amelia, tía de Oliver Navarrete.

Leobardo Alcantar González, criminalista de campo de la asociación civil que acompañó a la CDHEM, informó que a simple vista no se siguió un protocolo para enterrar los cadáveres, además el terreno está sin barda.

Junto con madres de desaparecidos, trabajadores de la CDHEM y un grupo de expertos de una asociación civil, los peritos realizaron este viernes una inspección de las dos fosas clandestinas ubicadas en Tetelcingo, municipio de Cuautla.

Amelia, tía de Oliver Navarrete, denunció que tras ser pública su investigación y al evidenciar los delitos, violaciones, irregularidades que cometen los de la FGE, éstos ordenaron trasladar la carpeta del caso Oliver a Cuernavaca, cuando debe permanecer en Cuautla, donde Olivier fue secuestrado y después asesinado. Advirtió que si se llevan el expediente a la capital va ser “manipulada”, pues se acusa a los propios funcionarios y titular de la FGE de estos hechos.

Amelia no descartó que aquí estén los cuerpos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Fundamento

Dado lo anterior y toda vez que el Código Federal de Procedimientos Penales establecen su artículo 10, párrafo quinto, fracción I, que a la letra establece:

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I. Cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

Aunado a lo anterior el Código Nacional de procedimientos Penales, en su artículo 21 en su fracción I y II de la misma manera a la letra establece:

Artículo 21. Facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión. En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Publico de la Federación podrá? ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá? cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I. Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

II. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor o participe a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

Para mayor abundamiento en este acto se anexa como anexo 1, una tarjeta informativa por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que consta en 7 paginas en tamaño carta suscrita por una sola de sus caras.

Por lo expuesto y dando cumplimiento al Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados.

Se manifiesta en términos de salvaguardar los derechos de la sociedad, y aquellas personas que son victimas de las autoridades que imparten justicia en el Estado de Morelos, las cuales han hecho omisiones graves y victimizando de nueva cuenta a las victimas causahabientes, no obstante lo anterior en la multi mencionada fosa común del poblado de Tetelcingo del municipio de Cuautla del Estado de Morelos, no cuenta con los permisos debidamente registrados ante las autoridades competentes, omitiendo otra vez esta dependencia de la administración de Justicia que para su legal funcionamiento como panteón municipal y sin medidas de protocolo de actuación para la exhumación de los cuerpos ahí encontrados tal y como lo establece la secretaria de salud y que debe de conocer dicha secretaria, así como la dirección de panteones de dicho ayuntamiento.

Por tal situación emergente y dado que la sociedad del Estado de Morelos reclama e implora que se esclarezcan las omisiones de los funcionarios públicos que incurrieron en los diversos delitos de omisión, la responsabilidad de esta cámara de diputados, es la atención urgente de este tipo de asuntos que agravian a la sociedad y al buen funcionamiento de la administración de justicia, y dado que la autoridad del fuero común no puede ser su propio juzgador, se solicita este punto de acuerdo para la atracción al órgano federal y conozca e investigue la Procuraduría General de la Republica, y asimismo se le solicite al gobierno de Morelos rinda informe sobre cada uno de los cuerpos que ahí se encuentran ilegalmente enterrados, y para que aclare si de verdad existe en cada uno de los casos una carpeta de investigación, y así determinar que no existen cuerpos que estén enterrados sin tener algún dato judicial que les de una legalidad de su inhumación y así deslinden responsabilidades de dichas omisiones graves.

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se hace un respetuoso exhorto al gobierno federal para que atraiga el caso por medio de la Procuraduría General de la República, y que realice las investigaciones correspondientes, sobre los más de un centenar de cadáveres exhumados en el poblado de Tetelcingo, del municipio de Cuautla del estado de Morelos, y verificar si fueron inhumados correctamente y con su debido registro, bajo las reglas de las autoridades competentes y asimismo deslindar todo tipo de responsabilidades.

Segundo. Se le se hace un respetuoso exhorto al gobierno del estado de Morelos que se abstenga de intervenir en la investigación, para abundar a una mejor certeza jurídica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Diputada Emma Margarita Alemán Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la incorporación de Loma Bonita, Oaxaca, en las demarcaciones que participarán del subsidio para la seguridad en los municipios de 2016, suscrita por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que los municipios son la instancia de representación social más cercana a la ciudadanía, siendo los encargados de proporcionar los servicios públicos mínimos requeridos por la población.

Asimismo, una de las atribuciones de mayor importancia a nivel municipal es la procuración de seguridad, para salvaguardar el orden y la paz generando un ambiente de respeto basado en el estado de derecho para los habitantes de una demarcación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es garante de lo anterior, lo cual está encuadrado en el artículo 21, párrafos 9 y 10:

Artículo 21. ...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y formarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:1

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la participación de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad a escalas federal, estatal y municipal, sobre todo la coordinación que debe haber en el marco de respeto a la autonomía en las funciones en la materia.

Asimismo lo establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que reza en el artículo 77:

Artículo 77. Los agentes municipales y de policía actuarán en sus respectivas demarcaciones y tendrán las atribuciones que sean necesarias para mantener, en términos de esta ley y disposiciones complementarias, el orden, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del lugar donde actúen.2

Para fortalecer la responsabilidad en materia de seguridad en 2007, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 un artículo 10, en el cual se estableció un rubro específico para otorgar subsidios a los municipios y al gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, para salvaguardar y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Para dar cumplimiento al decreto del PEF de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 01/2008, “por el que se establecen las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del subsidio para la seguridad pública municipal”. En dicho acuerdo se eligieron 150 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que accedieron al programa (Subsemun).

Que el Subsemun es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los Estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para fortalecer las instituciones de seguridad municipales.

Con este subsidio se cubren aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.3

Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el pasado 15 de enero, dio a conocer el proceso de elegibilidad para los municipios y demarcaciones del Distrito Federal para el otorgamiento del subsidio, contenido en el artículo 8 del PEF para 2015, en él se establecen las bases y mecanismos mediante los cuales se otorga el subsidio.

Que si bien lo establecen los lineamientos los municipios beneficiarios con el Subsemun son elegidos tomando en cuenta la población municipal, la incidencia delictiva y las características del municipio en cuanto a que sean destinos turísticos, zona fronteriza, municipios conurbados o próximos a zonas de alta incidencia delictiva.4

Loma Bonita, Oaxaca, colinda con José Azueta, Cosamalopan y Playa Vicente, Veracruz. Adicionalmente, tiene una cercanía que varía entre 40 y 90 kilómetros con Isla, Tres Valles y Tierra Blanca, Veracruz.

El municipio sufre el grave caso de ingobernabilidad de los arriba enunciados, como el caso de Cosamaloapan, donde se llegó a estudiar emitir una solicitud a la fuerza civil para apoyar las labores de seguridad, aunado a la coordinación con fuerzas federales, como el Ejército y la Armada.5

Lo mismo sucede con Playa Vicente, Veracruz, donde el 28 de julio de 2015 se informó de 19 asesinatos en 72 horas.

La situación de inseguridad en Loma Bonita es en gran parte debido a que Veracruz ha sido escenario de pugnas territoriales y por el control de secuestros y extorsiones, entre células delictivas de la organización de Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y, en el norte de la entidad, del Cártel del Golfo.6

La situación geográfica de Loma Bonita señalada, en el párrafo anterior, así como su colindancia con el territorio veracruzano, ha provocado que la delincuencia migrara de fuera hacia dentro y que con el paso del tiempo la delincuencia organizada haya convencido y obligado a jóvenes del área municipal para integrarlos a los grupos delictivos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene el propósito de proporcionar información sobre los índices de seguridad pública a nivel nacional, la información estadística que se genera a través de la encuesta debería ser de ayuda para determinar procesos de política pública.

Basados en la Envipe de 2015, se pueden destacar que en Oaxaca la percepción sobre inseguridad está por encima del promedio nacional, lo mismo ocurre con las estadísticas sobre defunciones por homicidio, que se hallan arriba de la media del país.

Percepción de la población respecto a la situación actual que guarda la inseguridad pública en su entidad federativa y diversos factores 7

El número de víctimas en Oaxaca también se incrementó en 23 por ciento, según define el citado estudio, pues pasaron de 16 mil 291 en 2013 a 20 mil 61 en 2014.

Las gráficas anteriores señalan las características de incremento en delitos que afectan de manera directa a los habitantes del estado principalmente a municipios con cercanía a estados con alto índice de delitos, en este orden de ideas se encuentra Loma Bonita.

Loma Bonita, Oaxaca, en sus estadísticas también establece márgenes crecientes en cuanto a secuestros. Esto es en parte atribuible a su ubicación geográfica. Durante 2014 y 2015 se incrementó 10 y 20 por ciento con relación a 2013. A su vez, este aumentó en 25 por ciento en lo que va de 2015, comparado con el cierre de 2013.

Por lo que se refiere a homicidios, la entidad municipal hizo grandes esfuerzos y logró una reducción considerable en el año 2011 y 2012, sin embargo para 2013 este delito se incrementó en 100 por ciento, lo que urgió a implantar medidas inmediatas, con el estado de fuerza existente.

El robo con violencia es otra estadística que indica la necesidad de apoyar al municipio para implantar mecanismos de prevención del delito y cohesión social. El delito ya enunciado se incrementó hasta en 400 por ciento para 2014 comparado con 2012, lo cual motivó que se igualara en cifras de 2010.

Ahora bien, retomando las cifras de la Envipe, de los delitos por cada 100 mil habitantes y consideramos los 45 mil 513 habitantes de Loma Bonita podremos realizar el análisis siguiente:

A escala nacional, en 2014 se dio cuenta de 48 delitos por portación de arma de fuego. La media en Oaxaca es de 23, de los cuales Loma Bonita contribuye con 5. Esto significa que el municipio participa, con sólo la mitad de la población, a nivel nacional con 10.41 por ciento y a nivel estatal con 21.7.

En cuanto a homicidios, la media nacional por cada 100 mil habitantes señala la Envipe es de 16 defunciones, a nivel estatal la media es de 18 por cada 100 mil habitantes y en Loma Bonita se cometieron en el mismo año de estudio 4, lo que significa que a nivel nacional Loma Bonita tiene un orden de significancia de 25 por ciento y a nivel estatal de 22. Estas estimaciones son de igual manera con sólo 45 mil 513 habitantes. La participación es fuerte respecto al análisis de cada 100 mil habitantes.

En atención de lo señalado y a fin de cumplir a la ciudadanía en las funciones básicas y esenciales de la federación con la consiguiente participación corresponsable de Loma Bonita, Oaxaca, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que estudien e incorporen a Loma Bonita, Oaxaca, entre los beneficiarios del subsidio para la seguridad en los municipios de 2016.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal a incorporar Loma Bonita, Oaxaca, entre las demarcaciones que participarán del subsidio para la seguridad en los municipios de 2016, para dar cumplimiento a los lineamientos de elegibilidad establecidos por el mismo secretariado nacional de seguridad pública, que señalan a las demarcaciones en zona fronteriza y municipios conurbados o próximos a zonas de alta incidencia delictiva.

Notas

1 www.diputados.gob.mx/
2 http://www.lomabonita.gob.mx/
3 www.secretariadoejecutivo.gob.mx/
4 Ibídem.

5 veracruz.quadratin.com.mx/
6 plumaslibres.com.mx/
7 www.inegi.org.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Semarnat y la Profepa acciones para garantizar la integridad física de los mapaches en las escolleras de la playa Miramar, suscrita por el diputado César Flores Sosa, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal César Flores Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ésta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Declaración Universal sobre los Derechos de los Animales considera en su primer párrafo que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales; esta declaración fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y por la UNESCO y ha sido un punto de partida para reconocer un mínimo de derechos para los animales.

Nuestro país ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso internacional con la diversidad biológica y con el respeto a la flora y fauna, como queda establecido en el preámbulo del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica ratificada el 11 de marzo de 1993 donde se afirma que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad, de igual manera con la inclusión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se afianza el compromiso del gobierno mexicano con nuestro medio ambiente.

A nivel nacional, la Ley General de Vida Silvestre establece que es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre, quedando prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la Nación, correspondiendo a la Federación la atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respetuoso de la fauna silvestre.

Sin embargo, nuestro país en sus tres órdenes de gobierno ha faltado a sus compromisos y obligaciones establecidas por diversos ordenamientos, tanto nacionales como internacionales, en materia de protección al ambiente y de respeto a la vida e integridad de la fauna silvestre, un claro ejemplo de esto es lo que desde hace tres años ha estado ocurriendo con la especie Procyon lotor , mejor conocida como mapache racuna, que como consecuencia de la destrucción sistemática de su hábitat se ha adecuado y establecido en las escolleras de la playa de Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas .

El artículo 4o. de la Declaración de los Derechos de los Animales señala que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural y a reproducirse; por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 83 señala que el aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora y fauna silvestres deberá hacerse sin alterar las condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies; de igual manera, la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 63 establece que la conservación del hábitat natural de la vida silvestre es de interés público ; en este sentido vemos una primera violación de los tres órdenes de gobierno a estas disposiciones, ya que con el crecimiento de la ciudad y el afán de ir construyendo la zona hotelera que frente a la playa de Miramar y ante un nuevo proyecto de acuario en esta zona, sistemáticamente se ha ido destruyendo el bosque que llega hasta el margen del Río Panuco y que además de ser una barrera natural contra los ciclones, era el hábitat de los mapaches que ahora se han desplazado hacia las escolleras.

Una vez desplazada la especie y adaptada a la zona de escolleras, en el año 2013, de acuerdo a datos del Patronato de Protección y Preservación del Mapache Miramar, A.C., se contabilizó una población de 250 ejemplares en esta zona, iniciando por parte de un grupo denominado Cobea y presumiblemente con el apoyo de Semarnat, Profepa, protección civil, bomberos y Cetmar No. 9 el retiro de los ejemplares con un destino desconocido quedando sólo 28 en condiciones cuestionables.

Para el año 2014, los ejemplares sobrevivientes a esta primera “reubicación” se adaptaron en manadas y se contabilizó una población de 140 ejemplares, procediendo ese mismo año a una segunda “reubicación” por parte de autoridades municipales y una supuesta protectora de animales denominada Proani, utilizando métodos que violentan claramente la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 29 que establece que los Municipios, las Entidades Federativas y la Federación, adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre; en esta segunda “reubicación” sólo sobrevivieron 46 ejemplares, la especie no se trasladó a una UMA ni se dio un trato digno para los mapaches, fueron golpeados, desaparecidos y macheteados por personas no identificadas que iban de noche a las escolleras a “reubicar” a la especie, por lo cual se presentaron diversas denuncias ante Profepa, Semarnat y la PGR sin que a la fecha se tenga una resolución favorable ya que las autoridades ambientales no encontraron en sus inspecciones las evidencias suficientes para acreditar estos hechos.

Para este año, la población de mapaches en escollera está contabilizada en 180 ejemplares, pero el ayuntamiento para las fechas de semana santa pretendió realizar una tercera “reubicación”, pero el Patronato de Protección y Preservación del Mapache Miramar, A.C. realizó las gestiones necesarias ante las autoridades ambientales para que se aprobará la colocación en la zona federal de escolleras de los letreros que avisaban a los visitantes de la protección que la ley le da a las especies silvestres, esto a pesar de existir un letrero aprobado por el Ayuntamiento y colocado en la zona municipal respecto al supuesto peligro de la especie para los seres humanos, ante estos hechos las autoridades municipales desistieron de realizar algo nuevo acto de “reubicación” de la especie.

Sin embargo, durante los últimos meses del año, el Ayuntamiento de Cd. Madero junto con Proani y Proanimal han anunciado que los ejemplares de mapaches que aún se encuentran en escolleras serán reubicados a una UMA, señalando la Semarnat su desconocimiento ante estos hechos y la inexistencia de una UMA para mapaches, ya que la que existe en la zona es para cocodrilos, persistiendo en la zona las declaraciones de autoridades municipales y particulares sobre la decisión de mover a la especie de una zona que ha tomado como su hábitat ante la destrucción del anterior y existiendo una evidente omisión de las autoridades ambientales en sus tres órdenes de gobierno y de acuerdo a sus competencias para proteger la integridad física de los mapaches, ante lo cual el Patronato de Protección y Preservación del Mapache Miramar, A.C. ha presentado una demanda de amparo para proteger a la especie de este traslado obteniendo hasta el día de hoy la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute traslado de más de ciento veinte mapaches de la zona de escolleras de la Playa Miramar a la Unidad de Manejo Ambiental Altamira (UMA Altamira) .

Es preocupante no solamente el hecho de que las autoridades han violentado todos los ordenamientos en la materia y no han protegido a la especie ni a su hábitat, sino que además han tenido que ser los particulares a través de rondines diarios por la zona quienes han tomado en sus manos la protección de una especie silvestre que cuenta con la protección de la ley y quienes en reiteradas ocasiones han presentado ante las autoridades competentes programas de manejo y protección para la especie, las cuales incluye su esterilización, con la finalidad de mantenerlos en su nuevo hábitat y evitar el crecimiento desproporcionado de la población.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que de acuerdo a sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias para garantizar la integridad física de los mapaches que habitan en las escolleras de la Playa Miramar y en su caso realicen las diligencias correspondientes para fincar responsabilidades a los probables responsables del daño a la especie

Segundo. Se informe a la opinión pública en un plazo no mayor a 30 días naturales las acciones tomadas respecto a este asunto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Diputado César Flores Sosa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales a adoptar la Declaración de Lima del Frente Parlamentario contra el Hambre, suscrita por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito Fidel Demédicis Hidalgo, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada del 18 al 21 de noviembre de 2014 en Roma, Italia se informó que la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que cada año, casi diez millones de niños mueren antes de cumplir los cinco años de edad, y que un tercio de estas muertes está relacionado con la subnutrición. En los países en desarrollo, uno de cada tres niños menores de cinco años (161 millones en total) adolece de un retraso del crecimiento debido a la desnutrición crónica.

Entre las más importantes aportaciones que hicieron los participantes a esta Conferencia, se encuentran:

• Que la desnutrición es la primera causa de las enfermedades en el mundo dicho por la Reyna Letizia I de España.

• La Seguridad Alimentaria y la desnutrición requieren un enfoque integral de la agricultura y la salud, afirmó el vicepresidente de Tanzania.

• Algunos países pierden hasta el 16 por ciento de su producto interno bruto, PIB, por desnutrición, dicho por el Rey Letsie III de Lesotho.

• Hay comida para todos, pero no todos pueden comer, su santidad Francisco I.

Las conferencias internacionales sobre nutrición Y alimentación han derivado en foros regionales sobre los mismos temas en diferentes partes del mundo, particularmente en América Latina y el Caribe, Asia y África.

Recientemente se efectuó el VI Foro del Frente de Parlamentaria Contra el Hambre de América Latina dirigido entre otros aspectos a apoyar el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2025; por lo que parlamentarios de la región se reunieron en la Ciudad de Lima, Perú, los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2015. El Foro estuvo dirigido a definir la postura del Frente ante problemas principalmente del hambre, la agricultura familiar y fomento de las políticas de alimentación escolar.

Como parte de los resultados del VI Foro, se firmó la Declaración de Lima, en la cual los parlamentarios y parlamentarias integrantes del Frente reafirmaron los compromisos contraídos en los 5 Foros realizados previamente y declarando como parte de los acuerdos, los siguientes aspectos:

A. Dar un decidido apoyo al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Celac 2025 comprometiéndose a trabajar desde la facultad legislativa en el eficaz desarrollo del plan; impulsando su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible en materia de hambre y malnutrición, con el propósito de articular políticas regionales y globales para la lucha contra el hambre y la malnutrición.

B. En relación con el plan, también se acogió el concepto de “soberanía alimentaria” elaborado por el Consejo Consultivo del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, elaborado a partir de las políticas públicas aplicadas y la legislación existente en muchos países de la región. Este concepto resalta la capacidad de cada país para decidir libremente sus políticas y estrategias de producción, transformación, comercialización, y consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, encaminados a garantizar el autoabastecimiento regional de forma permanente en el marco de la solidaridad y complementariedad.

C. En la Declaración se definieron aspectos relacionados con el diálogo político entre procesos del Frente Parlamentario de América Latina y Caribe, Asía-Pacífico y África, los diálogos están encaminados a fortalecer los lazos de cooperación entre los Frentes de estas regiones del mundo a través de la generación de espacios de diálogo nacionales, regionales e internacionales inclusivos sobre la erradicación del hambre y malnutrición.

D. Adicionalmente la Declaración de Lima, reconoce que existe una relación entre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con el cambio climático provocado por causas antropogénicas, comprometiéndose a desarrollar marcos legales orientados a proteger el medio ambiente y los recursos naturales para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. Por lo anterior, considera fundamental incorporar un concepto integral de sostenibilidad que comprenda aspectos económicos, ambientales y sociales. Por lo que se considera adecuada la implementación de normativas sobre agricultura ecológica y orgánica junto con mecanismos de pago de servicios ambientales. Igualmente hay que destacar que la Declaración de Lima reafirma la convicción para cuidar el patrimonio genético, la bioseguridad y el fomento de los conocimientos ancestrales y que estos sean reconocidos como bien común para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

Es necesario destacar también el compromiso de México dentro del VI Foro Parlamentario, como resultado de ello, se designó por unanimidad a nuestro país, como sede del VII Foro Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.

Por lo anterior, la Declaración de Lima redactada en el VI Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, es un compromiso integral para desarrollar políticas públicas nacionales encaminadas a resolver problemas relacionados con seguridad y soberanía alimentaria desde una perspectiva tridimensional de desarrollo sostenible, lo que llevaría a articular aspectos económicos, ambientales y sociales para la erradicación del hambre como problema global, regional y nacional.

Se anexa la Declaración de Lima del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.

Por lo que se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que adopte la Declaración de Lima redactada en el VI Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en apoyo al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Segundo. Se exhorta al Senado de la Republica al igual que la Cámara de Diputados a adoptar los compromisos de la Declaración de Lima del Frente Parlamentario Contra el Hambre.

Tercero. Se exhorta a las Mesas Directivas de ambas Cámaras a promover activamente la consolidación del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capitulo México, así como a otorgar su beneplácito para que nuestro país sea la sede del VII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, a realizarse en noviembre de 2016..

Dado en la Comisión Permanente, el 22 de diciembre de 2015.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo (rúbrica)

VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado 15, 16 y 17 de noviembre de 2015, Urna, Perú

Los y las integrantes de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, FPH, de América Latina y el Caribe, parlamentarios y parlamentarias en ocasión del “VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe” considerando:

• Que en el mundo, unos 795 millones de personas se encuentran en estado de subalimentación, de los cuales 35 millones habitan en América latina y Caribe, lo que corresponde al 10.9 por ciento y 5.5 por ciento de la población, respectivamente.

