Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3985-VII, jueves 20 de marzo de 2014
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la secretaria de Salud que fije medidas para garantizar por obligatoriedad que todo el personal prestador de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en guarderías cuente con estudios específicos en la materia comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., apartado 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a que realice las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace poco más de dos décadas la familia mexicana ha sufrido cambios en su organización, la gran mayoría motivados básicamente por la necesidad de proveer el sustento.
Es así que tenemos hogares donde cada vez más ambos padres trabajan, o bien hay padres solos que son el único sostén de la familia como por ejemplo madres solteras o jefas de familia que tienen que equilibrar el tiempo que destinan a su trabajo con el que le brindan a sus hijos y encontrar entre éstos dos un espacio donde sus hijos estén bien.
Cifras al respecto aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1 indican, que tan sólo en el inicio de la década del año 2000 cerca del 35 por ciento de mujeres activas económicamente tuvieron que abandonar sus trabajos ya sea en el sector servicios o comercio, por no contar con alguien que cuidara a sus hijos. Desgraciadamente éste porcentaje no ha dejado paulatinamente de incrementarse a la fecha.
De igual manera, tenemos que más del 40 por ciento de la población económicamente activa son mujeres que se encuentran entre 25 y 39 años2 (edad de plenitud laboral o profesional, que coincide con la etapa de maternidad planeada) y muchas de ellas son la cabeza y el único sustento económico de más de 5 millones de hogares en el país.
Sin embargo; independientemente de la estructura organizacional y de funcionamiento económico de la familia, la realidad es que la demanda de las estancias denominadas “infantiles” o “guarderías”; que son espacios en donde se reciben a los menores de 43 días de nacidos y hasta los 5 años 11 meses de edad, para cuidarlos el tiempo necesario para que sus padres cumplan con su jornada laboral –generalmente todo el día–, se ha incrementado y no solo son necesarias, sino incluso imprescindibles.
En México se ha detectado lo anterior y se han hecho esfuerzos institucionales para otorgarle la debida atención al asunto. Parte de estos esfuerzos radican en la identificación plena de sus características; por ejemplo existen tres modalidades de estancias infantiles:
• Las subsidiadas por alguna institución pública local o una organización civil;
• Las destinadas a trabajadores derechohabientes de institutos de salud o empresas; y
• Las privadas o también consideradas particulares.
Así como también se han definido sus objetivos, su misión y sus obligaciones; al respecto la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil publicada el 24 de octubre del 2011, es muy clara y en ella se expresa lo siguiente:
• Encomienda:
“Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.”
• Organización:
“Artículo 11. El Ejecutivo federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y los municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:
I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;
II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;
III. A la atención y promoción de la salud;
IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;
V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;
VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;
VII. A la no discriminación;
VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez; y
IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta.”
• Funcionamiento:
“Artículo 12. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta ley, en los centros de atención se contemplarán las siguientes actividades:
I. Protección y seguridad;
II. Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil;
III. Fomento al cuidado de la salud;
IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el centro de atención o a través de instituciones de salud pública o privadas;
V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;
VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños;
VII. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad;
VIII. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo;
IX. Enseñanza del lenguaje y comunicación;
X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.”
Con estos esfuerzos, se pretendió institucionalizar la seguridad y la integridad de los menores a los que les asiste éste derecho y además garantizar para la tranquilidad de sus padres o tutores, que el desarrollo de sus hijos se brindaría bajo las mejores condiciones.
Si bien, se ha logrado avanzar al respecto en materia de ordenamiento, regulación operacional, medidas de seguridad, prevención de accidentes y protección civil en la zona circundante a las instalaciones; todavía no se ha obtenido lo deseable por encima de lo posible.
Aún queda mucho por hacer en la materia.
Por ejemplo, no se ha logrado contabilizar el número exacto del total de guarderías y estancias infantiles que operan en el país, existe una cifra aproximada que rebasa las 9 mil instalaciones sin embargo se tiene conocimiento que hay muchos lugares irregulares que ofrecen sus servicios de manera doméstica; es decir utilizan sus hogares acondicionándolos de manera improvisada.
Pero además, se ha dejado de lado un factor determinante para que todo lo anterior en materia de funcionamiento y regulación se cumpla a cabalidad y conforme se exige y se requiere.
No se ha establecido en la ley la profesionalización del personal que labora en las guarderías o estancias infantiles en el país.
En algunos casos, se exige que el personal deba de contar con la preparación requerida y además certificada por las autoridades educativas correspondientes; pero son casos excepcionales; no corresponde a una obligación.
Esta situación es inadmisible, si en contraparte nos hemos esforzado por garantizar que estos espacios sean lo mejor posible para el cuidado de nuestros hijos. Incluso ha favorecido el establecimiento masivo de lugares irregulares o improvisados. Que prosperan como un foco latente de accidentes, porque los padres tienen irremediablemente que salir a trabajar y buscan la opción más cercana a su casa, la más barata y la que en el horario les convenga para dejar a sus hijos por un lapso que puede variar entre las 4 y 9 horas diarias; dejando en último término la preparación, certificación y experiencia de las personas que se quedan como responsables de sus hijos.
En contraparte encontramos, que lo único que se mencione al respecto sea en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en su artículo 8 que dice:
“Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a VI. ...
VII. Prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral infantil: Aquellas personas físicas o morales que cuenten con permiso, licencia o autorización, emitido por la autoridad competente, para instalar y operar uno varios Centros de Atención en cualquier modalidad y tipo;
VIII. a XV...”
Pero como se puede apreciar, únicamente define; pero no establece los criterios de preparación y certificación de habilidades que deban de tener obligatoriamente para prestar sus servicios.
Olvidamos u omitimos qué tan importantes son las condiciones de las instalaciones como también lo son las capacidades del personal que opera en ellas.
Si bien es cierto que aún falta mucho por hacer para tener la plena garantía de que tragedias como la sucedida en Sonora donde 49 menores perdieron la vida de manera trágica, jamás se vuelva a repetir.
Garantizar la profesionalización del personal que preste sus servicios en las guarderías y además difundir esta acción, no solo tendrá efectos inmediatos en la mejora de su organización y funcionamiento, sino también tendría un efecto positivo contra la proliferación de las estancias consideradas irregulares; ya que los padres de familia estarán conscientes y por lo tanto en condiciones de exigir que se cumpla la ley y que sin excepción alguna todo el personal que labore en esos lugares cuente con los documentos que acrediten su formación y preparación para tal efecto.
Esto es un propósito posible además de necesario, contamos con el personal calificado a lo largo de todo el país que cada año egresa con las aptitudes, conocimientos y preparación para atender el propósito del presente punto de acuerdo.
Atenderlo, tampoco representa un impacto presupuestal, ni mucho menos en materia de costos para las estancias que operan actualmente.
Lo anterior tiene una especial relevancia, por tratarse en específico de un sector de la población altamente vulnerable: nuestros niños.
Y esta soberanía, es y deberá ser garante en todo momento del adecuado desarrollo de todos ellos.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a que:
1. Realice un ordenamiento y regularización de todas las estancias infantiles y/o guarderías del país.
2. Realice las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente.
3. Difunda mediante una campaña publicitaria a nivel nacional, la obligatoriedad de la profesionalización del personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010.
2 Censo Económico, Inegi. 2009.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por el gabinete de seguridad nacional, con el gobierno del estado de México, una estrategia integral de seguridad pública para enviar fuerzas federales que contribuyan a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes-La Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Alberto Díaz Trujillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y artículo 79, fracción II, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
La seguridad pública es parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de derecho, genera las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza que su vida, su patrimonio y sus bienes estén exentos de todo peligro, daño o riesgo, es una función del Gobierno que implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
Mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, es un quehacer que obliga al Estado a llevar a cabo acciones conjuntas con los tres órdenes de gobierno, asimismo requiere de la participación de diversas instancias e instituciones, para la protección de la persona en contra de actos lesivos de otros individuos.
El 19 de octubre de 2011 se promulgó la Ley de Seguridad del Estado de México, que establece el concepto de Seguridad Ciudadana, y coloca como eje central de su atención a la persona, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. De esta manera, se busca disponer espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y propiciando condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza. Con este fin, se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Cabe mencionar que la Ley de Seguridad del Estado de México otorga a esta Secretaría nuevas y mayores responsabilidades en materia de prevención y combate especializado del delito, de reinserción social, de participación ciudadana, de seguridad privada y pirotecnia, entre otras, lo cual obliga al fortalecimiento de su estructura orgánica para cumplir a cabalidad con los imperativos legales vigentes, preceptos que a la fecha no han dado resultados en la labor de combatir la inseguridad, sino por el contrario, los índices delictivos han incrementado, lo cual pone en evidencia la falta de control territorial por parte de las autoridades municipal y estatal.
Los recientes sucesos, el incremento de la incidencia delictiva y los lamentables acontecimientos que han surgido en el Estado de México, donde se han perdido vidas humanas, son reflejo de los delitos que presentan un aumento en los últimos tres años como son el secuestro, los homicidios, el robo a bancos, el robo de vehículos, el robo a transportistas, el robo con violencia en general y los delitos sexuales; Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México no sólo se ha incrementado el secuestro 46% en un año, sino también otros delitos clasificados de alto impacto como el hurto de automóviles, el robo a transporte e incluso asalto a bancos, además de las lesiones.
Sí comparamos el 2012 con el 2013 en homicidios tenemos un aumento del 15 por ciento, en secuestro del 26 por ciento. Si comparamos enero del 2013 con enero del 2014, tenemos en homicidio un aumento 17 por ciento y en secuestro del 35 por ciento.
Es de condenarse la ola de violencia que en los últimos días se ha manifestado con asesinatos de personas inocentes, en el Estado de México, en los primeros 10 días de este año, 28 personas fueron asesinadas, en su mayoría en ejecuciones múltiples, el pasado viernes, se registraron al menos 14 asesinatos y cinco personas heridas en cuatro municipios de esa entidad: Tlalneplantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz y Ecatepec.
Las condiciones actuales que vive el Estado de México, obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fortalecer los esquemas de protección y actuación institucional para salvaguardar la integridad de los Mexiquenses, en Acción Nacional estamos conscientes del peligro que implica la creciente actividad delictiva del crimen organizado en la entidad, por ello hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Gobernador, para que implementen operativos, refuercen la seguridad y restablezcan el orden.
Para materializar las aspiraciones de seguridad y justicia de los mexiquenses, se requiere de la concurrencia de los tres Poderes de Gobierno y resulta de particular relevancia la colaboración del Ejecutivo Estatal a través de sus órganos de seguridad y procuración de justicia.
En Acción Nacional, buscamos fomentar la cultura de la legalidad que ha de redundar en una mayor protección de las personas y de las familias, una mejor atención a las víctimas del delito, y a la persecución y captura de los delincuentes. El respeto a la eminente dignidad humana, implica el conocimiento de los derechos y su exigencia, así como de los deberes y su cumplimiento.
Por ello hacemos un enérgico llamado a las autoridades Federales y Estatales para que emprendan acciones inmediatas en materia de seguridad encausadas a proteger la vida y el patrimonio de todos los mexiquenses, velando por su tranquilidad. Reconocemos los problemas y sus consecuencias, por ello pedimos se cumplan con los compromisos de bienestar y se materialicen con acciones que conduzcan a la consolidación de la paz anhelada.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un llamado respetuoso al Ejecutivo federal para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el gobierno del estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias Mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes la Paz y Ecatepec.
Diputado Alberto Díaz Trujillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SEP, de la STPS y de la SHCP a analizar y resolver el problema que afecta a los jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación descrita en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Todas las autoridades del país, deben tener como una de sus tareas centrales, la consecución de la legalidad y la justicia, como instrumento indispensable para restablecer el tejido social y, por tanto, a la nación toda.
En 2004, dada la revisión del contrato colectivo de trabajo entre los trabajadores del Colegio de Bachilleres y la institución, los trabajadores decidieron estallar la huelga. Después de 12 días de negociaciones, las partes acordaron modificar la cláusula 68 de dicho Contrato Colectivo, reforma que para los trabajadores representaba la posibilidad de obtener un mayor ingreso en su jubilación, dado que la institución cumplía 30 años de haber sido creada y se preveía el que muchos de los trabajadores fundadores estarían en las posibilidades de concluir su vida laboral, así, la institución presentó la siguiente redacción de la citada cláusula, misma que motivó a los trabajadores levantar la huelga.
Cláusula 68
Terminación de la relación laboral:
En caso de terminación de la relación laboral de un trabajador, por renuncia, incapacidad o jubilación, “El Colegio” se compromete a entregarle el finiquito legal con salario integrado que en su caso le corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la ley Federal del Trabajo, cuando proceda, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de dicha terminación, como se estipula en los Contratos Colectivos de Trabajo del Colegio de Bachilleres a partir de la firma 2004-2006 hasta el último 2012-2014.
De igual manera se compromete a entregar a los beneficiarios del trabajador que fallezca el finiquito legal con salario integrado que en su caso corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del mismo plazo, siempre y cuando el trabajador haya designado ante el Colegio a su beneficiarios. De no haberlo hecho así, lo entregará dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se determine, por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resulte ser el o los beneficiarios.
El plazo a cargo de “El Colegio” no regirá cuando, por causas imputables al trabajador, no pueda llevarse a cabo alguna etapa del procedimiento.
Es de considerar, que en ese mismo año, varios trabajadores y trabajadoras iniciaron su trámite de jubilación, observándose que la clausula en su redacción, estaba sujeta a dos interpretaciones, una de ellas fue el que la prima de antigüedad se debía pagar con el cálculo del salario integrado, y otra que la misma debía pagarse conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, esto es, al doble del salario mínimo general. Para la institución, a pesar que en su momento signó la cláusula 68, la interpretación válida ha sido la segunda y para los trabajadores la primera, ocasionando con ello la generación de un conflicto laboral.
Como resultado de ello, en los juicios laborales no ha existido un criterio unificado acerca de quién tiene la razón legal, ya que ambas partes en diferentes colegiados, han obtenido sentencias en los dos sentidos, a favor de los trabajadores a favor de la institución.
Resulta trascendental no perder de vista que este conflicto laboral tiende a crecer, por el hecho de que cada año se incrementa el número de trabajadores jubilados y que el problema esta sobrepasando las facultades de la institución, y que en un momento determinado no es sólo un problema de carácter económico sino de credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales por parte de “El Colegio” ante sus trabajadores jubilados, es por ello necesario dar una solución adecuada a este conflicto laboral y considerar la participación y coordinación interinstitucional entre la dependencias gubernamentales de la Secretaría de Educación pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público a instalar con la mayor brevedad una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres para que reciban la prima de antigüedad, misma que es de 12 días de salario por cada año prestado a la institución con salario integrado, esto en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, pactado entre el Colegio de Bachilleres y sus Trabajadores, asumiendo que dicha cláusula contractual adquirió este sentido y fue el motivo principal para que los trabajadores levantarán la huelga que llevaban a cabo en 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.
Diputados: Roberto López Suárez (rúbrica), Socorro Ceseñas Chapa, Flor Pedroza Aguilera, Elena Margarita Tapia Fonllen, Karen Quiroga Anguiano, Luis Manuel Arias Pallares, Javier Salinas Narváez.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del DIF y del Inapam a incorporar en las campañas de difusión componentes para inducir una cultura de respeto de las personas adultas mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En octubre pasado sometí a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para señalar la necesidad de emprender acciones orientadas a evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes en contra de las personas adultas mayores.
En esta ocasión insisto en la problemática de discriminación que aqueja a este grupo de población, considerando que la participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sería de vital importancia para generar sinergias que redunden en la formación de una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores.
He sostenido que el maltrato hacia los sectores vulnerables de la población, en sus diversas manifestaciones, continúa presente en la actualidad.
Las personas adultas mayores, desafortunadamente, siguen siendo objeto de maltrato, con las consecuencias físicas y emocionales de esas conductas sociales.
No obstante los esfuerzos por reconocer en los ámbitos internacional y nacional los derechos de las personas adultas mayores y su calidad de grupo vulnerable, siguen siendo receptores de esas conductas negativas, no solamente en el seno de la familia sino también, como sujeto pasivo de esas acciones antisociales que existen en el entorno que los rodea.
En México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas mayores vigente, constituye un avance muy significativo y alentador, pero es necesario ir más allá; es decir, arraigar una cultura de respeto que garantice que los derechos que les reconoce la ley sean práctica cotidiana.
Por ello considero necesario impulsar, desde las campañas de difusión de las autoridades competentes, la inducción de una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores.
Estoy convencida de que en la actualidad muchos adjetivos calificativos, en forma intencional o no, causan daño emocional a los adultos mayores. Adjetivos como viejo, veterano, anciano, antiguo, abuelo o senecto llegan incluso a utilizarse para inferir un maltrato a las personas adultas mayores, como formas irónicas de denigración y hasta de discriminación.
Hemos señalado que se trata de personas adultas mayores y así deben ser consideradas, con todo el respeto que les asiste por sus contribuciones al México de hoy que todos disfrutamos.
Causas de maltrato son muchas. La principal hacia este sector de población parte de que en el núcleo familiar y en la sociedad en general, se concibe erróneamente que las personas adultas mayores han llegado a una etapa caracterizada por la improductividad y la pérdida de capacidades físicas o intelectuales.
Considero muy necesario impulsar políticas públicas y campañas que logren permear en la cultura social, la cultura del respeto a las personas y en especial a las personas mayores a fin de erradicar esas conductas de exclusión, maltrato y discriminación.
Ocupa un papel central la participación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), organismo público rector de la política nacional a favor de este grupo poblacional, encargado de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Asimismo, consideramos que la participación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, que tiene por objeto promover y apoyar, con la participación de los sectores público, privado y las comunidades, las acciones en favor de las personas y familias a que se refiere la Ley de Asistencia Social y como invitado permanente a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, igual que el Inapam, sería del mayor aporte a la causa que buscamos promover.
Tanto el DIF como el Inapam llevan a cabo nobles campañas para inducir respeto a la familia y a los adultos mayores como parte integrante de la misma, por lo que considero que es viable que se incorpore a esas campañas de difusión, la inducción de una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores, que busque evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes al referirse a las personas que forman parte de este sector de la población.
Estoy convencida de que el respeto y ejercicio cotidiano de los derechos de las personas adultas mayores es garantía para preservar la convivencia social pacífica y armónica, basada en el respeto que a cada quien se debe y corresponde.
Así, considerando que el artículo 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que el pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso, a través de puntos de acuerdo que representen la posición de esta soberanía, en relación con algún punto de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas o municipios, es por lo que solicito la aprobación de esta soberanía a esta proposición con punto de acuerdo.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de Unión exhorta respetuosamente a las titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a incorporar en sus campañas de difusión componentes para inducir una cultura de respeto hacia las personas adultas mayores y evitar el uso de adjetivos discriminatorios, irónicos o denigrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2014.
Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar gestiones y establecer medidas para que el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville, Alternativa Poniente, inicie operaciones con la mayor brevedad, a cargo del diputado Carlos Alberto García González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados Carlos Alberto García González, María Eugenia de León Pérez, José Alejandro Llanas Alba, Marcelina Orta Coronado, Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Glafiro Salinas Mendiola y Ramón Antonio Sampayo Ortiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 62, numeral 2; 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones III, IV y VI, así como demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que realice todas las gestiones y acciones necesarias con la finalidad de que el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville, alternativa poniente, inicie sus operaciones a la brevedad, bajo las siguientes
Consideraciones
El puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville es la primera obra en su tipo en 100 años. El último cruce ferroviario que se construyó entre México y Estados Unidos de América fue en 1910 y, coincidentemente, para conectar estas mismas ciudades.
Matamoros es una localidad estratégica para el comercio exterior de nuestro país, debido a su posición geográfica, es el municipio con la mayor infraestructura de puentes internacionales en el estado de Tamaulipas y, por ello, forma parte de una de las rutas comerciales más dinámicas de los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La construcción del nuevo puente ferroviario es precisamente para atender el aumento exponencial del intercambio de mercancías entre México y los países del norte, que se ha suscitado por el propio TLCAN. De hecho, este proyecto fue concebido exclusivamente para el cruce de ferrocarriles de carga.
Actualmente, el puente ferroviario que conecta a Matamoros con Brownsville atraviesa prácticamente por el centro de las ciudades, esto afecta la convivencia y el desarrollo de las actividades de sus habitantes, ya que los ferrocarriles bloquean varias calles cuando son detenidos por las autoridades aduaneras para realizar las inspecciones correspondientes, generando severos problemas en el tránsito de las personas y de los vehículos.
Evidenciada esta problemática, al menos desde 2006, se iniciaron los estudios y trabajos para la reubicación del patio de maniobras y la vía férrea. La planeación de este proyecto ha llevado muchos años por tratarse de un proyecto binacional y único en su tipo en un siglo. Durante este tiempo, los tres niveles de gobierno de México y de Estados Unidos sostuvieron varias reuniones y negociaciones para poder alcanzar los compromisos necesarios para la construcción del puente ferroviario.
Finalmente, en 2010, se iniciaron los trabajos de construcción del lado de Texas y a principios de 2011 en Tamaulipas. El puente tendrá una longitud de 835 metros, de los cuales 564 metros se encuentran en territorio mexicano, junto con un gran patio de maniobras. El contrato de la obra del lado mexicano estableció un periodo de ejecución de 424 días naturales, del 10 de enero de 2011 al 8 de marzo de 2012, mismo que tuvo varios convenios modificatorios al plazo de ejecución, reprogramando la fecha de entrega de la obra para finales de abril de 2013.
Pese a lo anterior, el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville no ha iniciado operaciones, aún y cuando la obra parece que ya ha sido terminada, y las autoridades federales y estatales no han informado fehacientemente las razones de esta demora de casi un año.
Los diputados de Acción Nacional del estado de Tamaulipas, estamos convencidos que esta nueva conexión ferroviaria entre Tamaulipas y Texas, alentará la competitividad logística en ambos lados de la frontera, haciendo más rápido y eficiente el intercambio de las mercancías, reduciendo los tiempos de cruce y los costos operativos.
Por consiguiente, esperamos que se incremente sustancialmente el tráfico ferroviario de mercancías entre Matamoros y Brownsville, en razón de que este puente conectará hacia el sur de Tamaulipas con la vía férrea de Matamoros–Reynosa, donde los ferrocarriles podrán tomar diferentes direcciones, prácticamente hacia todo el territorio nacional. Efecto similar se presentarán en los Estados Unidos, ya que la vía férrea de Brownsville conecta con las ciudades de San Antonio, Houston y Nueva Orleáns, facilitando también el traslado de las mercancías hacia toda la Unión Americana.
Durante las últimas décadas, Matamoros ha impulsado su desarrollo económico a través de la industria maquiladora de exportación y las actividades vinculadas al comercio exterior, aprovechando la ventaja comparativa por su colindancia con los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, ha tenido una significativa desaceleración en sus actividades productivas, que se ha recrudecido a consecuencia de la reforma fiscal para este año, que está golpeando el poder adquisitivo de los consumidores y las operaciones de la industria maquiladora, así como los problemas de inseguridad pública que prevalecen en el estado, que invariablemente desalientan las inversiones y provocan graves problemas de desempleo.
En consecuencia, estimamos que será de gran impacto económico el inicio de las operaciones del puente ferroviario, para reactivar la vocación exportadora de la región, a través de la industria manufacturera de exportación y las operaciones de comercio exterior, originando un mayor progreso para nuestro estado y para todo el país. Así, Matamoros se consolidará como un centro logístico estratégico para el comercio exterior de México.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados de Acción Nacional del estado de Tamaulipas, nos permitimos someter a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice todas las gestiones y acciones necesarias con la finalidad de que el puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville, alternativa poniente, inicie sus operaciones a la brevedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2014.
Diputados: Carlos Alberto García González, María Eugenia de León Pérez, José Alejandro Llanas Alba, Marcelina Orta Coronado, Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Glafiro Salinas Mendiola, Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la CNDH a investigar violaciones de los derechos humanos en el caso de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Amalia Dolores García Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en nombre propio y dando voz a 240 dependencias, instituciones académicas, organismos multilaterales, organizaciones sociales y activistas defensores de derechos humanos, propone a esta honorable asamblea, punto de acuerdo para exhortar al doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, investigue de forma exhaustiva violaciones a los derechos humanos y proteja efectivamente a las víctimas de la masacre de 72 personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas; reciba a las organizaciones defensoras de derechos humanos que han dado seguimiento a este caso y de respuestas a cuestionamientos a la recomendación 80/2013 del 23 de diciembre de 2013 que deriva de éste.
Honorable Asamblea:
El 25 de agosto de 2010 se dio a conocer el hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes asesinados (58 hombres y 14 mujeres) en San Fernando, Tamaulipas.1 Esta masacre (junto con el hallazgo de fosas clandestinas con restos de 193 personas en este mismo municipio y 49 en Cadereyta), han merecido repudio nacional e internacional.
A la enérgica condena que recibió el gobierno mexicano tras dicho hallazgo, por parte del secretario general de la OEA, se sumó la reprobación de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, entre otras instancias nacionales e internacionales.2
Las instituciones de justicia y de derechos humanos de nuestro país, tienen la obligación de garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas. Sin embargo, hasta hoy no ha existido determinación oficial que clasifique estos asesinatos como graves violaciones a los Derechos Humanos, a pesar de que existe evidencia más que suficiente para que sean calificados de esta forma.
El 23 de diciembre de 2013, 3 años y 4 meses después de ocurridos los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió sobre éstos la recomendación 80/2013, derivada del proceso de investigación integrado en el expediente CNDH/5/2010/4688/Q. Esta recomendación —si bien contiene aspectos relevantes vinculados con la investigación penal, medidas para evitar esta clase de hechos y para permitir su investigación—, violó dos aspectos fundamentales en perjuicio de las víctimas y de la sociedad: por un lado, no se pronunció sobre los hechos de la masacre; por otro, no buscó, documentó ni escuchó a los familiares de las víctimas que, conforme al derecho nacional e internacional, también son víctimas, ni estableció su derecho a la reparación del daño.
La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, al establecer el principio pro personae estableció también para todos los servidores públicos la obligación de actuar, vigilar y proteger, conforme al estándar más alto, los derechos de las personas. Los organismos púbicos de protección de derechos humanos no están exentos de estas obligaciones: son quienes deben velar porque las instituciones cumplan con este estándar, y en mayor medida ellos mismos en sus propias actuaciones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está obligada a proteger estos derechos, pronunciarse sobre las violaciones graves que se cometan y, bajo el criterio que otorgue la mayor protección a la persona, lograr la reparación del daño y la reivindicación de las víctimas. Sin embargo en el proceso de investigación de los crímenes referidos, fue omisa en establecer los hechos violatorios, averiguar quiénes eran los familiares, buscarlos, escucharlos y recibir y razonar sus pruebas3 y, por lo que hace a la reparación del daño que debió establecer en la recomendación, ya que al final de la misma sólo señala unos párrafos sin lógica ni sentido en relación a ese derecho.
La dimensión de los hechos y los efectos devastadores en la vida, dignidad e integridad de los familiares debe ser recogida y reivindicada: que las víctimas no sean dignificadas con el proceso de investigación y el acto recomendatorio, que no se investiguen y establezcan los hechos violatorios, violenta los derechos humanos de las personas que debieran ser protegidas y derivan en expresiones de revictimización.
La CNDH, como la instancia que tiene la obligación de investigar los hechos e invocar el derecho que mejor se adecue a los mismos, al no sustentar sus actuaciones ni acompañar, proteger ni reivindicar a víctimas de hechos que constituyen graves violaciones de Derechos Humanos, da lugar a que el proceso de investigación y el acto recomendatorio, antes que útiles a las víctimas y a la sociedad, resultan perjudiciales.
Para las víctimas, porque al no realizar las previsiones para asistirlas y protegerlas y al no denunciar las violaciones del Estado, se vuelve parte y fomenta estas violaciones; para la sociedad, porque la recomendación no orienta ni ilustra a las autoridades ni a la población sobre el contenido y alcance de las violaciones ocurridas, por lo que su actuación resulta irrelevante para la promoción, enseñanza y protección de los derechos humanos y contribuye a los proceso de impunidad.
La falta de actuación de los legisladores en este u otros casos, nos convertiría también en tolerantes ante dicha impunidad. Por ello es que, en consideración de lo expuesto, someto a consideración de Ustedes la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, se investiguen de forma exhaustiva las violaciones a los derechos humanos en el caso de la masacre de 72 personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y a proteger a las víctimas de dichas violaciones.
Segundo. Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que la CNDH reponga el procedimiento de investigación de la masacre de los 72 migrantes y las graves violaciones a los derechos humanos, en específico el derecho a la vida y la integridad, así como los sufrimientos graves causados a las familias de las víctimas, garantizando que:
a) Se actúe bajo el estándar más alto de protección de los derechos humanos de las víctimas en sus investigaciones.
b) Se documente y escuche todos los testimonios de las víctimas, verificando con las organizaciones de la sociedad civil y comités que las acompañan, el protocolo para la realización de las entrevistas y respetando su derecho a estar acompañadas y representadas;
c) Se garantice que se respeten todos sus derechos como víctimas.
d) Se señale si existe responsabilidad directa del estado por los hechos de la masacre, o responsabilidad por violación a las garantías generales de protección de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculados con el 1º Constitucional;
e) Se señalen criterios específicos para atención, apoyo y reparación del daño individualizado para cada una de las víctimas, de conformidad con la Ley General de Víctimas, el artículo 63 de Convención Americana Sobre Derechos Humanos y sus criterios jurisprudenciales.
f) Se señale si las procuradurías encargadas de la investigación penal, están llevando a cabo una investigación eficaz, siguiendo los criterios de la Corte Interamericana para poder procesar y sancionar a los perpetradores de la masacre.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que, en virtud de la situación de riesgo y falta de acceso a la justicia que enfrentan las personas migrantes, establezca un protocolo de actuación –construido de la mano de las víctimas y de la sociedad civil–, que garantice que la víctimas directas e indirectas puedan acceder a los procedimientos de investigación de violaciones a derechos humanos que lleve a cabo la CNDH, independientemente del país donde se encuentren.
Cuarto. Se solicita al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, de manera urgente, reciba a una Comisión representativa de las 278 dependencias, instituciones, organismos, organizaciones y personas que han dado seguimiento a este caso, y se les den respuestas sobre el proceso de investigación que derivó en la recomendación 80/2013 de 23 de diciembre de 2013.
Notas
1 “La Marina encuentra una fosa con 72 cuerpos en un rancho en Tamaulipas. El descubrimiento del cementerio clandestino se dio luego de un enfrentamiento entre marinos y presuntos delincuentes”, CNN México, (México, 25 de agosto de 2010), http://mexico.cnn.com/nacional/2010/08/25/la-marina-encuentra-una-fosa- con-72-cuerpos-en-un-rancho-en-tamaulipas.
2 Comunicado de prensa número 86/10: “CIDH condena matanza de inmigrantes en México”. (27 de agosto de 2010). Vínculo: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/86-10sp.htm.
3 Artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 de marzo de 2014.
Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica)
El presente documento se presenta acompañado por las firmas de 240 dependencias, instituciones académicas, organismos multilaterales, organizaciones sociales, académicos y activistas defensores de derechos humanos, así como de un cuestionario específico sobre el asunto que se menciona, que solicito a la mesa Directiva, de manera atenta, sea incorporado junto al presente documento de manera integra en la versión estenográfica y el Diario de los Debates:
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Albergue la 72; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México;
Colectivo Plan Nacional de Desarrollo-Migración, integrado por las siguientes dependencias, instituciones académicas públicas y privadas, organismos multilaterales y organizaciones sociales nacionales e internacionales: Agencia Familiar Binacional, A.C (AFABI), Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino, Albergue del Desierto, Albergue Manos Extendidas a los Necesitados A.C, Amnistía Internacional, Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN), Be Foundation, Derecho a la Identidad, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Coordinación de Migración (BUAP), Boca de Polen Red de Comunicadores, Cambia la Historia, Casa del Migrante, Casa Nicolás, CEMAC A.C, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C, Centro de Derechos Humanos del Migrante A.C, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C (CEDHAPI), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo), Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), CIMICH, Coalición Pro Defensa del Migrante, Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes (COAMI), Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Colectivo Vía Clandestina, CONVIHIVE A.C., Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4-Paso Libre), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR Chiapas), El Diamante de Fuego A.C, El Monitor Civil de la Policía (Mocipol), El Rincón de Malinalco, Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas, Es por los Niños A.C, Estancia del Migrante González y Martínez A.C (EMGM), Estudios Fronetrizos.org, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, Federación Zacatecana A.C. (FEDZAC-Mx), Foro Migraciones (FM), Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Frontera con Justicia A.C. (Casa del Migrante de Saltillo), Fundación Isidro Fabela A.C, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C, FUNDAR. Centro de Análisis e Investigación A.C, Global Workers Justice Alliance (GWJA), Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM), Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza A.C. (GIMTRAP), Immigrant Initiative, Inclusión y Equidad, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C, Iniciativa Frontera Norte de México, Iniciativa Kino para la Frontera Norte/Kino Border Initiative, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C (Incide Social), Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C (INEDIM), Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Instituto para las Mujeres en la Migración A.C (IMUMI), Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO), Irapuato Vive, Jornaleros Safe, Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), Mesa Transfronteriza de Género y Migración, Mexicanos y Americanos Todos Trabajando A.C (MATT), Migrantólogos, National Alliance of Latin American and Caribbean Communities (NALACC), Nosotras Somos tu Voz, Organización Binacional Aztlán, Por la Superación de la Mujer A.C, Programa de Defensa e Incidencia Binacional (PDIB), Red Bajío en Apoyo al Migrante, Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA), Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD), Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM), Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex), Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF), Red Nacional de Género y Economía (REDGE), Red Regional de Organizaciones Civiles para la Migración (RROCM), Respuesta Alternativa, Salud Integral para la Mujer A.C (SIPAM), Servicio Jesuita Migrante (SJM), Sin Fronteras, Sistema Universitario Jesuita, SMR: Scalabrinianas Migrantes y Refugiados, Universidad Autónoma de la Ciudad de México-Estudios Fronterizos (UACM), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad de Guadalajara (UDG), Universidad Iberoamericana, D.F. Programa de Asuntos Migratorios (UIA-Cd. México), Universidad Iberoamericana, Puebla, Programa de Asuntos Migratorios (UIA-Puebla), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C (VM-APM), Washington Office on Latin America (WOLA), Babel Sur/ Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales, AC, Identidad Migrante y Derechos Humanos, y la Universidad Jesuita de Guadalajara- ITESO Programa de Asuntos Migratorios.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por las siguientes 74 organizaciones en 20 estados de la República mexicana: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria,S.J. Universidad Iberoamericana-Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)
Las organizaciones integrantes del Foro Migraciones: Albergue del Desierto, Caridad Sin Fronteras, AC, Carmen Fernández, Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, Centro de Atención al Migrante (Exodus), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC, Centro de los Derechos del Migrante, Incoporate, Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC, (Codehutab), Estancia del Migrante González y Martínez, AC, FM 4 Paso Libre, Fundación Comunitaria del Bajío, Fundación para la justicia y el estado democrático de derecho, AC, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, Gisele Bonnici, Gustavo López Castro, Hugo Ángeles Cruz, Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social, Incide Social, AC, Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, AC, (Inedim), Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, (Imumi), Iteso-Programa de Asuntos Migratorios, Karina Arias Muñoz, La 72 Hogar– Refugio para Personas Migrantes, Manuel Ángel Castillo, Marcela Ibarra, Martha Luz Rojas Wiesner, Ofelia Woo, Por la Superación de la Mujer, AC, Red de Mujeres del Bajío, AC, Rodolfo García Zamora, Servicio Jesuita a Migrantes-México, Sin Fronteras, Siria Oliva, SMR: Scalabrinianas, Una mano amiga en la lucha contra el Sida, AC, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes, AC.
Preguntas formuladas para el proceso de investigación que derivó en la recomendación 80/2013 de 23 de diciembre de 2013 emitida por la mencionada Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Primera: Desde el punto de vista de su propia investigación del caso, qué metodología o protocolo siguió para documentar e investigar los hechos de la masacre y cuales fueron su fuente de conocimiento tomando en cuenta que se trataba de un acto criminal perpetrado en contra de 72 personas, lo cual denotaba una capacidad de violencia estructurada y organizada para poder llevar a cabo esos hechos.
Segunda: Qué criterios de actuación utilizó para relacionarse con las víctimas de la violación a los derechos humanos de la masacre de los 72, durante el procedimiento de investigación. Que señale a cuántas víctimas entrevistó y qué criterios de actuación siguió o sigue para las entrevistas, particularmente cuando se trata de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que comportan desaparición de personas, ejecuciones arbitrarias y sufrimientos graves.
Tercera: Por qué razón no buscó ni conoció y menos aún preguntó a las víctimas sobre sus requerimientos y necesidades en tal calidad de víctimas y por qué no señaló los criterios específicos para reparar el daño, de manera individualizada a cada una de las víctimas.
Cuarta: Explique de qué manera documentó e investigó y actuó en consecuencia sobre los procedimientos de identificación de restos llevados a cabo por las procuradurías involucradas; que diga si verificó qué protocolos de identificación y notificación siguieron las procuradurías involucradas; cómo garantizó que las víctimas fueran orientadas acerca de sus derechos en materia de identificación de restos y su derecho a un perito independiente; señale si verificó que las víctimas que recibieron restos, recibieron también la documentación completa que garantice el procedimiento científico de la identificación así como una explicación de cómo sucedieron los hechos y cómo los están investigando las instituciones responsables; que explique si se está dando seguimiento a la obligación de las procuradurías de garantizar el acceso a los procedimientos penales a que tienen derecho las víctimas.
Quinta: Señale si orientó y defendió a las víctimas sobre sus derechos frente a las instancias del estado y de particular manera frente a la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, independientemente de que las víctimas hayan acudido o no a solicitar su estatus de víctimas, ya que es obligación de las autoridades ministeriales buscarlas y darles la calidad de víctimas conforme a la constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Sexta: Explique por qué no investigó, documentó ni se pronunció sobre la conducción de la investigación del ministerio público sobre los hechos de la masacre y señale de qué manera verificó que se cumplieran en la investigación y en proceso penal, los derechos y garantías del debido proceso respecto de las personas imputadas.
Séptima: Por qué no estableció en el procedimiento de investigación y por qué no declaró en el acto recomendatorio, que debido al contexto de la masacre y al proceso de impunidad dentro del cual están los hechos violatorios, la actitud del estado mexicano constituía una violación grave de los derechos a la vida y a la integridad. Lo anterior a pesar de que la CNDH había documentado en informes y recomendaciones precedentes, el contexto que daba cuenta de la dimensión de la violencia criminal que atentaba contra la vida, la integridad y la libertad de las personas migrantes.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar por la SE, la SHCP y la Comisión Federal de Competencia Económica acciones relativas a las condiciones de competencia en el mercado del cemento en México, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada federal a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, Zuleyma Huidobro González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
I. Precio del cemento en México
México es un país que cuenta con precios de mano de obra mucho más baratos que en Estados Unidos, y con importantes depósitos naturales de materiales cementantes. Por lo anterior, resulta inadmisible que el precio por tonelada de cemento a granel en nuestro país sea de 110 dólares, mientras que en los Estados Unidos el precio oscila en los 75 dólares la tonelada, es decir, el precio del cemento en México es en promedio un 50 por ciento más caro que en otros países.
Por lo que hace al cemento mexicano destinado a la exportación a Estados Unidos, éste se vende a un precio inferior a los 75 dólares por tonelada, que es el costo que tiene ya en ese mercado. Por esa razón, el cemento mexicano está sujeto a un impuesto antidumping o compensatorio para homologarlo al de producción estadounidense.
Sin embargo, esta política norteamericana de protección a su industria cementera local, no afecta los precios al consumidor final, ya que el mercado local tiene una demanda de éste producto que no es cubierta por los productores nacionales, y con la importación del insumo se cubre la demanda existente y se crean excedentes que eviten el alza de precios por exceso de demanda y carencia de oferta, mientras que con el impuesto compensatorio se establecen precios homologados entre el cemento mexicano y el norteamericano.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas, resulta mucho más barato comprar cemento en Inglaterra, cuyo precio oscila entre los 86 dólares, en Francia, con un precio aproximado a los 70 dólares, o en Alemania, con un precio de 67 dólares americanos por tonelada.
Por lo que hace a América Latina la situación es similar; la tonelada de cemento en Guatemala tiene un costo de 77 dólares, y en Brasil es de 74, lo que coloca a México en el mercado local, regional e internacional con los precios más altos de cemento.
En pocas palabras, a los mexicanos se nos vende uno de los cementos más caros a nivel mundial.
Ante esta situación, en el Congreso del Estado de Sonora, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima Octava Legislatura, elevaron una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que en el ámbito de su competencia, realice las acciones pertinentes a efectos de reducir el precio del cemento en el mercado local y se beneficie al consumidor final del mismo, de igual forma para que impulse la creación de normatividad que regulen el precio del cemento de este insumo en el país.
II. Importaciones de cemento. El caso Mary Nour
Es evidente que se brinda una protección excesiva a los empresarios locales, defendiéndolos de importaciones de éste material proveniente de otros países, que ofertan un mejor precio al consumidor final, que el que los empresarios locales ofrecen a los propios mexicanos.
Pero esto no se debe a que los productores nacionales tengan un precio más elevado de producción que el de empresas de otros países, ya que las compañías mexicanas ofrecen al mercado norteamericano su producto a precios mucho menores que los que ofrecen al sector de la construcción en el país.
En México ha habido intentos de pequeñas empresas nacionales por importar cemento de otros países, pero las reglas y requisitos de aduanas para la importación de cemento extranjero y sus precursores son casi imposibles de cumplir, y por lo tanto la competencia con las grandes empresas cementeras en México es nula.
Un ejemplo muy claro de intentos fallidos de importación de cemento ocurrió en julio del año 2004, cuando tres mexicanos Ricardo Camacho, Luis Bonales y Ricardo Alessio, todos ex ejecutivos de la cementera regiomontana, constituyeron la firma Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM) con el objetivo de importar cemento.
Para tal efecto, crearon la empresa “Cementos del Mar” para importar 27,000 toneladas de cemento de Rusia por medio de flete marítimo.
La empresa Cemex a través de su entonces empleado, Jorge Tello Peón se dedicó a intimidar a sus competidores, amenazar al director del Puerto de Tampico, promovió y obtuvo un amparo contra el atraco del barco, es decir, para que la nave no llegara al puerto con el argumento de que por sus dimensiones impediría la operación de otros navíos, aspecto en el que Cemex no debió haber intervenido.
Con este caso, la empresa cementera Cemex, la cual es la más grande de México y la segunda a nivel mundial, evidenció que se opuso a la competencia con la importación de cemento, en virtud de que éste material procedente de Rusia se iba a vender a un menor precio para los mexicanos.
El barco que transportaba el cemento -el ya famoso Mary Nour- tuvo que esperar anclado un año frente al puerto de Tampico sin poder descargar el cemento. Finalmente, el cemento ruso terminó en Qatar, en el Medio Oriente.
Como consecuencia de estas prácticas, el 25 de marzo de 2006 se presentaron ante la Cofeco dos denuncias contra empresas cementeras por prácticas monopólicas: La primera fue por prácticas monopólicas absolutas por la probable colusión y fijación de precios entre Cemex, Cruz Azul, Holcim y Moctezuma.
La segunda denunciaba prácticas monopólicas relativas de Cemex por el bloqueo a la importación de 27 mil toneladas de cemento ruso que venía en el buque “Mary Nour”.
En esa denuncia, los socios argumentaron que Cemex intervino para que la autoridad del puerto de Tampico impidiera descargar el cemento que pretendían vender en el país.
Ambas denuncias derivaron en Oficios de Presunta Responsabilidad emitidos por la extinta Cofeco. Cemex por su parte, solicitó dos amparos por la supuesta ilegalidad de los Oficios que se le enviaron.
Después de 6 años, el 24 febrero 2012, la extinta Cofeco emitió un oficio de presunta responsabilidad contra Cemex México, por el supuesto de cometer prácticas monopólicas relativas, y anunció que decidió multar a Cemex con 10 millones de pesos por haber usado hace ocho años maniobras de boicot para impedir la importación a México de cemento proveniente de Rusia.
En esa fecha, mientras que Lorenzo Zambrano, CEO de Cemex, calificó la resolución de la Cofeco como un acto de venganza que dañaba el honor de su empresa, el presidente de la Asociación Mexicana de Concreteras Independientes (AMCI) consideró que la multa hará muy poco para desalentar a la compañía regiomontana de volver a impedir la importación de cemento a México.
Ricardo Alessio, uno de los socios de CDM, aseguró que el fallo de la comisión es una reinvindicación y que su empresa seguirá intentando importar cemento, aunque admitió que un problema constante son las fuentes de abastecimiento.
Cemex, por su parte, anunció que planea interponer un recurso contra la multa impuesta por la Cofece, ya que insiste en que nunca hizo nada ilegal.
Este incidente es uno más de los tantos que revela la disfuncionalidad del capitalismo mexicano, construido a base de cotos reservados, monopolios avalados, instituciones débiles.
http://resoluciones.cfc.gob.mx/DOCS/Asuntos%20Juridicos/V49/12/16269 44.pdf
III. Fallas en el mercado nacional del cemento
Haciendo creer que existe libre competencia en el mercado nacional del cemento, las empresas Cemex y Holcim Apasco, se han repartido y segmentado el mercado con lo que han logrado vender su producto a precios muy superiores a los de sus costos de producción y comercialización, incluso por encima de los precios que las mismas compañías ofrecen en el mercado internacional especialmente en el de EU, a falta de regulación gubernamental sobre el precio de este importante insumo de construcción que sólo perjudican a los consumidores mexicanos.
Si consideramos que el cemento y el acero son los materiales básicos para la creación de infraestructura generadora de riqueza, tanto pública como privada, ésta práctica oligopólica ha encarecido la construcción de la misma, generando por una parte que la inversión en infraestructura pública por los tres niveles de gobierno se vea reducida en sus metas, y en el sector privado una pérdida de competitividad de los empresarios locales frente a empresas con capital extranjero de mayor valía, y en cualquier caso el costo de éstas prácticas es trasladado al contribuyente o consumidor final.
Otro sector económico que se ve fuertemente afectado es el inmobiliario; la construcción de la vivienda no crece al mismo ritmo que la población por los altos costos del cemento y sus derivados, lo que se ve reflejado en los precios que las viviendas tienen en el mercado, y como siempre las personas de menos ingresos son las más perjudicadas y a las que les resulta cada vez más difícil adquirir una vivienda conforme a sus necesidades, aún con financiamiento.
Otro aspecto relevante de este problema es que para poder ofrecer precios adecuados a los niveles de ingresos de los trabajadores, las viviendas tienen que reducirse en su espacio de construcción y suelo, y sólo así pueden estar en los rangos de accesibilidad de la mayoría de los potenciales compradores, lo que conlleva a que dichas viviendas no cumplan con los espacios mínimos necesarios para el correcto desarrollo humano físico y psicológico, acorde al tamaño de la familia del trabajador.
Diversos estudios coinciden en que si en México se tuviera el precio del cemento regulado en los rangos promedio como se vende en otros países, los precios de las viviendas podrían bajar hasta en un 35 por ciento, desde las viviendas de interés social hasta las residenciales. Es decir, a los mexicanos se les podría facilitar la adquisición de una vivienda digna, así como también se podría producir más vivienda en el país. Además los proyectos de infraestructura para México serían menos costosos.
Esta característica de protección o paternalismo gubernamental a importantes grupos empresariales y sectores productivos, así como el abandono a otros igualmente importantes, la falta de regulación que evite las prácticas comerciales monopólicas, que fomente una competencia equitativa entre empresarios nacionales y extranjeros, y leyes que permitan que las ventajas del libre mercado lleguen al consumidor final en forma de mejores precios, mayor calidad y mejor servicio, han profundizado las diferencias sociales en el país, y por otro lado la pérdida de competitividad que en los últimos años hemos experimentado.
Por tal motivo, es de suma importancia que se exhorte a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para que revisen la normatividad que regula la estructura del precio del cemento mexicano, en función de variables locales e internacionales, considerando, a su vez, la oferta y la demanda en el mercado nacional.
De la misma manera, se propone exhortar a las dependencias enunciadas, para que realicen las acciones necesarias a efecto de que las empresas cementeras reduzcan el precio de venta del cemento en el mercado nacional.
Por lo que hace a la materia aduanera, es indispensable que las dependencias del Ejecutivo Federal revisen la reglamentación vigente y eliminen aquellas disposiciones que limitan la importación de productos cementantes de otros países, para que el usuario final de cemento y sus derivados puedan acceder a un precio justo, se evite la especulación y encarecimiento virtual del mismo, y que el costo de la infraestructura y vivienda sea una menor carga para el ciudadano.
Así mismo es necesario proteger a los consumidores directos e indirectos de dichos materiales de construcción mediante la instrumentación de precios controlados, donde se tomen en cuenta variables internacionales para fijar el precio del mismo, tales como costos de producción, precios de dichos productos en el mercado internacional de la región de América, El Caribe y Europa, considerando además la oferta y demanda en el mercado local; de ésta manera se le estaría garantizando a la industria cementera viabilidad financiera, y al consumidor mexicano un precio justo.
Para tal efecto, se propone exhortar a la Comisión Federal de Competencia Económica para que inicie la investigación para determinar si existen o no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante del cemento, y en su oportunidad, y de ser el caso, el titular del Poder Ejecutivo Federal haga la declaratoria correspondiente en uso de las atribuciones exclusivas que le otorga la Constitución General de la República, y determine mediante decreto el precio sujeto a control oficial del cemento en México.
Lo anterior, conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley de la materia:
“I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva”.
Asimismo, se propone exhortar a la citada Comisión para que inicie el procedimiento de investigación por la Comisión respecto de la realización de acciones monopólicas relativas y absolutas en el mercado del cemento en México y en su oportunidad, se sancionen conforme a la Ley las conductas que pudieran caer en esos supuestos.
IV. La deuda monumental de Cemex
En palabras de Simon Johnson ex economista en jefe del FMI en “The Quiet Coup”, un artículo imprescindible sobre el caos financiero global publicado en The Atlantic: “... todos los países tienen élites empresariales que buscan controlar al Gobierno; el problema surge cuando lo logran y obtienen políticas públicas que desestabilizan a la economía o agravan la crisis”.
Sin duda alguna, este el caso de México donde élites poderosas tomaron demasiados riesgos durante la época de bonanza crediticia. Compañías como Cemex, Comerci, Vitro, Alfa y Gruma se endeudaron más de la cuenta y algunas le apostaron a derivados peligrosos. Como siempre, pensaron que su influencia política les permitiría pasarle la factura al Gobierno si surgiera algún problema.
El ejemplo más emblemático es el de Don Lorenzo Zambrano y Cemex. Hasta hace unos años, durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, era el empresario más admirado al frente de la empresa más vitoreada. Era alabado por su visión global, su pujanza empresarial, su manera de entrar a los mercados y dominarlos.
Ahora, está a punto de caer del pedestal por el colapso del mercado de la construcción en Estados Unidos y la crisis crediticia. Ahora, está al borde del precipicio por la deuda monumental que contrajo y las adquisiciones demasiado ambiciosas que empujó. Especialistas financieros calculan que en 2009 ya estaba enfrentando una deuda de casi 20 mil millones de dólares, equivalente al 20 por ciento de la deuda pública externa de México.
El gobierno mexicano había designado Cemex como una compañía “demasiado grande para fracasar” y algunos seguramente temen que la bancarrota de Cemex traiga consigo consecuencias desastrosas para el sistema financiero, para las perspectivas crediticias de otras empresas, para la estrecha relación entre la élite regiomontana y el PAN.
En atención a las anteriores consideraciones, me permito poner a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, revisen la normatividad que regula la estructura del precio del cemento mexicano, en función de variables locales e internacionales y considerando, a su vez, la oferta y la demanda en el mercado nacional.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones necesarias a efecto de que las empresas cementeras reduzcan el precio de venta del cemento en el mercado nacional.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, revisen la reglamentación vigente y eliminen aquellas disposiciones que limitan la importación de productos cementantes de otros países y que la Administración General de Aduanas de la SHCP otorgue las facilidades necesarias para que empresas mexicanas importen libremente este insumo de la construcción.
Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, inicie la investigación para determinar si existen o no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante del cemento, y en su oportunidad, y de ser el caso, haga la declaratoria correspondiente para que en uso de las atribuciones exclusivas que le otorga la Constitución General de la República, el Ejecutivo federal determine mediante decreto el precio sujeto a control oficial del cemento en México.
Quinto. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, inicie el procedimiento de investigación por la comisión de acciones monopólicas relativas y absolutas en el mercado del cemento en México y en su oportunidad, se sancionen conforme a la Ley las conductas que pudieran caer en esos supuestos.
Diputada Zuleyma Huidobro González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT, de la SHCP y de Capufe a revisar las tarifas y cuotas de peaje en las autopistas de Michoacán para reducirlas y estimular el flujo de turistas a la entidad, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Socorro de la Luz Quintana León, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes
Consideraciones
Michoacán es un estado en el que el turismo constituye una importante fuente de ingresos. De acuerdo con la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán, AD, en 2013 se registró que los puntos más visitados son Morelia, con 75 por ciento de ocupación; Uruapan, con 100 por ciento; Mariposa Monarca, 85 por ciento; Apatzingán 50 por ciento y la costa 100 por ciento.
Esta actividad ha sido un factor de desarrollo en la entidad. De acuerdo con la información proporcionada por el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, éste sector genera alrededor de 160 mil empleos directos anuales, además también se destaca que por cada empleo directo se generan tres indirectos.
El territorio michoacano posee gran diversidad natural y cultural, destacan la Mariposa Monarca, el Parque Nacional de Uruapan, el volcán Paricutín, el Lago de Pátzcuaro, Camécuaro y Zirahuén, además de la costa michoacana, entre otros recursos naturales. La presencia de la comunidad Purhépecha en la zona lacustre, la meseta, la cañada de los Once Pueblos y la ciénaga de Zacapu.
La ubicación de la entidad en la región Centro Occidente de la República Mexicana y sus 213 kilómetros de litoral, permiten a la entidad tener acceso a la mitad del mercado nacional, lo cual significa importantes ventajas competitivas en el nivel comercial.
Ciertamente, la inseguridad que afecta a la entidad, ha tenido efectos negativos sobre el comercio y el flujo de turistas; razón por la que se considera necesario emprender medidas que ayuden a dinamizar éstas y otras actividades económicas.
Michoacán cuenta con una superficie de 59 mil 864 kilómetros cuadrados; su red carretera y caminos es de 12 mil 885 kilómetros, que comunican entre sí a las regiones y con las entidades colindantes. Según la clasificación por tipo de camino, hasta 2011 se contaba con 2 mil 673 kilómetros de carretera troncal federal, 2 mil 990 kilómetros de carreteras alimentadoras estatales, 3 mil 65 km de caminos rurales y 4 mil kilómetros de brechas.
Las principales carreteras con las que cuenta el estado son:
• Carretera libre Morelia-Salamanca (federal 43)
• Carretera de cuota Morelia-Salamanca. Cuenta con dos casetas de cobro ubicadas en La Cinta, (entronque a Santa Ana Maya)
• Carretera libre Morelia-Guadalajara (federal 15)
• Carretera libre Morelia-Zitácuaro-Toluca-Ciudad de México (federal 15)
• Carretera Morelia-Maravatío-Atlacomulco-Toluca, cuenta con tramos libres de dos carriles hasta Maravatío y de cuota de cuatro carriles después de Maravatío.
• Carretera Morelia-Pátzcuaro-Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas (federal 37). Esta se divide en la ruta libre (federal 37) y la vía de cuota (cuota 37d) y cuenta con entronque a Las Cañas.
• Libramiento de La Piedad.
• Maravatio-Zapotlanejo con sus ramales a Zinapécuaro-Jeráhuaro-Zinapécuaro-Morelia.
• Morelia-Churintzio-Panindícuaro-Huaniqueo-Panindicuaro-Churintzio.
• Churintzio-La Barca-Ecuandureo.
• Ecuandureo-La Barca.
• Patzcuaro-Uruapan.
• Uruapan-Nueva Italia con sus entronques en Zimícuaro, cuatro caminos y Santa Casilda.
Actualmente, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Capufe, es el organismo encargado de la administración y mantenimiento de las principales carreteras y puentes de cuota del país; opera el 55 por ciento de las autopistas federales de cuota a través de 3 redes:1
1. Red propia: son las autopistas de más antigüedad y más consolidadas en México;
2. Red contratada o privada: son autopistas concesionadas a particulares o gobiernos de los estados;
3. FNI: son las autopistas de la red adscrita al Fondo Nacional de Infraestructura, antes Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas.
En lo que respecta a la determinación de tarifas de peaje, tenemos que conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos, fijar los precios y tarifas de los bienes y servicios que ofrece la administración pública federal.
Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. ...;
II. Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del gobierno del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal;
III. a IX. ...;
X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan;
En este mismo sentido, la Ley de Planeación dispone que:
Artículo 15. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde:
I. ...;
II. Proyectar y calcular los ingresos de la federación y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la ejecución del plan y los programas;
III. a V. ...
De esta manera, la SHCP fija directamente las tarifas de la red propia de Capufe y la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, fija las tarifas por la prestación de servicios de operación y mantenimiento en la Red del Fondo Nacional de Infraestructura y la Red Contratada.2
De acuerdo con información que publica Capufe en su sitio web, “la Secretaria de Hacienda y Crédito Público autoriza las tarifas de los caminos y puentes de cuota concesionados a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con base en propuestas elaboradas por este organismo, para las obras carreteras concesionadas a otras instituciones la autorización corresponde a sus Comités Técnicos y Capufe, como operador, elabora propuesta a solicitud del concesionario. En todos los casos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interviene en los trámites y registra las tarifas autorizadas.
Los criterios de análisis para la definición de tarifas, son:
- Físicos: Tipo de obra (camino o puente), longitud, ubicación.
- Estadísticos: Tarifas y tránsito históricos, incrementos, inflación, producto interno bruto.
- Económicos: Ingresos, costos y gastos (operación, administración, mantenimiento), obra pública, obligaciones fiscales.
- Financieros: Resultados contables y presupuestales, obligaciones financieras.”3
En el caso de Michoacán, de acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el pago de peaje en diversas vías, se ajusta a las siguientes tarifas:
Vía Longitud Cuota de peaje para autosMaravatío-Zapotlanejo 309.700 516
Maravatío-Morelia 75.427 128
Maravatío-Jeráhuaro 21.113 36
Jeráhuaro-Zinapécuaro 16.103 28
Zinapécuaro-Morelia 38.211 64
Morelia-Panindícuaro 66.663 115
Morelia-Churintzio 105.894 171
Morelia-Huaniqueo 39.573 67
Huaniqueo-Panindicuaro 27.090 48
Paníndicuaro-Churintzio 39.231 56
Churintzio-La Barca 55.823 89
Churintzio-Ecuandureo 13.682 14
Ecuandureo-La Barca 42.141 75
Vista Hermosa-La Barca 12.144 24
La Barca-Zapotlanejo 72.556 128
Nueva Italia-Lázaro Cárdenas 151.500 162
Entronque Nueva Italia y Las Cañas 57.500 66
Entronque Las Cañas- Lázaro Cárdenas 99.250 97
Entronque Las Cañas y Feliciano 70.500 65
Entronque Feliciano- Lázaro Cárdenas 28.750 32
Pátzcuaro-Uruapan 56.500 27
Patzcuaro- Zirahuén 20.700 23
Zirahuén-Uruapan 35.800 32
Zurumucapio-Uruapan 16.500 23
La complejidad de la coyuntura que viven los michoacanos es evidente a todas luces, como lo es la necesidad de emprender acciones extraordinarias, concretando medidas que redunden en beneficios tangibles para los habitantes de la entidad.
Facilitar la libre circulación de habitantes y turistas dentro del territorio michoacano, a través de incentivos de tránsito, sería una medida encaminada en este sentido.
Por esta razón, estimamos que sería de utilidad revisar las tarifas de las autopistas concesionadas en Michoacán con el fin de buscar una mejora en las condiciones del precio, y con ello, impulsar el turismo y favorecer las condiciones para la movilidad de las personas y el comercio.
En tal sentido y con el objeto de incentivar el flujo turístico, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos –conforme a las facultades que la ley les confiere– revisen las tarifas y cuotas de peaje que se cobran en las autopistas y puentes de cuota de Michoacán, incluyendo los tramos concesionados; con el objetivo de autorizar su disminución.
Notas
1 Criterios para la fijación de tarifas de peaje caminos y puentes federales, Subsecretaría de Ingresos, Unidad de Política de Ingresos, 22 de octubre de 2010 http://imt.mx/images/files/CID/OECD/Criterios_para_fijacion_tarifas_pea je.pdf
2 Ídem.
3 Preguntas frecuentes, sitio de Capufe, http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufe/menuitem.f5aa095a80b8546c291142 5d316d8a0c/index.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2014.
Diputada Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Conagua y de la empresa pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a difundir información detallada respecto al proyecto hidráulico Monterrey VI, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79 numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El proyecto hidráulico Monterrey VI consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros, que iniciará en el río Tampaón, afluente del río Pánuco, en San Luis Potosí, hasta la presa Cerro Prieto en el municipio de Linares, obra para dotar de agua potable a Nuevo León y su área metropolitana de Monterrey, considerada como un proyecto estratégico por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua.
Esta obra, para su realización requiere una inversión millonaria, por ello durante su campaña electoral y ya en el cargo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto ha manifestado el apoyo total del gobierno federal para su construcción.
Sin embargo, a partir del 12 de octubre de 2010 y hasta la fecha, las autoridades tanto del gobierno federal como del gobierno del estado de Nuevo León, han caído en contradicciones en cuanto a la información de este vital proyecto hidráulico, que lamentablemente está sumido en la opacidad y falta de transparencia.
La falta de claridad y transparencia de las autoridades estatales y federales respecto del proyecto hidráulico Monterrey VI, se contiene básicamente en cinco puntos principales, a saber:
• Hay contradicciones en los costos de financiamiento.
• El gobierno federal recurre al centralismo por la falta de apoyo financiero para realizar esta obra, perjudicando con ello al pueblo de Nuevo León.
• Habría un incremento en las tarifas de agua.
• No está clara la participación de inversionistas.
• Tampoco hay claridad en el uso del agua: consumo humano o extracción de gas shale.
1. Financiamiento
Para este proyecto Monterrey VI inicialmente el gobierno de Nuevo León informó el 12 de octubre de 2010 que su costo sería de mil millones de dólares o 13 mil millones de pesos.
Después el estado aterrizó la información señalando que el gobierno de Nuevo León aportaría 491 millones de pesos, el Fonadin 7 mil 77 millones de pesos, la iniciativa privada 9 mil 768 millones, y “otros” 280 millones sin especificar a qué se refería con éste último rubro, para un costo estimado de 17 mil 616 millones de pesos.
Sin embargo, en un documento de la CNA, titulado “Proyectos Estratégicos 2014”, fechado el pasado 14 de marzo de 2014 –un día después de lanzar la licitación de Monterrey VI– se establece lo siguiente: costo total 15 mil 437 millones de pesos. Financiamiento: Inversionistas privados 12 mil 471 millones de pesos. Fonadin: 2 mil 966 millones de pesos. No se establece aportación del estado.
A este respecto, las preguntas y cuestionamientos que surgen son los siguientes:
1. ¿Cuál será el costo real del proyecto Monterrey VI?
2. ¿Por qué razón el Fonadin bajó su financiamiento a Monterrey VI, pasando de 7 mil millones de pesos para solamente aportar 2 mil 966 millones?
3. ¿Cuál es el motivo por el que se incrementó el financiamiento privado, de 9 mil 700 millones a 12 mil 471 millones?
4. ¿Por qué razón desaparece la aportación del Gobierno del Estado de Nuevo León en el documento de la Comisión Nacional del Agua?
5. ¿El incremento en el financiamiento privado obedece quizá a que el agua que se extraiga del río Pánuco no será usada exclusivamente para consumo humano y se utilizará para fines industriales como la extracción de gas shale?
2. Centralismo
En el documento de la Conagua, o CNA, Proyectos Estratégicos, se detallan las obras hidráulicas que se realizarán por parte de la dependencia federal o bien, tendrán su apoyo como son las que se ejecutarán en el Valle de México, la construcción de presas, acueductos, obras de saneamiento y desalinizadoras.
En estas obras, se puede notar que Nuevo León ha sido perjudicado por el gobierno federal, pese a la promesa de campaña y una vez siendo presidente de Enrique Peña Nieto quien comprometió a su gobierno a apoyar fuertemente obras como la Línea 3 del Metro y el proyecto Monterrey VI.
Sin embargo, el apoyo fuerte ha sido para las obras en el Valle de México como la rehabilitación del Sistema Cutzamala que costará 7 mil millones de pesos que cubrirá CNA en su totalidad, además de El túnel emisor oriente donde el gobierno federal aportará 13 mil 834 millones de pesos, mientras que los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México aportarán cada uno solamente 3 mil 277 millones de pesos. También las obras del túnel emisor poniente II que costará 4 mil 875 millones de pesos y del túnel canal general con 1 mil 138 millones de pesos, serán costeados por la federación a través del fideicomiso 1928.
Mientras que a Nuevo León, el gobierno federal lo condena a buscar financiamiento privado a través del esquema de asociación público-privada, en una práctica de centralismo que se supone había quedado atrás.
3. Tarifas de agua
Aunque el gobierno del estado lo ha negado en declaraciones, el hecho concreto es que existe un documento oficial del gobierno del estado titulado “Evaluación Socioeconómica del Proyecto Monterrey VI Acueducto Tampaón-Cerro Prieto”, en el que se establece con claridad que “para mantener su estabilidad financiera, el SADM (Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey) deberá transferir a los usuarios del sistema los costos incrementales atribuibles al proyecto. Una parte de esta transferencia de costos a los usuarios se realizará a través de las cuotas que el SADM aplica a las empresas de desarrollo inmobiliario, otra parte, se transferirá a los usuarios directos del sistema a través de las tarifas que aplica el SADM por el consumo de agua...De acuerdo con las estimaciones del SADM, se espera que las tarifas se incrementen en un 10 por ciento en términos reales... para amortizar parte de los costos financieros del proyecto”.
4. Participación de inversionistas
Tampoco está clara la participación de inversionistas en este proyecto, y por qué el gobierno federal decidió subir su participación económica en el mismo. Al participar inversionistas bajo el esquema de asociación pública privada. ¿Cuál será su ganancia? ¿Se subirán las tarifas de agua para compensar su inversión? ¿Es una mayor participación privada debido al mayor uso privado o industrial del agua de Monterrey VI?
6. Uso del agua
Finalmente esta es otra duda más que ni el gobierno del estado ni el gobierno federal han resuelto: ¿se utilizará el agua de Monterrey VI exclusivamente para consumo humano, o se utilizará para uso industrial principalmente en la extracción de gas shale que requiere gran cantidad del líquido?
Esta duda surge porque hay otro documento oficial del gobierno del estado, de la Secretaría de Desarrollo Económico titulado “Retos Desarrollo Regional. Energía 2014” en el que se establece también con precisión en la página 15 la inversión de mil millones de dólares en la obra hidráulica con la que se pretenden garantizar el abasto de agua para los próximos 50 años en Nuevo León con 520 kilómetros de acueductos provenientes del río Pánuco “suficiente agua para las compañías que exploten el gas shale” establece el documento.
Aunque las autoridades del gobierno de Nuevo León han declarado ante los medios de comunicación que no se incrementarán las tarifas de agua ni se utilizará el agua de Monterrey VI para la extracción de gas shale, debemos considerar que son simples palabras, declaraciones, mientras que en contraste con ello, existen documentos oficiales en los que las mismas autoridades de Nuevo León respaldan el incremento de tarifas y el uso del agua no solamente para consumo humano sino para la extracción de gas shale.
Además, también en palabras, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se ha comprometido a apoyar este proyecto hidráulico, sin embargo en los hechos y en las cuentas, es mínimo el apoyo financiero de la Federación, motivando que el estado adquiera una deuda enorme disfrazada bajo el esquema de asociación público privada.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director de la Comisión Nacional del Agua, ciudadano David Korenfeld Federman, así como al titular de la empresa pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ciudadano Emilio Rangel Woodyard, para que en uso de sus facultades y atribuciones dé a la opinión pública, a la brevedad posible, información detallada respecto al proyecto hidráulico Monterrey VI, principalmente en cinco puntos principales: 1. Financiamiento. 2. Apoyo del gobierno federal. 3. Participación de inversionistas bajo el esquema de asociación público privada. 4. Esquema tarifario. 5. Uso del agua para consumo humano, industrial y la posibilidad de su uso para la extracción de gas shale.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal suspenda el proyecto hidráulico Monterrey VI, hasta que se tenga información clara y precisa sobre el mismo.
Cámara de Diputados, a 20 de marzo de 2014.
Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al otorgamiento ilegal de permisos de construcción en Guerrero, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es por todos conocido que la ubicación geográfica de nuestro país ha permitido su exposición a diversos eventos meteorológicos severos, los cuales, en las últimas décadas, han ocasionado miles de muertos y millones de damnificados.
En este contexto, los de mayor efecto en el territorio nacional son los terremotos y los huracanes.
De hecho, en septiembre del año pasado, la fuerza de dos fenómenos naturales (tormenta tropical Ingrid y el huracán Manuel), afectó 22 estados de la república, con un total de 157 muertos y más de 1 millón 200 mil damnificados.
De los 521 municipios que registraron daños, 309 fueron declarados en desastre natural y 212 en estado de emergencia. De esta manera se constató que el país no contaba con una política de protección civil, ni con los recursos suficientes para enfrentar una situación de esta magnitudes.
El estado fue uno de los más afectados, quedó incomunicado por aire y tierra casi una semana. Los deslaves en la Autopista del Sol, la principal vía de comunicación entre la Ciudad de México y Guerrero impidieron a miles de visitantes salir de la entidad.
A esto se sumaron los puentes y caminos destruidos por ríos y derrumbes que incomunicaron a al menos 30 comunidades de la región de la Montaña, lo que ha dificultado que llegue la ayuda a tres semanas de la tragedia (http://mexico.cnn.com/nacional/2013/10/13/10-cosas-que-aprendimos-tras -el-paso-de-las-tormentas-ingrid-y-manuel).
Ante ello, el titular del Ejecutivo y gran parte de los secretarios de Estado visitaron los estados más afectados por el fenómeno natural, particularmente Guerrero, donde a últimas fechas se había descubierto el otorgamiento ilegal de permisos de construcción, por funcionarios públicos, que favorecieron la inundación. Y en la cual se comprometió, con el gobernador, a realizar las investigaciones correspondientes, que pudieran deslindar responsabilidades.
Sin embargo, a casi cinco meses de la tragedia ocurrida en Guerrero, no se sabe nada acerca de las investigaciones realizadas por los dos órdenes de gobierno, ni de los posibles responsables por dichas acciones. Ello deja en claro las viejas prácticas del gobierno en turno, el cual durante años ha encubierto a funcionarios corruptos y criminales de cuello blanco, los cuales no han hecho otra cosa que sacar beneficio de sus posiciones políticas y gran tajada del erario.
Por lo anterior, nuestra bancada hace un enérgico exhorto a los dos órdenes de gobierno a cumplir a cabalidad la legislación vigente y no se vuelvan cómplices de dichos actos, los cuales dejaron sin hogar a miles de personas y pusieron en riesgo la vida de millones de guerrerenses.
Derivado de lo anterior se someten a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que, en ejercicio de sus facultades, investigue en un plazo no mayor de 30 días el otorgamiento de permisos ilegales de construcción de complejos habitacionales en zonas de riesgo, como lagunas secas o humedales, por funcionarios públicos y alcaldes en Guerrero.
Segundo. Se exhorta al gobernador de Guerrero a efecto de que, en ejercicio de sus facultades, investigue en un plazo no mayor de 30 días el otorgamiento de permisos ilegales de construcción de complejos habitacionales en zonas de riesgo, como lagunas secas o humedales, por funcionarios públicos y alcaldes en el estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2014.
Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Víctor Manuel Jorrín Lozano.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales y a las municipales de Puebla a adoptar, aplicar y dar publicidad a la Ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas del Estado de Puebla, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, México está catalogado como fuente, tránsito, y destino para la trata de personas, para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Los grupos considerados más vulnerables incluyen a mujeres y los niños, las personas indígenas, y los migrantes indocumentados.1
Aunado a ello, en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se menciona que “la trata de personas, es un problema que afecta a 20.9 millones de personas en el mundo y que cada año capta alrededor de 2.5 millones de seres humanos (Organización Internacional para las Migraciones). Según la ONU, las mujeres, niñas y niños conforman los sectores más afectados por este delito (22 por ciento son menores de edad; 66 por ciento, mujeres). En México hay entre 16 mil y 20 mil niñas y niños como esclavos sexuales y es un país de origen, tránsito y destino de víctimas para la trata de personas”.
En dicho tenor y ante la creciente situación en nuestro país, se crearon organismos como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la cual “fue creada para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, para contribuir al derecho de la ciudadanía a que se le procure justicia”.2
Por lo que al Legislativo corresponde, a escala federal se cuenta con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, que establece:
Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Sin embargo, cada día salen a la luz pública más casos de trata de personas en el país, tal es el caso de lo que ocurre en ciertas áreas del estado de Puebla, donde según la información recabada por Marian Wenzel –especialista y activista en la materia–, quien asegura que en 14 municipios existen, por lo menos, 107 centros nocturnos donde mujeres menores de edad son explotadas para el comercio sexual.3
Mujeres de entre 13 y 16 años de edad son las principales víctimas de las redes de trata de personas que existen en Puebla, Tehuacán, Atlixco, Huejotzingo, Ajalpan, Esperanza, Libres, Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán, Xicotepec, Zacapoaxtla, Zacatlán y Tetela de Ocampo, quienes según el informe, provienen de Chihuahua, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal.
Por estos hechos es necesario mencionar que Puebla se mantiene como un foco rojo en el mapa de la trata de personas en el país, ya que existe un alto índice de tránsito de migrantes además de que su proximidad con la población de Tenancingo, Tlaxcala, conocida como la cuna de la trata de personas, hacen más proclive al estado a ocupar un lugar penosamente destacado en este negocio ilícito.4
Frente a esa situación, la CNDH ha exhortado a impulsar “campañas contra la pornografía infantil, abuso y turismo sexual, implementando mecanismos eficaces para la detección y atención de las víctimas”, a la par de “promover una estrecha cooperación y colaboración con la sociedad civil para hacer un frente común y eficaz contra la trata de personas, fortaleciendo las acciones de prevención y sensibilización” y, por último, que se presente una “armonización de la legislación interna con el objetivo de prevenir y erradicar la trata de personas”.
Ya lo hemos referido en diversas iniciativas y puntos de acuerdo a favor de los derechos de las mujeres, así como propuestas para lograr la igualdad sustantiva a partir del reconocimiento de las diferencias que pudieran presentarse por razón de género; en dicho tenor pugnamos nuevamente para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y que la penosa situación que existe en torno a la trata de personas y el papel que México desempeña en el ámbito internacional (según cifras de organizaciones, nuestro país ocupa el quinto sitio a nivel mundial) para la consecución de los delitos relacionados se erradique; por ello presentamos el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades estatales y municipales de Puebla a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten, apliquen y den publicidad a la Ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas del Estado de Puebla, a los ordenamientos estatales relacionados con ella, y a las acciones, las políticas y los programas sociales destinados al cumplimiento de los objetivos de dicha ley.
Notas
1 Trata de Personas en México “Trata en México”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.tratadepersonas.com.mx/tratamx.html
2 PGR, Fevimtra [en línea], México. Dirección URL: http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federal es/Que%20es%20fevimtra.asp
3 Central. “La trata de personas en Puebla” [en línea], México. Dirección URL: http://www.periodicocentral.mx/component/k2/el-mapa-de-la-trata-de-pers onas-en-puebla/16305-el-mapa-de-la-trata-de-personas-en-puebla
4 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2014.
Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.
Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, a cargo del diputado Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI
La nación que destruye su tierra, se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de nuestra tierra, purifican el aire fresco y dan fuerza a nuestro pueblo.
Franklin D. Roosevelt
Entre todos los países y territorios del mundo, México ocupa el lugar catorce en superficie con sus casi dos millones de kilómetros cuadrados, atravesados por las sierras Madre Oriental y Occidental, bañados al oriente por el Golfo de México y el mar Caribe, y al poniente por el Océano Pacífico.
Esta ubicación privilegiada y la diversidad del relieve de nuestro país determinan que –como refiere la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), contemos con “una gran diversidad de ecosistemas, que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos, pasando por desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas costeras.”1
En 1971 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró el 21 de marzo como fecha para celebrar el Día Forestal Mundial, misma que a partir de 2013 se conmemora bajo el nombre de “Día Internacional de los Bosques” y está encaminada a concientizar a las naciones sobre la importancia de estos ecosistemas y la necesidad de realizar acciones y planes para su conservación y crecimiento.
Con motivo de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer que nuestro país cuenta dentro de su superficie continental total, alrededor del 70% de vegetación forestal, equivalente a 138 millones de hectáreas, en las que se encuentran 30 mil especies vegetales, comprendidas en matorrales xerófilos, bosques, salvas, pastizales y vegetación acuática, entre otras, distribuidas a su vez en 10 ecosistemas distintos.2
La importancia de los bosques en términos de la subsistencia y el desarrollo de los seres humanos, se explica en función de la cantidad de bienes que nos proveen: alimentos, medicinas, madera, combustibles, materias primas para la fabricación de utensilios, muebles, materiales para la construcción, papel, cera, etc.
Asimismo, los bosques ofrecen resguardo a diversas especies animales y cumplen con importantes funciones ecológicas tales como la regulación del ciclo hidrológico, reserva de agua, captura de carbono y generación y conservación de suelos.
Como sabemos, la actividad humana ejerce una gran presión sobre los ecosistemas; los bosques se ven especialmente amenazados por los efectos de la deforestación, los incendios y la degradación de los suelos que se generan con los desmontes para agricultura, las actividades ganaderas, la urbanización y la construcción de caminos.
Además, el problema de los incendios se ha visto agravado en años recientes por los efectos del cambio climático, y la tala clandestina, empeorada con la participación de grupos criminales organizados.
De acuerdo los registros de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en 2013 hubo un total de 10,391 incendios forestales, y en lo que va de 2014, se llevan contabilizados 263, con daños a una superficie de 1,477.78 hectáreas.
Este Poder Legislativo ha sido sensible ante la necesidad de robustecer los instrumentos jurídicos para la protección de nuestros bosques; en ese sentido, se destaca la aprobación, en esta legislatura, de diversas reformas a las Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de no reducción y rehabilitación de las áreas naturales protegidas, protección a los ecosistemas de montaña, y fortalecimiento de la política forestal en lo relativo a la información que generan los inventarios forestales y de suelos y del procedimiento para las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Asimismo, es de mencionarse la reforestación de 375,705.8 hectáreas lograda en 2012, como parte de los esfuerzos para recuperar parte de la superficie forestal perdida y/o dañada.
Reconociendo estos avances, es necesario profundizar en el reconocimiento del alto valor que tienen los bosques, tanto a nivel ecológico como económico, y en ese sentido, dar continuidad y reforzar las actividades para su protección.
Me gustaría concluir, parafraseando un pensamiento del escritor peruano José María Eguren, quien se refiriera al bosque como una afirmación de la naturaleza y un elemento vital que tiende sus frutos a todos los seres orgánicos, que descorre los poderes mágicos de la naturaleza campesina y es una concentración armónica de los valores primos de la naturaleza.
Notas
1 http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex.html
2 “Estadísticas a propósito del día internacional de los bosques (21 de marzo)”, INEGI, 18 de marzo de 2014, Aguascalientes, Ags.
Muchas gracias.
Diputado Pedro Gómez Gómez (rúbrica)
Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo de los diputados Kamel Athié Flores y Marco Antonio González Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
El 22 de marzo se celebra el Día Mundial de Agua. No existe tema más importante para todos los que habitamos el planeta.
Debido a la falta de atención a la materia y preocupados por el aumento de sequias, la tala inmoderada, la contaminación de cuerpos de agua y el aumento de la población, surge el Día Mundial del Agua, que funge como un medio para llamar la atención sobre la importancia del agua y la defensa de los recursos de agua dulce.
Tenemos contaminada tanto el agua dulce, como la salada, en muchos casos gracias a la intervención de los seres humanos; como ejemplo innumerables derrames de petróleo o descargas de tóxicos directas al mar, son parte de las imágenes de los noticieros, que dan cuenta de la destrucción de nuestro más importante aliado: el agua.
Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua: en 2014 trata sobre el agua y la seguridad alimentaria.
Todas las personas necesitan consumir de 2 a 4 litros de agua al día. Pero se requieren de 2 mil a 5 mil litros de agua para producir los alimentos diarios de cada persona.
Para tener como resultado una alimentación sostenible, se debería producir más alimentos utilizando menos agua y reducir las pérdidas.
El agua y la seguridad alimentaria es un tema de interés nacional, debido a los desequilibrios en el ámbito rural y urbano con escenarios de desarrollo y desigualdad. El gobierno federal realiza un esfuerzo conjunto con obras y programas que fortalecen los sistemas de agua y realizan esfuerzos por recuperar bosques y con ello ríos y lagos.
Para combatir estos desequilibrios el Poder Ejecutivo, a través de sus instituciones analiza y estudia las regiones y microrregiones, para llevar al máximo el potencial para la obtención de agua.
Se establecen ahora, los cambios legislativos que combatirán a futuro problemas que impactarán en lo económico y social, por ello se establecen las bases para una seguridad alimentaria sostenible, no deteriorada y con una amplia selección.
Son importantes los esfuerzos en la materia, pero insuficientes, ya que todos los países del mundo, enfrentan problemas de calidad del agua.
Cada país debe consolidar energías limpias que protejan el ambiente y cuiden los recursos naturales, aproximadamente el 8 por ciento de la generación de energía global se utiliza para la extracción, el tratamiento y el transporte de agua a varios consumidores.
Son valiosas las aportaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas junto con los Estados miembros, en la delineación de políticas públicas a favor del cuidado del agua; sin embargo no bastan, ya que el lenguaje no logra tener recepción adecuada en los ciudadanos, porque es claro que no hay educación ambiental y en nuestro caso, muchos mexicanos contaminan los cuerpos de agua.
Debe prevalecer el apoyo total a las industrias verdes, las que deben estar instituidas y apoyadas por todos los sectores de gobierno y población.
En el Día Mundial del Agua se deben promover prácticas sostenibles, en el ámbito de agua y energía.
México no debe caer en la simulación de políticas, este es un reto para todos; no sólo del gobierno, no sólo de partidos, es la voluntad conjunta la que lograra la contención y solución de los fenómenos sociológicos que hacen que los seres humanos contaminen.
El Aumento de la población seguirá, la demanda de agua dulce será primordial en las próximas décadas. Este aumento al consumo presentará grandes desafíos en todo el mundo y la deforestación crecerá en casi todas las regiones, especialmente en las economías en desarrollo y las emergentes.
A nivel mundial, 1,3 mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad, 768 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2,5 mil millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento. El agua y la energía tienen impactos importantes sobre el alivio de la pobreza.1
Una mejor coordinación entre los sectores de agua y energía mejorará las metas en materia de energía y planificación del uso del agua, dando lugar a la reducción de ineficiencias.
Quienes diseñan políticas públicas, sociedad civil y autoridades, pueden tomar medidas para promover el ahorro de energía y cuidado del agua.
Debe hacerse conciencia del precio real de la obtención, acopio, transporte y limpieza del agua, del subsidio que reciben las familias y de lo importante que es su pago, para el mantenimiento de las redes de agua potable.
También se deben modernizar los sistemas de cobro, hacer estudios socioeconómicos para nuevas zonificaciones que permitan bajar pagos, dirigidos al apoyo de las familias de escasos recursos económicos.
El agua es una tarea de todos los mexicanos, es de suma importancia mover conciencias, así como generar sinergias entre los ciudadanos y los tres órdenes de gobierno.
Se necesitan políticas nacionales innovadoras que puedan conducir a una mayor eficiencia en la prestación de los servicios de agua, que tanto sirven y servirán a todos los mexicanos.
Nota
1 Tomado de http://www.un.org/es/events/waterday/, el 17 de marzo de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2014.
Diputados: Kamel Athie Flores, Marco Antonio González Valdez (rúbricas).