Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para conmemorar el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Gerardo Licéaga Arteaga, diputado federal a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo a través de la cual se solicita la creación de la Comisión Especial para conmemorar el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El próximo 13 de agosto de 2014, se cumple el centenario de la firma de los tratados de Teoloyucan, acontecimiento con el que concluyó la Revolución Mexicana y comenzó, según lo expresa el historiador Javier García Diego “la historia del siglo XX mexicano”.

Los tratados constaron de dos partes, una, la que firmaron Eduardo Iturbide y Álvaro Obregón que se refería a la rendición de la ciudad de México, documento en el cual se establecían las etapas como habría de ingresar el ejército constitucionalista y el retiro del ejército federal, con el propósito de que no se provocaran enfrentamientos y el otro documento suscrito por Álvaro Obregón y Lucio Blanco, con Gustavo Salas y Othón P. Blanco por parte de las fuerzas federales consistente en un acuerdo de carácter militar para el desarme y la disolución del ejército federal.

Estos tratados fueron firmados sobre la salpicadera del vehículo que llevó a la comisión gobiernista hasta Teoloyucan, según lo narra el investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Luis Enrique Moguel.

Después de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana y a tres años del centenario de la promulgación de la Constitución del 17, considero que la Cámara de Diputados debe conmemorar los cien años de la firma de los Tratados de Teoloyucan para rendir homenaje a los mexicanos que perecieron en la Revolución Mexicana.

El 13 de agosto de 1914 es una fecha que no puede ser olvidada y que tampoco es patrimonio exclusivo de los mexiquenses, puesto que lo que sucedió ahí, ese día, tuvo una trascendencia nacional de tal envergadura que generó las condiciones necesarias para materializar la visión de Carranza en el Congreso Constituyente de Querétaro.

Por ello es que los exhorto para que en este año 2014 destaquemos la importancia de los Tratados de Teoloyucan a través de diversas actividades mediante la conformación de una Comisión Especial que aglutine a intelectuales, historiadores, instituciones de los gobiernos federal y local en torno a esta fecha histórica.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para conmemorar el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan.

Segundo. El objeto de la comisión especial será difundir y organizar actividades tales como: cortometrajes, ediciones especiales, exposiciones, conferencias, actividades culturales, en torno a la conmemoración de la firma de los Tratados de Teoloyucan.

Tercero. La comisión especial estará integrada por 12 diputadas y diputados, de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y tres secretarios. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.

Cuarto. La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Quinto.- La comisión especial tendrá vigencia desde la aprobación de su creación, hasta el final de la LXII Legislatura, debiendo entregar un informe final de actividades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado Gerardo Liceaga Arteaga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General a actualizar el cuadro básico y el catálogo de insumos del sector salud, a fin de incluir nuevos medicamentos para el tratamiento del cáncer en México, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Isaías Cortés Berumen, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; la fracción IV, numeral 1, artículo 76; y la fracción II del numeral 1 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cambio demográfico y epidemiológico es una realidad que está sucediendo a nivel global. Las personas padecen cada vez más enfermedades crónico-degenerativas, sin embargo, el cáncer representa una de las enfermedades no infeccionas de mayor prevalencia y una de las mayores causas de muerte en población económicamente activa en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo (7.6 millones de casos), localizados en su mayoría en pulmón, estómago, colon y mama (OMS, 2011).

En México, muchas personas jóvenes y adultos mueren por cáncer y la mayoría de manera prematura a pesar de los esfuerzos que han hecho las instituciones por implementar campañas de prevención, diagnóstico y atención oportunas. “Durante 2011 en México del total de defunciones en el país, 12.9 por ciento fueron por algún tumor y de éstos, 93.6 por ciento se debieron a neoplasias malignas” (Inegi, 2013)1.

El cáncer tiene un impacto catastrófico para el paciente, su entorno familiar y su capacidad productiva pero también es catastrófico desde el punto de vista financiero, para el paciente y sus familiares. El gasto de bolsillo en México continúa siendo mayor que el de otros países con economías similares, las personas con seguridad social destinan en promedio 65 por ciento de su gasto en salud a medicamentos, mientras que los afiliados al Seguro Popular gastan 72 por ciento, (según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos al 2011), gasto que se ha mantenido constante en lugar de disminuir a pesar de la ampliación de la cobertura de atención.

La protección a la salud es una responsabilidad del estado consagrada en el artículo 4o. constitucional, y es un objetivo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional de Salud garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y el acceso a una atención con calidad, de tal manera que aunado a esos objetivos, las instituciones de salud puedan reducir el riesgo financiero que significa la enfermedad del cáncer para los mexicanos.

El concepto de atención con calidad incluye entre una visión integral, la utilización de tratamientos que puedan prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En algunos tipos de cáncer, la innovación en los tratamientos ha generado una reducción en las tasas de mortalidad, y una supervivencia prolongada con calidad de vida de los pacientes.

En la actualidad, el país tiene un nivel de rezago importante en el acceso a la innovación farmacéutica para el tratamiento del cáncer en comparación con otros países de nivel de desarrollo económico similar tanto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como de Latinoamérica.

Existe la oportunidad de incluir en el cuadro básico de la Comisión Interinstitucional medicamentos innovadores que han demostrado calidad, eficacia y seguridad, que ya han sido autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y que vendrían a reforzar de manera significativa las posibilidades de supervivencia y calidad de vida de los pacientes con cáncer.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Consejo de Salubridad General a que actualice de manera prioritaria y urgente el Cuadro Básico y el Catálogo de Insumos del Sector Salud para incluir los nuevos medicamentos que hayan demostrado un perfil de riesgo/beneficio favorable para el tratamiento de los pacientes con cáncer, por ser uno de los padecimientos que tiene un mayor impacto en la cantidad de días saludables perdidos por enfermedad, y un mayor impacto en el entorno familiar y social de los mexicanos.

Nota

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer”, 4 de febrero de 2013, Aguascalientes, Aguascalientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado Isaías Cortés Berumen (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que se pague a los jubilados del IMSS el monto completo de la prima de antigüedad con base en los fondos de la “cuenta secreta”, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción I del artículo 6 y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

¿Los integrantes del Congreso de la Unión y el pueblo de México, se podrían siquiera imaginar una cuenta secreta multimillonaria en el quebrado IMSS?

Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social han denunciado algo inconcebible, la existencia en el IMSS de una “cuenta secreta”, absolutamente ilegal y, que se ha manejado con total opacidad. Estamos hablando de aproximadamente 400 mil millones de pesos que aplican a su antojo los directores generales del IMSS y presidentes de la república en turno.

Esto sucede, mientras cada año, los funcionarios del Seguro Social, recorren los pasillos de la Cámara de Diputados, para pedir la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de unos 3 mil millones para sostener el funcionamiento del IMSS en niveles de sobrevivencia. Es decir, como lo hemos sostenido, la supuesta quiebra del IMSS, es sólo una simulación para abrir de par en par las puertas hacia la privatización, la corrupción desenfrenada y la violación general de los derechos de sus trabajadores en activo y de sus jubilados y pensionados.

Pero es aún más condenable esta situación, si tomamos en cuenta, que esta “cuenta secreta”, se ha formado a través de los años, con los montos que les han sido arrebatados a los trabajadores del IMSS al momento de jubilarse (más sus rendimientos), al reducir su prima de antigüedad de 50 a 12 días de salario por año de servicios.

Tomemos en cuenta, que en el marco de la revisión del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS que se remonta a 1970, se estableció una cláusula tercera transitoria, que les otorgó 50 días de salario por prima de antigüedad por cada año de servicio, para los casos de jubilación, reajuste, indemnización, incapacidad, y muerte de los trabajadores de este instituto.

Sin embargo, en la revisión del contrato colectivo del año de 1993 a 1994, de manera clandestina, sin la aprobación del Congreso Sindical, se insertó una cláusula 59 Bis, en virtud de la cual se reducía la prima de antigüedad para los jubilados de 50 a 12 días de salario por año, en franco desconocimiento de los derechos adquiridos de parte de los trabajadores.

En tal virtud, todos los trabajadores que se han jubilado a partir de esta fecha, sólo han recibido 12 días por año por pago de la prima de antigüedad, por lo que el IMSS les deben 38 días de prima de antigüedad por año, más los rendimientos. Todo esto representa cantidades millonarias con las que se formó la denominada “cuenta secreta”. De la cual según la denuncia de los jubilados y pensionados han tomado dinero a manos llenas, sin control y rendición de cuentas, los directores generales en turno del Instituto, los líderes venales, y el presidente de la República.

Esa “cuenta secreta” en la actualidad se ha integrado como una sección del Fondo de Pensiones del instituto, para disimular su existencia, y permitir que continúe su derroche discrecional. Mientras que a los trabajadores se les sigue negando el pago completo de su prima de antigüedad, en franco desconocimiento de sus derechos humanos en materia laboral y de seguridad social.

La lucha por este justo pago la ha sostenido la organización Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX y Siglo XXI, con integrantes en todo México, los cuales señalan que el IMSS a la fecha, pese a múltiples trámites prolongados a lo largo de los años no le ha dado solución a esta problemática.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que de inmediato inicie las investigaciones que procedan sobre la llamada “cuenta secreta”, para deslindar responsabilidades, incluidas las de carácter penal; y con sus fondos se proceda a cubrir los 38 días de prima de antigüedad, más rendimientos, que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados, a partir de la indebida inserción de la cláusula 59 Bis en el contrato colectivo de trabajo.

Segundo. Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a constituir de inmediato para estos efectos, una mesa de diálogo con los trabajadores jubilados y pensionados que integran la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX Siglo XXI.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar por la SE, la Semarnat y la Profepa la expedición de permisos y concesiones para realizar las actividades de exploración y explotación del lote minero Las Espejeras, en Tetela de Ocampo y la región de afectación de Puebla; y, de ser procedente, se declare su cancelación, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, Lourdes Adriana López Moreno, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo relativo al proyecto minero La Espejera, en Tetela de Ocampo, Puebla, conforme a las siguientes

Consideraciones

En Tetela de Ocampo, la empresa Frisco, SA de CV, pretende desarrollar el proyecto minero La Espejera, con una concesión para explorar y explotar más de 10 mil hectáreas, en un predio de las montañas de la Sierra Norte, que comprende Tetela de Ocampo, Ixtacamatitlán y Zautla, en Puebla.

En el informe preventivo del proyecto de exploración minera La Espejera, entregado a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Frisco, SA de CV, admite que su proyecto de extracción de minerales –al que se han opuesto vecinos de la zona, quienes argumentan que habrá afectaciones graves y nocivas para el ambiente, la economía de la región y, eventualmente, para la salud humana– se encuentra cerca de tres regiones terrestres prioritarias para conservación: los bosques mesófilos de la Sierra Madre Oriental, Cuetzalan y las dunas costeras del centro de Veracruz, además del área de importancia para la conservación de aves de Cuetzalan, todas protegidas de manera oficial.

El sistema ambiental descrito contiene al menos 10 especies de flora y 15 de fauna, incorporadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que se consideran especies en peligro de extinción y, por ello, se deben ejecutar las acciones necesarias para su preservación y conservación en el ecosistema donde habitan.

La sola tala del cerro, con la remoción de capa vegetal, generaría la destrucción del ecosistema, en contraposición con la norma oficial mexicana citada, generando daños irreversibles a los ecosistemas que son nicho de las especies nativas referidas y en peligro de extinción.

Aunado a lo anterior, Frisco, SA de CV, manifiesta que los lotes donde se pretende realizar la exploración del proyecto minero La Espejera, se encuentran a 5 kilómetros de Tetela: “Se consideró necesario ubicarlo (el proyecto) en un contexto ambiental más amplio, para lo cual se delimitó una microcuenca que incluirá área de exploración, la que se denominó “Cuenca del Río Papaloteno”, la cual tiene una superficie de 9 mil 959.388 hectáreas.

“Los predios se caracterizan por estar en la cuenca del río Papaloteno, donde el rango de escurrimiento para esta cuenca se estima de 10 a 20 por ciento, dadas las fuertes pendientes que predominan en la zona, aún cuando exista una cubierta de vegetación espesa. El uso actual del suelo en el sitio del proyecto es de terrenos de bosque de pino, de encino y algunos pastizales inducidos”, según expresa el informe presentado por Frisco.

Ese tipo de acciones podría derivar en la afectación del ecosistema hídrico, considerando que los acuíferos son la fuente de abasto para la población, y su alteración podría causar afectaciones a la calidad de vida y la salud de los pobladores de Tetela de Ocampo.

La concesión a la minera Espejeras se otorgaría por 50 años y pretende desarrollarse a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral. Este mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas, en relación con la cantidad del material removido.

Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia sumamente venenosa, que permite recuperar los metales del resto del material removido. Para desarrollar este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión, y hasta 200 metros de profundidad. Para extraer 0.01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada de suelo.

La actividad de la minería a tajo abierto fomenta una economía que opera unos años y se retira, dejando grandes pasivos ambientales. Históricamente no se tienen noticias de alguna comunidad que verdaderamente haya tenido crecimiento sustentable por la instalación de una empresa minera a cielo abierto.

La concesión de explotación para la minera La Espejera generaría una afectación de flora y fauna, cuyos efectos podrían resentirse en cambios en el clima, reducción y modificación de la precipitación pluvial, incremento de la temperatura y cambios en la velocidad de los vientos, además de la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas.

Con base en lo anterior, se constituyeron dos asociaciones civiles en Tetela de Ocampo: Tetela hacia el Futuro y Puebla Verde, las cuales reiteran su rechazo total a la explotación minera y reafirman su compromiso para defender el patrimonio natural de la zona; en particular, los recursos hídricos y el bosque de niebla que se extiende sobre la región de afectación.

Por tanto, se estima que el otorgamiento de las concesiones para la explotación minera a cielo abierto en el territorio de Tetela de Ocampo, Ixtacamatitlán y Zautla, generaría un riesgo de grandes proporciones para el ambiente, pues la actividad afectará directamente con la toxicidad aguda y crónica, y la amplia variedad de fuentes de exposición, al arrojar al ambiente metales tóxicos como plomo, cadmio, arsénico y antimonio.

Consideramos que el desarrollo económico de la región debe ser apoyado por el Ejecutivo federal por medio de proyectos de desarrollo sustentable, como los de aprovechamiento forestal sustentable, el ecoturismo, el turismo de aventura y todas aquellas actividades que además garantizan la continuidad de los procesos evolutivos, conocidos comúnmente como conservación.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a revisar por la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la expedición de los permisos y las concesiones para realizar las actividades de exploración y explotación del lote minero La Espejera, en Tetela de Ocampo y la región de afectación del estado de Puebla; y en caso de que sea procedente, se declare su cancelación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2014.

Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a resolver el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 15 de enero el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, y a la titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal Beatriz Santamaría, tomen en consideración las disposiciones que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en el caso de la indiciada Yakiri Rubí Rubio Aupart.

Dicho exhorto fue presentado el 18 de diciembre de 2013 por los promoventes de este punto de acuerdo, con la finalidad de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) resolviera con estricto apego a la ley el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart, a la vez que el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) colaborara en el marco de sus atribuciones durante y después del proceso.1

Si bien, el punto de acuerdo en cuestión fue aprobado en los términos antes mencionados, en la exposición de motivos se indicó la situación en que se habían presentado los hechos del caso de la joven y las irregularidades durante el proceso por parte de las autoridades correspondientes, mismas que han sido documentadas desde el primer momento por José Luis Rubio, padre de la víctima.

Por otro lado, es necesario retomar los apuntes señalados en el dictamen realizado por la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 14 de enero, donde se menciona que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal se estipula como una de las modalidades de violencia contra las mujeres la Violencia Institucional, la cual define como:

Actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El gobierno del Distrito Federal se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres.

En dicho tenor, se puede apreciar que en el presente caso ha existido una constante violencia institucional, misma que ha sido justificada en los términos correspondientes por la abogada de la joven, mediante la presentación de una apelación al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) en miras de revocar el auto de formal prisión en contra de Yakiri Rubio, dictado el 17 de diciembre de 2013 por el juez sexagésimo octavo penal del Distrito Federal.

Asimismo, en correspondencia a la comparecencia de la inculpada, se presentó una serie de agravios como parte del recurso de apelación en cuestión, dentro de los cuales se puede observar la manera en que las autoridades ministeriales y judiciales han actuado desde el primer momento, proceder que presenta graves violaciones al debido proceso así como la ausencia de elementos que constituyen la impartición de justicia con perspectiva de género; en cambio, se evidencia –una vez más– las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano así como la cultura machista y misógina que impera en quienes forman parte de las instituciones.

Por último, es deber mencionar que el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart se ha convertido en símbolo de los casos que diariamente enfrentan cientos de mujeres, víctimas de un Estado que violenta sistemáticamente sus derechos, replicando y agravando las desigualdades por razón de género que impiden que mujeres y hombres gocen de los mismos derechos y obligaciones permitiendo así contar con una vida basada en igualdad de condiciones.

Confiando en que el TSJDF basa su actuar en los principios establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los cuales regulan la función judicial, tanto en su aspecto de impartición de Justicia, como en su aspecto administrativo, mismos que son la expeditez, el impulso procesal oficioso, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la formalidad, la calidad total en sus procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, la eficiencia y eficacia. Presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a resolver el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart con base en los principios establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Nota

1 Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3930-III, miércoles 18 de diciembre de 2013, en línea, México, dirección URL: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/dic/20131218-III.html#Proposicion10

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados felicita a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o por haber conseguido el premio Óscar, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Maricela Velázquez Sánchez, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La noche del pasado 1 de marzo, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, fueron galardonados con el Premio Oscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, por sus destacados trabajos en la industria fílmica de ese país.

Cuarón fue reconocido como mejor director por la película Gravedad, estelarizada por las estrellas Sandra Bullock y George Clooney, mientras que Lubezki, nominado en cinco ocasiones anteriores, por fin pudo hacerse de la estatuilla por la mejor fotografía gracias a esa misma historia. Cabe recordar que ambos cineastas cursaron sus estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por su parte, Lupita Nyong’o, quien naciera en la capital de nuestro país y cuenta con las nacionalidades mexicana y keniana, fue premiada como mejor actriz de reparto por su papel como Patsy.

En el caso de Cuarón, estamos hablando de un cineasta con una carrera consolidada que cuenta en su haber con diecisiete películas, en las que ha colaborado como productor y director, algunas de las cuales se han convertido en verdaderos éxitos de taquilla, tanto en México como en el mundo entero, entre las que podemos mencionar Los Hijos del Hombre, Y tu mamá también, Sólo con tu pareja, Rudo y Cursi y Harry Potter y el prisionero de Azkabán.

La filmografía de Lubezki rebasa las treinta películas y abarca las facetas de director, productor y fotógrafo, ya sea en México, los Estados Unidos y el Reino Unido y si bien es cierto esta es la primera ocasión que recibe el Oscar, con anterioridad había obtenido los premios Bafta y de la Asociación Americana de Directores de Fotografía.

En el caso de Nyong’o, aunque su trayectoria se ha construido lejos de nuestras fronteras y de la industria fílmica mexicana, el hecho de que sea una compatriota nuestra que se enorgullece públicamente de sus raíces nos hace congratularnos de igual forma por el premio que le fue otorgado, el cual será, sin duda, una verdadera catapulta para su prometedora carrera actoral.

Si bien es cierto los premios otorgados a Nyong’o, Lubezki y Cuarón no constituyen un reconocimiento a la cinematografía de nuestro país ni a nuestra cultura, lo cierto es que vienen a demostrar una vez más que, cuando a la familia artística mexicana se le otorgan las condiciones necesarias para el desarrollo de su talento, los resultados pueden ser sorprendentes y de resonancia mundial, por lo que debe insistirse, una vez más, en fortalecer a la industria mexicana del cine, una industria llena de posibilidades para la difusión de los valores que nos distinguen por sobre otros pueblos del planeta.

Felicitaciones pues, a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por este éxito histórico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados felicita a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por haber conseguido el premio Oscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a agilizar por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud los procesos de acreditación de unidades hospitalarias federales y en los estados para el tratamiento de los pacientes que atiende el Seguro Popular, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Isaías Cortés Berumen, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; la fracción IV, numeral 1, artículo 76; y la fracción II del numeral 1 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En marzo de 2013, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Seguro Popular, a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, aprobó la cobertura financiera para el tratamiento de los pacientes con Cáncer de Colon y Recto, y Hepatitis C.

A la fecha se encuentra acreditado un número mínimo de hospitales en el país para la atención de pacientes con estas enfermedades, hoy en día se desconoce la cifra oficial que empleo el Seguro Popular para la atención del Cáncer de Colon y la Hepatitis C del presupuesto planeado para el 2013 para el tratamiento de dichos pacientes.

Sin embargo, al no encontrarse acreditados los suficientes hospitales para su tratamiento, implica que el paciente y su familia estén absorbiendo el impacto catastrófico que trae consigo el tratamiento de estas enfermedades tan comunes en el país, tanto desde el punto de vista de salud como el punto de vista financiero.

Los pacientes cubiertos por el Seguro Popular acuden actualmente a las Unidades Hospitalarias correspondientes en su entidad federativa, buscando ser atendidos, sin embargo, al no contar con la acreditación por parte de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, las Unidades Hospitalarias no pueden ejercer el financiamiento a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular que ya se encuentra contemplado para la atención de dichos padecimientos.

Aunado a ello, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, no cuenta con los recursos necesarios para atender todas las solicitudes de auditorías que demandan los hospitales.

En la mayoría de los estados de la República Mexicana no hay hospitales acreditados en ninguna de estas patologías. Por lo tanto, la mayoría de los mexicanos, que son los que se atienden a través del Seguro Popular, no tienen acceso a los servicios de salud a través del financiamiento del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo que se contrapone a su derecho humano de atención a la salud consagrado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a dedicar los recursos e infraestructura necesarios de manera tal que se eficienten y agilicen los procesos de acreditación de las Unidades Hospitalarias Federales y en los Estados de la República, para el tratamiento de los pacientes que se atienden en Seguro Popular y que padezcan las patologías integradas en marzo de 2013 a la cobertura financiera del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, como son el Cáncer de Colon y Recto, así como Hepatitis C, enfermedades de alta incidencia en México, y con ello cumplir el acceso a los servicios efectivos de salud, así como la calidad en la atención de los pacientes que sufran estas patologías, y así evitar un subejercicio presupuestal que está destinado a garantizar su derecho a la salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014

Diputado Isaías Cortés Berumen (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la Sedesol, de la ASF y de la SFP que investiguen el uso de programas sociales, en particular el de Pensión para Adultos Mayores 65 y Más, en Nezahualcóyotl, México, a cargo de la diputada Juana Bonilla Jaime, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe diputada federal Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que se lleve a cabo una amplia investigación, fundada y motivada, del uso de los programas sociales, en particular del Programa Pensión para Adultos Mayores 65 y Más, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, que lleva acabo la fundación Iker Alarik donde funge como Presidente el cónyuge de Flora Martha Angón Paz, titular de la Dirección General de Políticas Sociales, de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), al tenor de las siguientes.

Consideraciones

El Programa 70 y Más, apoyaba a 3.2 millones de personas. El 1 de diciembre de 2013, el titular del Ejecutivo Federal, decidió transformar el Programa “70 y Más”, para ampliar su rango de cobertura e incluir a la población desde los 65 años, mediante el Programa Pensión para Adultos Mayores 65 y más.

Actualmente son 7.6 millones de mexicanos que tienen 65 años o más y representan más del 6% de la población. Su transformación beneficiará a 2.5 millones de personas más. Por lo que, con un total de 5.6 millones de Adultos Mayores beneficiados, se está cubriendo prácticamente al 100% de la población de esa edad sin algún tipo de pensión.1

Para el ejercicio fiscal 2014, el ejecutivo federal en el apartado Protección a Grupos Vulnerables, contemplo en el Programa Pensión para Adultos Mayores 65 y más,-que sustituye al programa de 70 y más-, un presupuesto de $ 45 mil ,225.5 millones de pesos, lo que representa un incremento del 73.9 por ciento, es decir 19 mil 224.6 millones de pesos, en relación al aprobado en 2013.

Sin embargo, a pesar de la ampliación de cobertura financiera y de la población objetivo del programa, aún existen personas con una pensión extremadamente raquítica con montos que van de los 500.00 a 1,200.0 pesos mensuales, que en poco les ayuda. Como también, es el caso de las personas con discapacidad de nacimiento e imposibilitados para conseguir un empleo y que a la fecha tienen 65 años y son susceptibles de incorporarse al programa.

Por su parte, el titular del Ejecutivo Estatal del estado de México, bajo la coordinación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, lleva acabo la implementación de los programas:

Pensión Alimenticia para Adultos, con el objetivo de permitir el mejoramiento de la condición alimenticia de los adultos mayores, y el Circulo de Adultos Mayores, cuyo objetivo comprende incrementar la apertura de espacios adecuados y acercar los servicios de salud para el desarrollo de actividades educativas, deportivas y culturales para adultos mayores, así como la atención médica, jurídica y psicológica.2

En este contexto, los programas sociales son una herramienta del Estado para atender la situación de desventaja o exclusión de una gran parte de la población de nuestro país, que deben de aplicarse sin ninguna condición o distingo.

Los antiguos métodos clientelares producto de una débil cultura democrática, una visión utilitaria de las personas, de su voto y la propaganda gubernamental, conllevan la existencia de funcionarios que utilizan los recursos del erario públicos con el propósito de inducir el voto ciudadano a favor de un partido o candidato.

Este tipo de prácticas continúan siendo inaceptables para la convivencia democrática e incompatible con un Estado Constitucional de Derecho. Siendo necesario establecer mecanismos pertinentes para evitar que se presenten situaciones contrarias a ley, desde el gobierno, en sus tres niveles: municipal, estatal y federal.

Sin embargo, a pesar de que se han generado diversos mecanismos para evitar la utilización de los recursos públicos de los programas sociales, como un instrumento para coaccionar el voto, los avances son insuficientes, la mayoría de naturaleza reactiva, ex post, poco eficaces que generan las condiciones para la impunidad, repitiéndose en cada elección federal o estatal.

La denuncia de la manipulación de los programas sociales, el manejo indebido de los recursos públicos y el no cumplimiento de que la Secretaria de Desarrollo Social sea usada en los procesos electorales, es una utopía.

A la fecha continúa presente el caso de la denuncia de una red de funcionarios, estatales y municipales, empleados de la Sedesol, que pretendieron usar los programas sociales antipobreza a favor del PRI, en el estado de Veracruz, en el pasado proceso electoral de julio de 2013. Lo anterior indica que el priismo sigue jugando sucio como el viejo priismo, que continua siendo.

De tal manera, que las acciones prevén la urgencia de blindar los programas sociales, para evitar su mal uso y desvió con fines electorales. Por lo que, es prioritario implementar los mecanismos de control y fiscalización de los recursos que la Cámara de Diputas aprueba a cada programa.

La sanción o el castigo administrativo, civil o penal a cualquier funcionario o empleado federal, estatal o municipal de la Sedesol, no será suficiente. La denuncia es por lo ilegal del hecho, que ningún representante popular estamos dispuestos a aceptar.

Por ello estamos denunciando las actividades y los hechos que Martha Angón Paz, funcionaria federal de la Sedesol , lleva a cabo a través de la fundación Iker Alarik , que tiene como sede su propio domicilio sito en avenida Riva Palacio número 88, colonia Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, en donde de manera sistemática lleva a cabo actividades de proselitismo político encubiertas de contenido social y administrativas.

No se omite señalar que el operador y presidente de la fundación Iker Alarik, Miguel Tapia Saldívar, es cónyuge de la funcionaria pública.

Actualmente Flora Martha Angón Paz, se desempeña como Directora General de Políticas Sociales, de la Secretaria de Desarrollo Social, despachando en el edificio que se localiza en avenida reforma No 51, colonia Cuauhtémoc, con números telefónicos 51417900 y 53285000 y correo electrónico martha.angon@sedesol.gob.mx

Por consiguiente, su desempeño y las actividades encubiertas de carácter social, implementadas por la Fundación Iker Alarik, con recursos públicos federales, estatales o municipales, contravienen y violenta su conducta como servidora pública federal y, en particular los preceptos establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

La misma Ley determina que “Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”... [o bien]... “de los que pueda resultar un beneficio para él, su cónyuge, o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero: La honorable Cámara de Diputados, respetuosamente exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Desarrollo Social, se lleve a cabo una amplia investigación, motivada y fundamentada, de las actividades que lleva a cabo la fundación Iker Alarik , en los programas sociales federales en particular en el Programa Pensión para Adultos Mayores 65 y Más, que se localiza en el domicilio de la C. Flora Martha Angón Paz, titular de la Dirección General de Políticas Sociales, de la Secretaria de Desarrollo Social, toda vez que existe la presunción del manejo de recursos públicos federales.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, solicita a la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una auditoría especial, toda vez, que existe la presunción de un mal uso de los recursos federales de los programas sociales, en particular del Programa Pensión para Adultos Mayores 65 y Más, por parte de la ciudadana Flora Martha Angón Paz, directora general de Políticas Sociales de la Sedesol, en la fundación Iker Alarik , que se ubica en avenida Riva Palacio número 88, en la colonia Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, de la cual su cónyuge es operador y presidente.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de la Función Pública que lleve a cabo la aplicación de las sanciones a que haya lugar, en virtud de que no son compatibles las actividades de la Dirección General de Políticas Sociales, con las que realiza la fundación Iker Alarik, donde el cónyuge de la funcionaria de la Sedesol, Flora Martha Angón Paz, funge como operador y presidente.

Notas.

1 http//www.presidencia.gob.mx/programa-pension-para-adultosmayores

Consultado el 23 de febrero de 2014.

2 http//www.Coneval.gob.mx.programasestatales

Consultado el 23 de febrero de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputada Juana Bonilla Jaime (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar –por la SHCP, la SE, la Sener, la Sagarpa y la SCT– a los ciclistas y las empresas promotoras de movilidad sustentable no motorizada como sujetos beneficiarios del sistema de subsidios, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El descomunal crecimiento urbano del siglo XX y la evolución de las ciudades modernas, están indefectiblemente atados a los avances del transporte. Más allá de de los trenes y barcos, el motor de combustión interna aunado al bajo precio del petróleo, transformó el modelo de movilidad de personas y mercancías. A lo largo del nuevo milenio, se ha vuelto cada vez más evidente, tanto para países desarrollados como para los que están en vías de desarrollo, que existe un conflicto inherente entre el automóvil y la ciudad.

El reto de movilidad, junto con el rápido crecimiento geográfico y la población, genera alta degradación ambiental, frena la productividad y lleva a la pérdida de tiempo. Según estudios realizados por CTS embarqméxico, los habitantes del Distrito Federal destinan un promedio de 5 años de su vida en congestiones de tráfico evitables.1

Además de la necesidad de contar con instrumentos de ordenamiento territorial que incorporen sistemas integrados de movilidad, los expertos de transporte y planificación urbana en general, reconocen la importancia de virar hacia modos de transporte más sostenibles para satisfacer la mayoría de nuestros viajes. En particular, la movilidad sustentable no motorizada es una alternativa que puede ayudar a modificar el paradigma actual y dar preferencia al ciclista y al peatón.

Si no logramos modificar el modelo de movilidad urbana que ha predominado hasta la fecha y que ha sido promotor del automóvil, se afectará “... seriamente la viabilidad social económica y ambiental de las ciudades y, por tanto, del país mismo. La solución a estos problemas requiere un cambio de paradigma en los modelos de movilidad y desarrollo urbano, y el uso de la planeación de la movilidad urbana en todo su potencial. [...] México se encuentra a tiempo de cambiar para alcanzar la sustentabilidad y la equidad social. Si el día de hoy comenzamos a planear una mejor movilidad basada en alternativas de transporte público y no motorizado y en la reducción de la intensidad del uso del automóvil, es posible lograrlo”.2

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) ha definido la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que deberán ser implementadas a lo largo de los próximos años, para cumplir con la meta aspiracional de reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea base, y un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. La trayectoria identificada que permitiría lograr estos objetivos implica que al 2020 se deben reducir las emisiones anuales en alrededor de 288 MtCO2e, y al 2050 las emisiones totales deberán alcanzar un nivel máximo de 320 MtCO2e.3

Además del respaldo de recursos económicos accesibles, oportunos y suficientes para el efectivo cumplimiento de las acciones previstas en la LGCC, este punto de acuerdo pretende poner el acento en la necesidad de la participación de la población como entes activos y corresponsables. De allí que, presentamos una reflexión sobre aquellos esquemas desarrollados en otros países, que aprovechan las mejores prácticas para una mejor calidad de vida para la población. En ese sentido, nos planteamos explorar las alternativas para la aplicación de estímulos fiscales que favorecen no solo la gestión responsable de los recursos, sino la participación de todos los interesados en el nivel que corresponda.

Según estudios presentados para la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), la distribución relativa de las emisiones estimadas e BC4 en 2010 provenientes del sector transporte se calcula en 10 por ciento, ubicándole como el cuarto emisor más importante de este tipo de contaminante.

Es por ello que, es del interés de este punto de acuerdo, apoyar aquellas líneas de acción previstas en la ENCC para acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia, y principalmente dar viabilidad a la meta M3.7 que a la letra dice:

M3.7 Generar incentivos , infraestructura y programas para favorecer el transporte no motorizado, articulado dentro de sistemas integrados de transporte, en el que se dé prioridad al peatón y al ciclista para generar beneficios ambientales y de salud inmediatos.

Por su parte, la LGCC establece que se considerarán instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático y que en ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatarios, y considera prioritarios para el otorgamiento de estos estímulos fiscales, a las actividades relacionadas con la utilización de equipos y tecnologías que tengan por objeto reducir o controlar las emisiones, así como promover prácticas de eficiencia energética.6

Asimismo y como fundamento de nuestra propuesta, el artículo transitorio tercero de la LGCC, instituye que para el año 2020 las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y los municipios deberán implementar acciones de mitigación para alcanzar la meta-país en materia de reducción de emisiones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán haber generado de forma gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de los combustibles fósiles .

Propuesta

Algunos países están reduciendo la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica mediante diversos incentivos que los gobiernos han promovido para estimular el uso de bicicletas, como forma de transporte personal. La bicicleta tiene muchas ventajas: alivia las congestiones viales, disminuye la contaminación atmosférica, reduce la obesidad, eleva la condición física y principalmente no emite gases de efecto invernadero y su precio es accesible a millones de personas que no pueden pagar los costos de un automóvil. Las bicicletas aumentan la movilidad mientras que reducen la congestión del área pavimentada; seis bicicletas caben en un carril para automóvil y las ventajas para estacionarlas es aún mayor: 20 bicicletas ocupan el espacio de estacionamiento de un auto.

Según datos del Earth Policy Institute6 el mundo produjo alrededor de 130 millones de bicicletas en 2007 – que representa más del doble de la cantidad de vehículos que se produjeron en ese año; desde 2001 la producción de bicicletas ha mantenido su ritmo ascendente y esto se debe en gran parte al aumento en la producción de bicicletas eléctricas, que duplicó su producción a 21 millones de unidades en 2007.

La bicicleta no es solamente un medio flexible de transporte; es sin duda un medio eficaz para substituir al automóvil en viajes cortos y de esa forma reducir las emisiones GEI. La capacidad de proveer movilidad a comunidades de bajos ingresos ha sido conmovedoramente demostrada en China con la escalada de la producción de bicicletas que comenzó en 1976 con 6 millones de unidades y alcanzó en 2007 los 90 millones. Las bicicletas tomaron los caminos rurales y las calles y son el medio que ofrece movilidad personal para cientos de millones de chinos. Según datos de estudios realizados en Francia la utilización de una bicicleta en un trayecto de 10 Km diario, evita la emisión de 700 kg de CO2 al año.7

Como dijimos, varios países han promovido diversos incentivos para estimular el uso de las bicicletas y facilitar la movilidad de los trabajadores: desde 1997 Bélgica reformó su marco legal para promover que las empresas aporten un pago voluntario adicional, libre de impuestos de alrededor de 0.20 euros por kilómetro recorrido, a los empleados que se transportan en bicicleta. De acuerdo con estudios realizados por el Departamento Belga de Movilidad se ha logrado demostrar que si la compañía paga la cuota, los empleados llegan en bici: el número de ciclistas se incrementó de 6.3 por ciento a 9.5 por ciento, eso representa un aumento de más del 50 por ciento.8

Otro ejemplo es el que introdujo Holanda hace varios años: se reformó la ley para que las empresas dieran a sus empleados una bicicleta, libre de impuestos, cuyo precio no excediera los 749 euros. En la actualidad, Holanda tiene un parque de 18 millones de bicicletas para 16 millones de personas y el 26 por ciento de los viajes se realizan en bicicleta. Como dato adicional, las ventas anuales de bicicletas a estas las empresas que apoyan este modo de movilidad, se estiman en un cuarto de millón de euros lo que se traduce en que de cada 5 bicicletas nuevas, una va algún empleado.9

En el Reino Unido el gobierno lanzó el esquema de incentivos denominado “Cycle to Work”, en el que las empresas pueden prestar bicicletas a sus colaboradores, como un beneficio libre de impuestos, bajo la condición que las bicicletas sean utilizadas para transportarse al trabajo y para otras actividades relacionadas con el cargo. El empleado termina “comprando” la bici al final del plazo de préstamo, por una suma nominal. En 2009, el Ministerio del Medio Ambiente Italiano estableció un esquema de subsidio para adquirir bicicletas o biciclos eléctricos, destinando un presupuesto total de 19 millones de euros, que resultó en la venta de 127,000 bicicletas/biciclos eléctricos adicionales.10

Asimismo, el Congreso Italiano aprobó un incentivo económico a través de un descuento de aproximadamente 5 por ciento para personas mayores y residentes, sobre la cuota por uso de bicicletas normales o motorizadas, en el marco del sistema público de movilidad sustentable no motorizada.11

En virtud de lo anterior, y con la intención de establecer mecanismos que coadyuven a la reducción de emisiones anuales establecidas para el año 2020 de alrededor de 288 MtCO2e, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consideren al ciclista y a las empresas promotoras de la movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de combustibles fósiles.

Notas

1 Lobo, Adriana. “Perspectives from Mexico to achieve more with less: alternative transport modes and their social and environmental benefits” International Transport Forum. 2011, p. 5

2 ITDP. Planes Integrales de Movilidad. Lineamientos para una movilidad urbana sustentable. México 2012, p.5

3 Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático DOF 03/06/2013

4 Las partículas negras de hollín o carbono negro (BC por sus acrónimo más usado en inglés) se originan en su gran mayoría por la quema incompleta de combustibles fósiles en procesos industriales, transporte y en procesos de pequeña escala como ladrilleras; así como de quema de materiales de muy diversa naturaleza, como la leña, los esquilmos agrícolas y los residuos urbanos e industriales. Aunque pueden viajar grandes distancias, estas partículas tienen un periodo de vida corto en la atmósfera, medido en horas o semanas. Como el metano, el BC calienta la atmósfera más intensamente que el CO2; existe evidencia de que el potencial de calentamiento global de BC es muy alto. Algunos autores incluso lo sitúan como el segundo contaminante que más contribuye al cambio climático después del CO2, llegando a contribuir en un periodo de veinte años hasta 3,200 veces más que el CO231. Además, el BC contribuye a la reducción del albedo y tiene un gran impacto en la salud de la población.

5 Ley General de Cambio Climático. Artículos 92 y 93.

6 http://www.earth-policy.org/search?q=bicycles al 24 de febrero 2014.

7 http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements/se-deplacer-responsable/tr ansports-doux al 24 de febrero de 2014.

8 http://www.bike-eu.com/Laws-Regulations/Regulations/2013/3/Fiscal-Incen tives-for-Cycling-1258441W/

9 http://www.bike-eu.com/. Op. Cit.

10 Ibídem

11 http://www.comune.catania.it/il_comune/organizzazione/uffici_comunali/d irezioni/mobility-manager/campagna-incentivi-acquisto-bici-e-scooter-el ettrici/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de marzo de 2014.

Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SFP, al titular del Órgano Interno de Control en Pemex y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen las presuntas irregularidades ocurridas en 2012 y 2014 durante el proceso de licitación en la PEP Norte, por las que resultaron triunfadoras las empresas Sepec Well Services, SA de CV, y Petrodata Services, SA de CV, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, dentro de la administración pública de nuestro país, una de las dependencias que más se ha caracterizado por noticias sobre fraudes, corrupción y malos manejos, es Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ahora nuevamente nos encontramos ante un caso de esta naturaleza, en atención a la farsa presentada durante sendos procedimientos de licitación pública, de lo que se informa a continuación.

Mientras a algunas compañías se les suspende el contrato y a otras se les dan terminaciones anticipadas, el exsubdirector de la Región Norte de Pemex Exploración (PEP), Maclovio Yáñez Mondragón se beneficia de la corrupción al interior de la paraestatal, puesto que arbitrariamente resulta beneficiado en el otorgamiento de licitaciones públicas, lo cual le permite tener garantizado su pago hasta el 15 de junio de 2016, según el fallo de la licitación pública internacional con TLC número 18575004-579-12.

Al respecto, en las últimas tres semanas la prensa escrita en el estado de Veracruz ha informado sobre una situación preocupante para la economía de la citada entidad federativa, sobre todo en lo que tiene que ver con Poza Rica, puesto que pese a que en la Región Norte de Pemex Exploración (PEP) carece de suficiencia presupuestaria para el pago de contratistas y proveedores desde 2012, ello sólo se aplica a la mayoría de las compañías, porque para algunas otras no hay ningún pago retrasado ni estimaciones pendientes de pago.

Tal es el caso de las compañía Sepec Well Services, SA de CV, propiedad del exsubdirector de la Región Norte (PEP), Maclovio Yáñez Mondragón, se ve beneficiada con contratos multimillonarios, preparados específicamente para que su empresa gane el proceso de licitación correspondiente.

De ese modo Antonio Narváez, encargado de despacho de la subdirección Región Norte de PEP amasa su fortuna, con base a las dádivas de sus socios, el exsubdirector, Maclovio Yáñez Mondragón, al descalificar a las demás compañías participantes en las licitaciones, pues se les buscan errores para adjudicarle los contratos.

En efecto, en el caso de Maclovio Yáñez, por segunda ocasión se beneficia con un contrato millonario. El primero fue el 24 de diciembre de 2012, cuyo fallo recaído a la licitación pública internacional con TLC número 18575004-579-12, la compañía de su propiedad, Sepec Well Services, SA de CV, obtuvo un contrato por cuarenta y nueve millones quinientos mil dólares americanos, pagaderos en moneda nacional, lo que equivale a seiscientos setenta millones, setecientos veinticinco mil pesos1 .

Y para el contrato actual participó en la licitación pública internacional con TLC número 18575004-519-13, en la cual resultó triunfador y cuyo fallo fue el 13 de enero del año en curso, en el que nuevamente el monto es de cuarenta y nueve millones quinientos mil dólares americanos.

Como se advierte, en poco más de un año (entre diciembre de 2012 y enero de 2014) Sepec Well Services, SA de CV y Petrodata Services, SA de CV, han resultado triunfadoras en los procedimientos de licitación con TLC números 18575004-579-12 y 18575004-519-13, respectivamente.

Por lo anterior, resulta inconcuso que inexplicablemente, las decisiones de la paraestatal favorecen a determinadas empresas, lo cual atenta contra la naturaleza jurídica de toda licitación pública, sea nacional o internacional.

Ello es así, habida cuenta que la licitación pública consiste en un llamado que la administración pública hace a los particulares de forma impersonal para que le formulen ofertas a fin de llevar a cabo una contratación, lo que, de acuerdo con la doctrina, tiene dos consecuencias: a) Quien se presenta y formula una oferta debe ajustarse estrictamente a las condiciones fijadas en el llamado, quedando obligado a mantenerlas durante el plazo que en éste se establezca; y, b) La administración puede aceptar o rechazar las ofertas que se le hagan, sin responsabilidad alguna, siempre y cuando respete la legalidad del procedimiento. Así, aquel llamado implica un conjunto de actos que conforman un procedimiento preparatorio de la actividad contractual del estado, por lo que la naturaleza jurídica de la licitación pública es la de un procedimiento administrativo integrado por una diversidad de actos administrativos y simples actos de la administración, como formas jurídicas preparatorias de su actividad contractual, de manera que su omisión invalida los contratos produciendo su nulidad absoluta o de pleno derecho, la que pueden invocar la propia administración, el particular contratante y los terceros interesados.

Consecuentemente se solicita al órgano interno de control de Pemex, inicie una investigación en contra de Antonio Narváez y los servidores públicos que intervinieron en los procedimientos de licitación antes referidos, ya que por las razones anotadas se hace necesario una revisión de las propuestas técnicas y económicas de todos los licitantes que participaron en las licitaciones públicas de tipo internacional con número de clave 18575004-579-12 y 18575004-519-13.

Resulta oportuno mencionar que el objeto de dichas licitaciones consistieron en “Reacondicionamiento de pozos de producción con herramientas y equipos de inducción, limpieza y adquisición de información en pozos de los Activos de la Región Norte” y en “Servicios, equipos y herramientas, para optimizar la productividad de los pozos del activo de producción de aceite terciario del Golfo y/u otros de la Región Norte”.

Cabe mencionar que las empresas participantes fueron: Consultoría y Soporte Técnico, Operativo del Sur, Nacional de Tecnoservicios industriales, Consorcio de Desarrollo Buona-Terra y Sepec, ésta última, propiedad de Maclovio Yáñez, y única ganadora con un irrisorio porcentaje de descuento de 1 por ciento.

Mientras que la paraestatal no paga a las compañías locales y en algunos les da terminación anticipada o les prescinden contratos, al citado exsubdirector, Maclovio Yáñez Mondragón, le permite enriquecerse.

Cabe señalar que tan solo al cierre del ejercicio de 2013, el monto de la deuda total de la región norte de PEP asciende a doce mil millones doscientos dos mil pesos. Y está divida en activo integral de Burgos es de mil doscientos noventa y cinco millones de pesos, al activo de producción aceite terciario del Golfo es de siete mil seiscientos diecinueve millones de pesos. Al activo de producción de Poza Rica-Altamira es de mil seiscientos cuarenta millones de pesos; al activo de producción Veracruz, quinientos cinco millones de pesos, por lo que la incógnita es ¿cómo debiendo tanto dinero en la región norte, les otorgan contratos millonarios a los exsubdirectores?

Por lo anterior, sometemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al secretario de la Función Pública, al titular del órgano interno de control de Petróleos Mexicanos, y a la Auditoría Superior de la Federación para que dentro del ámbito de su respectiva competencia investiguen presuntas irregularidades ocurridas en los años 2012 y 2014, durante el proceso de licitación en la PEP Norte, por las que resultaron triunfadoras las empresas Sepec Well Services, SA de CV y Petrodata Services, SA de CV.

Nota

1. Al tipo de cambio de $13.55 por dólar, correspondiente al 27 de febrero de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados felicita y reconoce la extraordinaria labor de los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis, vigésima primera edición, llevada a cabo en Acapulco, Guerrero, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Manuel Añorve Baños, diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La XXI edición del Abierto Mexicano de Tenis fue un reflejo claro de que Guerrero y, particularmente, el emblemático Puerto de Acapulco, después de los difíciles momentos que han atravesado en materia de inseguridad y a causa de los desastres causados por fenómenos naturales que han afectado severamente su infraestructura y tejido social, logró dar un nuevo impulso a la política turística nacional y estatal, afianzando su ya merecido reconocimiento internacional.

Este torneo de tenis que originalmente se inició en el Club Alemán de la Ciudad de México en 1993 y que después se trasladó al puerto guerrerense en 2001, constituye uno de los eventos deportivos más importantes de América Latina, no sólo por la calidad y prestigio de sus participantes, que son los más sobresalientes del mundo, sino también por la derrama económica que representa para la entidad, pues tan sólo el Estadio Mextenis —ubicado en el hotel Fairmount Acapulco Princess—, puede albergar a unos siete mil quinientos aficionados, lo cual explica porque el certamen reúne también a un importante número de patrocinadores nacionales y extranjeros que dan amplia cobertura de la justa de arcilla.

En esta ocasión, por primera vez en la historia del torneo, además de la tradicional superficie de arcilla, el cemento y una cancha en la playa serán los nuevos protagonistas del llamado deporte blanco, lo cual atrajo un mayor número de tenistas internacionales interesados en participar en junio y julio próximos en el más antiguo y prestigioso torneo del mundo, el Gran Slam de Wimbledon, así como en los Abiertos de Australia, Estados Unidos y Francia. Por esa razón, el actual eslogan del Abierto Mexicano de Tenis es “Nueva cancha para nueva era”.

Desde luego que los tenistas campeones la eslovaca Dominika Cibukova y el Búlgaro Grigor Dimitrov reflejan un gran nivel y generaron un reposicionamiento en la clasificación de la ATP.

Sin embargo, una de las cuestiones que sobredimensionan aún más la importancia de esta justa deportiva es que las entradas que se recauda durante la clasificación del torneo fueron destinadas por los organizadores a la comunidad de El Edén, municipio de Atoyac de Álvarez, que fue una de las más afectadas por el paso de los “Ingrid” y “Manuel”.

Un evento de talla internacional como lo es el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, es un motivo para celebrar las políticas turísticas que se impulsan desde los tres órdenes de gobierno, pero también el momento propicio para redoblar esfuerzos y modernizar la infraestructura que permita seguir aprovechando los efectos positivos de nuestra privilegiada posición geográfica y los atractivos naturales y humanos del pueblo guerrerense.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que la Cámara de Diputados felicita y reconoce la extraordinaria labor de los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis, vigésima primera edición, llevado a cabo en Acapulco, Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de marzo de dos mil catorce.

Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que se emita el nuevo Reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado, Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Después de casi dos años de impulsar distintas iniciativas para modificar la Ley General de Salud a través de la Cámara de Diputados y la de Senadores, el pasado 25 de octubre de 2011, el Senado de la República aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de diciembre del mismo año. Dichas modificaciones establecen una política mucho más moderna en el tema de donación de órganos y trasplantes, en la cual se resalta, entre otras cosas, los siguientes puntos:

• Se deberán establecer y dirigir políticas en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células.

• Emitir disposiciones que permitan la homologación de los criterios de atención médica integral en dicha materia.

• Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y los gobiernos estatales, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación y los trasplantes.

• Se instruye a los gobiernos estatales a establecer centros de trasplantes.

• Se somete a facultad del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), la coordinación del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes.

• Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, ascendientes, hermanos, el adoptado o el adoptante.

• Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente a quienes promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos, así como aquellos que consientan la realización del trasplante conociendo su origen ilícito.

• Se establece la obligación de que todos los centros hospitalarios que cuenten con licencia para procuración de órganos y tejidos deberán incorporar al coordinador hospitalario de la donación, es decir, se profesionaliza el proceso.

El 12 de diciembre de 2011 el presidente de la República mexicana, promulgó los cambios a la ley, anteriormente mencionados, los cuales estamos convencidos que encaminan a México a colocarse a la vanguardia en los sistemas de procuración de órganos y trasplantes.

Los cuatro elementos fundamentales a la Ley General de Salud, en el tema de donación y trasplante de órganos son los siguientes:

1. Dar fortalecimiento institucional a los hospitales instaurando un organismo coordinador único de la política pública en la materia.

2. La profesionalización en el proceso de procuración de órganos, estableciendo la obligatoriedad de que los centros hospitalarios con licencia cuenten con un coordinador de donación.

3. La ampliación nacional de cobertura, al exigir la existencia de centros estatales de trasplante en cada una de las entidades federativas.

4. La obligación de crear un nuevo reglamento de la Ley General de Salud, quedó establecido en el segundo transitorio de la mencionada reforma el cual a continuación se transcribe:

“Segundo. El Ejecutivo federal expedirá el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes en un plazo que no excederá los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.”

Las modificaciones en comento fueron promulgadas con el objetivo de dar mayor transparencia al proceso de trasplantes de órganos, así como garantizar el incremento de órganos para cubrir la demanda de la lista de personas en espera de un trasplante en México.

Debido a la falta de emisión del reglamento mencionado, el gran avance que representaron las modificaciones realizadas a la Ley General de Salud el pasado 12 de diciembre de 2011, siguen paralizadas y no pueden ser empleadas para mejorar la situación de las personas en espera de un trasplante.

De lo anterior se deriva que actualmente la lista de personas en espera de un órgano es de casi 18 mil pacientes, según datos del Cenatra, este número ha aumentado 37,7 por ciento, desde 2011 y seguirá creciendo si no se toma acción al respecto.

México realiza trasplantes de órganos desde hace 40 años, desde entonces a la fecha se han realizado 35 mil trasplantes, aproximadamente 80 por ciento de dichas cirugías se realizaron gracias a donadores vivos, México representa uno de los países con tasa más baja de donantes fallecidos a nivel mundial, registrando poco más de tres donantes por millón de habitantes mientras que países como España cuentan con una tasa de 39.3 donantes por millón de habitantes.

Actualmente existen 423 programas de trasplantes, pero muy pocos se llevan a cabo por la falta de profesionalización y capacitación de quienes prestan el servicio, no obstante que cada unidad con licencia para el manejo y extracción de órganos debe de tener todo un esquema de profesionales de salud.

Por lo expuesto y fundamentado, se propone a consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que emita un nuevo Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes, tal como lo establece el decreto del 12 de diciembre de 2011, en donde el presidente de la República mexicana, promulgó las reformas a la Ley General de Salud en el título decimocuarto de Donación de Órganos y Trasplantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado Isaías Cortés Berumen (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, por la SHCP y la Ssa, a realizar con las entidades federativas un diagnóstico de los casos en que el personal médico con nombramiento de honorarios y semejante realice funciones de estructura en los servicios de salud, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La discusión de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2014, permitió identificar áreas y temas en los cuales los Grupos Parlamentarios promovieron prioridades y el Ejecutivo Federal aportó elementos y datos. De esta manera se perfilan áreas de oportunidades para la mejora institucional, a las que es conveniente darle seguimiento de manera oportuna.

2. El sector salud en las entidades federativas tiene circunstancias muy delicadas; el común denominador es la falta de infraestructura en las comunidades más alejadas, las dificultades en el control, registro y aprovechamiento oportuno de los medicamentos, y sobre todo, las carencias en materia de recursos humanos.

3. De poco sirve construir unidades de atención médica si no existen servicios profesionales y de calidad. La realidad es que el personal médico que realiza funciones de estructura se encuentra en circunstancias precarias, con salarios inadecuados, y esto se ha enfrentado de manera circunstancial con contrataciones por honorarios y otras medidas emergentes, pero el fenómeno persiste y se agrava.

4. En el caso de Oaxaca y de muchos otros estados del sur del país, la circunstancia es especialmente grave, datos del INEGI indican que en Oaxaca existen 125.7 médicos por cada 100 mil habitantes, cuando en otras entidades, como el Distrito Federal, el promedio es de 312. 2; de igual forma, el promedio de médicos por unidad médica a nivel nacional es de 9, cuando en Oaxaca o Chiapas existen 3 o 4 médicos por unidad. Esta realidad ocasiona un drama social que afecta principalmente a personas que viven en comunidades rurales e indígenas del territorio nacional. Por ejemplo en el hospital Dr. Aurelio Valdivieso de la capital oaxaqueña, acuden cientos de personas de todo el estado en busca de un servicio que no tienen en sus regiones o comunidades.

5. Por tanto, se requiere un procedimiento racional que analice a detalle las circunstancias del sector salud, partiendo de atender única y exclusivamente al personal médico y de enfermería de acuerdo a plantillas tipo y considerando la antigüedad. Esta tarea solamente se puede realizar con la coordinación del Ejecutivo Federal y las Entidades Federativas para identificar de manera precisa las carencias y diseñar las estrategias de atención necesarias para mejorar la calidad del servicio.

Por lo expuesto, el suscrito pone a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Salud en coordinación con las entidades federativas realice un diagnóstico de los casos en que el personal médico con nombramientos de honorarios y semejante, realice funciones de estructura en los servicios de salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Conapesca a establecer aranceles competitivos sobre especies de mariscos vivos exportados a China, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Exposición de Motivos

Nuestro país cuenta con una amplia gama de especies marinas, que lo posicionan a nivel mundial como país biodiverso y como un fuerte productor de especies que sirven para consumo humano por su alta calidad y su variedad. Tanto a nivel nacional como internacional, los productos mexicanos que provienen del mar cuentan con un alta demanda que requieren de incentivos y estrategias de comercialización que contribuyan a su posicionamiento, consolidación y mantenimiento en el mercado; con amplias garantías de respaldo por parte del gobierno, al generar los canales indicados a nivel nacional e internacional, para que los productos marinos que se comercialicen sean competitivos.

En el caso específico de algunos de los productos mexicanos que se comercializan en el extranjero, podemos hablar de la almeja generosa (Panopea globosa/Panopea Generosa), y de la langosta roja (Panulirus interruptus); como dos de los productos que en esta década se han posicionado en el mercado mundial por su calidad y por ser considerados productos gourmet, y que de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); en los últimos años se han obtenido los siguientes niveles de producción:

De los datos anteriormente expuestos, cabe hacer mención que China importa un importante número de mariscos vivos de México; entre las principales especies que se envían desde nuestro país destacan la langosta roja y caribeña de las costas de Baja California y Baja California Sur, además de la almeja generosa. El problema radica en que la aduana en China, al importar este producto y diversos productos mexicanos del mar, no hace una distinción por especies ni por zonas de captura, toda vez que cada especie representa calidades diferentes (Almeja generosa del Pacífico norte, Panopea Generosa; Almeja Generosa de San Carlos, Panopea Globosa; Almeja Generosa de San Felipe, Panopea Globosa; Almeja Generosa de Puerto Peñasco, Panopea Globosa) así como en el caso de la Langosta Roja, y de otros productos que se exportan a china, como la sardina, y las diversas variedades de calamar que se pescan en costas mexicanas; provocando que estos productos se tasen hasta con 40 por ciento de arancel, sin tomar en cuenta que son especies y calidades diferentes y poniendo un precio fijo que en el caso de la almeja es de 50 dólares por kilogramo (lo cual no es real toda vez que se está inflando su precio), es decir la almeja generosa de San Felipe (Panopea Globosa), su precio de venta promedio en China es de 14 dólares por kilogramo, sin embargo es tasado en 50 dólares por kilogramo. Indistintamente, por lo tanto se tienen que pagar 20 dólares por kilogramo de arancel, es decir que es más caro el impuesto de importación que el producto en sí, lo que genera distorsiones en el precio y encarece el producto. Los aranceles tan elevados que se cobran en China por la introducción de productos mexicanos del mar como los que se mencionan, ha provocado que los precios de venta bajen considerablemente, además de que los volúmenes de exportación a China se redujeran hasta en 40 por ciento, al no importarle al país asiático la denominación de origen, es decir la zona de procedencia.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a fin de poder establecer acciones pertinentes para lograr la negociación de un arancel competitivo y justo, adecuado a la denominación de origen de cada especie de marisco vivo mexicano exportado a China.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2014.

Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a difundir la información relativa al origen de los recursos por destinar al programa de recuperación de Michoacán, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El conflicto que se presenta en Michoacán reviste una gravedad alarmante, la existencia de un vacío institucional que ha sido colmado por grupos delincuenciales ha motivado el surgimiento de grupos de autodefensa que a la fecha mantienen el control del 25 por ciento de los municipios del estado.

El conflicto entre los grupos delincuenciales y las autodefensas ha llevado una escalada armamentista en la zona. A la fecha de acuerdo a declaraciones de los grupos de defensa ciudadano, cuentan con 25 mil hombres armados1 mientras que respecto a los grupos delincuenciales según declaraciones de su líder la “Tuta” cuentan con cerca de 18 mil delincuentes armados.2

El conflicto se suscito por la falta de control gubernamental, que favoreció el florecimiento de actividades ilícitas institucionalizadas por los grupos delincuenciales, principalmente, los llamados caballeros templarios, quienes extorsionan a los empresarios, controlaban la salida de mercancías del puerto de Lázaro Cárdenas e incluso eran participes de los recursos federales destinados a los municipios del Estado, ya que de acuerdo con declaraciones del doctor Manuel Mireles llegaron a elevarse al 25 por ciento del total de los recursos.3

La ausencia de una política social ha dificultado la solución de este conflicto ya que los esfuerzos únicamente se han canalizado a militarizar la zona, e incrementar la presencia de personal armado en ese estado.

El pasado 4 de febrero de 2014, en un acto mediático (característica esencial de la actual administración federal) en Michoacán se anuncio que se destinaría un fondo para el rescate social de ese estado por un monto equivalente a 45 mil millones de pesos, con el objetivo de implementar proyectos que beneficien en la recuperación del tejido social.

Esta nueva política constituye un enfoque diferente al hasta ahora empleado, sin embargo, debemos de reconocer que el monto que supuestamente se ha de destinar a estos programas no tiene un origen claro, ya que en la partidas presupuestales aprobadas para este ejercicio no existe una relacionada con este rescate.

Es ese sentido es determinante conocer si tales recursos privaran a otros programas gubernamentales de los recursos que le fueron asignados en el ejercicio de una facultad exclusiva de esta Cámara.

El planteamiento anterior no resulta ser menor, sobre todo si tenemos en cuenta que el monto anunciado excede el presupuesto destinado para el Consejo de la Judicatura Federal; excede por casi 40 mil millones de pesos los fondos destinados al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en el campo y es apenas menor a todos los recursos destinados a la atención de grupos vulnerables.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que dé a conocer a la opinión pública la información relativa al origen de los recursos que se destinaran al programa de recuperación de Michoacán.

Notas

1 Declaraciones de los integrantes del Consejo General de Autodefensas consultada en: http://www.marmorinforma.mx/Michoacan/Estado/Autodefensa-dice-contar-co n-25-mil-hombres-armados-en-Michoacan

2 Declaraciones publicadas en la cadena de televisión Mundo Fox.

3 Declaraciones efectuadas al noticiero de radio MVS noticias el 5 de febrero de 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los humedales y manglares de Campeche, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., apartado 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base a las siguientes

Consideraciones

Los humedales son de gran importancia viéndolos desde un punto de vista ecológico así como del socioeconómico, ya que gracias a las múltiples funciones de estos, adquieren un gran valor para su uso y goce de la sociedad. El estado de Campeche cuenta con la mayor superficie de humedales con el 26 por ciento a nivel nacional.

El artículo 3o., fracción XXX, de la Ley de Aguas Nacionales define a los Humedales como las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas en donde el suelo es predominante hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos.

Estos ecosistemas poseen una gran riqueza natural y deben de ser conservados utilizando la mejor información y tecnología disponible. De la misma forma esta diversidad biológica debe de ser aprovechada de una manera responsable garantizando su existencia a largo plazo ya que esto produce un bienestar social que debe perdurar para generaciones futuras.

Por su parte los manglares son parte importante de los humedales, y estos representan el cinco por ciento del total mundial y colocan a nuestro país en el cuarto lugar de los 125 países y territorios que cuentan con este ecosistema, tan sólo por debajo de Indonesia, Brasil y Australia.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, de 2010 a 2013, se ha reducido aproximadamente uno por ciento de la superficie de manglares del país, los actos criminales, la irresponsabilidad e incluso los fenómenos naturales son los principales causantes de esta problemática. Campeche ocupa el primer lugar nacional en extensión de manglares, siendo la Isla del Carmen y Champotón las zonas críticas y más afectadas según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo que la presente Proposición con punto de Acuerdo dirige un exhorto a fin de que las autoridades competentes realicen y agilicen las acciones para que estas zonas de gran importancia para la biodiversidad del estado de Campeche se preserven.

Indubitablemente, la presente proposición recalcará el apoyo para actuar de manera rápida y eficiente para evitar la explotación desmedida de los humedales en Campeche ya que proveen de hábitat, alimento, refugio y áreas de crianza y reproducción a elevado número de especies de invertebrados, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. En el mismo tenor, destaca su importancia ya que llega una gran diversidad de aves migratorias. También cabe resaltar que la pesca, acuacultura y el aprovechamiento de materiales son ejemplos de usos directos de los recursos que proveen los humedales, de la misma forma, se obtiene sales que son aprovechados por la industria minera, por lo que esta Legislatura, al aprobar este punto, hará posible un mayor beneficio al aprovechar estas zonas de suma importancia para la vida biológica de Campeche así como las actividades económicas que se lleven a cabo en los humedales.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el marco de la Política Nacional de Humedales, refuerce las acciones emprendidas en la preservación de los humedales de Campeche.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a fortalecer sus acciones para la protección y preservación de los humedales de Campeche.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer sus acciones, en el marco del Operativo Nacional de Humedales Continentales, a fin de impedir actividades que afecten los humedales de Campeche.

Cuarto. Se exhorta a las autoridades ambientales de los municipios de Ciudad del Carmen y de Champotón para que, en el ámbito de su competencia y en colaboración con las autoridades federales, a crear y reforzar programas que preserven y eviten la explotación de los humedales de Campeche.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 25 de febrero de dos mil catorce.

Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender por la Sagarpa, la Conapesca, el Inapesca y las autoridades pertinentes la problemática de la pesca de sardina en Baja California Sur, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta Poder Ejecutivo federal, a atender la problemática de la sardina en el estado de Baja California Sur, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La pesquería de la sardina en las inmediaciones de bahía Magdalena y bahía Almeja en Baja California Sur, ha representado a través de los años una de las actividades económicas más importantes de la región, conjuntamente con la pesquería de camarón y almeja generosa; toda vez que en su origen, fueron recursos pesqueros vastos de las aguas que rodean la bahía en virtud de las condiciones climáticas que permiten contar con un mar templado, propio para la existencia del recurso, constituyéndose como de alto rendimiento con amplio volumen de captura, la cual arroja una considerable derrama económica.

En bahía Magdalena se encuentra la principal industria pesquera sardinera de Baja California Sur, concentrándose la mayor actividad sardinera y en gran escala a través de nueve empresas que en conjunto generan 1,200 empleos directos y 4,000 empleos indirectos.

El Plan Nacional de Desarrollo del presente sexenio, afirma que existe un reconocimiento por parte de la sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, son un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población.

La pesca de sardina en el noroeste de México es un sector estratégico para la industria alimentaria nacional. Anualmente se registran en promedio 700,000 toneladas de producción de sardina que constituyen cerca del 30% de la producción pesquera total del país, ocupando los Estados de Sonora y Sinaloa el primer y segundo lugar respectivamente, mientras que Baja California y Baja California Sur ocupan el tercer y cuarto lugar. No obstante lo anterior, si bien Sonora y Sinaloa se sitúan como primer y segundo lugar en la producción de sardina, sin embargo mucho del recurso que estos estados reportan es obtenido en las aguas de Baja California Sur.

Entre los diversos fines de la industria pesquera sardinera en México, se encuentra su captura para consumo humano directo fresco, enlatado, para ser utilizado como carnada, para la producción de harina, entre otras; siendo que el destino de la sardina capturada en Baja California Sur es en su mayoría enlatado y fresco para consumo humano directo y sólo el 10% es destinado a la producción de harina.

Coincidimos con el Gobierno Federal de que una nueva y moderna política de fomento económico debe enfocarse en aquellos sectores estratégicos que tienen una alta capacidad para generar empleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su integración con cadenas productivas locales además que se debe facilitar un proceso de cambio estructural ordenado que permita el crecimiento de actividades de alto valor agregado, al mismo tiempo que se apoya la transformación productiva de los sectores tradicionales de la economía.

La Carta Nacional Pesquera, agrupa junto con diversas especies la denominación de “pelágicos menores”, existiendo cuatro especies distintas de sardina en el Estado de Baja California Sur identificadas con los nombres de sardina crinuda, macarela, bocona y monterrey, siendo esta última el objetivo principal de la flota pesquera de todos los Estados, constituyendo el resto de las especies un complemento de captura.

Los permisos de pesca de sardina en México son de amplio alcance geográfico, sin existir criterios claros y homogéneos de regionalización, en algunos casos los permisos se expiden en forma regionalizada como es el caso de los cincos permisos de Baja California Sur y en otros son genéricos y vagos.

Debido a la falta de claridad y lagunas legales existentes en cuanto a criterios de regionalización, la “Carta Nacional Pesquera 2010” establece como lineamiento y estrategia de manejo de la sardina, que el tamaño de la flota para el noroeste del país deberá ser de 38 barcos en Sonora, 22 en Baja California, 5 en Baja California Sur y 7 en Sinaloa.

Sin embargo, se advierte una modificación dentro del Plan de Manejo Pesquero para la Pesquería de Pelágicos Menores (sardinas, anchovetas, macarela y afines) del Noroeste de México vigente, pues dentro de las medidas y estrategias de manejo de la sardina establece el registro oficial de la flota en cada área y como se debe distribuir se debe distribuir, lo cual evita particularmente que los barcos de Baja California se mueven hacia el Golfo de California. Recomendación que vistosamente pone en una situación de desventaja al Estado de Baja California Sur, máxime cuando dichas recomendaciones han quedado establecidas en tan importante documento legal.

Desde hace un par de años, los productores locales de la comunidad de Puerto San Carlos, en Baja California Sur, han denunciado la presencia de barcos provenientes de otros Estados que ingresan en la propia bahía o en sus inmediaciones y que explotan la captura de la sardina en la bahía, llegándose a observar hasta un total entre 14 y 20 embarcaciones en la zona, sin ser respetado el marco legal que claramente establece una flota no mayor a 5 barcos, invadiendo la jurisdicción que compete a la comunidad pesquera local, sin respetar inclusive las tallas mínimas de captura y extrayendo cantidades superiores a las permitidas por Ley, lo cual ha originado una disminución considerable del producto, sin mencionar los daños ambientales causados por el arrastre de diversas especies.

Derivado de lo anterior se han generado innumerables problemas económicos , en cuanto a la falta de capitalización que ha originado el colapso laboral de las empresas locales de bahía Magdalena a causa de la excesiva captura de sardina por empresas foráneas; puesto que no se ha venido respetando el marco regulatorio de la pesquería, existiendo la problemática respecto a las atribuciones del Estado que no le permiten incidir efectivamente en la administración de los pelágicos menores; ecológicos , en cuanto que la sardina constituye un eslabón de la cadena trófica, afectando sinérgicamente a otras pesquerías y al sistema ambiental en general, además de que hoy en día su producción así como el de otras especies importantes ha venido disminuyendo debido a su acelerada explotación y a la falta de un verdadero plan de manejo regional, existiendo incertidumbre sobre el futuro de tales pesquerías, sociales , debido al efecto en el bienestar de las familias dependientes de dicha actividad económica y demás problemas que la falta de empleo conlleva; políticos , en virtud del reto inminente en la gestión que implica la modificación del marco regulatorio de la pesquería, comenzando por el alcance de los permisos de pesca expedidos en otros Estados que de no ser atendido provocará un conflicto social en la Región Sudcaliforniana.

Resolver el problema local, como este y en otros casos, implica retos importantes para propiciar el crecimiento y el desarrollo económicos, a la vez asegurar que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar., tal como lo marca el eje rector de la política pública en México, la producción pesquera se ha mantenido estable, y su sustentabilidad presenta deficiencias de ordenamiento y legalidad, mientras que la acuacultura representa una importante oportunidad de desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto a Sagarpa a través de Conapesca, para que verifique el cumplimiento del Plan de Manejo Pesquero para la Pesquería de Pelágicos Menores, de las disposiciones reglamentarias y de las normas oficiales referentes a la pesca de sardina, a fin de que ésta se dé de forma equilibrada, integral y sustentable en las inmediaciones de bahía Magdalena y bahía Almeja en Baja California.

Segundo. Se hace un atento exhorto a la Conapesca para que en conjunto con el Inapesca y con base en investigación científica actualizada de aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, ambientales, económicos, culturales y sociales, actualicen las disposiciones reglamentarias y la normativa aplicable para la óptima implementación del Plan de Manejo Pesquero para la Pesquería de Pelágicos Menores.

Tercero. Se exhorta a la Sagarpa a través de Conapesca para que se apoye a los productores de sardina mediante el ejercicio de los recursos contemplados en el PEF 2014 para la modernización de embarcaciones pesqueras.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de marzo de 2014.

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular de la SEP que difunda el avance del programa Escuelas de Tiempo Completo respecto a los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2012 y 2013, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes:

Antecedentes

1. En el año 2007, por iniciativa del entonces presidente de la republica Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, surge el “Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC)”, con el cual prometió ofrecer una plataforma básica con estrategias de gestión y organización escolar para lograr la ampliación gradual del horario escolar en las escuelas públicas de nivel básico.1

2. El Programa Escuelas de Tiempo Completo tuvo como propósito de origen contribuir al cumplimiento de los objetivos 9, 10, 11 y 12 del numeral 3.3 “Transformación Educativa” del Eje 3 “Igualdad de Oportunidades”, establecidos para la Educación Básica en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Plan Nacional de Desarrollo, del ex presidente Felipe de Jesús Hinojosa) y 1, 3 y 4 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 de la alianza por la calidad de la educación; así como contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje reflejadas en el logro académico de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de la jornada escolar y mejorar las oportunidades de aprendizaje de las alumnas y los alumnos de escuelas públicas.

3. El Programa Escuelas de Tiempo Completo, para su planeación e implementación, se fundamentó en observaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en ingles), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en ingles) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); tales organismos internacionales identifican puntos de referencia importantes para el mejoramiento de la calidad educativa, entre los que destacan: la duración de la jornada escolar, el número de días de trabajo efectivo del calendario escolar anual, el uso efectivo del tiempo escolar en actividades con sentido educativo, así como el reconocimiento de las necesidades sociales relacionadas con los diversos cambios en la estructura familiar (madres trabajadoras, familias uniparentales, etc.).

4. El Programa Escuelas de Tiempo Completo inició su operación en el ciclo escolar 2007-2008 beneficiando a más de 130 mil niños y niñas de 500 escuelas de educación primaria en 15 de las 32 entidades federativas del país.

5. Con la puesta en marcha, el programa se propuso:

Beneficiar preferentemente a escuelas públicas de educación básica con un solo turno ubicadas en zonas urbanas, así como las que presentan bajos resultados educativos.

Oportunidades para diversificar las actividades escolares y profundizar en el estudio del currículo con la ampliación de la jornada escolar planteada en el Programa Escuelas de Tiempo Completo

La incorporación de más tiempo en la jornada escolar, acompañado de un uso intensivo y orientado a los aprendizajes, permitiría desarrollar las competencias esperadas en ambientes motivadores y seguros.

6. El Programa Escuelas de Tiempo Completo cuenta con instrumentos normativos que articulan y definen: la planeación de las acciones y los procesos operativos para el logro de sus objetivos; la transparencia en el ejercicio de los recursos federales transferidos; y la eficiente y efectiva rendición de cuentas, con los cuales el entonces presidente Calderón Hinojosa pretendía tener bajo control el programa; entre estos instrumentos destacan:

I. Convenio Marco de Coordinación;

II. Acuerdo 592 para la Articulación de la Educación Básica;

III. Reglas de Operación publicadas anualmente en el Diario Oficial de la Federación; y

IV. Lineamientos para el otorgamiento de apoyos económicos a directivos y docentes emitidos anualmente por la Coordinación Nacional del PETC.

Consideraciones

A) La Secretaría de Educación Pública, tomó en cuenta para la implementación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, programas y puntos de vista de organizaciones internacionales que se encuentran muy por encima de México en cuestiones de desarrollo educativo, razón fundamental por lo que el programa en nuestro país no ha logrado resultados similares a los de aquellos países, aunado a la mala planeación, se encuentra la falta de infraestructura educativa en los planteles que se encuentran incorporados al programa.

B) El Programa Escuelas de Tiempo Completo surgió como un programa de nivel nacional, y el resultado arrojado al final del sexenio impulsor del programa (2007-2012), fue que solamente 6,000 escuelas se encontraban operándolo; cuando a nivel nacional existe un universo de más de 200,000 escuelas de educación básica, lo que represento que al cierre del 2012 el 3 por ciento del total de escuelas del país contaban con el Programa Escuelas de Tiempo Completo en operación.

C) Dentro del 3 por ciento de escuelas que contaron con el Programa Escuelas de Tiempo Completo en operación, se registraron alrededor de 76 horarios distintos de funcionamiento, al existir un descontrol total entre la plantilla de personal docente que no cuenta con plaza de tiempo completo, sino que pertenece a un turno o al otro (matutino o vespertino), violentando las reglas de operación el programa, así como los lineamientos para apoyos económicos de directivos y docentes.

D) El Programa Escuelas de Tiempo Completo no cuenta con un proyecto educativo definido, al contemplar un plan de estudios muy similar al de las escuelas de un solo turno; solamente incrementado por la incorporación del idioma inglés, sobre el cual hace falta capacitación del personal docente, ya que no lo domina y a razón de que no forma parte del plan de estudios de algunas de las universidades y escuelas normales encargadas de formar profesionistas para la educación básica competentes para que estos a su vez, contribuyan a la adecuada formación educacional de los infantes mexicanos.

E) El origen del Programa Escuelas de Tiempo Completo se vio afectado por una inadecuada planeación desde su origen, al ser vislumbrado como un espacio para “retener” a los niños, a fin de evitar que estuvieran solos en sus casas o fuera de supervisión de sus padres o tutores (se visualizó como un programa de seguridad infantil); en lugar de ser planeado como un espacio de educación integral con diversidad de actividades curriculares y extracurriculares para el correcto desarrollo infantil.

F) De conformidad con los Presupuestos de Egresos de la Federación, entre los años 2009 y 2012, se invirtieron 5,413 millones de pesos, a razón de un promedio de 201 mil pesos al año por plantel incorporado.

G) En el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio 2013, se destinó un importe de 6,102.9 millones de pesos para el Programa Escuelas de Tiempo Completo, sin que la base de datos de las escuelas incorporadas al programa sea actualizada en el portal de internet de la Subsecretaría de Educación Básica, en el que se muestran datos de las escuelas incorporadas al programa, con fecha de actualización al 12 de diciembre de 2012.2

H) El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014, plantea canalizar al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) un presupuesto de 12,000.4 millones de pesos, lo que representa un incremento del 96.63 por ciento con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2013, siendo que al cierre del 2012 sólo el 3 por ciento del total de escuelas del país contaban con el Programa Escuelas de Tiempo Completo en operación, por lo que no se ve reflejada la erogación del presupuesto, en beneficio del Programa en comento.3

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, ciudadano Emilio Chuayffet Chemor, que en su carácter de titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público en la página de internet oficial de la Secretaría, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, lo siguiente:

Información actualizada del total de escuelas y ubicación que a la fecha se encuentran incorporadas al programa, y cuántas de ellas han sido desincorporadas;

Listado que especifique la plantilla de personal docente que cuenta con clave para impartir clase durante la jornada laboral de tiempo completo; así como el personal que pidió licencia en desde su creación hasta la fecha y del que se encuentra con licencia;

El plan de acciones llevadas a cabo respecto a la capacitación del personal docente que imparte materias adicionales, (tales como el idioma inglés) a las contempladas en el plan de estudios de las escuelas de un solo turno;

Recursos destinados a cada escuela incorporada para la implementación del programa, señalando su ubicación y/o clave;

Si el programa no representa un costo adicional para los padres de los alumnos de esas escuelas;

Cuáles son los Indicadores del programa;

Justificación del incremento del 96.63 por ciento en el proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, respecto al ejercicio 2013, en virtud de que no se ha cumplido con los objetivos del programa.

Cuantas escuelas cuentan con la infraestructura para funcionar como escuelas de tiempo completo, y cuantas se pretenden adecuar y en qué tiempo.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretará de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Luis Videgaray Caso, haga del conocimiento público en la página de internet oficial de la Secretaría, un informe que contenga la justificación de los recursos transferidos a la Secretaría de Educación Pública para el Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 2013, toda vez que la matriz de indicadores de los resultados arrojados por el programa en ejercicios anteriores, es desfavorable.

Notas

1 Noticias Reforma 27 de julio de 2013 (SEP reconoce fallas en escuelas de tiempo completo).

2 Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de evitar que sigan suscitándose agresiones contra periodistas, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión suscribe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II; 77, 78 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo relacionados con la necesidad de evitar que se sigan suscitando más agresiones contra periodistas, columnistas y comunicadores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El periodista no es buscador de problemas. Es buscador de verdad, de datos, de información, de métodos.

Por la evidente influencia que el periodismo tiene en la sociedad, este suele ser conocido con el nombre de “el cuarto poder”. Debido a la alarmante situación de inseguridad en nuestro país, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas. El periodista hoy desarrolla su profesión en una situación sumamente vulnerable, a consecuencia de que la libertad de prensa se ha visto repetidamente obstruida por acontecimientos violentos.

Cada vez más comunicadores que, en el ejercicio de su profesión, son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados, desapariciones forzadas y en el peor de estos casos, la muerte, como les ha ocurrido a periodistas asesinados y desaparecidos los cuales ascienden a 85 en el periodo de 2000 al 2013, según reporte emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 refieren cifras de 75 periodistas asesinados en el mismo periodo.

Los ataques sistemáticos a reporteros y periodistas representan un lastre en el país y reflejan la lamentable condición de un estado fallido, en el que la incivilidad, la inseguridad y la impunidad, son solo algunos ingredientes para socavar el estado de derecho y la consecuente democracia, vistos estos últimos por algunos como una diada inseparable.

Según la jurisprudencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los derechos de libertad de pensamiento y de libre expresión y manifestación de las ideas, son indiscutiblemente pilares de los modernos estados democráticos de derecho.

En 1984 habían sido asesinado el conocido periodista Manuel Buendía y, según la fundación del mismo nombre, el número de atentados contra periodistas aumentó paulatinamente en cada sexenio: de acuerdo con un estudio realizado por la organización Artículo 19, en el gobierno de Luis Echeverría (1970-76) fueron asesinados seis profesionales de la información; durante la administración lopezportillista (1976-82) la cifra ascendió a 12; en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-88) resultaron muertos 33 informadores; y conforme un minucioso rastreo hemerográfico de la Fundación Manuel Buendía, a lo largo del régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-94) cayeron 46 profesionales de la tecla informativa.

Mientras, mediante las investigaciones de la CNDH se tuvo conocimiento de los tres sexenios siguientes, con Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) resultaron 24 muertos, durante el mandato de Vicente Fox Quesada (2000-06) 26 fueron asesinados y de 4 más se desconoce su paradero, mientras que para el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-12) 79 víctimas: 67 homicidios y 12 desapariciones.

Ello da un total de 206 periodistas asesinados en un lapso de 42 años, cifra con la cual México ocuparía el primer lugar en ese terreno a nivel latinoamericano, arriba de Colombia, con 89, y Guatemala, con 53, según el informe del Comité para la Protección de los Periodistas.

Las agresiones contra periodistas no constituyen algo novedoso; más bien, se trata de una tradición de fuerte raigambre en nuestro país. En 1988, por ejemplo, fue asesinado Héctor Félix, reportero de Zeta, después de escribir artículos que criticaban a Jorge Hank Rhon. Por este caso, la CIDH llegó a expedir 10 años después una recomendación que exigía el esclarecimiento de este crimen (CIDH 1999).

Han sucedido además hechos escandalosos, como la detención el 13 de septiembre de 1996 del editor de El Universal, Juan Ealy Ortiz, por fraude fiscal, en lo que para el director de este diario, Roberto Rock, se trató de una represalia por publicar información sobre cuentas secretas del gobierno. Para el académico Tanius Karam, “el acto contra Healy [sic] fue selectivo y discrecional ya que no se procedió igualmente con otros diarios que tenían problemas fiscales, como el caso de Excélsior”.

Las represalias contra el gremio se han agravado paulatinamente y se han multiplicado asimismo sus agresores. En el presente año asesinaron a Ana Irasema Becerra Jiménez, quien era la publicista en el periódico El Dictamen. Dicho homicidio fue perpetrado por el “N”, presunto jefe operativo y homicida del cártel Jalisco Nueva Generación.

Actualmente, de acuerdo con la lista de ataques a los derechos humanos de los periodistas denunciados ante la CNDH, la lista se ha elevado a partir de 2005, con 72 agresiones; 2006, con 74; 2007, con 84; 2008, con 80; 2009 con 78; 2010 con 139, 2011 con 172; y finalmente en los últimos dos años (2011-13) la CNDH recibió 231 quejas.

La CNDH agregó en su momento que esta cifra podía ser mucho mayor, si se sumaban los casos registrados en las comisiones de derechos humanos de los Estados, así como todas las agresiones que no se denuncian, por miedo respecto a la seguridad propia.

En tal virtud, México superó a Irak y ahora emparenta nuevamente con ese deshonroso primer lugar del mundo en el número de asesinatos y agresiones contra periodistas, según informa el director de la Fundación Manuel Buendía. Estas cifras son abrumadoras considerando que en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos.

No es gratuito, por ello, que se haya catalogado el periodo 2008-09 como conflictivo, pero estos 2 años se ven opacados por la violencia suscitada durante los 3 años siguientes, pues representan periodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo mexicano.

La tragedia mexicana se salda con la muerte de decenas de miles de sus conciudadanos, atrapados entre el fuego cruzado de los cárteles y de los poderes públicos, en los que con gran frecuencia se ha infiltrado el crimen organizado.

Entre estas víctimas se encuentran más de 100 periodistas asesinados o desaparecidos durante la última década.

Como se ha mencionado, tristemente hemos visto que las vejaciones y violaciones a los derechos de los periodistas han aumentado. De 1999 a julio del año pasado, la Organización de las Naciones Unidades y la CIDH emitieron 77 recomendaciones al gobierno mexicano por presuntas violaciones a la libertad de expresión.

De acuerdo con un informe presentado por el responsable del área jurídica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las relatorías en materia de libertad de expresión condenan los asesinatos de periodistas y la impunidad que priva en el país.

Los comunicadores y medios de comunicación son objeto de abuso de autoridad en un sentido lato, por parte de los funcionarios públicos, quienes por el contenido de las notas o programas deciden censurarlos usando todo el andamiaje político con que cuentan. Estos fenómenos merecen consideración.

Periodistas y luchadores sociales mexicanos han sido además víctimas de agresiones por informar sobre asociaciones delictivas de otros giros, como las redes de tráfico y abuso de menores, trata de personas, caciquismo, abusos policiacos y guerra sucia. Un caso que acaparó la atención de medios internacionales fue el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, amenazada de muerte y privada ilegalmente de la libertad como represalia por denunciar públicamente a una red de pederastia que operaba en el Caribe mexicano.

Son recalcitrantes las notas de medios de comunicación nacionales y organismos internacionales, dirigidas a los atropellos, abusos y crímenes cometidos en contra de periodistas locales. En México, se contabilizan 15 víctimas mortales tan solo en lo que va del año: 14 informadores y 1 trabajadora de prensa.

Con lo anterior, la cifra nacional de víctimas mortales por las libertades de prensa y de expresión se eleva a hora a 115: 98 periodistas, 9 trabajadores de prensa, 6 familiares y 2 amigos de comunicadores. Hechos todos ocurridos tan solo en el transcurso de las dos últimas administraciones.

Ello coloca a México como el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión, según lo constatan organizaciones como la Federación Latinoamericana de Periodistas; la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, AC; el Club Primera Plana; y la Asociación de Periodistas Comunicadores de Morelos, quiero dejar constancia que este punto de acuerdo se deriva de su preocupación y ocupación por la impunidad que hasta ahora se cuenta de los delitos cometidos en contra de sus compañeras y compañeros, y la vulneración que su actividad les representa, la cual hago como propia.

Como se deduce de lo expuesto, el fenómeno de la violencia contra los periodistas incluye desde la intimidación y la violencia “legal” hasta la violencia física, secuestro y homicidio contra periodistas y trabajadores de la industria de los medios de comunicación.

Para hablar sobre violencia contra la prensa hay que considerar una definición amplia de ésta, la cual conlleve y sea capaz de explicar toda la situación en la cual se ven inmersos estos profesionales.

Es preocupante que la frecuencia de la violencia contra periodistas a escala mundial vaya en ascenso. Además, la mayoría de los homicidios de periodistas son perpetrados en periodos de paz y en la mayoría de los casos (87 por ciento) la justicia local no logra identificar a los victimarios por lo cual es inexistente la posibilidad de iniciar un procedimiento legal, ya que no se tiene al victimario.

Para Silvio Waisbord, la violencia contra los periodistas es una de las tres limitaciones centrales de la prensa en América Latina, junto con el marco legal y la economía de la prensa. Waisbord hace notar que mientras en las regiones democráticas liberales desarrolladas ha disminuido casi totalmente la existencia de ataques contra la prensa (limitándose estos a los sufridos por corresponsales en coberturas de conflictos en naciones no desarrolladas), los ataques contra la prensa en Latinoamérica han permanecido latentes.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos presenciado con tristeza y desesperación, como los comunicadores y los medios de comunicación han sido señalados como blancos estratégicos de ambos bandos en esta guerra absurda emprendida por la sórdida administración federal: la delincuencia organizada y el aparato coercitivo del Estado.

La libertad de expresión y el acceso a la información, son herramientas útiles para desafiar un régimen corrupto y el contaminado statu quo . En tal virtud, en Movimiento Ciudadano nos hemos opuesto enérgicamente a que continúen las agresiones en contra de periodistas y miembros de los medios de comunicación, y aquellos que se cometan no queden en la impunidad.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía se exhorte de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República a adoptar las medidas pertinentes para elevar el carácter de Subprocuraduría la actual Fiscalía para la Atención a los delitos contra las Libertades de Prensa y Expresión, tomando en consideración la vulneración que les representa a los miembros de los medios de comunicación, periodistas, columnistas, comunicadores, y se resuelvan la totalidad de las indagatorias de los delitos cometidos hasta ahora en su contra, los cuales están en la impunidad, la cual deberá adoptar los mecanismos necesarios para demostrar que los responsables de las pérdidas de la vida y los ataques en contra de los comunicadores, y medios de comunicación, sean esclarecidos y debidamente juzgados y sancionados.

Segundo. Que por conducto de la Mesa Directiva de esta soberanía se exhorte de manera respetuosa los Gobernadores de las Entidades Federativas para que a la brevedad se tomen las medidas necesarias para frenar la oleada de delitos cometidos en contra de los integrantes de los medios de comunicación y de los comunicadores. Debiendo investigar a través de las Procuradurías locales, y se esclarezcan los delitos locales cometidos con los integrantes de los medios de comunicación, y se les brinde, en su caso, la protección, en caso de que alguno esté en riesgo.

Tercero. Que por conducto de los órganos colegiados de esta soberanía, se proceda a crear una comisión especial para la defensa de la libertad de expresión, y no se siga minimizando la trasgresión de los derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía aplique un ajuste de deducción de 10 por ciento al presupuesto asignado al gasto corriente en el PEF de 2014, a cargo del diputado Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Por mandato constitucional , los recursos económicos de que disponga la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En tanto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquel que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal por los ejecutores de gasto, deberá contribuir al equilibrio presupuestario, así como, los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la administración pública federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo.

Entre otras, de las estrategias y líneas de acción para un gobierno cercano y moderno, el Plan Nacional de Desarrollo propone consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados, así como, optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario.

Al respecto, en las reformas de política pública concertadas en el Pacto por México , que signo el Ejecutivo federal con las directivas de los tres partidos políticos más representativos del país, comprometen realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca del desarrollo, específicamente, en el Compromiso 71, para la eficiencia del gasto público y transparencia, se eliminarán duplicidades de funciones, se compactarán áreas y dependencias de gobierno, y se revisará permanentemente el gasto del sector público para mejorar su eficiencia y alcanzar mejores indicadores de desempeño.

El 10 de diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto publico en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que tiene por objeto establecer las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal, considera indispensable que el Ejecutivo federal sea el primero en realizar un esfuerzo para racionalizar el uso de los recursos públicos, reduciendo los gastos operativos de las dependencias y entidades paraestatales y reorientando los ahorros obtenidos a los programas y actividades sustantivos de la administración

No obstante, por las causas que se quiera responsabilizar, económicas y financieras, externas o internas, insuficiente o deficiente recaudación, las excesivas cargas de la deuda pública federal, estatales o municipales, la ineficiente ejecución del gasto o eventos climáticos inéditos, la administración y el gasto público están paralizados. La situación y perspectivas de la economía en 2013 y para 2014 no son diferentes.

Es persistente en la percepción de la ciudadanía , que el gobierno cobra mal y gasta mal los recursos que obtiene de los contribuyentes, al que califican de ineficaz, de falta de transparencia y rendición de cuentas sobre la aplicación de los recursos y resultados obtenidos. En esto no hacen excepciones, igual califican a los ejecutivos, legislativos y judiciales federal o estatales, así como a los municipios.

Los presupuestos de egresos de la federación, se han caracterizado cada año como inerciales, no han fomentado al crecimiento y el desarrollo económico, ni la seguridad, la educación y la atención integral de los problemas sociales que más aquejan al país y a la sociedad.

Los recursos asignados a la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos, presentan cada año el mismo comportamiento inercial de incremento en lo general y en los conceptos de gasto, un promedio de 7 a 8 por ciento más respecto de la asignación el año anterior. El decreto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2014 se asignó a la Cámara de Diputados recurso por un monto de $7,110’724,255.00 con igual promedio de incremento.

La perspectiva de alcanzar la reforma hacendaria que se necesita, la cual parece no dejo satisfechos, tanto a los sectores de la economía como de la sociedad civil. Al presentarse restricciones en los ingresos, éstas afectarían en la misma medida el equilibrio del gasto, al desarrollo económico y la atención integral de los programas sociales.

En la misma medida deberán de ser objeto de revisión los presupuestos de todos los ramos, sean autónomos, administrativos, generales y entidades sujetas a control presupuestario directo.

El artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , previene normas de disciplina presupuestaria, a fin de aplicar la reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas del Ejecutivo federal; y dispone que los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria, a través de ajustes a sus respectivos presupuestos.

La Cámara de Diputados, como ramo autónomo en la estructura presupuestal, ante el escenario y perspectiva que se analizan, y con la responsabilidad constitucional de revisar y aprobar el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, deberá ser el primero en presentar su disposición de ajustar en un 10 por ciento menos el monto total de los recursos asignados a la Cámara de Diputados, aprobados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Por lo expuesto, se propone a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al honorable pleno de esta Cámara de Diputados, para que autorice aplicar un ajuste de deducción del 10 por ciento al presupuesto asignado al gasto corriente de la Cámara de Diputados en el dictamen aprobado de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo. Se instruya a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados para que, con la asistencia de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, en ejercicio de las atribuciones que les corresponde conforme a lo dispuesto por los artículos 47, 48 y 51 y 52 respectivamente, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formule el programa anual de ajuste presupuestario de la Cámara de Diputados para el ejercicio 2014 que se propone en el punto de acuerdo que antecede, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en consecuencia, reasignar los recursos humanos, materiales y financieros para los efectos que se proponen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2013

Diputado Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex que difunda la información sobre la construcción del muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, Baja California Sur, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes

1. La terminal de Pemex Refinación de la Paz, Baja California Sur, se compone de dos muelles con una disposición en “T”, que están estructurados a base de pilotes de concreto armado al igual que la superestructura. Los muelles 1 y 2 fueron construidos en 1943 y 1979 respectivamente; estos son utilizados para la descarga de combustóleo y combustibles depositados en las instalaciones de almacenamiento y distribución ubicados en la parte noroeste de la terminal.

2. La Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario, es la que se encarga entre otras funciones, de mantener, controlar y mejorar la ejecución de los programas de mantenimiento y obras de sus centros de trabajo y, de optimizar los procesos de operación y mantenimiento de las terminales marítimas.

3. En 2007, la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario, registró el proyecto número 0718T4M0005, “Construcción de muelle en la residencia de operaciones portuarias La Paz, Baja California Sur”, a fin de cubrir la necesidad de no contar con terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias con muelles en buen estado, debido a que son un factor determinante en el costo de la distribución.

4. La naturaleza del proyecto surgió con la finalidad de garantizar el abastecimiento de productos y el cumplimiento de programas de suministros con calidad, cantidad y oportunidad establecidas, con la tendencia de optimizar los procesos de operación y mantenimiento de la Residencia de Operaciones Marítimas de La Paz, Baja California Sur, y en congruencia, maximizar la rentabilidad de su operación, cuidando cumplir los aspectos de seguridad industrial, protección ambiental y salud ocupacional.

5. El proyecto residencia de operación de terminales marítimas portuarias, muelle de Pemex, se encuentra en la carretera a Pichilingue kilómetro 8.5, código postal 23010, Punta Prieta, La Paz, Baja California Sur.

6. En 2008, Pemex Refinación convocó a la licitación pública internacional número 18576176-018-08 para la ejecución de la construcción del muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, Baja California Sur, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:

Artículo 28. El carácter de las licitaciones públicas, será:

I. ...

II. Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública; y

III. ...

7. La licitación número 18576176-018-08 fue declarada como desierta por no contar con proposiciones solventes, con lo que se dio origen a que el 1 de marzo de 2011, se llevara a cabo convocatoria para el procedimiento de la licitación pública nacional mixta número 18400004-002-11, de conformidad con el artículo 28, fracción tercera, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público párrafo tercero, como dice:

III. Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando:

a) Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, o

b) Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval.

...

...

En los casos en que una licitación pública nacional haya sido declarada desierta y siempre que la contratación no se encuentre sujeta al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias y entidades podrán optar, indistintamente, por realizar una licitación internacional bajo la cobertura de tratados o una internacional abierta.

8. El 26 de noviembre de 2010, Pemex Refinación adjudicó directamente a Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, SA de CV, filial de Pemex, el contrato número GCM-SC-III-048/10, para ejecutar por sí mismo o por medio de terceros, hasta su total terminación, los servicios consistentes en la contratación, supervisión, seguimiento y control de la obra para la construcción del muelle La Paz, con un monto de 347.9 millones de pesos y un periodo de ejecución de 698 días naturales del 26 de noviembre de 2010 al 23 de octubre de 2012.

9. Con base en el convenio marco celebrado el 5 de enero de 2010 entre Pemex y III Servicios, SA de CV, para establecer las bases generales sobre aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, realización, control y seguimiento de servicios de levantamientos arquitectónicos, topográficos y gestoría, la empresa III Servicios, SA de CV, llevó a cabo en representación de ésta última el 1 de marzo de 2011, la convocatoria correspondiente al procedimiento de licitación pública nacional mixta número 18400004-002-11, para la ejecución de la construcción del muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias La Paz, Baja California Sur, para atacar buques tanque hasta de 50 MTPM. El procedimiento fue declarado desierto el 6 de mayo de 2011, debido a que la totalidad de las 11 proposiciones presentadas no reunieron los requisitos solicitados en las bases de licitación.

10. El 6 de mayo de 2011, III Servicios, SA de CV, inició el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número IO-018TXS001-N66-2011, para la realización de la obra, y adjudico el contrato III-EST-COP-053-11 de fecha 7 de junio de 2011, al consorcio Blastinaval de México, SA de CV, Oceanografía, SA de CV, y Proyectos y Medio Ambiente, SA de CV, por un monto de 229.6 millones de pesos, más IVA, y un periodo de ejecución de 560 días naturales, comprendido del 7 de junio de 2011 al 17 de diciembre de 2012.

Consideraciones

A) Los procedimientos celebrados por III Servicios, SA de CV, se llevaron a cabo en contravención a lo establecido en el convenio marco celebrado entre esta y Pemex, en su segunda cláusula, que indica:

El presente convenio marco tiene por objeto establecer las bases generales de colaboración entre las partes, sobre aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, realización, control y seguimiento de servicios de levantamientos arquitectónicos, topográficos, y gestoría por parte de III Servicios, SA de CV, a Pemex.

Lo anterior, a razón de que dicho convenio no faculta a la empresa a realizar actividades relacionadas con la adjudicación y contratación para la construcción de ningún tipo de obras.

B) En el ejercicio de 2011 se aprobaron recursos para los trabajos de construcción de muelle, por un importe de 171.2 millones de pesos, sin embargo la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2011 reportó como aprobado un importe de 178.08 millones de pesos, de los cuales, para el ejercicio de 2011, Pemex refinación no reportó monto ejercido, por lo que se aprecia un subejercicio de 100 por ciento, ya que no se cuenta con evidencia documental de adecuaciones presupuestales con cargo a ese proyecto y se corre riesgo de que prescriba la disponibilidad de los recursos.

C) El reporte de avance de obra Muelle de Operaciones Portuarias La Paz, Baja California Sur al 31 de marzo de 2012, tuvo un avance físico de 9.33 por ciento, respecto al 71.41 programado.

D) A marzo 2012 no se habían impuesto penalizaciones por el retraso en avance de obra, en contravención de la clausula decima sexta de penas convencionales; importe que al cierre del ejercicio de 2011, ascendió a 10.4 millones de pesos pendientes de aplicar.

G) Se realizó un contrato marco de Pemex con III Servicios, SA de CV, a pesar de que esta empresa se vio envuelta en malos manejos económicos, durante la realización del monumento bicentenario denominado “Estela de Luz”, y sobre la cual la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen negativo en la auditoría que le fue practicada en relación con la cuenta pública del ejercicio 2011 (Fuente: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011).

Por lo fundado y motivado solicito que sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al director de Petróleos Mexicanos, ciudadano Emilio Lozoya Austin, haga del conocimiento público en la Página oficial de Internet de Petróleos Mexicanos, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, información detallada que contenga

• El documento mediante el cual se le da la facultad a III Servicios, SA de CV, para realizar licitaciones a nombre de Pemex; así como los nombres y puesto por quienes fue firmado;

• Avance, que a la fecha presenta el proyecto Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, Baja California Sur;

• El importe de las penas convencionales cobradas y por ejercer, respecto del retraso en el avance de obra;

• El estatus actual de los 178.08 millones de pesos asignados en el presupuesto de 2011, para la construcción del muelle;

• Los rendimientos financieros que se han generado a la fecha, sobre el importe presupuestado en 2011.

Segundo. Se exhorta a la empresa III Servicios, SA de CV, que como persona moral administradora y ejecutora de recursos públicos, haga del conocimiento público en la página de Internet de Petróleos Mexicanos, información sobre el grado de avance que a la fecha representa el proyecto Construcción de Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de La Paz, Baja California Sur; el importe de recursos económicos que a la fecha ha recibido por parte de Pemex, importe de penas convencionales pagadas y pendientes de pago por el retraso de avances; así como la fecha estimada para entrega de la obra concluida a 100 por ciento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a difundir las condiciones y razones de la ampliación de la concesión hasta por 30 años de la autopista Manzanillo-Guadalajara, tramo Manzanillo-Armería, en Colima, para Promotora y Operadora de Infraestructura, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para que informe a la opinión pública las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión hasta por 30 años, para la Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) de la autopista Manzanillo-Guadalajara en su tramo Manzanillo–Armería, en el estado de Colima, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que en México la red de autopistas, al igual que en otros países que cuentan con sistemas de carreteras de cuota, ofrece a los usuarios ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustibles y desgastes de vehículos. Esta red está operada en nuestro país por Caminos y Puentes Federales, organismo encargado de la administración, mantenimiento y construcción de las autopistas de México.

2. .Que las autopistas y puentes de cuota han sido eje fundamental en el desarrollo económico del país durante los últimos cincuenta años, ya que han integrado y comunicado a diversas zonas y regiones, lo que ha facilitado su comunicación con el resto del país el intercambio de mercancías.

3. Que el tramo carretero Manzanillo-Armería, es parte de la autopista Manzanillo- Guadalajara y se encuentra en uno de los polos de desarrollo más importante del país, por el puerto de Manzanillo, que hoy en día es considerado el puerto mexicano más importante en movimiento de carga contenerizada, además que se importan una gran cantidad de mercancías al país y también se exportan una variada gama de productos nacionales., por lo que la movilidad de los sectores productivos y sociales, especialmente los agrícolas y de pequeño comercio se ven seriamente afectados por los altos costos que representa el peaje por este tramo carretero, que oscila entre un vehículo compacto y en camión doble remolque entre 119 y 600 pesos en apenas 46 kilómetros de carretera.

4. Que desde hace varios años ha persistido la gran expectativa ciudadana de bajar estos costos de peaje, ya que los ingresos que reporta la empresa concesionaria, de acuerdo al aforo aproximado que tienen, es de alrededor de los 600 millones de pesos al año y un gasto mínimo de operación y mantenimiento.

5. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), luego de perder una litigio promovido por la empresa concesionaria (PINFRA), en relación al tramo carretero de San Martín Texmelucan, en Tlaxcala; autorizó a dicha empresa que se le ampliara a 30 años más, la concesión del tramo carretero Manzanillo –Guadalajara en su tramo de la autopista de Armería–Manzanillo en el estado de Colima.

6. Que a pesar de no contar con la transparencia de cuentas y manejo de información al respecto, cada 6 meses se aumenta el costo del peaje, como acaba de suceder la semana pasada, subiendo de $119.00 hasta $122.00 pesos motivando a que los usuarios utilicen la carretera libre, a pesar de ser riesgosa, por el intenso tráfico pesado que circula por ella, proveniente del puerto de Manzanillo.

7. Es por ello, el día de hoy hago uso de esta tribuna, haciendo eco a los reclamos de los colimenses en general y manzanillenses en particular, pues no se justifica bajo ningún argumento la carga de este peaje que no sólo es gravoso, por su costo y largo plazo, sino que además se da en momento des especulaciones sobre la ampliación del momento de la concesión por razones ajenas al convenio original.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, para que informe a la opinión pública las condiciones y razones que motivaron la ampliación, de la concesión hasta por 30 años, para la Promotora y Operadora de Infraestructura, de la autopista Manzanillo-Guadalajara en su tramo Manzanillo–Armería, en el estado de colima.

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los titulares de la Ssa y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que difundan la información sobre los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión somete el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes

1. El 16 de noviembre de 2004, la Secretaría de Salud, con autorización de la de Hacienda y Cerdito Público, constituyó legalmente el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, con el argumento de la necesidad de crear un mecanismo ágil y transparente para el manejo de los recursos para la protección social en salud.

2. Fue celebrado el contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada, y como fiduciario el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, con fecha de 16 de noviembre de 2004, en el cual se establece en la cláusula décima segunda que la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, es el área encargada de vigilar el cumplimiento de los fines del fideicomiso, así como de la aplicación de los recursos fideicomitidos. En dicho contrato se otorgó al fideicomiso una vigencia de 50 años a partir de la fecha de su suscripción, o bien, en tanto siga vigente el título tercero Bis, “De la protección social en salud”, de la Ley General de Salud, así como las reformas de éste, lo que suceda primero.

3. El Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud tuvo como propósito administrar los recursos del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que se transfieren anualmente a través del presupuesto de la Secretaría de Salud; el monto de los recursos presupuestarios para el ejercicio fiscal correspondiente, son determinados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en función de las proyecciones de la cuota social, la aportación solidaria federal, la aportación solidaria estatal y la cuota familiar para financiar los servicios de salud cubiertos por el Sistema, y en relación al número de personas beneficiarias por entidad federativa a partir del padrón vigente al término del año fiscal inmediato anterior.

4. El Reglamento de la Ley General de Salud, dispone que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, administrará y operará, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que constituya el Ejecutivo federal, los fondos y las subcuentas siguientes:

1) Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). Fondo sin límite de anualidad presupuestal que apoya el financiamiento del tratamiento de enfermedades de alto costo y medicamentos asociados que generen gastos catastróficos para los prestadores de servicios de salud del Sistema de Protección Social en Salud.

a. Subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos / Industria Tabacalera (FPGC/IT). Aportaciones de recursos de la industria tabacalera por cigarro enajenado.

2) Fondo de Previsión Presupuestal (FPP). Fondo con límite de anualidad presupuestal que apoya el financiamiento para la atención de necesidades de infraestructura en entidades federativas con mayor marginación social, diferencias imprevistas en la demanda de servicios y, garantía de pago interestatal de servicios.

a. Subcuenta Infraestructura Física. Recursos destinados a cubrir las necesidades de infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas de servicios de salud en las entidades federativas con mayor marginación social.

b. Subcuenta Diferencias Imprevistas en la Demanda de Servicios Esenciales de Salud cubiertas por el FPP. Recursos que se destinan a cubrir el exceso en la demanda esperada de servicios esenciales bajo condiciones normales de operación.

c. Subcuenta Garantía de Pago por Incumplimiento en la Compensación Económica por la Prestación Interestatal de Servicios Esenciales de Salud. Mecanismo de apoyo a la compensación económica de las condiciones de pago establecidas en los convenios de colaboración interestatal vigentes del Sistema de Protección Social en Salud; por medio del cual se da certeza de pago a la entidad federativa que presta los servicios de salud.

5. Del total de recursos determinados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para el Sistema de Protección Social en Salud, se destina 11.0 por ciento al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, y el restante 89.0 se destina a las entidades federativas a través de los subsidios otorgados por el Seguro Popular para aplicarlos en la atención y prestación de servicios de salud contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) y medicamentos asociados en función a la población afiliada.

6. El fideicomiso cuenta con un comité técnico, el órgano colegiado responsable de las decisiones para el destino patrimonial del fideicomiso, y está conformado por un presidente, un secretario ejecutivo, un titular de las funciones de vigilancia, así como por los directores generales de Gestión de Servicios de Salud, por el secretario del Consejo de Salubridad General y los titulares de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos con voz y voto. Entre sus atribuciones se encuentra la de proponer y aprobar las reglas de operación del fideicomiso y sus modificaciones; autorizar la aplicación de los recursos líquidos de la subcuenta del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, de la subcuenta del Fondo de Previsión Presupuestal y de los provenientes de terceros para apoyar económicamente las necesidades de infraestructura médica de alta especialidad; conocer la apertura de las subcuentas necesarias para la consecución de los fines del fideicomiso, entre otras.

Consideraciones

A) En el ejercicio de 2011, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud reportó con el formato “Informe trimestral de fideicomisos” y anexo I “Egresos o recursos otorgados a los prestadores de servicios del Sistema de Protección Social en Salud”, la información financiera del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, así como el fiduciario Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en sus estados de cuenta de inversiones (en los que se encontraron reflejados los ingresos, egresos, y rendimientos generados al 31 de diciembre de 2011), de la siguiente forma:

• Ingresos acumulados al cierre de 2010 por 24 mil 953.2 millones de pesos,

• Ingresos en 2011 por 13 mil 906.4 millones de pesos provienen de los recursos presupuestarios de 2010; transferidos mediante Cuentas por Liquidar Certificadas registradas en la partida 46101, “Aportaciones a fideicomisos públicos”, en 2011; y rendimientos financieros,

• Egresos en 2011 por 7 mil 167.2 millones de pesos destinados a cubrir las enfermedades que generan gastos catastróficos, “Gastos Catastróficos / Industria Tabacalera”, pago de honorarios y comisiones del ejercicio de 2011, y pago de equipamiento e infraestructura en salud,

• Obteniendo un saldo disponible al 31 de diciembre de 2011 de 31 mil 692.4 millones de pesos.

B) De 2006 a 2011, el Comité Técnico del FSPSS autorizó y asignó recursos por 24 mil 926.2 millones de pesos, para la atención médica de las enfermedades que cubre el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y para proyectos de infraestructura mediante el Fondo de Previsión Presupuestal y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos / Industria Tabacalera, de los cuales al 31 de diciembre de 2011 se transfirieron 12 mil 687.7 millones de pesos (50.9 por ciento), y quedó un importe pendiente por ejercer de 12 mil 238.5 millones de pesos (49.1); el cual no ha sido ejercido por las entidades federativas ni por las unidades medicas en infraestructura ni en atención médica.

C) El 61.38 por ciento del saldo disponible del fideicomiso al 31 de diciembre de 2011, equivalente a 19 mil 453.8 millones de pesos, no se encuentra asignado a un destino específico, violentando la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

D) La Comisión Nacional de Protección Social en Salud carece de indicadores para evaluar el cumplimiento del fideicomiso respecto a la protección de enfermedades catastróficas, atención de necesidades de infraestructura, demanda imprevistas de servicios y pago de prestación de servicios interestatales, violentando lo establecido en las reglas de operación del fideicomiso para su evaluación (Fuente: Auditoría financiera y de cumplimiento 11-0-12000-02-1428-DS-056 [dictamen de salvedad]).

Por lo fundado y motivado, solicito que sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la secretaria de Salud, ciudadana Mercedes Juan López, a que en su carácter de titular de la entidad coordinadora del sector, haga del conocimiento público en la página de Internet de la secretaría en un plazo no mayor de 10 días hábiles, información detallada, que contenga

• El estatus del fideicomiso, cómo fue recibido en la transición por cambio de gobierno, así como las acciones que han sido implementadas desde su recepción, para mejorar los resultados en infraestructura y atención medica con recursos aprobados desde el año 2006;

• El grado de avance del fideicomiso en las entidades federativas que presentan mayor rezago en infraestructura y atención medica;

• Información actualizada del total de recursos destinados en 2012 y lo que va de 2013 por medio del fideicomiso;

• Justificación del subejercicio de más de 12 mil millones de pesos, y la falta de asignación a un fin específico de más de 19 mil millones de pesos;

• Indicadores sobre los cuales mide el grado de avance y satisfacción a partir de la implantación del fideicomiso.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ciudadano Gabriel O’Shea Cuevas, a que en su carácter de titular de la entidad administradora del fideicomiso, haga del conocimiento público en la página de Internet de la comisión en un plazo no mayor de 10 días hábiles, información detallada, que contenga

• El grado de avance del fideicomiso en las entidades federativas que presentan mayor rezago en infraestructura y atención medica;

• Información actualizada del total de recursos destinados en 2012 y lo que va de 2013 por medio del fideicomiso;

• Justificación del subejercicio de más de 12 mil millones de pesos, y la no asignación a un fin específico de más de 19 mil millones de pesos;

• Indicadores sobre los cuales mide el grado de avance y satisfacción a partir de la implantación del fideicomiso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SHCP que haga del conocimiento público los instrumentos financieros emitidos para la cobertura de riesgos catastróficos de 2005 a la fecha, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes

Primero. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), fue establecido a finales de los años 90 como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la estructura federal y estatal afectada por desastres naturales. Originalmente se creó dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, se hizo operacional en 1999, cuando se emitieron las primeras reglas de operación.

Segundo. Entre 2000 y 2004, el Banco Mundial proporcionó asesoría a México en el marco del Proyecto de Gestión de Desastres Naturales.

Tercero. En 2005, el gobierno de México otorgó al Fonden las facultades para desarrollar una estrategia de cobertura del riesgo catastrófico que incluyen instrumentos y/o mecanismos financieros para la retención y transferencia del riesgo.

Cuarto. En 2006 se emitió el primer bono catastrófico (Cat Mex) por el gobierno de México, con una vigencia de 3 años y una cobertura por 450 millones de dólares, contra la ocurrencia de terremotos de grandes magnitudes, en las tres zonas de riesgo del país.

Quinto. En octubre de 2009, al vencimiento del primer bono catastrófico (Cat Mex), el gobierno emitió el segundo bono catastrófico multi-riesgo, para lo cual utilizó el Programa MultiCat recientemente establecido con el Banco Mundial (en ese entonces). Este bono catastrófico con cobertura por 290 millones de dólares; de los cuales, 140 millones de dólares para sismos y 150 millones de dólares para huracanes, con una vigencia de tres años, fue conocido como MultiCat México. Proporcionaba un seguro paramétrico al Fonden contra riesgo de sismos en tres regiones de México y contra huracanes en los litorales de los océanos Pacífico y Atlántico.

Sexto. En 2011, el Fonden adquirió una cobertura catastrófica para activos públicos y vivienda de población de bajos recursos a través de un contrato de seguro por un monto de 400 millones de dólares, el cual provee protección al Fonden en caso de desviaciones en sus gastos por apoyos a los bienes dañados.

Séptimo. A partir de octubre de 2012, México tiene contratado un bono catastrófico de tres años que le permitirá disponer de hasta 315 millones de dólares si se presenta un huracán de magnitud 4 y 5 en el Pacífico y el Atlántico.

Consideraciones

A) México tiene estructurado un Sistema Nacional de Protección Civil considerado como una figura de coordinación multinstitucional, en la cual la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil y las comunidades organiza y coordina acciones conforme a las facultades y funciones gubernamentales en materia de protección civil, con el fin de proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la sociedad.

La Secretaría de Gobernación es la institución del Ejecutivo federal encargada de la coordinación del sistema y, por tanto, es la responsable de dirigir los mecanismos y políticas de prevención y atención de los riesgos, los desastres y las crisis consecuentes.

El sistema está organizado con base en la normativa que establece su manual de organización y operación, el cual precisa en sus tres subprogramas (prevención, auxilio y recuperación) los compromisos por institución, tipo de fenómeno e instancia coordinadora de las acciones, así como los términos en que habrá de darse la participación social y la de los grupos voluntarios.

Los objetivos, estrategias, metas y líneas de acción para prevenir y atender desastres naturales se contemplan en el Programa Nacional de Protección Civil, el cual está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo del país.

B) El coordinador nacional de Protección de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, reconoció que de los bonos catastróficos que México contrató con el Banco Mundial en 2006 y 2009 contra huracanes y terremotos, nunca pudo cobrar un sólo peso de todas las inversiones que hizo en este nivel de adquisición.

C) El gobierno mexicano no podrá ejercer el bono catastrófico MultiCat que emitió el pasado mes de octubre, por 315 millones de dólares, para incrementar la bolsa de recursos disponibles para la contingencia climatológica, pues el siniestro no entra en los parámetros contratados; siendo que de acuerdo con el especialista en administración de riesgo de desastres del Banco Mundial, Óscar Ishizawa, las tormentas tropicales Manuel e Ingrid “por sus características físicas no están cubiertas por el MultiCat México 2012”, explica que “el bono catastrófico MultiCat está diseñado para cubrir necesidades de liquidez, es decir un desembolso relativamente rápido para eventos de gran magnitud (considerado así por el Banco Mundial)”.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Luis Videgaray Caso, haga del conocimiento público, lo siguiente:

• El número de instrumentos financieros que ha emitido para la cobertura de riesgos catastróficos de 2005 a la fecha; así como el tipo, las condiciones (cobertura y activos protegidos), beneficios e importe que ha pagado por cada uno de ellos.

• El porqué no se han ejercido los bonos catastróficos de 2006 a la fecha.

• Si ha emitido instrumentos de protección financiera que permitan asegurar la infraestructura pública de las entidades federativas.

Segundo. Se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación, ciudadano Juan Manuel Portal Martínez, realice las auditorías correspondientes a los instrumentos financieros para la cobertura de riesgos catastróficos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Ejercicio Fiscal de 2006 a la fecha.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director general de Pemex que haga del conocimiento público el pago por la movilización de la plataforma Menadril I, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Antecedentes

1o. En junio de 2012 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó El plan de negocios de Pemex para el periodo 2010-2024, que definió 4 líneas de acción en los rubros de crecimiento, eficiencia, responsabilidad corporativa y modernización de la gestión; dentro de éstos se encuentra los de incrementar las reservas de hidrocarburos, sostener y aumentar su producción, así como la generación de valor.

2o. Para el alcance de extracción de hidrocarburos, el activo integral, Cantarell 2010 contaba con 6 plataformas propias y 11 de arrendamiento, las cuales eran insuficientes para atender los requerimientos de intervención de pozos establecidos en los programas operativos, por lo que en su estrategia incluyó el arrendamiento de plataformas autoelevables sin opción de compra.

3o. El 26 de octubre de 2010, Pemex Exploración y Producción instrumentó la Licitación Pública Internacional TLC Número 18575088-506-10, para el arrendamiento de tres plataformas de perforación marina autoelevables con la finalidad de realizar la perforación terminación y reparación de los pozos localizados en las estructuras TET-Akal-TR y TET-Balam-TB y del Activo Integral Cantarell.

4o. Mediante la Licitación Pública Internacional 18575088-506-11, se adjudicaron tres contratos, entre los que se encuentra el número 421001802, asignando en forma conjunta a dos empresas para operar en aguas del Golfo de México, las cuales nombraron un representante común que actuaría como líder (operadora) en ejecución y administración de dicho contrato en tanto la otra empresa proporcionaría la plataforma y brindaría asesoría.

5o. El contrato 421001802 se formalizo el 1 de marzo de 2011 con fecha de término 15 de febrero de 2013, por un monto total de 81.39 millones de dólares más IVA.

Consideraciones

A) Mediante oficio número ISO-PEP-432 del 9 de marzo de 2011, el representante común de las empresas contratadas para la ejecución del contrato número 421001802, solicitó la sustitución de la plataforma “Hull-110” por la plataforma “Menadrill I”, la primera ubicada en los Emiratos Árabes Unidos y la segunda en aguas del Golfo de México.

B) Por lo anterior, el 6 de abril de 2011, se firmó el convenio modificatorio número uno del contrato 421001802, mediante el cual Pemex y las empresas contratadas para su ejecución convinieron sustituir la plataforma denominada “Hull-110”, que a esa fecha no se había movilizado desde Port Khalid Shalid, Emiratos Árabes Unidos por la plataforma “Menadrill I”, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, referente a la presentación de la plataforma, a más tardar dos días antes de la fecha de arrendamiento y de la presentación de los servicios pactados (14 de marzo de 2011 con vigencia hasta el 15 de febrero de 2013); cabe señalar que el costo de la movilización pactada en el contrato rescindido (421000819) era de 3.75 millones de dólares más IVA, mientras que por la misma plataforma Pemex pacto y pago 7.89 millones de dólares más IVA con base en los estipulado en el contrato original (421001802).

C) El 23 de Junio de 2011, la gerencia de tesorería de Petróleos Mexicanos, pago a las empresas a las que se les adjudico el contrato número 421001802, la cantidad de 108.1 millones de pesos (incluye IVA) , equivalente a 9.1 millones de dólares, por concepto de la movilización de la plataforma “Menadrill I” al sitio del Pozo para el inicio del arrendamiento; éste pago se considera improcedente por que dicha plataforma ya se encontraba ubicada en el Golfo de México al momento que Pemex aceptó la sustitución de la plataforma “Hull-110”, por lo que debió aplicarse lo estipulado en el quinto párrafo del Concepto 1 “Movilización de la plataforma autoelevable al sitio del pozo para inicio del arrendamiento” del Anexo C del contrato número 421001802, que indica que la entidad proporcionará el traslado único de la plataforma dentro de aguas mexicanas del Golfo de México, en cuyo caso no se generará el pago de concepto de movilización.1

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado, de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Director de Pemex, ciudadano Emilio Lozoya Austin, a que haga del conocimiento público en la página de internet oficial de Petróleos Mexicanos en un plazo no mayor a 10 días hábiles, información detallada sobre los recursos económicos destinados al arrendamiento de la plataforma “Menadrill I”, respecto a:

• La falta de inclusión de elementos para acreditar la capacidad financiera de los licitantes en las Bases de Licitación Pública Internacional TLC Número 18575088-506-10, que origino la adjudicación del contrato número 421001802 con dos empresas que presentaron propuesta conjunta, de las cuales una de ellas carecía de capacidad financiera y la otra únicamente participaría en la capacitación y asesoría.

• El pago del 20 de marzo de 2012, en el que no se aplicaron las deductivas de 2011 a las empresas contratadas, por 189.5 miles de dólares, ni las correspondientes a periodos posteriores, originadas por no subsanar dos anomalías detectadas en la inspección tipo check list de la plataforma “Menadrill I”.

• El pago de 108.1 millones de pesos (IVA incluido), equivalente a 9.1 millones de dólares, por concepto de la movilización de la plataforma “Menadrill I” que ya se encontraba en aguas del Golfo de México, en contravención al contrato 421001802.

• El status de la investigación administrativa de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión consideraron procedente el pago de la movilización de la plataforma “Menadrill I”, por 108.1 millones de pesos (IVA incluido), siendo que la plataforma se encontraba en aguas del Golfo de México; ordenada por la Auditoría Superior de la Federación.

Nota

1 Fuente: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SHCP que haga del conocimiento público los estados de variación de la hacienda pública y de flujos de efectivo, con corte al 30 de junio del año en curso, correspondientes a los Poderes de la Unión y a los entes públicos federales, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de las siguientes

Consideraciones

1. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), en el artículo 2, fracción XII, define el Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) de la siguiente manera:

“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: ...

XII. Informe de Avance de Gestión Financiera: El informe que rinden los poderes de la unión y los entes públicos federales de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara sobre los avances físicos y financieros de los programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio correspondiente al que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;”

2. De igual manera, el artículo 7 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone:

“Artículo 7.- El contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirá a los programas a cargo de los poderes de la Unión y los entes públicos federales, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá:

I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el presupuesto de egresos de la Federación, y

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 30 días posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará a la Comisión.”

3. Del Informe de avance de gestión financiera del primer semestre de 2013, del cual se desprende la revisión que la Auditoría Superior realizó sobre la información financiera presentada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el Gobierno Federal, el Poder Ejecutivo y las entidades de control presupuestario directo; se detecta que los Estados Financieros presentados por la SHCP no contemplan el flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en curso; en contravención a lo establecido en el artículo 7, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

4. La ASF, dentro de las consideraciones finales del análisis que realizó al Informe de Avance de Gestión Financiera, comentó lo siguiente:

“Los estados financieros proporcionados por la SHCP y con base en los elementos que tuvo a su disposición la ASF para su análisis, no le permiten conocer a partir de la información que presentan, si es confiable, relevante y significativa respecto de las operaciones realizadas con los recursos públicos, a fin de apoyar el control y la toma de decisiones sobre las finanzas públicas y la deuda pública.

En consecuencia, para la ASF no es posible opinar sobre la razonabilidad de dicha información, debido a sus limitaciones y a la falta de notas que expliquen los avances o resultados alcanzados y las relaciones entre los rubros principales que se reportaron...”

5. A causa de que los Estados Financieros presentados por la SHCP no incluyen los Estados de Variación en la Hacienda Pública y de Flujos de Efectivo, la ASF no emitió opinión de la razonabilidad de la información presentada, ya que no se permitió conocer las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública, ni el desempeño general de las administraciones públicas en cuanto al uso de sus recursos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al ciudadano Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento al artículo 7, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; haga del conocimiento público en la página de internet de la Secretaría en un plazo no mayor de 10 días hábiles, lo siguiente:

• Los estados de variación de la hacienda pública y de flujos de efectivo, con corte al 30 de junio del año en curso, correspondientes al gobierno federal, Poder Ejecutivo federal y entidades de control presupuestario directo;

• Listado que precise que tipo de instituciones se incluyen en los estados financieros de gobierno federal, Poder Ejecutivo y entidades de control presupuestario directos, respectivamente;

• Un informe sobre las causas del aumento o disminución en los recursos aprobados y la justificación del gasto en los casos en los cuales no contaron con un presupuesto original ni con un modificado autorizado, respecto a los programas y proyectos de inversión;

• Razones por las cuales no se ha publicado el costo promedio ponderado por entidad federativa correspondiente al segundo trimestre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SEP que haga del conocimiento público el ejercicio de los recursos presupuestarios de 2012 y subejercicios correspondientes a los programas Habilidades Digitales para Todos y Aulas Telemáticas en Primaria, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes

1. El Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT) se creó como una estrategia para impulsar el desarrollo y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sistema educativo mexicano de educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida, desarrollar sus habilidades digitales y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Dicho programa estaba dirigido a los alumnos, directivos y docentes de las escuelas primarias, secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias. Conforme lo que establecía el acuerdo 592 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011, “los perfiles de los estudiantes competentes en uso de TIC deberán asociarse a los periodos escolares de la Educación Básica y al modelo de equipamiento”.

El Programa HDT estaba alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, e impactaba en los siguientes objetivos del programa sectorial:

• Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

• Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

• Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

El Programa se basaba en una estrategia educativa que aspiraba al desarrollo humano de los alumnos a través de la creación y uso de plataformas integrales en cada entidad federativa para conformar redes colaborativas. Esta estrategia que le daba sentido y razón de ser al uso de las tecnologías, es la que se desplegaba a través de diferentes líneas de acción a nivel nacional necesarias para arribar al uso educativo de las TIC.

Adicionalmente, consideraba que los directivos y docentes deberían, más que ser formados, recibir apoyos permanentes y muy cercanos a su realidad, propósito que se debería lograr con el acompañamiento, que incluyera la formación relativa al Programa HDT, la certificación y la asesoría, tanto pedagógica como tecnológica.

El objetivo general del Programa Habilidades Digitales para Todos (PHDT), era Integrar herramientas, servicios y capacitación a las escuelas de educación básica a efecto de promover el desarrollo de habilidades en docentes y alumnos; así como el uso efectivo de la tecnología en la educación básica, que llevará a ampliar las competencias para la vida de los estudiantes, favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento y disminuir el porcentaje de alumnos que no alcanzan el nivel básico de habilidades relacionadas con el aprendizaje de todas las materias de los planes de estudio en vigor, especialmente en Español, Matemáticas y Ciencias.

Los principales objetivos específicos del PHDT, establecían:

a) Operar el modelo integral para el uso didáctico de las TIC.

b) Crear una infraestructura tecnológica de aulas telemáticas con sistemas interoperables.

c) Implementar redes de conectividad de banda ancha para todos los centros escolares.

d) Desarrollar materiales educativos digitales que pueden accederse desde cualquier sitio, como son los Objetos de Aprendizaje (ODA), planes de clase, reactivos y estándares educativos.

e) Promover la formación, desarrollo y certificación de competencias digitales para docentes y directivos.

El PHDT pretendía para 2012, que las escuelas de educación básica equipadas con telemática educativa, contarán con:

• Gestión estratégica.

• Maestros capacitados en el uso educativo de tecnologías de la información y la comunicación en el aula.

• Equipos de cómputo para uso educativo.

• Actividades educativas para los alumnos apoyadas con recursos multimedia y con objetos de aprendizaje.

• Evaluación sistemática y participativa de los aprendizajes que empleen para prevenir problemas educativos.

• Conectividad.

• Redes sociales de conocimiento.

Todo esto como plataforma para ofrecer mejores resultados comparados con escuelas que en condiciones similares que no estén incluidas en la estrategia.

Con los recursos del PHDT se instalaron 13,000 equipos en secundaria, se crearon 28 redes estatales de Educación Salud y Gobierno; se compraron 368 antenas Wimax de última milla, con lo que se pudieron conectar 6,116 escuelas hasta el 2011, de acuerdo con el informe que entregó la SEP al equipo de transición de Peña Nieto.

2. El Programa Aulas Telemáticas en Primaria, derivó del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, era el componente para primarias dentro de la estrategia Habilidades Digitales para Todos.

Dicho programa consistía en el mismo tipo de equipamiento que del programa anterior Enciclomedia y que incluía una computadora, un pizarrón electrónico, un proyector, una mesa, una impresora y una fuente de poder. La diferencia es que se conectaría a Internet con mayor potencia. La idea era equipar 163,000 salones de quinto y sexto grado de primaria del país. Se supone que equipando los salones, los estudiantes aprenderían más y mejor.

El Objetivo General del Programa Aulas Telemáticas en Primaria consistía en Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.

Los principales objetivos específicos de dicho programa establecían:

• Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos y maestros de la educación básica, especial y en su caso inicial a través del desarrollo, diseño y producción de materiales educativos y auxiliares didácticos en soportes impresos, audiovisuales, informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos, así como de las propuestas de innovación en contenidos y métodos y del desarrollo de prototipos de materiales educativos.

• Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de las TIC desde el nivel de educación básica.

• Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías y materiales digitales.

• Apoyar el desarrollo de la conectividad en las escuelas, bibliotecas y hogares.

De 2007-2012, en las líneas de acción del Servicio de Aula Base Telemática, la SEP consideraba los siguientes beneficios:

• Modelo educativo con cinco componentes alineados: pedagógico, de acompañamiento, gestión, operación e infraestructura tecnológica.

• Articula los contenidos con el programa de estudios vigente y la Reforma Integral de la Educación Básica.

• Utiliza las redes de alto desempeño en cada entidad federativa con las Redes de Educación, Salud y Gobierno. Se emplea Wimax o fibra óptica.

• Incluye plataformas especializadas para la administración de contenidos digitales como lo son planeaciones de clase digitales, reactivos y objetos de aprendizaje estandarizados tecnológicamente y estructurados didáctica y pedagógicamente.

• Formación y certificación de docentes se basa en una norma técnica y un estándar nacional e internacional.

• Acompañamiento con certificación de competencias digitales, capacitación inicial, cursos en línea, asesoría pedagógica y tecnológica, y con Redes Sociales de Aprendizaje.

• Permite una amplia interacción del maestro y de los alumnos con el sistema, aulas telemáticas entre sí, y escuelas o comunidades entre sí, lo que fomenta la formación de comunidades de aprendizaje.

Entre el 2005 y 2006, la falta de recursos para el programa Enciclomedia, o ABT, dejó a la deriva 125,000 equipos instalados en los salones de quinto y sexto de primaria de todo el País.

Entre el 2005 y 2010, por cada equipo conformado por una computadora, pizarrón electrónico, impresora, mesa de cómputo y proyector, se pagaron 22,000 millones de pesos a las empresas que ganaron el contrato de arrendamiento por 5 años, el cual se extendió un año más, con un costo de 4 millones de pesos.

En el 2011, las empresas transfirieron a la SEP la titularidad de los equipos y ésta a los Estados a través de un convenio; mientras que en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas se acordó destinar un fondo de recursos federal para darles mantenimiento a los equipos a partir del 2012.

En el 2012, se aprobó una partida presupuestal por 3,175 millones de pesos para renovar los equipos de Enciclomedia con un nuevo nombre, Aulas Telemáticas en Primaria-Aula Base Telemática (ABT), y licitar un contrato de arrendamiento por 5 años para instalar 147,000 equipos en los salones de quinto y sexto de primaria; mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encargaría de conectar las escuelas a la internet.

Asimismo en 2012, se previó hacer un inventario de los equipos Enciclomedia y con ellos instalar aulas de medios para los alumnos de tercero y cuarto de primaria.

La SEP creó ABT como un modelo de equipamiento para primaria, cuya única diferencia con Enciclomedia, era que los equipos tendrían conexión a internet, compatible con el Programa HDT que durante el sexenio contó con 9,500 millones para equipar los salones de primero de secundaria y conectar las escuelas a la internet.

Consideraciones

A) Para 2012, el programa Aulas Telemáticas en Primaria tuvo un presupuesto asignado de 3,175 millones de pesos, mientras que el de Habilidades Digitales para Todos se le proyectaron 1,800 millones de pesos. Sin embargo esos recursos no se usaron.1

B) En 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo 1,203 millones de pesos de los recursos del programa HDT, a pesar de las múltiples peticiones del entonces Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova, y un acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), para que los recursos fueran liberados. Sin embargo, antes de concluir el sexenio se canceló la licitación de ABT, y los recursos del PHDT no se liberaron.2

C) En 2013, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no contempló los programas de tecnología educativa impulsados por los Gobiernos panistas: Enciclomedia (convertida después en Aula Base Telemática, ABT) y Habilidades Digitales para Todos; ambos rubros ni siquiera aparecieron en el listado de programas presupuestarios de la SEP.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, anunció un nuevo programa de equipamiento tecnológico de laptops para los alumnos de quinto y sexto año de primaria el cual responde a uno de los compromisos asumidos por el Presidente Enrique Peña Nieto en campaña.

La estrategia programática de la Secretaría de Educación Pública para 2013, señaló:

Se busca beneficiar a los alumnos que cursan la primaria, mediante la entrega de computadoras portátiles, mismas que servirán como una herramienta tecnológica, que contribuya en el desarrollo pleno de sus capacidades intelectuales, sociales y culturales.

La partida para laptops previó un gasto de 1,000 millones de pesos.

D) Derivado del análisis al ejercicio presupuestal 2012, se observa que el programa Habilidades Digitales para Todos tuvo un presupuesto de 1,800 millones de pesos, mientras que al de Aulas Telemáticas en Primaria se le proyectaron 3,175 millones de pesos. Sin embargo, únicamente se utilizaron 28.9 y 0.1 millones de pesos en cada uno de los respectivos programas, detectando en ambos un subejercicio de 4,452.3 millones de pesos, como se muestra a continuación:

(Cifras en millones de pesos)

Fuente: Resultados del gasto ejercido en el ramo 11 Educación Pública (cuarto trimestre 2012). Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados.

Por otra parte, datos de la SEP revelaron que el HDT falló en el cumplimiento de su meta, ya que para diciembre de 2012 había proyectado conectar a la web a 98,128 aulas de secundaria, y solamente 13.4 por ciento tiene conectividad.

En la meta fijada para finales del sexenio con este programa de conectividad a la red, 75 por ciento de los alumnos de educación básica tendría acceso a esta herramienta para mejorar las clases.

Sin embargo, en septiembre de 2012, el entonces secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, acepto que el objetivo del programa fracasó porque no cumplió sus metas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Educación Pública, ciudadano Emilio Chuayffet Chemor, haga del conocimiento público en la página de Internet de la Secretaría en un plazo no mayor de 10 días hábiles, información que contenga lo siguiente:

• El ejercicio y destino de los recursos presupuestales de los programas Habilidades Digitales para Todos y Aulas Telemáticas en Primaria, en 2012.

• El subejercicio por 2,108.4 y 3,172.6 millones de pesos, correspondientes a los programas Habilidades Digitales para Todos y Aulas Telemáticas en Primaria, respectivamente.

• La justificación comprobatoria del incumplimiento de las metas y objetivos de los programas en comento.

• El estatus en el que se encuentra el programa de equipamiento tecnológico de laptops para los alumnos de quinto y sexto año de primaria.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Luis Videgaray Caso, a hacer del conocimiento público en la página de la Secretaría, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, información sobre la justificación comprobatoria de la retención y destino de 1,203 millones de pesos del programa “Habilidades Digitales para Todos” aprobados por el congreso de la unión para el ejercicio 2012.

Notas

1 Fuente: Resultados del gasto ejercido en el ramo 11 Educación Pública (cuarto trimestre 2012). Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados.

2 La Jornada, 23 de noviembre de 2012 (Retiene la SHCP 1,203 MP DE HDT).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Semarnat que haga del conocimiento público el avance del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional con relación al cumplimiento de metas y recursos financiados y presupuestarios ejercidos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en términos de los siguientes

Antecedentes

Primero. En el marco del Acuerdo de Cooperación Institucional suscrito en septiembre de 2005 entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (Premia) y del Programa de Cooperación para los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos, la Conagua solicitó el apoyo y asistencia técnica de la OMM para la realización de un diagnóstico institucional del Servicio Meteorológico Nacional de México y diseño de un plan estratégico de desarrollo para su fortalecimiento y modernización.

Segundo. Con base en ello, la OMM, a través de la Oficina de Movilización de Recursos y la Oficina Regional para las Américas, realizó una invitación a un conjunto de expertos de diferentes áreas para participar en una misión para desarrollar un proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMNM), dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

Tercero. El 21 de octubre de 2009 se presentó a la Dirección General de la Conagua y a la Coordinación General del SMNM un avance preliminar y resumido de los resultados más relevantes obtenidos (diagnóstico de la situación actual del SMNM y algunas sugerencias de acciones inmediatas y a medio plazo).

Cuarto. En enero de 2010 inició el Plan Estratégico de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional, con una duración de 10 años, el cual consta de cuatro líneas estratégicas: fortalecimiento institucional y planeación estratégica y operativa, creación del Consejo Técnico Asesor del SMNM, consolidación y fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, desarrollo de productos y servicios de meteorología y desarrollo de infraestructura para estudios de clima y cambio climático.

Consideraciones

A) Los fenómenos meteorológicos y climáticos tienen una notable incidencia en toda la población y en todos los sectores de la sociedad afectando profundamente a la estructura de los asentamientos humanos, a las actividades rutinarias de la vida cotidiana, la salud, la calidad del medio natural y a la economía nacional.

B) El objetivo básico del SMNM es satisfacer las necesidades y demandas de información meteorológica y climatológica de los ciudadanos, entidades e instituciones públicas y/o privadas a través de productos y servicios con altos niveles de calidad a efecto de prevenir riesgos.

C) La junta de directores ejecutivos del Banco Mundial (BM) otorgó el 21 de diciembre de 2012 un préstamo por 105 millones de dólares para el fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMNM) para que pueda responder mejor a la creciente demanda de información climática fiable que permita un mejor manejo de los recursos hídricos y de los riesgos generados por desastres naturales en el contexto del cambio climático.

D) Entre los programas presupuestarios para los que el Ejecutivo federal propuso incrementos superiores a 100 por ciento a tasa real está el Programa de Inversión del Servicio Meteorológico Nacional, dado que incrementó su presupuesto de 11 millones de pesos en 2012 a 255.6 millones de pesos en 2013. Para el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 tiene una asignación de 307.09 millones de pesos para la inversión del Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas.

E) El objetivo del incremento de presupuesto es la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura que permita estar en condiciones de monitorear los eventos meteorológicos.

F) El titular de Protección Civil señaló el 30 de septiembre tras los desastres naturales Manuel e Ingrid, que actualmente México depende de Estados Unidos en la medición de los fenómenos meteorológicos. La falta de inversión y equipos de prevención ha causado que México no cuente con un sistema de alerta temprana de huracanes y tormentas propia, y deba depender de Estados Unidos, ni tenga un atlas de riesgo, según el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

G) Costos estimados, proporcionados por el Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México que dio inicio en 2010, para los 10 años de duración del proyecto son:

H) En la consulta realizada a la página electrónica del SMNM; www.smn.cna.gob.mx no se encontró información relacionada con el avance general del proyecto ni los recursos destinados al mismo, sobre el tema al pie de página se encuentra un link del Servicio Meteorológico Nacional 2010-2019, en el cual se visualiza únicamente el proyecto en versión PDF.

I) En el Primer Informe de Labores 2012-2013 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) página 49, se habla sobre el préstamo que el Banco Mundial otorgó para financiar el proyecto de modernización, sin embargo, no hay un apartado que puntualice los avances del proyecto o mencione la inversión realizada en cada una de las líneas estratégicas para la modernización del sistema meteorológico.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, que en su carácter de titular de la dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público lo siguiente:

• Avance general del proyecto de modernización del Servicio Meteorológico Nacional que dio inicio en el año 2010, correspondiente a los recursos erogados por línea estratégica (inversión presupuestaria e inversión financiada).

• Cuáles son las metas que se fijaron al inicio del proyecto y el porcentaje de éstas que hasta el momento se han cumplido, con un desglose por año de ejecución y línea estratégica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la CNDH que haga del conocimiento público el total de los programas anuales de trabajo e indicadores del ejercicio de 2012 correspondiente a las unidades responsables ejecutoras Oficialía Mayor, Sexta Visitaduría General y Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión somete el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes

1. La Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició funciones el 18 de junio de 2012, a quien le compete el conocimiento de asuntos laborales, ambientales, culturales y de carácter económico y social; asimismo, le corresponde conocer, analizar e investigar las quejas e inconformidades sobre presuntas violaciones de derechos humanos, por violaciones cometidas por autoridades de carácter federal, realizar las actividades necesarias para lograr por medio de la conciliación, la solución inmediata entre las partes; de no ser así, formular los proyectos de recomendación correspondientes.

La Sexta Visitaduría General, mediante la Actividad Institucional denominada “004 Promover y divulgar la cultura de los derechos humanos eficiente y ampliamente”, opera, entre otros, los programas presupuestales siguientes:

a) “E027 Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes de hechos de presuntas violaciones graves a los Derechos Humanos”. Con objetivo no identificado.

b) “E028 Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos”, que tiene como objetivo: contribuir al respeto de los derechos humanos del ámbito laboral y social mediante acciones de promoción, objetivo que se efectuará en la medida que se realicen las acciones para el respeto de los derechos humanos en el ámbito laboral y social.

c) “E029 Atender asuntos relacionados con los derechos humanos económicos, culturales y ambientales”, que tiene como objetivo contribuir al respeto de los derechos humanos del ámbito económico, cultural y ambiental mediante acciones de promoción, objetivo que se efectuará en la medida que se realicen las acciones para el respeto de los derechos humanos en el ámbito económico, cultural y ambiental.

2. La Oficialía Mayor de la CNDH es la unidad administrativa responsable de la planeación, programación, presupuestación, organización, dirección, ejecución y seguimiento de las funciones y actividades económico-administrativas del organismo, así como de establecer los mecanismos adecuados para la administración del personal y el suministro de bienes y la prestación de servicios administrativos, con la finalidad de atender las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que requieran los diferentes órganos y unidades administrativas.

Para el despacho de sus asuntos, la Oficialía Mayor cuenta con el apoyo de cuatro direcciones generales:

• De Normatividad y Desarrollo Tecnológico

• De Finanzas

• De Recursos Humanos

• De Recursos Materiales y Servicios Generales

La Oficialía Mayor, mediante la actividad institucional “002 Administración de recursos eficiente y transparente”, opera, entre otros, el programa presupuestal siguiente:

“M001 Actividades de Apoyo Administrativo”, que tiene como objetivo contribuir a la protección, promoción estudio y divulgación de los derechos humanos, así como al fortalecimiento institucional mediante la proveeduría oportuna de los recursos financieros, tecnológicos, humanos y materiales a las unidades responsables, con objeto de alcanzar las metas y objetivos institucionales.

3. La Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones surge con su respectivo programa presupuestario, denominado “R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las recomendaciones”, el 21 de mayo de 2012, ante la necesidad de contar con un área cuya finalidad sea la de analizar y evaluar todos los procesos relacionados con el seguimiento de las recomendaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 21, fracción IX, y 32 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones tiene las siguientes atribuciones:

• Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la comisión nacional para lograr su cumplimiento;

• Realizar las funciones previstas para la unidad de enlace en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la comisión nacional; y

• Las demás que le sean encomendadas por el presidente de la comisión nacional.

En términos de lo señalado por el artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones tiene, además, en su calidad de unidad enlace, las siguientes funciones:

• Recabar y difundir la información a que se refiere el artículo 7, además de propiciar que las unidades administrativas la actualicen periódicamente;

• Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias, entidades u otros órganos que pudieran tener la información que solicitan;

• Realizar los trámites internos de cada dependencia o entidad, necesarios para entregar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones a los particulares;

• Proponer al comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

• Habilitar a los servidores públicos de la dependencia o entidad que sean necesarios para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

• Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos; y

• Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares.

Consideraciones

A) Derivado del análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012, en el apartado “Ejercicio funcional programático económico del gasto programable”, de la CNDH, se detecta subejercicio debido principalmente a programas que mostraron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado, siguientes:

B) El programa denominado “R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones” se reporta dentro de los programas presupuestarios que presentaron mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado, en el grupo desempeño de las funciones, del cual se informa, lo siguiente:

C) El informe de 2012 de la CNDH destaca que de 23 mil 347 quejas recibidas en el periodo, únicamente se emitieron 93 recomendaciones, es decir, apenas se llegó a 0.3 por ciento de resolutivos. En total, la CNDH tiene pendientes denuncias sobre asuntos que inmiscuyen a más de la mitad de la población.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas destaca que la opinión pública sobre la comisión refleja deficiente desempeño administrativo y operativo.

El análisis de lo señalado refleja inconsistencias que contravienen la Ley de Planeación artículo: 16, fracción V (Planeación), y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo 2, 2 fracción XXII, 5 fracción I, inciso b (principios y criterios del ejercicio presupuestal), siguientes:

• La carencia de planeación de los programas que establece la CNDH.

• La programación presupuestal anual no se realiza con base en las necesidades reales de operación ni en los principios de eficiencia y eficacia.

• La presunta falta de indicadores de los programas señalados, debido a que no se incluyen en el reporte del análisis del cumplimiento de los indicadores para resultados CNDH, presentado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012.

• Programas que presentan mayor decremento en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado, observando un subejercicio por 30 mil 750 miles de pesos.

• Deficiente desempeño tanto a nivel administrativo como operativo.

Por otra parte, se observa falta de transparencia en la página oficial de la CNDH publicada en Internet, ya que no contempla el programa anual 2012, por lo que no se pudo constatar si se cumplieron los objetivos y metas establecidas en los programas presupuestarios observados.

Por lo fundado y motivado solicito que sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ciudadano Raúl Plascencia Villanueva, a hacer del conocimiento público en la página oficial de ésta, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, la siguiente información:

• El total de programas presupuestarios a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registrados en 2012 y los registrados actualmente.

• La aclaración de por qué no consideró en su presupuesto aprobado de 2012 el programa presupuestario “R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las recomendaciones”, que reportó un ejercicio de 5 mil 124.1 miles de pesos (que representa 100 por ciento del presupuesto modificado del programa), al final de 2012. A diferencia del resto de los programas presupuestarios que presentaron subejercicio y que fueron planeados con antelación al R30.

• El origen de los recursos con los que operó en 2012, el programa presupuestario “R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las recomendaciones”.

• El ejercicio del presupuesto calendarizado y los indicadores para resultados establecidos en 2012, con los que operaron los programas presupuestarios siguientes:

Clave: Denominación

E027: Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes de hechos de presuntas violaciones graves a los Derechos Humanos

E028: Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos

E029: Atender Asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales

M001: Actividades de Apoyo Administrativo

R030: Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones

• El subejercicio por 30.75 millones de pesos.

Segundo. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Luis Videgaray Caso, a hacer del conocimiento público en su página oficial de Internet, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, información detallada sobre la justificación de la transferencia de los recursos asignados al programa presupuestario de la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, con su respectivo programa presupuestario, así como los indicadores, en caso de existir, con los cuales lo evaluó en 2012.

Tercero. En virtud de que los programas presupuestarios “R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las recomendaciones” y “M001 Actividades de apoyo administrativo”, no se encuentran considerados en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012 que emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la fecha no se han fiscalizado, se exhorta a la ASF que en el ámbito de sus atribuciones y de ser procedente en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2012, o en el inmediato siguiente, incluya la revisión a los recursos ejercidos e indicadores establecidos por la CNDH, en particular en lo relativo a los programas presupuestarios señalados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex que haga del conocimiento público el número de las gasolineras a que ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos y cuántos procedimientos ha iniciado al respecto; y a la Profeco, el número y la ubicación de las estaciones clausuradas, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en términos de los siguientes

Antecedentes

1. El 25 de septiembre de 2013, la organización civil al consumidor publicó una lista que según con la base de datos obtenida de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en todo el país hay 2,909 gasolineras que venden litros incompletos de combustible a sus clientes.

2. Del total de estas gasolineras, 183 se encuentra en el Distrito Federal, en colonias como la Anzures, Condesa e Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Del Valle, Lindavista, Lomas de Chapultepec, Nápoles, Narvarte, Roma, San Ángel y Santa Fe, entre otras; en el estado de México hay 291, en Nuevo León 150 y en Jalisco 86.

Consideraciones

A) De conformidad con el Manual de la Franquicia de Pemex, el franquiciatario deberá de cumplir con las leyes, normas y regulaciones vigentes; entre otras, las siguientes:• Ley Federal de Protección al Consumidor, vigente.

...

• Ley Federal de Metrología y Normalización, vigente.

• Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-vigente, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

Es por ello que en acato a estas Leyes y sus Reglamentos el empresario gasolinero tiene la obligación de:

• Permitir a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad en la calibración del sistema de despacho de combustible.

...

B) El Manual de la Franquicia de Pemex, en el numeral 1.8 Supervisión y apoyo a estaciones de servicio franquiciadas, señala:

“A efecto de comprobar que el franquiciatario opera la estación de servicio franquiciada de acuerdo con las disposiciones señaladas en los contratos de franquicia y de suministro, Pemex Refinación realizará visitas comerciales en forma permanente para constatar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el franquiciatario.”

C) El numeral 1.21, Rescisión del contrato del Manual de Franquicias de Pemex , indica:

“Existen diversas causas que pueden motivar la rescisión de los contratos de franquicia y de suministro , las que por su importancia; entre otras es la siguiente: Suministre o proporcione volúmenes o cantidades de producto menores a las ofrecidas y/o vendidas y/o solicitadas por el consumidor.”

D) Por otra parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 24, señala:

“La procuraduría tiene las siguientes atribuciones :

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento.”

E) El IEPS a las gasolinas es un impuesto especial al precio final de este combustible que se ajusta cada mes. Entró en vigor en 2008 y su aplicación sería temporal; sin embargo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, consideró que: “el subsidio a las gasolinas es regresivo y no beneficia a los que menos tienen, y por ello tendría que revertirse, aunque reconoció que no sería razonable hacerlo de un día para otro”.

Ante los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, señaló “que seguirá el desliz mensual en el precio de las gasolinas, pues la cotización de estos combustibles no será estática y dependerá de su importación”.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al director de Pemex, ciudadano Emilio Lozoya Austin, que haga del conocimiento público un plazo no mayor de 10 días hábiles, el número de gasolineras a las cuales les ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos y cuantos procedimientos ha iniciado al respecto, en el periodo comprendido 2010 a 2013.

Segundo. Se solicita al titular de la Profeco, ciudadano Alfredo Castillo Cervantes, que haga del conocimiento público el número de estaciones y ubicación de los despachos de gasolina que ha clausurado; así como de las sanciones impuestas; y se le exhorta a que intensifique los operativos de verificación a gasolineras y que actualice cada 30 días la base de datos denominada “quién es quién en las gasolineras” que es publicada en la página web http://www.Profeco.gob.mx/”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la titular de la Sedesol que haga del conocimiento público el avance y cumplimiento de los objetivos y las metas del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como de la distribución, el control, la supervisión y el ejercicio del presupuesto en cada uno de los 70 programas de la administración pública federal vinculados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en términos de los siguientes

Antecedentes

Primero. La Ley General de Desarrollo Social establece que la política nacional de desarrollo social tiene, entre otros objetivos, el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades y, entre tales derechos, se encuentra el de la alimentación; en el mismo ordenamiento se establece que el Sistema Nacional de Desarrollo Social es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios y de los sectores social y privado, que tiene por objeto integrar su participación en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social, así como fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones en el desarrollo social, entre otros.

La coordinación del Sistema Nacional de Desarrollo Social corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las agrupaciones civiles y sociales, para lo cual coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social.

De conformidad con el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el estado debe establecer las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad alimentaria.

El 22 de enero de 2013 el presidente de los Estados Unidos Mexicanos expidió el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, también conocido como Sin Hambre.

Segundo. El Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin Hambre) , se fundamenta en el derecho constitucional contenido en el artículo 4, que manifiesta el deber que tiene el estado de implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementa a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos siguientes:

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación: Garantizar asistencia a un centro de educación formal de la población de 3 a 15 años.

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez: Atender especialmente la desnutrición de niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes.

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas: beneficiar a hogares con ingresos de 824.56 pesos para la zona rural y mil 161 pesos para la zona urbana.

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización: mejoramiento y tecnificación de labores agrícolas beneficiando a hogares con ingresos de 824.56 pesos para la zona rural y mil 161 pesos para la zona urbana.

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre: Tiene como propósito conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado.

Está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.

El Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin Hambre) , se conforma de cuatro componentes:

I. Comisión intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre; tiene como objeto coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Está integrada por los titulares de las dependencias y entidades; celebrará sesiones ordinarias cuando menos cada tres meses y sesiones extraordinarias cuando sea necesario, a solicitud de cualquiera de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, los cuales designarán a sus respectivos suplentes, que deberán contar con nivel jerárquico inmediato inferior. La comisión expedirá sus normas de organización y funcionamiento interno, que preverán los mecanismos necesarios para el seguimiento de sus acuerdos; propondrá las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, las cuales podrán consistir, entre otras, en: I. Ajustes en el diseño de los programas; II. Ajustes en la focalización o cobertura de los programas, y III. Implementación de acciones eficaces de coordinación.

II. Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios;

III. Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre: es una instancia incluyente para el diálogo de los sectores público, privado y social, con el objeto de generar acuerdos para fortalecer, complementar y, en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. El Consejo se integrará por: I. El secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá; II. Representantes de organizaciones de los sectores social y privado; III. Representantes de instituciones académicas, y

IV. Representantes de organismos e instituciones internacionales.

Los gobernadores de los estados de la república y el jefe de gobierno del Distrito Federal serán invitados permanentes del consejo. Los representantes a que se refieren las fracciones II, III y IV serán designados de conformidad con los lineamientos para la organización y funcionamiento del consejo.

V. Comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales; integrado por beneficiarios de programas sociales, los cuales participarán en su proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la transparencia de las acciones implementadas, tienen la finalidad de articular la participación social en la Cruzada contra el Hambre y los programas que convergen en ésta.

Tercero. La Cruzada contra el Hambre se implementa en una primera etapa en 400 municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación, sin perjuicio de que su implementación se extienda a otros municipios del país conforme lo determine la Comisión Intersecretarial que se crea por este decreto. Dichos municipios beneficiados se ubican principalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), utiliza 70 programas vinculados de la administración pública federal para la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, mismos que se presentan con sus respectivos objetivos siguientes:

Cuarto. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2013 presentó una asignación original de 95 mil 251.8 millones de pesos para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La propuesta del Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2014 (PPEF 2014), aumenta el presupuesto en 20.92 por ciento con relación a 2013, es decir 19 mil 935.70 millones de pesos de más.

Consideraciones

A) En el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la población objetivo está conformada por las personas más pobres del país, aunque en la primera etapa se seleccionó a 67 por ciento de un total de 7.4 millones de personas elegidas como población objetivo por la Secretaría de Desarrollo Social. Evaluando este criterio de distribución se podría hablar de un criterio prioritario no estricto, donde se privilegió el volumen y no necesariamente a aquellos más pobres.1

B) El 10 de febrero de 2013, el Diario Reforma publicó:“El análisis cuestiona que la cruzada antipobreza busca votos y olvida el hambre, ya que no considera municipios que sufren pobreza extrema, pero sí algunas ciudades que tendrán elecciones en 2014, como Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango, Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua”.2

Por lo anterior, se considera necesario vigilar estrictamente el cumplimiento de los objetivos y metas del programa Cruzada Nacional contra el Hambre y la vinculación y erogación del presupuesto en cada uno de los 70 programas de la administración pública federal implementados.

C) La incorporación de programas sociales productivos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SNCH) se entiende a partir de las definiciones y prácticas de organismos internacionales en relación con el combate integral de la pobreza; sin embargo, al revisar las valoraciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se puede adelantar que éstos requieren cambios significativos en su aplicación, que es indispensable más información para su evaluación y que se necesitan mayores partidas presupuestarias a fin de impactar en la población objetivo de esta cruzada.

En el tema presupuestal se observa una alta variación en los montos asignados, teniendo como constante una reducción monetaria y, por ende, de cobertura. Aunque no hay datos precisos en torno a la población que se ve beneficiada, en la experiencia internacional se observa que los programas productivos no cubren ni 1 por ciento de la población de menores ingresos.

A partir de la información disponible el Coneval no está en condiciones de señalar la eficiencia de estas políticas sociales, ya que desconoce la proporción del ingreso de los beneficiarios que ha mejorado a partir de estas acciones. En una cruzada contra el hambre contar con esta información es fundamental para lograr diseños de política efectivos.3

Al respecto, se exhorta a la Sedesol implemente los indicadores que permitan evaluar la eficiencia, eficacia y costo beneficio del programa Cruzada Nacional contra el Hambre

Asimismo, de acuerdo con el informe del Coneval la Cruzada Nacional contra el Hambre, tiene imprecisiones en su diseño y está basado en un modelo brasileño caduco que ya no está vigente e indica que no se tiene claro el concepto de hambre, ya que utiliza distintas definiciones y se desconoce si usa el criterio de carencia de acceso a la alimentación del Coneval o si se refiere a quienes padecen desnutrición.

D) El artículo decimotercero del decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin Hambre), convoca a la sociedad civil organizada y a los particulares a sumarse activamente a las acciones de la Cruzada contra el Hambre; por lo que la Sedesol de conformidad con la normatividad aplicable está comprometida con la promoción de la participación activa de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social, para lo cual promueve a su vez la celebración de convenios con organizaciones civiles y privadas para la instrumentación de los programas de desarrollo social.

Según datos del informe del Coneval, la Sededol ha suscrito 23 convenios de colaboración tanto con universidades como con empresas y entidades federativas; sin embargo los objetivos de éstos son diversos y aun no existe información pública referente a cómo impactan en los objetivos e indicadores diseñados para la cruzada.

E) El 17 de octubre de 2013, al celebrarse el Día Mundial de la Alimentación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ratificó que en México no son 7 sino casi 25 millones de mexicanos que sufren hambre, que medio comen lo que pueden una vez al día. Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, Gloria Bautista Cuevas , afirmó que en el país hay 27.4 millones de mexicanos que se encuentran en carencia alimentaria, y lamentó que haya mexicanos sin acceso a alimentos y que aquellos que sí están a su alcance no reúnan las características de nutrientes propias de una alimentación adecuada y sana, lo que ha generado que el país tenga el primer lugar en obesidad4 .

F) La página web oficial de la Cruzada Nacional contra el Hambre: http://sinhambre.gob.mx/; no considera y/o en su caso no se encuentra actualizada la información respecto a la rendición de cuentas en específico de lo siguiente:

• La distribución, control, supervisión y ejercicio del presupuesto en cada uno de los 70 programas de la administración pública federal vinculados al Sistema Nacional Cruzada contra el Hambre y comités intersecretariales que aplica la cruzada.

• El avance y cumplimiento de los objetivos y metas; indicadores y evaluaciones correspondientes a los programas que intervienen en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

• El padrón único de beneficiarios del programa, por entidad federativa.

• Los acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente de las entidades federativas y los municipios y los convenios de colaboración que ha suscrito y el impacto que éstos tienen en los objetivos e indicadores diseñados para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

• La adquisición, distribución y calidad de los alimentos.

• La proporción de los beneficiarios que han mejorado su ingreso a partir de las acciones implementadas por el programa.

En contravención a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su capítulo II, artículo 7, que refiere a las obligaciones de transparencia.

G) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala: que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, respecto al programa Cruzada Nacional contra el Hambre, lo siguiente:

• El avance y cumplimiento de los objetivos y metas; indicadores y evaluaciones del programa matriz, así como el de los 70 programas que intervienen para el cumplimiento del mismo; en el que deberá contener la eficiencia, eficacia y calidad de los programas.

• Distribución del presupuesto, control, supervisión y ejecución que se ha realizado a cada uno de lo 70 programas vinculados al Sistema Nacional Cruzada contra el Hambre y comités intersecretariales que aplica la cruzada.

• El padrón único de beneficiarios del programa, y desagregado por entidad federativa, y cuáles son las acciones implementadas para evitar la duplicidad de beneficiarios en cada programa.

• Indicadores que son utilizados para evaluar si han mejorado las condiciones de calidad de vida de los beneficiarios, y cuál es el número de beneficiarios que han mejorado.

• La adquisición, distribución y calidad de los alimentos.

• Los acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente de las entidades federativas y los municipios y los convenios de colaboración que ha suscrito, y el impacto que éstos tienen en los objetivos e indicadores diseñados para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Nota

1. Reporte 61. Cruzada contra el Hambre, febrero de 2013.

2. Érika Hernández e Itxaro Arteta, “Buscan votos...olvidan hambre”, Reforma , 10 de febrero de 2012, México, primera plana; Martha Martínez, “Vivir con hambre”, Enfoque Reforma , número 975, 20 de enero de 2013, México.

3. Fuente: Reporte 61. Cruzada contra el Hambre, febrero 2013.

4. www.unomasuno.com.mx/sin -comida -mas-de-27 -millo nes /?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a publicar en su página web oficial el uso y la distribución de los recursos económicos destinados al Sistema de Protección Social en Salud correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013, así como la compra, calidad y distribución de los medicamentos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes

1o. El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) es creado el 15 de mayo de 2003, como respuesta a las necesidades de la población sin seguridad social, es una estrategia para garantizar la protección del derecho a la salud, a través de un esquema de aseguramiento público voluntario, para aquellas personas que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. Asimismo busca otorgar cobertura de servicios de salud en todo el país.

El Sistema de Protección Social en Salud es coordinado por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y operado por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), con el apoyo de los Servicios Estatales de Salud.

Los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud tienen acceso por medio del Seguro Popular, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral sus necesidades de salud.

El objetivo general del Seguro Popular es evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.

Los objetivos específicos del Seguro Popular son:

• Contribuir al logro de la cobertura universal en salud.

• Lograr que la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) tenga acceso efectivo a servicios de salud.

• Fortalecer y consolidar la operación y la sustentabilidad financiera del SPSS.

Los mecanismos con que cuenta el SPSS para dar acceso a los servicios de salud a sus beneficiarios son: el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), la cobertura del Programa Seguro Médico Siglo XXI, el Componente de Salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidad y el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP).

a) El Causes cubre la totalidad de las intervenciones del primer nivel de atención médica y los principales padecimientos reportados como egresos hospitalarios. En tanto que con este mecanismo en el 2004 se cubrían solamente 90 intervenciones, actualmente se cubre 285 intervenciones;

b) El FPGC, financia la atención de enfermedades que por su complejidad y alto costo son consideradas como catastróficas. Actualmente a través de este Fondo se brinda cobertura en 59 intervenciones clasificadas en 19 grupos de enfermedades: cáncer cérvico-uterino, VIH/sida, cuidados intensivos neonatales, cáncer de niños y adolescentes, trasplante de médula ósea en menores de 18 años, trasplante de médula ósea en mayores de 18 años, cáncer de mama, cáncer de testículo, Linfoma No Hodgkin, trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos, trasplante de córnea, enfermedades Lisosomales en menores de 10 años, hemofilia en menores de 10 años, infarto agudo al miocardio en menores de 60 años, cáncer de próstata, trasplante de riñón en menores de 18 años, Hepatitis C, cáncer colono-rectal y tumor maligno de ovario.

c) El Programa Seguro Médico Siglo XXI, protege a los niños menores de 5 años con un seguro médico de cobertura amplia contra todas las enfermedades de este grupo de edad, adicionales a las cubiertas por el Causes y por el FPGC.

d) El Componente de Salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, otorga a los beneficiarios del programa, un paquete básico garantizado de salud, acciones en materia de capacitación para la salud y la provisión de suplementos alimenticios a niños de 6 a 59 meses de edad y a mujeres embarazadas y en lactancia; y

e) El FPP, es destinado a fortalecer la infraestructura en salud y la demanda imprevista de servicios de salud por un evento inesperado o por la portabilidad a la que tienen derecho los beneficiarios del SPSS.*

* Informe de resultados del SPSS, enero a junio de 2013.

2o. El esquema financiero del SPSS es tripartito, con aportaciones de la federación, las entidades federativas y los beneficiarios; no obstante los recursos federales y los estatales, constituyen la principal fuente de financiamiento para dar protección en salud a las personas, en razón de que la mayor parte de la afiliación se concentra en los grupos de menores ingresos, los cuales se ubican en el régimen no contributivo.

El gobierno federal realiza una aportación anual por persona afiliada al SPSS, la cual se compone de los dos conceptos siguientes:

• Una cuota social (CS), en un monto equivalente al 3.92% de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal, que se actualiza anualmente de conformidad con la variación anual observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para el 2012, el monto de esta aportación fue de 880.19 pesos, y

• Una aportación solidaria federal (ASF), en un monto que debe representar al menos una y media veces el monto de la Cuota Social. El promedio nacional en 2012 ascendió a 1,320.29 pesos.

Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectúan una aportación solidaria estatal (ASE) por persona afiliada, la cual debe ser al menos en un monto equivalente a la mitad de la cuota social.

Por su parte, los beneficiarios del SPSS participan en su financiamiento con cuotas familiares que son anticipadas, anuales, progresivas y que se determinan con base a las condiciones socioeconómicas de cada familia.

3o. La honorable Cámara de Diputados autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 y 2013, un monto de 67,597.3 millones de pesos y 69,766.4 millones de pesos; respectivamente, para el SPSS, el cual se integró de la siguiente manera:

Consideraciones

A) La gran bolsa de presupuesto del Seguro Popular ha sido ejercida con irregularidades que han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. La fiscalización realizada para el ejercicio fiscal 2010, señala que de las 32 auditorías practicadas, una a cada estado, la opinión contenida en los dictámenes de la ASF fue negativa para 20 de ellas y con salvedad para las 12 restantes. La ASF apunta que las observaciones recurrentes para tres años de fiscalización, del 2008 al 2010, del Seguro Popular fueron: por Irregularidades sobre remuneraciones al personal, falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, irregularidades en la ministración y operación del recurso, deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. Las deficiencias documentadas reflejan que el control del gasto es débil en las entidades, y tampoco existe un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía*

B) El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, reportó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no contó con indicadores ni metas para medir el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios; la CNPSS no evaluó los padrones de beneficiarios de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud para mejorar la integración, protección y calidad de la información de los mismos; en 2011, 5,839,570 beneficiarios del Seguro Popular se encontraban registrados en padrones de instituciones de seguridad social; no se evaluaron los componentes financiero, gerencial y de impacto del Seguro Popular; la comisión no acreditó que, con la información derivada de la encuesta de percepción a los afiliados al SPSS, no se instrumentaron acciones que permitan la adecuada toma de decisiones, y no se establecieron metas sobre el nivel de satisfacción que debían presentar los afiliados encuestados; en la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del programa presupuestario U005 Seguro Popular no se consideró la calidad de los servicios otorgados y no se formularon indicadores que permitan medir el impacto del seguro en las condiciones de salud de los afiliados, y la información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2011 no permite evaluar el cumplimiento de los objetivos del Seguro Popular establecidos en el Programa Estratégico de Desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012.

C) El Observatorio de Mortalidad Materna reportó de 2009 a 2011 el incremento alarmante de incidencia de muertes en mujeres afiliadas al Seguro Popular, como se muestra a continuación:

D) La Evaluación de Consistencias y Resultados del Seguro Popular 2011 – 2012, considera que existen áreas de oportunidad, como mejorar la calidad de los servicios de salud; garantizar que no haya cobros en el punto de servicio; y asegurar que ninguna persona le sea negada la filiación al sistema.

E) Se destaca que en los últimos cinco años del sexenio -de 2006 a 2012- del gobernador del estado de Tabasco C. Andrés Granier Melo, compró y distribuyó medicinas caducas dentro del programa del Seguro Popular.

El coordinador del Seguro Popular en esta entidad, Romel Cerna Leader, quien tiene como atribuciones; entre otras, definir la participación de los Gestores en el procedimiento para la vigilancia del cumplimiento de la acreditación de las Unidades Médicas; así como establecer el mecanismos para el control general y supervisión del equipo de Gestor. Denunció que esto representó un importante monto de los más de 700 millones de pesos de recursos federales desviados del sector salud en 2012, último año del sexenio de Granier Melo, de acuerdo con auditorías del gobierno estatal y federal*.

*http/www.proceso.com.mx/?p=353267

F) El informe de Resultados del SPSS de enero a junio de 2013, en el apartado VII. A. 1.3. Aplicación de los recursos del SPSS, señala que el 3% se transfiere al Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), que se destinan de la siguiente forma: dos terceras partes para atender necesidades de infraestructura y equipamiento de unidades médicas de atención primaria y de especialidades básicas en zonas de mayor marginación social, y una tercera parte para cubrir las diferencias imprevistas en la demanda de servicios esenciales en el nivel estatal y, para la garantía ante el eventual incumplimiento de pago por la prestación interestatal de servicios de salud; sin embargo, no reporta de manera puntual que necesidades de infraestructura y equipamiento de unidades médicas se cubrieron por estado con el presupuesto asignado.

G Una de las cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 es el denominado “México Incluyente” y tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, entre los que se encuentran el derecho a la salud. En el ámbito de la salud el PND establece el objetivo de Asegurar el acceso a los servicios de salud y una de sus estrategias es garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad a través de, entre otras cosas, garantizar los medicamentos y desarrollar la infraestructura del sistema de salud. En este contexto el SPSS, conocido como Seguro Popular, a junio de 2013 tiene registrados 53.3 millones de beneficiarios, de acuerdo con los reportes oficiales, lo que representa el 45 por ciento de los 118.4 millones de población mexicana*.

*Comisión Nacional de Protección en Salud, “Sistema de Protección Social en Salud. Informe de resultados enero a junio 2013, disponible en: http://www.seguro.

Cabe señalar que no obstante a que el seguro popular ha incrementado la cobertura de salud, no ha logrado la cobertura universal y no toda la población afiliada accede a los servicios de salud de manera oportuna y con calidad que lo necesita debido a la insuficiencia de médicos, centros de salud y hospitales de especialidades básicas y de alta especialidad.

El Seguro Popular aún no es garantía para todos los afiliados ya que tampoco garantiza el surtimiento total de las recetas a pesar de que es una obligación establecida en la Ley General de Salud.*

**1 Ver Díaz, Pérez, Lavielle y Varela, “Salud: derechos, política y presupuesto públicos”, disponible en http://fundar.org.mx/op/?p=49.

Las insuficiencias de la atención pública de salud obligan a la población a pagar los servicios de salud y los medicamentos indispensables para la recuperación de la salud, lo que ha implicado que el gasto de las familias financie la mitad del gasto total en salud. Esta situación impacta negativamente la economía de las familias afiliadas.

Por otra parte, las fallas en la rendición de cuentas públicas y periódicas redundan en insuficiencias en la asignación del presupuesto, calidad y pertinencia en salud.

H) El PPEF 2014 integra 37 programas en el Ramo 12 Salud., entre los que destaca el Seguro Popular al concentrar el 55.6 por ciento (72, 330.0 millones de pesos) de los 130,120.8 millones de pesos propuestos para Salud. Este aspecto es consistente con la política pública de salud seguida durante los últimos años, toda vez que mediante este programa se brinda protección social a la población no beneficiaria de la seguridad social*.

*Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados

No obstante, en el ejercicio presupuestal de 2012 del Seguro Popular, se detecta un subejercicio por 21.0 millones de pesos.

I) La página oficial de internet del Seguro Popular: http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/; no considera y/o en su caso no se encuentra actualizada la información siguiente:

• La planeación, avance y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores de los programas correspondientes al SPSS.

• La compra, calidad y distribución de los medicamentos adquiridos para uso del seguro popular.

• El padrón de beneficiarios actualizado del Seguro Popular, por entidad federativa.

• El impacto de la calidad de la salud; así como el costo beneficio que representa para la sociedad el SPSS y sus programas presupuestarios.

En contravención a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su capítulo II, artículo 7, refiere a las obligaciones de transparencia.

J) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala: que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ciudadano Gabriel O’Shea Cuevas, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en su página web oficial respecto al Seguro Popular, lo siguiente:

• Destino y desagregado de los recursos transferidos al fondo de previsión presupuestal por entidad federativa correspondiente a los ejercicio 2012 y 2013.

• Indicadores, avance y cumplimiento de los objetivos y metas del fondo de previsión presupuestal por entidad federativa.

• Cuál es el procedimiento y erogación en la compra de medicamentos, así la calidad y distribución de los mismos por entidad federativa.

• El padrón de beneficiarios actualizado del Seguro Popular por entidad federativa, y cuáles son las acciones implementadas para evitar la duplicidad de beneficiarios en cada programa.

• El estatus que guardan las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio presupuestal 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a hacer del conocimiento público el gasto efectuado para construir los centros de investigaciones federales 2 y 3, así como la procedencia de los recursos económicos utilizados, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

1. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción VIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y justicia penal, la cual se consideró trascendental.

A partir de esta reforma, el sistema de justicia penal en México migró del anterior modelo de tipo mixto predominantemente inquisitivo al modelo garantista de corte acusatorio y oral, rigiéndose por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

2. El 30 de abril de 2013, se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados la reforma a los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, y décimo primero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta al Senado de la Republica para los efectos constitucionales.

3. La palabra arraigo en sentido amplio, la cual proviene del latín ad y radicare que significa echar raíces; se define como una “medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto o finalidad impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte”1 .

El arraigo en estricto sentido se define como: medida cautelar que durante la averiguación previa se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que éste cumpla con los requerimientos del Ministerio Público en razón de la investigación de un hecho delictivo2 .

4. El arraigo es una medida cautelar de la cual el Ministerio Publico ha abusado, se priva de la libertad y prácticamente se encarcela a personas que no han sido declaradas culpables de ningún delito, evidenciando la nula capacidad de investigación que realiza el Ministerio Público al otorgarle plazos adicionales, lo cual genera detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, y amenazas, con la finalidad de obtener una confesión relacionada con presuntas actividades delictivas.

El arraigo va en contra de la presunción de inocencia, mejor conocido como “principio pro persona”, lo cual conlleva un retroceso al viejo sistema, toda vez que el principio de inocencia configura la libertad del sujeto.

En tal sentido, priva la libertad de las personas de forma ilegal, sin tener un control adecuado de la legalidad de la detención, lo cual viola flagrantemente el derecho a la libertad personal consagrada en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

5. Los sexenios anteriores hicieron claro abuso del arraigo, olvidaron hacer investigaciones exhaustivas que llevaran a la resolución puntual de la búsqueda de verdaderos culpables.

6. Todo ello aún y cuando conforme a las cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se destaca que entre enero de 2008 y mayo de 2010 solamente 20.24 por ciento de los procesos iniciados con arraigo terminaron en sentencia condenatoria, lo cual nos demuestra la baja eficiencia de dicha medida.

Asimismo, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en un encuentro con legisladores afirmó que “el arraigo es una figura de la que se abusó. Estos nos habla de que 3 mil 800 personas estuvieron detenidas 40 u 80 días sin ningún progreso en su situación. Pero eso no es lo más grave: del arraigo surgió un efecto perverso porque la PGR se confió y hubo casos en los que nadie hizo nada”; también, en un comunicado de prensa aseveró que “en los últimos 4 años del gobierno de Felipe Calderón se arraigó cerca de 4 mil personas, de las cuales sólo 200 fueron consignadas”.

Continuando con las cifras que en días anteriores se han dado a conocer, se observa con gran preocupación, ya que el costo por día de mantener a una persona sujeta a investigación en esta modalidad, asciende aproximadamente a 170 pesos diarios, cantidad que obviamente resulta un gasto inútil después del bajo número de consignaciones.

7. En la tendencia de creer que la figura del arraigo era lo correcto, en 2009 la Procuraduría General de la Republica (PGR) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presupuesto para la compra del inmueble que ocupaba en ese entonces el Hotel Gran Sol, con la finalidad de construir un Centro de Investigaciones Federales (CIF número 2); finalmente se construyó entre los años 2010 y 2012 el Centros de Investigaciones Federales (CIF número 2).

Asimismo, se construyó entre los años 2011 y 2012 el Centro de Investigaciones Federales (CIF número 3), ubicado entre los límites de Cuernavaca y Jiutepec.

Entre los dos centros de investigaciones federales pueden albergarse alrededor de 600 y 960 personas respectivamente, y que supuestamente cuentan con tecnología de punta, de los cuales se calcula que el monto erogado fue de 700 millones de pesos y parte de esos recursos presuntamente fueron aportados mediante la controvertida Iniciativa Mérida. Hay que recordar que la Iniciativa Mérida ha sido considerada como un medio de transgresión de nuestra soberanía.

La Iniciativa Mérida fue considerada por el gobierno calderonista como una cooperación bilateral contra el crimen organizado trasnacional; al respecto debemos recordar que el Senado estadounidense pretendió imponer una serie de condiciones las cuales eran violatorias de nuestra soberanía.

Los principales objetivos de la Iniciativa Mérida estriban en lo siguiente:

• Mejorar en los programas de las agencias de seguridad.

• Proporcionar equipamiento y activos para apoyar a las agencias de seguridad homólogas, tecnología computarizada para fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad e información entre México y EE.UU.

• Tecnología para aumentar la capacidad de México para recolectar inteligencia para propósitos de orden público.

• Producir un hemisferio más seguro y protegido, donde las organizaciones criminales ya no amenazarán a los gobiernos ni a la seguridad regional.

• Impedir la entrada y la propagación de drogas ilícitas y amenazas transnacionales en toda la región y hacia los Estados Unidos.

De lo anterior no se desprende que la controvertida Iniciativa Mérida previera la disposición de recursos económicos para la construcción de dos centros de investigaciones federales para realizar detenciones arbitrarias (arraigar) sin tener elementos que justifiquen dicha detención, y posteriormente darse a la tarea de investigar.

8. Ahora que dichos centros de investigaciones federales están concluidos, no han sido ocupados, de los aspectos planteados resultan varias interrogantes y las más importantes son: ¿Cuál fue el costo real de estos centros? ¿Cuál es la procedencia del presupuesto otorgado para la construcción de estos centros?

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que haga del conocimiento público, a través de su sitio oficial de Internet, cuál fue el gasto erogado entre 2009 y 2012 en la construcción de los centros de investigación federales (CIF 2 y 3), así como la procedencia de los recursos económicos utilizados.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la Republica para que haga del conocimiento público, a través de su sitio oficial de Internet, cuáles fueron los criterios para utilizar recursos económicos, producto de la Iniciativa Mérida, y en qué apartado de la misma se encuentra previsto la utilización de su presupuesto para la construcción de los centros de investigación federales (CIF 2 y 3).

Tercero . Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la Republica para que haga del conocimiento público, a través de su sitio oficial de Internet, el procedimiento de licitación para la contratación de la o las empresas que realizaron la construcción, instalación y equipamiento de los centros de investigación federales (CIF 2 y 3).

Notas

1. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano , décima edición. Ed. Porrúa, México, 1997.

2. Díaz León Marco Antonio, Diccionario de derecho procesal penal y términos usuales en el derecho penal , tercera edición, Ed. Porrúa, México, 1997.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que hagan del conocimiento público el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes

1o. El 12 de mayo de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley reglamentaria del Servicio Ferroviario, en la que se estableció que los particulares podían, mediante concesión, operar y explotar vías generales de comunicación ferroviaria y prestar el servicio público de transporte ferroviario, y Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) continuaría administrando y operando los ferrocarriles mexicanos, hasta en tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgara concesiones y permisos a terceras personas respecto de las vías férreas, el servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares.

2o. El 19 de diciembre de 1997 se constituyó el fideicomiso 5012-6 “Ferronalesjub” en Nacional Financiera, SNC, con una aportación inicial de 13’529,750.0 miles de pesos, con el objeto de constituir un mecanismo mediante el cual se realizara la administración de los recursos para el pago de pensiones jubilatorias de los trabajadores de Ferronales.

3o. El abril de 1999 la actual Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (entonces Comisión Intersecretarial de Desincorporación), aprobó el esquema para la reestructuración del sistema ferroviario, relatico a la estrategia para el proceso de apertura a la inversión privada en vías cortas y a la segmentación regional del sistema.

4o. En agosto de 1999, Ferronales había cumplido el propósito para el que fue creado, por lo que dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y de prestar el servicio público de transporte férreo.

5o. El 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se extinguió el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abrogaba su Ley Orgánica.

6o. La SCT en su carácter de dependencia coordinadora del sector, estableció las bases para la liquidación de Ferronales, designando el 29 de agosto de 2001 al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras) como órgano liquidador.

7o. El 17 de agosto de 2010 la SCT notifico a Banobras que a partir del 31 de agosto de ese año quedaría sin efector el oficio que lo designaba como liquidador, y celebro convenio de transferencia con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien actualmente funge como liquidador de Ferronales.

8o. El 22 de septiembre de 2011, el SAE remitió para autorización de la SCT y, en su caso, envío a la CIGFD, el proyecto de nota que contiene el Plan de Liquidación de FNML; por su parte, esa Secretaría, en su calidad de coordinadora sectorial, envió a la CIGFD para ser sometida en sesión, la nota con el Plan de Liquidación, que contiene el diagnóstico, las acciones y las necesidades de recursos para reorientar y concluir el proceso de liquidación de FNML, así como una propuesta de Bases para llevar a cabo la liquidación.

Consideraciones

A) La Auditoría Superior de la Federación ha realizado auditorías especiales al SAE respecto de las cuentas públicas 2010 y 2011, de las que han derivado dictámenes con opinión negativa y abstención de opinión respectivamente.

Conforme al informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, el SAE:

• No contó con un plan de liquidación para Ferronales, en el que se identificaran los objetivos y las acciones, así como el tiempo de ejecución del proceso de liquidación.

• No sometió a autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cancelación, el monto de los créditos incobrables o incosteables pendientes de liquidar.

• Como miembro del Comité Técnico del Fideicomiso Ferronalesjub, no convoco a sesionar de manera ordinaria trimestralmente, como lo estipula el contrato del fideicomiso.

• No se aseguró de la confiabilidad de las valuaciones actuariales que se realizaron para el fideicomiso Ferronalesjub, a fin de determinar la suficiencia financiera que garantice el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferronales.

B) El fideicomiso Ferronalesjub no ha tenido la capacidad de cubrir los gastos correspondientes a los trabajadores jubilados; de conformidad con el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012: Ferrocarriles Nacionales de México, en Liquidación (FNML), Segunda y tercera Etapa, para el ejercicio 2012 la SCT asigno al SAE recursos presupuestales por 305.6 millones de pesos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se etiquetaron 2,777.3 millones de pesos para el pago de pensiones de los jubilados de Ferronales.

No obstante, los apoyos que se han otorgado al Fideicomisojub han resultado insuficientes para la cobertura de los pasivos por jubilaciones aunados a los derivados por juicios laborales y gastos de operación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en su carácter de dependencia coordinadora del sector, haga del conocimiento público en la página de internet de la Secretaría, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, información detallada que contenga el plan y las acciones llevadas a cabo posteriormente a la publicación de las “bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de octubre del 2012 hasta primer semestre del 2013, para la liquidación de Ferronales y del fideicomiso Ferronalesjub, así como el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han sido liquidados y los que aun no se ha podido liquidar.

Segundo. Se exhorta al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que en su carácter de órgano liquidador, haga del conocimiento público en su página de internet oficial, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, información que contenga el plan y las acciones llevadas a cabo posteriormente a la publicación de las “bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México”, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre del 2012 hasta el primer semestre del 2013, para la liquidación de Ferronales y del fideicomiso Ferronalesjub, el listado de los jubilados y pensionados que a la fecha han sido liquidados y los que aun no se ha podido liquidar, así como el listado del inventario valuado y las fechas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso Ferronalesjub, del cual es miembro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Desarrollo Urbano y Suelo que haga del conocimiento público el avance del programa Impulso al Desarrollo Regional y Territorial, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en términos de los siguientes

Consideraciones

A) La Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo es la unidad responsable del Programa de impulso al desarrollo regional y territorial, dirección de la que está al frente el Arquitecto José Luis Llovera Abreu , pertenece al ramo Desarrollo Agrario Territorial, y Urbano, dicho programa canaliza recursos a los fideicomisos para el desarrollo regional que tienen como objeto fomentar y canalizar apoyos a estudios y proyectos que hayan sido identificados por los fideicomitentes, como detonadores del desarrollo económico y social de sus regiones, también genera mecanismos de planeación, gestión, concertación y/o coordinación de acciones para el desarrollo regional sustentable, así como la elaboración de estudios, planes y programas regionales. Proporciona información territorial para la planeación y evaluación regional a las entidades federativas. Los principales beneficiarios son los integrantes de la población rural que está dispersa, con un nivel de pobreza superior al promedio de la región.

B) De conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, artículo 13 de las atribuciones genéricas de los titulares de Unidades, Coordinación General y Direcciones Generales, fracción VI. “Proporcionar información, datos y la cooperación que sea requerida al área de su competencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como atender y desahogar las peticiones que le formulen...” y fracción XVI. “Instrumentar la operación de los programas a su cargo, supervisar el ejercicio de los recursos...”.

C) Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se identifica con la clave presupuestaria U-002, al no ser un programa sujeto a reglas de operación, se desconoce los lineamientos bajo los cuales se erogan los recursos presupuestarios a los beneficiarios y por ende el cumplimiento del programa en relación al recurso presupuestario, la única manera de conocer información sobre el programa es por medio del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de los programas y de los proyectos (Esta información fue elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien ha autorizado su uso gratuito).

D) En los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas presupuestarios 2013, en la fracción II establece que los lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades que tengan a cargo programas presupuestarios de las modalidades “U” correspondiente a “Otros subsidios”, lo cual obliga a la unidad responsable del presente programa a tener MIR, sin embargo en la dirección electrónica http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id= 4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L511581, que corresponde al portal de transparencia de la SHCP no se presenta.

E) En la dirección electrónica antes citada, aparece el siguiente gráfico sobre el presupuesto aprobado versus el ejercido para el ejercicio fiscal 2013, mostrando que no se ha ejercido nada del presupuesto.

F) De conformidad con la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) artículo 214. “...Las dependencias y entidades, a través de los servidores públicos competentes para ejercer recursos presupuestarios y los titulares de las unidades administrativas que hayan gestionado el otorgamiento de los recursos, serán responsables de llevar el seguimiento del ejercicio y destino de las aportaciones, subsidios y donativos otorgados a fideicomisos, mandatos y análogos...”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga de conocimiento público las razones por las cuales no se presenta la Matriz de Indicadores de Resultados en su portal de transparencia presupuestaria respectiva al Programa impulso al desarrollo territorial y regional.

Segundo. Que el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano haga de conocimiento público, los motivos por los que no se ha ejercido nada del presupuesto 2013 que asciende a 7.6 millones de pesos aprobado para el ejercicio fiscal 2013, pese al calendario de gasto establecido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular de la Condusef que haga del conocimiento público las medidas implantadas para proteger a los usuarios frente a las fallas generalizadas de los sistemas de las instituciones financieras y bancarias, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en términos de las siguientes

Consideraciones

Estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, muestran que en un periodo de enero a junio del 2013 se presentaron 2.2 millones de reclamaciones en contra de 30 bancos, las cuales representan 8% más de las presentadas en el año pasado. Los 5 primeros lugares los ocupan Bancomer, Banamex, Santander, Banorte/Ixe y HSBC.

Pese a las fallas que se presentan en los sistemas bancarios, los usuarios deben realizar los pagos de algún producto contratado al día, de no cubrirlos, estos presentaran cargos por el retraso de pagos a terceros, cargos que deben pagar los usuarios por fallas propias de las instituciones; situación que presenta un atropello para los usuarios al tener que hacerse responsable de las fallas de las instituciones bancarias y financieras.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reporto que entre enero y septiembre los bancos que operan en el país generaron para los accionistas utilidades por 75 mil millones de pesos, cantidad que aumento en 16 por ciento a las que se obtuvieron en el mismo periodo del año pasado; lo que demuestra la posibilidad que poseen las instituciones de asumir los cargos generados por pagos no efectuados.

De conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, articulo 5o “la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras ...”

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno

Punto de Acuerdo

Único. Que el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros haga del conocimiento público las medidas que está tomando para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas que presentan las instituciones financieras y bancarias en sus sistemas (fallas en sucursales, cajeros, banca en línea y telefónica).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los secretarios de Salud federal y estatales que atiendan de inmediato las propuestas contenidas en el informe emitido por la CNDH acerca de los hospitales psiquiátricos dependientes del gobierno federal y de los locales, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión somete el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en términos de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

1. Desde el 2008 se han realizado diversos análisis de la situación que prevalece entre las personas que presentan algún tipo de padecimiento mental y se encuentran internadas en las diversas unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica del país. Sin que después de dichos análisis se haya dado verdadera solución a los problemas observados.

2. El 27 de junio de 2008, se emitió el informe 4/2008 del mecanismo nacional de prevención de la tortura sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal, dirigido al secretario de Salud federal y al director del IMSS, en cual se dio a conocer los actos de violación de derechos humanos de las personas con padecimientos mentales especializados, la ilegalidad y inseguridad jurídica que enfrentan estas personas.

3. En el 2011 se publicó la evaluación del sistema de salud mental en México, utilizando el instrumento de evaluación para sistemas de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, los datos del informe fueron recopilados en el 2009 y 2010 y están basados en el año 2008. Esta evaluación fue realizada por integrantes del Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente con apoyo del asesor subregional de Salud Mental de Centroamérica, México y Caribe Hispano de la OMS.

4. Los datos que se desprenden de esta evaluación reflejan que México no cuenta con una política pública en materia de salud mental, además de tener infraestructura y servicios insuficientes para el número de su población. Asimismo informa diversos datos estadísticos que revelan la situación precaria de los servicios hospitalarios de psiquiatría.

5. Con el propósito de constatar y conocer la situación que prevalece en los hospitales psiquiátricos, durante 2011 y 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, efectuó visitas de supervisión a 41 Hospitales que brindan atención intrahospitalaria, ubicados en el Distrito Federal y los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El objetivo de estas visitas, consistió en verificar el respeto a los Derechos Humanos de los pacientes hospitalizados que padecen un trastorno mental. En la evaluación se abarcaron varios rubros como: la normatividad que los rige, aspectos que garantizan el respeto a los derechos humanos del paciente relacionados con su situación jurídica, la protección de la salud, la vinculación social, la integridad personal y el trato digno de personas que pertenecen a otro grupo social en situación de vulnerabilidad.

6. De la información recabada durante las visitas, se advirtió la existencia de hechos que contravienen diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en agravio de las personas con padecimientos mentales internos en hospitales psiquiátricos.

7. El informe advierte las deficiencias que existen en materia de salud mental al evidenciar diversos temas como: la inexistencia de establecimientos para albergar a pacientes crónicos que no cuentan con familiares, condiciones inadecuadas de las instalaciones, alimentación precaria, falta de abastecimiento de vestido y calzado, restricciones en la comunicación con sus familiares, omisión de notificación al Ministerio Público acerca de los ingresos involuntarios, irregularidades en el registro de pacientes y en el consentimiento informado, personal médico y de seguridad insuficiente, deficiencias en el servicio, equipo y abasto de medicamentos falta de reglamentos y manuales de procedimientos, ausencia de capacitación en materia de derechos humanos, acceso restringido a la protección de salud, negativa del servicio a las personas que padecen VIH, trato digno, legalidad y seguridad jurídica.1

8. El informe presenta en su conclusión una serie de 15 propuestas puntuales para corregir la violación flagrante de derechos humanos que sufren las personas con padecimientos mentales internadas en las unidades psiquiátricas de atención intrahospitalaria. Estos 15 puntos únicamente solicitan el cabal cumplimiento de lo que está contenido en diversos ordenamientos jurídicos vigentes en materia de salud mental.

Es preciso que en tanto se emitan modificaciones a los ordenamientos jurídicos en materia de salud mental los sujetos involucrados y por tanto obligados a ejecutar las acciones y estrategias para la atención de los problemas relacionados con estas Unidades Hospitalarias, proporcionen soluciones eficaces a las deficiencias señaladas en los informes de los múltiples análisis realizados en relación a este tema.

Es evidente que en nuestro país no existe una verdadera política pública en salud mental, mas allá de corregir los errores del actual sistema de salud, se deben ejercitar acciones que promuevan la readaptación al ámbito social de las personas con esta clase de enfermedades. A diferencia de otros países, la atención de la salud mental en México descansa en los hospitales psiquiátricos, en consecuencia los costos de atención resultan elevados y la mayoría de los recursos nos se destinan a los establecimientos de primer nivel de atención. El desarrollo del componente de salud mental dentro de los hospitales generales es muy escaso, lo que imposibilita la detección temprana y continua de los trastornos mentales y su comportamiento.

Las debilidades del sistema de salud en la materia comprenden varios aspectos, siendo uno de los principales la carencia de un programa nacional de salud mental específico para la niñez, lo que obstaculiza la detección y atención tempranas de los trastornos. La falta de una verdadera integración, de la atención de las enfermedades mentales a los programas de atención a la salud en general, deriva en un insuficiente trabajo multidisciplinario.

En resumen los servicios de salud mental son insuficientes para la población, es ineludible, ejercitar acciones contundentes para atender realmente las necesidades de la población.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a nivel federal, así como a las Secretarías de Salud de los estados, a corregir de forma expedita, a dar atención inmediata a las propuestas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contenidas en su Informe Especial sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y de los Estados. Asimismo hagan del conocimiento público las acciones llevadas a cabo para atender las propuestas.

Nota

1 Información contenida en el Informe Especial sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y de los Estados de la República Mexicana, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 30 de octubre de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular de la Segob que haga del conocimiento público y en su portal de Internet el origen, la distribución, la aplicación y la comprobación de los recursos asignados al padrón único de beneficiarios, así como las evaluaciones correspondientes a los 87 programas institucionales dirigidos a la población migrante de los ejercicios de 2012 y 2013, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes

1. Desde finales de la década de los años ochenta, comenzaron a configurarse los objetivos que hoy representan elementos indiscutibles en la política pública en materia de migración del gobierno Mexicano:

• Contribuir al desarrollo nacional, a través de una adecuada gestión migratoria con base en un marco legal que facilite los flujos migratorios con respeto a la dignidad humana.

• Garantizar la protección y defensa de los Derechos Humanos de los migrantes, así como de su integridad física y patrimonial, independientemente de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados en las cuales participan los tres órdenes de gobierno.

2. La población migrante, así como los habitantes de comunidades de alta movilidad migratoria, presentan necesidades específicas que deben ser atendidas de manera integral por las diferentes instituciones públicas. Por ello, el gobierno de México ha implementado una serie de programas que tienen como objetivo central garantizar el ejercicio de los derechos de las y los mexicanos que han migrado a otros países, de aquellas y aquellos que regresan, de las personas que migran de manera interna, y de extranjeras y extranjeros que se encuentran en tránsito por México o que han establecido su residencia en este país.

Consciente de los avances y los retos que se tienen en materia migratoria, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dentro del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009- 2012 estableció, una serie de acciones encaminadas a la protección de las mujeres en las migraciones y sus familias.

3. En este sentido, y con el afán de contribuir en el acceso a los beneficios de la oferta institucional que se tiene para este sector, el Inmujeres compiló y sistematizó, en 2010 el Directorio que contaba con 62 programas que se encontraban vinculados y dependían de las Secretarías siguientes: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (Sagarpa), Comunicaciones y Transportes (SCT), Desarrollo Social (Sedesol), Economía, Educación Pública (SEP), Gobernación (Segob), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Relaciones Exteriores (SRE), Salud y Trabajo y Previsión Social (STPS).

4. En 2012 el Directorio se integraba de 81 programas institucionales dirigidos a la población migrante, con información de programas implementados de diversas dependencias de la Administración Pública Federal; tales programas brindan atención y orientación sobre temas relacionados con: educación, empleo, financiamiento e inversión, protección a personas mexicanas en el exterior, remesas, salud, salud y educación, tecnologías de la información y el conocimiento, entre otros.

5. A la fecha existen 87 programas operativos dirigidos a la población migrante, divididos en 35 dependencias de la Administración Pública Federal.

6. En 2012, para atender el tema migratorio en sus distintas variantes como salud, empleo, seguridad y asesoría consular, se contó con un presupuesto de 7,000 millones de pesos, mientras que para 2013 el presupuesto aprobado fue de 3,570 millones de pesos; siendo que el número de personas migrantes internacionales ha aumentado en los últimos 10 años al pasar de 150 millones en el año 2000 a 214 millones en la actualidad, como lo señala la Organización Internacional para las Migraciones.

7. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, no responde a lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en términos de objetivos, estrategias y líneas de acción para atender y proteger los derechos de las personas, familias y comunidades migrantes. Esto significa que existe un retroceso en los recursos que se canalizan a los programas presupuestarios relacionados con migración. En otras palabras, el PEF 2014 no responde ni a los objetivos planteados por el Ejecutivo en el PND ni al principio de progresividad y no regresividad en términos de derechos humanos.

Las reducciones más fuertes se dan en el Ramo 11-Educación Pública y en el Ramo 06-Hacienda y Crédito Público. Primero, desaparece el programa presupuestario denominado “S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes” el cual en 2013 contó con un presupuesto de 221 millones de pesos, hecho que afectaría negativamente a alrededor de 100 mil niños(as) jornaleros. Desaparece también el programa presupuestario “U002 Proyecto para la atención a indígenas desplazados (indígenas urbanos y migrantes desplazados)” al que le fue aprobado un presupuesto de 19 millones de pesos en 2013. Otras reducciones se dan en el Programa 3x1 para Migrantes, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (ambos del Ramo 20 – Desarrollo Social) y el Fondo de Apoyo a Migrantes (Ramo 23).

*1 Documento elaborado por Rodolfo Córdova Alcaraz (rodolfo@fundar.org.mx) con comentarios de Liliana Ruiz, Jorge Romero y Axela Romero. Las cifras que se muestran son en términos reales; es decir, considerando el valor de la inflación y tomando como base el año 2014.

2Revisar el anexo 1 para ver un listado de compromisos que establece el PND 2013-2018 y que deberían reflejarse en materia presupuestaria.

Consideraciones

A) Al consultar el portal de internet de la Secretaría de Gobernación no se encontró el Directorio de Programas Institucionales dirigidos a la Población Migrante, por lo que se consultaron los portales de internet de las dependencias de la Administración Pública Federal vinculadas a los 87 programas, detectando que existe poca o nula información y en ningún portal se integra de forma coherente y exhaustiva.

B) Asimismo, según el Centro de Análisis de Investigación “Fundar”, existen programas a los que se les destinan recursos para atender la migración, sin embargo no se sabe cómo se invierten y cuál es su impacto real.

C) Por otra parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 es regresivo en términos de derechos humanos, pues desaparece y reduce recursos a varios programas de atención a migrantes; y debido a que no contiene un anexo en específico para los recursos asignados a la población migrante, no permite identificar cuánto dinero se canaliza a los 87 programas que operan actualmente en 35 dependencias del gobierno federal, ni cuántos recursos se canalizarán a varias de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 relacionadas con migrantes y sus familias.

Al respecto, es necesario implementar mecanismos para transparentar el origen, destino y ejercicio de los recursos asignados a los 87 programas identificados; los indicadores, avances, cumplimiento de metas y objetivos; así como las evaluaciones de cada uno de ellos.

D) Como lo estipula el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Secretario de Estado tendrá la obligación de atender las solicitudes que les sean enviadas y el turnará a los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.

E) Asimismo en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos se señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

F) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

G) Adicionalmente, en el Artículo 9 de la misma Ley señala que la información que refiere el artículo anterior será disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, a hacer del conocimiento público y en su portal de Internet la información relativa a los 87 programas institucionales dirigidos a la Población Migrante, correspondiente al ejercicio 2012 y 2013, siguiente:

• Origen, distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados.

• Padrón único de beneficiarios.

• Indicadores, avances, metas y objetivos alcanzados.

• Evaluaciones.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que en el Programa Anual de Auditorías 2014, sean considerados los Programas Institucionales dirigidos a la Población Migrante en virtud de que no se ha llevado a cabo revisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que haga del conocimiento público por la página de Internet las cuotas de afiliación vigentes, el padrón de beneficiarios y los resultados periódicos del programa Seguro Médico Siglo XXI, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en términos de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

1. El Programa Seguro Médico Siglo XXI es parte del Seguro Popular. Su principal objetivo es proteger la salud de los niños mexicanos nacidos a partir del 1 de diciembre del 2006, ofrece atención médica completa e integral, siempre que estos menores no cuenten con seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena o Semar). Los niños afiliados al programa están protegidos de los principales padecimientos que se manifiestan durante los primeros años de vida, pero sobre todo en el primer mes de vida, que es en donde se presentan la mayor incidencia de muerte infantil. Pertenece al ramo 12 Salud y su unidad responsable es la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a cargo de Gabriel Jaime O’shea Cuevas.

2. Datos estadísticos de Inegi, muestran la siguiente tasa de mortalidad infantil en México.

Tasas de mortalidad infantil (defunciones de menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos).

2009: 13.7

2010: 14.1

2011: 13.6

2012: 13.2

2013: 12.8

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi. Conapo.

México ocupa el lugar 113 de 198 países y territorios, detrás de naciones como El Salvador, Argentina, Uruguay Costa Rica, Estados Unidos Japón o Suecia, considerados en el informe de Unicef.

3. En las Reglas de Operación (ROP) 2013 del programa, artículo sexto transitorio se establece que “Para efectos de operación del programa Seguro Medico Siglo XXI, se podrán utilizar formularios, trípticos, registros y demás aspectos operativos del Programa Seguro Medico para una Nueva Generación”, por lo que en la dirección electrónica http://www.seguropopular.salud.gob.mx/index.php?option=com_content& view=article&id=280&Itemid=295 se puede visualizar información haciendo referencia a cualquiera de los dos nombres.

4. En la dirección electrónica que establece el numeral 3 de este documento, se encuentra la siguiente información sobre el programa: requisitos de afiliación, localización de módulos para realizar el trámite de afiliación, carta de derechos y obligaciones de los afiliados y ROP entre otros ; sin embargo en el apartado de requisitos de afiliación, las cuotas, que de ser el caso los afiliados al seguro tendrían que cubrir son las que se establecieran para el ejercicio fiscal 2011; acto que violenta al artículo segundo transitorio de las ROP emitidas para el ejercicio fiscal 2013 “Las tarifas e importes... se harán públicos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en su página de internet...”

5. De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

Articulo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial... los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar... la información siguiente:

XI. “... padrones de beneficiarios de los programas sociales...”

6. Al visitar la dirección electrónica ya mencionada, no se ve publicado el padrón de beneficiarios pasando por alto lo establecido en el numeral 5, por otra parte, se omite un elemento importante para poder cotejar entidades federativas beneficiadas contra las entidades federativas más vulnerables determinadas así por su alto índice de mortalidad infantil.

Defunciones de menores de un año de edad por cada 1 000 nacidos vivos por entidad federativa

7. Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprobaron 2 mil 519.43 millones de pesos, de los cuales hasta la fecha se han ejercido 922.23 millones de pesos (datos proporcionados por la página transparencia presupuestaria.gob), como lo muestra el siguiente grafico:

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 7 de la Ley, las dependencias y entidades deben publicar los resultados periódicos sobre el desarrollo de los programas y la ejecución del presupuesto.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno

Punto de Acuerdo

Único. Que el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, haga del conocimiento público a través de la página de internet del “Programa Seguro Medico Siglo XXI”, cuotas de afiliación vigentes, padrón de beneficiarios y los resultados periódicos sobre el desarrollo del programa con relación al presupuesto del ejercicio fiscal 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria ((rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a implantar con base en el diagnóstico de los últimos años sobre derechos humanos acciones que permitan cumplir los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, los defensores de derechos humanos y los periodistas, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 30 de julio de 2002, se crea la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que tiene como atribuciones, entre otras: promover, coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

2. El 31 de mayo de 2007, el Ejecutivo federal emitió el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual dispone la elaboración de un programa en la administración pública federal para fortalecer el respeto de los derechos humanos; de conformidad con las atribuciones y deberes en materia de planeación del desarrollo nacional previstas en el artículo 26 constitucional, reglamentado por la Ley de Planeación; asimismo, el artículo 27, fracciones XII y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Gobernación corresponde, entre otras, conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra secretaría, y vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.

3. El 29 de agosto de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, el cual contiene los objetivos, las estrategias y las líneas de acción tendientes a asegurar el respeto de los derechos humanos en toda la Administración Pública Federal, para contribuir a la modificación del enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos; asimismo, establece en su “Artículo Cuarto” que la Secretaría de Gobernación verificará de manera periódica el avance del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; asimismo, que realizará las acciones necesarias para hacer las correcciones procedentes y, en su caso, modificarlo.

4. El artículo 2o., Apartado B, fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación determina que para el desahogo de los asuntos de su competencia el titular de la Secretaría de Gobernación se auxiliará, entre otros, de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

5. El 18 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos será la responsable de llevar a cabo la verificación periódica del avance del programa nacional de derechos humanos 2008-2012, de los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos del plan nacional de desarrollo 2007-2012.

6. El Programa Nacional de Derechos Humanos 2013-2018 es un elemento clave para lograr materializar uno de los objetivos prioritarios del gobierno que es el consolidar una política de Estado en materia de derechos humanos.

El 27 de mayo de 2013, la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos acordó dar inicio a los trabajos de elaboración del Programa, el cual tendrá las siguientes características:

• Ser un instrumento rector y transversal de la Política de Estado en materia de derechos humanos.

• Cumplir con los estándares y recomendaciones internacionales.

• Tener alcance nacional.

• Asegurar la participación de la sociedad civil en todas sus etapas.

• Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación.

7. El presupuesto asignado a los programas más representativos en materia de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Segob, ha sido el siguiente:

Consideraciones

A) La Auditoría de desempeño 10-0-04100-07-0141 realizada a la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (UPDDH) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hace constar que el dictamen respecto del cumplimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 y de los tratados internacionales en la materia es negativo.

La ASF, reprobó el desempeño de la UPDDH, debido a que incurrió en un subejercicio de más de 4 millones de pesos y no pudo acreditar el cumplimiento de los 33 tratados internacionales en la materia firmados por México.

Asimismo, el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de la Segob no registró los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012 se cumplieron parcialmente los objetivos: 1 “Fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la Administración Pública Federal”; 2 “Fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos”; 3“Consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos”, y se atendió el objetivo 4 “Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y promoverlo al interior del Poder Legislativo y Judicial, y ante los órdenes de gobierno”; las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sólo realizaron actividades en 128 (41.2 por ciento) de las 311 líneas de acción del PNDH 2008-2012; los programas de trabajo de la Segob no presentaron metas anuales para medir la eficiencia con que se realizaron las 128 acciones, y se registraron debilidades de control interno.

El Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018 incluye como uno de sus principales ejes estratégicos para lograr un México en paz, el de los derechos humanos y el de la prevención y eliminación de la discriminación.

Aunado a lo anterior, el 1er. informe de gobierno 2012-2013, señala que el Ejecutivo Federal dispuso que desde la reestructuración de la Secretaría de Gobernación, como instancia rectora de la política interior, se fortaleciera el área de derechos humanos. Para ello, y en aras de contar con capacidades institucionales adecuadas, el 2 de abril de 2013 con la publicación del nuevo reglamento interior en el Diario Oficial de la Federación de la Segob, se conformó la Subsecretaría de Derechos Humanos como la responsable de manera exclusiva del tema.

Esta subsecretaría se refuerza con la inclusión de dos áreas: 1) la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos que cuenta con facultades para el diseño, implementación y seguimiento de la política de derechos humanos, y de la reforma constitucional en la materia (compromiso 21 del Pacto por México) y 2) la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, con facultades de formular estrategias y coordinar acciones en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos.

Respecto a lo anterior, se observa que no obstante que la Segob ha reforzado el área de Derechos Humanos, no ha dado a conocer las cifras del incremento y o decremento de los casos de feminicidios y violencia contra las mujeres; víctimas u ofendidos de delitos; así como las acciones que ha implementado para promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación; prevención, protección y atención en materia de trata de personas; protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

Cabe señalar que en materia de derechos humanos en la actualidad no existe un diagnóstico de los últimos años; siendo que para atacar la problemática en este rubro es necesario contar con cifras exactas para disminuir los índices de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, se hace referencia a las siguientes notas:

La Organización Human Rights Watch señaló que en la actual administración federal continúan de manera impune las violaciones graves a los derechos humanos por parte de militares y policías; también reclamo que hasta ahora no se ha definido un plan concreto de estrategia de seguridad para reducir la violencia; asimismo, no se ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos.

Fuente: http://www.sdpnoticias.com/nacional/2013/11/26/permanecen-las-violacion es-a-los-derechos-humanos-con-pena-nieto-hrw

En el II Encuentro Nacional de Periodistas convocado por la Casa de los Derechos de Periodistas, más de 150 trabajadores de medios de comunicación de 26 estados del país y expertos en la protección a periodistas, concluyeron que tanto la Procuraduría General de la República, así como la Secretaría de Gobernación (Segob) incumplen con el mandato de ley que tienen en la investigación de agresiones y protección a periodistas, situación que impide erradicar la impunidad, a pesar de que en los últimos diez años han sido asesinados al menos 84 periodistas en el país del año 2000 a junio de 2013, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fuente: http://ladobe.com.mx/2013/11/pgr-y-segob-incumplen-mandato-de-ley-para- investigar-agresiones-a-periodistas-y-brindarles-proteccion/

El informe elaborado por las Premio Nobel Jody William y Rigoberta Menchú, resalta que en México los feminicidios han aumentado 40 por ciento desde 2006 en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, la cual ha dejado más de 50 mil muertos, 250 mil desplazados y miles sometidos a desaparición forzada. El informe afirma que la incidencia de feminicidios, violencia sexual, violación y desaparición forzada, así como ataques y detención arbitraria de las mujeres y los defensores de los derechos humanos, han alcanzado “dimensiones de crisis”.

El reporte, presentado por la Asociación por lo Justo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan AC) y el Consorcio para el diálogo parlamentario y la Equidad, destaca que la política de seguridad, lejos de dar resultados optimistas respecto al crimen organizado, ha dejado una estela de violaciones de los derechos humanos y una legitimación del uso de la violencia como forma prioritaria para resolver los graves problemas que enfrenta el país.

Otro hallazgo planteado en el documento fue que en los territorios militarizados se presentó un aumento de feminicidios, además de incrementarse los casos de violencia sexual por parte de cuerpos de seguridad y fuerzas castrenses militares, los cuales “quedan impunes y por el fuero militar que poseen”.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos se señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que en atención a los referidos informes y observaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, la organización Human Rights Watch, la Asociación por lo Justo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan, AC) y el Consorcio para el diálogo parlamentario y la Equidad; así como por Jody William y Rigoberta Menchú, se realicen las acciones siguientes:

• Elabore el diagnóstico de los últimos años en materia de derechos humanos.

• Con base al diagnóstico efectuado, implemente acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas; de tal forma que garanticen resultados en la atención, prevención, protección y garantía de los derechos humanos.

• Haga del conocimiento público el diagnóstico, las acciones y los resultados señalados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la PGR que haga pública la información relativa al avance en el cumplimiento de las observaciones realizadas por la ASF en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012 respecto a la aplicación eficiente de los recursos federales, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Zárate Salgado, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República haga pública la información relativa al avance en el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en su informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012, respecto a la aplicación eficiente de los recursos federales, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 20 de febrero, el auditor superior de la Federación entregó a esta Cámara el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012. Entre los múltiples ejercicios de auditoría que se practicaron, resaltan aquellos de desempeño que nos indican la eficiencia y eficacia de la funcionalidad de las instituciones en la aplicación de las políticas públicas.

Es por ello sumamente importante su análisis y estudio, debido a que éstas nos darán indicadores respecto a la decisión fundamental de la asignación presupuestal que constituye, sin duda alguna, la tarea de más alta envergadura de esta Cámara.

En el caso que nos ocupa, consideramos que la Procuraduría General de la República (PGR) constituye el garante último del ciudadano para el pleno ejercicio del derecho al acceso a la justicia, como representante de la sociedad y, en última instancia, de la víctima.

En el caso que nos ocupa, la Auditoría de Desempeño 12-0-17100-07-0228, realizada a la Procuraduría General de la República, tiene el objetivo de “Fiscalizar la investigación y la persecución de los delitos del orden federal para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas” y si bien resulta acertado señalar que el dictamen que emite la Auditoría Superior de la Federación es con salvedad, dado que se considera que

“... en términos generales, la Procuraduría General de la República cumplió con su objetivo de investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales, ya que en 2012 despachó 118 mil 288 averiguaciones previas, de las cuales consignó 36.7 por ciento (43 mil 428) ante los órganos jurisdiccionales para ejercer la acción penal...”

Llama nuestra atención que el costo por averiguación previa despachada, en relación directa entre el presupuesto total ejercido de la PGR y el número de averiguaciones previas despachadas, tiene como resultado el siguiente:

Año Costo por ap despachada (pesos)

2007 89,100

2008 81,100

2009 87,100

2010 84,300

2011 88,200

2012 115,000

Esto es, gráficamente:

Señala el órgano superior de fiscalización que:

“...Se constató que, en el periodo 2007-2012, las averiguaciones previas despachadas disminuyeron en 2.5 por ciento, en promedio anual, al pasar de 134 mil 147 en 2007 a 118 mil 288 en 2012. En este contexto, se determinó que el costo por averiguación previa despachada se incrementó 5.2 por ciento, en promedio anual, al pasar de 89.1 miles de pesos en 2007 a 115.00 miles de pesos en 2012, lo que significó que mientras las averiguaciones previas despachadas han disminuido en una serie de tiempo, su costo se ha incrementado en razón del presupuesto destinado en promedio, a cada averiguación previa despachada, lo cual limitó que la administración de dichos recursos se realizara con base en los criterios de eficacia, economía y racionalidad.”

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación emitió la siguiente recomendación al desempeño:

12-0-17100-07-0228-07-005

Recomendación al Desempeño

Para que la Procuraduría General de la República elabore un análisis para determinar el costo por averiguación previa, con el fin de definir acciones para incrementar la economía y la eficacia de los recursos asignados para la investigación y persecución de los delitos de orden federal .

Como consecuencias sociales de producto de las deficiencias señaladas por el órgano superior de fiscalización, se indica que:

La auditoría practicada reveló que, en 2012, de cada 100 averiguaciones previas para trámite, en 66 se concluyen las investigaciones; de las cuales 24 se consignan ante un juez, y en 16 de estos casos se dicta sentencia, lo que representa una efectividad de 15.6 por ciento respecto del total de averiguaciones previas para trámite. Todo esto se refleja en el incremento de los niveles de impunidad y de inseguridad , así como la disminución de los niveles de confianza del ciudadano, que ante la comisión de un delito que afecte a su integridad, asume que el responsable no será sancionado por la autoridad.

Resulta urgente, en consecuencia, la intervención del Poder Legislativo, específicamente de la Cámara de Diputados, dado que es absolutamente incongruente que, en un país como el nuestro en donde el salario mínimo general vigente (2014) apenas supera los dos mil pesos, el costo del derecho al acceso a la justicia sea mayor por más de cincuenta y siete veces, como podemos observar en la siguiente tabla:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados solicita a la Procuraduría General de la República haga pública la información relativa al avance en el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012, respecto a la aplicación eficiente de los recursos federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado Fernando Zárate Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sectur y del Fonatur a proteger y conservar la zona de la bahía de Cacaluta, en Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Aleida Alavez Ruiz, diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por la protección y conservación de la zona de la bahía de Cacaluta en el estado de Oaxaca, con base en los siguientes

Considerandos

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero establece que:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

2. Que en consecuencia de lo anterior, el artículo cuarto de nuestra Carta Magna establece dos tipos de derechos humanos que son esenciales para la viabilidad de las personas y del propio desarrollo nacional:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

3. Que el artículo 25 de ese mismo ordenamiento señala que “Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. ”

4. Que el artículo 27 constitucional señala en sus primeros tres párrafos las siguientes disposiciones:

“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para... preservar y restaurar el equilibrio ecológico;... y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.”

5. Que para cumplir con las disposiciones constitucionales anteriormente señaladas, el Congreso de la Unión ha aprobado una serie de leyes ambientales que regulan los aspectos de preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico y el ambiente de la nación, mismas que cuentan premisas en los siguientes aspectos:

a) Utilidad pública relacionada con el ambiente (LGEEPA, artículo 2o.):

I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables;

II. El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y de las zonas de restauración ecológica;

III. La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético;

b) Principios de política ambiental (LGEEPA, artículo 15)

I. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país;

II. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad;

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico;

XI. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al estado, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico;

XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho;

XIII. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine la presente ley y otros ordenamientos aplicables;

XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y globales;

6. Que el Senado de la República aprobó diversos tratados internacionales para proteger ecosistemas y conservar la biodiversidad dentro de los cuales se encuentran:

a) Protección de la flora, fauna y de las bellezas escénicas de los países de América (1940).

b) Ramsar, relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas (1971) y sus dos protocolos (1982 y 1987).

c) Patrimonio mundial, cultural y natural (1972).

d) CITES sobre comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres.

e) Convenio sobre Diversidad Biológica (1992).

f) Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (1993).

7. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece un título segundo dedicado a los asuntos relacionados con la biodiversidad que regula tres aspectos generales: lo relativo a la creación y funcionamiento de áreas naturales protegidas; las zonas de restauración; y los criterios relativos a la conservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre.

8.| Que para el tema que nos ocupa, desde el 25 de marzo de 2008 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció la construcción de un complejo turístico que contendrá villas, condominios, hoteles y un campo de golf en el área de Cacaluta, El Órgano y Maguey, en el municipio de Santa María Huatulco, estado de Oaxaca, que implicará la construcción de 4 mil 508 habitaciones.

9. Que la bahía y la microcuenca de Cacaluta, donde se proyecta ese desarrollo turístico, es un ecosistema que presta invaluables servicios ambientales a la región y al mundo, y que forma parte de diversos instrumentos de conservación nacional e internacionales en el siguiente contexto:

a) Forma parte del Parque Nacional Huatulco (PNH), una de las categorías de áreas naturales protegidas establecidas en la LGEEPA, decretado el 24 de julio de 1998, y que cuenta con un programa de manejo que restringe la realización de actividades turísticas para permitir solamente las ecoturísticas y de bajo impacto.

b) Está reconocida esta zona como un sitio de importancia internacional, por la presencia de humedales y arrecifes de coral con alta fragilidad y gran riqueza de especies, designándose el 27 de noviembre de 2003, Sitio Ramsar 1321: “Cuencas y Corales de la Zona Costera de Huatulco” con 44,400 hectáreas, en la Convención RAMSAR.

c) El 26 de octubre de 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (Unesco) designó internacionalmente al Parque Nacional Huatulco como Reserva de la Biósfera Huatulco, que se incorpora a la Red de Reservas de la Biósfera del Programa Men and Biosphere (MaB) de la Unesco ya que presenta ecosistemas prioritarios para la conservación, por su importancia y riqueza de especies. Esta región junto con la de Copalita-Zimatán integra una de las tres bioregiones más importantes del país, que presenta un alto grado de endemismos; posee un mosaico de ecosistemas con gradientes muy interesantes de diversidad.

d) El Parque Nacional Huatulco posee 128 especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 con algún estatus de riesgo (Sujeta a protección especial, endémica, rara, amenazada o en peligro de extinción). Respecto a la flora (430 especies destacando las familias de leguminosas, euforbiáceas, gramíneas y compuestas) presenta dominancia de selva baja caducifolia o selva seca, siendo la comunidad de mayor distribución y con más número de especies; la reserva también cuenta con manglar, vegetación riparia, sabana, humedales, dunas costeras, matorral espinoso, selva mediana perennifolia, vegetación secundaria, manzanillar y algas marinas.

e) El Parque Nacional Huatulco se encuentra inmerso en el destino turístico Bahías de Huatulco, el cual ha sido certificado en cuatro años consecutivos por Green Globe Internacional, como un destino turístico y comunidad sustentables.

10. Las autoridades ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgaron el permiso para una subestación eléctrica a la Comisión Federal Electricidad (CFE), a pesar de que las opiniones técnicas emitidas por autoridades federales y locales hayan recomendado no autorizar obras en esta zona por estar a un costado del Parque Nacional Huatulco, reconocida como zona de amortiguamiento y por tanto aplican las disposiciones contenidas en los principios ambientales anteriormente descritos. Sobre este respecto, el Parque Nacional Huatulco y la Oficina Regional Frontera Sur-Sureste emitieron su opinión y un estudio técnico sobre la inviabilidad de estas obras y del proyecto, en este sentido se menciona lo siguiente:

“Opinión técnica Parque Nacional Huatulco

Conforme a la información proporcionada del proyecto denominado Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales por la Construcción de la Subestación Eléctrica Cacaluta Bco. 1 (SF6), en Bahías de Huatulco, Oaxaca , se determino lo siguiente:

1. Si bien la obra se encuentra fuera de la poligonal del Parque Nacional Huatulco decretada como Área Natural Protegida el 24 de julio de 1998, es importante tomar en cuenta que los ecosistemas naturales no se rigen por delimitaciones imaginarias y que el sitio donde se establecerá un importante proyecto que permitirá la detonación de proyectos turísticos en playas como Cacaluta, Órgano y Maguey, afectará de manera directa e indirecta, a corto y largo plazo la conservación de un ecosistema considerado como frágil y susceptible de alteraciones por las actividades humanas.

2. Con base en una verificación de campo y un análisis hidrográfico a mayor escala de la región, considerando el sitio propuesto para esta subestación y su relación con las micro-cuencas que lo conforman, se identifican importantes impactos potenciales de alteraciones hidrológicas sobre escurrimientos naturales; precisamente se identifica que el polígono propuesto para el cambio de uso de suelo, se encuentra en una pendiente por la cual atraviesa un cauce estacional de agua que alimenta a los humedales de El Sanate (Zanate) y el río Cacaluta, los cuales precisamente, cuentan con un alto grado de impacto por procesos de disminución de aporte de agua e incremento de sedimentación por el aporte de suelos perdidos derivados de la construcción del acceso carretero en años pasados, generando alteraciones muy serias en los patrones de escorrentías naturales que aportaban agua en suficiencia para mantener el arrastre de los sedimentos de la Laguna el Sanate y mantenían este aporte a través del canal de intercomunicación Laguna Sanate-Río-Humedales de Cacaluta. El cambio de uso del suelo y la construcción esta obra en la ladera de la vertiente del Pacífico en esta micro-cuenca derivaría en un incremento por la deleznabilidad de los suelos en un mayor y continuo aporte de sedimentos hacia el sistema hidrológico río Cacaluta- Laguna El Sanate y Humedales de Cacaluta.

3. El estudio técnico justificativo menciona que la vegetación que se encuentra dentro de la superficie comprendida por 10 mil 736 metros cuadrados (1.07 hectáreas), es de selva baja caducifolia y que durante el estudio se observó que la comunidad vegetal presenta un grado de perturbación medio donde la composición florística muestra un mayor número de especies secundarias y una alta frecuencia de árboles muertos; respecto a lo anterior es importante señalar que en el sitio de estudio el tipo de vegetación de selva baja caducifolia durante la temporada de sequia en los meses de octubre a junio, los árboles carecen de hojas de ahí el término “caducifolio”, por lo cual si dicho estudio se realizó durante esta temporada y existía el desconocimiento de lo antes mencionado, se supuso que parte de la vegetación presente en el sitio tenía algún grado de perturbación o se observará la presencia de árboles muertos, ya que actualmente en ese sitio la vegetación no presenta ninguna perturbación ni árboles muertos como se indica.

4. Es importante tomar en cuenta que si bien el sitio del proyecto se encuentra cerca de la construcción de un proyecto de ampliación del acceso principal a Cacaluta, este lugar aún conserva su estado natural en donde existen especies que se encuentran dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como Guaiacum coulteri (Guayacán) y hacia la parte baja del sitio se encuentra otra especie que se ubica en otro ecosistema frágil como el bosque de Zanates en donde se encuéntrala especie Bravaisia integerima (mangles); de igual modo es importante tomar en cuenta la importancia del área en cuanto a ser un paso especies en busca de sitios con humedales como la laguna el Zanate, ya que durante la temporada de estiaje en esta zona se encuentran los últimos remanentes de cuerpos de agua dulce.

5. Por otra parte el sitio donde se pretende establecer la subestación eléctrica y que detonará diversos proyectos turísticos forman parte de terrenos frágiles y susceptibles a procesos de erosión con lo cual se generaría el desplazamiento de sedimentos hacia las zonas de uso restringido (UR1 y UR2), sobre todo durante la temporada de lluvias, lo cual provocaría procesos de azolvamiento, que incluso podrían llegar a afectar el sistema coralino mejor conservado del Pacífico sur, que se encuentra dentro de Parque Nacional Huatulco.

6. Por último se considera que el estudio técnico justificativo no cuenta con la información suficiente, ni vincula los procesos de cambio e impacto que dicha obra generará.

Por lo que esta dirección considera que el proyecto denominado Subestación Eléctrica Cacaluta Bco. 1 (SF6), que forma parte de la detonación de un complejo turístico no es ambientalmente viable , ni sustentable.

Frente a lo anterior el pasado 23 de noviembre del año en curso, el Parque Nacional Huatulco, a través del Subconsejo de la Sociedad Civil, miembro del Consejo Asesor del Parque Nacional Huatulco, convocó a reunión extraordinaria, como se desprende en minuta adjunta, reunión oficial con base en el Programa Manejo de Parque Nacional Huatulco, que constituye el área natural protegida de Parque Nacional Huatulco, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación 24 de julio de 1998.

En dicha reunión se confirmó que las autoridades responsables no atendieron las condiciones que prevé el artículo 4 y 6 de la Constitución y el principio 10 de la Convención de Río instrumento internacional adoptado por el gobierno mexicano, todo vez que no permitió la participación ciudadana a fin que participe de las acciones en materia de medio ambiente.

Así también lo prevé, que a todos los usuarios que ingresen trámites a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental o en las delegaciones federales de la Semarnat en los estados, comunico que, con respecto de la recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impacto ambiental (MIA) en sus diferentes modalidades (SEMARNAT-004-02-A, SEMARNAT-004-02-B, SEMARNAT-004-03-A y SEMARNAT-004-03-B), de acuerdo con el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), deberán publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad, en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la MIA a esa secretaría.

Dicho extracto deberá contener lo siguiente:

1. Nombre de la persona física o moral responsable del proyecto.

2. Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, indicando los elementos que la integran.

3. Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando el estado y municipio y haciendo referencia a los ecosistemas existentes y su condición al momento de realizar el estudio.

4. Indicación de los principales efectos ambientales que puede generar la obra o actividad y las medidas de mitigación y reparación que se proponen; por lo antes expuesto se le solicita que dentro del término de cinco días a que haya publicado el extracto, deberá remitir a esta unidad administrativa la página del periódico donde se hubiere realizado la publicación, para que sea incorporada en el expediente respectivo y para tener la evidencia de que cumplió en tiempo y forma con lo requerido por la LGEEPA.

11. Que no obstante lo anterior, en el primer párrafo del artículo tercero, la Convención de Ramsar expone literalmente que “Las partes contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio”. Es decir, en primer término se deberán conservar esos ecosistemas y, sólo de ser posible, usarlos de manera racional. El primer párrafo del artículo cuarto establece que “cada parte contratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en aquéllos, estén o no incluidos en la lista, y tomará las medidas adecuadas para su custodia”.

12. Que la ejecución del proyecto de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no sólo sería una clara violación a lo acordado por el Estado mexicano en el concierto de las naciones, sino que implicaría consecuencias nefastas para la naturaleza y para la economía de la región, que se basa en el ya muy frágil equilibrio natural de la zona. Esta área representa uno de los principales atractivos turísticos en el ámbito internacional, debido principalmente a la gran biodiversidad que es posible encontrar en esta microcuenca.

13. Que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley General de Turismo el Fonatur tiene como atribuciones, evidentemente la de crear y consolidar desarrollos turísticos tomando en cuenta la preservación del equilibrio ecológico, pero debido a las condiciones de los ecosistemas en donde se quiere instalar el desarrollo y los distintos reconocimientos nacionales e internacionales anteriormente señalados, dicho proyecto es inviable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa pero enérgica a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a desistirse de cualquier proyecto de desarrollo turístico en la bahía y la microcuenca de Cacaluta, y en toda el área adyacente al Parque Nacional Bahías de Huatulco, por ser contrario a la Constitución, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales aprobados por el Senado de la República.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa pero enérgica a la Secretaría de Medio Ambiental y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional del Agua, a emitir las medidas necesarias para hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Convención Ramsar.

Tercero. Se solicita a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a iniciar el procedimiento para ampliar el polígono del Parque Nacional Bahías de Huatulco, para incluir en su totalidad la microcuenca de Cacaluta, así como toda la zona adyacente al parque que actualmente están destinados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo con el propósito de proteger la zona y sus ecosistemas, incluyendo los polígonos registrados en los tratados internacionales así como elevar su categoría a reserva de la biosfera, para ser consecuente con su inscripción ante la Unesco en 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de humedales, espacios y expresiones protegidos, suscrita por las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD

Aleida Alavez Ruiz y Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, diputadas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

Uno. Que en la LX Legislatura se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados la creación de la comisión especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos cuyos resultados derivaron en promover el reconocimiento del derecho constitucional sobre el acceso al agua potable, así como la revisión de las tarifas sociales del agua y, de manera particular, se encargó de la primera consulta pública nacional para la protección de los humedales.

Dos. Que el gobierno mexicano, con la aprobación del Senado de la República, ha acordado diversos compromisos internacionales con base en diversos tratados que tienen que ver con el tema de la conservación ambiental y cultural de la nación.

Tres. Que es interés de esta legislatura contar con comisiones especiales que atiendan asuntos que son de la mayor importancia de la nación como lo es el caso de la conservación de los humedales y los espacios y expresiones protegidas por ley o tratado internacional del ámbito natural y cultural.

Cuatro. Que actualmente existe y predomina en el discurso relativo a la conservación la tendencia a diferenciar lo natural de lo social o cultural que dificulta un manejo integral de los elementos que integran los espacios protegidos desde el enfoque patrimonial.

Cinco. Que en las diferentes escalas existen objetos, materiales o no, considerados patrimonio internacional ya que su valor es compartido por diversas naciones, pero también existen aquellos que sólo son reconocidos de valor para determinados estados, regiones o comunidades.

Seis. Que en el contexto internacional existen diversos convenios internacionales relacionados con el tema de la conservación como las cartas de Atenas, Venecia, Florencia y del Restauro, los Convenios de Patrimonio Mundial, Biosfera, Diversidad Biológica, Patrimonio Intangible, Patrimonio Subacuático, Diversidad Cultural y Expresiones Culturales.

Siete. Que en el ámbito nacional el tema de la conservación está desagregado en diversos instrumentos jurídicos, muchos de ellos no atienden ya a la realidad social de la problemática en torno a los espacios y expresiones protegidas. Entre ellos están las leyes en materia de bienes nacionales, monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, equilibrio ecológico y protección al ambiente, vida silvestre, así como leyes locales que conservan y protegen el patrimonio local.

Ocho. Que en la actualidad, el listado de UNESCO con declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, es de 981 sitios reconocidos en 160 países, de entre los cuales, México ocupa el sexto lugar y el primero en Latinoamérica, muestra de la importante riqueza cultural que existe en este país y el interés de la comunidad científica, cultural y la sociedad civil para conseguir esa distinción en el ámbito internacional.

Nueve. Que por lo que hace al tema del patrimonio intangible 229 expresiones culturales a escala mundial, siete de ellas son de México.

Diez. Que de los 2,177 espacios reconocidos como humedales de importancia internacional 139 están en el territorio nacional. Existen en el territorio nacional 176 áreas naturales protegidas decretadas, de las cuales 41 son Reservas de la Biosfera, que es una categoría instaurada por la UNESCO.

Once. Que la situación imperante en los espacios nacionales protegidos presentan problemas que ponen en riesgo su conservación, además de que los mecanismos de vinculación comunitaria no son los adecuados para resguardarlos, así como el incremento de las manchas urbanas y las propias transformaciones dentro de los espacios urbanos llegan a modificar e impactar sobre el patrimonio, de ahí que se requiere hacer una revisión exhaustiva sobre el estado que guardan estos espacios y expresiones protegidas.

Doce. Que es importante contar con una comisión especial que atienda de manera específica los humedales, espacios y expresiones protegidas que coadyuve a mejorar las leyes, propiciar actualizaciones a tratados internacionales, realizar diagnósticos sobre la situación del patrimonio nacional reconocido internacionalmente, generar la participación social en la toma de decisiones y procurar la participación social en la toma de decisiones, entre otras.

Trece. Que dentro de las actividades de esta comisión estará la realización de la consulta nacional sobre conservación de humedales, espacios y expresiones protegidas de manera que el Poder Legislativo cumpla con sus responsabilidades establecidas en los convenios internacionales así como en la política pública nacional en la materia.

Con base en lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la aprobación para crear la Comisión Especial de humedales, espacios y expresiones protegidas, presidida por la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD e integrada en proporción por el número de legisladores y legisladoras de los distintos grupos parlamentarios, guardando el equilibrio de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a cuatro de marzo de dos mil catorce.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a aclarar las observaciones que la ASF realizó sobre el préstamo de vivienda por 500 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

De conformidad con la autorización del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos contenida en el acuerdo CA-083/2011 de fecha 26 de julio del 2011, se otorga un préstamo sin intereses por la cantidad de 500 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por un plazo máximo de 5 años. Atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo presentado por el PRD el 29 de abril del año pasado, por el cual se exhorta al director general y al Consejo de Administración de Pemex a hacer públicos el acuerdo CA-083/2011, el acta de la sesión pública extraordinaria 832 del Consejo de Administración de Pemex y el convenio sindical 10614, signado entre la paraestatal y el sindicato.

La Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, en respuesta al exhorto, argumenta que la paraestatal realizó el préstamo al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana conforme a la cláusula 246 del contrato colectivo de trabajo, en cumplimiento de lo pactado en la cláusula 154 y anexo 5 del mismo contrato, a través del cual se otorgan en promedio por año más de 2 mil 300 créditos para satisfacer la demanda de vivienda de los trabajadores sindicalizados con derecho a esta prestación.

La Auditoría Superior de la Federación reporta en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-1-18T4I-02-0031 sobre Préstamo para Vivienda, que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, Petróleos Mexicanos (Pemex) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, realizando diversas observaciones al respecto.

Considerandos

• La Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos afirma que, por lo que hace a las obligaciones de transparencia por parte del STPRM, éste se obligó a destinar dichos recursos al fideicomiso único, cuyo objeto consiste en: a) la adquisición de inmuebles; b) construcción de vivienda; c) adquisición de vivienda construida; y d) el importe por el pago de trámites relacionados con las operaciones anteriores. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación observó que a marzo de 2013, se habían erogado alrededor de 436 millones 918 mil pesos por adquisición de terrenos, y alrededor de 43 millones 64 mil pesos de gastos, el 96.0 por ciento, quedando más de 20 millones de pesos, sin que se reportara aún construcción o adquisición de viviendas.

En síntesis, el préstamo realizado al STPRM no fue utilizado para los fines que el Consejo de Administración de Pemex acordó.

• Pemex argumentó que con el otorgamiento del préstamo se cumple la obligación patronal contenida en la cláusula 154, fracción I, del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo la ASF considera que, conforme a la cláusula 154, el patrón, en este caso Petróleos Mexicanos, es quien directamente o por medio de institución bancaria, debe apoyar a los trabajadores con las prestaciones de vivienda.

• El 26 de julio de 2011 el Consejo de Administración de Pemex autorizó fortalecer la “estrategia de vivienda Pemex-STPRM” en los términos y condiciones planteados por la administración, quien propuso que el incremento del valor de la estrategia consistiría en un préstamo por 500 millones de pesos a recuperarse en un plazo que no excediera de cinco años contados a partir de la firma del convenio correspondiente con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el cual fue suscrito el 27 de julio de ese año, por lo que la fecha límite para amortizarlo debiera ser el 27 de julio de 2016. Sin embargo, en la cláusula segunda del Convenio se manifiesta, para el pago del préstamo, el plazo de enero 2016 a noviembre de 2020, de lo que se observa un diferendo con respecto al aprobado por el Consejo; en el convenio no se estipula una fecha límite para liquidar el préstamo, por lo que resulta incierto e indefinido el momento en que Pemex efectuaría, en su caso, la retención y recuperación de las cuotas ordinarias y extraordinarias y de las ayudas para la recuperación total del préstamo.

Es decir, las fechas establecidas en el Convenio suscrito entre la petrolera y el sindicato no corresponden a las fechas que el Consejo de Administración aprobó para la amortización del préstamo.

• El préstamo no garantiza el fortalecimiento de dicha estrategia al no haber un mecanismo claro de supervisión y seguimiento que permita conocer y asegurar que los inmuebles adquiridos, la construcción y adquisición de vivienda, objeto de dicho Convenio, sean en beneficio de trabajadores sindicalizados.

Considerando el desvío de recursos del STPRM a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el año 2000, y con el propósito de evitar cualquier especulación sobre el destino de los recursos, y por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a hacer público un informe detallado en el que aclare las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación realizó en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-1-18T4I-02-0031 sobre Préstamo para Vivienda por 500 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de marzo de 2014.

Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica)