Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3865-VII, jueves 19 de septiembre de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a permitir tanto la firma de convenios de coordinación con autoridades locales en materia de vialidad como, entre otros fines, la libre circulación de unidades de transporte de bienes y personas sin el requisito de placas federales en el estado correspondiente, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Abel Octavio Salgado Peña, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; así como en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La labor del sector autotransporte en el país, no sólo se ciñe a atender las necesidades de los sectores que integran la economía del país, a lo largo y ancho de éste, sino que cumple un importante factor de enlace y movilidad en tan sólo una entidad federativa.
Por citar algún ejemplo, la movilización de la producción de la zafra azucarera de Veracruz o Jalisco, está dada en las mismas entidades federativas de producción, con el objeto de estar en condiciones de transformar la caña en azúcar para su venta al consumidor final.
En las mismas circunstancias se encuentran las fincas cafetaleras de Chiapas, Nayarit o Colima, cuyo proceso de producción se encuentra normalmente en el mismo lugar de cosecha y quizás tan sólo recorriendo algunos kilómetros de distancia, para estar en condiciones de que los granos de café inicien el proceso de producción correspondiente.
Los anteriores, son tan sólo un par de ejemplos de movilidad local con fines de transformación en el proceso para transformar algún producto en un bien de consumo.
Pese a lo anterior, el sector autotransporte se ha encontrado con las disposiciones de la Policía Federal, quienes detienen las unidades de transporte con el argumento de no contar con placas de autotransporte federal, para el transporte de bienes o personas, cuando sólo se presenta al interior de una Entidad Federativa, como lo citado en párrafos anteriores.
Nos parece que esta medida es unilateral por parte de la Policía Federal, y abre condiciones que generan corrupción, ya que sin necesidad alguna, los vehículos que transportan bienes o personas al interior de una Entidad Federativa, son detenidos y sus conductores en ocasiones son amenazados con consignar el vehículo, a cambio de alguna dádiva.
No obstante lo anterior y con el objeto de establecer condiciones mínimas de seguridad para las carreteras en las Entidades Federativas, creemos necesarias las revisiones de la autoridad de seguridad federal a los vehículos citados, sin que estos vehículos traspasen los límites de la Entidad en donde prestan sus servicios.
Por lo anterior, llamamos a la autoridad de la Policía Federal así como a la autoridad de vialidad de las Entidades Federativas, a establecer convenios de coordinación, que permitan la libre circulación de bienes o personas al interior de alguna Entidad Federativa, sin necesidad del requisito de las placas de autotransporte federal.
Por lo anterior y con fundamento en lo antes expuesto, es que ponemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al gobierno federal, para que gire instrucciones que permitan suscribir convenios de coordinación con las autoridades locales en materia de vialidad y que permitan, entre otros fines, la libre circulación de unidades de transporte de bienes y personas, sin el requisito de placas de autotransporte federal, en el interior de la entidad federativa correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar revisiones para determinar si los condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes a 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de presidentes municipales, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Antecedentes
1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60 por ciento de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.
En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.
Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.
Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.
Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los estados y municipios en recaudadores fiscales indirectos.
De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.
Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150 por ciento en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a 434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (trece mil millones de pesos).
El impulsor de #Yocontribuyente, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.
Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.
La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.
Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.
Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero
En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.
“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.
En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.
Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.
Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.
Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.
Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.
Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.
Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.
Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.
Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:
Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.
Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y
Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.
La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.
Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.
Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.
No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.
La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.
En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.
Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.
Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.
Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.
La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.
Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:
1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.
2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.
Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, del IMSS y del ISSSTE, así como a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal, a reforzar las acciones encaminadas a promover la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las acciones para ofrecer a los adolescentes las oportunidades necesarias para el pleno ejercicio de todos sus derechos, forman parte de una agenda a debate de alta prioridad y urgente necesidad en nuestro país.
De acuerdo a lo anterior, debemos comprender quienes son considerados como adolescentes, en términos del artículo 2 de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que a la letra dice lo siguiente:
Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.
De acuerdo con este criterio y con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en México habitan 13 millones 266 mil 386 adolescentes, los cuales se dividen prácticamente en partes proporcionales entre hombres y mujeres, 50.4 y 49.6 por ciento, respectivamente. De este modo, la población adolescente representa prácticamente el 12 por ciento del total de los mexicanos.1
La complejidad de las diversas problemáticas que rodean la circunstancia de los adolescentes y los jóvenes en nuestro país, implica grandes retos para el Estado mexicano. Es indispensable trabajar vigorosamente en la implementación medidas y acciones de política pública, efectuar las reformas de ley y otras acciones legislativas, que contribuyan a la superación de los factores que han impedido el desarrollo y progreso de la juventud mexicana y que obstaculizan el ejercicio a plenitud de los derechos al desarrollo humano integral, a la participación, al trabajo, capacitación y remuneración justa, a la salud y acceso a servicios, a la recreación, a la educación, a la diversidad cultural y religiosa y a convivir en un ambiente sano, todos ellos en igualdad de oportunidades.
De entre los anteriores, por sus repercusiones como determinante de posibilidad para un desarrollo pleno, se destaca el derecho a la salud, dentro del cual, el aspecto de la salud sexual, en términos de la etapa de vida correspondiente a la adolescencia, resulta crítico.
Como se señala en el boletín denominado Salud y participación de los adolescentes publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “El inicio de la adolescencia está marcado por cambios anatómicos y fisiológicos que implican el desarrollo de la capacidad reproductiva. Estos cambios favorecen una toma de conciencia sobre el propio cuerpo y, a través de él, una conciencia de los demás. Si en la infancia el reconocimiento del medio ocurre fundamentalmente a través del juego y de la familia, en la adolescencia ese reconocimiento se extiende a las relaciones interpersonales y ocurre a través del movimiento y la conquista de nuevos espacios de la actividad física y de la sexualidad.”2
Por otra parte, como apunta el Fondo de Población de las Naciones Unidas México, las decisiones que toman los adolescentes sobre su sexualidad y sus oportunidades educativas, son dos componentes que tienen importantísimas implicaciones para su vida como jóvenes y adultos. De lo anterior podemos advertir lo siguiente:
“En lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva (SSR), los principales riesgos de esta población son:
À El inicio no elegido, involuntario y/o desprotegido de su vida sexual
À La exposición a embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones de riesgo
À La exposición a una infección de transmisión sexual (ITS), cuya expresión más dramática es el VIH/Sida
A nivel global, una gran cantidad de adolescentes ya son sexualmente activos antes de cumplir 20 años de edad, y la gran mayoría (alrededor del 60 por ciento) no utiliza ninguna protección contra el embarazo, ni contra el riesgo de adquirir una ETS o infectarse de VIH.” 3
En nuestro país, la incidencia de embarazos entre adolescentes y niñas, cobra magnitudes que reclaman una intervención eficaz y oportuna.
En las instituciones públicas de salud, 21 por ciento de los partos atendidos en 2005 fueron en menores de 20 años y casi 7,289 ocurrieron en niñas de 10 a 14 años de edad. El riesgo de morir de las adolescentes que se embarazan es 1.2 veces mayor que el de las embarazadas mayores de 20 años.4
Durante 2011, en México nacieron 472,987 niñas y niños cuyas madres tenían edades inferiores a los 19 años, y peor aún, 11,521 de esas adolescentes tenían menos de 15 años.5 Lo anterior implica que prácticamente uno de cada cinco partos en nuestro país, tiene lugar en dicho sector poblacional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las entidades federativas con mayor incidencia de embarazos entre adolescentes son Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Sonora y Sinaloa.6
Esa misma problemática también existe y de manera muy acentuada en las comunidades indígenas, las cuales al estar aisladas y marginadas por diversos aspectos, hacen que dicho sector de la población se haga más susceptible a la existencia de embarazos entre sus adolescentes.
La magnitud que adquiere la problemática del embarazo adolescente y la gravedad de repercusiones derivadas de ello que se pueden presentar en el corto y mediano plazos, ameritan un tratamiento urgente, con vistas a evitar que se llegue a convertirse en una crisis de salud pública.
En primer lugar se destaca que el embarazo puede ocasionar graves repercusiones de salud para las adolescentes, riesgos que van desde la preeclampsia y eclampsia, especialmente en mujeres de 16 años o menos, hasta la muerte materna. Por ejemplo, en el estado de Coahuila de Zaragoza se han registrado decesos asociados al embarazo en los últimos meses.
La falta de atención médica adecuada, el estigma social, la discriminación, la interrupción del proyecto de vida ante la inminente necesidad de hacerse cargo del cuidado de un bebé y, eventualmente, incorporarse al mercado laboral en condiciones precarias, determinadas por la incipiente etapa de escolaridad en que se encuentran las adolescentes y la falta de experiencia laboral, son condiciones que potencian la situación de vulnerabilidad que rodean a las adolescente embarazadas pues, ante este panorama, muchas de ellas se ven obligadas a soportar condiciones económicas y sociales complicadas, al conseguir trabajos mal pagados, sin prestaciones de ley.7
De esta manera, el recién nacido también se encuentra en un ambiente adverso y complicado que seguramente incidirá en su desarrollo.
Se observa también que el embarazo adolescente no es un asunto privativo de los grupos sociales desaventajados, ya que “durante muchos años se asoció este fenómeno, casi de manera exclusiva, a la pobreza y la escolaridad. Sin embargo, los datos muestran que aun cuando Chiapas y Guerrero son las dos entidades que presentan mayor tasa de fecundidad para el grupo de mujeres entre los 14 y los 24 años de edad, en tercer y cuarto sitio se encuentran los estados de Aguascalientes y Durango, los cuales superan ampliamente en términos de desarrollo social y humano a los estados del sureste”.8
El compromiso a nivel personal, familiar y social que implica el embarazo adolescente, pone de manifiesto la necesidad de que todas y cada una de las instituciones de salud de nuestro país, refuercen las acciones para su prevención, para emprender las acciones que garanticen la provisión de servicios de salud que impliquen una adecuada información sobre métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual, programas específicos para la adecuada atención física y psicológica de las niñas y adolescentes embarazadas durante todas las etapas de su proceso y para proveerles un programa de planificación familiar posterior al parto.
En este sentido, es indispensable la acción coordinada de las autoridades de salud del gobierno federal, de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como de los titulares de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, quienes con fundamento en las respectivas leyes que los regulan, tienen conferidas una serie de facultades en lo que hace a la prevención y educación de la salud sexual, así como también en lo relativo a planificación familiar, sólo que a pesar de ello, el problema de los embarazos entre adolescentes no solo prevalece, sino que se ha agudizado en forma alarmante, por lo que resulta importante que dichas instituciones, en pleno ejercicio de sus facultades y atribuciones conferidas por la ley, emprendan acciones más contundentes para abatir la problemática que hay en este sector de la sociedad, velando por el pleno respeto de sus derechos fundamentales y de la ciudadanía en general, en materia de salud.
En este señalamiento, destacamos la centralidad del derecho a la salud como un derecho humano fundamental e indispensable que permitirá el ejercicio de los demás derechos. En ese tenor, toda persona debe tener acceso al disfrute de ese derecho, en el más alto nivel que sea posible hacerlo, lo cual posibilitará que tengan una vida digna. En tal razón, la efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar a través de numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud , así como la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud, o a la adopción de instrumentos jurídicos concretos.
De ese modo, hoy en día el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el cumplimiento irrestricto del acceso al derecho a la salud, al brindar a todos las personas, los medios e instrumentos que sean necesarios tal efecto al ser una situación de primera necesidad, por lo que resulta justificado que se instaure como una política de estado con carácter prioritario, y que de esa forma, se propicie una adecuada prestación de los servicios de salud, entre ellos, la prevención, por lo que en caso de que exista una omisión al respecto, se constituiría en una violación a los derechos humanos por parte de las instituciones y las autoridades en la materia.
Lo anterior puede llevarse a cabo mediante la instauración de campañas de difusión en las que de manera más intensa se hagan notar entre los adolescentes, los beneficios de tener una sexualidad responsable e informada, así como también de las repercusiones que se sobrevienen en caso contrario a ello, mismas que no sólo se reflejaran en su desarrollo e integridad física, sino también tendrá repercusiones de los recién nacidos; aunado a lo anterior, también se pueden implementar la realización de pláticas dirigidas a ese sector poblacional por parte de de las instituciones antes mencionadas, en los que se aborden ese tipo de temas, así como los diferentes problemas de la sexualidad entre los adolescentes, máxime que este tipo de instituciones, según la ley que respectivamente las regula, tienen entre sus diferentes facultades, la de prevenir e informar a la población en general sobre la educación sexual y la planificación familiar, tal como lo podemos observar en los siguientes preceptos:
En los artículos 67, 68 en su fracción I, 69, 70, 71, y 112 en sus fracciones I y III, todos de la Ley General de Salud, se establece lo siguiente:
Artículo 67.- La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja .
...
...
En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.
Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar comprenden:
I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo nacional de Población;
II a VI...
Artículo 69.- La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población para la prestación de servicios de planificación familiar y de educación sexual, definirá las bases para evaluar las prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a su prevalecencia y a sus efectos sobre la salud.
Artículo 70.- La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule el Consejo Nacional de Población , de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Población y de su Reglamento, y cuidará que se incorporen al programa sectorial.
Artículo 71.- La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional.
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:
I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;
II...
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.
En el artículo 110 de la Ley del Seguro Social establece lo siguiente:
Con el propósito de proteger la salud y prevenir las enfermedades y la discapacidad, los servicios de medicina preventiva del Instituto llevarán a cabo programas de difusión para la salud , prevención y rehabilitación de la discapacidad, estudios epidemiológicos, producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, campañas sanitarias y otros programas especiales enfocados a resolver problemas médico-sociales.
El artículo 34 de la Ley del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dispone lo siguiente:
La atención médica preventiva, conforme a los programas que autorice el Instituto sobre la materia, atenderá:
I...
II. El control de enfermedades transmisibles;
III...
IV. Educación para la salud;
V...
VI. Salud reproductiva y planificación familiar;
VII. Atención materno infantil;
VIII a XIV...
De ahí que sí cada una de las autoridades de salud mencionadas, intensifica el ejercicio de sus facultades en materia de educación sexual y de prevención en los embarazos entre adolescentes, se coadyuvará para que éstos vayan adquiriendo en forma paulatina, una cultura de prevención al momento de ejercer su sexualidad, haciéndolo de manera responsable e informada, así como también, concientizarlos sobre los alcances de ello.
En la medida que tales objetivos puedan irse satisfaciendo, los adolescentes mexicanos contarían con la información necesaria para ejercer en forma responsable su sexualidad, y simultáneamente a ello, prevenir los embarazos mediante el uso de los anticonceptivos que se elijan, lo que contribuirá al goce de su salud.
En este sentido, ante la compleja problemática de salud por la que pasan muchos de los adolescentes mexicanos actualmente, es que se requiere del valioso apoyo de ésta Soberanía para contribuir a su solución, razón por la que solicito su respaldo para la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, a los titulares de los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los Estados, a los Gobernadores de las entidades federativas, y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a reforzar las acciones encaminadas a promover la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, con especial énfasis en el componente para la prevención del embarazo.
Notas
1 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010, se cuenta la población comprendida entre los 12 y 18 años.
2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Salud y participación de los adolescentes, Uruguay, 2006, consultado en http://www.unicef.org/uruguay/spanish/GUIA_3.pdf
3 Fondo de Población de las Naciones Unidas México, Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes y Jóvenes , consultado en http://www.unfpa.org.mx/ssr_adolescentes.php
4 Programa Nacional de Salud 2007-2012, emitido por la Secretaría de Salud, página 39.
5 La información del Inegi muestra que de los 11,521 partos en mujeres de hasta 15 años de edad registrados en 2011, en 1,038 casos son mujeres que ya tienen 2 hijos; 470 tienen 3 hijos; 212 tienen 4 hijos, 121 tienen 5 hijos, mientras que 66 niñas en esa edad tienen 6 hijos. Por otra parte, en el grupo de las mujeres de 15 a 19 años de edad, entre quienes se registraron 461,466 partos en 2011, en 354,326 casos fueron madres por primera vez; en 84,375 casos es ya su segundo hijo; en 16,165 casos son mujeres con ya tres hijos; en 3,674 casos se trata de mujeres con ya cuatro hijos; en 1,304 casos con cinco hijos; y en 630 casos con seis hijos.
6 Las entidades federativas en las que se registra el mayor porcentaje de embarazos en mujeres menores de 19 años, respecto del total estatal son: Chihuahua, con 22 por ciento; Coahuila con 21.7 por ciento; Durango con 20.6 por ciento; Nayarit con 20.2 por ciento; y Sinaloa y Sonora con 19.3 por ciento.
7 Este tipo de adolescentes al momento de tener sus hijos, frecuentemente se encuentran sin trabajo, es decir, de los 11,527 casos de niñas menores de 15 años que se convirtieron en madres en 2011, únicamente 812 tenía una actividad laboral remunerada. Es evidente que al tener una edad tan corta, también su grado de escolaridad es muy bajo, aunado a que dichas niñas ve truncada su trayectoria escolar, por lo que es previsible que la mayoría de estas adolescentes enfrente condiciones sumamente adversas tanto en el ámbito laboral como en el académico. En un caso similar se encuentran las adolescentes que al momento del parto, su edad oscilaba entre los 15 y los 19 años de edad, pues de los 461 mil casos de partos contabilizados en 2011 en este grupo de edad, únicamente 39,415 de esas jóvenes trabajaba. El dato es de destacarse, pues, al tener una corta trayectoria escolar y una experiencia laboral mínima, la búsqueda de incorporación de estas niñas y adolescentes al mercado laboral se da en altas condiciones de riesgo que las orilla, en muchos casos, a aceptar condiciones de informalidad, pero en otros de explotación laboral, y en los casos extremos, hasta convertirse en víctimas de la explotación sexual comercial o la trata de personas.
8 Fuentes, Mario Luis, “Embarazo adolescente: fenómeno expansivo”, revista México Social, México, 7 de mayo de 2013, consultado en http://mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/26 0-embarazo-adolescente-fen%C3%B3meno-expansivo.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013
Atentamente
Diputada Irma Elizondo Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob a cumplir las propuestas emitidas por la CNDH sobre los agravios contra defensores de esos derechos, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos, AC (ACUDDEH), y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, realizó el informe Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad, en el cual se documentan aproximadamente 120 casos de violaciones a los derechos humanos que sufrieron las personas defensoras en dicha materia en el periodo comprendido de junio de 2012 a mayo de 2013.
De tal número, 90 afectaron directamente a personas, 25 a organizaciones y diez a comunidades. En el periodo de mayo a noviembre de 2012, los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero concentraron el 50 por ciento de estas agresiones; mientras que para el periodo de diciembre de 2012 a mayo de 2013, Oaxaca, Guerrero y Chiapas abarcaron este mismo porcentaje.
“Un hecho destacable, que pareciera ser el que modifica o genera una tendencia en las violaciones de derechos humanos del periodo que va de mayo-noviembre de 2012, comparado con diciembre de 2012 a mayo de 2013, es el nacimiento del movimiento #Yosoy132. Por ejemplo, en los estados de Zacatecas y de Baja California se dieron al menos 19.5 por ciento de violaciones de derechos humanos durante el primer periodo, mismas que ocurren en contra de personas que forman parte del movimiento #YoSoy132. De ahí que Zacatecas, estado de México, Durango, Baja California, Quintana Roo e Hidalgo constituyen el 34.7 por ciento de violaciones de derechos humanos de mayo-noviembre de 2012. Por eso mismo se explica que los estados que aparecen en el primer período no reaparezcan en el segundo, debido a la disminución de actividades de este movimiento.”1
Sobre la modalidad en que son cometidas las violaciones a los derechos humanos, en primer lugar está por comisión, seguida de aquiescencia y por último por omisión; mientras que con base en una tipología de las agresiones cometidas en el período de mayo a noviembre de 2012, el hostigamiento, agresión, y amenaza encabezan la lista; mientras que para diciembre de 2012 a mayo de 2013; la amenaza se ubica en segundo lugar seguida de la agresión.
Ahora bien, respecto a las organizaciones con mayor número de violaciones a los derechos humanos, en el período que va de mayo de 2012 a mayo de 2013, el movimiento #YoSoy132 encabeza la lista, seguido del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y las Organizaciones opositoras a los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec.
Es importante señalar que en las conclusiones del citado informe se menciona que “existe un cambio importante en la forma en que se agrede a las personas defensoras de los derechos humanos: en el año anterior 2011, la forma más utilizada por el perpetrador eran las amenazas, mientras que en este año se incide con mayor frecuencia al hostigamiento, en sus múltiples modalidades, lo cual implica que el Estado ha invertido más recursos económicos y humanos en acechar a la víctimas, de hecho llama la atención que tuvimos que generar nuevas modalidades de hostigamiento como son la incursión militar, paramilitar y mixta para poder registrar estas formas de represión política”.2
Aunado a esta información, la “Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), documentó 310 expedientes de agravios a defensores en el período comprendido de 2005 a 2012; en los cuales las autoridades mayormente señaladas como presuntas responsables son la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal y la Fiscalía General del estado de Chihuahua.
Asimismo, la CNDH, reporta que las entidades federativas con más agravios a defensores de derechos humanos son Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal; mientras que los derechos humanos más violentados están relacionados con seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal, libertad, así como propiedad y posesión.
Ante dicho contexto la CNDH presentó tres propuestas que a continuación se enumeran:
Educación. Sensibilizar a las autoridades y servidores de los tres ámbitos de gobierno, en especial de aquellos involucrados en funciones de seguridad pública y procuración de justicia, respecto al trabajo de defensores de derechos humanos y de su obligación de respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades.
Protección. Establecer lineamientos específicos para una oportuna y eficaz implementación de medidas cautelares, a fin de evitar la consumación de actos de difícil o imposible reparación en perjuicio de defensores de derechos humanos o sus familias.
Atención. Instrumentar acciones coordinadas para la atención integral de los agravios cometidos en contra de los defensores de derechos humanos y establecer políticas públicas al respecto.
Sabemos de la importancia de la defensa por el cumplimiento de los derechos humanos, sin embargo es fundamental que quienes realizan esta valiente labor cuenten con los mecanismos de protección necesarios para su ejercicio, por ello el Estado mexicano debe velar por la integridad de las personas que se dedican a estas actividades y de sus familias; por ello presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a cumplir con las propuestas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos plasmadas en la agenda 2013 en relación con los agravios en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
Notas
1 Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, AC. Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad, junio de 2012 a mayo de 2013, México, página 21.
2 Ibid, página 39.
Dado en Cámara de Diputados, a 19 de septiembre de 2013.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con motivo del Día Internacional de la Paz, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
Jueves 19 de septiembre de 2013.
«La paz es un valor sin fronteras»
Es un valor que responde a las esperanzas y aspiraciones de todos los pueblos y de todas las naciones, de los jóvenes y de los ancianos, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Palabras de Juan Pablo II
Jornada Mundial por la Paz, 1986
Señoras legisladoras; señores legisladores:
Desde el 30 de noviembre de 1981, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró que el tercer martes del mes de septiembre de cada año se conmemorara el Día Internacional de la Paz, con objeto de fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo del mundo.
Sin embargo, la fecha de esta conmemoración cambió al 21 de septiembre de cada año, por una resolución de la Asamblea General de la ONU del 7 de septiembre de 2001,1 con la declaración de que «el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese Día».
La paz es un valor de una importancia tal que debe ser proclamado una y otra vez, y promovido por todos. No existe ser humano que no se beneficie de la paz. Las naciones del mundo sólo podrán realizar plenamente sus destinos –que están entrelazados- si todas unidas persiguen la paz como valor universal (Jornada Mundial por la Paz, 1986).
La promoción del derecho a la paz asegura, en cierto modo, el respeto de todos los otros derechos, porque favorece la construcción de una sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituyen por relaciones de colaboración con vistas al bien común. La situación actual prueba sobradamente el fracaso del recurso a la violencia como medio para resolver los problemas políticos y sociales. La guerra destruye, no edifica; debilita las bases morales de la sociedad y crea ulteriores divisiones y tensiones persistentes... (Jornada Mundial de la Paz, 1999).
Para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, especialmente de la guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
En Acción Nacional estamos convencidos de que todos los actores del mundo deben conducirse de acuerdo con el derecho internacional para asegurar la paz y la seguridad.
Desde esta tribuna, hacemos votos porque en todos aquellos lugares donde haya cualquier manifestación de violencia, cese ésta, y que desde México hasta Siria, prevalezca la paz.
Sin embargo, la paz no se establecerá ni se mantendrá, sin que se pongan los medios. Y el medio por excelencia es el diálogo, buscar que éste prevalezca en todos aquellos lugares donde la paz está amenazada o ya comprometida, en las familias, en la sociedad, o entre los países, es tarea y responsabilidad de todos.
El diálogo por la paz debe instaurarse ante todo a nivel nacional, para resolver los conflictos sociales y buscar el bien común. No debemos permitir que la sana convivencia social se vea amenazada por actos de violencia, tenemos que saber escuchar y atender los intereses legítimos de los diferentes grupos, en el ejercicio de las libertades y de los deberes democráticos para todos. Debemos hacer prevalecer la vía del diálogo sobre la fuerza.
Eduquemos a nuestros niños y jóvenes para la paz, asumamos cada uno de nosotros desde este espacio en el que nos ha tocado trabajar por México, un compromiso personal de diálogo fraterno para impulsar los proyectos de futuras reformas, apoyadas por los ciudadanos, pertenecientes a diferentes grupos sociales, sectores políticos y culturales, que buscan y merecen la paz.
Recordemos que el concepto de paz es el proceso de realización de la justicia en los distintos niveles de relación humana. La paz implica igualdad, justicia, amistad, perdón, olvido, conciliación, ponerse de acuerdo. Que mejor espacio para los acuerdos.
No olvidemos que, alcanzar la paz supone aprender a ceder en función del bien común.
De aquí que la ONU ha intentado preservar la paz entre las naciones enfrentando y derrotando lo peor de la humanidad con lo mejor de la humanidad; respondiendo a la violencia con la tolerancia, a la fuerza con la moderación y a la guerra con la paz.
Compañeras y compañeros, lo invito a que trabajemos y construyamos una cultura de paz, recordando que el artículo 1o. de la Declaración sobre una Cultura de Paz, entiende a ésta como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en:
– El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;
– El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;
– El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
– El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;
– Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras;
– El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;
– El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres;
– El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información;
– La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones;
– Y animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz.
Compañeras y compañeros, cada uno está invitado a comprometerse a favor de la paz.
Nota
1 Resolución 55/282.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.
Atentamente
Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)