Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN

Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del diputado Federal Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un estudio del Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado en el riñón, totalmente asintomática en las etapas iniciales, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, originada por diversas causas.

Estas alteraciones pueden presentarse en las funciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. Si la función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal.

Luego de la aparición de los primeros síntomas, que generalmente se detectan cuando ya se encuentran en etapas muy avanzadas, (alrededor del 60%), de la Enfermedad Renal Crónica, le siguen las complicaciones propias del síndrome urémico, y se manifiesta mediante alteraciones.

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un grave problema de salud pública, ya que 1 de cada 10 mexicanos sufre de algún nivel de lesión renal, generando un alto costo social y económico, en el que se estima que cada año son alrededor de 35,000 pacientes en todo el sistema de salud. La incidencia mundial promedio es de 300 a 400 nuevos casos por millón de habitantes por año, de estos el 20% son menores de 18 años.

Los principales factores de riesgo que influyen para presentar IRC, son prematurez y bajo peso al nacer (terapia intensiva, alimentación parenteral) infecciones urinarias de repetición, historia familiar de enfermedad renal, hipertensión arterial mal controlada, proteinuria persistente, hiperlipidemia, descontrol metabólico, hiperfosfatemia, sobrepeso y obesidad, procesos obstructivos, anemia, dieta hipocalórica e hipercolesterolemia. Además, la diabetes se constituye como la principal causa de Insuficiencia Renal (IR).

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la IRC es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.

Junto con la hipertensión y la diabetes, la IRC es una enfermedad silenciosa, que por sus características, el costo de atención por paciente en unidades del sector salud, se encuentra en los 300 mil pesos al año.

Pero no es todo. Actualmente la IRC no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.

En septiembre de 2001 la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces Secretario de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención..

El método sencillo y no invasivo para detectar datos sugerentes de Insuficiencia Renal Crónica consiste en la realización de un examen general de orina, en el que se pueda observar la posible pérdida de proteínas, lesiones en el riñón, infecciones y demás anormalidades como por ejemplo, la presencia de albumina y cristales. El costo de este examen oscila entre los 40 a 50 pesos.

Otro método complementario para detectar IRC es mediante un examen en sangre llamado de química sanguínea, que arroje la predisposición a ésta y otras enfermedades. El costo de un examen de este tipo oscila en los 400 pesos.

Por tanto, por su importancia y costo, la prueba idónea para detectar tempranamente en los niños(as) manifestaciones de la IRC, es el examen general de orina, realizándolo a los 6 y 12 meses de edad en niños con factores de riesgo mencionados y continuar con un examen anual. Aquellos niños (as) sin factores de riesgo practicarlo a partir del año de edad.

Una vez detectado algún dato de alarma, se le otorgará al familiar asesoría médica para consolidar el diagnóstico y seguimiento del paciente e iniciar tempranamente, el tratamiento adecuado de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) para neutralizar el daño, acompañado de una dieta saludable, para evitar factores que puedan aumentar el daño renal.

Además de lo anterior, existen una serie de tratamientos sustitutivos y restitutivos de la función renal, con ventajas e inconvenientes, como por ejemplo, el más utilizado es la diálisis peritoneal intermitente o intrahospitalaria, diálisis peritoneal ambulatoria o diálisis en casa hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal es mediante el trasplante renal, principalmente. En estos casos el costo es alto, por los implementos a adquirir aunado a que es un gasto de manera permanente para subsistencia del paciente. El costo del trasplante renal definitivamente es muy costoso con el riesgo de que el cuerpo del paciente rechace el órgano donado.

Ahora bien, el examen general de orina que proponemos incorporar al esquema de la cartilla nacional de vacunación o como un tamizaje de detección de lesión renal temprana, ha sido un caso de éxito en otras naciones.

Japón incorporó a su sistema de salud a principios de la década de 1970, el análisis de orina para detectar la enfermedad renal, implementado para todos los trabajadores y niños en edad escolar. Esta política pública trajo consigo la reducción de gastos en tratamiento correctivo de IRC.

Primero, el Ministerio del Trabajo en Japón puso en marcha un programa de examen de salud obligatorio en todo el país que incluía los exámenes de química sanguínea y el general de orina. En 1974 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Japón inició el programa obligatorio en las escuelas públicas, con los alumnos de 6 a 18 años.

Una de las principales estrategias en la implementación de esta política pública en el ámbito escolar, ha sido establecer un sistema de monitoreo para niños, en el que reciben un análisis de orina gratuito, en el programa de exámenes de salud escolar, o bien, lo podríamos solicitar a través de la institución escolar como un requisito a su ingreso y posteriormente solicitarlo de forma anual.

Si al niño le es detectada alguna alteración que en un futuro pueda transformarse en una IRC, es derivado al médico familiar que le corresponda, a efecto de iniciar un tratamiento oportuno con miras a devolver la funcionalidad en un 100 por ciento de sus riñones.

Para el caso de los trabajadores de Japón el análisis anual de orina es gratuito y de presentar alguna anomalía, son derivados a su médico familiar para iniciar el tratamiento que en la mayoría de los casos, es corregible.

Esta política pública tiene como consecuencia, que para el 2010 Japón sea el país con la menor incidencia de IRC en el mundo, con una tasa de 280 casos por millón de habitantes, Estados Unidos con 300 y México presenta más de 500 casos por millón de habitantes hasta el 2011.

Como consecuencia de esta política pública, en 1979 se redujo el gasto en tratamiento correctivo y para 1983 estaba incorporado a la cultura de salud de la ciudadanía de Japón.

Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2010 habría unos 120 mil mexicanos con IRC, pero con la necesidad de recibir un trasplante de riñón.

A falta de datos precisos, en la actualidad se afirma que la IRC y otras enfermedades renales, como la nefritis o nefrosis, están entre las 10 principales causas de muerte en México.

Un comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos señala, que la incidencia en México se había duplicado, al pasar de 200 en 2001, a más de 500 en 2011. Este dato se basa en reportes del estado de Jalisco, que la reporta como causa importante de morbi-mortalidad infantil, se incorporan entre 220 a 250 nuevos casos pediátricos en ERC por año, ocupando el onceavo lugar en el grupo de 1 a 4 años y el segundo en el de 10 a 19 años, que es la única entidad federativa que reporta a dicho Sistema norteamericano.

En el mundo, poco a poco la Insuficiencia Renal Crónica avanza como un problema de salud pública. Apenas en julio de 2013, la Organización Mundial de la Salud, hizo la correspondiente declaratoria de las comunidades agrícolas de El Salvador, y así de manera silenciosa, avanza la IRC sobre el humano.

Luego entonces, el objeto de esta proposición, es exhortar a la Secretaría de Salud, a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente al examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

Además, exhortamos a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente a la práctica de un examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), a los 6 y 12 meses de edad, y posteriormente, una vez al año.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Bibliografía :

Médica Efectiva, Práctica. Volumen 2 – Número 6. Junio 2000. Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v2n6.pdf

Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Viernes 28 de septiembre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270654&fecha=28/09/2012

La enfermedad renal crónica problema de salud pública en México. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/la-enferm edad-renal-cr-nica-problema-de-salud-p-blica-en-m-xico

Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un problema grave de salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.paho.org/hq../index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3Akidney-disease-of-unknown-causes-in-agricultural-communit ies-in-central-america-is-declared-a-serious-public-health-problem& catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.

Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Isaías Cortés Berumen (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex

Los suscritos, integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La importancia del sector energético como pieza fundamental y estratégica de la economía de nuestro país, es un tema que se ha venido discutiendo en los últimos meses, y que ha permitido reformar la Constitución en aras de hacer el sector energético más productivo, competitivo y eficiente para el desarrollo del país.

Para el desarrollo de sus actividades y entre la pluralidad de instalaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con seis refinerías, operadas por Pemex Refinación, las cuales están ubicadas en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca, así como en Minatitlán, Veracruz.

La presente proposición con punto de acuerdo es referente a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, localizada en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.

Las inquietudes manifestadas en la presente, son resultado de los trabajos in situ que la Comisión Especial de prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex; ha llevado a cabo en refinerías y plataformas petroleras de la paraestatal, convocados por la diputada Rocío Abreu Artiñano, presidenta de esta comisión.

El pasado 4 de noviembre de 2013, se realizó una visita de trabajo por parte de los legisladores integrantes de esta comisión especial, a las instalaciones de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en la cual pudieron ser testigos de sus particularidades y de sus principales problemáticas, referentes a la necesidad de adquisición de una planta coquizadora para procesar residuos de la refinería; y el problema de seguridad que consiste en la reubicación del área de llenado de autotanques, fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio.

Dicha refinería, se encuentra en operación desde el año de 1950, y es considerada estratégica para Pemex Refinación, pues actualmente recibe diariamente 197 mil barriles de petróleo , de los cuales 30 por ciento se traduce en gasolina; 19 por ciento en gas; 26 por ciento en diesel y el resto en lubricantes.

La refinería Ingeniero Antonio M. Amor, por sus siglas conocida como RIAMA es la única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico, que se distribuyen en todo el país, además de ser importante por el abastecimiento de hidrocarburos a los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

La Comisión Especial de Pemex, considera prioritario dar puntual seguimiento a la adquisición de la planta coquizadora para esta refinería, que se ha venido postergando en los últimos años, y que está programada en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014-2018 publicado por Pemex en noviembre de 2013, el cual podrá sufrir modificaciones ante la prontitud de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética en este Congreso de la Unión.

El objetivo número 5 de dicho plan se enfoca en la reconfiguración de la refinería de Salamanca, con el propósito de modernizarla e incrementar su capacidad de procesamiento de crudo y aprovechar las corrientes de residuales en la generación de productos de mayor valor.

Para la refinería, los alcances proyectados para el periodo 2014-2018 consideran la construcción y adecuación, entre otras unidades, de una planta de coquización retardada.

La importancia de la adquisición de una planta coquizadora para la RIAMA, radica en que será de utilidad para el reciclaje de residuos, mediante el proceso de coquización, y su conversión al llamado “coque de petróleo” que puede ser aprovechado mediante procesos posteriores, para la producción de combustibles.

Si bien las plantas de coquización retardada realizan un proceso muy similar al de la planta U-10 de la refinería de Salamanca, en la cual a todos los subproductos de desecho se les somete a presión y alta temperatura para convertirlos en petróleo, su adquisición aumentaría significativamente el procesamiento de los residuos a la par de las refinerías de Madero y Cadereyta, de manera más eficiente y moderna. Con la adquisición de la planta coquizadora, se podrán procesar cada 24 horas otros 40 mil barriles de petróleo, es decir cerca de 240 mil barriles en total.

En cuanto a seguridad en la refinería, el problema radica en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) específicamente donde se ubican las denominadas “llenaderas” de autotanques; pues se considera que este procedimiento genera un importante riesgo para la población aledaña, ya que el ingreso a la TAR se realiza a través de la zona urbana del municipio, específicamente en la calle Héroes de Cananea.

En las reuniones de trabajo de esta comisión especial, los legisladores han puesto de manifiesto el tema de la seguridad en las instalaciones de la RIAMA, así como para el municipio de Salamanca, en especial el diputado Genaro Carreño Muro, quien es testigo de las condiciones de seguridad, y de las afectaciones que los trabajos de la paraestatal generan al municipio.

Por lo que se considera urgente que la paraestatal considere la reubicación del área de las llenaderas de autotanques fuera de la refinería y de la zona urbana del municipio, para con ello evitar accidentes que pudieran suscitarse en las instalaciones; y librar el ingreso de pipas que representan un riesgo latente para los habitantes de la ciudad.

Actualmente las pipas ingresan a las instalaciones de la refinería, en particular a la estación de llenaderas por la puerta 5, para cargar combustóleo, aceite, asfalto, gasóleo, azufre, parafinas, etcétera. El tránsito de las pipas en la puerta 5 siempre será de riesgo porque se encuentra cerca del sector del separador de aceites, lo que representa un riesgo latente para la población ante una situación de emergencia.

Si bien Pemex cuenta con normas, códigos y especificaciones que regulan sus organismos subsidiarios, así como con planes de seguridad para los procesos de la industria petrolera en sus instalaciones, es necesario considerar una efectiva reconfiguración de las instalaciones de la RIAMA, que permita adecuarlas a los nuevos procesos y a las nuevas consideraciones en seguridad y medio ambiente, sin poner en riesgo a los habitantes de las zonas cercanas al centro de trabajo.

Es por ello, que resulta de suma importancia, que en el marco del plan de negocios 2014–2018 de Pemex, y considerando sus posibles modificaciones con motivo de la reforma energética, se considere la pronta adquisición de la planta de coquización retardada para la refinería de Salamanca; y dar un mejor uso y mayor aprovechamiento de desechos. De igual forma, resulta primordial el tema de la seguridad de sus instalaciones, en particular, la reubicación de las llenaderas fuera de la TAR, por constituir un riesgo para los trabajadores de las instalaciones locales, así como para los habitantes del municipio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, se concrete, a la brevedad posible, la adquisición de una planta de coquización retardada, para la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, con la finalidad de dar un mejor uso y mayor aprovechamiento a los residuos de la industria en estas instalaciones.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a considerar la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca; lo anterior, en beneficio de los trabajadores y habitantes de la región y para preservar la seguridad de los mismos durante la carga de materiales de la refinería.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputados: Genaro Carreño Muro (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica a investigar sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, especialmente respecto a los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Antonio León Mendívil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos, así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Lo que está ocurriendo en estos momentos con los mercados del sector agropecuario debe preocuparnos a todos, y no solamente a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, sino al Ejecutivo federal y a las autoridades locales y municipales por igual.

En las regiones productoras, se desplomó el precio del frijol a 6 pesos el kilogramo; el maíz a 2.80 pesos el kilogramo; el litro de leche a 4.00; el sorgo a 2 mil 500 pesos tonelada. Igual ocurre con el precio del trigo y de la caña de azúcar; y como sabemos, para el caso de la manzana simplemente la situación es de ruina completa, al grado que algunos productores optaron por derrumbar sus plantaciones para usar los árboles como leña.

En el otro extremo de la cadena, las cosas no están mejor para los millones de consumidores de los productos agropecuarios. El consumidor final está pagando a más de 20 pesos el kilogramo de frijol, a 15 pesos el kilogramo de tortilla; a 30 pesos el kilogramo de manzana; a 15 pesos el litro de leche; a 100 pesos el kilogramo de carne y hasta 60 pesos el kilogramo de limón.

Sé que en esta honorable asamblea legislativa, ya no es ninguna novedad decir que el campo mexicano se encuentra devastado y en ruinas; pero no por eso el hecho es menos cierto. Y más ahora cuando al fracaso de las políticas institucionales de las dos últimas décadas y a los desastres naturales, se suma el desplome de los precios de prácticamente todos los productos agropecuarios.

Hay en el país 14 millones de mexicanos con hambre, por no poder pagar los precios prohibitivos de los alimentos; y en el medio rural, 18 millones viven en la pobreza por el abandono en que tenemos las unidades productivas y por los precios de ruina que recibe el campesino en la venta de sus productos.

¿Qué está ocurriendo en la producción y en el mercado del sector agropecuario? ¿A dónde van a parar los 336 mil millones de pesos del programa especial concurrente aprobados por esta Cámara para el campo?

Del presupuesto público se construye infraestructura carretera y grandes sistemas de riego en el campo, se dan incentivos al acopio y la comercialización, se pagan coberturas de precios, se brindan tarifas arancelarias flexibles para incentivar la exportación y las importaciones agropecuarias, se aplican incentivos indirectos a través del fisco; y sin embargo, el campo no se levanta, no se capitaliza, no se incrementa la producción, seguimos importando para el consumo nacional casi el 50 por ciento de los productos agropecuario y, sobre todo, los precios al consumidor final no bajan.

¿Por qué se dificulta la comercialización de las cosechas de granos en un mercado con millones de personas con hambre?

¿Por qué a pesar de la gran cantidad de recursos fiscales invertidos no se puede transitar a un mercado competitivo y eficiente?

¿Por qué los campesinos reciben precios bajos y los consumidores pagan precios caros de los alimentos? ¿A dónde va a parar ese diferencial de precios?

¿Por qué, si tenemos mecanismos reguladores en otros mercados, no se logra regular el mercado agropecuario?

La respuesta es que se han impuesto en el campo mexicano a lo largo de más de dos décadas, procedimientos de concentración del crédito, de la producción, de los servicios, de los mercados, de la información privilegiada, del acopio y de la distribución.

La respuesta es que la mayor parte de los subsidios al campo y el enorme margen de comercialización y de ganancias ilegítimas, se lo están llevando un puñado de acopiadores y comercializadores que actúan impunemente en el mercado de los alimentos. Este grupo de grandes empresas agropecuarias, integran la cadena verticalmente desde el surco hasta el consumidor final, arruinando al productor y abusando sistemáticamente del consumidor, muchas veces especulando con los alimentos y siempre estableciendo precios de acaparadores.

En las condiciones de monopolio, los miles de millones de pesos del presupuesto federal orientados al sector, solo sirven para apuntalar a los oligopolios que elevan en forma insultante sus ganancias ilegales.

Esta estructura ineficiente y perversa, segmenta al mercado, es decir que aleja a los miles de productores de granos, de los millones de consumidores finales, dejando en unos pocos actores dominantes, que agregan poco o ningún valor pero se apropian de una proporción indebida del manejo de los mercados.

No obstante que esta situación es del dominio público y de sobra conocida por las autoridades del sector, no se toman medidas eficaces para evitar las prácticas monopólicas y ordenar los mercados; inclusive la mayoría de las veces las mismas autoridades se vuelven cómplices de quienes manipulan los precios, al permitir la importación de productos agropecuarios en plena cosecha de la producción nacional.

En razón de lo anteriormente expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que lleve a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el mercado agroalimentario, relativo especialmente a la producción de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; al acopio, la determinación de precios y condiciones de compra para dichos productos; a la distribución y precios de insumos; así como la determinación de precios de comercialización de productos de origen nacional y los de importación, y sus ventas al menudeo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a que, como resultado de dicha investigación, formule recomendaciones a las autoridades de los ramos competentes a fin de mejorar la competencia en ese sector y evitar prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, incluyendo, según corresponda, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputado José Antonio León Mendívil (rúbrica).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semar, la Semarnat, la Profepa y la Conapesca a fortalecer las medidas de protección del pez totoaba, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Chris López Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México goza de un extenso litoral, mismo que ha servido para fortalecer la economía del país gracias a una actividad tan importante como es la pesca, la cual, dada la forma en que se ha ejercido en algunos momentos, también ha contribuido a que cientos de especies se encuentren en peligro de extinción.

En este orden de ideas, es preciso el analizar la amenaza ante la cual se encuentran diversas especies de peces, tal como lo refiere un estudio realizado por el Departamento de Hidrobiología y Biología de la Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa, donde se afirma que México posee una gran riqueza de peces: cerca de 2,300 especies marinas y de agua dulce, pero la sobrevivencia de al menos 16 de las primeras y de un tercio de las segundas está, de algún modo, comprometida.1

En este mismo estudio se afirma que los peces son la especie de los vertebrados más abundante pero también más amenazada, clasificando las causas de su extinción en naturales o producidas por el ser humano. La primera de estas causas de extinción de estas especies considera principalmente las características de un pez frente a otro como son: el tamaño de la población, la talla corporal, la relación con otras especies y la distribución geográfica, con énfasis en el endemismo.2

Por lo que refiere al ser humano como causa principal de extinción de las especies acuáticas (causas antropogénicas) encontramos la sobreexplotación, la destrucción del hábitat, la introducción de especies exóticas, la contaminación, el abatimiento de los cuerpos de agua y la pesca descontrolada.3

Si bien es cierto la pesca no es per se un factor primordial que contribuya a la extinción de especies marítimas, sí representa un peligro para las mismas cuando se realiza sin control por parte del Estado y sin tomar en consideración las necesidades de los pescadores, quienes en muchos momentos se ven acicateados por las necesidades económicas.

Actualmente, según lo refiere la Norma Oficial Mexicana NOM 59-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo , México cuenta con 169 especies de agua dulce de diversas categorías de riesgo, 8 extintas, 68 en peligro de extinción, 74 amenazadas y 19 bajo protección especial.

A lo largo del ejercicio de los diferentes gobiernos a cargo de la administración federal, se han tomado acciones y ejercido programas a través de los cuales se da especial cuidado al medio ambiente y lo que esto conlleva, no siendo la actual administración una excepción a esta regla, tal como lo revela el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 en el cual el Gobierno Federal establece acciones a través de las cuales se estima la protección y desarrollo del medio ambiente.

Nos referimos a la Estrategia 4.1.1, consistente en implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, considerando actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales y promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono. En este mismo documento, bajo la Estrategia 4.4.3, se propone fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, considera las siguientes líneas de acción en la materia: Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional en materia de cambio climático, biodiversidad y medio ambiente, lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad climática.4

Por su parte, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en su Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece como un objetivo Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural contemplando entre sus líneas de acción fortalecer los esquemas de manejo de ecosistemas y su biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas (ANP) para su salud y el mantenimiento de las poblaciones; fomentar la restauración de ecosistemas, para mantener y restablecer sus funciones, asegurando su conectividad y provisión de servicios ambientales; desarrollar e implementar programas para la conservación de las especies en riesgo, fortalecer las redes de vigilancia comunitaria para la protección, manejo y monitoreo de la biodiversidad; identificar zonas ambientalmente vulnerables para impulsar la recuperación y conservación de flora y fauna mediante programas de conservación de especies, y fortalecer el programa de conservación de especies en riesgo.5

Estas acciones, programas y estrategias reflejan la preocupación por el Gobierno Federal de proteger al medio ambiente, de coadyuvar al fortalecimiento y conservación de la biodiversidad. Podemos percatarnos de que estas acciones no son planes a corto plazo o que sean consideradas de fácil aplicación, pero sí resultan de suma importancia para el país y que no solo se limitan al medio ambiente, sino que repercuten en diversos sectores como son el turístico y económico.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es considerada como una de las instituciones con mayor importancia y más fuertes dentro de la materia ambiental, es en este sentido que dicho organismo también contempla estrategias y acciones a través de las cuales se propone disminuir los problemas ambientales y sus derivados. Tal como lo establece dentro de su Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2013-2018, el cual señala como objetivo número 3 la Inspección y Vigilancia del aprovechamiento de los recursos naturales, contemplando como líneas de acción: i) elaborar e instrumentar los programas de inspección y vigilancia en las materias de vida silvestre, recursos marinos, impacto ambiental, zona federal marítimo terrestre y forestal, principalmente en áreas con alto nivel de inobservancia de la normatividad ambiental, así como en aquellas zonas prioritarias para la conservación y hábitats críticos; ii) instrumentar operativos nacionales y estratégicos en materia de recursos naturales, en las zonas o ecosistemas de alto valor y fuerte presión ambiental; iii) proteger los recursos naturales en ecosistemas de alto valor ambiental, en los que se realicen y desarrollen obras y actividades de competencia federal sujetas a evaluación de impacto ambiental, principalmente de los sectores turísticos, mineros y carreteros, y iv) realizar acciones de inspección y vigilancia en la Zona Federal Marítimo Terrestre de los 167 municipios costeros del país, para vigilar que el uso, aprovechamiento y explotación de este bien del dominio público de la federación, etcétera.6

Una especie que actualmente está protegida por diversas instituciones gubernamentales es el pez totoaba, el cual puede llegar a medir 2 metros de largo y pesar más de 100 kilogramos, cuyo hábitat está ubicado en el Golfo de California, y si bien desde 1944 fue declarada como protegida, hasta 1991 se le consideró en peligro de extinción, ya que la cotización de este animal en el mercado provocó que se elevara la pesca del mismo.

Tal como nos refiere la Facultad de Ciencias Marítimas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABJ), la totoaba es la especie que alcanzaba mayor talla dentro de su familia, habiéndose registrado ejemplares de dos metros de longitud y hasta 130 kg de peso. Durante sus primeros años de vida, esta especie permanece en la parte alta del Golfo de California, lo que la hace caer en diferentes artes de pesca destinadas a otras especies como el camarón y las diferentes corvinas del golfo.7 La carne de este pez llega a alcanzar precios sumamente altos, por lo que es muy especial y cotizada en el mercado negro. Tal como nos refiere la Profepa, el buche de totoaba puede alcanzar un valor en el mercado negro de entre 5,000 a 8,500 dólares por kilo.8

Históricamente, la pesca del pez totoaba, fue muy importante, provocando los asentamientos humanos de Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara, en Sonora, y San Felipe, en Baja California, desgraciadamente esto provocó que el pez Totoaba fuera una de las primeras muestras de sobre explotación del país, causando casi su extinción, por lo que el gobierno federal puso en marcha diversas acciones a partir de 1940, año en el cual se realizó una declaración de veda hasta 1955 con la finalidad de proteger su reproducción. En 1974, se estableció la zona de refugio en la desembocadura del Río Santa Clara, en Sonora, y la zona de reserva de Punta Zacatosa, en Baja California, al faro del Cerro el Machorro, en Sonora, al sur del poblado de Santa Clara. Un año después se vedó permanentemente la captura de Totoaba en el Golfo de California y en 1991 fue declarada especie en peligro de extinción. En 1992 se prohibió en la zona de refugio el uso de redes de enmalle con luz de malla de 10 pulgadas.

Cabe resaltar que la totoaba ingresó en 1976 al Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) como especie en peligro de extinción, de igual forma, en 1979 el Servicio de Pesquerías Marinas de Estados Unidos incluyó a la Totoaba en la categoría antes mencionada y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la tiene clasificada en Alto Golfo de California, la Lista Roja de las Especies Amenazadas como peligro crítico.9

A partir de estas acciones gubernamentales, diversas instituciones se han dado a la tarea de coadyuvar a la protección de la totoaba, ya que es considerada una especie muy importante y única para el país y el mundo. La declaración de especie en peligro de extinción nos refleja la gravedad de la situación, así como la preocupación por las autoridades ambientales de procurar la vida de esta especie y la reproducción de la misma, más allá de un sentido económico.

A pesar de las diversas acciones y medidas tomadas por el estado con la finalidad de proteger al pez totoaba, muchas personas se dedican a la pesca ilegal de esta especie, tal como lo hizo saber el pasado 30 de marzo del presente año la Profepa, organismo que en conjunto con la Policía Federal, aseguraron 6 buches de Totoaba con un peso de 8.2 kilogramos en el Municipio de San Felipe, Baja California, derivando en la detención de dos personas por el transporte y posesión ilegal de esta especie.10

En marzo de este año también se dio a conocer que la Corte Federal de San Diego, California, sentenció un ciudadano norteamericano a pagar 500 mil dólares por concepto de reparación del daño causado por el tráfico ilegal de totoaba, considerando a México como víctima por haberse extraído ilegalmente esa persona una especie endémica y catalogada en peligro de extinción.11

Como lo hemos venido mencionado a lo largo del presente estudio, el pez totoaba representa ingresos muy importantes, tal como nos refiere la jefa del Departamento de la Dirección de Conservación de CEDES, Martha Román Rodríguez, quien afirma que la demanda de la vejiga natatoria alcanza valores de más de mil dólares por kilogramo.12

Son estos hechos los que agravan la situación de pez en comento, y si bien es cierto el Estado se ha encargado de realizar acciones para proteger esta especie, también se hace necesario conjuntar esfuerzos, con otras naciones para poder asegurar la reproducción y vida de la Totoaba, ya que su venta ilegal se ha propagado por el mundo.

Este es un serio problema de biodiversidad y medio ambiente. Si no se realizan las acciones correctivas correspondientes, nuestro ecosistema se verá afectado gravemente, lo cual no debe ser permitido por ninguna autoridad del estado y menos aún por este órgano parlamentario, el cual durante esta legislatura ha pugnado por la protección de la flora y fauna de la nación.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que la protección de la totoaba no debe significar la criminalización de aquellos pescadores que, acicateados por la necesidad, se ven precisados a incurrir en actividades que si bien es cierto podrían afectar al medio ambiente, también deben entenderse a la luz de las carencias que aún afectan a las actividades extractivas del país.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las secretarías de Marina y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a efecto de que fortalezcan las medidas de protección del pez totoaba.

Notas

1 Torres-Orozco B., Roberto E. et. al., “Los peces de México: Una riqueza amenazada”, Revista Digital Universitaria – Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, 1 de enero de 2011, volumen 12, número 1, p. 4.

2 Torres-Orozco B., Roberto E. et. al., “Los peces de México: Una riqueza amenazada”, Revista Digital Universitari a – Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, 1 de enero de 2011, volumen 12, número 1, p. 6.

3 Ídem.

4 Plan Nacional de desarrollo 2012-2018, Gobierno de la República, p. 135.

5 Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, p. 60 – 61.

6 Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2013-2018 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente p. 39-40

7 http://oceanologia.ens.uabc.mx/~ubp/LATOTOABA.html 2 de abril de 2014 13:40 horas

8 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5880/1/mx/asegura_profepa_buche_de_totoaba_en_bc_y_pone_a_disposicion_del_mpf_a_2_sujetos.html 2 de abril de 2014 13:43 horas

9 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Vida Silvestre Semarnat “Un Logro Más... La recuperación de la Totoaba (toaba mcdonaldi). P. 3

10 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5880/1/mx/asegura_profepa_buche_de_totoaba_en_bc_y_pone_a_disposicion_del_mpf_a_2_sujetos.html 2 de abril de 2014 14:22 horas

11 http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3338443.htm 2 de abril de 2014 14:35 horas

12 http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n2890542.htm 2 de abril de 2014 14:41 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de abril de 2014.

Diputado Chris López Alvarado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al director general de Petróleos Mexicanos para que difunda a la opinión pública información de los acontecimientos del pasado 30 de marzo en la refinería de Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Genaro Carreño Muro a la LXII legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Energía, instruya al director general de Petróleos Mexicanos, para que rinda un informe detallado y pormenorizado de los acontecimientos el pasado 30 de marzo en la refinería de Salamanca, Guanajuato, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los hechos

El domingo 30 de marzo, en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca (RIAMA), poco antes de la 10 de la mañana apareció una nube amarillenta en el ambiente, habitantes de la zona aseguraron haber escuchado un estruendo, una explosión, y testimoniaron la presencia de humo negro de los quemadores de piso y las chimeneas altas, debido a que el producto que no se procesó por el paro de las plantas fue enviado a los quemadores.

Horas más tarde, autoridades de Petróleos Mexicanos comenzaron a dar información sobre el incidente a través de su cuenta en la red social Twitter. Los mensajes afirmaban que el incidente se debió a una falla en el suministro de energía eléctrica que obligó al paro de plantas, por lo que se generaron desfogues de vapor color amarillo.

“No hay fuga ni incendio alguno en la refinería de Salamanca. Hubo desfogues de vapor a la atmósfera. No existe riesgo a la población”, cuenta de Twitter @Pemex.

Sin embargo medios locales afirmaban que la población cercana a la refinería percibía olores a azufre y amoniaco ocasionado temor en la población por la posibilidad de gases tóxicos en el ambiente.

Además confirmó que seguirán las emisiones de contaminantes al aire, debido a que son los remanentes que quedaron en las plantas que pararon su producción y han sido enviadas a incineración a los quemadores de la paraestatal.

Autoridades del municipio dieron comienzo inmediatamente a las tareas de previsión y control de posibles daños, movilizaron los cuerpos de protección civil, pusieron en marcha de los protocolos de seguridad y mantuvieron contacto directo con las autoridades de la paraestatal.

Se dieron las recomendaciones a la sociedad para mantener la calma, cerrar puertas y ventanas, no realizar actividades al aire libre, en caso de molestias usar cubre bocas o un trapo húmedo, en caso de algún síntoma presentarse a las unidades de salud más cercanas y no automedicarse. Por su parte, la Policía implementó el operativo para agilizar el tránsito vehicular y estar alerta ante cualquier eventualidad.

Asimismo, como parte de las acciones de protección civil, se puso en marcha el sistema de vigilancia epidemiológica, avisando a las unidades de atención primaria a la salud sobre este incidente. El Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) Salamanca y en las Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) Lázaro Cárdenas y Hospital General, se prepararon para cualquier eventualidad, e incluso, esperar un posible incremento de enfermedades respiratorias, así como la orientación a los pacientes que demanden los servicios de salud.

La directora de la Jurisdicción Sanitara V, Dra. Claudia Karina Anaya Moreno realizó el monitoreo en las hospitales del municipio como el Hospital General, ISSSTE e IMSS. De igual forma la Cruz Roja y el cuerpo de Bomberos estuvieron en alerta, el Sistema de Urgencias del Estado movilizó dos ambulancias al área de urgencias del Hospital General Salamanca. Las unidades médicas de la SSG de la región prepararon disponibilidad de camas y servicios para atender a la población ante la emisión de contaminantes.

Daño ambiental y de salud

Durante décadas, los salamantinos, han padecido la contaminación ambiental, incluso, Salamanca es una de las ciudades más contaminadas del país por los elevados niveles de partículas en el aire que ocasionan serios problemas de salud. Las afectaciones ambientales son principalmente por la refinería Antonio M. Amor, y la planta termoeléctrica de CFE. Ambas emiten bióxido de azufre y otros contaminantes.

La salud de la población se puede ver afectada ya sea con efectos crónicos y/o agudos, cuando se expone a concentraciones elevadas de contaminantes atmosféricos, estos pueden dañar a personas sanas, e incrementar las afecciones en los grupos de mayor riesgo como son los niños, ancianos y aquellas personas con enfermedades respiratorias y cardíacas.

Los contaminantes atmosféricos que inciden de manera importante sobre la salud de la población, son el bióxido de azufre, las partículas suspendidas con diámetro menor a 10 micrómetros, ozono y monóxido de carbono.

Debido al incidente en la refinería, el Instituto Estatal de Ecología (IEE), el Comité Técnico de Contingencias Ambientales Atmosféricas de Salamanca, pusieron en marcha las fases contempladas en el programa de acuerdo a los protocolos establecidos.

Impacto económico

El titular de comunicación social de la paraestatal, René Yáñez Campero, explicó que se paró la producción de gasolinas, diesel y aceites, como una medida para mantener las plantas en condiciones seguras y que eventualmente, si las condiciones lo permiten se comience a poner en operación las plantas.

RIAMA cuenta con una superficie de 518 hectáreas, donde se ubican 53 plantas de producción con una capacidad de proceso de hasta 220 mil barriles diarios de petróleo crudo. Sin embargo, la falla eléctrica en la refinería, obligó al paro generalizado de las 53 plantas de proceso, sin que hasta la fecha se hayan restablecido con normalidad las actividades de la refinería.

El área de comunicación social de la paraestatal no ha difundido información oficial al respecto. Los dirigentes de asociaciones petroleras, Juan Carlos Chávez González y Nahúm Martínez Ramiro, confirmaron que los diversos procesos de la refinería siguen inactivos, de acuerdo con medios locales.

A pesar de las declaraciones de las autoridades acerca de que no existió ni daño ni riesgo para la salud, aún no se cuenta con información suficiente por parte de la paraestatal, de lo ocurrido y sobre todo,

Por todo lo anteriormente expuesto, y ante el posible daño a la salud por las emisiones de gases generadas, que aún no ha sido suficientemente evaluadas, y las condiciones de seguridad de la refinería, producto de este acontecimiento, los que suscribimos solicitamos a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, que instruya al director general de Petróleos Mexicanos para que rinda un informe detallado y pormenorizado a la opinión pública de los acontecimientos del pasado 30 de marzo en la refinería de Salamanca, Guanajuato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 10 de abril de 2014.

Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de Pemex y de la PGR que difundan la lista de contratos celebrados en 2013 con Oceanografía, SA de CV, con especificación de montos y tipo de servicio pactado, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos y al titular de la Procuraduría General de la República, hagan del conocimiento público el listado de contratos celebrados con Oceanografía, SA de CV, en 2013, con especificación de montos y tipo de servicio contratado; y si existe averiguación previa de contratos de Pemex con Oceanografía, SA de CV, celebrados en 2013; respectivamente.

Antecedentes

1o. La empresa Oceanografía, SA de CV, fundada en 1968 para proveer servicios de ingeniería marina a Petróleos Mexicanos (Pemex), especializada en ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos; se vio favorecida con la asignación de contratos millonarios principalmente en el sexenio del ex presidente Vicente Fox Quezada, en el que alrededor del 97% de sus ganancias provinieron de Pemex.

2o. En los primeros meses del año en curso, salió a la luz pública un probable fraude de Oceanografía, SA de CV, con Banamex, en la que se involucró a Pemex como cliente de Oceanografía, lo que le posibilito a esta, el acceso a los recursos otorgados por la institución bancaria.

3o. El lunes 10 de marzo del año en curso, Emilio Lozoya Austin y Jesús Murillo Karam, director de Pemex y titular de la PGR, respectivamente, comparecieron comisiones de la Cámara de Diputados, en relación con el caso Pemex–Oceanografía, SA de CV.

4o. La comparecencia del mes de marzo, se llevó a cabo con la finalidad de que se explicaran las investigaciones y los alcances sobre la naviera Oceanografía después de que la PGR decidió intervenir los activos de dicha empresa luego de la acusación de lavado de dinero que enfrenta.

Consideraciones

A) La Constitución, en su artículo 134, establece los principios bajo los cuales se deben ejercer los recursos económicos nacionales, señalando lo siguiente:

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

B) La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 7, fracción XII, establece lo siguiente:

“Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información siguiente: XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;

b) El monto;

c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y

d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

...”

C) El director de Pemex aclaró que “toda la información relacionada con los contratos otorgados por Pemex a Oceanografía, y todo lo relacionado con el asunto, es considerado como confidencial y reservado en términos de Ley, debido a la investigación que realiza la PGR, hasta en tanto esta sea resuelva”, por lo que no aparecen los contratos en su página de internet, en contravención a los establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo

D) El Procurador Jesús Murillo Karam, previó a la comparecencia, declaró que “el fraude de Oceanografía no implica a la paraestatal Pemex”, al señalar que la investigación se ha centrado en el fraude que dicha empresa cometió contra Banamex, sin embargo, El funcionario federal destacó que están investigando con mucho cuidado “para ver hasta dónde llega el fraude”.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, haga del conocimiento público el listado de contratos celebrados en 2013 entre Pemex y Oceanografía, SA de CV, así como los montos y tipo de servicios contratados en cada uno de ellos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público si existen averiguaciones previas respecto de los contratos celebrados entre Pemex y Oceanografía, SA de CV, en el ejercicio fiscal 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a realizar las investigaciones conducentes a determinar las causas del percance ocurrido el 22 de marzo de 2014 en la plataforma Akal TD, del activo Cantarell, difundir sus resultados y prestar todo el apoyo institucional a las familias de los trabajadores accidentados, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad en el trabajo es una de las premisas de Petróleos Mexicanos, fundamentada en el artículo 19 numeral I inciso b), IV inciso h) y XIII de la Ley de Petróleos Mexicanos y son aplicables para todos sus organismos subsidiarios.

En 1972 estudios exploratorios realizados por Pemex, determinaron la localización de un importante campo petrolero en el Golfo de México. A partir de la explotación en 1979 de este yacimiento al cual se le denomino Cantarell, es que México se ubicó realmente como productor y exportador de petróleo a nivel mundial.

En efecto Cantarell influyó y lo sigue haciendo en la economía del país ya que la producción que un inicio fue de 749 mil barriles diarios durante los setentas, creció en los hasta alcanzar en 2.5 millones de barriles en los años ochenta, 2.8 en los noventas y 3.1 millones del 2000 al 2010 donde se obtuvo la mayor producción, obteniéndose el más alto índice de reservas internacionales en dólares, no es menos mencionar que fue en esta época donde Amado Yáñez socio mayoritario de la empresa Oceanografía, traficando influencias, se convirtió en el contratista consentido de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción.1

Sumados los barriles de petróleo que Pemex ha producido desde 1979 alcanzan en total 32 mil millones de los cuales, la contribución de Cantarell asciende al orden los 13 mil millones de barriles.

Como en todo campo petrolero, la declinación de producción es un fenómeno presente, debido a que sus reservas de producción son finitas, Cantarell, por lo mismo, no es ajeno a este fenómeno y a partir de la década pasada inicio su proceso de declinación trayendo como consecuencia que los procesos de producción del activo se volvieran más riesgosos, así como también que Pemex empezara a explorar nuevos yacimientos en el Golfo de México con el fin de ejecutar nuevos proyectos.2

Como consecuencia y previniendo esta declinación, en el año 2000, Petróleos Mexicanos inicio un proyecto para la inyección de un 1,200,000 metros cúbicos de nitrógeno por día con el fin de mantener la presión y mantener la producción de crudo y gas, incluso se tuvo que construir una planta productora de nitrógeno para este fin, método que elevo sustancialmente los riegos de seguridad en los centros de trabajo.

El accidente ocurrido el día 22 de marzo en la plataforma Akal TD trajo como consecuencia el lamentable fallecimiento del trabajador José Ricardo Pérez Devora, misma de la cual se enteró la opinión pública por las redes sociales y los medios de comunicación, todo esto ante la falta de información oficial de la paraestatal. También Petróleos Mexicanos ha sido omiso en informar el estado de salud que guardan los trabajadores, José Salvador Ramón Fernández y Ricardo Hernández Guzmán, que también a través de las redes sociales se sabe están delicados de salud y se encuentran luchando por su vida en los nosocomios de la empresa en la Ciudad de México y Villahermosa, Tabasco.3

Ante tanta desinformación, podemos deducir que detrás existe una intención por ocultar la verdad, con el fin que se dé carpetazo o se deje de investigar las verdaderas causas que ocasionaron este siniestro y no se deslinden las responsabilidades correspondientes, ya que dentro de los posibles supuestos que derivaron en esta fatalidad, se encuentran posibles omisiones en los procedimientos de seguridad o en procedimientos de supervisión donde estén involucrados contratistas, así como posibles condiciones precarias de los equipos arrendados a la paraestatal y que son servicios que prestan empresas particulares de manera poco transparente, mediante el otorgamiento de contratos millonarios.

Un ejemplo de ello y que hace presuponer lo mencionado en el párrafo anterior, es el hecho de que en el año 2007 se le otorgo a la empresa oceanografía un contrato de 351 millones de pesos con el fin de supervisar y dictaminar las condiciones estructurales de las plataformas marinas ubicadas en la sonda de Campeche.4 Estas situaciones irregulares salen a luz pública después de siete años y son resultado como es de conocimiento público, derivado de un fraude a una institución bancaria internacional y que tuvo como consecuencia que acudiera a comparecer ante esta soberanía el director de Pemex, para hacer una ampliación del caso.

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se realicen las investigaciones, que determinen las causas que ocasionaron el accidente ocurrido el día 22 de marzo del 2014, en la plataforma Akal TD del activo Cantarell y a hacer pública la información referente a los resultados que arroje dicha investigación.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, maestro Emilio Lozoya Austin, a que en el ámbito de sus respectivas competencias brinde todo el apoyo institucional a las familias de los trabajadores siniestrados en este lamentable hecho.

Notas

1 “Precisiones respecto al comportamiento del Complejo Cantarell” [En línea], México, URL

http://web.archive.org/web/20070629162437/http://www.pem ex.com/index.cfm?action=content&sectionID=8&catID=40&subcat ID=3672

2 Cantarell: el principal productor del país”, [En línea], México, URL

http://www.industriapetroleramexicana.com/2013/04/cantar ell-el-principal-productor-del-pais/

3 “Muere trabajador de Pemex, por explosión en sonda de Campeche” [En línea], México, URL

http://www.proceso.com.mx/?p=367985

4 “Oceanografía, ligado a varios accidentes en plataformas petroleras” [En línea], México, URL

http://www.informador.com.mx/economia/2014/515762/6/ocea nografia-ligada-a-varios-accidentes-en-plataformas-petroleras.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre el respeto de los derechos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, a cargo de la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del PT, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Cantú Garza, Roberto López Suárez, José Arturo López Candido, Luisa María Alcalde Luján, Margarita Elena Tapia Fonllem y Loretta Ortiz Ahlf de los Grupos Parlamentarios Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde 2002 la Universidad de Colima creó el Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap) por recomendación de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En ese mismo año, según la normatividad, debió crearse el comité técnico del Fosap, con tres representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) y tres representantes de la rectoría, para vigilar el depósito bancario de las aportaciones de los trabajadores (5 por ciento del salario base) y de la Universidad (el equivalente a 10 por ciento del salario base), así como verificar el buen uso de los recursos.

Sin embargo, no se creó el comité técnico del Fosap y desde entonces la rectoría ha manejado los recursos de manera arbitraria e ilegal. Desde 2005, con la llegada del doctor Leonardo César Gutiérrez Chávez a la Secretaría General del SUTUC, advirtió a la universidad que no se estaban depositando a la cuenta del Fosap los recursos descontados a los trabajadores y los correspondientes a la institución, pero sólo recibió largas sobre el asunto.

El conflicto del Fosap estalló en marzo de 2011 cuando el SUTUC exigió públicamente transparentar el manejo de los recursos y denunció los depósitos faltantes. En marzo de 2012, tras un año sin avances en el conflicto y poco antes de que el exrector Miguel Ángel Aguayo López iniciara su campaña para diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, intervino el gobernador Mario Anguiano Moreno, a petición de la rectoría y el SUTUC, para que auditores del gobierno estatal revisaran los recursos del Fosap en el periodo de 2001 a 2011.

El informe preliminar de los auditores indicaba que la rectoría no proporcionó documentos para corroborar si los descuentos y aportaciones al Fosap fueron correctos; tampoco presentó estados financieros de bancos para verificar los movimientos que, según un estado de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2011, arrojaron un saldo de 625 millones 424 mil 460 pesos.

Entre otras anomalías, los auditores detectaron que terceras personas firmaron de recibido cheques correspondientes al pensionado, sin que medie carta poder que lo autorice a realizar dicha acción, por un total de 38 millones de pesos. De igual forma, no fue proporcionado documento alguno que señale mediante firma de recibido los importes cobrados por Fernando Moreno Peña (exrector), Gustavo Ceballos Llerenas (exdirigente del SUTUC) y Juan José Guerrero Rolón (director general de Recursos Humanos) por 17 millones 428 mil 249 pesos.

También se detectó que la Universidad de Colima ha omitido dar transparencia y faltado a la rendición de cuentas respecto a la cantidad de 87 millones 896 mil 713 pesos que resultan por concepto de un antiguo Fosap que tuvo vigencia hasta 2001. En declaraciones públicas hechas por el exrector Humberto Silva Ochoa, quien fue fundador del antiguo Fosap, llegó a afirmar en enero de 2012 que si ningún otro rector le hubiera depositado un cinco al Fosap desde que él dejó la rectoría, el Fosap tendría la cantidad de 17 mil millones de pesos.

En función de la información que proporcionaron los auditores del gobierno del estado de Colima, se establecieron una serie de acuerdos que firmaron el actual rector de la Universidad de Colima, maestro José Eduardo Hernández Nava, y el secretario general del SUTUC, doctor Leonardo César Gutiérrez Chávez, en marzo de 2013 teniendo como testigo de honor al gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno. Uno de los acuerdos establecía: “... que a partir del 15 de abril de 2013 las aportaciones de los trabajadores y las de la Universidad se depositarán íntegras a la cuenta del Fosap; asimismo, acuerdan que a partir del 1 de mayo de 2013 la nómina del Fosap se cubrirá con la citada cuenta mediante cheque mancomunado entre la Universidad de Colima y el Sindicato Único de Trabajadores...” También se acordó que por concepto de manejos unilaterales y pagos indebidos con cargo al Fosap por parte de la Universidad de Colima, ésta se comprometía a depositar 90 millones de pesos al Fosap durante los primeros cuatros años de la gestión del rector Hernández Nava.

El conflicto vuelve a reactivarse en junio de 2013 porque el rector se negó a cumplir los acuerdos firmados y afirmó que el asunto del Fosap era un tema discutido, analizado y terminado. Por su parte, el SUTUC comenzó a exigir al rector el cumplimiento de los acuerdos enviándole oficios sin lograr respuesta favorable. El sindicato logró la aprobación de los trabajadores sindicalizados para realizar paros técnicos de labores en bachilleratos y escuelas, también realizaron varias marchas y protestas frente a palacio de gobierno y emplazó a huelga en tres ocasiones.

El gobernador de Colima salió a la defensa del rector contra todos aquellos que pretendían desestabilizar a la Universidad de Colima. Logró manipular a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Colima para obstaculizar los emplazamientos a huelga. El gobernador y el rector manipularon a la mayoría de los medios de comunicación locales para difundir la versión de que el conflicto con el Fosap estaba solucionado y que las afirmaciones del SUTUC no tenían sustento. Lograron infundir miedo en los trabajadores universitarios; intentaron destituir al secretario general del SUTUC impugnando su proceso de reelección, sin éxito. Hasta que finalmente, el rector y sus operadores universitarios lograron convencer a un grupo de delegados sindicales para que firmaran un documento desconociendo al doctor Leonardo César Gutiérrez Chávez como secretario general del SUTUC y, con la ayuda incondicional de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima, lograron obtener la “toma de nota” para imponer a Luis Enrique Zamorano Manríquez como nuevo líder del SUTUC bajo las ordenes de la rectoría.

Resulta lamentable que los compromisos y complicidades del gobernador y el rector, con miras a las próximas elecciones en el estado de Colima en 2015, se impusieran sobre los derechos humanos de los trabajadores universitarios quienes continúan luchando para que se transparenten sus aportaciones y se conserve su legítimo derecho de tener una pensión digna basada en sus propias contribuciones al Fosap.

El gobernador y el rector han preferido fomentar la corrupción en las instituciones públicas del estado de Colima para proteger a la “delincuencia organizada” universitaria integrada por los exrectores Humberto Silva Ochoa, Fernando Moreno Peña, Carlos Salazar Silva, Miguel Ángel Aguayo López, Ramón Cedillo Nakay y varios funcionarios jubilados y recontratados que están cobrando pensiones desde 90 mil hasta 145 mil pesos mensuales con cargo al Fosap. De igual forma, están utilizando a las instituciones públicas del estado de Colima para intimidar y perseguir a los universitarios que opinan diferente y defienden la transparencia del Fosap.

El Fideicomiso FOSAP tiene 750 millones de pesos pero la nómina de jubilados y pensionados es de casi 100 millones de pesos anuales. El riesgo de que desaparezca el Fosap en pocos años es inminente. El pago excesivo de pensiones a exrectores y exfuncionarios recontratados representa un daño importante. Se continúa otorgando pensiones y jubilaciones sin el aval del Comité Técnico del Fosap por cantidades fuera de la normatividad y a personas que nunca trabajaron en la institución. Urge transparentar el manejo financiero y administrativo del viejo y el nuevo Fosap de la Universidad de Colima. Igualmente importante es que se detenga la intromisión del gobernador y el rector en las actividades del sindicato que originaron la destitución ilegal del doctor Leonardo César Gutiérrez Chávez como secretario general del SUTUC.

Conviene recordar que el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que asociarse a los sindicatos es un derecho humano

“1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.”

Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 8, garantiza la autonomía sindical al señalar que:

“c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.”

Estas obligaciones que ha asumido México con la comunidad internacional vinculan a todas las autoridades mexicanas, incluyendo a las autoridades del estado de Colima, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Cámara de Diputados, conforme al derecho internacional de los derechos humanos invocado, se manifiesta porque se respete la autonomía sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima.

Segundo. Solicita al gobernador del estado de Colima, que detenga el acoso a los legítimos líderes sindicales y deje de usar las juntas locales de conciliación y arbitraje con el fin de imponer una nueva dirección sindical. Con este mismo, es necesario que se devuelvan las instalaciones sindicales a la dirección encabezada por Leonardo César Gutiérrez Chávez.

Tercero. Requiere al rector de la Universidad de Colima, para que facilite una auditoría externa a los recursos del Fosap y, en su caso, reintegre los recursos faltantes para garantizar una pensión digna para los trabajadores universitarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputada Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a efecto de que los bienes muebles, inmuebles y activos confiscados en municipios de Michoacán se apliquen en obras de desarrollo urbano y social, en beneficio de las localidades afectadas en su economía por el desarrollo de actividades ilícitas, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rodimiro Barrera Estrada, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Michoacán ofrece la riqueza de sus siete regiones turísticas. El visitante puede descubrir un rico mosaico de expresiones culturales. Michoacán es un estado que ha enriquecido la historia de nuestro México; el territorio de estado, fue habitado por las culturas prehispánicas como los nahuas, otomíes, matlalzincas y tecos, siendo la más importante la purépecha, cultura que fue gobernada por cazozi.

En la entidad se ha escrito gran parte de nuestra historia en México. Nuestro estado fue cuna de la lucha independentista, pues en 1809, la primera conspiración se llevó a cabo en Valladolid. Después de la muerte de Hidalgo la lucha se siguió concentrando en este estado; en 1811, Ignacio López Rayón, estableció el primer congreso nacional gobernativo en Zitácuaro; y en Apatzingán se dio lectura al reconocido escrito “Los Sentimientos de la Nación”.

El trato cálido de los habitantes es otro de los incentivos para explorar las maravillas de Michoacán. Más que simple espectador, el turista es invitado a ser parte de la vida cotidiana que se desarrolla en cada población y ser parte de las fiestas locales.

Michoacán es un estado con diversidad de atractivos en el turismo cultural y ecológico. Destacan sus ciudades históricas como Morelia, la cual ha sido declarada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Asimismo, el estado tiene pueblos pintorescos como Pátzcuaro, Cuitzeo y Tlatpujahua, declarados pueblos mágicos. Una de las celebraciones ancestrales más representativas de Michoacán, es el día de muertos, celebrada en Janitzio, declarada patrimonio intangible de la humanidad. Esta también la ruta Vasco de Quiroga, así como, la ruta minera al oriente del estado en las poblaciones de Angangueo y Tlatpujahua.

En Michoacán se llevan a cabo importantes festivales culturales, como el de guitarra, de órgano, de música y el Festival Internacional de Cine de Morelia.

En relación al ecoturismo, sobresalen las reservas de la biosfera de la mariposa monarca, coleóptero que emigra desde Canadá hasta la sierra mexicana.

El estado de Michoacán, posee un extenso litoral en el océano pacífico, tiene innumerables playas vírgenes; en sus caletas y ensenadas, albergan diversas especies protegidas, tales como la tortuga marina, el pez vela en playa azul, ubicada a 20 kilómetros de Lázaro Cárdenas.

La economía, historia, las costumbres, la gastronomía, las artesanías y celebraciones cívicas y religiosas, varían a la par de paisajes y climas, garantizando el asombro y satisfacción de quienes recorran al menos una fracción de territorio michoacano.

El turismo es una de las actividades económicas importantes, ya que genera empleos, ingresos y contribuye a mejorar la economía de este estado. Para fortalecer este rubro es necesario establecer formas de inversión y promoción, con la prestación de productos y servicios, en cantidad y calidad suficientes.

Inmerso en diversas situaciones sociales que han generado un detrimento en el desarrollo económico, es menester destinar recursos económicos a fin de que se logre recuperar el nivel que se tenía en relación al turismo, hasta antes de que iniciara la situación de violencia que se ha dispersado por el estado, lo que hace más difícil lograr estabilidad económica. La falta de fuentes de empleo es otra situación que enmarca al estado en una preponderante necesidad de inversión económica. Por tanto, lo que el estado necesita con carácter de urgente, es la implementación de acciones concretas, y el establecimiento de políticas públicas que restablezcan la planta productiva,

Por otra parte, gracias a los esfuerzos combinados de los gobiernos federal, estatal y municipal, de unos meses a la fecha, en cada región, la infraestructura turística, presenta algunas mejoras; aun así, falta mucho por hacer para alcanzar el objetivo primordial que es brindar una mejor calidad en la prestación de servicios públicos.

Además, del turismo otra de las actividades claves para el desarrollo económico de Michoacán, es la minería, de acuerdo con la historia, esta actividad se remota hasta la época colonial.

Actualmente son cinco los minerales que son extraídos: oro, plata, cobre, plomo y fierro, de este último, Michoacán es el productor número uno a nivel nacional, así como, considerables cantidades de otros tipos de minerales.

En relación con la minería se tienen los siguientes datos de producción:

La producción minera, representa uno de los ingresos para el estado. Con el recurso obtenido se fortalecen los programas de acción destinados al desarrollo social y urbano.

El 4 de marzo del año en curso, como resultado de un operativo conjunto en el que participaron diversos órganos de gobierno, en el estado de Michoacán, propiamente en el puerto de Lázaro Cárdenas, fueron embargadas de manera precautoria 119 mil toneladas de minerales, así como 124 unidades de maquinaria pesada de procedencia extranjera, conformada por tractocamiones, retroexcavadora, transportadoras de mineral, moledoras, generadores y trituradores.

En cifras, la incautación arrojó un valor aproximado que asciende a 15 millones 300 mil dólares, de acuerdo al servicio de administración tributaria; el monto del decomiso representa el 44 por ciento de las exportaciones de mineral contempladas para este año.

Aunado a lo anterior, y en razón de la implementación de programas de acción impulsados por el gobierno federal para rescatar Michoacán, como es la creación de la comisión para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, se han incautado en territorios de los municipios antes mencionados, bienes inmuebles como casas habitación, huertas frutales, así como grandes extensiones de terreno. Dichos bienes, por ser de procedencia ilícita pasan a formar parte de la nación.

Con el objeto de que los activos que se generen de la incautación se apliquen en beneficio del país, y entre otros aspectos, en beneficio de las víctimas de delitos, se creó la figura jurídica: extinción de dominio, la cual consiste en despojar y/o decomisar, todo lo obtenido ilícitamente, con el propósito de que el estado pueda reutilizarlo con un fin de carácter social.

Con la reforma constitucional de 2008, se creó la ley de extinción de dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional. Cuya naturaleza jurídica es regular el procedimiento de incautación de bienes y la aplicación de estos a favor del estado.

Un sistema robusto de medidas provisionales y confiscación, es una parte importante de todo régimen eficaz antilavado de dinero y antifinanciamiento del terrorismo. La confiscación evita que las propiedades delictivas se laven o se vuelvan a invertir para facilitar otras formas de delitos o para ocultar ganancias ilícitas. En sí mismo, esto restringe significativamente las operaciones delictivas organizadas, reprimirlas o frustrar el movimiento de ganancias que provienen de un delito.

En razón a lo anterior, es legalmente posible que los bienes incautados como es principalmente el mineral, así como la maquinaria, sean destinados al desarrollo de los programas sociales, infraestructura y prestación de servicios públicos y sean aplicados en forma directa al municipio de lázaro cárdenas, los activos que fueron confiscados dentro de su limitación territorial; y en relación a los otros municipios como Tepalcatepec, Buena Vista, Apatzingán, Múgica, La Huacana, Churumuco, Arteaga, Tumbiscatío, Parácuaro, Coalcomán, Aguililla, Coahuayana, Chinicuila, Aquila, Ario de Rosales, Tomatlán y demás municipios que también han sido afectados en su desarrollo tanto económico como social, y cuyos habitantes han sido víctimas de delitos por las actividades ilícitas ejecutadas por la delincuencia organizada, en base a la ley de extinción de dominio se solicita que, lo que se confisco y lo que llegará a confiscarse dentro del territorio municipal se aplique ahí mismo en la idea de resarcir el perjuicio social causado.

Tomando como fundamento el artículo 72 de la ley orgánica municipal del estado de Michoacán de Ocampo, los servicios encomendados al municipio son los siguientes:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

II. Alumbrado público;

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

IV. Rastros;

V. Calles, parques y jardines, así como su equipamiento;

Entre otros.

Como autoridades estamos comprometidos a coadyuvar en la prestación de los servicios públicos; ya que en muchas ocasiones la autonomía financiera del municipio queda reducida a la voluntad del legislador local, que con frecuencia la socava reduciendo su participación en los recursos fiscales recaudados; por tanto, solicito respetuosamente que mediante el procedimiento judicial o administrativo correspondiente, sea transferida la propiedad de fondos específicos o de otros activos a los municipios; ya que las propiedades confiscadas derivan de la comisión de delitos perpetrados dentro del territorio de los mismos, y fin principal será el de atender y satisfacer las necesidades de los habitantes, y así éstos sean recompensados en forma total ,evitando que los ingresos derivados o provenientes de lo anterior, se apliquen en conceptos y/o acciones que no son prioritarias y no coadyuven al desarrollo y crecimiento del municipio, del estado y del país.

La descentralización administrativa es expresada por la autoridad técnica, que a su vez se manifiesta por la facultad de los municipios para establecer, dentro de los límites que la ley determina sus modos de operación, de convivencia, de prestar servicios públicos, seguridad y todos aquellos que atañen directamente a la vida cotidiana de sus comunidades, incluyendo procedimientos, y demás reglas destinadas a la administración de su hacienda, sanidad educación, asistencia social, etcétera. Los municipios mencionados con antelación, no cuentan con los recursos económicos suficientes para dar solución a sus necesidades básicas, lo cual provoca una crisis municipal generalizada que deteriora los niveles de democracia logrados hasta el momento; también manejan un nivel de pobreza significante superior al promedio nacional; la entidad se ubica con el 54.4 por ciento de la población, por lo que se estima que en Michoacán en número que viven en pobreza paso de 2.42 millones a 2.44, entre 2010 y 2013, es decir, 20 mil personas se ubican por debajo de lo que se conoce como la línea del bienestar.

En razón a lo anterior, las casas habitación que han sido incautadas por las autoridades en la materia, deben destinarse, entre otras;

1. Educación:

– Aulas

– Habilitación de bibliotecas

– Casas de cultura, etcétera

Y es que en Michoacán persisten severos problemas de rezago educativo. Al cierre de 2012 y con proyecciones al 2013, se detectó que 291 mil personas son analfabetas, sin capacidad siquiera de escribir un recado. Con las reformas a la educación, hechas en esta legislatura, nos comprometimos los legisladores, precisamente a entablar una lucha con este terrible rezago en materia educativa.

1. Asistencia social

– Guarderías infantiles

– Asilos

– Centros de salud

– Albergues temporales para víctimas de delitos, como violencia intrafamiliar o trata de personas.

– Centros de rehabilitación física

El crecimiento de la población genera más necesidades. Por eso en este sentido es importante atender los rubros anteriores, ya que los individuos que serían atendidos en estos espacios son aquellos considerados como grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, integrados por niños, mujeres y ancianos. Así como también los ciudadanos que necesiten atención médica.

3. Recreación

– Plazas cívicas

– Espacios deportivos

– Turismo interno (balnearios)

Lo anterior se puede lograr disponiendo de las extensiones de terrenos que se han confiscado sin construcción. Ya que por la naturaleza de estos servicios se requiere de espacios abiertos.

En relación con los recursos económicos, pueden ser empleados en la mejora de la prestación de los servicios municipales como son:

– Tratamiento de residuos y desechos

– Agua potable

– Electrificación

– Pavimentación, etcétera.

Con el desmantelamiento de la base financiera y el destino social de bienes confiscados a la delincuencia organizada, pasaríamos a una etapa que no solo incluya en principio la reparación del daño a las víctimas, si no que garantice también el principio de la no repetición.

También, es importante dar mayor impulso a los programas ecoturísticos que se desarrollan en el estado, como son:

– Programas de protección a la tortuga marina, implementado en costas michoacanas, propiamente en lázaro cárdenas;

– Protección de litorales y arrecifes

– Limpieza de playas y carreteras

En materia de economía y apoyo a los productores se podrían considerar las siguientes acciones; fortalecimiento del sector agropecuario: agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, a través de la implementación de programas funcionales destinados a la situación que impere en cada municipio. Como ejemplos se tienen el apoyo a los trabajadores agrícolas con fertilizantes, implementos agrícolas e insumos. En la ganadería con el establecimiento de programas tendentes al repoblamiento de hatos ganaderos, genética e infraestructura ganadera, en la pesca, empleo temporal y siembra de alevín, según corresponda.

La falta de crecimiento económico y de generación de empleos provocan actos ilícitos por la desesperación de las personas de no encontrar una fuente de trabajo. Otro factor que origina la ola de delincuencia es el nulo crecimiento de la economía. Independientemente de otros factores, la falta de trabajo ocasiona que los jóvenes se vinculen al crimen organizado para hacerse de un ingreso. Los pocos trabajos que se ofrecen son cada vez más precarios y exigentes en requisitos, aunado a un crecimiento desmedido de la informalidad laboral. Las mujeres emigran o trabajan para tratar de obtener el ingreso diario y han dejado a sus niños expuestos a múltiples formas de violencia, presiones y peligros que conforman un entorno propicio para quienes buscan inducirlos a la delincuencia. Con la implementación adecuada de las medidas de desarrollo municipal, se estarían generando empleos y esto se apoyaría con la cesión de bienes provenientes de decomisos o incautaciones.

Hago referencia a lo contenido en el artículo 27 constitucional párrafo III, que a la letra dice: “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana...”

Por tanto, a nombre de mis representados y demás municipios pertenecientes al estado, solicito que el mineral que se produjo y extrajo de tierras michoacanas, y que fue confiscado por las autoridades se quede en Michoacán, para beneficio de las y los michoacanos.

De acuerdo a lo antes expuesto, y en estricto apego a lo establecido en los artículos 22 y 27 párrafo III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2-G del Código Federal de Procedimientos Penales; artículos 29, 30, 32, 32 y 33 de la Ley Federal contra la Delincuencia organizada y 5, 6 7, 8,9 10 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los bienes muebles, inmuebles y activos incautados con base en la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el municipio de Lázaro Cárdenas y demás municipios del estado de Michoacán, por la autoridad correspondiente, se apliquen en beneficio de éstos, particularmente en obras de infraestructura y programas sociales que impulsen el desarrollo municipal y estatal, beneficiando con ello a la ciudadanía y resarcir en alguna medida, el daño causado por la delincuencia organizada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014

Diputado Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un programa integral que fomente la adquisición de vehículos nuevos y la regularización de los usados de procedencia extranjera en Tamaulipas, especialmente en los municipios fronterizos, a cargo del diputado Carlos Alberto García González y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Carlos Alberto García González, María Eugenia de León Pérez, José Alejandro Llanas Alba, Marcelina Orta Coronado, Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Glafiro Salinas Mendiola y Ramón Antonio Sampayo Ortiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 62, numeral 2; 76, fracción IV; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III, IV y VI, así como demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un programa integral que estimule la adquisición de vehículos nuevos, con la participación de los gobiernos estatales y de la industria automotriz nacional; asimismo, a establecer de manera coordinada con el Ejecutivo de Tamaulipas un programa integral para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en el estado, en especial en los municipios fronterizos, conforme a las siguientes

Consideraciones

México se está consolidando como un importante productor y exportador de vehículos. En los últimos meses, grandes compañias de vehículos han inagurado plantas armadoras en el país, como Nissan en Aguascalientes, o Mazda y Honda en Guanajuato, y otras más, como la Audi, están por hacerlo en un futuro próximo. Durante 2013, la producción y las exportaciones de vehículos alcanzaron niveles récord, al acumular 3 millones 70 mil y 2 millones 500 mil unidades, respectivamente. Esto coloca al país como el octavo productor de vehículos y el cuarto exportador de vehículos ligeros a escala mundial.

En noviembre pasado, el Ejecutivo federal presentó 4 estrategias de política industrial automotriz, con el objetivo de incrementar la producción, las exportaciones y la adquisición de vehículos en el país:1

1. Fortalecer el mercado interno con mayores créditos, para la compra de vehículos nuevos, y la regulación de la importación de autos usados.

2. Construir un entorno de negocios que aliente aún más la productividad automotora. Con el programa ProAuto Integra, formaremos una red nacional de proveedores de clase mundial.

3. Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación, a partir de una mayor vinculación entre la academia, la industria automotriz y el gobierno.

4. Acceder a nuevos mercados de exportación, como lo hemos hecho con la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación Transpacífico.

Los diputados del Partido Acción Nacional respaldamos y acompañamos estas estrategias de fomento industrial, ya que estamos ciertos que generarán nuevas inversiones, empleos y condiciones de bienestar para los ciudadanos. Sin embargo, no vemos congruencia en las políticas públicas del Ejecutivo federal, ya que la reforma fiscal que impulsó para este año contiene disposiciones que afectan directamente a la industria automotriz del país; 1. La reducción en los montos de la deducibilidad en la inversión de vehículos nuevos que pasó de 175 mil pesos a sólo 130 mil; 2. La obligación del pago del impuesto al valor agregado a las importaciones temporales; y 3. El incremento del impuesto al valor agregado en la franja y región fronteriza que pasó de 11 a 16 por ciento. Estas medidas fiscales han elevado considerablemente los precios de los vehículos nuevos en los municipios fronterizos, desalientan severamente la adquisición de vehículos nuevos y fomentan aún más la importación de vehículos usados extranjeros.

Por ello, en Acción Nacional consideramos que es ineludible que el Ejecutivo federal, atendiendo a sus facultades, lleve a cabo medidas y acciones, tangibles y concretas, en el corto plazo que tengan efectos inmediatos en dos aspectos fundamentales del sector automotriz; un incremento en las ventas de vehículos nuevos y la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera.

Primero, proponemos que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elabore e instaure un programa integral que incentive la adquisición de vehículos nuevos, con la participación de los gobiernos estatales y de la propia industria automotriz, considerando al menos las siguientes medidas y acciones:

a) Un descuento en las contribuciones, tenencia, verificación y emplacamiento;

b) Un incremento en el monto de la deducibilidad, para efectos del impuesto sobre la renta;

c) Planes de financiamiento a través de la banca comercial con la participación de la banca de desarrollo;

d) Un esquema de renovación del parque vehicular o “chatarrización”; y

e) Un descuento real en los precios de los vehículos al comprador final.

La experiencia internacional ha demostrado que aquellos países que han promovido agresivas políticas de fomento a la adquisición de vehículos nuevos, tales como; el aumento del financiamiento mediante la reduccio?n de las tasas de interés, el aumento de los plazos y del leasing, así como la reducción de los impuestos, junto con programas de “chatarrización” o “compra tu cero kilómetros”, han incrementado sustancial las ventas.2

Ahora bien, la introducción de vehículos usados en el país procedentes del extranjero, principalmente de Estados Unidos y de Canadá, es un fenómeno añejo y crónico, que es explicado en gran parte por las asimetrías existentes entre los mercados de vehículos de Estados Unidos, Canadá y de México, así como por la interacción económica y social que se presenta en las ciudades de la frontera norte con las colindantes de los Estados Unidos, hacen que haya un flujo constante y abundante de personas, mercancías y, por supuesto, de vehículos, en ambos lados de la frontera.

Resulta muy atractivo para los residentes de los municipios fronterizos adquirir un vehículo usado en Estados Unidos, que presenta un menor precio en comparación a uno nacional, para después introducirlo al país, ya sea de manera legal o ilegal. Esto, en razón de que en aquellos países, dadas sus características económicas y de consumo, hay una enorme oferta de modelos y de marcas de vehículos, esquemas de financiamiento atractivos, tasas de interés bajas y menores impuestos para su adquisición, que provocan que los vehículos se deprecien rápidamente y que su precio de reventa sea sumamente inferior.

En Tamaulipas, y de manera particular en los municipios fronterizos, no somos ajenos a este fenómeno, una parte importante del parque vehicular es de procedencia extranjera y, en su mayoría, se encuentra de manera ilegal en el país. Esta situación provoca una serie de problemas económicos y sociales y hasta ambientales para esos municipios de nuestro estado.

En primer lugar, las autoridades hacendarias a nivel federal y estatal dejan de recaudar varias contribuciones, tales como los impuestos y derechos a la importación que son del ámbito federal, así como la tenencia, los derechos, las placas, la verificación ambiental y las multas que son del ámbito estatal.

En segundo lugar, el problema más grave es el social, en razón de que estos vehículos al no estar legalmente en el país carecen de placas y registro vehicular, por lo que se desconoce a su propietario, y pueden ser utilizados para cometer delitos que afectan a la población con lo que se extienden los niveles de inseguridad pública.

En tercer lugar, se fomenta la corrupción en los cuerpos policiacos a nivel federal, estatal y municipal, así como en las autoridades aduaneras, ya que los propietarios de estos vehículos, ante la posibilidad de que sea embargados o retenidos, es común que ofrezcan dadivas o sobornos para mantener su posesión.

En cuarto lugar, estos vehículos también carecen de una verificación ambiental y de las condiciones físico-mecánicas, a diferencia de los que son importados legalmente, por lo que representan una fuente de contaminación para la atmósfera y un riesgo para la población en general.

Por todo lo anterior, los diputados del Partido Acción Nacional de Tamaulipas creemos por demás necesario corregir esta problemática endémica que afecta a nuestro estado y, sobre todo, a los municipios de la frontera norte.

Desde 1978, las autoridades federales y las estatales han tratado de remediar esta situación, a la fecha se han expedido 19 instrumentos entre decretos, acuerdos y programas para la regularización de los vehículos de procedencia extranjera.3 No obstante, estos esfuerzos no han alcanzado los resultados esperados, en razón de que persiste la introducción de vehículos al país; por el amplio diferencial de precios entre los vehículos extranjeros y nacionales y por el alto costo que se tiene que pagar por su importación definitiva.

Actualmente, las personas pueden importar un vehículo usado procedente de los Estados Unidos o Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cumpliendo con las formalidades y requisitos previstos en el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.4 Sin embargo, si deseen importar un vehículo usado con las preferencias arancelarias del TLCAN, es decir, a una tasa de 0 por ciento ad valórem del vehículo, deben presentar el certificado de origen del vehículo que precise que efectivamente cumple la regla de origen de la zona del tratado, documento que regularmente no lo tienen, por lo que se ven obligados a pagar el 10 por ciento ad valórem del vehículo.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha venido actualizando hacía el alza los precios estimados de los vehículos que son utilizados para determinar el valor del vehículo en la aduana,5 con lo cual el arancel se calcula con un precio que se encuentra por encima del prevaleciente en el mercado, esto con la justificación de evitar la subvaluación del precio del vehículo y, con ello, una evasión de impuestos, así como también una forma de desincentivar la introducción de vehículos usados al país a través del alto costo en su importación.

Con todo lo anterior, al contrario, se ha estado fomentando la entrada ilegal y la importación temporal sin retorno de vehículos usados en el país. Las diferencias y condiciones en que se adquieren los vehículos de un lado y el otro de la frontera marcan estos incentivos.

Por consiguiente, los diputados del Partido Acción Nacional que representamos a Tamaulipas consideramos indispensable solicitar respetuosamente al Ejecutivo federal y de Tamaulipas a que de manera coordinada implanten un programa integral para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en el estado, en especial en los municipios fronterizos, que permitan su importación de manera definitiva a costos asequibles.

El procedimiento de regularización de vehículos determina que ningún caso procederá la aplicación de una tasa arancelaria preferencial de un acuerdo o tratado, así como las previstas en el decreto para la importación definitiva de vehículos, por lo que los propietarios deberán pagar el arancel y las demás contribuciones.6

Además, no podemos dejar de señalar que los costos de la importación se incrementaron para este año, a consecuencia del aumento del impuesto al valor agregado en la frontera y del tipo de cambio del peso respecto al dólar. Esto desalienta, aún más, a los propietarios de estos vehículos a regularizar su estancia en el país.

Derivado de lo anterior, pensamos que el Ejecutivo de Tamaulipas podría establecer un programa de regularización de vehículos similar al que se instauró en Chihuahua durante 2011, 2012 y 2013,7 a través del cual el Ejecutivo estatal garantizó las contribuciones que hubieran por la diferencia entre el precio estimado y el valor declarado por el propietario, estas fueron del orden del 25, 50, 70 y 85 por ciento, dependiendo del año-modelo del vehículo,8 lo que redujo sustancialmente el costo de la importación.

En octubre pasado, el Ejecutivo de Chihuahua implementó un programa de financiamiento para la regularización de los vehículos, ante el elevado costo de su importación, con la finalidad de que la mayoría de los vehículos fueran importados en definitiva y emplacados. Esto, en virtud de que algunos propietarios de estos vehículos no tenían los recursos suficientes para realizar su trámite, que fluctuaba entre 5 mil y 25 mil pesos en impuestos. Así, el Estado financió hasta 80 por ciento del costo de la importación, tomando como garantía el pedimento de importación del vehículo.

Estos programas lograron avances significativos en el ordenamiento del parque vehicular de ese Estado, por un lado, se otorgó seguridad jurídica a los propietarios de los vehículos, al obtener los documentos que comprueban su legal estancia en el país y, por el otro, las autoridades estatales pudieron ordenar los vehículos extranjeros mediante su identificación, registro y emplacamiento.

En consecuencia, estamos convencidos de que el Ejecutivo de Tamaulipas debe replicar estos programas en el estado, para que los ciudadanos puedan utilizar y conservar sus vehículos legalmente en el país, sin poner en riesgo su patrimonio, y las autoridades hacendarias y de seguridad pública podrán identificar y registrar todos los vehículos que circulan por nuestras calles y carreteras, con dos beneficios a saber; un aumento en la captación de recursos fiscales y, sobretodo, mejorando el clima de seguridad entre los tamaulipecos.

Por lo expuesto, los diputados del Partido Acción Nacional de Tamaulipas nos permitimos someter a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a establecer un programa integral que incentive la adquisición de vehículos nuevos, con la participación de los gobiernos estatales y de la industria automotriz nacional, considerando al menos las siguientes medidas y acciones:

a) Un descuento en las contribuciones, tenencia, verificación y emplacamiento;

b) Un incremento en el monto de la deducibilidad, para efectos del impuesto sobre la renta;

c) Planes de financiamiento a través de la banca comercial con la participación de la banca de desarrollo;

d) Un esquema de renovación del parque vehicular o “chatarrización”; y

e) Un descuento real en los precios de los vehículos al comprador final.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y de Tamaulipas, a través de sus respectivas Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Finanzas, a establecer de manera coordinada un programa integral para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en el estado, en especial en los municipios fronterizos.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, a realizar medidas y acciones para establecer la garantía de las contribuciones por la diferencia entre el valor declarado y el precio estimado de los vehículos usados en su importación definitiva, y un plan de financiamiento para los propietarios de estos vehículos que no puedan costear su importación.

Notas

1 4 Estrategias de la Política Industrial Automotriz.

http://www.presidencia.gob.mx/4-estrategias-de-la-politi ca-industrial-automotriz/

2 El mercado de automo?viles en Me?xico. El taman?o potencial del mercado de vehi?culos ligeros nuevos en Me?xico.

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/indu stria_comercio/Estudios/Mercado_Potencial_Automotriz-InformeFinal.pdf

3 Los vehículos usados de procedencia extranjera en México.

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/293 625/956425/file/Vehiculos-usados-extranjeros-docto142.pdf

4 Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5198960&fe cha=01/07/2011

5 Resolución que modifica la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5136361&fe cha=24/03/2010

6 Regularización de Vehículos Usados.

http://www.sat.gob.mx/aduanas/vehiculos/importaciones_au tosusados/Paginas/regularizacion.aspx

7 Acuerdo que establece el programa para que Chihuahua garantice contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados que circulan en dicha entidad.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5275828&fe cha=30/10/2012

8 Acuerdo por el que se establece el programa para que los gobiernos locales garanticen contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja y región fronteriza norte.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5185423&fe cha=11/04/2011

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

Diputados: Carlos Alberto García González, María Eugenia de León Pérez, José Alejandro Llanas Alba, Marcelina Orta Coronado, Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Glafiro Salinas Mendiola, Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública federal a atender con el de Chiapas las quejas relacionadas con la falta de pagos a profesores interinos de secundaria en el estado, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los diputados, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Uno de los peores sucesos en la historia de nuestro país ha sido, sin duda alguna, la firma del ahora muerto “Pacto por México”, plataforma desde la cual las cúpulas partidistas negociaron e intercambiaron beneficios particulares a cambio del destino y el bienestar de todas y todos los mexicanos.

Y a pesar de que ya no está en vigencia, o al menos eso dicen, el Pacto por México ha metido al país en una serie de problemas específicos, uno de ellos en materia educativa, pues aunque ya no es un tema que escuchemos en esta tribuna, ni se mencione abundantemente en los medios de comunicación, la desaparición de la educación a fin de convertir a los docentes en trabajadores administrativos ha dado sus primeras graves y terribles consecuencias.

La reforma educativa fue planteada como un “lanza lineamientos”, con un Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INEE, que está encargada de la emisión de éstos, y carece de la estructura y concepción de una verdadera autoridad educativa.

Además, no existe una definición sobre la coordinación del INEE con los estados, lo cual por supuesto impide una aplicación precisa de las nuevas reglas del juego y, además, da un revés a la descentralización educativa, con ininteligibles como “calidad de la educación” que refiere un “máximo logro”, el cual jamás se ha especificado y, hasta la fecha, no se ha logrado explicar y mucho menos concebir.

La pregunta es ¿la profesionalización de los profesores se ha logrado amenazándolos? La respuesta hasta ahora es clara, los avances en materia educativa hasta ahora son nulos y no existen factores de medición que puedan comprobar que a partir de la Reforma Educativa se han obtenido avances en este sentido.

La citada legislación ha abierto el campo para la simulación, no para que los alumnos aprendan, sino para que los alumnos memoricen, bajo el cuidado de profesores que no les enseñen a cuestionar, razonar o aprender.

Este proyecto persecutorio mal llamado reforma ha iniciado una cruzada moral en contra de los profesores y la historia nos enseña que estos procesos sólo generan la división de las sociedades.

El tiempo se está encargando de darnos la razón a quienes advertimos en su momento las graves consecuencias que esta reforma traería.

Meses después de su aprobación sin discusión y sin análisis, la reforma educativa está en riesgo de diluirse de manera seria y grave en Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa , Yucatán y Zacatecas, entidades que incumplieron con la armonización de sus leyes locales al artículo 3 Constitucional, no sólo por incorporar omisiones graves, sino por caer en contradicciones con la ley general1 .

A excepción de Zacatecas, en todas esas entidades aún se permite la práctica de pagar aviadores, comisionados o licenciatarios, sin estar frente a grupo, mientras que ni Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa o Yucatán contemplan como causal de rescisión la falta por tres días seguidos o discontinuos en un mes sin justificación.

Además, las legislaciones de Baja California, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí también presentan omisiones y en la mayoría de estas entidades, salvo en Baja California y Morelos también se sigue permitiendo los pagos a aviadores, y ni Coahuila, Guanajuato, Nayarit o San Luis Potosí hacen explícito que ausentarse de una evaluación en causa de rescisión para maestros, directores y supervisores.

En la opacidad se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala, entidades en las que la información de sus leyes aprobadas no está disponible.

A medio año de aprobada la reforma educativa, apenas siete entidades “hicieron la tarea”.

En febrero del presente año, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, reveló que más de 500 maestros han sido cesados2 por inasistencias en los últimos dos meses y medio; esto, con base en lo establecido en esta deficiente reforma educativa.

“Lo digo lamentándolo, porque la inmensa mayoría de los maestros –500 representan un porcentaje ínfimo– es gente que trabaja, que resuelve su labor en el aula, que alienta con el conocimiento el impulso vital de nuestros alumnos. Los buenos mentores son una gran mayoría”, dijo en aquella ocasión, dejando claro que “las sanciones no son revocables. Y, en todo caso, es a través de una autoridad judicial como pueden revocarse; los maestros pueden ir a impugnar una decisión que creen les causa perjuicio sin estar fundada. Pero, evidentemente, la autoridad administrativa, una vez que pronuncia su decisión, no la va a revocar”.

Sin embargo, nada se dice de los al menos 400 maestros interinos del nivel secundaria en Chiapas, a quienes la Secretaría de Educación Pública les adeuda salarios de más de seis meses3 .

Óscar Agustín Espinoza, representante de la Secretaría de Jubilaciones y Pensiones de la sección VII del SNTE, explicó que autoridades educativas se han comprometido en diversas ocasiones a pagar el adeudo, sin que hasta la fecha cumplan con los compromisos que adquieren.

Y es que todos los interinos contratados el 1 de septiembre de 2013 no han recibido un solo peso por concepto de prestación de sus servicios laborales al frente de las escuelas, mientras que otro grupo de mentores se encuentra en similar situación desde 2012.

¿Cuál es la tabla de medición para el cumplimiento de las funciones de las Secretarías de Educación Públicas de los estados? ¿Cuál es el rasero por el que se mide a la Secretaría de Educación Pública federal y a su titular?

A más de medio año, insisto, los avances en materia educativa han sido nulos, y mientras el gobierno por un lado se ha encargado de estigmatizar socialmente a las profesoras y profesores, por el otro permite que un grupo de formadores realice un trabajo por el cual no reciben remuneración alguna, eso se llama explotación.

Sabemos ya que para el secretario de Educación Pública, 500 profesoras y profesores despedidos son un porcentaje “ínfimo”, como él mismo lo ha dicho y suponemos entonces que 400 más que no reciben desde hace 6 meses el pago por sus servicios representen para él -si acaso-, un número accesorio, pero para 400 familias significa la falta total de ingresos que den sustento a un modo de vida digno, al cual tienen derecho.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor a que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con el titular de la Secretaría de Educación de Chiapas, Ricardo A. Aguilar Gordillo, gire instrucciones para que se atiendan las quejas relacionadas con la falta de pagos a profesoras y profesores interinos de nivel secundaria en Chiapas, a fin de que a la brevedad se cubran los adeudos correspondientes.

Notas

1 http://www.milenio.com/politica/reforma_educativa-Mexicanos_Primero-arm onizacion_reforma_educativa-leyes_secundarias_0_277172567.html

2 http://aristeguinoticias.com/0702/mexico/sep-despide-a-500-maestros-por -faltas/

3 http://revoluciontrespuntocero.com/adeuda-sep-salarios-de-mas-de-6-mese s-a-maestros-de-escuelas-secundarias/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Colima a reforzar por la Secretaría de Salud estatal las acciones y estrategias emprendidas para prevenir y atender el embarazo en adolescentes, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada, Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Colima, para que a través de la Secretaría de Salud estatal, se refuercen las acciones y estrategias emprendidas hacia la prevención de embarazo en adolescentes en el estado, especialmente en Manzanillo y, en caso de existir el embarazo, hacia un adecuado tratamiento físico y psicológico materno-infantil, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Dentro de la salud pública, la salud reproductiva debe ser un subtema fundamental en las agendas políticas de todos los gobiernos. En este sentido, es necesario resaltar que de acuerdo a la información proporcionada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar de embarazos de jóvenes entre la edad de los 15 y 19 años.

De igual forma, esta información menciona que los embarazos se dan dentro del segmento poblacional con más bajos ingresos, con menos formación educativa y en zona rurales más rezagadas.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, destaca que entre 2005 y 2011 los embarazos adolescentes aumentaron de 30 a 37 por cada mil mujeres mexicanas. Incluso el número de mujeres de 12 a 19 años atendidas por embarazo, alcanzó un 74.4 por ciento en 2012.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública reveló, en diciembre del año pasado, que al término de 2010 fueron atendidas 197 mil 338 niñas y adolescentes por parto espontáneo o aborto.

A nivel nacional, Guerrero, Durango, Sonora, Chiapas, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala y Colima se encuentran entre las entidades con mayor índice de embarazos entre las edades de 15 a 19 años. Asimismo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía resalta los estados que superan al porcentaje del 74.4 por ciento, que son Baja California Sur y Chihuahua.

Por lo que corresponde a Colima, según lo informa un diario de circulación local, el doctor César Pimentel Macedo, director del Hospital General de Manzanillo, dijo estar preocupado por el aumento de embarazos en niñas menores de edad en dicho municipio, pues de acuerdo a sus estadísticas, se registran un promedio de hasta 10 nacimientos al día y en muchos de los casos son de niñas de 12 a 13 años de edad.

Así bien, es de señalar que esta problemática tiene diversas causas que lo generan y consigo también trae diversas consecuencias. Como causas podemos señalar, la pobreza generalizada, la falta de educación, la ausencia de poder de decisión y de circunstancias fuera del control de la niña y de atención por parte de sus padres; como consecuencias, una vida personal y profesional muchas veces truncada, familias disfuncionales, problemas psicosociales y por otra parte, las físicas tanto de la madre como para el recién nacido.

Ante este panorama, es necesario en primera instancia, tranversalizar los programas de existentes de prevención de los embarazos, implementar y reforzar los programas necesarios tendientes a una correcta educación sexual en la que se concientice a las y los adolescentes de los riesgos y consecuencias posibles de un embarazo a edad temprano.

El garantizar a la niñez un crecimiento adecuado, acompañado, informado y debidamente orientado, hará que la toma de decisiones de estos, sean más conscientes y razonadas, promoviendo así un adulto sano y en plenitud.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al ciudadano gobernador de Colima, para que a través de la Secretaría de Salud estatal, se refuercen las acciones y estrategias emprendidas hacia la prevención de embarazo en adolescentes en el estado, especialmente en Manzanillo; y, en caso de existir el embarazo, hacia un adecuado tratamiento físico y psicológico materno-infantil a las adolescentes embarazadas.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 10 de abril de 2014.

Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por el gabinete de seguridad nacional, con el gobierno del estado de México, una estrategia integral de seguridad pública para enviar fuerzas federales que contribuyan a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes-La Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alberto Díaz Trujillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y artículo 79, fracción II, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública, es parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de derecho, genera las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza que su vida, su patrimonio y sus bienes estén exentos de todo peligro, daño o riesgo, es una función del Gobierno que implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.

Mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, es un quehacer que obliga al Estado a llevar a cabo acciones conjuntas con los tres órdenes de gobierno, asimismo requiere de la participación de diversas instancias e instituciones, para la protección de la persona en contra de actos lesivos de otros individuos.

El 19 de octubre de 2011 se promulgó la Ley de Seguridad del estado de México, que establece el concepto de Seguridad Ciudadana, y coloca como eje central de su atención a la persona, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. De esta manera, se busca disponer espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y propiciando condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza. Con este fin, se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cabe mencionar que la Ley de Seguridad del Estado de México otorga a esta Secretaría nuevas y mayores responsabilidades en materia de prevención y combate especializado del delito, de reinserción social, de participación ciudadana, de seguridad privada y pirotecnia, entre otras, lo cual obliga al fortalecimiento de su estructura orgánica para cumplir a cabalidad con los imperativos legales vigentes, preceptos que a la fecha no han dado resultados en la labor de combatir la inseguridad, sino por el contrario, los índices delictivos han incrementado, lo cual pone en evidencia la falta de control territorial por parte de las autoridades municipal y estatal.

Los recientes sucesos, el incremento de la incidencia delictiva y los lamentables acontecimientos que han surgido en el Estado de México, donde se han perdido vidas humanas, son reflejo de los delitos que presentan un aumento en los últimos tres años como son el secuestro, los homicidios, el robo a bancos, el robo de vehículos, el robo a transportistas, el robo con violencia en general y los delitos sexuales; Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México no sólo se ha incrementado el secuestro 46% en un año, sino también otros delitos clasificados de alto impacto como el hurto de automóviles, el robo a transporte e incluso asalto a bancos, además de las lesiones.

Sí comparamos el 2012 con el 2013 en homicidios tenemos un aumento del 15 por ciento, en secuestro del 26 por ciento. Si comparamos enero del 2013 con enero del 2014, tenemos en homicidio un aumento 17 por ciento y en secuestro del 35 por ciento.

Es de condenarse la ola de violencia que en los últimos días se ha manifestado con asesinatos de personas inocentes, en el Estado de México, en los primeros 10 días de este año, 28 personas fueron asesinadas, en su mayoría en ejecuciones múltiples, el pasado viernes, se registraron al menos 14 asesinatos y cinco personas heridas en cuatro municipios de esa entidad: Tlalneplantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz y Ecatepec.

Las condiciones actuales que vive el Estado de México, obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fortalecer los esquemas de protección y actuación institucional para salvaguardar la integridad de los Mexiquenses, en Acción Nacional estamos conscientes del peligro que implica la creciente actividad delictiva del crimen organizado en la entidad, por ello hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Gobernador, para que implementen operativos, refuercen la seguridad y restablezcan el orden.

Para materializar las aspiraciones de seguridad y justicia de los mexiquenses, se requiere de la concurrencia de los tres Poderes de Gobierno y resulta de particular relevancia la colaboración del Ejecutivo Estatal a través de sus órganos de seguridad y procuración de justicia.

En Acción Nacional, buscamos fomentar la cultura de la legalidad que ha de redundar en una mayor protección de las personas y de las familias, una mejor atención a las víctimas del delito, y a la persecución y captura de los delincuentes. El respeto a la eminente dignidad humana, implica el conocimiento de los derechos y su exigencia, así como de los deberes y su cumplimiento.

Por ello hacemos un enérgico llamado a las autoridades Federales y Estatales para que emprendan acciones inmediatas en materia de seguridad encausadas a proteger la vida y el patrimonio de todos los mexiquenses, velando por su tranquilidad. Reconocemos los problemas y sus consecuencias, por ello pedimos se cumplan con los compromisos de bienestar y se materialicen con acciones que conduzcan a la consolidación de la paz anhelada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un llamado respetuoso al Ejecutivo federal para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el gobierno del estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias Mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes la Paz y Ecatepec.

Diputado Alberto Díaz Trujillo (rúbrica)