• Que al hambre se suman otras problemáticas vinculadas a la malnutrición, como la obesidad, el sobrepeso; y junto a ellas, un número de enfermedades no trasmisibles y crónicas derivadas, constituyendo actualmente un problema de salud pública de máxima importancia en América latina y el Caribe.

• Que si bien América latina y el Caribe en su conjunto han logrado dar cumplimiento a la meta 1.C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre”, los resultados muestran diferencias importantes al interior de la región, así corno al interior de los países.

• Que el objetivo de erradicar el hambre se ha reafirmado y fortalecido en la agenda global de desarrollo, como se manifiesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la “Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” aprobada por los jefes y las jefas de Estado y de gobierno, en ocasión de la “Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible” celebrada en Nueva York. Estados Unidos, los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2015.

• Que estos esfuerzos se plasman, asimismo, en la aprobación del “Plan para la Seguridad Alimentarla, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños 2025”, aprobado por los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de 33 países latinoamericanos y caribeños y que aborda temáticas relacionadas con el trabajo legislativo que nos convoca a este Foro.

• Que el Frente Parlamentario contra el Hambre ha continuado fortaleciendo su vínculo, con espacios de intercambio parlamentario regional, corno el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprei); el Parlamento Centroamericano (Parlacen); el Parlamento Andino (Parlandino) y el Parlamento latinoamericano (Parlatino), con el cual se ha trabajado en la ejecución del Proyecto de Cooperación Técnica Parlatin-FAO de fortalecimiento legislativo y apoyo a los FPH para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

• Que el FPH de América latina y el Caribe se ha posicionado como un modelo de diálogo e intercambio parlamentario a nivel global, lo cual ha permitido fortalecer los vínculos de cooperación con integrantes de poderes legislativos de otras regiones del mundo, como Europa y -a partir del presente Foro- con África y Asia-Pacífico.

• Que a partir de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, IALCSH, en marcha desde 2005 con apoyo de la cooperación española, en los últimos años la cooperación internacional alrededor de los FPH se ha incrementado con el “Programa Brasil-FAO, y con el “Programa Mesoamérica sin Hambre, financiado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

• Que los vínculos de los FPH con actores sociales de países, subregiones y de la Región se ha profundizado, generando trabajo coordinado con organizaciones de la sociedad civil, como “Consumers International” y con la academia, como es el caso del Observatorio del Derecho a la Alimentación (ODA) de América Latina y el Caribe.

• Que hasta la fecha, diecisiete países han conformado los capítulos nacionales de los FPH; Argentina; Bolivia; Brasil; Colombia; Costa Rica; El Salvador; Ecuador; Guatemala; Honduras; México; Nicaragua; Paraguay; Panamá; Perú; República Dominicana; San Vicente y las Granadinas; Y Uruguay y dos FPH de alcance regional, uno en el Parlamentario Andino y otro e! Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se han desarrollado ininterrumpidamente cinco Foros regionales y tres Encuentros de Planificación regional.

Por lo tanto, nosotros y nosotras, parlamentarios y parlamentarias integrantes del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y Caribe reafirmamos los compromisos contraídos en los cinco foros anteriores, y declaramos:

Número 1. En relación al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025

• Nuestro decidido apoyo al Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Celac 2025 “Plan San Celac”) comprometiéndonos a trabajar desde nuestras facultades legislativas en el eficaz desarrollo de éste, impulsando su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia de hambre y malnutrición, con el propósito de articular esfuerzos regionales y globales para la lucha contra el hambre y la malnutrición.

• Nuestro compromiso por estrechar vínculos de cooperación con los poderes ejecutivos en todos los niveles gobierno, para coadyuvar en el desarrollo del Plan San Celac, así como con otros actores sociales, académicos y con otras instancias regionales de integración, para favorecer la gobernanza incluyente en la ejecución del mismo, con perspectiva de derechos y enfoque de género, intergeneracional e intercultural, con especial énfasis en comunidades indígenas y afro-descendientes.

• Impulsar, en consenso con los poderes ejecutivos de nuestros países, marcos legales y presupuestos adecuados, y actividades de control político y fiscalización que faciliten el correcto desarrollo del Plan, con miras a cumplir su propósito de erradicar el hambre y la malnutrición del continente para el año 2025, en la perspectiva de hacer efectivo el derecho a la alimentación.

• Acoger el concepto preliminar de “soberanía alimentaria” elaborado por el Consejo Consultivo del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, elaborado a partir de las políticas públicas aplicadas y la legislación existente en muchos países de la región y que resalta la capacidad de cada país para decidir libremente sus políticas y estrategias de producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, encaminados a garantizar el auto-abastecimiento regional de forma permanente en el marco de la solidaridad y complementariedad.

• Continuar apoyando al Consejo Consultivo del FPH de América Latina y el Caribe para que concluya exitosamente este proceso de conceptualización, considerando las definiciones ya existentes en la materia por parte de la sociedad civil y otras instancias legislativas, corno la emanada de la Ley Marco en la materia del Parlatino.

• Promover mecanismos y sistemas de seguimiento y evaluación al Plan San Celac, a través de sistemas de información y monitoreo en nuestros países y que se implemente en espacios regionales y subregionales

• Reconocer y agradecer el apoyo de la FAO en la elaboración y desarrollo del Plan San Celac 2025, solicitando a sus Representaciones en cada país su acompañamiento directo en este proceso.

Número 2: En relación al diálogo político entre proceso del Frente Parlamentario de América Latina y Caribe y Asia-Pacífico y África

• Fortalecer los lazos de cooperación entre los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Lama y Caribe y parlamentarios y parlamentarias de otras regiones, como África. Asia-Pacífico y la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth, con el propósito de reforzar la lucha contra la pobreza, el hambre y malnutrición por exceso o por defecto, desde los espacios legislativos en distintas partes del mundo, especialmente en países en desarrollo.

• Continuar generando espacios de diálogo nacionales, regionales e internacionales inclusivos, donde la erradicación del hambre y la malnutrición se posicionen como elementos clave de contribución a políticas publicas integrales e inclusivas para la realización progresiva del derecho a la alimentación.

• Coadyuvar a la integración plena del Caribe en los procesos regionales y subregionales de los FPH, buscando avanzar principalmente en el diálogo el FPH y los parlamentarios y parlamentarias de los países no hispanoparlantes del Caribe.

• Alentar a la FAO para la coordinación de iniciativas Y mecanismos de articulación entre parlamentarios y parlamentarias de África, Asia-Pacífico, el Caribe, Latinoamérica y la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth, para llegar al VII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe con una propuesta concreta de plataforma de intercambio interregional regular.

• Solicitamos a la FAO ya otros organismos, de cooperación continuar con su apoyo al pueblo de Haití en la erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza en ese país. Consideramos que cualquier progreso en el Caribe en esta materia no será posible si la problemática de Haití no es atendida con urgencia.

Número 3. En relación a la construcción de compromiso y políticas que fortalezcan la aplicación del derecho a la alimentación adecuada y la soberanía y seguridad alimentaria nutricional

• Continuar visibilizando el rol fundamental de la agricultura familiar comunitaria y campesina en la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, como principales proveedores de alimentos. Por ello, nuestro trabajo estará enmarcado en promover el desarrollo de marcos normativos y políticas públicas específicas que contribuyan a la sustentabilidad de la agricultura familiar comunitaria y campesina y los pequeños productores en el actual contexto regional, así como potenciar sus ventajas comparativas y potencial productivo para la consecución del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria a través de compras públicas locales.

• Implementar normativas y medidas legislativas que favorezcan el reconocimiento, rescate y difusión de los conocimientos ancestrales y que favorezcan a los pequeños productores familiares, asociativos y comunitarios, garantizando la redistribución justa y equitativa de la tierra, agua y acceso a la semilla, con énfasis en el acceso de las mujeres a estos recursos naturales, así como al financiamiento.

• Garantizar el derecho de los consumidores a contar con información clara y precisa sobre la calidad y el valor nutricional de los alimentos disponibles en el mercado para incidir en la selección informada de alimentos sanos y nutritivos.

• Propiciar estrategias de producción y mercadeo regional sustentadas en el comercio justo. Fomentar una economía basada en la transferencia de conocimientos que brinde mayores oportunidades a la pesca artesanal, más allá de la producción de subsistencia.

• Considerar la Alimentación Escolar como una herramienta fundamental en la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, por lo que nos comprometemos a generar normativas que coadyuven a la consecución del derecho a la alimentación escolar de niños, niñas y adolescentes. Impulsaremos mecanismos de intercambio entre los FPH para fortalecer los debates legislativos en materia de Alimentación Escolar entre países con distintos grados de avance en esta materia.

• Poner especial atención en las estructuras presupuestarias nacionales y locales, analizando la estructura del gasto en seguridad alimentaria nutricional para facilitar la toma de decisiones, fortaleciendo la asignación de presupuestos adecuados en políticas públicas y programas para la realización progresiva del derecho a la alimentación.

• Reafirmar nuestra convicción sobre el rol fundamental que los sistemas de protección y promoción social tienen en la lucha contra la pobreza, el hambre y la malnutrición. Nos comprometemos a utilizar nuestras herramientas legislativas para impulsar la concurrencia intersectorial de las políticas y estrategias nacionales, generando vínculos programáticos entre la política social y el desarrollo productivo para romper el ciclo de la pobreza y realizar el derecho a la alimentación.

• Impulsar la exigibilidad del derecho a la alimentación y la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, adecuando los mecanismos de justiciabilidad existentes para su efectiva realización; articulando espacios de diálogo y recursos que habiliten el control público horizontal.

Adicionalmente:

• Reconocemos la relación entre soberanía y Seguridad alimentaria y nutricional y el cambio climático provocado por causas antropogénicas, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo de marcos legales orientados a proteger el medio ambiente y los recursos naturales de nuestros países para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. Saludemos la 21° Conferencia sobre Cambio climático (COP 21) que se desarrollará en París, Francia, desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, esperando que este encuentro logre general un marco regulatorio “Post Protocolo de Kioto” que considere la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional mundial como uno de sus ejes orientadores. Saludamos la postura de la CELAC de llegar a esta cumbre con una postura regional frente a la problemática que ahí se tratará.

• En este sentido, estimamos fundamental la incorporación de un enfoque integral de sostenibilidad, que considere los aspectos ambientales. sociales y económicos, incluyendo el establecimiento de mecanismos de pago por servicios ambientales, una adecuada implementación de la normativa aprobada sobre agricultura ecológica y orgánica, el desarrollo y aplicación de tecnologías, entre otras líneas de acción.

• Reafirmamos nuestra convicción de que el cuidado del patrimonio genético, la bioseguridad, el fomento de los conocimientos ancestrales, y el reconocimiento de éstos como bienes comunes, son fundamentales para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, evitando prácticas tendientes a la concentración del mercado, la creación de monopolios y el monocultivo, conservando las tecnologías apropiadas y agroecológicas en armonía con el cuidado del medio ambiente.

• Resaltamos la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, entre esos a Consumers International y los miembros del Observatorio de Derecho a la Alimentación en el VI Foro del FPH y ratificamos la importancia para los FPH de trabajar coordinadamente con dichos actores.

• Nos comprometemos a abogar por la estabilidad social y política de nuestros pueblos, a efecto de generar espacios adecuados para la realización de las aspiraciones proyectadas en este documento.

• Saludamos la conformación de nuevos FPH, como el de Panamá, y San Vicente y las Granadinas; así como la reactivación de los de Colombia y Paraguay. También agradecemos a los parlamentarios y parlamentarias de África y Asia presentes en este Foro, y les motivamos e invitamos a impulsar redes parlamentarias en sus respectivas regiones y países para la seguridad alimentaria y nutricional.

• Agradecemos profundamente la participación de Senadores de España, y la permanente solidaridad de la sociedad española, lo cual nos motiva a seguir aunando esfuerzos iberoamericanos para la erradicación del hambre en la región y estrechar aún más los lazos que nos unen para combatir este flagelo.

• Destacamos el trabajo coordinado con el Parlatino, la continuación del Proyecto de Cooperación Técnica Parlatino-FAO, así como la participación en estos espacios y la realización de leyes regionales que nos sirven de guía en nuestros países. Resaltamos la aprobación de la Ley Marco del Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria en 2012; la Ley Marco de Alimentación Escolar en 2013; y la Declaración de Agricultura Familiar desarrollada por la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca, que ha sido aprobada en 2015.

• Destacamos el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el Sector de los Supermercados y o similares y sus Proveedores del Ecuador, como un ejemplo significativo de regulación del poder del mercado, por sus resultados favorables encaminados a incrementar la participación de los pequeños y medianos productores, y la agricultura familiar y comunitario, en el abastecimiento a las grandes cadenas de supermercados y exhortamos a los parlamentos de la región a desarrollar normativas similares.

• Declaramos nuestro apoyo a la presentación, difusión, debate y aprobación de la Ley Marco de Soberanía Alimentaría para la Región Andina, en el seno del Parlamento Andino.

• Saludamos el esfuerzo que viene haciendo el Congreso de la República del Perú al aprobar la legislación vinculada a la seguridad alimentaria, agricultura familiar y promoción de la alimentación saludable, y al mismo tiempo instamos al Gobierno del Perú a reglamentaria y ponerla en vigencia.

• Reconocemos la necesidad de construir un marco legal de carácter global vinculante sobre la alimentación saludable a través de un convenio marco.

• Consideramos al presupuesto asignado en seguridad y soberanía alimentaria no como un gasto, sino una inversión social que sirve como instrumento para superar las inequidades, por ello nos comprometemos a mantener y aumentar progresivamente los presupuestos en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, incluso durante situaciones de crisis, para realizar el derecho a la alimentación. Adicionalmente, impulsaremos el establecimiento medidas de evaluación y seguimiento a los logros e impactos de la utilización de dichos presupuestos, fortaleciendo la planificación a largo plazo y los planes de inversión.

• Trabajaremos con los gobiernos para asegurar presupuestos nacionales que financien los programas que tienen un impacto positivo en la erradicación del hambre y que aseguran la “gestión inteligente” de dichos presupuestos.

• Resaltamos el apoyo que nos brinda la cooperación internacional, en particular la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), las que han sido fundamentales para posicionar a los FPH en y hacer posible este evento.

• Agradecemos fraternalmente a la sociedad peruana en su conjunto, sus Autoridades de Gobierno, y muy especialmente a la mesa directiva del Congreso de la República del Perú y a sus congresistas, por su compromiso en materia de derecho a la alimentación, que se ve reflejado en la exitosa realización de este evento.

• Manifestamos nuestro apoyo a Francia, el pueblo francés, su Gobierno y Autoridades Nacionales, repudiando los hechos de terrorismo vividos en los últimos días. Enviamos desde América Latina y el Caribe un mensaje de solidaridad, a las víctimas, remarcando nuestro compromiso con diálogo y la coexistencia pacífica y fraterna entre los pueblos.

Finalmente, el VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe hace públicos los siguientes acuerdos:

• Se ratifica por unanimidad en sus cargos a los actuales integrantes de la Comisión Coordinadora Ejecutiva del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Como Coordinadora Regional, la Asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle; como Coordinadora Subregional para América del Sur, la Diputada uruguaya 8erta Sanseverino; y como Coordinador Subregional para Centroamérica, México y el Caribe, el diputado salvadoreño Mario Marroquín.

• Se ratifica por unanimidad en sus cargos a los actuales integrantes del Consejo Consultivo, integrado por los par1amentarios y par1amentarias con mandato cumplido de Brasil Nazareno Fonteles; de Argentina Liliana Parada; y de Nicaragua Dora Zeledoo.

• Se designa por unanimidad a México como sede del VII Foro del Frente Par1amentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, propuesta presentada por la Coordinadora del Frente Par1amentario contra el Hambre de ese país, la Senadora Lisbeth Hernández.

• Se toma nota de la voluntad del Caribe, expresada por los par1amentarios y parlamentarias de su delegación, de ser anfitriones de próximos Foros del Frente Par1amentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.

• Los participantes de este Foro envían un caluroso saludo al Senador uruguayo José Carios Cardaso, co-coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de Uruguay; Presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Parlatino y miembro fundador del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, una pronta recuperación y reintegración a esta lucha contra el hambre por la cual ha dedicado su vida.

Firmado en la ciudad de Lima, Perú a 17 de noviembre de 2015.

Berta San Severino (Uruguay), Mario Augusto Colle (Ecuador), Mario Marroquín (El Salvador), Fidel Demedicis (México), Ernesto Ladrón de Guevara (México), Guadalupe Valdez (Dominicana), Estefanía Zardón (Panamá), Marlene Madrigal (Costa Rica), Pedro de la Cruz (Ecuador)... entre otros firmantes ilegibles.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial a fin de apoyar a los comerciantes en pequeño y microempresarios para fortalecer la economía familiar, suscrita por el diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual se solicita la creación de una Comisión Especial para dar apoyo a los comerciantes en pequeño y microempresarios a fin de fortalecer la economía familiar, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes

Consideraciones

En los albores de la humanidad el hombre tenía que ser autosuficiente para satisfacer sus necesidades, ante esta difícil situación, cada individuo se fue dedicando a una actividad diferente según sus habilidades. Es aquí donde se inicia la división del trabajo, el comercio, el dinero y posteriormente surgen las primeras empresas en su forma rudimentaria.

En la actualidad la empresa mexicana, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, está compuesta en su mayoría por micros y pequeñas empresas que conforman más de 95 por ciento del total de la industria, 90 por ciento son microempresas; 5.8 por ciento son pequeñas y medianas empresas y 2 por ciento son grandes empresas. Así también, la mayoría de éstas son familiares y aportan 52 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 72 por ciento del empleo en el país.

Esto demuestra la importancia que reviste este tipo de empresas, que no sólo radica en la cantidad de establecimientos que existen en México, sino que también conforman una parte fundamental en los procesos de recuperación y de reordenación de la economía nacional y en el cambio estructural del aparato productivo que el país requiere.

No cabe duda que las microempresas son auténticos eslabones de la producción ya que exportan y generan la mayor cantidad de empleos directos en el país: 90 por ciento. En los países en proceso de desarrollo la microempresa es la organización más popular. En México la proliferación de microempresas fue considerada como una ventaja durante y los años posteriores a la crisis financiera de diciembre de 1994, más porque florecieron por la vía del autoempleo y fueron legítimos emprendedores. Este tipo de entidad repercutió de manera positiva en evitar elevadas tasas de desempleo, impidiendo con ello problemas sociales.

Por otro lado, de acuerdo con la actividad que desarrollen las empresas se catalogan en: Industriales, comerciales y de servicio.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) manifiestan que existen en México 2 millones 42 mil 641 comercios y 6 millones 389 mil 648 personas ocupadas. De las personas que trabajan en el comercio, 52.3 por ciento son hombres y 47.7 por ciento son mujeres. En el subsector de venta de productos textiles, accesorios de vestir y calzado al por menor, 65 por ciento del personal ocupado son mujeres. En el subsector de comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, 76 por ciento del personal ocupado son hombres.

De acuerdo a lo que venden, los comercios se clasifican en dos sectores; 16 subsectores, 40 ramas, 68 subramas y 153 clases de actividad.

Lamentablemente existen muchos problemas a los que se enfrentan los micro empresarios y pequeños comerciantes como son: rezago tecnológico, difícil acceso al financiamiento bancario o de otras instituciones, débil poder de negociación ante proveedores de materias primas, falta de capacitación, falta de información de procesos técnicos, de mercado y competencia, desconocimiento es la simplificación administrativa, baja productividad y calidad de producto y servicio y baja capitalización (en las empresas con menos de cinco trabajadores).

Todo esto conlleva a que su crecimiento sea limitado y a pesar de que el gobierno ha creado programas, para que puedan acceder a un apoyo financiero con alguna de las instituciones bancarias participantes, estos no han sido suficientes para lograr los apoyos que se requieren.

Es necesario, por tanto, apoyar a los comerciantes en pequeño y a los microempresarios para que puedan generar propuestas sólidas con visión empresarial, que les permita acceder a los apoyos, así también que conozcan sus limitantes, sus restricciones y aprovechen sus fortalezas para que puedan crecer económicamente y seguir siendo fuente de empleo y sustento familiar.

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita atentamente a la Junta de Coordinación Política, que en uso de sus atribuciones, proceda a llevar a cabo la creación de la Comisión Especial para dar apoyo a los comerciantes en pequeño y microempresarios a fin de fortalecer la economía familiar.

Segundo. La Comisión Especial para dar apoyo a los comerciantes en pequeño y microempresarios a fin de fortalecer la economía familiar, se integrará por el número de diputados que tenga a bien determinar la Junta de Coordinación Política, respetando en todo momento el criterio de proporcionalidad y tomando en consideración la pluralidad representada en esta Cámara.

Tercero. Los objetivos principales de la Comisión Especial para dar apoyo a los comerciantes en pequeño y microempresarios para fortalecer la economía familiar son: a) Trabajar coordinadamente y en colaboración con las dependencias municipales, estatales y federales para lograr el crecimiento económico y b) Dar seguimiento a los trámites de solicitud de apoyo de los diversos programas que se otorgan para los emprendedores por dependencias estatales y federales.

Cuarto. El acuerdo de creación de la Comisión Especial para dar apoyo a los comerciantes en pequeño y microempresarios a fin de fortalecer la economía familiar, iniciará su vigencia a partir del día de su aprobación por parte del pleno de la Cámara de Diputados y estará vigente hasta la conclusión de la presente LXIII Legislatura.

Quinto. La Comisión Especial para dar apoyo a los comerciantes en pequeño y microempresarios a fin de fortalecer la economía familiar, contará con los recursos humanos y financieros que le provea el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, a efecto de poder llevar a cabo las tareas que se le encomienden para el cumplimiento de su objeto.

Referencias

• Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2014 Inegi.

• Luna M; Tirado R. Organización y Representatividad de las Micro y Pequeñas Empresas en México. Comercio exterior, v.47, n.2. México, febrero 1997, p. 159-166.

• Revista académica de economía con el número internacional normalizado de publicaciones seriadas issn 1696-8352.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Diputado Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a buscar por la Fiscalía General del estado medios para liberar a la ciudadana Nestora Salgado García, comandante de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, suscrita por el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Victoriano Wences Real, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 21 de agosto de 2013, Nestora Salgado fue detenida en la cabecera del municipio de Olinalá, Guerrero, por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Olinalá, Guerrero, presuntamente por represalia, pues días antes efectivos comunitarios detuvieron a presuntos delincuentes vinculados con autoridades del Ayuntamiento Municipal. Luego fue trasladada a un penal de máxima seguridad, sometida a tratos crueles e inhumanos, visitas reducidas de su familia y la complicación de las acciones de su defensa legal.

Vale la pena reiterar que su detención, proceso penal e internamiento se da con graves irregularidades a pesar de contar con la protección de las leyes como la 701, en virtud de formar parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a través de la policía comunitaria del municipio de Olinalá, en la región de la Montaña de Guerrero.

El movimiento de autodefensa que encabezó surgió en Olinalá, Estado de Guerrero el 27 de octubre de 2012, con el objetivo de combatir la delincuencia que azotaba su región, por parte de organizaciones criminales cuyas actividades han crecido en el Estado de Guerrero ante la inacción de las autoridades de los diversos niveles.

Reitero que sus acciones están fundamentadas en la ley local que protege las acciones de seguridad por usos y costumbres para aplicar su sistema interno que data de tiempos remotos.

Es de reconocer que las autoridades comunitarias tienen una amplia historia de autonomía y libre determinación, y particularmente un sistema de justicia propio, haciendo realidad entre sus miembros sus leyes, usos y costumbres para mediar y castigar a personas que cometen algún delito que infringen su sistema interno.

De esta manera se explica que los delitos por las que se acusa y se procesa a Nestora Salgado, representan un proceso tradicional de justicia comunitaria que está reconocida y amparada en la Constitución, en las leyes procesales penales, en el Protocolo de Actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos que se involucren a personas indígenas, y asimismo en los tratados internacionales en la materia.

No se deja de reconocer que Nestora Salgado, ha sido una de las principales interlocutoras de la CRAC en Olinalá, y la primera mujer en asumir responsabilidades jerárquicas de la policía comunitaria, además con valor asumió la dirección de seguridad comunitaria en momentos de gran tensión y de mayor inseguridad en su zona donde se secuestraba y se robaba a personas y familias de la forma más común.

Todo indica que Nestora Salgado está siendo castigada en el contexto de su lucha por preservar el tejido social de las comunidades y la seguridad comunitaria, lucha que ha impactado positivamente bajando niveles de los delitos comunes que ahí se daban en un ambiente de polarización y tensa situación que se fue creando por la inacción y omisión de las autoridades municipales y estatales. Resulta grave y preocupante que en lugar de resolver la situación de inseguridad e impunidad, las autoridades estatales recurrieron a la criminalización, persecución y detención de Nestora Salgado.

La detención, encarcelamiento y procesamiento penal contra Salgado ha generado una profunda indignación y decepción sobre la actuación de los órganos encargados de procurar y administrar la justicia en nuestro país, toda vez que se observa un incremento en la persecución de los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos.

Está probado que en la aplicación de la justicia, los representantes y defensores indígenas son sancionados sin considerar su contexto social y sin la pertinencia cultural para el mejor acceso a sus derechos civiles, sociales y culturales, y evitar así la violación sistemática de sus derechos humanos, y lamentablemente prevalecen los abusos, los prejuicios, la discriminación y la exclusión social.

El 18 de mayo pasado un grupo de diputadas y diputados federales del LXII Legislatura de esta soberanía la visitaron cuando se encontraba en el CEFERESO de Tepic, Nayarit, y ahí narró de viva voz que fue aprendida por elementos del Ejército y la Marina, sin orden de aprehensión, sin presencia de alguna autoridad judicial. Que fue incomunicada posiblemente en la ciudad de Chilpancingo por cinco días y trasladada a Tepic, Nayarit, a un penal de alta seguridad, donde presumiblemente están los peores criminales.

Agregó además, que fue incomunicada durante tres meses completos de sus familiares y abogados durante 9 meses que estuvo en el penal de alta seguridad. Tuvo también muchas dificultades para poder entrevistarse con sus abogados y para ofrecer pruebas documentales a fin de acreditar su inocencia de los cargos que se le imputan.

De la misma forma fue incomunicada durante tres meses completos de sus familiares y abogados. Tuvo dificultades durante 9 meses para entrevistarse con sus abogados y para ofrecer pruebas documentales para acreditar su inocencia. Es decir que estuvo en total indefensión jurídica, violándose flagrantemente sus derechos humanos y sus garantías constitucionales.

No debe olvidarse que en 18 años de trayectoria, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) ha desarrollado diversas acciones para promover la toma de decisiones colectivas de los pueblos y un enfoque de la justicia que privilegia la reeducación dentro de la comunidad para las personas que contravienen el régimen de sistema comunitario.

La tendencia a suprimir estos sistemas de justicia va de la mano con una grave impunidad de grupos del crimen organizado y de servidores públicos, lo que aumenta el clima de violencia que prevalece en Guerrero e impide la adecuada defensa de los derechos fundamentales en las estrategias oficiales y comunitarias de seguridad pública.

La negligencia de los gobiernos ante los ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos contrasta con la persecución contra integrantes de organizaciones sociales y de las guardias comunitarias, que abusando del poder, se ha violado de forma recurrente el derecho al debido proceso. Los cargos contra integrantes de órganos autónomos de seguridad comunitaria, como los de Olinalá, Guerrero, resultan exagerados, mucho más severos que los presentados contra quienes presuntamente han cometido los secuestros, las extorsiones y los homicidios que aquejan a la ciudadanía.

Nestora, obligada como millones de mexicanas y mexicanos a emigrar a Estados Unidos, posee también la ciudadanía de aquel país. De acuerdo a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y diversos tratados internacionales, en particular la Convención de Viena, las autoridades estaban obligadas a notificar al Consulado tras su detención, lo que omitieron en todo momento. Además, denuncia haber firmado documentos autoinculpatorios bajo coerción y en condiciones prolongadas de aislamiento e incomunicación.

Como se tiene conocimiento, actualmente no tiene cargos penales federales porque no se le pudieron probar, toda vez que se le revocó el auto de formal prisión dictada por un juez federal por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, pero a pesar de esto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero le abrió nuevas causas penales por el mismo delito por que el que fue absuelta en el fuero federal, pero pesan sobre ella tres órdenes de aprehensión presuntamente por homicidio calificado y otra por robo y privación de la libertad, todas del fuero común.

Pero al parecer persiste la consigna para mantener a Nestora en la cárcel toda vez que se le abrieron dos nuevas causas penales por robo de vehículo y secuestro.

Se sabe públicamente que recientemente personal del Consulado de Estados Unidos en nuestro país, se entrevistaron con las autoridades de Guerrero para buscar modalidades jurídicas que se ajusten a las leyes para lograr su liberación, toda vez que tiene doble nacionalidad, la mexicana y la estadunidense y al momento de su detención no se notificó a la embajada situación que se vulnera flagrantemente el debido proceso a que tiene derecho.

Persiste la presunción legal y humana que a Nestora Salgado se le violaron las garantías constitucionales y sus derechos humanos durante su detención hasta el proceso penal que enfrenta.

Seguimos insistiendo que debe revisarse de forma estricta su situación legal conforme a derecho y se apegue al debido proceso, y el respeto irrestricto a sus garantías constitucionales y el respeto a sus derechos humanos.

Por lo anterior, demando se revise el expediente de la detención de Nestora, se consideren todas las pruebas de descargo que demuestren su inocencia, se asegure el respeto a sus derechos humanos y se le brinden todas las garantías jurídicas como imputada y se respete forma escrupulosa su derecho al debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y a la Fiscalía General del Estado, a realizar todas las acciones legales y humanas para lograr la inmediata liberación de Nestora Salgado García, toda vez que existen fuertes indicios que se le violaron sus derechos humanos, particularmente su garantía al debido proceso; observando en todo momento los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a garantizar los derechos de los migrantes connacionales que retornan durante las fiestas decembrinas, suscrita por el diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

En México, cada año en especial durante las fiestas navideñas de diciembre, los migrantes en retorno son víctima de abusos por parte de la Policía Federal Preventiva. Diversas asociaciones civiles y organismos no gubernamentales han reportado en cuantiosas ocasiones el sufrimiento que muchos mexicanos que vienen de Estados Unidos, con el objetivo de visitar a sus familias en el último mes del año padecen en carreteras y caminos federales al ser detenidos y ser extorsionados por agentes policiacos, pues es conocido que durante su regreso en diciembre, traen consigo artefactos de valor y dinero que implementan en sus gastos diarios.

Según datos del Instituto Nacional de Migración en verano de este año se registraron la entrada de cuatro millones 273 mil 672 mexicanos a territorio nacional, registrando un incremento de 14.76% con respecto al año pasado. En comparación con el mismo periodo del 2014, sólo habían asistido tres millones724 mil paisanos, lo cual habla de un incremento en el número de connacionales que regresa en esos periodos a territorio nacional. Durante en este periodo, 5 de cada 10 visitantes, solicitaron apoyo en alguno de los puntos de atención, mientras que en el 2014 sólo lo hizo el 34% de los visitantes.

El Programa Paisano nació en la década del ochenta, a partir de que líderes de organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos, se unieron para presentar al gobierno de México la propuesta de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos de diversas entidades del Gobierno Federal, en contra de los connacionales en su ingreso al país.

Por otro lado, algunas entidades federativas como el Estado de México, Veracruz y Zacatecas se han pronunciado con programas que evitan estos abusos y permiten que se asegure la visita de paisanos desde Estados Unidos. No obstante es primordial que estas políticas se generalicen a todos los estados de la República Mexicana en coordinación con las instancias de Gobierno Federal de tal manera que se fortalezca la entrada de connacionales y se respalden sus derechos de libre tránsito.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el problema persiste y gran cantidad de mexicanos reducen sus posibilidades de regresar con sus familias o bien, padecen esta problemática. Además, estos casos no sólo se registran durante fin de año, sino en los periodos vacacionales como en Semana Santa y en verano.

El marco legal en México establece que es facultad de la Comisión Nacional de Seguridad implementar los mecanismos para la atención de denuncias y quejas ciudadanas en relación con el ejercicio de las funciones del Comisionado Nacional de Seguridad, sus unidades administrativas, como la Policía Federal, así como de la protección de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública, coordinándose para ello con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Asimismo es facultad de la Policía Federal dictar y supervisar las medidas tendientes a garantizar la prevención de los delitos, el mantenimiento y el restablecimiento del orden y la seguridad pública así como de establecer las políticas de control y los dispositivos de vigilancia en la imposición de las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito de vehículos en caminos y puentes federales.

Esta última facultad está siendo transgredida ya que la detención de migrantes que retornan para visitar a sus familias en sus lugares de origen es arbitraria con el objetivo de extorsionarlos, amedrentarlos e incluso quitándoles las pertenecías que muchas veces traen consigo desde Estados Unidos.

Es necesario detener estos actos de prepotencia por parte de autoridades federales. Resulta un asunto de mucha importancia que se pida a las instancias de Gobierno Federal se mantengan bajo las condiciones que la ley les permite y al contrario de esta problemática, defiendan los derechos humanos de nuestros connacionales, garantizando su protección de regreso a casa.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación garantice que la Policía Federal Preventiva proteja y asista los derechos de libre tránsito de los migrantes que vienen en retorno al país, así como de establecer mecanismos efectivos de denuncia y sanciones prácticas a aquellos servidores que transgredan los derechos humanos de los migrantes que retornan a sus estados por motivo de las fiestas decembrinas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública investigue y sancione las revisiones arbitrarias en materia de comercio exterior en carreteras, fronteras y caminos de la República Mexicana por parte servidores públicos para detener los actos de abuso y corrupción en perjuicio de los migrantes en retorno durante las fiestas decembrinas.

Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Relaciones Exteriores se apeguen estrictamente a los lineamientos del Programa Paisano y establezca módulos de atención en aquellas regiones con mayor número de migrantes para asegurar la protección del libre retorno de los mexicanos en el extranjero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

Diputado Jorge López Martín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre los contratos de importación adjudicados por Liconsa, suscrita por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país es deficitario en la producción de leche. Según nos informa la propia paraestatal Liconsa, en su página web, en la última década fue necesario realizar importaciones de leche en polvo por aproximadamente el 20% del total del consumo interno.

Que el informe del sector lácteo en México, de la secretaria de economía en la última década el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran medida del aumento de población mundial, siendo que aproximadamente el 70% de los aumentos en la demanda se atribuyen a este factor.1

Agrega que, no obstante que la producción nacional de leche ha crecido de manera constante en los años recientes, en el mediano plazo se prevé que el país tendrá que continuar realizando importaciones de leche en polvo para satisfacer la parte de la demanda interna que no alcanza a cubrir la producción nacional.

Que dicho informe supone que un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche como una prioridad nacional, razón por la cual establecen políticas de alto proteccionismo para el sector lácteo.

Consecuentemente en nuestro país, la paraestatal complementa la leche que adquiere en el ámbito nacional con leche en polvo proveniente del mercado internacional, especialmente de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Uruguay y Argentina.

Que países desarrollados como Estados Unidos y los de la Unión Europea, producen un gran volumen de leche, por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios, distorsionando fuertemente los precios del producto en los mercados mundiales.2

Según refiere el programa institucional 2013-2018 de la paraestatal (p. 431), a pesar de que en los últimos años ha aumentado la captación de leche nacional hasta llegar a más del 70 por ciento del lácteo que Liconsa distribuye a través de su Programa de Abasto Social sea aportado por productores del país, en la actualidad se siguen importando casi 50 mil toneladas de leche en polvo, entera y descremada.

Cabe agregar que históricamente la leche importada ha tenido un precio más bajo que la leche nacional, situación que por un lado representa una ventaja, por el otro deja al país más expuesto a la baja rentabilidad, derivado de problemas de colocación y comercialización.

Según el Sistema de Información Arancelaria de la Secretaria de Economía, el primer semestre del año 2014 se registró un nivel de importación de leche en polvo del orden de 44 mil 149 toneladas.

El mismo informe registra en el primer trimestre de 2015, 54 mil 86 toneladas de loche en polvo importada, de las cuales más del 90 por ciento proviene de Estados Unidos de Norte América.

Esto es así porque la fracción XII, del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dispone que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando se trate de la adquisición de bienes que realicen para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en cumplimiento de su objeto o fines propios.

Esta situación excepcional ha permitido a la paraestatal adquirir la leche importada mediante procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida, de manera poco transparente, por lo que se requiere contar con información actualizada en la materia, ya que la cifras que aparecen en su página web se refieren al año 2012, y el programa institucional alude al 2014.

En este sentido, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifestamos nuestra preocupación por la poca o nula transparencia existente en los procedimientos de adquisición de leche de importación que realiza Liconsa, porque afecta directamente a la producción nacional, sino y porque crea las condiciones propicias para la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Liconsa, SA de CV para que informe, a la brevedad posible, sobre los contratos de suministro de leche en polvo de importación, entera y descremada, adjudicados en los años 2013, 2014 y 2015, que contenga los siguientes elementos:

I. La razón o denominación social de los proveedores que han resultado adjudicatarios de los contratos en cuestión.

II. La razón o denominación social de los agentes intermediarios (brókers).

III. El volumen, precio y origen del producto.

IV. Los razonamientos lógico-jurídicos que se tomaron para determinar los adjudicatarios correspondientes.

Notas

1 http://www.economia.gob.mx
2 Ibídem.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia ante la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados del director de Liconsa a fin de que informe sobre el presupuesto asignado al programa de compra de leche a productores nacionales para 2016, suscrita por la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

En días recientes representantes de productores de leche de varias regiones del país que proveen del lácteo a Liconsa , se han acercado tanto a legisladores locales como federales para manifestar su preocupación por el anuncio informal que les hicieron de que se les recortará hasta en un 30 por ciento el monto del producto que se les compra.

En el caso particular de una servidora, representantes de la Asociación de Productores de Leche de San José Merino, de Guanajuato, que cuentan con 33 socios y dan trabajo a muchas más familias de manera directa e indirecta, han manifestado que tienen 10 años vendiéndole leche a Liconsa, siempre bajo contratos anuales; sin embargo, a partir del presente año los contratos se volvieron temporales, renovándose cada tres meses, y el porcentaje de compra también ha bajado un 30 por ciento.

Los productores han tenido encuentros informales con el Director General de Liconsa, Lic. Héctor Pablo Ramírez Puga, y con el delegado de la misma en Guanajuato, MVZ Luiz Lagunes, para manifestarles su situación y la incertidumbre que provoca el no tener ninguna certeza sobre si podrán seguir trabajando como hasta ahora. Sin embargo, a decir de los productores, las respuestas de ambos fueron similares: “depende del presupuesto de Liconsa para 2016”.

Como este caso, también otros productores lecheros, de los cuales dependen miles de familias a lo largo y ancho del país, han recibido noticias y respuestas similares: recorte a la compra de su producción de leche y la explicación de que depende del presupuesto de la institución.

Sobre este punto, Salvador Álvarez Morán, presidente del Gremio de Productores Lecheros de la República Mexicana, tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y vocal de la Comisión Ejecutiva Bovinos de Leche, declaró que en los últimos dos años el padrón de proveedores de leche a Liconsa se incrementó de 9 mil 575 a 11 mil 248.

También resaltó que en los últimos tres años se ha ido incrementando la cifra de litros de leche que se compra a los productores nacionales, que en 2013 fue de 697.7 millones, en 2014 de 778.5 millones y al cierre de este 2015 se espera supere los 800 millones de litros. Además, las perspectivas para el 2016 son mantener las mismas compras que este año.

Con todo lo anterior, resulta incomprensible que por un lado se difunda información de aumento en el presupuesto para Liconsa e incremento de los litros de leche que se compran anualmente a los productores nacionales; y por otro lado haya quejas de diversos productores lecheros que ya sufrieron un recorte a la producción que se les compraba y recientemente les hicieron saber de manera informal de un segundo recorte.

Seguramente muchos coincidimos en que es comprensible la petición de los productores de leche, quienes sólo buscan que Liconsa siga comprando su producto y al mismo tiempo tener la certeza de que no les reducirán más el número de litros diarios que les reciben; ya que de ello depende que puedan seguir invirtiendo para tener animales de primera y producir la mejor leche posible.

Considerando que ya se aprobó el presupuesto para el 2016 y Liconsa tiene asignados casi 3 mil 500 millones de pesos para su operación, seguramente ya tendrán las proyecciones de compra para el próximo año y podrán informarnos, a la vez que dan certidumbre respecto a su situación a todos los productores lecheros de la República Mexicana.

Por lo expuesto anteriormente, presento esta proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión llame a comparecer ante la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados al Director General de Liconsa, SA de CV, para que informe sobre el presupuesto asignado al programa de compra de leche a productores nacionales para el año 2016 y explique detalladamente la programación de recursos para el citado programa.

Segundo . Se exhorta al titular de Liconsa, SA de CV, a reunirse con representantes de los productores lecheros de la República Mexicana y atender la petición de información oficial sobre los montos y proveedores de los que adquirirá la leche que tiene programado comprar durante el año 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de diciembre de 2015.

Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se felicita al pueblo argentino por su reciente proceso electoral y la designación de sus representantes, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 30 de octubre de 1983 marcó una etapa para la memoria de la historia política y social de la hermana República de Argentina. Después de diez años de dictadura militar los argentinos dejaron atrás la etapa de los golpes de Estado para dar inicio a una nueva era de normalización institucional por la que desde esa fecha se han elegido de manera continua los gobiernos federales y locales, así como representantes al Congreso de la Nación y de las provincias.

A 32 años del restablecimiento de la democracia en la República de Argentina por la que su Constitución Nacional establece un sistema de gobierno representativo, republicano y federal, los argentinos se presentaron para elegir en una primera vuelta electoral a los integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo nacionales.

La elección general fue convocada para celebrarse el día 25 de octubre de 2015 para elegir presidente y vicepresidente, 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales. También se eligieron diputados provinciales, senadores provinciales, parlamentarios del Mercosur, autoridades municipales y gobernadores. Se instalaron 95,011 mesas de votación para recibir a 32,130,853 electores hábiles de los cuales se presentaron 81,07 por ciento de los mismos. Es importante resaltar que dentro del universo de votantes se encuentran los jóvenes de 16 años que por primera vez ejercieron su derecho a votar en una elección presidencial.

Los resultados de la primera ronda para elegir presidente y vicepresidente según las fórmulas o agrupaciones políticas fueron las siguientes. Alianza frente para la Victoria 37.08 por ciento (9,338,490 votos), Alianza Cambiemos 34.15 por ciento (8,601,131 votos), Alianza Unidos por una Nueva Alternativa 21.39 por ciento (5,386,977 votos), Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores 3.23 por ciento (812,530 votos), Alianza Progresistas 2.51 por ciento (632,551 votos) y Alianza Compromiso Federal 1.64 por ciento (412,578 votos), votos en blanco 2.55 por ciento (664,740) y votos anulados 0.77 por ciento (199,449) dando un total de 26,048,446 argentinos que acudieron a las urnas.

El sistema político electoral en la República de Argentina dispone la llamada segunda vuelta electoral o balotaje. Es un mecanismo de construcción de mayorías más consolidadas en contexto de pluripartidismo o de múltiples agrupaciones políticas. Se aplica a partir de la ausencia de candidato que haya ganado con 45 por ciento de los votos en la primera vuelta electoral o que haya alcanzado el 40 por ciento de los votos combinado con una diferencia de al menos 10 puntos de su siguiente competidor. De no existir tales condiciones se convoca a una siguiente elección en fechas próximas para elegir a quien tomara el mando presidencial de entre los dos candidatos más votados.

Durante el proceso electoral del 2015 en Argentina por primera vez se realizó una elección en balotaje. Después de doce años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la República de Argentina se convocó el 22 de noviembre a una segunda vuelta electoral. Los candidatos con mayor votación para ser incluidos en la boleta fueron Daniel Scioli, de Alianza para la Victoria y Mauricio Macri, de la Alianza Cambiemos, esta última fuerza logró, según cifras oficiales de la Dirección Nacional Electoral, 12,988,349 votos equivalentes al 51.34 por ciento de los sufragios.

Este mecanismo permite darle una mayor legitimidad al Poder Ejecutivo que se elija para brindarle una mayor gobernabilidad y respaldo social a sus políticas públicas durante su mandato inicial de cuatro años. Actualmente, la Constitución permite la reelección inmediata al cargo de Presidente de la República en una sola ocasión.

El presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti juraron el 10 de diciembre ante el nuevo Congreso de la Nación y asumieron las responsabilidades que la entrega del bastón de mando y la banda presidencial le confieren en base a la Constitución de la República de Argentina.

El nuevo habitante de la Casa Rosada gobernará hasta el año 2019 después de haber sido legislador nacional y alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. También lo hará la primera mujer electa como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de la Alianza Cambiemos. La politóloga de 42 años logró el cargo con el 39.49% de los votos.

Para México resulta importante entender las lecciones vividas en la hermana República de Argentina en su experiencia como un país que privilegia la segunda vuelta en la elección presidencial para que sus gobiernos nacionales no solo emanen de la legalidad sino que alcancen la legitimidad y el reconocimiento social que requiere para enfrentar los retos del siglo XXI. Es importante que nuestros gobernantes lleguen al cargo con suficiente capital político para invertirlo en los cambios de rumbo que nuestros países necesitan.

Resolutivos

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión felicita al pueblo de la hermana República de Argentina por su reciente proceso electoral y por la ejemplar participación en las urnas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión felicita a la primera mujer electa como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y le desea éxito en su nueva encomienda.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda a los nuevos integrantes del Poder Legislativo nacional y provincial electos durante el proceso electoral 2015. Hace votos para continuar el dialogo interparlamentario recientemente inaugurado entre los representantes populares de nuestras naciones.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda, felicita y desea éxito en su mandato al presidente de la República de Argentina, Mauricio Macri y a la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Hace votos para que durante su gestión se logre un diálogo a favor de la unidad de los pueblos latinoamericanos y se alcance un dialogo permanente para lograr la prosperidad de nuestras naciones.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita se comunique el contenido del presente punto de acuerdo a los representantes diplomáticos de la República de Argentina en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2015.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se emite un extrañamiento al Ejecutivo federal por incumplir el mandato constitucional de responder las preguntas parlamentarias formuladas por la Cámara de Diputados con motivo del tercer Informe de Gobierno, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base a las siguientes

Consideraciones

Los nuevos tiempos, producto del advenimiento de la vida democrática hacen imperativo que quienes asumimos la tarea de servir a México nos ocupemos constantemente de edificar puentes institucionales de comunicación, para conocer la forma que cada quien propone para hacer frente a los problemas que enfrenta nuestro país, y delinear la forma en que podremos todos colaborar para darles la mejor solución.

En una nación plural como la mexicana en donde convergen las más variadas formas de vida, de percepciones sobre la realidad, de lenguajes, de ideologías políticas, es necesario que quienes tenemos la responsabilidad de conjuntar esas visiones en favor de un Estado democrático por la vía de la política como un instrumento ciudadano por definición, concurramos en la utilización de los mejores mecanismos como el diálogo para construir juntos un mejor futuro para todos.

El sistema de pesos y contrapesos, marcado por la división de poderes como lo señala nuestra Constitución Política, debe caracterizarse por la corresponsabilidad de los mismos para coincidir en un mismo fin, que es México.

La comunicación es la herramienta por excelencia para que la división de poderes signifique un equilibrio en el ejercicio del poder. Es por ello, que cada año, con motivo de la apertura de sesiones del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso General, se tenía por costumbre llevar a cabo la ceremonia de Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo ante el Legislativo, como un ejercicio de rendición de cuentas, pero también como un ejercicio de comunicación republicana.

No obstante, derivado de los conflictos políticos postelectorales de 2006, esta ceremonia fue cancelada, reduciéndose a la entrega del Informe por escrito por parte del Ejecutivo, eliminando la posibilidad del diálogo directo entre los Poderes de la Unión.

Para suplir esta carencia y tener la posibilidad de entablar comunicación entre Legislativo y Ejecutivo, en el año 2008 se reformaron los artículos 69 y 93 constitucionales para instituir la figura de la “pregunta parlamentaria” como un mecanismo para ampliar la información contenida en el Informe presentado el día 1 de septiembre de cada año por escrito. Estas disposiciones constitucionales señalan lo siguiente:

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

La reforma al artículo 93 no contempla la posibilidad del Legislativo para hacer preguntas parlamentarias al titular del Ejecutivo pero sí a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal y establece el plazo de 15 días naturales para obtener respuesta, como se muestra a continuación:

Artículo 93. Los secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

...

...

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción .

Para dar viabilidad a estas reformas constitucionales, en el año 2010 la Cámara de Diputados expidió su nuevo Reglamento, en cuyo texto se especificaron las características de las preguntas parlamentarias:

Capítulo VLa Pregunta Parlamentaria en el Pleno

Artículo 129.

1. El pleno podrá solicitar información a los servidores públicos enunciados en el artículo 93 constitucional, mediante pregunta parlamentaria por escrito .

Artículo 130.

1. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el Pleno, los diputados y diputadas formularán sus propuestas ante sus respectivos grupos.

2. Las áreas temáticas de referencia de las preguntas serán política interior, política exterior, política social y política económica.

3. La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a un solo tema de interés general para permitir una respuesta directa.

4. Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las preguntas múltiples, no serán admitidas.

5. La Junta recibirá las propuestas de los grupos, revisará que reúnan los elementos establecidos en este precepto y en un lapso no mayor a diez días, hará la propuesta de acuerdo en donde establezca:

I. Número total de preguntas,

II. Número de preguntas que corresponde a cada grupo atendiendo al criterio de proporcionalidad, y

III. Texto de las preguntas admitidas.

6. La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa Directiva para que se incluya en el orden del día de la Sesión más próxima para su aprobación.

7. Aprobado el acuerdo, el Presidente hará llegar al funcionario las preguntas.

8. Los funcionarios cuestionados deberán responder en un lapso de quince días, contados a partir de la recepción de las preguntas .

Artículo 131.

1. Las respuestas que los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento del Pleno, se publicarán en la Gaceta y en la página de Internet.

2. El Presidente turnará a las comisiones relacionadas con la materia, las respuestas para su correspondiente análisis, valoración y, en su caso, recomendaciones.

3. Las comisiones a las que se haya turnado las respuestas de los funcionarios, tendrán un plazo de quince días, contados a partir de la recepción del turno por parte de la Mesa Directiva, para formular conclusiones y, en su caso, recomendaciones.

4. Las conclusiones o recomendaciones de las comisiones, derivadas del análisis y valoraciones de las respuestas de los funcionarios se enviarán a la Junta para su conocimiento y a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno.

5. El Presidente enviará al titular del Poder Ejecutivo Federal, las conclusiones o recomendaciones de las comisiones una vez que haya dado cuenta al Pleno.

6. Si el servidor público no contesta la pregunta o no satisface la solicitud de información, los diputados podrán acudir en queja ante el Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Presidente .

Siguiendo estos preceptos constitucionales y reglamentarios, el pasado 20 de octubre de 2015 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados emitió el acuerdo por el que se califican procedentes las preguntas parlamentarias que se formularán al presidente de la República con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno, mismo que fue aprobado por el pleno el 21 de octubre.

A partir de esa fecha, conforme a los señalado en el artículo 93 Constitucional, correrían 15 días naturales para que la Cámara de Diputados recibiera las respuestas por parte del Ejecutivo a las preguntas parlamentarias, es decir, el 5 de noviembre como fecha límite.

Fue, apenas durante la semana corriente, que la Cámara de Diputados recibió respuesta a las preguntas parlamentarias planteadas, por lo que el Ejecutivo faltó al cumplimiento de su mandato Constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, por no haber enviado en tiempo, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las respuestas a las preguntas parlamentarias que formuló la honorable Cámara de Diputados, con motivo del tercer Informe de Gobierno.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

(Rúbrica)


Efemérides

Con motivo del aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, a cargo de diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el ducentésimo aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, hombre que con sus acciones y pensamiento, sentó las bases de un México justo e igualitario.

Este día resulta propicio para recordar algunos de los pasajes más representativos en la vida de uno de los más grandes personajes históricos de nuestro país. José María Morelos y Pavón, nació el 30 de septiembre de 1765, en Valladolid, actual Morelia.

Durante sus primeros años, aprendió a leer y escribir bajo las enseñanzas de su madre. En 1779, fue a vivir Apatzingán, donde trabajó como labrador y arriero, transportando mercancías al puerto de Acapulco, un año más tarde, ingresó al colegio de San Nicolás, donde conoció a don Miguel Hidalgo y Costilla, quien fungía como rector en dicha institución.

El 28 de abril de 1795, recibió el título de bachiller; en diciembre de 1797, fue promovido al sacerdocio; en enero de 1798, el obispo de San Miguel lo nombró cura interino del pueblo de Churumuco, Michoacán, donde permaneció alrededor de un año.

El 5 de enero de 1799, sufrió el sensible deceso de su madre, Doña Juana María Guadalupe Pérez Pavón, ello no le impidió continuar materializando sus objetivos. El acontecimiento que marcó su vida ocurrió el 20 de octubre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo lo convenció de incorporarse a la causa insurgente.

El 25 de octubre, reunió tropas y partió de Carácuaro, al recorrer distintas poblaciones y rancherías se unieron al movimiento diversas personas. De manera infortunada, la primera campaña de Morelos, no tuvo la experiencia ni la fuerza necesaria para tomar el puerto de Acapulco, lo anterior no impidió que el Generalísimo fuera consolidándose dentro del movimiento insurgente.

Meses más tarde, el 17 de noviembre de 1810, en el Aguacatillo, Morelos y Pavón, expidió un bando por el cual se suprimieron la esclavitud y las castas, posteriormente en abril de 1811, decretó el establecimiento de la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan, donde emitió disposiciones sobre el cobro de impuestos y la entrega de tierras a los pueblos.

Dentro del ámbito militar, sobresale el triunfo que obtuvo ante los realistas en Agua Zarca el 30 de abril de 1811; en mayo ocupó Chilpancingo, tomó Tixtla venciendo a Lorenzo Garrote, Joaquín Guevara y Nicolás de Cosío.

En julio de ese mismo año, acontecieron otros importantes sucesos, entre los que destacan que Ignacio López Rayón le propuso a Morelos la formación de una Junta Gubernativa y el deceso de Miguel Hidalgo, quien fue fusilado en Chihuahua, ante lo cual asumió el liderazgo del movimiento.

Después de un amplio análisis, el 13 de agosto, aprobó la idea del establecimiento de la Junta Gubernativa y designó a José Sixto Verduzco como su representante. Días más tarde, el 16 de agosto tomó y se instaló en Chilapa, con lo cual concluyó su primera campaña militar lo que permitió que el 20 del mismo mes, se estableciera la Suprema Junta Nacional de América en Zitácuaro.

El 15 de noviembre salió de Chilapa para comenzar su segunda campaña -en las intendencias de México y Puebla-. Entre noviembre y diciembre ocupó Tlapa, Chiautla de la Sal, Izúcar, Taxco y Cuautla. Dividió su ejército en tres cuerpos, el primero que marcharía hacia el sur y trataría de conquistar Oaxaca; el segundo a Taxco, y el tercero bajo su mando, hacia el norte y entraría en Izúcar.

Dichas acciones alarmaron al gobierno virreinal de Francisco Xavier Venegas, por lo que el General Félix María Calleja fue comisionado para combatir a Morelos. Aunque al principio logró derrotar a Calleja, éste consiguió reforzarse y el 18 de febrero de 1812, Morelos estuvo a punto de caer prisionero.

Los 72 días del sitio de Cuautla, donde el ejército bajo su mando fue sitiado en la población de Cuautla de Amilpas por las tropas realistas comandadas por Félix María Calleja, dejan de manifiesto la destreza y astucia que llegó a adquirir, pues a pesar de haber sido cercados, lograron resistir los intensos bombardeos, así como la escasez de agua y alimentos. Más adelante, en mayo, Morelos volvió a Chiautla, con lo cual terminó su segunda campaña.

A pesar del panorama adverso, de junio de 1812 a agosto de 1813, llevó a cabo la tercera campaña, la cual inició en Chiautla, municipio actual del estado de Puebla y que se caracterizó por ser la de mayor éxito y actividad para el Generalísimo, quien emprendió múltiples acciones en contra de las fuerzas realistas.

Auxilió a Valerio Trujano, quien se encontraba sitiado en Huajuapan; propició la incomunicación de México y Puebla con el puerto de Veracruz; recibió de la Junta de Zitácuaro el grado de capitán general y tomó Orizaba. Igual de importante es señalar que el 25 de noviembre, José María Morelos, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y Guadalupe Victoria asaltaron y tomaron la ciudad de Oaxaca, donde instauró el Tribunal de Protección y Confianza Pública.

