Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4174-X, jueves 11 de diciembre de 2014
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a concienciar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del titular de la SCT para explicar las razones de que se revocara la licitación sobre el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Finanzas locales y a la SHCP a cumplir las fechas de entrega de recursos correspondientes a los ramos generales 28 y 33, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe delegacional en Álvaro Obregón, Distrito Federal, a respetar los derechos humanos de la ciudadanía de la demarcación, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al SAT a establecer un instrumento de excepción en el régimen de incorporación fiscal para pequeños comercios, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Juzgado de Distrito Auxiliar en Guanajuato a resolver los juicios de amparo interpuestos por quejosos de Colima contra la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes en la nueva Ley del ISR, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a declarar la alerta de violencia de género en Puebla; y al titular de la PGJ del estado, a localizar y detener al feminicida de Araceli Vázquez Barranco, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar por el Comité Nacional del Programa Alerta Amber México y en colaboración con la SCT las acciones necesarias para que las compañías de telefonía celular se sumen a ese plan y notifiquen a los usuarios las alertas mediante mensajes de texto, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a transparentar y aclarar a la sociedad el origen y destino de la trasferencia para construir el Museo Barroco, en Puebla, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Semarnat a revisar y revocar los permisos en favor de la empresa Desarrollos Zapal, SA de CV, para llevar a cabo el proyecto minero Los Cardones, suscrita por los diputados Alfredo Zamora García y Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
Efemérides
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por sus dependencias con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones conducentes a deslindar responsabilidades, aplicar sanciones y subsanar el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI y por Enrique Aubry de Castro Palomino, del PVEM
Los suscritos, diputados federales de Jalisco por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La laguna de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, cerca del lago de Chapala, tiene 9 kilómetros de longitud y 2 de ancho. Es pequeña, comparada con el lago de Chapala, pero se le considera la laguna de la zona metropolitana de Guadalajara por su majestuosidad y atractivo turístico.
Formada con el agua de lluvia proveniente de las serranías que la rodean, la laguna de Cajititlán es un lugar único y muy especial para los tapatíos y todos los jaliscienses.
Hoy, desgraciadamente, nuestra bella laguna está sufriendo los embates de los cambios climáticos o, peor aún, de posibles actos de negligencias y violencia ambiental.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, hasta el domingo 31 de agosto se habían extraído más de 30 toneladas de peces muertos. Para el martes ya se contabilizaban más de 50 toneladas.
Debemos reconocer que las autoridades han puesto su empeño para detectar la causa de la muerte de la gran cantidad de peces en la laguna.
Aparentemente se desconoce si es un fenómeno natural o se trata de un evento provocado por conductas perniciosas de ciertos individuos.
La secretaria de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz, informó que ya se han enviado brigadas de trabajadores para apoyar a los pescadores locales en la retirada de los peces muertos, así como técnicos para evaluar la situación de las plantas de tratamiento de aguas de la ribera de la laguna.
De acuerdo con el doctor Manuel Guzmán Arroyo, director del Instituto de Limneología de la Universidad de Guadalajara, se trata de un problema provocado por el nivel de agua de la laguna, “que resulta demasiado bajo para cubrir las necesidades de oxígeno de los peces”.
El especialista explicó que “el lago tiene problemas porque le sacan demasiada agua. Una ventisca fuerte puede remover el fondo se levantan los sedimentos, se mezcla y se agota el oxígeno en el agua”.
Otra explicación que se ha dado es que la ausencia de agua suficiente y de oxígeno obedece al riego del valle adyacente y la existencia de un canal de adiestramiento para deportes acuáticos que también extrae agua de la laguna.
Durante estos días, la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ya dio a conocer que estableció un mando único para la atención de la contingencia ambiental. La Profepa y la Comisión Estatal del Agua han tomado importantes medidas de coordinación para que la contingencia ambiental se estabilice de manera positiva, se recupere el equilibrio ecológico de la zona y, desde luego, se subsane en lo posible el daño ambiental ocasionado.
En resumen:
(i) La recurrente crisis ambiental en la laguna de Cajititlán –cuatro periodos de muertes masivas de peces– puede tener su causa en cuestiones cíclicas u ocasionadas por la acción irresponsable del hombre; y
(ii) Ante estos hechos, hay instancias gubernamentales competentes para investigar el hecho y las formas de resarcir el daño ocasionado, buscando a su vez a los responsables y sancionándolo conforme a las leyes que nos hemos dado.
Nuestra posición como diputados al Congreso de la Unión es coadyuvar con las autoridades locales para resolver, de acuerdo con nuestras atribuciones, los problemas que pudiesen afectar a nuestros representados.
Hoy, las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Jalisco están sufriendo una afectación ambiental que merece toda la atención, tanto de las autoridades locales como federales. Merece que nos dispongamos a revisar las leyes en materia ambiental, tanto por lo que toca al Congreso de Jalisco, como lo que corresponde al Congreso de la Unión. Deben provocar toda nuestra atención y, desde luego, la coordinación de todas las autoridades competentes al efecto de deslindar responsabilidades, encontrar y sancionar a los culpables y, más importante aún, lograr reestablecer el equilibrio ecológico en la zona afectada y prevenir nuevas afectaciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a colaborar por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y todas las autoridades competentes de la administración pública federal con las autoridades de Jalisco para llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen las sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la laguna de Cajititlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.
Diputados: Abel Salgado Peña (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Leonardo Alcalá Padilla (rúbrica), Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los instrumentos destinados a concienciar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El que suscribe, Rubén Benjamín Félix Hays, diputado de la LXII Legislatura integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la salud, en su máxima expresión y alcance, fue consagrado por primera vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud1 de 1946, al señalarse que “...el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión ideología política o condición económica o social...”
Desde entonces, este derecho humano se ha expresado en la Declaración Universal (artículo 25) y Americana (artículo 11) de Derechos Humanos en 1948; afianzado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud de 1998.
En tal sentido, el acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de salud es un derecho humano fundamental y es la clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales.
Indudablemente, en México se ha avanzado sustantivamente en la construcción de una cultura de derechos humanos, misma que ha comprendido procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, de fortalecimiento institucional e instrumentación de políticas públicas específicas en la materia.
A nivel constitucional y en sus leyes secundarias, la protección y acceso pleno al derecho a la salud de las y los mexicanos está garantizado y existe una muy amplia cobertura de servicios de salud para la población que lo necesita.
No obstante estos avances, es menester que el Estado mexicano redoble esfuerzos en aquellas áreas que puedan, por la naturaleza de sus elementos y factores, generar mayor susceptibilidad y riesgos entre la población del país, de tal manera que se salvaguarde la plena vigencia de derecho humano a la salud, atendiendo prioridades de orden local y nacional.
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todos los países ser capaces de detectar, comprobar rápidamente y responder de forma adecuada a las amenazas de enfermedades emergentes y con tendencia a producir epidemias, a fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y la economía de la población local y mundial.
Consistente con esta recomendación, la OMS mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica que da seguimiento a la evolución de enfermedades infecciosas en el mundo, alertando cuando es necesario, compartiendo conocimientos técnicos, y articulando las respuestas necesarias para proteger a las poblaciones de las consecuencias de las epidemias, cualquiera que sea su origen y dondequiera que se declaren.
De manera correspondiente, en el país contamos con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) el cual ha demostrado su eficacia en la materia, al alertar con prontitud y de manera sumamente responsable una de las mayores contingencias sanitarias que haya ocurrido en el país en los últimos años.
Entre marzo y abril de 2009, cuando el entonces Sistema de Vigilancia Epidemiológica identificó el virus que se denominó como influenza A(H1N1), se pusieron en marcha diversas acciones en materia de salubridad a fin de controlar la epidemia, prevenir nuevos contagios y combatir el virus existente; asimismo, se pusieron en marcha campañas oportunas de vacunación e información.
Por las acciones realizadas durante dicha contingencia, México recibió amplio reconocimiento a nivel internacional: en la sexagésima segunda Asamblea Mundial de la Salud, efectuada del 18 al 22 de mayo de 2009, en Ginebra, Suiza, el país fue calificado como ejemplo de cooperación internacional y durante la cuadragésima novena Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, en Washington, DC, se otorgó un reconocimiento al trabajo del Gobierno mexicano por su labor frente a la contingencia epidemiológica, destacando la transparencia que se tuvo en el manejo de información.
La situación epidemiológica mundial y regional nos obliga a retomar la pasada experiencia y ser muy responsables en la vigilancia y monitoreo que se realice a los factores epidemiológicos internacionales, además de estar alerta a los del orden nacional.
Basta recordar que la alerta sobre el brote de enfermedad por el virus del ébola del pasado 30 de agosto del año en curso en Senegal transitó a la generación de una alerta regional para África Occidental en menos de una semana (4 de septiembre de 2014), coincidiendo con el reporte de dos casos de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en la República Popular de China, confirmada mediante pruebas de laboratorio.
En el caso de China, su gobierno, atendiendo protocolos sanitarios internacionales, tomó las siguientes medidas de vigilancia y control:
a) fortalecimiento de la vigilancia y el análisis de la situación;
b) fortalecimiento de la atención clínica y el tratamiento médico;
c) comunicación pública del riesgo y difusión de información.
En el caso del ébola, según la OMS en uno de sus últimos comunicados, su brote en el África Occidental es el peor en la historia. El número de muertes por el virus asciende a más de 5,500 mil y el número de casos de personas infectadas alcanzó ya los 15,351.
Esta enfermedad se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa, mialgias, cefalea y odinofagia, seguido de vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, disfunción renal, hepática y en algunos casos, sangrado gastrointestinal y coagulación intravascular diseminada.
En una reunión de alto nivel, convocada por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon el pasado mes de octubre, el mandatario estadunidense, Barack Obama, urgió al mundo a convertir en una “prioridad” la lucha contra el brote de ébola en África Occidental y advirtió que puede causar una “catástrofe humanitaria” en la región y es una “creciente amenaza a la seguridad global”.
A pesar de que su ingreso al continente americano es un hecho, específicamente mediante un caso comprobado de un paciente en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América, las autoridades sanitarias del país han actuado conforme a los protocolos internacionales y han dispuesto de la infraestructura mínima necesaria para su atención, en caso de que se presenten casos dentro del territorio nacional.
Así se ha dado a conocer desde el pasado martes 30 de septiembre del año en curso, cuando la Secretaria de Salud federal, la Médico Cirujano Mercedes Juan López, afirmó, en el marco de su participación en la quincuagésima reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, DC, que el país tiene los recursos necesarios para el diagnóstico y manejo de cualquier sospecha de ébola.
El ébola no es contagioso hasta que comienzan los síntomas, y se necesita un estrecho contacto con los fluidos corporales de un enfermo para que se propague.
De ahí la importancia de que se difunda, de manera clara, pertinente y oportuna la información sobre los efectos, síntomas y acciones a seguir en casos infecciosos como el ébola.
Sin embargo, a nivel local, en el país tenemos otros casos altamente epidemiológicos que atender.
Mientras que la posibilidad de que el virus del ébola llegue al país es extremadamente remota, es un hecho que el chikungunya 2 ya se encuentra en el país.
En su momento, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Dr. Pablo Kuri, indicó a un medio de comunicación nacional que “...hay un caso importado, es decir, no se contagió aquí, se contagió en las islas del Caribe, pero como tenemos el vector y hay mucho tránsito entre mexicanos a la zona donde hay casos seguramente va a llegar, la pregunta es ¿cuándo y dónde?, no sabemos, pero hay que estar atentos para cuando llegue”.3
En la misma entrevisto dejó ver que se desconocen los alcances que podría tener el brote una vez que el virus comience a circular, por lo que recomendó tomar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor.
A pesar de las medidas preventivas adoptadas, hasta el 1° de diciembre de 2014, mediante un comunicado de prensa y en los reportes de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud se informa del registro de 25 personas infectadas por este virus en el estado de Chiapas.4
Las personas contagiadas de chikungunya presentan fiebre, dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas, según la Organización Mundial de la Salud.
La enfermedad puede presentarse entre tres y siete días después de la picadura del mosquito infestado, y las manifestaciones clínicas pueden durar entre dos y 12 días.
Clínicamente es difícil su diferenciación con dengue, sin embargo en la infección por virus Chikungunya el dolor es mucho más intenso y localizado en las articulaciones y tendones, y en algunos casos pude ser incapacitante. Se debe distinguir chikungunya del dengue, que puede tener una evolución más tórpida, ocasionando inclusive la muerte.
No existe ningún antivírico específico para tratar la fiebre chikungunya; e l tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor articular, con antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. No hay comercializada ninguna vacuna contra el virus chikungunya.
Aunque la afección llamada chikungunya generalmente no es fatal, la epidemia ha rebasado la capacidad de atención de los hospitales y mermado la productividad económica de varios países de Sudamérica y el Caribe y se ha manifestado con notables efectos en Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela y con mucha proximidad en El Salvador, Nicaragua, Belice y Guatemala.
La República Dominicana es el país más afectado por el virus debido a que tiene la mitad de los casos en el continente americano; según la Organización Panamericana de la Salud, el chikungunya se ha propagado a mínimo 24 países y territorios en el hemisferio occidental desde que se registró el primer caso, a finales del 2013, en la parte francesa de la isla caribeña de San Martín, contabilizándose hasta el pasado mes de mayo de 2014, más de 4,500 infectados en el continente Americano.
Por otro lado, el escenario reportado sobre una enfermedad epidemiológica en los últimos Informes Epidemiológicos semanales por la Dirección de Información Epidemiológica, dependiente de la Secretaría de Salud, llama poderosamente la atención del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Nos referimos en caso concreto con el avance y daños que está generando la fiebre hemorrágica por dengue en el país, hasta el pasado 29 de noviembre de 2014.
Si bien los reportes confirman un descenso de los registros en el 2014, respecto del año precedente, en un 56% de los casos estimados y del 47% de los confirmados, es notorio el incremento y tendencia de casos confirmados, por cada 100 mil habitantes, en entidades como Baja California Sur (549.90), Colima (108.09), Sinaloa (106.10), sonora (81.76) y Campeche (55.02).
La estadística anterior nos permite dimensionar el problema, pues, atendiendo la información sobre el número de personas registradas por casos confirmados de dengue, el panorama es sumamente desalentador.
5 entidades del país acumulan el 55%: Baja California Sur, con 4,083; Veracruz, con 3,586 personas; Sinaloa, con 3,137; Sonora tiene a la fecha 2,362 casos y Oaxaca, registra 2,171 .
Conviene recordar que los datos anteriores pueden ser mayores, pues derivan de la confirmación de casos probables, después de practicados diversos análisis de laboratorio
En el país, en lo que va del año, se han registrado 28,109 casos confirmados de personas afectadas por el virus del dengue y se encuentran bajo análisis otros 50,078 más; sin embargo, en las cinco entidades antes citadas, el incremento porcentual en las últimas semanas ha rebasado al 50%.
Así, los casos confirmados en estados como Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Yucatán y Morelos, que son los que tiene el mayor número de casos confirmados y estimados nos deben de movilizar a la acción, urgiendo que las autoridades sanitarias actúen con prontitud ante este mal que es sustancialmente prevenible, mediante acciones concretas, probadas y coordinadas entre el nivel Federal, estatal y municipal.
Ya van 33 decesos confirmados en este 2014 y aunque la tendencia sea menor que los 76 fallecimientos registrados en el 2013, la letalidad corresponde al 43.42%, respecto del año anterior; si se previene y se actúa oportunamente, no deberemos lamentar un fallecimiento más.
Es importante recalcar que aunado a una efectiva política pública en materia sanitaria que contribuya con acciones concretas a prevenir y reducir los daños que el virus del dengue llegase a ocasionar en la salud de las y los mexicanos, también debe prevalecer una absoluta transparencia en el manejo de la información, además de que esta debe ser suministrada a la ciudadanía de manera oportuna.
El dengue históricamente en el país, ha presentado una tendencia de mayor incidencia entre los meses de julio a octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias y las condicionantes que propician su proliferación.
No obstante la preparación y capacidad probada de las instituciones del Sector Salud sobre la detección, tratamiento y medidas preventivas, entidades como Baja California Sur, Sonora y Sinaloa presentan un mayor grado de alerta por las condiciones de salubridad en que quedaron después del paso de Odile por esa región, al grado que la incidencia fue la mayor del país en Baja California Sur, alcanzando 550 por cada 100 mil habitantes.
En Nueva Alianza coincidimos en que el derecho a la salud debe ser visto como el derecho a un sistema de salud efectivo e integrado , que abarque la asistencia médica y los determinantes subyacentes de salud, que responda a las prioridades locales y nacionales , y que esté al acceso de todos; por ello, las instituciones responsables de la salud de millones de mexicanos debe brindar información más precisa sobre aquellos padecimientos que por su impacto en la salud pública requieren de una vigilancia estrecha y la difusión oportuna de información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que fortalezca los mecanismos, protocolos e instrumentos implementados para la vigilancia epidemiológica en el país, de tal manera que ante la presencia de un agente epidemiológico relevante, las instituciones del sector salud respondan con pertinencia y eficacia a las contingencias sanitarias que se presenten a lo largo del país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, dicte las medidas necesarias a efecto de que en los medios masivos de comunicación informe a la ciudadanía sobre la sintomatología más relevante del chikungunya y con ello, coadyuve a la proliferación de un clima social sano, responsable, ordenado e informado.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las instituciones de salud estatal para que refuercen la vigilancia epidemiológica, la atención médica y las medidas preventivas ante los incrementos focalizados del dengue en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, Colima, Sonora, Sinaloa y Campeche que tienen un mayor registro de casos de dengue hemorrágico.
Notas
1 Documentos Básicos, 43ª edición. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946.
2 La palabra chikungunya proviene de la lengua makonde de Tanzania, en el este de África, y podría traducirse como “lo que dobla”, en referencia al severo dolor en las articulaciones que hace que los enfermos se contorsionen.
3 Preocupa más chikungunya que el ébola, Laura Toribio. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/06/974750
4 Ver http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/boletin/2014/completo/sem4 7.pdf, página 36. Consultado el 1° de diciembre de 2014, a las 10:42 horas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.
Diputado Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del titular de la SCT para explicar las razones de que se revocara la licitación sobre el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se solicita al presidente de la República, que se reconsidere la ubicación de la construcción de la estación del proyecto de tren de alta velocidad de pasajeros, México–Querétaro, en el municipio de Querétaro.
Lo anterior bajo las siguientes
Consideraciones
Quiero destacar que estoy a favor de la modernización y el progreso ordenado de nuestro país; de igual manera deseo señalar que es pública mi defensa del derecho a la movilidad de todos los mexicanos y particularmente de los habitantes de mi estado natal, Querétaro; por esta razón en mi calidad de diputado federal y a petición expresa de vecinos de Hércules, La Estación, Del Bosque, Álamos, San Javier, Jardines de Querétaro, entre otras colonias, en las delegaciones Centro Histórico y Cayetano Rubio del municipio de Querétaro, solicito que sea reconsiderada la ubicación de la estación del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, al presidente de la República.
La problemática se hizo de mi conocimiento desde el pasado 6 de septiembre de 2013, cuando vecinos de la colonia Hércules solicitaron mi intervención para conocer el proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro, expresándome su preocupación, pues no habían sido escuchados por ninguna autoridad, y tampoco habían podido ser informados oficialmente sobre dicho proyecto, no obstante que el personal que se ostentaba como perteneciente a la empresa Prointec Ipimsa, realizaba actividades en su colonia, tales como estudios de mecánica de suelos y a la vez, solicitaba a los vecinos realizar avalúos respecto de sus inmuebles que, a decir de estas personas, serían afectados por la obra mencionada en más de seis colonias de la Delegación Cayetano Rubio en el municipio de Querétaro; además de lo anterior, solicitaban la preparación de los documentos que les permitieran acreditar la propiedad de los mismos, pues mencionaban que estos serían expropiados.
Todas estas actividades fueron realizadas por el personal de la empresa Prointec Ipimsa, haciendo referencia a que era una encomienda del Gobierno de la República, para lo cual se acreditaron con documentos que así lo señalaban.
Ante esta situación, los vecinos organizados solicitaron información a las autoridades estatal y municipal, con el propósito de conocer de manera oficial, cuál sería el impacto que el proyecto del tren de alta velocidad generaría en su patrimonio y calidad de vida.
Al no obtener respuesta de ninguna autoridad en el estado de Querétaro, los vecinos pidieron que en mi calidad de representante popular, intercediera para que pudieran conocer los alcances de dicha obra, por lo que desde el pasado 25 de septiembre de 2013, solicité a las autoridades municipales; presidente municipal y la Oficina de Acceso a la Información Pública, a las autoridades estatales: gobernador del estado y a la Oficina de Acceso a la Información Pública, así como a las autoridades federal: presidente de la República, secretario de Comunicaciones y Transportes de gobierno federal y al director de la Región Centro Querétaro de la SCT, que se entregara información y documentación relacionada con el proyecto, para que los vecinos la conocieran. En todos los casos se obtuvo resultados negativos, pues se argumentó que en ese momento no se tenía nada sobre el proyecto.
Ante la falta de respuesta, el 14 de abril del año en curso, solicité de nueva cuenta la intervención del presidente de la República y del propio secretario de Comunicaciones y Transportes mediante un oficio en el cual les hacía saber esta situación.
La incertidumbre de los ciudadanos sobre la afectación a su patrimonio y a su calidad de vida con motivo de este proyecto, se incrementó cuando, no obstante haberse comprometido en dos ocasiones ante los medios de comunicación el gobernador del estado de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, a que el secretario de Comunicaciones y Transportes, explicaría ante la opinión pública dicho proyecto, sin que ello aconteciera, pero en su lugar el contador público Pablo Suarez Coello, director de Transporte Ferroviario y Multimodal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizara el pasado 29 de abril de 2014 declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a la ciudad de Querétaro, en la que anunció que la ubicación de la estación estaría en un predio ubicado entre las colonias Calesa y El Pedregal de Querétaro, a la altura del cruce de las vías del ferrocarril México-Piedras Negras con avenida Bernardo Quintana. Prácticamente en el centro de la ciudad de Querétaro, negándose a proporcionar documentos o información adicional que avalara y justificara la construcción de la estación en ese lugar.
El funcionario simplemente señaló que la ubicación del lugar cuenta con los estudios de impacto ambiental necesarios, las especificaciones técnicas requeridas y que no afectaría la dinámica social de los habitantes de la zona de Hércules, además de que la afectación a la circulación vial sobre Bernardo Quintana y avenida Industrialización, sería de 4 por ciento, y que el proyecto se espera concluya el segundo semestre de 2017.
Sin embargo, hasta el día 11 de junio de 2014, mediante diferentes gestiones el Dr. Carlos F. Almada López, Subsecretario de Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, recibió a un grupo de personas integrados por representantes de colonos, ciudadanos interesados, especialistas en la materia, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, al diputado local Alejandro Cano Alcalá, y a su servidor como representante popular federal, donde se acordó que el Colegio de Ingenieros Civiles emitiría un dictamen técnico sobre la viabilidad de la ubicación propuesta para la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro. Para tales efectos, el subsecretario se comprometió a la entrega de la información necesaria para ello, la cual, como ya se mencionó tenía más de nueve meses de haberla solicitado.
Con la información proporcionada, el pasado 8 de septiembre de 2014, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, AC, realizó la entrega del dictamen acordado, haciendo entrega al secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, al gobernador Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa, y un día después al suscrito.
Dictamen técnico del cual se advierte las siguientes consideraciones técnicas, que citaré de manera textual:
“...
Una vez que se contó con la documentación referida en los antecedentes de este documento, misma que fue la única disponible, una vez que se agotaron las vías de solicitud de información adicional referente a los mecanismos utilizados para la determinación de la ubicación de la estación en territorio de Santiago de Querétaro y habiendo procedido a una exhaustiva revisión y análisis técnicos de dicho acervo, se concluye que la localización propuesta es social, ambiental, vial y urbanísticamente inviable.
El predio propuesto para la estación provisional del TAV, sin menospreciar que el uso pretendido está prohibido, es inadecuado, pues el único acceso a él es por la lateral del boulevard Bernardo Quintana, cuyo sentido de circulación es de los Arcos hacia Plaza del Parque así como por un puente que conecta a la vialidad primaria denominada avenida Industrialización, con el flujo vehicular procedente de la zona de Hércules-La Cañada con la avenida Corregidora Norte que igualmente es una vía primaria saturada y que desemboca al Centro Histórico, con las limitaciones propias de una ciudad fundada cuando sus habitantes difícilmente contaban con caballos y la mayoría cotidianamente caminaba.
Adicionalmente, es de señalarse que en el entorno inmediato a dicho predio no existe infraestructura ni espacio para crear la necesaria requerida para atender los requerimientos del servicio de transporte público de pasajeros y ello habrá de ocasionar severos problemas para los pasajeros que utilicen dicha estación y los servicios de traslado ferroviario.
El boulevard Obsidiana comprende el corto trecho que corresponde al punto en donde situar el acceso y la salida a la futura estación, nodo crítico que al poner en operación la estación, resultara en un nodo con nivel de servicio H, es decir caótico.
El estudio de demanda de usuarios del TAV arroja un volumen de 22 mil 220 pasajeros diarios entre la Terminal Buenavista y la Estación Querétaro, en ambos sentidos. Lo que representa un total de 55 corridas diarias, 28 desde Buenavista y 27 desde Querétaro, a lo largo de 17 horas de operación diaria, de las 6:00 a las 23:00, esto es, 3.24 corridas por hora, es decir tres y un cuarto por hora a lo largo de las 17 horas de servicio programado.
Con las cifras resultantes del estudio de impacto vial y el consecuente impacto urbano, el flujo existente de vehículos que circulan por la lateral oriente del boulevard Bernardo Quintana Arrioja así como en el retorno en el boulevard Obsidiana y la avenida Industrialización, vialidades que forman el nodo para la circulación del tránsito que procedente de la estación del TAV propuesta, habrían de demandar para el acceso, salida y distribución vehicular inmediata, se obtienen las cifras necesarias y suficientes para determinar la inviabilidad de servicio vial de y hacia la estación referida.
De los pasajeros provenientes de Buenavista solo el 33.2 por ciento tienen como destino final el Estado de Querétaro, distribuidos principalmente entre el área Metropolitana de la ciudad de Santiago de Querétaro (27.3 por ciento) y de San Juan del Río-Tequisquiapan (5.9 por ciento). El restante 67% se dirige a otros destinos del Bajío, principalmente al estado de Guanajuato (13 por ciento), en menor medida a los estados de San Luís Potosí (3.5 por ciento), Aguascalientes (1.6 por ciento) y Jalisco, principalmente de Guadalajara (3.1 por ciento).
En tanto los usuarios que parten de Querétaro, sólo el 27 por ciento se originan en la entidad (18.8 del Área Metropolitana de Ciudad Querétaro y 4.1 por ciento se SJR-TX), el 73 por ciento proviene de otras entidades del Bajío.
Una divisa de peso específico es la correspondiente al carácter patrimonial de las políticas y restricciones de zonificación y utilización del territorio aplicables al polígono amparado por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Área de Monumentos del Centro Histórico de Santiago de Querétaro, lo cual apuntala la recomendación para que se resuelva la colocación de le estación TAV en una localización diferente a la actualmente propuesta.
De las situaciones planteadas en este Dictamen y de acuerdo a las condiciones actuales de ocupación y uso del suelo, se determina que la ubicación de la estación en el predio propuesto, presentan obstáculos técnicos insalvables y por lo tanto es inviable.
Los resultados obtenidos reducen sensiblemente la factibilidad para establecer la estación terminal del TAV en el predio propuesto por la SCT.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro, AC, ha realizado estos análisis sobre la viabilidad para la ubicación de la estación provisional de este importante proyecto, en el sitio hasta ahora propuesto en el anteproyecto a cargo de la Secretaría, en esta, su necesaria fase de la maduración que habrá de llegar a las óptimas determinaciones, las cuales hasta el alcance de este trabajo dan un resultado negativo.
Consecuentemente con los resultados de los estudios realizados se concluye que la ubicación de la estación TAV en el sitio propuesto es social, ambiental, vial y urbanísticamente, es inviable, para la estación del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.”
Luego entonces, siendo una premisa superior de cualquier gobernante el propiciar decisiones consensadas y legítimas de las acciones que impactan de forma significativa en la calidad de vida de los gobernados, debiendo en todo momento propiciar que las ciudades se encaminen a la humanización de los entornos urbanos y no atienda únicamente a la industrialización y el comercio. Por ello, es indispensable el uso efectivo de una democracia participativa, incluyendo las opiniones de los sectores especializados, así como de la ciudadanía en general.
No pasa inadvertido para el suscrito, que esta Legislatura Federal se ha distinguido por ser la que más reformas a la Constitución en Materia de Transparencia y Participación Ciudadana ha impulsado, con la finalidad de evitar precisamente el uso discrecional de la información y promover una permanente supervisión de la sociedad al quehacer gubernamental.
Asimismo, uno de los estandartes que he enarbolado durante mi trayectoria como servidor público, ha sido precisamente el de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, como un verdadero mecanismo de combate a la corrupción y de real participación en la toma de decisiones del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete ante el pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicita la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, Gerardo Ruiz Esparza, para que de manera pormenorizada explique las razones por las cuales se revocó la licitación para la construcción del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México-Querétaro.
Segundo. Se solicite al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en las nuevas bases de la licitación se reconsidere la ubicación de la estación del proyecto del tren de alta velocidad de pasajeros México–Querétaro, en la colonia Calesa, de la delegación Cayetano Rubio, en el municipio de Querétaro, debiendo tomar en consideración el dictamen técnico realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro, así como las manifestaciones de especialistas y sobre todo, las expresiones sociales de inconformidad y oposición a dicha determinación.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Finanzas locales y a la SHCP a cumplir las fechas de entrega de recursos correspondientes a los ramos generales 28 y 33, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Arturo Salinas Garza, del Grupo Parlamentario, del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Antecedentes
I. La concurrencia de las facultades entre la federación, las entidades federativas y municipios para imponer contribuciones con el objeto de cubrir el gasto público, se remonta a la promulgación de la actual Constitución federal de 1917, sin embargo, desde entonces ha subsistido el problema de la doble o triple tributación, situación que afectaba gravemente la economía del Estado mexicano y por ende era necesario crear un sistema hacendario federalista que erradicará dicho padecer económico.
II. Este régimen de transición continuó su marcha durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas, ya que en este periodo se hicieron diversas reformas a la Constitución federal para establecer las materias sobre las cuales se podían decretar tributos específicamente de carácter Federal. Más adelante en 1947 en la Convención Nacional Fiscal, se propuso establecer un sistema en el que la Federación y las Entidades Federativas aprovecharan sus ingresos, en un ámbito de coordinación que garantizará la correcta aplicación y coherencia de los sistemas impositivos federales con los locales y la distribución de dichos rendimientos.
III. Como resultado de lo tratado en 1947 por la Convención Nacional Fiscal, en 1948 se promulgó la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, LISIM, y la Ley que Regulaba el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades Federativas. Consecuencia de ello, en 1953 se promulgó la primera Ley de Coordinación Fiscal entre la federación y los estados, teniendo como resultado que los estados que suscribieran la LISIM, suspendían los impuestos locales al comercio y a la industria, estableciendo un procedimiento mediante el cual la recaudación del impuesto se distribuía entre la federación y los estados.
IV. En 1973 se promulgó la Ley de Coordinación Fiscal, aunque no todas las entidades federativas se encontraban adheridas al sistema de coordinación impositivo entonces vigente. Fue hasta 1978, cuando se inició la celebración de los denominados Convenios Uniformes de Coordinación Fiscal, en virtud de los cuales se pretendió que la totalidad de las entidades formaran parte de las disposiciones anteriormente concertadas entre la Secretaría de Hacienda y las haciendas locales.
V. Finalmente, en 1980 entró en vigor la Ley de Coordinación Fiscal vigente, y se eliminaron y crearon diversos impuestos determinados para la federación y los estados. Conjuntamente se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con la finalidad de armonizar el sistema tributario mexicano, mediante la coordinación y colaboración intergubernamental y el establecimiento y distribución de las participaciones que correspondan a las haciendas locales de los ingresos federales, además apoyar el sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones correspondientes.
VI. En este orden de ideas, cumpliendo con el objeto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como otra de las medidas para evitar la doble o triple tributación, se creó el Ramo General 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, relativo a las participaciones federales que transferirá la federación a las haciendas locales.
Posteriormente, en 1997, se adicionó el capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, referente al Ramo 33 de las aportaciones federales, como una manera para fortalecer las arcas estatales y municipales y contribuir de manera significativa en el gasto público de los niveles subnacionales de gobierno, a través del financiamiento de fondos en materia de educación, seguridad, salud, infraestructura, combate a la pobreza, etc.
VII. Por lo que toca a los recursos del ramo 28, son entregados mediante pagos provisionales mensualmente, que son entregados directamente a las haciendas locales por parte de la federación y a los municipios por conducto de las haciendas de los estados, con ajustes cuatrimestrales, de acuerdo a lo recaudado en dicho periodo.
En cuanto a los recursos correspondientes del Ramo 33, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece la calendarización para el pago de las aportaciones federales para estados y municipios, de acuerdo a los subfondos que lo constituyen.
VIII. El 24 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la Distribución y Calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2014, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 participaciones a entidades federativas y municipios, y 33 aportaciones federales para las entidades federativas y municipios.
IX. Sin embargo, pese a existir un calendario determinado de fechas de pago de las participaciones y aportaciones federales, existen quejas de los gobiernos de las entidades federativas, como Nuevo León, con relación a la inoportuna y retrasada entrega de recursos, lo que ha ocasionado que los gobiernos de las entidades federativas no puedan aplicar dichos recursos en su gasto público, y por ende que los municipios, que son los órganos político-geográficos que más necesitan estos recursos, no cuenten con los medios para satisfacer las necesidades básicas de su población en materia de salud, educación y combate a la pobreza.
Consideraciones
Primera. Actualmente las participaciones que reciben las entidades federativas respecto a los ingresos totales de la federación son muy significativas para sus finanzas. Con excepción del Distrito Federal, todos los estados perciben de la federación más del 80 por ciento de sus ingresos totales, incluyendo también los recursos de las aportaciones federales que les son entregados.
Segunda. Sin duda, la problemática de recursos económicos de los niveles subnacionales de gobierno, constituye un tema central en la agenda del federalismo en México, ya que son numerosos los trabajos legislativos que se han hecho para lograr la mayor captación de mayores recursos para los municipios y sobre todo para fortalecer y fomentar su capacidad recaudatoria, en aras de disminuir la dependencia financiera hacía los recursos federales y descentralizar la riqueza de México; sin embargo, no son suficientes dichas acciones para revertir sus problemas financieros.
Tercera. El Ramo General 28, relativo a las participaciones federales, tiene su fundamento y regulación en el capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal y a través de dicho ramo se delimitan las competencias para cada ámbito de gobierno, lo que hace más simple y eficiente la recaudación, pues se ceden a la Federación algunas de las funciones recaudatorias de los Estados, a cambio de que aquella resarza los ingresos que dejaron de recaudar estos, entregando una parte más o menos similar a la que hubieran obtenido de no estar adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Actualmente, este ramo se encuentra compuesto por los siguientes fondos a saber:
• Fondo General de Participaciones;
• Fondo de Fomento Municipal;
• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (bebidas alcohólicas y tabaco);
• Fondo de Fiscalización y Recaudación;
• Fondo de Compensación (ventas de gasolina y diésel);
• Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos;
• Participación en el Recurso Federal Participable de los municipios por los que se realizan importaciones y exportaciones (0.136 por ciento); y
• Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios
Los recursos que constituyen estos fondos y en los cuales participan las entidades federativas y municipios, no se encuentran etiquetados para su gasto, como si lo hacen otros que delimitan las acciones para las cuales pueden ser erogados dichos recursos, por lo tanto las haciendas disponen libremente de dicho presupuesto.
Como se ha señalado con anterioridad, dichos recursos son suministrados a las haciendas de los estados, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mes con mes y lo que toca a los municipios es suministrado de igual manera a través de las haciendas de la entidad federativa de la que forman parte, con un ajuste cuatrimestral, en función a lo recaudado en dicho periodo. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y se lleva a cabo de la siguiente manera, de acuerdo al calendario para el ejercicio fiscal 2014 publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 24 de diciembre de 2013:
Respecto a la forma en cómo se asignan las participaciones a Estados y Municipios, aunque la LCF establece la fórmula de distribución y los montos de cada fondo en lo que a entidades federativas se refiere, para el caso de los municipios la legislación sólo establece los montos mínimos que los Estados deben transferirles, y son los Congresos locales quienes, haciendo uso de su soberanía, establecen las condiciones para distribuir las participaciones correspondientes a los Municipios que integran su territorio.
Sin embargo, no obstante que los gobiernos locales han cedido sus facultades recaudatorias sobre impuestos que les toca administrar y recaudar a favor de la Federación, esta última no está correspondiendo a sus obligaciones contenidas en los convenios de coordinación y colaboración signados, conforme al calendario emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que los recursos que de hecho y de derecho les corresponden a las haciendas y tesorerías locales, no son entregados conforme a lo establecido y publicado por el gobierno federal.
Cuarta. El ramo general 33, relativo a las aportaciones federales, tiene su fundamento en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, LCF, y constituyen la vía de asignación prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se transfiere a las haciendas de los Estados, y a los Municipios a través de aquellas, para que sean utilizados en la consecución de los objetivos que determina la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo con los fondos que señala el artículo 25:
• Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone);
• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA);
• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa);
• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun);
• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);
• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP); y
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF).
Los recursos correspondientes a los fondos antes citados, se distribuyen a los estados y municipios de la manera en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo determina, de conformidad con el acuerdo que emite anualmente, el cual como se ha citado con anterioridad, para el Ejercicio Fiscal de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013, que se cita a continuación:
La LCF establece que los fondos de aportaciones federales para municipios deberán entregarse mensualmente, a los estados por conducto de la federación y a los municipios a través de los estados. Dicho pago deberá realizarse de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a las etiquetas establecidas en la propia ley.
Es el caso, que pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite oportunamente el calendario de distribución de las aportaciones federales, no cumple con el pago de dichos recursos a las entidades federativas conforme a las fechas indicadas, ya sea los que corresponden a las mismas y por ende los que tocan a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que son distribuidos a través de los gobiernos estatales.
Quinta. México es un país colmado de desigualdades económicas, sociales, etcétera y derivado de esa desigualdad surge la centralización de riqueza, recursos económicos y fuerza de trabajo. Gran parte del país se encuentra en un grave rezago económico y pobreza extrema y las medidas políticas llevadas a cabo para disminuir estas carencias aún son suficientes para revertirlas.
Las haciendas locales dependen en gran medida de los recursos que la federación les transfiere a manera de participaciones o de aportaciones, y es perjudicial que dichos recursos no sean entregados a tiempo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que retrasan y entorpecen las acciones sociales emprendidas por los gobiernos estatales y municipales para combatir las necesidades primarias de sus comunidades.
Los estados y municipios del país realizan una ardua labor de recaudación a favor y a nombre de la federación, la cual esta no puede llevar a cabo por cuestiones de infraestructura. Por conducto de sus fiscos, las autoridades locales aportan la mayor parte del presupuesto general, no obstante que renuncian a ejecutar sus facultades recaudatorias, para que al inicio y durante cada ejercicio fiscal, la Federación incentive su labor y les proporcione los fondos que en derecho les corresponde, pero la realidad y causa generadora de la presente proposición, es que las autoridades federales no cumplen con los convenios de coordinación fiscal signados y con la calendarización del pago de recursos.
En Acción Nacional atendemos las necesidades de la población mexicana y de sus representantes para actuar en beneficio de aquella, escuchamos sus quejas y sugerencias y trabajamos en ellas para aumentar la calidad de vida de nuestras familias. Derivado de lo anterior, hemos determinado, con base en lo expuesto por los gobernantes locales, que la ineficiencia en la transferencia de recursos federales es un problema de fondo que es necesario atender de manera inmediata, ya que se compromete la estabilidad financiera de los estados y municipios y el provenir económico y social.
Múltiples esfuerzos hemos realizado como legisladores para lograr descentralizar el erario nacional y combatir la dependencia financiera de las administraciones locales, y el hecho de que el fisco Federal sea irresponsable e ineficiente en su labor distributiva, implica un retroceso en el proceso de federalización hacendaria que afecta a todos los mexicanos y provoca la injustificada carencia de resultados y mala administración por parte de los gobiernos subnacionales.
Esta soberanía tiene la obligación y derecho de exigir a las autoridades hacendarias que cumplan al pie de la letra las disposiciones legales, sus obligaciones contraídas con los gobernadores y presidentes municipales del país y sobre todo con los mexicanos que los eligieron para representarlos.
Haciendo ver a esta soberanía la problemática expuesta en materia hacendaria, tras su exposición jurídica y factual, sin respuesta alguna a las demandas de los gobiernos locales, y tomando en cuenta que como representantes populares tenemos la obligación de velar por los intereses del pueblo y como parte de las instituciones de este país, hacer valer el estado de derecho que en todo momento debe prevalecer, someto a consideración del pleno de esta asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Finanzas de los gobiernos estatales, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Subsecretaría de Egresos a cumplir con las fechas de entrega de recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013.
Segundo. Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Subsecretaría de Egresos a determinar y pagar los intereses generados por retraso en la distribución de recursos federales a estados y municipios, a que se refiere el segundo párrafo, del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.
Diputado José Arturo Salinas Garza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe delegacional en Álvaro Obregón, Distrito Federal, a respetar los derechos humanos de la ciudadanía de la demarcación, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
Fernando Zárate Salgado, diputado federal a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción I, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al jefe delegacional en Álvaro Obregón, Distrito Federal, a respetar los derechos humanos de las y los ciudadanos de esa demarcación, específicamente su derecho a la información, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 6o. de nuestro texto constitucional, en su párrafo segundo, indica a la letra:
Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Este derecho al acceso a la información incluye el recibir información relativa a la gestión de sus representantes, obligación que constitucional y legalmente, tenemos todas y todos los servidores públicos.
Debo señalar que, en este contexto, la obligación establecida en el artículo 134 de nuestra Constitución así como en el artículo 8 fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados para rendir cuentas a la ciudadanía de nuestras actividades como legisladores, constituye un proceso en construcción que debe fortalecerse no solamente como un compromiso con la ciudadanía y, debido a que nos encontramos ya inmersos en el proceso electoral del próximo año, contamos con muy pocos días para la difusión de este evento.
Es por ello que, ante la presentación de mi informe anual de labores, información que mis representados deben conocer, realizamos la difusión pública del evento conforme a la normatividad en la materia, sin embargo, refieren los propios vecinos que, por instrucciones de la Oficina de Servicios Urbanos de esa demarcación, el personal de limpia que allí labora ha desechado cada uno de los afiches que indican la hora y el lugar en el que se llevará a cabo dicho evento.
No omito mencionar que ésta no es la primera ocasión en la que se presentan sucesos parecidos, de tal manera que las acciones del Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna, constituyen una política continuada de violación a los derechos de la ciudadanía y que, en congruencia con la vigencia del Estado de Derecho, estas acciones deben detenerse de manera inmediata.
Es imprescindible señalar que el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión constituyen una de las principales herramientas que tiene la sociedad para garantizar la correcta gestión de sus gobernantes y que contribuyen, de manera fundamental, a la construcción de una ciudadanía activa y participativa, que genere mejores condiciones de vida para las y los mexicanos así como el fortalecimiento de nuestra democracia, razón por la cual las acciones del Jefe Delegacional Leonel Luna constituyen un atentado para nuestras Instituciones. Asimismo, resulta preocupante que las acciones de un servidor público deriven en un obstáculo para garantizar una efectiva rendición de cuentas, con lo cual no sólo violenta a los ciudadanos sino me impide cumplir las obligaciones que establece nuestra normatividad, pudiendo incurrir en responsabilidades.
Por lo anteriormente expuesto, decididamente comprometido en la construcción de una ciudadanía activa y una mejor democracia, me permito someter a consideración de esta H. Soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Leonel Luna, jefe delegacional en Álvaro Obregón, Distrito Federal, para que en cada una de sus acciones de gobierno sean respetados los derechos humanos de las y los ciudadanos de esa demarcación, específicamente su derecho a la información.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de diciembre de 2014.
Diputado Fernando Zárate Salgado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al SAT a establecer un instrumento de excepción en el régimen de incorporación fiscal para pequeños comercios, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PAN
Los suscritos, diputados federales integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución solicitando la aplicación de un caso de excepción del régimen de incorporación fiscal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado octubre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó a propuesta del Ejecutivo federal, diversas modificaciones a las leyes fiscales. Entre ellas, se aprobaron reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, ISR, con el propósito de crear el denominado régimen de incorporación fiscal, RIF.
Dentro de esta nueva Ley del ISR destacan entre otras de no menor importancia, las siguientes modificaciones:
1. Se eliminó el régimen intermedio y del régimen de pequeños contribuyentes (Repecos) y
2. Se establece como un nuevo régimen denominado de incorporación fiscal quedando establecido en el Título IV, capítulo II, Sección II de la citada ley.
Se establecen nuevos requisitos de tributación para quienes se adhieran al régimen de incorporación como es entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestaciones de servicios, debiendo expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria.
También, se establece la obligación de que los contribuyentes registren sus ingresos, sus gastos, sus inversiones así como sus deducciones.
Pagar con una tarjeta de débito, crédito, de servicios o un cheque a nombre del contribuyente para poder deducir gastos mayores a 2 mil pesos, por citar algunas.
Es importante recordar que el régimen de pequeños contribuyentes fue pensado como un mecanismo fiscal que combatiera los altos niveles de informalidad que existen en nuestro país.
Dicho régimen estaba dirigido a personas físicas con actividades empresariales que tuvieran baja capacidad de ingresos. Por ello, la ley les permitía una simplificación administrativa que consistía en no llevar una contabilidad formal, ni tener como obligación la expedición de comprobantes con requisitos fiscales siempre y cuando atendieran a requisitos específicos como no tener ingresos que excedieran los 2 millones de pesos anuales.
La exposición de motivos de la miscelánea fiscal enviada por el Ejecutivo federal, señalaba que una de las razones que daban origen al RIF era la reducción de la economía informal.
Sin embargo, algunos expertos señalan que con las reformas aplicables a partir del presente año, el pequeño comercio no resistirá el cambio de régimen lo que generará en el corto y mediano plazo una mayor informalidad, lo que supone un objetivo contrario a lo planteado en la reforma.
La reforma en materia de Repecos es contradictoria pues ante lo complejo que resulta hoy en día tributar bajo el RIF, muchos han optado por cerrar sus negocios o simplemente no pagar impuestos y contribuir aún más al comercio informal.
En México, existen más de un millón de tienditas de abarrotes de las que dependen 5 millones de mexicanos. Sin embargo, desde el inicio del presente año la aplicación del nuevo régimen de incorporación generó una caída en las ventas de estos comercios hasta en 25 por ciento. En suma, el nuevo régimen representa más una amenaza que una alternativa fiscal que les genere beneficios.
Resulta importante señalar que de alguna forma los Repecos ya eran considerados dentro de la economía formal, y por lo tanto, no había motivo sólido para justificar su traslado obligatorio y arbitrario a nuevo régimen. ¿Por qué trasladar al régimen de incorporación fiscal, al comercio ya formal que ya paga impuestos, pero además complicar una vez más el cumplimiento de sus obligaciones?
Ahora con el RIF, es necesario que los contribuyentes registren sus operaciones contables en sistemas electrónicos especializados, presenten declaraciones electrónicas y que ciertos gastos sean pagados a través de cheques, transferencia electrónica de fondos o monederos electrónicos.
Esto significa que el pequeño comercio deba actualizarse y tener un software contable que posiblemente vale mucho más de lo que mensualmente puede ingresar por ventas durante un mes en dichos comercios, además de que la norma vigente aplicable en materia fiscal supone que el dueño de un pequeño negocio sabe hacer uso de la tecnología, de los sistemas electrónicos contables y que cuenta con internet.
El nuevo régimen del RIF ha generado una serie de complicaciones al pequeño comerciante porque dificulta el pago de sus impuestos, pero además genera incertidumbre jurídica y una mayor informalidad como resultado de que muchos comerciantes no cuentan con las capacidades necesarias para cumplir con las obligaciones del nuevo régimen.
La realidad que vive el pequeño comercio es mucho más sencilla de lo que supone la aplicación de las leyes fiscales. La contabilidad del pequeño comercio es una contabilidad básica, que no requiere sistemas contables electrónicos, por lo tanto, es importante que el gobierno federal entienda que el pequeño comercio requiere de registros contables simplificados que no sólo les permita mantenerse en la formalidad, sino también hacer accesible el pago de sus impuestos.
Por esta razón, hemos sido contundentes en señalar que la reforma propuesta en materia del régimen de pequeños contribuyentes, lesiona gravemente al pequeño comercio y con ello, a una gran parte de la economía mexicana en su totalidad.
Hoy, los efectos son palpables. Durante el primer semestre del año, la inversión se redujo en 60 por ciento con respecto al año pasado y nuestra economía no ha sido capaz de crecer por arriba del 2 por ciento del producto interno bruto, como resultado no sólo por la mayor carga fiscal que existe en nuestro país, sino también por la complejidad que suponen las leyes fiscales para poder realizar el pago de impuestos.
En este contexto, resulta fundamental atender a este sector de la población que contribuye a la dinámica económica del país. Es primordial que tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo Federal atiendan a las demandas del pequeño comercio y se pueda establecer de forma inmediata un esquema de administración tributaria especial para el régimen de pequeños contribuyentes.
Sólo así, podremos proteger a un sector importante de nuestra economía y consolidar mediante mejores mecanismos, el comercio formal, generando en consecuencia mayores ingresos para la federación y más inversión para el desarrollo.
Asimismo, se estudie y aprueben las iniciativas ya presentadas en la Comisión de Hacienda y Crédito Publico de esta Cámara de Diputados o en su caso en el mismo acto se proponga una solución definitiva, en los términos aquí solicitados.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para que mediante las normas legales conducentes, establezca un mecanismo de excepción en la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal cuando se trate de pequeños comercios y estos puedan continuar tributando bajo los requisitos contables establecidos en el antiguo régimen de pequeños contribuyentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.
Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:
Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Merilyn Gómez Pozos, Zuleyma Huidobro González, José Antonio Hurtado Gallegos, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan Luis Martínez Martínez, Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano, Juan Ignacio Samperio Montaño, José Soto Martínez, Aida Fabiola Valencia Ramírez, José Luis Valle Magaña, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Gerardo Villanueva Albarrán.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputados: José Isabel Trejo Reyes, Beatriz Zavala Peniche, Xavier Azuara Zúñiga, Leslie Toja Hernández, Juan Pablo Adame Alemán, Damián Zapeda Vidales, Luis Alberto Villarreal García, José Martín López Cisneros, Fernando Rodríguez Doval, Margarita Licea González, Leonor Romero Sevilla, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Martín Heredia Lizarraga, J. Jesús Oviedo Herrera, José González Morfín, Ana Paola González Birlain, Raúl Paz Alonzo, Sergio Chan Lugo, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Alberto García González, Víctor Sarralde Martínez, José Alberto González Morales, Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Sada Pérez, Tania Margarita Morgan Navarrete, Blanca Jiménez Castillo, Esther Quintana Salinas, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Mario Sánchez Ruiz, Carlos Fernando Angulo Parra, Marcos Aguilar Vega, Alberto Díaz Trujillo, Gerardo Carreño Muro, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, Alberto Coronado Quintanilla, Glafiro Salinas Mendiola, José Enrique Reina Lizárraga, José Alfredo Botello Montes, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Rafael Acosta Croda, Víctor Rafael González Manríquez, Juan Carlos Uribe Padilla, Andrés de la Rosa Anaya, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Martha Leticia Sosa Govea, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, María Celia Urciel Castañeda, Raudel López López, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, José Luis Oliveros Usabiaga, Heberto Neblina Vega, Rubén Camarillo Ortega, Juan Bueno Torio, Alfredo Zamora García, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Juzgado de Distrito Auxiliar en Guanajuato a resolver los juicios de amparo interpuestos por quejosos de Colima contra la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes en la nueva Ley del ISR, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Martha Leticia Sosa Govea, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, con pleno respeto a la autonomía y la división de poderes, al Juzgado de Distrito Auxiliar en el estado de Guanajuato del Poder Judicial de la Federación que resuelva a la brevedad los juicios de amparo interpuestos por diversos quejosos del estado de colima, en contra de la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) vigente a partir del 2014 , conforme a las siguientes
Consideraciones
Actualmente se reconoce sólo en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, la existencia de cuatro millones de pequeños comercios, la mayor parte de ellas de carácter familiar y en promedio con tres personas.
Con la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de enero del año en curso, los contribuyentes que tributaban en el régimen de pequeños contribuyentes e intermedio, pasaron en automático a un nuevo régimen de tributación, denominado “régimen de incorporación fiscal”.
El régimen de incorporación fiscal es aplicable a quienes enajenen bienes o presten servicios (oficios), que no requieran título profesional y sus ingresos sean menores o igual a $2,000,000.00 al año. Con el régimen de Repecos, vigente hasta diciembre 2013, los micro y pequeños negocios pagaban sus impuestos trimestralmente en base a estimaciones hechas por la autoridad; sin mayor obligación que llevar un registro de entradas y salidas.
Con las nuevas obligaciones tributarias del Régimen de Incorporación Fiscal, los contribuyentes están obligados a:
• Llevar contabilidad, usando los implementos electrónicos.
• Emitir comprobantes fiscales digitales a través de internet.
• Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por internet, de sus proveedores.
• Usar la banca electrónica
• Presentar declaraciones, por lo que consecuentemente, requiere contratar a un profesional contable.
En materia de seguridad social, están obligados a inscribir a sus trabajadores a la seguridad social, cubrir las aportaciones correspondientes y las contribuciones locales que correspondan.
Este nuevo régimen ha puesto a muchos contribuyentes en la disyuntiva de cerrar su actividad, con el riesgo de perder, en la mayoría de los casos, su única fuente de ingresos. Es un hecho que para muchos de los anteriores Repecos, ha sido extremadamente difícil cumplir con estas nuevas obligaciones o han tenido que cargar con inversiones y gastos, ya que no contaban con computadora o servicio de Internet y además han tenido que recurrir a los servicios de un contador para la presentación de las declaraciones de IVA.
Las nuevas cargas tributarias impuestas, sobre todo a los pequeños y micro, también han afectado a los productores del campo, al no ser acordes con sus condiciones reales, les resultan de difícil cumplimiento. Sin embargo, algunos sectores como campesinos, transportistas (excepto taxis), pescadores, sí tienen lineamientos administrativos previstos fuera de la ley, decretados por autoridad administrativa, lo que fomenta la desigualdad entre los iguales.
En este sentido, y dada su contribución a la dinámica de la economía estatal, el pasado trece de febrero de dos mil catorce, 364 ciudadanos dedicados principalmente a las actividades de comercio, residentes en el estado de Colima, alegaron sus derechos constitucionales que habían sido violados, y encontrándose en legal tiempo y forma presentaron diversas demandas de amparo de manera colectiva, mismas que fueron admitidas, recayéndoles los números de expediente 184/2014 y 256/2014 a las radicadas en el Juzgado Primero de Distrito y el expediente 288/2014, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, ambos del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en el estado de Colima.
Este bien ha aludido al juicio de amparo como el medio de defensa y de justicia más alto que tiene nuestros país, en el que se ha hecho evidente los atropellos a la Constitución Mexicana en diversos artículos como son: en que desde su artículo 1° menciona que los principios que regulan a los derechos humanos deben ser consistentes en la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; viola el artículo 25° que regula la rectoría del Estado en el desarrollo nacional y dispone que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, como lo son los ejidos, las cooperativas y las comunidades, y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. También el artículo 27 que sienta las bases, para nuestra argumentación jurídica ante esta inequidad y desigualdad, en el trato fiscal que se está dando a los pequeños contribuyentes. Así también, al artículo 28, del que se desprende el principio de competitividad, el cual ha mermado no sólo a los colimenses, sino a todos los mexicanos que han pasado a contribuir al nuevo régimen fiscal.
No obstante, de manera correlativa, la misma Constitución como las leyes generales, inclusive los tratados internacionales en el marco del diseño del control de la convencionalidad, nos dan la pauta y la razón para exigir de las autoridades fiscales y del mismo Poder Legislativo, la elaboración, confección y diseño de un “régimen específico para el sector social de la economía (sector primario) ”, con las categorías específicas, que nos permita transitar a un verdadero desarrollo en nuestro sector, y NO al estancamiento y futuro colapso, que al día de hoy estamos viviendo en el tema del abasto y la distribución de los alimentos. Consecuentemente el artículo 31 Constitucional, fracción IV, que establece el principio de equidad tributaria que debe prevalecer en la contribución al gasto público, clasifica que el impacto del gravamen debe ser el mismo para todos los contribuyentes colocados en la misma circunstancia contributiva; esto es, se deberá dar el mismo trato a los iguales y distinto a los desiguales, por tanto, la contribución al gasto público deberá realizarse bajo el principio de proporcionalidad tributaria, es decir que cada contribuyente participe en el gasto público de acuerdo con su riqueza, ingresos o posibilidades económicas.
Así bien, a todas luces esta reforma es inconstitucional y debe de desaparecer no solo porque viola los principios de equidad y proporcionalidad, sino porque además es un cambio abrupto para el que no están preparados ni los nuevos contribuyentes ni la propia autoridad. Si bien, se comprende la idea de evitar que se rompa la cadena de comprobación fiscal y con ello atacar la evasión y elusión, nos pronunciamos por medidas graduales basadas en las condiciones reales de la economía y de los contribuyentes. Por ello, sostenemos que el nuevo régimen de incorporación fiscal ha afectado la competitividad de las más de 4 millones de personas y micro empresas, muchas de las cuales han cerrado o están entrando de lleno a la informalidad.
Y dando el respectivo cause a estos amparos para decretar la inconstitucionalidad de la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes de diversos quejosos del estado de Colima, se notificó con fecha del pasado 7 de mayo, que se enviaría a un tribunal auxiliar, en el estado de Guanajuato, con la finalidad de brindar apoyo a todos los juzgados de distritos, e impartir justicia con mayor celeridad.
Es de mencionar que el pasado miércoles 10 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se les otorgan facilidades a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), régimen que sustituyó al conocido como el de Repecos y como lo he referido anteriormente, que su existir jurídico es inconstitucional e injusto, también ha presentado dificultades en estos primeros meses para estos contribuyentes en el que sí bien, este Decreto reconoce la simplificación fiscal que es es clave para la formalización de la economía del país y que se debe eliminar la complejidad del cálculo de los impuestos que se estaban llevando acabo, también reconoce la limitada capacidad de las personas físicas que están registrados en el RIF, por lo que se establece una mecánica simplificada para el cálculo del IVA y del IEPS. Además se otorga un beneficio especial a los pequeños contribuyentes cuyos ingresos no superan los cien mil pesos al año, beneficio consistente en no pagar ninguna cantidad de estos impuestos, lo que por donde se le vea, queda claro que el objetivo es que estos contribuyentes se integren a la economía formal. Es importante aclarar que este decreto y los beneficios incluidos entrarán en vigor hasta el 1° de enero de 2015.
No omito señalar, que la presentación de diversos amparos tanto personales como colectivos en contra del a eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, tiene en la Reforma Fiscal 2014. Dicha reforma fiscal a su vez fue materia de una Acción de inconstitucionalidad, por parte de las Cámaras de Diputados y Senadores presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde entre otras cosas se argumentó la inconstitucionalidad de eliminación de este régimen. Estas acciones de inconstitucionalidad fueron presentada el 02 de enero del presente año con el número de expediente 40/2013 y el 10 de enero 2014 bajo el número de expediente 5/2014, por parte de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, respectivamente.
Como resultado de lo anterior, el 26 de agosto de 2014 la Suprema Corte concluyó en el análisis de las acciones de Inconstitucionalidad en el que se pronunció de forma mayoritaria por la validez de las disposiciones que contemplan las modificaciones legales combatidas.
Por tanto, el día de hoy hago uso de esta tribuna en el que ya han pasado más 170 días para que el Tribunal del Estado de Guanajuato, diera vista y resolviera los Amparos; sin embargo, hasta el momento no hay respuesta jurídica para estos 364 ciudadanos colimenses, que muy a pesar de las buenas intenciones del Ejecutivo Federal, de decretar mecanismo de simplificación administrativa no resuelve su inconstitucionalidad de las disposiciones en el régimen de la incorporación Fiscal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta, con pleno respeto a la autonomía y la división de poderes, al Juzgado de Distrito Auxiliar en el estado de Guanajuato del Poder Judicial de la Federación, que resuelva a la brevedad los juicios de amparo interpuestos por diversos quejosos del estado de Colima, en contra de la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes en la nueva Ley del ISR vigente a partir del 2014.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de diciembre de 2014.
Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a declarar la alerta de violencia de género en Puebla; y al titular de la PGJ del estado, a localizar y detener al feminicida de Araceli Vázquez Barranco, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La violencia feminicida, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 22, es considerada la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Una de las más terribles formas de violencia es el feminicidio, que se define como el asesinato de mujeres motivado por el sexismo y la misoginia, que implica desprecio y odio hacia una mujer por el simple hecho de serlo, o por la suposición de propiedad sobre ella.
“Los feminicidios son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas. Representa una experiencia de terror continuo, donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono.”1
Además de lo citado, Marcela Lagarde agrega en la definición de feminicidio la complicidad, impunidad y/u omisión del Estado calificándolo como el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de nin~as y mujeres en un cuadro de colapso institucional.
Este crimen se enmarca en la violencia contra las mujeres que ha tenido, y tiene, distintas manifestaciones que siguen reproduciéndose y normalizándose en nuestras sociedades.
Ante esta violencia, los sistemas de justicia han respondido de forma diversa, que puede leerse desde la “incomprensión de la magnitud de estos hechos como consecuencia de los patrones culturales patriarcales y misóginos prevalecientes en la sociedad, la excesiva burocratización de los procedimientos legales, las dificultades para investigar las complejas y crueles modalidades de esta violencia, hasta la imposibilidad de establecer una caracterización de los responsables, según sean estos miembros del entorno familiar o cercano a las víctimas o pertenezcan a estructuras estatales y/o criminales poderosas”.2
Sin embargo, también existen algunos avances gracias al movimiento feminista y amplio de mujeres, que se traducen en mecanismos que intentan ofrecer herramientas para la eliminación de esta violencia como lo son la tipificación del feminicidio o la Alerta de violencia de género, la cual se define como ese conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.
Lamentablemente, si esas herramientas no se hacen efectivas, con conciencia y un verdadero compromiso político, las mujeres seguirán siendo asesinadas. Un lamentable ejemplo de estas faltas es el caso de feminicidio de Araceli Vázquez Barranco.
Araceli Vázquez era una mujer joven de 23 años. Ella llevaba cuatro meses trabajando en una fábrica en la ciudad de Puebla y había concluido la carrera de Ingeniería Textil. Sostuvo una relación con Javier Mauricio Díaz de 26 años, que duró dos años y medio, pero que seis meses antes de ser asesinada por él, había terminado. Durante esos meses, él siguió buscándola.
Javier seguía a Araceli a su trabajo, le mandaba mensajes y le llamaba de números desconocidos, acosándola constantemente. Unos días antes de su muerte, Araceli planeaba denunciarlo por acoso.
El 13 de noviembre del 2013, en el municipio de Acajete, del estado de Puebla, de acuerdo con testimonios, Javier Mauricio Díaz asesinó de seis puñaladas a Araceli Vázquez Barranco. Esto ocurrió en el baño de la casa de Araceli, a unos cuantos metros de donde dormía su familia.
La señora Amada Barranco, madre de Araceli, alcanzó a ver a Javier salir de su casa al igual que lo hicieron algunos vecinos. Cuando la madre encontró a su hija tirada en el piso del baño, de inmediato dio aviso a las autoridades; sin embargo, los policías y el Ministerio Público (MP) de Acajete no realizaron una búsqueda inmediata bajo el pretexto de que “no tenían la orden”. Dejaron pasar valiosos minutos y horas que permitieron la huida del feminicida.
El MP y los peritos llegaron después de medio día a la casa de la señora Amada. En el registro de los hechos, el Ministerio estableció que el crimen se había cometido a las 7:30 de la mañana. Cuando la madre de Araceli aclaró que los hechos ocurrieron más temprano (sobre las 7:00), en el expediente, quedó asentada la hora que determinó el MP.
Amada calcula que, aproximadamente a las 15:30 horas —más de seis horas después del asesinato— levantaron el cadáver de su hija. La información oficial de la Procuraduría General de Justicia del estado establece que fue a las 13:30.
Fue hasta el 2 de diciembre del 2013, que el juez penal de Tepeaca, distrito judicial al que pertenece Acajete, otorgó la orden de aprehensión contra Javier Mauricio Díaz por el feminicidio de Araceli Vázquez Barranco.
Desde entonces, en la búsqueda de justicia, la familia de Araceli ha enfrentado la omisión e indolencia de las autoridades estatales.
A casi un año de la orden de aprehensión, Javier Mauricio Díaz sigue libre. La señora Amada ha iniciado una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y otra en la Procuraduría General de Justicia por la inacción, omisiones y falta de sensibilidad de los MP encargados de la investigación.
El feminicidio de Araceli revela el nivel de impunidad con el que se puede asesinar a una mujer en Puebla, así como las omisiones e indolencia de las autoridades estatales, quienes, en un nivel de cinismo exagerado, le han dicho a la madre de Araceli que busque al agresor, que investigue dónde está, a qué hora, qué ropa trae puesta y entonces les llame para “agarrarlo”.
La situación que enfrentan las mujeres en el estado es alarmante. Las cifras oficiales del estado reportan de enero del 2013 a marzo del 2014 sólo 7 feminicidios, “es decir que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) consignó 7 averiguaciones previas ante un juez (solicitud de información 00110414). El Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), sin embargo, registra 9 casos de feminicidio en el mismo periodo (solicitud de información 230314)”.3
No obstante, de acuerdo a reportes hemerográficos recabados por organizaciones de la sociedad civil en Puebla, durante el año 2013, se cometieron 38 feminicidios. De estos, sólo en el 15.7 por ciento de los casos, se ha encontrado al presunto responsable, y debe mencionarse que en todos los casos se trató de la pareja sentimental de la víctima.
En el 34 por ciento de los casos los feminicidios fueron de mujeres entre los 20 y 30 años; el 31 por ciento, de 30 a 40 años; el 15 por ciento de mujeres mayores de 50 años; el 10 por ciento, de 40 a 50 años y el 7 por ciento de menores de 20 años.
En lo que va del 2014, las organizaciones han documentado 9 feminicidios, de los cuales uno ha sido resuelto. “Sólo uno. En el estado de Puebla sólo ha habido justicia para un feminicidio desde enero del 2013, cuando se reconoció el delito luego de que el Congreso local aprobara su tipificación en noviembre del 2012”.4
La evasión de la responsabilidad por parte del Estado en los crímenes contra las mujeres es una lamentable violación a los derechos humanos. De igual forma, la lucha de justicia de la familia de Araceli Barranco debe ser visibilizada y exigida en conjunto, como parte de nuestra responsabilidad como representantes populares.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta Soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de violencia de género en el estado de Puebla.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a emprender con prontitud las acciones para la presentación y consignación ante un juzgado del presunto feminicida de Araceli Vázquez Barranco.
Notas
1 http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_es_el_feminicidio
2 http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf
3 Ibídem
4 http://ladobe.com.mx/2014/06/solo-un-feminicidio-se-ha-castigado-en-pue bla/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014
Diputada Elena Tapia Fonllem (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar por el Comité Nacional del Programa Alerta Amber México y en colaboración con la SCT las acciones necesarias para que las compañías de telefonía celular se sumen a ese plan y notifiquen a los usuarios las alertas mediante mensajes de texto, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Humberto Armando Prieto Herrera, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Comité Nacional del Programa Alerta Amber México, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instrumenten las acciones necesarias a efecto de que las compañías de telefonía celular se adhieran y colaboren con el programa notificando a sus usuarios las alerta Amber mediante mensajes de texto, bajo las siguientes:
Consideraciones
El 2 de mayo del 2012, con la finalidad de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, en cooperación y seguimiento de diversos instrumentos internacionales, el Gobierno Federal implementó el Programa Nacional Alerta Amber México, para la búsqueda y localización de menores que se encuentren en riesgo inminente de sufrir algún daño grave en su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancias donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.
Para el correcto funcionamiento del programa el cual gestionaría una cooperación absoluta entre autoridad, medios de comunicación y ciudadanía, era importante implementar los mecanismos, la forma de participación, los procedimientos y criterios de activación, actualización y desactivación de la Alerta Amber México y en general todos los lineamientos que en su conjunto representarían la acción integral del Estado Mexicano para la protección del principio del interés superior de la niñez, por lo que 2 de Agosto del 2012 se presentó el Protocolo Nacional Alerta Amber.
Dentro del mismo, se menciona que la estrategia del Programa Nacional Alerta Amber México, es sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos para ver, escuchar y apoyar en la tarea de promover acciones en conjunto con las autoridades, para convertirse en una herramienta eficaz de difusión que contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de menores desaparecidos. En ese sentido, se establece la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial o cualquier otro organismo involucrado.
El programa fue puesto en marcha y hasta hoy ha logrado convertirse en una esencial herramienta para a las autoridades en la materia, sin embargo es importante impulsar a los órganos de gobierno involucrados en la cooperación para llevar hasta su máximo resultado el programa.
De conformidad con el protocolo nacional, se establece que el Comité Nacional del Programa Alerta Amber México, organismo público autónomo, constituido como máximo órgano de decisión en el tema que nos ocupa, contará con cuatro Subcomités que estarán integrados por las y los representantes de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y organismos públicos autónomos, que tendrán por objeto desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de los fines del Programa.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos es integrante del Subcomité de Vinculación Institucional, y tiene como función de acuerdo al Protocolo, identificar las empresas de transporte y telefonía que al adherirlos al Programa podrían fortalecerlo. Sin embargo hasta hora no se ha visto reflejado la difusión de las alerta por medio de ninguna empresa de telefonía.
El mismo protocolo, en el punto IX.5 Tecnología y herramientas para la activación de alerta Amber México, establece que los medios de comunicación en los que se podrán apoyar las autoridades para la difusión de la alerta Amber México serán de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
- Medios masivos de comunicación (TV, radio)
- Medio electrónicos (buscadores de internet)
- Telefonía móvil (mensajes de texto)
- Servicios de internet y redes sociales (Facebook, Twitter)
Es visible la difusión en los medios de comunicación en cuanto a televisión, radio, internet y redes sociales, pero no por medio de los mensajes de texto, los cuales siguen formando parte de éstos medio de comunicación y no deberían de dejar de considerarse, puesto que la finalidad del Programa Nacional de Alerta Amber México, como se mencionó anteriormente es precisamente llegar al mayor número de ciudadanos posibles, por lo que no se debe escatimar en la publicación de la alertas, si no por el contrario, aprovechar al máximo cualquier medio que se tenga disponible. No se debe pasar por alto que estamos tratando de localizar a menores y que su bienestar es una garantía prevista dentro de la Constitución Política de nuestro país, por lo que merece toda la cooperación u observancia que se posible por parte de las autoridades y órganos administrativos mexicanos.
Lo anterior, nos hace suponer que las empresas de telefonía celular, no se encuentran adheridas al programa, o si lo están no se ha estado observando la finalidad de la colaboración y seguimiento de la misma, acciones que deben de recaer en el Comité Nacional a través del subcomité designado.
Ante esta inquietud y omisión por parte de del Comité Nacional del Programa Alerta Amber México y/o la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, es que me veo en la necesidad de requerir su apoyo para obligar a las compañías de telefonía celular a notificar a sus usuarios las alertas Amber mediante mensajes de texto.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Comité Nacional del Programa Alerta Amber México, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instrumenten las acciones necesarias a efecto de que las compañías de telefonía celular se adhieran y colaboren con el programa notificando a sus usuarios las alerta Amber mediante mensajes de texto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.
Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a transparentar y aclarar a la sociedad el origen y destino de la trasferencia para construir el Museo Barroco, en Puebla, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 6 numeral 1, 79, numerales 1 y 2 fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la aprobación del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Diversos actos de corrupción han rodeado al gobierno del estado de Puebla, en donde el deslinde de responsabilidades y la fuerza de la ley, se han hecho esperar.
Recordemos los hechos recientes, abordados ya en este recinto sobre la construcción de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan; el Proyecto Integral de Imagen Urbana del Corredor Turístico Cultural; y la construcción de la planta de tratamiento biológico de la planta Audi. Obras las anteriores, rodeadas de opacidad, en las cuales se vio involucrada la empresa Oceanografía, SA de CV, y sus filiales, cuyos contratos, concesiones, otorgamiento de licitaciones y demás negocios realizados entre el gobierno del estado de Puebla y la citada empresa, exigían respuestas concretas a la ciudadanía bajo el principio de máxima publicidad y transparencia que nunca se dieron.
Sin embargo, el apoyo incondicional del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y porque no decirlo también de la Segob, ha sido evidente. Una y otra vez, la opinión pública da cuenta de los anuncios oficiales sobre apoyos extraordinarios, miles de tabletas compradas con recursos federales, así como recursos federales que adolecen de la debida transparencia y rendición de cuentas, etc.
Prueba de ello, es que diversos medios de comunicación han difundido que: en los casi cuatro años de la actual administración, el gobierno de Puebla ha contratado a empresas privadas para la construcción de 4 obras públicas que debe pagar en anualidades por plazos de entre 23 y 25 años: el Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios, las Plataformas Audi, la Rueda de la Fortuna y el Parque Lineal, que suman un promedio de 13 mil 480 millones 933 mil pesos.1
Destaca que el proyecto más caro de Moreno Valle entregado a empresas privadas es el Museo Internacional Barroco que fue concesionado a 30 años por 7 mil 280 millones 933 mil pesos.
Alfredo del Mazo señaló que se trata de uno de los proyecto culturales más importantes que tiene actualmente el gobierno de la República, como parte del interés del presidente Enrique Peña Nieto por impulsar la infraestructura que mejora la conectividad, pero también aquella que resalta las virtudes culturales de México.
El gobernador del estado, con fecha 29 de agosto de 2014, declaró públicamente que: “es la primera ocasión en el país en que se utiliza el Fonadin para un proyecto cultural. Es el primer proyecto cultural hacendario con una inversión de 500 millones de pesos a fondo perdido lo que da viabilidad a una aportación del gobierno del estado y de la inversión privada para llegar a un monto final de1, 390 millones de pesos”.2
Por su parte, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que son proyectos como los que tiene el gobierno del estado de Puebla, financiables y con andamiaje jurídico, los que permiten realizar el Plan Nacional de Infraestructura planteado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de un esquema novedoso como los Proyectos de Prestación de Servicios que permiten al Fonadin apoyar obras con rentabilidad social.
Resulta inadmisible el dispendio de recursos y la discrecionalidad con que se destinan los mismos. Es evidente que la corrupción sigue instalada en el gobierno del Estado de Puebla y es no sólo solapada sino perpetrada por el gobierno federal.
500 millones a fondo perdido, destinados al Museo Barraco, que no fueron aprobados por esta Cámara, y que no forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación que aquí discutimos y dispusimos.
500 millones que serán entregados a constructoras privadas para seguir haciendo ricos a los mismos empresarios que desde que empezó la administración de Moreno Ovalle ha beneficiado, a costa de esquilmar los impuestos del pueblo.
Incluso, diversos medios de comunicación revelaron que los propios diputados federales del PRI se negaron públicamente a dar el apoyo durante las discusiones del Presupuesto de Egresos para 2015, debido a las irregularidades e inconformidades sociales. Sin embargo, el Ejecutivo Federal hizo oídos sordos a las posturas de los diputados de su propio partido.
El 4 de noviembre, diferentes medios nacionales e incluso internacionales como es el caso del Wall Street Journal, refieren que el propietario de Grupo Higa, a cargo de Juan Armando Hinojosa se encuentra en el centro de un escándalo político que sacude al gobierno federal ante un posible conflicto de intereses.3
Hinojosa construyó la “Casa Blanca” de las Lomas de Angélica Rivera, participó en un contrato por 3 mil 400 millones de dólares para construir el acueducto más extenso de América Latina en Monterrey, participó en la licitación sospechosamente cancelada por el tren de alta velocidad, diversos proyectos de autopistas, un plan sin licitación para remodelar el hangar presidencial en el aeropuerto. Por supuesto, para el caso que nos ocupa es de señalar su participación en el museo de la ciudad de Puebla por 460 millones de dólares.4
La complicidad es clara y resulta inadmisible. Es evidente el apoyo que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, otorgan al Gobernador de Puebla, no a Puebla ni a los poblanos, sino al gobernador y al reducidísimo grupo de empresarios que trabajan para ellos. Un “apoyo” clandestino, gestado en la opacidad y el contubernio. Un “apoyo” que va por encima de la ley y de las disposiciones presupuestarias establecidas por esta Cámara. Un “apoyo que huele a corrupción”.
En razón de ello, es que someto a su consideración la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que transparente y aclare a la sociedad el origen y destino de la trasferencia por quinientos millones de pesos para la construcción del Museo Barroco, el fundamento legal del mismo, así como las razones amplias y fundadas por lo que dichos recursos van a fondo perdido.
Segundo. Se exhorta al Gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, haga pública a la sociedad toda la información referente al Museo Barroco, tal como: proyecto ejecutivo, permisos de obras, permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licitación, contratos, origen, destino de los recursos, calendario de obra, transferencias, y en general todo lo relacionado al uso de recursos públicos estatales y federales, así como a las gestiones y procedimientos de su administración en torno a la construcción del referido Museo.
Notas
1 http://www.periodicocentral.mx/2014/gobierno/poblanos-pagaran-casi-mil-millones-de-pesos-en-2015-para-las-rafaocurrencias
2 El Sol de Puebla, “Inicia construcción del Barroco Museo Internacional en Puebla”. La Prensa (OEM-Informex). Recuperado de: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3519970.htm
3 http://www.proceso.com.mx/?p=389813&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+revista_proceso+(Revista+Proceso)
4 http://lat.wsj.com/articles/SB11040532636800194615704580315622372924874?tesla=y&mg=reno64-wsj&url=http://online.wsj.com/article/SB11040532636800194615704580315622372924874.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.
Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Semarnat a revisar y revocar los permisos en favor de la empresa Desarrollos Zapal, SA de CV, para llevar a cabo el proyecto minero Los Cardones, suscrita por los diputados Alfredo Zamora García y Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Alfredo Zamora García y Francisco Pelayo Covarrubias, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho a un ambiente sano que garantice el bienestar físico y mental, y disponer de agua en calidad y cantidad para el desarrollo es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, ha sido ampliamente reconocido en diversas declaraciones y planes de acción de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
El creciente aumento en la demanda internacional del oro y otros metales ha disparado el interés de las multinacionales del sector por un nuevo tipo de formas de explotación de los recursos muy poco respetuosas con el medio ambiente, con los derechos humanos y la preservación de los ecosistemas.
La minería a cielo abierto remueve la capa superficial del terreno para hacer accesibles grandes cantidades de mineral de baja ley, y que en un corto período de tiempo puede modificarse totalmente la orografía de una región ya que utiliza enormes cantidades de agua y sustancias químicas de elevada toxicidad como el cianuro de sodio en el caso del oro o el ácido sulfúrico en el del cobre, esto sin mencionar los perjuicios a nivel social y ambiental, por los graves riesgos que desata para la salud humana y el entorno natural.
Casos como el de Sonora, donde la empresa minera Grupo México, responsable de la dispersión de sulfato de cobre que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, causo daños incuantificables al medio ambiente y a la salud de la población, dañando gravemente la vida económica y productiva de la sociedad, y afectar a más de 24 mil personas, es el peor desastre ambiental de la industria minera del país.
El área natural protegida Sierra La Laguna fue reconocida por su valor único con la categoría de reserva de la biosfera mediante decreto presidencial emitido el 6 de junio de 1994, representa un ecosistema único con excelente estado de conservación y garantiza el suministro constante de agua a gran parte de la región sur de Baja California Sur. Sin embargo mediante oficio fechado el 12 de julio de 2014 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat comunica a la empresa Desarrollo Zapal, SA de CV, que resuelve autorizar de manera condicionada el proyecto minero Los Cardones, precisamente en el área natural protegida reserva de la biosfera Sierra La Laguna.
El proyecto no garantiza el uso de los recursos de manera sustentable y no presenta la información necesaria para poder analizar en detalle, los costos ambientales, tampoco se considera la relación armónica entre el hombre y la naturaleza y los efectos de impacto ambiental al no garantizar legalmente la no contaminación de los ecosistemas en Baja California Sur, contraponiéndose a la garantía constitucional de un medio ambiente sano.
En Baja California Sur, uno de los principales problemas ambientales es la escasez de agua, en promedio llueven 200 mm al año, en la Sierra La Laguna precipitan más de 1000 mm al año, es la zona más importante de captación de agua y recarga de acuíferos de la zona sur de la península, en la cual habita más de 80 por ciento de la población del estado.
La escasez de agua y la sobreexplotación de los acuíferos, son uno de los principales problemas ambientales, sociales y de desarrollo en Baja California Sur. Seis de los 39 acuíferos del estado, se encuentran sobreexplotados, afectando a las principales poblaciones y zonas agrícolas. Pese a que las superficies consideradas como tierras degradadas ocupan sólo 13 por ciento de la superficie, en estas área se concentra más de 95 por ciento de la población, por lo que es de suma importancia atender y prevenir estos procesos de degradación, por lo que es necesario que en los estudios hidrológicos de afectación aun no existentes, de los acuíferos que abarca la extensión del proyecto; principalmente aquellos que actualmente se encuentran sobreexplotados en la zona.
Este proyecto no otorga certidumbre legal para el cuidado y la conservación ambiental de la zona, ni exhibe garantías, lo que además, en su ejecución y operación, dañaría lo establecido para desarrollo agropecuario sustentable por la siembra orgánica de las zonas aledañas al proyecto y los efectos que pudiera repercutir la acidificación por acumulación y oxidación de sulfuros y drenaje ácido también dañaría la imagen por contaminación al exterior de Baja California Sur, disminuyendo la afluencia del turismo y por ende, repercutiendo la economía del estado.
La zona donde se pretende hacer la mina, es considerara de gran importancia ecológica por el alto número de especies endémicas o de distribución restringida tanto marinas como terrestres (incluso especies en riesgo); en la manifestación de impacto ambiental y su estudio de riesgo no se analizan los riesgos ni las medidas a seguir por un derrame accidental de la presa de jales en la cual se pretenden depositar 60 millones de toneladas de residuos con contenido de metales pesados como cromo, arsénico, mercurio y restos de cianuro, en el caso de Sonora, se vertieron 40 mil metros cúbicos de contaminantes, este proyecto contempla el almacenamiento de 60 millones de toneladas.
Desde el punto de vista del desarrollo regional, Los Cardones incumple el pleno respeto del ambiente. Lo anterior, derivado del análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental, y en relación directa con el artículo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto a la opinión solicitada al gobierno estatal solicitada por la Semarnat, en cuanto a manifestar lo que el derecho convenga, y toda vez que es prioridad el garantizar el precepto constitucional a un medio ambiente sano, podríamos destacar las afecciones en los siguientes ámbitos:
Agropecuario sustentable: Su operación dañaría la actividad agropecuaria sustentable, por la siembra orgánica de las zonas aledañas al proyecto y los efectos que pudieran repercutir, la posible acidificación por acumulación y oxidación de sulfuros y drenaje ácido, aunado a ello es imperativo garantizar la comercialización de los productos agropecuarios, y que derivado de las afectaciones ambientales del proyecto, los valores del mercado disminuyan, afectando los productos regionales; lo cual perjudicaría nuestro desarrollo económico en la región, por las actividades primarias que ahí se realizan.
Turismo: Diversificación y desarrollo integral. La operación del proyecto dañaría la imagen por contaminación al exterior de Baja California Sur y del país, lo cual repercutiría seriamente en la economía del estado, pues los ingresos por la prestación de servicios turísticos es la principal fuente de ingresos: genera 44 por ciento del PIB estatal, y más de 37 mil empleos directos y 148 mil indirectos.
Agua y su manejo responsable. No se evalúan de manera satisfactoria los impactos ambientales por la salmuera, el riesgo latente de sufrir algún accidente y dañar los acuíferos que alimentan a La Paz, así como alteraciones a la dinámica fluvial, pérdida de masas de agua, alteraciones del régimen geo hidrológico, contaminación por metales y metaloides y variaciones de pH por el drenaje ácido del proyecto, asimismo falta información y existen imprecisiones sobre las aguas subterráneas que componen las microcuencas que atraviesan el lote minero, y pueden resultar contaminadas, y no existe una garantía real de que no se produzca un accidente en el proceso y etapas del proyecto teniendo en cuenta el incremento de condiciones meteorológicas extremas.
Aunado a lo anterior, el proyecto está localizado en una región geográfica vulnerable a fenómenos meteorológicos como huracanes y movimientos sísmicos, debido a que se encuentra sobre la falla geológica del Carrizal, localizada al este de La Paz, que junto con la falla de San José del Cabo, controlan el tectonismo de la región. Las consecuencias de las fallas que se generan en esta, podrían constituir uno de los eventos de mayor impacto al agua superficial, lo cual se traduce en la contaminación de arroyos; lo que es preocupante, ya que es inmenso el daño ambiental que se generaría, considerando que la zona es una de las de mayor producción de orgánicos en el país.
La producción de orgánicos en BCS se caracteriza por sus altos rendimientos y beneficios económicos, en particular la producción de hortalizas de exportación. Destacando la zona sur de la península, un área de alto potencial para la producción de orgánicos existiendo una superficie de riego potencial de más de 10 mil 700 hectáreas entre La Paz y Los Cabos, con presencia de una superficie de cultivos orgánicos, la mayoría de los cuales se encuentran en zonas circundantes al proyecto Los Cardones, e incluso, el abasto de agua para riego proviene de la misma subcuenca El Rosario-El Carrizal donde se plantea el proyecto.
Por ello, el Congreso tiene un importante desafío social, económico, y ambiental para México, ya que sui población crece a una tasa más alta que el PIB y que sobrelleva los problemas de salud pública causados en gran medida por la reducción de los recursos ambientales.
Con base en lo anterior y derivado de la manifestación de impacto ambiental, del proyecto minero presentado por la empresa Desarrollo Zapal, SA de CV, denominado “Los Cardones”, con pretendida ubicación en la zona rural al sur de la delegación de San Antonio, aproximadamente a 55 kilómetros al sureste de La Paz, preponderantemente en el polígono que comprende la reserva de la biosfera Sierra La Laguna, no garantiza el pleno respeto del derecho humano a la calidad del agua en el mismo sentido incumple la garantía individual de un medio ambiente sano, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. y a su vez no garantiza la conservación de los ecosistemas de Baja California Sur conforme al artículo 26, fracción V, en relación directa con los numerales 51 y 52 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar y revocar los permisos en favor de la Empresa Desarrollos Zapal, SA de CV, para llevar a cabo el proyecto minero Los Cardones y, de ser necesario, instruir la suspensión definitiva de dicho proyecto.
Segundo. Se exhorta al XIV ayuntamiento de La Paz a efecto de que, en uso de sus facultades, no autorice el cambio de uso de suelo para las obras que requiere la ejecución del proyecto minero a tajo o cielo abierto Los Cardones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.
Diputados: Alfredo Zamora García, Francisco Pelayo Covarrubias (rúbricas).Con motivo del Día de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM
La simple condición de pertenecer a la raza humana nos otorga derechos y libertades que deben ser respetados por todos y su protección garantizada por la autoridad, los mismos son entendidos como derechos humanos, la vida, la libertad, la salud, la educación, un medio ambiente sano, la seguridad, son sólo algunos de ellos.
Para su protección, en nuestro país fue necesario plasmar lo que hoy conocemos como garantías individuales dentro de la Constitución Mexicana de 1917, siguiendo los ejemplos de otros países cuya protección se garantizó dentro de sus cartas fundamentales, tal es el caso de la Constitución de los Estados Unidos en 1787 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en 1789.
Fue hasta el año de 1948, una vez superados los terribles acontecimientos suscitados durante la Segunda Guerra Mundial, que la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas redactó el documento que se convirtió en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre del mismo año.
Dicha declaración se constituye de 30 artículos en donde se pronuncian los derechos y libertades básicos de todos los seres humanos; sin embargo, para su global cumplimiento fue necesario la integración de éstos a los tratados internacionales mediante la Carta Internacional de Derechos Humanos, por la que los 47 Estados firmantes se comprometieron a su cumplimiento.
Sin duda son muchas las instituciones y documentos en defensa de los derechos humanos a nivel mundial, las organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional, en materia de defensa y protección de los derechos humanos, así como en el estudio del estado de los derechos de los hombres y mujeres en todo el mundo, ha llegado a convertirlos como un referente para el conocimiento de la situación actual.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos determinó primordial crear 2 documentos esenciales: el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, conforman la “Carta Internacional de Derechos Humanos”.
Por lo que hace a nuestro país, la protección y defensa estos derechos fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, fecha en que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, principal entidad gubernamental, encargada de proteger y promover los Derechos Humanos en México.
Todo lo anterior, deja en evidencia la relevancia de la protección de los derechos humanos en todo el mundo, pero principalmente en los países que, por cuestiones ideológicas, tradiciones o desventajas económicas, se ven amenazadas en sus derechos más elementales. Por ello, y para que dichas garantías cobren sentido, debemos salvaguardar entre todos la continuidad de dichos derechos, enfocando la atención a la labor de extensión y aplicación efectiva de éstos.
Observemos a los derechos humanos, no sólo desde la relevancia que han adquirido a nivel jurídico, sino como la base fundamental sobre la que debe desarrollarse la humanidad.
Reconocemos los importantes avances que se han dado, sin embargo, en México aún tenemos un importante rezago en la materia, no es sencillo cambiar la percepción y prácticas que vulneran los derechos de las personas, pero ello no es razón suficiente para dejar de reconocer que se han dado pasos firmes para revertir prácticas retrógradas en nuestra sociedad.
En este contexto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reafirma su compromiso por impulsar una sociedad que no sólo conozca, sino que se sume al respeto y promoción de los derechos humanos, acciones que sin duda serán robustecidas por las autoridades quienes seguirán fortaleciendo la estructura legal y material, centrando su trabajo en la construcción de políticas públicas, capacitación y difusión de los derechos humanos.
Que como lo establece el lema de este 2014, la protección de los derechos humanos sea una labor de los 365 días y no sólo en la fecha de su conmemoración, pues sólo a través de la constancia se logrará permear en todas aquellas zonas con niveles de rezago y principalmente aquellas, en donde se enfrentan violaciones graves y constantes a los derechos humanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2014.
Diputado Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica)