Dictámenes a discusión

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Sedatu y de la SHCP a concluir el “rezago agrario” de las localidades de Veracruz y Oaxaca

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en uso de las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 23 de septiembre de 2014, el Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sedatu y de la SCHP a concluir el “rezago agrario” de las localidades de los Estados de Veracruz y Oaxaca.

2. Con oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1619, del 23 de septiembre de 2014 y con número de expediente 4999, la Mesa Directiva turnó para dictamen la proposición referida a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, recibiéndose el 24 de septiembre.

II. Objeto y descripción de la proposición

El proponente considera que una de las mayores responsabilidades de los legisladores es la justicia para los campesinos, y señala que: “De acuerdo con el espíritu del Constituyente de 1917 se consideró de vital importancia el insertar en ella lo que es el derecho agrario, y sus principios básicos en la Carta Magna”.

Considera que a pesar de que casi ha transcurrido un siglo, quedan tareas pendientes como el “rezago agrario” que padecen entidades como Veracruz y Oaxaca. Al respecto señala que la “problemática agraria de la tenencia de la tierra, tiene su origen y expectativas en lo establecido por el párrafo tercero y fracción X del artículo 27 constitucional y la Ley Federal de Reforma Agraria; ya que en ellos se funda cada una de las solicitudes de tierras de los expedientes que se promueven por los campesinos”.

Menciona que el decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992 implicó cambios importantes en el régimen de propiedad ejidal al introducir el concepto de “pequeña propiedad rural”. Considera que a más 20 años de publicado el Decreto no se ha concluido lo que puede denominarse “rezago agrario” el cual “consiste en los expedientes para la dotación de tierras por las diferentes acciones como son la ampliación de ejidos, nuevos centros de población ejidal y reconocimiento y titulación de bienes comunales”.

El proponente señala que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano todavía “no ha cumplido lo establecido en el artículo tercero transitorio del decreto que reforma el artículo 27 constitucional; en el que se establece: “Todos los asuntos referentes a dotación de tierras, ampliación de ejidos, nuevos centros de población ejidal y reconocimiento y titulación de bienes comunales, deberán ser turnados al Tribunal Superior Agrario”.

Señala en particular varios ejemplos de “rezago agrario” que se dan en los Estados de Veracruz y Oaxaca y considera que todavía no se “ha cumplido la distribución de la población rural, conforme a lo establecido en los artículos 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 de la antes Ley Federal de la Reforma Agraria”.

En razón de las anteriores consideraciones propone los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta a los secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Hacienda y Crédito Público a concluir la problemática del “rezago agrario” de las localidades de Veracruz y Oaxaca y contribuir para dar certeza y claridad a los campesinos respecto de sus derechos a la propiedad de sus núcleos agrarios.

Segundo. Se exhorta a los secretarios de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Hacienda y Crédito Público a informar periódicamente a la opinión pública sobre los avances de las acciones instauradas para el cumplimiento y seguimiento de este exhorto que se está efectuando a estos organismos.

III. Consideraciones de la comisión

Esta comisión se solidariza con el problema agrario que afecta a los núcleos de población que viven en el campo y considera que es fundamental que esta soberanía se pronuncie al respecto. Sin embargo, la problemática señalada por el proponente es más amplia y comprende otras entidades y no sólo a Veracruz y Oaxaca.

Adicionalmente, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 ha sido de gran trascendencia, ya que creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como instancia facultada, entre otras cosas, para atender la problemática agraria, tal como se desprende de lo preceptuado en el artículo 41, fracciones III a VIII, que a la letra dicen:

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a II. ...

III. Administrar el Registro Agrario Nacional;

IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas;

V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales;

VI. Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales;

VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades;

VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en materia agraria, en términos de la legislación aplicable;

En consecuencia, la Sedatu es competente para atender la solicitud que hace el Diputado proponente.

En lo que respecta al exhorto que se hace a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que concluya la problemática del “rezago agrario”, se debe señalar que la citada Secretaría envió a esta soberanía un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 que incluye partidas específicas para este tema, el cual fue aprobado. El citado Presupuesto de Egresos (PEF 2015) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014 prevé las siguientes partidas y montos, para atender el “rezago agrario”:

No obstante, de conformidad con el 1er informe de labores 2012-2013 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es merecido reconocer que la Secretaría ha emprendido, desde el inicio de la presente administración, diversas acciones para abatir el rezago agrario.

En lo que atiende el apartado 2.4.1 del informe en comento, la Secretaría reporta haber atendido resoluciones presidenciales derivadas en la entrega material de 25,992-92-26 hectáreas en diez estados, incluyendo Veracruz, y resolviendo 60% más asuntos que en el mismo período del año 20121 En cuanto a la integración y desahogo de expedientes en cumplimiento de resoluciones de los tribunales agrarios a que se refiere el apartado 2.4.4, de enero a julio de 2013 se integraron para poner en estado de resolución 50 expedientes (66% más que lo integrado durante el mismo periodo de 2012).2 Tan sólo en lo que respecta a los seis tipos de acciones enunciadas en la sección 2.4 del informe a que se ha hecho referencia, a mediados de 2013 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano había dado cumplimiento a más del 100% de los asuntos a resolver como meta para ese año en dos de los rubros, mientras que en los otros cuatro en ningún caso se encontraba por debajo del 50% de avance.3

A través del Registro Agrario Nacional, se ha implementado el Programa cero rezago con énfasis en las entidades federativas con mayor atraso en la atención de trámites4 a partir del diagnóstico siguiente:

Al inicio de la presente administración, se detectó el retraso en la atención de 161,519 solicitudes de trámites y sobre la entrega de 74,481 documentos agrarios de años anteriores a 2013, es decir solicitudes realizadas por usuarios que no se les había dado conclusión al trámite o en su defecto no se había entregado el documento físico producto de cada trámite.5

Tan sólo entre enero y julio de ese año se abatió el 71% del universo del rezago en trámites con una reducción mensual promedio de ese universo de 12,434 trámites.

En función de lo anteriormente dicho, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial propone ajustes al primer resolutivo de la proposición en tres sentidos: no limitar el exhorto a los Estados de Veracruz y Oaxaca, ya que hay entidades como Chiapas y Guerrero que también padecen “rezago agrario”; adicionalmente y en vista de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya ha asignado recursos presupuestales en el PEF 2015, y a que no es competente en materia de “rezago agrario”, se considera incluir solamente a la Sedatu, que es la dependencia del Ejecutivo Federal que puede atender la problemática que motivó el presente punto de acuerdo; y, finalmente, partir de que desde el principio de la actual administración dicha Secretaría ha reportado resultados favorables a la atención del problema motivo de la presente proposición con punto de acuerdo, asumir dichos logros por punto de partida para las futuras acciones y solicitar información al respecto de los más recientes avances.

En lo que se refiere al segundo resolutivo, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial considera que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé explícitamente los mecanismos institucionales que obligan a que las dependencias del Poder Ejecutivo entreguen periódicamente informes al Congreso, tal como se desprende de lo previsto en los artículos 69, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Asimismo, en el artículo 74, fracción VI, párrafos primero a tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. a V. ...

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

...

...

Finalmente, en el artículo 93, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto de la misma ley, mismos que a continuación se transcriben:

Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

...

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos”.

De igual forma esta soberanía puede, en cualquier momento, solicitar información o incluso la comparecencia de servidores públicos, lo que está previsto en el artículo 73, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra dice:

“3. Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, de información a una dependencia gubernamental, o peticiones para citar a comparecer a algún servidor público del Poder Ejecutivo Federal, no serán consideradas como proposiciones. Estas se sustanciarán de la siguiente manera:

I. Las gestiones deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas;

II. Las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán presentarse de manera directa ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en los términos que ésta determine;

III. Las solicitudes de información, a la dependencia gubernamental que corresponda, y

IV. Las peticiones para que una comisión se reúna con algún funcionario público del Poder Ejecutivo Federal, deberán hacerse conforme a lo establecido en la Ley”.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a continuar atendiendo la problemática del rezago agrario en las entidades de la República donde todavía se presente.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se sirva proporcionar a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de este órgano legislativo información sobre los programas y acciones de su competencia tendientes a abatir el rezago agrario.

Notas

1 Sedatu. 1er informe de labores 2012-2013. p.45.

2 Ibíd. p.46.

3 Ibíd. p.47.

4 Ibíd. p.65.

5 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de diciembre de 2014.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Diputados: Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), presidenta; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres, Alberto Díaz Trujillo, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedatu a fortalecer en coordinación con las autoridades de las entidades federativas los programas y las acciones que contribuyan a la pronta y eficaz regulación de los asentamientos humanos irregulares

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en uso de las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2014, la diputada María Rebeca Terán Guevara del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó proposición con punto por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y en coordinación con las diversas autoridades del estado de San Luís Potosí, se fortalezcan los programas y acciones a través de los cuales se coadyuve a la pronta y eficaz regulación de los diversos asentamientos humanos irregulares en los 58 municipios del estado de San Luís Potosí.

2. Con oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1908, del 16 de octubre de 2014 y con número de expediente 5239, la Mesa Directiva turnó para dictamen la proposición referida a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, recibiéndose el 17 de octubre.

II. Objeto y descripción de la proposición

La proponente considera que es fundamental retomar los lineamientos del derecho a la propiedad para hablar de la tenencia de la tierra. Señala que “que la propiedad se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto”.

Considera que a pesar de que el derecho a la propiedad es relevante desde los puntos de vista económico y social, muchos grupos carecen de seguridad jurídica para ostentar el título de propietario de la tierra, como sucede en el Estado de San Luís Potosí en el que hasta abril de 2011 “se registraba que uno de cada cinco familias vivía en un asentamiento humano irregular, con un total de 200 mil predios en estas condiciones. Además señala que “hasta mayo del año en curso, tan solo en el municipio de Soledad existen 10 mil predios sin regularizar”.

La proponente no omite señalar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha implementado una política integral cuyos ejes es el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (Pasprah). Sin embargo, menciona que “aún no se han logrado los objetivos planteados por el mismo programa, ya que tan solo en el estado de San Luís Potosí, cientos de familias sufren la falta de certeza jurídica respecto de la irregularidad en la tenencia de la tierra”.

Como elementos adicionales de diagnóstico la proponente expresa que “desde 2010 el ex Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) Juan Manuel Carreras López expresó que varios municipios de la Huasteca potosina, principalmente Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y San Luís Potosí, tienen conflictos con la propiedad social y la tenencia de la tierra”. Por otro lado, quien en 2012 fuera la “directora de promotora del estado, Alejandra Orantes, advirtió que 22 de los 58 municipios que tiene la entidad, cuentan con asentamientos humanos en predios sin regularizar, lo cual afecta la certidumbre jurídica en la posesión de las tierras a las de 2 mil 250 familias”.

El problema se agrava al considerar las afectaciones causadas por las lluvias debido a la prevalencia de asentamientos humanos irregulares, por lo que la diputada María Rebeca Terán Guevara estima que es necesario regularizar predios para aquellas familias integradas por sujetos agrarios y que son simples posesionarias de las tierras.

III. Consideraciones de la comisión

Esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial valora las preocupaciones de la proponente y considera que el problema que afecta al Estado de San Luís Potosí debe ser atendido. Para efecto de determinar si la instancia competente para atenderla problemática es la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y en particular, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), se realizó una revisión de diversas disposiciones jurídicas con el objetivo de determinar claramente los ámbitos competenciales.

En lo relativo a las atribuciones de la Sedatu, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé, en su artículo 41, fracción I, inciso b), lo siguiente:

Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) ...

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;

Del análisis del Reglamento interior de la Sedatu se desprende que esta Secretaría tiene funciones sustantivas en lo relativo a la regularización de la propiedad agraria, las cuales se ejercen a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, tal como se establece en el artículo 8, fracciones III y VII, que a la letra dicen:

Artículo 8. Corresponde a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial el ejercicio de las atribuciones siguientes: I. a II. ...

III. Ejercer las atribuciones que en materia de ordenamiento de la propiedad rural y ordenamiento territorial, le confieren a la Secretaría las Leyes de la materia; IV. a VI. ...

VII. Coadyuvar en materia de regularización de la propiedad de los núcleos agrarios, con las entidades del sector para:

a) Resolver sobre la enajenación de los excedentes de tierra ejidal y, en su caso, fraccionar y enajenar los derechos correspondientes, en los términos del artículo 47 de la Ley Agraria;

b) Formular los lineamientos para la ejecución de programas, así como para la realización de trabajos técnicos y jurídicos para la regularización y certeza de la propiedad ejidal, comunal y de colonias agrícolas y ganaderas;

c) Coadyuvar en la ejecución de las resoluciones que emitan los Tribunales Agrarios, en los términos que éstos lo requieran;

d) Establecer los mecanismos necesarios para la ejecución de programas y acciones de delimitación, deslinde, regularización, registro y certificación de la propiedad ejidal y comunal, así como la titulación de derechos, y

e) Promover la regularización de los predios adquiridos por cualquier título, propiedad de los núcleos agrarios;

A su vez, la Dirección General de la Propiedad Rural, que depende de la citada Subsecretaría, tiene competencia específica en el tema motivo del presente dictamen, como se prevé en el artículo 22, fracciones I y VII, que a la letra dicen:

Artículo 22. La Dirección General de la Propiedad Rural estará adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover, fomentar y facilitar la regularización de la propiedad rural, con la debida coordinación de las autoridades de las entidades federativas y municipales correspondientes;

II. a XVI. ...

XVII. Proponer políticas y programas que contribuyan a la certeza jurídica de la propiedad rural y a la regularización definitiva de la misma;

Por otro lado, el Estatuto Orgánico de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2002 establece que la CORETT es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizada a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2013, que entre sus atribuciones tiene como objeto en materia de regularización lo preceptuado en el artículo 3o., fracciones VI y VIII, las siguientes:

VI. Coadyuvar con los gobiernos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, cuando lo soliciten, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en sus procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra, así como de adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;

VIII. Proporcionar asistencia técnica y capacitación a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, cuando lo soliciten, en materia de regularización de la tenencia de la tierra y de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, así como actualizar sus sistemas de registro y catastro de la propiedad inmobiliaria,

Es importante señalar que el problema de la regularización de la tenencia es de índole nacional y esto ha sido reconocido debidamente por la actual administración. En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de diciembre de 2013, se señala claramente que “La regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos irregulares ubicados en terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal, permite el acceso a un patrimonio propio con certeza jurídica, así como a la infraestructura, equipamiento y servicios públicos”. Se menciona también que: “Al mes de agosto de 2013, se encuentran en proceso de regularización más de 370 mil predios que representan 21 mil hectáreas en 2,167 asentamientos humanos irregulares”.1

La Estrategia 1.2., del Programa Sectorial tiene como eje otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, mediante la regularización y la certificación de la propiedad. De esta Estrategia se desprende, como línea de acción, regularizar la tenencia de la tierra bajo criterios de planeación que aseguren el efectivo aprovechamiento del territorio.

En lo relativo a la tierra ejidal, el Programa Sectorial considera que la certeza jurídica en la tenencia de la tierra “debe procurarse en los núcleos agrarios, mediante la delimitación y certificación de la propiedad social. Los documentos que deriven de su regularización, que amparen los derechos individuales y/o colectivos, deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional para lograr el control de la tenencia de la tierra”.2 Para lograr este objetivo se propone la Estrategia 1.5., con el fin de otorgar seguridad jurídica y documental en la tenencia de tierra ejidal y comunal, para garantizar el ejercicio de los derechos de los sujetos agrarios. De esta estrategia se desprende, como línea de acción, ejercer la fe pública registral para calificar e inscribir los actos y documentos susceptibles de registro para llevar a cabo el control de la tenencia de la tierra.

Cabe señalar que es fundamental regularizar los asentamientos humanos irregulares, para impulsar así la adecuada ordenación territorial de los centros de población. La regularización es además “un instrumento de apoyo a los hogares que no han podido concluir los procesos de regularización, que les permitan acceder a la formalidad y a la seguridad jurídica de sus lotes”.3 En consecuencia, el Gobierno de la República ha propuesto, como líneas de acción en el Programa, apoyar la regularización de asentamientos humanos irregulares mediante la celebración de convenios con dependencias y órdenes de gobierno, y promover la oferta de suelo formal y accesible para prevenir el surgimiento de asentamientos humanos irregulares.

La prioridad que el Ejecutivo Federal está dando a los problemas de regularización de la tenencia de la tierra y de los asentamientos irregulares, es un indicador claro de que la problemática es nacional, y que por ende, trasciende al Estado de San Luís Potosí. Por ello, la Comisión sugiere no limitar el punto de acuerdo a una entidad en particular.

En razón de estas consideraciones la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial propone realizar modificaciones a la proposición de la diputada para reconocer en el mismo tenor que el Gobierno Federal el carácter nacional de la problemática, para resaltar el papel de la Sedatu en la materia y para darle mayor precisión a la propuesta. De esta forma, los integrantes de la Comisión someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para que en coordinación con las autoridades de las entidades federativas, se fortalezcan los programas y acciones que coadyuven a la pronta y eficaz regulación de los asentamientos humanos irregulares.

Notas

1 Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326473&fecha=16/12/2 013

2 Ídem.

3 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de diciembre de 2014.

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Diputados: Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), presidenta; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Mónica Clara Molina (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres, Alberto Díaz Trujillo, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sedena y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos al Ejército, Fuerza Aérea y funcionarios públicos adscritos a éstas, en especial a los que llevan a cabo operaciones contra el crimen organizado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

Con fecha 25 de noviembre, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Sedena y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos de las mujeres al Ejército, la Fuerza Aérea y funcionarios de esas dependencias.

En esa misma fecha, el expediente fue turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen.

Contenido

Refiere la diputada proponente que desde diciembre de 2006 el Gobierno Federal puso en marcha un proyecto para combatir el narcotráfico y la inseguridad en México; que incluyó el despliegue de fuerzas policíacas y militares en varios estados del país.

Desde ese entonces la violencia no ha disminuido, por el contrario, ha aumentado afectando particularmente a las mujeres. Prueba de ello es que en nuestro país diariamente se asesina a 6.4 mujeres y que, de 2006 a 2012, los feminicidios aumentaron en un 40%.

Las mujeres son utilizadas para castigar y amedrentar a compañeros y enemigos de los carteles, por lo que su vulnerabilidad ha aumentado generando actos de extrema violencia contra ellas, como violencia sexual, desapariciones forzadas, torturas y feminicidios, efectuados por agentes estatales, militares y grupos del crimen organizado.

Las fuerzas armadas en el marco de sus actividades de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico han cometido graves violaciones de derechos humanos. Entre enero de 2007 y noviembre de 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 7350 denuncias por abusos militares y emitió informes sobre 109 casos en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos.

Hace también referencia a las sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la del caso de Rosendo Cantú y otra versus México, con la que ejemplifica que en los contextos de militarización se ha favorecido la reproducción de la violencia estructural contra las mujeres, aumentando así la impunidad.

Estos ejemplos nos llevan a concluir que en este contexto de militarización se ha favorecido la reproducción de la violencia estructural contra las mujeres, aumentándose la impunidad. Precisa que los problemas como la migración, la pobreza, el patriarcado, la corrupción y la ineficacia de los operadores de justicia, el desconocimiento del delito y del protocolo de cómo atenderlo, las fuerzas de seguridad no sólo se vuelven incapaces de proteger a las mujeres, sino se convierten en una amenaza a la seguridad e integridad física de las mismas.

Señala que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, ha contribuido a la intensificación de patrones ya existentes de discriminación y violencia contra las mujeres basadas en actitudes patriarcales, contribuyendo a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible.

Destaca que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional dirigir la educación profesional de los miembros del ejército y de la fuerza aérea.

Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Nacional dispone en su artículo 17, que el Secretario de la Defensa Nacional es el responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire.

Asimismo, el artículo 122 de dicha ley dispone que los establecimientos de Educación militar tienen por objeto la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones, los conocimientos que se les hubieren transmitido. Asimismo, prevé en la fracción II que dichos establecimientos están constituidos, entre otros, por escuelas, centros o cursos de capacitación.

Por cuanto hace al Comisionado Nacional de Seguridad, el artículo 36 del Reglamento Interior de Secretaría de Gobernación le impone la atribución de dictar medidas tendientes a preservar las libertades, el orden y la paz, así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas (fracción XI) y la de implementar mecanismos para la protección de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad pública, para lo cual se coordinará con la Subsecretaría de Derechos Humanos. (Fracción XVI).

Por lo que plantea exhortar a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública; para que se construya una nueva estrategia para el respeto de los derechos humanos donde el punto medular para el combate de la violencia sea la prevención.

Puntualiza que de esta manera, en vez de castigar actos de violencia hacia las mujeres por parte de militares y fuerzas federales, se contribuirá a tener un ejército y elementos de la policía informados, que no violen los derechos humanos de las mujeres, al contrario, que los protejan y salvaguarden, para que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Solo así se reducirá el peligro para ellas en la lucha contra el crimen organizado y se aumentará la capacidad de crear un nuevo camino donde el respeto a los derechos humanos sea lo principal.

Consideraciones

Esta dictaminadora coincide con la diputada proponente en que si bien se ha adecuado la legislación nacional a los convenios y tratados internacionales sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como la tipificación penal que los protege a través de una política de prevención, atención y sanción de los delitos que conllevan diversos tipos de violencia contra las mujeres, no podemos ocultar que a pesar de leyes y mecanismos que sancionan la violencia contra la mujer, ésta va en incremento, por lo que podemos deducir que la solución no está solo en las penas sino en la prevención.

Consideramos, tal como lo señala la proponente, que el estado mexicano debe atender las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos entre los que destacan en el caso radicado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una mujer menor de edad indígena que fue torturada y violada por agentes del Ejército en el marco de una operación de lucha contra el crimen organizado.

De igual manera, es oportuno recordar la sentencia del caso de Rosendo Cantú y otra versus México; “se expresa que el retardo y la obstaculización de la justicia pone en entredicho el deber de los Estados de garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas el goce de los derechos humanos fundamentales; entre ellos, el derecho a la vida, a la libertad, a una vida libre de violencia, a la integridad personal y el de acceso a la justicia. La ausencia de actividad procesal y punitiva en casos de violencia contra las mujeres estimula la repetición de los hechos y la consiguiente pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.”

Consideramos que el marco jurídico de referencia justifica la pretensión de la diputada proponente, en cuanto a la necesidad e importancia de que las fuerzas armadas reciban formación y capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres, en ese sentido destacamos lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional dirigir la educación profesional de los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Por su parte, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Nacional dispone en su artículo 17, que el Secretario de la Defensa Nacional es el responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a las Fuerzas Armadas de tierra y aire.

Asimismo, el artículo 122 de dicha ley dispone que los establecimientos de Educación militar tienen por objeto la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones, los conocimientos que se les hubieren transmitido. Asimismo, prevé en la fracción II que dichos establecimientos están constituidos, entre otros, por escuelas, centros o cursos de capacitación.

Por cuanto hace al Comisionado Nacional de Seguridad, el artículo 36 del Reglamento Interior de Secretaría de Gobernación le impone la atribución de dictar medidas tendientes a preservar las libertades, el orden y la paz así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas (fracción XI) y la de implementar mecanismos para la protección de los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad pública, para lo cual se coordinará con la Subsecretaría de Derechos Humanos. (Fracción XVI).

Finalmente, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación dispone que la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene, entre otras atribuciones, la de Participar en el diseño e implementación de programas de capacitación en materia de atención a víctimas (artículo 26, fracción VI) y la de participar en la elaboración e implementación de programas con el fin de incorporar la perspectiva de respeto y difusión de derechos humanos enfocados a niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, así como otros grupos en situación de riesgo; (fracción X).

Además de lo anterior, esta Comisión estima que el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional hace tres años conformó en su interior el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanas como una instancia especializada de apoyo para la planeación, detección, evaluación e implementación de acciones dirigidas a prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de género y asegurar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es sin duda un cambio de paradigma que además de favorecer el avance de este país hacia la igualdad sustantiva, puede contribuir a la ejecución del presente punto de acuerdo.

Consideramos también que tal como lo afirma la proponente, cuando se capacite y sensibilice a los funcionarios, miembros del ejército y fuerzas federales sobre la importancia de estos derechos, se podrá favorecer una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres, que permita que todos los actores que se encargan de luchar contra el crimen organizado, tengan el pleno conocimiento de que los derechos humanos de las mujeres son facultades, atribuciones e intereses de carácter civil, político, económico, social, cultural, psicológico, personal e íntimo, que se poseen por el simple hecho de ser seres humanos, y se reconocen en instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales.

La Comisión de Igualdad de Género considera que la proposición con punto de acuerdo materia de este análisis, se encuentra debidamente motivada y reúne los requisitos de forma y fondo, por lo que se emite el dictamen en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad Pública a capacitar sistemáticamente en materia de derechos humanos de las mujeres, al Ejército, Fuerza Aérea y funcionarios públicos de su Secretaría y Comisión, respectivamente, en especial a los que llevan a cabo operaciones contra el crimen organizado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Leticia Mejía García (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Gavito (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la SEP y del Inmujeres a establecer diversas acciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

Con fecha 25 de noviembre, se presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y del Inmujeres a establecer diversas acciones con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, suscrita por las diputadas Ana Lilia Garza Cadena, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Carla Alicia Padilla Ramos, Gabriela Medrano Galindo, Laura Ximena Martel Cantú, Lourdes Adriana López Moreno, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Martha Edith Vital Vera, Mónica García de La Fuente, Rosa Elba Pérez Hernández y Ruth Zavaleta Salgado, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En esa misma fecha, fue turnado por la mesa directiva a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

Refieren las proponentes que la Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como: “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Puntualiza que la violencia contra la mujer es especialmente ejercida dentro de su hogar por su pareja, con una prevalencia del 35 por ciento de las mujeres en el mundo que en algún momento de su vida han sufrido de violencia intrafamiliar, mientras que un 38 por ciento de los asesinatos de mujeres que se producen a nivel mundial son cometidos en igualdad de circunstancias.

Señalan que por lo que hace a nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.

Los estados con mayor tasa de homicidios de mujeres con una incidencia por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mil mujeres) son Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

Refieren que lo anterior, sin duda, exalta la necesidad de determinar a la violencia en contra de las mujeres como un problema social de alarmantes dimensiones, a diario millones de mujeres y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas e incluso asesinadas producto de la falta de educación y la histórica desigualdad entre mujeres y hombres, que responden a patrones profundamente arraigados en la sociedad y que afectan sin distinción alguna a todos los niveles económicos, culturales y educativos.

Advierten que gran parte de los actos de violencia contra las mujeres se presentan desde el hogar, lo anterior justificado por las históricas brechas de desigualdad como resultado de la nula calidad educativa que por años había trascendido en los hogares y escuelas.

Consideran que para la erradicación de dichos actos se han impulsado un sin número de campañas que buscan concientizar a la sociedad en general sobre la importancia de no fomentar actos de violencia en contra de las mujeres, las cuales fueron robustecidas con la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, cuyo objeto es establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en nuestra constitución.

Así también, a nivel mundial la organización de las naciones unidas lanzó la campaña “Únete” para poner fin a la violencia contra las mujeres, proclamando el 25 de cada mes como el “Día Naranja”, invitando a llevar alguna prenda de ese color para resaltar el llamamiento a erradicar la violencia contra la mujer sin reservas, equívocos o demora.

Señalan que para este 2014, dicha campaña extiende ese día naranja a 16 días de activismo contra la violencia basada en el género, desde el 25 de noviembre en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Agregan que dichos actos, sin duda reflejan la preocupación y el compromiso por lograr por completo la erradicación de la violencia en contra de las mujeres a nivel mundial, sin embargo, no se puede dar por cumplida la labor, pues hoy en día siguen existiendo casos de violencia, principalmente provocados por la falta de educación.

Estiman que aún hay mucho por hacer pues la finalidad es contribuir con firmeza a la consolidación de una cultura de igualdad de género, lo que ciertamente permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos.

Consideraciones

La Comisión de Igualdad de Género coincide con las Diputadas proponentes en su apreciación de la necesidad de fortalecer las acciones en el ámbito de la educación y de la política de igualdad en general, en el marco del 25 de noviembre, que como es sabido conmemoramos el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres”; año con año en esta fecha, el mundo alza la voz para exigir un alto a todas esas lacerantes manifestaciones globales de la violencia que sufren las mujeres y las niñas.

Estimamos que es un acierto fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, esa violencia que nos indigna y por la que honramos la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que en un 25 de noviembre hace 33 años fueron arteramente asesinadas por oponerse al régimen del dictador Rafael Trujillo en República Dominicana.

Reiteradamente, el 25 de noviembre de cada año se expresa el rechazo y se escuchan las voces de reproches y reclamos por tanta injusticia e impunidad, porque las mujeres en este país seguimos siendo violentadas, discriminadas, asesinadas impunemente, sin justicia ni consecuencia alguna y por ello reiteramos que nosotras también estamos cansadas.

Según datos de ONU Mujeres, México registra 7 muertes de mujeres al día con presunción de homicidio, ante semejante brutalidad la autoridad guarda un silencio indignante, tal vez porque ya se cansó o no le parece un asunto prioritario, o porque no conviene la imagen de este maltrecho país.

Sabemos que frente a esta dolorosa realidad, las palabras y las cifras se quedan cortas, sin aliento ante la indiferencia y el menosprecio de instituciones que lastiman a sus mujeres, en un país que hoy, más profundamente que nunca, pide a gritos justicia.

Consideramos al igual que las proponentes que la violencia en contra de las mujeres, no es normal, lo hemos repetido hasta el cansancio, pero cuando los datos son elocuentes como los que arroja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) que nos dice que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, entendemos que no es normal, pero que aquí sí pareciera haberse naturalizado, ante la mirada escéptica de gobiernos que se resisten a reconocer y actuar en función de la seriedad y gravedad del problema.

De la misma manera, también consideramos que atender la violencia en contra de las mujeres es urgente, pero sobre todo por acciones de prevención y de política pública, que al día de hoy no son suficientes tal como lo demuestran las mil 361 recomendaciones emitidas por el Comité de la CEDAW al Estado mexicano, recomendaciones en su mayoría enfocadas a asuntos vinculados con el feminicidio, es decir, asuntos como la procuración, administración e impartición de justicia, programas y políticas públicas para la atención de la violencia contra las mujeres, creación de bancos de datos y sistematización de la información en la materia.

Es por lo tanto evidente que si las mujeres seguimos viviendo en un espiral de violencia, en riesgo, con miedo y zozobra es porque no se ha logrado consolidar acciones que tengan mayor impacto en la prevención o porque la estrategia no ha sido eficiente, de tal suerte que es oportuno y deseable que se promuevan acciones específicas en materia de prevención de la violencia en contra de las mujeres en el ámbito de la educación y de la política pública que plantea el instituto nacional de las mujeres.

Ciertamente los informes sombras de las organizaciones de la sociedad civil que han mostrado ante la organización de naciones unidas, el verdadero rostro la violencia en México, ese que ha dejado huella en el cuerpo y alma de cientos de mujeres víctimas de violación, violencia obstétrica, trata de personas, violencia laboral, escolar, y de esa otra violencia soterrada que no se ve pero se siente con la exclusión, discriminación y pobreza en la que viven 8.5 millones de mujeres rurales.

En ese sentido, es importante precisar que la Comisión de Igualdad de Género advierte que la falta de recursos no podrá ser más una excusa, pues el PEF 2015 contempla recursos etiquetados en el ramo de la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, la trata de personas y el acceso a la justicia.

Esta dictaminadora estima que el objetivo del punto de acuerdo que se analiza, sin duda abona a dar cumplimiento a la promesa de la Plataforma de Acción de Beijing, que siguen vigente y que obligan al Estado mexicano a definir estrategias clave para poner fin a la violencia contra las mujeres, lograr el empoderamiento de las mujeres y alcanzar la igualdad de género.

La Comisión de Igualdad de Género considera que la proposición con punto de acuerdo materia de este análisis, se encuentra debidamente motivada y reúne los requisitos de forma y fondo por lo que se emite el dictamen en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género, somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que se fortalezcan los medios de información impartidos en las escuelas en materia de igualdad y respeto a las mujeres.

Segundo. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de que establezca en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno las acciones necesarias para dar a conocer de manera eficaz los medios de defensa y denuncia con los que cuentan las mujeres víctimas de violencia, incentivando de esta manera la oportuna denuncia de hechos que pongan en peligro la integridad física y emocional de este sector poblacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Leticia Mejía García (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Gavito (rúbrica).

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director en jefe del Registro Agrario Nacional a difundir las acciones y atención que ha realizado al programa Modernización del Catastro Rural Nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 7 de octubre de 2014, el diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo.

2. En la misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1676, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnará para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente a la Comisión de Reforma Agraria.

3. Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen su contenido al tenor de lo siguiente:

II. Contenido de la proposición

El diputado proponente señala la siguiente exposición de motivos:

“1. La propiedad social, se compone por ejidos y comunidades agrarias, conocidos como núcleos agrarios, representados por individuos que fueron beneficiados por el reparto agrario en 1915. En 1992, se da por concluido dicho reparto, para dar inicio a su ordenamiento por medio de la reforma constitucional al artículo 27, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992 y de su Ley Reglamentaria, la cual da creación al Registro Agrario Nacional, RAN, de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Sedatu.

De conformidad con el artículo 148 de la Ley Agraria, para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental, el RAN, será el que inscriba los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. Tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.

2. Para efectos de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 27 constitucional, el RAN prestará la asistencia técnica necesaria y se coordinará estrechamente con las autoridades de las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que solicite.

En sus atribuciones está registrar:

I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;

II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros;

III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales;

IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de la Ley Agraria;

V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales;

VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles;

VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y

VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes.

También deberá llevar las inscripciones de todos los terrenos nacionales y los denunciados como baldíos.

3. Para la correcta operación del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, en el RAN, existe una plataforma tecnológica: el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral, SIMCR, en donde se integra todo el mosaico catastral que comprende alrededor de 94 millones de hectáreas y toda la información registral de más de 50 millones de registros. Es decir, información geoespacial y transaccional.

El SIMCR incluye información pormenorizada de la propiedad social en México (ejidos y comunidades), que es actualizada en el momento mismo que los usuarios del RAN realizan algún trámite.

Entre los principales trámites que se realizan a través del SIMCR destacan:

• Depósito y apertura de listas de sucesión.

• Expedición de copias certificadas y constancias.

• Títulos de propiedad.

• Expedición de constancias de inscripción y Certificados de derechos.

• Inscripción de actas constitutivas de sociedades de producción rural o de solidaridad social.

• Conversiones de régimen ejidal a comunal o viceversa.

• Padrones de sujetos agrarios.

4. Posterior a los diversos cambios administrativos entre el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de solares al programa “Fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar” en 2007. El SIMCR como responsable de integrar tanto la información documental, como registral, no mostro la posibilidad de medir tal objetivo, toda vez que solo concentro información catastral, no así los demás rubros. Por lo que la certeza jurídica en la tenencia de la tierra en cuanto a la seguridad documental, por medio de la expedición de certificados y títulos de derechos expedidos.

5. El RAN no tiene el método para medir la integración y actualización documental, registral y catastral de la propiedad social de México, de acuerdo a los resultados de la Auditoria de Desempeño 12-0-15B00-07-0481.

6. No existe evidencia documental para la medición fidedigna del índice de información integral de la propiedad social y las localidades rurales, IIIPS, a razón de que el RAN en el periodo 2007 2012, información estratégica dentro de las metas en la política agraria nacional.

7. En términos de transparencia de la información para el programa presupuestario en clasificación económica, “P003 Modernización del catastro rural nacional” el Registro Agrario Nacional no publica datos al respecto en su Portal de Transparencia. Fue necesario acudir a la búsqueda fragmentada en otros sitios, como la página de Transparencia Presupuestaria del Gobierno Federal para el ejercicio de 2014 y para los años restantes en la Cuenta Pública de la Hacienda Federal, de acuerdo al siguiente cuadro:

Por lo anterior el diputado José Luis Muñoz Soria, presenta la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, para que difunda las acciones y atención que ha realizado al programa “Modernización del Catastro Rural Nacional” para la homologación y unificación de criterios y lineamientos técnicos con las delegaciones estatales, ya que la información documental, catastral y registral tiene problemas técnicos para la expedición de certificados de derechos o títulos de propiedad, aunado a lo enunciado en las observaciones y acciones emitidas por la auditoria superior de la federación, en las que señala que dicho sistema de información, mostro inconsistencias en la auditoría de desempeño 12-0-15B00-07-0481, por lo que no existe confiabilidad en sus resultados, lo anterior para transparentar sus acciones y fortalecer la rendición de cuentas y asegurar la certeza jurídica de la propiedad social y tenencia de la tierra en todo el país.

III. Análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo

1. En México se define como catastro rural, el inventario de la propiedad rústica nacional en sus diferentes formas de tenencia de la tierra: ejidos, comunidades, colonias agrícolas y ganaderas, propiedad privada y terrenos nacionales. Su propósito sustantivo es contar en todo momento con información oficial y de plena validez jurídica para identificar a los titulares, poseedores y usufructuarios, mediante el archivo y registro de la información.

2. El Registro Agrario Nacional por sus siglas RAN, conformó en 2008 el Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) , la cual es una plataforma tecnológica que aglutina el 99 % de los servicios que ofrece el RAN, el cual además incluye información pormenorizada de la propiedad social en México (ejidos y comunidades), que es actualizada en el momento mismo que los usuarios del RAN realizan algún trámite. Surge como idea central que el estado logre satisfacer las necesidades de dicho sector, brinde protección y seguridad jurídica, de este modo las instituciones lograrán realizar sus funciones de manera eficaz y no contemplen lagunas en sus obligaciones, así se expedirán los documentos de manera pronta y expedita a cualquiera que lo solicite.

3. Para llevar a cabo este avance significativo en materia de tecnologías de la información el RAN, ejerce el programa presupuestario “P003 Modernización del Catastro Rural Nacional”, aunque él mismo, no publica datos al respecto en su portal de transparencia, en este sentido, el artículo 148 de la Legislación Agraria, refiere que para el control de la Tenencia de la tierra y seguridad documental funcionará el Registro Agrario Nacional, en el cual se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal e inscripciones correspondientes a la propiedad de las sociedades; mismo que tiene relación directa con su correlativo numeral 155 fracción IV, que dispone que el Registro Agrario Nacional deberá disponer el procesamiento y optima disponibilidad de la información bajo su resguardo, funciones que precisamente se pretenden cumplir a través del Sistema Integral de Modernización Catastral y Registral (SIMCR) , buscando con ello homogeneidad en la información registral y catastral, razón por lo que esta Comisión de Reforma Agraria considera oportuno, invitar a la Dependencia a efecto de haga público los resultados y avances relacionados con la implementación del programa de “Modernización del Catastro Rural Nacional” , lo anterior con la finalidad de transparentar la función de dicho programa y verificar la certeza jurídica que brinda dicha instancia respecto a la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios.

Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

IV. Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director en jefe del Registro Agrario Nacional, a efecto de que difunda los resultados y avances a la fecha respecto al programa denominado “Modernización del catastro rural nacional” para la homologación y unificación de criterios y lineamientos técnicos con las delegaciones estatales, lo anterior para transparentar sus acciones y fortalecer la rendición de cuentas y asegurar la certeza jurídica de la propiedad social y tenencia de la tierra en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre 2014.

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California a intervenir en la mediación del conflicto entre ejidatarios y locatarios derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes.

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de noviembre de 2014, el diputado Jaime Bonilla Valdez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California, para que intervengan en la mediación del conflicto entre los ejidatarios y locatarios, derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó la proposición a la Comisión de Reforma Agraria, para el estudio y dictamen correspondiente.

3. Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen su contenido al tenor de las siguientes:

II. Contenido de la proposición

“El diputado proponente Jaime Bonilla Valdez, señala que el proyecto de dignificación de La Bufadora comenzó el 27 de octubre de 1994, constituyéndose al año siguiente el Fideicomiso La Bufadora, mismo que obtuvo en concesión el derecho de vía por medio de acuerdo del 11 de julio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de septiembre de ese mismo año, acuerdo que es firmado por el gobernador del estado. Parte de los objetivos del fideicomiso era el de la construcción y administración de un centro comercial, en donde se vendieran productos artesanales, entre otros.

Refiere que con base en lo anterior, gentes honestas y trabajadoras comprometieron su futuro con el fideicomiso y el proyecto abalado por los tres órdenes de gobierno y de buena fe levantaron el centro comercial, siendo ellos o sus descendientes los actuales locatarios.

Advierte que el 17 de agosto de 2010, el ejido Coronel Esteban Cantú, por conducto de sus representantes legales (Presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal), presentó demanda de amparo, radicándose ante el Juzgado Décimo de Distrito, bajo expediente número 666/2010.

Como resultado de lo anterior, el 16 de agosto de 2011, se dictó sentencia definitiva, a través de la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a favor del ejido, dejando insubsistente el acuerdo del 11 de julio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de septiembre de ese mismo año, en el que se otorga la concesión de los derechos de vía de la carretera estatal que conecta a la población de Maneadero con La Bufadora, a favor del fideicomiso. Además de restituirle al ejido los derechos de posesión y disfrute de una amplia superficie, dentro de la que se encuentra el mencionado centro comercial de La Bufadora.

El gobernador del estado, en cumplimiento de la sentencia tuvo que dejar sin efecto el acuerdo del 11 de julio de 1995, acto que se vio materializado por medio de un acuerdo publicado el 28 de septiembre de 2012.

Como consecuencia del amparo antes mencionado, el ayuntamiento de Ensenada se ve obligado a entregar las tierras objeto de la litis, entre las que se encuentran el centro comercial de La Bufadora y el mirador desde el cual los visitantes contemplan el fenómeno natural ya varias veces mencionado en este escrito.

Lo anterior ha causado un conflicto social en la región, primero entre los locatarios que perderán su patrimonio y fuente de ingresos, después entre todos los habitantes de Baja California, ya que se tiene el fundado temor de que este fenómeno natural de facto sea privatizado.

Por tales motivos el proponente solicita que por conducto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se realice un respetuoso y un atento llamado al gobernador del estado de Baja California, para que sin violentar el marco jurídico aplicable, con base a las atribuciones y facultades a él conferidas, medie en el conflicto entre ejidatarios y locatarios derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora sobre los que actualmente está el centro comercial y a su vez, busque la solución jurídica que garantice que los terrenos aledaños a La Bufadora no sean privatizados, en beneficio de todos los mexicanos.”

III. Análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos formulados en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

1. Por principio de cuentas es importante señalar la existencia de una resolución judicial, en la cual se restituye al ejido Coronel Esteban Cantú, los derechos de posesión y disfrute de una amplia superficie, dentro de la que se encuentra el centro comercial de La Bufadora y el mirador, situación que implica en definitiva el desalojo de los locatarios de dicho lugar, sin que ello implique necesariamente que por tal motivo se estén privatizando las tierras materia del presente dictamen.

2. No obstante lo anterior, es importante resaltar que dicha ocupación de los locatarios deviene de la creación de un fideicomiso que en su momento fue autorizado y avalado por el propio Ejecutivo estatal de Baja California y de la concesión del derecho de vía emitida mediante acuerdo de fecha 11 de julio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 15 de septiembre de ese mismo año, en donde si bien es cierto, existe una resolución judicial que la deja sin efecto, esto no significa que los locatarios de dicho lugar no sean personas que en todo momento actuaron de buena fe, además de mencionar la gran importancia que representa en la actualidad dicho sitio turístico para el estado de Baja California, es por ello que esta comisión dictaminadora coincide con el legislador proponente por cuanto a la necesaria intervención del gobierno estatal de Baja California, sin violentar el marco jurídico aplicable, y con el objeto de evitar un conflicto social en la región de mayores dimensiones que pudieran concluir en enfrentamientos violentos, ya que es facultad del gobierno estatal velar por el orden, tranquilidad y seguridad del estado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

3. Asimismo esta Comisión de Reforma Agraria considera que es de gran importancia la inclusión de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece su intervención en aquellas cuestiones relacionadas con problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, con la participación de las autoridades estatales y municipales, a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia coadyuve en forma coordinada con el gobierno del estado de Baja California en la solución a este conflicto agrario.

Por las consideraciones anteriormente expuestas los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

IV. Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al gobernador del estado de Baja California y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, sin violentar el marco jurídico aplicable, medien entre los ejidatarios y locatarios del centro comercial aledaño a La Bufadora, con la finalidad de buscar posibles alternativas de solución y evitar un conflicto social de mayores dimensiones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 9 de diciembre de 2014.

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar, Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya, Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba, Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a atender las acciones emitidas por la ASF en torno a las auditorías forenses relativas al proyecto transversal Trópico Húmedo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que atienda las acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, en torno a las auditorias forenses relativas al proyecto transversal trópico húmedo, que presentado por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 22 de octubre del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39, numeral 2, fracción I, y 45, numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1, fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes

Antecedentes

El 22 de octubre de 2014, el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que atienda las acciones emitidas por la auditoria superior de la federación, en torno a las auditorias forenses relativas al proyecto transversal trópico húmedo.

El 22 de octubre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-5-2145 y número de expediente 5606 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo en comento.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que el objetivo de la auditoria es fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al proyecto, se ejerció, registró y comprobó conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativa aplicable.

Que el Proyecto Transversal Trópico Húmedo, en su componente Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; esta auditoría seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. Denominada Auditoría Forense: 11-0-08100-12-0314.

Se coincide con los promoventes que el proyecto transversal Trópico Húmedo consiste en impulsar y fomentar la inversión privada y social en las zonas del trópico húmedo y sub-húmedo del territorio nacional, a través del otorgamiento de apoyos a cultivos y actividades elegibles con potencial y mercado, preferentemente bajo un esquema de desarrollo de proveedores. Sagarpa, a través de Financiera Rural, ejecuta dicho proyecto bajo el componente I. Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura.

Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante la Auditoría Forense 11-0-08100-12-0314 detecto que en la ejecución del Proyecto, no hubo supervisión, así como tampoco se dio seguimiento a la operación y ejecución de los recursos otorgados a través de Financiera Rural (FIRA) y el Fideicomiso instituido en relación con la agricultura (FEFA), permitiendo con ello, la comprobación de los recursos federales con documentación irregular, facturas presuntamente apócrifas y alteradas, simulación de actos jurídicos tendientes a desviar el recurso para beneficio propio y en otros casos, documentación comprobatoria de proveedores inexistentes.

Que para tales efectos se presentaron 7 denuncias de hechos por un probable daño a la Hacienda Pública que asciende a 269. 4 millones de pesos.

Que como consecuencia de las denuncias de hechos presentadas en el ejercicio 2011 de la Cuenta Pública, la ASF determinó practicar la Auditoría Forense 12-0-08100-12-0405 para el año 2012.

En dicho año, se destinaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 500.0 millones de pesos para la operación del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, de los cuales correspondieron 382.2 millones de pesos al Componente I, Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.

Para la operación del componente I, Proyecto estratégico trópico húmedo, se designaron como instancias ejecutoras a Financiera Rural y a Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA-FEFA), las cuales suscribieron con la Sagarpa convenios de colaboración y sus anexos técnicos por 191.1 millones de pesos, cada uno.

De los recursos destinados al proyecto por 382.2 millones de pesos, se determinó lo siguiente: que la Sagarpa reintegró 93. 3 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, cantidad que representó el 24.4 por ciento de los recursos ministrados; otorgó 11.6 millones de pesos para un proyecto integral que ya había sido autorizado en el ejercicio de la cuenta pública 2011; autorizó dos proyectos para un mismo fin a dos empresas con los mismos socios, por lo que se rebasó el monto máximo por 7.3 millones de pesos; además, se presentó documentación en conceptos distintos a los autorizados, así como la falta de acreditación de los predios en donde se desarrolla el proyecto por 14.9 millones de pesos.

Como resultado de la Auditoría Forense 405 de 2012, se determinaron recuperaciones probables por 33.8 millones de pesos.

En el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, se encuentran evidencias para aclarar entre las que se encuentran facturas de comprobación del recurso con irregularidades.

Que Financiera Rural, como instancia ejecutora de Sagarpa del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, Componente: I. Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, suscribió en el 2011, treinta y un convenios de concertación, los cuales carecen de la documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos por 67,806.3 miles de pesos

Que FIRA-FEFA, como instancia ejecutora de Sagarpa del Proyecto Transversal Trópico Húmedo, Componente: I. Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, suscribió 25 convenios de concertación con 22 empresas que presentaron documentación comprobatoria por un total de 104,177.3 miles de pesos, de los cuales los proveedores de servicios trasladaron en las facturas el Impuesto al valor agregado por 3,909.5 miles de pesos; además, incluyeron comprobantes por concepto de gasolina por 2,453.3 miles de pesos, de los cuales, el impuesto al valor agregado no se debe considerar para efectos de la comprobación de los recursos del subsidio, y el concepto de gasolina no está autorizado en los paquetes tecnológicos del INIFAP. Además, se presentó documentación comprobatoria del ejercicio 2010 y del primer trimestre de 2011, por 12,509.6 miles de pesos, que es anterior tanto al año fiscal revisado como la fecha de los apoyos.

De acuerdo a las observaciones y las recomendaciones presentadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011; los integrantes de esta Comisión, tenemos a bien poner a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en torno a las recuperaciones de 269.4 y 33.8 millones de pesos del probable daño a la Hacienda Pública Federal en 2011 y 2012 respectivamente, hallazgos detectados en las Auditorias Forenses 314/2011 y 405/2012, a razón de falta de supervisión, documentos apócrifos y desvío de recursos, relativo al Proyecto Transversal “Trópico Húmedo”, dejando de impulsar a los productores de más bajos recursos

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de diciembre de 2014.

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Ana Paola López Birláin (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Benjamín Castillo Valdez, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez, José Soto Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, Andrés de la Rosa Anaya, Faustino Félix Chávez, Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar, Niaves López (rúbrica).

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Conaculta a declarar la obra La llorona parte del patrimonio cultural inmaterial del país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 13 de noviembre de 2014, el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a declarar la obra La llorona como parte del patrimonio cultural inmaterial del país y su inclusión en el inventario el patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal.

Segundo. Con fecha 13 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 62-II-5-2105, la turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía para el respectivo dictamen.

Tercero. Mediante el oficio número CCC/ LXII/ 3536, de fecha 19 de noviembre de 2014, la Comisión de Cultura y Cinematografía envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada a los integrantes a fin de que emitieran sus observaciones y comentarios sobre ella.

Cuarto. A efecto de cumplir lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 11 de diciembre de 2014 para dictaminar la proposición señalada, a fin de someterla a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que declare a la obra de La llorona como parte del patrimonio cultural inmaterial del país y su inclusión en el inventario el patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal.

Segundo. Como antecedentes, el diputado proponente menciona que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, músicos, escritores e intelectuales, así como las obras anónimas, surgidas del alma popular y en general todo el conjunto de valores que dan sentido a la vida cultural, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de un pueblo.

Que de esta forma, el patrimonio cultural tiene dos vías de manifestación: la material, como edificaciones u objetos, y la inmaterial, como procesos, lengua y técnicas que dan lugar a festividades, ritos y tradiciones.

Que el país cuenta con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta, ocupando el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (28 sitios en 26 declaratorias). Y que el patrimonio cultural se divide en material e inmaterial.

Que el 20 de abril de 2006 entró en vigor en México el decreto del Ejecutivo federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo del mismo año, que ratifica los términos de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y que este decreto representa la adhesión del Estado mexicano a la convención, mediante la cual se promoverán los mecanismos legales y los programas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial o intangible del país.

Tercero. Que el patrimonio cultural inmaterial reúne las diferentes expresiones y manifestaciones de la vida de los pueblos. Transmitiéndose de generación en generación dependiendo de los portadores de su existencia y son fundamentales para mantener la cohesión social entre los miembros del grupo.

Que el patrimonio cultural inmaterial comprende entre otros, los elementos siguientes:

- La tradición oral y narrativa.

- Los conocimientos tradicionales sobre cocina, ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional.

- Mitos y concepciones del universo y la naturaleza.

- Espacios y entorno geográfico dotados de valor simbólico.

- Expresiones dancísticas y musicales.

- Vida y festividades religiosas.

- Diseños en todas las artes populares y oficios artesanales.

Que en este sentido, la leyenda de La Llorona ha motivado innumerables expresiones artísticas en las diferentes aristas del arte y se ha sabido arraigar en lo más profundo de la memoria de los habitantes de la Ciudad de México y de todo el país, divulgándose en pueblos, calles, plazas públicas y recintos culturales.

Que La Llorona entre sus muchos orígenes, cuentan con diversos elementos que la asocian a la diosa Cihuacoatl, la mujer serpiente, protectora de los partos cuyos presagios descritos en “Visión de los Vencidos” del antropólogo Miguel León Portilla, anuncia la preocupación de esta deidad por su pueblo y sus hijos, ante un funesto porvenir, apareciendo por las noches, llorando por la suerte de sus vástagos.

Que también se encuentran similitudes entre La Llorona y la Cihuateteo, los espíritus de las mujeres que murieron durante la labor de parto, y que se encuentran propiamente descritas en el Códice Borgia y en la Historia de las Cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún. Asimismo, que la Llorona no sólo goza de estos elementos históricos, sino que es ampliamente sabido el nexo que comparte con la Malinche, Doña Marina, la intérprete de Hernán Cortés y una de las primeras madres del México mestizo, de la misma forma la leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli y la muerte de Coyalxauhqui contienen también alusiones al mito de la Llorona, con lo cual se refleja la profundidad de esta leyenda en la cultura del país.

Cuarto. Que el mito de La Llorona se ha propagado durante siglos a través de las 16 delegaciones del DF, transmutándose durante más de cuatro siglos, generando un recurso cultural inmaterial que contiene agregados típicos de la cultura popular de las distintas demarcaciones.

Que en delegaciones del Distrito Federal como Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, con sus leyendas de la Llorona, son testigos de relatos que aportan diferentes puntos de vista de las etapas históricas de la Ciudad de México, es claro que resulta necesario divulgar y proteger las distintas versiones de esta leyenda en todo el territorio del país, ya que cada región, esta leyenda se nutre a través de la historia oral, fortaleciendo así el legado cultural de La Llorona.

Que por ello es necesario que la leyenda de La Llorona sea declarada patrimonio cultural inmaterial del país y pueda pertenecer al inventario del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Federal.

Quinto. En virtud del contenido de la proposición, es necesario mencionar que el Estado mexicano ha mantenido el compromiso tanto en el ámbito nacional como en el internacional, de respetar el derecho humano a la cultura, así como garantizar el ejercicio y acceso mediante la creación de un marco jurídico que regula el patrimonio cultural, a través de normas para la conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos; testimonio de la riqueza cultural de nuestro país, para las generaciones presentes y futuras.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o., párrafo 12, que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

En el ámbito internacional y para el tema que se analiza, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003, en su artículo 2, define al patrimonio cultural inmaterial como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00006).

Tiene cuatro objetivos primordiales:

1. Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;

2. Garantizar el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos interesados;

3. Sensibilizar de la importancia del patrimonio cultural inmaterial en el plano local, nacional e internacional y de su conocimiento recíproco; y

4. Establecer una cooperación y proporcionar asistencia a nivel internacional.

Asimismo, en el contenido de la convención se considera también que el patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación, recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, otorgando un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

México ratificó los términos de la convención, el 28 de marzo de 2006, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto promulgatorio de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el marco de la UNESCO.

Es tal virtud, es de relevancia el artículo 11 de la convención, relativo a funciones de los Estados parte, incumbiendo a cada uno

a) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio.

Así como otras medidas de salvaguardia, cada Estado Parte hará todo lo posible por:

b) Adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación;

c) Designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural presente en su territorio;

d) Fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial y en particular del referido patrimonio, que se encuentre en peligro;

e) Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para

i) Favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión.

ii) Garantizar el acceso del patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio.

iii) Crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas.

Respecto a la normatividad en el ámbito nacional, el artículo 38, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal.

El Reglamento Interior de la referida dependencia de la administración pública federal prevé en el artículo 2, Apartado B, entre sus órganos desconcentrados, en la fracción III, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

El decreto del 7 de diciembre de 1988, por el que se crea el Conaculta, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, establece en el artículo 1 que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, que corresponden a la SEP.

Ahora bien, respecto al caso del Distrito Federal, en la Ley Orgánica de la Administración Pública el artículo 32 Bis establece que a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal le corresponde diseñar y normar las políticas, programas y acciones de investigación, formación, difusión, promoción y preservación del arte y cultura en el Distrito Federal, así como impulsar, desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales. Las actividades de la Secretaría deberán estar orientadas a enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales con base en los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. Lo anterior en el marco del respeto a la diversidad e identidad culturales, el derecho al desarrollo de la propia cultura, la conservación de las tradiciones y la participación social.

Por otra parte, la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal señala en su artículo 20, fracción IV que corresponde a la Secretaría de Cultura de Gobierno del Distrito Federal realizar las acciones necesarias para promover, preservar, catalogar, divulgar y fomentar las diversas manifestaciones culturales y artísticas del Distrito Federal, así como realizar las investigaciones pertinentes para un mejor conocimiento de aquéllas.

Sexto. Como señala el diputado en la proposición con punto de acuerdo, varios investigadores estiman que la leyenda de la Llorona tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas, derivadas de la mitología y de las leyendas mexicanas, que según las tradiciones orales, es la representación de una mujer cuya alma en pena vaga por los ríos, lamentando la pérdida de sus hijos.

Esta leyenda se ha extendido a diversos países hispanoamericanos, recogiéndola y adaptándola dentro de un proceso de influencia de sus costumbres y tradiciones, sin perder la esencia e identidad de la leyenda misma.

La leyenda de La Llorona es muestra de que las sociedades son al mismo tiempo asimiladoras y creadoras de cultura, por lo que con estos componentes la comisión dictaminadora considera que patrimonios como este deben ser salvaguardados como parte de la cultura, inherente al ser humano, que va cambiando y evolucionando constantemente, ya que cada generación lo asimila, transforma y adapta, en suma, lo enriquece.

Como parte de la expresión y manifestación del patrimonio cultural inmaterial y su aportación a la identidad cultural de nuestro país, esta leyenda debe ser preservada y transmitida a las futuras generaciones, por lo que se estima pertinente la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que declare a la obra La Llorona parte del patrimonio cultural inmaterial del país y su inclusión en el inventario el patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal.

Con base en lo expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía considera que es de resolverse y se

Resuelve

Artículo Único. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a realizar los estudios correspondientes a fin de que, en su caso, declare a la leyenda de La Llorona como parte del patrimonio cultural inmaterial del país y su inclusión en el inventario el patrimonio cultural inmaterial para el Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a ____ de ______ 2014.

La Comisión de Cultura y Cinematografía

Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tania Rellstab Carreto, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Alejandro Sánchez Camacho, Ana Paola López Birláin, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a atender las acciones emitidas por la ASF en la auditoría de desempeño practicada al programa presupuestario S234, “Sustentabilidad de los recursos naturales en acuacultura y pesca”

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que atienda las 15 acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, en la Auditoría de Desempeño 12-0-08100-07-0391, practicada al programa presupuestario S234 “sustentabilidad de los recursos naturales de acuacultura y pesca” a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, presentada por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del pasado 27 de noviembre del año en curso.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 numeral 2 fracción I y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 68, 80 numeral 1 fracción VI, 84, 176, 180 numeral 2 fracción I y II; 182, numeral 3 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; a la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 27 de noviembre de 2014, el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que atienda las 15 acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, en la auditoría de desempeño 12-0-08100-07-0391, practicada al programa presupuestario S234 “sustentabilidad de los recursos naturales de acuacultura y pesca” a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

El 27 de noviembre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la LXII Legislatura, con número de oficio: DGPL. 62-II-5-2145 y número de expediente 5606 para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, en comento.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones.

Que la Auditoría de Desempeño 12-0-08I00-07-0391 tuvo como objetivo evaluar los componentes del programa: la disminución del esfuerzo pesquero, la inspección y vigilancia, y el ordenamiento pesquero y acuícola, a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; la revisión comprendió el análisis del Sistema de Evaluación del desempeño, la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, la eficiencia en la gestión operativa y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. En cuanto al Sistema de Evaluación del desempeño, se revisó la lógica vertical y horizontal de los indicadores relacionados con los componentes disminución del esfuerzo pesquero, inspección y vigilancia, y ordenamiento pesquero y acuícola del Programa Presupuestario S234 “Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, encontrando los siguientes hallazgos:

Que en eficacia, se verificó el cumplimiento de objetivos de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola, y la población objetivo del componente ordenamiento pesquero y acuícola.

Que en eficiencia, se examinaron: el cumplimiento de metas de los indicadores de los componentes ordenamiento pesquero y acuícola, disminución del esfuerzo pesquero e inspección y vigilancia; la atención de solicitudes de proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola; la elaboración de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola; los requisitos para el otorgamiento de apoyos a proyectos de ordenamiento; el cumplimiento de los plazos para el otorgamiento de permisos y concesiones pesqueras y acuícolas; el establecimiento de zonas de refugio y acuerdos de veda; la inspección y vigilancia de las zonas de refugio y áreas de veda; el retiro de embarcaciones; el comportamiento programático presupuestal; y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento del objetivo de la política pública en materia de ordenamiento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas.

Que en economía, se revisó el cumplimiento de los montos otorgados por proyecto y los gastos de operación de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación.

Se coincide con los promoventes, en la revisión de la auditoría de desempeño: 12-0-08I00-07-0391, porque se deriva una serie de anomalías que evidencia el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012:

12-0-08I00-07-0391-07-001 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca analice los indicadores propuestos en la matriz de indicadores para resultados de los componentes de ordenamiento pesquero y acuícola, la inspección y vigilancia y la disminución del esfuerzo pesquero, con objeto de que se determinen los indicadores que permitan identificar la recuperación y disponibilidad presente y futura de las especies.

12-0-08I00-07-0391-07-002 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca analice los indicadores propuestos en la matriz de indicadores para resultados de los componentes de ordenamiento pesquero y acuícola, la inspección y vigilancia y la disminución del esfuerzo pesquero, con objeto de que diseñe indicadores de desempeño que permitan medir la eficacia en la cobertura de atención de la población objetivo y el impacto de los proyectos de ordenamiento en la sustentabilidad, y la eficiencia en los plazos establecidos para el otorgamiento de permisos y concesiones pesqueras, los requisitos para el otorgamiento de apoyos a proyectos de ordenamiento y el comportamiento programático presupuestal.

12-0-08I00-07-0391-07-003 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un diagnóstico para identificar las causas que aseguren que no se llevaron a cabo los proyectos estratégicos y con los resultados obtenidos establezca las metas anuales que puedan ser cumplidas considerando los recursos disponibles.

12-0-08I00-07-0391-07-004 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio en el que precise el número de comunidades pesqueras y acuícolas del país, y con base en la información determine su población objetivo tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio, a fin de focalizar los esquemas de regulación y administración en estas comunidades.

12-0-08I00-07-0391-07-005 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca determine la cobertura de atención de las comunidades en donde ya se cuenta con proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola, a efecto de dar seguimiento y evaluar el avance real en la materia.

12-0-08I00-07-0391-07-006 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca evalúe las causas por las cuales los resultados y explicaciones son iguales en los indicadores “porcentaje de embarcaciones pesqueras menores que integran el programa de ordenamiento pesquero ribereño” con “porcentaje de acciones de ordenamiento de la pesca ribereña considerando embarcaciones menores”; “porcentaje de embarcaciones pesqueras retiradas” con “porcentaje de embarcaciones retiradas voluntariamente por los productores para la conservación y sustentabilidad del recurso pesquero”, y “porcentaje de estudios y proyectos realizados para programas de ordenamiento pesquero y acuícola” con “porcentaje de estudios y/o proyectos para el ordenamiento pesquero y acuícola”, a fin de que registre y genere información específica, clara y confiable para cada indicador.

12-0-08I00-07-0391-07-007 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio sobre las necesidades de desarrollar proyectos de ordenamiento acuícola y pesquero considerando la problemática por atender, y sobre las conclusiones del estudio, tome las medidas necesarias para promover la presentación de solicitudes por escrito que garanticen el cumplimiento de los criterios establecidos en las reglas de operación del programa.

12-0-08I00-07-0391-07-008 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola y con base en los resultados establezca los indicadores que le permitan cumplir con todos los criterios que se establezcan en las reglas de operación.

12-0-08I00-07-0391-07-009 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio en el que se identifiquen las causas por las cuales los permisos y concesiones pesqueros y acuícolas no se autorizaron dentro del plazo establecido, y con base en sus resultados implemente las medidas necesarias para cumplir con los periodos fijados.

12-0-08I00-07-0391-07-010 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un estudio en el que se identifiquen las causas por las cuales no se registraron las fechas de ingreso de las solicitudes de los permisos y concesiones pesqueros y acuícolas, y con base en los resultados, establezca los procedimientos y control necesarios para garantizar que se consignen las fechas de registro de las solicitudes de los permisos y concesiones referidas al ingreso y autorización correspondientes.

12-0-08I00-07-0391-07-011 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca revise la información de las zonas de refugio y los acuerdos de veda, a efecto de que analice la factibilidad de establecer las metas e indicadores relacionados con la determinación de las zonas de refugio y las áreas de veda de especies pesqueras y acuícolas, con el fin de evaluar los resultados anuales de dichas actividades.

12-0-08I00-07-0391-07-012 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fortalezca su sistema de control interno al incluir procedimientos para la obtención de información sobre los resultados en materia de inspección y vigilancia de las zonas de refugio y acuerdos de veda.

12-0-08I00-07-0391-07-013 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca revise el programa de inspección y vigilancia que se genere, a efecto de que analice la factibilidad de establecer las metas relacionadas con la inspección y vigilancia para las zonas de refugio y las áreas de veda de especies pesqueras y acuícolas, con el fin de evaluar los resultados de dichas actividades.

12-0-08I00-07-0391-07-014 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice un diagnóstico de las embarcaciones que integran la flota pesquera y con base en sus resultados establezca las metas de mediano plazo de retiro de embarcaciones que puedan ser cumplidas considerando los recursos disponibles.

12-0-08I00-07-0391-07-015 Recomendación al desempeño, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca analice la factibilidad de establecer un indicador que permita medir la contribución del retiro de embarcaciones pesqueras en el uso sustentable de los recursos pesqueros.

De acuerdo a las observaciones y las recomendaciones presentadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012; los integrantes de esta Comisión, tenemos a bien poner a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que atienda con carácter de urgente las 15 acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación, en la Auditoria de Desempeño 12-0-08100-07-0391, practicada al programa presupuestario S234 “sustentabilidad de los recursos naturales de acuacultura y pesca” a cargo de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de diciembre de 2014.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Ana Paola López Birlain (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores, Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Faustino Félix Chávez, Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica).

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a diseñar e implantar programas permanentes de alfabetización, dirigidos principalmente a los sectores de la población más vulnerables

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del 9 de septiembre de 2014, el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En el parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo, se expone un conjunto de argumentos sobre los que sustenta el exhorto a la SEP para diseñar e implantar programas permanentes de alfabetización, dirigidos principalmente a los sectores de la población más vulnerables, a saber:

1. El diputado proponente expone que en la actualidad resulta difícil aceptar la idea de que más de 793 millones de adultos en el mundo no saben leer ni escribir, de acuerdo con los datos aportados en el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, realizado en 2011; México, en ese sentido, es uno de los países con un alto índice de personas analfabetas.

La Secretaría de Educación Pública señala que una de cada tres personas tiene rezago educativo, es decir, de los 85 millones de habitantes mayores de 15 años, 5.5 millones (6%) son analfabetas, mientras que 10.1 millones (11.8 %) no han terminado la educación primaria y 16.4 millones (19.8 %) estudió hasta la educación secundaria; sin dejar de considerar a los 8 millones de analfabetas funcionales, entendiéndose como aquellos que aprendieron a leer y escribir, pero que por no usar esas habilidades las olvidaron y regresan al analfabetismo.

2. Menciona, que entre las causas que originan el analfabetismo y el rezago educativo se destaca el bajo nivel económico de la población, ya que en la mayoría de los casos la precaria situación económica obliga a las personas a abandonar los estudios para integrarse a la vida laboral para poder solventar sus necesidades más básicas; sin embargo, ello no debe representar justificación alguna, pues la educación en tanto derecho humano debe ser garantizado a todas las personas sin ninguna prerrogativa, además de que, es a través de la preparación y la profesionalización, que las personas podrán integrarse a un mundo laboral más competitivo y con mayores beneficios para ellos.

3. Expone, que abatir las tasas de analfabetismo debe ser considerado con la relevancia que requiere, pues aun cuando se establecen programas de trabajo permanentes que buscan erradicar la alta tasa de analfabetismo, lo cierto es que lograrlo aún es una meta muy lejana, debido a una combinación de factores como el trazado de metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o descoordinados y la subestimación de la magnitud y complejidad de la tarea.

4. De igual manera, plantea que en trabajos recientes en materia de analfabetismo realizados en los últimos años, han servido para dimensionar la gravedad y conocer los requerimientos no sólo de voluntad, sino del compromiso para crear una verdadera política renovadora que contemple la efectiva utilización de recursos financieros y un sólido programa que atienda las diversas variables pedagógicas, sociales y políticas que intervienen en esta problemática.

5. Afirma también el diputado promovente, que no obstante que la Secretaría de Educación Pública, implementó la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo para atender a más de 7.5 millones de mexicanos en situación de iletrismo y rezago educativo durante los próximos cuatro años, con objeto de reducir la tasa de analfabetismos y el rezago educativo al finalizar el sexenio actual, es necesario erradicar cualquier situación de rezago que impida el desarrollo exitoso de nuestro país.

Con base en los argumentos anteriores, el diputado promovente propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que diseñe e implemente programas permanentes de alfabetización, principalmente dirigidos a los sectores de población más vulnerables, con la finalidad de disminuir las tasas de analfabetismo en nuestro país.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con el los artículos 39 numeral 3; 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen.

IV. Análisis de la comisión dictaminadora

1. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública y la designación de José Vasconcelos como su primer secretario (1921), se inaugura la generación de políticas públicas para erradicar el analfabetismo y combatir el rezago educativo, a saber: a) Vasconcelos lleva a cabo la Primera Campaña de Alfabetización, con una gran movilización social; b) en 1943, siendo Jaime Torres Bodet secretario de Educación Pública pone en marcha otra Campaña Alfabetizadora similar a la que antes emprendiera José Vasconcelos, sólo que esta vez fue coercitiva, en tanto que se estableció que toda persona que supiera leer tenía la obligación de enseñar a una que no supiera; c) con Adolfo López Mateos y estando nuevamente Jaime Torres Bodet (1958-1964) a cargo de la Educación Pública, se desarrolla el “Plan 11 años”, destacándose la Cartilla para Alfabetizar, indistintamente, a niños y adultos, con el objetivo de enseñar los conocimientos básicos de manera sencilla; d) Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), pone en marcha la Campaña de Alfabetización selectiva e intensiva, en donde da prioridad a la educación de los niños, quienes no debía rebasar los quince años sin saber leer, dejando en segundo término a los adultos de hasta cincuenta años de edad; e) José López Portillo (1976-1982), entre los objetivos del programa “Educación para Todos”, crea la Dirección General de Educación para Adultos, para enfrentar la problemática del analfabetismo, y en 1981, crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de promover y proporcionar servicios de alfabetización y de educación primaria y secundaria a la población mexicana mayor de 15 años;1 y f) , en mayo de 2014, el titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, pone en marcha la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo 2013-2018.

2. Han pasado más de nueve decenios en que la Secretaría de Educación Pública se propuso erradicar el analfabetismo en nuestro país, y aún no ha alcanzado la meta. Cada sexenio prohíja una política en ese tema que es desarrollada a través de la asignación de presupuestos, producción de materiales educativos, implementación de proyectos innovadores, lanzamiento de campañas, diseño de estrategias y creación de instituciones, sin embargo, los índices de analfabetismo y rezago educativo en vez de disminuir en números absolutos éstos sensiblemente han aumentado. Por ejemplo, en 1981, con la creación del INEA se buscó hacer frente al reto de dar educación a más de seis millones de adultos analfabetas, a quince millones de adultos que no habían concluido la primaria y a siete millones que no terminaron la secundaria, es decir, se trataba de atender a una población de 28 millones de personas entre analfabetas y rezagados educativos. Después de 33 años, en el presente año la Secretaría de Educación Pública pone en marcha la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo 2013-2018, y parte de que en México las personas analfabetas y con rezago educativo son: 5.4 millones de persona analfabetas, 10.1 millones tienen la primaria inconclusa y 16.4 millones la secundaria inconclusa, esto es dar atención a 31.9 millones de personas en situación de vulnerabilidad educativa. En suma, el analfabetismo y el rezago educativo en 1981 era de 28 millones; tres decenios después en vez de disminuir se incrementó 3.9 millones.

3. Ahora bien, entre 2013 y 2018, las metas de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo son: a) alfabetizar a 2.2 millones personas, b ) atender a 2.2 millones con primaria inconclusa y c) a 3.1 millones con secundaria inconclusa; es decir, pretende bajar el índice de analfabetismo y rezago escolar en 7.5 millones, que pasa de 31.9 millones de personas a 24.4 millones.

De lograr las metas de la Campaña, el analfabetismo baja a 3.2 millones y el rezago de las personas con primaria inconclusa también baja a 7.9 millones, así como el índice de personas con secundaria inconclusa disminuye a 13.3 millones. Así, por un lado, la Campaña cumpliría la meta de poner a México, según la UNESCO, entre los países “Libres de Analfabetismo”, ya que el 96 por ciento de las personas mayores de 15 años estarán en condiciones de leer y escribir; sin embargo, las metas en cuanto a combatir el rezago educativo se quedan cortas, pues 21.2 millones de personas seguirán en condición de rezago, ya que ni la primaria ni la secundaria concluirán.

4. Por cuestiones de género y condición social, en nuestro país, los índices de analfabetismo y rezago educativo se acentúan en la población femenil y en las comunidades indígenas. El Censo General de Población y Vivienda 2010 registró a 5,393 665 personas en condición de analfabetismo, de ellas: 3.3 millones son mujeres y de esas, 1.5 millones hablan solo lenguas indígenas. De igual forma, reporta que 10,082,386 personas no cuentan con primaria terminada, de ellas 5,207,832 millones son mujeres; asimismo, 16,424,106 personas no han terminado la secundaria, de las cuales 8,640,198 millones son mujeres. Y para concluir, el analfabetismo indígena representa el 27% del analfabetismo total. Por lo anterior y de acuerdo con las Recomendaciones para la Alfabetización de Personas Adultas y Comunidades Locales,2 es menester dar prioridad a las mujeres; que se utilicen los idiomas locales en la administración, la difusión de información y la educación; y que los cursos de alfabetización se impartan primero en los idiomas locales y nacionales y posteriormente en los idiomas de comunicación mundial.

5. La educación es un derecho humano y un recurso para lograr la autonomía personal y factor de desarrollo social y humano; es un recurso esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, instaurar la igualdad entre los sexos y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia; es más, una buena educación básica ofrece a los alumnos competencias esenciales que les servirán toda la vida y les permitirán adquirir otros conocimientos. En suma, el acceso a la educación depende de la alfabetización; los padres alfabetizados enviarán con más facilidad a sus hijos a la escuela; las personas alfabetizadas están mejor dotadas para acceder a la formación continua; finalmente, las sociedades alfabetizadas están mejor preparadas para enfrentarse a los desafíos del desarrollo.

6. La estrategia para concretar la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo 2013-2018, en efecto, considera un conjunto de líneas de acción necesarias para concretarla, tales como: i) que existe la voluntad política y el compromiso de la sociedad en conjunto, la industria y la sociedad civil, ii) el patrocinio de centros y recursos humanos por parte de asociaciones formadas entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las comunidades locales; iii) el apoyo de otras asociaciones, ya que no es suficiente que una sola agencia o un solo gobierno asuma la responsabilidad íntegra; sin embargo, en esta estrategia perfectible es necesario incorporar otras líneas de acción que compensen los servicios alfabetizadores para los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres y comunidades indígenas), entre ellas: a) que se difunda por los medios de comunicación el derecho de las personas a la alfabetización; b) que los programas tengan relevancia cultural, que sean sensibles a la diversidad de educandos, a los procesos y a las necesidades de aprendizaje y diseñados para el mayor número posible de subgrupos especiales de personas, tales como mujeres y comunidades indígenas; c) que exista un entorno alfabetizado en el que los recién alfabetizados puedan seguir operando, para así aprovechar lo aprendido y la alfabetización; d) que el diseño de programas que integren la alfabetización a la educación para la salud, a la educación en relación al medio ambiente y a la educación sobre población; e) que la alfabetización se integre a la promoción y al apoyo de otros temas como la paz, los derechos humanos o la autonomía de la mujer...

Por lo que esta Comisión considera pertinente modificar el presente punto de acuerdo toda vez que ya existe un programa de alfabetización en cual se encuentra en proceso de desarrollo y se propone que se fortalezcan los programas de alfabetización para grupos en situación de vulnerabilidad educativa, priorizando a mujeres, pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de disminuir las tasas de analfabetismo en nuestro país.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que fortalezcan los programas de alfabetización para grupos en situación de vulnerabilidad educativa, priorizando a mujeres, pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de disminuir las tasas de analfabetismo en nuestro país.

Notas

1 Varios autores, Historia de la alfabetización y de la educación de adultos en México , INEA-El Colegio de México, 1a. ed. México, 1993. 755 pp., 3 vols.

2 La Declaración de Hamburgo y de la Agenda para el Futuro. Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas, 14 - 18 de julio 1997. http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro 11 de diciembre de 2014

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP a agilizar los apoyos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo con el programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del miércoles 14 de octubre de 2014, los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo se formulan los argumentos a través de los cuales se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a agilizar los estímulos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo con el programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; los que a continuación se enlistan:

1. El Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) se dirige a adolescentes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana, mediante el otorgamiento de becas de acceso, permanencia y conclusión de la educación básica. El rango de edad para las beneficiarias está de los 12 a 18 años 11 meses de edad y, entre una de las características, estas becas se otorgan a quienes no recibían ningún otro apoyo por parte del gobierno federal, salvo del entonces Programa “Oportunidades” a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Es un programa, asimismo, diseñado para solventar los gastos que se derivan en la gestación de un ser humano y en la etapa de lactancia, siendo que en la actualidad los recursos no son entregados a las beneficiarias en tiempo y forma, colocando a dichas mujeres en una situación de mayor marginalidad, aunado al aumento de niñas y adolescentes que se embarazan.

2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) plantea que en la actualidad, una de cada diez adolescentes de 15 a 19 años han tenido al menos un hijo nacido vivo, así mismo, hay una gran proporción de jóvenes unidas que están expuestas a un embarazo y no hacen uso de un método anticonceptivo, a pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar su descendencia (demanda insatisfecha). De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica levantada en 2009, una cuarta parte de las adolescentes unidas (24.7 por ciento) se encuentra en esta situación...

3. Las cifras arriba señaladas, así como las que a continuación se mencionan fueron difundidas con motivo del día internacional de la juventud celebrado el pasado 12 de agosto de 2014 en la Ciudad de Aguascalientes, de acuerdo con ello, se refiere que en 2014, en México residían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años, cantidad que representa 26.3 por ciento de la población total. En el primer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años fue de 9.8 y, durante 2012, 32.7 por ciento de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a servicios médicos.

4. Con ese propósito, entre el ejercicio fiscal 2011 y el 2013, el presupuesto programado para el Programa fue de 303.6 millones, de los cuales se ejercieron 274.9 millones, dando un diferencia de 28.7 millones, por lo que durante el trienio fiscal se registran los subejercicios reflejados en la diferencia.

5. De los resultados de las evaluaciones realizadas al Promajoven por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre otras instituciones, se desprende que tanto el área normativa como ejecutora del Programa: a) Debe desarrollar mecanismos que aseguren la entrega oportuna de recursos a las beneficiarias de conformidad con la normatividad establecida; b) Asegurar que los pagos a las beneficiarias se realicen de conformidad con la normatividad establecida, c) Realizar las transferencias a los estados sean oportunas; d) Hacer las transferencias mediante pagos electrónicos, para evitar el desplazamiento de las beneficiarias a otras comunidades y e) Diseñar un instrumento de evaluación de seguimiento de las beneficiarias para obtener una visión más amplia del logro del Programa en su bienestar social.

Con base en los argumentos anteriores, los diputados promoventes proponen el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, a efecto de que se agilicen los apoyos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo al “Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”, toda vez que dicha población se encuentra en estado de gestación y no puede solventar los gastos de dicha situación biológica.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con el los artículos 39 numeral 3; 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y Guillermo Sánchez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento, mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

1. El Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) es un programa regulado por reglas de operación y tienen el propósito de establecer un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar el programa, para lograr niveles de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Las reglas de operación, en este caso de Promajoven, anualmente se publican en el Diario Oficial de la Federación y sirven para: i) saber quién es sujeto beneficiario de apoyos, conocer los apoyos específicos, así como los requisitos para obtenerlos, ii) para contribuir al desarrollo personal de la beneficiaria y de la comunidad y iii) finalmente, para vigilar cómo los recursos públicos se aplican de acuerdo a como han sido programados.1

2. El Promajoven, según el Acuerdo 7082 , tiene por objetivo general: “Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas y estímulos..., así como: “Otorgar becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad” (segundo objetivo específico). El Promajoven está dirigido a adolescentes en situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana, mediante el otorgamiento de becas para el acceso, permanencia y conclusión de la educación básica, de estado civil indistinto que sean madres o se encuentren en estado de embarazo, cuya edad de ingreso esté comprendida entre los 12 y 18 años 11 meses, que deseen iniciar, reincorporarse, permanecer y/o concluir sus estudios de educación básica, en el sistema escolarizado, no escolarizado u otro sistema educativo disponible en las entidades federativas.

3. Es a través de las reglas de operación que el ejecutivo federal transfiere recursos presupuestarios a las entidades federativas para el pago de las becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas y los recursos para apoyar la operación de la beca a nivel local. La beca consiste en la entrega de un apoyo mensual de $ 850.00, por un máximo de 10 meses en el ejercicio fiscal 2014. Y de los recursos ministrados a las entidades federativas, 96 por ciento es para becas y 4 por ciento para la operación nacional del programa.

4. La Secretaría de Educación Pública para garantizar la prestación de servicios educativos a la población que cursa desde la educación inicial y básica –en todos sus tipos y modalidades– hasta la educación superior, se rige, por un lado, por el calendario escolar que comprende el segundo semestre de un año calendario y el primer semestre del siguiente año calendario; y por otro, por un calendario presupuestal, que engloba doce meses consecutivos. Esa duplicidad de calendarios dificulta la ministración de recursos financieros a las entidades federativas cuando se trata de programas con reglas de operación, en virtud de que las metas educativas y las presupuestales definidas en los programas, en ocasiones, se yuxtaponen, es decir, corren de manera paralela ocasionando demora y falta de eficacia, tanto en la dispersión de los recursos financieros las entidades federativas, como en la entrega de apoyos a la población beneficiaria. Sin embargo, en los acuerdos por los que se expiden las reglas de operación, se definen los mecanismos administrativos y se establecen las obligaciones de las dependencias tanto normativas como ejecutoras para que hagan llegar, en tiempo y forma, los apoyos a las poblaciones objetivo beneficiarias de los programas, por lo que si el área ejecutora sigue puntualmente la ruta crítica establecida en las reglas de operación, no existe razón por la cual se demore la entrega de apoyos a la población objetivo.

5. Además, en la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012. Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cual recoge el estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), recomienda a la SEP: i) que es necesario realizar evaluaciones con base tanto en documentos como en evaluaciones complementarias con apoyo en trabajo de campo que permitan conocer el efecto causal del Programa y su eficiencia así como el nivel de satisfacción de las becarias. Esto significa conocer cuántas alumnas continúan y finalizan la educación básica y quienes lo logran, para qué les ha servido dicha educación, y si ha incidido o no en su movilidad social y económica; ii) que este Programa que conoce bien toda esta problemática dialogue con la Secretaría de Educación Pública, para que se prepare de una manera más efectiva en educación sexual a jóvenes de ambos sexos desde el quinto año de primaria en adelante, iii) que la sep prepare a sus maestras/os para que cuando tengan a jóvenes embarazadas en sus aulas no las desprecien y rechacen por representar un mal ejemplo para sus compañeros; iv) que es urgente que estas jóvenes embarazadas y madres jóvenes cuenten con el servicio de guardería, ya que es muy difícil que continúen estudiando cuando tienen que cuidar a sus niños pequeños.

6. Con base en las premisas anteriores, esta dictaminadora comparte los argumentos de los diputados promoventes, relativos a que: i) sí es posible que la SEP asegure los pagos a las beneficiarias de conformidad con la normatividad establecida en las reglas de operación y los anexos, debido a que en las reglas de operación para el presente año se establece que: “Para las alumnas del sistema escolarizado se otorga en los periodos de enero-junio y septiembre-diciembre; y en caso de las alumnas del sistema no escolarizado y mixto, el pago se efectúa durante el periodo enero-diciembre; ii) Que las transferencias a los estados sean oportunas, lo cual implica que tanto la Secretaria de Hacienda y Hacienda y Crédito Público (SHCP) y como la SEP definan el calendario presupuestal de acuerdo con los objetivos y las metas del Programa; iii) Que la SEP realice los estudios correspondientes a fin de transferir los apoyos monetarios de manera electrónica para evitar el desplazamiento de las beneficiarias a otras comunidades; iv) y partir de la recomendaciones del Ciesas para diseñar un instrumento de evaluación de seguimiento de las beneficiarias para obtener una visión más amplia del logro del Programa en su bienestar social.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, a efecto de que se agilicen los apoyos entregados a las jóvenes embarazadas, de acuerdo al “Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas”, toda vez que dicha población se encuentra en estado de gestación y no puede solventar los gastos de dicha situación biológica.

Notas

1 http://www.funcionpublica.gob.mx/scagp/dgorcs/reglas/index.htm.

2 Acuerdo Número 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica en contra).

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Inegi y a la SEP a difundir la totalidad de la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 del numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del 2 de octubre de 2014, la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen correspondientes.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la proposición.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En el parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo se exponen los argumentos a través de los cuales se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a difundir toda la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; dichos argumentos enseguida se listan:

1. Uno de los grandes logros del Pacto por México ha sido la reforma educativa, que pudo ser una realidad para los mexicanos, gracias al consenso realizado por los distintos partidos políticos, (...); de ella se deriva una reestructuración en la calidad de nuestro sistema educativo nacional. Uno de los muchos productos de dicha reforma es el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), insumo considerado como fundamental para llevar a cabo las transformaciones necesarias para dotar de excelencia al ámbito educativo de México y, en especial, al de la enseñanza. Dicho censo ha tenido como objetivo principal atajar los problemas existentes de los recursos humanos y materiales dentro del sistema educativo mexicano.

2. El Cemabe se realizó a partir de la suma de los esfuerzos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para una efectiva transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados para la educación del país. Este censo tuvo su periodo de realización del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013, donde participaron 17 mil 281 personas realizando el levantamiento de información, supervisión y seguimiento. Durante el censo se visitaron los 270 mil 609 centros de trabajo que se tenían en la base de planeación proporcionada por la SEP, en la cual se contaba con la información de cada uno de los centros objeto de análisis, así como los datos disponibles sobre el personal y alumnos asociados a los centros de trabajo.

3. En el levantamiento de datos a propósito del Cemabe, hubo planteles que no pudieron ser incluidos en el estudio porque sus trabajadores se rehusaron a recibir a los encuestadores del Inegi. En total, se hizo un cálculo estimando que cerca de 158 mil 565 profesores y administrativos no fueron censados, quienes laboran en 24 mil 164 centros de trabajo.

4. En marzo de 2014, se dieron a conocer datos desagregados y resultados mediante los cuales se realizaron distintos análisis por parte de diversos medios de comunicación, líderes de opinión, asociaciones civiles, etcétera; resultados que revelaron las fallas e ineficiencias que el Sistema Educativo Mexicano ha tenido durante varios años. En ese sentido, por ejemplo, el Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa” publicó un estudio llamado Censo educativo: radiografía del dispendio presupuestal, donde evidenció el desorden en la nómina de educación básica, relacionado con individuos que, según los registros, están asignados a un centro de trabajo pero en él que nadie los conoce (“aviadores”) y personas que tienen una plaza de maestro pero que no trabajan brindando enseñanza frente a un grupo (“comisionados”); las comisiones cuando se ejercen con goce de sueldo, son ilegales. El censo deja ver que existen 30 mil 695 comisionados o personas con licencia; asimismo, que existen 39 mil 222 plazas para aviadores. La corrupción del sistema educativo mexicano ha permitido que los empleados jubilados, renunciados y fallecidos reciban un sueldo en los sistemas educativos estatales. Se trata de 114 mil 998 individuos que reciben un sueldo indebidamente. En total, entre “comisionados, “aviadores”, jubilados, renunciados o fallecidos”, existen 184 mil 915 plazas. Reflejo inequívoco de un total desorden de la nómina docente-administrativa. Es más, existen casos donde el personal acumula plazas abusando de los recursos públicos. La suma de ellos es de 23 mil 540 maestros. De otro modo, la cifra de ausentes es del 4.39 por ciento del total de las plazas en educación básica, es decir, 98 mil 576 plazas de las cuales no se pudo obtener información porque quienes las poseen estuvieron ausentes al levantarse el censo. El tamaño del problema se hace evidente cuando la información recabada señala que en 27 de 32 entidades federativas, más de 10 por ciento de la nómina educativa recae en alguna irregularidad. Bajo este panorama se puede calcular que todas las anomalías de la nómina docente-administrativa equivalen a 51 mil 486 millones 700 mil pesos de gasto desperdiciado y mal ejercido del erario y de las entidades estatales. Esta cantidad sería el equivalente a casi 10 por ciento de los recursos que el Estado mexicano destina a las preprimarias, primarias y secundarias públicas en el país. Y a pesar de ello, la autoridad federal y las estatales, no han tomado acciones concretas que mitiguen esta fuerte crisis que se vive y que está destruyendo al sistema educativo mexicano.

5. Con la información publicada hasta el momento, por lo tanto, sólo se puede hacer un cálculo del costo de estas irregularidades, en el escenario más bondadoso y conservador, donde tan sólo se toman en cuenta los casos de los comisionados, los aviadores, los jubilados, renunciados y fallecidos, se estima que el gasto del erario se encuentra alrededor de los 16 mil millones de pesos por el personal con estas anomalías. Pero, con los datos parciales del Cemabe se pone en evidencia los serios y gravísimos problemas que tiene nuestro sistema educativo, en específico, la administración de la nómina docente-administrativa de educación básica. En suma el estudio demuestra el mal uso de los recursos públicos en el sector educativo mexicano, además, pone al descubierto la incapacidad de las autoridades educativas del país y la tolerancia que éstas están teniendo a la corrupción en un ámbito tan importante como es el de la educación.

6. A pesar de que se cuenta con una cantidad de datos, el universo arrojado por el Cemabe sigue sin publicarse en su totalidad, por lo que es urgente que la SEP dé a conocer la base completa de los datos recopilados por el Cemabe, para estar en condiciones de llevar a cabo los análisis que permitan identificar las irregularidades aducidas. Porque contar con los datos parciales del censo no nos permitiría saber con certeza qué otros problemas existen detrás de lo ya evidenciado, además de que la situación amerita fuertes y urgentes medidas de mitigación y corrección de todas las fallas que tiene el sistema educativo mexicano. Estas omisiones informativas en el sector educación no pueden ni deben seguir siendo tolerables por la sociedad mexicana, pues eso significaría contribuir a la opacidad que el sistema ha cubierto durante años por medio de prácticas inadmisibles de corrupción. Se ha hecho un desastre en el ejercicio de los presupuestos públicos que lo único que ha logrado es sumergir a este país en un pozo de ignorancia que aleja cada vez más a nuestra nación de la calidad de la enseñanza educativa.

7. En el artículo 6 de la Ley del Inegi se prevé que la información de interés nacional será oficial y de uso obligatorio para la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. El sector educativo mexicano es considerado como de interés nacional, por lo que esta información debe de estar a disposición y accesibilidad del público, sobre todo cuando se trata del uso recursos públicos. Por otro lado, pese a las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación los estados han hecho caso omiso y no han corregido los problemas administrativos de su nómina docente.

Con base en los argumentos anteriores, la diputada promovente propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de sus competencias, hagan pública la totalidad de la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe); y que, a su vez, expliquen los motivos por los cuales dicha información no se ha publicado completamente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expliquen, aclaren y, en su caso, resuelvan, las diferencias que se han hecho públicas entre los datos de la nómina educativa dados a conocer a través del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, y los que al respecto reportan las entidades federativas.

III. Consideraciones

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente, de acuerdo con los artículos 39, numeral 3; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80 y 82, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos y con la información pública disponible al momento de su dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

1. El derecho de acceso a la información pública está preceptuado como derecho fundamental en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, lo reglamenta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El derecho de acceso a la información pública permite que el ciudadano se informe de manera oportuna y confiable sobre decisiones y acciones que el gobierno está tomando y haciendo en los temas de mayor importancia para la ciudadanía.

2. Como derecho fundamental, a su vez, está enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

3. Toda la información a que se refiere Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es pública, y son sujetos obligados de proporcionarla, entre otros, la administración pública federal, con objeto de i) transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen; ii) favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; y iii) contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del estado de derecho.

4. Durante 2013, la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, realizó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Instituciones Públicas y Privadas de Educación Básica del Sistema Educativo Escolarizado y Especial,1 con el propósito de proveer de información al Sistema de Información y Gestión Educativa.2

5. El Cemabe en tanto actividad estadística que posibilitó a la Secretaría de Educación Pública, por un lado, diseñar, captar, procesar e integrar, información del sistema educativo nacional; y, por otro, publicarla y difundirla parcialmente, si bien permitió tomar esa masa informativa como un referente para sustentar el diseño y la evaluación de políticas públicas de alcance nacional en materia educativa, no es suficiente para el análisis y la generación de propuestas emanadas de la sociedad civil organizada, las instituciones de educación superior y organismos de investigación, así como de los actores educativos de educación básica.

6. A partir de información parcial difundida por la SEP sobre el Cemabe, la diputada promovente de la proposición con punto de acuerdo, retoma los resultados de un estudio que realizó una asociación de la sociedad civil organizada y comparte con esa asociación las inferencias que se hicieron públicas en diversos medios de comunicación. Al estar incompleta la masa de datos difundido por la SEP a propósito del Cemabe, el estudio corre el riesgo de estar sesgado positiva o negativamente dependiendo la filiación política o ideológica de quien lo llevó a cabo; sin embargo, con las inferencias difundidas se pudieron evidenciar los grandes problemas que carcomen el sistema educativo nacional, en particular, respecto a: estructuras ocupacionales, plantillas de personal de las escuelas, la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional..., luego entonces el estudio no está en tela de juicio, más bien éste permite recordarle a la administración pública federal su obligación con la ciudadanía de proporcionarle la información que acopió mediante la aplicación del Cemabe. Dicha información es de interés nacional y, por lo tanto, debe estar a disposición de la ciudadanía dado que esto le permitirá hacer efectivo su derecho a la información y, a su vez, el sujeto obligado, con ello, mejorará la calidad de la información y mejorará decisiones públicas.

7. Así pues, la transparencia gubernamental es el acto que consiste en abrir y poner a disposición de los ciudadanos, por diversos medios, la información que generen o posean las instancias gubernamentales. El acto de rendir cuentas no es a una persona en específico, sino que es una práctica democrática de exponer y difundir la información gubernamental para que la gente pueda revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo de sanción.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de sus competencias, hagan pública la totalidad de la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; y que, a su vez, expliquen los motivos por los cuales dicha información no se ha publicado completamente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expliquen, aclaren y, en su caso, resuelvan las diferencias que se han hecho públicas entre los datos de la nómina educativa dados a conocer a través del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, y los que al respecto reportan las entidades federativas.

Notas

1. http://www.censo.sep.gob.mx/index.php/objetivo.

2. Entre los componentes del sistema educativo nacional, de acuerdo con la Ley General de Educación, está el Sistema de Información y Gestión Educativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Eduardo Solís Nogueira (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo, Roxana Luna Porquillo, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica en contra).