El 9 de febrero de 1813, salió de Oaxaca hacia Acapulco, donde inició su cuarta campaña. Llegó a controlar y administrar una porción importante, que comprendía el centro y sur de Veracruz, la provincia de Oaxaca, parte de la provincia de Michoacán, el puerto de Acapulco y las intendencias de Puebla y México.

La ideología liberal de Morelos, volvió a relucir el 5 de octubre, al decretar nuevamente la abolición de la esclavitud, del tributo, de los privilegios y de todas las distinciones entre clases. Dispuso que se diera libertad a todos los esclavos negros y mulatos en su mayoría, y que los naturales que formaban pueblos y repúblicas organizaran sus elecciones libremente.

Más adelante, el 6 de noviembre, expidió el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.

Un par de días después, comenzó su quinta campaña, partiendo de Chilpancingo con la intención de apoderarse de la ciudad de Valladolid. Posteriormente, Félix María Calleja asumió el cargo de Virrey y meses más tarde, Iturbide derrotó a las fuerzas de Morelos, lo que representó la conclusión de la quinta campaña.

Morelos se dirigió a Chupio y Puruarán, donde el 5 de enero de 1814 volvió a ser derrotado, por lo que se retiró hacia Tlacotepec y Mariano Matamoros cayó prisionero para después ser fusilado.

En contraste a los hechos adversos, el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, primera constitución de México.

Para dimensionar la trascendencia del legado de Morelos, cabe destacar que en 23 puntos plasmó la ideología insurgente, que entre otras premisas, contemplaba la igualdad entre españoles, indígenas, criollos, mestizos y miembros de las distintas castas; estableció la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, así como la educación obligatoria y gratuita.

Debido a la magnitud de los hechos referidos, es incuestionable que desde su adhesión a la causa insurgente, hasta su muerte, el 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón siempre dejó de manifiesto su liderazgo, valor, solidaridad y patriotismo, así lo demuestra una de sus célebres frases: “Morir es nada cuando por la patria se muere”.

Hoy recordamos a un hombre de grandes valores que conocía las necesidades de la gente, sus preocupaciones y rechazó los abusos que prevalecían en aquella época; circunstancias que lo llevaron a realizar hazañas inimaginables, tendiendo en todo momento, a la libertad e igualdad como eje rector.

(Rúbrica)

Con motivo del 15 de diciembre de 1810, conmemoración del manifiesto en que se propone crear el Congreso Nacional, suscrita por la senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN

“Establezcamos un Congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto principal mantener nuestra santa religión, dicte las leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo.

”Ellos entonces gobernarán con la dulzura de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán la pobreza moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero, fomentarán las artes, se avivará la industria, haremos uso libre de las riquísimas producciones de nuestros feraces países y, a la vuelta de pocos años, disfrutarán sus habitantes de todas las delicias que el soberano autor de la naturaleza ha derramado sobre este vasto continente.”

Don Miguel Hidalgo y Costilla

En el Plan del Gobierno Americano para instrucción de los comandantes de las divisiones, que Miguel Hidalgo dirigió a José María Morelos y a sus otros tenientes del 31 de octubre de 1810, destacó: “Primeramente, se gobernará el reino por un Congreso...”

Esta instrucción, primera y fundamental de Miguel Hidalgo, investido como capitán general y protector de la nación, como lo avisa al intendente Juan Antonio de Riaño cuando le solicita la rendición de la plaza de Guanajuato, se ha visto opacada por su vertiginosa campaña militar y su lugar como iniciador del movimiento insurgente.

La historia constituyente de México puede bien ubicar su origen en el referido Plan de Gobierno, y su primer desarrollo en el manifiesto del 15 de diciembre del mismo año, emitido desde el Cuartel General en Guadalajara; ambos documentos precedidos del Bando de Abolición de la Esclavitud, del 19 de octubre, y que emite José María de Ansorena en Valladolid a nombre del excelentísimo señor capitán general de la Nación Americana, doctor don Miguel de Hidalgo y Costilla; y el que firma el mismo Hidalgo en Guadalajara el 29 de noviembre, reiterando la abolición de la esclavitud y otras medidas.

En dicho manifiesto comenta que todos sus delitos traen su origen del deseo de la felicidad de todos pues es la razón por la cual tomo armas dicho objetivo es el cual motiva a crear un Congreso nacional que sirva a todos y los gobierne con cariño y responsabilidad.

Senadora Sonia Rocha Acosta (rúbrica)

Con motivo del aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD

El 22 de diciembre de 1815, hace doscientos años, terminó de manera prematura la vida del luchador, del caudillo, del héroe de la independencia, del generalísimo José María Morelos y Pavón, quién murió en el cadalso realista de San Cristóbal Ecatepec, después de que se le dictó sumariamente tal castigo por haber cometido el pecado original de cargar sobre sus hombros, la más alta y digna responsabilidad, de continuar con el movimiento libertario de nuestra independencia, luego de que se ejecutara al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

Esta fecha debe ser recordada como una de las fechas del calendario cívico, de mayor infamia cometida en contra, no solamente de la vida del llamado siervo de la nación, sino de las aspiraciones de todo un pueblo que reclamaba su libertad, justicia y el derecho colectivo a tener un destino propio, para las generaciones futuras, luego de trescientos años del despojo, la crueldad y el saqueo colonial cometido por el imperio español de aquella época.

José María Morelos fue un gran líder, un visionario, un formidable estratega, considerado como el relámpago de la lucha armada, un ejemplo para todas y todos, tanto para quienes lo siguieron, así como para los futuros mexicanos quienes debemos ver en su gesta heroica el ejemplo de sacrificio y tesón inquebrantable de un hombre que tuvo la visión de construir una patria americana libre e igualitaria, con leyes que moderaran los extremos de la opulencia y de la miseria.

Una visión compartida que fue consecuencia de la desesperación popular de un pueblo que advertía en el rescate del ejercicio pleno de su autodeterminación, la fórmula de un destino mejor al amparo de su propia esperanza y sed de justicia indeclinable, a pesar de tantos años de sufrimientos y de agravios, ya que observada con justa razón a las tres principales fuerzas que sostenían a la tiranía: la monarquía, el clero, el ejército, como los grandes verdugos de su aspiración nacional y como los representantes de un poder envejecido, corrupto, esclavista, pero moribundo, que irremediablemente debía terminar, para dar paso a algo nuevo, generoso, vigoroso y esperanzador.

Como un hecho revelador del pensamiento y del talante visionario de Morelos, fue la entrevista que sostuvo con Miguel Hidalgo, en la que Morelos tan sólo quería plantearle su incorporación, no con la exigencia personal de por medio, para disputar una distinción, sino con el ofrecimiento desinteresado y humilde, para sumarse como un soldado más al servicio de la causa libertaria.

Él afirmaba que el sacrificio era poco para conseguir la libertad, una libertad para todos los americanos que se construyera con firmeza en la verdad y en la justicia del movimiento social que había estallado.

Sin lugar a dudas sus grandes hazañas militares lo precedían, pero su mayor legado fue el intelectual y su visión política para fundar instituciones, prueba de ello, fueron el impulso del Congreso de Anáhuac, el decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 y el documento por excelencia los Sentimientos de la Nación, que dieron forma a sus viejas meditaciones y anhelos, sobre el establecimiento del orden jurídico que daría vida posteriormente al Estado mexicano, basado en todo momento en el ejercicio de la soberanía que sería delegada a representantes legítimos, que debían obedecer a la suprema autoridad que era el pueblo.

Por el legado que estos documentos históricos y la gesta heroica que encabezaron Hidalgo, Morelos, Guerrero y los insurgentes que ofrendaron su vida, permanecerán en la memoria de un pueblo entero, que les vive agradecido y les rinde homenaje hoy y siempre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2015.

Diputada Araceli Saucedo Reyes (rúbrica)

Con motivo del Día Internacional del Migrante, a cargo de la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del PRI

Senadora Lisbeth Hernández Lecona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, para la programación de la Efeméride en relación con el Día Internacional del Migrante , que se conmemora cada 18 de diciembre.

Una persona refugiada podría ser un médico, un abogado, un escritor, un estudiante, un defensor de los derechos humanos, un ciudadano o ciudadana cualquiera perseguido en su país por situaciones socioeconómicas difíciles. Podría ser una mujer perseguida e indefensa ante la violencia de género. Podría ser una persona que busca defender su derecho a la libertad de expresión, su raza, su religión o su condición sexual. Podría ser un adulto, un adolecente o un niño.

La migración es una valerosa expresión de la voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. Estamos en una época donde la globalización ha incrementado el número de personas con deseos y capacidad de trasladarse a otros lugares.

Según naciones unidas más de 200 millones de personas buscan, en países distintos al suyo, nuevas oportunidades de mejorar su vida y desarrollar sus conocimientos, tan solo en nuestro país la cifra de migrantes mexicanos a los Estados Unidos aumentó a 12 millones.

La migración es un fenómeno natural que seguirá en aumento y es imposible de parar por decreto. Por lo que a los gobiernos les quedan solamente dos opciones: 1) Ver a la migración como un problema y penalizarla como lo hacen algunos países o 2) Verla como una oportunidad para el desarrollo.

Tan solo un ejemplo responde a la situación de dos niñas centroamericanas que viven en extrema pobreza que salen de su país en busca de una vida mejor, en primer lugar tendrán que conseguir los medios ilegales para cruzar la frontera, ya que les es imposible tener acceso a una visa, después de ello, tendrán que enfrentarse a los grupos criminales. De haber logrado cruzar la frontera americana, al no hablar inglés y encontrarse sin documentos serán fácilmente deportadas en condiciones inhumanas a la frontera mexicana, en la que serán fácilmente víctimas de vejaciones, tráfico de personas, delitos de prostitución e involucramiento en redes criminales.

Es por ello que nuestro gobierno ha optado por una política humana hacia nuestros hermanos migrantes. En nuestra administración se ha trabajado para establecer leyes que protejan a los migrantes en contra de los abusos y hechos que atenten contra la dignidad humana, se ha despenalizado la migración, hemos establecimos sanciones en contra de todos los servidores públicos que abusen de los migrantes, se brinda apoyo médico y psicológico urgente a las víctimas, se ha fortalecido el Instituto de Migración, se han generado programas de integración familiar para los niños huérfanos elevando los derechos de los migrantes, por ejemplo, en la frontera norte, se puso en marcha el programa “Somos Mexicanos”. Esta iniciativa brinda asistencia a los connacionales repatriados; por un lado, procura que sean tratados con dignidad y seguridad en su regreso a casa y, por el otro, facilita su inserción laboral. Asimismo, el programa “Frontera Sur” trabaja para ordenar los flujos migratorios en esa importante región del país. No obstante ello, todavía se necesitan redoblar esfuerzos.

Una mayor integración de las naciones haría que las economías crezcan, el capital de los Estados Unidos y la mano de obra latinoamericana crearían una mayor productividad, generando empleos en todas partes, la diversidad irá enriqueciendo a cada nación con la apertura a nuevas personas, culturas, lenguas, conocimientos y tradiciones.

Es importante que sigamos trabajando para que la migración deje de ser vista en México y en el mundo como un problema y se convierta en sinónimo de oportunidad y desarrollo. Por ello, es propicia la ocasión del Día Internacional del Migrante para que podamos perfeccionar nuestra unión, comprendiendo tenemos historias distintas pero esperanzas en común; por lo que no es posible que no nos veamos como iguales y que todos queremos movernos en la misma dirección hacia un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos.

Dado en la Comisión Permanente, a los 22 de diciembre de 2015.

Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica)