Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4012-VI, miércoles 30 de abril de 2014
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al procurador general de Justicia y al secretario de Seguridad Pública de Puebla a difundir las acciones instauradas para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a intervenir a fin de hallar una ruta alterna para el tren que cruza Ciudad Juárez, Chihuahua, e indemnizar a la población que ha sufrido accidentes causados por el paso de éste, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Coordinación Metropolitana a incorporar San Buenaventura, Coahuila, en la zona metropolitana de la región centro de la entidad, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán de Ocampo y al ayuntamiento de Morelia a cancelar la construcción del libramiento sur de la ciudad y declarar área natural protegida la loma de Santa María, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar medidas para que el servicio de transporte aéreo se preste en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a generar un instrumento permanente de intercambio de información forense entre los países de Centro y Sudamérica, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN
Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del diputado Federal Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Un estudio del Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado en el riñón, totalmente asintomática en las etapas iniciales, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, originada por diversas causas.
Estas alteraciones pueden presentarse en las funciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. Si la función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal.
Luego de la aparición de los primeros síntomas, que generalmente se detectan cuando ya se encuentran en etapas muy avanzadas, (alrededor del 60%), de la Enfermedad Renal Crónica, le siguen las complicaciones propias del síndrome urémico, y se manifiesta mediante alteraciones.
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un grave problema de salud pública, ya que 1 de cada 10 mexicanos sufre de algún nivel de lesión renal, generando un alto costo social y económico, en el que se estima que cada año son alrededor de 35,000 pacientes en todo el sistema de salud. La incidencia mundial promedio es de 300 a 400 nuevos casos por millón de habitantes por año, de estos el 20% son menores de 18 años.
Los principales factores de riesgo que influyen para presentar IRC, son prematurez y bajo peso al nacer (terapia intensiva, alimentación parenteral) infecciones urinarias de repetición, historia familiar de enfermedad renal, hipertensión arterial mal controlada, proteinuria persistente, hiperlipidemia, descontrol metabólico, hiperfosfatemia, sobrepeso y obesidad, procesos obstructivos, anemia, dieta hipocalórica e hipercolesterolemia. Además, la diabetes se constituye como la principal causa de Insuficiencia Renal (IR).
Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la IRC es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.
Junto con la hipertensión y la diabetes, la IRC es una enfermedad silenciosa, que por sus características, el costo de atención por paciente en unidades del sector salud, se encuentra en los 300 mil pesos al año.
Pero no es todo. Actualmente la IRC no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.
En septiembre de 2001 la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces Secretario de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención..
El método sencillo y no invasivo para detectar datos sugerentes de Insuficiencia Renal Crónica consiste en la realización de un examen general de orina, en el que se pueda observar la posible pérdida de proteínas, lesiones en el riñón, infecciones y demás anormalidades como por ejemplo, la presencia de albumina y cristales. El costo de este examen oscila entre los 40 a 50 pesos.
Otro método complementario para detectar IRC es mediante un examen en sangre llamado de química sanguínea, que arroje la predisposición a ésta y otras enfermedades. El costo de un examen de este tipo oscila en los 400 pesos.
Por tanto, por su importancia y costo, la prueba idónea para detectar tempranamente en los niños(as) manifestaciones de la IRC, es el examen general de orina, realizándolo a los 6 y 12 meses de edad en niños con factores de riesgo mencionados y continuar con un examen anual. Aquellos niños (as) sin factores de riesgo practicarlo a partir del año de edad.
Una vez detectado algún dato de alarma, se le otorgará al familiar asesoría médica para consolidar el diagnóstico y seguimiento del paciente e iniciar tempranamente, el tratamiento adecuado de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) para neutralizar el daño, acompañado de una dieta saludable, para evitar factores que puedan aumentar el daño renal.
Además de lo anterior, existen una serie de tratamientos sustitutivos y restitutivos de la función renal, con ventajas e inconvenientes, como por ejemplo, el más utilizado es la diálisis peritoneal intermitente o intrahospitalaria, diálisis peritoneal ambulatoria o diálisis en casa hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal es mediante el trasplante renal, principalmente. En estos casos el costo es alto, por los implementos a adquirir aunado a que es un gasto de manera permanente para subsistencia del paciente. El costo del trasplante renal definitivamente es muy costoso con el riesgo de que el cuerpo del paciente rechace el órgano donado.
Ahora bien, el examen general de orina que proponemos incorporar al esquema de la cartilla nacional de vacunación o como un tamizaje de detección de lesión renal temprana, ha sido un caso de éxito en otras naciones.
Japón incorporó a su sistema de salud a principios de la década de 1970, el análisis de orina para detectar la enfermedad renal, implementado para todos los trabajadores y niños en edad escolar. Esta política pública trajo consigo la reducción de gastos en tratamiento correctivo de IRC.
Primero, el Ministerio del Trabajo en Japón puso en marcha un programa de examen de salud obligatorio en todo el país que incluía los exámenes de química sanguínea y el general de orina. En 1974 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Japón inició el programa obligatorio en las escuelas públicas, con los alumnos de 6 a 18 años.
Una de las principales estrategias en la implementación de esta política pública en el ámbito escolar, ha sido establecer un sistema de monitoreo para niños, en el que reciben un análisis de orina gratuito, en el programa de exámenes de salud escolar, o bien, lo podríamos solicitar a través de la institución escolar como un requisito a su ingreso y posteriormente solicitarlo de forma anual.
Si al niño le es detectada alguna alteración que en un futuro pueda transformarse en una IRC, es derivado al médico familiar que le corresponda, a efecto de iniciar un tratamiento oportuno con miras a devolver la funcionalidad en un 100 por ciento de sus riñones.
Para el caso de los trabajadores de Japón el análisis anual de orina es gratuito y de presentar alguna anomalía, son derivados a su médico familiar para iniciar el tratamiento que en la mayoría de los casos, es corregible.
Esta política pública tiene como consecuencia, que para el 2010 Japón sea el país con la menor incidencia de IRC en el mundo, con una tasa de 280 casos por millón de habitantes, Estados Unidos con 300 y México presenta más de 500 casos por millón de habitantes hasta el 2011.
Como consecuencia de esta política pública, en 1979 se redujo el gasto en tratamiento correctivo y para 1983 estaba incorporado a la cultura de salud de la ciudadanía de Japón.
Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2010 habría unos 120 mil mexicanos con IRC, pero con la necesidad de recibir un trasplante de riñón.
A falta de datos precisos, en la actualidad se afirma que la IRC y otras enfermedades renales, como la nefritis o nefrosis, están entre las 10 principales causas de muerte en México.
Un comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos señala, que la incidencia en México se había duplicado, al pasar de 200 en 2001, a más de 500 en 2011. Este dato se basa en reportes del estado de Jalisco, que la reporta como causa importante de morbi-mortalidad infantil, se incorporan entre 220 a 250 nuevos casos pediátricos en ERC por año, ocupando el onceavo lugar en el grupo de 1 a 4 años y el segundo en el de 10 a 19 años, que es la única entidad federativa que reporta a dicho Sistema norteamericano.
En el mundo, poco a poco la Insuficiencia Renal Crónica avanza como un problema de salud pública. Apenas en julio de 2013, la Organización Mundial de la Salud, hizo la correspondiente declaratoria de las comunidades agrícolas de El Salvador, y así de manera silenciosa, avanza la IRC sobre el humano.
Luego entonces, el objeto de esta proposición, es exhortar a la Secretaría de Salud, a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente al examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Además, exhortamos a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente a la práctica de un examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), a los 6 y 12 meses de edad, y posteriormente, una vez al año.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.
Bibliografía :
Médica Efectiva, Práctica. Volumen 2 – Número 6. Junio 2000. Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v2n6.pdf
Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Viernes 28 de septiembre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270654&fecha=28/09/2012
La enfermedad renal crónica problema de salud pública en México. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/la-enferm edad-renal-cr-nica-problema-de-salud-p-blica-en-m-xico
Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un problema grave de salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.paho.org/hq../index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3Akidney-disease-of-unknown-causes-in-agricultural-communit ies-in-central-america-is-declared-a-serious-public-health-problem& catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.
Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Isaías Cortés Berumen (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex
Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
La importancia del sector energético como pieza fundamental y estratégica de la economía de nuestro país, es un tema que se ha venido discutiendo en los últimos meses, y que ha permitido reformar la Constitución en aras de hacer el sector energético más productivo, competitivo y eficiente para el desarrollo del país.
Para el desarrollo de sus actividades y entre la pluralidad de instalaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con seis refinerías, operadas por Pemex Refinación, las cuales están ubicadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca, así como en Minatitlán, Veracruz.
La presente proposición con punto de acuerdo es referente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, localizada en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.
Las inquietudes manifestadas en la presente, son resultado de los trabajos in situ que la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex; ha llevado a cabo en refinerías y plataformas petroleras de la paraestatal, convocados por la diputada Rocío Abreu Artiñano, presidenta de esta comisión.
El pasado 4 de noviembre de 2013, se realizó una visita de trabajo por parte de los legisladores integrantes de esta comisión especial, a las instalaciones de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en la cual pudieron ser testigos de sus particularidades y de sus principales problemáticas, referentes a la necesidad de adquisición de una planta coquizadora para procesar residuos de la refinería; y el problema de seguridad que consiste en la reubicación del área de llenado de autotanques, fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio.
Dicha refinería, se encuentra en operación desde el año de 1950, y es considerada estratégica para Pemex Refinación, pues actualmente recibe diariamente 197 mil barriles de petróleo , de los cuales 30 por ciento se traduce en gasolina; 19 por ciento en gas; 26 por ciento en diesel y el resto en lubricantes.
La refinería Ingeniero Antonio M. Amor, por sus siglas conocida como RIAMA es la única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico, que se distribuyen en todo el país, además de ser importante por el abastecimiento de hidrocarburos a los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.
La Comisión Especial de Pemex, considera prioritario dar puntual seguimiento a la adquisición de la planta coquizadora para esta refinería, que se ha venido postergando en los últimos años, y que está programada en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 publicado por Pemex en noviembre de 2013, el cual podrá sufrir modificaciones ante la prontitud de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética en este Congreso de la Unión.
El objetivo número 5 de dicho plan se enfoca en la reconfiguración de la refinería de Salamanca, con el propósito de modernizarla e incrementar su capacidad de procesamiento de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la generación de productos de mayor valor.
Para la refinería, los alcances proyectados para el periodo 2014-2018 consideran la construcción y adecuación, entre otras unidades, de una planta de coquización retardada.
La importancia de la adquisición de una planta coquizadora para la RIAMA, radica en que será de utilidad para el reciclaje de residuos, mediante el proceso de coquización, y su conversión al llamado “coque de petróleo” que puede ser aprovechado mediante procesos posteriores, para la producción de combustibles.
Si bien las plantas de coquización retardada realizan un proceso muy similar al de la planta U-10 de la refinería de Salamanca, en la cual a todos los subproductos de desecho se les somete a presión y alta temperatura para convertirlos en petróleo, su adquisición aumentaría significativamente el procesamiento de los residuos a la par de las refinerías de Madero y Cadereyta, de manera más eficiente y moderna. Con la adquisición de la planta coquizadora, se podrán procesar cada 24 horas otros 40 mil barriles de petróleo, es decir cerca de 240 mil barriles en total.
En cuanto a seguridad en la refinería, el problema radica en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) específicamente donde se ubican las denominadas “llenaderas” de autotanques; pues se considera que este procedimiento genera un importante riesgo para la población aledaña, ya que el ingreso a la TAR se realiza a través de la zona urbana del municipio, específicamente en la calle Héroes de Cananea.
En las reuniones de trabajo de esta comisión especial, los legisladores han puesto de manifiesto el tema de la seguridad en las instalaciones de la RIAMA, así como para el municipio de Salamanca, en especial el diputado Genaro Carreño Muro, quien es testigo de las condiciones de seguridad, y de las afectaciones que los trabajos de la paraestatal generan al municipio.
Por lo que se considera urgente que la paraestatal considere la reubicación del área de las llenaderas de autotanques fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio, para con ello evitar accidentes que pudieran suscitarse en las instalaciones; y librar el ingreso de pipas que representan un riesgo latente para los habitantes de la ciudad.
Actualmente las pipas ingresan a las instalaciones de la refinería, en particular a la estación de llenaderas por la puerta 5, para cargar combustóleo, aceite, asfalto, gasóleo, azufre, parafinas, etcétera. El tránsito de las pipas en la puerta 5 siempre será de riesgo porque se encuentra cerca del sector del separador de aceites, lo que representa un riesgo latente para la población ante una situación de emergencia.
Si bien Pemex cuenta con normas, códigos y especificaciones que regulan sus organismos subsidiarios, así como con planes de seguridad para los procesos de la industria petrolera en sus instalaciones, es necesario considerar una efectiva reconfiguración de las instalaciones de la RIAMA, que permita adecuarlas a los nuevos procesos y a las nuevas consideraciones en seguridad y medio ambiente, sin poner en riesgo a los habitantes de las zonas cercanas al centro de trabajo.
Es por ello, que resulta de suma importancia, que en el marco del plan de negocios 2014–2018 de Pemex, y considerando sus posibles modificaciones con motivo de la reforma energética, se considere la pronta adquisición de la planta de coquización retardada para la refinería de Salamanca; y dar un mejor uso y mayor aprovechamiento de desechos. De igual forma, resulta primordial el tema de la seguridad de sus instalaciones, en particular, la reubicación de las llenaderas fuera de la TAR, por constituir un riesgo para los trabajadores de las instalaciones locales, así como para los habitantes del municipio.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, se concrete, a la brevedad posible, la adquisición de una planta de coquización retardada, para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, con la finalidad de dar un mejor uso y mayor aprovechamiento a los residuos de la industria en estas instalaciones.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a considerar la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca; lo anterior, en beneficio de los trabajadores y habitantes de la región y para preservar la seguridad de los mismos durante la carga de materiales de la refinería.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.
Diputados: Genaro Carreño Muro (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos, así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.
Lo que está ocurriendo en estos momentos con los mercados del sector agropecuario debe preocuparnos a todos, y no solamente a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, sino al Ejecutivo federal y a las autoridades locales y municipales por igual.
En las regiones productoras, se desplomó el precio del frijol a 6 pesos el kilogramo; el maíz a 2.80 pesos el kilogramo; el litro de leche a 4.00; el sorgo a 2 mil 500 pesos tonelada. Igual ocurre con el precio del trigo y de la caña de azúcar; y como sabemos, para el caso de la manzana simplemente la situación es de ruina completa, al grado que algunos productores optaron por derrumbar sus plantaciones para usar los árboles como leña.
En el otro extremo de la cadena, las cosas no están mejor para los millones de consumidores de los productos agropecuarios. El consumidor final está pagando a más de 20 pesos el kilogramo de frijol, a 15 pesos el kilogramo de tortilla; a 30 pesos el kilogramo de manzana; a 15 pesos el litro de leche; a 100 pesos el kilogramo de carne y hasta 60 pesos el kilogramo de limón.
Sé que en esta honorable asamblea legislativa, ya no es ninguna novedad decir que el campo mexicano se encuentra devastado y en ruinas; pero no por eso el hecho es menos cierto. Y más ahora cuando al fracaso de las políticas institucionales de las dos últimas décadas y a los desastres naturales, se suma el desplome de los precios de prácticamente todos los productos agropecuarios.
Hay en el país 14 millones de mexicanos con hambre, por no poder pagar los precios prohibitivos de los alimentos; y en el medio rural, 18 millones viven en la pobreza por el abandono en que tenemos las unidades productivas y por los precios de ruina que recibe el campesino en la venta de sus productos.
¿Qué está ocurriendo en la producción y en el mercado del sector agropecuario? ¿A dónde van a parar los 336 mil millones de pesos del programa especial concurrente aprobados por esta Cámara para el campo?
Del presupuesto público se construye infraestructura carretera y grandes sistemas de riego en el campo, se dan incentivos al acopio y la comercialización, se pagan coberturas de precios, se brindan tarifas arancelarias flexibles para incentivar la exportación y las importaciones agropecuarias, se aplican incentivos indirectos a través del fisco; y sin embargo, el campo no se levanta, no se capitaliza, no se incrementa la producción, seguimos importando para el consumo nacional casi el 50 por ciento de los productos agropecuario y, sobre todo, los precios al consumidor final no bajan.
¿Por qué se dificulta la comercialización de las cosechas de granos en un mercado con millones de personas con hambre?
¿Por qué a pesar de la gran cantidad de recursos fiscales invertidos no se puede transitar a un mercado competitivo y eficiente?
¿Por qué los campesinos reciben precios bajos y los consumidores pagan precios caros de los alimentos? ¿A dónde va a parar ese diferencial de precios?
¿Por qué, si tenemos mecanismos reguladores en otros mercados, no se logra regular el mercado agropecuario?
La respuesta es que se han impuesto en el campo mexicano a lo largo de más de dos décadas, procedimientos de concentración del crédito, de la producción, de los servicios, de los mercados, de la información privilegiada, del acopio y de la distribución.
La respuesta es que la mayor parte de los subsidios al campo y el enorme margen de comercialización y de ganancias ilegítimas, se lo están llevando un puñado de acopiadores y comercializadores que actúan impunemente en el mercado de los alimentos. Este grupo de grandes empresas agropecuarias, integran la cadena verticalmente desde el surco hasta el consumidor final, arruinando al productor y abusando sistemáticamente del consumidor, muchas veces especulando con los alimentos y siempre estableciendo precios de acaparadores.
En las condiciones de monopolio, los miles de millones de pesos del presupuesto federal orientados al sector, solo sirven para apuntalar a los oligopolios que elevan en forma insultante sus ganancias ilegales.
Esta estructura ineficiente y perversa, segmenta al mercado, es decir que aleja a los miles de productores de granos, de los millones de consumidores finales, dejando en unos pocos actores dominantes, que agregan poco o ningún valor pero se apropian de una proporción indebida del manejo de los mercados.
No obstante que esta situación es del dominio público y de sobra conocida por las autoridades del sector, no se toman medidas eficaces para evitar las prácticas monopólicas y ordenar los mercados; inclusive la mayoría de las veces las mismas autoridades se vuelven cómplices de quienes manipulan los precios, al permitir la importación de productos agropecuarios en plena cosecha de la producción nacional.
En razón de lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos; así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que, como resultado de dicha investigación, formule recomendaciones a las autoridades de los ramos competentes a fin de mejorar la competencia en ese sector y evitar prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.
Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al procurador general de Justicia y al secretario de Seguridad Pública de Puebla a difundir las acciones instauradas para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Isabel Allende Cano de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como bien apunta la doctora Ramos Ponce, México estableció formalmente, desde el año 2007, un marco legal sobre los derechos de las mujeres. Particularmente, desde esta fecha, se garantiza el derecho a una vida libre de violencia y discriminación hacia las mujeres mediante la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).1
El objeto de la Ley arriba citada, de acuerdo a su artículo primero es establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el capítulo V, artículo 26, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define a la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.2
La tipificación del delito de feminicidio en Puebla es reciente, el Congreso local aprobó en noviembre de 2012 la modificación del Código de Defensa Social del Estado, en el cual se incluyó el artículo 312 Bis que establece que “comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer”. La condena es de 40 a 60 años de prisión.3
Diversos especialistas en el tema coinciden en que la reforma a la ley es un gran avance para la sociedad y el estado, pero aún tiene deficiencias e imprecisiones y si estas no se corrigen, se podría permitir una mala integración de las averiguaciones previas y como consecuencia la liberación de los homicidas, quienes se escudaran en esos errores.
“La violencia hacia la mujer es provocada porque el hombre siente que pierde el poder y el control sobre ella al ver que va cambiando de rol y logra su participación en varios ámbitos: la familia, la sociedad, el trabajo y la política entre otros. El hombre no puede permitir que le quiten el poder y esto se convierte en un problema grave, porque se genera un odio el cual se va acrecentando y se va confirmando y legitimando, cuando la mujer trata de cambiar ese patrón y está en desacuerdo con la violencia, empiezan las primeras causas del feminicidio”.4
La situación actual que vive el estado de Puebla es alarmante, pues las cifras de feminicidio van en aumento en diferentes municipios, tan sólo de enero de 2013 a febrero de 2014 se han registrado 54 feminicidios en total, según el reporte que dio a conocer el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
De acuerdo con el recuento realizado por el organismo arriba citado, de los 54 asesinatos de mujeres que se presume se tratan de feminicidios, el mayor número se registró en la capital poblana con 13 casos, en segundo lugar se colocan los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula con asesinatos respectivamente; Tehuacán, Atlixco y Cuautlancingo ocupan el tercer sitio con cuatro asesinatos cada uno; seguidos por tres casos en Tecamachalco, mientras que los municipios de Acajete, Huejotzingo, Huauchinango y Tecali, cuentan con dos registros de asesinatos cada uno.
Es importante destacar que casi todos los agresores torturaron a las mujeres con golpes, aunque esto no haya sido precisamente la causa de muerte, incluso, está confirmado por las autoridades que, aparte de ser atormentadas, algunas fueron violadas por dos o más sujetos, otras fueron apuñaladas, baleadas, decapitadas y mutiladas.
Son cifras que lastiman y laceran a la sociedad poblana, pero sobre todo son cifras que las autoridades estatales tienen la obligación de disminuir y erradicar urgentemente .
Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas; al procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá y al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, para que a la brevedad den a conocer a la sociedad y a la opinión pública, cuáles son las acciones que se han instrumentado para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios en el estado de Puebla.
Segundo. Se exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y al procurador general de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá, para llevar a cabo todas y cada una de las acciones necesarias, a efecto de combatir la impunidad en torno al delito de feminicidio, hacer caer todo el peso de la ley sobre los responsables y a garantizar los derechos de las mujeres en el estado de Puebla.
Notas
1. Ramos Ponce, María Guadalupe, Foro “Por la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres”. Memorias del Foro pág. 2. Recuperado el 20 de abril de 2014 de
http://www3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownlo ad%2F294002%2F958603%2Ffile%2F7%2520Ponencia%2520%2520Guadalupe%2520Ram os%2520%2520Sociedad%2520Civil%2520implementaci%25C3%25B3n%2520de%2520l a%2520LGAMVLV.pdf&ei=uaheU4rnKsSQyAT04KoCA&usg=AFQjCNExLqmSq03G c94njicuSpglOb_efg
2. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recuperado el 21 de abril de 2014 de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
3. Jiménez, Diana. “Crecen en violencia y número los feminicidios en Puebla”. Publicado el 21 de julio de 2013. Recuperado de hhtp://e-consulta.com el 21 de abril de 2014.
4. Jiménez, Diana. “Crecen en violencia y número los feminicidios en Puebla”. Publicado el 21 de julio de 2013. Recuperado de hhtp://e-consulta.com el 21 de abril de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2014.
Diputada Ana Isabel Allende Cano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a intervenir a fin de hallar una ruta alterna para el tren que cruza Ciudad Juárez, Chihuahua, e indemnizar a la población que ha sufrido accidentes causados por el paso de éste, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde 1982, con la implementación de la política neoliberal, se ha repetido en cientos de ocasiones el discurso aquel de que la privatización nos brindará un mejor servicio a menor costo y que los usuarios serán los más beneficiados.
Las modificaciones para privatizar las carreteras, las aerolíneas, los bancos y más recientemente, los hidrocarburos, han sido el mejor escenario para hacerlo. En 1995, con la desincorporación y remate de los Ferrocarriles Nacionales por parte del entonces presidente Ernesto Zedillo, las cosas no fueron distintas. Entonces como ahora, la izquierda alertó de los abusos y excesos que cometen las empresas privadas, con los usuarios y con el gobierno. Desgraciadamente, el tiempo se ha encargado de darnos la razón una y otra vez.
Ferrocarril Mexicano, mejor conocida como Ferromex, empresa que forma parte de Grupo México, comenzó sus funciones en 1998 y fue la mayor beneficiaria de la desincorporación de los Ferrocarriles Nacionales. De acuerdo a su portal de Internet, en la actualidad cuenta con un sistema ferroviario superior a los 7 mil 108 kilómetros de vías principales y mil un kilómetros de ramales.
Actualmente la localidad fronteriza de Ciudad Juárez padece la insensibilidad y prepotencia de la empresa ferroviaria en comento. En dicha metrópoli, las vías del tren cruzan por el centro y para evitar congestiones viales, el cabildo llegó a un acuerdo con la empresa ferroviaria para que su paso y maniobras se realicen de las 19:00 a la 6:00 horas.
En últimas fechas la empresa en comento ha incumplido dicho convenio y se ha obstinado en cruzar durante horas pico, provocando así graves problemas de tránsito en la urbe chihuahuense, paralizando por completo el centro de la ciudad.
De acuerdo a la fracción segunda del artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, las vías férreas son vías generales de comunicación cuando “en todo o parte del trayecto, estén dentro de la zona fronteriza de cien kilómetros”, como sucede con Ciudad Juárez. En tal caso, las vías generales de comunicación ferroviaria son jurisdicción federal, de acuerdo al artículo 4o. de la misma ley.
Aunado a lo anterior, Ferromex es responsable de cientos de accidentes que sufren los transeúntes en los 28 cruces de tren dentro de la ciudad, sin embargo, la empresa no ha querido cumplir con lo establecido por el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que a la letra establece:
“Es obligación de los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros o de carga garantizar, en los términos que autorice la secretaría, los daños que puedan ocasionarse a terceros en su persona y sus bienes...”
Es por lo anteriormente expuesto que exhortamos a la Secretaría de Comunicaciones, a través de su titular, Gerardo Ruíz Esparza, a que intervenga para encontrar una ruta alterna y que las maniobras de la empresa ferroviaria se realicen sin paralizar el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, y a hacer valer el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en beneficio de aquellos que han sufrido algún accidente a causa del paso del tren.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su titular, Gerardo Ruíz Esparza, a que intervenga para encontrar una ruta alterna y que las maniobras de la empresa ferroviaria Ferromex se realicen sin paralizar el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su titular, Gerardo Ruíz Esparza, a hacer valer el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario e indemnizar a aquellos que han sufrido accidentes causados por el paso del tren en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2014.
Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Coordinación Metropolitana a incorporar San Buenaventura, Coahuila, en la zona metropolitana de la región centro de la entidad, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada federal Irma Elizondo Ramírez de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
En la actualidad, resulta muy recurrente que el fenómeno de la urbanización aparezca en diversas regiones del territorio nacional, en estos procesos generalmente, se encuentran ligados dos o más gobiernos municipales y gobiernos estatales.
De acuerdo con el Manual para la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) una zona metropolitana podemos entenderla como:
“El conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica”1
Dicho fenómeno se lleva a cabo cuando determinadas zonas urbanas crecen, en forma desordenada, incluso fuera de los límites políticos-administrativos de cada demarcación, mezclándose a otras zonas urbanas cercanas, que pertenecen a otros municipios o estados, desdibujando sus límites territoriales originales. A este proceso de expansión geográfica se le conoce como las llamadas “Zonas Metropolitanas”.2
Las zonas metropolitanas deben poseer determinados rasgos físicos para poder ser consideradas por las instancias estatales y federales como tal; en este sentido el Consejo Nacional de Población (Conapo) establece tales requisitos en el instrumento denominado “Delimitación de Zonas Metropolitanas 2010”, dividiéndolos por sus características en tres grupos de municipios metropolitanos: los Municipios centrales, municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos y los municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana.
Otra de las consecuencias del fenómeno antes mencionado es que al ser zonas conurbadas, sus necesidades geográficas y estructurales junto con las de sus habitantes son otras, generalmente, la integración de sus economías, costumbres, hace que las necesidades de los habitantes de estas demarcaciones geográficas en muchas de las ocasiones no puedan ser satisfechas por los gobiernos municipales viéndose rebasados y limitados en su funcionamiento.
Por esta razón resulta importante atender el incremento en la urbanización desde los Gobiernos estatales, así como desde el Gobierno federal, ya que pasarlos por alto ocasionaría graves repercusiones, como lo es el crecimiento no planificado y desordenado de los asentamientos humanos, lo que contribuye a generar desigualdad, segregación social y territorial; inseguridad pública, desabasto de agua, servicios públicos deficientes y de mala calidad, contaminación, tráfico vehicular e ingobernabilidad.
Uno de los beneficios que obtienen las regiones que se encuentran bajo el fenómeno de la urbanización, es que al ser reconocidas como tales por las instancias competentes, le son asignados recursos económicos mediante el ramo 23 contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente aprueba la Cámara de Diputados, y cuya finalidad, es que a dichas zonas metropolitanas se les dote de los elementos indispensables para mejorar su infraestructura, su equipamiento, así como sus servicios públicos, como parte de las exigencias que se han generado por la continuidad física de conurbación que existe entre los municipios involucrados. Consolidando de esta forma la distribución de los recursos públicos por parte de la Federación hacia el incremento planificado de las zonas urbanas en México.
El 19 de Marzo del presente la Diputada Local por el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ana María Boone Godoy presento un punto de acuerdo en este sentido, mencionando que el instrumento denominado Fondo Metropolitano resulta idóneo para atender la problemática y favorecer el desarrollo metropolitano con la finalidad de que se realicen estudios, programas, proyectos y obras públicas de infraestructura, equipamiento, medio ambiente y planeación para el centro de población mencionado. En razón de lo anterior y con el objetivo de lograr una mayor integración con las regiones circundantes del estado y fortalecer los intercambios en sus sistemas de convivencia urbana de los centros de población de Castaños, Monclova, Frontera y San Buenaventura, los cuales presentan una fuerte interacción entre sí y derivado del estudio realizado por parte de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Estado, se advierte que San Buenaventura cumple con los criterios establecidos por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de Zonas Metropolitanas (Sedesol- Inegi-Conapo), ya que su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolitana en cuestión: en este caso San Buenaventura está a menos de diez kilómetros del inicio de la mancha urbana de la conurbación Monclova-Frontera. Se considera que: al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última. Finalmente, se estima que se tiene un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento.4
Además, el Gobierno de Coahuila de Zaragoza, declaró el 15 de junio de 2011, una quinta Zona Metropolitana: Sabinas - San Juan de Sabinas - Múzquiz (La Carbonífera). La población concentrada en estas cinco zonas, asciende a 2’226,197 habitantes, que representa el 81% de la población estatal, la cual es de un total de 2’748,391 habitantes.5
Es importante señalar que el municipio de Múzquiz, no obstante que está considerado en esta Declaratoria, aún no cuenta con los elementos suficientes para ser considerado como municipio metropolitano, ya que la distancia entre el municipio central y su ubicación es superior a la permitida en la Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. En ese sentido, debe destacarse que Sabinas y San Juan de Sabinas se encuentran en los supuestos previstos en los criterios de delimitación de zonas metropolitanas.
Por el papel que juegan las cabeceras municipales de Sabinas y San Juan de Sabinas en la región, es necesario proveerlo de la infraestructura, equipamiento y servicios en cantidad, oportunidad y calidad suficientes para atender a la población local y la de su área de influencia.
La región carbonífera por su particular circunstancia de ubicación geográfica y su fuerte dependencia económica de la actividad del carbón. Micare y Mimosa que forman parte de las importantes cadenas industriales carbón/acero y carbón/electricidad que representan la mayor fuente de empleo y actividad económica en las regiones Carbonífera y Norte de Coahuila. En colaboración con las autoridades, ambas empresas apoyan de manera permanente el desarrollo de las comunidades regionales donde operan sus minas, como forma de elevar la calidad de vida de los trabajadores y de la comunidad en general.6
Empero, en las regiones Carbonífera y Norte de Coahuila se ha rezagado en relación con las otras regiones del estado, produciéndose en consecuencia algunos desequilibrios que es necesario atender.
Por ello, es importante lograr una mayor integración con las regiones circundantes del estado y fortalecer la infraestructura, el equipamiento y servicios, propiciando la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas en sus sistemas de convivencia urbana de los centros de población de Sabinas y Nueva Rosita del Municipio de San Juan de Sabinas.
Es imprescindible fortalecer los apoyos que permitan a la región mejores condiciones de calidad de vida de sus habitantes, mediante la coordinación de políticas gubernamentales y el consenso de los sectores social y privado, aunado al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico de espacio territorial de las zonas metropolitanas.
Se realizó un análisis conforme a los criterios establecidos por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de Zonas Metropolitanas (Sedesol- Inegi-Conapo), obteniendo los resultados que se señalan en el cuadro siguiente:
Del cuadro anterior, se advierte que Sabinas y San Juan de Sabinas, cumplen con los criterios establecidos por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de Zonas Metropolitanas (Sedesol-Inegi-Conapo), por lo tanto, estos municipios tienen los elementos necesarios para su integración como Zona Metropolitana de interés nacional.
A mayor abundamiento, la metropolización entre Sabinas y Nueva Rosita como cabecera de San Juan de Sabinas está plenamente justificada, y mayormente si consideramos que los asentamientos humanos de Agujita con 8,419 habitantes y Cloete con 4,000 habitantes, se ubican entre esas dos ciudades, generándose una continuidad física con el área urbana de Nueva Rosita, compartiendo equipamiento y servicios de salud, educación y abasto entre otros, interactuando económica y socialmente en una unidad territorial que funciona como zona metropolitana.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General de la Coordinación Metropolitana, adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la incorporación del municipio de San Buenaventura Coahuila de Zaragoza, en la zona metropolitana de la región centro de nuestra entidad, correspondiente a Monclova-Frontera-Castaños.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General de la Coordinación Metropolitana, adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que efectúe los estudios técnicos tendientes a reconocer como zona metropolitana a la región carbonífera integrada por los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Notas
1 Conapo. (21 de Abril de 2014). Conapo .
Obtenido de conapo.gob.mx:
http://www.conapo.gob.mx/es/Conapo/Delimitacion_zonas_metropolitanas_2010_Capitulos_I_a_IV
2 Ibídem.
3 Ibídem.
4 http://www.congresocoahuila.gob.mx/modulos/transparencia/articulo19/dia rioLIX/eje2014/20141po/20141po5.pdf
5 http://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/
DESARROLLO%20URBANO%20Y%20ORDENAMIENTO%20TERRITORIAL.pdf
6 http://www.ahmsa.com/minera-del-norte
7 INEGI. (21 de Abril de 2014). INEGI . Obtenido de inegi.org.mx: http://www.inegi.org.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2014.
Diputada Irma Elizondo Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Michoacán de Ocampo y al ayuntamiento de Morelia a cancelar la construcción del libramiento sur de la ciudad y declarar área natural protegida la loma de Santa María, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Gerardo Villanueva Albarrán, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, al gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y al ayuntamiento del municipio Morelia, para cancelar definitivamente la construcción del libramiento sur de Morelia, y para declarar las 232.8 hectáreas de la Loma de Santa María como área de reserva natural protegida con base en los siguientes elementos
Exposición de Motivos
1. En la Loma de Santa María, de Morelia Michoacán, se ubica una zona de gran importancia ecológica y de biodiversidad, con especies de fauna y flora endémicas y protegidas, que suministra 40 por ciento del agua potable que consume la ciudad de Morelia, y representa el pulmón de la ciudad. Condición reconocida por prestigiosos investigadores nacionales y extranjeros, así como por autoridades estatales y federales, tan es así que la zona se encuentra protegida mediante diversos decretos vigentes: En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas del Río emitió un decreto para declarar zona protectora forestal vedada, la cuenca hidrográfica del río Chiquito de Morelia. En 1984, el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, emitió una declaratoria de preservación ecológica de la franja; el 19 de agosto de 1993, su sucesor, Ausencio Chávez, decretó 232-79-73.88 hectáreas de la zona como Loma de Santa María y depresiones aledañas, con una superficie de 232-79-73.88 hectáreas, ubicada en el municipio de Morelia. El 15 de febrero de 2008, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, emitió un decreto para declarar área natural protegida con categoría de parque urbano ecológico al lugar conocido como Parque Francisco Zarco, del ejido del Rincón, municipio de Morelia. Todas estas áreas conforman lo que conocemos como la Loma de Santa María y la cuenca del río Chiquito.
2. El 31 de diciembre de 2009, el gobernador en turno, Leonel Godoy Rangel, creó un nuevo decreto de zona de restauración y protección ambiental para la Loma de Santa María, que pretendía abrogar el de área natural protegida de 1993, permitiendo el cambio de uso de suelo del área para fines comerciales en la zona y atentando contra el principio de progresividad, intentando restar el número de hectáreas protegidas pasando de 232.8 hectáreas a 170.5 hectáreas, es decir, quitándole casi 30 por ciento de su extensión actual. De inmediato, el ayuntamiento de Morelia permitió la construcción en la zona cambiando los usos de suelos en la zona, incrementando la expansión inmobiliaria y agravando el problema de conectividad vial. El intento de derogar el decreto del 1993, pretendió crear un área urbanizable que permitiera el paso de la nueva vialidad al desarrollo inmobiliario y al “centro comercial abierto más grande de Latinoamérica” que les permita conectarse a la parte baja de la ciudad con un ramal a la avenida Carmelinas, así como para fomentar la expansión inmobiliaria en una zona que suministra 40 por ciento del agua potable a los habitantes de la ciudad. Este es el quinto intento por construir esa calle por distintos niveles de gobierno. Cabe señalar que el gobernador no tiene atribuciones para modificar o abrogar áreas naturales protegidas, sólo para crearlas.
3. Desde hace décadas la ciudadanía se ha manifestado para defender la cuenca del río Chiquito y el área natural protegida de la Loma de Santa María. Hace 2 años, la ciudadanía formó el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma para cancelar la construcción de la segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, municipio de Morelia, que detonaría la expansión urbana destruyendo las zonas protegidas, y se pretende construir en una zona donde se ubican 2 fallas geológicas activas y laderas inestables, que ponen en riesgo la vida de más de 14 mil habitantes.
4. El 23 de febrero de 2010, esta honorable Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la proposición con puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta al gobierno de Michoacán a abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves 31 de diciembre de 2009, con el que se abroga el decreto del 19 de agosto de 1993 que declaró área natural protegida la Loma de Santa María y sus depresiones aledañas. Sus resolutivos fueron los siguientes:
“Primero. Se exhorta al gobierno de Michoacán a abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves 31 de diciembre de 2009 con el que se abroga el decreto del 19 de agosto de 1993 que declaró área natural protegida la Loma de Santa María y sus depresiones aledañas.
Segundo. Se exhorta al ayuntamiento de Morelia a elaborar un proyecto alternativo de acceso vial a Santa María que respete el área natural protegida y que tome en cuenta la opinión de los ciudadanos.
Tercero. Se exhorta al ayuntamiento de Morelia a catalogar las 232.8 hectáreas del área natural protegida como zona de preservación ecológica y a evitar la construcción de cualquier inmueble en dicho lugar.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rechazar el cambio de uso de suelo forestal de la zona, así como a denegar la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de vialidad referido.
Quinto. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a declarar las 232.8 hectáreas de la Loma de Santa María y depresiones aledañas como área natural protegida de la federación.
Sexto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar un estudio técnico de protección civil para determinar los riesgos de la construcción de túneles y puentes sobre la cañada de los filtros viejos de Morelia y la falla geológica que ahí se encuentra.”
5. Por su parte, el Congreso del Estado Michoacán expidió también un dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Michoacán, y al ayuntamiento de Morelia, para que actúen en estricto apego a la ley, en relación con la pretendida obra de la segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, cuyos acuerdos fueron:
“Primero. Se exhorta respetuosamente al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que se sirva girar instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general del Centro SCT Michoacán para que revise las obras de la segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, municipio de Morelia, y obtenga evidencia del cabal cumplimiento de todas las normas jurídicas relacionadas al estudio de riesgos, impactos ambientales, cambio de uso de suelo de forestal a urbano, de mecánica de suelos en cada uno de los tramos licitados.
Segundo. Se exhorta al director general del Centro SCT Michoacán para que se sirva realizar un estudio del que resulte un proyecto ejecutivo para una vialidad de acceso a la Loma de Santa María, en Morelia, por donde presente mayor factibilidad técnica para mejorar la circulación de vehículos o, en su caso, transparentar los proyectos que se tengan para tal fin.
Tercero. Se exhorta al ayuntamiento constitucional de Morelia, Michoacán, para que no autorice ni otorgue ninguna licencia respecto a cualquier obra que se vaya a ejecutar en el total del polígono de la Loma de Santa María y depresiones aledañas, en una superficie de 232-79-73.88 hectáreas, como área natural protegida hasta en tanto no exista evidencia de que se cumple con las normas municipales vigentes en materia de impacto ambiental, asentamientos humanos, cambio de uso de suelo de forestal a urbano y la seguridad de las siete mil familias que habitan en esta zona.”
6. Ninguno de los dos exhortos legislativos anteriores ha sido satisfactoriamente respondido por las autoridades ejecutivas aludidas. De hecho, el segundo exhorto no ha tenido respuesta aún por parte del gobierno federal.
7. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha gastado un poco más de 28 millones 535 mil 833.26 pesos en distintos estudios para justificar la construcción del ramal camelinas o tramo 4 de la segunda etapa del libramiento sur y calmar a la población aledaña, cinco de los cuales han sido elaborados por empresas privadas; sin embargo, sólo uno, el de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra “reservado” con ello, la autoridad oculta información relevante para la seguridad de los habitantes de la ciudad de Morelia.
8. En el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2014, no se incluyó la asignación de recursos para la construcción de dicha vialidad, debido, entre otras razones, a que están en proceso los juicios de nulidad1 981/12-21-01-2, 1406/12-21-01-4, 37/13-21-01-2 y 1145/12-21-01-9 ante la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se solicita la nulidad de la resolución contenida en el oficio número S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./2701, de 10 de abril de 2012, emitida por el director general de Impacto Ambiental, a través de la cual autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto denominado Segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, municipio de Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo . El juez federal otorgó la suspensión provisional el 17 de julio de 2012 y levanta la suspensión definitiva el 6 de febrero de 2013, unos días después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) comienza a construir la segunda etapa del libramiento sur. Esto a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene suspendida la clave de cartera desde el 21 de noviembre de 2012, cuando se informó a la unidad responsable del proyecto (Centro SCT Michoacán), que el registro en cartera 1109360009 del proyecto Libramiento sur de Morelia , se suspendía su vigencia y se enviaba a revisión a la dependencia (SCT), con la finalidad de demostrar las viabilidades técnica, jurídica y ambiental, señalando las siguientes observaciones:“Tomando como base el escrito con número de expediente RDA393/12 del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se pone a revisión a efecto de solicitar se actualice el análisis costo beneficio correspondiente a este proyecto”.
9. A pesar de lo anterior, el 18 de febrero de 2014, horas después de vencido el amparo citado, los señores M. A. P. Alejandro Lambretón Narro, director general del Centro SCT en Michoacán, licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de la entidad, y el profesor Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, signaron una “minuta de trabajo” en la cual, en claro exceso de sus facultades, se comprometen a los siguientes acuerdos con respecto al proyecto del libramiento sur de Morelia:
“1. Que se respete el proyecto de la SCT, como se presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con base en el cual resolvió favorablemente la manifestación de impacto ambiental y el estudio técnico justificativo.
2. Obtener la actualización de registro del proyecto en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3. Que se asignen recursos para el presente ejercicio fiscal de 2014, en los tramos que se señalan a continuación:
• Concluir la construcción del tramo El Durazno-Atécuaro, que cuenta con un importante avance.
• Concluir con la adquisición del derecho de vía del tramo ramal a Pátzcuaro, que también lleva un avance significativo; continuar con la construcción de éste, incluyendo el mejoramiento de la vialidad de San José del Cerrito.
• Continuar la construcción del tramo ramal Carmelinas, con los tres contratos de obra vigentes.
• Continuar con la elaboración de proyectos, estudios y tramos necesarios para que se concrete el proyecto original.”
10. Por su parte, el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María, envió una misiva al titular del Poder Ejecutivo federal y a algunas dependencias involucradas para que “no se autorice ningún presupuesto para el ejercicio fiscal de 2014 y que se cancele el proyecto de inversión Libramiento sur de Morelia por las siguientes razones:
1. Porque no cuenta con la viabilidad técnica, jurídica y ambiental, y porque se viola el artículo 53 B, fracción segunda, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
2. Porque se violó el artículo 47 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las Disposiciones Generales de los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión;
3. Porque están en proceso varios juicios de nulidad y en cualquier momento los jueces pueden ordenar la cancelación del proyecto;
4. Porque, violando la ley, se está construyendo la segunda etapa de dicho libramiento sin tener licencia de construcción por parte del ayuntamiento de Morelia;
5. Porque el 9 de mayo de 2013, la LXXII Legislatura del Congreso del Estado Michoacán de Ocampo aprobó un exhorto para que no se construya la segunda etapa de dicho libramiento y para que el ayuntamiento de Morelia no otorgue el permiso de construcción;
6. Porque la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados aprobó un exhorto para que se elabore un proyecto alternativo de vialidad, y se rechace el cambio de uso de suelo forestal de la zona; y
7. Porque gran cantidad de ciudadanos, académicos e investigadores, además de organizaciones ecológicas y sociales, han pedido que se cancele la construcción de la segunda etapa de dicho libramiento, por el riesgo geológico que entraña, por la riqueza de la biodiversidad del área natural protegida que atraviesa, porque es el único “pulmón verde” de Morelia y porque ahí se capta 40 por ciento del agua de los mantos freáticos que abastecen a esta ciudad.”
11. Con fecha 2 de abril de 2014, mediante el oficio 3.1.3.-043, signado por el maestro Óscar Callejo Silva, director general adjunto de Construcción y Modernización de Carreteras Federales de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, con respecto del libramiento sur de Morelia (clave 11096360009), se hace la siguiente aseveración:
“... el presupuesto establecido para dicha obra es de mil 520 millones de pesos; el avance físico es de 10 por ciento, y el monto ejercido de obra es 144.8 millones de pesos.
... el presupuesto correspondiente a la segunda etapa del libramiento sur de Morelia, es del orden de mil 375.2 millones de pesos; sin embargo, el ejercicio de dichos recursos se encuentra sujeto a la actuación del registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual, a la fecha no se cuenta con asignación presupuestal en 2014.”
Es decir, que la autoridad federal competente reconoce que aún con recursos de amparo, procesos jurídicos-administrativos inconclusos, problemas e inconformidades con la población involucrada y sin presupuesto etiquetado aprobado por esta soberanía, se ha continuado con la obra o, al menos, se tiene previsto continuarla a la brevedad.
Es por lo arriba descrito que, ante la gravedad del asunto, las autoridades federal, estatal y municipal deben suspender definitivamente la ejecución de la obra y deben también proceder a declarar la zona como “área de reserva natural protegida”, en aras de proteger y salvaguardar el patrimonio natural del país.
Por lo anteriormente expuesto, es de someter a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al gobernador del estado Michoacán de Ocampo y al ayuntamiento de Morelia, a cancelar definitivamente todo acto administrativo encaminado a la ejecución del proyecto integral Libramiento Sur de Morelia.
Segundo. Se les exhorta igualmente a declarar de forma permanente las 232.8 hectáreas del territorio comprendido como la Loma de Santa María, sus depresiones aledañas y los filtros viejos de Morelia, como área de reserva natural protegida.
Nota
1. http://www.sisi.org.mx/jspsi/documentos/2013/seguimiento/00016/00016001 04713_065.zip
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2014.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar medidas para que el servicio de transporte aéreo se preste en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Desde agosto de 2010, año en que la aerolínea Mexicana de Aviación fue declarada en cierre de operaciones, el servicio en las aerolíneas que prestan sus servicios en el territorio nacional resulta ineficiente y carece de los estándares de calidad.
Mexicana de Aviación, por muchos años, fue considerada la aerolínea número uno en calidad en el servicio en Latinoamérica y, desde que abrió rutas a Europa, su excelencia en el servicio le abrió las puertas para integrarse a importantes alianzas con aerolíneas de alto prestigio.
En la actualidad, con el argumento de ofrecer al consumidor tarifas bajas, el precio que tiene que pagarse es sumamente alto: la mala calidad en el servicio.
Por ejemplo, la impuntualidad en el servicio es uno de los factores que los usuarios tienen que soportar, la excusa –en algunos casos– es la ineficiencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Otro punto al que los pasajeros tienen que exponerse y que por lo general nunca consideran, está relacionado con la inseguridad aérea, pues las llamadas aerolíneas de “bajo costo” que, como aves de rapiña, se quedaron con muchas de las rutas de Mexicana de Aviación, no cuentan con contratos colectivos de trabajo que brinden a sus trabajadores las condiciones óptimas para que realicen sus operaciones con el cien por ciento de estándares en calidad.
Tripulaciones cansadas, desgastadas, mal pagadas, con muchas horas de vuelo; sobrecargos con numerosas horas de servicio que, en caso de una emergencia, no se encontrarán en óptimas condiciones para salvar la vida de los pasajeros. De esta forma, lo barato puede salir muy caro.
En cuanto a otras aerolíneas que sobreviven en el mercado, como Aeroméxico y Aeromar, las tarifas son muy elevadas y, en aeropuertos como el de Tepic, Nayarit, existen prácticas monopólicas por parte de Aeromar, con viajes redondos de 10 mil pesos; por lo que al no haber otra aerolínea que vuele a este destino, se imposibilita que existan las condiciones para equilibrar la competencia en tarifas.
Aeroméxico, por su parte, también ofrece tarifas altas, además de que se han recibido denuncias por parte de sobrecargos sindicalizados, quienes reportan que se están realizando contrataciones de personal con un contrato diferente al de los sobrecargos de mayor antigüedad, que de igual forma como en las aerolíneas de bajo costo, los obliga a laborar en condiciones deplorables de seguridad y mal pago.
Este contexto denota la necesidad de revisar el estado de la competencia entre las aerolíneas existentes en el país y, de igual forma, los contratos que rigen las labores de las tripulaciones en las diferentes compañías.
Por último, se debe mencionar que, en el caso de Mexicana de Aviación, no se ha avanzado en el proceso relacionado con el pago de las liquidaciones de los más de ocho mil 600 trabajadores, ya se había dado a conocer que los activos actuales no alcanzan para la liquidación en los términos de quiebra, por lo que se deberá revisar este asunto para constatar que efectivamente esto sea verdad en los términos que se señalan y sobre todo citar al responsable de este gran desfalco, es decir a Gastón Azcárraga, ex dueño de la aerolínea.
Es así que, en Movimiento Ciudadano, estamos y seguiremos pendientes de este procedimiento para exigir la comparecencia de Azcárraga y la revisión de activos para la solución de este conflicto; a la par de velar porque las aerolíneas presten sus servicios con estricto apego a lo establecido, respetando en todo momento los derechos de los consumidores; es por ello que presentamos a esta honorable asamblea el siguiente resolutivo con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implementar, en el marco de sus atribuciones, las medidas necesarias para que el servicio del transporte aéreo se lleve a cabo en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio, tal y como se establece en la Ley de Aviación Civil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2014.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a generar un instrumento permanente de intercambio de información forense entre los países de Centro y Sudamérica, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las personas provenientes mayoritariamente de Centroamérica, algunos países de Sudamérica y, en menor medida, de otros lugares del mundo, que no cuentan con documentos que acrediten su estancia legal en México y que cruzan territorio mexicano con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad al ser víctimas de violaciones a derechos humanos. Las personas migrantes no sólo tienen que esconderse de las autoridades mexicanas ante la posibilidad de ser deportadas por la falta de documentación, sino que enfrentan un mayor peligro de cara al crimen organizado, que actúa en algunos casos con consentimiento, tolerancia o incluso bajo la autorización de autoridades mexicanas.1
Las personas migrantes que atraviesan México rumbo al norte de la República, son el blanco ideal para ser asaltadas, secuestradas, violadas y asesinadas. La falta de protección del Estado mexicano a los derechos de las personas migrantes es un factor fundamental para que dichos atropellos se realicen en un contexto de completa impunidad.
La situación ha sido ampliamente documentada por diferentes organismos internacionales. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, por ejemplo, en su informe de diciembre de 2001 reconoció la vulnerabilidad de los grupos migrantes a ser víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, debido a su estatus de indocumentación y la falta de recursos financieros, leyes efectivas, programas destinados a protegerlos y/o recursos judiciales a su disposición.
Una característica común a los casos de violaciones de derechos humanos a personas migrantes es la tolerancia y aquiescencia del Estado mexicano en los sucesos. Las autoridades de seguridad pública de las diferentes corporaciones, tanto estatales como federales, indirectamente permitieron que los eventos tuviesen lugar al ofrecer pobres dispositivos de seguridad en zonas ampliamente documentadas y caracterizadas como de particular peligro para los migrantes en tránsito, tal es el caso de San Fernando, Tamaulipas,2 dejando de lado el hecho de que grupos delincuenciales secuestraban y extorsionaban a migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, y para mayo de 2011, la presencia de elementos de seguridad pública, adscrita a corporaciones policiales, Marina o Ejército, era poca o casi nula en San Fernando, muy a pesar del entonces reciente hallazgo de decenas de fosas clandestinas en la zona.
Este tipo de situaciones orilló al gobierno federal a informar en febrero de 2013 que tenía un registro de 26,121 desaparecidos, pero un año después, cuando organismos como Amnistía Internacional califican la base de datos como inoperante, familiares de migrantes y organizaciones civiles se han sumado a las acusaciones relativas a la inexistencia de información sobre cuántas personas de ese listado son migrantes o extranjeros, según la respuesta que obtuvieron de la misma Secretaría de Gobernación.
A esa denuncia se suma la confirmación que recibieron de parte de la Procuraduría General de la República (PGR) que ignora si entre los 20 mil restos sin identificar acumulados en el periodo 2006-2012 hay migrantes; y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, tras documentar que 21 mil 091 migrantes habían sido víctimas de secuestro hasta 2011, desconoce cuántos de éstos fueron encontrados vivos o muertos o si se siguieron procesos penales.
Esta falta de información es para familiares de migrantes y organizaciones civiles una de las “mayores deudas” del gobierno actual hacia los migrantes, pues que no haya datos implica que los delitos no sean investigados, que las familiares de las víctimas no tengan acceso a la justicia, que no se pueda implementar un mecanismo de búsqueda eficaz y, en general, que México no otorgue al problema de violencia contra migrantes la dimensión que merece.
En el informe “Las personas migrantes como grupo vulnerable”3 que la Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes —conformada por comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras y El Salvador, y de organizaciones de la sociedad civil de Honduras, México, Guatemala y Estados Unidos— entregó la semana pasada a Christof Heyns, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, denuncian “la impunidad para cientos de casos de migrantes víctimas de homicidio, la falta de bases de datos unificadas, la ausencia de mecanismos efectivos para la búsqueda de desaparecidos y las insuficientes respuestas del Estado mexicano”.
Este reporte brindará información al Relator sobre los crímenes cometidos en México contra migrantes de cara al informe final que presentará en abril próximo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual se basará en sus conclusiones de la visita que realizó el año pasado, pero también en las nuevas contribuciones que haga la sociedad civil.
Las denuncias sobre la falta de datos y por ende de investigaciones fiables sobre la desaparición y homicidio de migrantes se basan en tres hechos particulares: la masacre de 72 migrantes ocurrida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; el hallazgo en los años siguientes de 47 fosas clandestinas con 193 restos en ese mismo municipio; y los 49 restos que fueron abandonados en Cadereyta, Nuevo León en 2012.
“Las tres masacres analizadas no son los únicos casos de asesinatos o ejecuciones de personas migrantes, pero el gobierno mexicano no tiene contabilizadas o sistematizadas el número de víctimas que pudieran ser personas migrantes, lo que también impide tener políticas públicas de prevención y acceso a la justicia focalizadas”, cita el informe.
La Red Regional Verdad y Justicia alertó al relator de la ONU que en México no hubo instancia de gobierno que tuviera información sobre los migrantes desaparecidos en el país y que la única cifra que obtuvo fue la que entregó el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas —dependiente de Gobernación— que indicó que en el país sólo hay dos mujeres extranjeras desaparecidas.
Con solicitudes de información que realizaron en otros países citan que en Honduras se tiene registro que de 2010 a la fecha existen 541 migrantes no localizados; mientras que en El Salvador, desde 2005, se conoce el caso de 1,584 personas con las que se perdió contacto en México.
Falta de mecanismos para la búsqueda de personas desaparecidas y acceso a la justicia
Las organizaciones que son parte de la Red y firman el documento entregado al relator de la ONU alertan de que cuando ocurre un caso de desaparición de migrantes las familias difícilmente tienen acceso a la justicia pues no hay mecanismos para que puedan denunciar y dar seguimiento el delito que ocurrió en México.
De igual manera, el documento también denuncia que aunado a que no hay datos sobre cuántos migrantes podrían haber desaparecido en el país, no hay mecanismos eficaces para buscarlos.
En abril del 2013 se decretó la instalación de una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas como parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Dicha Unidad se estableció en el mes de junio del 2013. Sin embargo, hasta la fecha, esta unidad no cuenta con un mecanismo nacional articulado y más bien atiende de manera individualizada los casos que van llegando a sus oficinas en el Distrito Federal, sin una estrategia unificada.
Con el fin de dar solución a los problemas mencionados y de evitar que se continúen generando estos, en marzo de 2012 un grupo de organizaciones y el Equipo Argentino de Antropología Forense, han propuesto la conformación de una Comisión de Expertos Forenses. Ésta, en conjunto con personal de la Procuraduría General de la República, realizaría intercambios de métodos de trabajo y buenas prácticas en la identificación de los restos relacionados con la Masacre de los 72 en Tamaulipas, las fosas clandestinas en San Fernando y también los restos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, así como en los casos de descubrimientos recientes.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, a que en el ámbito de sus atribuciones y con base en la propuesta presentada por diversas organizaciones en marzo de 2012,4 genere un mecanismo permanente de intercambio de información forense entre los países de Centro y Sudamérica a fin de crear protocolos de todas las fases de identificación, desde recabar información, pruebas, elaboración de dictámenes periciales, notificación a las familias, seguimiento de los casos y notificación a las familias a fin de que la PGR logre aplicar dichas prácticas en su trabajo habitual.
Notas
1 Sobre la tolerancia de las autoridades, sirve recordar que el diario La Jornada reportó que “el gabinete de seguridad nacional [del gobierno mexicano] conocía bien desde finales de 2009 (...) que el cártel de Los Zetas secuestra a migrantes y los amenaza para que colaboren con ese grupo criminal a cambio de 5 mil pesos a la semana por realizar robos, asesinatos y participar en los plagios de sus propios compatriotas”, y sin embargo, sólo después de descubierta la tragedia de los 72 migrantes asesinados en agosto de 2010, hizo un llamado internacional sobre el tema. Las fuentes que cita el diario son “castrenses y la Procuraduría General de la República”. Véase “Desde hace más de un año las autoridades sabían que Los Zetas secuestran migrantes”, La Jornada, 19 de octubre de 2010. Se encuentra disponible en línea en http://www.jornada.unam.mx/2010/10/19/013n1pol
2 “Falta vigilancia en San Fernando”; Reforma (México, 02 de mayo de 2011).
3 Disponible en línea en http://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2013/06/INFORME-REL ATOR-EJECUCIONES-EXTRAJUDICIALES-140413.pdf
4 Propuesta presentada al Gobierno Federal en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 23 de marzo de 2012. Vid: htttp://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Sessio n=125
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2014
(rúbrica)