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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a aplicar acciones para erradicar los altos índices de alcoholismo en mujeres, suscrita por las diputadas Francisca Elena Corrales Corrales y Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, Francisca Elena Corrales Corrales y Celia Isabel Gauna Ruiz de León, diputadas federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El alcoholismo es un tema relevante en términos de salud pública.

Características de la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al alcoholismo como la dependencia entendida en un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol. Estos fenómenos típicamente incluyen deseo intenso de consumir alcohol, dificultad para controlar el consumo, persistencia del consumo a pesar de las consecuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo frente a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia al alcohol y abstinencia física cuando el consumo se interrumpe. Asimismo esta organización internacional afirma que anualmente 2.5 millones de personas mueren en todo el mundo por esta adicción y unos 320 mil jóvenes de entre 15 y 29 años mueren por causas relacionadas al alcohol.

En concordancia con la definición de la OMS, el Consejo Nacional de Adicciones define al alcoholismo como una enfermedad que se caracteriza por el consumo habitual, compulsivo, prolongado y abundante de bebidas alcohólicas sin control, a pesar de que con ello la persona ponga en peligro su salud física y mental y genere consecuencias negativas que afectan a la familia, las amistades y el trabajo.

Uno de los rasgos característicos de esta enfermedad es que no está acotada a grupos sociales o geográficos específicos, pudiendo atacar a personas de diversos estratos económicos, nivel sociocultural, edad, sexo, etcétera.

Entre las consecuencias negativas a la salud de las personas que la padecen, encontramos daño en las neuronas, trastornos cerebrales, cáncer de esófago, hígado, colon y otros órganos; demencia y perdida de la memoria, depresión, suicidio, disfunción eréctil, cambios en el ciclo menstrual, daño cardiaco hipertensión arterial, inflamación de páncreas, enfermedad hepática, daño neurológico, desnutrición y problemas para dormir.

Por otra parte, y a ello se debe la relevancia pública de este problema de salud, el alcoholismo tiene graves consecuencias en el entorno social: accidentes de tránsito, muertes violentas, ausentismo laboral y desempleo, bajo rendimiento y deserción escolar, abuso sexual, contagio de enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, etc. problemas todos que tienen o pueden tener imbricaciones con problemas de alcoholismo en las personas que los padecen, en uno o varios miembros de la familia o en los entornos sociales más cercanos.

Perfil epidemiológico general en México

En nuestro país, según resultados de diversos estudios realizados por el Centro Nacional de Prevención de Adicciones, los jóvenes comienzan a consumir alcohol a partir de los 12 años (y en muchas ocasiones desde antes).

La Secretaría de Salud informó en noviembre pasado que el alcoholismo en jóvenes y adolescentes se está convirtiendo en un tema de salud pública siendo esta la cuarta causa de muerte aumentando de 2.1 a 4.1 por ciento en adolescentes.

Por su parte, la Fundación Pfizer revela que uno de cada diez jóvenes de entre 12 y 18 años consume alcohol una vez a la semana y poco más de un tercio una vez al mes.

A partir de datos dados a conocer en la Investigación Social y Cultural sobre el consumo del Alcohol y el Alcoholismo en México, realizada por el doctor Luis Alfonso Berruecos Villalobos, el fenómeno del alcoholismo en nuestro país se ha incrementado más de un 13 por ciento de la población quienes sufren dependencia a esta bebida etílica.

En particular, se llama la atención sobre la evolución entre jóvenes y mujeres. En años recientes el alcoholismo se ha incrementado de manera alarmante en el grupo de menores de edad de entre 8 y 14 años incrementándose en 500 por ciento de 2008 a 2013, en la Ciudad de México, según lo revelo el director de la Clínica Hospital de Especialidades de Atención Toxicológicas Venustiano Carranza.

Abordaje del problema

En el mundo, y en México, es notable la labor que realizan organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la rehabilitación de las personas que padecen esta enfermedad. Una de ellas, Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA), organizó la decimonovena semana nacional de Información contra del alcoholismo “Compartiendo Esfuerzos”, que consiste en una jornada intensiva de sensibilización sobre el tema, con actividades en todo el país, en colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales.

La edición de este año, que realizada del 20 al 26 de enero, enfoca su atención a la mujer y el alcoholismo bajo el lema “Estamos contigo, México te necesita” y se orienta emprender una campaña hacia el sector femenino de la población, en razón del incremento de mujeres que acudieron a los Centros de AA el año pasado1 .

Con motivo de este evento, se han conocido señalamientos de diversos gobiernos locales que han expresado su preocupación y se han dado a la tarea de estudiar y dar a conocer la información con base en la cual se reporta un crecimiento de la enfermedad del alcoholismo entre las mujeres; por ejemplo en Jalisco que, a través de la Secretaria de Salud de la entidad, se afirma que en los últimos años el alcoholismo en mujeres ha crecido al nivel de los hombres2 ; este hecho se señaló por parte de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones del estado de Aguascalientes3 . En Querétaro, la titular del Instituto Municipal de la Mujer ha dicho que el índice de alcoholismo en la mujer ha subido de manera preocupante4 .En Sonora, la titular de la Dirección de Salud Mental de la entidad afirmó que, derivado de la encuesta estatal realizada en 2013 entre estudiantes de secundaria y preparatoria, se conoce que el 50 por ciento de las niñas han consumido bebidas embriagantes alguna vez en su vida5 . En Veracruz, de acuerdo con información del Centro de Atención Primaria de Adicciones de la entidad, de los casos atendidos por esta institución son más los que se brindan a las mujeres que a los hombres6 .

En ocasiones anteriores, organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer, AC, han señalado datos alarmantes en este mismo sentido, por ejemplo, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2002 el porcentaje de mexicanas de entre 12 y 17 años que bebían era de 3.4 por ciento; para 2008 la misma encuesta reportó 7.1 por ciento, es decir, en seis años el número de niñas que consume alcohol en grandes cantidades en nuestro país se duplicó.7

También la Encuesta Nacional de Adicciones, presenta datos que sugieren un importante incremento en el consumo de alcohol entre las mujeres; se revela que en 2011 el 62.6 por ciento de la población femenina reportaba haber consumido alguna vez esta substancia lo que representa un incremento del 11.6 por ciento respecto del año 2008, así mismo aquellas mujeres que se consideran dependientes en 2002 fue de .6 por ciento mientras que en 2011 esta cifra se triplicó a 1.8 por ciento en la población ya que aquellas mujeres de entre 2002 a 2011 tuvo un aumento del 1 por ciento de .7 a 1.7 por ciento.8

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres, que se ha sumado al esfuerzo de la XIX Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo, señala lo siguiente:

“La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición refleja un crecimiento significativo en la proporción de personas que consumen alcohol. Las mujeres que lo hicieron de manera diaria, semanal, mensual u ocasional aumentaron de 18.5 por ciento en 2006 a 41.3 por ciento en 2012. El porcentaje en los hombres se amplió de 53.1 por ciento en 2006 a 67.8 por ciento en 2012.”9

De acuerdo con Ricardo Iván Nanni Alvarado, Director General Adjunto de Políticas y Programas contra las Adicciones en el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic) y presidente nacional de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC, en 2013 acudieron más de 14 mil mujeres a los grupos de AA en todo el país, lo que representa un incremento de 6 mil mujeres en relación al año anterior10 , esto es una tendencia que se venía viendo desde ya hace varios años, ya que si bien estos casos son contabilizados por mujeres que van a estos centros de atención, muchas otras no desean o no pueden acudir a los mismos por lo que siguen sufriendo la enfermedad.

Dependencia de alcohol en población de 18 a 65 años

Factores biológicos

Existen datos que permiten hablar de un perfil biológico que delimita factores de propensión y evolución específicos para el desarrollo del alcoholismo en las mujeres.

El Instituto Nacional de las Mujeres, señala por ejemplo que si bien el uso de alcohol es más frecuente entre los hombres, se ha detectado que las mujeres que lo consumen presentan daños en la salud en menor tiempo que ellos.

Esta explicación se sustenta en hallazgos de estudios científicos que muestran que las mujeres se intoxican más pronto y con una dosis menor.

Factores como presencia disminuida de la enzima alcohol deshidrogenasa en el cuerpo de las mujeres, aunado un menor peso corporal, hígado más pequeño y mayor proporción de grasa corporal, determinan que el alcohol se metabolice más lentamente que en el cuerpo masculino, quedando ellas expuestas a desarrollar más rápidamente dependencia y enfermedades relacionadas con el alcohol tales como cirrosis, osteoporosis, menopausia precoz, amenorrea e infertilidad11 .

En 2007, medios de comunicación, principalmente anglosajones12 dieron a conocer hallazgos de una investigación realizada por la doctora Bárbara Flannery, del centro de investigación RTI International en Baltimore (Estados Unidos), que abarcaba pruebas neurocognitivas entre hombres y mujeres alcohólicos, que sugieren que el cerebro de las mujeres sufre mayores daños por el consumo de alcohol que los hombres.

Las mujeres alcohólicas obtuvieron calificaciones más bajas que hombres alcohólicos en las pruebas que evaluaron la memoria de trabajo, las habilidades visuoespaciales y velocidad psicomotora.

Además, los especialistas refieren hallazgos que comprueban las conclusiones de otros estudios que muestran que los daños al hígado, el corazón y los músculos en mujeres bebedoras se aceleran comparación con los hombres alcohólicos.13

En ese sentido, Flannery señaló la necesidad de emprender campañas contra el alcoholismo sensibles al género.

Por otra parte, referencias periodísticas de un estudio realizado en la Universidad del País Vasco,14 publicado en la revista Addiction, líder en la categoría de substancias de abuso, revelan datos que sugieren hipótesis sugerentes a considerarse en el estudio de este problema.

Del análisis de la frecuencia de variantes genéticas relacionadas con el alcoholismo para la población española se obtuvo que existen dotaciones genéticas que pueden conferir una mayor susceptibilidad al alcoholismo; específicamente, el polimorfismo de nucleótido único de ADH1B alcohol deshidrogenasa, RS1229984, se asocia inversamente con el consumo de alcohol en hombres y mujeres.

Para el caso que nos ocupa y si bien se advierte que por las dificultades de obtención, en el estudio de pacientes con dependencia, no se pudo contar con una muestra tan amplia y que por lo tanto es preciso tener reserva sobre los resultados obtenidos, se encontró que otro polimorfismo de ADH6, RS3857224, se asocia con la ingesta abundante de alcohol en las mujeres.

Contexto jurídico social

El aumento en el consumo de las bebidas alcohólicas en mujeres se expresa también en el contexto jurídico-social, ejemplo de ello, lo constituye el hecho de que el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social (mejor conocido como El Torito), construyó un área especial sólo para mujeres, ello para dar respuesta al aumento de detenciones de mujeres por manejar en estado de ebriedad por. Así mismo se reportó que cada fin de semana del último año llegaban a este centro poco más de 20 mujeres15 .

Por otra parte, es preciso destacar que el abuso en el consumo de alcohol en las mujeres genera una condición de vulnerabilidad en la que corren importantes riesgos de ser víctimas de violencia o de participar en relaciones sexuales sin protección y, por lo tanto, de tener un embarazo no deseado o de adquirir una infección de transmisión sexual.16

Contexto social

Otra parte del problema lo constituyen los aspectos socioculturales que determinan el contexto específico para la prevención, detección y tratamiento del alcoholismo en las mujeres.

La mujer alcohólica padece mayor estigma social y discriminación que el hombre alcohólico.

Es preciso reconocer que, si bien la sociedad mexicana actual no es la misma que hace 30 o 40 años y que, en ese sentido, las nuevas generaciones crecen en entornos culturales más abiertos e igualitarios, es de señalarse la acusada persistencia de prejuicios de la cultura machista y androcéntrica que estigmatizan con mayor severidad a una mujer que a un hombre bebedor.

Hace no muchos años se hablaba de que el alcoholismo en las mujeres era una enfermedad oculta, porqueellas, a diferencia de los hombres, tomaban a escondidas, en su casa, ocultando las botellas en los muebles y electrodomésticos.

Hoy, a manera de hipótesis, podemos conjeturar sobre la emergencia del alcoholismo femenino como derivación de los procesos de acceso a la esfera pública.

Es un hecho, que en las décadas recientes las mujeres salimos masivamente de nuestras casas al mundo. En esa salida, en esa búsqueda de rutas hacia el empoderamiento, accedimos legítimamente a los centros de negocios, alos cargos políticos, a las corporaciones policiacas y amuchos otros espacios que antes estaban cerrados para nosotras. Lo hicimos en alcance y goce de nuestro derecho humano, jurídico y social; sin embargo, ante la ausencia de un nuevo discurso y de patrones propios para las mujeres, de propuestas para los nuevos liderazgos y de políticas públicas facilitadoras, quizás, nos enfilamos a seguir patrones de conducta asociados a una ideadel éxito y de la libertad en la que son apreciadas o aceptadas conductas como la agresividad, la resistencia, el dominio de situaciones, el consumo de sustancias psicoactivas, etc.

Ello, asociado a la generación de ingresos propios y a la inserción en ambientes propicios y estimulantes al consumo de alcohol, pudo configurar un perfil conductual que pudo derivar en la mayor exposición de las mujeres al desarrollo de esta enfermedad.

En suma, constructos ideológicos nocivos y deshumanizantes se apoderaron de los hombres y luego de las mujeres, perpetrando aún más la desigualdad y la discriminación.

Lo anterior, que forma parte de un debate amplio sobre igualdad y equidad, de ninguna manera nos lleva a la conclusión de que las mujeres debamos retraernos al ámbito privado, sino por el contrario, nos mueve a buscar rutas más amplias para un empoderamiento más humano y más creativo, que conduzca a la plenitud personal y a la igualdad social sustantiva.

En cualquier caso, es evidente que existe un contexto biológico y sociocultural que determina condiciones diferenciadas para la génesis y evolución del alcoholismo entre mujeres y hombres, mismo que es preciso considerar para el diseño de una política pública adecuada y pertinente.

El enfoque para la prevención, detección oportuna y tratamiento, no pueden ser iguales.

Por lo tanto, como toda base para una política pública adecuada, es un buen diagnóstico, consideramos que pertinente ahondar en las causas y el contexto que rodean el fenómeno que se observa entre la población femenina mexicana con respecto del alcoholismo.

Fundamento normativo

La Ley General de Salud, en su artículo 73, ubicado en el Capítulo VII, referente a la Salud Mental, establece que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

En virtud de las necesidades que se detectan a partir de la problemática expuesta y con fundamento en las facultades arriba citadas, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que, en el marco del Sistema Nacional de Salud y en coordinación con los Institutos Nacional de las Mujeres y Nacional de Geografía y Estadística, desarrolle un proyecto de investigación multidisciplinaria sobre el perfil epidemiológico del alcoholismo en las mujeres mexicanas que sirva de base para la implementación, a mediano plazo, de políticas públicas, con perspectiva de género, para su adecuada y eficaz prevención, diagnóstico y tratamiento.

Notas

1 http://analisisafondo.com/index.php/sociedad/item/7239-inicia-aa-campan a-contra-alcoholismo-en-mujeres 20 de enero de 2014 11:33 horas

2 http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/alcoholismo-en-mujeres-aume nta-alertan-979667.html 20 de enero de 2014 11:42 horas

3 http://www.fullmusicanueva.com/buscarmp3/AUMENTA%20EL%20ALCOHOLISMO%20EN%20MUJERES%20DE%20AGUASCALIENTES%20/20 de enero de 2014 11:46 horas

4 http://www.rotativo.com.mx/noticias/locales/san-juan-del-rio/3026-focos -rojos-en-san-juan-por-alcoholismo-en-mujeres/ 20 de enero de 2014 11:51 horas

5 http://www.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/articulo246025.html 20 de enero de 2014 12:11 horas

6 http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=40977147 20 de enero de 2014 12:16 horas

7 Torres Ruiz, Gladis, Sólo 30 por ciento de mujeres jóvenes se rehabilita por alcoholismo, http://cimacnoticias.com.mx/node/40029

http://informativoquintanaroo.com.mx/chetumal/14145-crec e-alcoholismo-en-mujeres.pdf 20 de enero de 2014 12:08 horas

8 http://www.cenadic.salud.gob.mx/PDFS/investigacion/ENA2011_alcohol.pdf 16 de enero de 2014 18:59 horas

9 Inmujeres, se suma a la decimonovena semana nacional de información sobre alcoholismo, Boletín institucional, lunes, 20 enero 2014 10:06, escrito por Alejandro Rivero http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/97 9-inmujeres-se-suma-a-la-xix-semana-nacional-de-informacion-sobre-alcoh olismo

10 http://www.rotativo.com.mx/vida/salud/222757-aa-inicia-campana-sobre-al coholismo-orientada-mujeres/ 16 de enero de 2014 14:52 horas

11 http://www.cij.gob.mx/PresentacionesdeLibros/pdf/AlcoholCFC.pdf 20 de enero de 2014 13:57 horas

12 Los efectos del alcohol en la mujer, Informador.com.mx, 11 de junio de 2013, http://www.informador.com.mx/suplementos/2013/464161/6/los-efectos-del- alcohol-en-la-mujer.htm

Harding, Anne, Alcohol damages women’s brains faster than men’s, Reuters, 23 de abril de 2007, http://uk.reuters.com/article/2007/04/23/health-alcohol-brains-dc-idUKC OL36853820070423

13 Leigh, Suzanne, A Woman’s Brain Hit Harder by Alcohol Abuse, ABC News, 27 de abril de 2007, SOURCES: Barbara Flannery, Ph.D., senior scientist, RTI International, Baltimore; Matthew Torrington, M.D., clinical research fellow, Integrated Substance Abuse Programs, University of California, Los Angeles, medical director, PROMETA Center, Santa Monica, Calif.; May 2007, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, http://abcnews.go.com/Health/Healthday/story?id=4506743&page=1

14 Estudian por primera vez los rasgos genéticos del alcoholismo en mujeres, SiNC La ciencia es noticia, 19 de febrero de 2013, http://www.agenciasinc.es/Noticias/Estudian-por-primera-vez-los-rasgos- geneticos-del-alcoholismo-en-mujeres

Association of alcohol dehydrogenasepolymorphisms and life-stylefactorswithexcessive alcohol intakewithintheSpanishpopulation (EPIC-Spain), Xavier Muñoz, Pilar Amiano, David Celorrio, Miren Dorronsoro, María-José Sánchez, José M. Huerta, Aurelio Barricarte, Larraitz Arriola, Carmen Navarro, Esther Molina-Montes, M. Dolores Chirlaque, Eva Ardanaz, LaudinaRodriguez, Eric J. Duell, Elizabeth Hijona, Marta Herreros-Villanueva, Núria Sala, Luis Bujanda, Adicction, Volumen 107, Issue 12, páginas 2117–2127, diciembre de 2012 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2012.03970.x/abs tract

Estudian por primera vez los rasgos genéticos del alcoholismo en mujeres

Investigadores de la UPV/EHU han analizado la incidencia de variantes genéticas relacionadas con el alcoholismo en la población española, Universidad del País Vasco, 19 de febrero de 2013, http://www.ikasketak.ehu.es/p266-content/es/contenidos/noticia/20130219 _elh_david_celorrio/es_np/20130219_elh_david_celorrio.html

15 http://www.jornada.unam.mx/2013/11/10/capital/028n1cap 16 de enero de 2014 19:10 horas

16 Inmujeres, obra citada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014

Diputadas: Francisca Elena Corrales Corrales y Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del SAT a verificar la realización de controles de confianza a su personal administrativo, particularmente el de la zona fronteriza, suscrita por la diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada federal Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a efecto de verificar la realización de controles de confianza al personal administrativo que labora en esta dependencia, particularmente aquellos que laboran en la zona fronteriza y que por su desempeño estén en riesgo de cometer algún ilícito que contravenga los intereses de la nación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Entendida la corrupción como todo acto cuyo propósito sea utilizar el poder público en beneficio del privado, es un mal que aqueja a todos los estados sin respetar grado de desarrollo o riqueza. Lo que difiere, en cambio, son los medios que cada país tiene para hacer frente a dicha situación que actúa en detrimento de la democracia.

En los últimos años, parte de las acciones que ha venido desarrollando el gobierno mexicano, a fin de prevenir actos de corrupción dentro de las instituciones públicas y de gobierno, es el enfoque en la identificación y capacitación del personal que se contratará para laborar en los distintos organismos.

Los llamados exámenes de control y confianza han venido a ser instrumentos que, en la República Mexicana, utilizan las instancias gubernamentales y empresas para contratar personal, además de que desde hace unos pocos años (2010) se han estado usando como filtros para la contratación, permanencia o la baja de agentes de corporaciones de seguridad pública y de diversos funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Los exámenes de control de confianza son una serie de exámenes creados para seleccionar y evaluar al personal; además de permitir la detección de vulnerabilidades para no correr riesgos de corrupción, impunidad y penetración del crimen organizado que puedan dañar el patrimonio y el cumplimiento de los objetivos de las instituciones.

Distintas instituciones realizan este tipo de pruebas con el objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos de ingreso de los servidores públicos, así como los conocimientos, el perfil, las habilidades y aptitudes necesarias para el ingreso, desempeño y permanecer de un cargo en las Instituciones.

Dichos exámenes consisten en un estudio socioeconómico y una batería de pruebas psicométricas, físicas, toxicológicas, y poligráficas o de detección de mentiras, a través de una serie de preguntas relacionadas con sus hábitos personales, valores y principios, a fin de prevenir riesgos en la actuación del personal que puedan dañar la institución y su funcionamiento.

El ex presidente Felipe Calderón apostó por acabar con la corrupción en todo el sistema de procuración de justicia, y sobre todo en las distintas instancias policiales que existen en México, a través de la aplicación de exámenes de control de confianza, incluyendo a servidores públicos.

Desde entonces estas acciones continúan, sin embargo, todas estas herramientas que pueden beneficiar la prevención de actos de corrupción (que a su vez impactan en la disminución de delitos como el contrabando), se están viendo frustradas por la ausencia en las prácticas de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones, generando un alto índice de desconfianza en la población.

La población necesita ser informada de manera periódica de la aplicación y resultados de estas pruebas, a fin de mostrar la efectividad en la contratación del personal y dar debido cumplimiento a los principios constitucionales de certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad; derivados de la implementación de los procesos de evaluación de control de confianza y de desempeño, que se realiza a los aspirantes a ingresar y a los servidores públicos de una institución.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que las dependencias y entidades de la administración pública federal, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo.

Los servidores públicos adscritos a estas delegaciones se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; separación y a las demás disposiciones previstas en dicha ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como dependencia del Poder Ejecutivo federal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República.

El artículo 2o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala al frente de la misma el secretario del Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de servidores públicos, unidades administrativas centrales, unidades administrativas regionales y órganos desconcentrados.

Uno de los órganos desconcentrados encargado de la organización y atribuciones que establecen los ordenamientos legales y reglamentarios de la SHCP es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a quien compete normar, operar y difundir los sistemas, procesos y procedimientos en materia de administración de personal y capacitación, así como supervisar y evaluar los resultados de los mismos.

Además, es de su competencia entrevistar y aplicar las pruebas que se requieran a los candidatos a servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, así como verificar sus antecedentes académicos y laborales conforme a los lineamientos que se establezcan para esos efectos.

Las personas que infringen normas y principios morales son causantes de que actos de corrupción y contrabando subsistan, es por esto y como principal instancia a la que debe recurrirse para obtener información sobre la implementación de estas medidas que atienden a la prevención de corrupción presento a esta asamblea la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a efecto de verificar la realización de controles de confianza al personal administrativo que labora en esta dependencia, particularmente aquellos que laboran en la zona fronteriza y que por su desempeño estén en riesgo de cometer algún ilícito que contravenga los intereses de la nación.

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2014.

Diputada Leslie Pantoja Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para brindar atención a los productores de granos básicos por la caída de precios, suscrita por los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Trinidad Morales Vargas y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Verónica Juárez Piña, Trinidad Secundino Morales Vargas y José Antonio León Mendívil, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaria de Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo una investigación en el mercado nacional sobre la especulación con los precios de los granos básicos, especialmente frijol y maíz; a implementar un sistema nacional de compras para adquirir al menos un 30 por ciento de la cosecha de maíz, frijol y trigo a precios justos para los productores; a implementar medidas urgentes y efectivas a fin de acudir en ayuda de los productores de granos básicos.

Los precios de los granos básicos para los productores agrícolas se han desplomado drásticamente en el último año, sin que se observen medidas claras de las autoridades para acudir en auxilio de los hombres del campo.

Tan solo en el último año el maíz cayó 40 por ciento de su precio en el mercado internacional, el precio del trigo cayó 30 por ciento, el sorgo en un 33 por ciento y el frijol ha caído en un 50 por ciento.

Es decir, la caída de los precios del mercado afecta simultáneamente al 95 por ciento de la producción agrícola nacional, que es el porcentaje que representan estos productos en el conjunto del sector.

Solo para dar el ejemplo del maíz, con mucho el principal cultivo de México, su precio en la bolsa de Chicago, para futuros de marzo, ronda los 170 dólares la tonelada. Esto significa, en promedio, una pérdida de más de 100 dólares por tonelada con relación a la misma fecha del año pasado, que era de 273 dólares.

Considerando que México produce en promedio 22 millones de toneladas de maíz al año, significa una pérdida para el sector maicero arriba de 2 mil 200 millones de dólares; es decir, una pérdida de 28 mil 600 millones de pesos. Esto es igual a más de 2 veces del total del presupuesto destinado al Proagro Productivo en 2014.

Por otra parte, como ustedes saben compañeras y compañeros legisladores, el sector agrícola es uno los sectores mas vulnerables de nuestra economía, donde mas han pegado los efectos devastadores del cambio climático, las dificultades para su modernización y donde mas se reciente el rezago y la pobreza. En el último año, se han incrementado drásticamente el precio de los fertilizantes, de la semilla y de la maquinaria agrícola, asimismo hay que sumar los incrementos al diesel y la gasolina y pagar los nuevos impuestos de la reforma hacendaria, como son el impuesto verde, impuesto por el uso de agroquímicos y a la energía eléctrica utilizada en los sistemas de riego.

Estos factores vuelven agobiante la situación para los hombres del campo, pues la venta de la cosecha a los precios de mercado, significa la ruina para miles de ellos. Y no hay que olvidar que el sector agrícola, es al mismo tiempo, el sector estratégico de donde depende la alimentación de las familias mexicanas y las materias primas fundamentales para la industria agropecuaria nacional.

Y aquí hay que mencionar el otro grave problema que aqueja al mercado nacional, especialmente a la población de escasos recursos. Mientras al productor se le paga la cosecha a mitad de su valor, los precios de la tortilla de maíz, el pan, el huevo, la carne y la harina de trigo no se han visto reducidos, al contrario ha aumentado su costo al consumidor final, que somos todos los mexicanos.

Esto significa que otros participantes en los procesos de producción y comercialización, están obteniendo importantes beneficios económicos en tanto el pueblo mexicano sigue pagando cada vez más por ellos. Los campesinos recibiendo menos y en camino a la quiebra económica; mientras unas cuantas grandes empresas comerciales y agroindustriales año con año obtienen ganancias millonarias.

Ello es así por el control del mercado de los productos agropecuarios que dichas empresas tienen. Al establecer y mantener el monopolio de las cosechas de granos nacionales y la llave para exportar e importar libremente, estas empresas deciden cuanto pagarle a los productores, cuando subir o cuando bajar los precios en función de sus intereses, cuando escasear las existencias o cuando inundar con ellos el mercado, lo cual lleva finalmente a manipular el mercado y a especular con la alimentación de los mexicanos. No es el mercado quien regula los precios; son los intereses monopólicos de estas grandes empresas.

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, la Federación se propone como metas de esta administración un incremento en la producción de maíz blanco hasta en un 24 por ciento y de maíz amarillo en un 67 por ciento; asimismo, se establece la meta de incrementar la producción de trigo en un 9 por ciento, de frijol en un 18 por ciento y de sorgo en un 17 por ciento.

Son metas loables orientadas a garantizar con producción nacional al menos un 75 por ciento del mercado agroalimentario, el mínimo necesario establecido por la FAO para hablar de que un país tiene soberanía alimentaria. Actualmente importamos cerca del 50 por ciento de los alimentos que México requiere.

Nuestro Grupo Parlamentario del PRD coincide con estas metas de producción señaladas en el Programa Sectorial. Sin embargo, vale la pena preguntarnos que sentido tiene incrementar la producción si no hay precios justos para las cosechas de los campesinos. Vale la pena preguntarnos, que mecanismos de control tenemos en la comercialización, para evitar las distorsiones del mercado y la especulación perversa en los precios al consumidor final.

En vano esta honorable Cámara de Diputados año con año incrementa los recursos al campo, si esos subsidios van a parar a las ganancias de unas cuantas empresas.

A consecuencia de esta situación ya desesperada, los productores agrícolas han empezado a luchar y movilizarse exigiendo un pago justo a sus cosechas. En varios estados del país, como Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, y aquí mismo en la Ciudad de México, se han presentado protestas y bloqueo de oficinas de gobierno buscando una solución a estos problemas. Es cierto que a raíz de esas exigencias y movilizaciones, se han establecido algunos acuerdos con la Sagarapa y los gobiernos de los estados a fin de tranquilizar las cosas; pero estos acuerdos han sido parciales, dispersos e insuficientes, y en la mayoría de los casos no se están cumpliendo.

El Estado tiene las facultades constitucionales y legales para atender esta emergencia en la producción y comercialización de granos básicos.

De acuerdo con el articulo 25 constitucional, párrafo 2o., “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.”

Así como de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que reglamenta la fracción xx del articulo 27 constitucional,

“El estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional... asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.”

Estamos seguros en que todos los grupos parlamentarios de esta honorable Cámara de Diputados vamos a coincidir en brindar nuestro apoyo a los hombres del campo, puesto que las emergencias en que se encuentran no tienen color ni bandera. Es conveniente focalizar la atención para encontrar mecanismos en el marco institucional que nos permitan evitar una crisis de mayores consecuencias para todos los mexicanos.

En razón de lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a llevar a cabo una investigación en el mercado nacional sobre la especulación con los precios de los granos básicos, especialmente frijol y maíz.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente a la Sedesol ha implementar un sistema nacional de compras para adquirir al menos un 30 por ciento de la cosecha de maíz, frijol y trigo a precios justos para los productores.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente a la SE y a la Sagarpa a implementar medidas urgentes y efectivas a fin de acudir en ayuda de los productores de granos básicos.

Comisión Permanente, a 28 de enero 2014.

Diputados: Verónica Juárez Piña, Trinidad Secundino Morales Vargas, José Antonio León Mendívil (rúbricas).

Con punto de acuerdo, sobre la reetiquetación de precios en la región fronteriza, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es que el IVA está integrado en los productos porque ya son productos nacionales, por ejemplo (...) porque son hechos en el interior de la república y no en la frontera. Va a haber una vigilancia, pero así con lupa.

Dolores Manuell-Gómez, delegada de la Profeco en Baja California.1

El país enfrenta situaciones económicas adversas que se agudizarán en el corto plazo; los recortes en las proyecciones del crecimiento del producto interno bruto realizadas por el Fondo Monetario Internacional son una fiel prueba de lo anterior, pues la tendencia tuvo un recorte de 1.7 puntos porcentuales.

Las diferencias más notables en el ciclo económico de México respecto al de las economías desarrolladas revelan que, mientras en éstas la producción aumenta entre 25 y 27 por ciento en una expansión típica, en nuestra nación sólo lo hace en 17. Análogamente, las contracciones constituyen sólo 13 por ciento del ciclo, mientras que en el país representan alrededor de 30 por ciento.

Por otro lado, el mundo experimenta un desacoplamiento económico que perjudicará a México de manera elevada debido al grado de apertura que tiene con el exterior, el cual ya ha provocado una depreciación del peso de -6.9 por ciento en los últimos meses.

Los resultados de los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que existe una alta probabilidad de que nuestra nación experimente una recesión económica debido a tres factores, principalmente: una continua caída del sector manufacturero; los salarios reales muestran una tendencia a la baja y los indicadores de desempleo muestran deterioro, limitando al mercado interno; y el gasto real programable descendió 0.9 por ciento, de 2012 a 2013.

En la primera quincena del año, el Inegi ha reportado una inflación de 0.68 por ciento, la más alta en el primer trimestre en cuatro años, lo cual se traduce en una tasa anual de 4.63.

Aunado a esto, la reforma hacendaria tendrá un efecto recesivo, lo cual inducirá un lento crecimiento de la economía para este año, con lo cual se evidencia que el gobierno no reconoció oportunamente la desaceleración de la economía, actuando con una política contracíclica oportuna.

Las condiciones descritas se acentúan de manera particular en la región fronteriza del país, ya que a partir del 1 de enero ésta se enfrenta a la homologación del IVA de 11 a 16 por ciento en los actos o las actividades que se realicen por sus residentes, lo cual ha ocasionado efectos negativos para los ciudadanos, entre los que destacan: el inflacionario , al representar una fuga de consumidores; el recesivo, al reducir el poder adquisitivo, el consumo, la producción de las empresas y, por lo tanto, el empleo; el distributivo , al crear un sesgo en los precios que enfrentan las personas que tienen acceso a una visa de no inmigrante y los menos favorecidos; el recaudatorio , al deprimir la actividad económica y el de competitividad , respecto a los productos del extranjero.

Hasta noviembre de 2013, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establecía en el artículo 2o. lo siguiente:

El impuesto se calculará aplicando la tasa de 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.

Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.

Con la homologación se origina un efecto recesivo que, al incrementar los precios, genera menor capacidad adquisitiva y, por tanto, menos actividad económica en el estado, lo cual podría representar una caída de hasta 3.5 por ciento, traduciéndose en 30 mil desempleados.

La demanda de bienes y la proporción de artículos que se importan del exterior son mayores en la frontera, lo cual provoca ante el aumento expuesto fuerte distorsión que origina fuga de consumidores, pues aumenta la preferencia por el mercado del otro lado de la frontera. El fenómeno, se estima, representará pérdidas por 4 mil millones de pesos al año.2

Ejemplos de las atroces consecuencias de esta homologación ya se encuentran evidenciados en recibos de pago de tiendas como Wal-Mart, Soriana y Oxxo en Baja California Sur. En dicho establecimientos se han reetiquetado precios con productos que tenían almacenados y que ocultaron en diciembre, con el afán de venderlos más caros ahora, debido al contenido calórico y al nuevo impuesto de las fronteras.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha brillado por su ausencia ante dichos acontecimientos: frente al encarecimiento de la vida para los trabajadores y habitantes de la frontera, no ha habido medidas concretas.

¿Cómo puede condenarse el espíritu secesionista que se vive en la región fronteriza, cuando el robo descarado de las tiendas departamentales viene acompañado del silencio y la complicidad del gobierno y cuando los aumentos en la gasolina en Baja California la ubican por arriba del valor del combustible en Estados Unidos, con precios por galón para la Magna de 3.74 dólares en comparación con 3.67 dólares en el vecino del norte?3

Los 20 sellos de suspensión colocados en la frontera por la Profeco a establecimientos que no han respetado los precios no ha resultado una medida suficiente; la dependencia realizó más de 100 visitas en tiendas de autoservicio, conveniencia y abarrotes, donde se sancionaron tiendas como Aliser, Pitico y Walmart, Oxxo, Smart y Extra, Libramiento, Maskota y Veterinaria Richard. Los estados con más irregularidades son Chihuahua, con 6 casos; y Chiapas, con 3.

La Profeco no debió verificar “más de 100 establecimientos”: debió supervisar todos. Los ciudadanos exigen medidas contundentes, no sólo paliativos que exhiban a unos cuantos.

Una vez más se comprueba que no estamos ante un período estacional conocido como la cuesta de enero , el país enfrenta una crisis sexenal que pone en jaque la estabilidad macroeconómica del país entero.

Qué tristeza que no haya legisladores de la zona fronteriza que exijan políticas justas para sus ciudadanos. En Movimiento Ciudadano no dejaremos de insistir en que los fenómenos ocurridos son una atrocidad contra quienes menos tienen.

Con base en lo expuesto se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al procurador federal del Consumidor a reforzar las operaciones de verificación en las zonas fronterizas que tienen como propósito evitar una escalada de precios, ante la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16 por ciento, aprobada en la reforma hacendaria publicada en noviembre de 2013.

Segundo. Se exhorta al procurador federal del Consumidor a realizar acciones que permitan evitar el aumento de precios injustificado, que prevean la eliminación de publicidad errónea y engañosa sobre el incremento de precios y que sancionen aquellas tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia que han reetiquetado precios, debido a la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16 por ciento, aprobada en la reforma hacendaria publicada en noviembre de 2013.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo, al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y a los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer aumentos de los salarios mínimos legales en la región fronteriza que permitan a los ciudadanos recuperar el poder adquisitivo que se ha reducido, debido al incremento de precios ocasionado por la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16 por ciento, aprobada en la reforma hacendaria publicada en noviembre de 2013.

Cuarto. Se exhorta al procurador general de la República a efecto de que, conforme a sus facultades, investigue, sancione y lleve a cabo las acciones conducentes contra las tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia que han incurrido en prácticas de fraude e incremento de precios injustificados, valiéndose de la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16 por ciento, aprobada en la reforma hacendaria publicada en noviembre de 2013.

Notas

1 http://www.milenio.com/bajacalifornia/Va-Profeco-empresas-IVA-BC_0_2195 78252.html

2 http://www.colef.mx/?estemes=estudio-del-dr-noe-fuentes-sobre-las-posibles-consecuencias-de-la-homologacion-del-iva&lang=es&e=correo-fronterizo

3 http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/articulo243176.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y a la SEP a implantar con sus homólogas estatales acciones para controlar los crecientes casos de virus de la influenza que azota al país, suscrita por el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Rubén Benjamín Félix Hays, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud federal a reforzar con sus homólogas estatales las campañas de información y vacunación contra el virus de la influenza, a fin de evitar más defunciones por este padecimiento, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La influenza es según la Secretaría de Salud federal una enfermedad viral aguda muy contagiosa que se presenta con mayor intensidad entre octubre y mayo. Según el portal de Internet de la Ssa, en general la mayor parte de los casos se recuperan de tres a siete días, pero los ancianos o las personas con enfermedades crónicas degenerativas (pulmonares, cardiacas, renales, diabetes) pueden presentar complicaciones graves, como neumonía, exacerbación de cuadros bronquíticos y asmáticos, sinusitis y otitis media.

Esta enfermedad es producida por los virus A, B y C de la influenza. El C ocasiona una enfermedad muy ligera y no produce brotes o epidemias; en cambio, el A y el B su pueden causar dichos eventos.

De igual forma, puede presentarse de leve a grave, y en ocasiones provocar la muerte. La mayoría de los enfermos se recupera sin complicaciones.

Sin embargo, algunas personas, como las de edad avanzada, niños pequeños o la que presentan enfermedades previas tienen mayor riesgo de padecer complicaciones serias.

Como menciona la Ssa, la influenza se transmite de persona a persona por secreciones provenientes de la tos y estornudos, o por contacto directo (como el saludo de mano) con un enfermo.

Los virus de la influenza mutan o cambian constantemente, lo que permite “engañar” al sistema inmunológico, que ha creado anticuerpos para los virus de las gripes presentadas.

Uno de los problemas para controlar estos virus y establecer una vacuna adecuada es sin duda lo mencionado: que éstos mutan o cambian de estructura, lo cual ocasiona que nuevos casos de influenza sean ocasionados por virus diferentes de los anteriores.

Esta conocida enfermedad sigue haciendo estragos en la sociedad mexicana. Pese a las campañas de vacunación de las instituciones de salud pública y las informativas para que la sociedad detecte a tiempo y acuda a recibir atención médica, seguimos contabilizando pérdidas humanas a causa de este virus.

El pasado 18 de enero, la Ssa federal informó que en lo que va del año se han registrado 556 casos de influenza en todo el país, y a ésos corresponde ya 32 defunciones.

En el comunicado de la Ssa se describe que 30 personas fallecieron a causa de la influenza A (H1N1), 1 por influenza tipo A y otra por la tipo B.

En el boletín emitido por la dependencia se señala: “En la mayor parte de las defunciones registradas hasta el momento se documentó que los pacientes acudieron a solicitar atención médica en promedio seis días después del inicio de los síntomas, lo que dificulta su tratamiento efectivo”.

De acuerdo con el portal de Internet de CNN México, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, indicó que no había una alerta epidemiológica en la capital por influenza A (H1N1).

Tres de los 32 fallecimientos se registraron en la capital mexicana. La prevalencia de los casos está 37 por ciento debajo de las cifras del año pasado, informó el gobernante.

La Ssa ha señalado que cuenta con al menos 1.4 millones de tratamientos de Oseltamivir en la reserva estratégica para atender oportunamente los casos de influenza que pudieran presentarse.

La mencionada dependencia hizo hincapié en que el virus A (H1N1), que causó la pandemia en 2009, se ha convertido en un virus estacional. Ello significa que ya se trata de los virus de circulación habitual, sin que representen un riesgo adicional para la población.

Datos de la misma institución federal señalan que la vacuna actual de influenza protege contra los virus estacionales A (H1N1), A (H3N2) y tipo B.

El comunicado destaca que en la temporada de frío se han aplicado 16 millones 89 mil 626 vacunas, que representan 66.5 por ciento de las disponibles para prevenir influenza estacional.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa, Pablo Kuri Morales, reconoció el 17 del presente mes que se ha incrementado la demanda hospitalaria por la enfermedad y alertó que esperan un aumento en las próximas semanas, por lo que recomendó a la población vacunarse.

Rechazó que la situación sea similar a la que vivió el país en 2009, cuando surgió la epidemia por la influenza A (H1N1): “Se espera un comportamiento similar al de 2011 y principios de 2012, cuando se tuvieron 8 mil casos de influenza, frente a los 3 mil 400 de 2013”. De ser necesario, agregó, se instaurarán medidas como los “filtros escolares, en la entrada de planteles, para evitar la transmisión del virus de la influenza.” Aunque dijo que hay medicamentos, vacunas y experiencia clínica para tatar los casos, pidió a la población acudir al médico cuando empiecen los síntomas de enfermedades en las vías respiratorias y no esperar a que se agrave el mal.

Lo anterior fue reflejo de la evolución del contagio del padecimiento, al 25 del presente mes, los casos se elevaron de los 556 a mil 517 según el reporte de la Dirección General de Epidemiologia de la Ssa.

Lo mencionado significa un incremento de 172 por ciento respecto al último informe presentado el viernes pasado. Del total, mil 126 son por A (H1N1).

No sólo el número de personas con este padecimiento ha aumentado: la misma dependencia informa sobre 135 personas fallecidas (123 por A [H1N1]), un crecimiento de más de 320 por ciento respecto a la tercera semana epidemiológica, cuando se reportaron tan sólo 32 decesos.

La semana pasada, Baja California reportó el mayor número de fallecimientos: hasta el 17 de enero se había registrado sólo 1 fallecimiento, pero en sólo 1 semana se incrementaron considerablemente a 21 las muertes por la enfermedad.

El Distrito Federal informó de 13 (10 más), el mismo número que Jalisco; Hidalgo, 12 decesos; 10 en San Luis Potosí; Aguascalientes y estado de México, 9; Querétaro y Zacatecas, 7; Sonora y Tlaxcala, 4; Coahuila y Guanajuato, 3; Chihuahua y Morelos, 2; y finalmente Durango, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán han reportado sólo 1 fallecimiento.

La Ssa informó que se han detectado 49 casos de A (H3N2); 14 de influenza tipo B, 82 de A: 2 de A H1 y de A “no subtipificado” se han registrado 99 enfermos.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de reforzar las campañas que llevan a cabo la Secretaría de Salud y las estatales para hacer del conocimiento de la población, los principales síntomas y el tratamiento que debe llevar una persona contagiada con el virus de la Influenza, con el objetivo de evitar mayores defunciones a escala nacional.

Los diputados de Nueva Alianza entendemos que la prevención en materia de salud pública es vital. Por ello que proponemos el presente punto de acuerdo.

Las Secretarías de Educación Pública, y de Salud del Distrito Federal iniciaron una estrategia de filtros y monitoreo en las escuelas para evitar la presencia de niños con enfermedades respiratorias.

La SEP informó que se solicitó a los profesores y a los directores que se impida el ingreso en la escuela de los niños que tengan algún malestar respiratorio, a fin de que con los padres de familia o tutores se puedan retirar a su casa hasta que su salud mejore.

En las casi 11 mil escuelas de Jalisco, este lunes se establecieron filtros sanitarios contra la influenza. La entidad es la segunda del país con más fallecimientos por el virus.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos urgente que estas acciones se extiendan no solo a algunos estados de la república, sino que sea una labor conjunta de las Secretarías de Salud, y de Educación federales para que en coordinación con sus homólogas estatales se establezcan filtros en las escuelas del país para evitar el contagio y expansión del virus de la influenza que azota al país.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con las estatales refuerce las campañas de información y vacunación en contra del virus de la influenza, a fin de evitar más defunciones a escala nacional por este padecimiento.

Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Educación federales a implantar con sus homólogas estatales filtros sanitarios en las escuelas de todo el país a fin de evitar la expansión del virus de la influenza.

Dado en la Cámara de Diputados, a 29 de enero de 2014.

Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales a fortalecer la red nacional de bibliotecas públicas, suscrita por el senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución de acuerdo a los siguientes

Antecedentes

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3o. establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, y que el estado (Federación, estados, municipios y Distrito Federal), impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

El párrafo segundo del artículo en comento, estipula que la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Por su parte el párrafo tercero del artículo en mención, acentúa que el estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

El pasado 26 de febrero de 2013, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, esto con el propósito de perpetuar la calidad educativa, para que el día de mañana México se encuentre en una posición de desarrollo y competitividad en todos los sectores. Sin duda alguna, esta reforma traerá consigo muchos beneficios.

Por otra parte, la calidad en la educación es imperativa en esta reforma, ya que con esta designación, los educandos tendrán en todo momento la garantía de recibir y cumplir con los fines y principios establecidos por la norma constitucional. La calidad se demuestra cuando los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas para su desarrollo humano y profesional.

Consideraciones

Con la reforma educativa se pretende mejorar la calidad en la educación, pero para ello, debemos fortalecer y mejorar instituciones que coadyuvan a la educación, tal es el caso de las bibliotecas públicas de nuestro país; estas bibliotecas son coordinadas bajo la denominación de Red Nacional de Bibliotecas Públicas, las cuales son coordinadas por la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y está conformada por 31 redes estatales y 16 redes delegacionales, cada una de ellas integrada a su vez por todas las bibliotecas públicas establecidas en la entidad o delegación respectiva –conforme a los convenios de cooperación celebrados entre el gobierno federal y los gobiernos locales–1 .

En México, la red nacional opera actualmente a 7 mil 388 bibliotecas públicas que se encuentran establecidas en 2 mil 281 municipios, –93.2 por ciento del total existente en el país–, y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.

El gobierno federal, a través de la Dirección General de Bibliotecas, emite la normatividad técnica para el funcionamiento de las bibliotecas y proporciona el acervo catalogado y clasificado a la mayoría de las coordinaciones estatales. Cabe destacar que la Red Nacional de Bibliotecas está considerada como la más grande de América Latina.

La Dirección General de Bibliotecas proporciona también entrenamiento al personal que trabaja en la red nacional, en tanto los gobiernos locales proporcionan el edificio, el mobiliario y el equipo para la conformación de las bibliotecas, además de asignar y remunerar al personal encargado de atenderlas.

Entre los objetivos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se pueden destacar:

• Mantener en operación una eficiente infraestructura bibliotecaria que fomente la lectura, rescate y divulgue los bienes culturales manteniéndolos permanentemente a disposición de los usuarios.

• Establecer servicios bibliotecarios coordinados que garanticen el acceso libre y gratuito a la lectura y a servicios complementarios.

• Integrar los recursos de todas las bibliotecas públicas del país y coordinar sus funciones, con el fin de fortalecer y optimizar su operación, así como ampliar y diversificar sus acervos y orientar sus servicios.

• Establecer un sistema normativo general que regule el funcionamiento y operación de los servicios que prestan las bibliotecas públicas.

El trabajo en red de una biblioteca constituye un camino viable para lograr el acceso universal a la información y el conocimiento, así como contribuir a detonar procesos de equidad y democratización en las sociedades cada vez más globales.

El aprovechamiento de las tecnologías y los recursos digitales o en línea, como medio para el trabajo en red, es uno de los principales retos a asumir. No obstante, el sustento del valor de una red bibliotecaria radica en la articulación humana integrada a partir de esfuerzos de corresponsabilidad, comunicación y gestión compartida, que requiere de la formación y capacitación del bibliotecario.

Por lo anterior, resulta importante reconocer el trabajo que se ha hecho en torno a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en nuestro país, pero también debemos reconocer las debilidades de las bibliotecas públicas a nivel nacional; en la actualidad, de 7 mil 300 bibliotecas, son pocos los municipios –apenas 9 por ciento de los mismos– que no cuentan al menos con una; y otro tanto puede decirse del incremento sustancial de sus acervos en libros que son del orden de los 33 millones, el equivalente a 0.33 libros por habitante2 .

Otra problemática es la insuficiencia de centros de estudios superiores en bibliotecología, biblioteconomía y archivonomía de los cuales únicamente existen ocho a nivel nacional, razón por la cual sólo unos cuantos centros, por lo general los de las metrópolis y grandes ciudades, disponen de este tipo de profesionales de los que se tiene un déficit de al menos 20 mil, quedando el resto con personal improvisado que en vez de ayudar u orientar a los demandantes de los servicios, llegan a desalentar a los usuarios, por no cumplir con los perfiles requeridos y las bajas remuneraciones que por lo general reciben, lo que adicionalmente ocasiona altos índices de rotación de personal y dificultades crecientes para su capacitación sobre la marcha3 .

También se carece de un diagnóstico confiable respecto del tipo de publicaciones, documentos, archivos o especialidades temáticas que se privilegian en cada biblioteca, dependiendo de su tipo y tamaño.

La transformación en la educación mexicana, como producto de la reforma, es un proceso muy importante y destacado; su eficacia depende del compromiso de los actores sociales y políticos, y también del trabajo que se realice en coordinación con los tres niveles de gobierno, para que la reciente reforma constitucional en materia educativa dé frutos. El compromiso continúa, el esfuerzo es de todos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la república, a través de la Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en todos sus niveles.

Notas

1. Para conocer más información con respecto a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se puede ver la página electrónica: http://dgb.conaculta.gob.mx/info_detalle.php?id=6

2. Para conocer más información, se puede consultar la página electrónica: http://estepais.com/site/?p=31794

3. Para obtener más información se puede consultar la página electrónica: http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=688424

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Senador Daniel Amador Gaxiola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre el incremento de enfermedades respiratorias estacionales, incluida la influenza A (H1N1), suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

Silvia Guadalupe Garza Galván, s enadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución; en relación al incremento de enfermedades respiratorias estacionales, incluida la influenza AH1N1.

Antecedentes

El día 8 de enero del 2014 advertí de la importancia que día a día tomaba el tema de los contagios por el virus de la influenza estacional y de la influenza AH1N1. Fui criticada, y lo menciono desde inicio del presente Punto de Acuerdo, ya que la ciudadanía no debe ser por nada, la víctima de los aplausos o aplanadoras políticas que los gobernantes crean como cortinas de humo para desaparecer temas verdaderamente trascendentales, prioritarios y de agenda nacional.

Hoy es un hecho y, no lo digo yo, son comunicados oficiales del micrositio creado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, que ya suman 135 decesos en el país por influenza y 1,517 contagios oficialmente registrados. El día sábado 25 de los actuales, los principales diarios como el Universal, La Jornada, El Reforma, en sus páginas principales, destacan que ya se ha sobrepasado el número de víctimas por influenza AH1N1 que en el año 2009.

¿Qué está sucediendo? ¿Por qué en siete días se cuatriplicó el número de muertes?

Si bien es cierto, el haber declarado una alerta epidemiológica por este mismo brote en el año 2009, costó a México pérdidas por 57 mil millones de pesos (dato obtenido de la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión Económica para América latina y el Caribe CEPAL), tan solo en los sectores comerciales, turísticos y de servicios, y donde el entonces Secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, tradujo que había una repercusión del 7 % del Producto Interno Bruto; también es cierto que con esta experiencia, el actual Gobierno de México, debe actuar de forma responsable y no tan solo mirar la situación económica del país, sino que debe fortalecer la estrategia en materia de salud y aplicar a cabalidad el “Lineamiento para la Emisión de Alertas Epidemiológicas en los Diferentes Niveles Técnico Administrativos” que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud aún tiene vigente en el sitio oficial, y del cual existen circunstancias actuales que a toda luz dan para ello.

Es una verdadera sorpresa, que de la experiencia vivida por México hace 5 años, no nos ponga a pensar que redoblar esfuerzos en materia de prevención, de comunicación social, de acciones y no de reacciones en este tema.

El Ministerio de Salud de Colombia tiene en su sitio oficial un “protocolo de atención y manejo de casos de infección por virus pandémico AH1N1 y sus contactos”, encontrando en la página 7, dentro de la Presentación, el siguiente contenido:

El 24 de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud -OMS-, declaró el estado de emergencia epidemiológica de importancia internacional, con motivo de la identificación en la República de México de un brote de influenza por un virus nuevo denominado AH1N1/09.

Es importante señalar el origen de estas enfermedades, que son las que afectan el aparato respiratorio, pueden tener su origen en procesos infecciosos, mecánico-obstructivos y alérgicos. Las causas infecciosas se asocian a microorganismos como: virus: adenovirus, rhinovirus, influenza y parainfluenza; bacterias: M catarralis, S. pneumoniae y hongos como el aspergillus, etc. Las de origen mecánico-obstructivo, es por la exposición a contaminantes de la atmósfera y al hábito tabáquico, entre otros; y las de origen alérgico a una respuesta inmunológica a compuestos como el polen.

La influenza tipo AH1N1, representa en la historia del país un momento crucial en el que la salud y la vida de los mexicanos se vio en riesgo por la presencia de un virus nuevo a los ojos del mundo, y capaz de ocasionar decesos entre la población si no se tomaban las medidas adecuadas para la prevención y protección de contagios.

Este nuevo virus, tuvo sus primeros casos en Estados Unidos en el año 2009. Sin embargo, la cercanía con ellos ocasionó que pronto se esparciera a regiones como México y Canadá. El contagio de este virus al ser similar al de la influenza estacional, llevó a elevar los niveles de alerta de las autoridades mexicanas de salud y de la OMS, misma que declaró un nivel de alerta a pandemia, ante la extensa región geográfica que abarcaba los posibles contagios entre humanos.

El virus de la gripe AH1N1, también se le conoció en un inicio como gripe porcina; sin embargo, estudios posteriores revelaron que aunque ciertamente era una enfermedad que circula entre los cerdos de América del Norte, también incluye en su material genético estructuras de gripe porcina asiática, aviar y humana, por lo cual los científicos lo renombraron virus reordenado cuádruple y únicamente se contagia entre humanos.

La peligrosidad de este virus, no solo recae en su facilidad para contagiarse de persona en persona, sino en que su poco cuidado puede desencadenar pandemias que llevarían a la muerte a miles de personas.

Asimismo, la influenza A y el subtipo AH1N1 descubierto en el 2009 y el cual se le considera dentro de la influenza estacional, podría mutar en un virus más agresivo como el de la gripe española si no se le vigila continuamente, se le subestima y no se crea un plan de prevención en lugares con grandes poblaciones, como es el caso de las ciudades de Coahuila y del resto del país.

Por ello, es de vital importancia dar a conocer a todos los mexicanos las características de este virus AH1N1, para que tomen medidas preventivas o acudan a las unidades médicas más cercanas a sus localidades.

Los síntomas más frecuentes son:

– Fiebre mayor a 39°C.

– Tos frecuente e intensa.

– Dolor intenso en cabeza y músculos.

– Falta de apetito.

– Congestionamiento nasal.

Por otra parte, es una enfermedad viral aguda muy contagiosa que se presenta con mayor intensidad durante los meses de octubre a mayo. En general, la mayor parte de los casos se recuperan en 3 a 7 días, pero los ancianos o personas con enfermedades crónicas degenerativas (pulmonares, cardíacas, renales, diabetes), pueden presentar complicaciones graves como la neumonía, exacerbación de cuadros bronquíticos y/o asmáticos, sinusitis y otitis media. Esta enfermedad es producida por los virus A, B y C de la Influenza. El virus C ocasiona una enfermedad muy ligera y no ocasiona brotes o epidemias. En cambio los virus A y B, sí pueden causar dichos eventos. El virus A, es el responsable de los grandes brotes que se presentan anualmente, mientras que el virus B causa brotes reducidos. Durante la actual temporada de Influenza se hallan circulando dos tipos de virus A y uno de virus B.

La influenza puede ser adquirida por cualquier persona, pero los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años tienen mayor riesgo de enfermarse y sufrir complicaciones. Las personas que trabajan en el área de salud, de turismo y escuelas también se encuentran en riesgo.

Ahora bien, el punto medular de esta propuesta no es otra cosa sino la de manifestar lo que está ocurriendo en el Estado de Coahuila, en donde la Subdirectora de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, informó que se registran 4 personas fallecidas por el virus AH1N1 y 63 casos de influenza registrados en toda la entidad, de los cuales 50 están relacionadas con el virus antes citado y los restantes 13 por influenza estacional (Tipo A y B).

Quiero citar la falta de seriedad en el tema, con un solo ejemplo: la Secretaría de Salud del Estado al que represento, Coahuila, ha confirmado el fallecimiento de 4 personas por la enfermedad, precisamente en Monclova, Saltillo y Acuña, ante lo que la dependencia estatal ya declaró una vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, hoy se da a conocer por parte de la Jurisdicción Sanitaria de Piedras Negras que hay otro muerto por la misma causa, y en Torreón se analiza otra muerte reportada en un hospital privado por influenza, y la Secretaría de Salud Federal, en completa incongruencia de cifras, aun no lo refleja.

Ante los rumores que han circulado, principalmente en las redes sociales, en torno de que las autoridades estatales están ocultando los casos de fallecimiento por Influenza AH1N1, pido a los funcionarios que en este tema se hable con estricto apego a la verdad, porque está de por medio la salud y el bien jurídico tutelado, es decir, la vida de los mexicanos.

Ahora bien, el Estado de Coahuila, ha presentado un alto índice de personas contagiadas con este virus. Hasta la fecha en mi Estado, se han registrado oficialmente por la Secretaría Estatal de Salud, 63 casos de influenza en toda la entidad, de los cuales 50 están relacionadas con el virus antes citado y los restantes 13 por influenza estacional (Tipo A y B).

Los presentes se distribuyen de la siguiente forma:

– 23 en la zona de La Laguna

– 7 casos y dos fallecidos en Monclova

– 5 en Piedras Negras

– 6 en Saltillo, un fallecido

– 1 en Frontera

– 2 en Acuña, un fallecido

– 1 en Cuatro Ciénagas

– 1 en Castaños

– 3 en Sabinas

Como se puede observar, la zona de La Laguna es la que presenta mayor cantidad de reporte de contagios, lo que es de mayor preocupación para una servidora, ya que hay un temor fundado de que no se estén llevando a cabo las medidas necesarias para la atención médica a enfermos y el servicio de sanidad para la población, y en su lugar se esté diagnosticando como neumonía atípica.

No obstante, es más preocupante, que el titular del Gobierno Federal, no ponga especial atención a la salud de todos los mexicanos, ya que en el país se han confirmado 1,517 casos de personas infectadas y la muerte de 135 personas por el virus A H1N1, y según lo refiere el diario El Universal en su primera plana del sábado 25 de enero del presente año, son muchas más víctimas de las ocurridas en las primeras 4 semanas de ocurrido el brote en abril y mayo de 2009, que fueron 83 muertes, hoy esa cifra casi se duplica; creo que con la salud humana no se juega y el aumento de víctimas mortales son el peor termómetro de esta crisis de salud.

De los 1517 casos confirmandos por la influenza en el país en lo que va del año, más de la mitad se localiza en cinco estados: San Luis Potosí, Jalisco, Nuevo León, D.F. y Aguascalientes, en donde la Secretaria de Salud ha confirmando 46 defunciones, 34% del total registradas por dicho padecimiento.

Defunciones por Estado

- 21 en Baja California
- 2en Chihuahua

- 13 en el D.F.
- 2en Morelos

- 13 en Jalisco
- 2 en Durango

- 12 en Hidalgo
- 1 en Nuevo León

- 10 San Luis Potosí
- 1 en Oaxaca

- 9 en Aguascalientes
- 1 en Sinaloa

- 9 en Estado de México
- 1 en tabasco

- 9 en Michoacán
- 1 en Tamaulipas

- 7 en Querétaro
- 1 en Yucatán

- 7 en Zacatecas
- 3 en Guanajuato

- 4 en Sonora
- 4 en Tlaxcala

- 4 en Coahuila

En el último corte sobre los casos y defunciones confirmadas por la influenza, la Dependencia Federal de Salud, oficialmente, y como ya se dijo, ha manifestado que se registraron 135 muertes y 1517 casos de esta enfermedad que representa el 18% de los casos de infección respiratoria aguda grave en todo el país, y los cuales 1216 o el 83 % corresponden al tipo A H1N1; no entendemos las declaraciones del Sub Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, de que el Gobierno Federal no declara una alerta epidemiológica por influenza AH1N1, si la propia Secretaría espera se incrementen los casos en las próximas tres o cinco semanas, donde los casos podrían ser igual o mayor a los de años anteriores; pero, ¿será justo que las familias mexicanas estén con la incertidumbre de lo que va a pasar?, ¿será justo que se sigan contagiando más personas por la falta de vacunas?, ¿será justo que las personas estén falleciendo por falta de pericia del Gobierno Federal por esperar un índice más alto de personas enfermas?.

Por otra parte, el papel que ha desempeñado la titular de la Secretaría de Salud, la Doctora Mercedes Juan, durante la actual crisis de contagios y decesos por causa de la influenza deja a muchísimos mexicanos con la falta de certeza y conocimiento, de si la actual Secretaria tiene la capacidad suficiente para dirigir la política pública de salud del país y sobretodo, hacer frente, de forma responsable y sin evasivas a la demanda de información y esclarecimiento de la situación actual que se vive en numerosas Entidades Federativas con elevados casos de influenza registrados.

Creo que por sentido común y por responsabilidad social, ningún esfuerzo debe negarse por parte de las autoridades en materia de previsión y asistencia a la salud pública.

Por estas y otras razones, esperando contar con el voto a favor de todos los legisladores, someto a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se hace un llamado a la Secretaria de Salud del gobierno federal, a fin de que se fortalezca la estrategia que comunique de forma clara y transparente a la ciudadanía y a este Senado de la República, la situación actual del brote de influenza AH1N1, que permita erradicar la especulación y rumores que dañan a todos los mexicanos.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa, a la titular de la Secretaria de Salud Dra. Mercedes Juan López y al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Pablo Kuri Morales, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones, establezcan una estrategia de control y prevención que resulte pronta y efectiva, para controlar en este momento y a futuro, el brote de virus de influenza estacional y el virus AH1N1 a nivel nacional, así como su respectivo reporte a esta Cámara Alta; de igual forma, hacer uso de los tiempos oficiales del Gobierno Federal para incrementar la difusión de acciones preventivas en el tema del brote de influenza AH1N1.

Tercero . Se exhorta, a la Secretaría de Salud Federal y a las Secretarías de Salud de los Estados, particularmente a la de Coahuila, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y de acuerdo a los convenios de coordinación suscritos, implementen todas las acciones a su alcance para contener el virus de la influenza estacional y el virus AH1N1.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de enero de 2014.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a reforzar por la Segob la seguridad en los centros de readaptación social en Guerrero, suscrita por el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador de la República, Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de ésta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

En nuestro país según los últimos datos de la Secretaría de Gobernación correspondientes a mayo de 2013, existen 416 centros penitenciarios, con una población total de 244 mil 960 internos, de los cuales el 57.8 por ciento tienen sentencia y el restante 42.2 por ciento hasta esa fecha no había sido sentenciado1 .

De los 416 centros penitenciarios a nivel nacional 15 corresponden al gobierno federal; 11 al gobierno del Distrito Federal; 299 a los gobiernos estatales y 91 a los gobiernos municipales.

Del total de la población carcelaria en el país, 195 mil 457 (79.79 por ciento) cometieron delitos del fuero común y el resto, 49 mil 503 del fuero federal (20.21 por ciento).

El total de la capacidad de los centros penitenciarios es de 196 mil 742 internos, lo que nos arroja una sobrepoblación de 48 mil 218 reos, que es equivalente al número de habitantes de la ciudad de Chapala, Jalisco2 .

Estos datos dan un acercamiento a la situación que prevalece en las cárceles de México; problema que se viene arrastrando desde décadas atrás en donde la sobrepoblación y el hacinamiento son comunes, al igual que la mala atención médica, y la insuficiencia de agua y alimentos. Definitivamente no son las condiciones necesarias para lograr una correcta readaptación.

Las cifras muestran cárceles sobrepobladas, donde casi la mitad de los reclusos no han sido sentenciados; esto y la deficiente separación entre reos que cometen delitos del orden común y federal, propician la convivencia entre ellos y generan fuertes cadenas y carreras delictivas en ascenso.

La readaptación social es uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema penitenciario en el país, en lugar de contar con programas de reinserción eficaces, las cárceles se convierten en escuelas de delincuentes.

Otro problema que se presenta en los centros de readaptación del país es el autogobierno o el control de los internos, en donde según la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 65 prisiones del país los reos controlaron durante 2012 actividades que deberían ser de las autoridades e incluso tuvieron las llaves de acceso a algunas áreas3 .

Lo anterior deviene en riñas al interior de los penales, homicidios, fugas, suicidios y motines. Por ejemplo entre 2010 y mayo de 2013 ocurrieron 269 incidentes en el total de los centros penitenciarios en el país4 .

La poca seguridad que existe en los penales de nuestro país es un conflicto más que aqueja a éstos; una causa de esto es el déficit de custodios para el resguardo y control de los reos, por ejemplo en Quintana Roo hay un custodio por cada 19.83 internos, de igual forma en Chiapas, donde hay un elemento de seguridad por cada 19.37. Estos datos contrastan con lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas, de un custodio por cada 10 presos5 .

Asimismo, son altos los costos del Estado mexicano para mantener en la cárcel a quien cometió un delito. El Inegi reportó que en 2012 los estados destinaron 8 mil 658 millones de pesos para el mantenimiento de sus centros penitenciarios, lo que se estima en un costo diario de 137 pesos por interno6 .

Para este año el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con el que se cubren parte de estos gastos, es de 7 mil 921 millones 641 mil 79 pesos, para el estado de Guerrero se destinarán 235 millones 902 mil 100 pesos, es decir, solo el 2.97 por ciento7 .

En Guerrero existen 17 cárceles, todas dependientes del gobierno del Estado; con una población penitenciaria de 5 mil 653 reclusos, de los cuales 4 mil 593 (81.25 por ciento) son del fuero común y mil 60 (18.75 por ciento) del fuero federal8 .

En los penales de Guerrero se cuenta con capacidad para 3 mil 682 internos lo que se refleja en una sobrepoblación de mil 971 reos (53.53 por ciento). Por ejemplo, la cárcel de Tlapa de Comonfort, en la Región Montaña del estado de Guerrero, tiene una capacidad de 60 internos, sin embargo, hay recluidos 272 lo que representa una sobrepoblación de más del 350 por ciento9 .

En los últimos días se han suscitado diversos hechos violentos en cárceles del Estado; la madrugada del viernes 3 de enero seis hombres armados que se hicieron pasar por ministeriales, ingresaron al penal de Iguala y ejecutaron a cuatro reos e hirieron a un policía estatal10 .

El domingo 5 de enero un abogado fue ejecutado por dos sicarios en el estacionamiento del Centro de Readaptación Social, Cereso, de Chilpancingo, luego de visitar a un familiar que está recluido en el penal11 .

De igual manera, tres reos que habían sido trasladados del penal de Iguala al de Acapulco, por los hechos de violencia recién ocurridos, fueron asesinados a golpes por otros reclusos en el área médica12 .

La construcción de un Centro de Readaptación Social Federal en el estado de Guerrero es una alternativa para disminuir la sobrepoblación en las cárceles de la entidad, esto en primer lugar por el porcentaje que hay, ocupando el lugar número 8 a nivel nacional y el mismo lugar en cuanto a reos federales.

Además es pertinente dicha construcción debido a la lejanía de los Ceresos federales del estado de Guerrero, siendo el más cercano el Cefereso número 1 del Altiplano ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México; que se encuentra a una distancia de 410 kilómetros, tomando como punto de partida la ciudad de Acapulco, es decir, 4 horas 35 minutos de tiempo estimado.

Esta ola de violencia que ocurre en diversas cárceles del estado y del país es un síntoma del grave problema que hay en el sistema penitenciario y en los procesos de readaptación y reinserción social de los reclusos.

Es necesario voltear los ojos a estas problemáticas que no se resuelven porque no se ataca la raíz del problema, el cual se inicia generalmente por la falta de oportunidades para los jóvenes, es necesario además, reestructurar el sistema penitenciario nacional, en especial de los planes y métodos de readaptación; así como el sistema judicial en México; el combate a la corrupción y a la impunidad deben ser una realidad, pues son el principal cáncer que daña a dichos sistemas, revertir lo que ocurre en estos centros es uno de los retos que tenemos como servidores públicos y como mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación refuerce la seguridad en los centros de readaptación social en Guerrero.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a replantear las estrategias implementadas para la readaptación y reinserción social de los delincuentes, con especial énfasis en los primodelincuentes.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que se lleve a cabo la construcción de un penal federal en Acapulco, Guerrero con el fin de disminuir la sobrepoblación carcelaria y reducir los riesgos a la población en general, con la reubicación de los reos federales.

Notas

1 Secretaría de Gobernación-Comisión Nacional de Seguridad. Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional. Mayo 2013.

2 Ibíd.

3 CNN México. “Reos en México controlaron actividades de 65 cárceles durante 2012: CNDH”. 19 de Noviembre de 2013.

4 Resultados preliminares de la Tercera Visitaduría de la CNDH, 2013. Disponible en: Prado, Henia. “Matan en penales a 12 reos al mes”. Reforma. Nacional. Junio 2013.

5 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

6 Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2012. (Datos de 2011). Inegi.

7 Diario Oficial de la Federación. 2 de enero de 2014. Criterios de distribución, formulas y variables para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal de 2014 y el resultado de su aplicación.

8 Secretaría de Gobernación-Comisión Nacional de Seguridad. Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional. Mayo de 2013.

9 Ibíd.

10 Periódico El Sur de Acapulco. “Irrumpen pistoleros en un penal de Iguala; ejecutan a cuatro reos y mueren cinco de ellos”. 4 de enero de 2014.

11 Periódico El Sur de Acapulco. “Ejecutan a un abogado afuera de la cárcel de Chilpancingo; detienen a dos agresores”. 6 de enero de 2014.

12 Periódico El Sur de Acapulco. “Matan en la cárcel de Acapulco a tres reos trasladados de Iguala”. 7 de enero de 2014.

Comisión Permanente, a veintinueve días de enero de 2014.

Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Profesiones a aumentar y reforzar los elementos de seguridad en certificados, cédulas, títulos profesionales y grados académicos que expide, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado martes 21 de enero del año en curso el periódico El Universal dio a conocer cifras de la Secretaría de Educación Pública Federal sobre la detección de 3 mil 147 cédulas y 1 mil 914 certificados de bachillerato falsificados en el período comprendido de 2002-2012.

El gran mercado de documentos apócrifos está situado en las inmediaciones del centro histórico de la capital del país en la Plaza de Santo Domingo, es aquí dónde autoridades del Distrito Federal han realizado operativos que del año 2011 a agosto de 2013 han tenido como resultado 47 personas consignadas por el delito de falsificación de documentos. Es en este lugar en donde seis mil pesos son suficientes para que cualquier persona pueda obtener un título, una cédula profesional, un certificado de estudios y hasta la credencial para votar por 2 mil pesos al igual que el pasaporte.

Por su parte la Procuraduría General de la República cuenta con 25 expertos a nivel central y 30 al interior del país, encargados de verificar la autenticidad de documentos dudosos, mismos que son con su dictamen ayudan al Ministerio Público a integrar averiguaciones previas.

La expedición de la cédula es obligada para 27 profesiones de alto impacto aquellas vinculadas a la vida, patrimonio, seguridad y libertad. Datos de la Secretaría de Educación Pública ubican al certificado de bachillerato y a los títulos universitarios en las carreras de enfermería, medicina y derecho como los más demandados para falsificar de 2002 a 2012.

Los trámites que se realizan en la calle de República de Brasil no tienen mayor complicación, solo se necesitan documentos básicos como son la copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), una firma en hoja en blanco y fotos tamaño título.

Entre las entidades federativas con mayor cantidad de documentos falsos, según la cantidad de egresados, destacan Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal, estado de México, Puebla e Hidalgo.

La forma de operar es a través de los llamados coyotes o enganchadores quiénes ofrecen los servicios de falsificación de documentos, a plena luz del día, donde más de una veintena de personas en su mayoría hombres deambulan por la zona preguntando si requieren algún servicio de trámites oficiales, sin mayor preocupación de la presencia de la policía capitalina y de la cercanía con las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe recalcar que las personas que se dedican a realizar éste tipo de actividades delictivas, alertan a los clientes de tener cuidado porque hay los llamados “charlatanes” que ofrecen los trámites en una hora y lo único que hacen es golpear, quitar dinero a los clientes y por supuesto no hay ningún trámite.

Los tramitadores presumen de hacer también “trabajos derechos”, donde los papeles no son copias falsificadas. El título es original y la cédula profesional se firma al interior de las oficinas de la (SEP). Tramitarlo tiene un costo de 150 mil pesos, afirman hacerlo a través de varias universidades que se prestan a ello, sin citar las universidades que presuntamente participan en actos corruptos.

A nivel superior las universidades de Guerrero, la Autónoma de Morelos, Benemérita Autónoma de Puebla, la Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Tamaulipas y la Autónoma del estado de México son las que supuestamente expiden los títulos apócrifos.

Cabe recalcar que el delito de falsificación de documentos puede estar ligado con el “robo de identidad o suplantación” ya que para realizar estos delitos es necesario contar con algún tipo de identificación oficial (credencias apócrifas) para operar los fraudes.

Es menester como legisladores garantizar el libre y responsable ejercicio de las profesiones legales al tiempo, es de suma prioridad contar con los mecanismos que permitan que el documento que acredita a los profesionistas cuente con los códigos o lineamientos de máxima seguridad para no poder ser falsificados, además de erradicar al interior de las dependencias la emisión de documentación oficial y con esto las prácticas corruptas por parte de los empleados que tienen bajo su resguardo expedir dicha documentación.

Empero la situación actual de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades para poder accesar a un espacio en alguna institución educativa, la relación oferta-demanda de los espacios en las universidades públicas, aunado a la infinidad de requisitos que solicitan los empleadores para la contratación conlleva a veces a acudir a este tipo de prácticas delictivas que ponen en riesgo a las sociedad en general, sin embargo debemos de estar conscientes que estas personas están participando en el delito de falsificación.

Desafortunadamente la actividad delictiva que nos acosa presenta un constituye un agravio frontal a los más altos valores de la sociedad mexicana.

Es menester combatir este tipo de delito y evitar la impunidad sin pretextos ni dilaciones. La proliferación de las conductas delictivas como la falsificación tiene su origen en la severa ausencia e insuficiencia de valores, ineficacia y corrupción por parte de las autoridades, es por ello que presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública federal, a aumentar y reforzar los mecanismos de seguridad de cada uno de los documentos oficiales que certifiquen el grado académico de los estudiantes, poniendo mayor énfasis en los certificados de bachillerato, las cédulas y títulos profesionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP que informe a esta soberanía respecto al estado de las investigaciones que realiza sobre el caso de fraude contra Pemex Exploración y Producción por la empresa Oceanografía, SA de CV, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados, un importante medio impreso de comunicación nacional, publicó una nota periodística en la cual se refieren a una investigación en curso que actualmente esta llevando a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un presunto fraude de la empresa Oceanografía SA de CV en contra de Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, los cuales se refieren a incumplimientos en los montos de las fianzas a pagar por los contratos asignados hasta la modificación de cinco convenios de contratos los cuales causaron que se incrementara sustancialmente el costo inicial, generando una presunta afectación de aproximadamente 3 mil 400 millones de pesos.

Las investigaciones realizadas por el órgano interno de control de la paraestatal detectaron diversas inconsistencias en las cantidades de las fianzas que la empresa Oceanografía debió haber pagado, los cuales alcanzan la cantidad de 147 millones de pesos, sumado a otra cantidad que alcanza los 3 mil 250 millones de pesos por la modificación ilegal de los contratos que hizo la empresa naviera entre los años 2010 y 2012.

La presente problemática deriva de una investigación por parte de un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Oceanografía por presuntas violaciones a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

En una de las primeras auditorias realizada por la Secretaría de la Función Pública a la subdirección de la Unidad de Negocios de Perforación y a la de Servicios a Proyectos, detalló que en nueve contratos celebrados por Pemex Exploración y Producción y la empresa Oceanografía SA de CV, la empresa particular entregó fianzas con montos menores, toda vez que la ley correspondiente estipula que todos los convenios o contratos se deben garantizar con una fianza de por lo menos 10 por ciento del valor total de cada contrato.

Derivado de las presentes investigaciones, se da a conocer que el déficit de la cobertura de las fianzas por parte de Oceanografía supera los 11 millones 468 mil dólares, mismas que no cubrió de conformidad a lo establecido.

En ese mismo sentido, la SFP encontró irregularidades en la asignación de contratos entre 2010 y 2012 que derivaron en convenios que sufrieron modificaciones creando daños patrimoniales severos a Pemex Exploración y Producción, empresa que durante ese periodo celebró 6 mil 834 contratos, de los cuales mil 92 se corrigieron con contratos modificatorios.

En dicho informe elaborado por la SFP, se revela que Pemex Exploración y Producción (PEP) firmó 5 contratos entre los años 2010, 2011 y 2012, todos con la empresa Oceanografía, mismos que fueron producto de posteriores convenios modificatorios con los que se incrementaron los pagos realizados por Pemex a la empresa naviera, hasta llegar a 3 mil 250 millones de pesos.

El mismo reporte detalla cada uno de los contratos mencionados anteriormente de la siguiente manera:

1. Contrato 428230840, firmado en 2010 por Oceanografía para la Unidad de Servicios Marinos, Gerencia de Administración y Finanzas de PEP, se pactó un monto inicial de 250 millones de pesos, pero con el convenio modificatorio el monto subió hasta mil 576 millones de pesos; es decir, un aumento de 530 por ciento equivalente a mil 326 millones de pesos.

2. Contrato 428231823, firmado en 2011 para la misma unidad en Pemex Exploración y Producción, el monto inicial se estipuló en 189 millones de pesos, pero con la revisión el monto subió hasta mil 129 millones de pesos; es decir, un alza de 495 por ciento, equivalente a 939 millones de pesos.

3. Contrato 428231828, firmado en 2011, con un precio inicial de 309 millones de pesos, mismo que se corrigió hasta llegar a 721 millones de pesos, lo que equivale a un aumento de 138 por ciento o 418 millones de pesos.

4. Por último, en 2012 se firmaron dos contratos más, el 428232808 y el 428232816, sólo que para el primero se convino una actualización de 96 por ciento, al pasar de un contrato original de 309 millones de pesos a uno revisado de 607 millones de pesos. El segundo contrato creció 92 por ciento en la revisión, al pasar de 288 millones de pesos originales hasta quedar en 555 millones de pesos gracias al convenio modificatorio.

Lo anterior se detalló a través del medio periodístico que revelo dicho informe elaborado por la Secretaría de Función Pública.

Al mismo tiempo se detallan las funciones de la empresa Oceanografía siendo ésta una compañía mexicana especializada en servicios costa afuera en el Golfo de México con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera y ofrece servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación, inspección y mantenimiento de estructuras marinas, servicios de apoyo a perforación, logística de materiales, transporte de personal, así como inspección, instalación y construcción de ductos submarinos.

Dicha empresa cuenta con diversas flotas que están integradas por embarcaciones que cuentan con sistemas de posicionamiento dinámico, sistemas de grúas hasta de 2 mil toneladas, sistemas de saturación para trabajos de buceo hasta 300 metros, plantas procesadoras de lodo para apoyo a plataformas de perforación y sistema de tendido de ductos submarinos.

A fin de esclarecer dichas irregularidades por incumplimiento en el pago de fianzas, de cambios en los contratos que elevan de manera considerada los costos de servicio y que afectan a Pemex Exploración y Producción, el Grupo Parlamentario del PRI solicita amablemente que sea la Secretaría de Función Pública, así como la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, quienes rindan un informe ante esta soberanía de manera detallada un informe sobre los contratos que se han realizado con la empresa Oceanografía SA de CV, y que de encontrarse fraudes por la celebración de contratos se impongan las responsabilidades y sanciones correspondientes a los responsables de dichas anomalías.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública que, a través de sus áreas competentes, informe a esta soberanía los avances de las investigaciones que se están llevando a cabo en el caso de un presunto fraude a Pemex Exploración y Producción por parte de la empresa Oceanografía SA de CV y, en caso de comprobarse irregularidades, se impongan las sanciones correspondientes a quien resulte responsable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la Sagarpa y de la CFE para que atiendan la problemática que afecta a los productores agrícolas de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo, inmersos en una situación de cartera vencida, respecto al pago de los servicios de energía eléctrica, suscrita por la senadora Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

Proemio

La suscrita, Sonia Mendoza Díaz, senadora de la República por San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a instruir al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez; y al director de la Comisión Federal de Electricidad, contador público Francisco Rojas Gutiérrez, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales construyan una salida negociada, viable, integral y con perspectiva de largo plazo a la problemática que afecta críticamente a los productores agrícolas de riego de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo que se encuentran inmersos en una situación de cartera vencida respecto al pago de los servicios de energía eléctrica y en riesgo inminente de quiebra económica y, por tanto, productiva, con base en los siguientes

Considerandos

Para nadie es un secreto que el campo mexicano vive una de las situaciones más difíciles, producto de diversos factores que inciden negativamente en la generación de condiciones que promuevan su sustentabilidad, desarrollo, y competitividad.

Sin ir más lejos, apenas el pasado 6 de enero y con ocasión de la conmemoración del nonagésimo noveno aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones habrá de presentar ante esta soberanía una iniciativa con la finalidad de impulsar una “profunda reforma” del campo, tendiente a actualizarlo a los tiempos que vivimos y convertirlo en un sector económicamente competitivo. Para bosquejar lo que será la reforma agropecuaria, el titular del Poder Ejecutivo federal partió de la premisa de que es “inadmisible que los mexicanos que se dedican a esta actividad no puedan tener en el horizonte mejores condiciones para el desarrollo y una vida digna”.

La difícil situación que viven los campesinos mexicanos, que si bien es prácticamente generalizada, tiene a su vez regiones en que la precariedad llega a tales extremos que bien podríamos hablar de una quiebra técnica de esta actividad productiva primaria para los campesinos que ahí habitan. Esos episodios verdaderamente dramáticos los están viviendo todos los productores agrícolas de riego potosinos, pero particular y dramáticamente los que habitan en Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo.

De manera dialéctica, dos grandes problemáticas concurren para la tragedia del campo potosino: la insolvencia para liquidar diversas obligaciones financieras como el servicio de energía eléctrica; y la ausencia de insumos (producto de esa moratoria), entre ellos la electricidad, elementos indispensables para poder generar las ganancias que permitan superar la insolvencia.

En estas localidades, la pérdida de rentabilidad de la producción de riego y su desoladora situación tiene diferentes causas, entre ellas: el alto precio de la electricidad para el bombeo en los pozos; el incremento en los costos del diesel, la gasolina, los fertilizantes, los agroquímicos y demás insumos agropecuarios; el abatimiento estructural de los mantos freáticos; la ineficiencia los equipos debido al bajo voltaje en el servicio eléctrico que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, así como diversas irregularidades en los cobros, aunado a la inseguridad desatada respecto del robo de cable y equipos electromecánicos.

Por si esto fuera poco, los productores agrícolas del altiplano potosino han resentido además una caída drástica en los precios pagados al productor debido a que es evidente que se está importando masivamente producto que no es necesariamente de buena calidad y sin las medidas arancelarias que propicien equidad comercial en el mercado interno, además del histórico intermediarismo, el aumento de la inflación y las extremosas condiciones climatológicas que en temporada de calor provocaron un estiaje inclemente, y ahora en temporada de frío, la imposibilidad de trabajar la tierra por temperaturas de varios grados Celsius bajo cero.

Si consideramos que en San Luis Potosí se estima la existencia de 1500 pozos de riego agrícola con un potencial de más de 150 mil hectáreas y que en ellos se generan más de 110 mil empleos directos al año, es necesario reconocer que las exorbitantes tarifas que les requiere la Comisión Federal de Electricidad los están asfixiando.

Gravita lo anterior desfavorablemente en el desempeño de la economía de las comunidades, y acentúa aún más la recesión y el inmovilismo.

El sector primario de la economía necesita el apoyo y respaldo de las empresas públicas para ser un puntal del crecimiento económico y suficiencia alimentaria, de lo contrario, la magnitud del problema derivará no solamente en la pauperización de grandes franjas poblacionales, sino en conflictos sociales que habrán de empeorar todavía más la situación.

Este problema que afecta a todo el estado se centra y agrava en 30 mil hectáreas de riego en Villa de Ramos, Santo Domingo y Salinas, en los que todos los productores agrícolas están gravemente afectados en su rentabilidad y la inmensa mayoría en quiebra técnica.

Cálculos conservadores estiman que el nivel de cartera vencida respecto del servicio de energía eléctrica rebasa los 32 millones de pesos solamente en el caso de los campesinos de los tres municipios de referencia, pero la inversión que se necesita para reactivar económicamente al sector es mucho mayor. Es evidente que los recursos destinados al campo potosino no son suficientes, sobre todo si atendemos a que el presupuesto de egresos de San Luis Potosí en 2014 alcanzará un monto global histórico de poco más de 34 mil millones de pesos, y sin embargo, al rubro de desarrollo agropecuario, hidroagrícola y forestal solamente se habrán de destinar 300 millones de pesos, es decir, 0.8 por ciento y 3 millones de pesos menos que en el Presupuesto del año anterior.

La cifra es ilustrativa sobre las razones que explican el colapso.

En esta región potosina, los principales afectados son los pequeños y medianos agricultores, víctimas de abandono por los diferentes órdenes de gobierno, dejados a su suerte para encarar deudas impagables, primeros afectados por la pérdida de sus capacidades productivas y testigos impotentes de la pérdida de empleos productivos en lugares en los que el desarrollo regional no es más que una declaración vacía de significado.

El costo directo del desastre social estriba en que se ha vuelto incosteable cosechar los productos y dejando la parcela en pérdida total de la inversión, descapitalizando al sector y provocando una caía dramática en el empleo, cuyos efectos sociales también inciden en el incremento de la inseguridad pública y el desasosiego en las comunidades.

Hoy más que nunca está en riesgo la seguridad alimentaria del país porque el desmantelar la base productiva nacional ocurren casos como los de Villa de Ramos, Santo Domingo Salinas que dejan de producir ajo, chile, zanahoria, frijol, maíz, tuna, forrajes y ganado, que son hoy tan necesarios para el mercado local.

Pese a la angustiante situación, estoy convencida de que una salida es posible, si las autoridades reconocen que resulta necesario construir una solución que trascienda el cortoplacismo y que asuma corresponsabilidad respecto de los retos que enfrenta el campesinado mexicano.

Para lograrlo es necesario buscar de manera propositiva, abierta y franca una negociación asequible para superar el inmovilismo que en nada contribuye a la solvencia de los productores.

Una agenda mínima consistiría en resolver el problema de la cartera vencida; facilitar líneas de crédito verdaderamente accesibles; flexibilizar las reglas de operación para apoyar componentes realmente requeridos por los productores; normar los precios a los productores con base en la oferta la demanda y los costos de producción; proteger la base productiva nacional ante la competencia desleal acotando desmedido deseo de las empresas por obtener ganancias a comercializar alimentos de cualquier parte del mundo sin importarles si al hacerlo descapitalizan al pequeño productor mexicano; y llevar a cabo un proceso de revisión legislativo para determinar las reformas que hagan más efectiva la persecución de los delitos que merman el patrimonio de los campesinos y para que el interés de los sistemas de factoraje sean apagados por la cadena de supermercados, por ser ellos los que están comprando crédito.

Estamos a tiempo de rescatar de cultura de riego, incentivar la salud y competitividad de la base productiva nacional y no caer como país situación de dependencia alimentaria. Superar la insolvencia de pagos detonará el sector agrícola como el principal motor de la economía nacional y dignificará el acceso de los ciudadanos mexicanos en condición de vulnerabilidad social a una política pública que los incluya, los respete y que haga del campo un sector que compita en condiciones económicas equitativas, y que sea productivo sustentablemente.

El gobierno federal tiene la palabra.

Con base en lo anterior, se realiza la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a instruir al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez; y al director de la Comisión Federal de Electricidad, contador público Francisco Rojas Gutiérrez, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales construyan una salida negociada, viable, integral y con perspectiva de largo plazo a la problemática que afecta crítica mente a los productores agrícolas de riego de Villa de Ramos, Salinas y Santo Domingo que se encuentran inmersos en una situación de cartera vencida respecto del pago de los servicios de energía eléctrica y en riesgo inminente de quiebra económica y, por tanto, productiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de dos 2014.

Senadora Sonia Mendoza Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Ssa a aplicar medidas sanitarias para evitar que la influenza que ataca al país se convierta en una pandemia, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud es indiscutiblemente uno de los derechos fundamentales y básicos. Sin él, es difícil o imposible acceder a otros derechos más complejos como son el derecho al trabajo, a la educación a la suma de los derechos sociales o los políticos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. precisa que: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

En este mismo sentido, hoy contamos con la reforma constitucional, relativa a los Derechos Humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011. Dicha reforma dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De manera que en su artículo 1o., se determina el principio de Convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que refiere un amplio marco de derechos para los individuos, entre ellos el derecho a la salud que aparece entre los primeros derechos fundamentales.

Por ello, resulta preocupante el alarmante avance que en enero ha tenido la influenza en nuestro país. Sobre el tema, la Secretaría de Salud (SSA ) informó que del 1 al 23 del presente mes se han registrado en el país 1,517casos de influenza en sus diversos virus y confirman 135 decesos en los primeros 23 días de este año. Sobre las defunciones, también dio a conocer que los casos de influenza registrados son más graves que los presentados en años anteriores, principalmente en personas de 30 a 55 años de edad. Del total de muertes, 123 corresponden a influenza AH1N1, diez por influenza A y una por influenza tipo B y uno más a la H3N1.1

De los 1,517 casos de influenza, el 84%, fueron del virus AH1N1; el 8%, fueron de influenza A. El resto, constituyen 4% del total, también hay un porcentaje de casos que corresponden a influenza A no subtipificada, 2%; a influenza AH3N2; cinco casos, que equivalen a 1%, a influenza B, y dos, que significa un porcentaje similar al anterior, de influenza AH1.

Se informa que en las defunciones registradas hasta el momento se documentó que las y los pacientes acudieron a solicitar atención médica en promedio seis días después del inicio de síntomas, lo que dificulta su tratamiento efectivo por el grado de avance del mal.

Se espera en las próximas semanas un mayor incremento de casos de AH1N1, debido al clima frio, por lo que se hace necesario recomendar a la población vacunarse. Mencionando que los casos de influenza registrados hasta ahora, son más graves, principalmente en jóvenes con diabetes, hipertensión y obesidad.

Así también, es necesaria la realización de campañas dirigidas principalmente, a los grupos más vulnerables de la sociedad como los son las niñas, niños y personas de la tercera edad, ya que este sector de la población tiene el mayor número de fallecimientos víctimas de la influenza. Así como instrumentar medidas como filtros escolares o cordones sanitarios a fin de evitar la transmisión del virus de la influenza. Aun cuando se informa que es normal que haya un alza en los casos de infecciones respiratorias agudas (influenza, neumonías y bronconeumonías) en la temporada invernal, ya que hace más frio, la gente cambia de hábitos y se expone más a los contagios, no olvidamos experiencias vividas en el pasado reciente y consideramos que ninguna precaución debe ser desdeñada, sobre todo si pretende asegurar a niñas, niños y adolescentes o los grupos de mayor vulnerabilidad. .

Como se recordará, en marzo y abril de 2009, nuestro país vivió una alarmante emergencia sanitaria generada por la influenza AH1N1, que se prolongó durante casi un año y dejó más de dos centenares de muertes debido a las complicaciones de este padecimiento. Una nueva variedad de influenza, diferente a la conocida hasta entonces como estacional, aparecía en México y se propagaba al mundo. Pronto se convirtió en una pandemia.

La Organización Mundial de Salud (OMS ), alertó entonces por la epidemia en nivel 4, cuando generalmente comenzaba desde el nivel uno. El nuevo estatus significaba que un virus se transmite de persona a persona y que los brotes habían provocado un número importante de muertes.

La SS manifiesta ahora, que el virus AH1N1, que causó la pandemia en 2009, se ha convertido en un virus estacional, lo que significa que ya se trata de los virus de circulación habitual, sin representar un riesgo adicional para la población, sin embargo han aparecido otras mutaciones que sí pueden resultar de alto riesgo para los humanos.

La vacuna actual de influenza protege contra los virus estacionales A H1N1, AH3N2 y tipo B. En la temporada de frío 2013-2014, se han aplicado 16 millones 890,626 vacunas, que representa 66.5% de las vacunas disponibles para la prevención de influenza estacional.

Cabe remarcar que los síntomas más notorios de la influenza son; fiebre alta, tos, dolor de cabeza, con escurrimiento nasal, nariz tapada, dolor de articulaciones y de músculos, cansancio, dolor al tragar alimentos y líquidos, dolor de pecho, estómago y diarrea.

Así también señalar que los estados los que concentran el mayor número de muertes por influenza y en los que se deberá poner mayor énfasis, son los siguientes: San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Baja California y Coahuila.

Por lo anterior, es necesario implementar las medidas que se requieran para que sea evitada una historia similar, ya que no importa dónde inicie o impacte, una vez que ya es transmitida de persona a persona, lo más seguro es que llegará a todo el mundo.

Así entonces, es fundamental reiterar la necesidad de evitar el avance de esta enfermedad y garantizar al total de las y los mexicanos que se actúa con prontitud y eficacia para que no exista el mínimo nivel de riesgo en la expansión de esta impactante enfermedad respiratoria.

Por lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Salud para que se apliquen las medidas sanitarias necesarias para evitar que la influenza que ataca a nuestro país, se convierta en una pandemia.

Nota

1 La influenza provoca 135 muertes en México durante 2014, CNN, México 24 de enero de 2014.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero de 2014.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica a seguir los lineamientos para la emisión de alertas respecto al creciente número de casos y fallecimientos a causa del virus de la influenza en el país, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente.

Exposición de Motivos

Entre el 1 y el 16 de enero del presente año se registraron 556 casos diagnosticados con la enfermedad del virus de la influenza, de los cuales 32 fueron mortales. En el mismo periodo de 2013, las cifras fueron de 270 contagios y seis decesos,1 de igual forma según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), hasta el 31 de diciembre de 2013 murieron 69 personas por influenza AH1N1 y se contabilizaron un total de mil 8 casos.2

Sin embargo, en la última semana la Ssa ha confirmado 961 nuevos casos, casi 180 por ciento más que el reporte anterior del 16 de enero, con lo que el registro nacional acumula en lo que va del año mil 517 enfermos.3

Del primero al 23 de enero de 2014 se tienen mil 517 casos confirmados (mil 261 por influenza AH1N1, 183 por influenza A, 59 por AH3N2, 14 por influenza B) y 135 defunciones (123 por influenza AH1N1, 10 por influenza A, una por influenza B y una por influenza AH3N2).4

Asimismo, la Ssa dio a conocer que este brote de casos representa el 18 por ciento de las infecciones respiratorias agudas graves de las reportadas por las instituciones del sistema nacional de salud; a la par de que son nueve los estados en donde se registra una mayor presencia del número de pacientes: San Luis Potosí (250), Jalisco (219), Nuevo León (109), Distrito Federal (104), Aguascalientes (101), Hidalgo (92), estado de México (91), Zacatecas (75) y Guanajuato (73).

Aunado a ello la Ssa informó que espera que se den todavía de tres a cinco semanas más de aumentos en los casos y fallecimientos de influenza, por lo que puso en alerta 583 unidades centinelas en centros hospitalarios de primero, segundo y tercer nivel;5 a la par ha reiterado que el incremento considerable en el número de casos entre un reporte y otro es causado por el tiempo que tardan los estados en procesar las muestras para corroborar si hay presencia del virus en el paciente.

Esta semana, Baja California reportó el mayor número de muertes; hasta el 17 de enero sólo se había registrado un fallecimiento, pero en tan sólo una semana se incrementaron a 21 los decesos por influenza, encabezando la lista nacional.6

El Distrito Federal, continúa en el número de muertes, informó de 13 defunciones (10 más); el mismo número que el estado de Jalisco; Hidalgo reportó 12 decesos; 10 en San Luis Potosí; Aguascalientes, con nueve casos; los mismos que el estado de México; Michoacán, con nueve; Querétaro, con siete; Zacatecas, con siete; Sonora y Tlaxcala, con cuatro; Coahuila y Guanajuato, con tres, Chihuahua, con dos personas fallecidas; dos en Morelos, y Durango, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán han reportado un fallecimiento cada uno.7

Algunas de las medidas que se han tomado frente a este nuevo brote de influenza, son por ejemplo, la instalación de filtros sanitarios en planteles de educación básica, campañas de vacunación en lugares públicos, entre otras.

En dicho tenor, para la Organización Mundial de la Salud, una alerta epidemiológica es una noticia o comunicado de un evento epidemiológico inminente que representa daño a la salud de la población y/o de trascendencia social, frente al cual es necesario el desarrollo de acciones de salud inmediatas.8

El propósito de las alertas epidemiológicas, de acuerdo a dicho organismo mundial, es diseminar información sobre los últimos eventos de salud pública que se han identificado como riesgos a la salud, al comercio y/o a los viajes internacionales, es decir, emergencias de salud pública de preocupación internacional, de acuerdo con las provisiones del Reglamento Sanitario Internacional. La mayoría de dichos eventos se deben principalmente en orden de frecuencia a agentes infecciosos, químicos y físicos.9 La alerta epidemiológica, como una estrategia de salvaguardar la salud de la población, tiene como su principal fundamento normativo lo citado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 4o. cita que “toda persona tiene derecho a la protección de la Salud. La Ley establecerá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.10

De igual manera en materia de protección a la salud de la población se refieren los artículos 1o., 4o., 6o., 110, 181 y 182 de la Ley General de Salud; el artículo 32 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y lo describen los artículos 4.4, 7.5, 7.6, 8.1 y 13.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-017, SSA-2, 1994 para la vigilancia epidemiológica. A nivel internacional lo referido en los artículos 2o. y 5o. del Reglamento Sanitario Internacional.11

De tal forma que el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Conave) distingue como aviso: “Noticia o comunicado sobre algún evento epidemiológico que pueda representar algún riesgo potencial a la salud de la población y sobre el cual no es necesario ejecutar acciones inmediatas”, mientras que alerta: “Comunicado de un evento epidemiológico que representa un daño inminente a la salud de la población y/o de trascendencias social, frente al cual es necesario ejecutar acciones de salud inmediatas y eficaces a fin de minimizar o contener su ocurrencia”.

Considerando como situaciones para emitir la alerta epidemiológica la aparición súbita de riesgos que requieran intervención inmediata por representar potencial daño a la salud de la población. Puede considerarse cualquier evento que genere exposición humana a substancias tóxicas u otro agente o substancia; la ocurrencia de brotes, independientemente de su naturaleza o causa; de padecimientos transmisibles o no; la identificación de enfermedades de declaración obligatoria, como: casos de cólera, sarampión, fiebres hemorrágicas, poliomielitis, entre otras; enfermedades relacionadas con liberación intencional de agentes químicos o biológicos; padecimientos que sean de elevada trascendencia y vulnerabilidad a la salud de la población como influenza estacional o aviar; peste o fiebre amarilla; las que consideren los titulares de los comités de vigilancia epidemiológica en el ámbito estatal y nacional. Sin embargo, a pesar del incremento en el número de casos y fallecimientos causados por este virus, la Ssa informó este domingo que no hay motivo para declarar una alerta epidemiológica por influenza AH1N1, aunque se espera un incremento de casos que podría ser similar o mayor al registrado en 2011 y 2012.12

A la par, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa, Pablo Kuri, explicó que para emitir una alerta de este tipo se deben cumplir tres criterios: que se detecte la circulación de un nuevo virus; que el número de consultas médicas por influenza y otras enfermedades respiratorias rebase el 20 por ciento del total de consultas prestadas en instituciones de salud; y que los casos positivos a influenza rebasen el 40 por ciento de las muestras que analizan los laboratorios del sistema sanitario. Según el funcionario, ninguna de las tres condiciones se ha presentado, como tampoco se ha disparado la demanda del fármaco para tratar este padecimiento.13

Es así que reconocemos la urgente necesidad de implementar las acciones pertinentes para controlar el incremento en el número de casos y fallecimientos por el virus de influenza en el país; por tales razones presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Comisión Permanente exhorta al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica a seguir los lineamientos para la Emisión de Alertas Epidemiológicas en los Diferentes Niveles Técnico-Administrativos respecto al creciente número de casos y fallecimientos a causa del virus de la influenza en el país.

Notas

1 Reforma, “Registran cada día 27 casos de AH1N1”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.tedf.org.mx/sala_prensa/sintesis/sfs2014/ene/140118/140118_p p_reforma.pdf

2 Animal Político, “Las muertes por influenza superan la mitad de las ocurridas en 2013”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/01/aumentan-muertes-por-influenza/#i xzz2rd2w9csG

3 La Jornada “En el año se contabilizan 1,517 enfermos por virus de influenza”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.jornada.unam.mx/2014/01/25/sociedad/031n1soc

4 Ssa “Casos y defunciones confirmadas por influenza. México enero-diciembre 2009-2013”.

5 El Universal “Activa Ssa operativo centinela por AH1N1”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/activa-ssa-operativo-c entinela-por-a-h1n1-982466.html

6 El Universal “Influenza mata a más que en 2009”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/influenza-mata-a-mas-q ue-en-2009—982284.html

7 Ídem.

8 [en línea], México, Dirección URL: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales /01_2012_Lineamientos_Alerta_Epidemiologica.pdf

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 CNN México, “La Secretaría de Salud descarta declarar alerta por influenza AH1N1”, [en línea], México, Dirección URL: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/01/26/la-secretaria-de-salud-descar ta-declarar-alerta-por-influenza-ah1n1

13 Animal Político, “1,500 casos de influenza, el doble de muertes que en 2013... y Salud rechaza emitir alerta”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/01/1500-casos-de-influenza-el-doble- de-muertes-que-en-2013-y-salud-rechaza-emitir-alerta/#ixzz2rd8EMWE5

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a diversas autoridades a elaborar un plan de vigilancia, prevención y recomendaciones para mitigar los brotes de influenza tipo A y sus cepas, suscrita por el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Héctor Yunes Landa, senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, numeral 1 y 2; y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución con base en las siguientes

Consideraciones

El virus de la influenza, en sus diferentes tipos (A, B y C) y subtipos (H1N1, H2N2 y H3N2), se disemina de manera rápida entre aves y mamíferos, el cual de acuerdo a su grado de virulencia puede pasar casi desapercibida o llegar a presentarse recurrentemente y de manera impredecible hasta convertirse en una pandemia para los países donde está presente, en un factor de riesgo para los países vecinos y al final en un problema de salud mundial.

Históricamente las pandemias de influenza humana del siglo pasado fueron muy severas, un claro ejemplo son la Gripe Española que se presentó durante los años 1918 y 1919, la cual se estima provocó el fallecimiento de 40 millones de personas en todo el mundo, afectando principalmente a los adultos de 20 a 50 años de edad; así como la presentada en 1968 conocida como pandemia de Hong Kong. Y más recientemente recordamos las lamentables consecuencias de la pandemia del 2009 que afectó severamente a nuestro país.

Bajo este contexto, en diversas ocasiones la Secretaría de Salud de México ha revisado su estrategia de vigilancia epidemiológica y actualizado los procedimientos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), estableciendo procedimientos orientados a detectar casos ambulatorios de enfermedad respiratoria aguda en unidades de salud monitoras de influenza (USMI) distribuidas en todo el territorio nacional.

Lamentablemente, a pesar de las acciones tomadas, éstas han presentado algunas deficiencias mismas que quedaron expuestas en abril de 2009, cuando comenzó a circular un nuevo virus de influenza identificado como tipo A(H1N1), cuya propagación fue inminente, primero en la región sureste de México, para luego continuar por el centro y norte del país, comenzando uno de los peores escenarios en la historia reciente de la nación.

Las consecuencias de esta pandemia no sólo se presentaron negativamente en la salud de la población, sino que además afectó severamente la actividad económica en torno a la producción de aves y porcinos, al sacrificarse un alto porcentaje de éstos al estar contagiados por esta cepa.

Cabe recordar que el 25 de abril de ese año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pronunció que el brote epidémico que se vivía en México y Estados Unidos de Norteamérica, era una emergencia de salud pública y de interés internacional, emitiendo recomendaciones a los diferentes países para que intensificaran la vigilancia epidemiológica en busca de la enfermedad provocada por el virus de la influenza tipo A(H1N1), al inesperadamente diseminarse éste por todo el mundo.

Bajo este precedente, el 11 de junio de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el brote de la enfermedad como nivel fase 6, es decir, pandemia inminente. Del mismo modo, el 6 de agosto 2009, declaró que en 166 países se confirmaban un total de 174 mil 913 casos de influenza con mil 411 decesos.

De tal suerte, este fenómeno que fue ampliamente difundido por los medios de comunicación masiva, generó reacciones de temor y desconcierto entre la población. Por lo que el sector académico y las autoridades de salud nacional e internacionales trataban de encontrar las medidas correctas para el control de la enfermedad y sus posibles implicaciones en la sociedad.

Actualmente, diversos organismos de sanidad animal y autoridades veterinarias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) siguen colaborando en el seguimiento y evaluación del riesgo de los diferentes tipos de cepas tipo A entre la población.

Si bien, la pandemia de influenza A(H1N1), que surgió en México durante abril de 2009, tomó por sorpresa a todo el mundo afectando mayormente a la población joven y causando la muerte de mil 316 personas y 72 mil 548 casos confirmados hasta julio de 2010, considero de suma importancia ante el surgimiento nuevamente de un problema de salud que las instancias pertinentes dirijan toda su atención a fin evitar una nueva tragedia a nivel nacional, al enfrentarnos, a decir de expertos, a un virus más resistente a los medicamentos.

En ese sentido, en los últimos días, la Secretaría de Salud federal dio a conocer a través del Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica, del periodo que comprende del 4 al 23 de enero del presente año, que se registraron 8 mil 282 casos sospechosos de influenza, de los cuales se confirmaron mediante resultado de laboratorio mil 517 en total, con el lamentable deceso de 135 personas a la fecha.

Considero que lo sucedido en el año 2009, nos ha dejado las experiencias necesarias para estar preparados ante una posible pandemia. En tal virtud, se debe poner en marcha un nuevo plan de vigilancia epidemiológica, cuyo objetivo principal sea favorecer la salud de la población, informando ampliamente, mitigando epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, mediante una vigilancia eficaz que permita detectar pertinentemente la aparición de casos nuevos de enfermedades respiratorias asociadas con el incremento de la influenza tipo A en sus diferentes cepas.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar de urgente resolución ante esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a fin de elaborar de manera conjunta un plan de vigilancia, prevención, diagnóstico, evidencias, recomendaciones y amplia difusión para mitigar los brotes de virus de influenza tipo A en sus diferentes cepas y especialmente del H1N1.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para fortalecer la protección de nuestro país mediante acciones de vigilancia, inspección y, en su caso, respuesta a emergencias sanitarias, con el objetivo de impedir la proliferación del virus de influenza tipo A, en sus diferentes cepas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Senador Héctor Yunes Landa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SCT, en su programa operativo anual de 2014, la reparación, el asfaltado y la modernización del camino interestatal Puente Río Balsas-Puertas Cuatas, que comunica Zirándaro, Guerrero, y Huetamo, Michoacán, suscrita por los senadores Iris Vianey Mendoza Mendoza y Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos senadores de la república, Sofío Ramírez Hernández e Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La región de la Tierra Caliente en Guerrero se ubica al noroeste del estado, colindando al norte con el estado de Michoacán y el estado de México; está conformada por nueve municipios: Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato (Ciudad Altamirano), San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro.

Los municipios de Michoacán que pertenecen a esta región, son: Apatzingán, Múgica, Huetamo, Nocupétaro, San Lucas, Buenavista, Tiquicheo de Nicolás Romero, Parácuaro, Tuzantla, La Huacana y Tepalcatepec.

En el estado de México son los municipios de Amatepec, Tlatlaya, Tejupilco, Luvianos y Sultepec.

La población total de los municipios que comprenden esta región es de 251,012 habitantes, sólo en Guerrero. Las principales actividades económicas que se desarrollan son la agricultura, la ganadería y en menor medida la minería. Además, la Tierra Caliente se localiza dentro de la región hidrológica del Balsas, conformada por cuatro cuencas, la del Río Balsas-Zirándaro, la Río Balsas-Infiernillo, la del Río Cutzamala y la del Río Balsas-Mezcala.

Los recientes fenómenos meteorológicos ocasionaron la crecida del río Balsas generando en la región grandes afectaciones en carreteras, viviendas, tierras de cultivo, dejando varios municipios incomunicados y sin la posibilidad de hacerse llegar de los servicios básicos y alimentos. Estos acontecimientos revelan las condiciones en las que se encuentra la infraestructura carretera en el estado, siendo una de las más dañadas la de la región de la Tierra Caliente.

De los 12,038.1 kilómetros de carreteras que tiene el estado 1,906.3 son carreteras federales, el resto se reparte entre carreteras alimentadoras y caminos rurales, los cuales resultaron muy afectados.1

A pesar de estas difíciles condiciones, los ciudadanos de dos municipios que se consideran hermanos, Huetamo perteneciente al estado de Michoacán y Zirándaro, al estado de Guerrero, se organizaron y gestionaron desde el año de 1958, la construcción de un puente sobre el río Balsas para unir ambos municipios y fomentar el comercio y el progreso de ambas comunidades. El “Puente Río Balsas Zirándaro-Puertas Cuatas” quedó totalmente construido, cincuenta años después, es decir en 2008.

Esta circunstancia ilustra de manera clara, el abandono que por parte de las autoridades han sufrido nuestros hermanos de estos municipios y además demuestra la fortaleza de la organización que han conseguido, pues en 2008, los comités ciudadanos se reunieron para gestionar ante el entonces gobierno del estado de Michoacán, la construcción de un camino sacacosechas de cuatro kilómetros y poder aprovechar a cabalidad el puente recién construido.

Sin embargo el gobierno de Michoacán nunca realizó la obra, por lo que los comités ciudadanos de ambos municipios se organizaron para autogestionar la construcción del camino, iniciándose la obra el 6 de julio de 2011 con un costo para los ciudadanos de por lo menos, medio millón de pesos. Hay que señalar, cuando los trabajos comenzaron y a pesar de que el proyecto ya contaba con los estudios necesarios y los permisos de los comuneros que verían afectadas sus tierras, el gobierno de Michoacán promovió el cambio del trazo afectando el desarrollo de la obra.

A pesar de éste panorama, este importante esfuerzo logró abrir un camino de terracería interestatal que se inauguró el 4 de septiembre de 2011. Este camino benefició a la población en general, alcanzando un tránsito de veinte vehículos cada hora y beneficiando al menos a sesenta mil habitantes de estos dos municipios colindantes.

Como se señaló anteriormente, debido a las recientes lluvias torrenciales de septiembre del año pasado y a la rústica construcción del camino, ésta fue uno de las vías que resultó seriamente dañada.

Un esfuerzo tan loable no se debe perder y tampoco es posible que la ciudadanía continúe sin ser escuchada por sus gobernantes; que sea solo a través de la participación y la organización de la gente como realmente se hagan las cosas.

Es por eso que estas comunidades al fin obtuvieron una respuesta del gobierno a sus peticiones y por eso el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 en su anexo 35.1, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013, contempla para la realización de la obra un presupuesto de quince millones de pesos.

Pero también es importante que la respuesta del Gobierno sea oportuna y que la población de esta región del país que fue azotada fuertemente por la tormenta tropical “Manuel”, se reactive económicamente con el desarrollo de la infraestructura necesaria para que estos dos municipios hermanos de Zirándaro, Guerrero y Huetamo, Michoacán, restablezcan de la mejor manera sus comunicaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), contemple dentro de su Programa Operativo Anual 2014, en su primer trimestre, la reparación, asfaltado, y modernización, del acceso al puente de Zirándaro, conocido también como camino interestatal “Puente Río Balsas-Puertas Cuatas”, que comunica a los municipios de Zirándaro, Guerrero, y Huetamo, Michoacán.

Nota

1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-carreteras/progra ma-de-trabajo/guerrero/

Comisión Permanente, a 29 de enero de 2014.

Senadores: Sofío Ramírez Hernández (rúbrica), Iris Vianey Mendoza Mendoza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a publicar la información referente al efecto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Información del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), revela que “entre 1988 y 2012, las prevalencias de las tres formas de desnutrición en menores de cinco años han tenido disminuciones notables (ya que) la prevalencia de emaciación (bajo peso para talla) y bajo peso disminuyeron a una cuarta parte de las prevalencias de 1988, para alcanzar valores compatibles con poblaciones sin desnutrición; mientras que la desnutrición crónica (baja talla) aunque disminuyó a la mitad de la prevalencia de 1988, sigue siendo elevada (13.6 por ciento), pues representa casi 1.5 millones de menores de cinco años en dicha condición”1.

Asimismo, “la prevalencia de anemia disminuyó en niños de 12-24 meses de edad desde 54.9 por ciento en 1999, a 41.6 por ciento en 2006 y hasta 38.3 por ciento en 2012 (mientras que) en niños menores de cinco años disminuyó desde 31.6 por ciento en 1999 a 26.8 por ciento en 2006 hasta 23.3 por ciento en 2012”2; o por ejemplo en el caso de los niños de 11 años pasó de 9.3 por ciento en 1999 a 7 por ciento en 2006 y 5.7 por ciento en 2012.

Sin embargo, en México actualmente persisten deficiencias nutricionales, las cuales desembocan en casos de desnutrición y anemia infantil que imposibilitan el desarrollo integral de los niños; un ejemplo de ello se desprende del análisis comparativo de la información presentada en las Encuestas de Nutrición y Salud 2006 y 2012 del INSP, donde se puede notar que en los estados de Tamaulipas, Tlaxcala, Nuevo León, Chihuahua; Colima, Puebla, Baja California, Zacatecas, Nayarit, Distrito Federal y Aguascalientes; hubo un aumento en la prevalencia de casos de desnutrición en las entidades, colocando a Chiapas como el estado con mayor problema con 31.4 por ciento mientras que Sonora es el que presenta menor índice con 5.1 por ciento de casos de desnutrición.

Respecto a los casos de anemia, Campeche, Tamaulipas, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas; Morelos, Guanajuato y Nuevo León presentaron un retroceso respecto a 2006, posicionando en primer lugar a Campeche con 34.5 por ciento de prevalencia, mientras que Coahuila con 15.3 por ciento es la entidad con menor índice de anemia en el país.

En dicho tenor, es necesario destacar que “se estima que los niños que no tienen los alimentos necesarios durante su etapa de desarrollo tienen 17 por ciento menos de habilidades para resolver problemas matemáticos y 19 por ciento no cuenta con las herramientas necesarias para la comprensión de lectura, incluso cuando cumplen ocho años”3.

Asimismo, es importante señalar que la prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años a nivel nacional es de 20.9 por ciento en las zonas rurales y 11.1 por ciento en las zonas urbanas, siendo el sur del país la región que presenta mayor índice (27.5 por ciento en zona rural y 13.5 en urbana).

Por tales motivos, el INSP emitió una serie de recomendaciones en 2012 enfocadas en las siguientes acciones para combatir la desnutrición infantil: fortalecer los programas de salud y desarrollo social que incluyen componentes de nutrición y que han probado eficacia (Oportunidades, Liconsa, PAL), asegurando cobertura y focalización adecuadas y servicios de calidad; implementar en los servicios de atención primaria de salud (APS) y en programas de desarrollo social una estrategia de comunicación educativa para la adopción de prácticas adecuadas de lactancia materna y alimentación complementaria adecuada, utilizando metodología de punta para la adopción de comportamientos saludables; capacitación del personal operativo de programas de nutrición en zonas prioritarias que genere conocimientos, destrezas, motivación y habilidades de comunicación, y la creación de un sistema de supervisión que refuerce la capacitación permanente en servicio.

Respecto a la anemia infantil, el INSP recomendó verificar el cumplimiento del programa Oportunidades, la leche Liconsa y la harina fortificada de Diconsa, incentivando a las madres para cumplir con las indicaciones de consumo; la intervención con hierro debe ampliarse a los niños de los quintiles de mayores ingresos; así como una intervención con hierro en mujeres adolescentes para evitar la transferencia transgeneracional de la anemia.

Si bien existen programas sociales a nivel federal y local dirigidos al combate de la desnutrición, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, ha sido la apuesta de la actual administración, la cual al haber cumplido un año de operaciones y con ello los trabajos para disminuir –entre otras cosas- la desnutrición infantil aguda en 400 municipios del país; no se cuenta con la información detallada del impacto que esto ha representado en el sector infantil, respecto a la solvencia de las problemáticas previamente señaladas, ya que únicamente se ha declarado que a la fecha se cuenta con:

• Dos mil 845 comedores comunitarios.

• 294 mil familias tienen la tarjeta del Esquema de Apoyo Alimentario SIN Hambre, que les permite adquirir 13 productos básicos en las tiendas Diconsa.

• Más de 400 mil familias se han incorporado a Oportunidades y 63 mil 566 familias al Programa de Apoyo Alimentario.

• 1.3 millones de beneficiarios tienen acceso a leche fortificada.

• Instalación de 684 tiendas y 164 unidades móviles Diconsa para atender a mil 889 localidades.

• Dos mil 957 comedores escolares en escuelas de tiempo completo.

• Suministro de suplementos alimenticios a 882 mil niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y en lactancia4.

De tal forma que resulta necesario y urgente contar con la información precisa respecto a la prevalencia de los casos de desnutrición infantil en México en miras de evaluar las medidas hasta ahora implementadas y, en su caso, implementar las acciones que permitan el aceleramiento de su disminución, considerando que:

La meta para el bienestar infantil no debe de ser sólo la supervivencia física, sino también el desarrollo del potencial físico, social, emocional y cognitivo de la niñez mexicana, a partir de un amplio conjunto de sectores que incluyen salud, nutrición, estimulación, protección y educación. Lo anterior está encaminado a lograr una comprensión más amplia y detallada del bienestar infantil que permita implementar mejorías en las acciones de prevención y atención que aseguren la calidad de vida de todos los niños y las niñas de México5.

Al respecto, consideramos que invertir en las condiciones que permitan el óptimo desarrollo de los niños, implica brindar las posibilidades de contar con una mejor calidad en la educación, en los servicios de salud, alimentación, vivienda, entre otros, que en su conjunto permitan desarrollar el potencial de la niñez mexicana; es por tales razones y lo antes expuesto que presentamos

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a hacer pública la información referente al impacto de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en la prevalencia de la desnutrición infantil en México.

Notas

1. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para la política pública en salud. Desnutrición en México: intervenciones hacia su erradicación. http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/Desnutricion.pdf

2. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para la política pública en salud. Anemia en niños: fortificar el cuidado y cortar la transmisión generacional http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/AnemiaNinos.pdf

3. En aumento índices de desnutrición infantil. http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/impreso/en-aumento-ind ices-de-desnutricion-infantil-211543.html

4. Un año de resultados sin hambre, http://sinhambre.gob.mx/#acciones-por-la-cruzada

5. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para la política pública en salud. Indicadores de bienestar infantil en México: una agenda política para el monitoreo y la acción. http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/BienestarInfantil.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a instruir y promover programas de inversión para construir y equipar comedores escolares en centros educativos de zonas rurales, a efecto de combatir la desnutrición aguda, la baja talla y la anemia, suscrita por la senadora Mely Romero Celis e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Manuel Humberto Cota Jiménez, Lisbeth Hernández Lecona y Gerardo Sánchez García, todos senadores de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este pleno senatorial, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que instruya al director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, para que formule y promueva programas de inversión para la construcción y equipamiento de comedores escolares en centros educativos de nivel básico en zonas rurales, con el objetivo de abatir y resarcir los índices de desnutrición aguda, baja talla y prevalencia de anemia que viven los niños que habitan en zonas rurales del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI-, a través del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 dio a conocer que en el territorio nacional residen 32 millones 515 mil 796 niñas y niños de 0 a 1 4 años de edad, de los cuales el 49.3% son mujeres y el restante 50.7% son hombres.

De dicho censo poblacional se desprende que 7 millones 28 mil 102 niñas y niños habitan en zonas rurales del país, mismos que representan el 21.6% de este subtotal y el 6.3% de la población total nacional.

Es importante mencionar que la población de 0 a 14 años de edad que residen en zonas rurales, han observado tasas de decrecimiento poblacional. Por ejemplo, de 2000 a 2005, la población paso de 9 millones 644 mil 615 a 8 millones 753 mil 37 niñas y niños rurales, traduciéndose en un decremento poblacional del 9.2%; y del Conteo de Población 2005 al Censo de Población 2010, ésta población se contrajo en un 19.7%, es decir, la población contabilizada en 2010 es menor por 1 millón 724 mil 935 niñas y niños en comparación a la registrada en 2005 (ver cuadro 1).1

De los 7 millones 28 mil 102 niñas y niños rurales, el 84.3% cuenta con estudios de educación básica, primaria y secundaria, es decir, 5 millones 922 mil 410 niñas y niños rurales; en contraste, únicamente 1 millón 105 mil 692 infantes rurales no tienen estudios de primaria y secundaria, traduciéndose en el 15.7% del total de niñas y niños rurales.

En 2012, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-, publicó el estado mundial de la infancia, titulado “Niñas y niños en un mundo urbano” , en el que se afirmó que “los niños de las ciudades viven mejor que los niños de las zonas rurales, gracias a una mejor calidad de la salud, la protección, la educación y el saneamiento , asimismo, señaló que tanto en las zonas urbanas como rurales existen disparidades en la sobrevivencia de niñas y niños, derivado de los altos índices de desnutrición y educación que prevalecen en ambas”. 2

Bajo esa tesitura, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se incorporó un apartado sobre el estado nutricional de la población preescolar y escolar tanto a nivel nacional como urbano y rural; los primeros son menores de cinco años de edad y los segundos son de 5 a 11 años de edad. Específicamente, se estimó a nivel nacional para 2012 en los menores de 5 años de edad que: el 2.8% tiene bajo peso, el 13.6% posee baja talla, el 1.6% tiene desnutrición aguda y el 9.7% posee sobrepeso; en contraste, en el medio rural el 20.9% de dicha población tienen baja talla respecto al 11.1% del medio urbano, observando una diferencia de 9.8 puntos porcentuales del sector rural con el sector urbano y de 7.3 puntos porcentuales del sector rural respecto al nacional; asimismo, estos datos estadísticos son abismales sí se comparan por regiones en el sector urbano y rural, de conformidad con el siguiente cuadro:

Además, esta encuesta nacional demuestra que la prevalencia de anemia en escolares es del 10.1% a nivel nacional, en tanto que la de preescolares es del 23.3%, este último es mayor en 13.2 puntos porcentuales en comparación a los escolares. Concretamente, en menores de 5 años de edad que viven en zonas urbanas, la prevalencia de anemia es de 22.6% respecto al 25.2% que habita en zonas rurales, este porcentaje es mayor por 2.6 puntos porcentuales respecto al de zonas urbanas; para el caso de mayores de 5 años y menores de 11 años, la prevalencia de anemia en el medio rural es del 11%, porcentaje mayor en 1.3 puntos porcentuales respecto a la del medio urbano, 9.7%.

Finalmente, la Encuesta Nacional de Salud Pública 2012, concluyó que tanto la desnutrición como la anemia en preescolares y escolares, tienen efectos negativos en el mediano y largo plazo sobre el crecimiento y desarrollo físico, así como, un bajo rendimiento escolar e intelectual, éstos últimos con repercusiones desfavorables en el desempeño cognoscitivo y psicomotor. 3

En el mes de junio de 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –CONEVAL- en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-, publicaron el estudio “Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México, 2008-2010”, en él se mencionó que 3 de cada 10 personas menores de 18 años habitan en hogares donde existe una restricción moderada o severa para acceder a la alimentación en comparación con 1 de cada 4 personas a nivel nacional. 4

Consecuentemente, el estudio logró evidenciar de forma estadística la situación vulnerable que prevalece y vive la población infantil y adolescente del país en materia de alimentación y nutrición, esto trae consigo consecuencias negativas de carácter irreversible en el desarrollo cognitivo, motriz y emocional en este sector de la población.

Para el UNICEF la desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición repetida de enfermedades consecuencia de la mala y carente alimentación en niñas y niños, asimismo, refiere que ésta puede ser crónica, aguda y desnutrición según peso/edad.

Al mismo tiempo, el UNICEF señala que la desnutrición infantil, se puede detectar, ya que implica tener un peso corporal menor a lo normal para la edad, tener una estatura inferior a la que corresponde a la edad (retraso en el crecimiento), estar peligrosamente delgado o presentar carencia de vitaminas y/o minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes o mejor conocida como hambre oculta).

Si bien es cierto, la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México forma parte, señala en su artículo 27, numerales 1 y 3, que los estados partes de ésta reconocen el derecho a que toda niña y niño deben tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y que corresponde a los estados partes adoptar las medidas necesarias para coadyuvar en el cumplimiento de este derecho, para ello deberán proporcionar asistencia material y programas de apoyo para la nutrición.

Por ello, a fin de dar cumplimiento a la Convención internacional, en el artículo 4° de la Constitución Política, menciona que toda persona tiene derecho a la alimentación, y que ésta tiene que ser nutritiva, suficiente y de calidad, para ello se obliga al Estado Mexicano como garante de dicho derecho, al mismo tiempo el propio artículo mencionado de la ley suprema, señala que en todas las actuaciones del Estado se debe garantizar el interés superior de la niñez, así como la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación.

Ahora bien en el artículo 28, inciso D) de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se mandata a los tres órdenes de gobierno, salvaguardar el derecho a la salud, al combate de la desnutrición a través de la promoción de una alimentación adecuada.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar de manera cordial y respetuosa al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para que en el marco de lo señalado en los artículos 16 y 19, fracciones III y XII; de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, formule y promueva programas de inversión para la construcción y equipamiento de comedores escolares en los centros educativos de nivel básico ubicados en zonas rurales con la finalidad de abatir y resarcir los índices de desnutrición aguda, baja talla y prevalencia de anemia que existe en este medio respecto al urbano, de acuerdo a lo señalado con anterioridad.

Por último, es importante señalar que con la reforma a la Ley General de Educación, se establece claramente en la fracción XVII del artículo 33, que será responsabilidad de las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsar esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública a fin de que instruya al director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, para que formule y promueva programas de inversión para la construcción y equipamiento de comedores escolares en centros educativos de nivel básico en zonas rurales, con el objetivo de abatir y resarcir los índices de desnutrición aguda, baja talla y prevalencia de anemia que viven las niñas y niños de zonas rurales del país.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/esta disticas/2013/niño0.pdf

2 http://www.unicef.org/spanish/sowc2012/pdfs/SOWC%202012%20Main%20Report %20LoRes%20PDF_SP_03132012.pdf

3 http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf

4 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONE S_PDF/Pobreza_en_ni%C3%B1os_y_adol_mex_2008_2010.pdf

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los veintinueve días del mes de enero de 2014.

Senadores: Mely Romero Celis (rúbrica), Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Lisbeth Hernández Lecona.

Con punto de acuerdo, relativo a la expedición de la credencial para votar con fotografía en el extranjero y al procedimiento a fin de sufragar desde el exterior, suscrita por la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD

En el proceso democrático de nuestro país ha sido un objetivo especial buscar que se garanticen que todas y todos los ciudadanos tengan las mejores condiciones y oportunidades de emitir su voto, de tal manera que la voluntad popular se exprese de manera amplia e incluyente. Padrón y listado nominal confiables; geografía electoral seccional y distrital profesionalmente elaboradas; órganos electorales ciudadanizados; credencial para votar con fotografía que ocupa un lugar preponderante como instrumento de identificación ciudadana; entre otros cambios significativos.

En el caso específico de la credencial para votar, en buena parte su prestigio y pertinencia se deben a la relativa facilidad con la que el ciudadano y la ciudadana pueden obtenerla por primera vez y renovarla cuando sea necesario. El establecimiento de varios módulos permanente por cada uno de los 300 distritos electorales federales y el funcionamiento de módulos itinerantes que llegan hasta el último rincón del país, así como la simplificación del procedimiento y de los documentos necesarios para su tramitación, han influido de manera notable en el hecho de una cobertura en un porcentaje cercano al 100 por ciento.

Sin embargo esta efectividad no se expresa con los mexicanos y mexicanas que radican en el extranjero. Hasta este momento la legislación electoral tal como está contiene limitaciones para la expedición y renovación de la credencial para votar con fotografía para las y los connacionales que por diversas razones tienen su residencia fuera de nuestro país. Con ello, las autoridades mexicanas violan de manera sistemática sus derechos humanos, convirtiéndolos en la vía de los hechos en ciudadanas y ciudadanos de segunda. Para nuestra Carta Magna y para la Organización de las Naciones Unidas es un derecho humano fundamental la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Aún que se tratara de un ciudadano estaríamos ante un hecho preocupante; la situación se torna grave al tratarse de millones de connacionales, violando gravemente sus derechos, ya que de acuerdo con nuestra Constitución ésta ampara siempre a las y los mexicanos, y sus derechos no se pierden en modo alguno por salir del territorio nacional.

Efectivamente, de 34 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, poco más de 12 millones nacieron en México, y de ese universo 6 millones se encuentran indocumentados en ese país. En el proceso electoral 2011-2012 únicamente 59 mil 115 se inscribieron en la lista nominal para poder votar para presidente y apenas 40 mil 714, (69 por ciento) de los inicialmente registrados, votaron.

A lo largo de los últimos años, estudiosos, académicos, investigadores, líderes migrantes, organizaciones y ciudadanos y ciudadanas en lo individual, han demandado por diversos medios el establecimiento de reformas legales y de mecanismos operativos que permitan y faciliten el ejercicio del voto de mexicanas y mexicanos que radican fuera de nuestro país. La efectividad mostrada para quienes radican dentro de nuestras fronteras no ha sido realidad para quienes viven fuera.

Incluso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral creó el 5 de diciembre de 2012 un Comité Técnico de Especialistas para analizar el voto de los mexicanos en el extranjero a la luz de la legislación vigente y de las experiencias habidas en los procesos electorales, y proponer alternativas que mejoren su viabilidad. En la sesión del Consejo General, verificada el 29 de agosto próximo pasado, el Comité Técnico presentó los resultados de su trabajo. En ellos se encuentran elementos muy importantes a considerar en una reforma legislativa que supere esta problemática que afecta a millones de mexicanas y mexicanos.

En estos días varias organizaciones de migrantes, así como integrantes del Consejo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), han emprendido en Estados Unidos una campaña bajo el lema “Ya queremos voz, foto y voto”, con el objetivo de que las leyes secundarias de la Reforma Política en curso en el Congreso de la Unión mexicano incluyan un apartado que permita obtener la credencial de elector a los migrantes desde el extranjero, en virtud de que mexicanos y mexicanas residentes registrados en Estados Unidos y en otros países carecen de posibilidades de votar debido a su estatus legal o por falta de recursos económicos para trasladarse a nuestro país.

La propuesta plantea cuatro demandas:

1. Que el Instituto Federal Electoral, o el órgano que lo sustituya, emita la credencial para votar con fotografía de manera presencial en todos los consulados y embajadas de México;

2. Que la solicitud de registro para participar en el proceso electoral sea por vía electrónica y con requisitos menos “inhibidores”;

3. Modificar el padrón electoral y la lista nominal, para incluir a todos los mexicanos y mexicanas en el exterior;

4. Iniciar un modelo de voto electrónico e instalar dispositivos con conexión en consulados clave, espacios públicos, escuelas o centros comunitarios para el voto presencial tres días antes de la jornada electoral.

Los representantes de este movimiento han informado a la opinión pública que en la reunión anual de diciembre de los 125 consejeros del instituto se analizaron cuatro estrategias para lograr sus demandas: promover la actividad denominada un día sin remesas; realizar boicots empresariales; enviar una veintena de consejeros para cabildear por la credencialización a finales de enero y crear un fondo financiero para pagar promocionales en periódicos nacionales que informen y den cuenta de los diputados, senadores y políticos mexicanos que no asuman un compromiso con la causa de los migrantes.

El 11 de noviembre de 2013 los senadores Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Carlos Mendoza Davis y las senadoras Marcela Guerra Castillo y Laura Angélica Rojas Hernández, presentaron en la Cámara de senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del ejercicio del voto de mexicanos residentes en el extranjero.

Dicha iniciativa fue presentada al Pleno de la Cámara de Senadores el 14 de noviembre, y turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para el dictamen correspondiente.

Coincidiendo plenamente y uniéndonos a todos los esfuerzos ciudadanos, institucionales y legislativos por los derechos políticos plenos de mexicanas y mexicanos en el exterior, urge se concreten ya, de tal manera que la normatividad en materia electoral sea reformada con el fin de adecuarla a las exigencias de la realidad para que sea posible que mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero puedan ejercer de manera libre, sin trabas, su derecho a participar en las elecciones de nuestro país.

Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 6 numeral 1, fracción I; así como en el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracciones I, III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución

Acuerdos

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión apoya las demandas de la campaña “Ya queremos voz, foto y voto”, llevada a cabo por consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y diversas organizaciones de migrantes mexicanos y mexicanas, relativas a la expedición de la credencial para votar con fotografía por parte del Instituto Federal Electoral en los consulados mexicanos y en las embajadas de nuestro país, y al mejoramiento del mecanismo del voto de mexicanos desde el exterior.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, para que a la brevedad posible emitan el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del ejercicio del voto de mexicanos residentes en el extranjero, presentada por los senadores Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Fidel Demédicis Hidalgo, Carlos Mendoza Davis y las senadoras Marcela Guerra Castillo y Laura Angélica Rojas Hernández.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores para que en el proceso legislativo en el que habrán de concretarse en la legislación secundaria las reformas constitucionales recientes en materia electoral sea considerado de manera preponderante el tema del ejercicio del derecho al voto de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior.

Sede de la Comisión Permanente, Ciudad de México, 29 de enero de 2014.

Diputada Amalia García Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a investigar los contratos, permisos o ambos otorgados a empresas relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Se ha demostrado frecuentemente que una de las peores costumbres políticas es la que realizan algunos titulares de cargos públicos quienes, al concluir las administraciones bajo las que se desempeñan, se unen o fundan empresas en las que venden sus servicios al mejor postor, los cuales incluyen desde conocimientos internos de las estructuras, hasta el tráfico de influencias.

En los últimos días se ha publicado a través de algunos medios de comunicación la reaparición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como un exitoso empresario en Florida, éxito que se encuentra vinculado a diversos personajes relacionados con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Durante el periodo ordinario pasado, antes de la fatídica aprobación de la Reforma Energética, denunciamos desde esta tribuna que distintos exdirectores de Petróleos Mexicanos (Pemex), o funcionarios de la Secretaría de Energía tienen vínculos actuales con empresas que estaban sumamente interesadas en la privatización del petróleo, como por ejemplo, las empresas Oro Negro, Energe A, Evercore Partners, OHL o Iberdrola. El caso Genaro García Luna no es diferente o de menor importancia.

Antecedentes

Cuatro días después de dejar el cargo que ocupaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, García Luna abrió una empresa en Miami, la cual se especializa en servicios de investigación, protección ejecutiva, seguridad física e industrial, sistemas y bases de datos, seguridad electrónica, localización y rastreo satelital, empresa que nació con el nombre GL & Associates Consulting, LLC.

Es importante señalar que esta empresa, junto con su gemela, International Consulting Intelligence & Technology, vinculan a García Luna y a Mauricio Samuel Weinberg –su socio–, con una red de personajes pertenecientes a diversas agencias de seguridad extranjeras.

Socios estratégicos

Ambas compañías cuentan con los mismos socios y en sus sitios web se repiten palabra por palabra las reseñas biográficas, además de que se puede encontrar en los sitios las mismas fotografías en el perfil de cada uno de ellos, tal como lo diera a conocer Reporte Índigo.

José A. Rodríguez Jr., es exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) quien entre 1994 y 1995 fungió como director adjunto del Centro Antinarcóticos y entre 1995 y 1998, cuando García Luna fue nombrado coordinador general de Inteligencia para la Prevención en la entonces Policía Federal Preventiva, Rodríguez era el jefe de la División de Operaciones en América Latina de la CIA.

Carlos Villar, el segundo socio, fue agregado legal del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), en la embajada de Estados Unidos en México, mientras García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI). Dentro de sus responsabilidades se encontraba la de ser el “enlace legal con las autoridades mexicanas de seguridad pública y supervisor de las investigaciones coordinadas entre el FBI y el gobierno mexicano.”

Después de su retiro, ha sido dueño de la consultora VR Global Security, socia de las compañías de Weinberg y García Luna, quienes en sus portales en Internet anuncian que “ha asesorado a dependencias del gobierno mexicano en la adquisición de tecnologías de seguridad.”

El tercer socio del grupo es el expolicía colombiano Luis Montenegro Rinco, especialista en temas de inteligencia y crimen organizado, quien durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2008 y 2012, trabajó para García Luna como integrante del Consejo Asesor Externo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El último socio que registran tanto García Luna como Weinberg es Larry Holifield, exfuncionario de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos. Holifield llegó a México en diciembre de 2002 como director regional para México y Centroamérica de la DEA, cuando García Luna dirigía la AFI.

Coincidencias

La vinculación entre Genaro García Luna y el empresario de seguridad Mauricio Samuel Weinberg es directa y las coincidencias entre ICIT y la consultora GL & Associates Consulting son concretas:

1. Los sitios web de ICIT y GL son idénticos; incluso, sus teléfonos de contacto en México y Estados Unidos son exactamente los mismos, al igual que sus redes sociales.

2. El representante actual de ambas compañías es el mismo: el abogado Gabriel Díaz Sarmiento.

3. El vínculo de Weinberg con empresas de seguridad había surgido públicamente desde 1998, cuando representaba en México a la compañía israelí Teletron, la cual fue acusada de espionaje político en Campeche.

4. Las dos compañías se dividen en tres áreas: información y análisis; seguridad y operación; y tecnología. Son las mismas divisiones que tiene ICIT en México.

La urgencia de la acción del estado

Es preocupante que la empresa ICIT Private Security Mexico, SA de CV, filial mexicana, tuviera permiso para operar seguridad privada en todo el país durante el mandato de García Luna como secretario de Seguridad Pública, permiso que ha sido renovado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y se encuentra vigente hasta el próximo 6 de febrero, según información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Durante ese periodo, se destinaron 59 mil 136 millones de pesos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Esto significó un aumento de 40 mil 51 millones respecto del último año del sexenio de Vicente Fox; es decir, los recursos se incrementaron en un 209.8 por ciento una vez que se dio el cambio de gobierno.

Los datos se asientan en el Cuaderno 3. Gobierno y gasto federalizado, de la serie Evaluación de la Cuenta Pública 2011, que elaboró la Unidad de Evaluación y Control, dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

En éste se muestra el incremento de recursos destinados al SNSP. Mientras que en 2006, último año del sexenio foxista, el presupuesto fue de 19 mil 85 millones de pesos; en 2007 ascendió a 28 mil 361 millones; para 2008 alcanzó los 34 mil 111 millones; en 2009 se le destinaron 47 mil 261 millones; en 2010 el monto se redujo a 45 mil 761 millones; pero en 2011 tuvo un aumento significativo, al ascender a 59 mil 136 millones de pesos.

No obstante, a pesar del incremento en el gasto, los delitos también aumentaron. Por ejemplo, en 2006 se registraron 27 mil 551 homicidios, mientras que en 2011 la cifra se incrementó en casi 10 mil casos: en ese año se cometieron 37 mil 409.

Los resultados en materia de seguridad son conocidos ampliamente:

A lo largo del sexenio pasado, los asesinatos fueron en aumento: en 2007 hubo 25 mil 113; en 2008, 28 mil 18; en 2009, 31 mil 545; y en 2010, 34 mil 545. Las estimaciones oficiales superan los 100 mil homicidios en los 6 años del gobierno calderonista.

Los secuestros también aumentaron: de 595 en 2006 a mil 344 en 2011. En 2007, el propio SNSP registró 438; en 2008, 907; en 2009, mil 163, y en 2010, mil 220.

Otro ejemplo de la fortaleza del crimen corresponde a los robos. En 2006 hubo 545 mil 232; en 2007, 610 mil 730; en 2008, 656 mil 877; al siguiente año, 680 mil 566; en 2010, 726 mil 661; en 2011, 751 mil 750. Anualmente, entre 2006 y 2011, la comisión de este delito creció 37.8 por ciento.

La participación de las empresas asociadas a García Luna no sólo rindió pocos resultados, también puede constituir una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prohíbe expresamente la incorporación laboral de los servidores a empresas vinculadas al sector en donde fungió como funcionario, si no ha pasado por lo menos un año de dejar el cargo.

¿Quién nos asegura que la información privilegiada que García Luna conoce no está siendo manejada entre personajes con nexos a agencias internacionales en una materia tan sensible para México como es la seguridad?

La seguridad pública no puede reducirse a la seguridad de un grupo en el poder, al soporte de una política subjetiva o parcial, sino a la integridad de la paz, a la seguridad de la nación misma. Debe ser un recurso más para conocer lo que puede llegar a ocurrir si no desaparecen las medidas gubernamentales de índole política que puedan poner en peligro al país entero.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al titular de la Secretaría de la Función Pública a que en el marco de sus facultades, realicen las investigaciones necesarias y apliquen las sanciones correspondientes respecto a los contratos y/o permisos otorgados a las empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como a quien resulte responsable, por presunto conflicto de intereses u otros ilícitos que contemple la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Notas

1. http://www.icitholding.com/es/
2. http://gglconsulting.net/en/
3. http://m.aristeguinoticias.com/2101/mexico/garcia-luna-ahora-todo-un-em presario/
4. http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/los-socios-de-genaro

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a autoridades educativas federales y estatales a implantar acciones para prevenir, reducir y erradicar el acoso y la violencia en las escuelas, en especial de nivel medio superior, suscrita por la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

Diva Hadamira Gastélum Bajo, senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales para que a través de la Secretaría de Educación Pública y las secretarías correspondientes, implementen e intensifiquen las acciones tendientes a la prevención, concientización, reducción y erradicación del acoso y violencia dentro de los planteles educativos, en especial, en la Educación Media Superior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según los últimos datos desprendidos de la encuesta “Violencia, Tolerancia y Exclusión” realizada en el 2013 por la Secretaría de Educación Pública y cuyos datos preliminares fueron publicados durante la apertura del Seminario sobre Prevención de Conductas de Riesgo en Estudiantes de Educación Media Superior, la violencia, las agresiones físicas, las ofensas y la discriminación en los planteles de educación media superior son muy comunes, alcanzando cifras que pocos esperarían.

Uno de cada cuatro jóvenes ha experimentado, según la encuesta, agresiones reiteradas de diversos tipos; sólo 4 por ciento, se reconoció como agresor. A su vez, siete de cada 10 jóvenes sufrieron violencia psicológica, verbal o física en los últimos 12 meses.

En las redes sociales, la violencia también juega un factor importante de riesgo entre los jóvenes. El 12 por ciento de ellos, ha experimentado la burla de pares; el 8 por ciento, se encuentra en una constante exposición de mentiras, ya un 6 por ciento, le fue invadida su cuenta electrónica.

La violencia vivida dentro de los planteles educativos tiene una relación cercana con alteraciones de la vida de los estudiantes en sus distintas facetas; tal como señaló el subsecretario de Educación Media Superior, la escuela difícilmente se sustrae de la dinámica social. Por lo que respecta al desempeño y rendimiento académico, según se señala en la encuesta ya multicitada, los directores de diversos bachilleratos han reconocido que los jóvenes que sufren agresiones reiteradas en el plantel escolar registran un ausentismo escolar del 30 por ciento más elevado que los demás estudiantes. Tanto afecta la violencia vivida por los jóvenes en el aprendizaje y en el ausentismo escolar, que en muchas ocasiones lleva al abandono escolar.

A su vez, se señala que el estado de ánimo por el que se encuentran mucho de los estudiantes no es muy alentador, según la Encuesta dicha: el 56 por ciento de los estudiantes indicó haberse sentido triste; 43 por ciento, se siente sólo, y el 26 por ciento, había creído que su vida era un fracaso.

La situación se agrava cuando las autoridades escolares no toman acciones para erradicar la violencia entre sus alumnos. Los jóvenes no saben cómo impedirlo y las autoridades a quienes debiesen recurrir pretenden ignorar el problema, como resultado, en muchas de las ocasiones, de las pocas habilidades con las que cuentan para resolver el problema. Si a esto se le añade que no hay una cultura de denuncia de las agresiones escolares vividas, el problema de la violencia entre los estudiantes, así como el entorno social en el que se desarrollan, se recrudece.

Las consecuencias del acoso y la violencia entre niñas, niños y jóvenes son tan alarmantes, al grado de llegar, en ocasiones, al suicidio. El Consejo Nacional de Salud indica que la depresión infantil, que está asociada en muchos de los casos al acoso y violencia estudiantil conocidos como bullying que se vive en los planteles educativos, puede derivar en suicidio. Según la Procuraduría General de la República, el 16.5 por ciento - uno de cada seis jóvenes - de jóvenes víctimas de acoso y violencia escolar, se suicida.

Los datos dados, se ven aún más agudos cuando se apoyan con otros. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México, en el 2013, ocupó el primer lugar en caso de violencia entre estudiantes de secundaria.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que esta violencia entre estudiantes trastoca la convivencia escolar de los jóvenes, al grado de llegar a afectar al 40 por ciento de los 18 millones 875 alumnos de primaria y secundaria registrados en instituciones educativas públicas y privadas. Incluso, la CNDH ha reforzado diversas acciones de capacitación de docentes, alumnos, familiares y autoridades educativas en todo el país para erradicar el bullying. A través de la Campaña para Abatir y Eliminar la Violencia Escolar, se imparten diversos cursos para concientizar sobre las causas, consecuencias y formas de prevención de este tipo de violencia.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 11 por ciento de los estudiantes de primaria en México han robado o amenazado a alguno de sus compañeros; en secundaria, es un poco más del siete por ciento.

Relacionado con la necesidad que se tiene de disminuir la violencia dentro de los planteles educativos, el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, indicó que se iniciarán cinco estrategias con el objeto de volver a diseñar el Programa “Construye T” de forma que éste llegue a 2 mil 500 escuelas públicas, de las 8 mil 500 escuelas de bachillerato público que se tienen registradas al día de hoy.

El programa señalado fue desarrollado por la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con diversas organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, por sus siglas en inglés) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés). Dicho Programa tiene como objetivo el desarrollo integral del ser humano en los ambientes educativos de inclusión, participación democrática y equidad. Se planteó un cambio al programa, como se ha mencionado, pues se pretende adecuarlo a las necesidades y problemas que van surgiendo día a día respecto de la violencia entre jóvenes en la escuela media superior.

No obstante los esfuerzos sumados para reducir la violencia en las escuelas, particularmente en la media superior, es necesario, por el problema que nos aqueja, hacer un llamado a que la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías en las Entidades Federativas referentes a la cuestión educativa, intensifiquen las medidas adoptadas para el combate a este problema tan serio que viven nuestros jóvenes mexicanos.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, implemente e intensifique las acciones tendientes a la prevención, concientización, reducción y erradicación del acoso y violencia dentro de los planteles educativos, en especial, en la Educación Media Superior.

Segundo. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los Titulares del Poder Ejecutivo Estatales para que, a través de las secretarías correspondientes y actuando en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, refuercen las estrategias y acciones de prevención, concientización, reducción y erradicación del acoso y violencia escolar, particularmente, por lo que respecta a la Educación Media Superior.

Salón de sesiones de honorable Cámara de Senadores, a 29 de enero de 2014.

Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a mejorar la calidad y disponibilidad de su información presupuestaria, suscrita por la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la calidad y disponibilidad de información presupuestal de la entidad para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para el año que inicia, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un monto aproximado de 4.46 billones de pesos1 , cifra que representa un incremento de 8.8 por ciento de lo que fue presupuestado para 2013.

Este aumento histórico da continuidad a la inercia ascendente que en materia de política presupuestaria se ha venido instrumentando en los últimos años, y que ha mantenido el presupuesto por encima de la inflación; de 2010 al presente año este se incrementó 41 por ciento, mientras que en el mismo periodo la inflación promedio acumulada ascendió a 15 por ciento.

Bajo esta magnitud y dinámica presupuestal, el Poder Legislativo debe ejercer con mayor disciplina sus función como órgano de control de las actividades y operaciones del gobierno, para vigilar el estricto cumplimiento del marco jurídico que dé certidumbre y transparencia al ejercicio de los recursos públicos en los diversos órdenes de gobierno para garantizar su correcta utilización, eficiente y honesta.

La reforma constitucional de 2008, que adiciona la fracción XXVIII al artículo 73, otorgó al Poder Legislativo la facultad de expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno, estableciendo con ello, las bases jurídicas para la armonización contable y de sus cuentas públicas.

De tal manera, en 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización. En su artículo segundo transitorio se establece la instalación de un Consejo Nacional de Armonización Contable, que será el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental.

En otras palabras, esta ley y el consejo son los pilares para la armonización contable y la emisión de información financiera, con la finalidad de homogenizar la información de las finanzas públicas, hacerlas factibles para su lectura y análisis, facilitando su escrutinio y fiscalización.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental ha tenido varias reformas con la intención de que los estados lleven a cabo de manera progresiva las tareas que mandata en materia de homologación y presentación de la información, estableciendo una serie de plazos para su cumplimiento.

El último de estos plazos se cumplió el 31 de diciembre de 2013 y determinaba que todas las entidades deben contar con la información en sus portales de Internet, así como con un software específico para que la contabilidad esté homologada.

De acuerdo con el consejo, únicamente los municipios con población menor a 25 mil habitantes pueden ponerse al corriente con este plazo hasta 2015 y con datos disponibles hasta finales del año que acaba de concluir, Tlaxcala es uno de los estados que incumple en su totalidad con la información financiera que debe publicar en su portal electrónico.

Como vemos, estamos frente a un serio problema que si bien aqueja a varios estados de la república, la omisión de las autoridades del estado que represento ha sido una constante que he denunciado en diversas ocasiones en la tribuna del Senado de la República.

Ya sé que el gobernador de Tlaxcala, como ha sido su costumbre va a negar lo evidente, por ello, los invito a corroborar mi propuesta, simplemente con acceder al portal de Internet del gobierno del estado, si es que no lo bloquean antes.

Son de suma importancia los esfuerzos que en los últimos años se han hecho para facilitar los procesos de rendición de cuentas a nivel local, evitemos los actos que los detengan y apoyemos las acciones que abran la gestión pública al escrutinio de los ciudadanos.

Por lo anterior, me permito poner a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Tlaxcala a implementar mecanismos para mejorar la calidad y disponibilidad de la información presupuestal de la entidad, en el marco del cumplimiento de las disposiciones previstas en el título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y conforme a las normas y formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, cuyo plazo para su implementación venció el 31 de diciembre de 2013.

Nota

1. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF y al delegado en Miguel Hidalgo a informar sobre el efecto de la obra de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, numeral 1, del artículo 8, fracción IX, numeral 1, del artículo 76 y 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República hace un atento exhorto al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, para que envíen un análisis detallado de acuerdo a sus facultades y responsabilidades respectivamente, sobre el impacto que tendrá en la zona, la obra de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk en Polanco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ciudad de México es sin duda uno de los centros urbanos con amplias posibilidades de competir a nivel mundial por distintas razones: más de sesenta museos en tan sólo mil 495 kilómetros cuadrados; posee una gran riqueza pluricultural en sus casi nueve millones de habitantes, de los cuales el 82 por ciento profesa la religión católica; pero es al mismo tiempo, es asiento de casi la tercera parte de los ministros de culto de toda la nación: 24 mil 521 repartidos en 654 asociaciones religiosas registradas, de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación; cuenta con 122 mil personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena y la posibilidad de realizar distintas actividades recreativas y culturales a lo largo de sus dieciséis demarcaciones territoriales.

Una de las zonas con mayor oferta de actividades no sólo culturales sino financieras, educativas, deportivas y de actividades propias del turismo como los centros comerciales es la demarcación territorial de Miguel Hidalgo.

El espacio territorial de la delegación está dividido en 81 colonias, la más grande es Bosques de las Lomas con 3.2 kilómetros cuadrados y la más pequeña, Popo Ampliación con .33 kilómetros cuadrados; además tiene la mayor extensión de áreas verdes, tan sólo el Bosque de Chapultepec cuenta con 7.2 kilómetros cuadrados, así como grandes construcciones modernas y una vasta actividad comercial y de servicios.

La demarcación territorial de Miguel Hidalgo, recientemente ha sido objeto de diversas acciones benéficas a la ciudadanía, algunas destacables como la rehabilitación de espacios públicos para uso de la comunidad, habilitándolos con luminarias, con servicios de limpieza y reverdecimiento de sus áreas naturales y fomentando el respeto a los peatones y a los usuarios de bicicletas, en un esquema de fortalecimiento de la movilidad en zonas conflictivas como Polanco, por citar alguna.

No obstante, también ha persistido en la idea de “regenerar” la calle de Masaryk que alberga importantes centros que ofrecen servicios y productos en distintas modalidades, pero principalmente, conocidos en la mercadotecnia como “Premium”, tal vez de aquí la idea del titular de la demarcación territorial en cuestión de considerar a Masaryk de la siguiente forma “... el centro y el corazón de Polanco y queremos que sea accesible, caminable, visitable, turística, que se compare con la Quinta Avenida”. Lo cual es muy loable pero se requiere más que hacer banquetas amplias con árboles nuevos, una de las principales situaciones a resolver en la zona es el servicio de estacionamientos.

De acuerdo a datos de la propia delegación, por cada residente de Polanco, existen 2.3 empleados que laboran en la zona; esto provoca que casi el 90 por ciento de los viajes a este lugar sean de visitantes.

Se estima que entre las seis de la tarde y las ocho de la noche se generan 87 mil viajes de personas que salen de su trabajo, a lo cual debe sumarse el déficit de cajones de estacionamiento que se refleja en coches en segunda fila, entorpeciendo el tráfico.

Otros datos adicionales del plan de movilidad, señalan 210 mil viajes1 diarios en la zona, de los cuales el 87 por ciento son de visitantes y el 13 por ciento de residentes. La mitad de la gente llega a Polanco en automóvil, sólo un 5 por ciento usa taxi, 8 por ciento viaja en metro y el 31 por ciento viaja en los servicios de transporte colectivo.

Aproximadamente en Polanco hay 61estacionamientos privados, los cuales se usan en promedio casi dos horas y previo a la instalación de los parquímetros se tenía reportado el 116 por ciento de ocupación de estacionamiento en la vía pública durante horas pico.

Para atacar este problema que afecta la calidad de vida de los residentes y la movilidad de quienes transitan en la zona por diversas razones, se planeó la construcción de cinco estacionamientos subterráneos que en teoría deben resolver el problema de los camiones de pasajeros que se estacionan a lo largo de las avenidas Campos Elíseos, Rubén Darío y conexas, los cuales no sólo minan la visibilidad en la zona sino que generan otro tipo de externalidades a los vecinos de la zona como los derivados de ausencia de servicios sanitarios, de control de desperdicios generados por quienes visitan la zona y realizan “picnic” en las calles, entre otros, como la inseguridad.

Ahora bien, como si esto no fuera un conflicto de primer orden, el Jefe Delegacional de Miguel Hidalgo, ha anunciado la obra para rehabilitar la avenida Presidente Masaryk, en Polanco. El proyecto integral de rehabilitación fue adjudicado de forma directa a la empresa Mecano Inmobiliaria Construcciones Lerma, con un presupuesto de 463 millones de pesos con el que se construirá, entre otras cosas, un corredor compuesto de tres etapas: Arquímedes y Moliére, Arquímedes – Mariano Escobedo y Moliére –Periférico.

Masaryk es la zona comercial de lujo más importante de México y ocupa el lugar 51 de la lista de 622 calles más caras del mundo, al albergar las mejores marcas y por las altas rentas anuales de los locales.

En esta avenida, vista como eje del Fashion District de la ciudad, se ubican 138 establecimientos, la mayoría boutiques, hay 60 restaurantes, dos parques y tres centros de estudio.

Se cambiarán camellones, sustituirán la paleta vegetal, se hará un cambio de carpeta asfáltica, se instalará mobiliario urbano incluidas luminarias, cableado subterráneo, adecuaciones en banquetas para hacerlas más amplias, universales y accesibles, retirarán mobiliario inservible y los negocios unificarán las fachadas y terrazas.

Asimismo, en el parque Winston Churchill ubicado sobre Paseo de la Reforma frente al Auditorio Nacional, el espacio está siendo tapiado y se trabaja en el análisis de la paleta vegetal que integrarán. Tanto en esta zona como en Masaryk habrá retiro de vendedores ambulantes, o al menos eso dice, habrá que revisar si no representa un franco cambio de lealtades de los ambulantes.

Tan sólo ésta última tendrá un costo de 25 millones de pesos, de los cuales 15 serán aportados por la franja hotelera de Polanco, cada hotel contribuirá con 1.5 millones que irán al Fideicomiso del Bosque, el cual se encargará de la recaudación para este proyecto y el mantenimiento.

Este proyecto que implica esfuerzos de la iniciativa privada, del gobierno de la Ciudad de México así como del órgano político administrativo Miguel Hidalgo, suena ambicioso y de relumbrón, pues difícilmente quienes acuden con regularidad a la zona de Masaryk abandonarán sus autos para llegar caminando, dicho sea de paso, sólo algunos tienen posibilidad de contar con un conductor que se ocupe de estacionar el auto, el resto de los visitantes de la zona de Polanco, tendrán que atenerse a las reglas del Parquímetro o de los franeleros que laboran de manera nocturna y los fines de semana.

El jefe delegacional en Miguel Hidalgo se escuda en que será a través de un derecho de mejoramiento urbano, figura contemplada en el Código Fiscal, para que a través de un convenio con el dueño o arrendador y después de hecha la obra, en 15 años se paguen cuotas que serán fondeadas por una institución bancaria.

La importancia del proyecto no es el cuestionamiento sino la incapacidad para resolver un problema previo y severo como es el déficit de cajones de estacionamiento en Polanco, pues si bien otros datos mencionan que en la zona operan 93 de ellos que suman un total de 10 mil 418 espacios, otras cifras reportan la demanda por 29 mil 14 cajones, es decir, faltan 18 mil sitios para cumplir con la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado de urgente resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, para que envíen un análisis detallado de acuerdo a sus facultades y responsabilidades respectivamente, sobre el impacto que tendrá en la zona, la obra de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk en Polanco; mismo que deberá contener el análisis de costo-beneficio a la población residente y de tránsito.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito Federal para que envíen un informe detallado en el que expliquen las razones por las cuales el proyecto a desarrollar en la zona de Masaryk en Polanco, se otorgó mediante adjudicación directa, así como las razones por las cuales se decidió que el proyecto de regeneración urbana quede a cargo del arquitecto Bernardo Gómez-Pimienta.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación territorial Miguel Hidalgo en el Distrito Federal para que detengan el proyecto de regeneración urbana en Masaryk-Polanco y se realice de manera previa una consulta pública a los habitantes de la zona, para establecer un orden de prioridades y saber si debe hacerse primero la regeneración urbana en comento o la construcción de estacionamientos que aligeren el tráfico en Polanco y se presten servicios dignos a los visitantes de la zona que asisten en camiones de pasajeros y autos.

Notas

1 http://sistemas.miguelhidalgo.gob.mx/files/Programa/284/Documento/Movil idad_Polanco_OK.pdf

2 http://www.cushmanwakefield.mx/es-mx/services/occupiers-and-tenants/

Dado en el salón de sesiones del Senado, el 29 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE que remita a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras un informe de las gestiones diplomáticas que realiza en favor de conciudadanos condenados a la pena capital en el extranjero, suscrita por las diputadas Alliet Mariana Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Alliet Mariana Bautista Bravo y Graciela Saldaña Fraire, diputadas federales en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita de la Secretaria de Relaciones Exteriores que brinde un informe detallado de las gestiones diplomáticas que se encuentra realizando en favor de conciudadanos condenados a pena capital en el extranjero a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámara del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes

Consideraciones

La ejecución del connacional Édgar Tamayo el pasado miércoles, a demás de la contundencia de la carta que envió a sus familiares con respecto de la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos deja consternación y la impresión de que la Secretaría de Relaciones Exteriores fue omisa en la atención del Señor Edgar Tamayo.

Lo anterior se muestra y resulta muy significativo lo que Tamayo a firma en ésta:

“No quiero que meta mano en esto (el funeral) el mentado consulado, la verdad que esta gente me decepciona, son puras pinches mentiras con esta gente y con la Secretaría de Relaciones Exteriores que no hacen nada, claro que mandé quejas y nunca hicieron nada. Por eso no quiero que metan mano en nada, siempre que algún paisano va a ser ejecutado, siempre quieren quedar bien entre las cámaras para verse bien con el gobierno de México y los paisanos, y yo no quiero que me usen”.

Es del interés de nuestra bancada que conozcamos el quehacer diplomáticos de los consulados mexicanos en el exterior, y muy en particular en los Estados Unidos de Norteamérica en pro de la defensa de los derechos humanos y económicos de los mexicanos, además, y de manera prioritaria de los que se encuentran involucrados en algún delito más allá de nuestra frontera norte.

Según datos publicados por Death Penalty Information Center 61 mexicanos más se encuentran sentenciados a pena muerte en los Estados Unidos. De acuerdo con esta fuente se trata de la nacionalidad extranjera más numerosa condenada a la pena capital en el país norteamericano de 141.


Fuente: Death Penalty Information Center

Es decir, 61 mexicanos de 141 extranjeros, representan un 41.84 por ciento de los sentenciados.

El Center Informatión Daeth Penalty asevera que la población de connacionales en prisiones de Estados Unidos sentenciados a pena de muerte, se encuentran distribuidos por estados- mismo que corresponden a la dinámica migratoria de nuestros paisanos al país vecino, es decir que a donde hay más connacionales y por su estatus migratorio corren mayores riesgo en la violación de sus derechos humanos. Y su distribución es la siguiente:

El Estado donde se ubican la mayor cantidad de mexicanos condenados a muerte es California con 38 y el segundo es Texas con 11 connacionales.

Otro dato, que es de preocupar y que apoya nuestra solicitud, es que desde 1976, ocho mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos.

De acuerdo con los datos oficiales del Departamento de Justicia del Estado de Texas, Ramiro Hernández es el siguiente mexicano que espera la misma sentencia que Tamayo. La ejecución de Hernández está programada para el 9 de abril.

Al respecto, México en 2004 entabló una demanda en contra de los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por violar los acuerdos de la Convención de Viena, en donde los Estados firmantes se comprometen a notificar al consulado correspondiente cuándo un extranjero sea procesado por delito alguno.

El fallo del asunto fue conocido como el caso Avena. Mismo que estableció:

La CVRC genera obligaciones para los Estados miembros, por lo tanto incluso las entidades federativas deben asegurar su cumplimiento en cada uno de sus estados integrantes.

14/15; se declara que USA incumple con el art. 36 letra (b)

14/15; por lo que no deja que México ejerza sus derechos

14/15; USA viola el art. 36 letras (a) y (c)

14/15; USA viola el 36 párrafo 2, pues no permite la revisión de sentencias de los nacionales mexicanos sujetos a sentencia definitiva que los condenaba a muerte.

14/15; USA debe reparar a México pero no necesariamente mediante la restitutio in integrum, pues no todo el proceso violaba el derecho internacional sino algunas faltas a las convención solamente. Pero se le pone una limitación fundamental, la revisión y reconsideración de los casos debía estar sometida a la efectividad correlativa a los derechos que otorga la CVRC. Por lo tanto el sistema de gracia de la clemencia (el indulto de ellos) no es suficiente puesto que para que exista justicia y equidad es necesario un procedimiento y una sentencia

15/15; Toman conocimiento de que USA se compromete a asegurar el cumplimiento de sus obligaciones para que no se volviera a producir una situación como esta.

15/15; si los procesados fueran condenados a penas severas sin contemplar el art. 36 (b) los Estados Unidos deben revisar y reconsiderar procedimientos y sentencias por un medio que no fuere la clemencia.

En esta resolución, en síntesis, se establece que Estados Unidos debía revisar las condenas de más de 50 mexicanos enjuiciados sin haber tenido la debida asistencia consular.

Hasta hoy, 2 mexicanos- José Medellín en 2008 y Humberto Leal en 2011- de los 50 han sido ejecutados hasta la fecha. En ambos caso las defensas apelaron con el argumento de la falta de apoyo del consulado de México para frenar la condena.

De acuerdo con el fallo del caso Avena, las responsabilidades consulares del Estado Mexicano son:

Funciones consulares

Las funciones consulares consistirán en:

a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional;

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas;

i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente;

j) comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor; artículo 36.

Comunicación con los nacionales del estado que envía

1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales.

Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello.

2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que tengan pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo.”Ante el anterior panorama, las y los legisladores de la Bancada del Partido de la Revolución Democrática, nos formulamos los siguientes cuestionamientos:

• ¿Cuál es el diagnóstico de la Secretaría de Relaciones Exteriores con respecto de las y los mexicanos bajo algún proceso judicial en el exterior?

• ¿Lleva seguimiento de los casos?

• ¿Cuenta con un protocolo de actuación para cada uno de ellos?

• ¿Hay el personal suficiente y calificado para atender con eficiencia a nuestros connacionales?

• ¿El programa de apoyo consular tiene el suficiente presupuesto para enfrentar los asuntos que por Ley tendría que atender?

• ¿Los trámites que se siguen al interior del consulado son excesivos?

• Cifras, ¿la Secretaría lleva una estadística de los casos que atiende?

• ¿Se mantienen en resguardo los expedientes de los paisanos, conforme a la Ley?

• ¿Realiza campañas de difusión en los países del exterior la Secretaría para que los connacionales conozcan de los servicios consulares de protección y salvaguarda?

• ¿Cuáles son los niveles de eficiencia en la atención a los connacionales?

• ¿Cuentan con estudios que revelen la opinión de los paisanos en el extranjero sobre la satisfacción de los servicios que reciben de sus consulados?

Saber lo anterior, es fundamental para comprender la calidad de los servicios consulares y entender las responsabilidades del Estado Mexicano con respecto de la suerte de nuestros paisanos que radican en el exterior.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita de la Secretaria de Relaciones Exteriores que brinde un informe detallado de las gestiones diplomáticas que se encuentra realizando en favor de conciudadanos condenados a pena capital en el extranjero a las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámara del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la sede de la honorable Comisión Permanente, a 22 de enero de 2014.

Diputadas: Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Graciela Saldaña Freire (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a sus homólogos en los estados y el DF a concienciar a quienes deseen adoptar sobre la importancia de incorporar al núcleo familiar a niños mayores de tres años y personas con alguna discapacidad, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por nuestra ley fundamental.

Asimismo señala que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Como parte de dichos derechos se encuentra el del interés superior del menor, el cual está plasmado de la siguiente manera en el artículo 4 de nuestra propia ley fundamental:

“En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Entre otras, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus homólogos en las entidades, cuenta con las siguientes atribuciones:

• Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes.

• Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad.

• Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez.

• Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado.

El jurista Díaz de Guijarro, en su Tratado de Derecho de Familia , la define como “la institución social, permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación”.

Entre los principales fines de la familia se encuentran:

• La reproducción de la especie.

• La producción y consumo de bienes a su interior.

• La transmisión de valores, la función socializadora y la afectiva.

En relación a los últimos, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que desarrollarse en una familia es fundamental para nuestra niñez en virtud de que en esta institución se crean vínculos que trascienden en el tiempo y la distancia.

Cuando un menor se desarrolla en el seno de una familia en la que le transmiten la importancia de observar sus derechos y obligaciones, hay mayores posibilidades de que al llegar a la edad adulta sean miembros productivos para la sociedad y enseñe los valores que le fueron inculcados cuando asuma el rol de jefe de familia.

Desafortunadamente no todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país tienen la posibilidad de desarrollarse en un núcleo familiar sano, lejos de esto, crecen en familias disfuncionales, son víctimas de violencia o, en el peor de los casos, son abandonados por sus padres.

De acuerdo con cifras de instituciones dedicadas al cuidado y atención de menores en estado de abandono, en los últimos cuatro años se han presentado más de 30 mil casos de menores privados de cuidados parentales, de los cuales 85 por ciento son hermanos biológicos, de ellos 80 por ciento tienen entre 3 y 11 años de edad, además de adolescentes de 12 a 17 años, dentro de los cuales se encuentran menores con algún tipo de discapacidad.

En 2011, en México había más de 28 mil menores en 657 instituciones dedicadas a la protección de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 77 por ciento se encontraban en un rango de edad que oscila entre los 7 y 18 años de edad.1

Es evidente que en los casos referidos, la negligencia o descuido de los padres se traduce en acciones que vulneran a nuestra niñez, situación que es atendida por el Estado mexicano a través de instituciones de atención, asistencia e integración social.

Asimismo, la legislación mexicana contempla la figura jurídica de la adopción, la cual se entiende como el “acto jurídico de recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes, al que no lo es naturalmente”.2

La adopción es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo de un menor con su familia biológica para trasladarlo a la familia adoptiva con la finalidad de velar por el bienestar del adoptado. Es un instrumento restitutorio del derecho de los menores a vivir en familia, y no de los adultos, en tanto que el objetivo es encontrar familias para los niños y no niños para las familias.

Es el medio por el cual aquellos menores que por diversas causas han sido privados del derecho a crecer en un núcleo familiar, tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral y les ofrezca condiciones de estabilidad emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta.

Son susceptibles de adopción:

• Los menores que fueron cedidos voluntariamente por sus padres.

• Los menores de edad que fueron abandonados.

• Los que fueron separados de sus padres por maltrato.

En promedio este proceso judicial requiere en el caso de los niños cedidos voluntariamente, un mes; para los menores abandonados, aproximadamente 6 meses; y en el caso de retiro de patria potestad por violencia o maltrato, dependiendo de la resistencia que presentan los padres, se puede requerir de 2 o 3 años.

Sin embargo, por regla general en México una pareja o persona que desea adoptar tiene que esperar de dos a tres años para poder concluir este proceso, demora que obedece a que en la mayoría de los casos buscan a menores de 0 a 24 meses de edad; en pocos casos buscan adoptar a niños de hasta 3 años y son mínimos los casos en que buscan a niños mayores de 3 años, con discapacidad, o grupos de hermanos.

En el marco del Congreso Internacional de Adopción realizado en Guadalajara, Jalisco, en marzo de 2009, Alejandra Salas Niño, directora general del Centro de Estudios de Adopción señaló que tanto en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia como en la institución que preside, durante ese año a nivel nacional se concluyeron 764 adopciones, lo cual representa una disminución de 37 por ciento con relación a 2008 en el que hubo mil 209 adopciones3 .

Las entidades con mayor número de asuntos fueron: Chihuahua con 121, Jalisco con 13 y estado de México con 82.

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto la necesidad de implementar estrategias que por un lado permitan agilizar y promover la adopción en nuestro país, y por otro lado, que concienticen a las personas que deseen adoptar sobre la importancia de adoptar a niños y niñas mayores de tres años, con discapacidad, así como a los grupos de hermanos.

Debemos reflexionar y generar conciencia sobre la importancia de que menores desamparados, independientemente de su edad, cuenten con la posibilidad de incorporarse o reincorporarse a un núcleo familiar que les permita desarrollarse plenamente. Con lo anterior estaremos cumpliendo el interés superior de la niñez.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta honorable asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a sus homólogos en los estados y el Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones concienticen a quienes desean adoptar sobre la importancia de incorporar al núcleo familiar a niñas y niños mayores de tres años, grupos de hermanos y personas con algún tipo de discapacidad institucionalizados en los distintos albergues de nuestro país, a fin de cumplir el interés superior de la niñez.

Notas

1. www.cdea.org.mx/index.php?option=com_banners 14/03/2013.

2. De Ibarrola, Antonio. Derecho de Familia. Editorial Porrúa. México 1980. Pág. 645.

3. http://cdea.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id =99:se-tramitaron-85-adopciones-en-el-2010-&catid=1:latest-new& Itemid=50 14/03/2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer la investigación y esclarecer el asesinato de Ygnacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán; y constituir la fiscalía especial para investigar los homicidios de 44 alcaldes en los últimos 8 años, suscrita por los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Manuel Camacho Solís, en nombre propio y del senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales décimo segundo, décimo cuarto y décimo quinto del acuerdo relativo a las sesiones y orden del día, presentan como de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga la investigación y esclarezca el asesinato de Ygnacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, y se constituya la fiscalía especial para investigar los asesinatos de 44 presidentes municipales en los últimos 8 años, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Antecedentes

Las diversas organizaciones civiles en las que coinciden presidentes municipales de diferentes extracciones partidistas como la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), la Federación Nacional de Municipios de México (FENAM) y la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), han demandado el esclarecimiento de los asesinatos de los alcaldes y la creación de una estrategia para detener las agresiones de alcaldes en manos de la delincuencia organizada.

Esto debido a que el pasado 7 de noviembre, fue asesinado de manera artera Ygnacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán; la versión de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán declaró que el alcalde había fallecido víctima de un accidente automovilístico en la carretera Acámbaro–Puerto de Cabras, en los límites de Michoacán y Guanajuato.

Horas más tarde, la Procuraduría de Justicia de Guanajuato informó que Ygnacio López Mendoza habría sido asesinado por estrangulamiento, versión confirmada por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

En este contexto, se detalló que la noche del miércoles 6 de noviembre fue secuestrado en su domicilio por un grupo de personas armadas y según los resultados de la necropsia, el alcalde de Santa Ana Maya fue torturado y asesinado por estrangulamiento.

Con base en la información recabada, hoy se conoce que el alcalde había declarado en el mes de febrero, que tenía que pagar 100 mil pesos de cuota al mes en efectivo a la delincuencia organizada para que lo dejaran trabajar.

Durante 18 días del pasado mes de octubre, realizó una huelga de hambre frente al Senado de la República en demanda de mayores recursos para los municipios con menos de 50 mil habitantes.

El martes 5 de noviembre previo a la reunión de la Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México AC, (AALMAC) de la cual formaba parte, comentó que integrantes del crimen organizado se habían comunicado con él, haciéndole saber que estaban enterados del ofrecimiento de recursos que le hizo el Gobierno Federal, como resultado de su huelga de hambre; por lo que a su regreso, tendría que aumentar el monto de su cuota normal.

Según la Asociación de Autoridades Locales de México, en los últimos ocho años se han registrado 44 asesinatos de presidentes municipales de diferentes partidos (9 del Partido de la Revolución Democrática, 11 del Partido Acción Nacional, 21 del Partido Revolucionario Institucional, 2 del Partido del Trabajo y 1 del Partido Verde Ecologista de México).

Decenas de funcionarios municipales, alcaldes, ex alcaldes, síndicos, regidores, cuerpos de seguridad y policías han sido víctimas directas de asesinatos, atentados y muertes sospechosas, resultado del clima de violencia, descomposición política y social por el que atraviesa el país; donde han fallado la federación y los gobiernos estatales para brindar seguridad a la ciudadanía y es el municipio el eslabón más débil al contar con menos recursos económicos, armamentistas e institucionales para enfrentar a la delincuencia organizada.

El 87 por ciento de los asesinatos se han realizado en municipios de poblaciones con menos de 50 mil habitantes, con altos índices de marginación, poblados serranos, apartados e incomunicados; donde las fuerzas federales no llegan y se resiente más la pugna entre los cárteles.

En estos territorios la Policía Federal, el Ejército o la Marina, realizan intervenciones sin que el alcalde sea notificado y una vez que las fuerzas federales se retiran, el conflicto se agrava por la falta de policías municipales y las autoridades locales quedan a merced de la extorsión, cobro del derecho de piso y violencia de la organizaciones criminales que obligan a los alcaldes a pasar por alto sus actos delincuenciales.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga la investigación y esclarezca el asesinato de Ygnacio López Mendoza presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República la creación de la fiscalía especial para investigar la el asesinato de los 44 presidentes municipales asesinados en los últimos 8 años.

Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República que integre una Comisión Plural de Senadores para dar seguimiento y cumplimiento puntual a las investigaciones correspondientes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Miércoles 29 de enero de 2014.

Senadores: Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Camacho Solís (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para investigar y sancionar a médicos que cometan actos de maltrato, discriminación y humillación contra mujeres en labor de parto en hospitales públicos o privados, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México la violencia contra las mujeres, según Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, se define como cualquier acción u omisión, basada en su género, misma que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, toda vez que esta se puede dar en distintas modalidades de violencia, donde las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres persista en una afectación hacia la mujer.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en marzo del año 2013 dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, que proporciona información sobre las diversas formas de violencia contra las mujeres en nuestro país. Entre los datos más relevantes tenemos que seis de cada diez mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras persona.

No sólo en la casa, en el trabajo o la calle son víctimas de violencia las mujeres, también experimentan violencia al momento de dar a luz o en la labor de parto por parte de los médico o enfermeras del sector público o privado.

Hace unos días, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer por medio de un estudio basado en el testimonio de 200 mujeres que el maltrato a la mujer en los servicios públicos y privados de salud es una constante, específicamente en el área de gineco-obstetricia, donde lo más usual son regaños, humillaciones, alusiones (a su vida sexual), conminaciones, colocación del dispositivo intrauterino sin consentimiento y otras formas de abuso, son prácticas habituales en las que incurren los médicos en las salas de parto.

El estudio también revela que los médicos (hombres y/o mujeres) se dirigen a las pacientes en labor de parto con frases o bromas como “aguántate”, “así te gustó”, “antes abriste las piernas” o “claro que lo haremos” (en referencia a la episiotomía), a todas, de castigo.

Los abusos o formas de violencia que sufren las mujeres embarazadas durante el alumbramiento es consecuencia de dos problemas estructurales al interior de los centros de salud; el primero, es por la sobrecarga de trabajo que existe en los servicios de salud y las deficientes condiciones laborales de médicos y enfermeras. El segundo, es por el aprendizaje o maltrato y la violencia de género que se reproduce en los hospitales por parte del personal.

La violencia que viven las mujeres es un problema cada vez más visible y de importancia, y que también se reportó recientemente en una investigación por parte del del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Con lo anterior se puede indicar la violación de diversas disposiciones señaladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableciendo que la violencia psicológica, es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio, misma que puede ser ejercida por parte de particulares o de personal al servicio del Estado.

Toda mujer debe ser respetada en cualquier condición en la que se encuentre al momento de dar vida a su progenie, por lo tanto los médicos, quienes suponiendo cuidan y respetan la vida, son los primeros en fortalecer a todas las mujeres que dan a luz.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como al titular del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, a que de manera conjunta investiguen y, en su caso, sancionen a médicos que realizan actos de maltrato, discriminación y humillación contra mujeres al momento de encontrarse en labor de parto en hospitales públicos o privados.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de enero de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat a hacer del conocimiento público el destino de los recursos que países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que haga del conocimiento público el destino de los recursos que ascienden al menos a 735 millones 750 mil dólares desde 2008 a la fecha, ya que países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. A iniciativa de Noruega, REDD+ es un planteamiento de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero derivadas de las deforestación y la degradación forestal, así como incentivar el papel de la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono a través de acciones que repercuten en la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan las regiones forestales y la condición de los ecosistemas.

Se diseña frente a la crisis climática para otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del Norte que tiene compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.

Éste parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.

De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

Este mecanismo se aceptó formalmente en el año 2007 durante la decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13) de la CMNUCC en Bali, Indonesia donde se reconoció el papel de REDD+ como un pilar fundamental para un nuevo acuerdo climático dado que las emisiones anuales asociadas al uso del suelo forestal son la tercera fuente de gases de efecto invernadero.

Desde entonces REDD+ se ha discutido y modificado en reuniones subsecuentes de la CMNUCC para poner en marcha mecanismos nacionales de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) en países en desarrollo con financiamiento de países desarrollados económicamente con recursos de cooperación internacional.

II. Avances internacionales en el diseño de REDD+

Como resultado de la COP 16 celebrada en Cancún surgió un texto resolutorio conocido como Acuerdos de Cancún donde se definió que la implementación de acciones REDD+ se dará en tres fases:

Primera Fase: Desarrollo de capacidades y de estrategias nacionales.

Segunda Fase: Implementación de políticas y medidas que ofrezcan resultados REDD+.

Tercera Fase: Pago por resultados.

Además, los Acuerdos de Cancún definieron una serie de elementos que los países deberán desarrollar para contar con un mecanismo REDD+:

1) Un plan de acción o estrategia nacional.

2) Un nivel de referencia nacional de emisiones relacionadas a la deforestación y, si procede, como medida provisional, niveles de referencia subnacionales.

3) Un sistema nacional de monitoreo y reporte y, si procede, como medida provisional, sistemas subnacionales.

4) Un sistema para proporcionar información sobre la forma en que se estén abordando y respetando las salvaguardas referidas en los Acuerdos.

Cabe resaltar que las Naciones Unidas han desarrollado el programa UN-REDD para apoyar directa o complementariamente a 46 países en los esfuerzos de preparación para REDD, otorgando recursos y asesoría para el desarrollo y la implementación de estrategias nacionales REDD+.

La adopción de esta iniciativa a nivel internacional ha tenido como resultado que actualmente existan 340 iniciativas REDD+ en 52 países, de acuerdo con el Center for International Forestry Research.

Derivado de la gran variedad de actividades vinculadas con REDD+ que actualmente se desarrollan en diversas partes del planeta, esta iniciativa ha sido entendida cada día más como un proceso de fortalecimiento de la gobernanza local sobre los territorios y recursos forestales.

Debido a lo anterior, las discusiones actuales a nivel internacional sobre cómo diseñar e implementar REDD+ se han dirigido hacia la necesidad de asegurar esquemas de gobernanza en diferentes niveles que incluyan a múltiples actores, donde el éxito dependerá, en última instancia, de las circunstancias y prioridades nacionales.

En este sentido, resulta importante comprender cómo las estrategias nacionales de REDD+ están siendo discutidas, diseñadas e implementadas en sus diversos niveles para identificar la forma en que están respondiendo a las necesidades y problemas locales de gobernanza forestal.

III. El proceso REDD+ en México y la elaboración de la estrategia nacional

En marzo de 2010 se formalizó la creación del Comité Técnico Consultivo (CTC REDD+) como con un espacio abierto de reflexión y discusión de la sociedad civil, organizaciones sociales, gobierno y especialistas del sector forestal y rural con el objetivo de generar recomendaciones y propuestas a la Comisión Nacional Forestal, responsable de la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ de México.

En diciembre de 2010, durante la COP16 en Cancún, el gobierno mexicano presentó el documento Visión de México sobre REDD+. Hacia una estrategia nacional donde estableció los primeros criterios para el desarrollo de la ENAREDD+. Este primer documento fue respaldado por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de Desarrollo Social (Sedesol); de Comunicaciones y Transportes (SCT); de Energía (Sener); de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de Salud; de Economía (SE); de Gobierno (Segob); de Relaciones Exteriores (SRE) y por Turismo (Sectur) dado que la alineación de políticas públicas y programas gubernamentales es una condición esencial para que REDD+ pueda cumplir sus objetivos.

Asimismo, la visión de México sobre REDD+ reconoció la participación de diversos actores sociales que contribuyeron con aportes técnicos y recomendaciones para perfilar la postura de México, reconociendo también la labor y los insumos proporcionados por el CTC-REDD+.

De este modo, la Visión de México sobre REDD+ ha servido hasta hoy como la base para el proceso de diseño y construcción de la ENAREDD+, reconociendo explícitamente que la aproximación de México a REDD+ será a partir del desarrollo rural sustentable, la alineación de políticas y el fortalecimiento de la gobernanza forestal.

Consideraciones

A. Préstamos y Donaciones del Banco de México

Según información proporcionada a Contralínea (periodismo de investigación) por el Banco Mundial, a petición del gobierno mexicano, el organismo financiero internacional autorizó préstamos al país por 667 millones de dólares para proyectos relacionados con REDD+ y donó 28.8 millones de dólares más.

La suma –695.8 millones de dólares– se gestionó a través de fondos e instrumentos del Banco Mundial. De acuerdo con el organismo financiero internacional, los recursos son depositados en el Fondo Forestal Mexicano (FFM), manejado por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (Nafin). Para el control operacional de los programas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) usa el Sistema de Gestión de Apoyos (Siga).

El primer proyecto con financiamiento del BM involucra 350 millones de dólares, que corresponden a un préstamo de inversión específica (SIL, por su sigla en inglés) para bosques y cambio climático.

El primer proyecto con financiamiento del BM involucra 350 millones de dólares, que corresponden a un préstamo de inversión específica (SIL, por su sigla en inglés) para bosques y cambio climático.

Asimismo, el Banco Mundial informó que el préstamo es una operación de inversión a nivel nacional para apoyar al gobierno de México en dos áreas principales: el fortalecimiento institucional y colaboración interinstitucional, y el apoyo para el fortalecimiento de las comunidades, el manejo sostenible de los bosques y la remuneración de servicios ambientales y refiere que el agente financiero del proyecto de bosques y cambio climático es Nacional Financiera, quien además está a cargo de los procesos de desembolso del préstamo, de administrar la cuenta bancaria y de proveer apoyo y veeduría a la ejecución de la Conafor.

El segundo préstamo es por 17 millones de dólares y los recursos provienen del programa de inversión forestal (FIP, por su sigla en inglés). Éste comprometió 42 millones de dólares en México, 25 de éstos fueron entregados como donativo y 17 como crédito.

El Banco Mundial considera que las inversiones del FIP en México son de carácter “innovador”, pues se enfocan en las “áreas de acción temprana” de REDD+ y se aplican en “discernir lecciones” y verificar su potencial de “replicabilidad” a través del SIL.

El tercer préstamo es de 300 millones de dólares. Los recursos provienen del fondo Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por su sigla en inglés) y tiene por objeto planear la adaptación al cambio climático a nivel estatal; reducir los riesgos de desastre y desarrollo territorial a nivel municipal, y el manejo forestal comunitario sustentable.

Por último, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) –del Banco Mundial– entregó a México un donativo de 3.8 millones de dólares para “estudios y actividades de diseminación y consultas para informar el diseño de la Estrategia Nacional sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+)”.

Cabe señalar, que a decir del BM, el proyecto SIL-FIP tiene tres componentes. El primero tiene por objeto el diseño de la política de aplicación de REDD+ y el fortalecimiento institucional. Dentro de los acuerdos institucionales para el manejo financiero se estableció que, para este componente, todos los pagos serán operados directamente por la Conafor.

El segundo busca otorgar el apoyo a programas comunitarios prioritarios a nivel nacional. Para este componente, se establece que los pagos se realizarán directamente a los beneficiarios de los programas puestos en marcha por la Conafor bajo reglas de operación definidas.

El tercero se enfoca en la innovación en áreas de acción temprana REDD+. Dicho componente requiere de pagos a diversos beneficiarios, incluyendo organizaciones como las agencias de desarrollo local (ADL), los agentes técnicos locales (ATL), y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las cuales llevan a cabo subproyectos, con base en acuerdos interinstitucionales que son acordados y firmados por la Conafor.

El proyecto SIL-FIP fue aprobado el 31 de enero de 2012 por la junta de directores del Banco Mundial y está previsto que sea ejercido en un lapso de 5 años.

B. Préstamos y donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo

Además de los préstamos solicitados al BM, el Plan de inversión forestal (elaborado por la Conafor) revela que a través del Programa de Inversión Forestal, las autoridades mexicanas también solicitaron recursos al Banco Interamericano de Desarrollo. Al menos, 18 millones de dólares para destinarse a dos proyectos.

El primero, de 15 millones de dólares, 5 millones a manera de donativo y 10 millones como préstamo para “la creación de una línea de financiamiento destinada a las estrategias de emisiones bajas de carbono en los paisajes forestales”. El segundo, de 3 millones de dólares: 1.5 millones en calidad de préstamo y 1.5 millones en calidad de donativo. Se enfoca en el “fortalecimiento de la inclusión de ejidos y comunidades a través de asistencia técnica y la construcción de capacidades para llevar a cabo actividades de baja emisión de carbono en paisajes forestales”.

C. Otros Donativos

Con objeto de asistir a los países para participar en el mecanismo Redd+, el Sistema de Naciones Unidas creó el programa ONU-Redd, conformado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El Programa ONU-Redd integra 29 países miembros, de los cuales se desprenden “nueve experiencias piloto” que son directamente apoyadas financiera y técnicamente para preparar y ejecutar estrategias nacionales Redd+.

“El Programa ONU-Redd ha promovido indirectamente intercambios de experiencias, orientaciones de política, capacitaciones, etcétera, que han contribuido al proceso de desarrollo de la Estrategia [Redd] en México”.

No obstante, reconoce que el PNUD ha gestionado tres contribuciones financieras para apoyar el fortalecimiento de las políticas forestales y la preparación de Redd+ en México.

La primera de ellas, en 2010, con la aportación de 50 mil dólares de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el proyecto regional denominado Policy 2012; la iniciativa Biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados, ejecutada por el PNUD y financiada con 6.9 millones de dólares por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility); y, con el financiamiento de aproximadamente 15 millones de dólares del gobierno de Noruega, el PNUD apoya el desarrollo del proyecto Fortalecer el Proceso de Preparación de Redd+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur.

Refiere el PNUD que, a través de la figura “asociado en la implementación” [sic], la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conafor administran y rinden cuentas por la gestión de los recursos, además de que “monitorean”, evalúan las actividades y verifican el logro de los objetivos.

D. Fondos y falta de transparencia

Hasta ahora no se conocen con certeza el nombre y el número de fondos destinados al financiamiento de Redd+, sean éstos públicos o privados, multilaterales o internacionales; tampoco se sabe el monto que han destinado cada uno de ellos a los países del Sur y si los recursos son entregados a las comunidades. Las páginas de internet que reportan estas cifras no coinciden.

Pese a que, de acuerdo con información del PNUD, más de 40 países están en proceso de diseño de sus estrategias y políticas nacionales para Redd+, los organismos internacionales, así como las naciones no están obligados a informar de los avances, uso de los recursos, donaciones o préstamos en portales confiables de consulta pública.

Para Daniel Sandoval, investigador en el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), uno de los principales señalamientos a Redd+ es la falta de transparencia. “Hay poca claridad en el manejo de los fondos; no se sabe el destino de los recursos”.

Con base en la información del Ceccam, de la Organización de las Naciones Unidas y del propio Banco Mundial, se puede documentar la existencia de 10 fondos multilaterales relacionados con esta temática.

Se trata de la iniciativa internacional para el clima y los bosques de Noruega; el Programa de Inversión Forestal; el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques; el Programa ONU-Redd; el Fondo para la Amazonia; la Iniciativa Internacional para Reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de los Bosques (IFCI) de Australia; el Fondo Forestal para la Cuenca del Congo (CBFF); la Agencia Española de Cooperación Internacional; el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y Redd+ Partnership. Este último reporta la entrega de cifras millonarias a México.

México es uno de los países que más recursos económicos internacionales se ha llegado para incorporar sus áreas forestales al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocida como Redd Plus o Redd+.

El portal en internet Voluntary Redd+ Database da cuenta de que se han destinado a México 1 mil 537 millones de dólares para proyectos y acciones relacionados con Redd+.

La base de datos también revela que con más de mil 500 millones de dólares, México es el país al que más recursos se le han asignado.

En un el boletín de prensa fechado el 14 de febrero de 2013, la Conafor señala que “a través de diversos préstamos y donativos englobados en el Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático, el organismo internacional [Banco Mundial] destina a México casi 700 millones de dólares”.

Agrega en el documento que el Proyecto forma parte de las acciones de preparación que México realiza para atender los compromisos que adquirió México al adherirse al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. “Se tiene contemplado que los beneficiarios clave serán alrededor de 4 mil ejidos y comunidades que participarían en los programas de incentivos y asesoría orientados por la demanda, respaldados por el proyecto a nivel nacional y en las áreas de acción temprana de Redd+”.

No obstante a lo anterior, Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el programa Redd+ y el pago por servicios ambientales “apuntan hacia la mercantilización de los bosques”.

El también miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales explica que Redd+ crea un mercado donde antes no existía. Mercado que implica la privatización de las condiciones ambientales para la producción de oxígeno y la captura de dióxido de carbono. “Con Redd+, los recursos naturales son vistos como explotables, mercantilizables y, por lo tanto, susceptibles de generar un lucro económico”.

A decir del profesor de economía política, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en una propuesta que le asigna un valor económico a los recursos naturales.

Con lo que se promueve la mercantilización de los bienes comunes como los bosques, el oxígeno que respiramos, “que ya se está convirtiendo en mercancía, y por la cual en algún momento nos van a empezar a cobrar”, y no está impidiendo que las empresas o los procesos industriales, de transporte o consumo reduzcan sus emisiones.

“Mientras sigue aumentando la temperatura de la Tierra, las empresas trasnacionales y los gobiernos que apoyan estas iniciativas están generando un negocio con la crisis climática. Un negocio especulativo y ficticio.”

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. A fin de transparentar los recursos que ascienden al menos a 735 millones 750 mil dólares desde 2008 a la fecha, ya que países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición, para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+; se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ciudadano Juan José Guerra Abud, haga del conocimiento público la información concerniente a Redd+ bajo las consideraciones siguientes:

La evaluación nacional detallada de los diversos procesos de degradación forestal del país y las causas.

El estudio de viabilidad para operar los proyectos de Redd+ en el país.

Las Reglas de Operación de la Estrategia Nacional Redd+

El nombre y número de fondos; así como el total de recursos ya sean de financiamiento o donaciones a Redd+.

El destino de los más de 735 millones 750 mil dólares identificados, mismos que 57 millones 250 mil dólares corresponden a donativos y a préstamos solicitados al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 667 y 11.5 millones de dólares; respectivamente.

Sede de la Comisión Permanente, a 29 de enero de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Javier Orihuela García, Roberto López Rosado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Intersecretarial, y Nacional de Vivienda a ejecutar programas con criterios de proporcionalidad y equidad para focalizar las acciones de adquisición y mejoramiento de vivienda, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución , a propósito de las siguientes

Consideraciones

Que el obstáculo principal para solucionar el déficit habitacional que aqueja a la población de menores ingresos ha sido su dificultad de acceder a las oportunidades de financiamiento existentes, por tres razones básicas: 1) insuficiente capacidad adquisitiva, que les impide transformar su demanda potencial en demanda efectiva, 2) su carencia de garantías satisfactorias para obtener los créditos hipotecarios disponibles y 3) sobre todo en regiones con elevada proporción de sectores de empleo informal, su imposibilidad de acreditar ingresos permanentes;1

Que los créditos de vivienda se han dirigido principalmente a sectores medios y al grupo de afiliados a la seguridad social, y el sector de población abierta, en especial el de bajos ingresos, ha sido rezagado en la atención de sus necesidades de vivienda;

Que en la actualidad aproximadamente seis de cada diez empleos en México son de carácter informal, cifra que representa un reto significativo para la política de vivienda en tanto que dichos trabajadores no cuentan con seguridad social ni con acceso a financiamiento para vivienda como prestación laboral, lo cual limita sus posibilidades de obtener créditos hipotecarios y, por tanto, de acceder a una vivienda del mercado formal;

Que si bien la política de vivienda de la última década privilegió la ampliación de la oferta de financiamiento para atender las necesidades habitacionales de los nuevos hogares, sin embargo, el énfasis en la producción masiva de vivienda nueva, la dificultad para acceder a suelo habitacional de lotes intraurbanos para vivienda destinados a los grupos de más bajo ingreso provocaron que muchas familias se ubicaran en terrenos inadecuados, localizados en zonas de riesgo y que afectan al medio ambiente, así como en lugares alejados de los equipamientos urbanos;

Que según el Banco de México, durante el cierre de 2013, el crédito hipotecario mostró un aumento muy moderado en los índices de morosidad para la adquisición de vivienda y de liquidez, a pesar de que las tasas de interés de este tipo habían disminuido de manera importante durante los primeros nueve meses de 2013, pues otras condiciones de otorgamiento del crédito no se habían relajado; 2

Que según información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre de 2013, cuatro bancos comerciales de los seis que concentran el 94 por ciento de la cartera total de créditos a la vivienda en el país registraron incrementos en su índice de morosidad (cartera vencida/cartera total) en noviembre de 2013, respecto al mismo mes del año anterior;3

Que además del efecto de la desaceleración económica que sufrió el país en el primer semestre de 2013, los fenómenos meteorológicos ocurridos en ese mismo año en diferentes entidades federativas del país pudieron haber generado presiones adicionales en la cartera de crédito de la banca comercial, pues 9 por ciento de su cartera hipotecaria se encuentra localizada en localizada en zonas afectadas por estos fenómenos;4

Que en los últimos años se autorizó la construcción de asentamientos en lugares inapropiados y se aprobaron créditos sin el sustento debido, que sumado a la mala planeación, dieron como resultado construcciones endebles, en las que la falta de servicios públicos es una constante, no cuentan con los espacios educativos suficientes, y gozan de altos niveles de inseguridad, además se localizan lejos de las zonas urbanas y laborables por lo que no cuentan con el transporte público necesario, lo que hace de estos asentamientos, zonas sociales conflictivas.

Que se trata de un problema estructural de los mecanismos utilizados para el financiamiento y de un modelo de negocios agotado. Lo anterior, ha promovido el abandono masivo de viviendas en el país, y representa en el marco de la política nacional de vivienda presentada por el gobierno federal, una oportunidad para replantear sus políticas de acceso, permanencia, financiamiento, seguridad y planeación urbana. El problema no es menor cuando hablamos de más de 5 millones de viviendas, todas ellas en el abandono o semiabandono pero en condiciones de deterioro.

Que de acuerdo con la Comisión Nacional de la Vivienda, sólo en el Estado de México se tienen detectadas más de 11 mil 300 viviendas deshabitadas; en el Distrito Federal 7496, Morelos 2254, Guerrero 1999, Colima 1908, Querétaro 1836 y Nayarit 1499. Se ha identificado este fenómeno en más de 263 municipios entre los que destaca Juárez, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Gómez Palacio, Apodaca, Ciénega de Flores, Chihuahua, Tlajomulco de Zúñiga, Cadereyta Jiménez, Morelia, General Escobedo, Emiliano Zapata, Zumpango, Tizayuca, Mineral de la Reforma, Pesquería y Culiacán.

Que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con más de 200 mil viviendas en esta condición, 5 de cada 10 de estas casas, se encuentran en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa, que además cuentan con flujos migratorios importantes.

Que según el artículo 43 de la Ley de Vivienda, el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, tiene por objeto integrar, generar y difundir la información que se requiera para la adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de la política nacional de vivienda, así como para el fortalecimiento de la oferta de vivienda articulada del país;

Que el artículo 47 de la Ley de Vivienda establece que la Comisión Nacional de Vivienda propondrá al Instituto Nacional de Estadística y Geografía los indicadores que en materia de vivienda deberán considerarse en el levantamiento de censos nacionales, encuestas de vivienda, económicas y sociodemográficas, y otros conteos;

Que el artículo 48 de la Ley de Vivienda, mandata a las dependencias y entidades de la administración pública federal a que sus inversiones en materia de vivienda se realicen guardando la proporcionalidad y equidad entre los diferentes grupos de ingreso, atendiendo a las diversas necesidades de la población y a sus distintas modalidades de atención;

Por lo anteriormente expuesto, los senadores del PRI nos permitimos presentar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial de Vivienda a ejecutar sus inversiones para la adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda con criterios de proporcionalidad según el estrato de ingreso de la población y con equidad entre las diferentes regiones del país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a informar los índices de morosidad y probabilidad de incumplimiento de los hogares beneficiarios con algún crédito hipotecario que pudieron haber sido afectados por los fenómenos meteorológicos ocurridos en 2013, que pudieran generar presión a la cartera hipotecaria y, en su caso, diseñar mecanismos financieros para que puedan conservar su patrimonio familiar afectado por esos fenómenos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Sedatu, la Comisión Nacional de Vivienda, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a la Sedesol, el Coneval, la Semarnat y la Conagua a conformar un grupo de trabajo para incorporar en el Conteo de Población y Vivienda 2015, variables e indicadores que permitan identificar y calcular las necesidades de adquisición, remodelación y ampliación de vivienda ubicada en zonas vulnerables a los fenómenos meteorológicos por parte de la población en alguna situación de pobreza.

Notas

1 Gonzales, Gerardo, 2005. El crédito hipotecario y el acceso a la vivienda para los hogares de menores ingresos en América Latina , en Revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, número 85, 2005, página 119.

2 Banco de México, 2013. “Reporte sobre el Sistema Financiero”, septiembre de 2013, página 21, disponible en http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/infor mes-periodicos/reporte-sf/indexpage.html

3 Información disponible en http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx

4 Ibídem, página 19.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de enero del 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedena a remitir a esta soberanía un informe sobre derechos humanos, suscrita por la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, senadora de la República en la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La organización internacional Human Rights Watch presentó el 21 de enero su informe mundial 2014, dentro del cual señaló la débil actuación del gobierno federal en cuanto a los casos de violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en el país. El capítulo México señala lo siguiente1 :

• El gobierno federal ha tenido pocos avances en resolver asesinatos, desapariciones forzadas y torturas realizadas por militares y policías cometidos, incluso en este sexenio, en el contexto de acciones contra la delincuencia organizada.

• El sistema de justicia penal mexicano no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos, debido a la corrupción, la falta de capacitación y recursos, así como la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio.

• Comúnmente, ni policías ni agentes del Ministerio Público adoptan medidas básicas de investigación para encontrar a las personas o identificar a los responsables de su desaparición. Con frecuencia, se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar por ellos mismos.

• Persisten métodos de tortura para obtener confesiones de personas detenidas arbitrariamente y a las cuales, a menudo, se les mantiene incomunicadas en bases militares y otros centros de detención clandestinos.

• El sistema de justicia militar no es objetivo y por lo tanto, los soldados acusados de violaciones a derechos humanos permanecen impunes.

• Los militares que cometen estos abusos casi nunca son llevados ante la justicia. Los casos quedan atrapados en el ámbito de la Procuraduría de Justicia Militar. Esta instancia inició más de 5 mil 600 investigaciones entre enero de 2007 y mediados de 2013. Sin embargo, hasta octubre de 2012 sólo había condenado a 38 militares por violaciones de derechos humanos. Sobre la base de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch insistió en la necesidad de que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas en el sistema de justicia penal ordinario2 , asunto que nos corresponde urgentemente atender como legisladores, habiendo ya una serie de propuestas de iniciativa presentadas por diversos colegas.

• A la fecha no se ha emitido el reglamento de la Ley General de Víctimas ni la base de datos de personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas (o Registro Nacional de Víctimas).

En este contexto, es claro que los resultados no concuerdan con el discurso oficialista que se ha empeñado en difundir el gobierno federal. Como bien señala el Informe, las violaciones sistemáticas a derechos humanos en México persisten de una manera alarmante. Los casos de feminicidios han crecido de manera exponencial, los delitos cometidos contra periodistas quedan, en su mayoría, impunes, el sistema de justicia mexicano no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos.

Si bien es cierto que el informe de Human Rights Watch no genera vinculación jurídica alguna para el Estado Mexicano, si ofrece un panorama desolador acerca de las condiciones en las cuales se vive en el país. El Congreso Mexicano no puede guardar silencio, no puede permanecer estoico ante tales hechos.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se aprueben los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional remitir un informe a esta Soberanía acerca de los casos de violación de derechos humanos perpetrados por elementos del Ejército Mexicano, así como los casos resueltos por la Procuraduría de Justicia Militar. Asimismo, exhorta a la misma, así como a la Secretaría de Gobernación, informar a esta Soberanía las acciones emprendidas para combatir la práctica de la tortura como elemento para obtener información o forzar confesiones.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informar sobre los avances en la elaboración del reglamento de la Ley General de Víctimas y del Registro Nacional de Víctimas.

Notas

1 Débil aplicación de la ley propicia que proliferen autodefensas: HRW en http://www.jornada.unam.mx/2014/01/22/politica/003n1pol

2 Informe Mundial 2014: México, en http://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/121995 , último párrafo

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de enero de 2014.

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE y de la STPS a hacer del conocimiento público las acciones implantadas para generar y fomentar empleos formales en el país, suscrita por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, para que hagan del conocimiento público las acciones que han implantado para la generación y fomento de empleos formales en el país. Asimismo, a que implementen los procedimientos que contrarresten los altos niveles de desocupación juvenil, que no obstante a la reforma laboral, a la fecha se ha incrementado”, al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

El 1 de septiembre de 2012, Felipe Calderón Hinojosa presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, en la Cámara de Diputados se realizaron cambios y se eliminaron artículos referentes a la transparencia y democracia sindical y fue entregada a los senadores el 1 de octubre de 2012, posteriormente regreso a los diputados el 29 de octubre de 2012 para que se revisaran los cambios, una vez más los diputados la regresaron a senadores el 8 de noviembre de 2012 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012

Al ser aprobada la Ley Federal de Trabajo, era tanto el jubilo que la entonces Secretaria del Trabajo Rosalinda Vélez, se aventuro a señalar en público “la reforma laboral aportará un crecimiento (adicional) del producto interno bruto, PIB, de entre 1.5 y 2 puntos porcentuales, con lo que se generarán fuentes de empleo, considerando que cada punto del PIB representa 200 mil empleos formales”, enfatizando “que los resultados de tal “reforma” se podrán ver de inmediato, se van a poder apreciar los grandes beneficios que tiene ese nuevo marco legislativo”.

Asimismo, en noviembre de 2012 el panista Francisco Salazar Sáenz (entonces diputado, y secretario foxista del Trabajo), vaticinaba que la aprobación de la “reforma” laboral permitiría a México “avanzar 40 lugares en productividad laboral, amén de lograr mayor flexibilidad para sindicatos y empresas”.

Los más de 300 cambios efectuados el año pasado a la Ley Federal del Trabajo, LFT, para flexibilizar la contratación a cinco meses de haber entrado en vigor, no había tenido efectos en una mayor generación de empleos y 74 por ciento de los empresarios aseguraban que los cambios no cumplieron con sus expectativas; según datos revelados en un estudio elaborado por KPMG denominado Perspectivas de la Alta Dirección en México 2013.

La reforma laboral presumía mejorar la calidad de vida de los trabajadores; no obstante, no ha tenido el impacto esperado y los resultados han quedado por debajo de lo prometido. Por lo que ante el actual panorama investigadores y especialistas en la materia dan a conocer su opinión:

Alberto Aziz Nassif profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social señala: “Desde finales del sexenio anterior se hizo la reforma laboral, que en realidad fue un abaratamiento de las condiciones del despido y una legalización de la subcontratación para la creación de empleos. Hasta la fecha no ha dado los resultados esperados; la precariedad laboral no produce más empleos; la informalidad crece y crece sin que haya mejores condiciones para crear empleo formal no precario”.

Gerardo Esquivel, del Colegio de México, asevera que “el contexto es de deterioro para los trabajadores actuales y de malas perspectivas para los nuevos entrantes al mercado laboral con salarios en México que están prácticamente estancados desde hace 2 décadas y en los últimos 4 años se observa un importante deterioro en los ingresos promedio de los trabajadores; esto es el resultado de cambios económicos: bajo crecimiento y aumento de precios de los alimentos; demográficos, por el aumento significativo de la población en edad de trabajar; e institucionales, por la reforma laboral que tiende a flexibilizar el mercado laboral, reduciendo la protección social a los trabajadores”.

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, destaca la creciente productividad laboral mexicana, pero en materia de informalidad, lo mismo que en el renglón de la desocupación abierta, el cual llegó para quedarse, al igual que la precariedad laboral.

El 20 de enero de 2014 la OIT divulgó su informe Tendencias mundiales del empleo 2014: ¿Hacia una recuperación sin creación de empleos?, en el que advierte que para el caso mexicano la tasa oficial de desocupación abierta se mantendrá prácticamente intocada cuando menos hasta 2016, es decir cuando ya todas las “reformas” peñanietistas estén en pleno funcionamiento, sin olvidar que para ese entonces la “modernización” laboral cumplirá su cuarto año de vigencia.

Asimismo, indica “México ocupa la cuarta posición internacional en lo que a desempleo juvenil se refiere (15 a 29 años de edad). Alrededor de una cuarta parte de la población juvenil está desempleada”.

Cabe señalar, que en diciembre de 2013, la tasa de desocupación en el país se ubicó en 4.25 por ciento de la población económicamente activa, PEA, inferior a la reportada en igual periodo de 2012, cuando se situó en 4.47 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

La tasa de desempleo se ubicó en su menor nivel desde el 4.11 por ciento de octubre de 2008.

“Por sexo, la tasa de desocupación en los hombres disminuyó de 4.56 por ciento a 4.24 por ciento entre diciembre de 2012 y el mismo mes del 2013, y la de las mujeres descendió de 4.33% a 4.28% en el mismo lapso”, dijo el Instituto a través de un comunicado.

En el mes que se reporta, un 23.4 por ciento de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 76.6 por ciento. Las cifras para la situación de subocupación fueron de 42.2 por ciento y de 57.8 por ciento, respectivamente.

El Inegi informó sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para diciembre de 2013, los cuales indican que 59.86 por ciento de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa (tasa de participación). Esta cifra fue mayor a la observada en el mismo mes de 2012, de 58.22 por ciento.

De la población económicamente activa 95.75 por ciento estuvo ocupada en el mes de referencia; sin embargo, a su interior se manifiesta un subuniverso de casos que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual a este subconjunto se le denomina subocupados.

“En diciembre pasado, los subocupados representaron 7.5 por ciento de la población ocupada; datos desestacionalizados reportan que la subocupación descendió 0.16 por ciento en diciembre del año que concluyó frente a la del mes inmediato anterior”.

Por entidad federativa, precisa que los estados con las mayores alzas en este indicador fueron Querétaro, Tamaulipas, Aguascalientes, Sonora y Durango, en tanto que Campeche, Yucatán, Guerrero, San Luis Potosí y Oaxaca mostraron los menores avances.

Por otra parte, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dadas a conocer en diciembre, entre más elevado es el grado de estudios de un capitalino tiene menos probabilidades de encontrar empleo acorde a su formación profesional: únicamente se ocupan 11 por ciento de las vacantes que se ofertan en las ferias de empleo. El desempleo es más elevado entre los jóvenes, el promedio de ciudadanos de 15 a 24 años sin trabajo es de 9.4 por ciento, mientras que la cifra general en el país es de 4.1 por ciento.

11. Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que a la Secretaría de Economía corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

X Bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

XII. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología;

XIV. Regular y vigilar, de conformidad con las disposiciones aplicables, la prestación del servicio registral mercantil a nivel federal, así como promover y apoyar el adecuado funcionamiento de los registros públicos locales;

XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XVII. Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial;

XX. Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas que se dediquen a la exportación de manufacturas nacionales;

XXI. Fomentar, regular y promover el desarrollo de la industria de transformación e intervenir en el suministro de energía eléctrica a usuarios y en la distribución de gas;

XXII. Fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares;

XXIII. Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;

XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales.

12. Asimismo, el artículo 40 indica que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el Artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;

II. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas;

V. Promover el incremento de la productividad del trabajo;

VI. Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;

VII. Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento;

XVII. Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país;

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicitamos sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para que hagan del conocimiento público las acciones que han implementado para la generación y fomento de empleos formales en el país; asimismo, a que implementen los mecanismos que contrarresten los altos niveles de desocupación juvenil, que no obstante a la reforma laboral, a la fecha se ha incrementado.

Sede de la Comisión Permanente, a 29 de enero de 2014.

Diputados: José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Javier Orihuela García y Roberto López Rosado (rúbrica).


Agenda política

Comentarios relacionados con el conflicto en Sudán del Sur, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del PRI

El conflicto que actualmente se vive en Sudán del Sur, no sólo pone en riesgo la vida de millones de personas, sino que afecta el desarrollo de su joven sociedad y pone de manifiesto la necesidad de solidarizarnos como miembros de una comunidad internacional para preservar la seguridad de las y los ciudadanos de ese país de reciente creación.

Alrededor de 10 millones de personas que viven en Sudán del Sur carecen de la posibilidad de satisfacer sus necesidades más inmediatas, ya que el precio de los alimentos y el combustible ha alcanzado niveles imposibles de sostener para la población que aún continúa huyendo de los conflictos armados que se viven en la frontera con Sudán.

Tras décadas de conflicto, en la región de Darfur ha ocurrido una de las mayores emergencias humanitarias a las que nos hemos enfrentado desde el siglo pasado, con más de 2,5 millones de personas que han sido obligadas a huir de sus hogares; cerca de 1,7 millones de personas desplazadas que aún viven en campamentos y alrededor de unos 298 mil refugiados sudaneses que siguen en el país vecino, Chad.

Aún cuando los ataques se han reducido considerablemente, continúa latente la urgente necesidad de proteger a la población civil y por ello es preciso un cese de las hostilidades así como un proceso que concluya en el establecimiento de la paz en estas regiones.

El 9 de julio de 2011, Sudán del Sur se convirtió en un estado independiente. Sin embargo, a más de un año después de lograr su independencia, la crisis en este estado es la peor desde el final de la guerra, es una de las regiones más pobres y menos desarrolladas del planeta y la mayoría de sus comunidades continúan sin tener acceso frecuente a los servicios más básicos.

Este panorama trae como consecuencia que la región sea cada vez más dependiente de la ayuda de emergencia. Por ello, es urgente otorgar los apoyos necesarios a este país que le permitan constituirse en una nación en la que el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos sea una realidad que les permita incorporarse al desarrollo económico y prioritariamente, tenga la capacidad de responder a la actual crisis humanitaria y sea capaz de proporcionar a su población los medios para allegarse alimentación y servicios básicos en los próximos años.

Compañeras y compañeros legisladores:

Desde esta tribuna deseo expresar mi más profundo reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que han apoyado a la población, llevar ayuda a toda esa gente ha sido un gran reto financiero, logístico y de seguridad. A pesar de las amenazas, ataques y otros obstáculos que se viven en estos momentos en esa región del planeta, han proporcionado constantemente alimento, asistencia médica y refugio, salvando así numerosas vidas y permitiendo la supervivencia de muchas familias.

Sin embargo, es preciso condenar enérgicamente el uso de la violencia contra la población de Sudán del Sur, particularmente mujeres y niños, las fuerzas de seguridad deben respetar en todo momento los derechos humanos de los habitantes, independientemente de su etnia de origen.

Finalmente, celebramos que a lo largo de los últimos días haya iniciado una ronda de conversaciones entre las partes involucradas en el conflicto, puesto que esta vía podría ser el inicio de la reconciliación entre los habitantes de esa, la nación más joven del mundo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2014.

Diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del Día Internacional de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del PRI

En la Sexagésima Segunda Legislatura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI conmemoramos el aniversario luctuoso de Ignacio López Rayón, Michoacano ejemplar que forma parte de los grandes próceres de la patria que hicieron posible la independencia de México.

A ciento ochenta y dos años de su sensible deceso ocurrido el 2 de febrero de 1832 en la Ciudad de México, es oportuno recordar los pasajes más emblemáticos de su vida. Nació en Tlalpujahua, Michoacán, el 31 de julio de 1773. Desde sus primeros años se caracterizó por su vocación de apoyo y solidaridad, virtudes que lo llevaron a estudiar la carrera de jurisprudencia en la ciudad de México en el Colegio de San Ildefonso.

Al concluir su formación como jurista regreso a su tierra natal para dedicarse a los negocios familiares en la rama de la minería, distinguiéndose por sus ideales liberales así como por su rechazo ante los abusos, injusticias y arbitrariedades propias de la época.

Por ello al estallar la guerra de independencia en 1810, no dudó en unirse a la causa liderada por Miguel Hidalgo y Costilla, de esta manera se incorporó a las tropas armadas cuando el General Ignacio Allende pasó por Maravatío, posteriormente fue presentado con Miguel Hidalgo, quien lo nombró su secretario.

Ya como miembro del movimiento insurgente, participó en la batalla del Monte de las Cruces suscitada el 30 de octubre de 2010, para después viajar a Tlalpujahua, para convencer a sus hermanos José María, Rafael, Ramón y Francisco, de unirse a la rebelión.

Es importante mencionar que desde su incursión en la guerra de independencia, en todo momento, López Rayón estuvo como hombre de confianza de Miguel Hidalgo, con quien se trasladó a Guadalajara en donde fue nombrado secretario de Estado y del Despacho, una suerte de ministro universal.

Cargo desde el cual llevó a cabo acciones tendientes a reforzar el movimiento, aprovechando entre otros medios, la prensa escrita con su edición del “Despertador Americano”, asimismo, intentó formar relaciones con los Estados Unidos, buscó organizar y dar disciplina al ejército insurgente y ordenar la adquisición de armamento.

Por su compromiso con el movimiento, el 16 de marzo de 1811 fue nombrado jefe del ejército insurgente en Saltillo, cargo que asumió con el firme propósito de continuar con su ferviente lucha. Después por la captura de importantes jefes insurgentes se mantuvo en el centro del país como líder de la insurrección.

Al frente del movimiento, en la ciudad de Zitácuaro organizó la Suprema Junta Nacional de América, la cual se instaló el 21 de agosto de 1811, y en donde participaron otros importantes personajes de la independencia de México como son: José María Liceaga, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario.

Al frente de la Junta se dedicó a difundir el pensamiento insurgente entre la población además de continuar con su labor de acercamiento con los Estados Unidos. Asimismo, ratificó la libertad de los esclavos en todo el país y la propiedad de las tierras de comunidad en favor de los indios. Sin embargo, al ser víctima de constantes persecuciones y por diferencias con los vocales se vio obligado a disolver la Junta en abril de 1813.

Su concepción del estado lo llevó a ser partícipe del Congreso de Chilpancingo de 1813, convocado por José María Morelos y Pavón, destacando por aportar su invaluable colaboración en la redacción de la Constitución de Apatzingán, documento base del constitucionalismo mexicano.

En 1821 se adhirió al Plan de Ayala y al consumarse la independencia, posteriormente fue electo Diputado por Michoacán al Congreso Constituyente, después en 1824 el Congreso le confirió el despacho de general de división y le declaró benemérito de la Patria.

En 1825 fue nombrado comandante general de Jalisco, cargo que desempeñó hasta febrero de 1827; posteriormente presidió la segunda sala del Supremo Tribunal de Guerra y Marina.

Aunque cada una de sus acciones posee un valor intrínseco, sin duda su mayor aportación está plasmada en el documento -Elementos de nuestra Constitución-, texto en el que por primera vez se reconocieron garantías fundamentales para conformación de una nación soberana como son la libertad, la igualdad y la seguridad.

Finalmente, después de una vida dedicada a la patria, murió el 2 de febrero de 1832, en la Ciudad de México.

Compañeras y compañeros legisladores:

Durante la guerra de independencia surgieron grandes héroes que a través de memorables hazañas materializaron la anhelada y necesaria libertad de nuestro país. Sin duda, Ignacio López Rayón forma parte del selecto grupo de mexicanos que con base a valor, determinación y alto patriotismo terminaron con absurdos abusos, excesos y arbitrariedades.

En el marco de su ciento ochenta y dos aniversario luctuoso, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, hacemos el atento llamado a mantener viva su memoria, ideales y sentido de servicio en beneficio de las y los mexicanos.

Por su atención muchas gracias.

Es cuanto senador presidente.

Con motivo del aniversario luctuoso de Ignacio López Rayón, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Con el permiso de la Presidencia:

Compañeras y compañeros legisladores:

La palabra “Holocausto” proviene del griego que significa “sacrificio por fuego”, la cual al mencionarla nos recuerda la persecución y el asesinado de millones de judíos por parte del régimen nazi pero también nos evoca a la disidencia política, los prisioneros de guerra y las personas de características diversas a quienes se les eliminó por su origen, religión, orientación sexual o características físicas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 60/7 acordó establecer el 27 de enero de cada año como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, con la finalidad de instar a los Estados Miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro.

El tema para este año es “Viajes a través del Holocausto” cuyo objetivo es recordar los diferentes viajes que se realizaron durante este periodo, como fue la persecución, la deportación, la prisión, la aniquilación, los sobrevivientes y la libertad, así como la manera que estas experiencias transformaron las vidas de aquellos que las resistieron.

Recordemos que después del Holocausto muchos sobrevivientes encontraron refugio en los campos de refugiados que administraban las fuerzas aliadas, o bien emigraron a Israel, a Europa, a Estados Unidos así como a otros países, pero también hay que hacer hincapié de que cientos sobrevivieron gracias a personas que arriesgaron todo para socorrer a sus semejantes, aun en medio de condiciones inimaginables. Vienen a nuestra memoria los nombres de héroes como Irena Sendler, la enfermera polaca que salvó a cientos de niños en el gueto de Varsovia; Viktor Frankl, el médico austriaco que sobrevivió para contar su experiencia en Auschwitz y desarrolló el concepto de la logoterapia, y Oskar Schindler, un hombre de negocios que rescató de la muerte a cientos de prisioneros en sus fábricas.

Mención especial merece Gilberto Bosques, el diplomático que ayudó a escapar hacia México a centenares de refugiados españoles, judíos, franceses y libaneses, acción que le valió ser hecho prisionero por las tropas de ocupación alemanas en Francia.

De tal manera que los sobrevivientes que se encuentran alrededor del mundo son parte importante que garantizan la tenencia de información fidedigna y directa para que la sociedad escuche y tome en cuenta sus historias a manera de advertencia en cuanto a las consecuencias del antisemitismo y otras formas de discriminación.

Por ello, la conmemoración de las víctimas del Holocausto es una vía para el rechazo total de las prácticas de genocidio pero también es un día para fomentar el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos alrededor del mundo.

Nuestra Carta Magna en el artículo 1o. señala tajantemente la prohibición de toda clase de discriminación motivada por su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, con esta disposición jurídica establecida en la máxima ley del país nos conlleva al respeto irrestricto de los derechos humanos de toda personal, contribuyendo a la construcción de sociedades incluyentes y que de ninguna forma toleremos el sufrimiento de los demás ante practicas atroces como la discriminación.

Sin embargo, aún existen varios países que deben crear leyes para evitar cualquier acto de discriminación y otros que deben fortalecer sus sistemas jurídicos que eviten cualquier acto que atente contra los derechos humanos de las personas por lo que es vital retomar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien menciona que “Negar hechos históricos, especialmente en relación con un tema tan importante como el Holocausto, es simplemente inaceptable, igualmente inaceptable es que se pida eliminar cualquier Estado o pueblo”.

La humanidad debe recordar los hechos atroces pero es menester que también se traduzca en una reflexión sobre lo ocurrido durante aquellos años para que en la práctica no vuelva a suceder.

Muchas gracias.

Diputada Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica)