Dictámenes a discusión

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Radio y Televisión, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar la política para la devolución de frecuencias de radio AM, debido a la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Radio y Televisión le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política para la devolución de frecuencias de radio AM, en razón de la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población, a cargo de los diputados Adolfo Bonilla Gómez y Federico José González Luna Bueno, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aboca al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo antes descrita y somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha diez de marzo de dos mil quince, se dio cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política para la devolución de frecuencias de Radio AM, a cargo de los diputados Adolfo Bonilla Gómez y Federico José González Luna Bueno, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente.

2. Mediante oficio D.G.P.L.62-II-3-2354 de fecha diez de marzo de dos mil quince, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Radio y Televisión la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. Mediante oficio CRT/036/2015 de fecha once de marzo de dos mil quince, la Secretaría Técnica de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, hizo del conocimiento de los integrantes de la citada Comisión el asunto materia de este dictamen, para efectos de su estudio, y la emisión de los comentarios correspondientes.

4. En la multicitada proposición con punto de acuerdo se solicita lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política pública para la devolución de las frecuencias de radio AM por los efectos adversos que se pudiesen generar con motivo de dicha política pública.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise y, en su caso, modifique el Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a efecto de que se suspenda la devolución de las frecuencias de radio AM, hasta en tanto se implementen las acciones necesarias que garanticen la cobertura, continuidad, pluralidad de la información para la población, así como la no afectación a la industria de la radiodifusión sonora.

Como se aprecia el objeto del exhorto es requerir al órgano constitucional autónomo encargado de regular el desarrollo eficiente de la radiodifusión, a fin de que revise puntualmente que la devolución de frecuencias de AM, establecida en el acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2008, no se vaya a generar afectaciones a la población, ya sea porque se interrumpe el servicio de radio AM, o bien porque se disminuya su cobertura.

A partir de estos antecedentes, los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión, exponemos las siguientes

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora resulta legalmente competente para conocer del presente asunto , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1 fracción VI, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La competencia por materia del asunto corresponde a un tema de radiodifusión, ya que particularmente aborda una situación específica sobre las estaciones de radio AM, mismo que es atinente a la competencia material de esta Comisión ordinaria, y para ello, partimos de la definición que proporciona la fracción III del apartado B del artículo 6o. Constitucional: La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional.

En tal tesitura, dicho servicio público de interés general se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello, precisando que lo anterior se prevé expresamente en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ahora bien, hay que señalar que derivado de un fenómeno de avance tecnológico denominado “convergencia tecnológica”1 tanto los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones tienden a fusionarse o converger, tan es así, que mediante el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, publicado el once de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, se imprime en el artículo cuarto transitorio el concepto de convergencia, de acuerdo lo siguiente:

Cuarto. En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente , el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Énfasis añadido

Por lo tanto, se ordenó la emisión de una nueva ley convergente que regule tanto la prestación de los servicios de radiodifusión como de telecomunicaciones, pero es necesario precisar que el servicio público de radio y televisión tiene una importancia capital, ya que el mismo se recibe por las audiencias sin ningún costo, siempre que se tenga o adquiera el aparato idóneo para recibir las señales abiertas, por lo que las personas únicamente pagan por la adquisición del citado equipo; al contrario de lo que sucede en los servicios de telecomunicaciones, en los que se tiene que pagar una suscripción y una tarifa periódica por el consumo del servicio, además de la adquisición o renta del equipo terminal de telecomunicaciones.

De acuerdo a lo anterior, es trascendental distinguir cuando se trate de un tema específico de radiodifusión, frente a cuando sea un tópico de telecomunicaciones, ya que en el primer caso será competencia directa y natural de esta Comisión de Radio y Televisión, como ocurre en el caso en particular.

Segunda. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden en que las finalidades que persigue el Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política para la devolución de frecuencias de Radio AM, en razón de la falta de cobertura y continuidad del servicio que afectará a la población, tiene un alto sentido social que salvaguarda la pluralidad informativa, la libertad de expresión y el desarrollo de la radiodifusión, ya que se busca asegurar que las audiencias sigan teniendo un servicio público de interés general, y además se apoya a las estaciones de radio de amplitud modulada (AM), que sin lugar a dudas, prestan un servicio invaluable para la población.

En razón de lo cual, se considera pertinente la presentación y aprobación de la proposición con puntos de acuerdos materia del presente dictamen.

Tercera. La Comisión de Radio y Televisión coincide con los argumentos expuestos en el asunto materia de este dictamen que sustancialmente se resumen en los siguientes puntos:

1. Se afecta la pluralidad informativa y el derecho de acceso a la información al reducirse el número de estaciones de radio.

2. Se pierde la continuidad y permanencia de un servicio público de interés general, como lo es el servicio de radiodifusión, por lo que atañe a las estaciones de radio de AM.

3. La población que se viese afectada por el apagón de las estaciones de AM no tendría acceso a campañas informativas relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia o desastres.

4. Las frecuencias de AM que se dejen libres, serán ocupadas por señales de estaciones extranjeras, particularmente, en las fronteras del país.

5. El cierre de estaciones de AM representa un desequilibrio económico para los diversos inversionistas y empresarios del sector, así como una disminución de fuentes formales de empleo.

6. Hasta el momento, las frecuencias del espectro radioeléctrico que queden disponibles por el cierre de las estaciones de AM, no tienen un nuevo uso específico, que amerite su devolución inmediata, y tampoco existe un fenómeno de interferencia perjudicial que amerite su restricción.

7. Se podría provocar una disminución de las fuentes de información en materia político-electoral, donde a diversas poblaciones, que representa un gran número de ciudadanos, se les privaría de contenidos informativos y noticiosos relativos a los procesos electorales.

Como se aprecia, son múltiples y fundadas las razones que aducen los proponentes del punto de acuerdo, y todas ellas, están dirigidas o enfocadas a la protección de los derechos de las audiencias en nuestro país, así como al desarrollo de una industria o sector productivo, como lo es la radio de AM.

A continuación, glosaremos las afirmaciones de los proponentes para verificar su pertinencia.

Evidentemente, se afecta la pluralidad informativa y el derecho de acceso a la información al reducirse el número de estaciones de radio , actualmente en el país, las estaciones de radio AM y FM suman un total casi 1400 medios,2 y un 30% son estaciones de radio AM, por lo que de facto se estaría reduciendo, casi en un tercio, las fuentes de información y entretenimiento que tienen las personas , afectando la diversidad o variedad de contenidos que se ofrecen, por lo que consideramos que el desarrollo eficiente de la radiodifusión no debe encaminarse en ese vía, por lo que esta posición política que se dictamina favorablemente persigue que se mantenga la continuidad y permanencia de un servicio público de interés general de las estaciones de radio de AM.

Otra posición de los sustentantes del punto de acuerdo afirma que la población que se viese afectada por el apagón de las estaciones de AM no tendría acceso a campañas informativas relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia o desastres, a efecto de acreditar tal aseveración, de acuerdo al Informe sobre la utilización de los tiempos de radio, televisión y cinematografía correspondiente al sexto bimestre del año 2014 presentado por la Secretaría de Gobernación, los tiempos de Estado en Radio acumularon poco más de 40 mil horas, donde se difundieron campañas de información pública, veamos el siguiente cuadro:

Y por lo que corresponde al llamado “Tiempo Fiscal ” se destinaron 35,782 horas, a continuación la tabla correspondiente:

De conformidad con los datos mostrados, observamos que la radio a través de los Tiempos de Estado y Fiscal , se utilizaron casi 76 mil horas, tan solo en noviembre y diciembre de 2014, para difundir campañas de salud, educación, desarrollo social, de protección al consumidor, inclusive son de los contenidos que mayor porcentaje de difusión tiene, de ahí que esta Comisión Dictaminadora estima que resulta fundada la posición de los iniciantes en lo relativo a una reducción de la información pública de interés social.

Un argumento más que esbozaron los iniciantes del punto de acuerdo materia de este dictamen va en el sentido de que las frecuencias de AM que se dejen libres, serán ocupadas por señales de estaciones extranjeras, particularmente, en las fronteras del país, al respecto podemos acreditar que es una problemática añeja, que inclusive se ha reconocido por las propias autoridades de nuestro país, al efecto sirva de prueba, la parte expositiva de los Lineamientos para la transición a la radio digital terrestre (RDT), de las estaciones de radiodifusión sonora ubicadas dentro de la zona de 320 kilómetros de la frontera norte de México , publicados el catorce de mayo de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, donde se afirma lo siguiente:

Debido al proceso de transición de la radiodifusión sonora analógica a la digital, que se viene llevando a cabo en los Estados Unidos, utilizando el sistema In Band On Channel (IBOC) en operaciones diurnas, se han presentado en la zona de la frontera norte de nuestro país, algunos casos en los que se han reportado problemas en la calidad de la recepción de las señales emitidas por estaciones de radiodifusión mexicanas , lo que se ha hecho del conocimiento de la Federal Communications Commission de los Estados Unidos (FCC), a fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar dichos problemas.

La zona de la frontera norte, tanto para las estaciones de radio que utilizan la banda de frecuencias de 535 a 1605 kHz con modulación en amplitud (AM) como para las estaciones de radio que utilizan la banda de frecuencias de 88 a 108 MHz con modulación en frecuencia (FM), se encuentra definida, para el caso de AM en el Convenio suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América en el año de 1986, y para el caso de FM en el Acuerdo suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América en el año de 1992. Para efectos de los presentes Lineamientos, la zona de la frontera norte, corresponde a los 320 kilómetros dentro del territorio nacional, a partir de la frontera norte de México.

Dado el continuo incremento en el número de estaciones de radiodifusión sonora estadounidenses que utilizaran el sistema IBOC, como parte del proceso de transición a la radiodifusión digital, se podría ir incrementando el número de problemas en la recepción de las señales emitidas por estaciones de radiodifusión mexicanas, por lo que de no adoptarse acciones por parte de México, los Estados Unidos estarían partiendo del supuesto consentimiento ante situaciones de hecho, respecto de futuros reclamos que se les pudiera plantear, lo cual, por sí mismo, constituiría una invasión espectral en la zona de coordinación prevista en los Acuerdos Bilaterales antes mencionados.

Énfasis añadido

Luego entonces, es necesario que el nuevo órgano regulador reconozca el tema planteado, y realice las acciones correspondientes que eviten una invasión espectral , tal y como se refiere en el instrumento normativo citado.

Por otra parte, en lo que concierne a que el cierre de estaciones de AM representa un desequilibrio económico para los diversos inversionistas y empresarios del sector, así como una disminución de fuentes formales de empleo; en lo particular consideramos que dadas las condiciones económicas por las que atraviesa el país, que incluso orillaron a implementar una serie de medidas de ajuste,3 por consecuencia, esta Comisión de Radio y Televisión concuerda con los proponentes en el sentido de que las acciones públicas deben orientarse a la conservación de inversiones y de fuentes de empleo.

En lo que corresponde a la causa de pedir consistente en que se podría provocar una disminución de las fuentes de información en materia político-electoral , es indudable el papel de la radiodifusión en el modelo de comunicación político-electoral, en efecto, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha trece de noviembre de dos mil siete se publicó el Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se establecieron nuevas normas en materia electoral, que entre otros temas, se prohíbe a los partidos políticos contratar propaganda en radio y televisión y hace extensiva dicha prohibición a cualquier persona, y al efecto se establece un modelo de reparto de tiempos con fines electorales.

Bajo la misma ruta de acreditar lo expuesto por los iniciantes, a manera de guisa, se exponen a continuación algunos mapas de cobertura de algunas estaciones de AM de acuerdo a información oficial del Instituto Nacional Electoral,4 con ello se acredita la amplitud de la cobertura e importancia que tienen en la transmisión de los mensajes político-electoral en estaciones de radio AM, enseguida los ejemplos anunciados:

Como se observa en las gráficas, se prueba fehacientemente la amplia cobertura geográfica que tienen las estaciones de radio AM, donde algunas sirven a más de una población, incluso a más de una entidad federativa, de ahí que la información expuesta apoye el sentido positivo de este dictamen.

Cuarta. Se debe considerar el tema en toda su extensión e impacto para la población, ya que se trata de poco más de cuatrocientas estaciones de radio AM,5 conforme a los datos estadísticos de la infraestructura que refiere el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que disminuir o afectar el servicio, significa aquejar el mismo número o más de poblaciones que actualmente se sirven de la radio de AM.

Inclusive, este fenómeno adverso para la cobertura del servicio, también obedece a un aspecto técnico, que el propio Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, en su último considerando, refiere que al dejar de transmitir en AM y sólo en señal de FM, se puede reducir el área de cobertura , párrafo que se cita a continuación:

Que dadas las características de propagación de las señales de FM en la banda de 88-108 MHz, es posible que en algunos casos la cobertura de las estaciones se vea reducida en relación con la cobertura actual de las estaciones de AM en la banda de 535-1705 kHz,...

Otros datos adicionales que podrían ilustrar la importancia de la radio para las personas, los podemos encontrar en el Estudio de Hábitos de Escuchar la Radio Fuera del Hogar de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México6 que presenta los siguientes datos relevantes:

• Al día, la radio se escucha fuera del hogar durante 3.8 horas en promedio. En el auto particular el tiempo promedio de escucha es de 2 horas diariamente.

• El porcentaje de las personas que escuchan la radio fuera del hogar llega al 30% a partir de las 6 de la mañana y se mantiene con ligeras variaciones hasta las 6 de la tarde. Se alcanzan máximos de audiencia entre las 6 y las 11 de la mañana y de las 2 a las 6 de la tarde.

• El 51% de las personas escuchan la radio en su trabajo. Este segmento está conformado principalmente por hombres de 25 a 34 años, empleados de nivel medio.

• El 64% considera que la frecuencia con la que escucha la radio ha aumentado, la principal razón es porque se percibe mayor variedad de música y porque hacen más tiempo en trasladarse de un lado a otro.

Por otra parte la radio representa poco más de 5.5 miles de millones de pesos al año en el rubro de la inversión en publicidad, de acuerdo al estudio de la Confederación de la Industria Mercadotécnica7 de 2011; en seguimiento de la citada investigación, la radio tiene los más altos márgenes en cuanto al consumo de medios masivos con un 80%, veamos la siguiente gráfica:

Igualmente el Inegi, en la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información de los Hogares 2010,8 arroja que al menos 8 de cada 10 personas cuentan con un radio en su hogar, por lo que es de las tecnologías que mayor penetración y arraigo tiene en la población, veamos:

Por las anteriores consideraciones, esta Comisión de Radio y Televisión resuelve proponer el siguiente exhorto respetuoso bajo el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise la política pública para la devolución de las frecuencias de radio AM por los efectos adversos que se pudiesen generar con motivo de dicha política pública.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que revise y, en su caso, modifique el acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a efecto de que se suspenda la devolución de las frecuencias de radio AM, hasta en tanto se implementen las acciones necesarias que garanticen la cobertura, continuidad, pluralidad de la información para la población, así como la no afectación a la industria de la radiodifusión sonora.

Notas

1 Convergencia, significa concurrir al mismo fin, es decir unirse por un interés común para la integración de soluciones de comunicación con bases tecnológicas universales... con el fin de crear un estándar universal para el flujo, intercambio y transferencia de información entre dispositivos de toda índoles, en suma la convergencia tecnológica se da cuando diversos servicios (televisión, radio, telefonía , internet) convergen en un mismo equipó, en otras palabras, un mismo aparato tecnológico es capaz de recibir cualquier servicio. Al respecto se puede consultar: RAMOS MATEOS, José Leonardo. La convergencia tecnológica, en la Regulación de las Telecomunicaciones, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, págs. 23-34.

2 La infraestructura de estaciones de radio se puede consultar en el sitio web del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en: http://www.ift.org.mx/iftweb/industria-intermedia/unidad-de-sistemas-de -radio-y-television/tramites-y-servicios/infraestructura-de-estaciones/

3 Un resumen de las medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 30 de enero de 2015, se pueden encontrar en: http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2015/vocero_05_201 5.pdf

4 La consulta se puede realizar en el siguiente vínculo de internet: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Detal le_Mapa_de_Coberturas_de_Radio_Television-id-5234afe38e332210VgnVCM1000 000c68000aRCRD/

5 La infraestructura de estaciones de radio AM está disponible en: http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2015/01/Infraestructura _AM_20-01-15.pdf

6 Disponible en el siguiente vínculo de internet: http://www.amap.com.mx/download/Estudio%20de%20H%C3%A1bitos%20de%20los% 20Radioescuchas%20Fuera%20del%20Hogar%202006.pdf

7 Disponible en: http://cicomweb.org/respaldo/index.php/news-feeds/la-cumbre-de-la-comun icacion

8 Se puede consultar en: http://www.inegi.org.mx//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos /encuestas/especiales/endutih/2010/ENDUTIH2010.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil quince.

La Comisión de Radio y Televisión

Diputados: Federico José González Luna Bueno (rúbrica), presidente; Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), secretarios; María del Carmen Guzmán Urbán (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), María Guadalupe Ayala Bravo (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Erika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a promover, implantar y supervisar acciones para mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada para dictamen proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover, implementar y supervisar, diversas acciones tendientes a mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos a la luz de la nueva Legislación Estadounidenses en la materia; a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentado en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 3 de febrero del año en curso.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con fundamento en los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 3 de febrero de 2015 la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover, implementar y supervisar, diversas acciones tendientes a mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos a la luz de la nueva Legislación Estadounidenses en la materia

El 4 de febrero de 2015, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-6-1950 y número de expediente 5975 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente

Consideraciones

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señala que el Estado es el rector y promotor para fortalecer la soberanía nacional, formando condiciones para el desarrollo rural integral, entendiéndose, como desarrollo en la nueva concepción de la ruralidad a todas las actividades económicas licitas que generan sustentabilidad y sostenibilidad, de la población del medio rural, además de fomentar las actividades agropecuarias y forestal, con el fin de la utilización de las tierras, además de dotar de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Que el objeto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, es la de promover el desarrollo rural sustentable del país, con la salvedad de propiciar un medio ambiente sustentable, incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida” por lo que establece promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica, considerando una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos que fomenten la competencia y mayores flujos de capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo;

Que el mismo Plan Nacional de Desarrollo establece “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, disponiendo al mismo tiempo que para efectos de lograr su consecución se implementarán las estrategias de política pública nacional:

1. “Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”;

2. “Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario”;

3. “Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos”;

4. “Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”, y

5. “Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector agroalimentario productivo y competitivo”.

Asimismo, en el marco de la Meta Nacional “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”;

Que en este mismo contexto de políticas públicas para el desarrollo, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establecen los siguientes objetivos estratégicos:

a) Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria;

b) Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario;

c) Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos; d. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país; y

e) Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural;

Que el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, establece por su parte como objetivo de atención de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: “Fomentar el acceso de la población rural a los derechos sociales mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes”;

Que se reconoce la intención de la promovente que los recursos gubernamentales destinados al sector agroalimentario deberán de ser utilizados de una manera más eficiente para atender la problemática en la que está inmerso el sector, en virtud de que los productores enfrentan limitantes por baja productividad e insuficiente producción de las unidades de producción agrícolas, debido a la fragmentación de las unidades de producción, falta de organización de los productores y desarticulación de las cadenas productivas; uso reducido de tecnología, el deterioro de los recursos naturales, y la baja mecanización y agregación de valor;

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción I; 29, fracciones I y II; y 30 fracciones I, II, III y IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015; así como en sus Anexos 11 y 11.1, se establecen los criterios generales para la aportación y aplicación a que deberán sujetarse las reglas de operación de los programas federales y en el anexo 25 del propio Decreto se enlistan los programas federales sujetos a reglas de operación.

Que las reglas de operación privilegian el gasto en bienes públicos, por su mayor impacto en productividad y eficiencia de los productores del sector agropecuario, pesquero y acuícola, sin dejar de apoyar la inversión privada;

Que en el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se apunta que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades aplicaran el principio de gasto racional, equilibrado y sostenido.

Que en el marco jurídico que rige las políticas públicas para el medio rural, a pesar de la emergencia económica por la que está pasando el país, el presupuesto destinado a las actividades agropecuarias y del medio rural no impactaron, por lo que los diferentes programas y proyectos de inversión a este siguen vigentes.

Que las secretarías de Estado siguen destinando recursos para financiar la constitución de microempresas rurales, por lo que se sigue fortaleciendo las organizaciones de productores y sus microempresas.

Que el establecimiento de programas de educación y capacitación a productores agrícolas a fin de lograr la transferencia tecnológica para dotarlos de conocimientos que requieren las nuevas formas de producción, comunicación, consumo y comercialización relacionadas con su actividad.

Que el financiamiento y fomento de microempresarios rurales en sus diversas fases de producción, almacenamiento y comercialización agrícola, facilitan los instrumentos necesarios para comercializar hacia los consumidores evitando intermediarios.

Por los argumentos antes expuestos, esta Comisión Dictaminadora, somete a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a seguir promoviendo, implementar y supervisar, diversas acciones tendientes a mejorar la productividad agrícola y elevar la calidad de vida de los agricultores mexicanos a la luz de la nueva Legislación Estadounidenses en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Ofelia Limón Robles (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Soto Martínez, secretarios; Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica).

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Sagarpa a llevar a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del “árbol de moringa”

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por lo que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol de moringa; a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada en la sesión del día 10 de marzo de 2015.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir Dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 69, 80, 81, 82, 84, 102, 157 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a esta comisión dictaminar la proposición con punto de acuerdo en comento, a partir de los siguientes

Antecedentes

El día 10 de marzo del año en curso, la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol de moringa.

El 11 de marzo de 2015 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, mediante oficio: D.G.P.L. 62-II-6-2058 y número de expediente 6232 la Proposición con Punto de Acuerdo antes mencionada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, a partir de las siguientes:

Consideraciones

Que la moringa es un árbol perenne caducifolio. Presenta rápido crecimiento, unos 3 m en su primer año pudiendo llegar a 5 m en condiciones ideales; adulto llega a los 10 y 12 m de altura máxima. Tiene ramas colgantes quebradizas, con corteza de corcho, hojas color verde claro, compuestas, tripinadas, de 30 a 60 cm de largo, con muchas hojas pequeñas de 1, 3 a 2 cm de largo por 0,6 a 0,3 cm de ancho. Florece a los 7 meses de su plantación. Las flores son fragantes, de color blanco o blanco crema, de 2,5 cm de diámetro. Produce vainas colgantes color marrón, triangulares, de 30 a 120 cm de largo por 1, 8 cm de ancho, divididas longitudinalmente en 3 partes cuando se secan; cada una contiene aproximadamente 20 semillas incrustadas en la médula. Semillas de color marrón oscuro, con 3 alas.

El árbol de “moringa oleífera”, mejor conocido como moringa, es originario del sub continente de India, también es conocido como el árbol de la vida o la planta milagro. Derivado de que crece casi en cualquier tipo de suelo, se ha propagado por todo el mundo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Moringa es un cultivo importante en India, Filipinas, Etiopia y Sudán y se está cultivando en Asía Oriental, occidental y austral, Asia tropical, América Latina, el Caribe, Florida y las Islas del Pacífico.

En general, este árbol cuenta con propiedades nutritivas, curativas, entre las que destaca su poder anti inflamatorio, analgésico, anti asmático, anti anemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, anti hipertensión, productor de hormonas, hidratante, desintoxicante, diurético, fortalece músculos y huesos, mejora la concentración, la memoria y la capacidad de aprendizaje.

Se cree que el árbol de moringa llegó a México a través de los viajes de la Nao de China, o que los misioneros que viajaban de África a Latinoamérica en el siglo XX la trajeron al continente. Se cultiva “en los pueblos de toda la costa del Pacífico, desde el sur de Sonora hasta Chiapas, incluyendo el sur de la península de Baja California (al sur de la Paz y de Todos Santos). Los ejemplares de moringa son especialmente abundantes y frondosos en las llanuras calientes del sur del istmo de Tehuantepec. La planta también se cultiva en los poblados de las depresiones tropicales secas del país, como la del Balsas y la depresión central de Chiapas. La planta se encuentra en los pueblos de la zona del Infiernillo y en las cercanías de Apatzingán, Mezcala, Iguala y Tequesquitengo”.

En nuestro país la moringa ha sido utilizada más por su uso medicinal que por el nutritivo. Asimismo, se han llevado a cabo estudios científicos sobre las propiedades de este árbol, como los del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), entre los que destacan: hidrogeles de quitosano como soporte del péptido extraído de la semilla moringa oleífera en el tratamiento de aguas; desarrollo y validación de un método analítico HPLC para la cuantificación de esteroles en moringa; caracterización de proteínas de semilla de moringa por electrofóresis y HPLC. Cabe destacar que el ITSON tiene convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición de la India, para validar la información científica.

La moringa ya ha sido registrada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la categoría de alimento, así como producto forestal ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Ambientales (Semarnat).

Por su parte la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a través del Centro de Agricultura Protegida de la Facultad de Agronomía, puso en marcha el Proyecto moringa agrovitae que busca extender el cultivo de la planta, comenzando por escuelas y comunidades de alta marginación. El coordinador del proyecto, el experto en nutrición vegetal, Emilio Olivares Sáenz, manifestó “que mediante la Cruzada contra el Hambre, el gobierno federal podría impulsar el cultivo de la moringa, y en cinco años habría avances, pues no sólo puede usarse como alimento para el ganado y los humanos, y con efectos medicinales, sino que el aceite de la semilla puede emplearse en gastronomía como si fuera el de oliva, y es útil para producir biocombustible”.

Se prevé que el mercado de moringa en México crezca en los próximos años. En estados como Sonora, Jalisco, Michoacán y Campeche se le ha dado gran impulso. En Sonora la Fundación de Apoyo Infantil lanzó un programa en el cual aplican 3 gramos de harina moringa a la tortilla en zonas vulnerables del Estado. En Campeche el Gobierno del Estado y el Centro para la Competitividad e Innovación está considerando el lanzamiento de un programa de árboles traspatio masivo y la distribución de harina para la población vulnerable.

Que de acuerdo con información del Informe de Pobreza Extrema en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, la carencia por acceso a la alimentación se ubicó como la segunda privación social que más afectó a la población mexicana, con 27.4 millones de personas, lo que representa un 23.2 por ciento, casi una cuarta parte del país. En la mitad de los estados más de una cuarta parte de sus habitantes tuvieron problemas para acceder a la alimentación.

Que el 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. El cual en su Artículo Primero establece que “La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo Segundo del presente decreto”.

Que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha realizado las acciones necesarias para dar cumplimiento al Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. “Durante el 2013, en todo el país, la Conafor otorgó apoyos económicos por el monto de 731 millones 869 mil pesos a 246 de los 405 municipios prioritarios para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para trabajar 6 mil 729 proyectos que beneficiaron a 6 mil 891 familias mexicanas”.

Que el gobierno federal a través del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) apoya a los dueños y poseedores de bosques, selvas, manglares, humedales y zonas áridas, para cuidar, mejorar y aprovechar sustentablemente los recursos forestales presentes en estos ecosistemas. Cuyo objetivo es “Apoyar la realización de diagnósticos, estudios (técnicos y sociales) y proyectos integrales de desarrollo forestal, con el propósito de fundamentar, justificar, articular, orientar y secuenciar de forma eficiente y eficaz, las acciones de los beneficiarios respecto de las actividades de conservación y restauración, producción y productividad, cadenas productivas, servicios ambientales y demás procesos ligados al desarrollo forestal sustentable del país”.

De la misma forma, las Reglas de Operación 2014 del PRONAFOR incluye seis Componentes que son: I. Componente Estudios y Proyectos, II. Componente Desarrollo de Capacidades, III. Componente Restauración Forestal y Reconversión Productiva, IV. Componente Producción y Productividad, V. Componente Servicios Ambientales y VI. Componente Cadenas Productivas, cada uno de ellos cuenta con un objetivo y población objetivo diferentes, que pueden incluir a propietarios, poseedores o usuarios de terrenos forestales o preferentemente forestales, definidos como elegibles para su incorporación al manejo técnico sustentable a través de la elaboración de estudios para el aprovechamiento maderable y no maderable; ejidos y comunidades con recursos forestales y/o las asociaciones legamente constituidas que entre ellos formen para llevar acciones de desarrollo forestal comunitario; empresas forestales y/o cadenas productivas forestales en proceso de integración o las constituidas bajo la metodología de integración, considerando aquellas empresas que ya están incorporadas a las cadenas y que trabajan de manera regular.

Asimismo, el artículo 14 de las Reglas de Operación 2014 manifiesta que “serán elegibles de manera preferente para recibir apoyos, las solicitudes provenientes de los municipios señalados en el Anexo “A” del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando las solicitudes reúnan los requisitos técnicos solicitados en estas Reglas y se ubiquen en las áreas elegibles determinadas por la Conafor” . Y que “Únicamente se apoyarán proyectos ubicados en las áreas elegibles determinadas por la Conafor para cada concepto o modalidad de apoyo, mismas que serán publicadas en la página de Internet de la Conafor”.

Por lo anteriormente expuesto esta comisión dictaminadora somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el ejercicio de sus facultades lleve a cabo una campaña de promoción y difusión de los beneficios y aprovechamientos del denominado árbol de moringa dirigido a agricultores y productores a fin de incentivar su cultivo y aprovechamiento en beneficio de las familias mexicanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de la Comisión Nacional Forestal para que, en el ejercicio de sus facultades, incluyan como área elegible determinada por la Conafor, a todas aquellas zonas en donde se cultive el árbol de moringa, y puedan ser beneficiarias del Programa Nacional Forestal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2015.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez, Abraham Montes Alvarado, Ofelia Limón Robles (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, José Soto Martínez, secretarios; Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Alicia Hernández Monroy (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, José Luis Oliveros Usabiaga, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Micaela Rodríguez Zamora (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica).

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos locales a tipificar en los códigos penales respectivos los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversos congresos locales para que tipifiquen en sus códigos penales los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicas, suscrito por los diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de enero de 2015.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno del Congreso de la Unión el presente dictamen, con arreglo a los apartados siguientes:

Metodología

La Comisión de Justicia del honorable Congreso de la Unión, encargada de analizar y dictaminar la mencionada proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes generales. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. Contenido de la proposición. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. Resolutivo. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Cámara de Diputados.

I. Antecedentes generales

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 28 de enero del 2014, los Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversos congresos locales para que tipifiquen en sus códigos penales, los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicas.

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio No. DGPL 62-II-5-2424.

II. Contenido de la proposición

La proposición pretende:

“Único. Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, emita un atento y respetuoso exhorto a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia, reformen sus correspondientes Códigos Penales entorno a los delitos que se cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas que ponen en riesgo la prestación social que reciben miles de trabajadores para complementar su canasta básica en dichas entidades; y que ponen en riesgo a empresas mexicanas. Como una forma más de contribuir a combatir la inseguridad e impunidad que se vive con mayor intensidad en algunas zonas del país.”

Basa su pretensión en la siguiente línea argumental:

“La creciente ola de violencia e inseguridad que aqueja al país, encuentra como uno de sus elementos generadores, el alto grado de impunidad de los delitos cometidos. Mientras no exista una sanción efectiva a estas conductas antisociales, los criminales seguirán cometiéndolas libremente; con las amplias ganancias y negativas consecuencias sociales por todos conocidas.

Otro elemento que facilita la comisión de delitos, es la falta de un marco normativo que permita a las autoridades perseguir y sancionar las conductas que resultan nocivas para la sociedad en sus derechos y bienes; lo que a la larga se traduce en una falta de certeza para las inversiones y pérdida de competitividad de los estados para atraer y mantener dichas inversiones (Situación que más adelante se desarrollará con detalle).

En este contexto se encuentran los delitos que se cometen con los vales utilizados para el canje de bienes y servicios, en donde las empresas emisoras son objeto de falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones con vales de papel; y recientemente a través de los dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica.

Como un elemento que refuerza lo anterior, es la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del año 20101 (ANEXO A) que con datos estadísticos revela, el alarmante crecimiento de la actividad delictiva en el país.

Dicha encuesta señala al robo como el delito de carácter patrimonial con mayor prevalencia, seguido por el de fraude; a lo que debemos agregar la falta de denuncia (que representa una importante cifra negra) derivado de la falta de confianza en las instituciones para cumplir el objeto para el que fueron creadas.

El vale y ahora estos nuevos dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica, constituyen el medio más adecuado y utilizado para otorgar a los trabajadores la ayuda de despensa; la cuál es una de las más importantes prestaciones de previsión social y que representan un ingreso exento para los mismos, en los términos del artículo 25 fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los tipos de delitos que se cometen con los vales son:

a) Robo. Que ocurre en dos momentos:

• Los que sufren los clientes cuando acuden a recoger sus vales a las empresas emisoras.

• Los que se comenten directamente a las empresas emisoras en sus instalaciones o vehículos de mensajería.

Las empresas emisoras tienen documentados 250 casos en los últimos 2 años por un importe de 15 millones de pesos. Sin embargo, no ha sido posible cuantificar los siniestros ocurridos a los clientes por parte de bandas organizadas que los esperan en los alrededores de sus centros de trabajo y los siguen hasta despojarlos de sus vales, ya que no presentan la denuncia correspondiente por temor a represalias o por desconfianza en el papel de la autoridad.

b) Falsificaciones.- Éste delito se realiza con mayor intensidad, ya que se pueden obtener grandes beneficios por parte de las bandas organizadas. Lo cual, ha originado que las personas morales autorizadas para ello inviertan una gran cantidad de recursos en el desarrollo e implementación de medidas de seguridad como son: tintas especiales, papel seguridad, grabados, troquelados, entre otros.

No obstante lo anterior, como se dijo, en años anteriores, 5 empresas sufrieron algún tipo de falsificación superando los 1.5 millones de pesos en pérdidas por estos ilícitos.

e) Fraude. No sólo las empresas se han visto afectadas por este tipo de ilícito. Adicionalmente, los falsificadores distribuyen y en algunos casos comercializan los vales en los alrededores de tiendas comerciales aprovechándose de la buena fe de las personas al venderles un vate a un precio menor al de su valor nominal. Una vez adquirido y al llegar a la caja con sus productos, les informan que los vales son falsos y por ello no se los pueden aceptar.

Problemática.

Con las acciones mencionadas, se ha defraudado frecuentemente a amas de casa o trabajadores que se quedan sin dinero y sin su despensa, muchas veces, la de todo un mes; ya que impunemente son engañados al pagar por algo que no tiene valor.

Otros afectados por las falsificaciones y fraudes, son los establecimientos afiliados al sistema que realizan el canje de bienes y servicios, pero al final, son las empresas emisoras las que tienen que responder al 100% por la recepción de estos vales falsificados o utilización de dispositivos electrónicos, so pena de que los establecimientos -como las grandes cadenas comerciales y tiendas departamentales- ya no los reciban.

Ante el crecimiento de este tipo de conductas antisociales, las grandes cadenas o tiendas de autoservicio -sobre todo en entidades como Tabasco, Quintana Roo en el sur del país; Tlaxcala y San Luis Potosí en el centro y bajío respectivamente- han expresado su intención de No recibir más los vales y tarjetas como medio de canje de bienes y servicios.

De concretarse lo anterior, sería en perjuicio no sólo de las empresas emisoras, sino también de miles de trabajadores que por medio de esta prestación social-como son los vales y ahora las tarjetas electrónicas- complementan su canasta básica y hacen su despensa en este tipo de establecimientos; lo cual sería en agravio de miles de familias.

Si bien, los códigos penales de las entidades antes señaladas contemplan los delitos de robo, fraude y falsificación, no existe una definición clara de la naturaleza jurídica de lo que es un “vale”, por lo cual, considera sería un gran avance el hecho de que en la legislación quedara plasmado y sirviera como un referente obligado para la interpretación o cualquier efecto jurídico “erga omnes”; por tener una naturaleza jurídica distinta a la de los títulos de crédito como son el pagaré o cheque, ya que los vales –por ejemplo– no son endosables o autónomos como aquellos; por lo que no se ajusta o “encuadra” en el tipo penal preexistente.

Ante la ausencia de una tipificación concreta de las conductas que tienen que ver con la producción, impresión, enajenación, distribución, alteración, y falsificación, robo y fraude de vales de papel o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados para canjear bienes y servicios, resulta necesario establecer como medida de política criminal, el calificar las conductas; lo que permitirá darle una mayor punibilidad. Recordemos la máxima de derecho que sine pena sine lex (No hay pena sin ley) ya que el derecho penal debe ser en estricto sensu.

Por ello, es necesario que el legislador local -por tratarse de delitos del fuero común- realice una modificación a la normatividad sustantiva penal que atienda un problema que impacta y pude impactar aún más, a empresas mexicanas y a las familias de trabajadores que reciben esta prestación.

Antecedentes y derecho comparado

Es prudente comentar que esta misma Comisión Permanente del honorable Congreso de (a Unión emitió el 29 de junio de 2011 (anexo B) un atento exhorto en el mismo sentido de la propuesta que se presenta; sólo que a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. De estos, sólo el estado de San Luis Potosí no atendió el exhorto para reformar su código.

Efectivamente, con el fin de proporcionar a los señores legisladores de ésta Cámara de Diputados mayores elementos para la toma de decisiones, se consultó la Gaceta Parlamentaria en cuestión que contiene el dictamen aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión” (anexo C) del cual recogemos dos párrafos que son de particular interés y que fue considerado también en la presente propuesta:

“Asimismo el agente del Ministerio Público, al integrar los elementos necesarios para la averiguación previa por la comisión de un delito, ya sea de acción u omisión, necesita cuadrar exactamente la conducta realizada por quien delinque al tipo penal, es decir a la Ley: no obstante que éste también puede allegarse de elementos de valoración cultural, de no encontrarse una valoración jurídica adecuada.

Igualmente es menester del legislador coadyuvar en la procuración e impartición de justicia, creando normas claras y concisas, allanando en todo lo posible la responsabilidad del Ministerio Público en su encomiendo constitucional de administración de justicia, dotándolo de leyes claras y concisas, no dejando lugar a las lagunas jurídicas.”

Cabe señalar que las prestaciones de previsión social tienen como finalidad proporcionar a los trabajadores y a sus familias la satisfacción de sus necesidades esenciales y la posibilidad de superación del nivel de vida.

Las ayudas de despensa constituyen, como bien sabernos, una conquista laboral y representa hoy en día, la prestación más apreciada por los trabajadores ya que los beneficios que de ella obtienen son inmediatos.

Surgida en los años 60’s otorgaba en un principio solamente despensas físicas. Posteriormente, y dado que el número de trabajadores fue creciendo, el manejo de despensas físicas complicaba su distribución, lo cual dio origen a la introducción de los Vales de Despensa como el medio más adecuado para dar esta prestación; ya que permite a los trabajadores decidir donde canjearlos y por los artículos que más le convengan o necesite.

Esta prestación de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, elaborada por el Inegi (anexo D) mejora el poder adquisitivo familiar, pues los trabajadores dedican a la compra de alimentos el 34% de su gasto total; por lo que es una de las más apreciadas por los trabajadores, ya que la recibe periódicamente y está destinada a la familia.

Es un hecho, que las prestaciones de previsión social complementan el sueldo que reciben los trabajadores, y que tan sólo el recibir vales de despensa hace que una persona física o moral cuenta con mayores recursos económicos al estar exenta como lo estable la Ley del Impuesto sobre la Renta y contribuyen a paliar los efectos inflacionarios en los bienes de consumo de primera necesidad como de la canasta básica.

Cabe señalar que los vales o tarjetas son en su mayoría utilizados en establecimientos como tiendas de abarrotes, carnicerías, panaderías, farmacias, mercados, cadenas de autoservicios, tiendas gubernamentales y sindicales, e incluso para el pago de gasolina.

Concretamente, se habla de aproximadamente 305 mil 526 familias las que estarían en riesgo de perder esta prestación; este dato sacado con información del IMSS al 31 de diciembre de 2013 (Fecha en que se dio la última publicación oficial) en donde se estima que la tercera parte de los trabajadores dados de alta ante el Instituto reciben vales o similares; conformándose de la siguiente manera:

Si a esto, se agregan las estimaciones del INEGI de que una familia está compuesta en promedio por 4 integrantes, estaríamos hablando de un universo de un millón, 222 mil, 109 personas susceptibles de ser afectadas.

7. El sector dedicado a la emisión de vales y medios electrónicos en forma de tarjetas para el intercambio de bienes y servicios se ha visto gravemente afectado en su actividad, debido a la proliferación de conductas ilicititas como son el robo, fraude, falsificación y alteración que les implican pérdidas económicas considerables, poniendo en riesgo fuentes de empleo; demanda acciones en contra de esta situación.

Un elemento que sustenta éste hecho, es la primera Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi (anexo E) reveló que en 2014, un millón 310 mil empresas que representan 33.6 por ciento del total nacional fueron víctimas de 2 millones 524 mil 229 delitos.

Lo cual les causaron pérdidas económicas por 115 mil 200 millones de pesos equivalentes al 0.75% del Producto Interno Bruto.”

8. Otro elemento que debe orientar el criterio de esta Soberanía para aprobar el punto de acuerdo puesto a consideración, es el relativo a la “Pérdida de Competitividad”. “El índice de Competitividad Mundial 2014-2015” (anexo F), elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en el que se observa que México cavó seis lugares en su nivel de competitividad derivado de la creciente inseguridad y violencia que se registra en el país; pasando del lugar 55 el año pasado al 61 en éste.

9. No escapa tampoco, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: noviembre de 2014, publicada apenas el 2 de diciembre del mismo año por el Banco de México, aplicada a 30 grupos de análisis y consultoría económica y que se glosa al presente dictamen como (anexo G).

En la Encuesta figura un cuadro con la distribución de las respuestas de los analistas consultados por el Banco de México, en relación a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses.

En dicho cuadro, los especialistas consideran que los principales factores son, en orden de importancia: La debilidad del mercado externo y la economía mundial; la inestabilidad financiera internacional; la ausencia de cambio estructural en México; y, los problemas de inseguridad pública.

Asimismo, los resultados sobre la percepción que tienen los analistas respecto al entorno económico actual” se aprecia que

• En relación a la encuesta anterior, disminuyó la proporción de analistas que considera que el clima de negocios en los próximos seis meses mejorará, al tiempo que aumentó el porcentaje de analistas que considera que empeorará.

• El porcentaje de analistas que afirma que la economía no está mejor que hace un año es el preponderante y se mantuvo sin cambio en relación a la encuesta anterior.

• La proporción de analistas que considera que la coyuntura actual es un buen momento para realizar inversiones disminuyó en la encuesta de junio, en tanto que el porcentaje de analistas que considera que es un mal momento aumentó.

Como se puede observar, entre los principales factores mencionados por los analistas que limitan el ritmo de la actividad económica y que se aplican a la presente proposición, están la inseguridad pública y la ausencia de cambios estructurales.

Entre las medidas que los consultores identificaron como necesarias para alcanzar mayores niveles de inversión se encuentran: reforma fiscal; reforma laboral; reforma del sector energético; mejorar el marco regulatorio, mayor desregulación y facilitar la competencia, mejorar la seguridad pública y abatir las lagunas jurídicas existentes en diversos rubros.

Sobre éste último punto y que es del ámbito legislativo, consideran los analistas que es imperativo cubrir dichas lagunas, pues con ello la actividad económica tendría mayor certeza en su realización y se incentivaría su crecimiento; algo que los congresos de los estadios a quienes está dirigido esta propuesta debieran tomar en cuenta.

Por lo tanto, es menester que el legislador local reflexione no sólo en razón de los daños que en materia económica se ocasionan a las empresas, a la economía familiar de miles de trabajadores y a la pérdida de competitividad en sus estados. Esto último, por la inseguridad e incertidumbre para invertir que genera a la comunidad empresarial, la falta de un marco normativo adecuado.

Por lo que una de las formas en las que el poder legislativo estatal puede contribuir para alcanzar un mayor desarrollo económico y mejorar las inversiones en sus entidades, es con el abatimiento de las lagunas legales que se presentan sus códigos punitivos.

Por otra parte, si los Congresos locales tienen a bien realizar las adecuaciones a sus marcos normativos, se estaría también contribuyendo a la adecuada instrumentación de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011 (ANEXO H), pues al garantizarse y protegerse el libre acceso a la canasta básica por medio de los vales se da pauta al cumplimiento del objeto primordial de esta ley ya su efectiva realización en el ámbito estatal, que es el de:

“... promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.”

Sobre este aspecto se hace un respetuoso llamado a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán para que conscientes de la realidad y de los datos estadísticos que se proporcionan, otorguen elementos claros que posibiliten el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de los trabajadores; con lo que en buena medida, va en sintonía con la reforma constitucional” en la materia y que plasma la obligación del Estado de garantizarla.

12. Como otro elemento que permita normar el criterio de los legisladores federales para la aprobación de la presente proposición es la revisión de la legislación penal en las diferentes entidades federativas del país; dando como resultado que 18 entidades han modificado sus correspondientes Códigos Penales en el sentido que nos ocupa y que a continuación se señalan:

Algo que sin duda debe llamar la atención a los integrantes de esta Comisión Permanente, es que en la revisión de los dictámenes o diarios de los debate de los Congresos que han reformado sus Códigos Penales coincidentes con la materia que nos ocupa; dichas modificaciones han sido aprobadas por “unanimidad” -corno recientemente se puede observar en el caso de Veracruz- sin importar el predominio de signo partidista que en algunos congresos impera o imperó.

Lo anterior, nos demuestra que es un tema en el que se pueden generar consensos y acuerdos por el fin que se persigue, alejado de cualquier consideración política.

14. En síntesis el punto de acuerdo que se pone a consideración propone tiene como objeto que las legisladores locales doten a sus autoridades de mejores y mayores herramientas que permitan la persecución, sanción y disminución de las conductas antisociales, ampliamente referidas; y que como lo señaló en su momento la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el año 2011 “...es menester del legislador coadyuvar en la procuración e impartición de justicia, creando normas claras y concisas, allanando en todo lo posible la responsabilidad del Ministerio Público en su encomiendo constitucional de administración de justicia, dotándolo de leyes claras y concisas, no dejando lugar a las lagunas jurídicas”.

De prosperar en el ámbito local las reformas planteadas, estas coadyuvarán a:

• Evitar pérdidas patrimoniales a empresas emisoras.

• Salvaguardar la prestación de más de 305 mil 526 familias.

• Preservar la ayuda complementaria para la canasta básica de las familias trabajadoras.

• Fortalecer el comercio formal.

• Es una forma de combatir a la delincuencia.

• Dar certeza a las inversiones.

• Evitar pérdida de competitividad de la entidad.

• Defender el poder adquisitivo de los trabajadores que impacta directamente su nutrición.

• Armonizar el marco normativo local con la recientemente publicada reforma constitucional en materia de alimentación así como con una ley de carácter federal como es la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.”

III. Consideraciones

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 78 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

B. Esta Comisión de Justicia es competente para conocer y proponer una resolución, de conformidad con lo que establece el artículo 39 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

D. Esta representación comparte la preocupación de los proponentes y se manifiesta comprometida a velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general.

E. La creciente ola de violencia, inseguridad e inobservancia del estado de Derecho que aqueja al país, encuentra como uno de sus elementos generadores el alto grado de impunidad existente en los delitos que se cometen. Es decir, mientras que no exista una sanción efectiva a las conductas antisociales que disuadan a estas, los delincuentes seguirán cometiéndolas libremente con las amplias ganancias que les arrojan y las nefastas consecuencias sociales que todos conocemos.

Aunado a lo anterior, otro elemento que facilita la comisión de delitos, es la falta de un marco normativo que permita a la autoridad perseguir y sancionar las conductas que resultan nocivas para la sociedad en sus derechos y bienes.

Este es el caso de los delitos que se realizan, teniendo como medio comisivo los vales utilizados para el canje de bienes y servicios. Las empresas emisoras son objeto de falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones con vales de papel, y recientemente también a través de los dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica.

En efecto, las conductas que se reprochan son las que se cometen utilizando los multicitados vales para el canje de bienes y servicios, en donde las empresas emisoras son objeto de falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones con vales de papel y, recientemente, también a través de los dispositivos electrónicos, en forma de tarjeta plástica, situación que se convierte en una oportunidad para delincuentes que aprovechan la falta de un tipo específico para obtener lucro a costa de las víctimas que, como se indicó, son principalmente personas morales y el trabajador.

Ello ante la falta de un marco normativo específico que permita a la autoridad perseguir y sancionar las conductas que resultan nocivas para la sociedad en sus derechos y bienes, facilita la comisión de delitos.

F. Coincidimos con el autor de la iniciativa en que es necesario establecer de manera urgente, la normativa que evite la comisión de ilícitos cometidos con los vales utilizados para el canje de bienes y servicios, en virtud de los perjuicios que generan tanto a los usuarios de los mismos ya que afectan su patrimonio, como las empresas que se dedican a actividades comerciales licitas.

Advertimos que ese tipo de conductas delictivas se han ido incrementando, a través de falsificaciones, robos y fraudes, afectando a las empresas que los emiten, así como a los usuarios que adquieren vales que son falsos y se ven afectados en su patrimonio.

G. En atención a lo anterior, esta Comisión considera procedente la proposición en análisis, por lo que hacemos nuestros los argumentos bajo los cuales se sustenta el planteamiento de exhortar respetuosamente a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia realicen la modificación legal a sus correspondientes Códigos Penales entorno a los delitos que se cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas que ponen en riesgo la prestación social que reciben miles de trabajadores para complementar su canasta básica en dichas entidades; y que ponen en riesgo a empresas mexicanas.

Con fundamento en las consideraciones y preceptos legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, someten a esa honorable soberanía el siguiente:

IV. Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia, reformen sus correspondientes Códigos Penales en torno a los delitos que se cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas que ponen en riesgo la prestación social que reciben miles de trabajadores para complementar su canasta básica en dichas entidades; y que ponen en riesgo a empresas mexicanas. Como una forma más de contribuir a combatir la inseguridad e impunidad que se vive con mayor intensidad en algunas zonas del país.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de marzo de 2015.

La Comisión de Justicia

Diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón, secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Martha Loera Arámbula (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Minjares (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Lorena Gutiérrez Landavazo (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Irene Sánchez Balderas (rúbrica), Érika del Carmen Ramagnoli Sosa (rúbrica).

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Ssa a impulsar la educación sexual para mujeres y hombres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Proposición con Punto de Acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 28 de enero de 2015 la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar la educación sexual para hombres y mujeres.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente Proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, incluya en sus estrategias el fortalecimiento de capacidades para la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, a fin de que hombres y mujeres tengan acceso a la información, la educación y servicios de salud reproductiva por igual.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen como receptores de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos a hombres y mujeres por igual.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se indica que en los países en desarrollo unas 222 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan algún método anticonceptivo.

Así bien, la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo de tiempo entre los embarazos. Por otro lado, al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar también disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos. Además, la planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. Brinda además la oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la vida pública y laboral.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) emite en el 2010 la justificación individual y social de la educación en sexualidad en donde afirman:

“En un contexto dentro del cual la ignorancia y la información errónea pueden representar una amenaza para la vida, la educación en sexualidad es parte de la responsabilidad que deben asumir las autoridades y establecimientos de salud y educación. Interpretada en su forma más simple, los maestros y maestras de aulas deben trabajar en colaboración con los padres, madres y comunidades con el de garantizar la protección y bienestar de niños, niñas y jóvenes (UNESCO, 2010:3)”.

De esta manera se considera a la educación sexual como factor primordial para el establecimiento de actividades en la agenda pública.

Tercera. La población mexicana llegó en 2014 a 119 millones 713 mil 203 habitantes, de los cuales 18.2% son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, estimó el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Para el caso de México, las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) determinan con representatividad estatal, los principales indicadores de salud sexual y reproductiva de adolescentes, en donde a nivel nacional, la edad promedio para el inicio de la vida sexual activa es a los 15.9 años, de los cuales, el 37.6% utilizaron algún método anticonceptivo, siendo el condón el método más utilizado con un 89.3%.

De esa población joven se desagrega la información dada por la Conapo en donde indica un porcentaje del 96.9% de la población adolescente con vida sexual activa que conoce al menos un método anticonceptivo.

En ese sentido, el acceso a la información que tienen los jóvenes es considerablemente alto, sin embargo, la diferencia entre aquellos jóvenes informados y los que no utilizan al menos un método anticonceptivo, puede ocasionar que se dispare el número de embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

Datos de la Enadid 20091 (los más recientes) indican que el 27.4% de los embarazos entre los jóvenes no fueron planeados y 12.9 no deseado.

Cuarta. La Ley General de Salud indica en su artículo 3 fracción V lo referente a planificación familiar y XV prevención y control de enfermedades trasmisibles como materia de salubridad general.

Por otro lado, en el Capítulo VI de los Servicios de Planificación Familiar, de la Ley General de Salud señala las principales bases jurídicas para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, con énfasis en los principales grupos más vulnerables.

Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran.

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.

De esta manera, se especifica que la población en edad adolescente y joven, reciba la información y educación necesaria y adecuada, para evitar los embarazos a temprana edad, no planeados y no deseados, así como las enfermedades de transmisión sexual.

En el mismo capítulo sobre planificación familiar de la Ley General de Salud artículo 71 , la Secretaría de Salud presentará el asesoramiento adecuado al Conapo para la emisión de los programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual.

1. Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes.

En donde los objetivos generales son:

– Promover en los adolescentes la adquisición del conocimiento y capacidades necesarias, la información sobre derechos sexuales y reproductivos y los beneficios de su ejercicio en la salud sexual y reproductiva.

– Contribuir a que la población adolescente tenga acceso y reciba servicios en salud sexual y reproductiva de calidad, acordes a sus necesidades en todas las entidades federativas del país.

– Contribuir al desarrollo y bienestar de las y los adolescentes, mejorando su salud sexual y reproductiva y disminuir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual.

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Población, en el Artículo 16 refiere:

La información y los servicios de salud, educación y demás similares, que estén relacionados con programas de planificación familiar, serán gratuitos cuando sean prestados por dependencias y organismos del sector público...

Quinta. De esta manera, el proponente sugiere que la Secretaría de Salud revise el objetivo del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, presentando el siguiente exhorto:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, incluya en sus estrategias el fortalecimiento de capacidades para la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, a fin de que hombres y mujeres tengan acceso a la información, la educación y servicios de salud reproductiva por igual.

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, tiene su fundamento jurídico en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Salud, la Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el cual su objetivo principal es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana, exige transformar a profundidad, estructuralmente, las diversas formas de relaciones de género imperantes que generan desigualdades entre mujeres y hombres, y reconocer que la población femenina tiene los mismos derechos que los varones, lo cual impide que se les margine, discrimine, segregue, excluya o violente. Expresando el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida, la Secretaría de Salud tendrá las siguientes facultades:

Se denota claramente que en las líneas de acción 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.6 recae todo el cuidado de la salud en materia de salud reproductiva, esto se debe a que son el grupos más vulnerables, mismo lo especifica la Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los datos presentados por el Conapo. Sin embargo, la atención debe estar orientada indistintamente a ambos géneros, puesto que es una participación mutua en el proceso de planificación, en este sentido, no existe ningún inconveniente en que la Secretaría de Salud revise la pertinencia de las líneas de acción del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, para asegurar que en materia de salud reproductiva, sea de responsabilidad compartida. Sin embargo, se realiza la modificación correspondiente en los acuerdos, para establecer que sea la Honorable Cámara de Diputados y no la Comisión permanente la que realice el exhorto.

Por otro lado, el proponente también sugiere que se exhorte a autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a que se garantice la difusión de la información sobre métodos anticonceptivos a hombres y mujeres por igual. Cuestión que no representa ningún inconveniente, puesto que según las estimaciones del Conapo, aun cuando la población conozca en su mayoría, algún método anticonceptivo, siguen existiendo problemas de embarazo no deseado y contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Los integrantes de la comisión de salud ven factible la aprobación de este punto de acuerdo, ya que actualmente, aún y cuando las dependencias gubernamentales tengan en operación programas y la ley es explícita al respecto, los datos muestran que es necesario seguir trabajando sobre el tema.

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, incluya en sus estrategias el fortalecimiento de capacidades para la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, a fin de que hombres y mujeres tengan acceso a la información, la educación y servicios de salud reproductiva por igual.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen como receptores de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos a hombres y mujeres por igual.

Nota

1 Revisar la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, con datos del 2009, fecha de la última actualización.

Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de marzo del 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Ssa y a la Conadic a emitir un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por lo planteado, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha el 28 de enero de 2015, el Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones a emitir un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Proposición fuera turnada a la Comisión de Salud para dictamen.

III. Consideraciones

Primera. El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Este fenómeno de salud afecta, sin distinción de género, incidiendo principalmente en niños y adolescentes, de cualquier estrato social y de todas las regiones de nuestro país.

Cuando una persona no puede dejar de tomar una droga voluntariamente, aun cuando quiere, se llama adicción. Cuando la gente empieza a consumir drogas, no planea convertirse en adicto. Les gusta como la droga los hace sentir. Piensan que pueden controlar cuánto y qué a menudo toman la droga. Sin embargo, las drogas cambian el funcionamiento cerebral. Los consumidores de drogas empiezan a necesitar la droga simplemente para sentirse normal. Esto es la adicción, y rápidamente puede controlar la vida de una persona.

La adicción puede hacer que la necesidad por la droga sea más importante que la necesidad de comer o dormir. La necesidad de obtener y consumir la droga puede llenar cada momento de la vida de una persona. La adicción reemplaza todas las cosas que la persona solía disfrutar. Una persona que es adicta es capaz de hacer cualquier cosa como mentir, robar o lastimar a la gente para seguir tomando la droga.

En términos de salud, la adicción es una enfermedad mental. Las drogas cambian el funcionamiento del cerebro, estos cambios pueden permanecer por mucho tiempo y causar problemas como cambios de humor, pérdidas de memoria, incluso problemas para pensar y tomar decisiones. La adicción es considerada como una enfermedad, como la diabetes y el cáncer, no es simplemente una debilidad del carácter. Personas de todos los orígenes, ricos o pobres, pueden volverse adictos. Puede ocurrir a cualquier edad, pero generalmente comienza cuando la persona es joven.

Segunda. Las consecuencias del abuso de sustancias son enormes. Se pueden clasificar según el tiempo de presentación: a corto plazo y largo plazo; y según el ámbito de repercusión: salud, emocional, social, cognitiva, económica, escolar, laboral, familiar y de pareja y legal. En la siguiente tabla se enlistan las posibles consecuencias del uso y abuso de sustancias.

En atención a lo anterior, se deduce que las consecuencias son altamente complejas, a la vez que serias, que incluso pueden ocasionar la muerte.

Es por ello, que el tema de las adicciones es de carácter prioritario. Tal es el caso que el Título Décimo Primero de la Ley General trata de los Programas Contra las Adicciones, el cual contempla de los artículos 185 Bis al 193 Bis, e incluyen los programas de adicción al alcohol, tabaco y farmacodependencia.

Tercera. Con el fin de brindar una mejor atención a la prevención y tratamiento a las adicciones en el 2011, se crearon la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), entidad que tiene a su cargo la elaboración y vigilancia de las políticas públicas, la coordinación intersectorial y la observancia de los compromisos internacionales; y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic), cuyo propósito es propiciar la calidad de los servicios de atención y tratamiento de las Adicciones.

La Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Conadic y el Cenadic llevó a cabo la Sexta Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011. Este estudio se realizó en 17,500 viviendas seleccionadas en forma aleatoria. Para tal efecto el país se dividió en 8 regiones. Se aplicó una entrevista directa con adultos entre los 18 y 65 años y adolescentes entre 12 y 17 años.

Los resultados de la mencionada encuesta arrojan los siguientes datos: El alcohol fue la droga de inicio más reportada (49.1%), seguida de tabaco (18.4%) y la mariguana (17.8%). La droga de impacto más frecuente a nivel nacional fue el alcohol, mencionada por 29,417 personas; mientras que 10,450 personas mencionaron la cocaína, 8,235 a la mariguana y 6,950 a las metanfetaminas. La mayoría de los entrevistados tenía 35 años de edad o más (39%) seguido del grupo de 15 a 19 años (16.8%). El porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años fue mayor entre los usuarios que mencionaron como droga de impacto los inhalables (40.5%), seguido por la mariguana (35.1%). Por otro lado, entre los que tuvieron como droga de impacto a la cocaína y las metanfetaminas, más del 40% eran adultos jóvenes (20 a 29 años). Asimismo, el mayor porcentaje de adultos de 35 años o más reportaron como droga de impacto al alcohol (55.3%).

Cuarta. La rehabilitación, se refiere al restablecimiento de la persona enferma o herida a la capacidad para cuidar de sí mismos. Así pues, la función de rehabilitación de drogas es ayudar a una persona cuya adicción a las drogas ha interferido con su vida para convertirse en un miembro pleno funcional para la sociedad. La rehabilitación de Drogas se centra en la persona en su totalidad y hacen que él o ella se sanen de nuevo, como si se tratara de persona que tuviera una enfermedad como el cáncer. Algunos programas se ven a sí mismos como éxito sólo si la persona deja de utilizar en el tratamiento las sustancias adictivas. Otros afirman éxito si la persona es capaz de moderar su uso a fin de que ya no esté interfiriendo con su vida.

En este sentido, datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, indican que: de los usuarios de drogas en el último año, el 9.4% ha recibido tratamiento en ese mismo periodo (10.3% hombres y 6.1% mujeres). Si se considera a las personas que tienen dependencia a drogas en el último año, es el 18.4% de esta población que ha asistido a tratamiento (19.8% hombres y 8.9% de las mujeres).

De igual manera, se observa que el número de gente que asiste a tratamiento se ha incrementado. Cerca de 830 mil personas de los consumidores de alcohol, han ido a tratamiento, esto es casi cien mil personas más que las reportadas en el año 2008; en tanto, al considerar sólo a quienes cumplen el criterio de posible dependencia al alcohol, el incremento ha sido de casi cuarenta mil personas. El número de mujeres que ha ido a tratamiento es muy bajo en comparación con los hombres.

En general, los datos indican que quienes asisten a tratamiento, lo hacen principalmente con especialistas o en grupos de autoayuda o ayuda mutua. Especialmente, se observa que el tratamiento completo con algún profesional de la salud o en un grupo de autoayuda o ayuda mutua, se ha incrementado significativamente en los últimos 3 años, mientras que el tratamiento incompleto o parcial ha disminuido.

Los datos muestran que casi una de cada 5 personas con dependencia a drogas en el último año, ha asistido a tratamiento. El rezago es mayor para las mujeres, con 2.2 hombres con dependencia que ha recibido ayuda por cada mujer. Una tercera parte ha recibido tratamiento completo y un 22% ha recibido tratamiento parcial. En términos absolutos, más personas recibieron tratamiento en 2011 que en 2008, sin embargo en términos relativos éste índice se mantuvo estable, es decir, el aumento de personas en tratamiento, corresponde al aumento del tamaño de la población, sin ganancias proporcionales de cobertura.

La dependencia al alcohol es el trastorno con mayor rezago, solamente 6.8% de los enfermos recibieron tratamiento. El rezago es mayor en las mujeres, hay 2.2 hombres con dependencia en tratamiento, por cada mujer con esta misma condición.

Sin embargo, hay un cambio importante hacia un mejor tratamiento, con una reducción de la proporción que reportó desintoxicación, que es solo un primer paso y no se puede considerar como tratamiento en sí, una pequeña disminución de quienes estuvieron en un anexo o en tratamiento residencial y un aumento importante en la proporción que reportó tratamiento ambulatorio que pasó de 9.8% en 2008 a 32.6% en 2011. También hay un aumento importante en la proporción de la población con dependencia que recibió un tratamiento completo con un profesional que pasó de 6.3% en 2008 a 22.8% en 2011. Sin embargo esta ganancia parece sólo observarse en los hombres. También aumentó la proporción de hombres y mujeres que recurrieron a ayuda mutua; sin embargo, en las mujeres el crecimiento en la proporción que utilizó este recurso fue mayor (de 15% en 2008 a 31.2% en 2011) que el que se observó en los hombres (de 35.4% a 44.7% respectivamente).

Quinta. El pasado 28 de enero de 2015, el Gobierno de la República anuncio el Programa de Prevención y Atención Integral de las Adicciones, elaborado por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que se refuercen las acciones del Programa de Prevención y Atención Integral de las Adicciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP y la Ssa a fomentar entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior un mayor interés en la especialidad de hematología

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 17 de febrero de 2015, los diputados María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, a efecto de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior un mayor interés en la especialidad de hematología.

2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Consiste en exhortar a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, a efecto de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior un mayor interés en la especialidad de hematología.

IV. Consideraciones

Primera. La hematología es la subespecialidad médica que se dedica al tratamiento de los pacientes con enfermedades hematológicas, para ello se encarga del estudio e investigación de la sangre y los órganos hematopoyéticos (médula ósea, ganglios linfáticos, bazo, etcétera) tanto sanos como enfermos.

La hematología es una ciencia que comprende el estudio de la etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de las enfermedades de la sangre y órganos hemolinfoproductores.

Recordemos que la hematología se encarga del estudio y tratamiento de la hemofilia, enfermedad de origen genético referida a los grupos de trastornos hemorrágicos en los cuales la sangre tarda mucho tiempo en coagularse, causando sangrados leves o graves internos y externos.3 Cabe señalar que la hemofilia ataca principalmente a los varones debido a que está relacionada con el cromosoma X, del que la mujer tiene 2 copias a diferencia de los hombres.

Segunda. Las especialidades médicas son elegidas por los doctores en razón de su interés por las mismas y la demanda laboral, entre las que más demanda tienen son cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, médico de urgencia, traumatología y ortopedia, medicina familiar, otorrinolaringología y oftalmología. Este mismo estudio revela las especialidades con menor demanda como son, patología clínica, medicina legal, genética, radio oncología, geriatría, epidemiología y hematología.

Lamentablemente, la baja demanda en las especialidades repercute en el análisis científico de las enfermedades, el combate a las mismas y principalmente en la atención de las personas que las padecen, ya que si bien se reducen los especialistas, en número de pacientes no disminuye a la par.

Cabe citar que actualmente una de las especialidades que está teniendo una baja considerable de doctores interesados en la misma es la hematología, quien hace poco afirmó que en todo el país existen tan solo 600 hematólogos, habiendo estados de la República como el de Quintana Roo, donde no existe uno solo, lo cual obliga a los pacientes a trasladarse a otros hospitales como los de Yucatán.

Tercera. Los hematólogos se encargan de estudiar y tratar todos aquellos trastornos que afectan la producción de sangre y sus componentes como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, el mecanismo de coagulación (hemostasia), etcétera. Al ser la sangre el punto principal de la hemofilia, es esencial que más doctores se dediquen a analizar aquel componente fundamental de nuestro cuerpo, mismo que pasa por todos nuestros órganos.

La falta de hematólogos en el país agrava la ya difícil situación de los pacientes con hemofilia, ya que de los 6,100 que se encuentran en el país tan solo el 30 % (alrededor de 1,400) reciben un tratamiento médico adecuado, ello en razón de los altos costos de los medicamentos, los cuales oscilan entre los 5,00 y los 7,000 pesos.

Existen diversas instituciones y organizaciones que apoyan a los pacientes con hemofilia, tal es el caso del Instituto de Hematopatología o la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, AC, esta última tiene como propósito el impulsar y promover la toma de conciencia de organismos e instituciones relacionadas con las necesidades de las personas con deficiencias congénitas de la coagulación, así como promover la afiliación a la Federación de las asociaciones constituidas legalmente en la República Mexicana.

La hemofilia es padecida por 1 de cada 5000 varones, de los cuales el 70% la heredaron y el resto la desarrolló por mutación. Actualmente existen en el mundo alrededor de 400 mil personas que viven con Hemofilia.

En nuestro país se tiene un sub-registro de la enfermedad a través de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, en virtud de que se han logrado contabilizar alrededor de 5 mil pacientes, de dicho grupo viven el 94%, que tienen diagnóstico 3,793 con Hemofilia A y 563 con Hemofilia B, y 335 sin diagnóstico de precisión, de un potencial de 7,500 pacientes. Se estima que por cada dos mexicanos con hemofilia que ya han sido diagnosticados, hay uno más que no sabe que tiene esta enfermedad. Además, se estima que actualmente en México existen alrededor de 1,000 pacientes sin acceso a tratamiento, por no contar con servicios de seguridad social.

Es importante que existan diversas asociaciones, pero es necesario que existan médicos especialistas en la enfermedad, que no solo sepan tratar el padecimiento, sino al paciente. Asimismo, la capacitación de los enfermos y la colaboración de los especialistas reduce complicaciones en los pacientes, permitiéndoles que lleven una vida normal, con actividad física, con una esperanza de vida de alrededor de 70 años.

La Comisión de Salud de esta honorable Cámara de Diputados, hace un llamado a los estudiantes de medicina ya que es necesario mirar hacia aquellas ramas de la ciencia médica que requieren de más doctores, ello con el fin de investigar las enfermedades, analizarlas y poder otorgar una mejor calidad de vida a toda aquellas personas que sufren serios padecimientos como la hemofilia. Consideramos que de aumentar de forma importante el número de hematólogos en el país, se combatirá de manera directa la hemofilia, reduciendo el número de personas que la padecen y se podría llegar a encontrar mejores tratamientos.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública, y de Salud, a efecto de que fomenten entre los estudiantes de medicina de las instituciones de educación superior un mayor interés en la especialidad de hematología.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Ssa a establecer los requisitos, los procedimientos, las medidas sanitarias y las sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 19 de febrero de 2015, en la LXII Legislatura, los diputados María del Roció Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades establezca los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los animales;

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente Proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades establezca los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los animales.

Asimismo, para que dicha secretaría en el marco de sus facultades, realice campañas a nivel nacional que promuevan una cultura de tenencia responsable de animales domésticos y de denuncia de su reproducción y venta clandestina y carente de los permisos y certificaciones correspondientes.

IV. Consideraciones

Primera: Un animal de compañía o mascota es un animal doméstico conservado con el propósito de brindar compañía o para el disfrute del poseedor. A diferencia de los animales de laboratorio, animales para la crianza o ganado, animales de tiro, animales para el transporte o animales para el deporte; los animales de compañía no son conservados para traer beneficios económicos o alimenticios, aunque sí un beneficio personal.

Los animales de compañía son seleccionados por su comportamiento y adaptabilidad, y por su interacción con los humanos, en la que posiblemente se utilicen como herramientas de caza o seguridad. Poseer un animal de compañía puede traer a la salud consecuencias positivas ya que el cuidado diario hace olvidar a muchas personas otro tipo de preocupaciones, evita la depresión y nos hace sentir útiles. Los animales de compañía más populares son el perro y el gato.

El origen de la domesticación de animales es inexacto, pero se cree que comenzó cuando el ser humano se dio cuenta de que necesitaba establecer lazos entre él y la naturaleza para su supervivencia y desarrollo. Se estima que los perros, una de las primeras especies animales domesticadas, han sido criados como animales de compañía por alrededor de 10.000 años.

Segunda: En México tanto en las ciudades, zonas metropolitanas y en menor medida en el resto del país, de manera desafortunada, se ha venido desarrollando, al amparo de la clandestinidad y del desinterés, un problema tanto social como de salud pública, y de cuidado y protección a los animales.

La posesión irresponsable de animales, tanto domésticos como silvestres en los hogares, ha derivado en problemas de extinción de aquellas en peligro o bien en sobrepoblación de algunas especies como perros o gatos, lo que conlleva el deterioro de sus condiciones y expectativa de vida, a la par de graves afectaciones a la salud de la población en general.

Es una realidad que en México no existe la cultura de esterilizar a las mascotas, se les deja libre e incluso hasta se les alimenta en la calle, de manera insensible se les abandona completamente en la vía pública. A dichos animales los tienen con el objetivo de reproducirlos para vender clandestinamente a las crías y obtener un beneficio económico, son las situaciones que han permitido que en las ciudades de nuestro país, así como sus zonas metropolitanas incluso ya en regiones rurales.

En esta Comisión dictaminadora coincidíos en que lamentablemente los animales domésticos en su gran mayoría sufran de condiciones de vidas deplorables y no dignas para su sano desarrollo, lo cual también representa un grave problema de salud pública grave que nos atañe a todos, ya que como también sabemos la reproducción en criaderos improvisados con ambientes terribles y espantosos, así como la posterior compra y venta de mascotas de manera clandestina principalmente en la vía pública, sin control, sin regulación por parte de las autoridades correspondientes, en condiciones deplorables e insalubres.

A nivel mundial el problema se encuentra en las mismas magnitudes, es así que desde la década de los noventas los focos rojos al respecto se encendieron e incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cambio el nombre de “pero callejero” por “perro de dueño irresponsable”.

Tercera: En nuestro país es tan grande el problema que resulta imposible ponderar con exactitud de manera estadística el número de estos animales que se encuentran en esta situación; las cifras exactas al respecto no existen.

En México se estima que hay ya más de 23 millones de perros y gatos y se considera que tan solo alrededor de un 30 por ciento de ellos se encuentran atendidos en un hogar, el desafortunado 70 por ciento restante son animales en situación de calle, con todo lo que ello conlleva.

Más de 10 millones de perros y gatos callejeros que además, no son esterilizados y por ende continúan reproduciéndose; haciendo de este problema un círculo interminable de más y más animales en esta situación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre 2008 y 2010 se sacrificaron en los centros oficiales correspondientes, en promedio entre 600 mil y 800 mil perros al año, cifra que además se sigue incrementando. En la Ciudad de México se tiene registros de que existen alrededor de 3 millones de perros callejeros y cada mes alrededor de 10 mil de éstos son sacrificados.

En Latinoamérica, tristemente somos el país con el mayor número de perros y gatos en el territorio y de igual manera el primer país con el mayor número de éstos, en situación callejera, lo cual lleva consigo no solo las repercusiones en el trato digno para estos animales, sino también ha desatado un problema grave de salud para la sociedad en su conjunto.

Terriblemente el origen de este problema radica en propietarios irresponsables, pero también, y en personas sin escrúpulos, carentes de moral y además de la preparación requerida, que en los patios, azoteas o cualquier espacio de sus hogares, se dedican a la cría y posterior venta clandestina de perros “de raza”, que simulan su interés meramente económico-lucrativo con un supuesto amor hacia estos animales.

En nuestra sociedad creemos criar, vender y adquirir especies de raza cuando en realidad, estamos reproduciendo excesivamente animales sin calidad genética, con enfermedades, que no cubren los estándares mínimos de la especie deseada; pero sobre todo, con seres vivos a los que se les condena a una vida deplorable y carente del cariño necesario, de los cuidados y atención merecida y peor aún; del respeto que les corresponde.

Es importante señalar que como sociedad tenemos una deuda pendiente con los seres vivos en este caso animales callejeros, no podemos perder la sensibilidad ante estos animales y sus actuales condiciones de vida. Regulemos la reproducción de los animales domésticos como perros y gatos, así como también su venta.

De tales consideraciones se desprende la importancia de que los verdaderos amantes de esta especie y de cualquier otra, que se dedican de manera válida a este negocio, lo realizan de manera legítima, legal, certificada, profesional, en criaderos perfectamente establecidos, con apego total a los estándares de reproducción de la especie y, sobre todo, en condiciones que privilegian el profundo respeto hacia sus animales.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades establezca los requisitos, procedimientos, medidas sanitarias y sanciones para regular la reproducción y la venta de animales domésticos, con objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y clandestina, como una medida de protección a la vida y de trato digno de los animales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Salud a que en el marco de sus facultades, realice campañas a nivel nacional que promuevan una cultura de tenencia responsable de animales domésticos y de denuncia de su reproducción y venta de clandestina y carente de los permisos y certificaciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la titular de la Ssa a fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de cáncer pulmonar

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157 fracción I y 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 12 de febrero de 2015, los diputados María del Carmen Ordaz Martínez y Jesús Antonio Valdés Palazuelos presentaron un punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de cáncer pulmonar.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas y las acciones encaminados a investigar y combatir el cáncer pulmonar.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a emprender una campaña que tenga como objetivo la prevención del cáncer pulmonar y su temprana detección.

III. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Se comprende también lo siguiente en materia de salubridad general que se estima en la Ley General de Salud.

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

...

XX. El programa contra el tabaquismo;

...

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

...

También se considera lo siguiente en la Ley General para el Control del Tabaco.

Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes finalidades:

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco.

II. Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios cien por ciento libres de humo de tabaco.

III. Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco.

...

V. Instituir medidas para reducir el consumo de tabaco, particularmente en los menores.

VI. Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco.

VII. Establecer los lineamientos generales para el diseño y evaluación de legislación y políticas públicas basadas en evidencia contra el tabaquismo.

VIII. Establecer los lineamientos generales para la entrega y difusión de la información sobre los productos del tabaco y sus emisiones, y

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Considerando que la adicción al tabaco representa 80 por ciento del total de las EPOC’s el proponente indica que es necesario hacer conciencia con respecto al consumo del tabaco, puesto que es un problema creciente que tiene consecuencias sociales y económicas.

En este sentido se muestra lo siguiente de la misma ley:

Artículo 7. La aplicación de esta ley estará a cargo de la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Procuraduría General de la República y otras autoridades competentes.

Artículo 9 . La Secretaría coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará los servicios de detección temprana, orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el consumo, investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud considerando la promoción de actitudes y conductas que favorezcan estilos de vida saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de productos del tabaco principalmente por parte de niños, adolescentes y grupos vulnerables.

Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá los lineamientos para la ejecución y evaluación del Programa contra el Tabaquismo , que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La promoción de la salud.

II. El diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación del tabaquismo y de los padecimientos originados por él.

III. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a la familia, niños y adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de fumar al interior de los espacios libres de humo de tabaco que establezca esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

IV. La elaboración periódica de un programa de seguimiento y evaluación de metas y logros del Programa contra el Tabaquismo que incluya al menos las conductas relacionadas al tabaco y su impacto en la salud.

V. El diseño de programas, servicios de cesación y opciones terapéuticas que ayuden a dejar de fumar combinadas con consejería y otras intervenciones, y

VI. El diseño de campañas de publicidad que promuevan la cesación y disminuyan las probabilidades de iniciarse en el consumo de los productos del tabaco.

De esta manera se establecerán las políticas necesarias de acción y promoción contra la adicción al tabaco para evitar que la población, en este caso la más vulnerable o propensa, padezca de enfermedades relacionadas con el tabaquismo como lo es la EPOC.

Tercera. En términos de reglamentación y operatividad para contener las enfermedades pulmonares (EPOC) se encuentra la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, en la cual, tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Cuarta. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por un bloqueo persistente del flujo de aire. Se trata de una enfermedad subdiagnosticada y potencialmente mortal que altera la respiración normal y no es totalmente reversible. Los términos bronquitis crónica y enfisema están obsoletos, quedando englobados en el diagnóstico de EPOC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la principal causa de la EPOC es el humo del tabaco (fumadores activos y pasivos).

En la actualidad, afecta casi por igual a ambos sexos, en parte debido al aumento del consumo de tabaco entre las mujeres de los países de ingresos elevados.

La EPOC no es curable, pero el tratamiento puede retrasar su progresión. Se prevé que, en ausencia de intervenciones para reducir los riesgos, y en particular la exposición al humo del tabaco, las muertes por EPOC aumenten en más de 30 por ciento en los próximos 10 años.1

Quinta. En México y países como Nepal, Nueva Guinea y Colombia, la exposición al humo de leña es también causa de EPOC. La inhalación en el ambiente laboral de polvos, gases, humos y sustancias químicas constituye otros factores de riesgo.

En Estados Unidos de América 19 por ciento de los pacientes con EPOC tenían una exposición laboral. Las industrias más frecuentes son las manufactureras como la del caucho, plástico, piel, de la construcción, fábricas textiles, fuerzas armadas y la elaboración de productos alimenticios.

Sexta. El tabaquismo y su adicción son considerados como un problema de salud pública, mismo que ocasiona la proliferación de EPOC’s. Los grupos vulnerables son los más jóvenes, ya que el consumo se ha extendido en los últimos años a este sector de la población sin distinción de género. Por tal motivo es fundamental implementar estrategias que sirvan para concientizar a la población sobre el consumo de tabaco así como su exposición al mismo, de igual manera, es indispensable que las autoridades correspondientes establezcan de manera oportuna las estrategias necesarias para mitigar el creciente problema de las EPOC’s. En este sentido, el punto de acuerdo del proponente se dictamina en sentido positivo.

Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas y las acciones encaminados a investigar y combatir el cáncer pulmonar.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a emprender una campaña que tenga como objetivo la prevención del cáncer pulmonar y su temprana detección.

Nota

1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Nota descriptiva N°315 Octubre de 2014

Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de marzo de 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Ssa a tomar medidas para detener el avance del virus de chikungunya y dar a los enfermos el tratamiento necesario

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 3 de febrero de 2015, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier presento punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud a tomar medidas para detener el avance del virus de chikungunya y dar a los enfermos el tratamiento necesario.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente Proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y organismos relacionados a implantar las medidas necesarias y adecuadas para retener la diseminación del virus chikungunya. Asimismo, se exhorta a los mandos de salubridad de los estados afectados por el virus de chikungunya a dar prioridad a las comunidades afectadas e implantar tratamientos para todos los enfermos del virus.

IV. Consideraciones

Primera. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.

La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos los dolores articulares pueden durar varios meses, o incluso años. Se han descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardiacas, y también con molestias gastrointestinales.

Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. A menudo, los pacientes sólo tienen síntomas leves y la infección puede pasar inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue en zonas donde este es frecuente.

Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se puede confundir en zonas donde este es frecuente. Como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se centra en el alivio de los síntomas. Un factor de riesgo importante es la proximidad de las viviendas a lugares de cría de los mosquitos.

El virus se transmite de una persona a otras por la picadura de mosquitos hembra infectados. Generalmente los mosquitos implicados son Aedes aegypti y Aedes albopictus dos especies que también pueden transmitir otros virus, entre ellos el del dengue. Estos mosquitos suelen picar durante todo el periodo diurno, aunque su actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde. Ambas especies pican al aire libre, pero Aedes aegypti también puede hacerlo en ambientes interiores.

La enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días.

Segunda. La enfermedad se da en África, Asia y el subcontinente indio. En los últimos decenios los vectores de la enfermedad se han propagado a Europa y las Américas. En 2007 se notificó por vez primera la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el nordeste de Italia.

Pero lamentablemente en el país la amenaza esencialmente ya se encuentra en los estados que integran la región del sur-sureste, como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán, afecta a la salud pública de manera preocupante.

Desgraciadamente, el virus chikungunya ya está presente en la parte sur de México, el primer caso fue registrado el 25 de junio de este año, aunque existen declaraciones de personas que tuvieron los síntomas antes pero no se han reportado de manera oficial.

En México se han detectado al menos 131 casos de esta enfermedad hasta el 20 de diciembre de 2014. Ya se dio a conocer el primer caso reportado en Sonora, lo cual nos indica que se debe de reevaluar la estrategia de defensa contra el avance de esta enfermedad.

Desde el 20 de junio de 2014, el Instituto Nacional de Salud Pública alertó a las autoridades de Chiapas para intensificar las acciones contra el vector del dengue, dado que se estimaba que el virus chikungunya entrará por el sureste del país, como consecuencia del tránsito migratorio y la movilidad de las personas

Las medidas no han sido acertadas, y la nueva estrategia para atacar y evitar una epidemia deben de ser analizadas de manera urgente, tanto por parte de la Secretaría de Salud, organismos relacionados y los Estados afectados en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la prevención de los Estados que no han sido afectados aún, toda vez que se trata de una situación de emergencia nacional.

Tercera. La principal medida de prevención es la eliminación de los criaderos de los mosquitos vectores: Aedes aegypti y Aedes albopictus . De esta manera se previenen además las otras enfermedades transmitidas por estas especies. Es decir, se impone eliminar todo estancamiento de aguas, tanto natural como artificial. La responsabilidad obviamente compete a las comunidades, pero también a particulares.

En casos de brotes, se precisa incrementar la prevención, evitándose la picadura de los mosquitos transmisores mediante puesta en práctica de controles ambientales PEMDS. Los repelentes son de utilidad, respetando las instrucciones de uso, sobre todo los que contengan NNDB , DEET o permetrina .

Se recomienda que en las zonas con climas templados o cálidos se vistan prendas que cubran la mayor parte de las superficies expuestas a picaduras, e instalar los toldillos u otra clase de protectores que tengan cómo prevenir el acceso de los mosquitos desde ventanas y puertas, además del uso de mosquiteros tratados o no con insecticidas. En todo caso, se impone la eliminación de charcos y aguas estancadas, ya que son caldo de cultivo para la reproducción de los mosquitos.

Cuarta. Para luchar contra el virus chikungunya, la OMS formula planes basados en evidencias para gestionar los brotes, proporciona apoyo y orientación técnica a los países para que gestiones eficazmente los casos y los brotes, presta apoyo a los países para que mejoren sus sistemas de notificación, junto con algunos de sus centros colaboradores, proporciona formación a nivel regional sobre el tratamiento, el diagnóstico y el control de los vectores y publica directrices y manuales para los Estados miembros sobre el tratamiento y el control de los vectores.

La OMS anima a los países a crear y mantener capacidades que les permitan detectar y confirmar casos, atender a los pacientes y poner en práctica estrategias de comunicación social para reducir la presencia de los mosquitos vectores.

La comisión dictaminadora considera importante que en México se exhorte a las autoridades de salubridad en los tres niveles de gobierno para implementar las medidas necesarias, así como programas de prevención para erradicar el virus chikungunya, mejor conocido como “virus del dolor”. Ya que el avance del mismo continúa y las medidas tomadas no han sido suficientes.

Asimismo, se considera que el presente punto de acuerdo está muy bien, sólo que pedir el combate contra el virus no se va a poder dar, el virus está en el mosquito que se transmite al humano. Lo que hay que combatir es el mosquito. Por ello se determina que el presente punto de acuerdo se aprueba con modificaciones.

Se deberán llevar a cabo acciones similares a las que se hacen contra el dengue, por lo que se pide que debería ser orientado hacia detener el vector que sería el mosquito en este caso.

Con base en las consideraciones mencionadas, los integrantes la Comisión de Salud dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y organismos relacionados a implantar las medidas necesarias y adecuadas para retener la diseminación del virus chikungunya, así como a llevar acciones orientadas a detener el vector.

Segundo. Se exhorta a los mandos de salubridad de los estados afectados por el virus de chikungunya a dar prioridad a las comunidades afectadas, e implantar tratamientos para todos los enfermos del virus.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Campeche a mejorar la calidad de atención primaria en la red hospitalaria y clínicas de la entidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157 fracción I y 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 3 de febrero de 2015, el diputado José Angelino Caamal Mena del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche, para que mejore la calidad de atención primaria en la red hospitalaria y clínicas de la entidad.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Primero. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche para que revise y, en su caso, mejore la atención primaria en la red hospitalaria local.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche para que remita a esta soberanía un informe detallado del destino de los recursos asignados al sector salud en el ejercicio de 2014.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Ley General de Salud es explícita en relación a la protección social en salud que garantiza el derecho de los mexicanos a recibir este beneficio sin importar su condición social.

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad , sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

...

Así bien, para incrementar y mejorar la calidad en la prestación de servicios del sector salud se estipula lo siguiente:

Artículo 77 Bis 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este título.

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad.

La acreditación de la calidad de los servicios prestados deberá considerar, al menos, los aspectos siguientes:

I. Prestaciones orientadas a la prevención y el fomento del autocuidado de la salud;

II. Aplicación de exámenes preventivos;

III. Programación de citas para consultas;

IV. Atención personalizada;

V. Integración de expedientes clínicos;

VI. Continuidad de cuidados mediante mecanismos de referencia y contrarreferencia;

VII. Prescripción y surtimiento de medicamentos, y

VIII. Información al usuario sobre diagnóstico y pronóstico, así como del otorgamiento de orientación terapéutica.

Tercera. En el Programa Sectorial de Salud (Prosesa) se establece como uno de los objetivos fundamentales asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, a través de la creación y fortalecimiento de redes de servicios integrales, sustentadas en un modelo de atención primaria más homologado y resolutivo, para mejorar el acceso efectivo con calidad.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado a todos los países a la mejora de la calidad de la atención como la principal vía para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entendiendo esta mejora como todo proceso o herramienta dirigida a reducir la brecha a nivel sistémico y organizacional bajo los principios básicos de la calidad, que incluyen la atención centrada en la persona, la mejora continua de los procesos y la seguridad del paciente como prioridades para el fortalecimiento de los sistemas de salud.

Cuarta. Al indicar que el acceso a los servicios de salud de carácter prioritario, el proponente sugiere que se intensifique la atención primaria en la red hospitalaria local del estado de Campeche, para lo cual la Ley de Salud para el estado de Campeche señala lo siguiente:

Artículo 5. El Sistema Estatal de Salud, tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población del estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y causen daño a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del estado;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a los menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados y personas con capacidades diferentes, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionadas con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII. Promover un sistema de prevención de riesgos que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud.

Además el artículo 6 de la misma ley sugiere que la coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, asegurando todos los requerimientos necesarios para ofrecer indistintamente la prestación de los servicios de salud.

En la justificación del proponente se indica un desabasto generalizado de insumos para la prestación de los servicios de salud, por lo cual, la Ley de Salud del estado indica lo siguiente:

Artículo 7. La Secretaría estatal promoverá la participación en el Sistema Estatal de Salud de los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado, así como de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan. Asimismo, fomentará la coordinación con los proveedores de insumos para la salud a fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos.

Así bien, garantizar el derecho a la salud en el estado estará a cargo de la misma secretaría, por lo tanto, no existe ningún inconveniente para la aprobación del primer acuerdo sugerido por el proponente.

Quinta. Lo respectivo al segundo acuerdo, el proponente sugiere lo siguiente:

Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche para que remita a esta soberanía un informe detallado del destino de los recursos asignados al sector salud en el ejercicio de 2014.

En el fundamento legal de la Cuenta Pública y la rendición de cuentas del gasto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 73, 74, 79, 117 y 122, indica básicamente todo lo respectivo a los informes del gasto.

Por lo tanto, la Cuenta Pública se define como el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden de manera consolidada, a través del Ejecutivo federal, a la Cámara de Diputados, sobre su gestión financiera. La Cuenta Pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y conforme a los criterios y con base en los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Poder Ejecutivo presenta la Cuenta Pública del ejercicio fiscal inmediato anterior a la Cámara de Diputados el 30 de abril del año siguiente. A partir de ese día inicia la fiscalización superior que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con base en su Programa Anual de Auditorías.

En la Constitución Política del estado de Campeche señala lo siguiente en materia de regulación del gasto:

Artículo 54. Son facultades del Congreso:

Del I al XXI

XXII. Revisar, fiscalizar y calificar la Cuenta Pública del estado y las cuentas públicas de los municipios. La revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del año anterior, tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión y fiscalización de las cuentas públicas las realizará el Congreso a través de la Auditoría Superior del estado. La ley determinará la organización de dicho órgano de fiscalización superior.

...

Las cuentas públicas municipales deberán ser presentadas al Congreso del estado a más tardar el 31 de enero del año siguiente al ejercicio fiscal que correspondan. La Cuenta Pública del estado deberá ser presentada al Congreso del estado a más tardar el 10 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que corresponda . El Congreso concluirá la revisión y fiscalización de las cuentas públicas a más tardar en el periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente a la presentación del informe del resultado, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la Auditoría Superior del estado, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del estado, seguirá su curso en términos de lo señalado en esta Constitución y las leyes aplicables.

Sólo se podrán ampliar los plazos de presentación de las cuentas públicas cuando medie solicitud del Ejecutivo del estado o de los ayuntamientos, en su caso, suficientemente justificadas a juicio del Congreso del estado o de la diputación permanente. La prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior del estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente.

Por lo tanto, lo que sugiere el proponente no es viable en este momento puesto que aún no se entregan los reportes del ejercicio del gasto de 2014.

Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura consideramos que el punto de acuerdo es viable con modificaciones, sometiendo a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche para que revise y, en su caso, mejore la atención primaria en la red hospitalaria local.

Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de marzo del 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa a realizar acciones para prevenir la anemia femenil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 28 de enero de 2015, la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones para prevenir la anemia femenil.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnase a la Comisión de Salud, para el estudio y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Se considera anemia cuando disminuye la concentración de hemoglobina en sangre, aunque la de eritrocitos sea normal o incluso elevada. Los límites de referencia de la concentración de hemoglobina en sangre pueden variar según la población analizada, ya que depende de factores diversos como la edad, el sexo, las condiciones ambientales y los hábitos alimentarios. La anemia constituye una de las causas más frecuentes de consulta por tres motivos principales:

* Elevada incidencia en niños, mujeres, jóvenes o sujetos adultos con carencias en su alimentación (déficit de hierro y ácido fólico, especialmente).

* Suele estar asociada a muchas otras patologías, en las que constituye un síntoma del trastorno subyacente.

* Elevada frecuencia en ciertos grupos étnicos (relacionada con la malnutrición y muy extendida, por lo tanto, en aquellos países en vías de desarrollo, cuya población carece de recursos para mantener una alimentación adecuada).

Tercera. La anemia puede ser debida a diferentes causas y estas se relacionan muy bien con las variaciones de forma y tamaño de los glóbulos rojos (GR). Este tamaño es diferente según la causa productora de la anemia. El tamaño de los GR viene determinado por el parámetro analítico volumen corpuscular medio (VCM) y que permite clasificar las anemias como sigue:

a) Anemia microcítica (VCM < 80 fl)

• Anemia ferropénica. Por falta de hierro

• Hemoglobinopatías: Talasemia minor.

• Anemia secundaria a enfermedad crónica.

• Anemia sideroblástica.

b) Anemia normocítica (VCM 80 - 100 fl)

• Anemias hemolíticas.

• Aplasia medular.

• Invasión medular.

• Anemia secundaria a enfermedad crónica.

• Sangrado agudo.

c) Anemia macrocítica (VCM > 100 fl)

1. Hematológicas

• Anemias megaloblásticas.

• Anemias aplásicas.

• Anemias hemolíticas (crisis reticulocitaria).

• Síndromes mielodisplásicos.

2. No hematológicas

• Abuso en el consumo de alcohol.

• Hepatopatía crónica.

• Hipotiroidismo.

• Hipoxia.

Cuarta. El síndrome anémico lo forman un conjunto de signos y síntomas que ponen de manifiesto la disminución de la hemoglobina y el desarrollo del mecanismo de compensación. Los principales síntomas de la anemia son éstos:

Palidez. Es uno de los signos más característicos de la anemia y una consecuencia directa de la vasoconstricción generalizada (cierre de los vasos sanguíneos) y del descenso de la concentración de la hemoglobina en sangre.

Astenia. Constituye un síntoma general muy ligado a la anemia (el individuo anémico se siente “cansado”).

Disnea. Sensación subjetiva de falta de aire

Fatiga muscular: incluso con pequeños esfuerzos.

Manifestaciones cardiocirculatorias. Taquicardia y palpitaciones que son constantes en caso de anemia moderada o intensa, especialmente cuando se instaura bruscamente. En una anemia crónica de aparición lenta, el único signo apreciable de la anemia es un soplo sistólico funcional (ruido que hace la sangre al salir del corazón). Si la anemia es muy intensa se sobreañade una taquipnea (respiración muy rápida) o pérdida del conocimiento.

Trastornos neurológicos. Alteraciones de la visión. Cefaleas (dolor de cabeza). Cuando la hemoglobina desciende por debajo de 30 gramos por litro (anemia grave) pueden aparecer signos de hipoxia cerebral, cefaleas, vértigos e, incluso, un estado de coma.

Manifestaciones neuromusculares. Consisten principalmente en cambio de la conducta, cefaleas, vértigos, trastornos visuales, insomnio, incapacidad para concentrarse y, ocasionalmente, desorientación.

Alteraciones del ritmo menstrual. La existencia de reglas abundantes (hipermenorrea) es la causa más frecuente de anemia en las mujeres jóvenes, aunque suele ser una anemia moderada (Hb: 90-110 g/L). Sin embargo, cuando la anemia es más intensa, suele apreciarse una disminución del ritmo menstrual, con tendencia a la amenorrea. Lo que sucede es que, frente al descenso de la hemoglobina, el organismo reacciona disminuyendo, o incluso anulando, la pérdida hemática.

Alteraciones renales. Se produce una retención acuosa que puede dar lugar a la aparición de edemas o hinchazón en las piernas.

Trastornos digestivos. Consisten en anorexia, náuseas y, ocasionalmente, estreñimiento.

Quinta. Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia afecta en todo el mundo a mil 620 millones de personas (IC 95 por ciento: mil 500 a mil 740 millones), lo que corresponde a 24.8 por ciento de la población (IC 95 por ciento: 22.9 a 26.7 por ciento). La máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar (47.4 por ciento, IC 95 por ciento: 45.7 a 49.1 por ciento), y la mínima en los varones (12.7 por ciento, IC95 por ciento: 8.6 a 16.9 por ciento). No obstante, el grupo de población que cuenta con el máximo número de personas afectadas es el de las mujeres no embarazadas (468.4 millones, IC 95 por ciento: 446.2 a 490.6 millones).

Fuente: De Benoist, B., y otros (editores). Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005. Base de datos mundial sobre la anemia de la OMS, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008.

Quinta. El grupo de población en el que se tiene mayor prevalencia de anemia es el de los niños en edad preescolar; sin embargo, la población que se encuentra más afectada es el grupo comprendido por las mujeres no embarazadas, representando 468 millones de mujeres en el mundo, con base de datos sobre la anemia de la Organización Mundial de la Salud.

Sexta. En 2002, la anemia por deficiencia de hierro fue considerada a escala mundial como el principal tipo que se presentó en las mujeres, debido a que durante la adolescencia, los requerimientos de este elemento son mayores como consecuencia del inicio de la menstruación.

Séptima. El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2014 señaló que 18 por ciento de las embarazadas y 11.6 de las no embarazadas de 12 a 49 años fueron clasificados como anémicos.

Por lo anterior, a fin de que la Secretaría de Salud realice acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil, en virtud de que representa un problema de salud a las mexicanas que cobra auge en el número de pacientes en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en las embarazadas, originando que se produzca una disminución en su calidad de vida y para sus hijos, lo que representa un desgaste físico, económico y emocional para ellas y para sus familias.

Los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a realizar acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2015.

La Comisión de Salud

Diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, María Lucrecia Arzola Godínez (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Elizabeth Vázquez Hernández (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza, Simón Lomelí Cervantes (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo relativo a la implantación de acciones para garantizar la seguridad de las mujeres en Tabasco

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 5 de febrero de 2015, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que la Honorable Cámara de Diputados exhorta a los tres órdenes de gobierno a implementar, de manera urgente, acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad de las mujeres en Tabasco, a raíz de la ola de violaciones y ataques sexuales que se han registrado; asimismo exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto con el Gobierno del Estado de Tabasco se declare de manera inmediata la Alerta de Género para prevenir y erradicar violaciones y hostigamientos sexuales hacia las mujeres y niñas tabasqueñas.

En la misma fecha, mediante el oficio número D.G.P.L.62-II-7-2033, la proposición con punto de acuerdo fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente bajo el expediente 6004, a la Comisión de Igualdad de Género, la cual fue recibida en fecha 6 de febrero de 2015.

En su proposición con punto de acuerdo, la promovente externa su preocupación por la inseguridad que asecha al estado de Tabasco, cuyo incremento se ha reflejado no sólo en el ámbito de asaltos y robos sino también en el creciente número de violaciones sexuales y brutales asesinatos que se han presentado desde el inicio de año en contra de niñas y mujeres tabasqueñas. Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco ha dado inicio a diversas denuncias por el delito de violación en agravio de mujeres y niñas, los cuales tuvieron lugar en la ciudad de Villahermosa.

Puntualiza que el 30 de enero de 2015 consternó el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 15 años de edad con indicios de haber sido ultrajada, en la colonia Las Gaviotas. Refiere que lo anterior da cuenta de la necesidad de emprender acciones contra la descomposición social del municipio de Centro, “...e instalar de manera urgente... la Alerta de Género en todo el Estado de Tabasco.”

Para apoyar sus señalamientos la proponente indicó que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2014 hubo 332 denuncias por casos de violación sexual en el Estado. Los datos que se tiene por parte del Tribunal Superior de Justicia —TSJ— ascienden a 420 demandas por el mencionado delito. Agregó que en lo que va del año, y al presentar su proposición, se tienen registrados 7 casos de violación, en los cuales existe el temor de la sociedad y de los padres de familia, ante el caso de un violador serial vinculado con al menos cuatro de las últimas violaciones.

Advirtió, ante este panorama, la necesidad de aplicar medidas de atención urgente que garanticen la seguridad de las mujeres en el Estado, pues ante la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades, el problema se ha extendido hacia Centla, Comalcalco y Huimanguillo, municipios que presentan la mayor incidencia delictiva en cuanto a violaciones y hostigamiento sexual de acuerdo a datos del TSJ.

Consideraciones

La Comisión de Igualdad de Género coincide con la apreciación de la diputada proponente en torno a lo preocupante que resulta las cifras que presenta, las cuales muestran un panorama grave de violación a derechos humanos y la evidente necesidad de que las autoridades estatales asuman su responsabilidad de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres a través de políticas públicas eficaces de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia extrema que conlleva el delito de feminicidio

De igual manera, para esta dictaminadora, los hechos de violencia de género expuestos por la proponente, dan cuenta de que las acciones del Gobierno del Estado de Tabasco, hasta hoy, han sido insuficientes, pues es evidente que va en aumento la inseguridad y la violencia en contra de las mujeres, así como la violaciones y feminicidios lo que demuestra que la estrategia y medidas implementadas no están funcionando.

Para esta dictaminadora las estadísticas también son un buen indicador del nivel que ha alcanzado la situación de violencia contra las mujeres en el Estado de Tabasco, para muestra la ENDIREH 2011 señala que 41.25% (303 654) de las mujeres de quince años y más sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja, ya sea violencia emocional, económica, física o sexual, ubicándose muy cerca de la media nacional que es de 46.10%.1

La ENDIREH también revela que 26.3 % de las mujeres en Tabasco son violentadas en el ámbito comunitario, las cuales sufrieron algún tipo de agresión como intimidaciones, abuso sexual y agresiones físicas, lo que ubica al Estado por debajo de la media nacional en este tipo de violencia.2

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 y 2013 se cometieron 930 violaciones sexuales en el estado de Tabasco y 264 homicidios dolosos.3

Además, como lo refiere la proponente, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que durante 2014, se cometieron en el Estado de Tabasco, 332 violaciones, pero además hubo 61 estupros y 149 hechos delictivos clasificados como “otros delitos sexuales”. Por lo que se refiere a la cifra de homicidios dolosos, durante 2014 en dicha entidad federativa se cometieron 168, sin que se hayan desagregado los datos antes referidos por el sexo de las víctimas.4

Por su parte, en sus estadísticas de mortalidad, el INEGI informa que en 2012 se registraron 20 defunciones femeninas por homicidio. Mientras que la Procuraduría del Estado de manera pública reconoce que en 2013 se cometieron 16 asesinatos de mujeres.5

Al respecto, es oportuno señalar que el 24 de marzo de 2014, se incorporó el artículo 115 Bis al Código Penal del Estado de Tabasco, el cual tipifica el feminicidio como delito autónomo.

Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha señalado que si bien, el tipo penal de esta entidad cumple de manera general con las características y elementos normativos que configuran el feminicidio, no cuenta con un protocolo de actuación e investigación en la materia, ni existe un marco normativo que obligue a su elaboración y aplicación.

Aún más, en su investigación el Observatorio Ciudadano puntualizó que desde 2014 la Procuraduría del Estado de Tabasco, no proporcionó ningún dato referente a la violencia contra las mujeres, específicamente con relación a homicidios y feminicidios, lo que sumado a la falta de un protocolo de investigación, lleva a suponer que no se está investigando y mucho menos acreditando el delito de feminicidio. Lo que para dicha Organización implica que se niega a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño.

Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia existe una obligación del Estado Mexicano en sus tres niveles de gobierno, para llevar cabo acciones para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, conforme a los principios de igualdad y no discriminación.

En esta misma sintonía, en el ámbito internacional, el Estado Mexicano ha suscrito diversos tratados y convenciones internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que son vinculantes y obligan a todas las autoridades a salvaguardar los derechos humanos de mujeres y niñas, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la no discriminación.

En este contexto, el Estado mexicano y el propio estado de Tabasco, a través de las dependencias y entidades que lo conforman, están obligados y son responsables de condenar todas las formas de violencia contra la mujer y de adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Esta dictaminadora coincide con la proponente en la pertinencia del primer objetivo del punto de acuerdo que se analiza, pues sin duda se requieren acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad de las mujeres en Tabasco, a raíz de la ola de violaciones y ataques sexuales que se han registrado, lo que abonará a dar cumplimiento a los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing, que siguen vigentes y que obligan al Estado mexicano a definir estrategias clave para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Por su parte, en lo que respecta al delito de feminicidio, esta dictaminadora coincide con lo puntualizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el sentido de que aun y cuando la entidad cuenta con un tipo penal autónomo de feminicidio, resulta necesario el diseño de un protocolo de actuación e investigación en la materia, así como un marco normativo que obligue a su elaboración y aplicación.

Por otro lado, con relación al segundo objetivo del punto de acuerdo que se analiza, en materia del mecanismo de alerta de violencia de género, efectivamente el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, especifica que la solicitud de la declaratoria de alerta de violencia género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. La solicitud se presentará por escrito directamente, o bien a través de correo ante la Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos previstos y lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional.

De ahí que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuentan con atribuciones legales para presentar la solicitud de la declaratoria de alerta de género, cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, que señala:

Artículo 33. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género deberá contener lo siguiente:

I. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan o, en su caso, nombre de su representante legal;

II. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad con la que promueve, así como la legal existencia del organismo o asociación que promueva;

IV. Narración de los hechos en que se basa para estimar que existen delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, o que en dicho territorio existe un agravio comparado en términos del artículo 31 de este Reglamento, y

V. Tratándose de agravio comparado, señalar las leyes, reglamentos, políticas o disposiciones jurídicas que considera, agravian los Derechos Humanos de las Mujeres.

A mayor abundamiento, en torno a la emisión de la declaratoria de Alerta, el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia señala:

Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Por tal motivo, la propuesta de exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en conjunto con el gobierno del estado de Tabasco, se instaure de manera inmediata la Alerta de Género para prevenir y erradicar violaciones y hostigamientos sexuales hacia las mujeres y niñas tabasqueñas, resulta improcedente jurídicamente, pues para instaurar la alerta de violencia de género de manera inmediata, como lo solicita la proponente, se requiere previamente que los organismos públicos de derechos humanos estatales o el nacional, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales promuevan la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género, y se determine su procedencia en los términos a los que previamente esta Comisión ha hecho referencia.

En ese tenor de ideas, se sugirió modificar el segundo punto de la proposición, para que en todo caso se exhortara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien, de acuerdo al artículo 326 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es la autoridad competente para solicitar la alerta de violencia de género ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia.

Durante el análisis y discusión del proyecto de dictamen en la 18ª sesión del Pleno de esta dictaminadora, la diputada María del Rocío García Olmedo expresó su desacuerdo con el segundo punto, por no considerar pertinente exhortar a un organismo autónomo como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sin que antes se agoten las intervenciones de las autoridades estatales, de tal manera que se ponderó desechar el segundo punto y sólo aprobar el exhorto a los tres órdenes de Gobierno del Estado de Tabasco, a fin de implementar, de manera urgente, acciones institucionales coordinadas para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres que se encuentran en riesgo latente, a raíz de la ola de violaciones y ataques sexuales que se han registrado. En particular, se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para que desarrolle un protocolo de actuación e investigación del feminicidio y al Congreso estatal para que desarrolle un marco normativo que genere las bases para una regulación efectiva en torno a las investigaciones en materia de feminicidio.

La propuesta de dictamen fue sometida a votación una vez excluido el segundo punto, logrando el voto unánime en sentido positivo en todos sus términos.

Finalmente, podemos concluir que esta Dictaminadora coincide plenamente con la diputada proponente en su preocupación por los altos índices de violencia que prevalece con las niñas y mujeres en el Estado de Tabasco, cuyas cifras que presentan reflejan la necesidad de acciones urgentes para garantizar un alto a estas cifras.

Por lo antes expuesto la Comisión de Igualdad de Género emite el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones y somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los tres órdenes de gobierno del estado de Tabasco a implementar, de manera urgente, acciones institucionales coordinadas a fin de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en esa entidad que a raíz de la ola de violaciones y ataques sexuales que se han registrado y se encuentran en alto riesgo. En particular se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, para que desarrolle un protocolo de actuación e investigación del feminicidio y al Congreso estatal para que desarrolle un marco normativo que genere las bases para una regulación efectiva en torno a las investigaciones en materia de feminicidio.

Notas

1 Estudio de la Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Causas y consecuencias 2012-2013. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, México, Pág. 152.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Encuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consultable en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-fuero-comun.php

5 Activa gobierno medidas para castigar feminicidios y erradicar la violencia, Boletín gobierno de Tabasco, emitido el 1 de agosto de 2013, disponible en [http://www.tabasco.gob.mx/content/activa-gobiernomedidas-para-castigar -feminicidios-y-erradicar-la-violencia [consultado 8 de noviembre de 2014]

6 Artículo 32. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

La solicitud se presentará por escrito directamente o bien, a través de correo, ante la Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos previstos en el artículo siguiente y lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2015

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Leticia Mejía García, Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Conaculta y del INBA a rendir un homenaje nacional a Raquel Tibol

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha tres de marzo de dos mil quince, el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-II-6-2033, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/4133 de fecha 6 de marzo la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 24 de marzo de dos mil quince, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol, presentada por el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo busca exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol.

Tercero. Como antecedentes, el diputado proponente refiere que el 22 de febrero murió en la Ciudad de México Raquel Tibol, escritora, periodista, curadora y promotora cultural, a quien se consideraba como la decana de la crítica de arte en nuestro país.

Menciona que era argentina de nacimiento y mexicana por decisión, Raquel Tibol, cuyo verdadero apellido era Rabinovich, vivió una vida intensa y envidiable, toda vez que se codeó con los grandes genios de la plástica mexicana, a quienes no estimó admiración ni su crítica.

Que fue autora de más de cuarenta libros y distinguida con la amistad de Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes la introdujeron al mundo de la plástica. “El contacto con Frida y Diego me conmocionó, era tan diferente a todo lo que yo había vivido que nunca terminaré de agradecerle a Diego esa invitación”.

Que de ella, se agradece lo mordaz de su crítica, su independencia y honestidad intelectual, pues antes que complacer personajes o camarillas, prefirió siempre anteponer su visión sobre el arte, gustara ésta o no.

Que mientras era galardonada con la medalla Bellas Artes, señaló: “La crítica de arte que se hace hoy día debería ser más aguda, menos mafiosa. Muchos de los críticos escriben de sus amigos o de las corrientes que privilegian. Un verdadero crítico, hoy por hoy, en un panorama tan plural como el que estamos viviendo, debe girar 180 grados su mirada y abarcarlo todo, cosa que no está ocurriendo”.

Menciona el diputado, que la ausencia de Tibol deja un espacio en la plástica mexicana que será difícil de llenar. Por ello, se hace necesario un reconocimiento a su trayectoria, la cual es sinónimo de libertad y compromiso con las ideas, antes que con las personas o sus intereses.

Cuarto. Para el estudio de esta proposición, se debe considerar que por decreto presidencial de fecha 6 de diciembre de 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre del mismo año, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Que en términos del Decreto que lo creó, el mencionado órgano administrativo desconcentrado debe proveer a la promoción y difusión de la cultura y las artes dentro del marco de atribuciones que corresponden a esta Secretaría.

Asimismo, el 31 de diciembre de 1946 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con personalidad jurídica propia y dependiente de la Secretaría de Educación Pública, teniendo entre sus finalidades el cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura.

Quinto. Esta comisión considera que desde su llegada a México en el año de 1953 y posteriormente su naturalización en 1961, Raquel Tibol se destacó como una controversial crítica e historiadora del arte mexicano.

Asimismo, su profundo interés por el arte la llevó a escribir sobre personajes como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, con este último, como lo refiere el diputado en el documento que se analiza, mantuvo una relación de amistad que significó su introducción al tema de las artes plásticas de nuestro país.

Su primera entrevista fue con Luis Buñuel para el suplemento “México en la Cultura de Novedades” y también colaboró en diversas publicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, publicó más de 30 títulos en los que se destacan “Diversidades del arte del siglo XX para recordar lo recordado”; “Pasos en la danza mexicana”; “Frida Kahlo, una vida abierta”; “Los murales de Diego Rivera”, entre otros.

Asimismo, participó en la conducción de los programas “La Plática y la Crítica” y “Aproximaciones”, transmitidos por el canal 11.

Varias son las anécdotas en la vida de Raquel Tibol, entre ellas la ocurrida en el Congreso Nacional de Artistas Plásticos, llevada a cabo en el año de 1972, donde abofeteó a David Alfaro Siqueiros, como respuesta a las declaraciones xenofóbicas que el muralista había hecho en su contra en una de las sesiones del Congreso.

Así también, cuando llegó a afirmar que: “Si leen a José Luis Cuevas, en su Cuevario, encontrarán los mejores insultos que me han dedicado, y somos muy buenos amigos. Le di una cachetada a Siqueiros y no volví a su casa porque yo no quise, porque él me invitó a que regresara, de modo que he tenido una vida con picos agudos, por eso se les ha ocurrido decir que soy una leyenda.”1

Por otra parte, su labor como crítica y promotora cultural, la hizo acreedora a diversos reconocimientos entre los que destacan el Premio Nacional Antonio García Cubas, por su trabajo sobre Frida Kahlo, el Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez, la Medalla de Oro de Bellas Artes y un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Sexto. La Cámara de Diputados siempre se ha distinguido por reconocer la labor de los mexicanos y extranjeros que han contribuido de manera significativa a fortalecer y enaltecer la imagen de nuestra nación. Y con su aportación cultural y testimonio de vida, Raquel Tibol merece ser reconocida con un homenaje a nivel nacional.

Que con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a efecto de que se rinda un homenaje nacional a Raquel Tibol.

Nota

1 Instituto Nacional de Bellas Artes. http://www.inba.gob.mx/index.php/2015-01-08-16-20-29/febrero/9609-200-e l-inba-lamenta-el-fallecimiento-de-la-critica-de-arte-raquel-tibol

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 25 de marzo del 2015.

Signan el presente dictamen los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

La Comisión de Cultura y Cinematografía

Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Ricardo Flores Suárez (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Nadya de Jesús Cruz Serrano (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Ofelia Limón Robles (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), María de los Ángeles Sánchez Lira.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y el INAH a realizar acciones para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos que se encuentren en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 3 de marzo de 2015, la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar acciones para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos que se encuentren en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio DGPL-62-II-3-2333, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/4134 de fecha 6 de marzo la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 24 de marzo de 2015, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar acciones para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos que se encuentren en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Segundo. Que de acuerdo con los antecedentes y la motivación de la diputada proponente. Los mexicas, en un largo peregrinar de más de 200 años desde su lugar de origen, que data se encontraba ubicado al norte de Mesoamérica, llegaron a esta región que estaba ocupada por diversos grupos humanos con desarrollos culturales complejos y florecientes.

Que hacía el año 1325 de nuestra era, se establecieron en un islote ubicado en la parte occidental del lago de Texcoco a cambio de pagar tributo a los tepanecas de Azcapotzalco, quienes eran dueños de esa parte del lago.

Que el grupo errante estableció su ciudad en el lugar donde vieron dicha señal, la cual consistía en un águila parada sobre un nopal, y la llamo México-Tenochtitlan.

Que de acuerdo con su historia, el lugar de la fundación les fue indicado mediante una señal por su dios tribal, Huitzilopochtli, quien se comunicaba con ellos a través de su sacerdote.

Asimismo, la proponente señala que actualmente es una zona ocupada en gran parte por la Ciudad de México y su área conurbada, y muy poco queda ya de los grandes cuerpos de agua que proporcionaron todo un modo de vida a los grupos humanos que desde hace cerca de treinta mil años comenzaron a poblar esta región, que ahora conocemos como Cuenca de México y que los mexicas llamaban Anáhuac.

Que con el pasar de los años, la constante devastación, despojo, saqueo, que ha sufrido México en su patrimonio cultural autóctono e indígena, sumado a la falta de aprecio y respeto de tales bienes, trae como consecuencia su destrucción y la no divulgación del acervo de nuestro país, a generaciones futuras.

De acuerdo con la diputada proponente, una serie de factores como la densidad poblacional, la necesidad de mejoras de servicios, la modernidad y la voracidad de las empresas coludidas con las autoridades mexicanas, pueden vulnerar el acervo arqueológico y paleontológico de la zona del ex lago de Texcoco.

Señala también que nuestros museos se encuentran repletos de ejemplos del esplendor de las culturas que existían en este territorio antes de la llegada de los españoles y nuestras calles y plazas exponen las impresionantes edificaciones que ha heredado de las épocas de la conquista y la colonización.

Que para el arqueólogo Luis Morett Alatorre, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pondría en peligro, dicho acervo.

Quien afirma que se realizaron investigaciones en mayo y junio de 2003, con especialistas de Estados Unidos e India, localizando más de 280 puntos con restos de asentamientos o campamentos temporales y permanentes, fragmentos de piezas prehispánicas, materiales de cerámica, lítica, restos constructivos de palafitos de carácter ritual y ofrendario, así como evidencias de yacimientos paleontológicos, información que el Gobierno Federal tiene en su poder, señala:

La zona donde quieren construir el nuevo aeropuerto es una vasta zona arqueológica y paleontológica, El lecho del lago de Texcoco, que es donde se proyecta el aeropuerto, es un área no suficientemente explorada, solo una pequeña fracción al sur del caracol fue trabajada hace 15 años”...1

En palabras de la proponente, la destrucción de los restos de nuestros antepasados, nos imposibilitan a transmitir a las generaciones venideras el legado del acervo cultural de nuestro país.

Por lo que resulta imprescindible proteger y adoptar medidas eficaces tendientes a la protección, defensa y recuperación de los bienes culturales de las mexicanas y de los mexicanos.

Según señala la diputada autora de la proposición, el gobierno federal es responsable de la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de nuestro país, en términos del artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que en su parte conducente dice:

Artículo 2o. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas monumentos...

Que en su artículo 3o. señala:

Artículo 3o. La aplicación de esta ley corresponde a:

I. El presidente de la República;

II. El secretario de Educación Pública;

III. El secretario del Patrimonio Nacional;

IV. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y

VI. Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.”

Que en la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señala en su artículo 2o., lo siguiente:

Artículo 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del instituto...

Por lo anterior, la proponente considera que es procedente exhortar al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto para que proteja y actué en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Así como, al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que cumpla con los objetivos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como a hacer públicos los avances que se den al respecto.

Finalmente, la diputada proponente señala el compromiso que México tiene con sus antepasados y con su historia, por lo tanto, es deber y obligación de los Diputados representar los intereses de los ciudadanos anteponiendo el interés público, sobre los intereses particulares.

Tercero. Esta dictaminadora advierte que se trata de dos peticiones las que contiene esta proposición: la primera consiste en exhortar al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto para que proteja y actué en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así como, al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que cumpla con los objetivos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La segunda consiste en el exhorto a las correspondientes autoridades a hacer públicos los avances que se den al respecto.

La comisión dictaminadora coincide en los propósitos enmarcados en la proposición que se analiza, ya que se trata de proteger, conservar y recuperar el valioso legado cultural vinculado a los valores que la sociedad reconoce en cada momento de su historia, que dejan una profunda huella a las generaciones futuras.

En concordancia con estas ideas, la Declaración de México sobre las Políticas Culturales, en la Conferencia Mundial sobre el tema, el 26 de agosto de 1982, determina “ Así, al expresar su esperanza en la convergencia última de los objetivos culturales y espirituales de la humanidad, la Conferencia conviene en que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias”.2

Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron derechos y obligaciones, entre los primeros, el de generar cultura, de participar del patrimonio cultural, contenidos en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la que el Estado mexicano es signatario. Así también la obligación de generar cultura y participar en ella para engrandecerla:

“Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”3

Otro catálogo importante de derechos, se contiene en el Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

1. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados parte en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.4

Décadas después, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) impulsa la acción de los países en el mundo, para sostener la convicción de que el diálogo intercultural es la mejor garantía de paz. Y se eleva la diversidad cultural a la categoría de “patrimonio común de la humanidad, tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para los seres vivos. Su salvaguardia se erige en imperativo ético, indisociable del respeto por la dignidad de la persona”.5

Con esa declaración los países aspiran a preservarla como tesoro vivo y renovable, no estático. Que cada individuo debe reconocer no sólo la alteridad en todas sus formas, sino el carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente plurales, de esa manera, se preserva esa diversidad cultural, como proceso evolutivo y como fuente de expresión, creación e innovación.

Quienes suscriben estos conceptos, manifiestan que con la anterior conceptualización, queda superada la posición entre los países que quieren defender los bienes y servicios culturales, que por ser portadores de identidad, valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás y los que esperan fomentar los derechos culturales, porque hay un nexo causal que une las dos posiciones, no puede existir una sin la otra.6

Es así, que dicha conceptualización amplía la posibilidad de acceso de todos los sectores de una sociedad a la cultura.

Por eso la UNESCO a través de diversos convenios emitidos, señala a la cultura como una pieza clave para el desarrollo sostenible de los países, comunidades y pueblos. Además resalta la importancia de la preservación tanto del patrimonio natural, como del patrimonio cultural en sus dos aspectos, el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial, así como de la diversidad de expresión cultural.

En dichos convenios, la UNESCO plantea la creación de fondos que permitan a los Estados Parte contar con recursos principalmente para la protección y salvaguardia de los patrimonios culturales y naturales materiales e inmateriales con los que cada uno de ellos cuenta.

Dichos fondos provendrán de diferentes fuentes, desde recursos que la Conferencia General de la UNESCO destinará, hasta contribuciones voluntarias de los Estados Parte, así como de donaciones de entidades públicas, privadas y particulares, entre otros.

Para dicho organismo, uno de los principios rectores para la conservación y difusión de la cultura y sus diversas formas de expresión, es garantizando los derechos humanos y sus libertades fundamentales como son libertad de expresión, información y comunicación.

Es importante mencionar que en dichos documentos se indica que cuando un Estado Parte requiera aplicar medidas y políticas de protección, éstas deberán ser coherentes con lo establecido por la UNESCO.

Teniendo como consideraciones que el deterioro del patrimonio cultural y natural se puede dar tanto por causas tradicionales como por cambios en la vida social; que la protección del patrimonio cultural y natural no ha sido suficiente en muchos países debido a los escasos recursos económicos, científicos y técnicos; que la Constitución de la UNESCO señala que este organismo “ayudará a la conservación, progreso y difusión del saber” del patrimonio cultural y natural; de la importancia del patrimonio natural y cultural como bienes únicos e irremplazables independientemente del país al que pertenezcan y que incluso algunos por su significado histórico requieran ser considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad, el 16 de noviembre de 1972, se aprobó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

El mencionado documento define patrimonio cultural y patrimonio natural como:

Patrimonio Cultural:

- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.

Patrimonio Natural:

- los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,

- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,

- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

Es necesario fomentar la interacción e intercambio cultural entre poblaciones, comunidades y naciones, lo que permite el crecimiento cultural y a su vez el desarrollo de una sociedad.

Asimismo, se hace indispensable la creación de programas de formación y educación cultural, a través de los cuales se pueda acercar a jóvenes y niños, principalmente, a las diferentes expresiones culturales, y es que como lo expresa la UNESCO en la Declaración Universal UNESCO, sobre Diversidad Cultural7 “...la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos”.

Ahora bien, como lo refiere la diputada proponente, debido a la globalización y transformación social, el diálogo entre comunidades ha ido en aumento, sin embargo la intolerancia entre diferentes culturas también, por lo que se corre un grave riesgo de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural. Es por ello que la dictaminadora comparte, que se requiere del apoyo en su mayoría de los tres órdenes de gobierno, pero también de la participación activa de la sociedad civil, en especial de las comunidades en que se encuentre o sea originario el patrimonio cultural, como en el caso de la zona en la que se anuncia la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Cuarto. Conforme a los fundamentos y contenidos de la cultura, la preservación del patrimonio cultural, es un asunto de interés social y nacional y que deposita en el orden federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que en representación del interés público sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la nación.

Por ello, la legislación vigente, sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio antes del establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o que fueron destinados al culto religioso; y aquellos que por sus cualidades revisten valor estético relevante cuya protección es de interés nacional.

Y el marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos, le otorga una condición jurídica que a los bienes arqueológicos, por disposición de la Ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles; y en el caso de los bienes artísticos e históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio, con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, independientemente de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular.

Con fundamento en este dispositivo constitucional, se expidió la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, la que en el artículo 2o. establece que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales.

En su artículo 5o. que son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta ley y los que sean declarados como tales, de oficio o a petición de parte.

En el artículo 18 de la referida ley, que el gobierno federal, los organismos descentralizados y el gobierno del Distrito Federal, cuando realicen obras, estarán obligados, con cargo a las mismas, a utilizar los servicios de antropólogos titulados, que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asimismo entreguen las piezas y estudios correspondientes a este instituto.

Por ello es que con base en los anteriores fundamentos legales aplicables, esta Dictaminadora estima procedente exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia proteja y actúe en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Quinto. En marzo de 2015, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia prepara la autorización para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre una de las regiones clave de Mesoamérica: el antiguo Lago de Texcoco.

Que aun cuando reporta sólo “hallazgos menores” sobre 50 kilómetros cuadrados, por otro lado también hay información de que ha descubierto al menos 28 sitios arqueológicos y 270 puntos con vestigios prehispánicos. Esta información ha generado especulaciones por parte de arqueólogos e investigadores, quienes opinan que los trabajos de salvamento que se realizan desde 2012, tienen el único propósito de ocultar y minimizar el valor histórico, cultural y arqueológico de la zona.8

Por lo que también esta comisión dictaminadora estima procedente que aunado a las labores de protección y actuación en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno correspondiente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia haga públicos los avances que se den al respecto.

Sexto. En la vigésima sexta reunión ordinaria del día 24 de marzo del presente, presentaron los diputados Roberto Ruiz Moronatti y Javier Filiberto Guevara González ante el pleno, una solicitud para anexar al dictamen el exhorto a los titulares del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para rendir un informe detallado referente a las exploraciones que se han realizado en los terrenos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y las acciones que sean realizado para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos si es que se hubiese encontrado.

Por los argumentos y fundamentos que plantea esta comisión dictaminadora en cada uno de los considerandos, determina procedente la presente proposición.

Con base en lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, considera que es de resolverse y se:

Resuelve

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe detallado referente a las exploraciones que se han realizado en los terrenos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y las acciones que sean realizado para investigar, proteger y conservar los vestigios arqueológicos si es que se hubiesen encontrado.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto, para que proteja y actúe en la defensa y recuperación de los bienes culturales que se puedan encontrar en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que cumpla con los objetivos a que se refiere el artículo 2o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el terreno que ocupará el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como a hacer públicos los avances que se den al respecto.

Notas

1 http://www.jornada.unam.mx/2014/09/11/politica/018n1pol

2 Portal UNESCO: http://portal.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_F6738ABFE74967624B9752C 079285FA381780000/filename/mexico_sp.pdf

3 Declaración Universal de derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, Paris

4 El Pacto fue aprobado mediante la resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es obligatorio para los Estados que han manifestado su consentimiento de quedar vinculados a él, como el Estado mexicano, que se adhirió al PIDESC el 23 de marzo de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año.

5 Documento preparado para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 26 de agosto-4de septiembre de 2002. Serie sobre la División Cultural No. 1. Pág. 4.

6 Documento preparado para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 26 de agosto-4de septiembre de 2002. Serie sobre la División Cultural número 1, página 4.

7 Declaración Universal UNESCO, sobre Diversidad Cultural (adoptada por la 31 sesión de la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre 2001).

8 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/08/nuevo-aero puerto-arrasara-zona-arqueologica/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a abril de 2015.

La Comisión de Cultura

Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Ricardo Flores Suárez (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Nadya de Jesús Cruz Serrano (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona, José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Ofelia Limón Robles (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), María de los Ángeles Sánchez Lira.