Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4138-VII, martes 21 de octubre de 2014
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a concienciar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a revisar y modificar el criterio de acreditación de calidad en los establecimientos de atención médica, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México a modificar el numeral II.I.1.5 de la circular de operaciones de caja para que los cajeros automáticos y dispensadores de efectivo distribuyan billetes de toda denominación, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a cumplir las aclaraciones solicitadas por la ASF sobre el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a diseñar y ejecutar instrumentos de concienciación sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar de manera temprana cualquier alteración de la salud, principalmente padecimientos relacionados con el cáncer de mama, suscrita por el Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE de Tamaulipas a investigar y sancionar a los responsables de la privación ilegal de la libertad y muerte de María del Rosario Fuentes Rubio, colaboradora de Valor por Tamaulipas, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a brindar facilidades para que el personal médico obtenga el grado de perito médico, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo y, en su caso, fortalecer por la Sectur, la SEP y la STPS las acciones y los programas de profesionalización académica y certificación de los prestadores de servicios turísticos, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a atender las acciones emitidas por la ASF en torno de las auditorías forenses sobre el proyecto transversal Trópico Húmedo, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo al mantenimiento de las escuelas normales rurales, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y a los respectivos congresos a garantizar la inclusión del enfoque participativo de la colectividad y los grupos sociales en la elaboración de los presupuestos para cada ejercicio fiscal, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer campañas informativas y de creación de conciencia sobre el virus del ébola, los factores, los riesgos y las medidas para prevenir el contagio, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, a efecto de que el IMSS adopte medidas a fin eliminar el trámite de comprobación de supervivencia para pensionados y jubilados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo a difundir en el sitito oficial de internet el estado actual y la prospectiva del personal capacitado nacional con que cuentan las industrias petrolera, petroquímica y química para llevar a cabo las actividades y funciones desprendidas de la reforma constitucional en materia energética, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a garantizar por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios que el costo de la tonelada de maíz no se deprecie a futuro, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN
Efemérides
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la secretaria de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a crear conciencia, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de 1946, al señalarse que ““...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”.
Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.
En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.
Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.
A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.
No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.
Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.
De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.
Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como Influenza A (H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.
Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la 62ª Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la 49ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, D.C., se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.
La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.
Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.
En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:
a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;
b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;
c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.
En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 3 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 6 mil 553.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.
Dada la cobertura mediática que ha tenido en los últimos días hemos tenido conocimiento de su ingreso al continente americano, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América.
La primera persona en ser diagnosticada con ébola en territorio estadounidense acudió a una sala de emergencias la última semana del mes de septiembre pasado, pero no fue internado por el personal del hospital a pesar de que indicó que había viajado a Liberia.
Tal razón obedeció a que basados en sus síntomas, los médicos tratantes indicaron que no había razón para internarlo cuando se presentó por primera ocasión en la sala de emergencias, el pasado jueves 25 de septiembre por la noche.
Tres días después, el hombre regresó al centro médico, en donde se determinó que probablemente tenía ébola. Fue en ese momento que se decidió aislarlo.
En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.
Por su cobertura mediática, como advertíamos líneas arriba, y la falta de información y estrategias de comunicación oficial entre la población, el ébola ya ha caudado confusión y alerta en el país.
La llegada, el pasado 1 de octubre del año en curso, de un paciente africano de origen ghanés, al Hospital General doctora María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen Campeche, con síntomas similares al virus del ébola, generó pánico entre el personal que ahí labora y familiares de los pacientes que se encontraban en el área de urgencias.
La Secretaría de Salud de Campeche, ese día informó del ingreso al citado hospital de un paciente de origen ghanés con un cuadro clínico que corresponde a un síndrome febril, sin asociación epidemiológica con el virus del ébola.
En el reporte se lee que el paciente masculino, de 52 años de edad, se encuentra aislado, como marca el protocolo ante cualquier cuadro clínico de este tipo. Asimismo, se realizan estudios de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas, tales como dengue, chikungunya, paludismo, leptospira, toxoplasma, rubeola y citomegalovirus.
Un día antes, el pasado martes 30 de septiembre, la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la 53 reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.
Se ha indicado que México es considerada una nación de muy bajo riesgo dada la localización geográfica y el escaso flujo migratorio del país con la zona de riesgo; no obstante, a las personas que abordan aviones en la zona del brote se les revisa si sufren fiebre, pero los síntomas pueden comenzar hasta 21 días después de la exposición.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.
De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.
Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.
Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 llegará al país.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, doctor Pablo Kuri, indicó desde el pasado mes de agosto a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3
En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.
Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.
Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.
La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4 mil 500 infectados en el continente Americano.
Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de septiembre de 2014.
Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 64 por ciento de los casos estimados y del 55 por ciento de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (204.58), Colima (74.17), Sinaloa (53.81), Campeche (41.49) y Oaxaca (36.43).
La estadística anterior nos permite dimensionar el problema; sin embargo, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.
5 entidades del país acumulan el 50%: Veracruz, con 2 mil 160 personas; Sinaloa, con 1,591; Baja California Sur, con 1 mil 519; Oaxaca, registra 1,452 y Guerrero 1 mil 286 . Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio
En el país, en lo que va del año, se han registrado 16,092 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 24,959 más; sin embargo, en cinco entidades, el incremento porcentual en las últimas cinco semanas ha rebasado al 50%.
Así, estados como Veracruz, con 2,160 casos (78.7 por ciento); Sinaloa, con 1,591 (57.2 por ciento); los 1,519 de Baja California (164.2 por ciento), así como los 1,452 enfermos de Oaxaca (59.2 por ciento) y los 549 registrados en Morelos (61.0 por ciento) nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.
Ya van 22 decesos en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 40 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad es 28.2 por ciento mayor que la registrada el año pasado; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.
Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.
El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.
No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del sector salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 327.95 por cada 100 mil habitantes.
En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del Sector Salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del ébola y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable y ordenado, evitando desinformación y psicosis social.
Tercero. Finalmente, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima y Sinaloa que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.
Notas
1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.
2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.
3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2014.
Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Las condiciones democráticas del México de hoy exigen, sin duda alguna y sin reparo, de las garantías por parte del estado a la libre expresión y manifestación de las ideas. Pero también, debe ser parte sustancial de una nueva cultura política la responsabilidad de hablar con la verdad, de propiciar ambientes de mayor respeto en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que la sustentan.
Lamentablemente hoy existen en nuestro sistema político voces y actitudes irresponsables; unas escudadas en su fuero constitucional, en el ejercicio del poder, y otras que utilizan su capacidad de influencia mediática para, escudados en la libertad de expresión, hacer señalamientos infundados con el fin de dañar a las personas, a los adversarios políticos y a las instituciones del Estado mexicano.
Acción Nacional quiere apelar a la responsabilidad de quienes tienen el mandato constitucional de servir al pueblo y no de servirse de él. Apelamos a la responsabilidad de quienes ostentan un encargo público; responsabilidad para consolidar nuestra democracia, para hacer de la palabra un instrumento para la búsqueda de la verdad. Responsabilidad por parte de los actores políticos para edificar un México diferente, donde las insinuaciones o especulaciones no priven como verdades absolutas, donde se construyan nuevos ambientes de diálogo en pro de la patria y no en detrimento de la sociedad.
Y nos referimos a las acciones que ha llevado a cabo en últimas fechas el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Basta citar dos casos que atentan profundamente en contra de la libertad de expresión.
Los acontecimientos señalados por la revista Luces del siglo , en Quintana Roo, la cual ha denunciado que han sido víctimas de “robos dirigidos, persecuciones, agresiones contra reporteros y reporteras y repartidores del semanario”, y que a las opiniones disidentes y opositores se les somete a un régimen de terrorismo político-fiscal, por el simple hecho de atreverse a criticar o disentir de lo que piense el gobernador.
La estrategia para coartar, someter y acallar las opiniones críticas a su administración es la de fabricar campañas de desprestigio, así lo afirman los directivos de esa revista, que aseguran, ha sido objeto del trabajo sucio ejecutado durante un mes por parte del periódico Respuesta con fotomontajes y caricaturas grotescas de miembros del semanario, acompañadas con información dolosa, afirman los miembros de Luces del siglo , que son acusados de extorsionadores, defraudadores y vendedores de droga, los ejemplares de Respuesta fueron distribuidos en las colonias, zonas habitacionales del entorno laboral para desprestigiar a los directivos de Luces del siglo .
Esta estrategia gubernamental de ataque a las opiniones críticas ha incluida la clonación del semanario en 40 ediciones digitales y 8 impresas. En los ejemplares se sustituye el contenido real de la publicación, la cual es de crítica al gobierno del estado, con boletines y noticias que favorecen a la administración estatal; además de artículos para descalificar a los opositores del Ejecutivo estatal.
La situación es tan grave que el juez cuarto de distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido, al otorgar una suspensión provisional de amparo, ha ordenado al gobernador Borge Angulo abstenerse de elaborar y difundir las portadas y ejemplares falsos de la revista, a rendir un informe donde aclare “si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión”, así también se ordena por el juez que “cese la transmisión de mensajes difamatorios, denostativos o acusatorios” en contra del medio.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente jurisprudencia:
“Libertad de expresión y derecho a la información. Concepto de interés público de las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios y candidatos.
La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección. Tales personas, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Ahora bien, a fin de determinar si cierta expresión sobre algún funcionario o candidato a ocupar un cargo público tiene relevancia pública no se requiere que un determinado porcentaje de la población concentre su atención en la controversia o que los líderes de opinión se refieran a ella, pues el mero hecho de que la expresión esté relacionada con el control ciudadano sobre su desempeño hace la información relevante.
Amparo directo en revisión 3123/2013. María Eugenia Olavarría Patiño. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”
Como podemos observar, estas denostaciones y calumnias por medio de supuestas publicaciones periodísticas, no se limitan al periodismo crítico. Incluyen también a partidos políticos y a representantes populares. El pasquín Razón QR , elaborado desde las oficinas gubernamentales en donde no se incluye responsable de la publicación o redactor de las notas, no sólo realiza el culto a la personalidad del gobernador Roberto Borge Angulo, sino además fomenta la guerra sucia rebajando el debate político con notas que rayan en la vulgaridad, la misoginia y en la violación de las leyes.
Acción Nacional siempre, como lo ha hecho hasta ahora, defenderá la libertad de expresión de todos los ciudadanos, bajo el entendido de que es la única forma en que se pueden construir nuevos ambientes en la convivencia pública. La libertad de expresión debe ser ejercida no sólo como un derecho, sino como una virtud democrática. Cuando se restringe la libertad de expresión, por el motivo que sea, se deteriora el orden y el respeto, y eso es algo que la sociedad mexicana no puede permitirse. Es necesario que el Estado mexicano proteja a como dé lugar esa libertad que tanto esfuerzo y lucha ha costado a los mexicanos.
Y también queremos que todos los esfuerzos que desde el Poder Legislativo se han hecho para proteger la seguridad, la integridad y la dignidad de las mujeres sea una realidad en todos y cada uno de los rincones del país. Por ello evitar la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades contra ellas es un imperativo, además para los tres órdenes de gobierno.
Nuestra norma fundamental es clara en señalar la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las y los mexicanos, y específicamente en el tema de violencia contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación de los gobiernos federal, local y municipal, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por tanto, es nuestra obligación que desde este Congreso de la Unión se promueva la protección y respeto del derecho de las mujeres a vivir con paz, con tranquilidad y a garantizarles el pleno respeto a su dignidad humana.
En otro criterio de la Suprema Corte de Justica de la Nación encontramos que:
“Daño al patrimonio moral de las personas. Se puede causar con notas periodísticas que sobrepasan los límites del libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática (Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal).
Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecinueve de mayo de dos mil seis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, su objeto o finalidad es regular el daño al patrimonio moral de personajes de la vida nacional o servidores públicos, derivado exclusivamente del abuso del derecho a la información o de libertad de expresión. Por consiguiente, la responsabilidad civil por daño al patrimonio moral de las personas que se reclame al amparo de la referida ley debe, necesariamente, tener su origen en la utilización de medios informativos, a través de los cuales se ejerza tal libertad de expresión. Ahora bien, conforme a la citada ley, se considera que la información que den los periodistas debe ser de interés público y no debe sobrepasar ciertos límites, esto es, no debe ir en contra de la reputación de persona alguna, aun y cuando ésta sea un personaje de la vida nacional o bien un servidor público , pues el derecho de información no debe ser totalitario, sino que debe tener como sustento dos condiciones, a saber: que esa información sea de interés general o en beneficio de la sociedad democrática. Ello en virtud de que la finalidad de una nota periodística es informar al público en general sobre hechos de interés general. En consecuencia, las expresiones denostatorias que se realicen en un medio informativo en contra de determinada persona sin ese propósito, es decir, que no conllevan la finalidad de informar, sino sólo el de dirimir conflictos personales entre el autor de la nota periodística y la persona a la que se hace referencia en la misma, se deben considerar como insultantes, vejatorias e innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión, porque sobrepasan los límites de libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática.
Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Amparo directo 474/2010. Miguel Lerma Candelaria. 28 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.”
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, lamentamos que la democracia, que tanto trabajo ha costado consolidar a nivel nacional, no sea una práctica común a nivel local. Es inaudito que haya entidades como Quintana Roo, donde los derechos humanos y las libertades ciudadanas sean vulnerados de forma tan evidente y que el oprobio se haya convertido en lo habitual y cotidiano.
Pero más grave es que estas acciones sean dirigidas en contra de mujeres quintanarroenses que por su actividad política o periodística, se vean inmiscuidas en publicaciones denostativas, que dañan su imagen pública, su integridad moral y que de alguna u otra manera, forman opinión pública negativa en su contra.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, licenciado Roberto Borge Angulo, a respetar los derechos humanos e implementar las acciones necesarias que permitan el correcto ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación, vigilar su estricto cumplimiento, así como a acatar la resolución del juez cuarto de distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.
Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a revisar y modificar el criterio de acreditación de calidad en los establecimientos de atención médica, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada de la LXII Legislatura, Maricela Velázquez Sánchez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar y modificar el criterio de acreditación de calidad en los establecimientos de atención médica en la República Mexicana, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El primer compromiso del Pacto por México establece la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos.
Sin embargo, la salud en el país tiene una cobertura limitada; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México hay 15 camas por cada 10,000 habitantes, mientras que en Turquía hay 25, en Corea del Sur 103, en Canadá 27 y en Estados Unidos 29, es decir, para cumplir con el Pacto por México y universalizar los servicios de salud, se tendría que aumentar la capacidad instalada, por lo menos en un 100% para el año 2018.
Este problema de cobertura acarrea dificultades de diferimiento quirúrgico y médico que se prolonga hasta en un año, mala calidad en la consulta externa, saturación de trabajo del personal médico, centros de salud inoperantes y rezagos que crean conflictos médico-paciente.
Una de las alternativas para superar este problema se encuentra en la subrogación de los servicios de salud en otros establecimientos, porque ya tienen la infraestructura y el personal especializado para la atención de la salud a la población abierta; como ejemplo, en Oaxaca el 80% de la subrogación es para partos, lo que significa un alivio a la saturación del sector público.
Uno de los requisitos para que los establecimientos puedan subrogar los servicios de salud es la acreditación en calidad, misma que corre a cargo de la Dirección General de Calidad, dependiente de la Secretaría de Salud. Dicho requisito se sujeta a las normas oficiales vigentes para garantizar la seguridad del paciente, la mejora continua de los procesos y la calidad en la atención médica, condiciones que de suyo, tienen los demás establecimientos puesto que el valor agregado que ofrecen a los pacientes es la calidad, por eso la preferencia de los usuarios.
Sin embargo, éstos deben sujetarse a disposiciones normativas que sólo aplican al sector público y que no consideran los programas médicos específicos de cada unidad médica, lo que genera incompatibilidad de funciones y desarticula sus procesos de calidad, especialmente cuando la norma es ambigua en su redacción, refiere disposiciones sin vigencia y se presta a interpretaciones subjetivas del personal que evalúa la calidad de los establecimientos.
Además, la normatividad se ha convertido en una medida rígida que no prevé las particularidades de los estados y las regiones de la República, lo que impide que se cumplan los requisitos de acreditación, con esta premisa se ha vuelto una paradoja que, a mayor vigilancia de la calidad, hay menos cobertura y una mayor burocracia que pone más atención en los aspectos administrativos y de indicadores en lugar de la atención, seguridad y calidad de los servicios de salud a los pacientes.
Aunado a ello, la capacitación al personal evaluador parte del principio de la desconfianza, lo que hace de la acreditación una camisa de fuerza en la que se privilegia la búsqueda de defectos y no las fortalezas de los establecimientos de salud y se presta a la discrecionalidad en los criterios de evaluación, además de que no se les actualiza sobre las especificaciones, condiciones de operatividad y accesorios de los equivalentes tecnológicos con que se equipan los establecimientos.
Por otra parte, para que los establecimientos den cumplimiento a la normatividad, hay que elaborar lineamientos que la autoridad no tiene, siendo su obligación, además de hacer grandes inversiones en equipamiento, infraestructura y desarrollo de capital humano, inversiones que la autoridad no toma en consideración para dar cuenta del interés de los establecimientos en la mejora continua, lo que ocasiona que se abandone el intento por acreditarse y que repercute en gastos no recuperables, merma de la competitividad, recortes de personal y servicios de salud más deficientes, con toda la carga fiscal y laboral que ello representa.
Con tales restricciones, según Acreditación Canadá, en México sólo hay 101 unidades médicas acreditadas, 14 públicas y 87 privadas, lo que habla de restricciones que pondrían a los indicadores de salud nacionales en desventaja con sus referentes internacionales, a razón de una unidad médica por cada millón y cuarto de habitantes. Así no se puede cumplir el Pacto por México.
Sin menoscabo de las facultades del Ejecutivo, sugeriría alternativas como la federalización de la acreditación para que los estados, de acuerdo a las particularidades de cada una de ellos, acrediten a los establecimientos con el aval de la federación, esto previene actos de corrupción y/o discrecionalidad de unas y otras autoridades; otra es que, tomando en consideración que los establecimientos deben cumplir ciertos requisitos, otorgados por las autoridades federales y municipales para funcionar, todos los establecimientos en la República se acrediten en calidad y sean evaluados a discreción de la autoridad competente, con ello se contaría con la cobertura suficiente para subrogar los servicios de salud en todo el país en beneficio de la población.
Por lo anteriormente expuesto someto a ésta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a revisar y modificar el criterio de acreditación de calidad en los establecimientos de atención médica para unificarlo, se mejore el desempeño de los evaluadores y se analice su descentralización en las autoridades estatales con el aval de la federación, para eliminar toda sospecha de discrecionalidad en las evaluaciones y la aplicación de la normatividad considere las particularidades de cada región de la República.
Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México a modificar el numeral II.I.1.5 de la circular de operaciones de caja para que los cajeros automáticos y dispensadores de efectivo distribuyan billetes de toda denominación, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, José Ángel González Serna, diputado federal por el estado de Aguascalientes de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Banco de México de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Los cajeros automáticos y los dispensadores de efectivo han adquirido una gran importancia en nuestra vida cotidiana, ya que gracias a ellos se puede retirar dinero en efectivo y realizar consultas de saldos y movimientos a cualquier hora del día y durante todo el año mediante una tarjeta de débito o crédito, y es por ello que ante las ventajas que representan, se han convertido en el canal financiero más utilizado para disponer del dinero que es fruto del trabajo.
Tan es así que la información más reciente del Banco de México indica que en el trimestre de julio a septiembre de 2013, en los 40,066 cajeros automáticos que existen en todo el país, incluyendo los que están fuera de sucursal, se llevaron a cabo 358,361,001 operaciones con tarjeta de débito, por un monto de 572,221 millones de pesos.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha señalado que las instituciones de crédito cobran comisiones por retiro de efectivo en cajeros automáticos y dispensadores distintos al emisor, por tarifas que van desde $8.62, en el caso de Bansi, y hasta $40 en el caso de Banco Multiva. En tanto que para la consulta de saldo, la comisión puede ir desde $3.25 en Cibanco, a $12 en Santander, y agrega que ello depende en gran medida, de la ubicación y del giro comercial del lugar donde estén instalados. Así, por ejemplo, los cajeros y dispensadores que se encuentran en supermercados, centros comerciales, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras, generalmente cobran una comisión mayor que los instalados en sucursales bancarias. Ello da lugar a que un mismo banco como Bansi llegue a cobrar hasta 11 comisiones distintas en un rango que va de $8.62 a $35.00.
Por su parte, los resultados de La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 (ENIF) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, indican que una persona gasta en promedio $28 para trasladarse a una sucursal y $21 para trasladarse a un cajero automático o dispensador, costos que son contrarios a los intereses del público usuario y que en su conjunto constituyen una barrera para el desarrollo de un sistema financiero incluyente si se considera que según datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el salario mínimo general promedio a partir del 1° de Enero de 2013 es de $63.12, y que de conformidad con la Encuesta Nacional de Empleo 2010 del INEGI, el 43% de la población económicamente activa del país, gana entre 1 y 3 salarios mínimos, es decir, gana hasta $189.36 diarios o $2,840.40 quincenales.
Considerando que la mayoría de los cajeros automáticos y dispensadores de efectivo en nuestro país funcionan con billetes de $100.00, $200.00, $500.00 y casi nunca con billetes de $20 y $50, en el caso de un trabajador que gana los 3 salarios mínimos ($2,840.40) que quisiera retirar de alguno de estos dispositivos fuera de sucursal y de distinto emisor, su quincena completa en una sola operación y sin tener que consumir los productos de los corresponsales bancarios, una vez que hayan sido descontados los costos de acceso y comisiones recibirá su paga considerablemente mermada por el redondeo debido a que, como se ha expresado, estos dispositivos no dispensan billetes de menor denominación como de $20 y $50, lo que sin duda tiene como consecuencia una pérdida injustificada del poder adquisitivo en detrimento a la calidad de vida tanto propia, como de sus dependientes económicos.
Respecto a la denominación de los billetes en los cajeros automáticos la circular de operaciones de caja emitida por el Banco de México, dispone en su numeral II.I.1.5 modificado el 13 de enero de 2014, que las instituciones de crédito deberán fomentar el uso de los signos monetarios en una distribución adecuada de denominaciones con objeto de facilitar al público el cumplimiento de sus obligaciones de pago en efectivo, y que para esto, en uno de cada diez cajeros automáticos de que dispongan individualmente las instituciones de crédito en las respectivas Plazas Bancarias, deberá incluir billetes en cantidades suficientes de al menos una de las dos denominaciones más bajas que en ese momento esté poniendo en circulación el Banco de México.
No obstante lo anterior, se considera que la disposición arriba citada es de nula utilidad para los usuarios, pues es imposible que éstos tengan conocimiento de la ubicación de los cajeros automáticos y dispensadores que específicamente distribuyen billetes de menor denominación conforme a sus intereses, y que además estos cajeros o dispensadores se encuentren en aptitud de prestar el servicio requerido.
Ante esta situación que en nada contribuye al objetivo planteado de que el público pueda dar cumplimiento de sus obligaciones de pago en efectivo, y toda vez que la inclusión financiera es un objetivo prioritario de política pública, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos que como una medida de apoyo a la economía nacional debemos exhortar al Banco de México para que con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito; 3o., fracción I, y 4o. de la Ley del Banco de México, modifique el numeral II.I.1.5 de la Circular de Operaciones de Caja para que los cajeros automáticos y dispensadores de efectivo distribuyan billetes de todas las denominaciones en uso con la finalidad de promover el desarrollo de un sistema financiero más incluyente y facilitar al público el cumplimiento de sus obligaciones de pago en efectivo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Banco de México para que con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito; 3o., fracción I, y 4o. de la Ley del Banco de México, modifique el numeral II.I.1.5 de la Circular de Operaciones de Caja para que los cajeros automáticos y dispensadores de efectivo distribuyan billetes de todas las denominaciones en uso con la finalidad de promover el desarrollo de un sistema financiero más incluyente y facilitar al público el cumplimiento de sus obligaciones de pago en efectivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.
Diputado José Ángel González Serna (rúbrica
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a cumplir las aclaraciones solicitadas por la ASF sobre el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Antecedentes
1. En el ejercicio de 2005, el Poder Legislativo aprobó y publicó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En dicha ley se estableció que la finalidad del fideicomiso sería otorgar un apoyo social de 38 mil pesos a los ex trabajadores migratorios que prestaron servicios en Estados Unidos de América de 1942 a 1964, de conformidad con el programa Bracero o, en su caso, a los cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos de elegibilidad de ley.
De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011, el presupuesto original autorizado en la partida 46101, “Aportaciones a Fideicomisos Públicos” , del programa R002, “Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios”, ascendió a 1.200 millones de pesos, el cual no sufrió modificaciones durante 2011 y se ejerció en su totalidad. Cabe señalar que los recursos autorizados en 2011 se recalendarizaron de julio a abril para cumplir el Acuerdo de la H. Cámara de Diputados del 6 de octubre de 2010.
2. La Auditoría Superior de la Federación practicó la auditoría financiera y de cumplimiento 11-0-04100-02-0463, donde se revisaron 1.88 millones de pesos al patrimonio del fideicomiso que resultó durante 2011 y que se integró de disponibilidades bancarias por 668.92 millones de pesos, que se incrementaron con las aportaciones efectuadas en ese año por 1.200 millones de pesos y con los productos financieros que se generaron por la inversión de los recursos por 17.32 millones de pesos.
En el ejercicio de 2011, el funcionario facultado de la Segob presentó al comité técnico del fideicomiso cuatro listas de beneficiarios para su aprobación, las cuales consideraron los requisitos establecidos en las reglas de operación e incluyeron un total de 52 mil 171 beneficiarios, como se describe a continuación:
Listas de beneficiarios ex trabajadores migratorios 2011
Al respecto, se comprobó que en las sesiones extraordinarias vigésima quinta, vigésima sexta y vigésima séptima del 22 de febrero, 25 de abril y 30 de junio de 2011, respectivamente, el comité técnico del fideicomiso, con el acuerdo número 35/2011, aprobó la entrega de los apoyos a los beneficiarios considerados en las listas referidas.
3. El fiduciario adquirió 15.7 millones de dólares que equivalen a 193.4 millones de pesos, considerando el tipo de cambio de 12.3 pesos del 12 de agosto de 2011; importe que se depositó en la cuenta bancaria abierta por la SRE para el pago de los apoyos a 5 mil 89 beneficiarios convenido inicialmente para el 14 de diciembre de 2011, plazo que fue prorrogado en dos ocasiones de 120 días naturales cada una, por lo que su entrega quedó autorizada por el comité técnico del fideicomiso para el 5 de agosto de 2012. Al respecto, se determinó lo siguiente:
a) No obstante que se tenía como plazo el 26 de octubre de 2012, para que el fiduciario remitiera a la Segob los recibos de los apoyos sociales a los beneficiarios, la copia de la identificación de estos últimos y el original la liberación al gobierno de México y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos por parte del beneficiario establecida en el artículo 9 de la ley que crea el fideicomiso, a la fecha de la auditoría (7 de noviembre de 2012), la entidad fiscalizada desconocía los números de folio y las fechas de cobro de 4 mil 625 apoyos sociales entregados a los beneficiarios por un monto de 14 289.5 miles de dólares, equivalentes a 185.4 millones de pesos, considerando un tipo de cambio a la fecha de la auditoría de 12.3 pesos, por lo que a petición de esta entidad de fiscalización superior de la federación la Segob le solicitó dicha información a la SRE quien informó que los números de folio de los beneficiarios y los consulados en los que se les entregaron los apoyos fueron asignados por la Segob y corresponden a los publicados en el Diario Oficial de la Federación.
4. Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, de fecha 8 de noviembre de 2012, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio número DAN-02581 de fecha 16 de agosto de 2012, con el que la SRE entregó al fiduciario 270 recibos de los apoyos sociales entregados a los beneficiarios y la documentación soporte por 834.2 miles de dólares, que equivalen a 10.8 millones de pesos considerando en ambos casos, el tipo de cambio a la fecha de la auditoría (7 de noviembre de 2012) de 12.3 pesos; sin embargo, no proporcionó la documentación que sustentara la entrega al fiduciario de los restantes 4 mil 355 recibos, por 13.4 millones, que equivalen a 174.6 millones de pesos, considerando el tipo de cambio citado.
Por otro lado, remitió el oficio número DGAAC/ DJ/ SF/ GPF/ 418/ 2012, de fecha 26 de octubre de 2012, con el que el fiduciario envió a la Segob 4 mil 625 recibos de los apoyos sociales entregados por la SRE y la documentación soporte; al respecto y considerando la fecha del oficio, aparentemente, el fiduciario, cumplió el plazo establecido (26 de octubre de 2012) para remitirlos a la dependencia coordinadora. No obstante, el oficio citado no tiene el sello de recepción de la entidad fiscalizada; además, las relaciones anexas a éste, si bien señalan los nombres de los beneficiarios y los documentos con que se identificaron, no consideran la fecha en que se les entregó el apoyo.
5. La Auditoría Superior de la Federación emitió 7 pliegos de observaciones, 4 solicitudes de aclaración y 1 promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, debido a los siguientes hallazgos:
6. Por lo que hace al análisis presupuestal, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2013 no reporta información del presupuesto para el programa Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios. De la misma manera, el Portal de Transparencia de la Segob no registra dato alguno sobre el presupuesto asignado al fideicomiso:
Consideraciones
1. Derivado del análisis del informe que señala el estado que guardan la solventación de observaciones y acciones promovidas por la ASF al Informe de Resultado para la Cuenta Pública de 2011, se detectó que la Secretaría de Gobernación no ha justificado o aclarado la entrega de apoyos a los beneficiarios del programa Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, donde se determinó una recuperación probable por 1.77 millones de pesos.
2. Durante la gestión para la entrega de apoyos a los beneficiaros de dicho programa, se detectó la falta de documentación de entrega de apoyos, lo que imposibilitó la verificación tanto con el encargo de la SRE, como con la responsabilidad del fiduciario en cuanto a los plazos establecidos en las reglas de operación del fideicomiso vigentes, respecto de que la SRE remitiera al fiduciario los recibos de los apoyos sociales y la documentación soporte, a más tardar 30 días hábiles posteriores a la fecha de la entrega del apoyo social a los beneficiarios y, el fiduciario a la Segob, a más tardar 30 días hábiles posteriores a su recepción.
3. La Segob no entregó para su fiscalización la evidencia de 4 mil 625 recibos de los apoyos sociales entregados por la SRE a los beneficiarios, por un importe de 14. 2 millones de dólares, equivalentes a 185.4 millones de pesos, considerando un tipo de cambio de 12.3 pesos del 7 de noviembre de 2012.
4. Como resultado de la auditoría en comento, la ASF emitió el siguiente pliego de observaciones, de acuerdo con los siguientes contenidos:
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, quinto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos o que coordine la operación de un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, será responsable de reportar en los informes trimestrales, conforme a lo establecido en el reglamento de dicha ley, los ingresos, incluidos los rendimientos financieros del periodo, los egresos, así como su destino y el saldo o disponibilidad.
En los artículos 11, tercer párrafo, de la LFPRH y 296 de su reglamento se establece que los informes trimestrales incluirán un reporte del cumplimiento de la misión. Fines y resultados alcanzados de los fideicomisos, mandatos y análogos (actos jurídicos, así como de los recursos ejercidos.
6. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
7. Lo expuesto, en observancia de lo señalado en los artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Por lo fundado y motivado, solicito que sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación a hacer las aclaraciones pendientes desde 2011, solicitadas por la ASF, mediante la auditoría financiera y de cumplimiento 11-0-04100-02-0463, en torno al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, dado que no se ha justificado o documentado la entrega de apoyos a los beneficiarios de dicho programa; asimismo, a hacer del conocimiento público el estado que guarda la liquidación de los 52 mil 171 beneficiarios aprobados mediante el acuerdo número 35/2011; de la misma manera, a hacer del conocimiento público el total de beneficiarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.
Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres, Ángel Cedillo Hernández.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a diseñar y ejecutar instrumentos de concienciación sobre la importancia de las acciones preventivas que permitan detectar de manera temprana cualquier alteración de la salud, principalmente padecimientos relacionados con el cáncer de mama, suscrita por el Grupo Parlamentario del PVEM
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Resulta difícil establecer un concepto de cáncer de mama, habitualmente es entendido como un tumor maligno que invade los tejidos de la mama. Dentro de los principales tipos de cáncer de mama, se encuentra el inicial, considerado como el menos invasivo y con un alto porcentaje de ser curable; el invasivo , definido como aquel que se ha diseminado más allá de los conductos y ha llegado al tejido circundante y ganglios linfáticos contiguos y, por último, el metastásico , aquel que se ha diseminado a otras regiones del organismo, como ganglios linfáticos distantes, huesos, pulmones, hígado o cerebro.
A nivel mundial, este padecimiento es responsable de un número importante de muertes, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para 2030, la tasa de mortalidad aumentará a 13.1 millones.
Por lo que hace a nuestro país, datos del Inegi señalan que de cada 100 mil mujeres de 25 años y más, el 15.81 por ciento padecen cáncer mamario; al respecto la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC), señala que el cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país y estima que cada año se detectan 128 mil casos nuevos.
Hasta la fecha se desconoce con certeza cuales son los factores que producen el cáncer, sin embargo, lo que si está bien definido son los factores predisponentes, tales como la edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto y antecedentes genéticos con esta enfermedad.
El aumento constante de la mortalidad por este cáncer durante las últimas décadas, ha llevado a estudiar a fondo diversos métodos de detección oportuna con la finalidad de contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad.
Sin duda uno de los principales es la detección temprana a través de la autoexploración mamaria y auto-palpación, que junto con el examen clínico son la fuente del control del cáncer de mama, ya que por medio de un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, las posibilidades de curación son elevadas.
Sin embargo, aún nos seguimos enfrentando a la negativa de las mujeres, principalmente, a asistir a una exploración médica, elevando con ello la posibilidad de detectar tardíamente un padecimiento como éste.
Sumado a lo anterior, debemos asumir una realidad propia de nuestro país, pues incluso la Organización Mundial de la Salud señala que la mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, debido a la falta de concientización sobre la detección temprana y las dificultades para acceder a los servicios de salud.
En atención a dicha situación y con la finalidad de unir esfuerzos para crear convicción en las autoridades de salud y en la sociedad en general, de la importancia de prevenir a través de la difusión de información respecto de la detección temprana del cáncer de mama, se estableció el 19 de octubre de cada año, como el Día Mundial del Cáncer de Mama; precisamente con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los alcances de esta enfermedad, la necesidad de su detección y su impacto en la población; pues sirve de paso aclarar, que si bien dicho padecimiento tiene mayor incidencia en las mujeres, ello no es exclusivo de género, pues los hombres también pueden padecerlo.
Ante dicha situación, la Organización Mundial de la Salud con el apoyo de la Fundación Komen, promueven el control del cáncer de mama en el marco de los programas nacionales de lucha contra el cáncer, integrándolo en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, a través de la elaboración de un estudio de 5 años sobre la costo-eficacia del control del cáncer de mama en 10 países de ingresos bajos y medios.
El proyecto incluye un instrumento de estimación de costos de los programas, para evaluar las posibilidades de financiarlos y consecuentemente formular políticas apropiadas contra el cáncer de mama en los países menos desarrollados.
Son muchas las estrategias vislumbradas, algunas ya se implementan exitosamente, pues sin duda la finalidad primaria es la detección de los signos y síntomas iniciales que permitan disminuir e incluso erradicar los casos de cáncer avanzado con pocas o nulas posibilidades de cura; sin embargo, habrá mucho más que hacer pues, siempre que existan casos de cáncer de mama avanzados, habrá la oportunidad de diseñar más y mejores programas de atención que saque del peligro de padecer dicha enfermedad a las mujeres y hombres de nuestro país.
Por ello, las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, no sólo nos sensibilizamos profundamente ante las muertes que ha cobrado este padecimiento, sino también, nos sumamos a la lucha contra la erradicación del cáncer de mama.
Estamos convencidos que la prevención es una tarea que podrá lograrse a través de la difusión sencilla y accesible de información útil y adecuada, lo que garantizará la disminución de la presencia del cáncer mamario en nuestro país.
Aprovechemos la conmemoración de esta fecha como una oportunidad excepcional para sumarnos a la lucha contra el cáncer, desde nuestra persona y como representantes de la sociedad, sumémonos al compromiso de hacer y crear conciencia de la importancia de prevenir.
En virtud de lo aquí expuesto, la fracción parlamentaria del Partido Verde, pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que diseñe y ejecute mecanismos eficientes y permanentes de concientización respecto de la importancia de las acciones preventivas que permitan la detección temprana de cualquier alteración a la salud, principalmente de los padecimientos relacionados al cáncer de mama, por ser ésta una de las principales causas de muerte en las mujeres. Asimismo, resulta indispensable que dicha Secretaría impulse campañas informativas que incluyan a los hombres, pues aun cuando son menos predispuestos a padecer cáncer de mama, hoy en día poco se sabe de su incidencia en dicha enfermedad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Rubén Acosta Montoya, Héctor Narcia Álvarez, Ricardo Astudillo Suárez, Ernesto Núñez Aguilar, Enrique Aubry de Castro Palomino, Nabor Ochoa López, Felipe Arturo Camarena García, Javier Orozco Gómez, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Carla Alicia Padilla Ramo, Antonio Cuéllar Steffan, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Mónica García de la Fuente, Rosa Elba Pérez Hernández, Ana Lilia Garza Cadena, David Pérez Tejada Padilla, Mario Francisco Guillén Guillén, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Federico José González Luna Bueno, Tomás Torres Mercado, Lourdes Adriana López Moreno, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Laura Ximena Martel Cantú, Martha Edith Vital Vera, Gabriela Medrano Galindo, Ruth Zavaleta Salgado.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE de Tamaulipas a investigar y sancionar a los responsables de la privación ilegal de la libertad y muerte de María del Rosario Fuentes Rubio, colaboradora de Valor por Tamaulipas, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado miércoles 16, la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, colaboradora de Valor por Tamaulipas y administradora de la cuenta aliada Responsabilidad por Tamaulipas , fue secuestrada y, posteriormente, asesinada en Reynosa, Tamaulipas.
Quienes integran Valor por Tamaulipas se dedican a reportar las situaciones de riesgo (SDR) en el sitio electrónico http://www.valorportamaulipas.net/ y en redes sociales, con la finalidad de advertir, prevenir e informar a la ciudadanía sobre este tipo de hechos.
El antecedente de Valor por Tamaulipas es Un Grito de Ayuda por Tamaulipas, proyecto que arrancó en noviembre de 2010 con la propuesta de convertirse “en una red de sobrevivencia” [...] El 15 de marzo de 2012, sin mayor explicación, los administradores se mudaron a Valor por Tamaulipas, con el mismo concepto. Recibieron constantes amenazas de la delincuencia para cerrar el sitio y en febrero de 2013 se puso precio a la cabeza del administrador.1
Presuntamente, Fuentes Rubio, mejor conocida en redes sociales como Miut3, fue privada de la libertad el martes 15, antes del mediodía, por un grupo armado a las afueras de una empresa.
Tras ser asesinada, dos fotografías fueron publicadas desde sus propias redes sociales, acompañadas del siguiente mensaje:
Amigos y familiares, mi nombre real es María del Rosario Fuentes Rubio, soy doctora, hoy mi vida ha llegado a su fin. No me queda más que decirles que no cometan el mismo error que yo, no se gana nada, al contrario hoy me doy cuenta que encontré la muerte a cambio de nada están más cerca de nosotros de lo que creen.2
Según el portal de Valor por Tamaulipas
Una cuenta que estuvo haciendo mensajes intimidantes hizo referencia a Miut3 el 7 de octubre, el tipo de mensajes de esta narcocuenta que hizo las amenazas coincide con el tipo de mensajes que escribieron desde la cuenta de Rosario ayer en la mañana. En la amenaza previa indican (que) están cerca de Miut3, y ahora en su muerte publican que están “más cerca de lo que creemos”. Eso no es coincidencia.3
Cabe destacar que “en un lapso de 14 años, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 12 periodistas en Tamaulipas, en tanto otros 2 se encuentran en calidad de desaparecidos por posibles represalias a su labor informativa”,4 por lo que resulta por demás urgente que quienes se dedican a informar sobre cualquier tipo de sucesos cuenten con los mecanismos de seguridad y con la certeza de que su labor no será motivo de algún tipo de situaciones de riesgo que atenten contra su integridad o la de personas allegadas.
Por ello, el asesinato de María del Rosario Fuentes Rubio, “una de las más prolíficas en redes sociales, que alertaba de situaciones de riesgo y promovía la denuncia ciudadana, exhibía y señalaba la actividad de las bandas delictivas en la entidad”,5 no puede quedar impune. Por ello presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas a investigar y sancionar a los responsables de la privación ilegal de la libertad y culpables de la muerte de María del Rosario Fuentes Rubio, colaboradora de Valor por Tamaulipas.
Notas
1 El Universal, “Asesinan a colaboradora de Valor por Tamaulipas” [en línea], México. Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/asesinan-a-colaborad ora-de-valor-por-tamaulipas-96536.html
2 Proceso, “Colaboradora de Valor por Tamaulipas sufrió amenazas antes de ser asesinada” [en línea], México. Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=385068
3 Valor por Tamaulipas, “Miut3 fue amenazada sangrientamente una semana antes” [en línea], México. Dirección URL: http://www.valorportamaulipas.net/2014/10/miut3-fue-amenazada-sangrient amente-una.html
4 Sin Embargo, “Ciudadanos que enfrentan a los poderes (narcos, políticos) pagan con su vida o con prisión” [en línea], México. Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/19-10-2014/1146199
5 La Jornada, “Secuestran y asesinan en Reynosa a tuitera que combatía a narcotraficantes” [en línea], México. Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2014/10/17/politica/013n2pol
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a brindar facilidades para que el personal médico obtenga el grado de perito médico, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Leobardo Alcalá Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de brindar las facilidades necesarias para que personal médico, obtenga el grado de perito médico y con ello puedan apoyar en la resolución de controversias judiciales suscitadas entre sus médicos y los pacientes que atienden, así como al Poder Judicial de la Federación para que los reconozca y los integre a lista de personas que pueden fungir con esa calidad, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La profesión médica representa una de las labores más nobles e importantes que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. No puede concebirse la historia de nuestro mundo sin la existencia misma de los médicos.
El cuidado de la salud de otra persona no sólo representa un honor, sino una responsabilidad que cualquier persona pueda tener. Es el caso del personal médico que labora día a día, quienes buscan mejorar las condiciones de la salud de la población en nuestro país.
No obstante, existen casos en donde la práctica médica puede estar sujeta a escrutinio por parte de la autoridad judicial, al darse situaciones de desinformación, mala práctica, negligencia o incluso dolo que afectan a los pacientes y a sus familiares.
En estos casos, el Estado Mexicano debe dotar a los juzgadores de profesionistas expertos que puedan apoyarse para la resolución de las controversias suscitadas entre el personal médico y sus pacientes. Con ello, se garantizará que las partes involucradas cuenten con la certeza, de que los casos serán analizados de manera imparcial y objetiva, si no se hace esto siempre se pondrá en tela de juicio, la idoneidad profesional de la prueba pericial practicada y del informe emitido.
En México, las Instituciones de Salud cuentan con profesionales en las diversas ramas de la medicina, los cuales atienden diariamente un considerable número de pacientes en las diversas especialidades. Esto hace que dichas instituciones cuenten con médicos de gran experiencia, que pueden ser auxiliar en la resolución de las controversias suscitadas ante las autoridades judiciales.
El objetivo de la presente proposición es ofrecerle al sistema de impartición de justicia mexicano, elementos específicos, como es la experiencia de los médicos que han trabajado en instituciones públicas.
Otro de los objetivos es la capacitación que deben de tener los médicos en la rama de la medicina legal, que los ayudará a comprender y sensibilizar el alcance en las responsabilidades de su actuar médico.
Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de brindar las facilidades necesarias para que personal médico, obtenga el grado de perito médico y con ello puedan apoyar en la resolución de controversias judiciales suscitadas entre sus médicos y los pacientes que atienden.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación, para que reconozca al personal médico de las Instituciones de Salud Federal capacitado, como integrantes de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los juzgados y tribunales de dicho Poder.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de octubre de 2014.
Diputado Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo y, en su caso, fortalecer por la Sectur, la SEP y la STPS las acciones y los programas de profesionalización académica y certificación de los prestadores de servicios turísticos, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal por el Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través coordinación de las Secretarías de Turismo, de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social a llevar a cabo y, en su caso, se fortalezcan las acciones y programas de profesionalización académica y certificación de los prestadores de servicios turísticos, que se dedican a la actividad de guías turísticos, y considerar esto como requisito para inscribirse en el registro nacional de turismo.
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU),1 debe reconocerse que la educación -incluida la enseñanza académica-, la toma de conciencia del público y la capacitación configuran un proceso que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente, la educación es igualmente fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones.
El reconocido escritor Daisaku Ikeda2 expresó que la formación humanística es la base del progreso del ser humano y del florecimiento de las sociedades.
La Ley General de Turismo, en el artículo 7, fracción X, señala que “corresponde a la Secretaría promover y fomentar con la Secretaría de Educación Pública la investigación, educación y la cultura turística”.
En el artículo 21 se menciona que “la Secretaría en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero”.
Otro precepto legal de la Ley General de Turismo, que respalda en mayor manera este proyecto, es el artículo 65, que a la letra dice:
Artículo 65. La Secretaría participará en la elaboración de programas de profesionalización turística y promoverá, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos de los estados, municipios y el Distrito Federal, organismos públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales, el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos en ramas de la actividad turística . Asimismo establecerá lineamientos, contenidos y alcances a fin de promover y facilitar la certificación de competencias laborales”.
Énfasis añadido
El desarrollo de un programa a nivel licenciatura en guía de turismo, permitiría que instituciones de educación superior, tengan una referencia de los conocimientos necesarios y veraces de nuestra historia, tradiciones, gastronomía, artesanías, trajes típicos, entre otros aspectos de cada región, de cada ciudad, de cada pueblo, de cada localidad, de cada rincón de nuestro país.
El turista tendría a disposición un profesional especializado en brindarle la atención.
Así mismo, daría forma a la obligación descrita en el artículo 65 de la multicitada Ley de Turismo, dejando una plataforma institucional que responda las necesidades del sector y el despertar el interés por la especialización en el ramo turístico de jóvenes talentos.
La educación no sólo es un camino para la mejora de la calidad de vida, en el caso de turismo, es una vía para que visitantes tengan la oportunidad de contar con los servicios profesionales plenamente avalados por las instituciones de educación superior.
Si bien el mercado ha respondido a la demanda de carreras, en instituciones públicas o privadas, es importante contar con una referencia que la Secretaría de Turismo diseñe en conjunto con la Secretaría de Educación Pública.
Esta propuesta es ambiciosa, pero podría impulsar grandemente al turismo generando más divisas para el país , nuevos empleos con nuevas oportunidades, nuevos campos de trabajo, e indirectamente los estudiantes podrían tener el incentivo de becas para poder continuar sus estudios en otros países como parte fundamental de su aprendizaje, compartiendo así el conocimiento de los aspectos culturales, educativos, religiosos, ideológicos, de innovación turística y procedimientos que contribuyan en el desarrollo de una ética global de valores comunes y la promoción del turismo mexicano en otros países.
Otra cualidad que puede tener la licenciatura es que dentro de la coyuntura en la que México necesita robustecer los canales de intercambio de cultura, experiencias y cooperación con universidades internacionales, la información debe ser concurrente en cuanto a programas de estudio existentes y fomentando el desarrollo de nuevos planes, esto podría ampliar y facilitar la movilidad cultural y estudiantil tanto como país emisor como país anfitrión.
Inclusive catalizar el elemento turístico, en los convenios que se celebren para detectar áreas de oportunidad y áreas a desarrollar.
Recordemos que el turismo ha demostrado su potencial en nuestro país, produce el 9 por ciento del producto interno bruto nacional, es por ello que, el intercambio cultural en el tema de conocimientos que podrá brindar la licenciatura con un programa académico bien estructurado sería un motor interesante para la difusión de México ante el mundo.
Las fuentes de trabajo se ampliarían porque como sabemos, diversos lugares como: pirámides, zoológicos, palacios, zócalos, museos, e iglesias, entre otros, ofrecen a los visitantes y turistas opciones accesibles para recorrerlos acompañados de peritos en la materia, también empresas transportistas implementan tarifas u opciones especiales. Ello demuestra que la industria responde a éste perfil de consumidor, por lo que promoverlo involucra una participación amplia y poco explorada en la actividad económica de diversas ramas, incluyendo la recreativa o al sector financiero, todas ellas participando en los diferentes estados de la república.
La diversidad académica, se destaca como una herramienta para mejorar el bienestar personal, ha sido acentuada los últimos años en México, los alumnos se enfocan a estudios principalmente relacionados con las áreas de negocios, situación que ha saturado dichas áreas de estudio y sus carreras.
Es el momento para explotar las buenas relaciones de México con el mundo; considero que es el marco idóneo para desarrollar programas específicos que maduren la plantilla académica y sus programas de estudio, para la construcción y preparación de licenciados en guía de turistas que fortalezcan los intercambios educativos, culturales, de experiencias e investigaciones, aprendizaje de idiomas, entre otras áreas de oportunidad.
La Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México3 señala que un 35 por ciento de los estudiantes internacionales en México se encuentran inscritos en programas académicos en ciencias sociales, seguido en importancia por las humanidades (24 por ciento) situación que deja notar el interés que existe por los visitantes.
Articular la licenciatura en guías de turismo, beneficiaría a los estudiantes fortaleciendo sus conocimientos con políticas de promoción del turismo y ética profesional, que fortalezca sus conocimientos integrando experiencias del sector privado, el académico, así como el de servicios al turismo.
Un guía turístico profesional puede ser una respuesta ante el clima de inseguridad, para que los visitantes tengan la opción de contar con servicios de primer nivel plenamente confiables.
Existen antecedentes exitosos en la práctica de la licenciatura; por mencionar alguno quisiera referir el caso de Argentina; en este país la labor de los guías en el turismo resulta trascendente para la actividad, ya que el licenciado en guías de turismo es quien durante la estadía mantiene el contacto directo con el visitante y para éste, el guía será la expresión concreta del contexto argentino, su cordialidad, su hospitalidad, su cultura y es además quien transmite el conocimiento y la experiencia del destino.4
Con el presente exhorto se pretende promover la formación académica con un nuevo nicho de oportunidad para las nuevas generaciones, se elevaría la calidad de los servicios turísticos con información veraz y fidedigna, se atendería la falta de guías traductores en los diferentes idiomas de las nacionalidades que visitan nuestro país, por mencionar algunas de las ventajas.
A continuación se anexa lista de visitantes extranjeros, de acuerdo con el Consejo de Promoción Turística de México.5
La presente propuesta consiste en materializar una formación académico-profesional, de excelencia a través de educación integral en materia turística; elevar el conocimiento al plano académico de quienes se dedican a difundir y promover a México en el territorio nacional. Esto es posible y se podría lograr con la creación de una licenciatura en guía de turismo.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pone a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la coordinación de las Secretarías de Turismo, de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social a llevar a cabo y, en su caso, se fortalezcan las acciones y programas de profesionalización académica y certificación de los prestadores de servicios turísticos, que se dedican a la actividad de guías turísticos, y considerar esto como requisito para inscribirse en el registro nacional de turismo.
Notas
1 http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter36.htm
2 Daisaku Ikeda nacido en Tokio, 2 de enero de 1928, es un líder budista, promotor entusiasta de la paz, escritor, poeta, educador y fundador de varias instituciones dedicadas a fomentar la cultura, la educación y los estudios sobre la paz alrededor del mundo.
3 Con información sobre la movilidad estudiantil internacional aportada por 115 Instituciones de educación superior e investigación de México, tanto públicas como privadas, en el periodo académico 2010-11.
http://www.sincree.sep.gob.mx/work/sites/sincree/resourc es/Banner/183/movilidad.pdf
4 Universidad Nacional de Avellaneda. Buenos Aires. Argentina
5 http://www.siimt.com/en/siimt/siim_siom
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a atender las acciones emitidas por la ASF en torno de las auditorías forenses sobre el proyecto transversal Trópico Húmedo, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos diputados, José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes
1. El proyecto transversal Trópico Húmedo consiste en impulsar y fomentar la inversión privada y social en las zonas del trópico húmedo y sub-húmedo del territorio nacional, a través del otorgamiento de apoyos a cultivos y actividades elegibles con potencial y mercado, preferentemente bajo un esquema de desarrollo de proveedores. Sagarpa, a través de Financiera Rural, ejecuta dicho proyecto bajo el componente I. Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante la Auditoría Forense 11-0-08100-12-0314 detecto que en la ejecución del Proyecto, no hubo supervisión, así como tampoco se dio seguimiento a la operación y ejecución de los recursos otorgados a través de Financiera Rural (FIRA) y el Fideicomiso instituido en relación con la agricultura (FEFA), permitiendo con ello, la comprobación de los recursos federales con documentación irregular, facturas presuntamente apócrifas y alteradas, simulación de actos jurídicos tendientes a desviar el recurso para beneficio propio y en otros casos, documentación comprobatoria de proveedores inexistentes.
Para tales efectos se presentaron 7 denuncias de hechos por un probable daño a la Hacienda Pública que asciende a 269. 4 millones de pesos.
2. Como consecuencia de las denuncias de hechos presentadas en el ejercicio 2011 de la Cuenta Pública, la ASF determinó practicar la Auditoría Forense 12-0-08100-12-0405 para el año 2012.
En dicho año, se destinaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 500.0 millones de pesos para la operación del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, de los cuales correspondieron 382.2 millones de pesos al Componente I, Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.
Para la operación del componente I, Proyecto estratégico trópico húmedo, se designaron como instancias ejecutoras a Financiera Rural y a Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA-FEFA), las cuales suscribieron con la Sagarpa convenios de colaboración y sus anexos técnicos por 191.1 millones de pesos, cada uno.
De los recursos destinados al proyecto por 382.2 millones de pesos, se determinó lo siguiente: que la Sagarpa reintegró 93. 3 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, cantidad que representó el 24.4% de los recursos ministrados; otorgó 11.6 millones de pesos para un proyecto integral que ya había sido autorizado en el ejercicio de la cuenta pública 2011; autorizó dos proyectos para un mismo fin a dos empresas con los mismos socios, por lo que se rebasó el monto máximo por 7.3 millones de pesos; además, se presentó documentación en conceptos distintos a los autorizados, así como la falta de acreditación de los predios en donde se desarrolla el proyecto por 14.9 millones de pesos.
3. Como resultado de la Auditoría Forense 405 de 2012, se determinaron recuperaciones probables por 33.8 millones de pesos.
La Sagarpa al no haber aplicado la totalidad de los recursos asignados al Proyecto Estratégico Trópico Húmedo Componente: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, así como de aquellas organizaciones beneficiadas de los apoyos que no comprobaron de forma fehaciente la aplicación de los recursos o que recibieron subsidios en una cantidad superior a lo establecido en la normatividad, dejaron de promover las políticas de financiamiento para el desarrollo rural sustentable para que los productores de los estratos más vulnerables, que no tienen posibilidades de obtener recursos para impulsar el desarrollo de sus actividades agropecuarias vinculadas al medio rural, mejoraran sus ingresos y consecuentemente su nivel de vida.
4. La evolución del presupuesto para el proyecto “Trópico Húmedo” es la siguiente:
Es notable el desfasamiento en la reducción del presupuesto programado de 2011 a 2012 de un 48.6%, al igual que en su ejercicio en un 62.5%. Otro de los factores que incidieron en el uso inadecuado de los recursos para el 2011, es que de acuerdo a la Auditoría Forense 314, la ASF detecto un probable daño a la Hacienda Pública por 269.4 millones de pesos, así mismo la Sagarpa reintegro 93.3 millones a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
En cuanto a la reducción del presupuesto para 2012, la Sagarpa impacto negativamente a los beneficiarios de los estratos sociales más vulnerables, que se dedican a la producción de palma de aceite, cacao y zapote chiclero entre otros, sus actividades agropecuarias se vieron afectadas y con ello el desarrollo del medio rural, sus ingresos y su nivel de vida.
Consideraciones
1. La falta de planeación en los recursos etiquetados para el Proyecto Transversal “Trópico Húmedo”, la reducción del presupuesto de 2011 a 2012 de un 48%, así como el sobrejercicio de 2012 de un 105.6%, así como la devolución de recursos a la Tesofe por la Sagarpa en el mismo año, genero inestabilidad en los proyectos y desarrollo rural agropecuario, dado que en dicho periodo no hubo la promoción y entrega de recursos a los beneficiarios de menores recursos, impactando con ello el desarrollo del sector y con ello el nivel de vida de dicho sector de la economía más vulnerable.
2. La ASF ha determinado probables daños a la Hacienda Pública por un monto de 303.2 millones de pesos, derivado de dos Auditorías Forenses en 2011 y 2012, determinando por ello acciones como la presentación de Denuncias de Hechos, toda vez que detecto la falta de acreditación de predios en donde presuntamente se había desarrollado los proyectos, documentación irregular, facturas falsas, simulación de actos jurídicos tendientes a desviar el recurso público para otros fines ajenos al bien de los beneficiarios de más escasos recursos.
3. La Sagarpa reintegró a la Tesorería de la Federación 93.3 millones de pesos, monto que representa el 24.4% de los recursos autorizados, toda vez que no fueron aplicados por las instancias ejecutoras; además, autorizó 11.6 millones de pesos para un proyecto que ya había sido autorizado en el ejercicio de 2011; asimismo, autorizó dos proyectos para un mismo fin, que rebasó el monto máximo establecido en las Reglas de Operación del programa por 7.3 millones de pesos; además, se presentó documentación en conceptos distintos a los autorizados, así como la falta de acreditación de los predios en donde se desarrolla el proyecto por 14.9 millones de pesos. Lo anterior se debió a la falta de supervisión y seguimiento en la ejecución de los recursos otorgados por parte de Sagarpa y de las instancias ejecutoras del FIRA-FEFA y Financiera Rural.
Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes
4. En observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Enrique Martínez y Martínez, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en torno a las recuperaciones de 269.4 y 33.8 millones de pesos del probable daño a la Hacienda Pública Federal en 2011 y 2012 respectivamente, hallazgos detectados en las Auditorias Forenses 314/2011 y 405/2012, a razón de falta de supervisión, documentos apócrifos y desvío de recursos, relativo al Proyecto Transversal “Trópico Húmedo”, dejando de impulsar a los productores de más bajos recursos.
Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres, Ángel Cedillo Hernández.
Con punto de acuerdo, relativo al mantenimiento de las escuelas normales rurales, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
En la Escuela Normal Rural (ENR) General Matías Ramos Santos, ubicada en Loreto, Zacatecas, estudian más de 500 alumnos de origen campesino. La mayoría, no tuvo recursos para continuar con sus estudios de licenciatura en otras escuelas. Algunos otros, siguieron la tradición de sus padres o parientes, pero todos tienen como origen la pobreza.
Ahí todos trabajan desde muy temprano. No hay distinción. La normal de San Marcos, como le llaman, tiene hombres y mujeres organizados para trabajar las tierras, la cocina, el aseo. Todo se prepara antes de ir a clases o a sus actividades culturales y deportivas. No hay tiempo perdido, aprenden casi las 24 horas del día.
Llegan de diversos estados de la región: Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí. De comunidades apartadas, donde apenas cuentan con los servicios básicos y las oportunidades de vida se reducían a ser jornaleros, albañiles u obreros. Sin embargo, los alumnos de la normal decidieron regresar a sus pueblos como maestros rurales e impartir la educación primaria en lugares donde viven los más pobres del país.
El principal requisito para ingresar a una escuela normal rural es ser pobre. En el proceso de selección que se realiza anualmente en cada uno de los planteles no sólo participan los las autoridades educativas estatales y federales, sino también los estudiantes. Ellos se encargan de asegurarse de que los alumnos de nuevo ingreso sean hijos de campesinos pobres, indígenas y mestizos. Para ello, realizan un estudio socioeconómico de cada aspirante y se trasladan a sus respectivos domicilios. Los otros requisitos (promedio y edad) varían de estado a estado; pero cada joven que ingresa, lo hace con el consentimiento de la sociedad alumnos.
Durante cuatro años se forman con el mismo plan de estudios que otras universidades o escuelas de pedagogía; pero, además, se instruyen en teatro, poesía, danza, rondalla y educación física. También aprenden a gestionar con las autoridades la dotación de recursos para mantener su escuela y el internado. Los alumnos de la ENR tienen una formación integral.
Las escuelas normales rurales han desempeñado un papel muy importante en los procesos de construcción social desde principios del siglo XX, tanto de carácter educativo, como político, social y cultural. Se construyeron y se consolidaron como la columna vertebral del sistema educativo mexicano.
En el país existieron 36 planteles, fundados para alfabetizar y educar al campesinado mexicano. De esos 36, actualmente sólo prevalecen 15, puesto que el gobierno se ha encargado de cerrarlas abrupta o paulatinamente, las últimas en desaparecer fueron la ENR de Mactumatzá, Chiapas, y la ENR de El Mexe, Hidalgo, durante los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente.
Entre 1922 –cuando se fundó la primera escuela normal rural en Tacámbaro, Michoacán– y 1934 se crearon las 36 normales rurales. En ese mismo año, los estudiantes de la normal rural de Tamatán, Tamaulipas, hicieron un llamado a todas las normales rurales del país con el fin de crear una organización estudiantil que defendiera sus derechos como hijos de campesinos.
Así, en una primera concentración, en la escuela de Santa Lucia, Durango, acudieron cuatro normales. Por tratarse de una asistencia minoritaria no se logró constituir la organización estudiantil. Al año siguiente, 1935, se volvió a lanzar el llamado. Se preparó la concentración en la escuela de El Roque, Guanajuato. Asistió la mayoría de las normales y se fundó la organización estudiantil más antigua del país: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
La creación de las normales rurales fue la respuesta que la sociedad mexicana –en especial la rural– dio a una necesidad hoy vigente: educación. Entonces, como hoy, el analfabetismo campeaba en las comunidades campesinas e indígenas del país.
Las normales rurales tuvieron continuidad y un nuevo impulso durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuando recibieron el mandato de eliminar el analfabetismo y hacer llegar la educación de la costa hasta la sierra.
En un inicio, las normales rurales fueron escuelas de agricultura. Luego de fusionarse con otros proyectos como las centrales agrícolas surgió un nuevo tipo, el de las escuelas regionales campesinas. Desde entonces, los alumnos se distinguieron de las demás normales por un currículo integral basado en cinco ejes: político, académico, cultural, módulos de producción y deportivo.
El objetivo de una normal rural no es sólo formar docentes capacitados en la enseñanza de la educación primaria, sino de cubrir las necesidades que se requieren en una comunidad rural.
Con el eje político se busca formar personas críticas, analíticas y reflexivas; informadas de lo que ocurren en el país y las causas de la pobreza y las condiciones materiales en que viven las comunidades rurales; también busca desarrollar las capacidades de interlocución, gestión y organización de los alumnos.
El eje académico se desarrolla con el plan de estudios formal y la estructura curricular establecida por las autoridades educativas federales.
La integración de clubes de pintura, música, danza, payasística, teatro, entre otros, cubre el eje cultural.
El eje de los módulos de producción reivindica el carácter rural y campesino de los estudiantes, tanto en su origen como en su formación profesional. Se busca que los alumnos se capaciten en la crianza de ganado y la producción de tierras. Como en el eje cultural, el eje de los módulos de producción permite un vínculo estrecho con las comunidades circunvecinas.
El eje deportivo también está organizado en clubes: de futbol, voleibol, basquetbol, tae kwan do y natación.
Es justamente esta educación integral la que representa una severa amenaza para la mayoría de los gobiernos, que justamente esperan todo, menos juventudes preparadas y que contradigan o cuestionen a los gobernantes en turno.
Hoy en día las instituciones formadoras de docentes han sufrido diferentes y drásticas transformaciones.
Los gobiernos que se han sucedido luego del de Lázaro Cárdenas han buscado formar alumnos sumisos al poder y sin la capacidad de tener una conciencia crítica, analítica y reflexiva. Ahora que se agudiza el embate contra la educación crítica y popular, la amenaza de desaparición de las normales rurales se incrementa.
Las escuelas normales rurales nacieron para formar docentes que impartan clases en los lugares más marginados, generalmente comunidades campesinas; la misión de todo normalista rural es combatir la ignorancia en los pueblos, luchar contra el analfabetismo y obtener un cambio social y cultural.
Es por eso que mientras la pobreza exista y continúe la explotación del hombre por el hombre, las normales rurales tendrán razón de ser.
El normalismo rural ha sido la alternativa para los hijos de campesinos de escasos recursos. Mientras la pobreza exista en nuestro país, en tanto que las condiciones de este no cambien la importancia de un maestro rural seguirá vigente.
Cada egresado de una normal rural está comprometido con la sociedad que costeó su educación y está listo para emprender la labor más noble de la humanidad: llevar el saber a las comunidades rurales más apartadas del país; y cumplir con la ardua tarea que la sociedad les ha confiado, porque están convencidos de que mañana la humanidad será mejor.
Además, las y los estudiantes de las normales rurales se desprenden de su hogar durante los años que dura su carrera. Regresar a casa de visita es difícil para muchos: los viajes son largos y costosos.
Para cualquier estudiante normalista rural, pueden transcurrir meses antes de ver a sus familias, pues trasladarse desde sus centros de estudio hacia sus lugares de origen, que suelen ser regiones extremadamente alejadas y empobrecidas, requeriría gastar el dinero de tres o cuatro meses de estudios en la ENR.
Las escuelas siempre han sido vistas con desconfianza por los gobiernos en turno y han tenido que defender su vigencia con base en movilizaciones.
Frecuentemente se les cataloga como “semilleros de guerrilleros” o “bombas de tiempo”. No ha habido un solo año en el que no exista una movilización en defensa de alguna escuela normal rural.
Por el contrario, estas normales han abierto el camino a cientos de estudiantes que han logrado salir de la pobreza por medio de la educación, reforzando las filas del magisterio digno, volviéndose personas críticas, analíticas y reflexivas.
El gran “error” de los profesores rurales es involucrarse no sólo con los niños, sino con la sociedad, como docentes, gestores, agricultores e incluso tomando el lugar de médicos y psicólogos.
En muchas ocasiones, las comunidades rurales no cuentan más que con estos docentes para aprender y ser atendidos en más aspectos que en el secular, y estas acciones promueven que las personas se constituyan como agentes de cambio para la consecución de una sociedad analítica sobre la situación en la que viven.
La cancelación del internado, el comedor, los módulos de formación o la reducción de la matrícula a causa del presupuesto miserable que les es asignado, han sido los motivos por los cuales dos normales han cerrado en tan solo unos años, y son también el motivo por el que los estudiantes de la ENR de Ayotzinapa salieron a “botear” en busca de recursos.
Si el gobierno federal y los gobiernos locales procuraran el presupuesto necesario para las ENR, garantizarán el derecho de asociación, manifestación y libertad de expresión; el día de hoy no tendríamos 6 estudiantes muertos, 43 desaparecidos, 17 heridos y más de 30 personas detenidas.
Mientras existan niñas y niños en el país, habrá necesidad de maestras y maestros que les enseñen; mientras exista la pobreza extrema en las comunidades rurales de nuestro país, existirá la necesidad de maestras y maestros rurales, así como de las escuelas normales rurales.
Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
Primero. Exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a que en el ámbito de sus facultades, y considerando los graves acontecimientos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero, que ponen en evidencia la vulnerabilidad y carencias económicas presentes en las Escuelas Normales Rurales (ENR), sostenga una reunión con representantes del comité central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México , a fin de elaborar un plan estratégico de apoyo a las ENR, que garantice la erogación de recursos suficientes para la operación y mantenimiento de las mismas.
Segundo. Exhorta a los gobernadores de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Campeche, Oaxaca y San Luis Potosí a que, en el ámbito de sus facultades y en colaboración con los respectivos comités de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, generen políticas educativas y económicas que garanticen la erogación de recursos suficientes para la operación y mantenimiento de las ENR de sus entidades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2014
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y a los respectivos congresos a garantizar la inclusión del enfoque participativo de la colectividad y los grupos sociales en la elaboración de los presupuestos para cada ejercicio fiscal, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y sus congresos locales a que establezcan las acciones necesarias a fin de garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y sus diversos grupos sociales en la elaboración de sus presupuestos para cada ejercicio fiscal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, a nivel mundial la delgada línea casi invisible de las fronteras que motiva la globalización ha permitido el afianzamiento de factores que representan para las naciones oportunidades y a la vez desafíos en la búsqueda del bienestar común con igualdad y equidad para todos.
Si bien las oportunidades al alcance de los estados implican condiciones básicas para su pleno disfrute y aprovechamiento, como las que ofrece la estabilidad macroeconómica, la verdadera atención de los gobiernos y sus gobernados se centra en los desafíos internos, que se derivan del sistema de producción social y de continuidad, que se da en las sociedades basadas en el conocimiento.
Para México, lo anterior no representa una excepción. Por el contrario, después de poco más de una década somos una nación con más de 112 millones de mexicanos que heredó al final de esos 12 años, 13 millones de personas que viven en extrema pobreza, con 1 de cada 4 habitantes que crece bajo condiciones de marginación, con 2.5 millones de desempleados, una economía con altos índices de dependencia externa y bajos niveles de autosuficiencia.
Nuestra sociedad y gobierno se enfrentaron a problemas de inseguridad, de incertidumbre, de limitadas opciones de desarrollo, educativas y culturales, de baja representatividad por parte de sus políticos e instituciones, de una descomposición social que trastoca a la familia desintegrándola y de las consecuencias de un progresivo desmantelamiento de la competitividad y la nula inserción internacional de nuestra economía.
Nos tuvimos que enfrentar a una nula capacidad científica, investigativa y de innovación tecnológica; porque nos ocupamos del contenido de la instrucción educativa que radica únicamente en la relación docentes-planes de estudio; pero nos olvidamos del perfil de nuestros egresados, incluso desde el nivel de educación básica. Afortunadamente, la reciente reforma educativa emprendida por el gobierno actual, atiende este problema.
En poco más de un año hemos logrado que las esperanzas de un futuro mejor se vuelvan realidad como resultado de la consolidación de las instituciones, tanto de gobierno como políticas y educativas, y de asumir a la vez los retos transversales en áreas estratégicas en el ámbito económico, político, social y educativo.
Vemos con expectativas, que gobierno y sociedad están coincidiendo para trabajar conjuntamente en aprovechar nuestras oportunidades internas y las ventajas comparativas que se derivan de la posición geográfica del país, eliminando la subsistencia de intereses ajenos a los nacionales y de sustituirlos por el interés de mejorar las condiciones de vida de los individuos, su bolsillo y la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, requerimos de la garantía de ciertas condicionantes que sumadas al compromiso de todos de asumir nuestra responsabilidad social, política y económica; permitan que nuestro crecimiento como nación de cara a los desafíos del futuro, se consolide.
En lo educativo y cultural, México cuenta ya con una reforma estructural que nos permite construir estrategias de generación de pensamiento culto, científico, investigativo y de innovación tecnológica. De educar no sólo para instruir, sino también para desprendernos del atraso histórico; con una revisión sistemática y replanteamiento periódico de nuestros planes de estudio y el compromiso de mantener un elevado perfil en el educando y el egresado de nuestras instituciones de educación pública.
Sobre lo económico, nuestro país logrará gracias al paquete de reformas recientemente aprobadas, eliminar la dependencia externa y multiplicar nuestras fuentes de ingresos sanos y autosuficientes mediante una visión y proyección de largo plazo; es decir con proyectos de nación y no con planes sexenales de gobierno. Todo ello mediante una adición de los intereses públicos y privados en el apuntalamiento del crecimiento sostenido.
En el contexto político, también el panorama mejora como resultado de las reformas en la materia que consolidan la fiscalización y la transparencia en el manejo de los recursos; como parte del ejercicio de vigilar y garantizar el adecuado desempeño de nuestros representantes. Garantiza una democracia incluyente, efectiva y participativa, que cuente con la profesionalización de los actores políticos y el uso de la política como un medio constructivo en el quehacer nacional.
Finalmente y ligado a lo anterior, en el ámbito social necesitamos asumir un enfoque que nos permita la revalorización desde la familia, sustentado por una vigorosa voluntad y educación cívica que nos recuerde que tenemos el derecho de ser respetados pero también la obligación de respetar. Pero sobre todo, como lo menciono en el párrafo que antecede, de ejercer una verdadera cultura de corresponsabilidad y actitud participativa.
Para ello, el 19 febrero de 2013, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales, la inclusión del enfoque participativo de la sociedad en la elaboración de sus presupuestos para cada ejercicio fiscal.
Desafortunadamente, los tiempos legislativos motivaron que se rechazara la propuesta, sin embargo tiene aún una mayor vigencia.
En la argumentación se establecía que “la plena participación ciudadana en todos los ámbitos que implica a la sociedad en su conjunto, es el resultado de contar con una sociedad integrada por mujeres y hombres conocedores de sus derechos y obligaciones; que se involucran y contribuyen determinadamente y solicitan espacios con mayor incidencia en todos los puntos donde se da la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas de su interés, con la intención privilegiada de mejorar su calidad y condiciones de vida.”1
Se afirmaba por igual que “actualmente, la participación ciudadana puede presentarse en cualquier contexto de la vida tanto en el ámbito social, jurídico, político y económico de nuestro país; lo que la ha convertido en una proveedora de vigencia y permanencia para la democracia incluyente y participativa; ya que al alejarla de caer en el reducido papel del discurso, hemos transformado al ciudadano no únicamente en un vigilante activo de las autoridades y su desempeño, sino también en parte dinámica y corresponsable de la toma de decisiones.”2
A pesar de haber transcurrido un año ya; la vigencia de la argumentación está más consolidada que nunca, debido a dos factores:
1. Contamos con un gobierno que privilegia la amplia participación de la sociedad, y
2. La participación ciudadana dejó de ser resultado de la iniciativa de la autoridad en turno y pasó a ser reflejo del interés de la sociedad del actuar y desempeño de sus gobernantes, así como también en la conquista de espacios en los lugares de toma de decisiones.
Por ello logramos en el nivel federal la construcción de alianzas entre gobierno, sociedad y actores políticos; que buscan el consenso y no la unanimidad, redituándonos reformas transversales en temas que anteriormente ni siquiera se hubieran contemplado.
La experiencia de este ejercicio nos demuestra que el desarrollar una efectiva cultura participativa, nos garantiza lo que afirmé desde la vez anterior: “los gobiernos al promover y garantizar una efectiva participación ciudadana, se ven en la posibilidad de conocer más detalladamente los problemas de sus ciudadanos, de compartir espacios de acercamiento, encuentro, reflexión y trabajo; que motive una mayor confianza hacia las instituciones y sus representantes, sustentando así la gobernabilidad requerida para todo gobierno incluyente.”3
No hay ninguna duda, la ciudadanía organizada y propositiva no sólo fortalece su civilidad sino también lo hace con su perspectiva de desarrollo sostenido tanto a corto, mediano y largo plazo.
Por ello requerimos que este enfoque de una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones que el actual gobierno federal utilizó con total éxito, se consolide en un tema medular que es de sumo interés para la sociedad: la construcción de sus prepuestos económicos para cada ejercicio fiscal, que año con año se da.
Para que así este valioso esfuerzo incluya en corresponsabilidad a los tres niveles de gobierno; es decir el federal, estatal y municipal, como también a esta soberanía que debe asumir desde sus facultades el reto de apoyar este valioso esfuerzo.
La sociedad en su conjunto debe participar por igual en responder año con año en qué y cómo gastar los recursos con los que se dispone para la operación de políticas públicas que nos beneficien a todos.
La integración de presupuestos participativos no puede ser responsabilidad única del Poder Ejecutivo, se requiere que los gobernadores, los presidentes municipales los representantes populares tanto federales como locales, los actores políticos y la sociedad, participen de manera ordenada y organizada.
Para que lo que mencioné con anterioridad sobre “el ámbito de interacción instalado en las buenas prácticas entre autoridades y ciudadanos, adquirirá variadas y fecundas formas de expresión con iniciativas conjuntas y propias, con amplios rangos de profundidad y alcance, y sobre todo con la posibilidad en el corto plazo de alcanzar los objetivos que se pretenden; al transformar la administración, captación y gasto de los recursos públicos en servicios y bienes para la comunidad en su conjunto; convirtiendo a este tipo de presupuestos en una forma de amplia expresión de civilidad.”4 Se dé a cabalidad y para el bien común.
Los presupuestos participativos resultado de una actitud propositiva y no descalificadora de la sociedad, son el camino a seguir como parte central de la consolidación de la democracia efectiva que el actual gobierno emprendió.
La prueba de la efectividad de la búsqueda de consensos, está dada y nos benefició con reformas estructúrales que antes se pensaban imposibles. Pasamos de lo posible a lo deseable y no podemos detenernos nuevamente. La sociedad en su conjunto debe asumir con sus gobiernos la responsabilidad en la construcción del futuro que será para todos.
Requerimos de una sociedad que participe, pero para ello necesitamos el establecimiento claro en la ley de esta obligación para todos por igual.
Con lo anterior, esta soberanía está obligada a asumir el compromiso de impulsar y profundizar en los estados y sus congresos locales, la integración de presupuestos participativos como una importante herramienta de expresión y participación ciudadana.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y a sus congresos locales a que establezcan las bases y mecanismos necesarios para garantizar la participación ordenada y organizada de la sociedad y sus diversos grupos, con la finalidad de establecer presupuestos económicos con un enfoque participativo en sus ejercicios fiscales.
Notas
1. Gaceta Parlamentaria, febrero 13 de 2013.
2. Gaceta Parlamentaria, febrero 13 de 2013.
3. Gaceta Parlamentaria, febrero 13 de 2013.
4. Gaceta Parlamentaria, febrero 13 de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre del 2014.
Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rubrica), Rafael González Reséndiz.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer campañas informativas y de creación de conciencia sobre el virus del ébola, los factores, los riesgos y las medidas para prevenir el contagio, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Martin Alonso Heredia Lizárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud para crear campañas de información y concienciación sobre el virus internacional del ébola, factores, riesgos y medidas de protección para prevenir el contagio así como distribuirla a través de los centros de Salud en todo el territorio nacional.
Exposición de Motivos
Día a día se incrementa el porcentaje de contagios a más territorios con el virus del ébola, ya que está considerado como sumamente mortal, la rapidez con la que provoca la muerte y las zonas remotas donde se producen las infecciones. Se transmite a los humanos a través del contacto con un animal huésped infectado vivo o muerto (monos, murciélagos, antílopes, etcétera) y se disemina de persona a persona por el contacto con la sangre, tejidos, secreciones y los fluidos corporales del sujeto infectado, y por el contacto con equipo médico contaminado, tales como agujas.
La transmisión nosocomial es la propagación de una enfermedad dentro de un centro hospitalario, este tipo de transmisión ocurre con frecuencia durante los brotes de virus del ébola. En la mayoría de los centros de salud de África los pacientes son atendidos sin mascarilla, batas o guantes. Además, cuando las agujas o jeringas que se utilizan pueden no ser del tipo desechable, si se contaminan con el virus y luego se vuelven a utilizar, muchas personas pueden ser infectadas.
De hecho, si se produce la muerte del afectado por el virus, el protocolo indica que no se le puede realizar la autopsia por el alto riesgo de contagio por los fluidos de la víctima, por lo que deberá ser incinerado.
El periodo de incubación de esta enfermedad oscila entre dos y 21 días, después de los cuales ocurre el inicio de los síntomas del ébola, aunque lo más habitual es que aparezcan entre el octavo y el décimo día. Fiebre alta y repentina, además como dolor de cabeza, molestias en las articulaciones y fuertes dolores musculares, dolor de garganta y debilidad generalizada, diarrea, vómitos y dolor de estómago, aparición de una erupción rojiza en la piel, congestión conjuntival (ojos rojos), alteración de la función renal y hepática, En algunos afectados pueden observarse hemorragias internas y externas.
La razón por la cual algunas personas son capaces de recuperarse de ébola y otros no sigue siendo un misterio para los científicos. Sin embargo, se sabe que los pacientes que fallecen, por lo general no han desarrollado una respuesta inmunológica significativa para el virus en el momento de la muerte.
Los síntomas del paciente y un interrogatorio exhaustivo que incluya preguntas sobre viajes recientes a zonas endémicas del virus del ébola, malaria o influenza son de vital importancia para dilucidar el diagnóstico de la infección por virus del ébola.
Existen exámenes de laboratorio específicos que permiten detectar la presencia del virus del ébola en la sangre o en el suero, sobre todo en la fase aguda, como lo es la determinación del ARN genómico o subgenómico; sin embargo, la técnica más común para determinar la infección por este virus es la detección de anticuerpos IgM e IgG por el método ELISA de captura o sándwich, esta técnica es una prueba inmunológica que está basada en la captura de los anticuerpos presentes en el suero del paciente cuando reaccionan con una proteína del virus fijada a un pocillo de una placa rectangular de poliestireno, un tipo especial de plástico.
Otras pruebas de laboratorio como el hemograma pueden aportar datos sugestivos de la infección, como los glóbulos blancos que suelen estar disminuidos (leucopenia). Asimismo, puede observarse elevación de la cifra de hematocrito, que es una medida indirecta del estado de deshidratación del paciente y las plaquetas que participan en la coagulación, las cuales se encuentran disminuidas (lo que se conoce como trombocitopenia). Más de la mitad de los pacientes afectados desarrollan algún grado de hemorragia.
La OMS confirmó apenas que el pasado 1 de octubre del año en curso un camarógrafo de la cadena estadunidense de televisión NBC contrajo ébola durante la elaboración de un reportaje en Liberia y será trasladado a los Estados Unidos para su tratamiento; así también, el pasado 30 de septiembre un brote más en Estados Unidos de una persona que se infectó en Liberia y luego viajó a Texas, con estos ya van cuatro estadounidenses se han contraído el virus. Y desde marzo de este mismo año, se han registrado otros más en Guinea Conakry, donde el número de afectados supera ya los mil y se ha extendido por Liberia, Sierra Leona y Mali, y en menor medida Nigeria. A día de hoy, la OMS ha reconocido que el virus está fuera de control, debido sobre todo a la facilidad y rapidez que tiene para propagarse, por lo que están haciendo todo lo posible a nivel regional e internacional para intentar prevenir su expansión a otras fronteras. Asimismo, se está desaconsejando viajar –salvo casos de extrema necesidad– a las zonas de África Occidental más azotadas por este brote.
El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en humanos y primates (monos, gorilas y chimpancé), causada por el virus del ébola , que se describió por primera vez en el año 1976 por el doctor David Finkes, cuando se presentaron varios casos de fiebre hemorrágica en Zaire y Sudán. El nombre del virus se debe al río ébola, geográficamente ubicado en Zaire.
El virus del ébola es uno de los dos miembros de una familia de virus de ARN (ácido ribonucleico) llamado Filoviridae . Existen cinco serotipos del virus del ébola: ébola-Zaire, ébola-Sudán, ébola-Costa de Marfil y ébola-Bundibugyo. El quinto serotipo, el ébola-Reston, ha causado enfermedad en los primates, pero no en humanos. Es una infección que se caracteriza por una alta tasa de mortalidad, que oscila entre el 50% y el 95% de los afectados. Debido a su naturaleza letal, este virus es considerado como un arma biológica.
El ébola es difícil de determinar, porque suele presentarse en forma de brotes o epidemia, sin embargo, en países como Estados Unidos la infección por este virus no es endémica, aunque existen registros de varias personas que trabajan en contacto directo con primates y que han adquirido la infección por el tipo ébola-Reston; afortunadamente, este tipo de virus no ha demostrado efectos patogénicos en seres humanos. Otras personas en riesgo potencial son los trabajadores de laboratorio y que lo hacen también con animales infectados o con cultivos del virus en tejidos.
Países como Sudán y Zaire han registrado brotes en 1976, con 284 casos y 151 fallecidos, y 318 casos 280 defunciones respectivamente, Inglaterra para ese mismo año registro un solo caso sin fallecidos; en el año 1979 se produce un nuevo otro brote en Sudan con 34 casos y 22 fallecidos. Hacia la década de los 90 se presentan casos en Filipinas (3), Virginia y Texas (4); asimismo, durante los años 1994 al 2000, Gabón registró el mayor número de casos, con más de 350 personas infectadas y alrededor de 280 fallecidos. En el año 2007, Uganda registra un nuevo brote de fiebre hemorrágica por virus del ébola con 149 infectados y 37 muertos. Este mismo país decretó a principios de octubre de 2012 el fin del brote de fiebre hemorrágica del ébola que se ha cobrado la vida de 17 personas, según datos de la OMS.
En la actualidad no existe ningún medicamento dirigido a combatir el virus del ébola, por lo tanto sólo se puede realizar tratamiento sintomático o medidas de apoyo. Entre ellas tenemos: para la fiebre, administrar Acetaminofén, nunca tomar Aspirina (ácido acetilsalicílico) por el riesgo que existe de manifestaciones hemorrágicas; también se debe ingerir abundantes líquidos para evitar la deshidratación y guardar reposo en cama.
Si el paciente tiene manifestaciones hemorrágicas requerirá la administración por vía endovenosa de líquidos, así como concentrado de plaquetas, factores de coagulación o de transfusiones de sangre si existen pérdidas importantes.
Igualmente, dentro del tratamiento del ébola, es necesario llevar un control estricto de los signos vitales como la frecuencia cardiaca, el pulso y la presión arterial con el fin de poder determinar cualquier signo indicativo de shock.
Actualmente, debido al virulento brote de ébola-Zaire que está teniendo lugar en África Occidental, se está procediendo a tratar a algunos pacientes con un suero experimental conocido como ZMapp. Otras compañías farmacéuticas trabajan contrarreloj para dar con una vacuna efectiva para luchar frente este virus.
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el control y prevención del virus del ébola se basa en tres pilares fundamentales:
*Controlar la infección en animales: actualmente no hay vacunas dirigidas a prevenir la infección por virus del ébola-Reston en animales, es por ello que se deben aplicar métodos químicos de desinfección utilizando hipoclorito de sodio y otros detergentes de forma regular en las granjas de animales como monos y cerdos. Ante la sospecha de cualquier brote del virus los animales deben ponerse en cuarentena o podrían incluso sacrificarse para evitar la transmisión a seres humanos.
*Disminuir el riesgo de la infección humana: al no existir una vacuna para seres humanos ni tampoco un tratamiento específico contra la infección por el virus del ébola la educación de la población en riesgo es un arma fundamental. Se deben implementar campañas de concienciación sobre los distintos factores de riesgo y las medidas de protección frente a ellos. En ciertos países africanos, al Ocurrir un brote de ébola se activan mecanismos de información y difusión de mensajes para reducir los riesgos de transmisión, los cuales deberán enfocarse en los siguientes aspectos como son el disminuir el contacto con animales salvajes que pudieran estar infectados como simios, monos y algunos tipos de murciélagos. Evitar el consumo de carne cruda, empleo de guantes y prendas protectoras para manipular animales, utilizar guantes, mascarillas y batas especiales para disminuir el riesgo de transmisión de persona a persona como consecuencia del contacto estrecho con personas infectadas, en particular con sus líquidos corporales, además de lavarse las manos frecuentemente, sobre todo después de visitar a familiares enfermos en el hospital, así como después de haber cuidado a enfermos en el hogar.
En las últimas horas se sabe que países como Cuba, China y Estados Unidos enviarán a personal experto para apoyo a culminar con este virus con el objetivo es equipar a todos los países con sistemas de laboratorio y vigilancia sanitaria para detectar patógenos así como operaciones de emergencia que puedan controlar un brote con rapidez.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Salud a crear campañas de información y concientización sobre el virus internacional del ébola, factores, riesgos y medidas de protección para prevenir el contagio así como distribuirla a través de los centros de salud y medios de Comunicación masivos en todo el territorio nacional.
Dado en la Cámara de Diputados, a 21 de octubre de 2014.
Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a efecto de que el IMSS adopte medidas a fin eliminar el trámite de comprobación de supervivencia para pensionados y jubilados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social adopte las medidas necesarias para eliminar el trámite de comprobación de supervivencia a los pensionados y jubilados por representar un sector social vulnerable y lo cual transgrede sus derechos fundamentales, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La seguridad social nace en Alemania, en la época del Canciller Otto von Bismarck, con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883.
En México, la seguridad social tiene como antecedente la Constitución Política del 5 de febrero de 1917 en el artículo 123 fracción XXIX, que establece: “Se considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo y de otras con fines análogos para lo cual el gobierno federal, como el de cada estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para difundir e inculcar la previsión popular”. Derivado de lo anterior, se crearon institutos especializados para la atención de los trabajadores, que dependiendo del tipo de empresa en la que laboraban era la naturaleza de la institución que los respaldaba.
De esta forma nacieron las siguientes instituciones:
IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social.
ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
ISSFAM, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Infonavit, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Fovissste, Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores.
El objetivo de la seguridad social es ofrecer protección a las personas que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales para que puedan seguir satisfaciendo sus principales necesidades, para lo cual se les proporciona seguro social. Estos servicios o beneficios incluyen típicamente la provisión de pensiones de jubilación, seguro de incapacidad, pensiones de viudez y orfandad, cuidados médicos y seguro de desempleo, sin embargo, el término es también usado para referirse a la seguridad básica, tales como comida, educación y cuidados médicos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un documento publicado en 1991 denominado “Administración de la seguridad social”, definió la seguridad social como:
“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.
Asimismo, la seguridad social es considerada como un derecho en la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde claramente se expresa:
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
De lo anterior se puede inferir que la seguridad social es un derecho de todas y todos los mexicanos que el Estado, como institución, está obligado a brindar en un plano de igualdad, sin hacer distinción de edad, sexo, religión, preferencias, ni de ninguna otra índole, incluyendo la institución a la cual esté afiliado para recibir éste servicio, en los términos que permita satisfacer sus necesidades bajo el respeto irrestricto de la dignidad humana.
Lo anterior se menciona toda vez que a partir del mes de Mayo del presente del año el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) estableció que más de un millón de Jubilados y Pensionados que son ex trabajadores del Estado y cerca de cuatro millones contando los familiares, no estarán obligados al pase de vigencia o de revist a como es comúnmente conocido el trámite de vigencia para verificar que si aún se encuentran con vida éstas personas, lo cual no sólo es indignante, sino en ocasiones por sus circunstancias físicas particulares les es casi imposible realizarlo.
La institución consideró que el obligar a las personas adultas a trasladarse físicamente a las oficinas o clínicas correspondientes para realizar el trámite de “pase de vigencia”, y que en algunos casos se tenían que auxiliar de ambulancias para poder llegar al lugar donde se debería de cumplir con el trámite resulta innecesario, ya que existen mecanismos para verificar que aún están con vida, como lo son una serie de convenios de colaboración para el intercambio de información con instituciones como Consejo Nacional de Población.
El pase de vigencia de los jubilados se realizaba en dos periodos del año, del 3 de febrero al 15 de abril y del 1 de agosto al 15 de octubre de cada año, teniendo en cuenta que se deben de realizar dos veces al año. Eliminando de esta manera la presencia física en las instalaciones del Instituto a los jubilados.
Ahora bien, de acuerdo a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su Artículo 214 en la fracción X:
“Artículo 214. Corresponde a la Junta Directiva: la Junta Directiva en su atribución:
...
X. Dictar los acuerdos que resulten necesarios para otorgar los beneficios previstos en los seguros, prestaciones y servicios establecidos en esta Ley;
Congruentemente, se instruyó a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, llevara a cabo las acciones necesarias para la verificación del estatus de los pensionados y jubilados, sin que tengan que presentarse en las instalaciones del Instituto . Así como la creación de un Centro de Estudios y Apoyo a la Tercera Edad a escala nacional, lo cual no sólo dicho acuerdo refrenda su respeto a dichos beneficiarios, sino además representa un precedente muy importante.
Como consecuencia, las personas serán visitados en sus hogares por el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); es importante hacer notar que el beneficio de las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta que son las personas más desprotegidas a causas de sus dolencias y las condiciones físicas que naturalmente se dan por el trascurso de la vida.
El envejecimiento es comúnmente una experiencia fisiológica de un progresivo declive en las funciones orgánicas y psicológicas como una pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas, por estas razones el tener que acudir a las oficinas o clínicas del Instituto para dar cuenta de que aún se encuentran vivos para poder tener derecho de seguir cobrando sus respectivos pagos y que dependen de ellos para mantenerse, en base a un derecho fundamental, resulta en ocasiones un verdadero esfuerzo y desgaste innecesario.
Se considera a las personas de 60 a 74 años como de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos.1 A todo individuo mayor de 60 años se le llamara de forma indistinta persona de la tercera edad, aunado a lo anterior, es importante destacar que gran mayoría de los ancianos utiliza bastón, caminadora o silla de ruedas para su movilidad.
Lo anterior fue posible gracias a que la Junta Directiva del ISSSTE, con el respaldo unánime de las representaciones sindicales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) y Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (STGDF) aprobó formalmente el 29 de abril del 2014, en su sesión ordinaria 1344 presidida por el Director General, Sebastián Lerdo de Tejada, la cancelación del pase de vigencia presencial para cerca de un millón de jubilados y pensionados.
En nuestro país existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la cual establece en su artículo 14 fracción segunda que se desarrollan los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores. Es por ello que es necesario implementar en el Instituto Mexicano del Seguro Social los mismos mecanismos como lo realizó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para lograr una equidad normativa.
Ahora bien, tomando en consideración que la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, establece en su artículo 264 fracción XIV que corresponde al Consejo Técnico del propio Instituto conocer y resolver todos aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia, como lo es el caso en particular que nos ocupa, siendo el de respetar la dignidad de las y los pensionados y jubilados, tomando en consideración las circunstancias particulares físicas que su caso les representa el comparecer en forma regular para dar testimonio de su propia existencia, lo cual no solamente es indigno, sino violatorio de sus derechos humanos, aunado que ésta medida ya ha sido implementada por otra institución de seguridad social como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el no hacerlo, resulta discriminatorio.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, se exhorte de manera respetuosa al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a adoptar las medidas pertinentes para eliminar el trámite de comprobación de supervivencia a los pensionados y jubilados por resultar violatorio de sus derechos fundamentales, tal y como ocurrió con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Para lo cual se deberán implementar los mecanismos de verificación que respeten sus derechos humanos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 Según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2014.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita Landy Margarita Berzunza Novelo, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 4, fracción I, y artículo 79, sección tercera, numeral 1, fracción 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se dé cumplimiento al transitorio sexto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y se emita el reglamento de dicha ley, por haberlo ordenado así el citado precepto, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 24 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ordenamiento que cobró vigencia el 22 de octubre de ese mismo año, por disponerlo así el Transitorio Primero del decreto, al definir noventa días de vacatio legis previa a su vigencia.
No obstante la falta del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el propio legislativo dispuso que entretanto se expida el nuevo, continuaría vigente el Reglamento de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no contravenga las disposiciones de la Ley General, vigente a partir de octubre de 2007.
Es conocido de la ciudadanía que las precisiones que debe normar el reglamento que el Ejecutivo Federal emita impactan y afectan al sector pesquero y acuícola del país, toda vez que mientras que la ley vigente obliga a contar con un Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, el artículo 122 en su tercer párrafo de la Ley General prevé que la organización y funcionamiento de dicho Registro se determinarán en las disposiciones reglamentarias que deriven de la propia Ley. Y continúa el referido párrafo con la indicación de que el Inapesca, el Senasica y los gobiernos de las entidades federativas contribuirán a la integración, actualización y funcionamiento del Registro, en la forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables.
Para ser más claros, el actual Reglamento de la Ley de Pesca vigente, únicamente se refiere a un registro nacional de pesca y a la opción, con el término podrá , que no la obligación, de la Secretaría del Ramo a inscribir en el Registro Nacional de Pesca a los acuacultores que no requieran concesión, permiso o autorización. Es ampliamente conocido que actualmente, hasta para acceder a algún tipo de apoyo de programas en concurrencia, se requiere de la inscripción en el registro nacional de pesca o acuícola.
La vigente Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables impone a las actividades pesquera y acuícola la necesidad de que, quienes se dediquen a ellas, sean de naturaleza comercial, de fomento, didáctica o deportivo-recreativa requieren de permiso o concesión, luego entonces, es imperativo que se emitan el o los Reglamentos de la Ley vigente, con la finalidad de que los servidores públicos a quienes corresponde su aplicación cuenten con un elemento normativo que les permita completar los programas en materia de ordenamiento pesquero y acuícola y a las autoridades estatales con atribuciones concurrentes, de atender con precisión cada aspecto que la Ley General aborda y, a los productores a quienes se dirige, dar cumplimiento en tiempo y forma con sus obligaciones.
Se encuentran en el texto de la vigente Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables múltiples remisiones a lo que el o los reglamentos dispongan u ordenen, y otro claro ejemplo es el funcionamiento e integración del Promar, figura que bajo la modalidad de “Fondo” establece la Ley. Sin embargo, es preciso que en el Reglamento de la Ley se describan las funciones, formalidades para acceder a sus recursos, términos para su funcionamiento, rotación de los integrantes del “Comité Mixto” que lo operará, aspectos todos que serían, materia del reglamento de la ley, o de un reglamento específico para su operación.
En mérito del término vencido en demasía sin que se haya pronunciado algún legislador para realizar modificaciones al transitorio que otorgó seis meses al Presidente de la República, titular del Ejecutivo federal para que emita el acuerdo correspondiente, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de su titular, el Presidente de la República, emita el acuerdo por el que se expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada el 24 de julio de 2007, con vigencia a partir del 22 de octubre de 2007.
Diputada Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo a difundir en el sitito oficial de internet el estado actual y la prospectiva del personal capacitado nacional con que cuentan las industrias petrolera, petroquímica y química para llevar a cabo las actividades y funciones desprendidas de la reforma constitucional en materia energética, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Mirna Esmeralda Hernández Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Gracias a los intensos informes, debates y consultas que se realizaron en torno a la aprobación de la reforma energética, es de todos conocido que nuestro país es líder en la explotación de pozos petroleros ubicados en aguas someras, es decir, aquellas que se encuentran en zonas marinas cuya profundidad máxima es de 500 metros bajo el nivel del mar; pero los yacimientos existentes a mayor profundidad apenas han sido explorados por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Lo anterior se debe a la imposibilidad, tanto tecnológica como económica, de la paraestatal para poder explorar los yacimientos existentes a mayor profundidad o en cuerpos pétreos. La maquinaria y la tecnología de punta requeridas para hacerlo necesitan que se destine una gran cantidad de fondos monetarios al efecto. Es cierto que el presupuesto que se le otorga a Pemex bastaría para realizar los trabajos tendientes a la obtención de ese petróleo, pero no garantizaría resultados favorables y simultáneamente se descuidaría la extracción que, en gran medida, sostiene la economía mexicana.
Ahora bien, una de las principales consecuencias de la reforma energética publicada el 20 de diciembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, es la inminente posibilidad de que las reservas petroleras contenidas en aguas profundas, ultraprofundas o en rocas de lutitas, sean exploradas, extraídas, refinadas, transportadas, almacenadas y distribuidas gracias a la inversión que las empresas particulares lleguen a concretar.
En los últimos años, la producción petrolera en la que se es líder, ha experimentado un decremento que se espera revertir con la obtención del hidrocarburo existente en cada una de las zonas anotadas. Para lograrlo, las empresas particulares, nacionales y extranjeras podrán invertir el capital y proporcionar la tecnología necesaria para realizar aquellas actividades que no sólo involucran la exploración de yacimientos, la perforación de pozos y la extracción de petróleo, sino el diseño y la construcción de la infraestructura superficial y submarina necesaria para ello y para almacenarlo, transportarlo y distribuirlo.
Para ejemplificar lo anterior podemos remitirnos al caso de las rocas lutitas, que contienen en su interior además de gas shale, un alto volumen de petróleo y cuya fractura requiere de mecanismos hidráulicos y una tecnología ad hoc para liberar, con la mayor oportunidad y eficiencia, la mayor cantidad posible del hidrocarburo, y por su alto costo sólo se encuentra en poder de las empresas petroleras especializadas en la extracción de tal petróleo.
La participación de las empresas particulares traerá como consecuencia lógica un considerable incremento de oportunidades de empleo en todas las ramas relacionadas con los procesos ubicados entre la exploración de los yacimientos y la distribución del hidrocarburo o alguno de sus derivados.
Entre ellas podemos señalar a la ingeniería química que proporcionan aquellos profesionales con los conocimientos necesarios para caracterizar los yacimientos y determinar la cantidad de hidrocarburos que contienen; programar y dirigir la perforación y explotación de pozos, además de instalar los mecanismos artificiales necesarios para hacerlo y darles el debido mantenimiento; verificar las operaciones de inyección de fluidos en procesos de recuperación secundaria y mejorada de hidrocarburos; describir, analizar e interpretar la información obtenida en los procesos de extracción; vigilar la correcta conducción del hidrocarburo desde el subsuelo hasta la superficie, además, puede realizar un análisis económico y de factibilidad de los proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos y dirige su puesta en operación.
Por otra parte, los ingenieros petroquímicos están capacitados técnica y científicamente para crear o modificar tecnologías para la explotación y transformación de los hidrocarburos, métodos nuevos y perfeccionados para el tratamiento inicial y refinación del petróleo, controlar los procesos de producción de polímeros y de insumos para las industrias de pinturas, lacas, barnices, fertilizantes, insecticidas, etc.; realizar el control de calidad de los productos derivados de los hidrocarburos y los procesos de síntesis, caracterización y aplicación de productos petroquímicos para usos en la industria química, entre otros.
Pero además de estas carreras que están íntimamente relacionadas y especializadas con la rama petrolera, su operación práctica necesita de una coadyuvancia interdisciplinaria. Por ello, las plazas laborales también requerirán de ingenieros químicos, geólogos, físicos e inclusive economistas, matemáticos, ingenieros mecánicos y electrónicos que participen en toda la gama de actividades previas al consumo de combustibles o derivados del petróleo e incluso en la transportación de los mismos, para desarrollarse en tierra y en barcos o plataformas perforadoras.
El creciente mercado de empleo que se vislumbra para el futuro próximo nos incita a contar con una información fidedigna y constatable que nos haga evidente la situación que guarda el talento mexicano en relación con los nuevos requerimientos que traerá consigo la reforma energética y la inversión de las empresas particulares.
Las disposiciones del artículo 2 tanto del decreto que crea al Instituto Mexicano del Petróleo como organismo descentralizado como del estatuto orgánico que lo rige, señalan que entre los principales objetivos de dicho Instituto se encuentra la prestación de los servicios especializados que la industria petrolera, petroquímica o química requiera, además de la formación y capacitación de los profesionales calificados para prestarlos.
El mencionado precepto del estatuto orgánico señala a la letra:
Artículo 2. El Instituto tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológicos requeridos por las industrias petrolera, petroquímica y química, la prestación de servicios técnicos a las mismas, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados en las áreas de su actividad, mediante
I. La investigación científica básica y aplicada;
II. El desarrollo de disciplinas de investigación básica aplicada;
III. El desarrollo de nuevas tecnologías y procesos;
IV. La realización de estudios técnicos y económicos;
V. La ejecución de proyectos de nuevas instalaciones industriales;
VI. La prestación de servicios de carácter tecnológico;
VII. Las actividades necesarias para llevar los desarrollos tecnológicos propios, hasta un nivel de industrialización, mientras dure la etapa de experimentación y perfeccionamiento de los procesos y productos;
VIII. El otorgamiento de asistencia técnica a los usuarios de los procesos, equipos o productos, resultantes de su tecnología;
IX. El establecimiento de relaciones de información y colaboración científica y tecnológica, con entidades nacionales y extranjeras;
X. La difusión de desarrollos científicos y su aplicación en la técnica petrolera;
XI. La elevación de los conocimientos teóricos y el mejoramiento de las habilidades prácticas, logrados con la capacitación del personal obrero, administrativo y técnico;
XII. La realización de programas de prácticas estudiantiles y profesionales en la industria petrolera nacional;
XIII. La realización de planes de perfeccionamiento y de capacitación superior de los profesionales;
XIV. La formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas de su actividad;
XV. La contratación y ejecución de obras y la prestación de los servicios propios de los fines que constituyen sus objetivos tanto dentro del territorio nacional como en otros países;
XVI. La comercialización de los productos y servicios resultantes de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico; y
XVII. Cualesquiera otros medios conducentes al objeto señalado.
El Instituto Mexicano del Petróleo fue creado con la intención, por una parte, de formar a los investigadores y realizar las investigaciones que requiere el desarrollo tecnológico de la industria petrolera y petroquímica y por otra, con la de formar especialistas cada vez mejor preparados que con su eficacia y eficiencia hicieran progresar a Pemex manteniéndola a la vanguardia.
El segundo punto es desarrollado capacitando al talento que haya cursado las carreras que pueden requerirse en el complejo proceso de extracción de petróleo, pero además, impartiendo estudios de posgrado para formar especialistas de excelencia tanto en los ramos de la ingeniería como de ciencias. Las especializaciones, maestrías y doctorados involucran tanto procesos administrativos como productivos y se abocan a muy diversos ámbitos como mecánica de fluidos, sistemas flotantes y de amarre de embarcaciones, aseguramiento de flujo, ductos y risers, equipos submarinos, oceanografía, meteorología, hidrodinámica, geotecnia, perforación, procesado e interpretación de métodos geofísicos, interpretación petrofísica de registros de pozos, selección de materiales metálicos y no metálicos, comportamiento mecánico estructural, corrosión de metales, tecnologías de proceso, tecnologías de catalizadores, etcétera.
La finalidad es que los técnicos formados en sus instalaciones sean punta de lanza en la tecnología y procesos petroleros (que incluye su seguridad, mantenimiento y distribución), además de toda la infraestructura que los rodea y de su inherente transformación industrial traducida en el combustible indispensable para la vida diaria y la inmensidad de productos que se obtienen del “oro negro”.
Ahora bien, el objetivo del presente punto de acuerdo es que se haga pública la información en el sitio oficial de internet, que permita vislumbrar si los esfuerzos llevados a cabo por el Instituto Mexicano del Petróleo colman los requerimientos que las nuevas tecnologías y procedimientos utilizados en la exploración y extracción del hidrocarburo ubicado a grandes profundidades submarinas o en rocas lutitas necesitarán.
Justo es señalar que la presente proposición con punto de acuerdo no pretende solicitar información a dependencia gubernamental alguna, siendo coherente con lo prescrito el artículo 79, numeral 3, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Su objetivo principal es hacer pública la información sobre el estado actual del personal humano capacitado en la industria del petróleo; ello, a fin de que el Estado mexicano aproveche a los talentos nacionales, con estudios superiores en la materia, informándolos sobre los nuevos requerimientos del mercado laboral.
Pemex estima que para 2016 se requerirán los servicios de 85 geocientíficos y 135 ingenieros petroleros cada año, y la necesidad de saber si los profesionales y técnicos mexicanos serán capaces de afrontar ese gran reto se torna imprescindible.
En virtud de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo, órgano descentralizado de Petróleos Mexicanos, a hacer pública la información en su sitio oficial de internet sobre el estado actual y la prospectiva del personal capacitado mexicano con que cuentan las industrias petrolera, petroquímica y química nacionales para llevar a cabo las diversas actividades y funciones que se desprenden de la reforma constitucional en materia energética.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.
Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a garantizar por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios que el costo de la tonelada de maíz no se deprecie a futuro, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN
El que se suscribe, diputado Martín Heredia Lizárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76 fracción IV y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que el costo de la tonelada de maíz no se deprecie a futuro, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De conformidad con las estimaciones de la Bolsa de Chicago los valores actuales de los precios de la tonelada del maíz son los más bajos de los últimos cuatro años. En este contexto, la tonelada del precio del maíz se estima que cierre, para octubre de 2014, entre 132. 18 y de 136. 41 dólares por tonelada, equivalentes. En este segmento negativo -dentro de un contexto bajista que se extiende desde mayo pasado-, los fondos especuladores liquidaron 20 mil contratos de maíz, equivalentes a 2,54 millones de toneladas1 .
Los precios actuales del maíz, al 13 de octubre de 20142 , de conformidad con los datos proporcionados por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, son los siguientes:
Reporte diario de precios de contado en diversos mercados internacionales
Precios correspondientes al 13 de octubre de 2014
(17:02:01 horas)
(Dólar/tonelada)
Fuente: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca)
En relación con el caso mexicano, de acuerdo a los propios datos de Aserca, el precio asegurado de la tonelada de maíz en el país es de 4 mil 440 pesos por 809 mil toneladas bajo contrato. Mientras tanto, que el precio ordinario de la tonelada en el mercado pecuario es de alrededor 3 mil pesos.
Asimismo, es importante destacar que el precio de la tonelada del maíz ha tenido una disminución constante en su valor, de acuerdo a los indicadores de la Bolsa de Chicago, en agosto de 2013 el precio de la tonelada del maíz era 212.10 dólares estadounidenses (USD), lo cual significa una caída del precio de 52 por ciento con respecto a la tonelada de maíz Sur Central de dicha bolsa.
Es importante destacar que durante el año pasado 2013, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó un subsidio de 200 pesos por tonelada a los productores de maíz en el país para mantener la estabilidad de los precios3 .
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, durante su comparecencia ante integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura; Sistemas de Riego y Ganadería de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del segundo Informe de Gobierno del presidente de la República, ocurrida el pasado 19 de septiembre, en relación con el maíz únicamente señaló lo siguiente:
“(...) Actualmente se está llevando a cabo el seguimiento de 10 productos sensibles: maíz, frijol, trigo, sorgo, azúcar, huevo, leche, pollo, carne de res y carne de cerdo.
(...) Para este año agrícola se estima alcanzar un nuevo récord de producción de 193 millones de toneladas, destacando las buenas cosechas de maíz, sorgo y frijol, lo cual ha permitido avanzar en la meta de producir el 75 por ciento de los principales granos y oleaginosas (...)4 ”
Por lo anterior, existe una falta de pronunciamiento de dicha dependencia respecto a las acciones que se emprenderán para mitigar la disminución de los precios del maíz por parte del gobierno de la República.
Contexto del precio del maíz a nivel internacional
Un incremento de casi 30 por ciento en la oferta de maíz para el periodo 2013-2014 en Estados Unidos, llevó al cereal a registrar su mayor caída semanal desde septiembre del año pasado.
El mundo está repleto de maíz, hoy en día existe un exceso de inventarios por parte de los principales productores del grano, como Estados Unidos, que también es el principal exportador.
Analistas coinciden en que Estados Unidos de América tendrá en este ciclo una cosecha abundante, lo cual traerá consigo una mayor presión a los precios de los granos en los meses o años por venir, según publicó el diario británico Financial Times , en su edición electrónica de este jueves.
“La cosecha de granos es muy buena. Se romperá el récord este año”, comentó al Financial Times Chris Gadd, analista de granos en Macquarie.
La cosecha de granos de Estados Unidos será crucial para restaurar los inventarios agrícolas en el mundo, los cuales fueron sacudidos por las fuertes lluvias de los últimos años.
Según la publicación de origen británico, el mundo no se enfrenta a una abundancia de granos, pero por lo menos los inventarios se acercan a niveles que traerán tranquilidad a las autoridades encargadas de las políticas alimentarias de los países, pero aburrimiento para los traders de los commodities agrícolas.
En todo el hemisferio norte el clima ha beneficiado este año a las cosechas de maíz, por lo que se estima que los principales productores del grano tengan sobreproducción en niveles récord.
En China, el segundo productor mundial de maíz, las autoridades han luchado para administrar el excedente, al tiempo que estiman una cosecha récord.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en su último análisis publicado el pasado 12 de agosto, calcula que la producción tanto de maíz como de otros granos, como la soya, serán récord en siete estados de la Unión Americana.
Los rendimientos por hectárea de maíz en Estados Unidos serán este año de 167.4 bushels, y de soya de 45.4 bushels, ambas las más altas de la historia.
Thomson Reuters Lanworth, que basa sus proyecciones en observaciones en sitio y con imágenes satelitales, estima la cosecha de maíz en 174.5 bushels por hectárea y de 46.7 bushels en el caso de la soya.
Por ello, los precios del maíz han estado bajando durante todo el año, sobre todo en el verano, cuando el clima favoreció mucho las cosechas.
Desde el pasado 1 de mayo, el precio de los futuros de maíz para entrega en diciembre ha caído cerca de 27.74 por ciento, a 3.68 dólares por bushel, mientras que los futuros de la soya para entrega en noviembre han caído en el mismo periodo cerca de 17.48 por ciento, a 10.29 dólares el bushel en Chicago.
Sin embargo, el ritmo de la caída en los precios se desaceleró este mes, a pesar del exceso de la producción de granos en Estados Unidos.
Hal Reed, director de operaciones en The Anderson, una comercializadora de granos en Estados Unidos, dijo que “existe una demanda temprana de frijol y maíz, lo cual evitará que los precios caigan dramáticamente”5 .
En el estado de Sinaloa el precio por tonelada de maíz que se paga a los agricultores cayó 34 por ciento al pasar de 4 mil 800 pesos de diciembre de 2012 a 3 mil 150 pesos en marzo de 2013.
El mes de julio del presente año, organizaciones agrícolas, gobierno del estado y Aserca establecieron un acuerdo para el precio del maíz.
Los productores que tengan hasta 10 hectáreas podrán aspirar a un precio lleno de 3 mil 850 pesos por tonelada, el resto estará en condiciones de recibir hasta 3 mil 700 pesos por tonelada.
Con el establecimiento de este acuerdo, más de 8 mil productores, en su mayoría del sector social, quedaran protegidos, ya que tienen la garantía 3 mil 850 pesos por tonelada.
El gran reto del gobierno federal es garantizar estos pagos a los productores, ya que el diferencial entre el valor del maíz en la bolsa de Chicago (mil 800 pesos por tonelada) y el pago que se acordó con los productores (3 mil 850 pesos por tonelada) es de 2 mil pesos aproximadamente.
En razón de las consideraciones vertidas, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se garanticen estos pagos a los productores, y haga previsiones en su presupuesto ya que el diferencial entre el valor del maíz en la bolsa de Chicago por tonelada es aproximadamente de dos mil pesos: mil 800 pesos por tonelada en Chicago y el pago que se acordó con los productores es de 3 mil 850 pesos por tonelada.
Notas
1. http://www.lanacion.com.ar/1724513-nueva-caida-del-valor-de-la-soja-y-d el-maiz-en-la-bolsa-de-chicago
2. http://www.infoaserca.gob.mx/fisicos/fisico.asp?de=maiz
3. http://www.quadratin.com.mx/principal/Inicia-compra-de-maiz-y-sorgo-con -subsidios-de-Sagarpa/
4. Mensaje inicial del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, durante su comparecencia ante integrantes de las Comisiones Unidas de Agricultura; Sistemas de Riego y Ganadería de la Cámara de Diputados, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/discursos2012-2018/Paginas/2014D 012.aspx
5. http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/08/28/precios-mai z-picada
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2014
Diputado Martín Heredia Lizárraga (rúbrica)
Con motivo del 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN
En este día en el que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, debemos recordar que el principal objetivo de dicha conmemoración es el de sensibilizar a la población acerca de la importancia de su detección temprana.
El cáncer de mama tiene sus principales aliados en la ignorancia, la injusticia y la anarquía sociales padecidas por la mujer. Es necesario combatirlos mediante el funcionamiento organizado de los servicios de salud, con equidad y justicia.
La conmemoración de este día debe remitirnos a un valor trascendental para el ser humano: el de la defensa de la vida, el cual no se desvincula del derecho de cada persona a ser dotada de todo lo necesario para vivir con dignidad.
Los legisladores de Acción Nacional consideramos urgente que se establezca un sistema efectivo para la detección temprana del cáncer de mama.
Pero también lo es que el sistema nacional de salud sea conducido a los más altos niveles de efectividad y eficiencia, en la prevención de este tipo de cáncer; del cual las mujeres son las principales víctimas.
Resulta imperativo que realicemos acciones planificadas, programáticas, sostenibles y focalizadas en los grupos de mujeres con el mayor riesgo de padecer cáncer de mamá. Sólo así, se podrá cambiar el paradigma de que esa enfermedad se encuentre en las principales causas de muerte para la mujer.
Entre los principales factores que pueden incrementar el riesgo de contraer cáncer de mamá se encuentran: la genética, el retraso de la maternidad, la exposición a fuentes físicas de riesgo, el uso de algunos anticonceptivos, el alcoholismo, la obesidad, tener 45 o más años de edad y estar o haberse sometido a terapia hormonal combinada.
Cualquier estrategia de lucha contra el cáncer de mamá, debe priorizar el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico a favor de las mujeres con mayor grado de exposición a esos factores de riesgo.
No debemos permitir que el enfoque de la medicina curativa soslaye los efectos, que el cáncer de mamá genera en la personalidad y en la autoestima de la mujer, que padece o ha padecido cáncer de mama.
En Acción Nacional consideramos urgente que las instituciones de salud de carácter público, garanticen la inclusión de la reconstrucción estética mamaria en todo procedimiento de mastectomía.
En esta día mundial de la lucha contra el cáncer debemos manifestarnos contra todo intento de estigmatizar a la mujer con cáncer de mama, manifestarnos a favor del derecho a la información para la protección de la salud de la mujer y, en contra de todo obstáculo para que las mujeres tengan acceso efectivo a la prevención y al diagnóstico oportuno del cáncer de mama.
Atentamente
Diputada Blanca Jiménez Castillo