Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los tres niveles de gobierno a revisar de modo exhaustivo los permisos de construcción expedidos en zonas que pudieran catalogarse como de riesgo para la población, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea las siguientes

Consideraciones

El deslave ocurrido en el talud ubicado en la popular zona de Santa Fe del Distrito Federal, refleja la peligrosidad de otorgar permisos de construcción sin los estudios correspondientes sobre las condiciones del terreno, entre otro tipo de irregularidades que van desde la planificación urbana deficiente y hasta la corrupción.

El pasado 27 de octubre del año en curso, un primer deslizamiento de 6 mil metros cúbicos de tierra y piedras ocasionó daños en 15 vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida Tamaulipas y la calle Luis Barragán1 . Desde entonces y hasta el 6 de noviembre se han registrado al menos otros cuatro deslaves que han amenazado con el desgajamiento total del cerro.

Por fortuna, estos incidentes no han lesionado a ninguna persona, sin embargo, sacaron a la luz pública un conjunto de irregularidades administrativas que han derivado en una situación de alto riesgo para la vida y el patrimonio de las personas que vivían en el talud ubicado en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal.

Si bien a los pocos días del primer deslave, los habitantes de los condominios optaron por desalojar sus hogares, lo cierto es que su patrimonio podría estar a punto de perderse irremediablemente.

De acuerdo con la Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligro y Riesgos, existen factores externos que propician la inestabilidad de las laderas, como son las lluvias prolongadas2 . Sin embargo, en el caso del predio de Santa Fe, las primeras indagatorias señalan que fueron predominantemente factores humanos los que ocasionaron estos deslaves.

Un informe elaborado por las autoridades de protección civil de dicha demarcación arrojó que los desgajamientos se debieron al peso de la construcción irregular de una torre propiedad de la empresa American Tower que, aunada a las cargas residuales provenientes de la red hidrosanitaria del predio, generaron una saturación de humedad provocando la inestabilidad del talud3 .

El 29 de octubre, la antena fue desmontada y retirada de la zona, ante el inminente riesgo del colapso de su estructura. La empresa propietaria, por su parte, afirma que contaba con los permisos aplicables y cumplía con las normas de operación para este tipo de equipos. Según Rodrigo Jiménez Castellanos, vicepresidente de Asuntos Públicos para América Latina en American Tower:

Esta torre era la única que American Tower Corp operaba en esa ubicación, siendo importante precisar que contamos con los permisos aplicables a dicha estructura, la cual tenía más de 15 años en operación sin haber presentado problemas en el sitio o su entorno. La estructura fue adquirida en el año 2002 y para su edificación, se realizó por los entonces propietarios la mecánica de suelo correspondiente4 .

El jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha señalado que los permisos de construcción tanto para la antena como para el drenaje del talud fueron otorgados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, así como por los delegados de Cuajimalpa Jenny Saltiel Cohen, Francisco de Souza Mayo e Ignacio Ruiz López. Actualmente, la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal continúa revisando la documentación relacionada con los permisos, sin que hasta el momento se hayan podido fincar responsabilidades a las autoridades o a las empresas constructoras, no obstante que existe al menos una denuncia ante la Procuraduría General de la República, presentada por el abogado Juan Rivero en contra del gobierno de la Ciudad de México y contra quien resulte responsable por los daños y perjuicios causados5 .

El gobierno federal, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha actuado de forma oportuna, asistiendo al gobierno del Distrito Federal en la elaboración de un mapa de riesgos que ayude a determinar y prever futuros deslizamientos de tierra en la zona.

Al margen de que las investigaciones deslinden las responsabilidades correspondientes, es claro que el deslave de Santa Fe es el resultado de una serie de omisiones graves, con un fuerte componente de corrupción.

Hoy en día tenemos una legislación general muy clara en lo que se refiere a los asentamientos humanos y la prevención de riesgos, misma que evidentemente no fue observada por las autoridades del Distrito Federal.

El artículo 3o., fracción XII, de la Ley General de Asentamientos Humanos establece que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población.

El artículo 82 de la Ley General de Protección Civil considera como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los atlas municipales, estatales y el nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.

Lo que sucedió en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal debe servir como ejemplo para el resto de las entidades de la República, a efecto de detectar irregularidades y casos de corrupción en el otorgamiento de permisos para construcción, especialmente en aquellas zonas que pudieran considerarse como de alto riesgo para la población.

Tan sólo en la capital del país, de acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil y algunos registros públicos de diversas delegaciones, existen cerca de 23 mil personas habitando 11 mil viviendas construidas en puntos de alto riesgo, como laderas, cañadas y cauces de ríos de 74 barrancas6 .

A nivel federal, se elabora el Atlas Nacional de Riesgos publicado por la Secretaría de Gobernación, documento donde se mide el grado de peligro e impacto económico y social que pueden ocasionar eventos meteorológicos en el futuro dentro del territorio mexicano, además de incluir información y estrategias para reducir los efectos de algún fenómeno natural.

En ese sentido, el presente punto de acuerdo propone exhortar a la Secretaría de Gobernación a reforzar la difusión de este importante instrumento de prevención entre los gobiernos de las entidades y los municipios, a efecto de que puedan llevar a cabo una mejor revisión tanto de los permisos de construcción otorgados por las administraciones actuales, como de las pasadas, con la finalidad esencial de proteger la vida y el patrimonio de las personas.

Con estas acciones, no sólo estamos garantizando la seguridad de los mexicanos y de sus familias sino combatiendo a la corrupción que, como quedó demostrado en el caso de Santa Fe, también puede poner en riesgo la vida de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito someter a consideración esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a los municipios y a las delegaciones del Distrito Federal, a realizar una revisión exhaustiva de los permisos de construcción otorgados en zonas que pudieran catalogarse como de riesgo para la población, con el objeto de detectar y sancionar faltas administrativas y casos de corrupción que pudieran derivar en situaciones de riesgo para la vida y el patrimonio de las personas.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a reforzar la difusión del Atlas Nacional de Riesgos entre los gobiernos de las entidades y los municipios, a efecto de que éstos puedan llevar a cabo una revisión integral de los permisos de construcción otorgados por las administraciones actuales y anteriores, con la finalidad de proteger la vida y el patrimonio de las personas en todo el país.

Notas

1. Nota, “Se registra derrumbe de cerro en Santa Fe”, Excélsior , 28 de octubre de 2015.

2. Ver. Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligro y Riesgos, editado por la Secretaría de Gobernación, México, 2004, p.147.

3. Nota, “American Tower es responsable del deslave”, El Universal, 10 de noviembre de 2015.

4. Nota, “En deslave de Santa Fe, antena telecom cumplía con normas: American Tower”, 6 de noviembre de 2015.

5. Nota, “Presenta vecino denuncia en PGR por el deslave en Santa Fe”, El Universal, 10 de noviembre de 2015.

6. http://oemenlinea.com.mx/metropoli/67654-al-menos-23-mil-personas-viven -en-mas-de-100-puntos-de-alto-riesgo-en-74-barrancas-del-df

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a adecuar sus legislaciones conforme a lo previsto en el artículo 4o. constitucional y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Patricia García García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En el párrafo noveno, del artículo 4to, se señala que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”. De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dentro de esos derechos está el derecho a la vida, derecho a vivir en familia, derecho a la identidad, derecho a la educación, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y muchos otros que como legisladores conocemos ampliamente.

Hace apenas unas cuantas décadas que se inició con mayor vigor la valoración de los derechos de nuestras niñas y niños, de los cuales menciono unos cuantos antecedentes:1

En el contexto internacional, la primera declaración sistemática de los “Derechos del Niño”, redactada por la pedagoga suiza Englantine Jebb, que fue promulgada por la entonces Asociación Internacional de Protección a la Infancia y aprobada por la Sociedad de las Naciones en 1924; denominada Declaración o Carta de Ginebra, que más tarde sería revisada en 1946.

En 1953, la Asamblea General de las Naciones decidió que el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) continuara sus funciones en forma permanente como organización mundial de protección a la infancia.

En el caso mexicano se celebró en agosto de 1973 el Primer Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del Menor, considerándose en ese entonces crear un orden normativo aplicable de forma exclusiva al niño.

Actualmente, y derivado no sólo de los eventos que mencioné, sino de distintas actividades y declaraciones internacionales, se cuenta con un importante número de instrumentos jurídicos, con lo cual, los asuntos de los niños se han posicionado como un tema prioritario en las acciones de todos los gobiernos del mundo.

México ha suscrito y ratificado la mayoría de éstos convenios, entre los que destaca por su importancia la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 4° establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Que en lo que se refiere a preeminencia jurídica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el grado más alto en nuestras normas nacionales y las leyes y los tratados locales tienen que adecuar sus normas a esta para tener una concordancia jurídica.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución establece que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cabe mencionar que esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, donde en uno de sus transitorios dice al calce:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Es decir, ya se rebasó el plazo previsto en el segundo transitorio por más de 300 días.

Sin menoscabar la obligación de la Federación para preservar y garantizar los derechos de la niñez, es cierto que gran parte de los derechos de los niños, principalmente los relacionados con las materias civil y penal, recaen en la competencia y conocimiento por parte de las autoridades de las entidades federativas, tal como el derecho a ser adoptado, el derecho a una pensión alimenticia, el derecho a ser protegido contra todas las formas de explotación y abuso sexual, el derecho al nombre, a conocer a sus padres a ser cuidado por ellos, por mencionar algunos.

Es por ello que, basados en el interés superior de la infancia, queremos impulsar que en los Congresos locales de las entidades federativas que no cuentan con la homologación de esta la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus marcos normativos, legislen y reforme su marco jurídico, de acuerdo con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto a la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es por ello que, con base en la fundamentación y argumentos expuestos y coincidiendo con la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, de que no puede haber una tarea más noble que la de dar a todos los niños un futuro mejor, presentamos a la consideración de este honorable pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas que faltan de realizar las modificaciones legislativas, adecuen sus leyes locales conforme a lo previsto en el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de niñez y adolescencia y, conforme a lo previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Notas

1 Véase: Jiménez García, Joel Francisco, Derechos de los niños, 2000.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Patricia García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir por la Segob y la PGR las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones II, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Han pasado más de dos meses desde que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió sus recomendaciones al Estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, en relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sin que a la fecha se tenga conocimiento del cumplimiento de las mismas. Muy por el contrario con preocupación nos hemos enterado que se ha tratado de contaminar el proceso, criminalizando a los estudiantes que sobrevivieron el 26 de septiembre de 2014.

Cabe recordar que el grupo interdisciplinario de expertos independientes hizo un recuento detallado de numerosas inconsistencias, omisiones y extravíos en las pesquisas realizadas por la PGR y otras instituciones oficiales en torno al grave atropello cometido el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, en contra de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa y otras personas que fueron ejecutadas en el momento de los hechos.

Cabe recordar que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, se integró en el mes de noviembre de 2014 por acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición de los familiares y por los representantes de las víctimas de la Desaparición Forzada de Ayotzinapa.

El grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) elaboró un abundante informe donde hace observaciones, conclusiones y las respectivas recomendaciones a las autoridades mexicanas correspondientes, sobre la investigación, búsqueda de los estudiantes desaparecidos como sobre el asunto de las desapariciones en México en general, además incorpora los peritajes técnicos en los que fundamentó sus investigaciones y conclusiones.

En general hizo 13 recomendaciones en relación con los hechos ominosos de Iguala, entre estos, replantear la hipótesis del caso e investigar como línea prioritaria el traslado de estupefacientes, lo que pudo desencadenar el ataque a los estudiantes, lo que a juicio de los expertos es clave para determinar el móvil del ataque en virtud que un autobús de pasajeros era utilizado para el transporte de drogas.

Esto es, a juicio de los expertos por el modus operandi en el que la violencia contra los normalistas fue en aumento y la operación estaba dirigida a no dejar salir los autobuses de Iguala, lo que representa un aspecto importante a tratar dentro del caso, y puntualizan que es seria la hipótesis sobre la utilización de un autobús para el tráfico de drogas, que fue tomado por los estudiantes para su traslado a la manifestación del 2 de octubre en la ciudad de México.

Además el grupo de expertos de la CIDH, recomendaron realizar una investigación a todos los funcionarios públicos involucrados en el expediente, además de aquellos que pudieron haber obstruido la investigación, así como a todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en el lugar de los hechos fatales, como la policía estatal, ministerial, federal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Saber si sus acciones estuvieron acordes con derecho y si cumplieron con los protocolos de actuación especialmente con su deber de proteger a los ciudadanos.

Otra de las recomendaciones de gran interés para sociedad es que luego de hallar los restos de Alexander Mora Venancio, identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, investigar sobre la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas, y otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores del posible crimen, así como evaluar todas las circunstancias y la vinculación de los hechos.

Asimismo, la implementación de mecanismos para la atención a las víctimas en aspectos legales, sociales, psicosociales, médicos y de protección para que sean impulsadas por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en coordinación con otras entidades federales y estatales.

Del mismo modo los expertos de la CIDH elaborar un registro único nacional de personas desaparecidas; diseñar e implementar un procedimiento de búsqueda de personas desparecidas de manera oficiosa por el Estado y se ponga en marcha de forma inmediata y se ejecute sin dilaciones indebidas, además de contar con equipos especializados que posibiliten la participación de peritos externos, y en los procedimientos de búsqueda se debe permitir el ingreso de cualquier entidad pública, incluyendo las instalaciones militares y policiales.

Entre otras recomendaciones transcendentales está el satisfacer a los familiares y víctimas el Derecho a la verdad, permitiendo el acceso a la información necesaria y el conocimiento de la situación judicial y evolución del caso.

Pero además una de las recomendaciones centrales es seguir con la búsqueda de los 43 estudiantes desparecidos los día 26 y 27 de septiembre de 2014, luego de descartar científicamente que éstos fueran incinerados en el basurero del municipio de Cocula de la región de Norte del estado como lo sostuvo el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que sostuvo su llamada “verdad histórica” que sostenía que integrantes del grupo delincuencial “Guerreros Unidos” confundieron a los estudiantes con miembros del grupo opositor “Los Rojos”

El mismo grupo de expertos ha señalado errores, omisiones y obstáculos en la investigación llevada a cabo por la PGR, entre estos la dificultad de entrevistar directamente a elementos del ejército que participaron en el lugar de los hechos y que dieron puntual seguimiento desde la salida de los jóvenes de la ciudad de Chilpancingo hasta la ciudad de Iguala. Las autoridades supieron desde el inicio que los jóvenes detenidos y posteriormente desaparecidos eran estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Señalaron con contundencia que las autoridades mexicanas han obstaculizado las entrevistas con miembros del 27 batallón del Ejército, punto importante para contrastar los testimonios y declaraciones sobre la participación de los militares en los distintos puntos que se desenvolvieron los hechos.

En resumen, han destacado que existe una fragmentación de la investigación, por lo que han sugerido unificar la investigación para no perder la visión integral de los hechos omisos que todos condenamos. Las autoridades investigadoras han omitido también investigar todos y cada uno de los delitos cometidos, entre estos, los delitos de tortura, desaparición forzada, tentativas de homicidios, encubrimiento, obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sobrellevaron los estudiantes sobrevivientes.

Además ha faltado una atención integral a las víctimas, que se cristaliza en tener un mapeo completo de víctimas del caso que no se ha realizado, acercamiento a las víctimas y familiares para generar confianza y hacer una propuesta de atención a las víctimas e informarles de sus derechos de forma personalizada.

Asimismo persiste un ineficiente protocolo para la investigación del delito de la Desaparición Forzada. El GIEI ha recomendado el diseño de un proyecto de Protocolo Homologado para la investigación del delito de desaparición forzada de la PGR, para la búsqueda de los desaparecidos como una prioridad y no secundaria, a la investigación de los responsables, esto con el propósito de dar una respuesta rápida, coordinada y eficaz en los casos nuevos y los ya existentes, con criterios de actuación diligente, coordinación de autoridades y la inclusión de un análisis de contexto y modus operandi de los perpetradores, que sirva para determinar una estrategia de búsqueda, investigación y reparación de estos casos.

El cumplimiento de estas recomendaciones de la GIEI, son de vital importancia para lograr saber la verdad jurídica, el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables de este ominoso hecho condenado por la sociedad nacional e internacional. Sin embargo, preocupa profundamente que en los últimos meses las autoridades federales en lugar de cumplir con las recomendaciones de los expertos de la CIDH, han estado intentando generar confusión y por ende desvirtuar el fondo del caso, y en el futuro dejar en la impunidad a los responsables de los hechos.

Un hecho concreto, fue la filtración en un medio nacional una conversación de un sobreviviente de los hechos de Iguala los días 26 y 27 de septiembre, Omar García, donde se pretende presentarlo de tener conocimiento que algunos de sus compañeros están relacionados con un grupo delictivo, que no es otra cosa que a todas luces se busca desviar la atención para perpetuar la impunidad del caso, que bajo ninguna circunstancia se puede aceptar.

Hay que recordar que el informe confirmó lo manifestado por los padres de las víctimas ahora desaparecidas. Es determinante investigar a fondo con transparencia, objetividad, imparcialidad y certeza jurídica, para despejar cualquier torsión que transite hacia la ruta de la impunidad exculpando a los responsables materiales e intelectuales. Es decir, no dejar ninguna duda, por eso la importancia de saber cuál fue el papel de los efectivos del 27 batallón de infantería y de las corporaciones policiales estatal y federal en estos omisos hechos. Es también necesario sancionar el desempeño errático de quienes estuvieron al frente de las investigaciones como las conclusiones que presentó la PGR en noviembre del año pasado. Es un interés supremo garantizar la procuración de justicia efectiva, veraz y expedita en este caso que trasciende nuestras fronteras.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, la suscrita somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República para cumplir escrupulosamente las recomendaciones formuladas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH que acompañan las investigaciones para esclarecer los hechos de desaparición forzada de estudiantes normalistas de Ayotzinapa; y evitar sembrar confusiones, y desvirtuar el fondo de los hechos, que en el futuro pueda dejar en la impunidad a los responsables de los diversos delitos que se cometieron el día 26 y 27 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar por el Censida las acciones preventivas del sida, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, María Ávila Serna, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las estructuras biológicas más comunes en nuestro planeta son agentes infecciosos microscópicos 10 mil veces más pequeños que las bacterias, de las cuales se derivan 21 familias capaces de causar enfermedades a los seres humanos y que requieren de células vivas para reproducirse, llamados asesinos microscópicos : los virus.

Los virus contienen material genético que les permite replicarse al transmitir su información contenida en forma de ADN y ARN, aprovechándose de las estructuras de síntesis de células vivas, lo que agiliza su propagación por todo el sistema vital del huésped.

Si bien los virus pueden invadir células de cualquier ser vivo, ya sea planta, animal o seres humanos, existe una barrera natural entre especies que no permite el paso de una infección entre receptores celulares con diferencias genéticas y metabólicas, es decir, la llamada barrera de especies .

Sin embargo, desde el siglo pasado ha aumentado la preocupación derivada de la propagación de enfermedades infecciosas entre poblaciones diferentes, causando graves brotes de enfermedad que, en algunos casos, han evolucionado hasta convertirse en pandemias que amenazan a la especie humana.

Uno de estos casos de salto de barrera impactó a la comunidad internacional a principios de los años 80, cuando médicos estadounidenses detectaron a grupos de pacientes con enfermedades poco comunes, como el sarcoma de Kaposi y un tipo de infección pulmonar transmitida por pájaros, en áreas de Nueva York y California. Para 1982 se le dio un nombre a esta enfermedad: síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida), el cual ha matado a unos 25 millones de personas en todo el mundo y ha dejado huérfanos a 12 millones de niños sólo en África, país en donde se cree el virus del VIH se transformó a partir del SIV, siglas del Virus de Inmunodeficiencia en simios.

La gravedad de este síndrome radica en que es incurable y su índice de mortalidad es muy alto, dado que el virus destruye el sistema inmunológico de los pacientes, mismos que quedan a merced de infecciones oportunistas que se convierten en crónicas y mortales, a diferencia de los individuos sanos quienes cuentan con linfocitos CD4 que coordinan la defensa ante invasiones extrañas en su cuerpo.

Ante la amplia capacidad demostrada por el virus para propagarse hasta convertirse en pandemia y su alto índice de mortalidad, desde 1988 se conmemora el Día Internacional del Sida, a fin de llevar un mensaje de unidad, comprensión y solidaridad para aquellos padezcan el síndrome, que a para 2014 sumaban 36.9 millones, pero también para concientizar a la toda la sociedad sobre los peligros y medidas de prevención que se deben considerar sobre este padecimiento.

En México, el primer caso conocido de paciente contagiado con el virus de inmunodeficiencia humana se verificó hace 32 años en 1983, por lo cual el gobierno responde con la creación del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (Conasida), mismo que sería fortalecido tanto en atribuciones como en su integración por medio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en virtud del cual el órgano desconcentrado se convirtió en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida).

El objetivo principal de Censida es funcionar como instancia rectora y coordinadora de los esfuerzos de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil para la disminución de la incidencia de enfermos de Sida y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), respetando los derechos humanos y la perspectiva de género.

Las formas de transmisión del VIH son tres: sexual, sanguínea y perinatal, lo que implica una propagación mayor del virus, dado que se mantiene en incubación por muchos años sin presentar síntomas, hasta llegar a una infección en etapa avanzada en donde se presentan síntomas, que es cuando se diagnostica el Sida.

Se han logrado avances importantes en los esfuerzos por reducir el número de contagios al mínimo desde el descubrimiento del síndrome en nuestro país, tal como lo demuestran las cifras de Censida, que arrojan un índice de casos diagnosticados mayor en el año de 1999 con un total de 8 mil 858, mientras que para 2015 se contabilizaron 3 mil 407 casos.

Lo anterior es ejemplo del trabajo de seguimiento, detección y atención que se le ha dado a la problemática en comento, misma que es atendida como un problema de salud pública. Sin embargo, el trabajo debe continuar para lograr la meta que se propone Censida: reducir el número de contagios en nuestro país.

En México, la población infantil y juvenil representan la más numerosa, junto con la población en edad reproductiva que se mantiene en constante crecimiento. Asimismo, el estudio Conocimiento, actitud y práctica de anticoncepción en adolescentes mexicano arrojó datos relevantes, entre ellos el promedio de inicio de la vida sexual activa en este grupo poblacional: 15 años, mientras que existe un porcentaje de 17 por ciento en mujeres y 21 por ciento para hombres con vida sexual activa.

Ante este panorama, el tema del libre albedrío resulta relevante, pues la transmisión a través del contacto sexual sin protección puede evitarse si se promueven medidas de salud reproductiva con enfoque preventivo, dirigidas al público en general, poniendo especial énfasis en los jóvenes, quienes deben contar con información adecuada y suficiente para ejercer su sexualidad.

El esfuerzo para informar a la población sobre cuestiones de sexualidad responsable debe considerar la participación de instituciones de gobierno y sociedad, quienes deben provechar el conocimiento técnico y científico que elabora y amplía Censida para lograr la reducción de los niveles del Sida a su mínima expresión y pensar, en un futuro, en la erradicación de este mal.

Por todo lo anterior y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México refrenda su compromiso con la salud de la población mexicana, así como la apertura que nuestros miembros tienen ante temas que deben de dejar de ser tratados como tabú, a favor del bienestar común y nos sumamos al esfuerzo internacional para enfrentar el reto que representa el Sida.

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados, en el Día Internacional del Sida, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud federal para que, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), aumente las actividades y acciones de prevención contra esta enfermedad, sobre todo en la población juvenil.

Segundo. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal para que implementen una campaña de prevención en sus respectivos territorios, enfocándose de los beneficios de la salud reproductiva y coordinándose con el Censida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada María Ávila Serna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a recuperar los espacios deportivos, propiedad de los capitalinos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados federales a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En 1965, el Departamento del Distrito Federal expropio el Ejido de Tomatlán con una superficie de 165 hectáreas con el propósito de crear un núcleo de población con habitaciones populares, escuelas, mercados y campos deportivos, entre otros.

La expropiación se justificó por ser de utilidad pública, y desde esa fecha las niñas y los niños han realizado algún deporte.

El predio se encuentra en el Canal Nacional y Calzada de la Virgen, en la colonia CTM Culhuacán, delegación Coyoacán, con una superficie aproximada de 6 mil 300 metros cuadrados, y desde la expropiación hasta la fecha ha sido una cancha de futbol infantil.

Es el caso que el 22 de junio del año en curso, la ciudadana Rosa Carrillo Dagda se introdujo en el terreno descrito y lo cercó con malla ciclónica.

Que, efectivamente, la señora mencionada cuenta con un título de propiedad producto de un juicio de prescripción positiva, el cual se tramitó ante el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, con el expediente número 59/12, en el que ella fue la parte actora y los demandados fueron el gobierno del Distrito Federal, la Dirección General de Regularización Territorial y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, así como cuatro particulares.

Las autoridades del Distrito Federal hicieron una defensa inadecuada o existió confabulación con la actual propietaria, toda vez que nunca ha tenido la posesión del bien inmueble, lo que podía demostrarse con una fe de hechos, pues como reiteramos, el terreno, siempre ha sido una cancha de futbol soccer. Ni la Consejería Jurídica ni la Dirección General de Servicios Legales ofrecieron las pruebas necesarias para demostrar que el predio ya mencionado era ocupado como una cancha de futbol soccer pública, desvirtuando así que la ciudadana Rosa Carrillo Dagda tenía la posesión, y como consecuencia de lo anterior no pudiera prescribir dicho inmueble.

Aunado a lo anterior, en la sentencia se ubica el predio en la colonia San Francisco Culhuacán y no CTM Culhuacán.

De todo lo anterior presumimos que hubo una simulación jurídica, pues debió existir un acuerdo entre dos o más personas para fingir jurídicamente la existencia de la posesión del inmueble con el objeto de crear ante terceros la apariencia de cierto o defensa no adecuada o coalición de servidores públicos.

Consideramos que lo descrito es apenas una muestra de lo que acontece en la ciudad.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta representación nacional, con pleno respeto de las atribuciones constitucionales y legales, exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que instruya al consejero jurídico del gobierno del Distrito Federal e inicie las acciones legales para la recuperación del predio y salvaguardar el derecho al deporte de las y los niños, así como de sus habitantes.

Segundo. Asimismo, tenga a bien solicitar a la Contraloría General del Distrito Federal que inicie un procedimiento administrativo, de ser el caso, contra los servidores públicos que por acción u omisión o coalición realizaron una defensa inadecuada del bien inmueble que forma parte del patrimonio del GDF y que, de existir presuntamente actos constitutivos de delitos, lo haga del conocimiento de la autoridad competente.

De igual forma, que el jefe de gobierno del DF instruya al procurador de Justicia del Distrito Federal a fin de que inicie una investigación a los servidores públicos que realizaron una defensa inadecuada del inmueble ya referido, así como también, y de manera paralela, se inicie una investigación a la ciudadana Rosa Carrillo Dagda por fraude procesal y delitos que resulten.

Tercero. Que el jefe del gobierno del DF instruya al director general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del DF a la no inscripción de la sentencia del juicio de prescripción positiva dictada por el juez décimo sexto de lo civil del Distrito Federal, con el expediente 52/2012, por no coincidir el domicilio de la sentencia con el domicilio real de la cancha de futbol soccer infantil. Lo anterior, en virtud de que no hay identidad entre el predio en mención.

También, que difunda las medidas y acciones que su gobierno tomará para la defensa del predio antes indicado y proporcionar un padrón de los predios que son propiedad del gobierno del Distrito Federal y que actualmente están destinados para canchas deportivas, expresando el estado que guardan los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a perfeccionar su marco legal en materia de movilidad y realizar acciones para garantizar la integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Jonadab Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 34, numeral 1 incisos a) y c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad, y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes.

Consideraciones

En días pasados llamó la atención, por lo atendido en los medios de comunicación, la muerte de Montserrat Paredes Alva, joven de 21 años de edad, quien perdió la vida el pasado 17 de noviembre, tras circular en bicicleta y ser atropellada por una unidad de transporte público sobre la avenida Paseo de la Reforma.1, 2

Sin embargo, esta joven no ha sido la única víctima del enfrentamiento irracional de las personas por el uso del espacio público, ya que de acuerdo al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en México mueren 200 ciclistas al año, y durante 2015, al menos 8 han perdido la vida en el Distrito Federal.1

Lamentamos estos terribles hechos que cortaron de tajo las esperanzas y sueños de estas personas, y por ello consideramos que este Poder de estado, no puede ser sólo reactivo, es decir, preocuparse y ocuparse de los temas que sean noticia, en el entendido de que si no son primera plana, no son importantes y mucho menos prioritarios.

Desgraciadamente, ha sido la muerte de una joven, atendida mediáticamente a través de la sección de nota roja, la que ha sacudido las consciencias, y ha hecho que desviemos la mirada hacia la importancia del tema de la movilidad.

La Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del mundo, donde se realizan un total de traslados de alrededor de 6.3 millones diarios, y en donde sólo 0.9 por ciento del total de la red vial tiene ciclovías o carriles confinados para ciclistas, es decir 96.6 kilómetros, la mayoría en el centro de la ciudad, donde se realizan 433 mil 981 viajes por día, pero es en las vías primarias (sin carril confinado a estos usuarios) donde ocurren los accidentes mortales.a

Sin embargo, en el orden nacional, cerca de 2.3 por ciento de los viajes en todo el país, se llevan a cabo en bicicleta.c

De acuerdo con estadísticas de defunciones, en 2013 fallecieron 34 mil 509 jóvenes en México, siendo entre los hombre 17.2 por ciento de estas muertes por accidentes de tránsito, y entre mujeres 10.3 por ciento. b

De acuerdo con datos proporcionados a través del Programa de Acción Específico-Seguridad Vial 2013-2018, de la Secretaría de Salud federal, las lesiones por accidentes viales toman relevancia entre los jóvenes ya que son la segunda causa de muerte en el grupo de edad comprendida entre los 20 y los 29 años, en este grupo de edad se concentra 24 por ciento de las muertes por lesiones ocasionadas por accidentes viales. De estas, el 17.9 por ciento son peatones, 9.7 por ciento motociclistas y 0.4 por ciento ciclistas. Es decir, que los peatones, ciclistas y motociclistas, concentran 28 por ciento de la totalidad de las muertes.e

En el mismo orden de ideas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones causadas por el tránsito, son la octava causa mundial de muerte y la primera entre los jóvenes de 15 a 29 años, por lo que si no se toman medidas urgentes, los accidentes de tránsito se convertirán en el año 2030 en la quinta causa de muerte. La mitad de las muertes mundiales por accidentes de tránsito corresponden a peatones (22 por ciento), ciclistas (5 por ciento) y motociclistas (23 por ciento). Estos datos constituyen una seria advertencia a los gobiernos de todos los órdenes, respecto de la necesidad de tener en cuenta a los usuarios no motorizados de la vía pública.3

Así entonces, México está muy lejos de implementar políticas públicas eficientes en materia de movilidad si nos comparamos con ciudades como Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; Rosario, Argentina; Santiago, Chile; Ámsterdam, Holanda; Burdeos, Francia; Copenhague, Dinamarca; Berlín, Alemania; Dublín, Irlanda; Amberes, Bélgica; Ferrara, Italia; Estocolmo, Suecia; Trondheim, Noruega; y Sevilla, España.

Todas estas ciudades utilizan la bicicleta no sólo como una opción sería de transporte de los jóvenes que se desplazan a trabajar o a la escuela, sino como un detonante del turismo en beneficio de millones de jóvenes, que recorren y conocen estas ciudades pedaleando de manera segura.

Estas ciudades estuvieron en algún momento en el punto en el cual nosotros nos encontramos hoy día, pero asumieron la actitud de proponer soluciones en materia de movilidad y corrieron el riesgo de que fueran equivocadas, pero sobre eso actuaron.

Nosotros podemos permanecer sentados, y solo contemplar los problemas; o decir que no son prioritarios; o podemos actuar y hacer que las cosas sucedan, pero como Poder de estado considero que debemos hacer lo segundo.

Mejorar la movilidad en los tres órdenes de gobierno no es un asunto transitorio, o de tránsito, es una tarea permanente en beneficio de los 121 millones 783 mil 280 mexicanos, población total en nuestro país, 4 porque en uno u otro transporte, y de una u otra manera todos nos trasladamos.

Al analizar algunas legislaciones locales en materia de movilidad existente en el país, refiriéndonos a:

La Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León

La Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

La Ley de Movilidad del Distrito Federal y

La Ley de Movilidad del Estado de México.

Observamos que en estos ordenamientos se les da una jerarquía de movilidad, orden de responsabilidad y uso preferencial del espacio público a los ciclistas, por encima de otro tipo de vehículo.

Así entonces, los datos y el hecho lamentable al cual nos referimos en párrafo precedente, nos indica que la legislación existente en materia de movilidad necesita urgentemente perfeccionarse, para con ello proteger lo más valioso que posee una persona: la vida, y más aún cuando se es joven.

Una persona que elige caminar o utilizar la bicicleta para transportarse, aporta bienestar a las ciudades, a sus habitantes y al medio ambiente; ya que contribuye a que disminuya el tráfico y no contamina; sin embargo se le castiga con poca inversión en infraestructura ciclista, y un marco legal que los beneficia y protege mínimamente.

Los cambios culturales en el tema de la movilidad, como de otros varios, deben pasar por sanciones, ya que sin ellas, estos son muy lentos, ya que desgraciadamente en las sociedades modernas, incluida la nuestra, todo es en singular: mi derecho, mi bienestar, mi espacio, mi tiempo; incluso por encima de los demás.

El estado tiene la obligación de generar las condiciones para la libre y segura movilidad, pasando del yo, al nosotros, al ustedes ; en donde el usuario independientemente del vehículo en el cual se quiera trasportar, tenga ante todo la seguridad de que su integridad física, e incluso su vida no corre riesgo.

La movilidad implica la recuperación del espacio público, pero hoy día no existe comisión extraordinaria y menos aún ordinaria en esta Cámara de Diputados que impulse como grupo colegiado perfeccionar la legislación en la materia existente, y mejorando con ello la convivencia social, el medio ambiente, así como la salud e integridad física de millones de personas, así como impulsar la asignación de gasto gubernamental a fin de recuperar el espacio público, dictaminar de manera especializada los asuntos en la materia, y contar con registros certeros en materia de movilidad, no sólo por tener una estadística más que sirva como dato, sino para darnos cuenta de la magnitud de la situación, ya que lo que no se mide, no puede evaluarse.

Mientras este legislador habla ante ustedes, en México alguna persona es atropellada o es víctima de un percance vial por elegir caminar o utilizar a la bicicleta como medio de transportarse.

Ya que según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en México, 24 mil personas mueren al año a causa de accidentes de tránsito, de las cuales 7 mil 269 son por atropellamiento. Es decir 20 personas mueren al día atropelladas.d

¿Cómo podemos pedir a las personas que asuman una nueva consciencia de movilidad, cuando en los hechos el estado no les garantiza su seguridad e integridad física?

Tomando en cuenta que la movilidad a pesar de su importancia, hoy día en lo que a la competencia de la Cámara de Diputados corresponde, no tiene cabida desde un punto de vista integral en alguna de las comisiones ordinarias ya existentes, solicito de manera respetuosa a la Presidencia de la Mesa Directiva, que el presente punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Juventud y a la Comisión de Transportes para su estudio y dictamen.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 34, numeral 1 incisos a) y c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados a perfeccionar el marco legal de su competencia en materia de movilidad y realizar las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de la vida e integridad física de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, particularmente jóvenes.

Por último, quisiera pedir un minuto de silencio, en respeto a las personas que han muerto en México, principalmente peatones y ciclistas, por ejercer su derecho a la movilidad y utilizar el medio de transporte que en su momento eligieron.

Referencias

(1) http://noticieros.televisa.com/mexico-df/1511/rinden-homenaje-montserrat-paredes-muerta-ser-atropellada-refor/

(2) www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2015/11/18/localizan-a-presunto-responsable-de-la-muerte-de-ciclista-en-reforma

(3) http://who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/summary_es.pdf?ua=1

(4) http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/10/1033934

(a)http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf

(b) Plan de Trabajo de la Comisión de Juventud, Primer Año legislativo 2015-2016. Cámara de Diputados, H. congreso de la Unión.

(c) Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte, Manuel Suárez Lastra, Ed. UNAM, pp. 215.

(d) http://www.proyectodiez.mx/dia-del-peaton-y-en-mexico-muren-atropelladas-mas-de-7200-al-ano/

(e) http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/PAE_SV.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a otorgar facilidades por las áreas correspondientes y realizar avalúos para regularizar la tenencia de la tierra en las colonias agrícolas y ganaderas de San Luis Potosí y el resto del país, considerando los factores socioeconómicos, a cargo de la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Fabiola Guerrero Aguilar, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de la Subsecretaría de Ordenamiento territorial, del Comité Técnico de Evaluación y la Comisión Dictaminadora para la Aplicación de Factores Socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el Comité Técnico de Valuación, a efecto de que se otorguen las facilidades necesarias para que se realicen los avalúos correspondientes con el fin de lograr efectivamente la regularización de la tenencia de la tierra de las colonias agrícolas y ganaderas del Estado de San Luis Potosí y de todo el país, considerando los factores socioeconómicos, debido al amplio rezago que existe en esta materia, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Las colonias agrícolas y ganaderas son parte importante en el acontecer histórico de México y cuya regulación normativa se implanto a través del siglo XIX con adecuaciones necesarias en el siglo XX, y procuro una distribución de la población en el territorio nacional.

Nuestro país, fue pródigo en la búsqueda de movimientos colonizadores. Como antecedentes se tiene el Decreto de 1823 por el que se premia con tierras baldías a los patriotas que prestaron sus servicios para sostener la independencia y la libertad. Destaca también en ese año el Decretero de Colonización del Istmo de Tehuantepec, otorgando porciones de tierra a los militares en consideración a sus méritos, a su graduación y a la parte de sueldos que hubieran dejado al retirarse.1

Sin duda esta primera fase colonizadora está impregnada de un deseo de atraer extranjeros al país destacando las enormes facilidades para colonizar establecidas a favor de los militares y extranjeros. Y aunque teóricamente encontramos preceptos de las Leyes de Colonización de magnifico contenido, las soluciones legislativas tendieron a ser más políticas que técnicas.2

En esta primera fase trató de convertirse a los militares en campesinos, prefiriéndolos incluso sobre los derechos de los vecinos; por otra parte se pretendió subir el nivel cultural del indígena mezclándolo con el extranjero en las nuevas colonias, lo cual no resulto aplicable. Era obvio que con tales medidas no se redistribuyera la tierra ni la población ni se resolviera el problema agrario.3

En la construcción de las leyes de colonización se apuntó a generar un equilibrio entre la cantidad de tierras baldías y la falta de pobladores, persiguiendo una corriente de inmigración de los puntos donde había exceso de pobladores a aquellos en donde faltaran, buscando así una pretendida la solución del problema agrario. No obstante, en la práctica, las leyes que regulaban la materia fueron ineficaces porque no se tuvieron en cuenta las condiciones especiales de la población rural mexicana ni las que por el momento guardaba el país.4

Esto es claro ejemplo de que la aplicación normativa de las colonias agrícolas ha sufrido históricamente un retraso amplio; por ejemplo, durante el porfirismo existió una inadecuada normativa jurídica contenida en el Decreto de Colonización de Compañías Deslindadoras de 1883, completada por la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos expedida en 1894, que posibilitaron el acaparamiento de tierras por las empresas deslindadoras en perjuicio de la gran masa campesina.

La preocupación de los gobernantes de esa época fue la de poblar el inmenso territorio nacional, auspiciando una tenaz política colonizadora con resultados altamente negativos comprobados históricamente, que culminó con el establecimiento de compañías deslindadoras y colonizadoras.

En el siglo XX fueron emitidas dos leyes de colonización; la de 1926 en un primer momento, que sería sustituida veinte años más tarde por la expedida en 1946. Para 1962 se dio fin a la colonización en propiedad privada, quedando sujeta a lo establecido en la legislación agraria a través del régimen ejidal.5

No obstante la regulación derivada de la incorporación del régimen ejidal al derecho positivo mexicano, durante más de ciento cincuenta años fueron fundadas múltiples colonias al amparo de las leyes de colonización, y si bien han ido desapareciendo, todavía subsisten colonias agrícolas y ganaderas con un régimen jurídico propio.

Es por ello que las Colonias Agrícolas y Pecuarias de nuestro país como figura subsistente, se encuentran entre la propiedad privada y la propiedad social, y sufren a lo largo del país un grave y escandaloso rezago en lo que a la regularización legal de la tenencia de la tierra se refiere.

Es así que los lotes agrícolas en muchas ocasiones no cuentan con un título de lote agrario pese a la implementación del “Programa de regularización de colonias Agrícolas y Ganaderas”, programa de regularización a cargo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La búsqueda de los colonos del título de lote agrícola, el derecho al cerril o uso común, los lleva a buscar la implementación del programa concreto para la regularización de lotes de colonias agrícolas y ganaderas, que es un acto jurídico mediante el cual la Sedatu regulariza la tenencia de la tierra de las colonias agrícolas y expide los títulos de propiedad correspondientes a los colonos o poseedores de lotes. Esto lo hace con fundamento en el artículo 27, tercer párrafo de la Constitución Federal, y con base en el Reglamento de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

La Sedatu solicita una serie de requisitos entre los que se encuentra la promoción de la regularización del lote agrícola o ganadero, la manifestación expresa de querer continuar con el trámite de colonia de acuerdo al octavo transitorio de la Ley Agraria, y la constancia de pago del predio en caso de que este se adeude total o parcialmente, en cuyo caso el Comité Técnico de Evaluación de la Sedatu emite un avaluó para proceder a su pago.6

No obstante las cantidades reguladas y avaladas por el Comité Técnico de Valuación de la Sedatu en el caso de la regulación de gran parte de la Colonias agrícolas existentes en el Estado de San Luis Potosí, emiten avalúos cuyas cifras exceden por mucho el valor de los terrenos llegando incluso a sobrepasar el ingreso de los poseedores de la tierra, por lo que no se consideran, a través de la Comisión Dictaminadora, los factores socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el Comité Técnico de Valuación, dejando de lado los pormenores y características de vulnerabilidad en la que se hayan los poseedores de estos lotes.

Esto último debería efectuarse en virtud de lo dispuesto por los artículos 116 y 163 fracción II, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, el cuarto párrafo de la exposición de motivos del Reglamento de Operaciones del Comité Técnico de Valuación de la Sedatu, y los acuerdos primero, cuarto y sexto del acuerdo que establece la creación de la comisión dictaminadora para la aplicación de factores socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el Comité Técnico de Valuación de la misma Secretaría.

Lamentablemente, ya que no puede cubrirse por parte de los poseedores el valor determinado por el comité técnico de valuación para la regularización del lote, no puede realizarse la misma de forma efectiva, y debido a su estado persistente de irregularidad, muchos de los poseedores de estos lotes se quedan fuera de programas del gobierno federal, estatal y municipal; verbigracia, el programa PROAGRO de la SAGARPA exige la presentación del título del lote agrícola, y al no contar con él, los poseedores de lotes irregulares no pueden tener acceso a este programa incrementando su estado de vulnerabilidad.

Ahora bien, todo lo anterior hace necesaria la implementación de medidas que consideren los pormenores socioeconómicos de los poseedores que buscan regularizar su predio, y cuya posesión ha sido pacífica y continua durante décadas.

Por todo lo expuesto es que someto a la aprobación de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de la Subsecretaría de Ordenamiento territorial, del Comité Técnico de Evaluación y la Comisión Dictaminadora para la Aplicación de Factores Socioeconómicos a los valores comerciales en los dictámenes valuatorios emitidos por el Comité Técnico de Valuación, a efecto de que se otorguen las facilidades necesarias para que se realicen los avalúos correspondientes con el fin de lograr efectivamente la regularización de la tenencia de la tierra de las colonias agrícolas y ganaderas del Estado de San Luis Potosí y de todo el país, considerando los factores socioeconómicos, debido al amplio rezago que existe en esta materia.

Notas

1 Ruiz Massieu, Mario; Temas de Derecho Agrario Mexicano; Institutito de Investigaciones Jurídicas, UNAM; México, 1988; p. 80.

2 Ibídem. 82.

3 Chávez Padrón, Martha; El derecho agrario en México ; Porrúa, México; 1974; p. 239.

4 Mendienta y Núñez, Lucio; EL problema agrario de México ; Porrúa; México; 1977; p. 105.

5 Ruiz Massieu, Mario; óp. Cit.; p. 79

6 Información consultada a través del portal electrónico de la Sedatu en la dirección: http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/tramites/reg-de-lo t-de-col-agr-y-gan/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conade a realizar acciones para recibir el Centro Nacional Paralímpico, en Irapuato, Guanajuato, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Lorena del Carmen Alfaro García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El “Centro Paralímpico Nacional” es un proyecto federal ejecutado bajo la tutela de la Comisión Nacional del Deporte construido en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que surge de la necesidad a nivel nacional y regional, de contar con instalaciones que permitieran la preparación y entrenamiento de deportistas de alto rendimiento.

En 2010 se visualizó la construcción del Centro Paralímpico Nacional en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y, para llevar a cabo dicho proyecto, la Universidad de Guanajuato donó al gobierno federal 30 hectáreas.

1. En septiembre de 2010, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Deporte y el Municipio de Irapuato, administrado por el Ayuntamiento 2009-2012, celebraron un convenio de colaboración.

Según sus cláusulas, dicho convenio tuvo como objeto la entrega de la posesión, por parte de la Comisión Nacional del Deporte, en su calidad de destinatario al Municipio de Irapuato, de un predio con superficie de 300,000 metros cuadrados, en el que se realizaría la construcción del Centro Paralímpico Nacional.

Es necesario enfatizar que dicho convenio no generó derechos reales al municipio sobre el inmueble y las instalaciones, únicamente se otorgó el uso y goce temporal del mismo durante la vigencia del convenio, esto es del 5 de septiembre de 2010 al 9 de octubre de 2012, según se desprende la cláusula quinta, fecha en que la administración municipal concluiría su periodo.

En el multicitado convenio, el Municipio de Irapuato asumió las siguientes obligaciones:

a) Durante el tiempo en que el mencionado inmueble permanezca en su posesión, se obliga a cuidar de su mantenimiento y conservación y a responder de todo deterioro que este sufriera por su culpa, así como dar aviso a “LA Conade” de cualquier novedad que pudiere ser dañosa o perjudicial para los bienes objeto de este convenio;

b) Llevar a cabo todos los trámites y procedimientos que sean necesarios para que se lleve a cabo la construcción del “Centro Paralímpico Nacional”

c) No podrá destinar los bienes entregados por este convenio a un uso diverso que el de la construcción del Centro en comento.

Según lo establecido en la segunda cláusula del convenio, la Conade autorizó al Municipio únicamente para llevar a cabo la construcción del “Centro Paralímpico Nacional”, habiendo concluido con dicha encomienda.

2. En 2011 se firmó un convenio de coordinación entre la Conade, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el municipio de Irapuato, con el objeto de establecer las bases para la entrega de los Subsidios federales señalados en el decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2011.

3. En marzo de 2012 se inauguró la primera etapa, con una inversión de 246.75 millones de pesos, etapa que se compone de la pista de atletismo, canchas de tenis, futbol y de usos múltiples, todo con las especificaciones determinadas por su naturaleza, solo por mencionar algo; ese mismo día se anunció el arranque de la segunda etapa para ese mismo año.

4. En noviembre de 2013 se concluye la segunda etapa, con una inversión de 124.8 millones de pesos, misma que consistió en la construcción del centro acuático con albercas olímpica techada, semiolímpica, de relajación y de control y nado contra corriente, así como la obra exterior.

Sin embargo, las instalaciones deportivas del Centro Paralímpico Nacional de vanguardia y adaptadas para los deportistas con alguna discapacidad, no han podido ser destinadas a su objetivo.

5. En enero de 2014, la Conade, derivado de una visita de revisión al Centro, presentó un estimado del costo de operación y mantenimiento del Centro, cantidad que asciende a 1 millón 174 mil 800 pesos mensuales.

Así, la construcción de la primera etapa estaba concluida, la vigencia del contrato celebrado con la Conade se había terminado, el municipio de Irapuato no tenía derechos reales sobre el inmueble ni las instalaciones, sino únicamente el uso y goce temporal del mismo durante la vigencia del convenio.

Frente a lo anterior, el nuevo Ayuntamiento 2012- 2015 inició las gestiones ante la Conade para realizar la entrega de la obras concluidas, cosa que a la fecha no ha sucedido.

Se dieron diversas comunicaciones atendiendo a las formalidades que el caso ameritaba, cuya evidencia documental cuenta desde el acta de la sesión de Ayuntamiento donde se tomaron acuerdos para dar cauce a la búsqueda de soluciones, hasta la minuta levantada con motivo de la reunión celebrada con el entonces Director General de Conade, Jesús Mena Campos.

En dicha visita a las instalaciones en la Conade, los integrantes del Ayuntamiento, conforme al acuerdo tomado por el ayuntamiento, urgieron a dicha dependencia federal a recibir el inmueble con las obras terminadas a fin de que diera el cuidado, vigilancia, mantenimiento y operación de tales instalaciones, sugiriendo la promoción de eventos deportivos para los que fueron construidas, y así evitar su deterioro.

Han pasado más de 3 años desde que se concluyó la primera etapa y dos años de la segunda etapa, sin que haya habido acción o solución alguna por parte del organismo federal encargado del proyecto, a pesar de las diversas comunicaciones, solicitudes, e incluso, acuerdos tomados en conjunto.

Reitero, de dichas gestiones no se ha recibido una respuesta, por parte de la Conade, que de cauce, por lo menos, al proceso de entrega recepción de las obras terminadas correspondientes a la primera y segunda etapas del “Centro Paralímpico”.

Ante la magnitud de la inversión destinada para la construcción del “Centro Paralímpico Nacional”, el Ayuntamiento 2012-2015 realizó diversas gestiones ante la Comisión Nacional del Deporte con el objeto de buscar un nuevo acuerdo para convenir y actualizar las obligaciones tanto de la Conade como del Municipio de Irapuato, pero especialmente para que la Conade reciba las etapas terminadas.

Incluso, luego del nombramiento del nuevo Director General de Conade, Alfredo Castillo Cervantes, en abril pasado, el Municipio de Irapuato, envió una comunicación al nuevo Director, para informar de la situación que guarda el inmueble en cuestión, y a pesar de la voluntad de buscar solución conjuntamente con el estado y el municipio, a la fecha no se tiene una solución.

No está de más señalar que dentro de las atribuciones de la Conade se establecen las de promover la construcción, conservación, uso y mejoramiento de las instalaciones destinadas a la cultura física y el deporte; así como coordinarse entre otros, con los municipios para promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, tal como se desprende la Ley General de Cultura Física y Deporte, atribuciones que solicitamos respetuosamente, se ejerzan de manera completa en beneficio de los mexicanos.

Todo lo anteriormente expresado, ha traído como consecuencia el deterioro natural y provocado que en cinco ocasiones, se hayan dado robos a dichas instalaciones; esto en virtud de que el Municipio de Irapuato no cuenta con las facultades legales, ni capacidad administrativa y financiera, para hacerse cargo del Centro, resultando absurdo pretender que así lo hiciera.

La situación actual sobre las instalaciones del “Centro Paralímpico Nacional” es de incertidumbre. No se ha dado un aprovechamiento de las instalaciones, creando un elefante blanco. Se ha vuelto un reclamo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno urgiendo a la solución de ese asunto.

Hay que señalar que, con el nuevo Director de la Conade a principios de este año se notó un cambio de actitud y la voluntad de resolver el tema, y el estado de Guanajuato por conducto del director de la Comisión del Deporte hasta este año aceptó la posibilidad de administrar el inmueble siempre y cuando se le asigne el recurso; de igual manera, con el cambio de administración municipal el nuevo alcalde de Irapuato, ha planteado a la ciudadanía su voluntad de resolver el tema.

Punto a considerar, es que la ciudadanía demanda que se utilice el “Centro Paralímpico Nacional”, es necesario que de inmediato se dé cauce real a los objetivos iniciales del centro o los que de acuerdo a la realidad actual acuerde la Conade.

En virtud de lo anterior, resulta imperante que las instalaciones deportivas de vanguardia y adaptadas para los deportistas con discapacidad, no sigan en el estado de abandono y deterioro en el que se encuentran, considerando, además, que se trata de una inversión de más de trecientos millones de pesos de los mexicanos.

Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a realizar las acciones que resulten necesarias para que la Conade, en el ámbito de sus atribuciones legales reciba de inmediato el Centro Nacional Paralímpico ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a resolver de manera definitiva sobre el cuidado, administración y operación del Centro Nacional Paralímpico, en el entendido de que para hacer rentables dichas acciones, se pueda ampliar el uso de las instalaciones que alberga dicho centro, y no sea limitativo al deporte adaptado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Lorena del Carmen Alfaro García

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a reforzar las campañas preventivas y de información sobre salud sexual y reproductiva para niñas y adolescentes en las jurisdicciones sanitarias del país, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Jesús Salvador Valencia Guzmán, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El tema de prevención del embarazo no planificado en adolescentes forma parte de distintos instrumentos jurídicos internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo.

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en uno de sus ejes prioritarios el mejoramiento de la salud, la promoción, la prevención de las enfermedades y la protección de la salud, con perspectiva de género, apegado a criterios éticos y respondiendo al mosaico multicultural que caracteriza al país. “Una política pública exitosa de prevención, protección y promoción debe incorporar no sólo acciones propias de salud pública, sino también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en términos de su responsabilidad respecto a comportamientos sexuales”, entre otras.

3. En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se desarrollan las estrategias y líneas de acción a través de las cuales se busca incrementar el acceso a la salud sexual y reproductiva con especial énfasis en adolescentes y poblaciones vulnerables, además establece la necesidad de coordinar con el sector educativo del nivel básico y medio superior una educación integral de la sexualidad así como promover la salud sexual y reproductiva responsable

4. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea) abunda a profundidad la problemática social que representa el embarazo en adolescentes y señala que se ha convertido en un problema poblacional que amplía las brechas sociales y de género; con esta estrategia, se busca disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y, para 2018, lograr cifras de 63.1 por cada mil chicas de 15 a 19.

Con base en dicha Estrategia, la Secretaria de Salud ejecuta programas de prevención del embarazo entre adolescentes mediante la distribución gratuita de métodos anticonceptivos en las diferentes jurisdicciones sanitarias del país.

5. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 50 establece que “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes;

...

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes;...

Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.

Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes”.

6. No obstante lo anterior, México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que representa un problema de bienestar sexual, reproductivo y violatorio de sus derechos.

Según datos del organismo internacional, México lidera el problema de embarazo en adolescentes de 12 a 19 años de edad. Al día se registran mil 252 partos cuyas madres están en este rango de edad.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 2012, 51.9 por ciento de las mujeres adolescentes entre 12-19 años que mantuvieron relaciones sexuales estuvieron alguna vez embarazadas.

Dicha Encuesta, manifestó también que 36.7 por ciento de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años no usó ningún anticonceptivo en su última relación sexual.

7. UNICEF establece que, en 2014, 1 de cada 6 nacimientos en México se dan en adolescentes entre 15-19 años de acuerdo a estimaciones y proyecciones de población 2010-2050 del Conapo (Consejo Nacional de Población).

De acuerdo con datos de la tasa de natalidad del Inegi, en Coahuila y Baja California Sur, se presenta el mayor número de embarazos en adolescentes: 55 de cada mil menores de 19 años tuvieron un hijo en 2013.

Lo anterior se potencializa toda vez que, de acuerdo a datos de la ONU, existen ciertas situaciones que hacen a las jóvenes más vulnerables a embarazarse, por ejemplo: las niñas que viven en hogares de menores ingresos, con niveles educativos bajos y habitan mayoritariamente en zonas rurales tienen mayores posibilidades de sufrir un embarazo toda vez que se presenta como único proyecto de vida para salir y mejorar su situación, lo cual no siempre es así, pues las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel de vida adecuado. Pierden su niñez, y deben asumir obligaciones de adultas. Adicionalmente, el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo se duplica si quedan embarazadas antes de los 15 años de edad.

Más aún, establece UNICEF que la desatención del reto que implica el embarazo en la adolescencia constituye una apuesta segura para perpetuar la pobreza y la desigualdad. Las adolescentes que se han embarazado a edades tempranas encuentran frecuentemente un menor acceso a oportunidades educativas y situaciones de deserción escolar, limitadas oportunidades laborales y/o de menores ingresos, la pobreza y la falta de posibilidades para poder construir y ver realizado su plan de vida.

Con base en lo anterior, se somete a consideración de ésta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud del gobierno federal a efecto de que en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, refuerce las campañas de prevención e información sobre salud sexual y reproductiva para niñas y adolescentes en todas y cada una de las diferentes jurisdicciones sanitarias del país, así como también en medios de comunicación masiva, electrónicos y tradicionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, ]a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a garantizar en el programa Paisano el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En la década de los ochenta, diversas organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y mexicano-americana residentes de los Estados Unidos, presentaron al gobierno de México la propuesta de crear mecanismos para controlar y eliminar los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos de diversas entidades del Gobierno del Distrito Federal, en contra de los connacionales en su ingreso al país.

Así, el 6 de abril de 1989 se expidió un Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país, desde entonces dichas acciones se conocen como “Programa Paisano”.

Hoy en día, el Programa Paisano opera de manera permanente, es decir, durante todo el año, sin embargo se realizan tres operativos especiales en los periodos de mayor afluencia de connacionales al país: Semana Santa, Verano e Invierno, esto con el fin de acrecentar los mecanismos que estimulen la calidad del servicio y reduzcan los abusos, además de establecer políticas, estrategias y acciones preventivas y de orientación para garantizar que el ingreso, tránsito y salida de los connacionales sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones.

Al respecto, este año la intensificación del programa se inició desde el día primero de noviembre y concluirá el 8 de enero del 2016, con una participación de 50 observadores de la sociedad civil quienes tienen la labor de informar respecto a los derechos y obligaciones de los visitantes.

Sin embargo y a pesar de todos los “esfuerzos” para lograr que los derechos de nuestros connacionales sean respetados en su llegada a México, a tan solo 10 días de que dio inició el programa “Paisano” durante la temporada invernal, se interpuso una queja ante el Instituto Nacional de Migración por presuntos malos tratos por parte de la Dirección de Tránsito de Villa Ahumada, en el estado de Chihuahua, donde un paisano manifestó que hubo maltrato por parte de las autoridades municipales de esa zona, así como que le hablaron muy fuerte y le quisieron quitar su licencia.

Lo anterior deja ver que a pesar de las promesas hechas por las autoridades responsables del Programa Paisano, los derechos humanos y la integridad de los migrantes mexicanos siguen siendo vulnerados por los servidores públicos quienes son los responsables de garantizarlos.

En este sentido, es necesario que los servidores públicos tengan una capacitación exhaustiva en materia de derechos humanos, y que al mismo tiempo sean conscientes de la labor que tienen en sus manos, pues deben desempeñar su cargo siempre rigiéndose por los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad y eficiencia.

Nuestro país se encuentra en vías de adquirir una verdadera cultura de respeto y protección de los derechos humanos, por lo que es exigible la formulación de instrumentos que favorezcan la promoción de dicha cultura, la cual se inició formalmente hace poco más de una década.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero . Esta Soberanía exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración se lleven a cabo las acciones pertinentes para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes mexicanos en el Programa Paisano.

Segundo. Esta soberanía exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República; a la Secretaría de la Defensa Nacional; a la Secretaría de la Función Pública; a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a la Secretaría de Desarrollo Social; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Secretaría de Salud; a la Secretaría de la Reforma Agraria; a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a la Secretaría de Marina; a la Secretaría de Relaciones Exteriores; a la Secretaría de Economía; a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Secretaría de Seguridad Pública; a la Secretaría de Turismo; a la Secretaría de Educación Pública; a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la Procuraduría Federal del Consumidor; a la Procuraduría Agraria y al Instituto Mexicano del Seguro Social, dependencias que colaboran en el Programa Paisano, para que lleven a cabo la capacitación en materia de Derechos Humanos a los servidores públicos que intervienen en dicho programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre del 2015.

Diputada Modesta Fuentes Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, Pemex y la Profeco a realizar una campaña extraordinaria de supervisión de peso y precio exacto, y sustitución de cilindros, tanques estacionarios y pipas distribuidoras de gas LP de uso doméstico y comercial en mal estado, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, y 2 fracción III y artículo 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Somete a consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

El gas LP es actualmente un elemento útil en la vida cotidiana de la sociedad mexicana, ya que su uso se encuentra en las labores del hogar, el transporte y el trabajo. Esta situación ha derivado en quitar importancia al mal estado en el que se encuentran los cilindros de gas LP, principalmente de 20 y 30 kilos, tanques estacionarios de uso comercial y pipas de distribución.

En cada edificio, casa o departamento existen varios cilindros que cuentan con una antigüedad de hasta veinte años, esto propicia que al no existir mantenimiento o sustitución de dichos cilindros por parte de la distribuidoras de gas, se conviertan en un peligro constante para las personas. Se ha observado que las supervisiones de rutina no son suficientes para atender y prevenir a la sociedad de una posible explosión.

  

Según cifras de las autoridades, en el país existen más de 24 millones de cilindros que se ofrecen al público, pero de ellos, se estima que el 40% no tienen las condiciones adecuadas para seguir en funcionamiento. Ante esto hay que agregar que un gran porcentaje de los cilindros de gas LP presentan: abolladuras, protuberancias, perforaciones, corrosión y fugas, de pipas y tanques estacionarios. Todo esto aunado a un peso inexacto en los tanques, y un abuso de las pipas distribuidoras en el cobro y el peso. 

Los efectos que puede ocasionar el mal estado de los cilindros son varios entre ellos, el más común, es cuando el gas licuado se fuga a la atmósfera; Este se vaporiza de inmediato, se mezcla con el aire y forma nubes inflamables y explosivas, que al exponerse a fuentes de combustión como: chispas, flamas o calor, producen un incendio o explosión y esto ocasiona alta inseguridad para los ciudadanos.

Desde el año 2011 a la fecha, las empresas distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (LP) en el país, han comenzado un programa de sustitución de cilindros portátiles, con una inversión superior a los 157 millones de pesos, sin embargo parece ser insuficiente, ya que las personas que consumen este producto han insistido en que las condiciones de sus cilindros y pipas de distribución, siguen estando en mal estado y son un factor de alto riesgo.

Es triste recordar la explosión de la pipa de gas, de doble remolque que ocurrió el día 7 de mayo del 2013 que dejo un saldo de más de 20 personas muertas y un centenar de lesionados, dañando casas y dejando daños materiales mayores, esto ocurrió en Xalostoc, Estado de México.

El mal estado y la falta de mantenimiento de un auto tanque distribuidor  de gas LP, de una empresa privada exploto en el momento en que abastecía al hospital infantil materno de Cuajimalpa, ocurrido el 29 de Enero y dejó un saldo de 5 muertos, entre ellos personal del heroico cuerpo de bomberos, y destruyo el 70% de este hospital.

Y el más reciente el  día 12 de noviembre del 2015 la volcadura de una pipa de gas, en  Tlalnepantla, estado de México, que exploto y se incendió dejando cuatro muertos y más de 50 personas lesionadas, así como daños materiales y ecológicos por el derrame que dejo en la zona de la volcadura.

Es importante también mencionar que México ocupa el primer lugar en consumo de Gas LP en el mundo. A nivel nacional se mantiene como el de mayor preferencia de los mexicanos, ya que 70 por ciento de los hogares lo utiliza para sus necesidades básicas. Si bien no existen cifras exactas del número de cilindros, tanques estacionarios y pipas que hay en el país, se estima que por lo menos el 50% de ellos requieren de una sustitución urgente e inmediata, y darles mantenimiento preventivo.

Es por ello que exhortamos a las autoridades competentes como la Secretaría de Energía, PEMEX y Profeco para que se haga una revisión exhaustiva e inmediata de los cilindros, tanques estacionarios y pipas que se encuentran en mal estado, esto con el fin de que se sustituyan aquellos que no pasen las pruebas de seguridad.

Realizando estas acciones, disminuirán los riesgos existentes en los hogares mexicanos y se proporcionara mayor seguridad a la población en general. Se exhorta además, hacer una revisión para que se respeten los precios oficiales y el peso exacto de los cilindros de gas y el llenado correcto de los tanques estacionarios, esto con el propósito de acabar con el abuso de las gaseras con el fin de no seguir afectando la economía de los consumidores mexicanos, brindándoles la prevención y protección civil.

En virtud de lo antes expuesto me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Energía, PEMEX y Profeco para realizar una campaña extraordinaria de la supervisión del peso, precio exacto y sustitución de cilindros, tanques estacionarios y pipas de distribución de Gas LP de uso doméstico y comercial que se encuentren en mal estado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de noviembre de 2015

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo a implantar por la Segob un grupo de trabajo interinstitucional para establecer medidas que contribuyan a disminuir accidentes en las zonas urbanas por donde cruzan vías férreas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto con los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

La presente proposición pretende atender de manera progresiva, integral e institucional las causas que originan los accidentes de los ferrocarriles en las zonas urbanas.

Para ello se propone que el Ejecutivo de la Unión instruya a las dependencias de su esfera, competentes en la materia que estamos exponiendo.

De acuerdo con Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes,1 la infraestructura ferroviaria está constituida por 26,727 km de vías, de las cuales 20,722 km forman parte de las troncales y ramales, en su mayoría concesionada, 4,450 km son vías secundarias y 1,555 km son particulares. El Sistema Ferroviario Nacional moviliza mayoritariamente productos industriales (48%), seguido de productos agrícolas (24%), minerales (14%) y petróleo y sus derivados (8%)

En 2012, comprendían el sistema ferroviario 26 mil 727 km, un 77.5 eran principales, el 16.6 secundarias y 5.8 de particulares. Un 66.6 eran concesionadas, es decir 17 mil 799 km. El 31.6 por ciento para Ferromex, a KCSM se le concesionó el 16 por ciento, a Ferrosur, el 7.3, a Chiapas-Mayab el 5.8, y otros concesionarios 5.9 por ciento.

El Programa sectorial señala que solamente el 12% del volumen de carga y menos del 0.01% de los pasajeros se mueve en ferrocarril.

En otro orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 36, fracción VII, prevé que:

“A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

VII. Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación.”

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU- es competente, para participar en el grupo de trabajo interinstitucional que se sugiere crear, ya que en su artículo 41, fracción I, incisos a) y c), le da competencia para intervenir en lo relacionado con el desarrollo urbano ordenado:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

La atribución concreta de planeación la SEDATU, la adquiere de la fracción X del artículo en comento:

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado.

La Ley de la Policía Federal, involucra a esta dependencia en el proyecto del grupo de trabajo que se sugiere en este instrumento parlamentario. El artículo 8 fracciones III, inciso a) y XXXV, prevé:

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas , los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

XXXV. Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación ;

La reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario del 26 de enero de 2015, creo la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para fungir como árbitro entre el Estado y los concesionarios y los permisionarios del servicio ferroviario.

Esta Agencia cuenta con la atribución de Emitir “recomendaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal competentes y a los concesionarios para que en el ámbito de sus facultades promuevan medidas de Seguridad Pública para la adecuada operación del servicio público ferroviario”

La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario prevé en su artículo 4: “Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, las denuncias o querellas formuladas por cualquier persona en relación con el servicio público de transporte ferroviario incluyendo sin limitar, el robo de las mercancías transportadas, la infraestructura férrea y sus componentes, así como del combustible de las locomotoras.

Asimismo, prevé el 59 que las infracciones a lo dispuesto en la ley, serán sancionadas por la Agencia de acuerdo con lo siguiente:

VI. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al o los responsables de doscientos a mil salarios mínimos; suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.

En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de quinientos a dos mil salarios mínimos;

Finalmente, la Secretaría de Gobernación, en razón del artículo 27, fracción X es la dependencia encargada de favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social

X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;

Por lo que podemos afirmar que con la coordinación de la Secretaría de Gobernación, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la Policía Federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se integrará un grupo de trabajo que cuentan con las atribuciones necesarias para que, en coordinación con las entidades federativas y municipios y los representantes de las organizaciones de permisionarios y concesionarios ferroviarios, puedan construir medidas que contribuyan a la disminución de accidentes en las zonas urbanas por las que cruzan vías férreas.

Ya se ha expuesto en anteriores instrumentos legislativos propuesto los últimos casos en los que se ha involucrado el ferrocarril con accidentes en centros urbanos:

• 1 de octubre de 2015, en Zacatecas2 un tren carguero descarriló en plena zona urbana dejando un saldo de cinco personas lesionadas y cuatro vehículos dañados.

• 25 de septiembre de 2015 en la zona urbana de San Ramón en Nogales, Sonora. Una falla en las líneas ferroviarias provocó que al menos 15 vagones que transportaban vehículos descarrilaran.

• 25 de septiembre de 2015. En un centro urbano de Saltillo una locomotora arrastró un autobús del transporte público; el saldo preliminar es de nueve lesionados.

• 29 de agosto de 2015. Descarrilan cuatro vagones de un tren de carga en la zona urbana de Aguascalientes.

• 28 de agosto de 2015. Descarrila tren e impacta varias casas en Nuevo León.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que se somete a la consideración del Pleno Camaral, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, por medio del secretario de Gobernación, implemente un grupo de trabajo interinstitucional que establezca medidas que contribuyan a la disminución de accidentes en las zonas urbanas por las que cruzan vías férreas.

Notas

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/banners/Programa_Sectorial_de_Comunicac iones_y_Transportes.pdf

2 http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1510/descarrila-tren-carg uero-zacatecas/

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para revisar y analizar la legislación y política en materia de atención de la niñez y la adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, doctora Patricia Elena Aceves Pastrana, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1; y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En el año de 1980, el personal del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, impulsó la atención integral a niños que presentaban algún trastorno de tipo autista, que dificulta en diversos grados el desarrollo normal del niño, obstaculiza su aprendizaje y altera la vida familiar1 .

Segunda. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del espectro autista (autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger) abarcan diversos problemas del desarrollo caracterizados por el deterioro de funciones relacionadas con la maduración del sistema nervioso central. En todos estos casos, coinciden en distinta medida, una alteración de la capacidad de interacción socio-comunicativa y un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo2 .

Tercera. La desinformación sobre este trastorno, así como la estigmatización, la discriminación y la falta de servicios de salud para detectarlo oportunamente, abonan al abandono que sufre la población con autismo. La dificultad para realizar el diagnóstico y tratamiento oportunos, se vincula con la multiplicidad de las causas que provocan el autismo, algunas de ellas relacionadas con alteraciones neurobiológicas y factores genéticos que se inician en diversas etapas de la infancia. Incluso, en los casos en los que existe un diagnóstico pertinente, el alto costo de su tratamiento, aunado al hecho de que más del 65 por ciento de la personas con autismo presentan limitaciones importantes, que requieren tratamiento de por vida, puede representar un obstáculo para su atención por parte de las familias. A este respecto, conviene destacar que los esfuerzos que realizan algunas instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil, aunque importantes, no logran cubrir la demanda de servicios.

Cuarta. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las personas que padecen este tipo de trastornos sufren discriminación que inicia en el ámbito escolar y continúa en el laboral. En lo que respecta al ámbito escolar, la discriminación se hace patente al no existir esquemas que permitan la inclusión de esa población en el sistema educativo regular. En este contexto, se estima que, apenas una población escolar de 4 mil 777 alumnos con autismo fueron registrados en 2013 en el sistema de educación pública en planteles de educación inicial, primaria y secundaria, lo que implica que un porcentaje importante de esta población no ejerce su derecho a una educación proporcionada por el Estado. Mientras que en el ámbito laboral, esta discriminación se vuelve visible en el 80 por ciento de las personas autistas que se encuentran desempleadas.

Quinta. En 2008, la Cámara de Diputados informó que cada 17 minutos nacía un niño con autismo en el mundo y que la incidencia de este trastorno se incrementaba 17 por ciento cada año3 . Por su parte, en México se estima que existen alrededor de 45 mil niños con autismo –y un número no definido de adultos– y cada año se diagnostican, al menos, 6 mil casos adicionales4 .

Sexta. Más aún, la Clínica Mexicana de Autismo (Clima) calcula que existe un niño autista por cada 150 nacimientos, lo que indica que el problema es más frecuente que el cáncer infantil, la diabetes y el sida5 . No obstante, como su afección no constituye una causa de muerte, y a pesar de su significativa prevalencia, México, a diferencia de otros países, carece de una política y programa nacional de salud mental dirigido a la infancia y adolescencia con este trastorno. Hasta el momento, entre las principales iniciativas realizadas se encuentran: la promulgación en el presente año, de la Ley General para la Atención y Protección a personas con la Condición del Espectro Autista; así como la inclusión desde 2012, de los Trastornos Generalizados del Desarrollo dentro del Catálogo de Servicios de Salud, por ser considerados intervenciones de primer nivel seleccionadas por motivos epidemiológicos. No obstante lo anterior, el acceso a servicios integrados de inicio temprano y de largo plazo, no constituye una realidad para miles de familias empobrecidas y estigmatizadas que llevan a cuestas la dura tarea de atender a los infantes con esta discapacidad. Esta situación atenta contra los derechos humanos de la población con trastornos del desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la comisión especial para la revisión y análisis de la legislación y política en materia de atención a la niñez y adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo.

Segundo. El objetivo de la comisión creada será emprender una revisión comparada de la legislación y las políticas públicas, a nivel mundial y nacional, dirigidas a la atención y tratamiento de las niñas, niños y adolescentes con padecimientos relacionados con los trastornos generales del desarrollo, a fin de generar las propuestas legislativas y de política pública para hacer una realidad la atención oportuna, adecuada y gratuita de esta población.

Tercero. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. La comisión especial deberá presentar semestralmente, un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, o bien, ante la Comisión Permanente del Congreso.

Quinto. La Comisión Especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2018, o en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediera antes.

Notas

1 http://www.autismex.iap.org.mx/

2 http://www.sinembargo.mx/02-04-2015/1300268

3 http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2933186.htm

4 La inclusión de niños y niñas con trastorno del espectro autista en las escuelas en la Ciudad de México, página 10. En http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_19I-La_inclusion_de_NN_con_tran storno.pdf

5 http://diariolavozdelsureste.com/chiapas/2014/02/autismo-en-mexico-una- epidemia/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Guerrero, la Sedena, Semar y la CNS a implantar medidas para que en los hospitales militares y navales de la entidad se admita a heridos por arma de fuego, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Marbella Toledo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todas las personas, el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos es la causa principal de los actos de barbarie que lesionan a cada país, Estado, comunidad o pueblo.

El derecho a la vida es un derecho universal y constituye –junto con la libertad– la base sustantiva de los derechos humanos y dado el carácter transversal que tienen estos derechos, así como a su entretejido natural con otros, el derecho a la vida no puede ser separado del derecho a la salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, todos los gobiernos deben crear las condiciones políticas, económicas y sociales que permitan a todas las personas vivir en un estado de derecho óptimo, en particular en lo que respecta a las condiciones de salud.

Dichas condiciones deben incluir la disponibilidad garantizada de los servicios de salud que sean accesibles para todas las personas, pero también que las condiciones de trabajo sean saludables y seguras, por lo que se vuelve relevante vigilar que todos los centros de trabajo –tanto públicos como privados–, cuenten con la infraestructura necesaria para el buen desempeño de sus labores, así como con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar que la integridad de los trabajadores de la salud no esté en riesgo.

Los centros de trabajo que deben observar y cumplir con las condiciones que ha establecido la OMS so los consultorios médicos, dispensarios, centros de salud, pero sobre todo los hospitales, que independientemente del nivel que ocupen de acuerdo a la cantidad de las especialidades médicas con las que cuente, siempre tendrán un servicio de urgencias dedicado a atender de manera inmediata los diversos problemas de salud que ponen en peligro la vida de as personas.

En Guerrero, mi estado, la seguridad es un tema que preocupa, afecta y lastima a todas y todos, porque quienes vivimos en Guerrero, ya sea por los medios informativos, por experiencia indirecta o directa, palpamos el cáncer que ha hecho metástasis en la seguridad, ha generado que las personas realicemos nuestras actividades diarias, sean laborales, académicas o de esparcimiento, en un clima de zozobra e incertidumbre. No es exagerado decirlo: en Guerrero el tejido social se ha resquebrajado.

En los hospitales, el personal médico, administrativo, así como los propios pacientes, han estado en peligro de perder la vida debido a una situación particular que se ha presentado cada vez con mayor frecuencia como consecuencia de la falta de seguridad, debido a que el número de personas presuntamente vinculadas a grupos del crimen organizado, heridas en enfrentamientos son llevadas a las salas de urgencia, en donde después de ser atendidos, han sido asesinados en las instalaciones, o sustraídos por personas armadas que actúan con violencia.

El caso más grave sucedió hace unos días, la noche del sábado 7 de noviembre del presente año, en el hospital general “Raymundo Abarca Alarcón” situado en Chilpancingo, Guerrero, nosocomio al que fueron trasladadas algunas personas heridas por arma de fuego y minutos después arribaron a dicho lugar varias personas armadas e hicieron disparos en las instalaciones del hospital, lo que puso en peligro la vida de todas las personas que en ese momento se encontraban ahí.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la vida, es también el derecho a no ser asesinado. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, cuentan con instalaciones y hospitales que por su propia naturaleza son de alta seguridad, por contar con estrictos protocolos de acceso, cuando en el mismo se llega a permitir a particulares, existe personal entrenado para dar respuesta inmediata a situaciones de riesgo y equipo táctico para ello.

Por lo expuesto y a fin de salvaguardar la integridad y vida del personal médico, administrativo, pacientes y familiares que acuden a los hospitales de cualquier nivel de Guerrero, me permito someter al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a que gire instrucciones para que, con la debida coordinación y prontitud, las Secretarías de su gobierno realicen las gestiones necesarias para que en el estado de Guerrero, todas aquellas personas que se encuentren heridas por arma de fuego y que presumiblemente pertenezcan o tengan vínculos con algún grupo delincuencial, sean trasladadas para su atención médica a hospitales militares o navales, y en aquellos casos que por la gravedad de las lesiones ameriten ser trasladados al hospital más cercano para su atención de urgencia, se establezca la seguridad permanente por parte de las autoridades militares y civiles, hasta que ese paciente se encuentre estable y pueda ser trasladado a un hospital militar o naval, a fin de preservar sus vidas y las de quienes laboran o se encuentran en los hospitales de carácter civil.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al general Salvador Cienfuegos Zapata, secretario de la Defensa Nacional; al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina; y al C. Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad; para que en el ámbito de sus responsabilidades brinden todas las facilidades necesarias a fin de que permitan que en los hospitales militares o navales del estado de Guerrero puedan ser admitidas aquellas personas que se encuentren heridas por arma de fuego y que presumiblemente pertenezcan o tengan vínculos con algún grupo delincuencial; o que brinden seguridad permanente a los hospitales a donde se ingrese a personas que bajo la misma presunción, hayan sido llevadas al hospital civil más cercano al lugar de los hechos para ser atendidas de urgencia por la gravedad de sus lesiones, para que posteriormente sean trasladadas a hospitales militares o navales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de diciembre de 2015.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a las instituciones del sector salud de los gobiernos federal y locales que exhorten a los concesionarios del transporte público de pasajeros a fijar una tarifa preferencial para enfermos oncológicos, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado David Mercado Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIII, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las instituciones del sector salud del gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas se exhorte a los concesionarios del transporte público para pasajeros, se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos, del cincuenta por ciento (50 por ciento) de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen, en las modalidades de colectivo urbano, conurbado o metropolitano, suburbano, mixto o foráneo (interurbano, intermunicipal o nacional), bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala como objetivo asegurar los servicios de salud, con una estrategia de avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Una de las líneas de acción es el garantizar el acceso y la calidad a los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición laboral. El acceso a los servicios de salud de la población, no obstante que el artículo 4 de la Constitución General de la República, establece el derecho de toda persona a la protección de la salud y su inclusión en el Sistema Nacional de Salud, todavía nos encontramos en un rezago considerable, más aun que el indicador del 2014 del Coneval en relación a la pobreza, registra un índice relacionado con la carencia de seguridad social, a casi el 60 por ciento de la población en esa condición y el 18 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud. Quizá por ello, el gasto en salud de las familias es de los más altos del mundo, así por ejemplo, el gasto en salud como porcentaje del PIB en México aumentó de 5.1 a 6.4 por ciento del 2000 a la fecha. Aun así, continúa por debajo del promedio de América Latina que es de 6.9 por ciento. Y si se considera el gasto per cápita en salud, la diferencia es aún más significativa. El promedio de este gasto en los miembros de la OCDE es 3,233 dólares por habitante, mientras que en México es de menos de una tercera parte. Y la situación es más delicada si consideramos que casi la mitad sigue siendo gasto de bolsillo.

El mismo Plan Nacional de Desarrollo señala que hay situaciones que atentan contra la salud como la pobreza, y los estilos de vida poco saludables y de riesgo. Entre los que menciona son la falta de actividad física, la nutrición inadecuada, consumo de tabaco, consumo de alcohol y drogas ilícitas, como principales factores que explican la alta incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y los tumores malignos.

En México el cáncer es un problema de salud pública , es la tercera causa de muerte en nuestro país. La epidemiología, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y disminución de esta enfermedad, es un problema de salud de dimensiones complejas que entra en lo que se denomina gasto catastrófico de las familias, en la terminología del Seguro Popular. Acorde con datos aportados por el Instituto Nacional de Cancerología en nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 120 000 nuevos casos de todos los tipos de cáncer y aproximadamente 80 000 personas mueren cada año en México a consecuencia del padecimiento.

El cáncer comprende 200 tipos diferentes de tumores malignos, originados en los diferentes tejidos del organismo. Los más predominantes son el cáncer de mama, de cérvix uterino, de próstata, linfomas, de colon, de estómago, de los tejidos blandos, del ovario, cáncer de pulmón, de entre los más frecuentes. Se calcula que alrededor del 70 por ciento se presenta en mujeres y el 30 por ciento en hombres.

El costo económico que enfrentan los pacientes oncológicos, es considerable y en constante incremento. El aumento de la población y la transformación de la pirámide poblacional en nuestro país hacen del cáncer una enfermedad en crecimiento constante.1 En México no tenemos aún un estudio económico oficial en el cual se defina cuál es el gasto total que enfrenta un paciente con cáncer; sin embargo, estudios realizados en diversos países, entre ellos, Holanda, Suecia y Estados Unidos han señalado que el costo de un cáncer va de 5 a 6 por ciento del presupuesto derivado del sector salud para el tratamiento y manejo de todos los cánceres.2 Los costos se pueden analizar entre costos directos e indirectos.

Los directos son aquellos caracterizados por los bienes y servicios otorgados por el sistema de salud de manera directa, o bien, gastos que pudieron haber sido desviados o utilizados por otro paciente de manera mediata o inmediata. Los costos indirectos son aquellos derivados de la enfermedad del paciente a través de horas-hombre perdidas, disminución de la productividad o carga para la sociedad por morbilidad o muerte. Evidentemente, los costos indirectos son más difíciles de cuantificar, pues éstos no son obtenidos de manera inmediata y, no obstante, en ocasiones son mucho más altos que los costos directos. 3

Para efectos de cuantificar los costos indirectos se conocen dos métodos. El primero es conocido como el método descriptivo del capital humano, que hace una valoración del gasto que implica dejar de percibir dinero, ya sea por morbilidad o mortalidad, y el segundo es denominado el método de aceptación de pago, éste último evalúa el costo que está dispuesto a pagar un paciente con cáncer en aras de evitar la enfermedad, o bien, para afrontarla. Cabe señalar que ambos métodos han sido fuertemente criticados puesto que en el análisis que se realiza se tiende a discriminar a aquellos pacientes que económicamente son improductivos.4

Y, es justamente la ausencia de un estudio oficial del costo económico total de este tipo de padecimientos en nuestro país lo que nos lleva a proponer un planteamiento que pueda disminuir la dificultad económica de los pacientes con cáncer y sus familias.

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los enfermos oncológicos que están recibiendo tratamiento es el desplazamiento en transporte público, éste supone un importante gasto económico, que se une al esfuerzo que se requiere para poder permanecer en el vehículo, trasladarse a los puntos de recogida del transporte o mantener la espera, cuando la capacidad física se ha mermado o se encuentra bajo los efectos secundarios de los tratamientos.

Esta situación puede llegar a ser aún más difícil para los pacientes cuando se combinan con cualquier otro tipo de gasto ordinario como es el pago de un alquiler, hipoteca o aquellos derivados de la convivencia con hijos o adultos mayores a cargo. Además, si el paciente reside en algún punto alejado de la Ciudad de México, habría que considerar también el gasto ocasionado por el desplazamiento en transporte hasta este punto.

Además del importante costo económico que ya se ha señalado, hay que unir otros condicionantes que se derivan de la propia enfermedad (una posible merma de las facultades o la necesidad de reposo y descanso aumentada) y de los efectos secundarios de los tratamientos.

Cabe destacar la incomodidad de viajar en un transporte público, en el que, el resto de pasajeros no entiende la situación física y emocional del enfermo oncológico. Además, los posibles efectos secundarios derivados del tratamiento como las náuseas, los mareos o los vómitos pueden hacerle experimentar un alto nivel de malestar, en unas condiciones en las que no se le puede facilitar una respuesta por parte del transporte que le ayude a aliviarle.

Debemos tener presente que un enfermo con cáncer no requiere únicamente medicamentos, todo su entorno cambia, toda la familia debe cambiar. La necesidad de acudir acompañado cuando se hace uso del transporte público no es inusual, por los motivos que ya se han mencionado relacionados con su estado físico, por lo que el costo se duplica y se produce un cambio en las actividades diarias de los miembros de la familia o del entorno cercano que puede afectar sus obligaciones laborales o familiares.

A las necesidades derivadas de la propia enfermedad se han sumado aquellas relacionadas con los efectos de la coyuntura económica del país. Por ello, estamos convencidos de que este punto de acuerdo podrá representar una ayuda importante en la esfera económica de los enfermos con cáncer y sus familias.

Así, considerando que es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho universal a la salud y el alto impacto que ocasiona a la economía de enfermos con cáncer y la difícil situación por la que atraviesa el país, es necesario mantener un equilibrio razonable, proporcional y equitativo entre los factores de la producción en el servicio del transporte y sus usuarios en condiciones de vulnerabilidad, de donde se concluye que es justificado una disminución en las tarifas de transporte público para los enfermos oncológicos.

En atención a lo anterior el suscrito pone a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Instituciones del sector salud del gobierno federal y a los gobiernos de las entidades de la república para que en uso de las atribuciones que la ley les confiere, se exhorte a los concesionarios del transporte público para pasajero, se otorgue el beneficio de una tarifa preferencial a todos los enfermos oncológicos del cincuenta por ciento (50 por ciento) de descuento de la tarifa regular en los servicios de transporte público y comercial que utilicen en las modalidades de Colectivo Urbano, Conurbado o Metropolitano, Suburbano, Mixto o Foráneo (Interurbano, Intermunicipal o Nacional), siempre y cuando demuestren su condición de salud con la acreditación debida del Centro de Salud correspondiente. Asimismo, se prohíbe recargo alguno en la tarifa de transporte por concepto del acarreo de sillas de ruedas, andaderas, equipo médico, animales adiestrados u otras ayudas técnicas que precisen los pacientes enfermos con cáncer.

Notas

1 Juan Carlos Márquez Heine, Lenin Rojas Buendía, Nancy Ávila Arroyo, Carlos Pacheco Gahbler, Francisco Calderón Ferro. El costo del cáncer de próstata. ¿Qué esperamos? Revista Mexicana de Urología Volumen 65, Número 5. Septiembre-octubre de 2005

Website http://www.medigraphic.com/pdfs/uro/ur-2005/ur055d.pdf

Disponible el 16 de noviembre de 2015.

2 Moore R, Mao Y, Zang J, Clarke K. Economic burden of illness in Canada , 1993. Ottawa: Health Canada; 1997.

3 Obrien B, Viramontes JL. Willingness to pay: A valued and reliable measure of health state preference . Med Decis Making 1994; 14: 289-97.

4 Resource intensity weights: Summary of methodology , 1996-97. Ottawa: Canadian Institute for Health Information; 1996.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado David Mercado Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las irregularidades de la empresa OHL México para justificar su sistema de contabilidad, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El 14 de mayo la CNBV informó que con fundamento en el artículo 359 de la Ley del Mercado de Valores, en ejercicio de sus facultades y de acuerdo con sus labores de supervisión continua de las emisoras, llevó a cabo una visita en OHL México (Ohlmex), para verificar el cumplimiento de la mencionada Ley y las disposiciones aplicables con el propósito de proteger los intereses de los inversionistas y del mercado en general. En particular, se buscó analizar y revisar que la divulgación de la información de esa emisora cumpliera con los requisitos establecidos para las emisoras. En esa ocasión anunció que publicaría los resultados de la revisión y las eventuales sanciones, en caso de que se detectaran infracciones, a más tardar el día 15 del mes siguiente al que se notifiquen.

En línea con lo anterior, el 26 de octubre pasado, la CNBV informó de la conclusión de la investigación. La dependencia dio a conocer que había emplazado a Ohlmex, a Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI) y a Concesionaria Mexiquense (Conmex), filiales de la primera, y a diversos funcionarios de esas empresas, por presuntas infracciones a la Ley del Mercado de Valores y a disposiciones de carácter general. La CNBV dio a conocer que las personas físicas y morales relacionadas con la investigación disponían de 10 días hábiles, prorrogables por única vez 10 días hábiles más, para argumentar y aclarar las decisiones que según la dependencia podrían ser consideradas violatorias de la ley.

Previamente, el 25 de octubre, OHL México había informado a los inversionistas que daría respuesta a las observaciones de la CNBV, rechazando los señalamientos en el sentido de que no aplicaba correctamente lo establecido en las normas internacionales en lo relativo a la rentabilidad garantizada; también rechazó que no informara adecuadamente sobre el flujo de tráfico en las concesiones que tienen asignadas, o el señalamiento de que no disponían de información para comprobar algunos gastos, además, negó no haber realizado los procesos que se debieron realizar para aprobar operaciones con partes relacionadas, como lo tienen establecido.

Hasta ahora OHL no ha demostrado que cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, la consultora Ernst & Young realizó una investigación para detectar irregularidad en las prácticas de la empresa y sus relaciones con el gobierno del Estado de México, señalando que avalaba las acciones de OHL México; sin embargo la consultora reconoció que no había considerado el tema de los audios filtrados, incluyendo el aumento tarifario del Viaducto Bicentenario en 2014.1

Por cierto, en relación con ese aumento que generó mucha inconformidad, algunas versiones periodísticas atribuyeron al Gobernador Eruviel Ávila haber anunciado la cancelación del ajuste de tarifas en el segundo piso. Sin embargo, no fue posible confirmar esas medidas que, en los compromisos para platicar con los ciudadanos, en el marco de su cuarto informe de gobierno, el gobernador Eruviel no ha querido ni mencionar, ni ha dado a conocer los resultados de las auditorías que supuestamente encargó a PwC y otro a KPMG, con la posibilidad de una investigación judicial y policial.

Por esa razón, Sergio Hidalgo, Director General de OHL México al dar a conocer sus resultados del primer semestre de 2015 informó “en la primera mitad del año reportamos resultados satisfactorios en todas nuestras concesiones. Los fundamentales de la compañía son sólidos lo que nos permitió registrar aumentos en los ingresos por cuotas de peaje de 25% mientras que la Uafida2 por cuotas de peaje creció 42% durante el segundo trimestre”, dijo Sergio Hidalgo, Director General de OHL México.3

En esa ocasión, Hidalgo también dio a conocer la venta de 24.99% de su filial Comsa. “Por otra parte, en el trimestre se concretó la venta indirecta a IFM Global Infrastructure Fund del 24.99% del capital social de Concesionaria Mexiquense, SA de CV, a través de la venta de acciones representativas del capital social de su subsidiaria Organización de Proyectos de Infraestructura, SAPI de CV, mediante la cual se obtuvieron recursos por nueve mil millones de pesos. La obtención de estos recursos nos posiciona como un jugador relevante para participar en nuevos proyectos de infraestructura que se puedan presentar y al mismo tiempo nos da la liquidez necesaria para afrontar cualquier requerimiento de capital en el corto plazo”

Sin duda sus resultados con consecuencia de las relaciones establecidas en un condiciones de permisividad o complicidad. OHL México, filial de OHL de España, se caracteriza porque desde su llegada al país en 2003, estableció relaciones muy estrechas con el equipo que hoy ocupa la Presidencia de la República. Rápidamente se convirtió en uno de los principales operadores de concesiones en infraestructura de transporte en México, con siete concesiones de autopistas de peaje, cinco de las cuales se encuentran en operación y dos en etapa de preconstrucción. Ha sido tal su desarrollo, que en el informe de resultados al mes de septiembre de 2015, el corporativo español reconoció que sus negocios en México le aportaron 16.6% de sus ventas, apenas atrás de lo que aportan sus filiales en Estados Unidos y Canadá, con 22.3% y España, con 19.9%.4

Parte de ese “éxito” fue posible por su vinculación con empresarios como Valentín Diez Morodo, Jesús Reyes Heroles y Carlos Ruiz Sacristán que, se puede decir que desde sus distintos cargos en la iniciativa privada o el sector público han actuado como cabilderos de empresas foráneas y hasta mediados de 2015 formaron incluso parte de su consejo de administración.

OHL aprovechó el rezago propiciado por la actual política económica en las inversiones en servicios públicos, para quedarse con autopistas que atienden necesidades básicas de transporte en zonas urbanas con alto tráfico de vehículos en el Distrito Federal y los estados de México y Puebla, disponiendo de mercados cautivos en entidades con una gran importancia en la economía nacional. Además, OHL tiene una participación de 49% en la compañía concesionaria del Aeropuerto de Toluca y ha comenzado a licitar para operar plantas generadoras de electricidad e invertir en actividades petroleras. Y si bien es una emisora que cotiza en la Bolsa, eso no le ha impedido desarrollar una administración caracterizada por la opacidad, que en las condiciones de privilegio en las que ha operado, le ha permitido ofrecer importantes rendimientos a sus accionistas aquí y en su casa matriz.

No obstante, debido a los escándalos en los que se ha visto envuelta la empresa, se ha observado una fuerte caída en el precio de su acción, del registro de 31.7 pesos en diciembre de 2014, a 19.6 pesos por acción el 27 de noviembre de 2015. En parte por los efectos de las críticas a su administración en México y en parte por el comportamiento del corporativo, la acción de Obras con Huarte Lain (OHL) en la Bolsa de Madrid cayó de 24.8 euros el 23 de febrero de este año, a sólo 6.2020 euros el 24 de noviembre.5

De hecho, durante el mes de octubre, para obtener liquidez y argumentando la baja de precios de sus acciones, el corporativo que preside y controla Juan Miguel Villar Mir se vio obligado a emprender una ampliación de capital por 1,000 millones de euros, para recortar su deuda y financiar su crecimiento, registrando una sobredemanda de acciones colocando el total de 199,01 millones de nuevas acciones emitidas, con las que OHL triplica su actual capital social.6 Asimismo, vendió Torre Espacio al grupo filipino Emperador por un importe de 558 millones de euros.7

Tomando en cuenta lo anterior y la falta de respuesta de la emisora, urge que se den a conocer los detalles de la investigación que lleva a cabo la CNBV y las eventuales sanciones para la filial y los ejecutivos de la empresa española, porque está en riesgo el interés de los inversionistas en México y la capacidad de la empresa de cumplir los contratos que ha logrado con el gobierno de México.

Los resultados de esa investigación y las sanciones, no deben ser parte de una estrategia para legitimar sus operaciones en México. De hecho, la opacidad de OHL no se limita a irregularidades, por ejemplo, en el registro de la rentabilidad garantizada. Es necesario investigar los antecedentes y los diferentes audios que se conocen en los que parece confirmarse la existencia de una relación muy cercana de sus directivos con altos funcionarios del gobierno federal, incluyendo los directores de PEMEX y CFE, como la condición que explica y que les ha permitido tener un rápido crecimiento en mercados cautivos y actividades estratégicas.

Aunque lo han desmentido, hay versiones que involucran directamente a OHL con altos funcionarios, como Emilio Ricardo Lozoya Austin, actual Director General de Petróleos Mexicanos, quien no puede negar que fue funcionario de OHL, y Enrique Ochoa Reza, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, además de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Desafortunadamente, todo indica que los ingresos de OHL dependen de los acuerdos abusivos que la empresa ha establecido con los funcionarios gubernamentales los que, no obstante, de tan exagerados resultan insostenibles, como sucede con el caso de la “rentabilidad garantizada”.

Todo indica que esa es la razón por la cual OHL busca diversificar sus actividades a áreas como la electricidad. Además, como se desprende de los diferentes audios dados a conocer, parece que la empresa fue una de las beneficiarias del ingreso de Emilio Lozoya Austin, como Director General de Petróleos Mexicanos. Hasta antes de su nombramiento, OHL no había ganado licitación alguna con la entonces paraestatal. Fue hasta marzo de 2013, tres meses después de que Lozoya asumiera el cargo, cuando Pemex otorgó el primer contrato a OHL, por una cantidad de 1,016 millones de pesos. Sin duda, ahí hay un grave conflicto de interés.

En el mismo sentido, el 31 de marzo de 2015, un consorcio liderado por las españolas Sener y OHL, ganó una licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir la Central de Ciclo Combinado Empalme I, en el municipio de Empalme, Sonora, que utilizará gas natural como combustible, con capacidad de 770 megawatts, por 476.8 millones de dólares. Según CFE, el presupuesto originalmente estimado era de 738.2 mdd, por lo que la propuesta aceptada representa un ahorro de aproximadamente 35%, siempre y cuando el consorcio ganador respete su propuesta.8 La experiencia con esta empresa es que en el transcurso de la concesión modifica los términos y sus compromisos.

Y es que no se puede olvidar que la actividad de OHL se ha caracterizado por actuar con una gran permisividad, que le ha permitido realizar cobros excesivos y ocultar su información. Apenas el pasado 8 de septiembre se dio a conocer un audio acerca de una reunión en la que habrían participado Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT; Juan Miguel Villar Mir, presidente mundial de Grupo OHL; Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de OHL México, en la supuestamente OHL habría recibido el apoyo del titular del Ejecutivo para dirimir su diferendo con la empresa Infraiber, responsable de certificar el aforo vehicular en sus concesiones, que es la base del pago que debe hacer OHL al gobierno. Coincidentemente, un mes después, el Gobierno mexiquense canceló en definitiva el contrato a Infraiber.

De lo anterior se podría deducir que OHL buscó y logró que “con quien hablaron” les diera la razón en su objetivo de no permitir que su aforo, la medición de su peaje, fuera supervisado por Infraiber, aumentando las dudas acerca de su responsabilidad en la obtención de ganancias irregulares, reportando un aforo menor al real, ocultando los ingresos correspondientes, y por otra parte, bajo el supuesto de un aforo menor al programado, obtener un ingreso superior en el renglón de “otros ingresos de operación” bajo la cláusula de “rentabilidad garantizada”. La tensión ha llegado a tal extremo, que el abogado de Infraiber fue detenido ilegalmente, mediante el truco de sembrarle un arma.

Morena ha encontrado más de 25 contratos a favor de OHL, desde la administración de Peña como gobernador del Estado de México y ahora como Presidente de la República, los cuales suman más de 60 mil millones de pesos, sin contar los contratos otorgados por PEMEX, y en la mayoría de los casos es posible identificar irregularidades.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, haga pública la información recibida por OHL México para justificar su sistema de contabilidad y, en su caso, las sanciones que se impondrán a la empresa y sus ejecutivos, por no justificar esas irregularidades.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haga pública su evaluación del riesgo que representa invertir en OHL México, así como firmar contratos con la empresa, tomando en cuenta las irregularidades en su contabilidad y la vulnerable posición financiera en la que se encuentra su corporativo.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Estado de México haga públicos los resultados de las auditorías que la ciudadanía espera haya ordenado realizar al Viaducto Bicentenario.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública emita una advertencia de inhabilitación para contratar con OHL México, por las irregularidades registradas en las concesiones que administra en el país.

Notas

1 http://economia.elpais.com/economia/2015/05/20/actualidad/1432124529_70 4157.html

2 Uafida. Utilidad antes de ingresos netos financieros, impuestos, depreciación y amortización o Utilidad de operación más depreciación del ejercicio. Glosario Banorte.

3 Informe de OHL al primer semestre. “OHL México anuncia resultados del segundo trimestre 2015”. 22 de julio de 2015.

4 OHL. Resultado 9M15. 13 de noviembre de 2015.

5 http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0142 090317

6 http://economia.elpais.com/economia/2015/10/29/actualidad/1446150690_73 5500.html

7 http://economia.elpais.com/economia/2015/11/27/actualidad/1448641039_48 4149.html

8 Boletín de Prensa 31 de marzo de 2015, CFE-bp-22/vf, de la CFE.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Ssa a garantizar el abasto de medicamentos, y material de curación y quirúrgico en las instituciones de salud pública de Nayarit, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en la fracción I del artículo 6, y el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a efecto de se garantice el abasto de suficiente de medicamentos, material de curación y quirúrgico en las instituciones de salud pública en Nayarit.

Exposición de Motivos

El párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Así también el artículo 2o. de la Ley General de Salud señala que el derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades: La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, entre otras.

Con base en lo anterior se entiende que es obligación del Estado garantizar el derecho a la salud a la población y este derecho comprende que la prevención, la atención oportuna, así como la prolongación de la vida de los ciudadanos mexicanos.

En este sentido el acceso a la seguridad social a gozar de un buen estado de salud es un derecho básico. Una población sana, es una población productiva es por ello que la implementación de políticas públicas que cubran de manera eficaz este sector es fundamental.

En Nayarit existen aproximadamente 275 hospitales y centros de salud, pero hacen falta de médicos, especialistas, personal de enfermería, camas medicamentos e infraestructura hospitalaria, sobre todo en las zonas rurales.

Ante este el rezago medicamentos, materiales de curación y quirúrgicos; no es para nadie un secreto que los ciudadanos se ven obligados a adquirir el medicamento por cuenta propia, afectando su ingreso familiar, y tampoco no debemos olvidar que los ciudadanos que acuden a los instancias del salud sector público, son aquellos que no cuentan con recursos para pagar servicios médicos privados, por lo que es prioritario atenderlo; si bien es cierto contamos con la cobertura de hospitales la consecuencia obligatoria es dotarlos del medicamentos que garanticen el abasto suficiente.

Este rubro de manera particular es un fuerte reclamo de los habitantes de Nayarit, y de manera general en México todavía aún no se alcanza el nivel que se requiere para cumplir con un servicio integral en materia de salud, por lo que hay mucho trabajo por hacer.

El gobierno federal mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, no plantea la implantación de políticas públicas enfocadas a acabar el desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública.

Es por ello que desde esta tribuna hago un llamado al Ejecutivo federal y a la secretaria de Salud a fin de se realicen las acciones necesarias a fin de garantizar este derecho a los habitantes de Nayarit.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a fin de que realicen las acciones necesarias a efecto de que se garantice el abasto suficiente de medicamentos, material de curación y quirúrgico en las instituciones de salud pública del estado de Nayarit.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Moisés Guerra Mota (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar la cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Francisco Escobedo Villegas, perteneciente a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Con la visión del presidente Enrique Peña Nieto y debido al contexto de la crisis económica mundial y la volatilidad de los precios internacionales de los alimentos que inició en 2007-2008, y el aumento de la pobreza en 2008-2010. En ese entorno surge la Cruzada Nacional contra el Hambre, que busca atender a la población con mayor desventaja, con metas en el mediano y largo plazos.

En enero de 2013, el gobierno de la República presentó la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene como objetivo principal, garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 7.4 millones de mexicanos que en ese año vivían en condición de pobreza extrema, y contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la alimentación.

La focalización de la estrategia en esta población es una respuesta de política pública del gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, dadas sus condiciones de desventaja y mayor vulnerabilidad ante las condiciones económicas en que se encuentra este sector.

Conforme al decreto de creación de la cruzada los objetivos centrales son los siguientes: a) Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa; b) Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia; c) Aumentar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; d) Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios; e) Promover la participación comunitaria.

Cabe destacar que al crear la Cruzada Nacional contra el Hambre que involucra a 16 secretarías de estado, inicialmente en su primera etapa contemplaba 400 municipios del país, y el año pasado fueron seleccionados e integrados en una segunda etapa 612 municipios, en los cuales habita el 24.3 por ciento de la población objetivo. En su conjunto suman 1,012 municipios en los que habita el 76.0 por ciento de la población en pobreza extrema del país.

Razón por la cual nos congratulamos con el presidente de la República, consciente de que falta mucho por hacer, ha incorporado a más municipios a este gran esfuerzo, recordemos que desde el inicio de su administración y ante el panorama adverso que se avizoraba, decidió establecer este ambicioso proyecto.

De igual forma en el Plan Nacional de Desarrollo Social 2013-2018 se estableció que el desarrollo social debe ser prioridad de un México Incluyente, que propone enfocar la acción del Estado a garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

La estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como es sabido, ha sido exitosa, así lo señala el Coneval, los resultados están a la vista dados a conocer el 17 de agosto de 2015, muestran que la CNCH ha permitido mejorar drásticamente la condición de vida de las personas en pobreza extrema de alimentación, esto es, de los más pobres entre los pobres.

En materia alimentaria, los resultados de Coneval indican que 57.5 por ciento de las personas en condición de pobreza extrema alimentaria, han abatido la carencia de acceso a la alimentación.

El porcentaje de personas con carencia alimentaria pasó de 100 por ciento a 42.5 por ciento.

El porcentaje de personas en rezago educativo descendió de 32.7 por ciento a 26.6 por ciento.

El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud cayó de 32.9 por ciento a 9.2 por ciento.

El porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social disminuyó de 97.6 por ciento a 87 por ciento.

El porcentaje de personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda pasó de 56.7 por ciento a 38.4 por ciento.

El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda se redujo de 57 por ciento a 42.9 por ciento.

Por todo ello y con la visión de estado que el presidente ha demostrado es bueno ampliar la cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre a nivel nacional y se apliquen todos los programas que la integran, para el beneficio de mayor población, por lo que, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que se amplíe la cobertura de la estrategia de la cruzada nacional contra el hambre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Francisco Escobedo Villegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, la SFP y la PGR a investigar las denuncias presentadas por daño ambiental, conflicto de intereses, tráfico de influencias y fraude ocurrido como resultado de los contratos otorgados por Pemex para comprar etanol anhidro a Alcoholera Zapopan, SA de CV, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena

María Chávez García, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 9 de septiembre de 2014 el gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, anuncio que en octubre de ese año lanzaría la licitación para incorporar Etanol Anhidro a la gasolina Magna RP de Petróleos Mexicanos mediante una prueba piloto en terminales de almacenamiento de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz con una inversión de 829 millones de pesos y que se identificó la caña de azúcar como el cultivo preferente para la producción de etanol, ya que la industria está en mejores condiciones de generar excedente para el biocombustible.

Tras el lanzamiento de las convocatorias de licitaciones para adquirir Etanol Anhidro para ser mezclado con una proporción de 5.8 por ciento en gasolina Magna, el 19 de marzo de 2015 Petróleos Mexicanos informo sobre los fallos emitidos1 y que estos proceso que se llevará a cabo en las terminales de almacenamiento y reparto ubicadas en Ciudad Madero, Mante, San Luis Potosí, Ciudad Valles, Veracruz, Pajaritos, Perote y Xalapa, en atención a la solicitud de la Comisión Intersecretarial para el desarrollo de los Bioenergéticos, en el marco del programa Sectorial de Energía 2013-2018.

Los fallos de la licitación son los siguientes:

Perote: Alcoholera de Zapopan, SA de CV.

Xalapa: Soluciones de Ingeniería Naval, Marina y Terrestre, SA de CV.

Veracruz: Destiladora del Papaloapan, SA de CV/Fabricación de Alimentos Tenerife, SA de CV (propuesta conjunta)

San Luis Potosí, Ciudad Valles y Ciudad Mante: Bioenergéticos Mexicanos, SAPI de CV/Productores Bioenergéticos Mexicanos, SAPI de CV (propuesta conjunta)

Ciudad Madero: Desierta

Pajaritos: Desierta

Como resultado de esta licitación, Pemex adquirirá un monto mínimo de 8 mil millones de pesos y un monto máximo de hasta 11 mil 457 millones de pesos de Etanol Anhidro producido en México, con origen de biomasa de 100 por ciento del campo mexicano, mediante contratos a 10 años de vigencia, lo que permitirá adquirir hasta 123 millones de litros al año.

Segundo. Esta licitación esta empañada por las denuncias sobre tráfico de influencias y conflicto de intereses en contra del Salvador Romero Valencia, ya que durante su encargo como servidor público, al mismo tiempo participo en el proceso de licitación realizado por Petróleos Mexicanos para la compra Etanol Anhidro, lo que a la postre resulto que una empresa de su propiedad, Alcoholera de Zapopan, SA de CV, resultara “ganadora” de la licitación con un contrato por cantidad de 1,200 millones de pesos.

Hecho que por sí constituye un abierto conflicto de intereses y tráfico de influencias, además que levanta fundadas sospechas sobre el procedimiento de licitación y adjudicación de los contratos de Pemex para adquirir etanol anhidro.

Tercero. Más aún, este fallo favorable para la empresa Alcoholera de Zapopan, SA de CV, fue otorgado a pesar de que existe una demanda penal en su contra, interpuesta desde 8 de octubre de 2006, ante la delegación de la Procuraduría General de la República en Veracruz, sin que a la fecha exista ninguna persona que haya sido consignada por los delitos de daño ambiental, la contaminación de los mantos acuíferos y los que resulten.

Con esto no solo se ha permitido que los autores materiales e intelectuales de estos delitos actúen con total impunidad, sino que adicionalmente los habitantes de los municipios del centro del estado, hayan visto afectados sus cultivos, ganado y salud.

Representantes de los pobladores de las comunidades de Atoyac, Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Cotaxtla y Yanga han expresado ante las autoridades ministeriales federales y representantes del gobierno del Estado de Veracruz, que la empresa denominada Alcoholera Zapopan, SA de CV, genera alrededor de 70 pipas diarias de vinaza y la riegan en los campos locales como fertilizante; las cantidades son excesivas, lo que provoca que las lluvias arrastren los residuos al río Atoyac, cuyas aguas sirven para consumo doméstico, riego de cultivos y cría de animales a 150 comunidades.

Adicionalmente a las demandas interpuestas ante la Procuraduría General de la República los afectados han acudido a realizar sendas denuncias tanto ante la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (PROFEPA) y como ante la Comisión Nacional del Agua (CNA).

La alcoholera ha causado contaminación en los causes de canales y ríos desde Potrero Nuevo hasta Medellín y Boca del Río. Los quejosos describen que las aguas intoxicadas se pintaron de rojo oscuro, están olorosas, llenas de gusanos y de zancudos. Los peces flotaron muertos; se acabaron las mojarras, truchas, juiles, huevinas, langostinos, camarones y el agua se llenó de sanguijuelas.

Además, las aguas contaminadas mataron las mojarras criadas en estanques. Perras, cerdas, borregas y vacas malparieron sus crías. Hubo muertes de “toches”, como llaman a los armadillos en la región, gallinas, patos, guajolotes, vacas, cerdos, burros y perjudicó cultivos de frijol, tomate, chile, maíz, ajonjolí y limón.

Los afectados explican que el agua de los ríos se volvió inútil para bañarse y lavar ropa, obligándolos a buscar agua en manantiales, para algunas comunidades quedan retirados. Los que se bañaron con el agua de los causes les salieron ronchas y granos en la piel, a algunos se les cayeron uñas de los pies. Agregan que donde no hay agua potable, las madres tienen que bañar a sus bebés con agua de garrafón, un lujo en esos poblados.

Los habitantes de los municipios afectados por Alcoholera Zapopan en Veracruz, acusan al ex Diputado Federal de tráfico de influencias por utilizar sus relaciones políticas para que las autoridades no atiendan sus denuncias y obliguen a la empresa a cesar sus actividades contaminantes, y ahora también, para obtener contratos millonarios por el uso de información privilegiada.

La situación es tal que el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, ha intervenido desde octubre de 2013 a favor de los habitantes y ha hecho suya la demanda de los ejidatarios veracruzanos afectados por la Alcoholera Zapopan y ha emitido un documento denominado “Devastación Ambiental y Defensa Integral de la Cuenca del Río Atoyac en Veracruz”2 mediante un extenso documento.

En él se señala que “el origen la contaminación que ha generado Alcoholera Zapopan en Veracruz tiene que ver con el derrame a los cuerpos de agua de la vinaza, subproducto residual altamente contaminante que se produce en los procesos que realiza Alcoholera Zapopan en la zona”.

De acuerdo con los campesinos afectados, el diputado y director general de la empresa solo ha dado largas al asunto mientras continua la contaminación en los municipios de Yanga, Cuitláhuac, Atoyac y Paso del Toro.

Asimismo, señalan que utiliza para su beneficio personal el Programa Veracruzano de Bioenergéticos y Energía de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; rural y Pesca (Sedarpa) del gobierno del estado de Veracruz.

Cuarto. Este contrato multimillonario por más de 1,200 millones de pesos a favor de la empresa Alcoholera de Zapopan, SA de CV, para producir Etanol Anhidro debe verse en el contexto que a partir de 2017, en algunas plantas del país se mezclará Etano y gasolina para su venta al público, gracias a un contrato ya firmado por Petróleos Mexicanos.

Este contrato de Pemex fue firmado con productores de etanol de seis empresas, cuatro de ellas veracruzanas, lo que permitirá que a partir del 1 de enero de 2017 se éste mezclando el etanol con gasolinas en un 6 por ciento en su volumen. Este contrato es para poder surtir de 200 millones de litros anuales por un lapso de 10 años, es decir por un total de 2 mil millones de litros por una facturación aproximada de más de 20 mil millones de pesos.

Quinto. El conflicto de interés señala que se presenta cuando el servidor público deba actuar en asunto en el que tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios de hecho o de derecho.

Por otra parte por tráfico de influencias se entiende la práctica ilegal, o al menos moralmente objetable, consistente en utilizar la “influencia” personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial. Estas conexiones con amistades o conocidos para tener información, y con personas que ejerzan autoridad o que tengan poder de decisión, y a menudo esto ocurre a cambio de un pago en dinero o en especie, u otorgando algún tipo de privilegio. La OCDE se ha referido al “tráfico de influencias” para señalar actos ilegales de lobbying .3

En México el Código Penal Federal, en su libro segundo, referido a los Delitos cometidos por Servidores Públicos, en el capítulo IX se refiere al Tráfico de Influencia y en su artículo 221 lo define:

“Artículo 221 .- Comete el delito de tráfico de influencia:

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, y

II. Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.

III. El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código .

Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Por los motivos antes expuestos, que se propone ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaria de la Función Pública y la Procuraduría General de la República para que se investiguen las denuncias presentadas por daño ambiental, conflicto de intereses, tráfico de influencias, y fraude ocurrido como resultado de los contratos otorgados por Petróleos Mexicanos para la compra de Etanol Anhidro a la empresa Alcoholera Zapopan, SA de CV.

Notas

1 Portal de Pemex. Pemex informa los resultados de la licitación para la adquisición de etanol anhidro

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibsY32ka_JAhVILyYKHWutB8EQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pemex.com%2Fsaladeprensa%2Fboletines_nacionales%2FPaginas%2F2015-024-nacional.aspx&usg=AFQjCNFJcebxmxzpnyO8jfaWi_BTczm-cQ

2 Devastación Ambiental y Defensa Integral de la Cuenca del Río Atoyac en Veracruz, Tribunal Permanente de los Pueblos., Capítulo México. 26 y 27 de octubre de 2013.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixtezhrrHJAhVGcT4KHXDqCAwQFghQMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.tppmexico.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2FDictamen-final-Preaudiencia-Devastaci%25C3%25B3n-ambiental-y-defensa-integral-de-la-Cuenca-del-R%25C3%25ADo-Atoyac-en-Veracruz.pdf&usg=AFQjCNF0b-cl4Fx5vk0wkxJ7ElhYMS5gbQ

3 Building a Cleaner World Economy.
http://www.oecd.org/document/32/0,3343,en_2649_37443_42694048_1_1_1_1,00.html

Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Federal María Chávez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres Poderes de la Unión a otorgar seguridad social a los trabajadores del régimen de confianza y honorarios asimilados a salarios, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En esta Cámara de Diputados, en legislaturas anteriores las diputadas María del Carmen Martínez Santillán y Alicia Concepción Ricalde Magaña, han expresado la necesidad de que conceptualicemos la importancia de hacer efectivos los derechos que en materia de seguridad tienen los trabajadores de confianza y honorarios que laboran en los tres Poderes de México, sin resultados, sin estar del lado de los empleados del sector público.

Al pasar de los años, la realidad en nuestro país no ha cambiado, sigue igual, y se han acrecentado las violaciones a los derechos laborales de estos servidores públicos.

Por ejemplo, hoy en día más de 2 mil mexicanos laboran como asesores en las tareas legislativas, que si bien en la mayoría de los casos son actividades especializadas, son esenciales para las actividades que nos encomendaron los mexicanos; en los Poderes Ejecutivo y Judicial, muchos más mexicanos entregan su esfuerzo y dedicación en el cumplimiento de tareas igualmente importantes; todos y cada uno de ellos contratados bajo esquemas de honorarios asimilables a salarios.

Según datos duros para el Ejercicio Fiscal de 2016 se erogarán sueldos por 130,213,441,680 pesos, de los cuales 14,087,143,482 pesos, 10.8 por ciento se destinarán a personal con regulación de asimilables a sueldos y salarios que no gozarán de seguridad social con plena violación de los derechos de esos trabajadores.

¿Por qué suceden las cosas así? La respuesta es muy sencilla: hemos perdido la observancia de la realidad imperante de los servidores públicos, en consecuencia es difícil entender la realidad de aquéllos que desean sacar a sus familias adelante o que por su edad aceptan condiciones que nos les benefician en términos laborales.

Nosotros lo vivimos día a día, y no queremos ver la gran paradoja siguiente: la Cámara de Diputados es uno de los tres Poderes de la Unión con mayor representación popular; pero es, también, una de los grandes beneficiarios de la nueva Ley Federal del Trabajo, que se libera de la obligación de otorgar seguridad social, antigüedad y certeza laboral a los subcontratados.

Para contextualizar lo expresado me gustaría señalar que un contrato de honorarios se caracteriza porque el profesional o técnico desarrolla su actividad en forma absolutamente independiente, presta sus servicios a título de asesoría, consulta por un trabajo, obra, estudio, proyecto o función determinada, no recibe órdenes ni instrucciones con motivo de su trabajo, no está obligado a asistir regularmente al centro de trabajo ni al cumplimiento de un horario fijo de trabajo, trabaja por su cuenta y la asistencia al centro de trabajo es esporádico, irregular y discontinuo.

No obstante, en México los servidores públicos que laboran bajo esquemas de honorarios asimilados se distinguen por la obligación de asistencia, cumplimiento de horario, subordinación a las órdenes y directivas del empleador, prestación de servicios en forma continua y permanente, sometimiento a control, vigilancia y fiscalización de las actividades realizadas, requieren de autorización para salir del trabajo, se encuentran a disposición del empleador y tienen exclusividad de sus servicios.

En consecuencia, toda prestación de servicios que revista alguna de estas características dará lugar a un contrato de trabajo. Lo cual no sucede.

Lo anterior lo remarcan las tesis de jurisprudencia, que me gustaría citar:

Trabajadores al servicio del estado. El vínculo laboral se demuestra cuando los servicios prestados reúnen las características propias de una relación de trabajo, aunque se haya firmado un contrato de prestación de servicios profesionales. De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, con el rubro: “Trabajadores al servicio del estado. si demuestran que han venido prestando servicios a la dependencia estatal por designación verbal del titular, tienen acción para demandar la expedición del nombramiento o su inclusión en las listas de raya y, en su caso, todas las demás acciones consecuentes.”, así como de la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 96/95 de la que derivó, se advierte que aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o se demuestre la inclusión en las listas de raya, la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se da cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las características propias de una relación laboral. En ese sentido, si se acredita lo anterior, así como que en la prestación del servicio existió continuidad y que el trabajador prestó sus servicios en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica, se concluye que existe el vínculo de trabajo, sin que sea obstáculo que la prestación de servicios se haya originado con motivo de la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, pues no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores, éste debe tenerse por acreditado.

Contradicción de tesis 168/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 14 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 20/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de febrero de dos mil cinco.

Novena Época. Registro: 174925. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Junio de 2006. Materia(s): Laboral. Tesis: I.1o.T. J/52. Página: 1017

Contrato de prestación de servicios. Los recibos de honorarios no son suficientes para acreditar una relación de esa naturaleza. Si ante el despido alegado por el trabajador, la parte patronal niega la existencia del vínculo laboral, afirmando que se trata de un contrato de prestación de servicios, no resulta suficiente el hecho de que para demostrarlo exhiba los recibos de honorarios suscritos por los demandantes, porque no desvirtúan la naturaleza laboral de la relación, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, aunque se le denomine de manera distinta; considerando que lo que determina la existencia de un contrato de prestación de servicios son sus elementos subjetivos y objetivos, como el que la persona prestataria del servicio sea profesionista, que el servicio lo preste con sus propios medios y se determine expresamente, contando con libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional propiamente dicho; elementos que si no son debidamente probados en autos, debe estimarse que se trata de un contrato de trabajo para todas sus consecuencias legales.

Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito.

Amparo directo 10521/99. Radio Red, S.A. de C.V. 20 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Ana Paola Surdez López.

Amparo directo 1381/2001. Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín. 3 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria: Rebeca Patricia Ortiz Alfie.

Amparo directo 1701/2004. Eli Solórzano García. 12 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria: Miryam Nájera Domínguez.

Amparo directo 20181/2004. Q Net, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria: Rebeca Patricia Ortiz Alfie.

Amparo directo 19841/2005. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. 10 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria: Miryam Nájera Domínguez.

Novena Época. Registro: 172688. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Abril de 2007. Materia(s): Laboral. Tesis: I.9o.T. J/51. Página: 1524

Relación de trabajo. Un contrato de prestación de servicios profesionales por sí solo es insuficiente para acreditar el verdadero vínculo existente, si obran en el juicio otras pruebas de las que se desprendan los elementos de subordinación y dependencia económica para resolver lo conducente. Si el demandado se excepciona en el sentido de que la relación que existió con el actor fue de prestación de servicios profesionales y ofrece al juicio un contrato en el que se especifica ese hecho, en donde se señala que el vínculo se rige por las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal; este instrumento por sí solo no demuestra que la relación haya sido de tal naturaleza, puesto que el referido documento debe estudiarse conjuntamente con el resto del material probatorio para resolver lo conducente; de ahí que si en el juicio se acreditan los elementos de subordinación, como es el caso en que al prestador del servicio se le ordena dónde y cómo debe realizar su trabajo, se le proporcionan los medios para el desempeño de su labor, que son propiedad de la empresa, se le expiden credenciales que lo identifican como su empleado y se le asigna una compensación económica , que aun cuando se le denomine honorarios, por así haberse consignado en el convenio, pero que en verdad se trata de la retribución que se le pagaba por su trabajo; por consiguiente, si se justifican estos extremos se debe concluir que la relación real que existió entre las partes fue de trabajo y no de índole civil.

Noveno Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito.

Amparo directo 1349/96. Ferrocarriles Nacionales de México. 15 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Razo.

Amparo directo 19/2003. Hospital General Doctor Manuel Gea González. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. Secretario: José Roberto Córdova Becerril.

Amparo directo 949/2003. Esperanza del Rayo Coello García. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Federico Jorge Martínez Franco. Secretario: Miguel Ángel Rivas León.

Amparo directo 159/2006. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Ma. Guadalupe Hernández Jiménez.

Amparo directo 7419/2006. Ferrocarriles Nacionales de México y otra. 12 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Juan Miguel de Jesús Bautista Vázquez.

Novena Época. Registro: 172794. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Abril de 2007. Materia(s): Laboral. Tesis: I.7o.T. J/25. Página: 1396.

Si analizamos a detalle lo expuesto, nos daremos cuenta que mujeres y hombres al servicio de los tres Poderes de gobierno en México también tienen derechos iguales a aquellos trabajadores reconocidos por las leyes, todos son empleados y deberían gozar de un contrato de trabajo.

En pasados días, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, al cual con orgullo pertenezco, expusimos la necesidad de eliminar el seguro de gastos médicos mayores a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, rubro que representa un gasto de poco más de dos mil millones de pesos.

Con claridad expresamos que 21.8 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud, por lo que contratar seguros médicos lujosos va en contra de la austeridad y racionalidad que presupone el gasto público.

Es claro que al suprimir el pago de la póliza de este servicio privado, se podría reinvertir en generar condicionales laborales justas para los trabajadores al servicio del estado en las condiciones antes expuestas.

Es tiempo compañeros, diputadas y diputados, de dar ejemplo del respeto a las garantías individuales que nuestra Carta Magna reconoce en materia de seguridad social a todos los mexicanos–servidores públicos que se encuentran laborando en este régimen de asimilados a sueldos.

Por ello, es tiempo de no más dobles discursos al tratar de establecer la universalización de la salud en los textos normativos, pero en los hechos, de violar las propias leyes que se han expedido para tales fines.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los tres Poderes de gobierno en México a otorgar seguridad social a los trabajadores bajo el régimen de confianza y honorarios asimilados a sueldos que prestan sus servicios profesionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a incrementar las acciones de difusión de cultura vial entre ciclistas, peatones y automovilistas, a cargo de la diputada Carmen Salinas Lozano, del Grupo Parlamentario del PRI

Carmen Salinas Lozano, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62 numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, incremente las acciones de difusión de cultura vial a ciclistas, peatones y conductores de vehículos automotores para garantizar la movilidad y prevenir accidentes, con la siguiente

Exposición de Motivos

El 17 de noviembre una usuaria del sistema de transporte Ecobici perdió la vida tras ser arrollada por un autobús del servicio público mientras circulaba sobre Paseo de la Reforma, en la primera sección del Bosque de Chapultepec de la delegación Miguel Hidalgo, autoridades se dieron a la tarea de rastrear el paradero del responsable a través de las cámaras de video vigilancia de la ciudad.

Con ella van tres usuarios de Ecobici que han perdido la vida por accidente vehicular en lo que lleva el programa.

El 15 de noviembre de 2014 falleció un hombre de 34 años de edad cuando cruzaba las calles de Lieja y avenida Chapultepec y un autobús de transporte público lo arrolló.

Dos meses después, el 17 de enero del mismo año, otro ciclista falleció al ser arrollado por un tráiler que transportaba escaleras eléctricas en la colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo.

La falta de cultura vial y de una infraestructura adecuada, son las principales razones de los accidentes de ciclistas.

El incremento del uso de la bicicleta en la ciudad complica la convivencia con los conductores de vehículos automotores, al no haber respeto de ambas partes. Por ello, es importante que las autoridades trabajen para garantizar la movilidad.

Ante esta situación, es que se debe trabajar para combatir los accidentes.

De acuerdo al último reporte de accidentes viales del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes perteneciente a la Secretaría de Salud federal, presentado en 2013, las entidades con mayor índice de percances donde estuvo involucrado un ciclista son Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y el Distrito Federal. Cabe señalar que la presente proposición con punto de acuerdo no sólo se limita a los usuarios de Ecobici, sino también a todo aquel ciudadano que opte por usar una bicicleta como medio de transporte en nuestra ciudad.

Según este reporte, en el Distrito Federal la tasa de mortalidad ha ido en aumento, sobre todo en lo que va de 2015, pues de acuerdo a datos de organizaciones civiles en los últimos tres años se habían registrado entre tres y cuatro muertes anuales, pero en lo que va de 2015 siete ciclistas incluyendo a usuarios de Ecobici, han perdido la vida en calles de la Ciudad de México.

Esta situación ha prendido los focos de alerta en varias organizaciones y organismos dedicados a promover el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Por ello, es necesario impulsar una campaña con mayor difusión del Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México , con lo que se busque no sólo promover mayores medidas de seguridad, sino una cultura vial que permita a conductores, ciclistas y peatones convivir, que realmente sea una herramienta fundamental que permita adquirir las habilidades y conciencia necesarias para circular de forma segura, rápida y eficientemente por la ciudad.

Concientizar a los conductores del transporte público y privado en conjunto con los peatones y ciclistas para reducir la tasa de accidentes que ha ido en incremento en la ciudad. Aunado a lo anterior hace falta crear un censo de bicicletas y ciclistas, lo que permitiría contar con estadísticas más certeras.

Si bien es cierto que el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha manifestado que se cuidarán todos los detalles para garantizar la seguridad de quienes se trasladan en bicicleta ante el próximo ingreso de la L7 del Metrobús sobre Reforma, la presente proposición pretende contribuir paralelamente a la toma de acciones para enriquecer la cultura de movilidad.

El ciclismo urbano en la capital del país tiene posibilidades importantes para crecer. Además de la condición geográfica y climática de la ciudad, la gran red de transporte público ya existente está permitiendo el cambio de hábitos. Si la política pública en torno del espacio y la movilidad en la ciudad logra consolidar a la bicicleta como el articulador entre la movilidad motorizada y la no motorizada, en pocos años el Distrito Federal podría ser ejemplo mundial de movilidad limpia y segura.

Por anteriormente lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, incremente las acciones de difusión de cultura vial a ciclistas, peatones y conductores de vehículos automotores para garantizar la movilidad y prevenir accidentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Carmen Salinas Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a reunirse con los padres de familia y los representantes legales de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, para integrar nuevas líneas de investigación, con la asesoría del grupo interdisciplinario de expertos independientes enviado por la CIDH, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, Araceli Damián González, Roberto Guzmán Jacobo, en nuestra calidad de diputados a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. El 26 de noviembre de 2015 se cumplieron 14 meses de que estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueran atacados en el municipio de Iguala, y donde resultaron desparecidos 43 de ellos sin que al momento se tenga pleno conocimiento de su paradero.

Ese día al término de un marcha mitin que salió del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, los padres de familia de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, instalaron un plantón indefinido en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos como forma de presión al gobierno federal para reactivar la búsqueda con vida de los 43 jóvenes.

Los padres de familia exigen una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora general de la República, Arely Gómez, a fin de presentarles sus demandas, que incluyen la petición de que el gobierno federal designe a la brevedad un fiscal especial para el caso y el equipo técnico que estará al frente de las pesquisas del caso Iguala, bajo las nuevas líneas de investigación sugeridas con la asesoría del grupo interdisciplinario de expertos independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los familiares de los normalistas advirtieron que mantendrán el plantón hasta que las autoridades den una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Segundo. La reactivación de las pesquisas en torno al caso, la realización de reuniones con los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) y el nombramiento de un fiscal especial para el caso son demandas completamente atendibles.

La petición pacífica de entrevistas por parte de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desparecidos, con las más altas autoridades del país encargadas de su caso, por instrucciones directas del presidente de la República, además de ser un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, es una demanda que al mismo tiempo plantea la solución completamente atendible.

Las autoridades están obligadas legal, política y éticamente no sólo a reunirse con los padres de familia de los jóvenes desparecidos sino además a dar cuentas a la sociedad entera y a la opinión pública.

Las demandas planteadas por los familiares de las víctimas y los anuncios de las autoridades ponen en perspectiva el lamentable estatus de las investigaciones en torno al caso:

Las autoridades ministeriales deben hacerse cargo que a más de un año y dos meses de los hechos no ha habido avance real en las pesquisas; se desconoce el paradero de los estudiantes y las autoridades han faltado a su deber de procurar justicia y esclarecer los hechos.

Es inevitable vincular este estancamiento con la actitud errática, tardía e indolente que adoptó desde un inicio el Estado mexicano, y concretamente el gobierno federal.

A 14 meses de la desaparición de los normalistas, la persistencia en las demandas de esclarecimiento y justicia es sintomática del extravío que padecen las instituciones de justicia en el país, por ello se deben redirigir los esfuerzos institucionales hacia una acción que esclarezca lo sucedido y haga justicia.

Tercero. Luego de tres días de instalado el “plantón indefinido” en Paseo de la Reforma, los padres de familia y sus representantes serán por fin recibidos, el lunes 30 de noviembre de 2015, en una reunión con funcionarios federales, encabezados por la procuradora general de la República, Arely Gómez, e integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud del Estado mexicano.

Sin embargo la demanda de una reunión con el secretario de Gobernación no se ha concretado y sólo existe un ofrecimiento para un posible encuentro con él el próximo viernes 4 de diciembre de 2015.

En tanto, el encuentro pactado para el lunes 30 de noviembre no implica el levantamiento del plantón que desde el jueves 26 de noviembre de 2015 mantienen los padres de familia en Paseo de la Reforma y la calzada Chivatito.

Este retraso no tiene fundamento alguno, ni legal ni políticamente ni mucho menos por razones de agenda, en un México tan convulsionado donde la crispación social a menudo lleva a la confrontación y al encono; la demanda legal de diálogo no sólo es atendible sino necesaria.

Retrasar esta entrevista entre el secretario de Gobernación y los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desparecidos y sus representantes legales no sólo evidencia la falta de voluntad política para atender el caso sino más grave aún demuestra la falta de respuestas coherentes y creíbles por parte del Estado mexicano.

Los resultados están a la vista: al día de hoy no se conoce el paradero de los desaparecidos; se multiplica y acumula el agravio contra las víctimas y sus familias, y se ha generado un sentir de desconfianza generalizada en las instituciones que en sí mismo representa un obstáculo para el esclarecimiento pleno de los hechos.

Por tanto y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Gobernación a reunirse de inmediato con los padres de familia y los representantes legales de los 43 estudiantes de la normal rural Raíl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desparecidos tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y entablen conversaciones que incluyan la petición de que el gobierno federal designe a la brevedad un fiscal especial y el equipo técnico que estará al frente de las pesquisas del Caso Iguala, bajo las nuevas líneas de investigación sugeridas con la asesoría del grupo interdisciplinario de expertos independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputados: Juan Romero Tenorio (rúbrica), Araceli Damián González, Roberto Guzmán Jacobo

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a adoptar medidas para cumplir el acuerdo secretarial 656 y promover la educación filosófica en todas las áreas de profesionalización de estudios y la realización de actividades en torno al Día Mundial de la Filosofía, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Marbella Toledo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Conferencia General de la UNESCO, en su trigésima tercera reunión celebrada en París en el año 2005, fue proclamado el Día Mundial de la Filosofía. A petición del Reino de Marruecos, en el orden del día de la 171ª reunión del Consejo Ejecutivo se incluyó un punto sobre la proclamación de dicho día. En ese documento se presentó el estudio de viabilidad sobre la proclamación de un día mundial de la filosofía así como la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo. Ante ello, el Día de la Filosofía en la UNESCO se celebra todos los años cada tercer jueves del mes de noviembre, en la Sede y fuera de ella, en el marco del Programa Ordinario de la Organización.

La proclamación de un Día Mundial de la Filosofía también podría ejercer una influencia benéfica para la promoción de la enseñanza de esta disciplina, ausente de los programas de estudios de numerosos países y a la que, en otros, se asigna un lugar vulnerable y delicado a la vez. Se consideró unánimemente que la enseñanza de la filosofía es una de las prioridades que la UNESCO debe concretar, como demuestran entre otras cosas, las respuestas al cuestionario que se redactó para elaborar la estrategia intersectorial sobre la filosofía (Eje de acción II de la Estrategia).

El Día Mundial de la Filosofía podría contribuir a que paulatinamente esta disciplina se introdujera en los planes de estudio, para alentar un ejercicio reflexivo y crítico del pensamiento y la razón. La celebración del Día Mundial de la Filosofía haría que la UNESCO desempeñara su función de catalizadora de ideas y de foro de encuentro y de reflexión, al tiempo que pondría de relieve el cometido de cuestionamiento y crítica de la disciplina filosófica, junto con las demás ciencias humanas.

En los últimos años, han aparecido intentonas desde grupos de poder en nuestro país a fin de eliminar curricularmente materias relacionadas con la enseñanza filosófica, llevando a la comunidad filosófica de México, con respaldo de la comunidad internacional, a pronunciarse puntual y enérgicamente en contra.

Por ello el Observatorio Filosófico de México publicó una misiva, que suscribe: “el 20 de noviembre de 2012 se publicó el Acuerdo 656 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato mediante el cual se establece, en forma independiente, el área de humanidades en el que se consideran las disciplinas de ética, lógica, estética y filosofía como básicas y obligatorias. Sin embargo, aún no se han modificado los planes y programas de estudio en los sistemas (tanto dependientes directamente de la SEP, los Estados o las Universidades) desde que en 2008 se hicieron drásticos cambios ante la decisión de eliminar tanto al área como a las disciplinas.” Por tanto, la comunidad de académicos coordinadores reunidos en torno al Observatorio Filosófico de México solicitan: “se informe a las autoridades correspondientes de la necesidad de realizar estos cambios en el sentido señalado en el mencionado Acuerdo secretarial”.

Algunos ejemplos son los siguientes: la indebida sustitución de las disciplinas filosóficas por otras que tienen otros nombres como los de “Construcción de la ciudadanía” o “Formación humana” en el Colegio de Bachilleres o los de “identidad y filosofía de vida” o “reflexión ética” que se imparten en las preparatorias de Jalisco dependientes de la Universidad de Guadalajara, cuyos contenidos son limitados y atienden más a aspectos emocionales que a una reflexión filosófica. A ello se agrega, en el último caso, que los programas no fueron realizados por profesionales de la filosofía, hecho que nos parece muy grave. De igual manera, los cursos de filosofía deben ser incluidos en los sistemas de enseñanza media superior impartidos a distancia.

Por su parte, en el Senado de la República se emitió una reconocida propuesta que exhortó a la Secretaría de Educación Pública a emitir una postura respecto al acuerdo tomado en el XXIII Congreso Mundial de Filosofía de incorporar disciplinas filosóficas en la enseñanza primaria y secundaria en las próximas estructuras curriculares, y a considerar la incorporación de asignaturas filosóficas en los diseños curriculares en la enseñanza primaria, en sus libros de texto gratuito; en la enseñanza secundaria y en sus programas de estudio, exhorto no escuchado.

El Observatorio Filosófico de México reitera la proposición de que “se establezcan formalmente criterios para que sea profesionales de filosofía los que preferentemente impartan los cursos de su especialidad”. El hecho de que los cursos de filosofía se impartan por personas que no están formadas en esas disciplinas ha tenido efectos nocivos y ha constituido una grave distorsión de su enseñanza, por lo que solicitan a la Subsecretaria de Educación Media Superior, y por su conducto, a todas las instituciones de enseñanza media superior, para que se recurra a las instancias de profesionales de filosofía para que sea a través de estas instancias (asociaciones ampliamente reconocidas, escuelas, facultades, departamentos e institutos) que se diseñen los planes de estudios, materiales didácticos, formación y actualización de profesores.

Este tipo de materias son indispensables para la vida de quienes habitamos este país, en especial, para aquellas personas que se encuentran en formación: nuestras niñas, niños y adolescentes. En un país en el que la violencia se ha convertido en la forma de vida normal, y en donde nuestros infantes aspiran a cometer delitos como forma de vida, es imperativo que la educación básica retome materias como Ética para la formación profunda de las nuevas generaciones. Será imposible que recuperemos el carácter ético de nuestro país, si no fortalecemos dicha formación en quienes serán responsables en un futuro de tomar las riendas de nuestro país y conducir nuestros futuros.

En el marco del próximo Día Mundial de la Filosofía a celebrarse el tercer jueves de noviembre del presente en todo el mundo, convendría dar un paso en nuestro país para que las partes involucradas en el anterior acuerdo presente en el Diario Oficial de la Federacióni se comprometan a cumplir con este impulso a las materias de contenido filosófico. Asimismo, en este propósito educativo de alta calidad se propone que la propia H. Cámara de Diputados acuerde llevar a cabo procesos legislativos respecto a la educación filosófica en todas las academias de profesionalización de estudios y eventos que apoyen y celebren el Día Mundial de la Filosofía, con alguna manifestación cultural.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y haciendo uso de las facultades que me otorga el orden Constitucional y legal vigente, me permito someter a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Aurelio Nuño Mayer, a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los lineamientos respecto al Acuerdo Secretarial 656, suscrito el 20 de noviembre de 2012, por el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, mediante el cual se establece, en forma independiente, el área disciplinar de Humanidades en la que se consideran las disciplinas de Ética, Lógica, Estética y Filosofía como básicas y obligatorias en la enseñanza.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión acuerda llevar a cabo procesos legislativos que impulsen y promuevan la educación filosófica en todas las áreas de profesionalización de estudios; así como la realización de eventos que apoyen y celebren el Día Mundial de la Filosofía, mediante alguna manifestación cultural de parte de esta Soberanía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de diciembre de 2015.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud que elabore y ejecute una estrategia de negociación dirigida principalmente a mejorar el precio de los fármacos psiquiátricos, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, legislador federal Pablo Elizondo García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La importancia de la salud mental está reconocida desde que la Organización Mundial de la Salud definió a la misma como un estado de completo bienestar físico, social, y que no se constriñe a la ausencia de afecciones o enfermedades. Dicho concepto, está íntimamente relacionado con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por dichas perturbaciones.

Nuestra Carta Magna da origen al derecho fundamental de la salud, estableciendo en su Artículo 4 que:

“toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

De esta manera, México se ajusta a los lineamientos de los organismos internacionales como son la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, así como a los principios establecidos en convenios internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país.

Por su parte, la Ley General de Salud contempla un Capitulo VII relativo a la Salud Mental, dicho apartado establece en su artículo 72 que:

“la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental” de igual manera dicho artículo en su tercer párrafo señala que “la atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios”.

Aunado a ello, el artículo 74 de la legislación en comento estipula en su fracción I que:

“la atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales , y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas”.

Lo antes referido hace que nuestra legislación considere extensivo el derecho a la salud mental, garantizándola a través del disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud considerando una adecuada atención y tratamiento a los trastornos mentales.

Como se ha referido, una buena salud mental resulta trascendente ya que favorece la calidad de vida de las personas, permite afrontar los eventos y obstáculos de la vida cotidiana, así como, trabajar en diversos proyectos alcanzando metas importantes y funcionando de manera efectiva en la sociedad.

En la actualidad se estima que alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo padecen alguna clase de enfermedad mental, neurológica o conductual que dificulta gravemente su vida, pero solo una ínfima parte de dicho sector recibe el tratamiento más elemental.

En México se calcula que una de cada cuatro familias padece algún tipo de enfermedad mental, y según cifras de la Organización Mundial de la Salud dos de cada diez adolecentes tiene alguna alteración de este tipo.

De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente estima que de los mexicanos afectados por determinados trastornos mentales el 7% padece depresión, 7% trastorno de pánico, 1.6% trastorno bipolar, 1% esquizofrenia y un 1% Trastorno obsesivo compulsivo.

Relativo al tratamiento farmacológico, este puede prolongarse por tiempo indefinido dependiendo la evolución o mejora de cada paciente, sin embargo, al ser de alto costo es difícil que los pacientes continúen medicándose, es decir, ante dicha problemática las personas que dependen de determinados medicamentos para mejorar su salud mental se ven en la necesidad de omitir las dosis indicadas, o bien, suspenden abruptamente el tratamiento por el alto costo de los mismos, lo cual deriva en un problema mayor ya que pueden desarrollarse otros tipos de trastornos.

En esta tesitura, dada la importancia que genera la obtención de medicamentos para mejorar el nivel de vida de personas que padecen algún tipo de trastorno mental, se propone solicitar a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y Otros insumos para la Salud, para que en el marco de sus atribuciones instrumente una estrategia de negociación que tenga como principal propósito mejorar el precio de los medicamentos psiquiátricos. Ello en virtud de que dicho órgano de conformidad con lo preceptuado en su artículo 1 de sus Reglas de Operación se encuentra facultado para:

“llevar a cabo el proceso de negociación anual de precios de medicamentos y demás insumos para la salud contenidos en el Cuadro Básico para el primer nivel de atención médica y Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel...”

En este sentido lo que se busca con el presente punto de acuerdo es cumplir con el derecho a la protección de la salud de los mexicanos, coadyuvando a garantizar la disponibilidad de medicamentos psiquiátricos para su debido suministro en las instituciones públicas de salud, facilitando así el acceso de los pacientes que padecen alguna enfermedad mental a dichos fármacos.

Siempre se debe tener presente que los trastornos mentales no se concentran en ningún grupo en particular. Antes bien, son verdaderamente universales: afectan a personas de todas las regiones y todas las sociedades. Están presentes en todas las etapas de la vida de hombres y mujeres; bajo este contexto y en razón de la problemática a la que nos enfrentamos resulta necesario implementar las estrategias necesarias a fin de garantizar una mayor disponibilidad de medicamentos psiquiátricos a quienes lo necesitan.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y Otros insumos para la Salud, la elaboración y ejecución de una estrategia de negociación que tenga como principal propósito mejorar el precio de los medicamentos psiquiátricos haciendo más accesible su adquisición pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Pablo Elizondo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Jalisco a expropiar en favor de Mismaloya las tierras disputadas en el juicio de restitución y garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de esa comunidad, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que dispone el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la fracción II, numeral 1 y numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Jalisco a expropiar en favor de la comunidad de Mismaloya, Jalisco, las tierras disputadas en el juicio de restitución de tierras llevado entre Fernando Beltrán y Puga Navarro contra el ejido de Boca de Tomatlán y Mismaloya, y se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de dicha comunidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el año de 1937 se creó por decreto presidencial el ejido de Boca de Tomatlán y Mismaloya para dotar de medios de subsistencia a los vecinos de la localidad, expropiando tierras que hasta entonces pertenecían a un hacendado de aquella época. En aquel tiempo, como debiera ser ahora, se ponderaron los intereses de la población y el bienestar público por encima de intereses particulares.

Al correr de los años la población fue creciendo, dedicada principalmente a actividades agrícolas y debido a la belleza de sus playas, en 1963 se filmó ahí la película “La Noche de la Iguana”, protagonizada por los famosos actores Ava Gardner y Richard Burton, quien asistía acompañado de su reciente pareja, Elizabeth Taylor. Esto marcó un boom turístico que impulsó a Puerto Vallarta como un destino turístico internacional y el desarrollo de la actividad turística en Mismaloya.

No tardaron en manifestarse intereses personales intentando apoderarse de ese paraíso, buscando por todos los medios embaucar a los pobladores del Ejido de Mismaloya, entre los que se presentó un terrateniente de los alrededores intentando hacer una permuta por terrenos de muy distintas características.

Eventualmente, comenzaron una serie de litigios disputándose las tierras costeras del Ejido que se han venido arrastrando hasta nuestros días, pretendiendo expulsar de sus tierras a toda una comunidad de más de 800 habitantes cuya vida ha estado ligada a esas tierras durante generaciones desde su fundación.

Luego de largos e intrincados litigios en los que se han señalado múltiples irregularidades y falsificación de planos y documentos, finalmente ha sobrevenido una sentencia firme del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trece en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la que se ordena la expulsión de toda la comunidad de sus hogares, incluidas sus escuelas primaria y secundaria; solicitando el auxilio de las autoridades federales, estatales y municipales, autorizando romper candados y cerraduras, el acceso a los domicilios, a sustraer y trasladar los bienes de los pobladores, así como el uso de la fuerza pública.

Los habitantes de Mismaloya han vivido en la zozobra desde entonces, unidos, alertas y vigilantes para la protección y supervivencia de su comunidad, su patrimonio y de su forma de vida, con el temor de que en cualquier momento podría aparecer la fuerza pública y echarlos de sus casas. En resumen, se ha preparado el caldo de cultivo para una previsible catástrofe humanitaria; y todo ello por la decisión de sobreponer los intereses egoístas de un particular sobre los de cientos de personas.

Al causar estado la sentencia y ser la materia del litigio cosa juzgada, evidentemente los pobladores de Mismaloya no tienen más medios legales de impugnación a los que recurrir. En tal virtud, si se pretende salvaguardar el interés superior de la comunidad y evitar un conflicto social de grandes proporciones que pudiera devenir en una lamentable tragedia, es quizás la única salida razonable la expropiación por causas de utilidad pública de las tierras disputadas, en favor del Ejido de Mismaloya.

Tanto el Ejecutivo Federal, de conformidad con la fracción VIII, artículo primero de la Ley de Expropiación, la cual establece que “se consideran causas de utilidad pública:”

...

VIII. La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general...;

Así como el gobierno del estado de Jalisco, de conformidad con la fracción VII, artículo segundo de la respectiva Ley de Expropiación del Estado, la cual establece que “hay utilidad pública en las expropiaciones de bienes que se destinen a:”

...

VII. La creación de reservas territoriales que satisfagan las necesidades del suelo urbano para la fundación, conservación y crecimiento de los centros de población, así como para la vivienda, su infraestructura y su equipamiento...;

Como se ve, ambos niveles de gobierno tienen las facultades y por tanto la obligación de intervenir para resolver este conflicto protegiendo el bien mayor que es la existencia de la comunidad y tutelando su seguridad.

Por todo lo expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Jalisco para que en forma conjunta coadyuven e impulsen, dentro de sus respectivas competencias, por causas de utilidad pública, un proceso de expropiación sobre las tierras disputadas en el juicio de restitución de tierras entre Fernando Beltrán y Puga Navarro contra el ejido de Boca de Tomatlán y Mismaloya, expediente 417/1999, llevado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trece; y, una vez satisfechas las formalidades que la ley de la materia exige, se expida el correspondiente decreto expropiatorio en favor del bien superior de la comunidad de Mismaloya, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; asimismo, se les exhorta a tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos individuales, colectivos y la seguridad de la población de dicha comunidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2015.

Diputado Luis Ernesto Munguía González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales y del DF a examinar las normas penales relativas a la reparación del daño en materia de homicidios y, en su caso, reformarlas, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, licenciada Gloria Himelda Félix Niebla, diputada de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El homicidio, cualquiera que sea su tipología legal, causa numerosos y profundos agravios. En principio, afecta a la víctima, ya que la priva de su principal bien jurídico tutelado, que es la vida.

Pero los daños trascienden a la víctima directa del homicidio e impactan negativamente en su familia y su entorno social y comunitario.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, numeral A, fracción I, establece que “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

En el caso del homicidio, nuestra legislación señala que el daño debe ser reparado de manera efectiva, mediante el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

En general, los códigos penales de las entidades federativas y del Distrito Federal reconocen los daños de tipo material y moral y consignan las bases para su reparación.

Sin embargo, en la mayoría de los casos estas disposiciones jurídicas no cumplen los principios de integralidad, eficacia y proporcionalidad a la gravedad del daño causado.

Por ejemplo, en lo que se refiere a la reparación del daño material, la legislación penal de muchas entidades de la república establece el importe de dos meses de salario mínimo destinados a sufragar los gatos funerarios.

Evidentemente, esta forma de reparar el daño causado por el delito de homicidio no se corresponde con la magnitud del reto que representa para una familia la pérdida de su principal soporte económico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en ejercicio de su soberanía y atribuciones examinen las normas penales relativas a la reparación del daño en materia de homicidios y, en su caso, procedan a su reforma, de acuerdo con los principios de integralidad, equidad, eficacia y proporcionalidad a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

Segundo. El objetivo de esta revisión, debe ser establecer en la legislación de las entidades federativas y del Distrito Federal, de manera clara e inequívoca, que en la caso del delito de homicidio la reparación del daño material debe ser pronta, expedita y suficiente para proveer a la subsistencia digna y decorosa de los ofendidos y víctimas indirectas del delito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de diciembre de 2015

Diputado Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP, la Ssa, el Conapred, el IMSS y el Censida a incrementar la coordinación y el impulso a la difusión de información y sensibilización del personal a su cargo para la atención médica y educativa con quienes padecen VIH/sida, y mejorar las acciones preventivas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida para incrementar la coordinación y el impulso a la difusión de información y sensibilización del personal a su cargo para la atención médica y educativa a personas con VIH-sida, así como para desarrollar más y mejores acciones orientadas a prevenir el contagio de esta enfermedad y continuar coadyuvando en la disminución de casos, con base en las siguientes:

Consideraciones

Entre las metas del Sexto Objetivo de Desarrollo del Milenio, asumidas por el Estado Mexicano ante la ONU, se busca: 1) Haber detenido y comenzar a disminuir la propagación del VIH-sida y 2) acceso universal al tratamiento del VIH/sida de todas las personas que lo necesiten.1

En este sentido, el Estado Mexicano ha desarrollado esfuerzos muy importantes que se han reflejado en la disminución significativa de casos anuales de sida, desde los 8 mil 858 diagnósticos registrados en 1999 a los 3 mil 407 diagnósticos registrados hasta septiembre de 2015. Asimismo, las notificaciones han disminuido de las 22 mil 24 sucedidas en 2004 a 4 mil 88 que se registraron al 30 de septiembre de este año.2

Este esfuerzo, ha implicado combatir resistencias culturales importantes que han derivado en discriminación y malos tratos que recaen como una carga adicional en las personas con dicho padecimiento. De hecho, como parte de los esfuerzos por cambiar estas circunstancias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 1996, ha emitido 28 recomendaciones, relacionadas con los derechos de personas con VIH-sida. De estas, tres han sido generales; tres más en materia de protección de derechos de enfermos en centros penitenciarios; dos por discriminación en centros educativos; cuatro en temas de salud y seguridad social en las Fuerzas Armadas, y 16 en materia de atención médica y abastecimiento de medicamentos para las personas con VIH-sida.3

No obstante estos esfuerzos, desde la perspectiva de la ONU, “el grado de cumplimiento de las Metas del Milenio refiere que se han alcanzado 59 indicadores, 15 tienen un avance insuficiente y cuatro presentan estancamiento, uno de los cuales es la contención del sida”.

Adicionalmente, en 2013, la población de 20 a 49 años era la más afectada por el VIH4 y, para 2015 “el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que tienen la enfermedad es de 33.9”.5

En este sentido, si consideramos a la población que no ha sido detectada; y que en promedio, el VIH tarda de 8 a 11 años en evolucionar a sida,6 podremos adelantar posibilidades importantes de contagios. Ello, implica que de no hacer nada, podría aumentar la población infectada.

Además, investigaciones realizadas en Canadá han encontrado correlaciones entre problemas neurológicos en ¼ de la población sometida a tratamientos relacionados con VIH-sida.6 Situación que nos podría alertar sobre áreas de atención en el sector salud que aún no se han trabajado en este ámbito.

Derivado de lo anterior, podemos apreciar que las áreas de oportunidad están en la educación, en la atención médica, en la prevención, en el cambio de cultura hacia esquemas más amplios de tolerancia y respeto y en el conocimiento y desarrollo científico. En este sentido, estos campos involucran a las instancias que exhorta este punto de acuerdo.

Como diputada ciudadana, reconozco el camino andado por nuestras instituciones pero también considero nuestra responsabilidad hacer lo que podamos para fortalecer los esfuerzos del Estado Mexicano. En este caso, llamando a no bajar la guardia, a redoblar esfuerzos y atender los avances científicos sobre esta enfermedad y a revisar nuestras áreas de oportunidad para mejorar nuestros servicios, nuestras actitudes y, en la medida de lo posible, la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.

Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, Salud, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Instituto Mexicano del Seguro Social y Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida para incrementar la coordinación y el impulso a la difusión de información y sensibilización del personal a su cargo para la atención médica y educativa a personas con VIH-sida, así como para desarrollar más y mejores acciones orientadas a prevenir el contagio de esta enfermedad y continuar coadyuvando en la disminución de casos.

Notas

1 ONU, Objetivos de desarrollo del milenio y más allá 2015, consultados el 25 de noviembre de 2015 en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/aids.shtml

2 Dirección General de Epidemiología, Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/sida en México Registro Nacional de Casos de sida Actualización al 13 de noviembre de 2015, Consida. P. 3. Consultada el 25 de noviembre de 2015 en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/RN_al_13nov_201 5.pdf

3 Información de la CNDH, consultada el 25 de noviembre de 2015 y disponible en: http://www.cndh.org.mx/VIH_Pronunciamientos

4 Censida, Servicios esenciales de calidad e intervenciones en VIH, SSA, consultada el 25 de noviembre de 2015 y disponible en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/principal/Reunion_Consulta_ON Usida_Brasil_abril2015_1.pdf

5 Andrea Meraz, “México pierde lucha contra el sida, advierte la ONU”, Excelsior, 4 de enero de 2015, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/04/1000727

6 Información consultada el 25 de noviembre de 2015 en: http://www.aids.org/2010/10/1-in-4-hiv-patients-have-neurological-disea ses-study/

http://www.aids.org/2011/01/stroke-risk-may-be-higher-in -hiv-patients/

7 Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de diciembre de 2015.

Diputada María Elena Orantes López

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a diseñar e implantar un programa integral de movilidad para las delegaciones políticas encaminado a garantizar la seguridad de los usuarios del sistema Ecobici y demás ciclistas que circulan por la Ciudad de México, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que diseñe e implemente un programa integral de movilidad para las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, encaminado a garantizar la seguridad de los usuarios del sistema Ecobici y demás ciclistas que circulan por las avenidas y calles de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Ciudad de México considerada de entre las ciudades más grande del mundo tiene una población aproximada de 20 millones 843 mil habitantes.1 Además, recibe diariamente a 4 de cada 10 habitantes del estado de México quienes vienen a la capital de país para estudiar o trabajar.2

De acuerdo a la revista Forbes, ocupa el segundo lugar en el ranking de las ciudades con el peor nivel de tráfico en el mundo, alcanzando un pico de congestionamiento vial de 93 por ciento durante las mañanas.3 Desde hace algunos años enfrenta serios problemas de movilidad que dificultan el trayecto y tiempos de recorrido para quienes salen de sus casas en la mañana, tarde y noche.

Se calcula que se pierden a diario 3.3 millones de horas-hombre ocasionado por el tráfico y el deficiente estado del transporte público, lo cual equivale a 33 millones de pesos anuales.4 El último ranking del Institute for Business Value pone a la Ciudad de México en la cima de las ciudades con mayor dificultad para transportarse.5

Por otra parte, el servicio del Sistema de Transporte Colectivo se encuentra cada vez más saturado, pero sigue siendo una alternativa de movilidad aún económica. Traslada anualmente a más de mil 614 millones de usuarios.6

Ante esta situación en los últimos años las autoridades de la Ciudad de México han ido buscado alternativas de traslado como el uso de la bicicleta. Para ello, el Gobierno de la Ciudad de México implementó desde febrero de 2010 el sistema de transporte individual Ecobici como un sistema de bicicletas públicas de cuarta generación.

Este sistema cuenta actualmente con 444 cicloestaciones con un área de cobertura de 32 kilómetros en 44 colonias de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Este proyecto del gobierno capitalino se ha ido consolidando como un medio alternativo de movilidad en la Ciudad, además de ser ecológico.7

De acuerdo a la Encuesta Ecobici 2014 el 80 por ciento de los usuarios que utilizan como medio de traslado la bicicleta tiene entre 25 y 29 años, el 62 por ciento son hombres y el 38 por ciento mujeres, el 53 por ciento tiene como grado de estudios nivel de licenciatura y el 87 por ciento la emplea para trasladarse al trabajo y el 87 por ciento combina su traslado con otro modo de transporte.

Desgraciadamente en los últimos días se han registrado hechos lamentables donde el exceso de velocidad, la falta de precaución y la transgresión al Reglamento de Tránsito por parte de los conductores de los vehículos particulares o camiones de pasajeros, han sido la causa de atropellamientos y por ende, lesiones o la muerte de ciclistas en avenidas y calles de la Ciudad.

El pasado 17 de noviembre, Montserrat Paredes de 21 años de edad perdió la vida al ser atropellada por un autobús de transporte público sobre Paseo de la Reforma. Asimismo, Felipe Torres Muñoz de 62 años de edad, perdió la vida el 19 de noviembre, tras ser golpeado por un tráiler en Iztacalco y el 24 de noviembre otra ciclista de 27 años también fue atropellada en la calle de Moras, en la colonia Del Valle Sur, de la delegación Benito Juárez. Casos, por desgracias, son muchos.

Organizaciones de ciclistas en el Distrito Federal señalan que durante el 2015, al menos 105 ciclistas han sido atropellados, de los cuales 29 perdieron la vida en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, diariamente tres personas fallecen en el Distrito Federal por accidentes de tránsito. Es por ello que resulta urgente que el Gobierno del Distrito Federal diseñe e implemente un Programa Integral de Movilidad que tenga como finalidad mejorar y ampliar la infraestructura vial ciclista en las 16 demarcaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Distrito Federal para que diseñe e implemente un Programa Integral de Movilidad para las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal, encaminado a garantizar la seguridad de los usuarios del sistema Ecobici y demás ciclistas que circulan por las avenidas y calles de la Ciudad de México.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. Informe “Perspectivas Mundiales de Urbanización”. Julio de 2014.

2 Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

3 http://www.forbes.com.mx/df-es-casi-la-ciudad-con-el-peor-trafico-en-el -mundo/

4 http://diarioenbici.com/transito-genera-perdidas-en-df-por-3-3-millones -de-horashombre-cts/

5 “Encuesta del dolor del viajero”, Institute for Business Value.

6 www.metro.df.gob.mx/operación/cifrasoperacion.html

7 www.ecoboci.df.gob.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a legislar en materia de transparencia, respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México y sus entidades federativas se han caracterizado por su opacidad, falta de diálogo, impunidad y violaciones a derechos humanos. En estas condiciones es difícil hablar de una auténtica política de gobierno abierto en el país.

Hoy, a tan sólo 5 meses de vencer el plazo para que las 32 entidades federativas modifiquen sus leyes de transparencia con relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sólo 3 estados, Coahuila, Jalisco y Querétaro han cumplido y es tiempo de exhortarlos a que los que tienen un pendiente con la ciudadanía, cumplan.

En estos días las voces de la sociedad civil organizada fueron contundentes: “Es evidente que los congresos locales dejan para el final temas fundamentales que deben tratarse con la mayor apertura y discusión pública. Aunque poco, todavía hay tiempo”, expresión de Guillermo Noriega Esparza, coordinador del Colectivo por la Transparencia.

Es tiempo que todos en México se comprometan y no se logren leyes con deficiencias o al vapor; ya es tiempo de sumarnos todos a este tema fundamental en los procesos de gobierno tanto a nivel local como nacional.

Es preciso puntualizar que el Colectivo por la Transparencia lanzó una campaña denominada #ArmonizaTuLey, que no es más que un llamado a nosotros las y los diputados locales de Guerrero y todo México a que respetemos los tiempos legales y juntos trabajemos por armonizar nuestras leyes con base en los estándares más garantistas e involucrar a la ciudadanía en este esfuerzo.

Reitero que en México es tiempo de trabajar en el reconocimiento del libre acceso a la información como derecho humano que abarque tanto el solicitar, difundir, buscar y recibir información.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las 29 entidades federativas que no han modificado sus leyes de transparencia con relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a que lo hagan para reconocer el libre acceso a la información pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el Senado de la República a efecto de que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica se realice con arreglo a la defensa, la promoción y el respeto de los derechos humanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 5 de octubre 12 países del mundo –Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam– concluyeron, después de 5 años, las negociaciones que les permitieron llegar al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (mejor conocido como TPP, por sus siglas en inglés).

El acuerdo de asociación transpacífico es el acuerdo comercial regional más amplio de la historia por el tamaño de las economías que lo integran. Las naciones que constituyen el TPP representan 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial y concentran 25 por ciento del comercio internacional. El objetivo de este acuerdo es la eliminación de barreras en áreas como las compras del sector público, la fijación de estándares para derechos laborales, propiedad intelectual y protección al ambiente.

La firma de México dentro de este acuerdo comercial puede llegar a representar algunos beneficios para el país pero trae consigo serios retos. Se han mencionado una serie de cuestionamientos en el caso de las farmacéuticas y de derechos digitales, sin embargo un debate que ha quedado ausente dentro de los acuerdos comerciales firmados previamente por parte de México, incluso desde en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es el libre tránsito de personas.

La teoría liberal habla de liberalizar la economía en cuatro dimensiones: bienes, servicios, capitales y libre tránsito de personas. Tanto el TLCAN como el TPP, sólo se han centrado en las tres primeras, y de manera acotada beneficiando a grupos de interés, olvidándose de las miles de personas que atraviesan el continente americano.

La constante negativa, por parte de ciertos grupos de interés, de incluir en estos acuerdos la libre circulación de personas, ha propiciado el aumento del cruce ilegal en la frontera entre México y Estados Unidos. La globalización no puede tener un doble discurso1 , no puede exigir el libre tránsito de capital, y excluir el libre tránsito de personas.

El libre tránsito de personas es un derecho humano reconocido tanto a nivel internacional como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 13 que dice:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país2 .

Así como por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11:

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones”3

No obstante las libertades mencionadas en los referidos artículos, no incluyen ni amparan el derecho de cualquier persona a entrar libremente en otro país que no sea el suyo4 , pues impera una política migratoria severamente restrictiva; como bien apunta Miguel Carbonell, la universalización de la libertad de tránsito y residencia se enfrenta a discursos anticuados sobre la soberanía de los estados nacionales, mismos que esconden una profunda carga de racismo y de xenofobia5 .

Sin embargo, el proceso de globalización en que estamos inmersos no puede tener un doble discurso, no puede exigir, como señala Marisol Méndez Cruz6 , el libre tránsito del capital y aceptar la entrada de migrantes, como mano de obra barata, sólo cuando la necesitan; es imperante que se respete el derecho a la libertad de circulación, por encima de la facultad de los estados en ejercicio de su soberanía de imponer restricciones a la entrada de extranjeros, derecho que debe ser interpretado en un sentido amplio como los diversos instrumentos internacionales lo contemplan, tales como la Declaración Universal de Derecho Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por tanto, se hace necesario que se establezca en tratados internacionales una interpretación mucho más amplia del derecho a la libertad de circulación de migrantes, a la luz de un contexto de globalización, mismo que permitiría frenar la violación sistemática de derechos humanos de migrantes, consecuencia de políticas anti-migrantes, que atentan contra la vida, la dignidad, la seguridad e integridad de niños, niñas, mujeres y hombres inmigrantes.

Dentro del marco del TPP, en materia de tránsito de personas, sólo se contempla la movilidad de los individuos de manera temporal en un ámbito de negocios y específica que no se contemplarán medidas para personas que busquen acceso al mercado laboral de los países involucrados o medidas relacionadas con ciudadanía, nacionalidad, residencia o empleo en forma permanente7 . Esto sólo es una medida que acude a un tema muy específico que sólo beneficia a ciertos grupos de interés y que no atiende de manera integral el tema de libre circulación como derecho humano.

Es necesario, en un marco de integración y de cooperación internacional, que el libre tránsito de personas sea exigido por el Estado mexicano en los acuerdos de los que forme parte, para permitir un flujo mayor de personas y que, por ende, permitan el trabajo temporal8 . “La migración en el mundo contemporáneo es una de las vías más directas de enriquecimiento cultural, social, laboral e incluso económico de los países”9 . Que una enfermera de México o una maestra o una doctora o una ingeniera pueda ofrecer sus servicios en Canadá o Estados Unidos, en condiciones de equidad. Eso sería liberalizar verdaderamente la economía.

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de esta Cámara acuerda exhortar a los integrantes del Senado de la República, para que en la discusión de la ratificación o, en su caso, de rechazo del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, emitan su voto en apego a la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos, específicamente en el caso del derecho al libre tránsito de personas contemplados tanto en acuerdos internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que sólo se encuentra parcialmente contemplado en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

Segundo. El pleno de esta Cámara acuerda exhortar al titular del Ejecutivo federal, para que para que emita la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en apego a la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos, específicamente en el caso del derecho al libre tránsito de personas contemplados tanto en acuerdos internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que sólo se encuentra parcialmente contemplado en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

Notas

1. Méndez Cruz, Marisol, Derecho a la libertad de circulación, derecho humano de los inmigrantes indocumentados en un mundo globalizado , consultado en:

http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/internac/pdf/10-482s .pdf

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

4. De Lucas, Javier, El derecho a la libre circulación . Sitio: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/ref/ref-j.lucas2.html

5. Carbonell, Miguel. Los derechos humanos de libertad de tránsito, asilo y refugio . Sitio: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3171/5.pdf

6. Méndez Cruz, Marisol. Derecho a la libertad de circulación, derecho humano de los inmigrantes indocumentados en un mundo globalizado . Consultado en: http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/internac/pdf/10-482s.pdf

7. Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

8. Ibid.

9. Carbonell, Miguel. Los derechos humanos de libertad de tránsito, asilo y refugio. Centro de Investigaciones Jurídicas UNAM. Consultado en:

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3171/5.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar acciones en pro de la libre competencia y legalidad de los operadores del transporte aéreo en Tamaulipas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, el presidente de la República señaló que es prioridad conectar a las comunidades más alejadas, mejorar la productividad y elevar la competitividad global de México, así como acrecentar su potencial de desarrollo, de lo cual estoy totalmente de acuerdo.

En ese sentido, en el tercer Informe de Gobierno del presidente de la República se indicó que el transporte aéreo en México ya ha dado muestras de los beneficios de mayor competencia.

Reconozco que un México próspero debe traducirse en un país productivo que genere mayores ingresos para la población y eleve su calidad de vida, al mejorar su movilidad con infraestructura y sistemas de transporte para pasajeros eficientes, seguros y sustentables.

En ese contexto, según cifras oficiales de la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2014, mi estado, Tamaulipas, ocupó el décimo lugar en vuelos y el doceavo en pasajeros transportados vía aérea, con un incremento en comparación del 2013 del 3 por ciento en cuanto a vuelos y un crecimiento del 14 por ciento de pasajeros.

Sin dudas cifras positivas pero que podrían ser mejores.

Actualmente, el estado de Tamaulipas cuenta con 5 aeropuertos internacionales en el estado son los siguientes: el General Pedro J. Méndez en la capital del estado; el Servando Canales en Matamoros; el Quetzalcóatl en Nuevo Laredo; el General Lucio Blanco en Reynosa, y el Gral. Francisco Javier Mina en Tampico.

No obstante la diversidad de aeropuertos, sólo los de Matamoros, Reynosa y Tampico cuentan con dos opciones –líneas aéreas– para volar a la Ciudad de México en contraste con Ciudad Victoria y Nuevo Laredo que sólo cuentan con una opción.

En ese sentido y revisando los costos de las rutas aéreas de los destinos tamaulipecos a la Ciudad de México ida y vuelta –compra anticipada de 10 días–, los resultados no fueron muy competitivos:

En contraste, los costos de los traslados por vía terrestre (viaje redondo) a las ciudades tamaulipecas con aeropuerto fueron más económicos:

Al comparar precios, los terrestres en promedio son más económicos que los aéreos, siendo relevante el ahorro en la ruta a Ciudad Victoria donde el ahorro es de un 66 por ciento, aunque las hora hombre pérdidas en el trayecto no la hacen una opción que genere competitividad.

Es claro que en el estado de Tamaulipas no existe competencia, donde líneas troncales como Aeroméxico e Interjet son más competitivas en sus costos que la regional Aeromar.

Pareciese que la SCT en estos destinos privilegia a compañías como Aeromar con precios altos, de baja calidad, o simplemente por asignación histórica de concesiones, donde los pasajeros de Ciudad Victoria les toca la peor parte, pagando las tarifas más altas de los 24 destinos que opera la aerolínea que se denomina ejecutiva, Transportes Aeromar, SA de CV.

A los Tamaulipecos nos preocupa la situación de que no exista competencia, calidad y precios justos en los vuelos a y desde nuestro estado y que peor aún, se privilegie la discrecionalidad en la aplicación de la ley para esa compañía Aeromar, por los datos que expongo a continuación:

• Se hizo público que Aeromar tiene un adeudo histórico de más de 30 millones de pesos, que remonta de los años 2011 y 2012- por concepto de la TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) que no han podido ser saldados por esta empresa de aviación ni tampoco garantizados.

• Aeromar también tiene pagos pendientes con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la renta y consumo de servicios en la terminal aérea y por el servicio de energía eléctrica.

• Las deudas de la empresa Aeromar han sido ya un tema abordado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública del 2012, quedando sin resolver y poniendo a temblar a los usuarios de 24 destinos donde vuela la línea aérea, por las posibles pérdidas económicas que esto originaría.

En consecuencia de lo anterior, los directivos del AICM han incurrido en omisiones y responsabilidades por su incapacidad para cobrar por la vía legal el adeudo millonario que tiene la empresa Aeromar que se originó por la omisión de la empresa para reportar recursos, que ya habían sido pagados por los usuarios de las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, y que es de sumo interés público y de utilidad general.

En resumen, en nuestro querido Tamaulipas identificamos que la SCT no ha mostrado voluntad para permitir a nuevos interesados operar las rutas en nuestro estado, protege nichos de mercado en rutas ya operadas pese a irregularidades de los operadores en sus obligaciones contraídas, y ha garantizado un margen de utilidad para la empresa Aeromar a costa de los consumidores y pasajeros mexicanos, y en consecuencia esa dependencia no es clara en su labor de permitir libre competencia en el transporte aéreo pero si favorece las tarifas predatorias y prácticas ajenas a la legalidad en nuestro estado.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tenga a bien intervenir de manera inmediata para llevar a cabo acciones que favorezcan la libre competencia y legalidad de los operadores aéreos que vuelan y despegan en Tamaulipas, e impulse productividad en la región autorizando costos competitivos de los servicios de transporte aéreo en nuestro estado tamaulipeco en apego a lo señalado en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

Segundo. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intervenga en el cobro de los Adeudos que la línea Aeromar tiene con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un sentido de legalidad y transparencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 1 de diciembre de 2015.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo con la SCT una campaña publicitaria sobre el manejo de los televisores analógicos desechados, suscrita por los diputados José Clemente Castañeda Hoeflich y Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Mirza Flores Gómez, diputados del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo medidas adecuadas para el manejo de los televisores analógicos desechados, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En 2004 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo de Televisión Digital Terrestre, el cual tenía como objetivo el cese de las transmisiones analógicas en 2021, sin embargo en el 2010 se establece que la transición digital se realizará en el año 2015, misma que inició en el año 2011 y que finalizará a más tardar el día 31 de diciembre del presente año.1

El objetivo de la transición de la televisión analógica hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT), es liberar la banda de 700 megahercios del espectro radioeléctrico, ya que, de acuerdo con la Unión Internacional de Comunicaciones, esto detonará la masificación de servicios de banda ancha.2 Con esto, se sustituye la tecnología que permite la transmisión de un solo canal de programación por señal de televisión de aire o abierta, facilitando que las señales digitales guarden más información en esa misma capacidad, ofreciendo así alta definición y una mayor cantidad de canales de programación, además, internet móvil con mayor velocidad y cobertura.3

El apagón analógico consiste en interrumpir la transmisión de televisión análoga de manera paulatina en todo el país, por lo que, si no se cuenta con una televisión digital o su respectivo convertidor, no se podrá sintonizar ninguno de los canales de televisión abierta disponibles en México.

II. A pesar de los múltiples beneficios que el apagón analógico traerá consigo, el Gobierno mexicano no ha tomado en cuenta los suficientes y necesarios mecanismos para la recolección y almacenaje de las televisiones análogas. Además, no se han puesto sobre la mesa los daños medio ambientales que este proyecto traerá consigo, es decir, desechar una televisión análoga sin una planeación adecuada de cómo se manejarán los desechos tóxicos como el óxido de plomo, que tienen consecuencias graves en la salud.

Los televisores analógicos contienen una gran cantidad de componentes reciclables como son: el cristal de la pantalla, el plástico utilizado para la carcasa exterior y los metales de desechos como cobre y aluminio, y otros de mayor valor, ubicados en los circuitos, como oro, plata, platino y paladio.4 El costo por reciclar un televisor analógico varía entre 40 a 60 pesos por unidad, sin contar el transporte al centro de reciclaje.5

En 2014 el Inegi en su publicación “Estadísticas sobre disponibilidad y uso de la tecnología de información y comunicaciones en los hogares, 2013”, reportó que de los 31.4 millones de hogares en México, el 87.9% contaba con un televisor análogo.6

Se estima que por cada millón de televisores desechados, se generan 22 millones de toneladas de materiales peligrosos,7 ya que l as televisiones analógicas contienen fósforo y óxido de plomo. Televisores mayores a 21 pulgadas tienen más de un kilo de óxido de plomo, el cual se encuentra en el cinescopio, mismo que representa el 80 % del peso total del televisor. Dicho metal es altamente tóxico para el ser humano y los animales, y a la fecha no existe una manera adecuada para desecharlo o reutilizarlo.8

La sintomatología derivada de la exposición al óxido de plomo, ya sea por contacto con la piel o ingestión, incluye dolor y espasmos abdominales, nausea, vómito, dolor de cabeza; y en el caso de inhalación, se irritan los bronquios y pulmones.9

III. A poco tiempo de que se cumpla el plazo para el cese de transmisiones analógicas, no existe una campaña informativa que aclare a la ciudadanía qué hacer con los televisores que van a desechar, los beneficios al medio ambiente que trae consigo el reciclado, así como los daños a la salud que puede ocasionar el mal manejo de algunos componentes del televisor.

Un informe de la organización ambientalista Greenpeace, señala que hay un escaso número de centros de acopio en el país, además de que se encuentran mal distribuidos, y no se percibe una correcta coordinación y capacidad operativa de las dependencias involucradas.10

Por su parte y como lo dispone la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, deberán tomarse todas las medidas necesarias para garantizar el adecuado manejo de los residuos, previniendo la contaminación al medio ambiente con el propósito de salvaguardar el derecho que tienen las personas de gozar de un medio ambiente sano.

Por tanto, resulta indispensable y urgente que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establezca la política que habrá de implementar de inmediato con el objeto de impedir que los televisores análogos no reciban el tratamiento adecuado para su disposición y terminen siendo dispuestos en los rellenos y vertederos, ya sea públicos o privados que se ubican en el territorio mexicano; o en el peor de los casos sean tirados en la vía pública, terrenos baldíos o predios rústicos, lo que generaría una contaminación que por el número de televisores análogos significaría una verdadera contingencia ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, diseñen una política y una campaña informativa, con la finalidad de dar a conocer a la población los daños ambientales y de salud que puede ocasionar el manejo inadecuado de los televisores analógicos al ser desechados, además de brindar información sobre el proceso de recolección de dichos aparatos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que disponga de un plan de recolección de televisores analógicos, mediante la instalación de centros de acopio permanentes y unidades móviles, así como mediante la capacitación adecuada al personal involucrado en el proceso.

Notas

1 Forbes México, “Apagón analógico, la TV ya no será la misma”, (19 de febrero de 2014), recuperado de:

http://www.forbes.com.mx/apagon-analogico-la-tv-ya-sera- la-misma/

2 Forbes México, “Apagón analógico: comienza carrera contrarreloj”, (28 de mayo de 2013), recuperado de:

http://www.forbes.com.mx/apagon-analogico-comienza-carre ra-contrarreloj/

3 Fayer Wayer, “¿Cómo te beneficia el apagón analógico?”, (20 de marzo de 2014) recuperado de:

https://www.fayerwayer.com/2014/03/como-te-beneficia-el- apagon-analogico/

4 eHow en español, “¿Qué se puede reciclar del interior de una TV?”, recuperado de: http://www.ehowenespanol.com/reciclar-del-interior-tv-info_365021/

5 El Economista, “Más de 14 millones de televisores van a la basura por apagón analógico”, (14 de enero de 2015), recuperado de:

http://eleconomista.com.mx/main/2015/01/14/mas-14-millon es-televisores-van-basura-apagon-analogico

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas sobre disponibilidad y uso de la tecnología de información y comunicaciones en los hogares, 2013”, (2014),

7 CNN Expansión , “Apagón analógico podría incrementar basura electrónica”, (13 de julio de 2015), recuperado de:

http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/07/07/el-rie sgo-ambiental-de-no-reciclar-televisores-analogicos

8 El Informador, “TVs analógicas, amenaza a la salud y al medio ambiente”, (21 de diciembre de 2014), recuperado de:

http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/566414/6/tvs-a nalogicas-amenaza-a-la-salud-y-al-medio-ambiente.htm

9 Faga-Lab, “Oxido de plomo”, (enero de 2007), recuperado de: http://fagalab.com/Hojas%20de%20Seguridad/OXIDO%20DE%20PLOMO.pdf

10 Greenpeace México, “México, sin datos sobre centros de acopio de teles desechadas”, (31 de agosto de 2015), recuperado de: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Prensa1/2015/Agosto/Mexico-sin-dato s-sobre-centros-de-acopio-de-teles-desechadas/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Mirza Flores Gómez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a llevar a cabo acciones ante las autoridades del gobierno de Estados Unidos de América y de Texas para solucionar la problemática de los connacionales indocumentados residentes en esa entidad, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reciente decisión de un juez federal del Tribunal Federal de San Antonio, Texas, de nombre Robert Pitmann, ha permitido que se niegue, se expidan y entreguen actas de nacimiento a menores hijos de mexicanos nacidos en dicho Estado, cuando los padres de estos solo presentan una matrícula consular para solicitar dicho documento.

Es un derecho humano, desde el momento mismo del nacimiento, el que todos los niños se forjen una identidad. En consecuencia, el primer paso para lograrlo es el que se inscriba el nacimiento en los registros públicos para que esa persona pueda contar con un nombre y una nacionalidad, ya que el registro civil universal es la base para que se acceda a todos los demás derechos.

Es pertinente hacer notar, que la Identidad no sólo es un elemento que conforma la esencia del ser humano, sino que representa la individualidad de cada uno. De ahí, la importancia de contar con un acta de nacimiento.

La resolución en comento, pone en riesgo el bienestar de miles de familias mexicanas y de menores que aun cuando han nacido en los Estados Unidos de América, son mexicanos por ser hijos de mexicanos, y todo porque la mayoría de los padres de los niños en esa situación, son migrantes indocumentados y, por tanto, carecen de cualquier otro documento de identificación.

Resulta que el certificado de matrícula consular, acorde con lo establecido por artículo 9 del Reglamento de Matricula Consular, es el documento de identidad que expide una oficina consular a favor de un connacional y se otorga una vez que la persona ha comprobado la atribución de la nacionalidad mexicana.

A manera de remembranza, cabe decir que la matricula consular ha sido aceptada como identificación por autoridades gubernamentales e instituciones privadas estadunidenses, por ser un documento de alta confiabilidad y seguridad, y hasta recientemente era aceptada por el Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS), encargado de expedir las partidas de nacimiento.

Todo ello, en cumplimiento a la décimo cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual en su sección 1, claramente establece que toda persona nacida o naturalizada en dicho País es ciudadana del mismo y del Estado donde resida y que ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos.

Sin embargo, la resiente determinación judicial asumida por Texas, obliga al estado mexicano a retomar una de sus principales funciones que implica velar por los derechos y la integridad de las y los mexicanos que, por diversos motivos, se encuentran fuera del territorio nacional, así como de sus descendientes; ya que acorde con nuestra Constitución, son mexicanos por nacimiento: los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional.

Por lo anterior, el Estado mexicano tiene el deber de velar por los derechos de estos menores y la de sus padres, ya que la matricula consular es un documento oficial expedido por autoridad mexicana que debería ser reconocido y ser tratado como confiable y seguro.

La falta de emisión y entrega de actas de nacimiento para estos pequeños, dificulta en gran medida su acceso a derechos y beneficios en los campos de salud y educación públicos, entre otros; resultando una aberración que les sean coartados en su país de origen (EE. UU.), por el simple hecho que a sus padres no les fue reconocida como identificación válida la matrícula consular.

Como parte de los efectos negativos de la medida judicial, en el caso de los padres de los infantes, restringe su movilidad por el temor a ser detenidos por autoridades ante las cuales no podrían comprobar el vínculo con los menores, provocando de esta forma la separación de las familias.

A todo esto, se suma el supuesto consistente en que cuando se trata de menores mexicanos nacidos en los Estados Unidos que son trasladados a residir a México y cuyos padres desconocen el procedimiento para documentar adecuadamente la ciudadanía mexicana de estos, -situación que en la actualidad es muy común-, el menor podría llegar a encontrarse en condición de apátrida, por no contar con el reconocimiento de ninguno de los dos países.

Lo anterior, igualmente crea condiciones que podrían facilitar el tráfico de menores, la trata de personas e incluso la venta ilegal de personas, ya que la falta de documentación puede contribuir a su extracción del seno familiar, complicaría su búsqueda y el proceso de persecución del delito.

El actual clima antiinmigrante solo ha llevado a incrementar el temor a la deportación de nuestros connacionales indocumentados, lo que ante situaciones como esta, dificulta que los mismos lleven a cabo cualquier acción en defensa de sus derechos o los derechos de sus hijos menores, sin importar que estos sean ciudadanos estadunidenses.

De la propia Constitución Federal del Pueblo vecino se desprenden principios acordes con nuestro propio derecho positivo, los cuales no se están respetando y que son:

1. el deber del Estado de asegurar el registro de las personas sin emplear procedimientos selectivos o sistemas restrictivos para ciertos grupos de personas;

2. evitar la discriminación contra grupos vulnerables a la falta de identidad civil, como son, los migrantes, refugiados, poblaciones fronterizas, niños, mujeres y pueblos indígenas.

Por ello, en Movimiento Ciudadano externamos nuestra preocupación por la situación en que se encuentran nuestros connacionales, más aun, ante la tibieza con que ha actuado la Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador de México y los distintos consulados a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América; por lo que solicitamos a esta Soberanía, apruebe los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que lleve a cabo las acciones necesarias y suficientes ante las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos de América y del Estado de Texas, con el fin de dar solución a la problemática que actualmente enfrentan los connacionales indocumentados residentes en ese País y en específico en ese estado, por cuanto hace a la emisión y entrega de actas de nacimiento de sus menores hijos nacidos en aquél País.

Segundo. Incitar a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que gire instrucciones a las oficinas consulares con jurisdicción en los Estados Unidos de Norteamérica y en específico en el Estado de Texas, con el fin de que se difunda la información necesaria que permita a los afectados tomar las medidas legales necesarias en defensa de los derechos de sus menores hijos, sin temor a enfrentar las consecuencias de su falta de estatus migratorio y otorgándoles la asesoría jurídica que requieran.

Tercero. Exhortar a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que asuma un papel preponderante y activo en el tema de referencia y no se circunscriba a la presentación de un documento ante la Corte Norteamericana, denominado Amicus Curiae (amigos de la corte).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Consejo Nacional de Salud a emitir una alerta sanitaria en Baja California ante la presencia de bacterias del género Rickettsia, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo: por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud de las Enfermedades, para que emita una alerta sanitaria en Baja California ante la presencia de bacterias del género rickettsias, con base en las siguientes

Consideraciones

La rickettsias, son bacterias causantes de una enfermedad infecciosa epidémica conocida como rickettsia o fiebre manchada de las montañas rocallosas, considerada en Estados Unidos de América la de mayor mortalidad de las transmitidas a los seres humanos por picadura de artrópodos infectados.

Estas bacterias provocan fiebre, dolor de cabeza intenso, escalofríos, dolores musculares y articulares, malestar general, inquietud, náuseas, vómitos ocasionales, sangrados leves de encías o en cualquier otro sitio y erupción cutánea que puede identificarse como manchas rojas.

El cuadro clínico de esta enfermedad, en su etapa inicial, es muy parecida a infecciones menos severas, sin embargo, la ausencia del tratamiento apropiado durante los primeros 5 días aumenta el riesgo de mortalidad hasta en un 65%.

En Baja California, según cifras del Departamento de Epidemiología del Instituto de Servicios de Salud Pública de la Entidad, de 2009 a la fecha, se han notificado 3,747 casos probables de ricketssia, de los cuales 882 fueron confirmados por laboratorios, causando por lo menos 97 muertes, la mayoría en Mexicali y una en el puerto de Ensenada. Tan solo en lo que va del año, se tiene registro que han fallecido 20 personas en Tijuana y una en Ensenada, por esta enfermedad.

Datos del Instituto de Servicios de Salud Pública (ISESALUD), revelan un dato por demás alarmante; de las 25 muertes por rickettsia en 2014, todos, antes de ser internados en el hospital, acudieron en promedio a 4 consultas con sus médicos particulares, quienes no fueron capaces de diagnosticar esta enfermedad.

El Isesalud ha documentado además que en la actualidad 51 colonias de la periferia de Mexicali presentan un alto número de casos de rickettsia, siendo las más afectadas Santa Isabel (ubicada en Los Santorales, al poniente de la ciudad) con un 25% de los casos presentados, seguida por el fraccionamiento Valle de Puebla (al sur), con 10% y la delegación municipal Progreso (en el área poniente del Valle de Mexicali, en la salida a Tijuana), con 7%.

De acuerdo con los registros llevados por el Departamento de Epidemiología del Instituto de Servicios de Salud Pública de la Entidad, durante 2009; en que se dio el primer brote de esta enfermedad, se reportaron 278 casos, donde la gravedad de la enfermedad se tradujo en una letalidad de 2.8%, hoy en día, el reporte más reciente, arroja 92 casos reportados con una letalidad del 21.7%.

Estas cifras, dejan evidencia que pese a los esfuerzos para prevenir los casos de rickettsia, la tasa de mortalidad se encuentra en franco aumento, pues aún y cuando se han disminuido el número de personas afectadas por esta enfermedad, se ha registrado un mayor número de decesos de los pacientes.

Es inminente la declaratoria de alerta sanitaria para Baja California, no podemos sentarnos a esperar a que esta enfermedad se cobre la vida demás personas, los californianos nos encontramos ante una epidemia que estadísticamente se ha vuelto más letal con el pasar de los años. El problema de la rickettsia en Baja California, requiere de la unidad y coordinación entre los tres niveles de Gobierno.

En razón de lo anterior, someto a la consideración de este pleno la siguiente propuesta con punto de

Acuerdo

Único. Se exhorta al Consejo Nacional de Salud de las Enfermedades, para que emita una alerta sanitaria en Baja California ante la presencia de bacterias del género rickettsias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Honorable Cámara de Diputados, México, DF, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incrementar las acciones del programa de respuesta del VIH, sida e ITS, a cargo del diputado Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Refugio Trinidad Garzón Canchola, diputada federal por Sonora, Integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, así como los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito poner a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la secretaría de salud, como máxima instancia en la creación, desarrollo y ejecución de estrategias enfocadas a la prevención y control de enfermedades, ejecute paralelamente en su programa de acción específico de respuesta al VIH, sida e ITS; las siguientes acciones:

• Uso responsable del presupuesto inversiones anticipadas.

• La política pública para el control y prevención del VIH/sida debe centrarse los programas tengan mayor impacto en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)

• Involucrar a líderes locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables para la prevención y atención del VIH

• crear nuevas estrategias innovadoras y alianzas entre los sectores de salud, educación y desarrollo social para los sectores más vulnerables de la población a la infección del VIH/sida

• Compromiso absoluto con la protección de los derechos humanos y la igualdad de género

Consideraciones

El mundo está adoptando la estrategia de Respuesta Rápida para poner fin al sida. Para erradicar esta epidemia hacia el 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.1

Una de las más graves enfermedades que ha enfrentado nuestra sociedad es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida), causada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). De acuerdo con el registro Nacional de Casos de Sida, elaborado por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaria de Salud Federal actualizado al 13 de Noviembre del 2015, en el país 124,718 (Ciento veinticuatro mil setecientos dieciocho) personas viven con VIH/Sida, de las cuales el 75% de los casos detectados son hombres y el 25% son mujeres. El Estado con mayor registro histórico de casos es el Distrito Federal con 26 mil 431 casos, después el Estado de México con 18 mil 782, Veracruz con 15 mil 680, Jalisco con 12 mil 738 y Chiapas con 8 mil 999.2

Históricamente la primera reacción ante la irrupción de la epidemia del SIDA en el país a inicios de los años ochenta3 provino de la sociedad civil específicamente de las personas que vivían con VIH, ante la indiferencia e incluso la abierta omisión de parte del gobierno mexicano. Los logros alcanzados en algo tan básico para cualquier política pública en salud como son la atención médica, medicamentos y la protección física se consiguieron a contracorriente.

Los grupos sociales históricamente excluidos (gays, mujeres, internos e internas en reclusorios o penitenciarias, niños y niñas, pobres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, trabajadoras sexuales, población travesti, transexual etc.) fueron el blanco de esta estigmatización. Para ellos y ellas, tradicionalmente discriminados, la vulnerabilidad y exclusión se agudizo, despojándolos de las condiciones mínimas para ejercer sus derechos frente a la enfermedad.

El estigma y discriminación relacionado al VIH/sida surgió prácticamente al mismo tiempo que se descubrieron los primeros casos de la enfermedad, al encontrarse que los pacientes en los que se detectó el nuevo virus tenían en común ser gays. Al poco tiempo se empezó a referir a la enfermedad como un síndrome relacionado a la población homosexual, pero pronto se empezaron a reportar casos de hombres y mujeres heterosexuales. Sin embargo, ya era tarde: se había desatado el rumor de que era una enfermedad exclusiva de homosexuales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) rectificó esta postura algunos años después señalando que no hay grupos de alto o bajo riesgo, sino prácticas de riesgo, independientemente del género, orientación sexual, edad, religión, posición social o raza. Se determinó que los sectores sociales más pobres y marginados (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con hemofilia, usuarios de drogas inyectables, migrantes, personas con discapacidad e internos penitenciarios entre otros.) son sectores socialmente vulnerables a la infección, no por su orientación sexual, sino porque su entorno social y económico los aleja de la información, los servicios de salud, la educación y las campañas o mecanismos de control y prevención.

El tratamiento antirretroviral ha transformado a la infección por el VIH y al sida, de una enfermedad que se consideraba como mortal a una enfermedad crónica que les permite a las personas tener una vida normal y productiva. Sin embargo, es necesario un manejo integral que les permita a estas personas llevar una buena calidad de vida en todos los aspectos, es decir que vivir con VIH no debe ser una causa para que se le niegue el acceso a la educación, a la cultura al trabajo, a la vivienda, a la libertad de tránsito, a formar una familia, a la justicia y a la par es indispensable que en México las políticas de prevención sean dirigidas a los sectores más vulnerables a contraer la infección del VIH.

Antes de la llegada a México de los tratamientos antirretrovirales, la supervivencia de las y los pacientes diagnosticados con VIH era de un año. A partir de 1996, el acceso progresivo logra retrasar el daño del sistema inmunológico y mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas con VIH. Por ello, desde 1998, la Secretaría de Salud estableció un programa de acceso al tratamiento antirretroviral para las personas que viven VIH sin seguridad social. La meta en 2003 fue alcanzar el acceso universal del tratamiento antirretroviral, planteando a partir de entonces el reto es mantener el acceso al tratamiento libre de estigma y discriminación como una política sustentable y permanente.

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, como máxima instancia en la creación, desarrollo y ejecución de estrategias enfocadas a la prevención y control de enfermedades, ejecute paralelamente en su programa de acción específico de respuesta al VIH, sida e ITS; las siguientes acciones:

• La política pública para el control y prevención del VIH/sida debe centrarse los programas tengan mayor impacto en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)

• Involucrar a líderes locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables para la prevención y atención del VIH

• Crear nuevas estrategias innovadoras y alianzas entre los sectores de salud, educación y desarrollo social para los sectores más vulnerables de la población a la infección del VIH/sida

• Compromiso absoluto con la protección de los derechos humanos y la igualdad de género.

Notas

1 Fast Track ending the aids epidemic by 2030,

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC 2686_WAD2014report_es.pdf

2 Datos publicados por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida) de la Secretaría de Salud federal.

3 Los primeros diagnósticos en México se dieron en marzo de 1983, en el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” a comienzos de la gestión del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado en el marco de una crisis económica que significó un cambio de paradigma político.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de las diputadas Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la gran lección política de principios de siglo que nos la dieron las personas con discapacidad, al conseguir la adopción por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, declarada por organismos mundiales como el primer instrumento internacional de derechos humanos del Siglo XXI nos compromete a sumarnos a su causa que es propiciar la inclusión total y plena a la sociedad.

A siete años de su entrada en vigor, y a uno de la presentación de su primer informe ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro grupo parlamentario expresa su compromiso para cumplir con las Recomendaciones formuladas por este Comité a nuestro país en materia de armonización legislativa a temas complejos como: Derecho a la vida, Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, Igual reconocimiento como persona ante la ley, Acceso a la justicia, Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Protección contra la explotación, la violencia y el abuso, Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, Respeto de la privacidad y Participación en la vida política y pública.

Estamos comprometidos, además de avanzar en la construcción de políticas públicas de Estado, políticas que se preserven en el tiempo y que sean un paradigma obligado para el gobernante en turno.

Nuestro grupo parlamentario proseguirá encabezando acciones legislativas y parlamentarias para saldar la deuda histórica, social, económica y cultural con las personas con discapacidad; deuda que les tiene en el desempleo a 7 de cada 10, que tiene ganando máxime hasta dos salarios mínimos, que tiene a un tercio de ello en el analfabetismo, como lo ha afirmado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su último Censo de Población.

Urge que en esta Cámara se asuma el tema de la discapacidad con una estrategia de transversalidad que ocupe a todas las Comisiones Ordinarias a que legislen con la perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad en las normas que les compete atender.

Nuestro grupo parlamentario, como ya lo hace nuestro Partido, al incluir en su Comité Ejecutivo Nacional, la cartera de asunto de las personas con discapacidad, orientará sus esfuerzos para generar condiciones para que los militantes con discapacidad de los partidos políticos puedan participar plenamente en su vida democrática de manera ordinaria, puedan acceder el igualdad de condiciones a las candidaturas de elección popular, y con ello, puedan incidir en la búsqueda de soluciones para resolver sus problemas. Nuestro grupo parlamentario, con todo respeto, hace un llamado a las demás fuerzas político partidarias a elevar la prioridad de sus militantes con discapacidad en sus órganos de gobierno.

En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad externamos nuestra admiración y respeto a las madres jefas de familia con discapacidad que todos los días sacan adelante a sus hijos con dignidad y gran orgullo; también expresamos nuestro respeto aquellas madres que enfrentan la discapacidad de alguno de sus hijos y destinan gran parte de sus vidas a crearle condiciones en las que vivan dignamente.

En el PRI estamos seguros que los demás grupos parlamentarios también tienen la voluntad para que prosigamos con la reforma legislativa integral en materia de discapacidad que iniciamos hace más de 20 años, que permita a nuestro país alcanzar los retos de desarrollo humano recomendado por organismos internacionales.

Asimismo, y con respeto, convocamos a los Congresos de las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar sus normas locales con la legislación federal y los instrumentos internacionales. Hagamos un esfuerzo por que en cualquier rincón de la patria haya condiciones jurídicas para que las personas con discapacidad y sus familias vivan con dignidad y perspectivas con futuro cada vez menos incierto.

Hacemos voto porque esta Legislatura la transitemos fortaleciendo el marco legal que haga de las personas con discapacidad hombre y mujeres con derechos y obligaciones, es decir ciudadanas y ciudadanos libres y activos trabajando por aportar sus talentos a la grandeza de la nación.

Palacio Legislativo, a 1 de diciembre de 2015.

Diputadas: Claudia Edith Anaya Mota y Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas)

Con motivo del 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, del Grupo Parlamentario del PVEM

En su lucha contra las graves violaciones a los derechos humanos que existen a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el dos de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

La importancia de esta fecha radica en que desde el año de 1949, a través de la resolución 317, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena.

En el convenio citado en el párrafo anterior, se señala que: “se deben centrar los esfuerzos de la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.”

Datos de la Organización Internacional del Trabajo, organismo integrante de la ONU, calcula que 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en la actualidad, lo que genera unos 150,000 millones de dólares anuales de ganancias ilícitas.

A mayor abundamiento, en el 2014 la ONU estimó la existencia de 18 millones de trabajadores en condiciones de esclavitud; además que cada día hay mujeres víctimas de la trata, mujeres que se venden y encierran en burdeles; del mismo modo, cada día se casa a jóvenes por la fuerza, se abusa sexualmente de ellas o se explotan como empleadas domésticas.

También sigue existiendo en el mundo, niños y niñas que trabajan en condiciones de sobreexplotación, inhumanas y peligrosas. Todavía hay hombres y mujeres que, separados de sus familias, trabajan encerrados en fábricas clandestinas en condiciones de servidumbre y con salarios insignificantes.

Desafortunadamente, México no es ajeno a esta realidad internacional; nuestro país sigue presentando graves ejemplos de violación de derechos humanos en materia de esclavitud. Hay padres que venden a sus hijos para ser explotados en empresas ladrilleras, como fue denunciado y evidenciado en los estados de Puebla y Tlaxcala. Sigue existiendo en algunas regiones, prácticas de matrimonios forzados. También existen muchos casos de menores que son objeto de mendicidad forzosa, pornografía infantil o explotación sexual. Y no menos importante es el reclutamiento violento que el crimen organizado realiza de niños y jóvenes.

Claro ejemplo de lo anterior, se observa en el Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, dado a conocer el año 2014, documento en el que se señala que en nuestro país cerca de 12 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales:

a) 79 por ciento son para explotación sexual,

b) 3 por ciento son para extracción de órganos y,

c) 18 por ciento son para explotación laboral.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que de 3.6 millones de personas que sufren trata: 31% son menores de edad, -entre 5 y 17 años-, y 70% son personas migrantes e indígenas que se explotan para realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral.

Por ello, los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México recordamos a esta soberanía que nuestra nación se fundó con el ideal de abolir la esclavitud. Entre los años de 1810 a 1921 sucedieron las luchas armadas de millones de mexicanos buscando consolidar a nuestra nación, como un lugar libre de esclavitud.

Asimismo hacemos nuestras, las palabras de Kofi Annan:

“Donde existe la esclavitud, es negada la dignidad humana, y avergüenza a todos los que dicen ser misericordiosos o comprometidos con los débiles y vulnerables del mundo... en el umbral del nuevo milenio, seguimos encontrando formas viejas, y lamentablemente, nuevas de esclavitud. Miles de personas de todo el mundo viven y mueren como esclavos en una forma u otra.”

Por lo tanto hoy, en este día, hacemos a esta soberanía un llamado, para sumar esfuerzos y acabar con la esclavitud de millones de mexicanos en todas sus formas y en particular en la modalidad de trata de personas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de diciembre del 2015.

Diputada Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica)

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La salud es uno de los aspectos más importantes para cualquier humano y la falta de ella, puede impactar devastadoramente en el enfermo y en su familia. Winston Churchill decía que el mayor activo de un país es tener ciudadanos sanos, sin embargo, para que esto sea posible, la garantía en el acceso a medicamentos debe ser una realidad. De poco sirven los progresos científicos, si sus beneficios no promueven el bienestar de la humanidad en general.

En 1988 la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que el 1 de diciembre, fuera declarado como el Día Mundial de la lucha contra el Sida, propuesta que tuvo eco en la Asamblea Mundial de la Salud y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces, gobiernos, organizaciones internacionales y nacionales han ocupado esta fecha para reflexionar sobre la pandemia del VIH, y las formas de combatirla.

Se decidió que fuera el 1 de diciembre 1981, la fecha en que se conmemoraría la lucha contra el SIDA, ya que fue detectado el primer caso de este mal un primero de diciembre de 1981 y desde entonces ha cobrado la vida de millones de personas. En conciencia de ello, se eligió el lazo o cinta en color rojo para simbolizar mundialmente la solidaridad hacia las personas VIH positivas y de aquellas que conviven con el SIDA; y aumentar la conciencia en la prevención y tratamiento.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), representa una de las fases terminales de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Este virus infecta las células del sistema inmunitario, afectándolas a nivel interno, lo que hace que su funcionamiento acarree el deterioro progresivo del sistema inmunológico.

Según datos del último estudio censual de la OMS y el ONUSIDA, a finales de 2013 había en el mundo unos 35 millones de personas infectadas por el VIH. Ese mismo año, contrajeron la infección unos 2,1 millones de personas, y unos 1,5 millones murieron por causas relacionadas con el sida.

Uno de los aspectos más complejos de la transmisión de la enfermedad, es que una de las principales vías de transmisión son relaciones sexuales (vaginales, anales o bucales) sin protección con una persona infectada; así como las transfusiones de sangre contaminada. Una mujer embarazada puede transmitirle la infección al hijo durante la gestación el parto o la lactancia.

Investigaciones de la OMS y ONUSIDA señalan que la circuncisión masculina reduce en un 60% el riesgo de transmisión sexual de las mujeres a los hombres. Desde 2007, la OMS y el ONUSIDA han recomendado la circuncisión médica voluntaria como una estrategia suplementaria importante para prevenir la infección por el VIH en lugares donde esta tiene gran prevalencia y la circuncisión masculina es poco frecuente.

Las patentes de medicamentos generan en Estados Unidos un gasto anual a la población de 300 billones de dólares, cifra que sin el monopolio de éstas, sería diez veces menor. A pesar de esto, las regulaciones internacionales no han hecho mucho por limitar este esquema, los logros más notables se reducen a casos como los de Brasil, que durante el gobierno de Lula da Silva, tomó la decisión unilateral de producir efavirenz, del laboratorio MSD, cuando en el país carioca vivían 200 mil personas con VIH, de las cuales casi la mitad tomaban el fármaco.

Tiempo atrás, en 1998, estando Nelson Mandela en el Gobierno sudafricano, la famosa demanda de la SouthAfrican Pharmaceutical Manufacturers Association contra el Gobierno sudafricano por su reforma que permitía la posibilidad de importar genéricos para tratar al SIDA, dio la vuelta al mundo pues el mismo Al Gore pretendió interceder a favor de las farmacéuticas.

Sin embargo, la política de salud que prevalece en México, ha hecho de éste el segundo país de la OCDE con mayor gasto privado en medicamentos, al invertir 29% del gasto total en salud en la compra de fármacos contra un 17% promedio que gastan el resto de estados miembros -se calcula que una familia mexicana gasta en promedio 228 pesos por visita al consultorio- con un salario cada vez más pauperizado.

Esto a pesar de que el gasto gubernamental en la compra de estos insumos equivale a 51 mil millones de pesos, cifra insuficiente para cubrir la demanda en los organismos de salud pública, y que además llega a destiempo o es opaca, pues son conocidos varios casos de corrupción en un rubro tan sensible.

La recomendación 8 de la Declaración de Bahía, supone la abierta posibilidad de rechazar las patentes sobre medicamentos tan importantes como los antirretrovirales para la atención del SIDA. Sin embargo para que eso sea posible en México se debe reformar el Artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, a fin de liberar a los 31 medicamentos del cuadro básico de la patente de este tipo de medicamentos. Sin embargo, la negativa de las autoridades y los grandes intereses de por medio han negado hasta la fecha un derecho de vida, no sólo a quienes padecen SIDA, sino a una gran cantidad de personas que luchan día a día con enfermedades tan graves como el cáncer.

Las y los enfermos están a merced de una baja oferta de medicamentos o de la disponibilidad de patentes libres, lo que pone en riesgo su salud al dilatar sus tratamientos -o al no seguirlos-, sin mencionar todo lo que esto implica en materia de derechos humanos.

Este día que conmemoramos la lucha contra el Sida, debe ser punto de partida para que como ciudadanos exijamos que las políticas de salud tomen una posición frente un esquema de patentes que limita el derecho a una vida plena.

Acabar con la epidemia del sida para el año 2030 es posible, sólo si logramos que todas las personas, en todos los lugares del mundo, tengan acceso a los servicios que precisan: prevención, tratamiento, atención y apoyo. Acabar con el SIDA es por fue uno de los ocho objetivos de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio, y hoy forma parte de los Objetivos Globales con miras a 2030.

Hagamos en este día un homenaje a la memoria de quienes han perdido la vida por esta enfermedad, un exhorto general para que todos tomemos conciencia de la gravedad del problema y de la importancia de educar para la prevención. No combatir sin flagelo la discriminación para quienes la padecen, como también, por el destierro de la enfermedad en todo el mundo.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con motivo del Día Internacional de la Acción contra el Sida, suscrita por los diputados Edith Anabel Alvarado Varela y José Alfredo Torres Huitrón, del Grupo Parlamentario del PRI

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se conmemora el 1 de cada año, se dedica a dar a conocer la epidemia del sida global causada por la extensión de la infección del VIH. Este día fue elegido debido a que el primer caso de sida en el mundo fue diagnosticado en 1981.

En el año de 1983, se diagnóstica el primer caso de sida en México, sin embargo no se le dio la importancia debida pues se encontró dentro de un grupo en situación de vulnerabilidad. El gobierno mexicano, las instituciones de salud y la organización de la sociedad civil (OSC) con trabajo relacionado a este problema de salud pública, iniciaron y fomentaron el estudio, la prevención y detección del VIH.

El gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto está comprometido en seguir avanzando en los principales retos que se han identificado en este problema de salud pública, a través de la Secretaría de Salud se trabaja en la necesidad de lograr servicios de atención y calidad, detección y tratamiento oportuno, ampliar el acceso efectivo a pruebas, eliminar el VIH perinatal, incrementar la detección, institucionalizar mecanismos jurídico-administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos de este sector de la población, manteniendo la coordinación estrecha con las organizaciones de la sociedad civil, así como con los grupos afectados por la enfermedad, además de los sectores académico y científico.

La sociedad civil en México inició sus primeras acciones sobre sida en 1983. Desde entonces han pasado muchas cosas: las organizaciones se han diversificado, las formas de comunicación y trabajo conjunto han madurado y en la actualidad existen alrededor de 300 organizaciones civiles en todo el país que han influido de manera decisiva en las políticas públicas en VIH/sida y se dedican a realizar diversas actividades relacionadas a la educación, atención y asistencia, derechos humanos, banco de medicamentos, difusión de la información, recaudación de fondos o acceso a medicamentos.

Nuestro país se suma a la campaña “Protege la Meta”, dirigida por Onusida, en colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que tiene como fin emplear el poder del deporte a nivel mundial, para promover una generación libre de sida y discriminación, así como el embarazo en adolescentes.

Necesitamos cerrar filas para este sector vulnerable, la responsabilidad no recae ni debe recaer en el gobierno federal. El éxito de la estrategia requiere que los gobiernos estatales, municipales y sociedad civil trabajemos juntos para coordinar mejor las acciones contra el VIH/sida.

El sida. Es una etapa avanzada de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana.

EL VIH. Se trata de un retrovirus que ataca las defensas del organismo y altera la capacidad para defenderse de las enfermedades ocasionadas por otros virus, bacterias, parásitos y hongos.

Desde entonces, según datos de Onusida más de 60 millones de personas se han infectado del virus en todo el mundo. Aunque la prevalencia mundial del sida parece haber llegado a su umbral, se calcula que se producen anualmente más 2 millones de nuevas infecciones, cosa que equivale a 6.800 nuevos casos de VIH al día.

Hasta el momento solo se han demostrado tres posibles vías de transmisión de VIH entre seres humanos:

• Parenteral. Por exposición a sangre, sus derivados o tejidos trasplantados. Esto puede originarse por transfusiones o trasplantes sin control sanitario adecuado o por compartir agujas, jeringuillas u otros utensilios utilizados en el proceso de preparación y administración de la droga, contaminados con sangre de un portador.

• Sexual. Se produce como consecuencia de la exposición a través de una práctica sexual (vaginal, anal u oral) con el semen, la sangre o secreciones vaginales de una persona portadora del VIH (infectada).

• Vertical (perinatal): De madre infectada a su hijo, durante el embarazo, el parto, o la lactancia.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/Sida reporta que en México los casos de sida han sido notificados más 177 mil desde 1983 al 30 de junio de 2015. En este año se han diagnosticado más de 3,800 nuevos casos; de los cuales 1,852 son de sida y 1,953 de VIH.

En el 2014 se diagnosticaron aproximadamente 10 mil casos de los cuales son 4,800 son de sida y 5,100 de VIH.

En datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) actualmente la tasa de mortalidad en México ante dicha enfermedad, es de 4 personas por cada 100 mil habitantes cada año, mientras que la cifra establecida por la ONU en los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) es de tres defunciones. En 23 años, la variación en muertes por este padecimiento es de sólo 2 puntos menos; el aumento a cuatro personas fallecidas por cada 100 mil habitantes comenzó a partir de 1995 y un año antes la cifra fue de 4.

En la última actualización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Registro Nacional de Casos de Sida al segundo trimestre de 2015, arroja que los Estados con la mayor tasa de casos nuevos diagnosticados por VIH, en proporción por cada 100 mil habitantes son Campeche 5, Colima 5, Guerrero 4, Yucatán 4y Morelos 3, así como los diagnosticados con sida son Yucatán 5, Tabasco 4, Quintana Roo 4, Campeche 3 y Tamaulipas 3.

La falta de información y de campañas preventivas ha hecho que los jóvenes sean el grupo más vulnerable para el contagio del VIH/sida. El porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que tienen la enfermedad es de 34 por ciento.

La distribución de los casos notificados de sida en grupos de edad y sexo, arrojan que el rango donde se presenta el mayor porcentaje es de los 30 a los 34 años y en los hombres representa el 82 por ciento y en las mujeres el 18 por ciento.

En el año 2000, la comunidad mundial dio un paso histórico en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, al reconocer la importancia de una respuesta eficaz al VIH/sida, al incluirla en el contexto del programa de desarrollo más amplio y la carga asociada con las enfermedades contagiosas, debilita los esfuerzos para reducir la pobreza, prevenir el hambre y resguardar el potencial humano, la única vacuna es la buena información.

El Comité Directivo Mundial del Onusida ha liderado la campaña por el Día Mundial de la lucha contra Sida desde su lanzamiento en el 2004, y fue a partir del 2011 que se renombró como el “Día Internacional de la Acción contra el Sida” y con el respaldo de las Naciones Unidas, se comenzó a seleccionar temas para la conmemoración de este día, la iniciativa del 2011 al 2015 se desarrolla con el tema “llegar a cero” .

Esta fecha debe servir de excusa para la reflexión, tanto por parte de la población general como de las instituciones gubernamentales, debemos reconocerlo como una oportunidad indispensable para crear conciencia y reconocer que no se puede ser intermitente con las campañas de concientización y difusión, ni perder el miedo al virus.

Es por todo lo anterior, que resulta imperante invertir recursos y esfuerzos en los aspectos preventivos a través de campañas de difusión y prevención que lleven a la población un mensaje claro y directo, que no deje dudas acerca de las conductas de riesgo que pueden exponer al VIH y cuál es la forma de evitarlas.

El lazo rojo no es una moda o un adorno, es un símbolo de solidaridad, de humanismo, de conciencia, es un compromiso, una responsabilidad para informarse, comprometerse y actuar frente a la epidemia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2015.

Diputados: Edith Anabel Alvarado Varela, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica)