Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4010-II, lunes 28 de abril de 2014
De la Comisión de Deporte, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y del Ejecutivo en los estados y los municipios, así como al jefe de gobierno y delegacionales del Distrito Federal, a mejorar las condiciones de seguridad en espectáculos y encuentros deportivos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
1. El pasado 4 de febrero de 2014, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y del Ejecutivo de los estados y municipios, así como el jefe de gobierno y jefes delegacionales del Distrito Federal, para que incrementen las condiciones de seguridad en espectáculos y eventos deportivos.
2. Con fecha 28 de marzo de 2014, la Mesa Directiva turnó dicho asunto a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, mediante el número de expediente 4142, a través del oficio número D.G.P.L. 62-II-5-1606, de fecha 27 de marzo de 2014.
II. Contenido de la proposición
El diputado proponente sostiene que el nivel de pasión que estimula a los aficionados de algunos deportes como el futbol soccer, llega a provocar altas concentraciones de adrenalina, la cual, acompañada de otros factores multidimensionales, ha derivado en la proliferación de diversos y muy lamentables actos de violencia, particularmente en aquellos espacios públicos destinados a su desarrollo o exhibición multitudinaria, sean estadios deportivos, gimnasios, carpas o domos.
Afirma también que un análisis noticioso nos permite identificar que en la mayoría de dichos enfrentamientos violentos, éstos son provocados y participan de manera deliberada, personas o grupos organizados, cuyo comportamiento puede ser equiparado con los hooligans que proliferaron en los encuentros deportivos de la década de los sesenta, debido a la mala fama de los hinchas ingleses cuando viajaban, tanto al extranjero como fuera de sus localidades, para animar a su club o al equipo nacional.
La violencia organizada en los espectáculos y encuentros deportivos no es sólo un fenómeno inglés; también se ha extendido a otros países, como los ultras de Italia, las torcidas en Brasil o las barras bravas en Argentina, y están presentes en nuestro país, a los que suele llamárseles ultras, barras o porras.
Asimismo establece, que derivado del comportamiento fanático de estos grupos de aficionados, el espectáculo y disfrute masivo de este deporte en el país se ha ido degradando paulatinamente, perdiendo ese atractivo que propiciaba la reunión familiar, la sana convivencia social y el enaltecimiento de valores deportivos como el esfuerzo, el trabajo conjunto y el respeto, entre otros.
Ahora es más frecuente encontrar en estos encuentros deportivos múltiples choques entre seguidores y elementos de seguridad, aficiones rivales e incluso entre los propios integrantes de una misma barra.
Afirma también que en los últimos dos años, estas manifestaciones de violencia en los estadios se han incrementado de manera alarmante, siendo el mes de febrero de 2013 su punto más álgido, sin que las autoridades pudieran tomar control de la situación hasta los hechos ocurridos el pasado sábado 22 de marzo del año en curso.
Asimismo da ejemplos de la violencia en este tipo de eventos, como la sucedida en febrero de 2013, las porras de los equipos Toros Neza y del América se enfrentaron a las afueras del estadio Neza 86; asimismo, en los alrededores del estadio La Corregidora de Querétaro, un grupo de seguidores de los Gallos Blancos tuvo un enfrentamiento con la policía.
En el mismo mes, en las inmediaciones del estadio Omnilife, en Zapopan, Jalisco, otra riña entre seguidores de León y Chivas finalizó con 12 personas detenidas y 40 lesionadas; en la ciudad de San Luis Potosí, el cuerpo de seguridad que resguardaba la llegada de la porra del equipo Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se lió a golpes con ellos.
Este año, el 14 de enero, durante un juego entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Atlético San Luis, la violencia se desató en las tribunas del estadio Alfonso Lastras, luego de que aficionados del San Luis lanzaran petardos contra la afición rival. Otro hecho se suscitó el pasado 15 de febrero en el estadio Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, cuando aficionados del Monterrey invadieron la cancha del estadio, lo que generó la reacción de los elementos de seguridad.
Sin embargo afirma que el 22 de marzo de 2014, en el estadio Jalisco, de Guadalajara, la violencia llegó al grado más alto, terminado con saldo rojo, cuando no más de 20 miembros de las fuerzas policiales municipales trataron de detener a unos jóvenes, con las consecuencias que ya diversos medios de comunicación han documentado.
Ante estas manifestaciones de violencia organizada en los espectáculos y encuentros deportivos, el diputado Bribiesca sostiene que es improrrogable que las autoridades futbolísticas, sean los presidentes y directivos de los equipos deportivos, así como las públicas, en los tres órdenes de gobierno y los propios aficionados, tomen con mayor seriedad las manifestaciones de violencia e instrumenten los mecanismos necesarios para hacerle frente, con rigor y eficacia, a fin de que prevalezca el juego limpio, dentro y fuera de las canchas.
La violencia y sus consecuencias no se arreglan con sanciones económicas y vetos a los estadios deportivos, con la expulsión de las barras, con ruedas de prensa o mantas a favor de la paz.
Afirma también que como legisladores, se tiene la obligaci6n impulsar la plena vigencia del estado de derecho y en este sentido, existe el marco regulatorio pertinente, mediante la aplicación de Ley General de Cultura Física y Deporte, con articulados y un capítulo específicamente destinados a prevenir y erradicar la violencia.
Si bien se requiere la pronta y expedita promulgación de su marco reglamentario, a fin de crear y dotar de la operatividad necesaria a la comisión especial contra la violencia en el deporte, la no existencia de un reglamento no debe impedir que se establezcan las condiciones necesarias para la debida protección a las y los ciudadanos de este país para que disfruten con absoluta seguridad un espectáculo deportivo, no importando el rol que en ese momento desempeñen, sean aficionados, deportistas, comerciantes e incluso, como miembros de las fuerzas de seguridad encargadas del orden.
Los argumentos antes descritos dan lugar a los siguientes puntos petitorios de los que consta la proposición:
Primero. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a difundir y hacer públicas en los medios electrónicos de esa comisión las acciones destinadas a crear la comisión especial contra la violencia en el deporte, así como las políticas públicas y directrices destinadas a prevenir y erradicar la violencia en los espectáculos y encuentros deportivos del país.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la representatividad de las asociaciones deportivas nacionales en materia de futbol soccer en sus diferentes niveles y categorías, a establecer medidas que incrementen el grado de seguridad e integridad física de los aficionados que acuden a los espectáculos y encuentros deportivos del país.
Tercero. Se exhorta de manera respetuosa a los titulares del Ejecutivo en las entidades federativas y municipios del país, así como a los jefes del gobierno y delegacionales en el Distrito Federal, a implantar, en el marco del pleno respeto de los derechos humanos, medidas orientadas a hacer prevalecer el orden en encuentros y espectáculos deportivos, considerando en tales efectos el trayecto, el acceso y la permanencia de los aficionados en los inmuebles y áreas donde éstos se desarrollen.
III. Análisis, discusión y valoración de la proposición
Los diputados integrantes de la Comisión de Deporte analizaron la argumentación de la proposición presentada por el diputado promovente, respecto de la congruencia que guarda con el marco normativo vigente en la materia, asimismo los aportes vertidos por los diputados al momento de la reunión ordinaria dieron origen a las siguientes:
IV. Consideraciones de la comisión dictaminadora
La proposición objeto del presente dictamen, tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a que difunda y haga públicas en los medios electrónicos de esa comisión las acciones destinadas a crear la comisión especial contra la violencia en el deporte, así como las políticas públicas y directrices destinadas a prevenir y erradicar la violencia en los espectáculos y encuentros deportivos del país, asimismo, en coordinación con la representatividad de las asociaciones deportivas nacionales en materia de futbol soccer en sus diferentes niveles y categorías, a establecer medidas que incrementen el grado de seguridad e integridad física de los aficionados que acuden a los espectáculos y encuentros deportivos del país.
De igual forma, en su exhorto se dirige a los titulares del gobierno de las entidades federativas y municipios del país, así como a los jefes del gobierno y delegacionales en el Distrito Federal, a implantar, en el marco del pleno respeto de los derechos humanos, medidas orientadas a hacer prevalecer el orden en encuentros y espectáculos deportivos, considerando en tales efectos el trayecto, el acceso y la permanencia de los aficionados en los inmuebles y áreas donde éstos se desarrollen.
En tal virtud resulta necesario puntualizar, que hasta antes de las reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de junio de 2013, la ley en su fracción VIII del artículo 2, ya contemplaba en sus finalidades generales y mediante el establecimiento de bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, la promoción de las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas.
Para el cumplimiento del objetivo anterior, la ley ya establecía un capítulo referido a la prevención de la violencia en el deporte, mismo que contemplaba una serie de acciones aplicables a todos los eventos deportivos, sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en la materia dicten la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Asimismo la Conade podría asesorar en la materia, dentro del ámbito de su competencia, a los organizadores de eventos deportivos cuando así fuera requerido.
En esta ley vigente hasta el año 2012, ya se contemplaba la creación de una comisión especial contra la violencia en el deporte que sería la encargada de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte, misma que tendría entre sus atribuciones:
Promover e impulsar acciones de prevención contra la violencia en el deporte;
Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social;
Asesorar, dentro del ámbito de su competencia siempre que lo requieran, a los organizadores de aquellos eventos o espectáculos deportivos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos;
Coadyuvar con las dependencias administrativas involucradas en la realización de eventos deportivos, procuradurías, áreas de seguridad pública y protección civil de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios;
Establecer los lineamientos que permitan llevar a cabo los acuerdos o convenios de colaboración entre los tres niveles de gobierno en la materia, los requisitos y normas mínimas que deben cumplir las instalaciones donde se lleven a cabo eventos deportivos, sin perjuicio de las establecidas por protección civil, y las medidas que se consideren necesarias para la prevención de la violencia en los eventos deportivos;
Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia y la discriminación a fin de retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte;
Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) sobre la implementación de medidas tendientes a erradicar la violencia y la discriminación en el desarrollo de sus actividades y la celebración de eventos deportivos;
Brindar asesoría a quien lo solicite, en materia de prevención de la violencia en el deporte, y
Las demás que se establezcan en esta ley, su reglamento y demás ordenamientos aplicables.
No obstante lo anterior, la aplicación de estas medidas no han tenido como resultado una disminución significativa de la violencia en los eventos deportivos, por lo que se consideró necesario a través de las recién aprobadas reformas a la ley en comento; tanto por la Cámara de Diputados en fecha 27 de marzo del año en curso y asimismo por la Cámara de Senadores, fortalecer el contenido de la ley en esta materia, así como a la Comisión Especial para la Prevención de la Violencia en la celebración de espectáculos deportivos, garantizar la prevención, el control y la sanción de la violencia, en beneficio de las familias, de los aficionados, de los deportistas, de los directivos y organizadores y de la sociedad mexicana en general, amparando y preservando la vida, la integridad física de los asistentes a eventos deportivos y el patrimonio de quienes subsisten a través del deporte, velar por el desarrollo apropiado de los eventos deportivos, a través del establecimiento de bases precisas de coordinación y colaboración entre las autoridades deportivas, administrativas y de seguridad de los tres ámbitos de gobierno.
Con las reformas en este rubro se pretende contribuir a establecer condiciones desde el ámbito legislativo que contribuyan a prevenir y sancionar la violencia en eventos deportivos, con la finalidad de erradicarla y conservar este tipo de espectáculos, puntos de encuentro familiar, social y cultural en los que se privilegie la sana convivencia y el espíritu deportivo.
En este orden de ideas, estas reformas ya contemplan la promoción de las acciones necesarias para sancionar a quienes ejerzan violencia en el deporte, con objeto de hacer efectivas las disposiciones tendientes a castigar a quienes atentan contra la seguridad de las personas y los bienes en ocasión de la celebración de espectáculos deportivos.
Asimismo, ya se contempla el establecimiento del objeto, las bases y las obligaciones de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad en eventos deportivos masivos, independientemente de su naturaleza profesional o amateur, así como, particularmente las obligaciones y la participación de las autoridades deportivas, de los propietarios de recintos, de los organizadores y de los dueños o representantes de los equipos o clubes involucrados en el deporte de espectáculo.
De igual forma, se precisan y distribuyen con claridad las responsabilidades, competencias y mecanismos para una coordinación efectiva, con respeto pleno a las atribuciones que a cada quien le corresponden de acuerdo con su ámbito de competencia.
En ánimo de que también las entidades federativas, municipales y el Distrito Federal sean partícipes de la colaboración para erradicar este tipo de conductas que afectan de manera grave la sana convivencia en los eventos deportivos, se tiene contemplado que en cada estado de la República mexicana y en el Distrito Federal, funcione una representación de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, integrada por las instancias estatales de los que integran la comisión especial, estas representaciones tendrán por objeto la ejecución de los acuerdos, políticas y acciones que determine la comisión especial en sus respectivos ámbitos territoriales.
En tal virtud, las y los integrantes de esta comisión, han considerado innecesario realizar tales exhortos, con la finalidad de permitir que las reformas y adiciones recién aprobadas en el marco regulatorio referente a la materia y aún pendientes de publicación en el Diario Oficial de la Federación, tengan aplicación en el territorio nacional e impacten directamente en la solución de este problema.
Por las consideraciones expuestas, las y los integrantes de la Comisión de Deporte, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea los presentes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con base en las consideraciones señaladas.
Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro
La Comisión de Deporte
Diputados: Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renan Sosa Altamira (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega (rúbrica en abstención), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica en abstención), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Jorge Salgado Parra (rúbrica), Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Arturo Escobar y Vega, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica).
De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar aldirector general de Desarrollo Urbano y Suelo que haga del conocimiento público el avance del programa Impulso al Desarrollo Regional y Territorial
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, haga del conocimiento público el avance del programa Impulso al Desarrollo Territorial y Regional.
En uso de las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, 84, 85, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se abocó al análisis, discusión y valoración de la proposición, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
I. Antecedentes
1. En sesión ordinaria celebrada el 4 de marzo de 2014, el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, haga del conocimiento público el avance del programa Impulso al Desarrollo Territorial y Regional, en relación al presupuesto por 7.6 millones de pesos aprobados para el ejercicio fiscal 2013.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la proposición con punto de acuerdo a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen.
II. Contenido de la proposición
1. El proponente hace mención del Programa de Impulso al Desarrollo Regional y Territorial cuya unidad responsable es la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, refiere que dicho programa canaliza recursos a los fideicomisos para el desarrollo regional que tienen como objeto fomentar y canalizar apoyos a estudios y proyectos que hayan sido identificados por los fideicomitentes, como detonadores del desarrollo económico y social de sus regiones.
2. Indica que de conformidad al reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en su artículo 13 se establece lo siguiente:
De las atribuciones genéricas de los titulares de Unidades, Coordinación General y Direcciones Generales, fracción VI. Proporcionar información, datos y la cooperación que sea requerida al área de su competencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como atender y desahogar las peticiones que le formulen... y fracción XVI. Instrumentar la operación de los programas a su cargo, supervisar el ejercicio de los recursos...
3. Manifiesta que el multicitado programa no está sujeto a reglas de operación, por lo cual se desconocen los lineamientos sobre los cuales se erogan los recursos presupuestados, menciona también que se ignora el cumplimiento del programa en relación al recurso presupuestario.
4. Finalmente, el legislador luego de realizar una búsqueda electrónica en la siguiente dirección: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id= 4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n¶mts=0=L511581, expresa que no se presenta una Matriz de Indicadores para Resultados del Programa de Impulso al Desarrollo Regional y Territorial, por lo que en su proposición concluye solicitando lo siguiente:
Primero. Que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga de conocimiento público las razones por las cuales no se presenta la Matriz de Indicadores de Resultados en su portal de transparencia presupuestaria respectiva al Programa Impulso al desarrollo territorial y regional.
Segundo. Que el titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano haga de conocimiento público, los motivos por los que no se ha ejercido nada del presupuesto 2013 que asciende a 7.6 millones de pesos aprobado para el ejercicio fiscal 2013, pese al calendario de gasto establecido.
III. Consideraciones
1. Este órgano parlamentario reconoce al proponente el objetivo de vigilar el correcto uso de los recursos públicos así como dar seguimiento a la aplicación de éstos.
2. Ahora bien, a fin de corroborar lo manifestado por el proponente se procedió a verificar qué tipo de información se despliega al introducir la dirección electrónica proporcionada por el legislador, teniéndose que esa dirección marca error al abrir la página. Sin embargo, al visitar la dirección http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx y abrir el link Sistema de Evaluación del Desempeño en la sección o apartado Programas se encontrará un cuadro que permite encontrar Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) históricas por Función o Dependencia o Entidad y al desplegar por Dependencia lo que se refiere a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encontrará la MIR del Programa de impulso al desarrollo regional y territorial.
3. No obstante que este órgano legislativo, contrario a lo manifestado por el proponente, localizó la matriz de indicadores para resultados correspondiente al Programa de Impulso al Desarrollo Regional y Territorial.
4. No pasa por alto lo que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo 79, numeral 3:
3. Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, de información a una dependencia gubernamental, o peticiones para citar a comparecer a algún servidor público del Poder Ejecutivo Federal, no serán consideradas como proposiciones. Estas se sustanciarán de la siguiente manera:
I. Las gestiones deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas;
II. Las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán presentarse de manera directa ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en los términos que ésta determine;
III. Las solicitudes de información, a la dependencia gubernamental que corresponda, y
IV. Las peticiones para que una comisión se reúna con algún funcionario público del Poder Ejecutivo Federal, deberán hacerse conforme a lo establecido en la Ley.
Con base en lo anterior, es claro para esta dictaminadora que no puede ser considerada como proposición la solicitud de información que plantea el diputado José Luis Muñoz Soria y en consecuencia como lo establece el Reglamento de la Cámara de Diputados, el trámite pertinente es formular la solicitud de manera directa a las dependencias correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, que haga del conocimiento público el avance del programa Impulso al Desarrollo Regional y Territorial, presentada por el diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 4 de marzo de 2014.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de abril de dos mil catorce.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Diputados: Jorge Herrera Delgado, presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez, Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Román Quián Alcocer (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).