Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la secretaria de Salud que fije medidas para garantizar por obligatoriedad que todo el personal prestador de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en guarderías cuente con estudios específicos en la materia comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., apartado 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a que realice las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace poco más de dos décadas la familia mexicana ha sufrido cambios en su organización, la gran mayoría motivados básicamente por la necesidad de proveer el sustento.

Es así que tenemos hogares donde cada vez más ambos padres trabajan, o bien hay padres solos que son el único sostén de la familia como por ejemplo madres solteras o jefas de familia que tienen que equilibrar el tiempo que destinan a su trabajo con el que le brindan a sus hijos y encontrar entre éstos dos un espacio donde sus hijos estén bien.

Cifras al respecto aportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)1 indican, que tan sólo en el inicio de la década del año 2000 cerca del 35 por ciento de mujeres activas económicamente tuvieron que abandonar sus trabajos ya sea en el sector servicios o comercio, por no contar con alguien que cuidara a sus hijos. Desgraciadamente éste porcentaje no ha dejado paulatinamente de incrementarse a la fecha.

De igual manera, tenemos que más del 40 por ciento de la población económicamente activa son mujeres que se encuentran entre 25 y 39 años2 (edad de plenitud laboral o profesional, que coincide con la etapa de maternidad planeada) y muchas de ellas son la cabeza y el único sustento económico de más de 5 millones de hogares en el país.

Sin embargo; independientemente de la estructura organizacional y de funcionamiento económico de la familia, la realidad es que la demanda de las estancias denominadas “infantiles” o “guarderías”; que son espacios en donde se reciben a los menores de 43 días de nacidos y hasta los 5 años 11 meses de edad, para cuidarlos el tiempo necesario para que sus padres cumplan con su jornada laboral –generalmente todo el día–, se ha incrementado y no solo son necesarias, sino incluso imprescindibles.

En México se ha detectado lo anterior y se han hecho esfuerzos institucionales para otorgarle la debida atención al asunto. Parte de estos esfuerzos radican en la identificación plena de sus características; por ejemplo existen tres modalidades de estancias infantiles:

• Las subsidiadas por alguna institución pública local o una organización civil;

• Las destinadas a trabajadores derechohabientes de institutos de salud o empresas; y

• Las privadas o también consideradas particulares.

Así como también se han definido sus objetivos, su misión y sus obligaciones; al respecto la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil publicada el 24 de octubre del 2011, es muy clara y en ella se expresa lo siguiente:

• Encomienda:

“Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.”

• Organización:

“Artículo 11. El Ejecutivo federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y los municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:

I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

II. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;

III. A la atención y promoción de la salud;

IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;

V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;

VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;

VII. A la no discriminación;

VIII. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez; y

IX. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas en cuenta.”

• Funcionamiento:

“Artículo 12. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta ley, en los centros de atención se contemplarán las siguientes actividades:

I. Protección y seguridad;

II. Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil;

III. Fomento al cuidado de la salud;

IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el centro de atención o a través de instituciones de salud pública o privadas;

V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;

VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños;

VII. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad;

VIII. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo;

IX. Enseñanza del lenguaje y comunicación;

X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.”

Con estos esfuerzos, se pretendió institucionalizar la seguridad y la integridad de los menores a los que les asiste éste derecho y además garantizar para la tranquilidad de sus padres o tutores, que el desarrollo de sus hijos se brindaría bajo las mejores condiciones.

Si bien, se ha logrado avanzar al respecto en materia de ordenamiento, regulación operacional, medidas de seguridad, prevención de accidentes y protección civil en la zona circundante a las instalaciones; todavía no se ha obtenido lo deseable por encima de lo posible.

Aún queda mucho por hacer en la materia.

Por ejemplo, no se ha logrado contabilizar el número exacto del total de guarderías y estancias infantiles que operan en el país, existe una cifra aproximada que rebasa las 9 mil instalaciones sin embargo se tiene conocimiento que hay muchos lugares irregulares que ofrecen sus servicios de manera doméstica; es decir utilizan sus hogares acondicionándolos de manera improvisada.

Pero además, se ha dejado de lado un factor determinante para que todo lo anterior en materia de funcionamiento y regulación se cumpla a cabalidad y conforme se exige y se requiere.

No se ha establecido en la ley la profesionalización del personal que labora en las guarderías o estancias infantiles en el país.

En algunos casos, se exige que el personal deba de contar con la preparación requerida y además certificada por las autoridades educativas correspondientes; pero son casos excepcionales; no corresponde a una obligación.

Esta situación es inadmisible, si en contraparte nos hemos esforzado por garantizar que estos espacios sean lo mejor posible para el cuidado de nuestros hijos. Incluso ha favorecido el establecimiento masivo de lugares irregulares o improvisados. Que prosperan como un foco latente de accidentes, porque los padres tienen irremediablemente que salir a trabajar y buscan la opción más cercana a su casa, la más barata y la que en el horario les convenga para dejar a sus hijos por un lapso que puede variar entre las 4 y 9 horas diarias; dejando en último término la preparación, certificación y experiencia de las personas que se quedan como responsables de sus hijos.

En contraparte encontramos, que lo único que se mencione al respecto sea en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en su artículo 8 que dice:

“Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a VI. ...

VII. Prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral infantil: Aquellas personas físicas o morales que cuenten con permiso, licencia o autorización, emitido por la autoridad competente, para instalar y operar uno varios Centros de Atención en cualquier modalidad y tipo;

VIII. a XV...”

Pero como se puede apreciar, únicamente define; pero no establece los criterios de preparación y certificación de habilidades que deban de tener obligatoriamente para prestar sus servicios.

Olvidamos u omitimos qué tan importantes son las condiciones de las instalaciones como también lo son las capacidades del personal que opera en ellas.

Si bien es cierto que aún falta mucho por hacer para tener la plena garantía de que tragedias como la sucedida en Sonora donde 49 menores perdieron la vida de manera trágica, jamás se vuelva a repetir.

Garantizar la profesionalización del personal que preste sus servicios en las guarderías y además difundir esta acción, no solo tendrá efectos inmediatos en la mejora de su organización y funcionamiento, sino también tendría un efecto positivo contra la proliferación de las estancias consideradas irregulares; ya que los padres de familia estarán conscientes y por lo tanto en condiciones de exigir que se cumpla la ley y que sin excepción alguna todo el personal que labore en esos lugares cuente con los documentos que acrediten su formación y preparación para tal efecto.

Esto es un propósito posible además de necesario, contamos con el personal calificado a lo largo de todo el país que cada año egresa con las aptitudes, conocimientos y preparación para atender el propósito del presente punto de acuerdo.

Atenderlo, tampoco representa un impacto presupuestal, ni mucho menos en materia de costos para las estancias que operan actualmente.

Lo anterior tiene una especial relevancia, por tratarse en específico de un sector de la población altamente vulnerable: nuestros niños.

Y esta soberanía, es y deberá ser garante en todo momento del adecuado desarrollo de todos ellos.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a que:

1. Realice un ordenamiento y regularización de todas las estancias infantiles y/o guarderías del país.

2. Realice las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente.

3. Difunda mediante una campaña publicitaria a nivel nacional, la obligatoriedad de la profesionalización del personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral infantil en las guarderías.

Notas

1Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010.

2 Censo Económico, Inegi. 2009.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por el gabinete de seguridad nacional, con el gobierno del estado de México, una estrategia integral de seguridad pública para enviar fuerzas federales que contribuyan a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes-La Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alberto Díaz Trujillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y artículo 79, fracción II, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública es parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de derecho, genera las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza que su vida, su patrimonio y sus bienes estén exentos de todo peligro, daño o riesgo, es una función del Gobierno que implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.

Mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, es un quehacer que obliga al Estado a llevar a cabo acciones conjuntas con los tres órdenes de gobierno, asimismo requiere de la participación de diversas instancias e instituciones, para la protección de la persona en contra de actos lesivos de otros individuos.

El 19 de octubre de 2011 se promulgó la Ley de Seguridad del Estado de México, que establece el concepto de Seguridad Ciudadana, y coloca como eje central de su atención a la persona, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. De esta manera, se busca disponer espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y propiciando condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza. Con este fin, se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cabe mencionar que la Ley de Seguridad del Estado de México otorga a esta Secretaría nuevas y mayores responsabilidades en materia de prevención y combate especializado del delito, de reinserción social, de participación ciudadana, de seguridad privada y pirotecnia, entre otras, lo cual obliga al fortalecimiento de su estructura orgánica para cumplir a cabalidad con los imperativos legales vigentes, preceptos que a la fecha no han dado resultados en la labor de combatir la inseguridad, sino por el contrario, los índices delictivos han incrementado, lo cual pone en evidencia la falta de control territorial por parte de las autoridades municipal y estatal.

Los recientes sucesos, el incremento de la incidencia delictiva y los lamentables acontecimientos que han surgido en el Estado de México, donde se han perdido vidas humanas, son reflejo de los delitos que presentan un aumento en los últimos tres años como son el secuestro, los homicidios, el robo a bancos, el robo de vehículos, el robo a transportistas, el robo con violencia en general y los delitos sexuales; Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México no sólo se ha incrementado el secuestro 46% en un año, sino también otros delitos clasificados de alto impacto como el hurto de automóviles, el robo a transporte e incluso asalto a bancos, además de las lesiones.

Sí comparamos el 2012 con el 2013 en homicidios tenemos un aumento del 15 por ciento, en secuestro del 26 por ciento. Si comparamos enero del 2013 con enero del 2014, tenemos en homicidio un aumento 17 por ciento y en secuestro del 35 por ciento.

Es de condenarse la ola de violencia que en los últimos días se ha manifestado con asesinatos de personas inocentes, en el Estado de México, en los primeros 10 días de este año, 28 personas fueron asesinadas, en su mayoría en ejecuciones múltiples, el pasado viernes, se registraron al menos 14 asesinatos y cinco personas heridas en cuatro municipios de esa entidad: Tlalneplantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz y Ecatepec.

Las condiciones actuales que vive el Estado de México, obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fortalecer los esquemas de protección y actuación institucional para salvaguardar la integridad de los Mexiquenses, en Acción Nacional estamos conscientes del peligro que implica la creciente actividad delictiva del crimen organizado en la entidad, por ello hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Gobernador, para que implementen operativos, refuercen la seguridad y restablezcan el orden.

Para materializar las aspiraciones de seguridad y justicia de los mexiquenses, se requiere de la concurrencia de los tres Poderes de Gobierno y resulta de particular relevancia la colaboración del Ejecutivo Estatal a través de sus órganos de seguridad y procuración de justicia.

En Acción Nacional, buscamos fomentar la cultura de la legalidad que ha de redundar en una mayor protección de las personas y de las familias, una mejor atención a las víctimas del delito, y a la persecución y captura de los delincuentes. El respeto a la eminente dignidad humana, implica el conocimiento de los derechos y su exigencia, así como de los deberes y su cumplimiento.

Por ello hacemos un enérgico llamado a las autoridades Federales y Estatales para que emprendan acciones inmediatas en materia de seguridad encausadas a proteger la vida y el patrimonio de todos los mexiquenses, velando por su tranquilidad. Reconocemos los problemas y sus consecuencias, por ello pedimos se cumplan con los compromisos de bienestar y se materialicen con acciones que conduzcan a la consolidación de la paz anhelada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un llamado respetuoso al Ejecutivo federal para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el gobierno del estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias Mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes la Paz y Ecatepec.

Diputado Alberto Díaz Trujillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SEP, de la STPS y de la SHCP a analizar y resolver el problema que afecta a los jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación descrita en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Roberto López Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todas las autoridades del país, deben tener como una de sus tareas centrales, la consecución de la legalidad y la justicia, como instrumento indispensable para restablecer el tejido social y, por tanto, a la nación toda.

En 2004, dada la revisión del contrato colectivo de trabajo entre los trabajadores del Colegio de Bachilleres y la institución, los trabajadores decidieron estallar la huelga. Después de 12 días de negociaciones, las partes acordaron modificar la cláusula 68 de dicho Contrato Colectivo, reforma que para los trabajadores representaba la posibilidad de obtener un mayor ingreso en su jubilación, dado que la institución cumplía 30 años de haber sido creada y se preveía el que muchos de los trabajadores fundadores estarían en las posibilidades de concluir su vida laboral, así, la institución presentó la siguiente redacción de la citada cláusula, misma que motivó a los trabajadores levantar la huelga.

Cláusula 68

Terminación de la relación laboral:

En caso de terminación de la relación laboral de un trabajador, por renuncia, incapacidad o jubilación, “El Colegio” se compromete a entregarle el finiquito legal con salario integrado que en su caso le corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la ley Federal del Trabajo, cuando proceda, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de dicha terminación, como se estipula en los Contratos Colectivos de Trabajo del Colegio de Bachilleres a partir de la firma 2004-2006 hasta el último 2012-2014.

De igual manera se compromete a entregar a los beneficiarios del trabajador que fallezca el finiquito legal con salario integrado que en su caso corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del mismo plazo, siempre y cuando el trabajador haya designado ante el Colegio a su beneficiarios. De no haberlo hecho así, lo entregará dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se determine, por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resulte ser el o los beneficiarios.

El plazo a cargo de “El Colegio” no regirá cuando, por causas imputables al trabajador, no pueda llevarse a cabo alguna etapa del procedimiento.

Es de considerar, que en ese mismo año, varios trabajadores y trabajadoras iniciaron su trámite de jubilación, observándose que la clausula en su redacción, estaba sujeta a dos interpretaciones, una de ellas fue el que la prima de antigüedad se debía pagar con el cálculo del salario integrado, y otra que la misma debía pagarse conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, esto es, al doble del salario mínimo general. Para la institución, a pesar que en su momento signó la cláusula 68, la interpretación válida ha sido la segunda y para los trabajadores la primera, ocasionando con ello la generación de un conflicto laboral.

Como resultado de ello, en los juicios laborales no ha existido un criterio unificado acerca de quién tiene la razón legal, ya que ambas partes en diferentes colegiados, han obtenido sentencias en los dos sentidos, a favor de los trabajadores a favor de la institución.

Resulta trascendental no perder de vista que este conflicto laboral tiende a crecer, por el hecho de que cada año se incrementa el número de trabajadores jubilados y que el problema esta sobrepasando las facultades de la institución, y que en un momento determinado no es sólo un problema de carácter económico sino de credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales por parte de “El Colegio” ante sus trabajadores jubilados, es por ello necesario dar una solución adecuada a este conflicto laboral y considerar la participación y coordinación interinstitucional entre la dependencias gubernamentales de la Secretaría de Educación pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público a instalar con la mayor brevedad una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres para que reciban la prima de antigüedad, misma que es de 12 días de salario por cada año prestado a la institución con salario integrado, esto en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, pactado entre el Colegio de Bachilleres y sus Trabajadores, asumiendo que dicha cláusula contractual adquirió este sentido y fue el motivo principal para que los trabajadores levantarán la huelga que llevaban a cabo en 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputados: Roberto López Suárez (rúbrica), Socorro Ceseñas Chapa, Flor Pedroza Aguilera, Elena Margarita Tapia Fonllen, Karen Quiroga Anguiano, Luis Manuel Arias Pallares, Javier Salinas Narváez.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a realizar modificaciones en materia de tránsito y vialidad para establecer el uso obligatorio de cascos y chalecos estampados con el número de placa de las motocicletas, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Leobardo Alcalá Padilla, diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados a realizar las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad para establecer como obligatorio el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placa para los motociclistas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El vertiginoso crecimiento de nuestras ciudades así como el número de habitantes y del parque vehicular para su desplazamiento, constituyen una constante en el desarrollo demográfico en México. Lo anterior se ha convertido en un asunto de interés público y de observancia general, porque es de relevancia la solución del inconveniente y porque causa perjuicios a la colectividad.

La problemática principal, es el hecho que ha venido en aumento la cifra de población y como consecuencia inmediata la mancha urbana se ha agudizado, lo anterior nos obliga a buscar soluciones reales que se traduzcan en la reducción de tiempos de traslado; es decir, la reducción de tiempos al volante, para así beneficiar a la población directamente ahorrando el tiempo que invierten en sus traslados.

La creciente población, el incremento de vehículos automotores ha generado el aumento de tráfico y con ello la búsqueda del hombre, de minimizar el tiempo en los traslados. El aumento en la compra de motocicletas ha crecido en gran proporción y se ha convertido este hecho en un problema de seguridad pública en las calles y avenidas del Área Metropolitana, y con esto el hecho de no tener un control legal preciso y real para la utilización de las motocicletas.

Por lo anterior, hoy hago un llamado con el ánimo de mejorar las condiciones de seguridad de los conductores de este tipo de vehículos, concretamente se propone establecer disposiciones dentro de los Reglamentos de Tránsito de los Estados, para que el uso de motocicletas sea seguro y responsable, además y con ello la conformación de un sistema de seguridad que garantice el tránsito adecuado tanto de personas como de vehículos. Un ejemplo real de este tipo de medidas de seguridad es el uso del casco ya que con este mecanismo se puede preservar la vida cuando se suscita un accidente grave en el que el conductor de este tipo de vehículos se ve afectado. Otra medida, eficiente a mi parecer, es adoptar el uso obligatorio de un chaleco de material resistente a la abrasión y que adicionalmente en la parte posterior se muestre la matricula o placa del vehículo automotor, para una correcta y expedita identificación del conductor.

Con la medida anterior se busca dotar al tránsito peatonal y de vehículos de seguridad vial una visualización asertiva en cuanto el conductor de dicho vehículo para un sano uso del espacio público y una correcta interrelación entre los peatones y los usuarios de vehículos automotores.

Cabe señalar que para hacer efectiva la correcta aplicación de la normatividad de la materia, las autoridades administrativas de los Estados y en el Distrito Federal competentes para imponer las sanciones cuando se infrinjan las disposiciones de transito serán la Secretaría de Transportes y Vialidad y de Seguridad Pública de cada estado.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las legislaturas de los estados, a realizar las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad para establecer como obligatorio el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placa para los motociclistas.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2014.

Diputado Leobardo Alcalá Padilla

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y a la STPS a otorgar recursos a Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación, para pagar a ex trabajadores por los laudos condenatorios derivados de juicios laborales, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Martín Heredia Lizárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

Con fecha 4 de julio de 2001, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se ordenó la extinción del organismo público descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México.

El 17 de agosto de 2010 mediante oficio 1.48., la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comunicó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la designación de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México.

El artículo 2o., fracción VI, del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica señala que se deberá atender lo relativo a los juicios laborales que se encuentran en curso o en trámite. Asimismo, dicho precepto legal establece la obligación del gobierno federal de responder de manera subsidiaria, y en su caso, de manera solidaria a las obligaciones que pudiesen resultar al término de los juicios mencionados.

Con relación a lo anterior, al cierre del ejercicio 2013, 2 mil 387 ex trabajadores ferrocarrileros han obtenido laudos condenatorios en contra de Ferrocarriles Nacionales de México derivados de 325 juicios laborales y por un monto de 425.7 millones de pesos.

El promedio de edad de los ex trabajadores ferrocarrileros que han obtenido laudos a su favor es de 65 a 70 años, es decir, han obtenido un derecho de la autoridad de laboral después llevar el trámite de sus juicios laborales durante más de 10 años, siendo el caso que algunos de ellos, fallecen durante la tramitación de su juicio y lo más grave que a pesar de haber obtenido una resolución a su favor, el gobierno federal no ha dado cumplimiento a su obligación de pago a dichos extrabajadores ferrocarrileros, ni mucho menos les ha otorgado una pensión jubilatoria digna ordenada por la autoridad laboral.

De los 19 mil 568 millones 961 mil 329 pesos que el gobierno federal entregó para el pago vitalicio de jubilados, sólo quedan 3 mil 869 millones 961mil 329 pesos. Al ritmo al que se está gastando el dinero, esos recursos sólo alcanzarán para el pago de jubilaciones de un año y medio, cuando el fideicomiso, según el contrato, debía agotarse hasta 2032. El déficit actuarial supera ya los 43 mil millones de pesos.

A la fecha, más de 36 mil ferrocarrileros enfrentan un futuro inseguro. Además, adeudan 156 millones por juicios contenciosos laborales, civiles, mercantiles y administrativos. Según una auditoría encargada por la Federación de Ferrocarrileros Jubilados y Pensionados, realizada por la empresa Lescale Consultores Actuariales, el sindicato y el despacho de liquidación se han gastado 15 mil 699 millones de pesos.

De esa cifra, se han destinado cuatro millones de pesos mensuales al pago de pensionados y jubilados, mientras que el restante unos 220 millones de pesos al mes, se ha usado para prestaciones de fideicomisarios, gastos de administración del fondo, honorarios e impuestos.

En 1997, con la desincorporación de Ferrocarriles Nacionales de México se creó el fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, que entró en vigor el 19 de diciembre del mismo año, para garantizar las pensiones de 57 mil jubilados.

En el oficio SGAF/082/2009, la Subdirección General de Administración y Finanzas de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación informó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, del cual el gobierno federal es responsable solidario, registra un déficit de ¡15 mil 699 millones de pesos!

Por otra parte, los ex trabajadores ferrocarrileros han presentado diversas solicitudes de pago ante las autoridades laborales, ante la Presidencia de la República, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación sin que hayan obtenido una respuesta favorable a su solicitud, máxime que como se ha mencionado, se trata de un derecho obtenido de una resolución laboral y de una obligación del gobierno federal.

En virtud de la nula respuesta de cumplimiento del Gobierno Federal de sus obligaciones laborales, y la desesperación de los ex trabajadores ferrocarrileros, ya que muchos de ellos fallecen sin haber obtenido una pensión digna ordenada por la autoridad laboral. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social otorgue recursos financieros presupuestarios a Ferrocarriles Nacionales de México para el pago a ex trabajadores ferrocarrileros de los laudos condenatorios derivados de juicios laborales y a otorgarles su pensión jubilatoria ordenada en dichos laudos.

Por lo expuesto, presento a la Cámara de Diputados con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que –en el ámbito de sus atribuciones– realicen las acciones necesarias a fin de que se otorgue recursos financieros presupuestarios a Ferrocarriles Nacionales de México para el pago a ex trabajadores ferrocarrileros de los laudos condenatorios derivados de juicios laborales y a otorgarles su pensión jubilatoria ordenada en dichos laudos, durante el período fiscal 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputado Martín Heredia Lizárraga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a promover acciones para fomentar la cultura cooperativista mediante programas y talleres en el nivel medio superior, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover en el ámbito de su competencia acciones para fomentar la cultura cooperativista mediante programas y talleres a nivel medio superior, en la visión de generar una alternativa de desarrollo económico y social.

Antecedentes

Las sociedades cooperativas en este país se encuentran legalmente reconocidas dentro de la Ley de Sociedades Cooperativas como “una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios”;1 que merece ser de conocimiento de la ciudadanía y de las nuevas generaciones.

En 1938, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se expidió la primera Ley General de Sociedades Cooperativas que dentro de sus cometidos estaba el fomento a la enseñanza de producción agrícola, lo que más tarde se traduciría en un apoyo a la economía familiar, basándose principalmente en el autoconsumo, y en la que los maestros jugaron un papel importante, llevando el conocimiento de dicha alternativa económica.2 En la actualidad podemos tomar la base de esta propuesta, haciéndola virar hacia las ciudades.

Hoy, en 2014, con la Ley General de Sociedades Cooperativas que fuese expedida en el año de 1994, debiera existir un cuestionamiento sobre la relevancia de las propuestas al respecto, y la difusión de acciones que se hagan con la finalidad de que los ciudadanos puedan conocer esta alternativa de desarrollo económico y así generar una cultura al respecto. Incentivar una alternativa de desarrollo, representa para los jóvenes una oportunidad, y una forma de atenuar los altos índices de precariedad con oportunidades de trabajo, y en la generación de conocimiento fruto de sus ideas, siendo esto un apéndice en el desarrollo individual y comunitario.

Para llevar a cabo está labor es preciso considerar como preámbulo el trabajo gubernamental hecho por los países sudamericanos en materia de educación cooperativa, percibiendo como ventajas de esta actividad, la explotación de recursos, así como la producción y comercialización de sus productos de parte de sus socios, y que en algunos casos son materia de exportación.

En este país hay el ejemplo de lo que puede hacer una sociedad cooperativa es el caso de la Cooperativa Pascual que ha demostrado ser una empresa mexicana responsable, que le ha dado trabajo a los mexicanos durante décadas, y que salido avante, bajo los principios del cooperativismo, en medio de la globalización.

Por tanto, de acuerdo con lo expresado en la Constitución Política en el artículo 3o., es pertinente considerar la instrucción escolar en el aprovechamiento de los recursos, y el aseguramiento de nuestra independencia económica, y que contribuyan de manera directa a la convivencia humana, por lo que es responsabilidad del Estado promover las modalidades de educación necesarios para el desarrollo de la nación, dando a conocer, pero sobre todo llevar a la práctica lo estipulado en la misma; siendo complementaria para estos fines la Ley General de Educación, mencionando que debe ser favorecido el desenvolvimiento de las facultades humanas para adquirir conocimientos y fortalecer la conciencia; que en este caso es la generación de una alternativa económica, vinculante con los principios contemplados en ambas figuras legales.

Al promover la conciencia cooperativista dentro de los estudiantes de educación media superior (que representa 57 por ciento de la población total de personas entre 15 y 19 años de edad),3 se estaría buscando una alternativa de hacer productivo éste sector de la sociedad, estableciendo un medio por el cual podrían basar sus proyectos de vida, toda vez que se haría frente al desempleo con herramientas que han dado resultados en otras latitudes de América Latina, donde en 2010 la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas registró “una membresía de 13 mil 589 cooperativas de base que integran 32 millones 804 mil 954 asociados, que generan 334.452 empleos en la región”.4 Por otro lado, la Confecoop en Colombia menciona la existencia de 5 millones 131 mil 780 cooperativistas en 8 mil 533 cooperativas, que aunado con el impacto nacional laboral generado, “promueven la formalización y el emprendimiento entre personas que individualmente no tendrían la posibilidad de crear una unidad empresarial”.5

El desarrollo cooperativo ha mostrado resultados en distintos sectores de la economía, en el caso argentino el Instituto de Asociativismo y Economía Social, arrojó que el sector cooperativo abastece de energía eléctrica a 11 por ciento del país, 6 por ciento de telefonía fija y que el 11 por ciento del agua potable se distribuye por estas sociedades.6 La Organización de Cooperativas de Brasil registró la existencia de 6 mil 652 cooperativas, integradas por más de 9 millones de cooperativistas y que generan casi 300 mil empleos.7

Asimismo, el desarrollo cooperativista en el país permitiría “establecer bases más sólidas para una mejor distribución de la riqueza entre quienes hayan contribuido a formar –la cooperativa– con su esfuerzo personal”8 en torno de valores como la democracia, la solidaridad, la responsabilidad, equidad, sustentabilidad entre otros.

La trascendencia de la educación cooperativista se reflejaría en la conciencia de quienes la lleven a cabo, en “ir suprimiendo las grandes injusticias –de las que son objeto el grueso de los trabajadores– por parte de los voraces capitalistas, que no retribuyen adecuadamente el trabajo realizado por ellos, y que los tienen en condiciones de sobre explotación y miseria”.9

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único: Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover en el ámbito de su competencia acciones para fomentar la cultura cooperativista mediante programas y talleres a nivel medio superior, en la visión de generar una alternativa de desarrollo económico, social y sustentable frente a los embates de la globalización, para los jóvenes que cursan esta etapa escolar.

Notas

1 Artículo 2o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el DOF el 3 de agosto de 1994.

2 Paráfrasis de Civera Cerecedo, Alicia. “El cooperativismo en la escuela rural de México de los años treinta”, en Anuario de Estudios Americanos, España, 2010, páginas 467-468. http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos /article/viewFile/516/523 Cuéntame Inegi, visitada el 24 de febrero de 2014 a las 12:00 horas, http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P

4 El cooperativismo en América Latina. Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible. Mogrovejo, Rodrigo; Mora, Alberto; y Vanhuynegem (edit.) OIT-ACI Américas, 2012, página 105.

5 Ibídem.

6 Ibídem, páginas 106-107.

7 Ibídem.

8 Principios legales orientadores de la sociedad cooperativa en México. Valenzuela Reyes, María Delgadina. Página 135, vista en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/26/leg/le g10.pdf

9 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH y al INBA a realizar estudios sobre la pertinencia de llevar a cabo afectaciones a banquetas, asfaltos y otros bienes de las zonas de Coyoacán donde se instalan parquímetros, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Antonio Cuéllar Steffan, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El desarrollo de una cultura democrática plena es uno de los objetivos que todo Estado contemporáneo se traza, como esenciales para su legitimización, su funcionamiento y su sana relación con los gobernados. De ahí que los órganos que componen la estructura estatal, sus ámbitos de acción, las normas y políticas públicas que produce y ejecuta, no pueden separarse de los objetivos que el bien público y las necesidades sociales demandan.

Actualmente la legitimidad democrática de las medidas emprendidas por el Estado no tiene sustento exclusivamente en los medios indirectos o representativos de toma de decisiones, se exige además la implementación de mecanismos directos que recojan de manera más palpable la voluntad ciudadana, sobre todo en aquéllas materias y ámbitos de validez en los cuales el ejercicio de gobierno está más cerca de la población, es decir, de aquéllos ámbitos de validez territorial en los que resulta más accesible el obtener y conocer de manera fiel el sentir de los receptores de las decisiones estatales.

La consulta ciudadana es uno de esos instrumentos de participación ciudadana que, sobre todo en los ámbitos locales, permite ser aplicado de una manera más recurrente y necesaria para obtener la legitimidad deseada en un estado democrático, máxime en aquel tipo de decisiones públicas encaminadas a afectar la infraestructura o las vialidades públicas.

Por su compleja composición territorial y poblacional, los habitantes del Distrito Federal somos testigos de constantes tensiones entre la acción del gobierno y la voluntad de la población en materia de desarrollo urbano y validad, fundamentalmente cuando la política pública no viene respaldada democráticamente más allá de la unilaterialidad de la decisión gubernamental.

A la par de los normales mecanismos de control horizontal del gobierno, también es necesario que para la implementación de ciertas políticas públicas, como es el caso de las relativas al desarrollo urbano, se dé una sinergia entre la oportunidad política, la razonabilidad pública y el consenso social, de ahí que se hace patente que en realidades como la que se viven en la capital del país se potencialice este sistema para evitar una ruptura entre la acción de gobierno, el interés público y las reales necesidades de los gobernados.

Las circunstancias normativas con las que cuenta el Distrito Federal para generar condiciones para la participación ciudadana son propicias, ya que con la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, entre otros mecanismos de igual valor, se regula la figura de la Consulta Popular, con lo cual se hace apremiante que ciertos proyectos y acciones estatales se gesten y ejecuten con la consideración previa de la expresión de la voluntad de la ciudadanía interesada.

El artículo 2 de la aludida Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal define su objeto y en qué consiste la participación ciudadana, definiéndola como el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno.

En el caso particular de la consulta ciudadana, el artículo 121 de ésta ley contiene sendos derechos de los ciudadanos que delinean la naturaleza de la figura de mérito, con lo que se da plena constancia de la protección con la que cuentan los ciudadanos ante posibles acciones de la autoridad gubernamental alejadas tanto de la voluntad popular como de la razón pública.

Pero es en el capítulo IV de la Ley de Participación Ciudadana donde se regula de manera específica la figura de la Consulta Ciudadana. A saber:

Artículo 47. Es el instrumento a través del cual el jefe de gobierno, los jefes delegacionales, las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, la autoridad tradicional en coordinación con el consejo del pueblo y los consejos ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal.

Como se puede apreciar, la consulta ciudadana es el medio válidamente óptimo por el cual se deben someter a consideración de la ciudadanía, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales del DF, como puede ser el caso del desarrollo urbano, la regulación vial, entre otros que tienen incidencia originaria en los habitantes de una circunscripción territorial muy específica de la ciudad, como es el caso de las delegaciones.

En el caso concreto, el motivo del presente exhorto nace del conflicto desatado en los últimos días del pasado febrero en la delegación Coyoacán, a partir de la decisión del gobierno del Distrito Federal de instalar una serie de parquímetros en distintas zonas de dicha delegación, lo cual desde el primer momento ha desencadenado el descontento de los vecinos de las colonias afectadas.

Una vez que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Autoridad del Espacio Público (órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal) comenzó a realizar los trabajos de instalación de parquímetros, los vecinos de las zonas que hasta el momento ya han sido afectadas, han tomado medidas para impedir que la autoridad ejecute la medida sin que antes no sea convocada una consulta popular, lo que ya ha provocado enfrentamientos entre las autoridades y los colonos.

Los residentes de las zonas en donde se instalarán los parquímetros alegan que debe convocarse previamente a una consulta popular para determinar si existe la aprobación o no de los vecinos con dicha medida, así como que se estudien las condiciones materiales para que las obras no perjudiquen el patrimonio histórico y cultural de la delegación.

Entre las razones que aducen los vecinos inconformes está el que una vez que operen los parquímetros, tendrán que pagar por estacionar sus propios vehículos fuera de su residencia, aunado a las afectaciones materiales que las calles, en particular, las banquetas, resentirán con los trabajos de instalación de las bases metálicas, máxime cuando la mayoría de dichos dispositivos se plantarán en el centro de Coyoacán, en donde existen sitios protegidos oficialmente por su alto valor cultural e histórico.

Ante la falta de la obligada consulta a la ciudadanía (lo cual devela la falta de sensibilidad del gobierno ante la voluntad popular realmente manifiesta), la afectación que provoca en la economía de los vecinos de las colonias de la delegación, así como a las banquetas en donde se pretenden instalar los referidos aparatos metálicos, varios residentes afectados han radicalizado sus protestas para manifestar su reprobación a la medida, como es el caso del retiro de diez bases para la instalación de parquímetros que la semana pasada hicieron algunos residentes de las zonas de Tata Vasco, Progreso y Pérez Valenzuela.

El conflicto más reciente se ha producido el último fin de semana en la Colonia Santa Catarina, en el centro de la delegación de Coyoacán, donde autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública se confrontaron con vecinos que trataron de impedir las obras nocturnas de colocación de bases metálicas.

En las relatadas condiciones, es evidente la tensión social en Coyoacán que la referida medida gubernamental está generando, así como también la afectación a las zonas patrimoniales que se ha empezado a generar y que se acentuará conforme el proyecto no se suspenda, sin que las autoridades culturales competentes hayan emitido algún tipo de opinión sobre el impacto que la colocación de los parquímetros generará en el patrimonio cultural de la zona.

En atención al valor histórico y cultura que le es reconocido a ciertos sitios en donde se instalarán parquímetros en la delegación Coyoacán, esencialmente aquéllos en la zona centro, epicentro hasta el momento del conflicto descrito con antelación, es necesario que el Instituto Nacional de Antropología y el Instituto Nacional de Bellas Artes tomen las medidas conducentes para realizar estudios y dictámenes técnicos que determinen el riesgo de afectación que las zonas protegidas culturalmente pueden sufrir en este caso.

Entonces, en aras de evitar el aumento de un conflicto entre autoridades y vecinos de la Delegación Coyoacán, así como para dotar del deseado sustento de legitimidad democrática a esta decisión del Gobierno del Distrito Federal, es urgente la activación de la consulta popular para determinar la voluntad de la población afectada por la medida gubernamental, así como también que las autoridades culturales competentes realicen los estudios correspondientes sobre los posibles daño a los bienes histórico-culturales de la zona que la colocación de bases metálicas puede provocar en las banquetas de la zona cultural.

En el caso del Distrito Federal es urgente que medidas controversiales adoptadas por el gobierno, fundamentalmente en cuanto a desarrollo urbano se refiere, pasen por el tamiz tanto de la consulta ciudadana como de los estudios técnicos, culturales y sociales necesarios que desvelen la razonabilidad y pertenencia de la política pública en concreto, para que ésta pueda ser legítima y materialmente implementada o, en su caso, no ejecutada o suspendida, si es que los resultados no muestran la necesidad e idoneidad requeridas.

La consulta popular, fundamentada en la Ley de Participación Ciudadana, a la par del necesario estudio que las autoridades culturales correspondientes realicen, redundará en dotar de mayor certidumbre a la población de que las decisiones de la autoridad buscan conseguir un fin público y no encubren un interés privado o de grupo contrario a las necesidades válidas de los residentes de la zona, así como del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y del país.

En virtud de lo anterior, y dado que las autoridades competentes del Distrito Federal fueron omisas en convocar a una consulta popular en la que sometiera a la consideración de los habitantes de la delegación de Coyoacán sobre la instalación de parquímetros en varios puntos de la zona, así como ante la necesaria intervención que deben tener las autoridades culturales competentes, como el INBA y el INAH, en este tipo de medidas que afectan zonas con alto valor histórico y cultural, se somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal, para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, suspenda la instalación de parquímetros en varias zonas de la delegación Coyoacán.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa del DF, y al jefe delegacional de Coyoacán para que previamente a la instalación de parquímetros en la varios puntos de la delegación de Coyoacán, en términos de los artículos 47, 49 y 50 de la Ley de Participación Ciudadana del DF, convoquen a una consulta popular a los vecinos de dicha demarcación.

Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, y con el fin de conservar el patrimonio histórico de la ciudad, realicen estudios sobre la pertinencia de llevar a cabo afectaciones a banquetas, asfalto y otros bienes de las zonas de la delegación Coyoacán en las que se están realizando las instalaciones de parquímetros.

Nota

Artículo 12. Los ciudadanos del Distrito Federal tienen los siguientes derechos:

...

VIII. Participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones de gobierno en términos de la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Ejercer y hacer uso en los términos establecidos en esta ley de los instrumentos, órganos y mecanismos de participación ciudadana, y

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputado Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la adecuación de taxis para personas con discapacidad, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de la importante reforma constitucional en materia de derechos humanos en el país, promulgada el 9 de junio de 2011, se incorporó a la Carta Magna un abanico de derechos contenidos en tratados y convenios internacionales que abarcan a toda la sociedad, pero que particularmente van dirigidos a aquellos grupos y sectores de la población que han visto vulnerados, violentados o retrasados sus derechos en razón de su condición social, género, raza, creencias religiosas, preferencia sexual o discapacidades.

La misma reforma estableció, además, obligaciones específicas para quienes somos los responsables de salvaguardar esos derechos, es decir, las instituciones del Estado mexicano. Al Poder Legislativo, por tanto, en el ámbito de nuestra competencia, nos corresponde legislar y dotar de presupuestos para garantizar que esos derechos cuenten con mecanismos eficaces que los hagan exigibles para todas las personas.

En consecuencia, la tarea legislativa que procede, en una visión garantista del derecho mexicano, es iniciar un proceso de armonización entre los derechos contenidos en tratados y convenios internacionales, ratificados por México, en materia de derechos humanos, y nuestras leyes, para hacer de éstas mecanismos específicos para el ejercicio y goce de esos derechos.

El contenido de este punto de acuerdo es justamente la de contribuir al proceso de armonización en un tema sensible y prioritario como es la accesibilidad y desplazamiento para las personas con discapacidad.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la marginación y vulnerabilidad social en la que se encuentra la población con discapacidad, se pueden observar situaciones como las siguientes: el desempleo para este grupo de población es tres veces más elevado que el de las personas sin discapacidad; no existe un sistema de transporte accesible en los países, ni legislación referente al acceso a los edificios, además de la discriminación a la que se enfrentan diariamente.

Como tal, la movilidad tiene un vínculo real y vigente con el respeto y garantía de todos los derechos humanos de las personas.

Recordemos el del libre tránsito, esto es, podernos desplazar a nuestra voluntad es fundamental, derivado del derecho a la libertad, que nos reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11, como en las Declaraciones, Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 13 y 8, respectivamente, las cuales son normas supremas para los mexicanos.

En congruencia con lo anterior, la accesibilidad y el desplazamiento son necesarios para garantizar otros derechos como el del trabajo, la salud, la educación, el deporte y esparcimiento, entre otros.

La Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad establece la obligatoriedad de dictar a las Instituciones Públicas las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, el entorno físico, el transporte, tanto en zonas urbanas como rurales.

Derivado de lo anterior, el artículo 19 de dicho ordenamiento constriñe a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso al transporte, debiendo tanto en las unidades como en las instalaciones del transporte público garantizar a las personas con discapacidad la accesibilidad para su desplazamiento y utilización de dichos servicios, contando con personal capacitado.

En México el transporte público denominado Taxi es un vehículo de alquiler con conductor (taxista) que se utiliza en el servicio de transporte de uno o un grupo pequeño de pasajeros por contrato. Usualmente, en modos de transporte público, los lugares donde se recoge y se deja el pasajero se deciden por el proveedor, mientras que en el caso del taxi, el usuario los determina. Es decir, a diferencia de los otros tipos de transporte público, como son las líneas del metro, tranvía o del autobús, el servicio ofrecido por el taxi se caracteriza por ser puerta a puerta.

Un taxi es un medio de transporte público que permite desplazamientos rápidos, confortables y directos principalmente en áreas urbanas. El usuario paga una tarifa al conductor a cambio del servicio de transporte prestado. Provee un servicio flexible y conveniente, por lo que es uno de los sistemas de transporte con mayor costo.

A diferencia de los sistemas de transporte colectivo, como metro, Metrobús, o tranvía , en los que existen unos principios generales para su diseño, regulación y operación, los sistemas de taxis son mucho más complejos y tienen muchas más variables a ser consideradas.

Al ser un servicio más caro se pretende que al menos un número pertinente de unidades este adaptado para las personas con discapacidad, es hora de que el Estado tome cartas en el asunto en congruencia con las legislaciones antes mencionadas.

En este punto de acuerdo se trata de que las unidades que son abordadas por las personas con discapacidad sean un servicio que les sea accesible y que al pagar por ello, al menos sea de calidad, ya que por el momento no se cuenta con unidades que puedan brindar el debido apoyo, en muchos de los casos, ni siquiera se brinda el servicio a las personas con discapacidad por no tener la habilidad de subir al vehículo fácilmente.

Lo que conlleva a pensar en una discriminación a este sector por una falta de políticas públicas que lo soporten.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar políticas públicas tendientes a respetar el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad en las unidades de transporte público denominado taxi.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que mediante la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi), implemente programas para adecuar los taxis para personas con discapacidad y se otorguen concesiones a personas que adecuen sus transportes para brindar un servicio de calidad a dicho sector de la población mediante licitaciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz, a la Semarnat, a la Sener, a la Conagua y a la CNDH a dar publicidad a los trámites sobre la autorización del proyecto de prestación de servicios integrales para el autoabastecimiento de energía renovable en la entidad, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo por la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., apartado 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, relativo al proyecto de prestación de servicios integrales para el autoabastecimiento de energía renovable para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de la siguientes:

Consideraciones

Mediante decreto aprobado por el Congreso de Veracruz el cinco de marzo de dos mil trece, publicado en la Gaceta Legislativa de dicho órgano legislativo el día doce del mismo mes y año, se autorizó al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz llevar a cabo el proyecto de propósitos múltiples Xalapa, a través del esquema de prestación de servicios. En el punto tercero, del mismo acuerdo, se autoriza al gobernador de Veracruz a iniciar el procedimiento de contratación por parte de la Comisión de Agua del estado de Veracruz (CAEV) de la sociedad de propósito específico como prestador de servicios del proyecto de propósitos múltiples Xalapa; en el punto cuarto, se autoriza al gobernador de Veracruz a formalizar el modelo de contrato de prestación de servicios por un plazo de operación por veinticinco años.

El treinta de julio de dos mil trece, el Congreso de Veracruz aprobó el decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave para que reemplace a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario por la Secretaría de Finanzas y Planeación como representante del gobierno del estado en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, SAPI de CV, así como para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se dé cumplimiento a las obligaciones a cargo del gobierno del estado bajo el acuerdo de accionistas, incluyendo, sin limitarse, la suscripción y pago de un aumento de capital de la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, SAPI, presentado por el ciudadano doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado. En el artículo segundo de este acuerdo se determinó lo siguiente:

Artículo Segundo. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a dar cumplimiento a las obligaciones a cargo del gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, bajo el acuerdo de accionistas, de fecha de 19 de abril de 2013, celebrado por Odebrecht Participações e Investimentos, SA, y el gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, incluyendo sin limitarse, la suscripción y pago de un aumento de capital de hasta por la cantidad de 355 millones 795 mil 600.00 pesos, de conformidad con el acuerdo de accionistas y las disposiciones legales aplicables.

Ante la inminente construcción de la represa hidroeléctrica que se pretende realizar bajo la modalidad de proyecto de prestación de servicios, es necesario tomar en cuenta la oposición de la comunidad veracruzana al proyecto de construcción, en particular los habitantes de los municipios aledaños al río “Los Pescados”, en la cuenca Jalcomulco, dado que no se han garantizado ni se han hecho públicos los estudios especializados sobre el impacto ambiental negativo ecológico y social que en la zona se presentarán en el mediato y largo plazo, menos aún se garantiza el respeto de las personas y comunidades que serán afectadas con dicha obra.

Atendiendo a los compromisos del Estado mexicano en materia de medio ambiente ha suscrito en tratados internacionales y a lo dispuesto en los artículos 1o., 4o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho fundamental a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, estando obligado el Estado mexicano, a respetar ese derecho, por lo que el daño generará responsabilidad para quien lo provoquen los términos dispuestos en la ley. La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la obligación para garantizar la participación de los particulares, los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás interesados en los programas de ordenamiento ambiental, lo que no ha sucedido a la fecha, así como la consulta pública de los mismos, omisiones que vulneran derechos fundamentales de los afectados.

Por lo antes expuesto, presento a esta soberanía proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz a realizar la máxima publicidad del expediente y modelo de contrato del proyecto de propósitos múltiples Xalapa, autorizado en el acuerdo del Congreso de Veracruz, publicado en su Gaceta Legislativa el doce de marzo de dos mil trece.

Segundo. Con pleno respeto a la autonomía del Estado Libre y Soberano de Veracruz, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Veracruz para que dé máxima publicidad al contrato suscrito con la empresa Odebrecht Participações e Investimentos, SA, así como los acuerdos de accionistas por los que se obliga al estado de Veracruz al pago del aumento de capital por 355 millones 795 mil 600.00 pesos, así como los resultados y dictámenes correspondientes del impacto ambiental del proyecto, en el marco del contrato en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, SAPI de CV.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, y a la Comisión Nacional del Agua, garantice la consulta pública a los habitantes de la región y de especialistas en materia ecológica ambiental sobre la obra a realizar y la publicidad de los estudios de impacto ambiental del mismo, así como la viabilidad de propuestas alternativas para evitar la afectación de personas y comunidades en la zona de ejecución.

Cuarto. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar los alcances y afectaciones que en materia de derechos humanos genera el proyecto a personas y comunidades de la región, adoptando las medidas cautelares necesarias para evitar la violación a los derechos humanos de los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados felicita a las ciudadanas Linda Ochoa, Rosalía Domínguez, Brenda Merino y Aída Román por haber obtenido medallas de oro en el campeonato mundial de tiro con arco, en la especialidad bajo techo, en Nimes, Francia, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Carmen García de la Cadena Romero, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 1 de marzo pasado, Linda Ochoa, Rosalía Domínguez y Brenda Merino, lograron la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, en la especialidad bajo techo, que se llevó a cabo en Nimes, Francia.

La presea dorada fue obtenida tras vencer en la final a las arqueras de Estados Unidos, Christie Colin, Crystal Gauvin y Érika Jones con un marcador 232 a 228, triunfo que es considerado como una proeza por los especialistas, ya que la nación vecina del norte es considerada como una potencia en la modalidad y porque se encontraban abajo en el marcador.

La tripleta mexicana venció en sus tiros a 18 metros a las estadounidenses Colin, Gauvin y Jones, quienes se quedaron con la presea de plata.

Por su parte, la mexicana Aída Román conquistó su primer título en un Mundial de Tiro con Arco bajo techo luego de vencer en la final a la japonesa Miki Nakamura, en la modalidad de arco recurvo.1

Román, subcampeona en los Juegos Olímpicos Londres 2012, terminó con un marcador de 6-0 después de acertar ocho de las nueve flechas en el centro de la diana para obtener una puntuación de 10 en cada uno de los sets, lo que le dio en la primera parte de la justa 29 a 28 para colocarse 2-0.

Ya en el segundo set se apuntó 30 a 27 ante la japonesa, con lo que se fue arriba 4-0 en el marcador. Para el último parcial, la arquera capitalina tuvo otra puntuación perfecta de 30-28 y cerró los cartones 6-0.

En semifinales, Román venció a Anastacia Pavlova 6-4 con parciales 28-28, 29-29, 30-30, 30-30 y sería hasta la última ronda que se colocó arriba para terminar 30-29.

Gracias a la medalla que ganó, Aída ingresó al selecto grupo de mexicanas que han obtenido tanto medalla en Juegos Olímpicos como en un mundial. Antes lo habían logrado María Espinoza e Iridia Salazar, en taekwondo, Paola Espinosa y Laura Sánchez, en clavados, Belem Guerrero, en ciclismo, y Ana Guevara, en atletismo.

Román ganó plata en sus primeros Juegos Panamericanos, en Río de Janeiro 2007, seguido por siete oros en los Centroamericanos de Mayagüez 2010. En los pasados Panamericanos de Guadalajara 2011, la mexicana se quedó con el bronce en la prueba individual. Actualmente Román se ubica en la sexta posición del ranking mundial.

Los triunfos referidos en el presente documento nos llenan de orgullo por tratarse de mexicanas de excelencia que han podido destacar a nivel mundial, con lo que se confirma de nueva cuenta la necesidad de seguir apoyando a nuestros deportistas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados felicita a Linda Ochoa, Rosalía Domínguez, Brenda Merino y Aída Román, por haber obtenido medallas de oro en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, en la especialidad bajo techo, que se llevó a cabo en Nimes, Francia.

Nota

1 Con información consultada en http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2014/03/03/946489, el 3 de marzo de 2014, a las 11:44 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a hacer del conocimiento público y aclarar los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013 correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas de cobro dudoso, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes

1. La Comisión Federal de Electricidad (CFE ) es una entidad paraestatal, encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el territorio mexicano.

2. Los proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) son un mecanismo creado por Ernesto Zedillo a finales de su gobierno, en 2000. A través de ellos, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE contrataron deuda en moneda extranjera y nacional con empresas privadas para financiar proyectos que supuestamente no podían realizarse con recursos propios.

En la reforma petrolera de 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas que se registraba como deuda de las paraestatales mencionadas se contabilizaría en el futuro como deuda pública. Hacia marzo del 2010, que fue la última fecha en que se publicó el pasivo de Pidiregas en la CFE se señalaba una cifra de 250 mil millones de pesos.

El gobierno de Calderón publicó en abril de 2011 un balance fiscal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se reclasifica en cuatro nuevos grupos el manejo del presupuesto federal, dando una libertad absoluta para su control presupuestario tanto a Pemex, como a la CFE.

http://sesgo.org/v2/index.php/laterceracultura-30/articulos/535-el-d escomunal-fraude-oculto-de-pidiregas

3. Pidiregas

La CFE realiza proyectos de inversión para construir activos generadores de ingresos bajo dos esquemas:

Inversión directa

Para construir proyectos de instalaciones eléctricas y que al término de la obra se entregan a la CFE, al momento de la entrega de las obras, materia del contrato, recibidas a satisfacción de la CFE, se registra el activo en una cuenta de activo fijo denominada Pidiregas, así como el pasivo total que corresponde al valor del bien.

Los activos adquiridos en el esquema Pidiregas y la obligación correlativa son registrados al valor contratado del proyecto.

Inversión condicionada

A partir de 2000 y con base en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se dio acceso a productores independientes de generación de energía, los cuales solo pueden vender la energía que producen a la CFE. La entidad evaluó que 22 de los contratos existentes con productores independientes, tienen características de arrendamiento de la planta generadora de energía de acuerdo con la INIIF 12, Acuerdos de Concesión de Servicios, y a su vez, dichos arrendamientos califican como arrendamientos financieros de acuerdo con la NIC 17 Arrendamientos, por lo que se registra en una cuenta de activo fijo denominada Productores Independientes, así como el pasivo total que corresponde al valor del bien.

Al 31 de diciembre de 2012 se encontraban firmados 25 contratos con inversionistas privados, denominados productores independientes de energía.

www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/...AcercadeCFE/.../Cierreadici embre2012_...

4. El Presupuesto de Egresos de la Federación asignado a la CFE en 2013 ascendió a 281 mil 532.4 millones de pesos (mdp) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 tiene una asignación de recursos por 328 mil 985.4 mdp, cantidad que es mayor en 47 mil 453 mdp respecto al de PEF 2013 e implica un incremento de 12.6 por ciento en términos reales; como se muestra a continuación:

El mayor monto en el costo financiero de la CFE es derivado del endeudamiento contraído con particulares para expandir la infraestructura de la paraestatal mediante los Pidiregas.

Consideraciones

A) El 28 de octubre de 2013, la CFE informó a la Bolsa Mexicana de Valores que registró pérdidas por 6 mil 87 mdp durante el tercer trimestre de 2013, en comparación con la ganancia de 3 mil 26 mdp que registró durante el mismo periodo de un año antes.

De esa forma, entre enero y septiembre de 2013 las pérdidas de la compañía eléctrica nacional acumulan este año 41 mil 606.4 mdp, cifra que cuadruplica el quebranto total de 2012, que ascendió a 10 mil 232.5 mdp.

Por su parte, la deuda documentada creció 3 mil 843 mdp entre enero y septiembre de 2013, al pasar de 119 mil 699.2 mdp a 123 mil 542.6 mdp.

En el lapso enero a septiembre de 2013 las cuentas de cobro dudoso se incrementaron en 4 mil 536.9 mdp, lo que significó un aumento de 34 por ciento, al pasar de 13 mil 15 mdp en diciembre de 2012 a 17 mil 552 mdp al cierre de septiembre de este año.

En el informe financiero correspondiente al tercer trimestre del año, la CFE reconoce que “durante los últimos años, debido a la reducción de los presupuestos anuales, la CFE no ha cumplido íntegramente con el mantenimiento requerido, consecuentemente, esta situación pudiera afectar la vida útil de ciertas plantas”.

Entre las razones por las cuales la CFE registró pérdidas en su resultado neto se encuentra la insuficiencia tarifaria por 77 mil 853 mdp, la cual fue atenuada con un aprovechamiento de 34 mil 509 mdp.

Al 30 de septiembre la CFE tenía firmados 25 contratos por 25 años con inversionistas privados, denominados “productores independientes de energía”.*

*http://www.jornada.unam.mx/2013/10/29/economia/026n1eco

B) Al respecto, expertos han explicado que las pérdidas de la empresa se deben a diversas ineficiencias de la paraestatal, como el subsidio que le da a compañías que cobran por proyectos innecesarios, las obligaciones laborales, el robo de energía y sus costos de producción.

Según datos del Observatorio Ciudadano de Energía, que encabeza José Luis Apodaca Villarreal, ex gerente general divisional de la CFE, la paraestatal permite el robo de energía por 35 mil millones de pesos; genera con combustóleo y gasta 56 mil millones de pesos más respecto del gas natural.

Además, paga en exceso por financiamientos Pidiregas 12 mil millones de pesos; subsidia a firmas extranjeras en la venta de energía para autoabastecimiento remoto con 7 mil millones de pesos y su costo de producción por no aprovechar energías eólicas se encarece en 70 mil millones de pesos.

En la iniciativa de reforma energética, el Ejecutivo atribuye gran parte del problema de las pérdidas de la empresa a sus costos de producción.

Actualmente, México cuenta con una capacidad de 63 gigavatios, de la cual 64 por ciento es operado por la CFE y el restante 36 por terceros bajo los esquemas de productor independiente de energía eléctrica, autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación y usos propios.

“En el esquema actual, los únicos beneficiados con las altas tarifas eléctricas son el gobierno federal, que con fines recaudatorios suministra electricidad, gas natural y combustóleo caros; y las trasnacionales que participan en la generación independiente”, afirmó Apodaca Villarreal.*

http://elhorizonte.mx/a/noticia/437540/normal/2/24

Por lo fundado y motivado, solicito que sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director de la Comisión Federal de Electricidad, doctor Enrique Ochoa Reza, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, lo siguiente:

a) La justificación detallada de los incrementos acumulados de enero a septiembre de 2013 respecto a las pérdidas de la CFE por 41 mil 606 mdp; la deuda documentada (deuda contratada directamente por la entidad) por 123 mil 542 mdp y las cuentas de cobro dudoso (cuentas de dudosa recuperación) por 17 mil 552 mdp.

b) Los estados que tienen pagos vencidos por consumo de energía y el monto de cada uno.

c) Las dependencias de la administración pública federal que tienen pagos vencidos por consumo de energía y el monto que adeuda cada una.

d) El monto que adeudan usuarios particulares y particulares que tienen tarifa empresarial, por concepto de consumo de energía, clasificado por estado.

e) Los mecanismos de control que ha implementado para evitar el robo de energía; así como para el cobro de deuda por consumo de energía.

f) Los elementos que ha considerado para el otorgamiento a particulares del negocio de la electricidad en el país, y a la fecha cuántos y cuáles son los contratos que tiene firmados con éstos; así como las condiciones y beneficios para la CFE establecidos en cada uno de los contratos otorgados.

g) Haga público los recursos erogados en la participación de la inversión privada en infraestructura.

h) De los subsidios que otorga: criterios y/o lineamientos, tipos de subsidios y tipos de beneficiarios.

i) El alcance y los resultados del modelo de inversión vía Pidiregas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración a resolver los malos tratos prevalecientes en las estaciones migratorias, en particular la de Acayucan, Veracruz, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 22 de noviembre de 2013, cientos de centroamericanos se amotinaron en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, contra los malos tratos y mala alimentación ahí proporcionados, lo que generó la intervención de la policía federal y estatal, así como lesiones en al menos 15 personas.

Una primera versión avalada por el sacerdote Alejandro Solalinde, premio nacional de Derechos Humanos, reveló que las inconformidades de las personas migrantes fueron por las condiciones “inhumanas” que se viven al interior de este lugar.

La vulnerabilidad de las personas migrantes

Este lamentable hecho no es un caso aislado; corresponde a una condición generalizada de violación sistemática a los derechos de las personas migrantes por parte de autoridades, civiles e integrantes del crimen organizado. La vulnerabilidad de este grupo lo ha hecho objeto de toda clase de abusos que van desde el robo, la privación ilegal de la libertad, la agresión sexual e incluso el homicidio.

La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez mayor de la intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de origen y de destino, y para los propios migrantes.

En el caso de México la postura y las acciones frente al tema migratorio son todavía contrastantes con el discurso. Nuestro país ha adoptado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y derechos de los refugiados, sin avanzar en la armonización de la normativa nacional con dichos compromisos internacionales, ni en su instrumentación en la cultura y práctica de las dependencias a lo interno.

Las estaciones migratorias en México se han convertido en una especie de sistema de cárceles paralelo, donde miles de personas son detenidas de manera indefinida –en algunas ocasiones más de un año–, sin haber cometido algún crimen y sin saber cuáles son los términos del proceso legal por el que están ahí.

Por eso, el reto sigue siendo la construcción de una visión y una política migratoria de Estado, que debe fincarse en el reconocimiento de la multidimensionalidad y complejidad del fenómeno y la consecuente necesidad de una política transversal a varios sectores y niveles del gobierno, inspirada en la búsqueda del desarrollo humano sostenible, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y al Derecho de Asilo, la seguridad humana y la cooperación internacional.

Situación de las personas migrantes en la región de Acayucan, Veracruz

El corredor migratorio del estado de Veracruz es uno de los segmentos en los que se ha detectado mayor abuso por parte de la delincuencia organizada y por parte del gobierno en contra de las personas migrantes.

En especial, el tramo comprendido entre Acayucan y Medias Aguas, que hoy en día representa una de las más escalofriantes rutas. Este camino férreo por el que transita “La Bestia” deriva en muerte, exterminio y las más escruentas formas de violencia hacia los migrantes.

Además, el aumento de las detenciones en esta zona, durante los últimos dos años y medio responde a las reformas hechas en junio de 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón, a la Ley de Migración, pues dichas modificaciones restringen las oportunidades para regularizar la situación migratoria de la mayoría de la población migrante.

Por tal razón, esta zona ha sido objeto de la intervención humanitaria civil, lo que ha generado frecuentemente conflictos que las autoridades han tolerado y en ocasiones incluso provocado.

Estación Migratoria Acayucan

Según la información recopilada por el padre Solalinde, los migrantes son alimentados con raciones de comida echada a perder, además de sufrir discriminación verbal y encontrarse aglomerados en pequeños espacios, a pesar de que la garita tiene espacio para alrededor de mil detenidos, además de haber recibido reportes que denuncian la existencia de celdas de castigo.

Esa situación, que contraviene todas las leyes en la materia, demuestra que la política migratoria del Estado mexicano está basada únicamente en detenciones y reclusiones, en vez de atender el fenómeno de manera integral.

La urgencia de la acción del Estado

La obligación del Estado para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos a la protección consular, a la salud, a la no discriminación, a la información y a no recibir maltrato o cualquier forma de tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros de los que son titulares todas las personas migrantes; es obligatoria e intransferible.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración, a resolver la situación de malos tratos y violación a derechos humanos, prevaleciente en las estaciones migratorias, en particular la establecida en el municipio de Acayucan, en el estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias del Poder Ejecutivo federal a llevar a cabo acciones tendentes a erradicar la presencia del clembuterol y otros agentes anabólicos en la alimentación del ganado para consumo humano, a cargo del diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Felipe Muñoz Kapamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El clembuterol es una sustancia anabólica de los beta – z agonistas que es utilizado en medicamentos para personas con asma o con graves problemas de respiración, ya que permite la apertura de los bronquios y con ello la entrada del oxígeno al cuerpo de formas mucho más directa. Por esta razón, es considerado como una sustancia prohibida para los deportistas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), dadas sus características estimulantes y anabolizantes que actúa sobre el metabolismo de lípidos y proteínas aumentando la masa muscular y disminuyendo la acumulación de grasa.

Sin embargo, esta misma sustancia es utilizada en México de forma ilegal para la engorda de ganado, cuyo uso se ha generalizado de manera alarmante durante los últimos años, a pesar de que está prohibido en la industria cárnica por sus efectos negativos en la salud humana.

La violación a esta prohibición se debe a que, con menor volumen de alimento los engordadores obtienen más kilos de peso corporal en un tiempo mucho menor. Baste señalar que la mezcla de 4.8 gramos de fármaco en una tonelada de alimento para ganado puede elevar el peso de cada res en 1.7 kilogramos diariamente, de tal forma que una res, puede tardar tres meses en obtener el rendimiento esperado, ello con independencia de que el costo del esteroide equivale a una décima parte del valor de otros productos similares.1

Otras de las causas que han dado lugar a la agudización de esta problemática son la existencia de consumidores más exigentes que demandan carne con menor contenido de grasa; regulación insuficiente; monitoreo y vigilancia deficiente; sanciones poco rigurosas, y actores poderosos sin contrapesos institucionales adecuados, entre otras.

Las consecuencias negativas de este fenómeno se han multiplicado, por lo que deben ser analizadas a partir de los diversos impactos que generan (a la salud humana, a la imagen internacional del país, al desarrollo del deporte y al comercio internacional de carne, entre otros).

En lo relativo a la salud de la población, el consumo de carne con concentraciones considerables de clembuterol puede llevar a la intoxicación de las personas y sus efectos negativos para la salud incluyen taquicardias y palpitaciones, nerviosismo y dolores de cabeza, náuseas, inquietud, temblores, vómitos, calambres musculares, entre los más importantes.2

Sin embargo, la magnitud de los trastornos que son reportados por los especialistas ha sido materia de un fuerte debate, toda vez que existen investigadores que consideran que estas sustancias “no implican mayores riesgos a la salud”, mientras que otros afirman que son causantes de “daños severos al organismo”.3

Una muestra de las consecuencias negativas del uso irresponsable de la referida sustancia lo es la intoxicación hace unos cuantos días de 30 personas por comer carne con clembuterol en el municipio de San Blas, Nayarit. Según la información ofrecida por diversos medios de comunicación, de las personas afectadas, 18 tuvieron síntomas como taquicardia, hipertensión, temblor, ansiedad, cefalea, rubor facial, debilidad y vómito, y una fue llevada a Tepic para ser internada en el Hospital General Antonio González Guevara, aunque, afortunadamente, se tiene noticia de que todos los afectados ya fueron dados de alta.

El prestigio internacional de México resiente también las consecuencias negativas de este fenómeno. Particularmente, en el ámbito deportivo, nuestro país ha saltado a la escena mundial como un lugar en donde se consume “carne contaminada con clembuterol”.4 El presidente de la Unión Ciclista Internacional ha hecho pública una comunicación en donde se advierte del riesgo de dar positivo en los exámenes antidoping por la ingesta de carne contaminada con clembuterol en México y China.

Una posible consecuencia desoladora de esta situación sería el veto de nuestro país como sede de eventos deportivos internacionales, así como el aislamiento que sin duda repercutiría de manera negativa en la preparación y competitividad de nuestros atletas.

En el ámbito deportivo, existe el riesgo además de que la carne contaminada lleve a los atletas mexicanos a dar positivo en los exámenes antidoping que se practican en las diversas competencias, tanto nacionales como internacionales. Esto repercutiría en suspensiones, borrado de récords e incluso, en el retiro de medallas. De hecho, la Federación Mexicana de Ciclismo ha recomendado a los ciclistas que participarán en la Vuelta México, a celebrarse durante los primeros días del mes de marzo, alimentarse con otro tipo de proteína distinta a la carne.5

Esta situación es contradictoria con el gran esfuerzo que se ha hecho en nuestro país por cuidar a sus atletas del doping. México cuenta con un Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje de alta especialidad y calidad internacional, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje.

Sobre este particular se han registrado diversos hechos que han puesto en aprietos a nuestros deportistas.

El 17 de octubre de 2011, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) señaló que durante el Mundial de Futbol Sub-17, celebrado en México entre junio y julio, 109 de 208 jugadores examinados presentaron concentraciones del anabólico. Según el jefe médico de la FIFA, Jiri Dvorak, sólo cinco equipos participantes no tuvieron integrantes que dieran positivo en las pruebas.

Apenas unos días antes, la WADA acordó no imponer sanciones en contra de cinco futbolistas mexicanos que dieron positivo por clembuterol en los exámenes previos al inicio de la Copa Oro 2011 de la Concacaf en Estados Unidos, al establecer que el resultado derivó de la situación sanitaria que existe en nuestro país.6

Adicionalmente, la proyección de los ganaderos mexicanos en el mercado internacional de la carne se encuentra también en riesgo, ya que la presencia de clembuterol y fármacos análogos dificulta la exportación de productos cárnicos a mercados internacionales. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea existen diversas regulaciones que restringen con mayor rigor la producción e importación de cárnicos con anabólicos, de manera especial con clembuterol.

Tal y como lo mencionábamos con anterioridad, el uso del clembuterol en la engorda de ganado está catalogado como delito por los artículos 172, 173 y 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal, ordenamiento que contempla sanciones de prisión y multas en contra de quienes importen, posean, transporten, almacenen, comercialicen o realicen actos con cualquier sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales, entre las que se encuentra el clembuterol, eso de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana7 de Emergencia NOM-EM-015-ZOO-2002, “Especificaciones técnicas para el control del uso de beta-agonistas en los animales,”8 la cual prohíbe la producción, manufactura, fabricación, elaboración, preparación, acondicionamiento, transportación, tráfico, comercialización, importación, suministro y/o utilización de ingredientes activos y aditivos alimenticios para la formulación de productos alimenticios destinados al consumo y uso en animales, dentro de los que se incluye el clembuterol.

En el mismo sentido, la NOM 194-SSA1-2004 “Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de los animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio”,9 especifica que “los productos de ganado bovino deberán estar libres de clembuterol”.

Sobre la aplicación de tales ordenamientos, conviene recordar que tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) como la Secretaría de Salud (SSA) están facultadas para ejercer medidas de control acompañadas de monitoreo, inspección y diagnóstico en el uso del clembuterol con el fin de evitar la incidencia de casos de intoxicación entre la población.

Sagarpa, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), también debe vigilar que la engorda de ganado se realice de manera segura y sin el suministro de ninguna sustancia tóxica a los animales destinados a sacrificio y faenado.10

Recientemente se firmó el “Convenio de concertación para el cumplimiento y observancia del Programa Proveedor Confiable (Libre de clembuterol)11 para la engorda de ganado bovino, sacrificio, industrialización, almacén y distribución de carne”.12 El acuerdo cuenta con la participación de Senasica, de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF y de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino.13

Por su parte, la SSA, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), está obligada a vigilar que la carne para consumo humano cumpla con las disposiciones sanitarias, a fin de que su consumo sea seguro. En este sentido, Cofepris informa regularmente sobre los diversos operativos de suspensión temporal de matanza de bovinos y clausura de rastros que lleva a cabo a lo largo de la República.14

No obstante lo anterior, es sabido que estas dependencias gubernamentales federales no cuentan con la capacidad técnica y operativa suficiente para llevar a cabo la inspección y vigilancia sistemática de los rastros en los que se lleva a cabo el uso de clembuterol. La falta de personal calificado para la verificación, entre otras carencias institucionales, impide el análisis de una mayor cantidad de muestras para la identificación del anabólico.

Las cifras y estadísticas con las que se cuenta actualmente sobre el número de casos de pacientes afectados por el consumo de clembuterol son insuficientes para evaluar con rigor el problema en cuestión. De acuerdo con la información epidemiológica del Gobierno de la República, la tasa de intoxicación por clembuterol durante el primer semestre de 2013 en nuestro país fue de menos de uno por un millón de habitantes.15 No obstante, del análisis de las muestras que llevó a cabo Senasica en dicho periodo se desprende que un 4.8 por ciento fueron positivas a clembuterol. Esto es, la presencia del anabólico en carne bovina está acreditada en cuando menos uno de cada veinte casos revisados.

En el mismo sentido, de las inspecciones a rastros municipales llevadas a cabo por Cofepris durante el periodo 2011-2012, más del 10 por ciento de las muestras tomadas resultaron positivas, “sin que este número represente una muestra nacional en razón de que las verificaciones efectuadas corresponden exclusivamente a sitios donde se han reportado intoxicaciones”.16

Así, son muchos los desafíos que enfrenta nuestro país para garantizar que la carne que se produce y consume en el país esté libre de clembuterol y de otros agentes anabólicos prohibidos y es por ello que desde el Congreso deben formularse propuestas tendientes a preservar la salud de la población, mantener la competitividad de nuestros deportistas, acrecentar el comercio pecuario y respetar la dignidad de los animales.

Desde luego que esta representación popular no puede ser ajena a la problemática que afecta al sector ganadero nacional, el cual se ha visto mermado por sequías, condiciones desfavorables para la exportación de sus productos y la depresión del mercado interno, por lo que cualquier medida tendiente a resolver la problemática generada por el uso del clembuterol debe contemplar el uso de estímulos fiscales a favor de aquellos ganaderos que opten por el uso de esta sustancia para la engorda del ganado.

Lo anterior se afirma, toda vez que, tal y como lo mencionamos con anterioridad, es diez veces más alto el costo de utilizar otras sustancias sustitutas del clembuterol, por lo que debe encontrarse una fórmula que permita el paulatino desechamiento del referido anabólico en el sector pecuario nacional.

Finalmente, consideramos que la solución a la problemática planteada debe también involucrar a la comunidad científica nacional, a fin de que se estimule la investigación tendiente a buscar fuentes alternas para la engorda del ganado, las cuales no afecten la salud humana y privilegien la dignidad de los animales destinados al consumo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a vigilar con mayor rigor que el engorde de ganado se realice de manera segura y sin el suministro sustancia tóxica alguna a los animales destinados a sacrificio y faenado, incluida el clembuterol.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a redoblar esfuerzos para supervisar, mediante verificaciones frecuentes en los rastros del país, que la carne para consumo humano cumpla con las disposiciones sanitarias, a fin de que su consumo sea seguro y esté libre de clembuterol.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, a fortalecer los esfuerzos interinstitucionales con los diversos niveles de gobierno para reforzar los operativos conjuntos contra la producción, el tráfico y el suministro ilegal de clembuterol al ganado.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, para hacer todo lo que se requiera, a modo de que se llegue a certificar y etiquetar la carne “Libre de clembuterol”, con el fin de informar, educar y concientizar a la ciudadanía de su ventajas.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de apoyar mediante estímulos fiscales y otros incentivos, a los ganaderos del país que opten producir carne libre de clembuterol.

Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a efecto de llevar a cabo campañas de concientización y educación tendientes a sensibilizar a la población sobre las bondades de consumir carne “libre de clembuterol”.

Séptimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a efecto de que se estimule la coordinación con dependencias gubernamentales, instituciones académicas y organismos de la sociedad civil para avanzar en la investigación científica para producir sustancias que sustituyan al clembuterol.

Octavo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, a reforzar la aplicación de la ley y las sanciones contra los rastros que utilizan el clembuterol.

Notas

1 Consultado en http://www.jornada.unam.mx/2011/10/25/politica/021a1pol el 5 de marzo de 2014.

2 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/carne-con-clembuterol-grave-r iesgo-para-la-salud. Consultada el 26 de febrero de 2014 14:22 horas.

3 http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4370/1/clembutero l-Repercusiones-en-la-salud-humana-por-su-uso-veterinario.html. Consultada el 27 de febrero de 2014 a las 13:00 horas.

4 http://www.zocalo.com.mx/images/uploads/archive/131894296925.pdf. Consultada el 27 de febrero de 2014 a las 13:00 horas.

5 http://www.com.org.mx/26-febrero-2014.html. Consultada el 27 de febrero de 2014 a las 18:30 horas.

6 http://www.jornada.unam.mx/2011/10/25/politica/021a1pol Consultado el 5 de marzo de 2014.

7 Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones técnicas que sirven para garantizar que los productos o servicios cumplan con parámetros o determinados procesos, con el fin de proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente. Una vez emitida la Norma, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indicándose una fecha para su entrada en vigor y dejando un tiempo para su estudio y entrada en vigor. Generalmente, una norma se mantiene vigente solo por cinco años. El uso y observancia de las NOM son de carácter obligatorio.

8 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=734908&fecha=01/03/2002. Consultada el 26 de febrero a las 17: 15 horas.

9 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/194ssa104.html. Consultada el 26 de febrero de 2014 a las 16:00 horas.

10 Destacan las disposiciones y procedimientos contenidos en el Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Carne de Ganado Bovino en Confinamiento, publicado por la Sagarpa en 2009. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/MANUAL_BOVINOS%202008.pdf. Consultada el 27 de febrero de 2014 a las 14:12 horas.

11 Los objetivos del Programa son: 1) “Prevenir y eliminar el empleo de Clenbuterol en la engorda de ganado bovino, e 2) Impulsar el reconocimiento de los productores y engordadores que no emplean Clenbuterol mediante la entrega de Constancias de Proveedor Confiable (Libre de Clenbuterol). Ver: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/triptico_proveedor_confiable_curvas% 20(1).pdf. Ver también: http://www.sefoa.gob.mx/INSPECCION/MANUALES/inocuidad7.pdf Consultadas el 26 de febrero a las 16:30 horas.

12 http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/boletines2/paginas/2012B147.aspx . Consultada el 26 de febrero a las 16:25 horas.

13 Senasica ha informado sobre la inscripción de 697 Unidades de Producción Primaria al programa y sobre la expedición de 211 constancias de proveedor confiable y 485 de Hato libre, con un total de un millón 132 mil cabezas de ganado.

14 Ver, por ejemplo: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/encuentran-carne-contaminada-con -clembuterol-en-rastro-de-leon-885.html. Consultada el 26 de febrero a las 17:44 horas.

15 http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2013B460.aspx. Consultada el 27 de febrero a las 10:00 horas.

16 Ibídem, párrafo décimo primero.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputado Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a atender las propuestas formuladas por la ASF en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes y Consideraciones

1. El 7 de febrero de 2008, mediante un decreto presidencial, se ordenó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) modificar el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) para transformarse en un nuevo Fideicomiso llamado Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), en el proceso se trasmitirían los fines, el patrimonio, y proyectos del FARAC al Fonadin, para que en su oportunidad el primero se extinguiera.

2. El objeto y el fin del Fonadin es promover y fomentar la participación de los sectores, público, privado y social en el desarrollo de infraestructura y sus servicios públicos, mediante la realización de inversiones y el otorgamiento de apoyos recuperables y en su caso, a través de la contratación de garantías a proyectos financieramente viables, así como apoyos no recuperables a proyectos rentables socialmente.

3. Las principales actividades del Fonadin son otorgar créditos subordinados1 o convertibles, garantía y aportaciones de capital, de manera que se impulse la participación del sector privado y social en la infraestructura; apoyar con garantías la participación de las empresas constructoras mexicanas en las licitaciones de proyectos; movilizar el capital privado hacia el financiamiento de proyectos de infraestructura; fortalecer la infraestructura del gobierno federal, los estados y municipios para una adecuada prestación de servicios públicos; entre otras.

4. El Fonadin dispone del Banobras2 en su carácter de agente financiero y mandatario del Gobierno Federal fungirá como el fideicomitente y el mismo Banobras en su carácter de institución fiduciaria sería el fiduciario del fideicomiso.3

5. Cuenta con un comité técnico, el cual tiene las facultades de establecer las políticas generales y definir las prioridades para el cumplimiento del objeto y fines del fideicomiso, así como aprobar y, en su caso, modificar las reglas de operación del fideicomiso, en las cuales se establecen las políticas y los lineamientos a que deberán sujetarse los subcomités de trabajo que constituya, así como al propio fiduciario para la toma de decisiones.

6. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011 presenta los resultados de la auditoría número 11-2-06G1C-02-0128, los datos que se desprenden de esta auditoría reflejan que el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura no cumplió las disposiciones normativas aplicables; ya que en julio de 2011 el Fonadin otorgó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) un apoyo recuperable por mil 817.06 millones de pesos, en la modalidad de crédito simple para liquidar el crédito de Asociación en Participación y los intereses generados hasta ese momento para realizar el proyecto Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico. Sin embargo, en las Reglas de Operación del Fonadin no se tiene previsto el otorgamiento de recursos en esa modalidad. De conformidad con el numeral 3.3 de las Reglas de operación del Fonadin.

Apoyos recuperables. Recursos que otorgue el fideicomiso bajo las modalidades de Financiamiento que autorice su comité técnico y que tengan una fuente de recuperación, entre las cuales podrán estar las siguientes: financiamiento a los gobiernos estatales y municipales para la realización de estudios y contratación de asesorías; garantías de crédito, bursátiles, de desempeño y de riesgo político, para financiar las inversiones de los proyectos de infraestructura; aportaciones de capital y créditos subordinados o convertibles a las empresas beneficiarias de los proyectos de infraestructura y fondos de inversión.

7. Derivado de la auditoría, la ASF hace una recomendación puntual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en su carácter de fideicomitente único de la administración pública centralizada del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, en el ámbito de sus atribuciones instruya al Comité Técnico para que delimite en sus reglas de operación las modalidades de financiamientos para el otorgamiento de apoyos recuperables; derivado del caso de Fonatur mencionado en el numeral 6 de este documento.

8. Es preciso que en tanto la SHCP instruya al comité para modificar las reglas de operación, éste proporcione soluciones a las deficiencias señaladas por la auditoría y modifique las Reglas de Operación del Fonadin con relación al tema de los apoyos recuperables, para que se establezcan de forma clara y concisa todos los tipos de crédito que otorga.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, a atender de inmediato las propuestas de la Auditoría Superior de la Federación contenidas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, para instruir al Comité Técnico del Fonadin sobre la “delimitación de las modalidades de financiamientos para otorgar apoyos recuperables”, derivado del crédito simple que concedió al Fonatur por mil 817.06 millones de pesos. Asimismo, haga del conocimiento público las acciones llevadas a cabo para atender las propuestas.

Notas

1 Los que por la propia naturaleza subjetiva de los titulares adquieren en la práctica un especial protagonismo; es decir, créditos de las personas especialmente relacionadas con el deudor.

2 El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos es una institución de banca de desarrollo que se tipifica como empresa pública con participación estatal mayoritaria, cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios. Su objeto es financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar el fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal.

3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de difundir el destino del presupuesto asignado al Plan Integral contra el Huanglongbing, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Martha Leticia Sosa Govea y José Luis Muñoz Soria, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Colima, para que hagan del conocimiento público el destino del presupuesto asignado al plan integral contra el Huanglongbing (HLB.); al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Huanglongbing o HLB (exgreening), está considerada internacionalmente como una de las más destructivas enfermedades de los cítricos por el severo daño que causa a la producción, su rapidez de dispersión y la inexistencia, hasta el momento, de medidas de control una vez que las plantas están afectadas por la misma. Es ocasionada por una bacteria llamada Candidatus liberibacter, que se transmite por yemas infectadas y por insectos vectores (chicharritas) pertenecientes a la familia de los pyllidae.

2. En abril de 2013, la Asociación Civil Movimiento Ciudadano Cambio de Fondo (Mocafon AC) presentó ante la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Energía (SE), ante el presidente de la República, senadores y diputados federales por Colima, un escrito denominado Llamado desesperado en el cual proponen un programa emergente para el combate integral de la terrible crisis que se vive en los municipios de Tecomán y Armería, derivada particularmente por la problemática del cultivo de limón, a razón de la plaga.

3. Ante la problemática limonera, un grupo de productores y jornaleros alzaron la voz y por medio de un bloqueo carretero y manifestaciones masivas ante la Cámara de Diputados del estado de Colima; sin embargo el impacto de estas acciones sobre la crisis no ha dado resultados; la plaga no se controla, las huertas continúan mermando, el desempleo sigue creciendo, la economía en la sociedad se desangra más cada día. Lo cual es de gravedad en virtud de que la economía en esos municipios se “limonizó”, la dependencia económica de los cultivos de limón trajo como consecuencia que, al venirse abajo la producción limonera casi 50 por ciento en los últimos 4 años, a la economía le sucediera lo mismo.

4. En el ejercicio de 2013 el presupuesto para este plan integral contra el HLB otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social, fue de 96.5 millones de pesos de distintos programas, además 56 millones de los años 2010-2012, conformándose una suma de 152.5 millones, de los cuales poco menos de la tercera parte ha sido aplicada directamente a la reactivación de cultivo ni al combate global de la plaga.

El pasado 26 de septiembre la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Colima conformó el Comité de Vigilancia Ciudadana contra el HLB, el cual tendrá como objetivo de supervisar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas en contra de la plaga denominada HLB garantizando con ello que los recursos destinados a la población beneficien efectivamente a quienes lo necesiten.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, haga del conocimiento público lo siguiente:

• Los programas que tienen como objetivo erradicar la plaga HLB.

• Los recursos asignados específicamente a la erradicación de esta plaga, así como los estados y localidades beneficiadas.

• Las acciones implementadas para la erradicación del HLB.

Segundo . Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Colima, Adalberto Zamarroni Cisneros, haga del conocimiento público lo siguiente:

• El estado que guarda el presupuesto asignado al plan integral de HLB. La evolución de la producción limonera en los últimos 4 años.

• Medidas implementadas para solucionar el problema de la plaga del HLB.

Tercero . Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, ciudadano Juan Manuel Portal Martínez, dé su colaboración para que sea el conducto para solicitar a la Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Colima la fiscalización de los recursos del plan integral contra el HLB.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputados: Martha Leticia Sosa Govea, José Luis Muñoz Soria (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que haga del conocimiento público los indicadores relacionados con el proceso de administración y seguimiento de juicios legales para recuperar la cartera, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, haga de conocimiento público los indicadores relacionados con el proceso de administración y seguimiento de procesos legales para la recuperación de la cartera, ya que de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2012, la Auditoría Superior de la Federación identificó pagarés prescritos por 357.5 millones de pesos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El 19 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se expidió la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que crea al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con objeto de apoyar el cambio de la función pública y, en particular, con la finalidad de reducir los costos en la administración, enajenación y destino de los bienes que le son transferidos, entre los que se consideran los procesos legales destinados a la recuperación de cartera crediticia, provenientes de las diferentes liquidaciones de empresas a cargo del organismo.

Segundo. El Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, publicado en el DOF el 17 de junio de 2003 menciona que el SAE deberá optimizar la administración de los bienes para darles el destino que les corresponda, buscando convertir a numerario, efectivo o su equivalente, según su naturaleza, mediante el procedimiento de cobranza que corresponda, para ello, el estatuto orgánico del SAE, en su artículo 28, faculta a las direcciones ejecutivas para contratar a terceros especializados para realizar gestiones extrajudiciales y judiciales ante las autoridades para la atención de los asuntos que tengan por objeto la recuperación de cartera.

Consideraciones

A) La Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo una auditoría de desempeño al SAE sobre la administración y seguimiento de sus procesos legales, revisión que, entre otros resultados reveló que el SAE:

• No mantuvo actualizado el Sistema Integral Jurídico, lo que no permitió la generación de los reportes necesarios, a fin de dar seguimiento oportuno al estado procesal que guardan los juicios instaurados.

• No consideró en el programa para la recuperación jurídica de cartera crediticia, los objetivos y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal correspondiente por la vía judicial o extrajudicial; los montos de la cartera vencida; el número de deudores; la unidad responsable de su elaboración y ejecución, ni el número de juicios y montos demandados, y

• No contó con metas ni indicadores que le permitieran medir la eficacia, eficiencia y economía de los procesos legales para la recuperación de la cartera crediticia vencida.

B) Durante la fiscalización de la Cuenta Pública de 2012, la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría a los valores en custodia del SAE en la que identificó la prescripción de 357.5 millones de pesos (mdp) en 49 pagarés que ya no presentaron derechos de cobro, debido a que no fue ejercido tal derecho permitiendo su prescripción, los cuales correspondieron a los siguientes suscriptores:

• 28 pagarés por 138.04 mdp, al ingenio Santa Rosalía.

• 20 pagarés por 212.4 mdp, al ingenio Pujiltic.

• 1 pagaré por 1.0 mdp, al ingenio Independencia.

Los pagarés en mención fueron recibidos del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito que tuvo a su cargo el proceso de liquidación de dichos ingenios.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, haga del conocimiento público la matriz de indicadores relacionados con el proceso de administración y seguimiento de procesos legales para la recuperación de la cartera, con la finalidad de evitar prescripciones por la falta de ejercicio de derecho de cobro, como lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular de la SHCP que haga del conocimiento público el análisis que el Comité de Crédito Externo ha practicado sobre los préstamos contratados a partir del cambio de administración y seguimiento de los realizados con anterioridad, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual esta soberanía solicita respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Luis Videgaray Caso, que haga del conocimiento público el análisis que el Comité de Crédito Externo ha realizado sobre los préstamos contratados a partir del cambio de administración, así como del seguimiento que ha realizado de los contratados con anterioridad al cambio de administración, entre los que se encuentran los préstamos números 7860-MX, 7968-MX, 2047/OC-ME, 2186/OC-ME Y 2459/OC-ME, por 3 mil 500.0 millones de dólares, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La contratación de créditos externos para el financiamiento de proyectos o programas públicos tiene su fundamento legal en el artículo 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de igual manera, este artículo establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe establecer un comité para el análisis de la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de estos, así como en el artículo 55 del reglamento de esa ley:

Artículo 36. Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y proyectos cuando cuenten con la autorización de la secretaría y los montos para ejercerlos estén previstos en el Presupuesto de Egresos en los términos del reglamento.

...

...

La secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos financiados con crédito externo.

Artículo 55. El comité de crédito externo a que se refiere el artículo 36 de la ley analizará el avance en el ejercicio de los programas y proyectos en ejecución, así como en los niveles de desembolso; las propuestas de las dependencias y entidades sobre programas y proyectos que se pretendan financiar con crédito externo y, en el caso de créditos que financien programas y proyectos cuyo desembolso no sea satisfactorio, se propondrán medidas de solución o, en su caso, se analizará su redimensionamiento, así como la viabilidad de la cancelación total o parcial, conforme al artículo 158 de este reglamento. En su caso, la secretaría determinará la cancelación total o parcial tanto del financiamiento como de dichos programas y proyectos.

2. El 12 de noviembre de 2012, mediante el oficio circular número 307-A.-6235, fueron emitidas las Reglas de Operación del Comité de Crédito Externo, en las cuales se estableció lo siguiente:

• Los miembros del comité son representantes propietarios y suplentes de la Unidad de Política y Control Presupuestario; de la Unidad de Inversiones; de las unidades administrativas de Programación y de Presupuesto Sectoriales; de la Unidad de Crédito Público y de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda.

• Sus funciones son analizar la programación, la presupuestación, el ejercicio y el seguimiento de los programas y proyectos financiados directamente con crédito externo, así como sus niveles de desembolso; conocer las propuestas de las dependencias y entidades sobre programas y proyectos que se pretendan financiar directamente con crédito externo; y conocer, en su caso, las propuestas de modificación o cancelación de los créditos externos que financien directamente programas y proyectos.

• La Presidencia y el secretario técnico del comité están a cargo de la Unidad de Política y Control Presupuestario, este último designado por su titular, quien será suplido en sus ausencias por un secretario técnico adjunto.

• El comité debe sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez al trimestre, dentro de los 20 días naturales posteriores al cierre de éste, y en forma extraordinaria tantas veces como sea necesario, a propuesta de su presidente o del secretario técnico.

• El secretario técnico debe remitir a los miembros la copia del acta y de los acuerdos, una vez que sean definitivos.

Consideraciones

A) La Auditoría Superior de la Federación ha establecido en los informes de fiscalización de las Cuentas Públicas de 2007 a 2012 la necesidad de que el Comité de Crédito Externo opere en los términos establecidos en la normativa establecida en los artículos 36, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 55 de su reglamento.

El 10 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SHCP, entre las cuales se estableció la competencia de la Unidad de Política y Control Presupuestario de participar en el Comité de Crédito Externo.

B) Entre los recursos externos adquiridos señalados por la Auditoría Superior de la Federación en los dos últimos informes del resultado sobre la Cuenta Pública, a los que el Comité de Crédito Externo no ha aplicado la supervisión respectiva en cada una de las etapas, se encuentran los siguientes préstamos, otorgados por los Bancos Internacional de Reconstrucción y Fomento, e Interamericano de Desarrollo:

• Para el proyecto del Sistema de Protección Social en Salud (número 7860-MX), por mil 250.0 millones de dólares;

• Para el Programa en Apoyo a la Agenda de Cambio Climático de México, primera a tercera operaciones (números 2047/OC-ME, 2186/OC-ME y 2459/OC-ME), por mil millones de dólares; y

• Para el financiamiento adicional para el proyecto de apoyo al programa Oportunidades (número 7968-MX), por mil 250.0 millones de dólares.

La omisión de la revisión por el Comité de Crédito Externo en cada una de las etapas de los recursos contratados por crédito externo ha generado opacidad e ineficiencia en el destino final de estos recursos económicos.

Por lo fundado y motivado solicito que sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Luis Videgaray Caso, a hacer del conocimiento público el análisis que el Comité de Crédito Externo ha realizado sobre los préstamos contratados a partir del cambio de administración, así como del seguimiento que ha realizado de los contratados con anterioridad al cambio de administración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Segob que haga del conocimiento público el total y la aplicación del ejercicio de los subsidios transferidos a las entidades federativas como apoyo para implantar la reforma del sistema de justicia penal correspondientes al presupuesto asignado en 2012, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes:

Antecedentes

1. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo sistema de justicia penal en la República Mexicana.

2. El artículo noveno transitorio del citado Decreto establece que se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, la cual contará con una Secretaría Técnica (SETEC) que coadyuvará y apoyará a las autoridades federales y a las locales, cuando estas últimas así lo soliciten.

3. El 13 de octubre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal como una instancia de coordinación, con la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el sistema de justicia penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la soberanía de los Estados, el Distrito Federal y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación.

4. Con fecha 10 de junio del año 2009, los tres poderes federales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, suscribieron un Acuerdo para dar cumplimiento al mandato constitucional de instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo Noveno Transitorio del Decreto de reformas constitucionales y establecer las bases para la operación del Consejo de Coordinación, reconociendo a éste el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de la sociedad y la academia, el nuevo sistema de justicia penal. Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 05 de agosto de 2009.

5. En la III Sesión Ordinaria del 08 de enero de 2010, el Consejo de Coordinación emitió el Acuerdo número COCO/03/III/10, mediante el cual aprobó las “Reglas para el funcionamiento del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal”. Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del año 2010.

6. En atención a tales disposiciones el Secretario de Gobernación preside el Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, dicha instancia tiene la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con pleno respeto a las atribuciones de los poderes federales, la soberanía de las entidades federativas y a la autonomía municipal, así como a las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación.

7. La Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de sistema de Justicia Penal (SETEC), organismo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el Carácter de instancia de seguridad nacional, con autonomía administrativa, creada para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo de Coordinación; así como coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten.

8. El Comité de Subsidios es la instancia formada al interior de la SETEC y a través de las sesiones de dicho Comité se aprobaron diversos proyectos presentados por las Entidades Federativas, para efecto de otorgarles un subsidio como apoyo para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal.

9. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje rector 1 “Estado de Derecho y Seguridad”, apartado 1.2. “Procuración e impartición de justicia”, particularmente en su objetivo 4 “Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz” prevé entre otras estrategia:

a) promover la implementación gradual de juicios orales;

b) hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa;

c) garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a las víctimas de los delitos;

d) impulsar reformas procesales para hacer más expedita la aplicación de la justicia;

e) fomentar la reducción de litigios mediante la implementación de medios alternativos de resolución de conflictos, entre otros.

10. El congreso de la Unión asigno a la Secretaría de Gobernación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro del Ramo 04 para el programa “Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal”, un monto de $443´424,000.00 (cuatrocientos cuarenta y tres millones veinticuatro mil pesos 00/100 M.N).

11. El artículo vigésimo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 establece la obligación de que el recurso previsto como subsidio a las Entidades Federativas, en el ramo 04 Gobernación para la “SETEC”, sea destinado al desarrollo de proyectos prioritarios, dentro de los que se incluye: adquisición de equipo, desarrollo tecnológico y adecuación o creación de infraestructura, de las procuradurías y tribunales superiores de justicia de los estados y del Distrito Federal que se encuentren en proceso de implementación del nuevo sistema penal.

12. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, fracción XI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades federativas tienen la obligación de responsabilizarse a través de su tesorería, o su equivalente, a administrar los recursos presupuestarios federales radicados de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, motivo por el cual no podrán traspasarse tales recursos a otros rubros o cuentas bancarias.

13. Los recursos del subsidio son federales, por lo que su fiscalización y transparencia se sujetará a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, las “Políticas” y demás disposiciones jurídicas aplicables.

14. Los subsidios para la implementación de la Reforma del sistema de Justicia Penal mediante la celebración de convenios de coordinación para cada entidad federativa son los siguientes:

Consideraciones

A) Que no obstante a que en el Libro Blanco de la SETEC 2009-2012, se presenta un balance comparativo por entidad federativa sobre los avances de la ejecución de los ejes temáticos al 31 de octubre de 2012, es conveniente su actualización y publicación al cierre de dicho ejercicio fiscal, máxime que se trata de la finalización de la gestión presidencial 2006-2012.

B) Que existe diferencia por $64,438.00 (sesenta y cuatro mil, cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) en la cantidad total consignada tanto en los 30 convenios de coordinación para el otorgamiento del subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Social suscritos con las entidades federativas, señalado en el sexto párrafo del rubro de antecedentes del modelo de convenio, publicado en el DOF del 16/02/2012 y que asciende a la cantidad de $443,424,000.00, (cuatrocientos cuarenta y tres millones veinticuatro mil pesos 00/100 moneda nacional). Así como en el resumen de los avances de la ejecución de los ejes temáticos al 31 de agosto de 2012, integrado en el Libro Blanco de la Setec y que asciende a un total de $443´359,562.00.

C) Que la Auditoría Superior de la Federación en el Programa Anual de auditorías para la fiscalización de la cuenta pública 2012, realizó 1 auditoría forense a la Secretaría de Gobernación concretamente a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de Justicia Penal y a 6 Entidades Federativas en el mismo objeto de gasto, siendo estas; Distrito Federal, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Yucatán.

D) No obstante de que para la ejecución de este eje, la Setec desde su creación, ha logrado coordinar los procesos internos de planeación, programación, presupuestación, control, evaluación de los recursos otorgados para el subsidio y validación constante de los sistemas y procedimientos en materia administrativa y financiera.

E) Se ha logrado que la ministración de los subsidios se aporten de manera eficaz y transparente a las entidades federativas para coadyuvar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal a través del apoyo económico en diferentes ejes temáticos.

Para el apoyo y coadyuvanza, se ha generado la normatividad necesaria para la aplicación de recursos destinados a la implementación de la reforma del sistema de justicia penal a favor de los estados y el Distrito Federal para los ejercicios 2010, 2011 y 2012, así como los criterios de selección de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento, que garantizaran la implementación gradual del sistema de justicia penal.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, C. Miguel Ángel Osorio Chong, para que haga del conocimiento público el monto total y la aplicación del ejercicio de los subsidios transferidos a las entidades federativas como apoyo para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, correspondiente al presupuesto asignado en 2012, en función de la entrada en vigencia de cada entidad de acuerdo a los cuadrantes clasificados en el libro blanco de la Setec para la gestión 2009-2012, considerando que por mandato constitucional se deberá instaurar antes de 2016.

Sede de la Comisión Permanente, a 04 de Marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de las diputadas Lourdes Eulalia Quiñones Canales, María de Lourdes Amaya Reyes y Magdalena del Socorro Núñez Monreal, de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PRD y del PT, respectivamente

¡No tengo duda de que este siglo será de las mujeres!

Hemos conquistado espacios que hasta hace poco no hubiéramos imaginado. Estamos presentes con conductas inéditas y hemos dejado en claro nuestros talentos y capacidades.

Las mujeres hemos trabajado fuerte para librar los diversos obstáculos que enfrentamos. Hemos aceptado el desafío de romper con las restricciones culturales acerca de cómo las mujeres debemos lucir, hablar, pensar y actuar. Trabajamos cotidianamente para modificar la cultura de discriminación en un ambiente genuinamente justo que estime nuestras capacidades.

Para que las mujeres participemos en los procesos políticos, sociales, culturales y económicos, debemos gozar del ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Es decir, de ese conjunto de libertades democráticas, tales como la expresión, el acceso a los medios de comunicación, la opinión, la asociación y otras, que constituyen vehículos necesarios para la participación. Sin olvidar claro, que es igualmente importante contar también con la satisfacción de necesidades de subsistencia y sociales básicas, de independencia económica y una vida libre de violencia familiar y comunitaria.

Las mujeres de hoy somos expresión de una memoria colectiva, debemos seguir trabajando por hacer valer nuestros derechos y consolidar la unión entre género y democracia.

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, es justo reconocer su esfuerzo y dedicación. Gracias al trabajo que han hecho consigo mismas, en sus hogares, en sus empleos, en la comunidad y en particular con otras mujeres, queda claro, que las mujeres priistas no vamos a resignarnos. Nuestra lucha estará presente hasta que en todos los rincones del país cada mujer sea vista, sea escuchada y sea valorada.

Es preciso, estar muy atentas y observar las acciones y omisiones del gobierno, porque “Cuando el estado se mantiene neutral frente a la desigualdad o el desequilibrio social, en realidad, deja de ser neutral, pues lo que hace es tomar partido por el statu quo” y ello implica estar en contra de los derechos de las mujeres.

Es momento de estar muy atentas para que los problemas que vivimos las mujeres no sean objeto de la mezquindad y la ambición electoral, tratando de partidizar nuestras demandas.

La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades son la peor forma de esclavitud y opresión que conoce la vida moderna. Llevar a las mujeres de todo el país a nuevos estadios de desarrollo y a gozar de una vida digna, es trabajo conjunto del Estado mexicano.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos ciertos de que más que nunca, es imperante trabajar para que nuestro esfuerzo no se pierda, para que nuestro trabajo sea reconocido y podamos ocupar el lugar social que nos corresponde.

Yo las invito compañeras a seguir trabajando desde su respectiva trinchera, a incidir e impulsar la perspectiva de género en el hogar, en el trabajo, en el municipio, en el ejido y en la vida diaria. A solidarizarse con nuestras causas comunes.

La estrategia para erradicar la discriminación debe ser una tarea conjunta, es necesario un cambio de largo alcance que dote de diferentes elementos a las mujeres para alcanzar la igualdad.

Por ello, les propongo trabajar unidas para mantener nuestra fortaleza y para incrementar nuestro liderazgo; les propongo construir e impulsar una estrategia real, efectiva y posible que se traduzca en beneficios y no en problemas; en acuerdos y no en confrontación; en democracia y no en imposición.

Las invito a romper viejos esquemas, a participar y a construir estructuras democráticas, en donde la inclusión y la participación plena de las mujeres sea una constante.

Les recuerdo lo que una vez les dije: las mujeres hemos aprendido muchas cosas, pero nunca, nunca aprendimos a rendirnos y esas es nuestra fortaleza.

Gracias por su presencia, por su generosidad y su compromiso.

Estoy convencida que desde este momento nos une una causa común.

¡Que vivan las mujeres!

Diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica)