Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3984-IV, miércoles 19 de marzo de 2014
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la secretaria de Salud que fije medidas para garantizar por obligatoriedad que todo el personal prestador de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en guarderías cuente con estudios específicos en la materia comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., apartado 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a que realice las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace poco más de dos décadas la familia mexicana ha sufrido cambios en su organización, la gran mayoría motivados básicamente por la necesidad de proveer el sustento.
Es así que tenemos hogares donde cada vez más ambos padres trabajan, o bien hay padres solos que son el único sostén de la familia como por ejemplo madres solteras o jefas de familia que tienen que equilibrar el tiempo que destinan a su trabajo con el que le brindan a sus hijos y encontrar entre éstos dos un espacio donde sus hijos estén bien.
Cifras al respecto aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1 indican, que tan sólo en el inicio de la década del año 2000 cerca del 35 por ciento de mujeres activas económicamente tuvieron que abandonar sus trabajos ya sea en el sector servicios o comercio, por no contar con alguien que cuidara a sus hijos. Desgraciadamente éste porcentaje no ha dejado paulatinamente de incrementarse a la fecha.
De igual manera, tenemos que más del 40 por ciento de la población económicamente activa son mujeres que se encuentran entre 25 y 39 años2 (edad de plenitud laboral o profesional, que coincide con la etapa de maternidad planeada) y muchas de ellas son la cabeza y el único sustento económico de más de 5 millones de hogares en el país.
Sin embargo; independientemente de la estructura organizacional y de funcionamiento económico de la familia, la realidad es que la demanda de las estancias denominadas “infantiles” o “guarderías”; que son espacios en donde se reciben a los menores de 43 días de nacidos y hasta los 5 años 11 meses de edad, para cuidarlos el tiempo necesario para que sus padres cumplan con su jornada laboral –generalmente todo el día–, se ha incrementado y no solo son necesarias, sino incluso imprescindibles.
En México se ha detectado lo anterior y se han hecho esfuerzos institucionales para otorgarle la debida atención al asunto. Parte de estos esfuerzos radican en la identificación plena de sus características; por ejemplo existen tres modalidades de estancias infantiles:
• Las subsidiadas por alguna institución pública local o una organización civil;
• Las destinadas a trabajadores derechohabientes de institutos de salud o empresas; y
• Las privadas o también consideradas particulares.
Así como también se han definido sus objetivos, su misión y sus obligaciones; al respecto la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil publicada el 24 de octubre del 2011, es muy clara y en ella se expresa lo siguiente:
• Encomienda:
“Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.”
• Organización:
“Artículo 11. El Ejecutivo federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y los municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:
I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;
II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;
III. A la atención y promoción de la salud;
IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;
V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;
VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;
VII. A la no discriminación;
VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez; y
IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta.”
• Funcionamiento:
“Artículo 12. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta ley, en los centros de atención se contemplarán las siguientes actividades:
I. Protección y seguridad;
II. Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil;
III. Fomento al cuidado de la salud;
IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el centro de atención o a través de instituciones de salud pública o privadas;
V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;
VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños;
VII. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad;
VIII. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo;
IX. Enseñanza del lenguaje y comunicación;
X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.”
Con estos esfuerzos, se pretendió institucionalizar la seguridad y la integridad de los menores a los que les asiste éste derecho y además garantizar para la tranquilidad de sus padres o tutores, que el desarrollo de sus hijos se brindaría bajo las mejores condiciones.
Si bien, se ha logrado avanzar al respecto en materia de ordenamiento, regulación operacional, medidas de seguridad, prevención de accidentes y protección civil en la zona circundante a las instalaciones; todavía no se ha obtenido lo deseable por encima de lo posible.
Aún queda mucho por hacer en la materia.
Por ejemplo, no se ha logrado contabilizar el número exacto del total de guarderías y estancias infantiles que operan en el país, existe una cifra aproximada que rebasa las 9 mil instalaciones sin embargo se tiene conocimiento que hay muchos lugares irregulares que ofrecen sus servicios de manera doméstica; es decir utilizan sus hogares acondicionándolos de manera improvisada.
Pero además, se ha dejado de lado un factor determinante para que todo lo anterior en materia de funcionamiento y regulación se cumpla a cabalidad y conforme se exige y se requiere.
No se ha establecido en la ley la profesionalización del personal que labora en las guarderías o estancias infantiles en el país.
En algunos casos, se exige que el personal deba de contar con la preparación requerida y además certificada por las autoridades educativas correspondientes; pero son casos excepcionales; no corresponde a una obligación.
Esta situación es inadmisible, si en contraparte nos hemos esforzado por garantizar que estos espacios sean lo mejor posible para el cuidado de nuestros hijos. Incluso ha favorecido el establecimiento masivo de lugares irregulares o improvisados. Que prosperan como un foco latente de accidentes, porque los padres tienen irremediablemente que salir a trabajar y buscan la opción más cercana a su casa, la más barata y la que en el horario les convenga para dejar a sus hijos por un lapso que puede variar entre las 4 y 9 horas diarias; dejando en último término la preparación, certificación y experiencia de las personas que se quedan como responsables de sus hijos.
En contraparte encontramos, que lo único que se mencione al respecto sea en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en su artículo 8 que dice:
“Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a VI. ...
VII. Prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral infantil: Aquellas personas físicas o morales que cuenten con permiso, licencia o autorización, emitido por la autoridad competente, para instalar y operar uno varios Centros de Atención en cualquier modalidad y tipo;
VIII. a XV...”
Pero como se puede apreciar, únicamente define; pero no establece los criterios de preparación y certificación de habilidades que deban de tener obligatoriamente para prestar sus servicios.
Olvidamos u omitimos qué tan importantes son las condiciones de las instalaciones como también lo son las capacidades del personal que opera en ellas.
Si bien es cierto que aún falta mucho por hacer para tener la plena garantía de que tragedias como la sucedida en Sonora donde 49 menores perdieron la vida de manera trágica, jamás se vuelva a repetir.
Garantizar la profesionalización del personal que preste sus servicios en las guarderías y además difundir esta acción, no solo tendrá efectos inmediatos en la mejora de su organización y funcionamiento, sino también tendría un efecto positivo contra la proliferación de las estancias consideradas irregulares; ya que los padres de familia estarán conscientes y por lo tanto en condiciones de exigir que se cumpla la ley y que sin excepción alguna todo el personal que labore en esos lugares cuente con los documentos que acrediten su formación y preparación para tal efecto.
Esto es un propósito posible además de necesario, contamos con el personal calificado a lo largo de todo el país que cada año egresa con las aptitudes, conocimientos y preparación para atender el propósito del presente punto de acuerdo.
Atenderlo, tampoco representa un impacto presupuestal, ni mucho menos en materia de costos para las estancias que operan actualmente.
Lo anterior tiene una especial relevancia, por tratarse en específico de un sector de la población altamente vulnerable: nuestros niños.
Y esta soberanía, es y deberá ser garante en todo momento del adecuado desarrollo de todos ellos.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a que:
1. Realice un ordenamiento y regularización de todas las estancias infantiles y/o guarderías del país.
2. Realice las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente.
3. Difunda mediante una campaña publicitaria a nivel nacional, la obligatoriedad de la profesionalización del personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010.
2 Censo Económico, Inegi. 2009.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por el gabinete de seguridad nacional, con el gobierno del estado de México, una estrategia integral de seguridad pública para enviar fuerzas federales que contribuyan a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes-La Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Alberto Díaz Trujillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y artículo 79, fracción II, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
La seguridad pública es parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de derecho, genera las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza que su vida, su patrimonio y sus bienes estén exentos de todo peligro, daño o riesgo, es una función del Gobierno que implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.
Mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, es un quehacer que obliga al Estado a llevar a cabo acciones conjuntas con los tres órdenes de gobierno, asimismo requiere de la participación de diversas instancias e instituciones, para la protección de la persona en contra de actos lesivos de otros individuos.
El 19 de octubre de 2011 se promulgó la Ley de Seguridad del Estado de México, que establece el concepto de Seguridad Ciudadana, y coloca como eje central de su atención a la persona, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. De esta manera, se busca disponer espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y propiciando condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza. Con este fin, se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Cabe mencionar que la Ley de Seguridad del Estado de México otorga a esta Secretaría nuevas y mayores responsabilidades en materia de prevención y combate especializado del delito, de reinserción social, de participación ciudadana, de seguridad privada y pirotecnia, entre otras, lo cual obliga al fortalecimiento de su estructura orgánica para cumplir a cabalidad con los imperativos legales vigentes, preceptos que a la fecha no han dado resultados en la labor de combatir la inseguridad, sino por el contrario, los índices delictivos han incrementado, lo cual pone en evidencia la falta de control territorial por parte de las autoridades municipal y estatal.
Los recientes sucesos, el incremento de la incidencia delictiva y los lamentables acontecimientos que han surgido en el Estado de México, donde se han perdido vidas humanas, son reflejo de los delitos que presentan un aumento en los últimos tres años como son el secuestro, los homicidios, el robo a bancos, el robo de vehículos, el robo a transportistas, el robo con violencia en general y los delitos sexuales; Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México no sólo se ha incrementado el secuestro 46% en un año, sino también otros delitos clasificados de alto impacto como el hurto de automóviles, el robo a transporte e incluso asalto a bancos, además de las lesiones.
Sí comparamos el 2012 con el 2013 en homicidios tenemos un aumento del 15 por ciento, en secuestro del 26 por ciento. Si comparamos enero del 2013 con enero del 2014, tenemos en homicidio un aumento 17 por ciento y en secuestro del 35 por ciento.
Es de condenarse la ola de violencia que en los últimos días se ha manifestado con asesinatos de personas inocentes, en el Estado de México, en los primeros 10 días de este año, 28 personas fueron asesinadas, en su mayoría en ejecuciones múltiples, el pasado viernes, se registraron al menos 14 asesinatos y cinco personas heridas en cuatro municipios de esa entidad: Tlalneplantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz y Ecatepec.
Las condiciones actuales que vive el Estado de México, obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fortalecer los esquemas de protección y actuación institucional para salvaguardar la integridad de los Mexiquenses, en Acción Nacional estamos conscientes del peligro que implica la creciente actividad delictiva del crimen organizado en la entidad, por ello hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Gobernador, para que implementen operativos, refuercen la seguridad y restablezcan el orden.
Para materializar las aspiraciones de seguridad y justicia de los mexiquenses, se requiere de la concurrencia de los tres Poderes de Gobierno y resulta de particular relevancia la colaboración del Ejecutivo Estatal a través de sus órganos de seguridad y procuración de justicia.
En Acción Nacional, buscamos fomentar la cultura de la legalidad que ha de redundar en una mayor protección de las personas y de las familias, una mejor atención a las víctimas del delito, y a la persecución y captura de los delincuentes. El respeto a la eminente dignidad humana, implica el conocimiento de los derechos y su exigencia, así como de los deberes y su cumplimiento.
Por ello hacemos un enérgico llamado a las autoridades Federales y Estatales para que emprendan acciones inmediatas en materia de seguridad encausadas a proteger la vida y el patrimonio de todos los mexiquenses, velando por su tranquilidad. Reconocemos los problemas y sus consecuencias, por ello pedimos se cumplan con los compromisos de bienestar y se materialicen con acciones que conduzcan a la consolidación de la paz anhelada.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un llamado respetuoso al Ejecutivo federal para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el gobierno del estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias Mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes la Paz y Ecatepec.
Diputado Alberto Díaz Trujillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SEP, de la STPS y de la SHCP a analizar y resolver el problema que afecta a los jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación descrita en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Roberto López Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Todas las autoridades del país, deben tener como una de sus tareas centrales, la consecución de la legalidad y la justicia, como instrumento indispensable para restablecer el tejido social y, por tanto, a la nación toda.
En 2004, dada la revisión del contrato colectivo de trabajo entre los trabajadores del Colegio de Bachilleres y la institución, los trabajadores decidieron estallar la huelga. Después de 12 días de negociaciones, las partes acordaron modificar la cláusula 68 de dicho Contrato Colectivo, reforma que para los trabajadores representaba la posibilidad de obtener un mayor ingreso en su jubilación, dado que la institución cumplía 30 años de haber sido creada y se preveía el que muchos de los trabajadores fundadores estarían en las posibilidades de concluir su vida laboral, así, la institución presentó la siguiente redacción de la citada cláusula, misma que motivó a los trabajadores levantar la huelga.
Cláusula 68
Terminación de la relación laboral:
En caso de terminación de la relación laboral de un trabajador, por renuncia, incapacidad o jubilación, “El Colegio” se compromete a entregarle el finiquito legal con salario integrado que en su caso le corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la ley Federal del Trabajo, cuando proceda, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de dicha terminación, como se estipula en los Contratos Colectivos de Trabajo del Colegio de Bachilleres a partir de la firma 2004-2006 hasta el último 2012-2014.
De igual manera se compromete a entregar a los beneficiarios del trabajador que fallezca el finiquito legal con salario integrado que en su caso corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del mismo plazo, siempre y cuando el trabajador haya designado ante el Colegio a su beneficiarios. De no haberlo hecho así, lo entregará dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se determine, por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resulte ser el o los beneficiarios.
El plazo a cargo de “El Colegio” no regirá cuando, por causas imputables al trabajador, no pueda llevarse a cabo alguna etapa del procedimiento.
Es de considerar, que en ese mismo año, varios trabajadores y trabajadoras iniciaron su trámite de jubilación, observándose que la clausula en su redacción, estaba sujeta a dos interpretaciones, una de ellas fue el que la prima de antigüedad se debía pagar con el cálculo del salario integrado, y otra que la misma debía pagarse conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, esto es, al doble del salario mínimo general. Para la institución, a pesar que en su momento signó la cláusula 68, la interpretación válida ha sido la segunda y para los trabajadores la primera, ocasionando con ello la generación de un conflicto laboral.
Como resultado de ello, en los juicios laborales no ha existido un criterio unificado acerca de quién tiene la razón legal, ya que ambas partes en diferentes colegiados, han obtenido sentencias en los dos sentidos, a favor de los trabajadores a favor de la institución.
Resulta trascendental no perder de vista que este conflicto laboral tiende a crecer, por el hecho de que cada año se incrementa el número de trabajadores jubilados y que el problema esta sobrepasando las facultades de la institución, y que en un momento determinado no es sólo un problema de carácter económico sino de credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales por parte de “El Colegio” ante sus trabajadores jubilados, es por ello necesario dar una solución adecuada a este conflicto laboral y considerar la participación y coordinación interinstitucional entre la dependencias gubernamentales de la Secretaría de Educación pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público a instalar con la mayor brevedad una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres para que reciban la prima de antigüedad, misma que es de 12 días de salario por cada año prestado a la institución con salario integrado, esto en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, pactado entre el Colegio de Bachilleres y sus Trabajadores, asumiendo que dicha cláusula contractual adquirió este sentido y fue el motivo principal para que los trabajadores levantarán la huelga que llevaban a cabo en 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.
Diputados: Roberto López Suárez (rúbrica), Socorro Ceseñas Chapa, Flor Pedroza Aguilera, Elena Margarita Tapia Fonllen, Karen Quiroga Anguiano, Luis Manuel Arias Pallares, Javier Salinas Narváez.
Con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento de Pemex en la extracción de hidrocarburos, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por artículos 6o, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos, en materia de energía. En su artículo sexto transitorio se establece que la solicitud de las áreas de exploración y campos en producción que Petróleos Mexicanos (Pemex) piensa mantener, se deben presentar ante la Secretaría de Energía 90 días después de la entrada en vigor del decreto que reformó la Constitución en materia energética, venciendo dicho término el próximo 21 de marzo.
El transitorio establece que Pemex deberá someter a consideración de la secretaría del ramo en materia de energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. Lo anterior, en virtud de que la Secretaría de Energía emita a los 180 días naturales posteriores a la fecha de solicitud de Pemex, una resolución en la que se establecerá la superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes.
El periódico Milenio publicó el pasado viernes 14 de marzo, que el director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, adelantó que esta semana Pemex presentará su lista de campos que se incluirán en la Ronda Cero y a más tardar el próximo abril presentará a detalle la propuesta de leyes secundarias que consolidarán la reforma energética.
Sin embargo, al día de hoy no se ha hecho pública ninguna resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos establezca los lineamientos para el análisis y evaluación de las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva, que presente Petróleos Mexicanos.
En esta etapa, conocida como Ronda Cero, el Estado mexicano deberá garantizar que Pemex tenga áreas de crecimiento que no sean objeto de competencia. Con la finalidad de que existan condiciones mínimas para que lo anterior se lleve a cabo, los lineamientos que establezca la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberán otorgar mejores condiciones para Pemex. Esto únicamente podría ser garantizado una vez aprobadas las modificaciones a las leyes secundarias en materia de energía, donde se deberán establecer los lineamientos que se consideren para los procedimientos de licitación, que se llevarían a cabo en los términos del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.
Considerando que no existe el marco legal regulatorio adecuado, y las áreas de exploración y campos en producción que Petróleos Mexicanos piensa mantener, es la decisión estratégica más relevante de la paraestatal, así como para la seguridad energética nacional en varias décadas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a que no realice ninguna solicitud de las áreas de exploración y campos en producción que Petróleos Mexicanos piensa mantener, hasta que exista un marco legal regulatorio adecuado que garantice el fortalecimiento y crecimiento de la paraestatal; y se publiquen los lineamientos para el análisis y evaluación de las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva, que presente Petróleos Mexicanos conforme a lo establecido en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2014.
Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Chiapas a investigar y resolver lo sucedido en San Antonio del Monte, San Cristóbal de las Casas; y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a preservar, mantener y establecer el orden, la tranquilidad y la seguridad públicos en la comunidad, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado domingo, habitantes de la comunidad de San Antonio del Monte, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, sufrieron de saqueo, quema de casas y destrucción de vehículos; situación generada presuntamente por un problema de agua pero más tarde –según los pobladores– tomó otro giro con el asunto de la escrituración de los terrenos.1
De tal forma que se ha responsabilizado a Narciso Ruiz Sántiz, líder de la Asociación de Locatarios del Mercado Tradicional de Chiapas (Almetrach) de encabezar al grupo de agresores, junto con algunos otros líderes como Juan Pulado Gómez, agente municipal y Ernesto González López, representante de la comunidad.
Cabe destacar que a las 2:00 horas del domingo, fueron rescatados dos tzotziles que permanecían retenidos, Mariano Pérez Gómez y Manuel Pérez Díaz, que permanecieron amarrados en el lugar, donde fueron golpeados por el grupo agresor2 , por lo que su estado de salud se reporta como grave; a la par de que se encontró por parte del agente del Ministerio Público, 24 casquillos en el lugar de los hechos.
Aunado a ello, el conflicto ya cobró su primera víctima mortal, ya que Miguel Ángel Arias Gómez, de diez años de edad, perdió la vida de un disparo de arma de fuego a la altura de la cien del lado izquierdo, cuando fue sorprendido por los agresores cuando éste había ido a una tienda a hacer unos mandados3 ; mientras que según los reportes también hay diez lesionados de gravedad, todo esto a raíz del intento de rescate de Mariano Pérez Gómez, tesorero de la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas, quien estaba retenido.4
Cabe destacar que 200 indígenas tzotziles se han desplazado de la comunidad ante el temor de un nuevo ataque que ponga en riesgo su integridad física y la de sus familias, en este contexto, habitantes de la comunidad se manifestaron en la Fiscalía de Distrito para exigir la detención de Ruiz Sántiz y una mayor presencia de agentes de la Policía Estatal Preventiva en San Antonio del Monte para que puedan regresar a sus hogares.5
A la par, en un documento entregado a los medios, habitantes de la comunidad dijeron que 24 horas antes de los hechos, mandaron un documento a las autoridades para que instrumentaran medidas cautelares, pero estas nunca se realizaron. Aseguraron que el grupo agresor saquea y quema casas en San Antonio.6
Si bien la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena han abierto una investigación y averiguación previa por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado; se puede apreciar la ausencia de las garantías de seguridad en la comunidad ante la falta de atención correspondiente al llamado de los habitantes para tomar cartas en el asunto de manera previa a los hechos ocurridos este fin de semana.
De tal forma, que es urgente la implantación de programas y políticas que garanticen, por un lado, la integridad y seguridad de las y los habitantes de esta comunidad chiapaneca y, por otro lado, brindar los mecanismos que permitan la resolución de conflictos por los medios que la ley establece evitando así que se presenten hechos que pudieran poner en riesgo a la población; por tales motivos y buscando en todo momento el bienestar de las y los mexicanos, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a investigar y resolver, de manera pronta, los hechos ocurridos en San Antonio del Monte, correspondiente al municipio de San Cristóbal de las Casas.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a preservar, mantener y establecer el orden, la tranquilidad y seguridad pública en la comunidad.
Notas
1 El Universal, “Incendian y saquean comunidad indígena en Chiapas”, en línea, México, Dirección URL: http://www.redpolitica.mx/estados/incendian-y-saquean-comunidad-indigen a-en-chiapas
2 Ídem.
3 Ídem.
4 Pulso, Diario de San Luis, “Disputa por agua deja un muerto en San Juan Chamula”, [en línea], México, Dirección URL: http://pulsoslp.com.mx/2014/03/15/disputa-por-agua-deja-un-muerto-en-sa n-juan-chamula/
5 El Universal, “Piden justicia por niño muerto en Chiapas; abren investigación”, en línea, México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/justicia-ninio-asesinado-chi apas-995644.html
6 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2014.
(Rúbrica)
Con motivo del aniversario de la expropiación petrolera, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por México, en su artículo 1, en los numerales 1 y 2 señala lo siguiente:
“Artículo 1.
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”
Conmemoramos hoy, la determinación de un hombre ejemplar, que materializó los anhelos revolucionarios a través de la toma de decisiones para beneficio de la mayoría de los mexicanos, mediante la implementación de una política de masas, a lo largo de su gobierno.
Como presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río sabía que el petróleo representaba el producto natural de mayor riqueza de la nación y así lo habría de expresar en su contundente y trascendental mensaje que dirigiera por radio al pueblo de México, previo a la lectura del decreto de expropiación, el viernes 18 de marzo de 1938.
En sus palabras, el presidente Cárdenas habría de explicar que las empresas petroleras habían gozado durante años de beneficios fiscales, franquicias aduanales e innumerables prerrogativas, a veces, en contra del derecho público; precisaría que, en contraste, la obra social de las compañías petroleras había sido prácticamente nula, que alrededor de los sitios donde se habían establecido no había escuelas, centros sociales, campos deportivos, hospitales ni obras de aprovisionamiento o saneamiento de agua, ni siquiera plantas de energía eléctrica que podrían haber funcionado con los millones de metros cúbicos de gas que desperdiciaban en sus explotaciones. También señaló que en los campamentos de las compañías el personal extranjero contaba con confort, refrigeración y protección contra insectos, mientras que para el personal nacional los trabajos eran rudos y agotantes, con salarios inferiores. Denunció las historias de atropellos, abusos y asesinatos derivadas de actos cometidos por agrupaciones y la policía privada para salvaguardar los intereses de las compañías, así como la existencia de las facciones rebeldes financiadas por las empresas petroleras que se mantuvieron levantadas en armas en la Huasteca y el Istmo de Tehuantepec, entre 1917 y 1920, contra el gobierno constituido, y se refirió a las acciones intervencionistas que las compañías petroleras habían realizado en contra de la política nacional cada vez que veían afectados sus negocios por la fijación de impuestos o por el retiro de las tolerancias a las que estaban acostumbradas. Y agregaría que “la expropiación petrolera no se apartaría un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto”.
Del discurso del general Lázaro Cárdenas podemos deducir que él tenía perfectamente claro que la riqueza petrolera de la nación garantizaría la subsistencia de los mexicanos, como ha quedado demostrado por décadas y por ello el artículo 27 constitucional se había mantenido inalterado con relación al petróleo.
Hoy, el discurso de expropiación del general Cárdenas al que he aludido, adquiere vigencia, como si no hubiera transcurrido el tiempo, pues los mexicanos somos agraviados por compañías nacionales y extranjeras vinculadas con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Lamentablemente no tenemos un estadista de la talla del presidente Lázaro Cárdenas para intervenir de manera inmediata a favor del pueblo, a pesar de que la Constitución General de la República en su artículo primero, y los tratados internacionales como al que he hecho referencia en los primeros párrafos de este texto, no sólo lo facultan, sino que obligan al presidente de la República a defender la riqueza petrolera de los mexicanos ya que se ha violentado en nuestro perjuicio el derecho humano a la subsistencia al poner en riesgo nuestra riqueza petrolera con la reforma energética de 2013.
El caso de la empresa Oceanografía debería de ser suficiente para que el presidente de la República reflexionara y diera marcha atrás a esa reforma, pues pone precisamente en riesgo la subsistencia del pueblo mexicano, porque este hecho que está a la vista de todos evidencia la corrupción y la confabulación entre empresarios y servidores públicos existente en la paraestatal y los multimillonarios negocios que a diario se realizan en torno a ella para beneficio de una minoría privilegiada.
Imaginemos tan sólo si el dinero que han recibido de Pemex las compañías que la han defraudado, dinero de los mexicanos, se invirtiera en escuelas, hospitales, en la creación de empleos, México sería un país con menos pobreza.
Por eso hoy, que recordamos la expropiación petrolera y la valiente decisión del presidente Cárdenas, hago un llamado a mis compatriotas para estar a la altura de aquéllos mexicanos que en 1938 respaldaron la determinación económica más importante de nuestra historia a fin de revertir el despojo que hemos sufrido los mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2014.
Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica)