Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incorporar en la cartilla nacional de vacunación un esquema de detección temprana de la insuficiencia renal crónica, a cargo de los diputados Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel, Leobardo Alcalá Padilla e Isaías Cortés Berumen, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN

Los suscritos, Abel Octavio Salgado Peña, Gabriel Gómez Michel y Leobardo Alcalá Padilla, diputados federales de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; así como del diputado Federal Isaías Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, Apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, Apartado 1, fracción II, Apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un estudio del Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se define como una pérdida lenta, progresiva e irreversible del filtrado en el riñón, totalmente asintomática en las etapas iniciales, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, originada por diversas causas.

Estas alteraciones pueden presentarse en las funciones digestivas, hematológicas, cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. Si la función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal.

Luego de la aparición de los primeros síntomas, que generalmente se detectan cuando ya se encuentran en etapas muy avanzadas, (alrededor del 60%), de la Enfermedad Renal Crónica, le siguen las complicaciones propias del síndrome urémico, y se manifiesta mediante alteraciones.

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es un grave problema de salud pública, ya que 1 de cada 10 mexicanos sufre de algún nivel de lesión renal, generando un alto costo social y económico, en el que se estima que cada año son alrededor de 35,000 pacientes en todo el sistema de salud. La incidencia mundial promedio es de 300 a 400 nuevos casos por millón de habitantes por año, de estos el 20% son menores de 18 años.

Los principales factores de riesgo que influyen para presentar IRC, son prematurez y bajo peso al nacer (terapia intensiva, alimentación parenteral) infecciones urinarias de repetición, historia familiar de enfermedad renal, hipertensión arterial mal controlada, proteinuria persistente, hiperlipidemia, descontrol metabólico, hiperfosfatemia, sobrepeso y obesidad, procesos obstructivos, anemia, dieta hipocalórica e hipercolesterolemia. Además, la diabetes se constituye como la principal causa de Insuficiencia Renal (IR).

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, la IRC es actualmente, la quinta causa de muerte general en México, y la tercera a nivel hospitalaria.

Junto con la hipertensión y la diabetes, la IRC es una enfermedad silenciosa, que por sus características, el costo de atención por paciente en unidades del sector salud, se encuentra en los 300 mil pesos al año.

Pero no es todo. Actualmente la IRC no es tratada por medio del seguro popular, situación que merma de manera significativa, la economía de las familias que tienen un paciente de estas características.

En septiembre de 2001 la administración del doctor Julio Frenk Mora, entonces Secretario de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan de Salud, en el que por primera vez se acepta que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que va en ascenso porque no se tiene la cultura de la prevención..

El método sencillo y no invasivo para detectar datos sugerentes de Insuficiencia Renal Crónica consiste en la realización de un examen general de orina, en el que se pueda observar la posible pérdida de proteínas, lesiones en el riñón, infecciones y demás anormalidades como por ejemplo, la presencia de albumina y cristales. El costo de este examen oscila entre los 40 a 50 pesos.

Otro método complementario para detectar IRC es mediante un examen en sangre llamado de química sanguínea, que arroje la predisposición a ésta y otras enfermedades. El costo de un examen de este tipo oscila en los 400 pesos.

Por tanto, por su importancia y costo, la prueba idónea para detectar tempranamente en los niños(as) manifestaciones de la IRC, es el examen general de orina, realizándolo a los 6 y 12 meses de edad en niños con factores de riesgo mencionados y continuar con un examen anual. Aquellos niños (as) sin factores de riesgo practicarlo a partir del año de edad.

Una vez detectado algún dato de alarma, se le otorgará al familiar asesoría médica para consolidar el diagnóstico y seguimiento del paciente e iniciar tempranamente, el tratamiento adecuado de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) para neutralizar el daño, acompañado de una dieta saludable, para evitar factores que puedan aumentar el daño renal.

Además de lo anterior, existen una serie de tratamientos sustitutivos y restitutivos de la función renal, con ventajas e inconvenientes, como por ejemplo, el más utilizado es la diálisis peritoneal intermitente o intrahospitalaria, diálisis peritoneal ambulatoria o diálisis en casa hemodiálisis. El tratamiento sustitutivo de la función renal es mediante el trasplante renal, principalmente. En estos casos el costo es alto, por los implementos a adquirir aunado a que es un gasto de manera permanente para subsistencia del paciente. El costo del trasplante renal definitivamente es muy costoso con el riesgo de que el cuerpo del paciente rechace el órgano donado.

Ahora bien, el examen general de orina que proponemos incorporar al esquema de la cartilla nacional de vacunación o como un tamizaje de detección de lesión renal temprana, ha sido un caso de éxito en otras naciones.

Japón incorporó a su sistema de salud a principios de la década de 1970, el análisis de orina para detectar la enfermedad renal, implementado para todos los trabajadores y niños en edad escolar. Esta política pública trajo consigo la reducción de gastos en tratamiento correctivo de IRC.

Primero, el Ministerio del Trabajo en Japón puso en marcha un programa de examen de salud obligatorio en todo el país que incluía los exámenes de química sanguínea y el general de orina. En 1974 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Japón inició el programa obligatorio en las escuelas públicas, con los alumnos de 6 a 18 años.

Una de las principales estrategias en la implementación de esta política pública en el ámbito escolar, ha sido establecer un sistema de monitoreo para niños, en el que reciben un análisis de orina gratuito, en el programa de exámenes de salud escolar, o bien, lo podríamos solicitar a través de la institución escolar como un requisito a su ingreso y posteriormente solicitarlo de forma anual.

Si al niño le es detectada alguna alteración que en un futuro pueda transformarse en una IRC, es derivado al médico familiar que le corresponda, a efecto de iniciar un tratamiento oportuno con miras a devolver la funcionalidad en un 100 por ciento de sus riñones.

Para el caso de los trabajadores de Japón el análisis anual de orina es gratuito y de presentar alguna anomalía, son derivados a su médico familiar para iniciar el tratamiento que en la mayoría de los casos, es corregible.

Esta política pública tiene como consecuencia, que para el 2010 Japón sea el país con la menor incidencia de IRC en el mundo, con una tasa de 280 casos por millón de habitantes, Estados Unidos con 300 y México presenta más de 500 casos por millón de habitantes hasta el 2011.

Como consecuencia de esta política pública, en 1979 se redujo el gasto en tratamiento correctivo y para 1983 estaba incorporado a la cultura de salud de la ciudadanía de Japón.

Estimaciones de un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que en 2010 habría unos 120 mil mexicanos con IRC, pero con la necesidad de recibir un trasplante de riñón.

A falta de datos precisos, en la actualidad se afirma que la IRC y otras enfermedades renales, como la nefritis o nefrosis, están entre las 10 principales causas de muerte en México.

Un comparativo del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos señala, que la incidencia en México se había duplicado, al pasar de 200 en 2001, a más de 500 en 2011. Este dato se basa en reportes del estado de Jalisco, que la reporta como causa importante de morbi-mortalidad infantil, se incorporan entre 220 a 250 nuevos casos pediátricos en ERC por año, ocupando el onceavo lugar en el grupo de 1 a 4 años y el segundo en el de 10 a 19 años, que es la única entidad federativa que reporta a dicho Sistema norteamericano.

En el mundo, poco a poco la Insuficiencia Renal Crónica avanza como un problema de salud pública. Apenas en julio de 2013, la Organización Mundial de la Salud, hizo la correspondiente declaratoria de las comunidades agrícolas de El Salvador, y así de manera silenciosa, avanza la IRC sobre el humano.

Luego entonces, el objeto de esta proposición, es exhortar a la Secretaría de Salud, a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente al examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

Además, exhortamos a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, -con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, Apartado 2, Fracción III-, que este asunto sea considerado de urgente y obvia resolución para someterse a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Salud a que incorpore en la cartilla nacional de vacunación que se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, el esquema correspondiente a la práctica de un examen general de orina, como método de detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), a los 6 y 12 meses de edad, y posteriormente, una vez al año.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que incorpore la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), dentro del catálogo de enfermedades susceptibles de ser atendidas bajo el esquema del seguro popular.

Bibliografía :

Médica Efectiva, Práctica. Volumen 2 – Número 6. Junio 2000. Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. Secretaría de Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://bvs.insp.mx/articulos/1/13/v2n6.pdf

Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Viernes 28 de septiembre de 2012. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270654&fecha=28/09/2012

La enfermedad renal crónica problema de salud pública en México. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.cucs.udg.mx/principal/noticias/archivo-de-noticias/la-enferm edad-renal-cr-nica-problema-de-salud-p-blica-en-m-xico

Enfermedad renal crónica en las comunidades agrícolas en Centroamérica es un problema grave de salud pública. Organización Panamericana de la Salud. Consultado el 25 de febrero de 2014 y tomado de internet de http://www.paho.org/hq../index.php?option=com_content&view=article&id=9062%3Akidney-disease-of-unknown-causes-in-agricultural-communit ies-in-central-america-is-declared-a-serious-public-health-problem& catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo de dos mil catorce.

Diputados: Gabriel Gómez Michel, Abel Octavio Salgado Peña, Leobardo Alcalá Padilla, Isaías Cortés Berumen (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar e implantar por el gabinete de seguridad nacional, con el gobierno del estado de México, una estrategia integral de seguridad pública para enviar fuerzas federales que contribuyan a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes-La Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alberto Díaz Trujillo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y artículo 79, fracción II, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública, es parte esencial del bienestar de una sociedad, un Estado de derecho, genera las condiciones que permitan al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza que su vida, su patrimonio y sus bienes estén exentos de todo peligro, daño o riesgo, es una función del Gobierno que implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro.

Mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco de libertades, es un quehacer que obliga al Estado a llevar a cabo acciones conjuntas con los tres órdenes de gobierno, asimismo requiere de la participación de diversas instancias e instituciones, para la protección de la persona en contra de actos lesivos de otros individuos.

El 19 de octubre de 2011 se promulgó la Ley de Seguridad del estado de México, que establece el concepto de Seguridad Ciudadana, y coloca como eje central de su atención a la persona, asegurando el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales. De esta manera, se busca disponer espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales, fortaleciendo las instituciones y propiciando condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollar de forma permanente sus capacidades en un ambiente de certeza. Con este fin, se creó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Cabe mencionar que la Ley de Seguridad del Estado de México otorga a esta Secretaría nuevas y mayores responsabilidades en materia de prevención y combate especializado del delito, de reinserción social, de participación ciudadana, de seguridad privada y pirotecnia, entre otras, lo cual obliga al fortalecimiento de su estructura orgánica para cumplir a cabalidad con los imperativos legales vigentes, preceptos que a la fecha no han dado resultados en la labor de combatir la inseguridad, sino por el contrario, los índices delictivos han incrementado, lo cual pone en evidencia la falta de control territorial por parte de las autoridades municipal y estatal.

Los recientes sucesos, el incremento de la incidencia delictiva y los lamentables acontecimientos que han surgido en el Estado de México, donde se han perdido vidas humanas, son reflejo de los delitos que presentan un aumento en los últimos tres años como son el secuestro, los homicidios, el robo a bancos, el robo de vehículos, el robo a transportistas, el robo con violencia en general y los delitos sexuales; Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el Estado de México no sólo se ha incrementado el secuestro 46% en un año, sino también otros delitos clasificados de alto impacto como el hurto de automóviles, el robo a transporte e incluso asalto a bancos, además de las lesiones.

Sí comparamos el 2012 con el 2013 en homicidios tenemos un aumento del 15 por ciento, en secuestro del 26 por ciento. Si comparamos enero del 2013 con enero del 2014, tenemos en homicidio un aumento 17 por ciento y en secuestro del 35 por ciento.

Es de condenarse la ola de violencia que en los últimos días se ha manifestado con asesinatos de personas inocentes, en el Estado de México, en los primeros 10 días de este año, 28 personas fueron asesinadas, en su mayoría en ejecuciones múltiples, el pasado viernes, se registraron al menos 14 asesinatos y cinco personas heridas en cuatro municipios de esa entidad: Tlalneplantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes La Paz y Ecatepec.

Las condiciones actuales que vive el Estado de México, obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fortalecer los esquemas de protección y actuación institucional para salvaguardar la integridad de los Mexiquenses, en Acción Nacional estamos conscientes del peligro que implica la creciente actividad delictiva del crimen organizado en la entidad, por ello hacemos un enérgico llamado al Ejecutivo Federal y al Gobernador, para que implementen operativos, refuercen la seguridad y restablezcan el orden.

Para materializar las aspiraciones de seguridad y justicia de los mexiquenses, se requiere de la concurrencia de los tres Poderes de Gobierno y resulta de particular relevancia la colaboración del Ejecutivo Estatal a través de sus órganos de seguridad y procuración de justicia.

En Acción Nacional, buscamos fomentar la cultura de la legalidad que ha de redundar en una mayor protección de las personas y de las familias, una mejor atención a las víctimas del delito, y a la persecución y captura de los delincuentes. El respeto a la eminente dignidad humana, implica el conocimiento de los derechos y su exigencia, así como de los deberes y su cumplimiento.

Por ello hacemos un enérgico llamado a las autoridades Federales y Estatales para que emprendan acciones inmediatas en materia de seguridad encausadas a proteger la vida y el patrimonio de todos los mexiquenses, velando por su tranquilidad. Reconocemos los problemas y sus consecuencias, por ello pedimos se cumplan con los compromisos de bienestar y se materialicen con acciones que conduzcan a la consolidación de la paz anhelada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un llamado respetuoso al Ejecutivo federal para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el gobierno del estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias Mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Los Reyes la Paz y Ecatepec.

Diputado Alberto Díaz Trujillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SEP, de la STPS y de la SHCP a analizar y resolver el problema que afecta a los jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación descrita en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Roberto López Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todas las autoridades del país, deben tener como una de sus tareas centrales, la consecución de la legalidad y la justicia, como instrumento indispensable para restablecer el tejido social y, por tanto, a la nación toda.

En 2004, dada la revisión del contrato colectivo de trabajo entre los trabajadores del Colegio de Bachilleres y la institución, los trabajadores decidieron estallar la huelga. Después de 12 días de negociaciones, las partes acordaron modificar la cláusula 68 de dicho Contrato Colectivo, reforma que para los trabajadores representaba la posibilidad de obtener un mayor ingreso en su jubilación, dado que la institución cumplía 30 años de haber sido creada y se preveía el que muchos de los trabajadores fundadores estarían en las posibilidades de concluir su vida laboral, así, la institución presentó la siguiente redacción de la citada cláusula, misma que motivó a los trabajadores levantar la huelga.

Cláusula 68

Terminación de la relación laboral:

En caso de terminación de la relación laboral de un trabajador, por renuncia, incapacidad o jubilación, “El Colegio” se compromete a entregarle el finiquito legal con salario integrado que en su caso le corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la ley Federal del Trabajo, cuando proceda, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de dicha terminación, como se estipula en los Contratos Colectivos de Trabajo del Colegio de Bachilleres a partir de la firma 2004-2006 hasta el último 2012-2014.

De igual manera se compromete a entregar a los beneficiarios del trabajador que fallezca el finiquito legal con salario integrado que en su caso corresponda, incluido lo establecido en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del mismo plazo, siempre y cuando el trabajador haya designado ante el Colegio a su beneficiarios. De no haberlo hecho así, lo entregará dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se determine, por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente, quien resulte ser el o los beneficiarios.

El plazo a cargo de “El Colegio” no regirá cuando, por causas imputables al trabajador, no pueda llevarse a cabo alguna etapa del procedimiento.

Es de considerar, que en ese mismo año, varios trabajadores y trabajadoras iniciaron su trámite de jubilación, observándose que la clausula en su redacción, estaba sujeta a dos interpretaciones, una de ellas fue el que la prima de antigüedad se debía pagar con el cálculo del salario integrado, y otra que la misma debía pagarse conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, esto es, al doble del salario mínimo general. Para la institución, a pesar que en su momento signó la cláusula 68, la interpretación válida ha sido la segunda y para los trabajadores la primera, ocasionando con ello la generación de un conflicto laboral.

Como resultado de ello, en los juicios laborales no ha existido un criterio unificado acerca de quién tiene la razón legal, ya que ambas partes en diferentes colegiados, han obtenido sentencias en los dos sentidos, a favor de los trabajadores a favor de la institución.

Resulta trascendental no perder de vista que este conflicto laboral tiende a crecer, por el hecho de que cada año se incrementa el número de trabajadores jubilados y que el problema esta sobrepasando las facultades de la institución, y que en un momento determinado no es sólo un problema de carácter económico sino de credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales por parte de “El Colegio” ante sus trabajadores jubilados, es por ello necesario dar una solución adecuada a este conflicto laboral y considerar la participación y coordinación interinstitucional entre la dependencias gubernamentales de la Secretaría de Educación pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público a instalar con la mayor brevedad una mesa de acuerdo y resolución que proceda a realizar el pago a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres para que reciban la prima de antigüedad, misma que es de 12 días de salario por cada año prestado a la institución con salario integrado, esto en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del contrato colectivo de trabajo, pactado entre el Colegio de Bachilleres y sus Trabajadores, asumiendo que dicha cláusula contractual adquirió este sentido y fue el motivo principal para que los trabajadores levantarán la huelga que llevaban a cabo en 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2014.

Diputados: Roberto López Suárez (rúbrica), Socorro Ceseñas Chapa, Flor Pedroza Aguilera, Elena Margarita Tapia Fonllen, Karen Quiroga Anguiano, Luis Manuel Arias Pallares, Javier Salinas Narváez.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y del SAT a instalar en puntos estratégicos del área metropolitana de Guadalajara e interior de Jalisco módulos de información sobre el nuevo régimen de incorporación fiscal, a cargo del diputado Marco Antonio Barba Mariscal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Marco Antonio Barba Mariscal, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las reformas en materia hacendaria y demás relativas, aprobadas por esta honorable asamblea, prevén un nuevo sistema de fiscalización para los contribuyentes con ingresos menores a dos millones de pesos anuales.

En Jalisco, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 3 millones 546 mil 575 personas económicamente activas, de ellas la gran mayoría por su nivel de ingresos deberán incorporarse al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, conocido también por sus iníciales como RIF.

El Sistema de Administración Tributaria, al día de hoy ha realizado adecuaciones dentro de su estructura operativa para acatar la nueva normativa, y a su vez, poner a disposición de los contribuyentes la nueva plataforma digital conocida también como interfaz, en donde los ciudadanos llevarían a cabo las acciones para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Reconocemos el esfuerzo realizado por la autoridad hacendaria y tributaria para la implementación del nuevo régimen y de lo dispuesto por las reformas aprobadas a los ordenamientos fiscales e impositivos que les corresponde ejecutar.

Sin embargo, la necesidad de una correcta y adecuada información al contribuyente por parte de la autoridad gubernamental, mediante un ejercicio de difusión institucional es imperante, a fin de lograr el objetivo planteado por el Ejecutivo federal en materia económica y recaudatoria.

Los ciudadanos reclaman más y mejor atención en la prestación de servicios públicos por parte de la federación, los estados y municipios. Para el caso que nos ocupa la autoridad federal debe en todo momento realizar acciones e implementar medidas estratégicas que garanticen un éxito en el ejercicio de gobierno y un beneficio en el día a día del mexicano.

Como legisladores debemos impulsar programas, acciones y medidas de gobierno que garanticen la correcta aplicación de la ley, por ello propongo, a través de este punto de acuerdo, realizar un atento exhorto al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, así como al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, para que lleven a cabo la instalación y desarrollo de módulos de información con respecto al nuevo régimen de incorporación fiscal, en puntos estratégicos del área metropolitana de Guadalajara, así como del interior del estado de Jalisco.

Lo anterior con el fin de consolidar directamente con el ciudadano la actual estrategia de comunicación que realiza la secretaría, así como el propio sistema tributario.

Estamos seguros de que esta medida será de gran utilidad y beneficio para la estructura de gobierno y sin lugar a dudas para el ciudadano.

No hay mejor herramienta de trabajo para la parte obligada y la parte ejecutora que la correcta y adecuada información encaminada a un solo objetivo en común, que es el bienestar, de aprobarse e implementarse la actividad propuesta abonará en mucho a la eficacia gubernamental.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que lleven a cabo la instalación y desarrollo de módulos de información con respecto al nuevo régimen de incorporación fiscal, en puntos estratégicos del área metropolitana de Guadalajara, así como del interior del estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputado Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a declarar por la Segob el 2 de enero Día Nacional del Municipio, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, a declarar el 2 de enero de cada año como Día del Municipio Libre, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

“El municipio es el asentamiento poblacional cohesionado y estable sobre un espacio territorial delimitado, con capacidad de desarrollo, y organizado jurídicamente en forma autónoma pero armonizada con la estructura general del Estado.”

Los virreinatos en la América española se justificaron legalmente a través de la institución municipal, el ayuntamiento.

Un breve recuento de la evolución del Municipio lo encontramos, muy bien sintetizado en la página del Inadef... (http://www.inafed.gob.mx/):

Con la fundación del primer ayuntamiento, instalado en la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, se dio el primer paso a la organización de este cuerpo político y jurídico en los posteriores virreinatos españoles.

“En un principio se realizo la división, por medio de los señoríos ya existentes y en las extensiones territoriales donde no existía tal división, la milicia se encargaba de ello por medio de las capitulaciones reales, es decir por contratos realizados por la corona. Más tarde la división territorial se organizo en provincias, que se conformaban por pueblos, los que debían tener una cuna cabecera llamada alcaldía mayor, siendo obligatorio establecer un cabildo o concejo municipal.”

Los cabildos de indígenas o repúblicas de indios tenían diferentes funciones como:

A. Recaudar y entregar los tributos a los españoles.

B. Distribuir el trabajo para construcciones o tareas agrícolas.

C. Cooperar en el proceso de evangelización.

Además tenían facultad en materia penal (aprehender a los delincuentes y consignarlos).

Las funciones de los cabildos de españoles consistían en: Ejecución de justicia; los alcaldes ordinarios abocados a la administración; los regidores a las obras públicas.

El ayuntamiento era la autoridad competente para reglamentar las actividades de los trabajadores artesanales.

El municipio que se trasplanta de España recoge 3 corrientes que son: la visigótica, con el concilium; la romana con el régimen edilicio; y la árabe con la figura del alcalde.

Respecto a la división del territorio, los españoles tomaron como antecedente ciertas entidades precortesianas, la llamada división antigua, a las que se añadieron las conquistas militares realizadas a través de las llamadas capitulaciones reales.

Finalmente se hizo la división en provincias internas de oriente y occidente y de las 12 intendencias las cuales se crearon en 1786 mediante la ley que la constituyó como organización territorial de la administración colonial.

Durante casi todo el periodo Virreinal el ayuntamiento estuvo subordinado al Estado Español, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, tomó parte activa en el proceso de emancipación política.

Etapa de la guerra de Independencia

El marco jurídico de la nueva organización política se inicia durante el movimiento de Independencia...

La Constitución de Cádiz

Su conformación y realización fue promovida por el sector liberal español, constituyendo una fase relevante de la evolución jurídica y política del ayuntamiento, tratando de restaurar y transformar el régimen local, tanto en la península como en las colonias españolas. Se establece en esta constitución la organización de los municipios, consolidando la institución como instancia básica del gobierno, así como su organización territorial y poblacional.

La Constitución de Cádiz fue promulgada el 19 de marzo de 1812, en España; y el 30 de septiembre del mismo año, en la Nueva España.

Con la cual se estableció la organización de los municipios, se consolidó la institución de los mismos como instancia básica de gobierno, así como una organización territorial y poblacional, dando fin a las regidurías perpetuas, y promoviendo ese tipo de representación donde no la hubiera.

Respecto al ayuntamiento establecía:

a) El ayuntamiento se integraba por: alcalde o alcaldes, regidores, un procurador síndico, presididos por el jefe político o el prefecto donde lo hubiese, que era el representante del gobierno central en el departamento o partido.

b) Atribuciones del ayuntamiento: administrar en áreas de salubridad, orden público, instrucción primaria, beneficencia, obras públicas, cárceles municipales.

Las atribuciones de los ayuntamientos estaban limitadas, debido a la sujeción de los jefes políticos y diputados respectivamente.

Esta Constitución se creó en la Nueva España, posteriormente México, la institución de los jefes políticos, actuando éstos durante todo el siglo XIX y la primera década del siglo XX.

Plan de Iguala

Con la promulgación del Plan de Iguala el 21 de febrero de 1821 se establece la Independencia del país y su forma de organización en una monarquía constitucional la cual reconoció la existencia de los ayuntamientos dejando subsistentes las normas establecidas en la Constitución española de Cádiz.

En esta época el ayuntamiento se vio afectado por las finanzas públicas, se redujeron y suprimieron algunas de las contribuciones, por ende se dio una disminución de las fuentes de ingresos.

2. El México independiente

Los ayuntamientos fueron principales protagonistas del proceso para conformación del Congreso constituyente del nuevo estado mexicano. Es así como se puede hablar ya de la existencia del municipio con la denominación de mexicano.

En el periodo intermedio entre el Plan de Iguala y la Constitución de 1824, es proclamado emperador Agustín de Iturbide quien suscribió en 1822 el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano en el que estableció que las elecciones de ayuntamientos para el siguiente año se llevaran a cabo de acuerdo con un decreto promulgado por dicho reglamento. Posteriormente nombró a un jefe político por cada provincia, confirmando así el régimen municipal de la Constitución gaditana.

Constitución de 1824

El 4 de octubre de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, estableciéndose la República Federal en el artículo IV que manifestó: La Nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. Con 19 estados, 4 territorios y un Distrito Federal.

Al no hacerse referencia a la forma del gobierno local, dejó en plena libertad a los estados para organizar sus gobiernos y administraciones, regulándose los municipios por la normatividad de la Constitución de Cádiz.

Las Siete Leyes Constitucionales

En 1836 se promulgaron las Siete Leyes Constitucionales las cuales dieron las bases de funcionamiento del nuevo régimen centralista.

A través de estas leyes se dividió el territorio de la república en departamentos, éstos en distritos, a la vez organizados en partidos.

Las leyes de 1836 consagraron constitucionalmente a los ayuntamientos, disponiendo que fueran popularmente electos y los hubiera en todas las capitales de los departamentos. Puertos con más de 4,000 habitantes y pueblos con más de 8,000.

En este régimen centralista se incorporó el Distrito Federal al Departamento de México.

Por Decreto del 22 de agosto de 1846 se restableció el Distrito Federal y sus ayuntamientos, funcionando hasta el 21 de septiembre de 1853, en que Santa Ana dispuso que el Distrito Federal se convirtiera en Distrito de México.

La Constitución de 1857

En esta constitución se precisó la organización del país en forma de república representativa democrática, federal y popular.

En el artículo 72 se menciona que se elegirá popularmente a las autoridades públicas municipales y judiciales; el artículo 31 menciona que todo mexicano debe contribuir a los gastos de la Federación, Estado o Municipio, así que estos últimos podían exigir impuestos para sus funciones y cierta independencia económica; y el artículo 36 establecía la obligación de todo ciudadano de inscribirse en el padrón de su municipio. De tal manera que los estados de la federación normaban y reglamentaban sus respectivos regímenes municipales.

La Intervención Francesa trajo como consecuencia el establecimiento del segundo Imperio en México. Maximiliano a través de su Estatuto Provisional, designaba la soberanía en la persona del Emperador. La división política del territorio era en departamentos, divididos en distritos y a su vez en municipalidades . Dicha estructura era administrada jerárquicamente por los prefectos imperiales, un consejo de gobierno, subprefectos para los distritos; y para los ayuntamientos, alcaldes elegidos por la jefatura de los departamentos. Las contribuciones, eran designadas por el Emperador de acuerdo a propuestas de los concejos municipales y se estableció que ninguna carga ni impuesto municipal podía implantarse, sino a propuesta del concejo municipal respectivo.

El dominio imperial no alcanzó a consolidarse en todo el territorio mexicano y no fue sino hasta la toma de Querétaro cuando se derrocó al régimen imperial. En julio de 1867 se restableció la sede del gobierno en la capital del país y con ello el régimen republicano.

Período porfirista

Durante el Porfirismo (1876-1880; 1884-1911) el municipio fue la parte más insignificante de la estructura económica y política mexicana.

En este periodo se dan proyectos que sujetan la actividad de los municipios. En 1897, se publicó la Ley general de ingresos municipales, estableciéndose los siguientes puntos: rentas propias, impuestos municipales, impuestos federales, subvenciones del gobierno federal, e ingresos extraordinarios.

En 1903 la organización municipal se daba de la siguiente forma: Los prefectos eran los jefes de todos los servicios en las municipalidades y estaban subordinados al gobierno del estado.

La autonomía y libertad no ejercían en él, quienes determinaban verdaderamente las elecciones y otras actividades locales eran los jefes políticos

El movimiento social de 1910-1917

La libertad municipal fue una de las causas por las que se luchó durante el movimiento social mexicano de 1910 a 1917. El Plan de Partido Liberal Mexicano, el 1º de julio de 1906 se propuso consagrar la libertad municipal; en los artículos 45 y 46 del Plan se señalaba la supresión de los jefes políticos y la reorganización de los municipios que han sido suprimidos y restablecer el poder municipal.

El Plan de San Luis expresaba: la división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo existen en nuestra Carta Magna.

En este mismo Plan, Madero hizo resaltar en el punto 4 de los 11 que se expresaban. El principio de no reelección desde el Presidente de la República, gobernadores de los estados y presidentes municipales.

El Plan de Ayala fue la base para que Emiliano Zapata en 1911 dictara la Ley general sobre libertades municipales en el estado de Morelos, en esa Ley se reglamentó la autonomía política, económica y administrativa del municipio.

Plan de Guadalupe: en las adiciones a este plan del 12 de diciembre de 1914 se dan medidas para el establecimiento de la libertad municipal como una institución constitucional.

La Constitución de 1917

El Congreso Constituyente de 1916 y 1917 aborda la elaboración del artículo 115 de la Constitución, que trata de la organización de los estados y de los municipios.

El 1º de mayo de 1917 se inicia la vigencia de la Constitución, ocupando el municipio un sitio muy destacado en la vida política, jurídica, económica y social de México.

Es importante mencionar como en esta constitución se habla del Municipio Libre como la base de la organización política y de la administración pública de los estados, adoptando para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, tendiendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las tres bases siguientes.

I. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado.

II. Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos los impuestos y contribuirán al gasto público del estado en la proporción y término que señale la legislatura local.

III. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales.

5. El municipio actual

En 1983 se dio una reforma muy importante al artículo 115 constitucional, los aspectos que se abordaron fueron los siguientes:

a) Facultad a los congresos de los estados para resolver sobre la desaparición de los ayuntamientos o de algunos de sus miembros, previa garantía de audiencia.

b) Existencia de regidores de representación proporcional.

c) Entrega de participación sin condiciones por los gobiernos de los estados.

d) Cobro del impuesto predial por los ayuntamientos.

e) Facultades a los ayuntamientos para zonificación y determinación de reservas ecológicas.

f) Se ampliaron las facultades reglamentarias a los ayuntamientos.

g) Normar la relación entre los ayuntamientos y sus empleados.

h) Elaboración de presupuesto de egresos para los ayuntamientos.

i) Determinación de los servicios públicos.

En 1989 se creó el Centro Nacional de Desarrollo Municipal con el objeto de apoyar a los gobiernos municipales en sus tareas de la administración pública y gestión de los servicios públicos, transformando el Centro Nacional de Estudios Municipales de 1983, que tenía como función principal el estudio y la aplicación de lo referente al artículo 115 constitucional.

En este momento existen 2,435 municipios cuya diversidad, complejidad, características y problemática, hacen de México un país con una riqueza cultural, económica y política que lo engrandecen.”

Adicionalmente en el devenir histórico:

Se observa entonces que el Municipio ha sido la piedra angular de la formación territorial y política de nuestra nación.

Fue en un municipio donde se dio origen a nuestra Independencia, Dolores.

Fue en un municipio donde dio origen nuestra bandera y el Plan que nos hizo libres; Iguala.

Y en otro Municipio se suscribió la Independencia; Córdoba

A la par en nuestro glorioso Himno Nacional se enuncian solamente dos lugares que son municipios: Iguala y Zempoala.

También los sucesos de pérdida de nuestro territorio, se iniciaron en Municipios del norte de nuestro país, culminando con la pérdida del territorio de Texas y posteriormente de los territorios de California, Colorado, Nuevo México, etcétera.

Fue en un municipio donde se firmó el segundo documento más importante de nuestra historia los tratados de Guadalupe-Hidalgo.

Fue un municipio donde nuestro país dio fe de su deseo de soberanía, Veracruz en 1914.

Fue en un municipio cuando, ya en la época posrevolucionaria donde se dio una de las grandes batallas democráticas por el Municipio libre León Guanajuato en 1946

Nuestros municipios se han difundido ampliamente por medio del cine nacional y aún hoy es un referente querido, hecho que también se ha reflejado en nuestras mejores canciones nacionales.

En sí mismo es imposible conocer de nuestro país si no es través de la vida y aspiraciones que se han manifestado en nuestros municipios.

Es ahí donde la comunidad organizada logra su mayor participación política y social.

Es una comunidad tradicional y la forma más cercana entre gobernantes y gobernados.

Es de notar que en los próximos lustros habrán de surgir nuevos municipio, ya sea por una reforma política o por el crecimiento natural de la población.

Los municipios revisten singular importancia porque ha dado forma al surgimiento de otra forma de comprenderlos por medio de las “Zonas Metropolitanas” que es una categoría que año con año cobra relevancia.

Es de reconocer que los presidentes municipales tienen un inmediato reconocimiento o rechazo por parte de la población.

Es el sector político que mayores riesgos enfrenta.

El establecimiento del “Día del Municipio” es necesario para el pluralismo y reconocimiento de las comunidades organizadas.

Por las anteriores consideraciones sometemos a la consideración de esta soberanía el presente.

Punto de Acuerdo

Único. Se formula un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación se expida un decreto, por medio del cual se declare el dos de enero de cada año como “Día Nacional del Municipio Libre”.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de abril de 2014.

Diputados: J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Genaro Carreño Muro, Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez, José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Ricardo Villarreal García.

Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal inspeccione con el área homóloga de la Cámara de Diputados las obras realizadas en las celosías del recinto legislativo, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los desastres son el punto de partida para el surgimiento del concepto de protección civil.1

Que el tratado de Ginebra del 12 de agosto de 1949 define la “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”, como una disposición para apoyar y facilitar el trabajo de la Cruz Roja internacional.

Se entiende por protección civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan a continuación, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Estas tareas son las siguientes:

I. Servicio de alarma.

II. Evacuación.

III. Habilitación y organización de refugios.

IV. Aplicación de medidas de oscurecimiento.

V. Salvamento.

VI. Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa.

VII. Lucha contra incendios.

VIII. Detección y señalamiento de zonas peligrosas.

IX. Descontaminación y medidas similares de protección.

X. Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia.

XI. Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas

XII. Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables.

XIII. Servicios funerarios de urgencia.

XIV. Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia.

XV. Actividades complementarias necesarias para el desempeño de cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización.2

Que la Ley de Protección Civil en su artículo 3o., está definida como: el conjunto de disposiciones unidas y acciones destinadas a la prevención, el auxilio y la recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre.3

Que la Cámara de Diputados cuenta en materia de protección civil con una Norma de Protección Civil y un Programa Interno de Protección Civil.

Que el artículo 1o. de la Norma de Protección Civil dicta:

“La presente norma tiene por objetivo regular las acciones de protección civil de la Cámara para proteger la integridad física de las personas, la preservación de los bienes muebles, inmuebles y la conservación del acervo cultural de la misma, en situaciones de riesgo, siniestro o desastre”.4

Que el pasado mes de noviembre en San Lázaro, se aprobó una obra para bajar y volver a colocar las estructuras de aluminio en forma de X “celosías” ubicadas en la fachada interna de la Cámara de Diputados.

Que mediante adjudicación directa se favoreció a la empresa Sackbé, bajo el contrato DGAJ-OP-008/2013.

Que las celosías en forma de X pesan cerca de 100 kilos y miden alrededor de 1.40 metros, cada una.

Sin embargo, en una revisión a vista simple se identificó que existen celosías que carecen de tornillos, existen algunas otras que a falta de una buena colocación representan un riesgo para los empleados del recinto legislativo.

Que en cumplimiento con los lineamientos de protección civil de la Cámara de Diputados, es imperiosa la prevención de accidentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus respectivas competencias soliciten a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal que, en compañía con el área de Protección Civil de la Cámara de Diputados, inspeccione las obras realizadas a las celosías y se proceda a lo conducente para prevenir accidentes futuros.

Notas

1. http://www.dgsg.unam.mx/

2. http://www.proteccioncivil.df.gob.mx

3. http://www.diputados.gob.mx/

4. Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 31 legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar la reclasificación del peculado como delito grave en sus ordenamientos penales, suscrita por los diputados Ernesto Núñez Aguilar y Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscribimos, Ernesto Núñez Aguilar y Arturo Escobar y Vega, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El mundo sensible clasifica el proceder de las personas en debido e indebido. Se dice debido a la serie de hechos ajustables a lo deóntico, al correcto comportamiento de la persona.

Usualmente, quien procede de manera indebida; es decir, alterando el proceder moral, legal o de cualquier otra índole tiene un juicio por parte de la sociedad el cual será recriminando a la persona en cuestión.

El problema se agudiza si la falta al deber profesional se da en el contexto de la función pública, pues los empleados y servidores tienen por objeto procurar los fondos de todos los mexicanos, un agravio de este tipo se convierte en lesivo para todos quienes pagan impuestos, trabajan en la economía formal o están inmiscuido en el sistema productivo del país.

En este desagradable marco se encuadra el acontecimiento suscitado por quien fuera ex tesorero del gobierno de Michoacán cuando era administrado por Leonel Godoy, nos referimos a Humberto Suárez López, quien también fuera secretario de finanzas estatal en la administración de Lázaro Cárdenas Batel.

Humberto Suárez López es presunto responsable de los ilícitos de peculado y abuso de autoridad, quien no obstante lo expresado no enfrentará su respectivo proceso sometido a una medida de seguridad, ya que él pagó una fianza equivalente a 49 millones 455 pesos, en virtud de no encontrarse regulado los ilícitos de mérito como graves.

En este sentido, cabe la pregunta suspicaz, ¿quién puede tener la cantidad para erogar una fianza de casi 50 millones de pesos?, independientemente de si la cantidad es en monetaria o en especie como pueden ser inmuebles.

En este marco, las autoridades federales, las locales y la población de la entidad federativa de Michoacán está impotente ante semejantes tropelías, no obstante que se hayan mancillado bienes jurídicos valiosos como la confianza pública y el patrimonio público, así indicado por el poder judicial de la federación.

Época: Novena Época Registro: 194043 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Mayo de 1999 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 27/99 Página: 310 Peculado. El delito tipificado en la fracción i del artículo 223 del Código Penal Federal, no se configura tratándose de cajeros en virtud de que no ejercen sobre los bienes que se les entregan facultades de disponibilidad jurídica El delito de peculado a que se refiere el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, requiere y presupone que el sujeto activo reciba de manera autónoma y con potestad de hecho los bienes objeto del ilícito para que así esté en aptitud de disponer de ellos y distraerlos de su objeto, pues sólo aquellos servidores públicos con facultades de disponibilidad jurídica sobre los bienes recibidos en razón de su cargo, pueden actualizar esa hipótesis, al encontrarse éstos dentro de su esfera de dominio; además porque de considerarse que con la sola posesión precaria se puede actualizar la hipótesis legal, sería innecesario el elemento constitutivo del delito, instituido por el legislador, consistente en que el servidor público reciba por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o algún particular; sino que hubiera bastado señalar que comete el delito de peculado el servidor público que distraiga los referidos bienes que recibe por razón de su cargo, resultando inútil precisar la calidad en que éstos se adquieren. En consecuencia, las personas que desempeñan el cargo de cajeros al servicio del Estado o de organismos públicos, técnicamente no pueden cometer esta clase de peculado, en virtud de que sobre los bienes que reciben, en este caso dinero, no ejercen una facultad de disposición, sino que sólo los poseen a título precario, habida cuenta que son recibidos momentáneamente con la obligación de entregarlo de inmediato a quien puede disponer del dinero, es decir, lo reciben en función de la naturaleza del trabajo que desempeñan y no porque se les hubiese encomendado en guarda, tutela o administración .Contradicción de tesis 57/97. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 17 de marzo de 1999. Mayoría de tres votos. Disidentes: Humberto Román Palacios y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga.

Tesis de jurisprudencia 27/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.Por todo lo precedente creemos conveniente como órgano legislativo federal, llevar a cabo un atento exhorto para requerir a todos los órganos legislativos estatales del país, a fin de que lleven a cabo una regulación jurídica a sus disposiciones penales procesales y sustantivas para regular como grave al peculado.

En virtud de lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las 31 Legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que consideren la reclasificación del delito de peculado como grave en sus correspondientes ordenamientos penales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputados: Ernesto Núñez Aguilar, Arturo Escobar y Vega.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a regular y promover el desarrollo eficiente de los servicios prestados por los proveedores de Internet en México, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La empresa Netflix dio a conocer en febrero la actualización del “índice de velocidades de proveedores de Internet”,1 en el cual México ocupa el penúltimo lugar de los 13 países evaluados; es decir, es el segundo con Internet más lento, rebasado sólo por Argentina.

El índice de velocidades de proveedores de Internet (ISP) para Netflix se basa en datos de más de 44 millones de miembros de este servicio en todo el mundo que vieron más de mil millones de horas de series y películas por mes. Las velocidades indicadas reflejan el rendimiento promedio de todas las transmisiones de Netflix en la red de cada ISP y son un indicador del rendimiento que experimentan normalmente todos los usuarios.2

En dicho estudio se consideraron seis proveedores de Internet. De ellos, Megacable es el más rápido, con 2.31 Mbps, seguido de Cablemás, con 2.3; Cablevisión, con 1.86; Axtel, con 1.71; Telnor, con 1.69; y, en último lugar, Telmex, con 1.57 Mbps.3

El estudio comparativo de Netflix destaca que Telmex es el principal proveedor de Internet de banda ancha en México, mercado del cual tiene 56.2 por ciento.4

Cablemás fue el único proveedor de Internet que registró de octubre de 2013 a febrero 2014 un incremento constante, ya que los cuatro proveedores restantes sufrieron en el último mes una caída y en lo que respecta a Axtel no se ofrecen los datos relativos a febrero.

Sin embargo, si se consideran los datos hasta enero pasado, “en el último año la velocidad de Megacable pasó de 1.88 Mbps a los 2.41 Mbps actuales, lo que representa el mayor avance entre las empresas enlistadas por Netflix para México”,5 pues en el último mes analizado la velocidad de dicho proveedor bajó 0.10 Mbps.

Aunado a ello, “según una investigación realizada por la versión digital del diario El País , la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también ubica a nuestro país y a Chile como las naciones que muestran más carencias en el servicio de red”.6

“Según esta organización, el grado de penetración que alcanza Internet inalámbrica en Chile es de 9.7 por cada 100 habitantes, mientras que en México alcanza sólo 0.5 por ciento por cada 100 pobladores”.7 En un estudio realizado por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados se define Internet como

Una enorme red de comunicaciones de ámbito mundial que permite la interconexión de sistemas informáticos, independientemente de su tipo y situación. Está físicamente compuesta por ordenadores de diversos tipos, marca y sistema operativo y ruteador que están distribuidos por todo el mundo y unidos a través de enlaces de comunicaciones muy diversos.

Sobre estos ordenadores, y aprovechando los servicios de comunicaciones de la red, se ejecutan diversos tipos de aplicaciones, que permiten realizar intercambios muy sofisticados de información.8

Asimismo, dicho estudio menciona:

La legislación nacional mexicana respecto de Internet presenta un grave problema; cualquier cosa, situación, actividad, etcétera, con posibilidades de ser regulada legalmente, debe ser, necesariamente definida antes de que se visualice en las leyes, es decir, nada puede ser objeto de legislación si no se tiene un concepto claro del objeto. En el caso de Internet, éste no es definido en alguna ley mexicana, sin embargo, se dice que Internet ingresa en los términos genéricos de medio electrónico e informática; Internet no está comprendido en esa categoría, no podemos asegurar por completo que Internet tenga un cuerpo jurídico que lo regule.9

Diversas leyes mexicanas comprenden los términos medio electrónico o informática: el Código Civil Federal, el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal; la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley de Información Estadística y Geografía.

Si bien, como se mencionó, en el país no se cuenta con un marco normativo respecto a Internet, “la Ley Federal de Telecomunicaciones tiene competencia en lo que respecta a los proveedores de conexión telefónica para acceso a Internet, mas no tiene especificaciones en este medio como tal”.10 Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque es la encargada de promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente,11 podría tener injerencia en cuanto a los proveedores de Internet y, en este caso, a la calidad de los servicios prestados por ellos, toda vez que cuenta con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la cual “tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos, para regular, supervisar y promover el eficiente desarrollo de las telecomunicaciones”.12

De esa manera, obedeciendo a los intereses de los consumidores de Internet, quienes sufren de manera reiterada de la mala calidad del servicio y buscando que el país desarrolle condiciones que le permitan ser competitivo, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a regular y promover el desarrollo eficiente de los servicios prestados por los proveedores de Internet en México.

Notas

1 Netflix, “The ISP Speed Index from Netflix” [en línea], Estados Unidos. Dirección URL: http://ispspeedindex.netflix.com/

2 Animal Político, “Netflix: México, el segundo más lento del mundo por la red de Telmex” [en línea], México. Dirección URL: http://www.animalpolitico.com/2014/02/mexico-uno-de-los-paises-con-la-b anda-ancha-mas-lenta-netflix/

3 Netflix, “Mexico ISP Speed Index Result Graph” [en línea], Estados Unidos. Dirección URL: http://ispspeedindex.netflix.com/results/mexico/graph

4 Emeequis, “México, el segundo país con el servicio de Internet más lento del mundo, según estudio de Netflix” [en línea], México. Dirección URL: http://www.m-x.com.mx/2014-03-23/mexico-el-segundo-pais-con-el-servicio -de-internet-mas-lento-del-mundo-segun-estudio-de-netflix/

5 CNN Expansión, “Telmex da el Internet más lento: Netflix” [en línea], México. Dirección URL: http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/02/11/telmex-da-el-internet-m as-lento-netflix

6 El Universal, “Ubican a México como el país con el Internet más lento” [en línea], México. Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/mexico-entre-los-pe ores-con-servicio-de-internet-segun-la-ocde-998160.html

7 Ídem.

8 Centro de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Regulación jurídica de Internet [en línea], México. Dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-12-06.pdf

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Misión y visión de la SCT” [en línea], México. Dirección URL: http://www.sct.gob.mx/informacion-general/

12 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones” [en línea], México. Dirección URL: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/84_Reglamento _Interno_de_la_Comision_Federal_de_Telecomunicaciones_01.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a efecto de que en las reglas de operación de los programas sociales de Liconsa y Diconsa se acepten como medio de pago los vales de despensa, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Arturo López Candido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal para que en las reglas de operación de los programas sociales de Liconsa y Diconsa, los vales de despensa sean aceptados como un medio de pago, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

En virtud del beneficio social que tienen y su utilización en programas sociales del gobierno federal, las lecherías Liconsa y tiendas Diconsa son mecanismos de responsabilidad social para mejorar la alimentación de las familias mexicanas con productos lácteos y abasto de productos básicos y complementarios, principalmente en localidades rurales y urbanas de alta y muy alta marginación; por ello es necesario fortalecer este mecanismo para acercar los productos a los mexicanos y así disminuir los índices de desnutrición y mejorar la calidad de vida de la población objetivo.

Los puntos de venta de estos dos programas sociales son espacios donde los ciudadanos se abastecen de diversos productos, primordialmente de la canasta básica, ya que en dichos establecimientos pueden obtenerse bienes a precios más accesibles para la población.

En esta población hay trabajadores que tienen la fortuna de contar con prestaciones de seguridad social, reciben incentivos tales como los bonos de fin de año u otras prestaciones, algunas de las cuales se hacen con base en vales de despensa, los cuales se aceptan únicamente en supermercados, donde el precio de la canasta básica se duplica o en algunos casos se triplica a diferencia del precio en Liconsa y Diconsa.

Este hecho genera que las personas que reciben este tipo de prestaciones vean limitado su poder de compra, son víctimas del poder de mercado ejercido por los grandes almacenes, donde sólo la plusvalía entra en su forma de hacer negocios.

Por ello creemos que en uso de sus atribuciones, dichas dependencias del gobierno federal deben llevar a cabo las acciones y medidas que se requieran para establecer que en los puntos de ventas de estos dos programas sociales sean aceptados los diferentes tipos de vales de despensa que se les proporciona a los trabajadores como parte de las prestaciones de seguridad social y de complemento a su salario, para que tanto los consumidores como los locatarios puedan llevar a cabo operaciones mercantiles con dichos vales.

Como antecedente que sirve para fundamentar la proposición con punto de acuerdo que presentamos, podemos señalar que en 2010 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, se emitió un punto de acuerdo referente a los vales de despensa a nivel local, con ello se tienen referencias de la necesidad de que no solamente deban aceptarse en la capital del país, sino también en el interior de la república donde se tiene la misma necesidad de pagar la compra de productos con los vales de despensa.

Dicha petición puede integrarse en las reglas de operación de estos dos programas sociales, de esta manera garantizar el servicio a la población con productos de alta calidad nutricional y a precio accesible y, a su vez, garantizando el objetivo de la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Ya que uno de los objetivos fundamentales de cualquier gobierno es garantizar el acceso al derecho universal de la alimentación, es preciso que los recursos del Estado lleguen de manera directa y sin condicionante alguna a la población que más los necesita y sean ejercidos con base en reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas.

La Procuraduría Federal del Consumidor tiene validadas dos empresas proveedoras de los vales de despensa por su seriedad y regulación:

Empresa: Efectivale

Giro: Vales de despensa

Domicilio: Saltillo 19, quinto piso, colonia Condesa, código postal 06100

México, DF

Teléfono: 5241-1400, fax 5211-0703

Empresa: Impulsora de Mercados de México, SA de CV

Giro: Vales de despensa

Domicilio: Avenida de las Granjas 473-A, colonia Barrio del Jagüey, Azcapotzalco, DF, código postal 02519

Teléfonos: 5353-6740, 53 extensión 220.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de la necesidad de que se instauren acciones y políticas en beneficio de las familias mexicanas y de los trabajadores.

Abrir la posibilidad de que los vales de despensa sean aceptados en los puntos de ventas de los programas Liconsa y Diconsa, redundará en beneficio de las economías a nivel local, además de que las familias mexicanas tendrán más opciones para adquirir los productos de consumo diario, especialmente, los que componen la canasta básica.

Por lo expuesto, el suscrito, José Arturo López Candido, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal para que en las reglas de operación de los programas sociales de Liconsa y Diconsa, los vales de despensa sean aceptados como un medio de pago, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputado José Arturo López Candido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a efecto de que el Sistema Nacional de Empleo garantice la inclusión laboral de las personas con autismo, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los suscritos, José Angelino Caamal Mena y Lucila Garfias Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten presentar ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad de las niñas y los niños sin que aún se determine con precisión cuáles son las causas que lo originan.. La tasa del autismo es alta en todas las regiones del mundo y tiene un terrible impacto en los niños y sus familias, las comunidades y la sociedad (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2 de abril de 2013, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo).

La septuagésima sexta sesión plenaria de la ONU emitió una resolución donde se estableció el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que, además, se origina de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual tiene como finalidad que los estados parte se comprometan con las niñas, niños, adolescentes y adultos para que disfruten de una vida plena y digna, en condiciones que aseguren su dignidad, fomenten su autonomía y faciliten su participación actividad en la sociedad.

De esa manera se tratará de garantizar que puedan hacer pleno goce de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales, siempre bajo el principio de igualdad de condiciones con los demás. Asimismo, en el contenido de esta resolución emitida por la ONU, se define el autismo como una discapacidad permanente, que se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro y que además esta discapacidad no distingue de sexo, raza o condición socioeconómica.

En esta asamblea se planteó la preocupación de la elevada prevalencia y elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo, por lo que es importante prever los problemas a los que se enfrentara este sector de la población mediante el diseño y puesta en marcha de los programas necesarios en materia de salud educación, capacitación e intervención emprendidos por el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, que a largo plazo permitirán asegurar una mejor calidad de vida para estas personas.

Respecto a México, encontramos los antecedentes sobre los trabajos para la concientización sobre el autismo en 2008. En 2012, la Secretaría de Salud emitió la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Espectro Autismo, misma que se refiere y coincide con la ONU en que la prevalencia de dicho trastorno ha aumentado en los últimos años, por lo que es importante considerar que es de carácter crónico y su gravedad hace que se precise un plan de tratamiento multidisciplinario personalizado y permanente a lo largo de su vida, para que tengan un mejor desarrollo y puedan tener un mejor potencial para el desarrollo de sus vidas.

Si bien aún se desconocen cifras exactas sobre el trastorno, éste es cada vez más común de lo que se pensaba, incluso más que otras enfermedades como la diabetes, el cáncer y el sida en conjunto; esto de acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud en 2012.

Se considera que en el país, el autismo afecta con mayor frecuencia a los niños que a las niñas, Aquí todavía no hay algún área de investigación en el tema. A nivel mundial, en las últimas dos décadas, los casos de autismo se han incrementado hasta en 600 por ciento, algunos médicos creen que este aumento se debe a las nuevas definiciones de este trastorno. En Estados Unidos se diagnostica un caso cada 20 minutos; en ese país 1 de cada 110 niños presenta este trastorno. En España es diferente: existen de uno a dos casos por cada mil niños. En 2007, el Instituto Politécnico Nacional estimó que en México hay alrededor de 45 mil niños con autismo.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos que es necesaria la suma de esfuerzos por trabajar en este tema. Sin embargo, consideramos que nuestro compromiso debe ser con todos los habitantes del país que viven con autismo; desde la detención y seguimiento en la niñez, así como llevar a cabo las medidas necesarias para que cuando éstos niños y niñas, sean adultos, sean capaces de alcanzar su autonomía y formar parte del mercado laboral.

Las personas con autismo tienen una vida igual que cualquier otra persona, por lo que es importante que ellos también sean considerados en programas de capacitación para desempeñarse en distintas áreas laborales. Con ello no sólo se fomenta su independencia sino que, a su vez, garantiza mayor certidumbre a los padres y madres de familia que tienen la preocupación con respecto al futuro de sus hijos. Asimismo, las personas con autismo se encontrarán en posibilidades de aportar sus capacidades al desarrollo económico de nuestro país, pues un país que alcanza mayor potencial en su desarrollo es el que incluye a todos los sectores de la población, sin discriminación alguna.

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 2o.:

Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la Ley Federal del Trabajo producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquel en que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

La misma Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 3o. que el trabajo es un derecho y deber social de que deben de gozar todas y todos los habitantes del país.

El artículo 3o. de la misma ley establece que el trabajo es un derecho y un deber social, por lo que a su vez forma parte de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de segunda generación, para todos los hombres y mujeres que viven en el país.

Es importante que se promuevan talleres de capacitación para las personas mayores de edad que tienen autismo a fin de que se integren al mercado laboral, ya que al día de hoy no contamos aún con programas especiales para este sector de la población. Si bien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un programa de capacitación para integrar en el mercado laboral a personas con discapacidad y los adultos mayores, éste no atiende a las personas con autismo.

La inclusión laboral de las personas con discapacidad es el resultado de un proceso en el que intervienen diversos factores; algunos son inherentes a las propias personas y otros al entorno en que desarrollan dicho proceso.

En 2011, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se establecieron condiciones generales para que el Estado, en sus tres ámbitos de gobierno, promueva el pleno ejercicio de sus derechos, para impulsar la consolidación de una sociedad incluyente en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Para ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá garantizar la creación de programas dirigidos a la capacitación de las personas con autismo para su inclusión laboral.

Será importante considerar varios aspectos, como las características del autismo, espacios aptos para desarrollarse profesionalmente, tipo de apoyo que requieren para que sean considerados en el ámbito laboral, sus capacidades y características que cada uno de ellos poseen, normas de seguridad que deberán emprender los empleadores, entre otras circunstancias, que garanticen un mejor desarrollo de su vida profesional y laboral.

En España, la propuesta dirigida a este sector de la población ya es una realidad donde participan empresas, sociedad y trabajadores con autismo y en donde se hace efectivo el derecho al trabajo que tienen las personas con autismo al igual que el resto de la población, además de que les permite ser una parte activa de la sociedad en la que viven.

Con relación a lo anterior, el Servicio Nacional de Empleo Nacional, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en lo que corresponde a la colocación de trabajadores, deberá proponer y proponer la contratación de personas con autismo.

Por lo expuesto, y con objeto de apoyar a todos los adultos con autismo para que logren una real inclusión laboral mediante el ejercicio de un trabajo digno y decente, se someten a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario del Trabajo y Previsión Social a crear un programa de capacitación dirigido a la población con autismo para que pueda integrarse al mercado laboral del país; y a instruir a los encargados del Servicio Nacional de Empleo a fin de que se celebren convenios con distintos empleadores en materia de colocación a favor de las personas con autismo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario del Trabajo y Previsión Social a efecto de que el Servicio Nacional de Empleo establezca coordinación con la Secretaría de Educación Pública para que, en materia de capacitación y empleo, promuevan planes y programas que incluyan la capacitación y adiestramiento de personas con autismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputados: José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Lucila Garfias Gutiérrez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del INM a realizar una campaña nacional de capacitación y profesionalización en protección y asistencia de niños y de adolecentes migrantes no acompañados, a cargo de la diputada Mirna Velázquez López, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Mirna Velázquez López, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La falta de oportunidades laboral es, la pobreza y la desigualdad, entre otros factores han provocado que muchos personas, tanto nacionales como de otros países, abandonen su lugar de origen forzados por las circunstancias, lo que de manera concomitante, ha aumentado la migración de Niñas, Niños y Adolescentes que viajan sin la compañía de sus padres, tutores o personas que legalmente les represente y les brinde protección.

Por esto, en el año 2009, el Instituto Nacional de Migración (INM) calculaba que uno de cada 12 migrantes en tránsito por México era menor de 18 años y para ese mismo año reportó cerca de 16 mil eventos anuales de mexicanos menores de 18 años por las autoridades migratorias de Estados Unidos y recibidos por nuestro país, de los cuales el 79% viajaban no acompañados.

En base al crecimiento exponencial que se ha presentado de este fenómeno, y con la finalidad de detectar y atender de manera personalizada las necesidades de los niños migrantes, mexicanos o extranjeros, en el proceso de su aseguramiento, protección y estancia en los Centros de Migración, el Instituto Nacional de Migración creó en 2007 los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS).

En la actualidad, se cuenta con más de 543 OPIS distribuidos en las 32 Delegaciones Regionales del INM, los cuales tienen como objetivo el que se respeten los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual desde el momento en que son asegurados por las autoridades de migración del país, son acompañados durante todo el proceso, brindándoles asesoría e información sobre su situación migratoria y legal, así como se les brinda alimento, vestido, y se les ayuda contactar a sus familiares.

Esto demuestra que para el Estado Mexicano es una prioridad garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolecentes migrantes, ya que es un fenómeno que genera condiciones de vulnerabilidad que sin duda alguna se agrava cuando se da en menores de edad no acompañados.

Por tal fin, es de vital importancia que todo el personal que tiene contacto con los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, cuenten con la capacitación y profesionalización adecuadas, con la finalidad de que se les brinde un trato digno y confiable a los menores, respetando sus derechos.

Por este motivo es que se exhorta al INM a realizar una campaña nacional enfocada a la capacitación y profesionalización en materia de protección y asistencia de niñas, niños y adolecentes migrantes no acompañados, dirigida a los oficiales de protección a la infancia, puesto que son ellos los que mantienen contacto directo desde su ingreso y en todo momento hasta que se determine la situación migratoria del menor, ya que su facultad es velar por sus derechos humanos; a fin de avanzar, mejorar y garantizar su protección de las Niñas, Niños y Adolecentes migrantes no acompañados en su estadía en el Instituto Nacional de Migración.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Migración a realizar una campaña nacional enfocada a la capacitación y profesionalización en materia de protección y asistencia de niñas, niños y adolecentes migrantes no acompañados, dirigida a los oficiales de protección a la infancia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputada Mirna Velázquez López (rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a difundir por el sitio de Internet lo relativo al Programa IMSS-Oportunidades, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a hacer del conocimiento público y de fácil acceso, a través del sitio de internet del Instituto, lo relativo al Programa IMSS-oportunidades e implemente las acciones que garanticen la cobertura a los estados que presentan el índice más alto de la población sin acceso a los servicios de salud; asimismo implemente los indicadores de calidad de los servicios médicos y adecue los indicadores de capacitación y participación en las comunidades, a fin de que éstos puedan ser evaluados puntualmente, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Programa IMSS-Oportunidades

El Programa IMMS-Oportunidades es un programa del Gobierno Federal administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social cuyo propósito es contribuir a garantizar el derecho a la salud de la población que carece de seguridad social y que vive en condiciones de marginación en las entidades donde cuenta con infraestructura. La operación del Programa se sustenta en el Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), el cual articula las acciones médicas con las comunitarias con el fin de propiciar entornos saludables. El programa proporciona servicios médicos preventivos y curativos a nivel ambulatorio y hospitalario, en unidades de primer y segundo nivel de atención y es vinculado a la acción comunitaria mediante estrategias de comunicación educativa para formar y actualizar a los voluntarios encargados de organizar a su comunidad y efectuar labores de prevención, promoción y autocuidado de la salud, siendo gratuitos todos los servicios prestados.

2. En cuanto al presupuesto asignado y ejercido por el programa IMSS-Oportunidades, se observa que en los últimos años ha ido incrementando, como se muestra a continuación:

(Cifras en millones de pesos)

Fuente: SHCP.

Consideraciones

A) En la Valoración Integral del Desempeño de los Programas Sociales 2012-2013, el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) determinó que la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó 7.7 puntos porcentuales en 2012 respecto a 2010, esto representó una reducción de 8.2 millones de personas que no tenían derecho a recibir servicios médicos de alguna institución pública que los presta o los servicios médicos privados, siendo que las entidades federativas con el porcentaje de población más alto de carencia por acceso a los servicios de salud en 2012 eran Puebla (29.6), Michoacán (28.6), Veracruz (25.7), Guerrero (25.4) y Estado de México (25.3). A pesar de haber disminuido el nivel de esta carencia en 10.8 y 13.5 puntos porcentuales en 2012 respecto a 2010, respectivamente, Puebla y Guerrero siguen siendo estados con los niveles más altos de población sin acceso a los servicios de salud.

B) Asimismo, el Coneval señaló que el Programa “no cuenta con los resultados de evaluaciones de impacto rigurosas que permitan tener evidencia de los efectos que el programa causa en los beneficiarios”.

C) No obstante a que el IMSS-Oportunidades es el Programa de salud más progresivo del gobierno federal, y para 2012 en la evaluación del Coneval el desempeño mostrado fue adecuado ya que la mayoría de los indicadores superaron las metas o valores de referencia; se observó que la mayoría de los indicadores de gestión miden productividad y no incluyen indicadores de calidad de los servicios médicos y los indicadores de capacitación en las comunidades no permiten evaluar las capacidades adquiridas o la aplicación de conocimientos en el hogar; los indicadores de participación en agua limpia, excretas, fauna nociva y basura y desechos son insuficientes para medir la aplicación de conocimientos con precisión.

D) Por otra parte el Coneval en la evaluación al programa sugirió al IMSS garantizar que toda la información proporcionada por el programa al equipo evaluador para la realización de esta evaluación sea pública y de fácil acceso a través del sitio de internet del programa o la dependencia.

E) En cuanto a la asignación presupuestal, se detecta que no obstante a que el presupuesto autorizado al Programa IMSS-Oportunidades en los últimos años ha ido incrementando, mismo que se corresponde con el presupuesto ejercido, no se ve reflejado en el impacto de la cobertura y la calidad del servicio.

F) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

G) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

H) Adicionalmente, en el artículo 9 de la misma ley señala que la información que refiere el artículo anterior será disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, ciudadano José Antonio González Anaya, a hacer del conocimiento público y de fácil acceso, a través del sitio de internet del Instituto, lo relativo al Programa IMSS- Oportunidades; asimismo, a lo siguiente:

• Implemente los indicadores de calidad de los servicios médicos y adecúe los indicadores de capacitación en las comunidades y los indicadores de participación, a fin de que estos puedan ser evaluados puntualmente.

• Implemente las acciones que garanticen la cobertura del Programa a los estados que presentan el índice más alto de población sin acceso a los servicios de salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al establecimiento de incentivos para la movilidad sustentable no motorizada, a cargo de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la atención de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En el contexto del siglo XXI, el tema del cambio climático tiene una complejidad transversal que abarca no sólo los contenidos relacionados con las fluctuaciones en el clima o la deforestación de los bosques, sino con la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero.

El presente punto de acuerdo tiene su origen en el área de oportunidad que la Ley General de Cambio Climático (Diario Oficial de la Federación 6/6/2012) junto con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Diario Oficial de la Federación 3/6/2013) ofrecen para generar incentivos que den prioridad al transporte no motorizado y al ciclista. En virtud de lo anterior, la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados ofrece la correspondencia más idónea para su dictamen.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC), ha definido la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, que deberán ser implementadas a lo largo de los próximos años, para cumplir con la meta de reducir para el año 2020 treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea base, y cincuenta por ciento de reducción de emisiones para 2050 en relación con las emitidas en el año 2000.

La trayectoria identificada que permitiría lograr estos objetivos, implica que para 2020 se deben reducir las emisiones anuales en alrededor de 288 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e), y para 2050 las emisiones totales deberán alcanzar un nivel máximo de 320 MtCO2e.1

La LGCC también establece que se considerarán como instrumentos económicos de carácter fiscal a los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático y que en ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios, y considera prioritarios para el otorgamiento de estos estímulos fiscales, a las actividades relacionadas con la utilización de equipos y tecnologías que tengan por objeto reducir o controlar las emisiones, así como promover prácticas de eficiencia energética.2

Como fundamento de nuestra propuesta el artículo transitorio tercero de la LGCC, instituye que para el año 2020 las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios deberán implementar acciones de mitigación para alcanzar la meta-país en materia de reducción de emisiones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán haber generado de forma gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de los combustibles fósiles.

En ese orden de ideas, es del interés de este punto de acuerdo, apoyar aquellas líneas de acción previstas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), para acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia, y principalmente dar viabilidad a la meta M3.7 que a la letra dice:

M3.7. Generar incentivos , infraestructura y programas para favorecer el transporte no motorizado, articulado dentro de sistemas integrados de transporte, en el que se dé prioridad al peatón y al ciclista para generar beneficios ambientales y de salud inmediatos.

Además del respaldo de instrumentos económicos para el efectivo cumplimiento de las acciones previstas en la LGCC, esta proposición con punto de acuerdo pretende poner el acento en la necesidad de la participación de la población como entes activos y corresponsables. De allí que presentamos una reflexión sobre aquellos esquemas desarrollados en otros países, que aprovechan las mejores prácticas para una mejor calidad de vida para la población. En ese sentido, nos planteamos explorar las alternativas para la aplicación de estímulos fiscales que favorecen no sólo la gestión responsable de los recursos, sino la participación de todos los interesados en el nivel que corresponda.

Propuesta

Algunos países están reduciendo la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica, mediante diversos incentivos que los gobiernos han promovido para estimular el uso de bicicletas como forma de transporte personal. La bicicleta tiene muchas ventajas: alivia las congestiones viales, disminuye la contaminación atmosférica, reduce la obesidad, eleva la condición física y principalmente no emite gases de efecto invernadero y su precio es accesible a millones de personas que no pueden pagar los costos de un automóvil. Las bicicletas aumentan la movilidad mientras que reducen la congestión del área pavimentada; seis bicicletas caben en un carril para automóvil y las ventajas para estacionarlas son aún mayores: 20 bicicletas ocupan el espacio de estacionamiento de un auto.

Según datos del Earth Policy Institute3 , el mundo produjo alrededor de 130 millones de bicicletas en 2007, que representa más del doble de la cantidad de vehículos que se produjeron en ese año; desde 2001 la producción de bicicletas ha mantenido su ritmo ascendente y esto se debe en gran parte al aumento en la producción de bicicletas eléctricas, que duplicó su producción a 21 millones de unidades en 2007.

La bicicleta no es solamente un medio flexible de transporte; es sin duda un medio eficaz para substituir al automóvil en viajes cortos y de esa forma reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La capacidad de proveer movilidad a comunidades de bajos ingresos ha sido conmovedoramente demostrada en China con la escalada de la producción de bicicletas que comenzó en 1976 con 6 millones de unidades, y alcanzó en 2007 los 90 millones. Las bicicletas tomaron los caminos rurales y las calles y son el medio que ofrece movilidad personal para cientos de millones de chinos. Según datos de estudios realizados en Francia, la utilización de una bicicleta en un trayecto diario de 10 kilómetros, evita la emisión de 700 kilos de CO2 al año.4

Como ya lo señalamos, varios países han promovido diversos incentivos para estimular el uso de las bicicletas y facilitar la movilidad de los trabajadores: desde 1997 Bélgica reformó su marco legal para promover que las empresas aporten un pago voluntario adicional, libre de impuestos de alrededor de 0.20 euros por kilómetro recorrido, a los empleados que se transportan en bicicleta. De acuerdo con estudios realizados por el Departamento Belga de Movilidad, se ha logrado demostrar que si la compañía paga la cuota, los empleados llegan en bici: el número de ciclistas se incrementó de 6.3 por ciento a 9.5 por ciento, eso representa un aumento de más de 50 por ciento.5

Otro ejemplo es el que introdujo Holanda hace varios años: se reformó la ley para que las empresas dieran a sus empleados una bicicleta, libre de impuestos, cuyo precio no excediera los 749 euros. En la actualidad, Holanda tiene un parque de 18 millones de bicicletas para 16 millones de personas y 26 por ciento de los viajes se realizan en bicicleta. Como dato adicional, las ventas anuales de bicicletas a las empresas que apoyan este modo de movilidad, se estiman en un cuarto de millón de euros lo que se traduce en que de cada 5 bicicletas nuevas, en una va algún empleado.6

En el Reino Unido, el gobierno lanzó el esquema de incentivos denominado Cycle to Work, en el que las empresas pueden prestar bicicletas a sus colaboradores, como un beneficio libre de impuestos, bajo la condición de que las bicicletas sean utilizadas para transportarse al trabajo y para otras actividades relacionadas con el cargo. El empleado termina “comprando” la bici al final del plazo de préstamo, por una suma nominal.

En 2009, el Ministerio del Medio Ambiente Italiano estableció un esquema de subsidio para adquirir bicicletas o biciclos eléctricos, destinando un presupuesto total de 19 millones de euros, que resultó en la venta de 127 mil bicicletas/biciclos eléctricos adicionales7 . Asimismo, el Congreso italiano aprobó un incentivo económico a través de un descuento de aproximadamente 5 por ciento para personas mayores y residentes, sobre la cuota por uso de bicicletas normales o motorizadas, en el marco del sistema público de movilidad sustentable no motorizada8 .

“México se encuentra a tiempo de cambiar para alcanzar la sustentabilidad y la equidad social. Si el día de hoy comenzamos a planear una mejor movilidad basada en alternativas de transporte público y no motorizado y en la reducción de la intensidad del uso del automóvil, es posible lograrlo”.9

En virtud de lo anterior, y con la intención de que la movilidad sustentable no motorizada cuente con estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política nacional sobre el cambio climático, que coadyuven a la reducción de emisiones anuales establecidas para el año 2020, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consideren al ciclista y a las empresas promotoras de la movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de subsidios que promuevan las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de combustibles fósiles.

Notas

1. Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Cambio Climático DOF 03/06/2013

2. Ley General de Cambio Climático. Artículos 92 y 93.

3. http://www.earth-policy.org/search?q=bicycles al 24 de febrero 2014.

4. http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-deplacements/se-deplacer-responsable/tr ansports-doux al 24 de febrero de 2014.

5. http://www.bike-eu.com/Laws-Regulations/Regulations/2013/3/Fiscal-Incen tives-for-Cycling-1258441W/

6. http://www.bike-eu.com/. Op. Cit.

7. Ibídem

8. http://www.comune.catania.it/il_comune/organizzazione/uffici_comunali/d irezioni/mobility-manager/campagna-incentivi-acquisto-bici-e-scooter-el ettrici/

9. ITDP. Planes Integrales de Movilidad. Lineamientos para una movilidad urbana sustentable. México 2012,p.5

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a realizar una investigación completa e imparcial ante la denuncia interpuesta contra Ismael Hernández Deras, ex gobernador de Durango, por la probable comisión de diversos delitos, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La preocupación por recuperar la tranquilidad y hacer valer el Estado de Derecho ha sido un lema perenne en las agendas gubernamental, política y social, abordando el tema desde múltiples aristas y, casi siempre, como respuesta a algún suceso violento que incidió en la opinión pública.

Los casos más emblemáticos relacionados con falta de seguridad y altos índices de violencia se han presentado en Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Durango, que han fungido como laboratorio de la estrategia gubernamental nacional, que sólo ha logrado consolidar la tendencia de violencia en dichas entidades.

La presencia del Ejército en las calles no logró revertir la inseguridad en el país, por el contrario, su labor se ha visto cuestionada como resultado de los civiles muertos en episodios que indican una mala praxis militar, además de la falta de procedimientos adecuados para militares que se resguardan en el fuero militar a fin de evitar enjuiciamientos en el orden civil.

Michoacán es hoy el foco de atención, pues la ausencia absoluta del Estado ha logrado que el clima de violencia impere en la entidad, sin embargo, algunas características de violencia que se evidencian en este caso, también se presentan en otros estados y de no ser atendidas, revelarán en poco tiempo una escalada de violencia. Otro caso representativo es Durango.

Un año después que Ismael Hernández Deras dejara la administración del estado de Durango, comenzaron a relucir los índices de inseguridad que se vivieron durante la gestión de Ismael Hernández. De acuerdo con informe de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC,1 el promedio mensual de víctimas visibles e invisibles de homicidio, secuestro y robo con violencia se duplicó.

Según el documento, entre el sexenio de Hernández Deras y el del actual mandatario estatal, Jorge Herrera Caldera, los homicidios aumentaron considerablemente pasando de 160 a 360 casos; el secuestro se multiplicó por 10 y el robo con violencia pasó de 210 a mil 221.

En tres años (2007-2010), tres presidentes municipales fueron ejecutados en Durango. El alcalde panista con licencia de Tepehuanes, Alfonso Peña Peña; el panista Luis Carlos Ramírez López, alcalde de Ocampo, fue acribillado por sujetos armados; y el priista Claudio Reyes Núñez, edil de Otáez, quien fue hallado muerto encobijado y con el rostro cubierto con cinta canela; el priista Manuel Estrada Escalante, presidente municipal de El Mezquital, y Manuel de Jesús Ángulo, alcalde de Topia, también fueron alcanzados por el crimen organizado; el primero fue atacado por un comando y el segundo desapareció en Topia, un municipio de la región serrana duranguense que forma parte del área de influencia del “Triángulo Dorado”.

Pero también el hallazgo de narcofosas repuntó en la administración de Hernández Deras. Sólo del 14 de abril de 2011 a enero de 2013 fueron encontrados 351 cuerpos en al menos 15 fosas clandestinas, que los delincuentes utilizaban para sepultar a sus víctimas, entre los que se encontraron policías de diversas corporaciones, miembros de grupos delictivos y personas secuestradas que jamás fueron liberadas.

Las tumbas clandestinas fueron localizadas en los municipios de Durango, Lerdo, Cuencamé, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo.

Además, es importante señalar que pese a los reclamos de los duranguenses, Hernández Deras no ha podido explicar el origen y destino de una deuda de más de 6 mil millones de pesos que dejó al término de su gobierno, lo cual desató en 2011 una crisis económica a nivel estatal.

A su salida, Ismael Hernández enfrentó la denuncia de los entonces dirigentes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y del grupo Dia (Diálogo por la Reconstrucción de México) por hechos delictivos y enriquecimiento ilícito, denuncia que no prosperó al no ser siquiera atendida.

De acuerdo con las acusaciones, Hernández Deras se benefició de los fondos públicos y programas federales. Además denunciaron que desde 2004, el cártel del Pacífico compró el “derecho de piso” al ex mandatario de Durango.

En aquel entonces alertaron que los delincuentes habrían patrocinado la campaña política de Hernández Deras con 50 millones de dólares para recomponer sus alianzas y recuperar sus territorios, lo que detonó la violencia en el estado, según publicó Contralínea en un reportaje de José Reyez, en septiembre de 2010.2

El pasado 22 de febrero, el ex mandatario y actual senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) festejó su cumpleaños número 50 en la ex Hacienda de Dolores, en El Mezquital, con la presencia de aproximadamente 4 mil invitados, entre ellos el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, y el ex presidente Vicente Fox y su esposa, Martha Sahagún.

Medios locales consignaron en aquella ocasión que el ex gobernador gastó 10 millones de pesos en el festejo, amenizado por grupos musicales de renombre.

En consecuencia, el 11 de marzo del presente año, con votos del PRI, PVEM y Panal, el Congreso de Durango acordó crear una comisión especial que se abocara a investigar presuntos actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito cometidos por el ex gobernador.

Sin embargo, dos semanas después que el Congreso de Durango creara dicha comisión especial, los legisladores dieron en una hora por terminada la investigación, sin presentar resultados. Simplemente se dijo que no hubo corrupción. No se presentaron pruebas, y caso cerrado.

El punto de acuerdo para crear dicha comisión fue propuesto por el diputado del Partido Verde Ecologista de México José Alfredo Martínez Núñez, quien dijo en ese entonces: “En esta máxima tribuna reprobamos la burla al pueblo de Durango del senador Ismael Hernández Deras, pues mientras cientos de duranguenses viven en pobreza extrema, el senador hizo un despilfarro de 10 millones de pesos en una fiesta para festejar sus 50 años”.3

Si bien la celebración de un cumpleaños no debería ser objeto de cuestionamientos, la situación particular exige atención al reclamo de la ciudadanía organizada para exigir a los servidores públicos y representantes populares mayor transparencia en el manejo de recursos públicos, lo cierto es que hasta la fecha, esta soberanía ha sido omisa ante la opacidad que reina en todos los órganos de los gobiernos federal y estatales.

Incluso con la desaparición de dicha comisión creada, y con el silencio que hasta ahora se ha mantenido sobre este tema en esta Cámara, evitamos que las investigaciones se hagan de forma transparente y que los resultados de esas investigaciones sean públicos, por lo que la posibilidad de que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil o los medios de comunicación, tengan la posibilidad de enterarse qué es lo que está sucediendo, limitando el sentido de la existencia de estas comisiones especiales y con ello, su sentido y desempeño.

El pasado 25 de marzo, Movimiento Ciudadano y un grupo de duranguenses encabezado por José Ramón Enríquez Herrera presentaron en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia a fin de que se investiguen los graves actos de omisión y complicidad del ex gobernador de Durango, pues en su sexenio hubo más de 3 mil muertos entre mujeres y hombres sacrificados, algunos de ellos profesionales del periodismo, el derecho y la medicina.

La denuncia también hace referencia a la nula importancia y la omisión que el ahora senador dio desde la gubernatura del estado que ocupaba, a los hechos relacionados con los más de 350 cuerpos encontrados en 3 narcofosas ubicadas en pleno centro de esta ciudad capital, sin que hasta el momento se sepa de algún sospechoso, detenido o procesado por semejantes crímenes masivos.

En cuanto al aspecto económico, el documento solicita que se investigue el evidente enriquecimiento ilícito del ex gobernador.4

Ante la falta de mecanismos de control eficientes, se suma una cultura ineficiente de rendición de cuentas y de sanciones a los servidores públicos o ex funcionarios, que aprovechan el uso de sus funciones para cometer ilícitos o actos de corrupción y –nuevamente– es la sociedad quien exige rendición de cuentas, ante autoridades que con su silencio avalan dichos actos.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a realizar en el ámbito de sus atribuciones una investigación completa e imparcial derivada de la denuncia interpuesta por duranguenses contra Ismael Hernández Deras en torno a la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, actos de corrupción y complicidad en las más de 3 mil muertes violentas cometidas en el estado durante su titularidad como gobernador.

Notas

1 http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/02/MEX-EVA_INDX-IVV I_LOW.pdf

2 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/09/15/hernandez- deras-en-la-mira-de-la-justicia/

3 http://www.oem.com.mx/elsoldedurango/notas/n3320129.htm

4 http://www.proceso.com.mx/?p=366965

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a difundir los resultados de la evaluación del Comité Técnico Electoral en el procedimiento de selección de candidatos para integrar el Instituto Nacional Electoral, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., Apartado 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

El 18 de febrero de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el “acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al pleno el proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

En la sesión del 25 de febrero de 2014, el Comité Técnico de Evaluación acordó los “criterios sustantivos” para la evaluación de los aspirantes y sus respectivos expedientes curriculares, entre los que señaló los siguientes: a) conocimientos; b) experiencia electoral; c) trayectoria personal; y d) trayectoria profesional.

Asimismo, determinó que en una segunda etapa, el procedimiento de evaluación incluiría la preselección de un grupo de aspirantes, definido con base en los elementos arriba indicados, el que sería citado a una entrevista con el Comité Técnico de Evaluación.

El objeto de la entrevista sería evaluar su idoneidad para integrar las listas por enviar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en los términos de la convocatoria.

El 13 de marzo de 2014, a través del boletín número 5, el mismo Comité Técnico informó que concluyó la revisión de los expedientes de los 307 aspirantes a través de un ejercicio amplio y riguroso que incluye el examen de requisitos legales y formales, por un lado, y por otro la evaluación de los planteamientos e ideas expuestos en el ensayo que debía ser presentado conforme a la convocatoria o, en su caso, en las publicaciones de autoría de los aspirantes; que de la primera revisión total de los expedientes, 71 aspirantes “han acreditado con creces los requisitos y las aptitudes necesarios para formar parte del Consejo General del INE”, que serían convocados para sostener un encuentro con el comité el 18 y 19 de marzo de 2014.

En el boletín número 6, con fecha 21 de marzo de 2014, el Comité Técnico de Evaluación anunció la conclusión de sus trabajos, por lo que procedió a entregar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados los expedientes de los participantes y las 11 listas de candidatos para ocupar el cargo de consejero presidente y 10 consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral.

El 24 de marzo de 2014, a través del portal de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, con la nota número 6271, se dieron a conocer los nombres de los aspirantes al Consejo General del INE que integran las 11 quintetas propuestas por el Comité Técnico de Evaluación.

Considerando que no son del conocimiento público los resultados de la evaluación realizada por el Comité Técnico de Elecciones de la primera etapa en que se seleccionó a 71 aspirantes y en la segunda etapa en la que se integraron 11 listas de candidatos para designar al consejero presidente y 10 listas para designar a consejeros electorales por periodos de 9, 6 y 3 años, atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual debe observarse y garantizarse en todos los actos electorales, con objeto de informar, transparentar y legitimación máxima del proceso de elección, se presenta a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a hacer públicos los resultados de la evaluación de los aspirantes a consejero presidente y consejeros electorales realizada por el Comité Técnico de Evaluación para integrar las 11 listas de aspirantes en los términos de la convocatoria correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a difundir por el sitio de Internet lo relativo al programa Comunidades Saludables, de 2009 a la fecha, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud transparente y optimice el uso de los recursos del programa Comunidades Saludables, toda vez que dicho programa no cuenta con indicadores que permitan una medición del logro de su fin y propósito, la participación de los municipios con menor índice de desarrollo humano es muy baja; carece de información y seguimiento de los recursos a los municipios con proyectos beneficiados por el programa y presenta subejercicio por 21, 7 y 28 millones de pesos en 2011, 2012 y 2013, respectivamente, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Programa Comunidades Saludables

El programa Comunidades Saludables se define como “el conjunto de acciones destinadas a generar y fortalecer los determinantes que favorezcan la salud a través de la acción coordinada de los sectores público, social y privado y específicamente el municipal” (ROP 2012).

2. Su objetivo está centrado en el apoyo a proyectos elaborados por la comunidad organizada y los sectores sociales a nivel municipal, para el desarrollo de promoción de la salud. Se enfoca a municipios del país con localidades de 500 a 2 mil 500 habitantes y apoya el desarrollo de proyectos que propongan modificaciones de los determinantes de la salud y que incluyan la participación comunitaria a nivel de localidades y sectores. Los proyectos seleccionados reciben apoyo monetario para su realización, se capacita al personal de salud que participa y se establece un mecanismo de supervisión, asesoría y evaluación para determinar su alcance.

3. De acuerdo a las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa Comunidades Saludables 2012, el apoyo a proyectos municipales del programa Comunidades Saludables se realiza mediante un concurso anual y está dirigido a todos los municipios del país que cuenten con localidades de 500 a 2 mil 500 habitantes y será asignado de acuerdo con lo solicitado para cada uno de los proyectos de promoción de la salud participantes que resulten aprobados por el Comité Nacional de Comunidades Saludables (CNCS).

4. En cuanto al presupuesto asignado y ejercido por el programa Comunidades Saludables, se observa que en los últimos años ha ido incrementando, como se muestra a continuación:

(Cifras en millones de pesos)

Fuente: Transparencia presupuestaria SHCP

Consideraciones

A) En la Valoración Integral del Desempeño de los Programas Sociales 2012–2013, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala que el programa Comunidades Saludables se fundamenta en un marco conceptual relevante que es el de la promoción de la salud a través de “la participación social y la organización comunitaria a favor de una mejor calidad de vida, mediante la modificación favorable de los determinantes de la salud” (ROP 2012). Con esta base, tiene un enorme potencial para fortalecer el paradigma de la provisión de servicios en respuesta a las necesidades de la población. Sin embargo, y a pesar de que ha cumplido con los compromisos establecidos como aspectos de mejora derivado de las evaluaciones que se han efectuado, a la fecha no existe evidencia de su consolidación, por el contrario, se ha reducido su población objetivo y a pesar del incremento en el presupuesto, el número de proyectos apoyados ha ido en descenso. Asimismo, carece de indicadores específicos que permitan una medición precisa del logro de su fin y propósito.

B) La cobertura del programa se ha mantenido baja, para 2012 es de 31.5 por ciento, por lo que no refleja mejor desempeño en el periodo.

C) Asimismo, el Coneval señala que el programa “no cuenta con los resultados de evaluaciones de impacto rigurosas que permitan tener evidencia de los efectos que el programa causa en los beneficiarios”.

D) Por otra parte, en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012, la Auditoría Superior de la Federación determinó dictamen negativo para el programa Comunidades Saludables, considerando que en términos generales la Secretaría de Salud no cumplió con el objetivo del programa Comunidades Saludables de fortalecer los determinantes de salud, mediante el impulso de la participación de las autoridades municipales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, ya que en 2012 existían 2 mil 106 municipios en el país con localidades de 500 a 2 mil 500 habitantes que constituían la población potencial del programa Comunidades Saludables, y únicamente participaron 244 municipios con proyectos de promoción de la salud, lo que representó 11.6 por ciento, de los cuales se apoyó financieramente a 125 municipios, lo que significó el 5.9 por ciento de la población potencial del programa; a que no favoreció la participación de los municipios de menor índice de desarrollo humano, ya que sólo atendió a 6 municipios de los 125 municipios catalogados en ese índice, lo que representó 4.8 por ciento; a que no acreditó contar con información relativa a la disminución de la tasa de morbilidad en los municipios apoyados; y a que careció de información y seguimiento sobre el cumplimiento de la meta de mediano plazo de lograr 2 mil entornos y comunidades saludables certificadas; así como la referente a la entrega de los recursos a los municipios con proyectos beneficiados por el programa.

E) Consecuencias sociales

En 2012, las acciones del programa Comunidades Saludables fueron insuficientes para promover la salud, ya que de los 2 mil 106 municipios que constituían su población potencial se apoyó a 5.9 por ciento; y a 4.8 por ciento de los municipios catalogados con menor índice de desarrollo humano; y desconoció la condición de morbilidad de la población asentada en los municipios apoyados por el programa.

F) En cuanto a la asignación presupuestal, se detecta que no obstante a que el presupuesto autorizado al programa Comunidades Saludables en los últimos años ha ido incrementando, se observa que se ha ejercido por debajo del presupuesto autorizado y los recursos erogados no se ven reflejados en el impacto de la cobertura ni en las acciones para promover la salud.

G) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

H) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7, fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información de utilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionará la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

I) Adicionalmente, en el artículo 9 de la misma ley, señala que la información que refiere el artículo anterior estará a disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, doctora Mercedes Martha Juan López, a hacer del conocimiento público y de fácil acceso a través del sitio de Internet oficial de la secretaría, lo relativo al programa Comunidades Saludables, desde 2009 a la fecha, toda vez que carece de información y seguimiento de los recursos a los municipios con proyectos beneficiados por el programa y ha presentado subejercicios por 21, 7 y 28 millones de pesos en 2011, 2012 y 2013, respectivamente; asimismo, realice las siguientes acciones:

• Implemente los mecanismos de control que garanticen la entrega y seguimiento de los recursos a los municipios con proyectos beneficiados por el programa.

• Incluya los indicadores que permitan una medición del logro del programa respecto a su fin y propósito.

• Implemente las acciones que garanticen promover la salud y la participación en el programa de los municipios con menor índice de desarrollo humano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las problemáticas del cultivo del café, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial del Café

Quienes suscriben, diputados integrantes de la Comisión Especial del Café de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El consumo del café se ha incrementado durante las últimas décadas a nivel mundial. En este contexto destacan como principales consumidores de este aromático, Finlandia con la tendencia más alta de 12 kilogramos y Noruega con 9.9 kilogramos per cápita.

Sin embargo, aunque México sea uno de los países más importantes en producción del café en el mundo, el consumo de éste por habitante se encuentra en los últimos lugares con un consumo de tan sólo 1.4 kilogramos, mientras que en países latinoamericanos como Brasil es de 5 kilogramos y en Colombia de 2.5 kilogramos por persona anualmente.

Lamentablemente, el bajo consumo de este producto en nuestro país, se debe a diferentes factores, primordialmente sobre la falsa creencia de que es dañino para la salud, por lo tanto es un problema cultural.

Asimismo, las tendencias de consumo de café en México se han visto afectadas seriamente por el aumento de ingesta de bebidas gaseosas –las cuáles si son nocivas para la salud y nos ubicamos entre los primeros lugares de consumidores-; el poco hábito de consumo de café connacional; el arraigo de café soluble; las malas calidades de café en el mercado; y la diferencia de precios tan marcados en su concepto.

Aunado a lo anterior, es urgente llevar a cabo campañas que coadyuven a captar nuevos consumidores de café –principalmente a la población de jóvenes-, con la finalidad de incrementar el consumo de éste aromático tan importante para la economía de nuestro país.

En la actualidad, los consumidores identifican al café de México como uno de los mejores en el mundo, caracterizado por su aroma, color y sabor.

Así mismo, es necesario destacar los beneficios que tiene consumir café como son:

– Es un antioxidante natural que mejora la circulación, afina capacidad de concentración y es fuente de energía.

– Es un agente para disminuir el riesgo de padecer cáncer y mal de Parkinson, debido a la cafeína.

– Es auxiliar para el tratamiento de enfermedades como la depresión.

Bajo los conceptos antes citados, sobre los beneficios, se deben eliminar los mitos que giran en torno al consumo del café, los cuáles ocasionan el poco hábito entre los que se encuentran principalmente como el de que la cafeína crea adicción y que el consumo de café en los niños es dañino, los cuáles son falsos.

Además es imprescindible mencionar que el cultivo del café no escapa a la problemática, que hoy día afecta al sector agrícola, lo que repercute en una mala situación económica y condiciones de vida de las familias que se dedican a ese cultivo, en su mayoría etnias indígenas ubicadas en comunidades de alta y muy alta marginación, y en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Esto se debe desafortunadamente por la falta de apoyo presupuestal a este cultivo durante la última década, pues de un presupuesto aprobado en el 2004 de 1,755 millones de pesos ha tenido reducciones considerables año con año en el presupuesto, con una asignación al año 2013 de 350 millones de pesos, es decir, una reducción del 80 por ciento.

Por lo anterior y aunado a los efectos nocivos provocados por el cambio climático, se fueron acentuando los bajos rendimientos y la producción.

Así, de ocupar el cuarto lugar en el año 2008 se estima que para el 2013 estaremos ocupando el onceavo o doceavo lugar. Se abandono el repoblamiento con más y mejores variedades haciéndose presente con mayor frecuencia, predios con plantaciones enfermas y avejentadas, se dejó de prestar capacitación y asignación técnica, se restringió el crédito, insuficiente colocación de contratos con coberturas de precios, una fuerte afectación por el flagelo de la roya y para cerrar, una drástica caída en el precio del aromático hasta hace un mes y días.

Sin embargo, para el presente año 2014, gracias al apoyo de mis compañeros diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, se logro incrementar a 700 millones de pesos el presupuesto del año anterior, lo que significó un incremento del 100 por ciento.

Este presupuesto será destinado principalmente a la infraestructura y producción de planta en viveros tecnificados, a la renovación de cafetales, apoyo para la compra de plántula, incentivos económicos y acompañamiento técnico.

Buscaremos con ello, en su proporción, revertir el deterioro económico que han sufrido los productores del café.

Pero no todo está dicho, ahora y como una muestra de solidaridad con el sector cafetalero, reconocemos el trabajo que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha emprendido, a través de un proyecto de promoción al consumo del café en México, el cual tiene como propósito elevar el consumo interno per cápita.

Para ello, se brindará en dicha dependencia un espacio en donde los principales doce estados productores de café expongan y promuevan la riqueza, variedad y calidad de nuestra cafeticultura.

Para elevar la productividad y competitividad del sector cafetalero, se requiere reorientar programas y recursos a fin de impulsar la renovación de plantaciones, mejorar las prácticas agrícolas, la inversión en equipamiento e infraestructura de los cafetales, así como la investigación.

Por lo anterior, antes expuesto y sumándonos a este proyecto en la Comisión Especial del Café en su novena reunión ordinaria con fecha 13 de febrero del año en curso, se aprobó presentar el siguiente punto de acuerdo y se pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. Dada la problemática actual para el cultivo del café, como lo es la drástica caída en el precio, el ataque de la enfermedad de la roya y la considerable disminución histórica del presupuesto, se hace un llamado a todos los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias a que tomemos las acciones y políticas indicadas, de no ser así, se estará importando en fechas futuras grandes cantidades de café, lo que pone en peligro a este importante cultivo.

Segundo. Invitar a todas las dependencias oficiales de los tres niveles de Gobierno, al Poder legislativo Federal y local así como al Poder Judicial, para que, de consumir café, lo hagan a través de compras directas con productores de organizaciones y empresas del sector social.

Tercero. Solicito a mis compañeras y compañeros legisladores la autorización para la instalación de un punto de venta de café en sus diferentes presentaciones, en el interior de este recinto, en donde se rotará de manera mensual la participación de los doce estados productores de café en México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de Abril de 2014.

Diputados: Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Saraí Larisa León Montero (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Juan Jesús Aquino Calvo, Verónica Carreón Cervantes, Víctor Rafael González Manríquez, María del Rosario Merlín García, Emilse Miranda Munive, Mario Rafael Méndez Martínez, María Rebeca Terán Guevara, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol a cumplir los objetivos del programa social Cruzada Nacional contra el Hambre y no utilizarlo como instrumento de propaganda e impulso político de servidores públicos, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, titular de Liconsa, recorre parte del territorio del país haciendo convenios e instalando centros de acopio supuestamente para apoyar a municipios y comunidades con marginación y rezago, incorporados al programa Cruzada Nacional Contra el Hambre,

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos documentado, desde hace varios meses, la descarada y burda campaña que ha montado a través de medios de comunicación del estado de Oaxaca el director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, entidad de la cual es originario. Todo esto consta en diversos medios impresos y virtuales del estado de Oaxaca, mismos que se anexan al presente punto de acuerdo. Esto no tendría mayor trascendencia si no fuera porque el funcionario en comento es titular de una dependencia del gobierno federal, que ejerce un presupuesto considerable para la aplicación de un programa social tan importante como es el de la distribución de productos lácteos a costos accesibles para las clases más desprotegidas y que abusando del ejercicio de sus encargo, esté publicitando casi a diario las actividades cotidianas inherentes a su cargo.

Es conveniente mencionar que la correcta aplicación y ejercicio de los recursos federales se encuentra sustentada en el primer párrafo del artículo 134 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice:

Los recursos económicos de que disponga la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y los órganos políticos y administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

En ese orden de ideas, este artículo también señala en su párrafo séptimo:

Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Cabe hacer mención que esta no es la primera vez que este funcionario, ahora ostentando un cargo federal, realiza fechorías de tal dimensión, ya que este señor tiene antecedentes de tiempo atrás en específico cuando fungió primero como secretario técnico del gobierno de Oaxaca, y después como director de Comunicación Social del desastroso gobierno de Ulises Ruíz Ortiz, donde autorizó pagos por 700 mil pesos mensuales a un periódico de su familia, violando así la ley de adquisiciones del estado. La Ley para Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, establece claramente la prohibición para que un funcionario público celebre contratos o convenios mercantiles con empresas de su propiedad o dirigidas por familiares hasta en un cuarto lazo consanguíneo.

Con estos antecedentes oscuros, realizando una cuantificación escrupulosa pudimos observar que tan sólo en medios impresos en 2013, se realizaron en dos diarios de circulación en el estado de Oaxaca, la publicación de 119 de notas en primera plana, donde se describieron actividades del funcionario federal en diversas partes del país y algunas en el estado de Oaxaca, lo que causa extrañeza es que 95 de estas notas impresas no son temas que incidan de manera directa en el entorno local, por lo que éstas sólo tienen la intensión de posicionar en el consciente colectivo la imagen y nombre del funcionario con fines políticos. Las otras 24 restantes son actividades en las cuales el señor Ramírez Puga, aprovechando su cargo en esta dependencia federal, ha realizado incluso sin la presencia de la secretaria de Desarrollo Social, como lo es la firma de un convenio de colaboración firmado por esta dependencia y la directora del programa Oportunidades de la misma Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mismo que se realizó en septiembre de 2013, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, y que más que un simple evento protocolario se trató de un evento político.

También nos pudimos percatar de notas que caen en lo ridículo, como ejemplo de ello, la del miércoles 13 de noviembre de 2013, en el diario Noticias, de Oaxaca, donde se aprecia a este señor en una foto con el exjefe del gobierno español José María Aznar, donde se señala que derivado de este encuentro se refuerzan lazos comerciales entre España y México.

¿Cuánto le están costando estas publicaciones en medios locales a la Secretaría de Desarrollo Social y a Liconsa?

No sería más útil gastar el recurso que se utilizó para que se publicaran estas notas en la apertura de un expendio de leche en una zona marginada del país.

Esto es un ejemplo más de que este gobierno que encabeza Peña Nieto, entre más dinero se gasta en desarrollo social, más pobres genera.

Esta soberanía no puede permitir que los recursos destinados a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a través del programa de Abasto Social de Leche de Liconsa, se utilicen para financiar actos anticipados de campaña, no es correcto ni mucho menos ético cuando se trata, como es el caso, de recurso que se destinan a las clases más desprotegidas del país.

Además que este tipo de hechos se encuentran encuadrados en la conflagración de un posible delito como lo establece el artículo 134, fracción VIII, de la Constitución que establece:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

Por eso la importancia de que a la brevedad se legisle y apruebe la ley reglamentaria que regule el párrafo VIII del artículo 134, con el fin de que se establezcan las normas que garanticen el uso eficiente del presupuesto destinado a comunicación por parte de los tres órganos de gobierno y así evitar este tipo de hechos aberrantes para que sean sancionados con todo el peso de la ley.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Rosario Robles Berlanga, a que en el ámbito de su competencia, cumpla con los objetivos establecidos en el programa federal Cruzada Nacional Contra el Hambre, y no sea utilizado como un instrumento de propaganda e impulso político de servidores públicos, además de hacer públicos los resultados.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de Liconsa SA de CV, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, a que cumpla con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no utilice los programas sociales federales como instrumento propagandístico en beneficio propio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a realizar acciones para vigilar y salvaguardar los derechos humanos de las indígenas y a deslindar responsabilidades sobre la situación de Roxana Hernández Santiz, indígena tzotzil de 14 años de edad, encarcelada el 9 de marzo de 2014 acusada de negarse a pagar una multa, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Karen Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta al gobierno de Chiapas a realizar en el ámbito de su competencia acciones tendentes a vigilar y salvaguardar los derechos humanos de las indígenas, considerados en la Constitución; y a deslindar responsabilidades sobre la situación de Roxana Hernández Santiz, indígena tzotzil de 14 años de edad, encarcelada el 9 de marzo de 2014, acusada de negarse a pagar una multa.

Consideraciones

Mitontic, Chiapas, se encuentra entre los 5 municipios más pobres de la entidad y es también considerado entre los 10 más marginados del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ahí radican indígenas tzotziles, con una población de 13 mil 364 habitantes. También viven alrededor de 12 mil 817 personas en situación de pobreza (95.9 por ciento), 9 mil 549 en pobreza extrema (71.8) y 7 mil 416 con problemas de acceso a la alimentación (55.5).

El 1 de marzo del presente año, Roxana Hernández Santiz fue citada por las autoridades municipales para notificarle que debía pagar 24 mil 700 pesos como multa por haber abandonado a su esposo, según los usos y las costumbres de esa comunidad indígena.1

El juez de paz, Ricardo López Hernández, ordenó detener a la menor porque su esposo, el indígena Napoleón Hernández, afirmó que gastó 15 mil pesos en la boda y exigía que la niña se los pagase en su totalidad con los intereses que se derivaron, violando de manera flagrante el artículo 17 de la Constitución el cual establece que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.

Y si bien no hay documento con certeza de dicha “deuda”, la menor fue encarcelada el pasado domingo 9 de marzo en la prisión municipal de San Juan Chamula, ya que su familia no pudo pagar la cantidad que se exigía. Sin embargo, luego de estar detenida 3 días, quedó en libertad cuando su madre se comprometió a pagar 20 mil pesos a la familia de la pareja en un lapso de 15 días.

Conforme a esta premisa y debido a la desproporción en la imposición de la sanción a la menor, sin que se hayan valorado sus derechos fundamentales, es que se pudo observar una clara violación de las garantías de la menor, dejándola en total estado de indefensión.

Las autoridades chiapanecas no fueron capaces de juzgar de forma correcta y bajo criterios adecuados al sujeto supuestamente activo del delito; valoraron causales de forma desequilibrada e impusieron una sanción excesiva, contraviniendo no sólo la Constitución sino también los convenios internacionales que existen, como el que establece la Convención para los Derechos del Niño, cuyo artículo 40 a la letra dice: “Los Estados parte reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”.

La flagrante violación de la menor indígena deja en manifiesto la irresponsabilidad de la autoridad para cumplir de manera correcta y eficaz el mandato constitucional y tratados internacionales. El abuso de autoridad y la falta de imponer una sanción bajo los principios de proporcionalidad y circunstancias de modo, tiempo y lugar, demuestra la ineficacia de una impartición de justicia oportuna e imparcial.

No pasa tampoco inadvertido lo que establece el artículo 2o. de la Carta Magna, en el Apartado A, que habla del reconocimiento y garantía del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia, a la libre autonomía, establece claramente en su fracción II lo siguiente: “Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”. Pese a tener un propio sistema de justicia, éste deberá sujetarse a las reglas básicas de nuestra máxima ley, siempre salvaguardando los derechos humanos, con especial atención a las mujeres del país.

Históricamente, los estados del sur de nuestro país y en especial las comunidades indígenas, han resistido el racismo, discriminación, la violencia y el centralismo político. México vive actualmente uno de los peores momentos de violencia, perpetrado por la guerra contra el narcotráfico y por la impunidad. En este marco, las comunidades indígenas no están ajenas y viven y entienden la violencia como “el maltrato, causante de dolor y tristeza que influye en el corazón y en la mente de las personas y el pueblo, es generadora de injusticia a nivel familiar, comunitario y por parte del Estado”.

Lo grave de la situación es que todos los mecanismos se complejizan cuando se entrecruza la pobreza, la migración, la falta de accesos a la información sobre los derechos humanos de las mujeres, la violencia, el dinero y el género.2

No es admisible seguir conociendo casos como el de Roxana, matrimonios arreglados, donde las menores de edad son entregadas como si se trataran de objetos y no como lo que realmente son, personas, y autoridades gubernamentales que no escuchan las demandas de las mujeres indígenas y dejan entrever una relación racista y excluyente.

De acuerdo con las Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 25 de noviembre de 2013, éstas son cifras que denotan la precariedad y el deterioro del entorno en que viven las chiapanecas:

• 44 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por su pareja o cualquier otra u otras personas.

• 32 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, matrimonio o noviazgo han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.

• Entre las mujeres en unión libre está más extendida la violencia de pareja de cualquier tipo (30.2 por ciento) que entre las casadas (26.4).

• 81.6 por ciento de las mujeres que enfrentaron violencia física, sexual o ambas infligidas por la pareja fue violencia grave y muy grave, alcanzando a más de 148 mil mujeres de 15 años y más, actual o anteriormente unidas.

Asimismo, la unión conyugal a edades tempranas condiciona las oportunidades que pueden tener en la vida las adolescentes porque limita o dificulta la continuidad escolar y porque las obliga a asumir responsabilidades y obligaciones domésticas.3 Además, uniones tempranas pueden asociarse con una maternidad temprana, por ejemplo, en 2010 el 19 por ciento de las adolescentes indígenas de 15 a 19 años ya eran madres. La Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas de 2008, llevada a cabo en ocho regiones indígenas del país, destacó que 68.51 por ciento de las encuestadas tenían entre 9 y 19 años cuando obtuvieron matrimonio y 26 por ciento de éstas tenía 15 o menos al momento de su matrimonio.

Por todo lo anterior es necesario que se revaloren las acciones de la autoridad competente, que su actuación no quede impune y se urge el pronto esclarecimiento de este caso en el que se anteponen los usos y costumbres por encima de los derechos humanos de una menor en un claro delito de privación de la libertad excesivo e injusto y totalmente contra la Constitución.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente propuesta, solicitando además que se considere como de urgente y obvia resolución, con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Chiapas a realizar en el ámbito de su competencia acciones tendentes a vigilar y salvaguardar los derechos humanos de las indígenas considerados en la Constitución.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Chiapas a iniciar en el ámbito de su competencia las averiguaciones y los procedimientos pertinentes a fin de deslindar responsabilidades sobre la situación de Roxana Hernández Santiz, indígena tzotzil de 14 años de edad, encarcelada el 9 de marzo de 2014, acusada de negarse a pagar una multa.

Notas

1 http://www.proceso.com.mx/?p=367013

2 Diagnóstico participativo sobre la violencia contra las mujeres indígenas en Centroamérica. ONU-Mujeres.

3 Comunicado de prensa. En el 24 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF llama a poner fin a la violencia contra las niñas y los niños. UNICEF.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE y a la Sener a considerar la instalación de precipitadores electrostáticos u otros dispositivos que mitiguen la emisión de contaminantes en las plantas termoeléctricas y las generadoras de energía del país, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Arturo Escobar y Vega, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La generación y el suministro de electricidad, son dos rubros fundamentales para impulsar la competitividad de un país a escala internacional, pues el nivel de eficiencia económica registrada en el sector eléctrico se refleja directamente en el costo de los bienes y servicios que produce la industria nacional. En este sentido, la mayoría de los países del mundo optan por producir mayores cantidades de energía eléctrica al menor costo posible a pesar de que ello implique el uso de insumos y tecnologías que si bien resultan más baratos en el corto plazo, tienen un mayor impacto medioambiental pues provocan afectaciones ecológicas más severas, generándose así externalidades negativas a las cuales será cada vez más difícil hacerles frente en el mediano y largo plazos.

Los contaminantes provenientes de las plantas generadoras de energía en todo el mundo, representan un riesgo potencial para la salud de los seres humanos, pues debido a que se utilizan mayoritariamente hidrocarburos pesados con alto contenido de azufre, se liberan a la atmósfera enormes cantidades de gases de desecho, principalmente dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx).

Recientemente, tanto organizaciones de la sociedad civil como expertos de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han advertido de la existencia de múltiples estudios que relacionan la exposición crónica a la contaminación del aire con el incremento entre la población de problemas cardiovasculares, de diversos tipos de cáncer, problemas del sistema nervioso, enfermedades como el asma, nacimientos prematuros, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y mortalidad infantil.1

Esta situación, aunada a los cada vez más visibles efectos del cambio climático, ha llevado a la comunidad internacional a impulsar la construcción de mecanismos que permitan hacer frente a la profunda crisis ecológica que se vive a escala mundial. En este sentido, la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, signados por nuestro país, sentaron un precedente significativo como medio para solucionar problemas ambientales internacionales a largo plazo y constituyen el primer paso hacia la implementación en todo el mundo de una estrategia para combatir el cambio climático. El mayor logro del Protocolo de Kyoto, ha sido la formulación de un conjunto de políticas nacionales que tienen por objetivo reducir significativamente las emisiones de gases efecto invernadero que contaminan el medio ambiente y han provocado el calentamiento global.

En lo que respecta a nuestro país, el Estado mexicano en los últimos años ha emprendido esfuerzos importantes que ratifican su compromiso con el medio ambiente en cuanto respecta al sector energético nacional, entre los que destacan la publicación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética, y la Ley General de Cambio Climático, así como la definición de la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, a través de la cual se establecen planes, programas, metas y objetivos precisos que deberán garantizar la sustentabilidad del sector a largo plazo, así como propiciar la mitigación de los impactos negativos que la producción y el consumo de energía tienen sobre la salud y el medio ambiente, gracias a la reducción de emisiones contaminantes.

Para lograr el deseado equilibrio entre la optimización del mercado energético en nuestro país y la sustentabilidad ambiental, se tienen contempladas diversas acciones como la ejecución de planes y programas dirigidos al ahorro de energía, la modernización de la infraestructura del sector y el incremento de la participación de las energías renovables, como la geotérmica, hidráulica, eólica, solar, y biomasa, en la generación de electricidad. En el mismo sentido, se deben evaluar nuevas opciones para la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero como la captura y secuestro de carbono.

Ante la necesidad creciente de modernizar y actualizar el equipo de las centrales de generación eléctrica, a fin de cumplir con las nuevas exigencias ambientales y de eficiencia tanto nacionales como internacionales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en un acto de responsabilidad social, ha estado llevando a cabo la instalación de sistemas de control de emisiones contaminantes en varias de sus centrales termoeléctricas que utilizan combustóleo para la generación de electricidad, es el caso de Punta Prieta, en La Paz, Baja California Sur, y la termoeléctrica José Aceves Pozos, en Mazatlán, Sinaloa.

En ambos casos, fueron instalados precipitadores electrostáticos, los cuales son dispositivos de control particular que utilizan fuerzas eléctricas para mover las partículas fuera de la corriente de gas y filtrar significativamente los gases emitidos durante la combustión, minimizando con ello la opacidad de las emisiones y capturando los polvos generados.

Con lo anterior se obtiene un gran beneficio para el medio ambiente y para la salud pública, ya que con la captura de las partículas de los gases de combustión se ha mejorado notablemente la calidad del aire en las zonas aledañas a las centrales.

La pluma emitida por las centrales que usan combustóleo, está compuesta de óxido de azufre que al enfriarse junto con los demás gases de combustión, reacciona con el vapor de agua produciendo finas gotas de ácido sulfúrico. La visibilidad de la pluma también se debe a la presencia de material no quemado (partículas), el cual es corrosivo (identificado como hollín por la población) y causa problemas respiratorios, daños a los cultivos, y en el caso particular de regiones como Mazatlán y La Paz, tiene un impacto en las inversiones de la industria turística. Con el sistema implementado por ejemplo en la central José Aceves Pozos, el volumen promedio de polvo recolectado por los tres precipitadores, y que dejará de emitirse a la atmósfera y dispersarse en zonas urbanas y turísticas de Mazatlán, será de aproximadamente 50 metros cúbicos por día (lo cual significa 90 a 95 por ciento menos que sin el sistema).2

Cabe destacar que, de acuerdo con un estudio realizado por expertos del Observatorio Ciudadano de la Energía, la producción eléctrica nacional contamina en promedio medio kilogramo de CO2 por kilowatt/hora producido3 , lo cual podría reducirse en buena medida gracias a la instalación de mecanismos de control de emisiones como los precipitadores electrostáticos en otras centrales ubicadas en zonas que por sus condiciones topográficas y meteorológicas se dificulta la dispersión y se registren altas concentraciones de contaminantes a la atmósfera.” Para CFE, zonas críticas son: Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Altamira, Tamaulipas; y Baja California.4

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que considere la instalación de precipitadores electrostáticos, u otros dispositivos para el control de emisiones contaminantes en las plantas termoeléctricas que aún no cuentan con este tipo de mecanismos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía para que considere la utilización de precipitadores electrostáticos, u otras medidas que mitiguen la emisión de contaminantes, en las plantas generadoras de energía de acuerdo a su Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.

Notas

1. Véase, Por Contaminación del aire, 22% de las muertes asociadas al corazón: OMS , en periódico La Jornada , miércoles 15 de enero de 2014.

2. Véase, CFE reduce emisiones contaminantes para cumplir con la NOM-085 , en revista Energía a Debate , número 53, noviembre-diciembre 2012, México.

3. Véase, Apodaca Villareal, José Luis, Industria Eléctrica: generación y suministro de electricidad , en Calva, José Luis (coordinador), “Crisis energética mundial y futuro de la energía en México” , Juan Pablos Editor, México 2012. Página 190.

4. Véase, CFE reduce emisiones contaminantes... , op. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reasignación de recursos presupuestados para el centro cultural Toma de Zacatecas, en el municipio del mismo nombre, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, una de las atribuciones constitucionales más importantes que tiene la Cámara de Diputados es aquélla que se encuentra establecida en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se refiere a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es así que a través de un ejercicio de revisión, se analiza y decide cuales deben ser los montos presupuestales destinados a dependencias, entidades, organismos autónomos y estados.

Para cumplir de manera eficiente con lo anterior, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria constituye un ordenamiento jurídico en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos fiscales.

El objetivo de esta ley radica en dar respuesta a las necesidades de adecuación del marco normativo a las nuevas realidades de las finanzas públicas, estableciendo una política fiscal pasiva, una reorientación del gasto público a las actividades sociales del gobierno, una federalización del gasto, una evaluación con base en resultados y una mayor responsabilidad en el ejercicio de los recursos.

Para conseguir dichos objetivos, se han establecido lineamientos que se deben seguir en la inscripción de proyectos que se desean incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal y como lo demuestra el artículo 18 de la ley en comento, el cual estipula:

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

Aunado a esto, la fracción VII del artículo 42 expone que las estimaciones de las fuentes de ingresos deberán sustentarse en análisis técnicos y que los proyectos tendrán que ser factibles, por lo que se sujetarán a lo que se dictamine y apruebe en la Ley de Ingresos de la Federación.

Sin embargo, vale la pena mencionar que en la práctica lo anterior no se realiza al pie de la letra, ya que los proyectos se inscriben y aprueban sin venir acompañados de los estudios expuestos, los cuales se entregan posteriormente.

Como consecuencia de lo anterior, y con base en el Informe de Finanzas Públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza cada trimestre, se efectúan dos reubicaciones de recursos, una a la mitad del año y otra al final, en las cuales la Auditoría Superior de la Federación ha detectado que se redestinan montos correspondientes hasta el 40 por ciento del total de lo que reasignan los diputados.

El problema con esto surge al darnos cuenta que los recortes y reasignaciones no se realizan en las mismas entidades y municipios, por lo que el dinero termina destinándose otras zonas del país que no responden a las demandas iniciales.

Preocupados por lo preliminar, el presente punto de acuerdo tiene el propósito de estipular los proyectos a los que debe ser redestinado el monto presupuestado para los siguientes conceptos: “Centro Cultural Toma de Zacatecas en el municipio de Zacatecas, Zacatecas”, por 300 millones de pesos; “Gran Parque Ecológico en Zacatecas, Zacatecas”, por 50 millones de pesos; “Plaza y Monumento al Centenario de la Toma de Zacatecas”, por 20 millones de pesos; “Plazuela Centenario (Escuela Enrique Estrada) en el municipio de Zacatecas, Zacatecas”, por 10 millones de pesos, y “Unidad Deportiva Centenario en el municipio de Zacatecas, Zacatecas”, por 20 millones de pesos, todos ubicados en el Anexo 19.5 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, ya que actualmente carecen de proyectos ejecutivos y de expedientes técnicos.

Es así que el tiempo se convierte en el principal enemigo de que los recursos se asignen a Zacatecas, ya que al no existir los análisis y expedientes correspondientes a los proyectos, se corre el riesgo de que el estado se quede sin el presupuesto acordado.

Aunado a esto, la motivación que surge detrás de esta propuesta subyace en los problemas coyunturales que aquejan al Estado, los cuales nos obligan a destinar los 400 millones de los proyectos a necesidades básicas de la población.

Los temas a los que se pretenden reasignar los recursos se encuentran en una situación en la que ayudarlos no sólo es deseable, sino urgente. Para comenzar, se propone destinar 200 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Zacatecas, institución que actualmente presenta niveles de endeudamiento con el ISSSTE y el Sistema de Ahorro para el Retiro, que ascienden a 876 millones de pesos, lo cual ha puesto en riesgo la seguridad social de sus agremiados y ha desembocado incluso en huelgas.1

De la misma manera, consideramos de suma importancia brindar 100 millones de pesos para los productores agrícolas que actualmente presentan adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y la Caja Popular Mexicana.

Durante años, la aplicación de políticas cortoplacistas que sólo benefician a unos cuantos convirtió a las zonas rurales en espacios que son sinónimo de abandono y pobreza. Como consecuencia, en Zacatecas existen registrados 1 mil 400 productores usuarios de pozos que presentan adeudos.

Lamentablemente, en la actualidad sólo se ha favorecido parcialmente al 15 por ciento de los productores, mientras que se calcula que el adeudo histórico contraído con CFE asciende a más de 100 millones de pesos2 , por lo que la reasignación podría resolver el problema de manera inmediata.

Por último, se plantea que los 100 millones restantes sean utilizados en compensaciones del Impuesto sobre la Renta de los trabajadores de gobierno del Estado, con el afán de no restringir de manera abrupta, el de por sí ya raquítico salario de los empleados, derivado de las retenciones y descuentos que el gobierno realiza para el pago de ISR.3

Nuestro compromiso es con los universitarios, con los maestros, con el campo y con los trabajadores; los proyectos deben adaptarse a las necesidades de la población y no al revés, es por ello que consideramos de suma importancia la reasignación de recursos expuesta.

No podemos esperar a que la Secretaría de Hacienda reubique el dinero, si queremos garantizar que los recursos permanezcan en Zacatecas, debemos estipular los rubros que merecen ser beneficiados. Por lo anteriormente argumentado, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, a realizar los análisis y adecuaciones correspondientes, con el propósito de reasignar los montos presupuestados para: el proyecto “Centro Cultural Toma de Zacatecas en el municipio de Zacatecas, Zacatecas”, por 300 millones de pesos ;“Gran Parque Ecológico en el municipio de Zacatecas, Zacatecas”, por 50 millones de pesos; “Plaza y Monumento al Centenario de la Toma de Zacatecas”, por 20 millones de pesos; “Plazuela Centenario (escuela Enrique Estrada) en el municipio de Zacatecas, Zacatecas”, por 10 millones de pesos, y “Unidad Deportiva Centenario en el municipio de Zacatecas, Zacatecas”, por 20 millones de pesos, ubicados en el Anexo 19.5. Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, a los siguientes rubros: 200 millones de pesos al endeudamiento que la Universidad Autónoma de Zacatecas, presenta con el ISSSTE y el Sistema de Ahorro para el Retiro; 100 millones de pesos a la deuda contraída por los productores agrícolas zacatecanos con la Comisión Federal de Electricidad y la Caja Popular Mexicana, y 100 millones de pesos, bajo el concepto de “Compensación”, a los trabajadores del estado de Zacatecas que enfrentan retenciones por parte del gobierno para el pago del impuesto sobre la renta.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/sindicato-estalla-huelga-en- universidad-de-zacatecas-988720.html

2 http://www.zacatecas.gob.mx/index.php/2014/02/27/acuerdan-godezac-y-org anizaciones-de-productores-reestructuracion-de-adeudos-con-cfe/

3 http://ntrzacatecas.com/2014/03/26/senala-monreal-irregularidad-en-obra -alusiva-a-la-toma/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Profeco a requerir a Radiomóvil Dipsa, SA de CV, Telcel, que proporcione un servicio adecuado; y sancionarla conforme a la normativa aplicable por el daño que causa a los clientes por el deficiente servicio de telefonía celular, a cargo del diputado Mario Francisco Guillén Guillén, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Mario Francisco Guillén Guillén, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La telefonía celular es una de las herramientas fundamentales para la comunicación en México, pero cuando el servicio es deficiente se convierte en un problema que afecta seriamente a todos los ciudadanos.

En la gran mayoría de los municipios de Chiapas como Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Socoltenango, Chicomuselo, solo por citar algunos ejemplos, con frecuencia no es posible hacer llamadas con eficiencia y efectividad. En efecto, resulta importante que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se aboque a investigar el tema que no es recurrente ni exclusivo de Chiapas, sino seguro estoy que varias zonas, regiones y estados del país también lo sufren; pero eso sí, quiero destacar que en nuestro país pagamos uno de los servicios de telefonía más caros del mundo.

De manera específica me refiero al servicio telefónico que otorga Telcel, que como empresa no está cumpliendo satisfactoriamente con el objeto de su concesión, es decir, de brindar debidamente servicios de comunicación a los ciudadanos, y mucho menos cumple con su oferta “todo México es territorio Telcel”, ya que evidentemente es sólo una falacia publicitaria, tan es así que en la región fronteriza del sur de mi estado, principalmente en las comunidades colindantes a Guatemala, sólo se recibe la señal de empresas como “Tigo” de origen centroamericano, situación que esta impactando de forma negativa en la psicología social de los mexicanos de dichas zonas, puesto que se sienten más cómodos y cercanos a servicios guatemaltecos que mexicanos.

De igual manera, el sector empresarial ha pronunciado que la compañía telefónica que más pérdidas económicas les provoca es Telcel, ya que aunque es líder en el mercado, no ofrece buen servicio y, pese a su deficiente cobertura, cobra puntualmente sin perdonar a sus usuarios; por ello los empresarios y toda persona que contrata con dicha empresa en general exigen de manera recurrente explicaciones a ésta por su pésimo servicio.

Diversos sectores empresariales han manifestado que el 30 por ciento de las operaciones del gremio realiza sus actividades a través de la telefonía móvil, porque les facilita la comunicación y localización de los contactos de forma inmediata, pero que ahora es común escuchar las constantes quejas y denuncias de los usuarios afectados, por los fraudes y abusos de “Radiomóvil Dipsa, SA de CV, Telcel”, toda vez que les realizan cobros indebidos, puesto que existe mal servicio y caídas constantes en las señales de voz y datos. Es decir, estas fallas en el sistema redundan en daños graves al consumidor, ya que a pesar de no recibir el servicio están obligados a pagar puntualmente.

Como sabemos, la instancia encargada de conocer sobre las quejas de los consumidores es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y, con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, corresponde ahora al Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano autónomo que tiene como objetivo primordial el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, en México, así como regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; las redes y, la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.

Asimismo, es responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos los de banda ancha e internet.

Compañeras y compañeros Diputados, Telcel presume de tener gran cobertura en todo México, pero particularmente en Chiapas esta compañía telefónica ¡ya no es la red! , hay una pésima cobertura, y mi estado es de los que más sufre éste mal servicio.

El tema a muchos les parecerá trivial, pero si en esta ocasión el asunto se expone en la más alta tribuna de la nación es porque los ciudadanos se sienten frustrados por estar en un estado de indefensión al observar como las facturas llegan puntuales cada mes a todos los hogares y el servicio sigue pésimo, sigue en las mismas. Ahora bien, si la máxima representación popular también hace oídos sordos a éste tema, que se ha convertido en un dolor de cabeza en la cotidianidad de las personas, entonces estaremos mandando un mensaje de que en nuestro país vale más el interés de un grupo empresarial que el de todos los mexicanos.

Por ende, solicito su valioso respaldo para que juntos impulsemos se lleve a cabo una revisión minuciosa de este servicio que otorga Telcel, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, ya que todos estamos ciertos que actualmente tener un teléfono celular no es un lujo, sino una necesidad, tan es así y, como ya quedo manifestado, que muchas personas lo utiliza como herramienta de trabajo, por lo que las deficiencias en el servicio causan contratiempos en la vida de la gente. Tan es así que ahora la Constitución General de la República considera a este servicio como un servicio público de interés general.

Por lo antes expuesto y fundamentado, señoras y señores legisladores, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que, conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, requieran a la empresa “Radiomóvil Dipsa, SA de CV, Telcel”, a que otorgue a los usuarios un servicio eficiente y, establezcan una sanción económica por el daño que causa a sus clientes por el deficiente servicio que presta en telefonía celular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.

Diputado Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 30 de marzo, Día de la Trabajadora Doméstica, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2014.

Hace 26 años, en Bogotá, Colombia, se realizó el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, evento clave que llevó a la conformación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlatraho), y a institucionalizar el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

Conmemoración que lejos de celebrar nos invita a la reflexión, a repensar, a ubicar en qué y en dónde estamos fallando como gobierno y como sociedad, observar que hemos sido incapaces de generar instrumentos y mecanismos para mejorar las condiciones laborales y evitar la discriminación en contra de las trabajadoras del hogar.

En 2010 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) había un poco más de 2 millones de trabajadoras del hogar en México, de las cuales una tercera parte percibe hasta un salario mínimo de 63 a 67 pesos al día, seis de cada diez no tienen vacaciones y casi la mitad no recibe aguinaldo, ocho de cada diez trabajadoras del hogar no cuentan con seguro médico. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, el 91.6 por ciento de las personas trabajadoras del hogar de nuestro país no cuenta con un contrato laboral.

Las cifras nos muestran la cruda realidad de miles de mujeres, que tienen que vivir en ese limbo jurídico-legislativo que simula derechos para las trabajadoras pero no admite las obligaciones correlativas para el estado ni para los empleadores. Por ello desde la izquierda progresista condenamos la ceguera de género y la necedad de quienes defienden intereses mezquinos que perpetúan la discriminación, la desigualdad y las violencias en contra de las trabajadoras del hogar.

Nos indigna esa lastimosa realidad que invisibiliza y deshumaniza el valor del trabajo de miles de mujeres expuestas al maltrato y a la discriminación, en un entorno de desamparo institucional que se asemeja una especie de esclavitud moderna, cómodamente tolerada desde las élites del poder político.

Por ello es importante recordar que hace dos años (2011) el Ejecutivo federal anunció con bombo y platillo la firma del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo) y que desde el PRD en la Cámara de Diputados hemos exhortado al Senado de la República a que ratifique ese compromiso internacional así como su recomendación complementaria 201, que representan un núcleo mínimo de derechos para las trabajadoras del hogar, como son un horario de trabajo, vacaciones, días feriados, aguinaldo, seguridad social, jubilación, días de descanso obligatorio, indemnización en caso de despido injustificado, así como un trato respetuoso.

Desde la izquierda también hemos insistido en la importancia de que las instituciones laborales, reconozcan los hogares como los espacios laborales en el que desempeñan su trabajo más de 2 millones de mujeres, que legítimamente aspiran a entablar relaciones formales de trabajo en condiciones legales, que les garanticen un mínimo de seguridad social y la ampare contra el abuso y la discriminación.

En ese sentido, hago también un respetuoso llamado a las autoridades judiciales, a nuestras aliadas y aliados en el Poder Judicial, para que apuntalen la perspectiva de género en los asuntos que conllevan la interpretación de derechos de las trabajadoras del hogar, y puedan revertir criterios que poco favorecen su acceso a la justicia, como aquel de la SCJN que establece que “...ante la demanda del pago de la prima dominical, si el patrón lo niega corresponde a la trabajadora del hogar demostrarlo”1 o este otro que señala que “...en el trabajo del hogar remunerado no interviene el factor tiempo, ya que su retribución comprende además del pago en efectivo, habitación y alimentos por lo que no le asiste fundamento legal para reclamar el pago de horas extras”.2

Son muchos indicadores que nos dicen que no estamos haciendo bien las cosas, no en vano en el contexto del 7o. y 8o. informe consolidado de México ante la CEDAW,3 el Comité expresó su preocupación por las condiciones de desigualdad de las y los trabajadores domésticos, de los cuales el 98 por ciento son mujeres que sufren discriminación en los horarios de trabajo, la remuneración y las prestaciones, por lo que recomendó al estado mexicano que:

d) Revise el marco jurídico de protección social para formular una política integral que asegure a los trabajadores domésticos acceso en pie de igualdad a una remuneración y tratamiento iguales por trabajo de igual valor, con inclusión de prestaciones, así como acceso en pie de igualdad a la seguridad social y a condiciones de trabajo seguras.

e) Ratifique el Convenio número 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, y el Convenio número 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Recomendaciones que deberían asumirse con carácter urgente, pero que lamentablemente no parecen ser prioridad en la agenda política, tal como quedó demostrado en 2013 durante la reforma laboral de supuesto “gran calado”, que cerró la puerta a la propuesta de la izquierda, que entre otras cosas buscaba incorporar la perspectiva de género y sentar las bases para avanzar en la igualdad sustantiva en el ámbito laboral.

Hoy en esta conmemoración es importante recordar que el camino de la reivindicación de los derechos de las mujeres no ha sido fácil, que para avanzar hemos tenido que sortear obstáculos y vencer resistencias, pero esas inercias han sido lecciones de vida, nos han fortalecido y hemos aprendido, como hoy lo están haciendo también las compañeras trabajadoras del hogar, organizándose, alzando la voz, reclamando, exigiendo en las instancias internacionales, impulsando campañas que nos invita a “Ponernos los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar” para visibilizar el problema y presionar para la ratificación de los Convenios de la OIT.

A nosotros desde el poder legislativo nos corresponde escuchar sus demandas, apoyarlas, acompañar su lucha, pero no como simples espectadoras y espectadores, sino como representantes populares, responsables de impulsar los cambios legislativos que favorezcan el avance hacia la igualdad sustantiva. Esta idea moderna y avanzada de igualdad, que no es otra cosa que la transformación de las condiciones que impiden a las mujeres el acceso pleno a sus derechos y oportunidades, a través de medidas estructurales, legislativas o de política pública.

México está rezagado en esta materia, por ello esta conmemoración es también pretexto para que todas y todos suscribamos el compromiso de legislar al respecto, de hacer la tarea que nos corresponde, de seguir las buenas prácticas de países como Uruguay que ha ratificado el convenio y cambiado su ley o Brasil que ha promulgado una enmienda constitucional a partir de la cual las empleadas domésticas trabajarán un máximo de 44 horas semanales y a partir de esa cifra se les pagarán horas extra.

Es momento de pagar esa deuda histórica con este sector de la población mayoritariamente femenino. Es importante que las diputadas y diputados asumamos con carácter urgente la responsabilidad de trabajar en los cambios legislativos necesarios para garantizar a las trabajadoras del hogar sus derechos laborales.

En ese sentido quiero destacar que la Comisión de Igualdad de Género asignó en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del Anexo 12 (Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres), 1 millón de pesos para acciones interinstitucionales para impulsar el cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, y otro millón para una campaña nacional para la promoción del reconocimiento social del trabajo doméstico y difusión de los derechos de las trabajadoras domésticas.

Hace tiempo que al país se le ha hecho tarde en la ruta de la justicia social, pero hoy ya no hay pretexto para evadir el tema, es tiempo de pasar de las palabras a los hechos, porque los derechos de las trabajadoras del hogar deben ser una realidad vivida. No podemos seguir aplazando esta discusión, por ello invito a todas las fuerzas políticas a priorizar el tema en sus agendas legislativas y generar las condiciones que permitan impulsar las reformas necesarias para conformar un marco normativo de protección y certeza jurídica, para quienes laboran en el ámbito del trabajo doméstico.

Pongámonos los guantes, como nos dice Marcelina Bautista, del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), para erradicar la discriminación y la violencia en contra de las trabajadoras del hogar. En la izquierda progresista no escatimaremos esfuerzos para buscar los consensos necesarios que nos permitan avanzar en una legislación que reconozca el valor del trabajo doméstico y garantice la protección y seguridad social de las y los trabajadores del hogar.

Notas

1 Decimotercer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito. Amparo directo 5753/2005. Anita Galicia Bautista. 14 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Griselda Lupita Reyes Larrauri.

2 Ídem. Véase “Trabajadores domésticos. Su permanencia en el lugar de trabajo no prueba que se laboraron horas extraordinarias”, en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, página 845.

3 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_es p.pdf

Con motivo de la conmemoración del centenario del natalicio de Octavio Paz, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

Recordamos hoy, con profunda emoción, a un mexicano excepcional: Octavio Paz.

Formar parte de la Comisión Especial para conmemorar el centenario de su natalicio es un privilegio que me ha permitido adentrarme en su obra poética, en sus ensayos, en sus libros, que le valieron obtener el más alto galardón al que un escritor pueda aspirar, el Premio Nobel de Literatura.

En mi época de preparatoria leí por primera vez El laberinto de la soledad, obra cumbre de la literatura mexicana, que ha trascendido nuestras fronteras, a través de la cual su autor se propuso encontrar una identidad para los mexicanos. Su argumento central es que los eventos históricos han tenido una influencia significativa en los sentimientos que predominan en la mentalidad mexicana.

A través de los nueve capítulos que integran el libro, que incluirían posteriormente una adición de tres, su autor afirma que “en todas sus dimensiones, de frente y de perfil, en su pasado y en su presente, el mexicano resulta un ser cargado de tradición que, acaso sin darse cuenta, actúa obedeciendo a la voz de la raza...”

La primera edición de El laberinto de la soledad ocurrió en el año de 1950. Es un libro que a quien lo lee, como ha sido mi caso, deja una huella profunda a lo largo de su vida, porque en sus páginas encontramos los mexicanos un vínculo con las diferentes etapas de nuestra historia, en las que se entrelazan también el amor, la cultura, las tradiciones arraigadas en nuestro pueblo y se describe la conducta del mexicano moderno.

Pero quizás el tema que más me hace reflexionar en esta obra de Paz, es precisamente el de la soledad. Dice su autor que el mexicano se siente solo y que ese sentimiento también es resentido por el resto de sus semejantes, lo que lo hace proseguir en la búsqueda de otro con quien contrastar las diferencias que lo identifican y que la resignación es una de nuestras virtudes populares.

Y yo pienso que la importancia del libro, ahora que lo he vuelto a leer con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del ilustre escritor mexicano, es preguntarnos si los mexicanos en la era de la tecnología, del gran avance de la internet, que vivimos la explosión de las redes sociales y nos desempeñamos en un mundo globalizado, nos seguimos sintiendo solos o si hemos superado esos complejos de frustración a los que hace referencia Octavio Paz en su célebre obra.

Mi particular punto de vista es que a partir del movimiento de 1968, que propició precisamente la renuncia de nuestro Premio Nobel de Literatura a sus responsabilidades diplomáticas, el mexicano comenzó a demandar un cambio que derivó en la transición democrática de la que hemos formado parte y que las grandes transformaciones que ha vivido el mundo en lo político, económico, tecnológico y social nos han forzado a ser si no distintos, si diferentes al mexicano descrito en El laberinto de la soledad.

Sin embargo, El laberinto de la soledad sigue siendo en el siglo XXI un texto vigente porque aún prevalecen en nuestro país muchos mexicanos que se sienten solos y frustrados por la falta de empleos, de oportunidades y por el marcado predominio de las desigualdades.

De ahí la importancia de retomar el libro de Paz al conmemorar el centenario de su nacimiento en esta Cámara de Diputados, para analizar desde nuestras tareas legislativas qué tanto estamos contribuyendo como legisladores para apoyar a que muchos mexicanos puedan encontrar la salida de ese laberinto de la soledad en que se encuentran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo 31 de 2014.

Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica)