Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora y al Ejecutivo federal a efecto de que por la SHCP analicen y, en su caso, adopten medidas para extender el ámbito de aplicación del programa Sólo Sonora a los límites de la entidad, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Faustino Félix Chávez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 6, numeral 1, y el 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las principales opciones de desarrollo para ciertas de las regiones en el estado de Sonora, lo es, sin duda, la actividad turística, principalmente el turismo que ingresa por las vías carreteras por ser un estado fronterizo y en estos últimos años ha sido verdaderamente poca la afluencia de turismo; por este motivo es de gran trascendencia realizar las gestiones necesarias para que, el programa Sólo Sonora, conocido también como Only Sonora, se mantenga en operación y se extienda a los límites del estado como funcionó originalmente, cuando se estableció en “Estación Don” el modulo de trámites de permisos para vehículos de turistas extranjeros para ingresar más allá de los límites del programa a territorio nacional, y con esto contribuir al aumento de la afluencia de turistas en la entidad.

El esquema del programa Sólo Sonora se concibió como un dispositivo de fomento al turismo a través de la permisión para la introducción de vehículos sin permiso, tramite o pago alguno.

Originalmente el programa benefició a todo el territorio del estado, pero actualmente se limita a dos terceras partes (ver mapa), quedando fuera regiones con gran potencial turístico como Álamos, Ciudad Obregón, y el Valle del Yaqui, pues, en el caso de que el destino final sea un lugar fuera del área de libre circulación, es necesario tramitar la importación de temporal del vehículo hasta por 180 días en un periodo de 12 meses.

Antecedentes

El turismo extranjero por carretera representa una importante actividad generadora de divisas en Sonora. Más del 70 por ciento de los extranjeros que visitan ésta entidad federativa lo hacen a través de los cruces fronterizos con Arizona, ingresando sus propios vehículos automotrices, factor importante para la generación de empleos y derrama económica en divisas extranjeras en el territorio sonorense.

Es de utilidad tener en consideración que en el nivel local, se han promovido acciones en el sentido de la propuesta que aquí se expone.

El jueves 10 de diciembre de 2009, el Congreso de Sonora aprobó solicitar la adopción de las medidas pertinentes para que los turistas provenientes de los Estados Unidos de América que se internen la Entidad por vía terrestre, en vehículos de su propiedad, puedan hacerlo sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos.

En la consideración “cuarta” del dictamen de la Comisión de Fomento Económico y Turismo del Congreso de Sonora, se refirió que

El 27 de noviembre de 1996, en uso de las facultades que en materia de Comercio Exterior la conceden al Ejecutivo federal los artículos 89, fracciones X y XIII y 131 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 39 del Código Fiscal de la Federación; y, 143 de la Ley Aduanera vigente, asimismo, de acuerdo con las facultades que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora le concede al Ejecutivo del estado, el gobierno federal y de Sonora suscribieron un convenio de colaboración administrativa a través del cual se confirió al gobierno del estado de Sonora, a través de la entonces Secretaría de Finanzas, facultades de verificación fiscal vehicular y para la implementación de un programa denominado Sólo Sonora, también conocido como Only Sonora, que sería aplicado a través de la Secretaría de Turismo del estado mediante el cual las personas que ingresaran a territorio sonorense por cualquiera de los puertos fronterizos colindantes con Estados Unidos de América podían introducir vehículos de propulsión mecánica sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos, como una medida para incentivar el turismo carretero en nuestra entidad.

El 21 de junio del 2000 se publicó en el Boletín Oficial del gobierno del estado, el acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Sonora, para la continuidad del programa Sólo Sonora.

Con fecha 25 de noviembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un convenio suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Sonora, para la internación e importación temporal de vehículos a esta Entidad Federativa. En este instrumento se acuerda otorgar facilidades a los turistas extranjeros y a los mexicanos residentes en el extranjero, para internarse al noroeste de Sonora, sin tener que tramitar un permiso de importación temporal de vehículos, siempre que se hubieran internado por cualquiera de los 5 puertos fronterizos a saber: San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Naco y Agua Prieta; o por el Puerto de Guaymas.

En este ordenamiento legal, se establece la obligación por parte del estado, para instalar un módulo del programa Sólo Sonora, en el municipio de empalme, si el turista deseaba continuar mas allá de los límites del programa para atender a los usuarios que deseen viajar más allá de este punto, para lo cual en esa localidad deben realizar los trámites de importación temporal. Este módulo empezó a funcionar en diciembre de 2005 y se mantiene en operación a la fecha por la prórroga realizada entre ambos niveles de gobierno que fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de enero de 2007.

Bajo estas consideraciones y asumiendo que la ampliación del programa a todo el territorio sonorense generaría estímulo importante para incrementar la afluencia turística en la entidad, lo cual a su vez resultaría en una derrama económica que ayude a dinamizar la actividad de la región, propongo ante esta el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente al gobierno de Sonora y al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se analicen y, en su caso, adopten las medidas necesarias para extender el ámbito de aplicación del programa Sólo Sonora a los límites de la entidad.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2013.

Diputado Faustino Félix Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la información del Estado mexicano extraída de las cuentas de correo electrónico de servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades de la administración pública federal en las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

El pasado 20 de octubre del presente año, el diario alemán Der Spiege l, versión en inglés, publicó una serie de documentos filtrados de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por los cuales se da cuenta del espionaje cibernético practicado en contra de los servidores y correos de la Presidencia de la República, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública; así como a otras instancias gubernamentales de gobiernos como Francia.

De dicha información destaca la gravedad que significa la infiltración al propio correo del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como a la intercepción de mensajes personales del actual presidente Enrique Peña Nieto.

En ese sentido, resulta inquietante que la soberanía de nuestro país se vea vulnerada por este tipo de prácticas que van en contra no sólo de la legislación mexicana, sino del propio derecho internacional. De acuerdo con lo conocido hasta este momento, la información a la cual la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América tuvo acceso son comunicaciones diplomáticas, económicas y de seguridad. Lo anterior, mediante la vulneración al servidor de correos clave en el dominio de la presidencia mexicana en la red presidencial para obtener el primer acceso a la cuenta pública de correo electrónico del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en una operación conocida como Flatliquid.

Sin embargo, dicho reporte, que forma parte de un total de 260 documentos elaborados por la Agencia de Seguridad Nacional, da cuenta de que no sólo la Oficina de la Presidencia fue infiltrada de manera cibernética, sino que a través del proyecto conocido como Whitetamale , la agencia también tuvo acceso a cuentas de correo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

La información citada por el diario alemán Der Spiegel , forma parte complementaria de la información filtrada también al diario británico The Guardian y a la televisora brasileña O Globo. Al respecto el informe de Der Spiegel detalla algunos aspectos del espionaje al actual presidente Enrique Peña Nieto, mediante el cual se interceptaron comunicaciones personales de él y sus colaboradores, que le permitieron a la Agencia de Seguridad Nacional alrededor de 85 mil 489 mensajes de texto.

Contexto internacional actual y de debate sobre el espionaje cibernético

Previa publicación del diario alemán Der Spiegel , dos diarios norteamericano y británico respectivamente, The Washington Post y The Guardian, revelaron la existencia de Prism , un proyecto diseñado por el gobierno de los Estados Unidos de América para monitorear y acceder a “todo el audio, vídeo, fotografías, e-mails, documentos y registros de conexión” en todos los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL (propietaria de Engadget), Skype, YouTube y Apple.

Estos datos estarían siendo utilizados por el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (también conocida por las siglas NSA), para vigilancia electrónica de los usuarios de Internet a nivel mundial.

Esquema que identifica la información que se obtiene de proveedores de servicios en Internet

La información filtrada a la prensa indica que analistas estadounidenses estarían utilizando las cadenas de búsqueda de los usuarios para determinar con una precisión de “al menos 51por ciento” si una persona es extranjera y “sospechosa de ser un delincuente”, tras lo cual se extraen sus datos, incluyendo las personas de su lista de contactos. En servicios de redes sociales, las autoridades podrían monitorizar audio, video, conversaciones de texto y transferencias de archivo. También sería posible acceder a correos electrónicos, así como a sus servicios de almacenamiento y de búsqueda.

Cuestionamientos sobre la operación y legalidad de los programas de espionaje cibernético en el marco internacional

Al generarse cuestionamientos a nivel mundial sobre la legalidad de Prism y cómo funciona exactamente, James Clapper, director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, desclasificó la existencia del programa para aclarar lo que él llamó “impresiones”. Según Clapper, Prism “no es un programa de recolección o minería de datos no divulgado”, sino:

“Una herramienta para monitorear las comunicaciones de ciudadanos no estadounidenses a través de sus metadatos (es decir, la información sobre quién envía una comunicación, a quién va destinada y cuándo se produce, sin llegar a acceder al contenido).

Es un sistema informático interno del gobierno usado para facilitar la recolección autorizada por el gobierno de información de inteligencia extranjera desde proveedores de servicios de comunicación electrónica bajo supervisión de un tribunal [...] Esta autoridad fue creada por el Congreso y ha sido ampliamente conocida y discutida en público desde su creación en 2008.

Resumiendo, la Sección 720 facilita la adquisición dirigida de información de inteligencia extranjera relacionada con objetivos extranjeros situados fuera de los Estados Unidos bajo supervisión de un tribunal. Los proveedores de servicio suministran información al gobierno cuando así se les requiere legalmente”.

Al mismo tiempo que Prism era desclasificado por el director de Seguridad Nacional, el periódico británico The Guardian (que junto al Washington Post reveló la existencia del programa), dio a conocer un reporte general de recolección de datos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) que data de 2009 y que proporciona una idea de la magnitud y el posible alcance del sistema de vigilancia de Estados Unidos en Internet y en telefonía móvil, que incluye no solamente a los ciudadanos estadounidenses sino también a los extranjeros.

Objetivos para recolección de datos del reporte de la NSA publicado por The Guardian

Dicho reporte señala también que dado que el volumen de información recopilada es enorme, los analistas utilizan una herramienta llamada Boundless Informant (informante ilimitado), un software que permite a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos navegar por los informes generados de forma organizada.

De acuerdo a lo anterior, Boundless Informant permite a los usuarios seleccionar un país en el mapa, ver el volumen de metadatos y seleccionar detalles sobre los registros en dicho estado. Su interfaz se muestra con claridad en una captura de pantalla, donde diferentes países aparecen clasificados por colores que reflejan el volumen de metadatos en cada uno de ellos. Sólo en Estados Unidos de América hay más de 2 mil millones de metadatos recogidos, aunque este volumen es menor ante los 14 mil millones de reportes procedentes de Irán, los 13 mil 500 millones de Paquistán o los 12 mil 700 millones de Jordania.

Pronunciamiento por parte de otros países sobre el potencial espionaje a sus ciudadanos

Petición de información del gobierno de Brasil a los Estados Unidos sobre el caso Prism

El exministro brasileño de relaciones exteriores, Antonio Patriota, el 7 de julio solicitó formalmente a Estados Unidos información en torno al espionaje de comunicaciones de ciudadanos brasileños por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

En ese sentido, el gobierno brasileño, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló la creciente y grave preocupación sobre la noticia de que los Estados Unidos también espió a ciudadanos brasileños, como mostró un reportaje del diario O Globo . Por ello pidió explicaciones al embajador de Estados Unidos en Brasilia, Thomas Shannon, del estado que guarda esta situación, replicando esta petición la delegación diplomática brasileña en Washington con el Departamento de Estado.

El diario O Globo publicó el pasado domingo 7 de julio un reportaje en el que reveló que Brasil, al igual que la mayoría de los países del mundo, había sido espiado por los programas de rastreo de la NSA. El reportaje usa datos filtrados por el exanalista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, que está desde hace dos semanas en Rusia a la espera de que algún país le conceda asilo político, y evitando el arresto por parte de autoridades norteamericanas que lo acusan formalmente de filtrar información clasificada como sensible para la seguridad nacional de aquel país.

Entre los documentos citados por el diario brasileño, figura un mapamundi en el que Brasil aparece en color verde claro, similar al de países como México, Francia o Australia, lo que indica que el volumen de conexiones interceptadas por los sistemas de espionaje estadounidense es intermedio. Los países más espiados en números absolutos fueron Afganistán (12 mil 500 millones de conexiones por mes), Pakistán (11 mil 700 millones), Irán (11 mil 500 millones), Arabia Saudita (7 mil 400 millones) e Irak (6 mil 700 millones), según el mapa, que se refiere a datos del pasado enero. En el propio Estados Unidos, que aparece en el mapa con un color amarillo (intermedio), fueron espiadas 2 mil 349 millones de comunicaciones.

En el mismo sentido, la presidenta Dilma Rousseff, se pronunció sobre el tema ante el pleno de la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas, y canceló una visita de estado a los Estados Unidos.

Mapa dado a conocer por el ex analista de la CIA y la NSA, Edward Snowden, indicando la intensidad del espionaje a través del programa PRISM según el país.

Posicionamiento del Parlamento Europeo en torno al caso Prism en países de la Unión Europea

En la sesión plenaria del pasado 4 de julio, el Parlamento Europeo ha votado investigar las actividades de vigilancia de los Estados Unidos sobre los ciudadanos europeos que derivan del programa Prism. Lo anterior con 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones.

La resolución aprobada por el órgano legislativo de la Unión Europea no sólo se limitará a Prism, sino que también abarcará otros programas similares, posiblemente relacionados con el sistema de escuchas con el que los Estados Unidos grabó un supuesto de conversaciones entre funcionarios gubernamentales europeos.

Adicionalmente, el texto aprobado por el Parlamento Europeo propone proteger a las personas que revelen posibles abusos de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos e insta a tomar medidas a nivel nacional y europeo para presionar a los Estados Unidos, a través de la suspensión de varios programas de intercambios de datos bancarios y de viajeros activos.

A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado del Parlamento Europeo en torno a esta situación, después de su sesión plenaria del pasado 4 de julio4 :

Comunicado del Parlamento Europeo

“La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo realizará una investigación exhaustiva sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos de América, incluido el supuesto espionaje de instituciones europeas y estados miembros, y presentará sus resultados antes de que finalice el año, según una resolución aprobada hoy por la Eurocámara. El presidente del Parlamento Europeo y los líderes de los grupos políticos han confirmado formalmente la apertura de la investigación. El texto también defiende dar protección a los denunciantes.”

En la resolución, adoptada por 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones, los eurodiputados expresan su “seria preocupación ante Prism y otros programas similares”, pues representarían una grave violación del derecho fundamental a la privacidad y la protección de datos. El texto también “condena enérgicamente el espionaje de las representaciones de la UE” y pide a las autoridades de Estados Unidos que faciliten sin demoras injustificadas información completa sobre el programa Prism y otros programas similares.

La Eurocámara también muestra su profunda preocupación ante las revelaciones de supuestos programas de vigilancia aplicados por estados miembros como Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Alemania y Polonia y les pide que examinen cuanto antes si estos programas son compatibles con la normativa europea.

Por todo lo anteriormente señalado, resulta imperativo que el Estado mexicano no sólo se pronuncie a través de la cancillería condenando toda forma de espionaje en contra de sus ciudadanos y gobierno, sino que refuerce sus mecanismos de defensa y contrainteligencia que le permitan, de manera eficaz, impedir la vulneración de la soberanía y seguridad nacionales a través del espionaje cibernético.

También en el mismo sentido, esta soberanía requiere que el gobierno especifique a la ciudadanía la información sensible a la seguridad nacional que se ha visto comprometida; así como un pronunciamiento enérgico y acciones contundentes de liderazgo que condenen lo sucedido, por lo que someto a consideración de esta soberanía, en calidad de asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe a la opinión pública detalladamente qué información sensible para el Estado mexicano fue extraída de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, y de otras entidades de la administración pública federal, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mediante las operaciones Flatliquid y Whitetamale, dirigidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, y en particular:

1) Informe detallado sobre los mecanismos y protocolos de defensa y contraespionaje con los que cuenta el gobierno federal para salvaguardar la soberanía e información sensible para la seguridad nacional del Estado mexicano ante programas de ciberespionaje internacional como Prism, y operaciones como Whitetamale y Flatliquid , dirigidos por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América.

2) ¿Qué información de la seguridad nacional del Estado mexicano ha sido comprometida con la extracción de datos de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y, en su caso, de otras entidades de la administración pública federal, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mediante las operaciones Flatliquid y Whitetamale , dirigidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América?

3) ¿Cuáles son las fallas que las instancias mexicanas de inteligencia tienen en el área de contrainteligencia, que tienen en vulnerabilidad al Estado mexicano frente a otros gobiernos extranjeros?

4) ¿Cuál es el estado que guarda la política de seguridad para salvaguardar la información de la administración pública federal ante amenazas externas; quién es el responsable de dicha política; y por qué el trabajo de los funcionarios responsables no se ve reflejado frente al éxito de las operaciones de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos?

5) ¿Cómo van los avances en las respuestas de la Secretaría de Gobernación a los exhortos aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, relativos a los casos de ciberespionaje del programa Prism?

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a la opinión pública sobre qué información específica ha solicitado a la Embajada de Estados Unidos a raíz del conocimiento público del programa de espionaje Prism de la Agencia de Seguridad Nacional; de las respuestas que dicha embajada ha dado a los requerimientos del Estado mexicano; así como a solicitar y dar a conocer toda la información que reciba de esta representación diplomática relativa a los operaciones de ciberespionaje Whitetamale y Flatliquid , dirigidas por la Unidad de Operaciones de Acceso a la Medida de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República, para que en el ámbito de su competencia en materia de política exterior, cite a comparecer al embajador de México ante Estados Unidos de América, licenciado Eduardo Medina Mora, y a consulta al Embajador de los Estados Unidos de América en México, señor Anthony Wayne, para que expliquen detalladamente ante esa soberanía los avances en el trabajo diplomático e investigaciones con autoridades de aquel gobierno, entorno a los casos de ciberespionaje que vulneran el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet mexicanos y la protección de sus datos personales en territorio mexicano, como Prism; y que obtuvieron información de la Oficina de la Presidencia y de la administración pública federal, como Whitetamale y Flatliquid .

Nota

1. Pronunciamiento del Parlamento Europeo:

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/ 20130701IPR14770/html/El-PE-abre-una-investigación-sobre-los-programas- de-vigilancia-de-EE.UU.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 elevó al máximo rango normativo los derechos humanos estipulados tanto en nuestra carta magna, como en los tratados internacionales de la materia, dotándoles del más alto reconocimiento y protección jurídica en nuestro país. Sin embargo, como todos sabemos, los derechos humanos no se ejercen per se , más bien requieren de una serie de medidas deliberadas y legales, así como la implementación de políticas públicas eficaces que garanticen su efectivo goce.

Un aspecto primordial en materia de derechos humanos es la certeza jurídica contenida en un recurso efectivo en casos de violaciones de los mismos. Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos mandatan que los Estados Parte establezcan procedimientos jurídicos y/o de otra naturaleza, por los cuales todas las personas titulares de derechos puedan reclamarlos y pedir la reparación de esas violaciones a las autoridades responsables.

Ante la ausencia, inefectividad o inaccesibilidad de tales mecanismos, los derechos fundamentales pierden su esencia, debido a que sus titulares no pueden hacerlos exigibles, convirtiéndose en meras promesas políticas.

Es por ello que en todo Estado democrático, resulta indispensable que existan mecanismos de justiciabilidad tanto a nivel nacional como internacional. Mientras que los recursos nacionales siempre deben constituir la primera instancia para la presentación de quejas, resulta necesario que también existan mecanismos regionales e internacionales, ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones de sus derechos humanos y demandar reparaciones del Estado responsable.

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen en este sentido, una doble responsabilidad para el Estado adherente: dirigidas tanto a las personas titulares de derechos, como a la comunidad internacional. Si el Estado falla en su responsabilidad hacia los primeros, es decir, si no cumple con las obligaciones que emanan del tratado en cuestión y no proporciona mecanismos por los cuales los titulares de derechos pueden exigir su cumplimiento, estos puedan tener el acceso a la justicia mediante los mecanismos internacionales y regionales con los que se cuentan.

El sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas establece diversos mecanismos de rendición de cuentas, entre ellos encontramos los siguientes: la revisión de informes periódicos y redacción de observaciones finales; la examinación de quejas individuales e inter-estatales; la realización de investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas; entre otros. Todos los tratados internacionales de derechos humanos disponen de un cuerpo de expertos encargados de promover su implementación y monitorear el cumplimiento de los Estados Partes con las obligaciones emanantes del tratado.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el principal instrumento internacional para la protección de los derechos humanos relativos a la materia de su competencia. Comprende un número amplio de derechos fundamentales imprescindibles para una vida libre y digna, tales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a los beneficios del progreso científico y a la cultura, entre otros.

Los Estados que han ratificado el Pacto, se comprometen a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicho instrumento internacional y de evitar cualquier discriminación en el acceso a dichos derechos. Además, se obligan a adoptar medidas legislativas para realizar de manera progresiva y al máximo de los recursos disponibles, el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales. En eso, tienen que dar prioridad a la aplicación del contenido básico de los derechos económicos, sociales y culturales.

En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidos adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC. Dicho Protocolo establece la facultad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), conformado por un cuerpo de expertos encargado del monitoreo y avances relativos al PIDESC.

Entre sus funciones principales se encuentra el otorgamiento a las personas o grupos de personas bajo la jurisdicción de un Estado Parte, el derecho de presentar demandas acerca de presuntas violaciones de cualquier derecho económico, social y cultural y de iniciar investigaciones sobre violaciones graves a estos, situando por tanto a todos los derechos humanos en condiciones de igualdad.

También permite al Comité examinar demandas interestatales cuando un Estado Parte considere que otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones derivadas del Pacto. En este caso, si el Estado Parte ha reconocido esta competencia del comité, el Estado debe exponer los hechos mediante una demanda escrita dirigida al otro Estado, y también al Comité.

El reconocimiento de esta competencia es también un requisito para el proceso de investigación, a través del cual el Comité puede examinar información fidedigna que indique violaciones graves o sistemáticas de un Estado Parte de alguno de los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el Protocolo Facultativo.

También refuerza su justiciabilidad, ya que la existencia de un proceso de demanda internacional no solo influye en la jurisprudencia a nivel nacional, sino que supone un incentivo para que los Estados fortalezcan la protección de estos derechos humanos ofreciendo una reparación a nivel nacional. En este sentido, el Protocolo tiene por objeto complementar y no sustituir los sistemas nacionales, que deben seguir siendo las vías más inmediatas para intentar que se haga justicia.

Su entrada en vigor el 5 de Mayo de este año y 3 meses después de que Uruguay lo ratificó, resulta de la mayor trascendencia, debido a que cierra la brecha histórica entre el PIDESC y su pacto hermano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, poniendo fin a la separación entre estos derechos y atendiendo al principio de universalidad.

El segundo ya dispone de un protocolo facultativo comparable desde su creación, es decir, desde hace casi medio siglo (1966). Por mucho tiempo se ha determinado que los derechos económicos, sociales y culturales han carecido de una verdadera exigibilidad por parte del ciudadano, lo que representa una posición muy conveniente para gobernantes reluctantes de cumplir con sus obligaciones bajo este instrumento internacional.

Sin embargo, un creciente andamiaje de jurisprudencias nacionales y regionales en materia de la protección de estos derechos fundamentales, así como de las interpretaciones del Comité que conoce de los mismos, han disentido de tal mito, comprobándose que los derechos económicos, sociales y culturales sí pueden ser exigibles.

El Estado mexicano ratificó el PIDESC el 23 de Marzo 1981 junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, nuestro país ha reafirmado su compromiso hacia el goce efectivo de estos derechos. Sin embargo, existe una brecha enorme entre las disposiciones jurídicas internacionales y constitucionales que revisten al Estado Mexicano y el goce y ejercicio efectivos de los derechos fundamentales.

De acuerdo con el último informe de Coneval de Julio de 2013 sobre la situación de pobreza en México, 53.3 millones de personas viven en pobreza, mientras que otros 33.5 millones viven en situación de vulnerabilidad por padecer una o más carencias sociales. El estudio revela que una parte significativa de la población carece de las necesidades más básicas como son: el acceso a la alimentación (23.3 por ciento), a servicios de salud (21.5 por ciento) y a servicios básicos en la vivienda (21.2 por ciento). A esto se suma el hecho de que la gran mayoría de las y los mexicanos no cuenta con seguridad social (61.6 por ciento).

Esta situación es aún más alarmante considerando que México no es un país pobre, es decir, con carencia de recursos para tener un crecimiento económico que ha reflejado los últimos años, sino todo lo contrario. Más bien la pobreza en nuestro país es el resultado de discriminaciones, y exclusiones estructurales en el ámbito socio-cultural, económico y político, que hacen de esta Nación uno de los países más desiguales del mundo.

Los grupos en situación de vulnerabilidad más afectados por la discriminación, como las mujeres, los jóvenes o los pueblos indígenas, padecen niveles de pobreza mayores que el promedio de otros grupos en esta condición. Por ejemplo, la población menor de 18 años han sido los más afectados debido a los altos niveles de marginación. Los resultados concluyeron que los niños y jóvenes en esa condición fueron de 21. 2 millones, de los cuales 4.7 millones se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, la población indígena que vive en pobreza extrema, representa más de cuatro veces en número de personas, a diferencia del resto de la población (30.6 por ciento vs 7.6 por ciento).

Estas cifras demuestran que México está lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales en el ámbito de los DESC. También indica la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional para la reclamación de estos derechos.

La ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC sería un paso muy significativo hacia la implementación y pleno ejercicio de los DESC y una muestra, por parte del gobierno mexicano de ratificar su compromiso hacia los derechos humanos, especialmente hacia los derechos económicos, sociales y culturales, concretándose con acciones eficaces y no quedando solo en retórica.

Aspectos importantes que caracterizan a este Protocolo Facultativo estriban en que constituye un instrumento clave para fortalecer la defensa de la tierra, el territorio, el agua, el medio ambiente, la salud y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los ciudadanos.

El Protocolo abre la posibilidad para individuos y grupos históricamente marginalizados quienes no han podido acceder a la justicia a nivel nacional para denunciar las violaciones de sus DESC y demandar reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional. También abre las puertas para dar respuestas oportunas del CDESC a violaciones graves y/o sistemáticas de estos derechos a través del procedimiento de investigación.

Al mismo tiempo, con la incorporación a nuestro sistema jurídico de este Protocolo Facultativo, se sumará un cuerpo de jurisprudencia internacional en el ámbito de DESC que sin duda contribuirá en la interpretación y determinación del contenido de los mismos y de sus obligaciones correspondientes.

Esto a su vez, servirá de sustento para el diseño de leyes, políticas públicas y programas para la protección y promoción de los DESC. Al mismo tiempo representa un incentivo para establecer y mejorar los recursos nacionales para resolver y dar la debida reparación a violaciones de estos derechos fundamentales a nivel nacional. Esto como requisito para presentar una queja ante el CDESC o cualquier otro mecanismo internacional de derechos humanos, una vez que se han agotado todos los recursos jurídicos nacionales (siempre y cuando estos no sean efectivos en la impartición de justicia).

En este sentido, resultará a su vez benéfico para el Estado Mexicano, toda vez que con la celebración de este Protocolo Facultativo, mejorará significativamente la impartición de justicia y permitirá hacer más eficaces sus propios mecanismos de justicia, evitando así el escrutinio internacional.

En suma, la ratificación por parte del Estado Mexicano al Protocolo Facultativo del PIDESC traerá consigo muchos beneficios para el país y nos permite dar un paso adelante en la realización plena de los derechos contenidos en este instrumento internacional de justiciabilidad.

En vista de los altos niveles de pobreza, exclusión y marginalización en el país, resulta urgente dar voz a las personas quienes día a día padecen violaciones de sus derechos más básicos en el ámbito económico, social y cultural, haciendo accesible a la ciudadanía este mecanismo internacional, por lo que exhorto respetuosamente al Ejecutivo federal a su adhesión y pronta firma.

Sin duda, la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha tenido un impacto sustancial en la formación de una nueva visión en su reconocimiento, contribuyendo al fortalecimiento de un Estado moderno, protector de los derechos humanos y sus garantías que cuenten un acceso a la justicia eficaz, que renueve las estructuras y criterios atendiendo al principio pro-persona y así, garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, incluso ante instancias internacionales.

Nueva Alianza como un partido joven y con propuestas innovadoras, está planamente convencido de ser la institución política del siglo XXI que responderá eficazmente con las necesidades y exigencias de todas las personas. El compromiso social que nos caracteriza, nos exige estar al servicio de la ciudadanía, porque creemos firmemente en la igualdad entre los seres humanos.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos ciertos que nuestra postura liberal se encuentra presente y va creciendo día a día dentro de la sociedad y en sintonía con el irrestricto respeto por los derechos humanos, visión que el Estado Mexicano hizo suya desde su reconocimiento en nuestra carta magna en junio de 2011.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a celebrar la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a desarrollar una norma oficial mexicana para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María del Rocío García Olmedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Diputada Federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de vuestra soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, por conducto de su titular, doctora Mercedes Juan López, para que desarrolle una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cuerpo está compuesto por millones de millones de células vivas. Las células normales del cuerpo crecen, se dividen para crear nuevas células y mueren de manera ordenada.

Durante los primeros años de vida de una persona las células normales se dividen más rápidamente para facilitar el crecimiento. Una vez que se llega a la edad adulta, la mayoría de las células solo se dividen para reemplazar las células desgastadas o las que están muriendo y para reparar lesiones.

El cáncer se origina cuando las células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada. Existen muchos tipos de cáncer, pero todos comienzan debido al crecimiento sin control de células anormales.

El cáncer ovárico es aquel que se origina en los ovarios. Los ovarios son glándulas reproductoras encontradas solo en las mujeres que producen los óvulos para la reproducción. Los óvulos viajan a través de las trompas de Falopio hacia el útero donde el óvulo fertilizado se implanta y se desarrolla en un feto. Además los ovarios son la fuente principal de las hormonas femeninas el estrógeno y la progesterona. Un ovario esta en cada lado del útero en la pelvis.

Los ovarios están compuestos por tres tipos principales de células:

– Células epiteliales, las cuales cubren el ovario

– Células germinales que se encuentran en el interior del ovario. Estas células forman los óvulos que son liberados hacia las trompas de Falopio cada mes durante los años reproductivos.

– Las células estromales, las cuales forman el tejido de soporte o estructural que sostiene el ovario y que producen principalmente las hormonas femeninas estrógeno y progesterona.

Cada uno de estos tipos de células se pueden desarrollar en un tipo diferente de tumor. Existen tres tipos principales de tumores ováricos:

1. Los tumores epiteliales se originan de las células que cubren la superficie externa del ovario. La mayoría de los tumores ováricos son tumores de células epiteliales.

2. Los tumores de células germinales se originan de las células que producen los óvulos.

3. Los tumores estromales se originan de las células del tejido estructural que sostiene el ovario y produce las hormonas femeninas estrógeno y progesterona.

La mayoría de estos tumores son benignos no cancerosos y nunca se propagan fuera del ovario. Los tumores se pueden tratar mediante la extirpación quirúrgica de un ovario o de parte del ovario que contiene el tumor.

Sin embargo, los tumores ováricos que no son benignos (cancerosos) o de bajo potencial maligno, que se pueden propagar (hacer metástasis) a otras partes del cuerpo y pueden causar la muerte.1

El cáncer de ovario es el tumor ginecológico que produce la más alta mortalidad (52 por ciento) debido a que sus síntomas iniciales son vagos e inespecíficos. La tasa de supervivencia a los cinco años se aproxima al 40 por ciento. Más del 50 por ciento de las mujeres con cáncer ovárico manifiestan enfermedad avanzada al momento del diagnóstico.2

En México según lo reportado por el Instituto Nacional de Cancerología de acuerdo al Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Salud cada año se tienen mínimamente un total de 4 mil 265 casos nuevos de cáncer de ovario y de estos tienen una amplia posibilidad de que mueran al menos 2 mil 400 mujeres lo que equivale a 11 diagnósticos diarios y una mujer que fallece cada 4 horas.

Esta enfermedad puede considerarse un problema de salud pública ya que en las últimas dos décadas la mortalidad ha ido en ascenso, se estima que las mujeres que padecen esta enfermedad en promedio tienen una pérdida de vida de 30 años, además de esto se trata de una enfermedad silenciosa toda vez que pueden pasar meses desde que la mujer inicia con síntomas de cáncer de ovario hasta que ella vaya al médico, ya que con frecuencia los síntomas que en gran parte son gastrointestinales son normales que le sucedan, y estando en la unidad hospitalaria o el médico sea indetectable debido a que los métodos de prevención existentes son poco conocidos como el estudio de ultrasonido transvaginal que se realiza muy poco, confundiéndolos así con enfermedades como colitis, gastritis, amibiasis ,miomas uterinos, cirrosis hepática, enfermedad pélvica inflamatoria entre otros. Esta es la razón por la cual la paciente puede durar hasta entre 6 meses y 1 año en recibir el tratamiento adecuado.

Es importante destacar que esta enfermedad no está cubierta por el rubro de gastos catastróficos del seguro popular3 lo cual es lamentable toda vez que las mujeres que padecen esta enfermedad en una proporción del 40 por ciento son jefas de familias y un 20 por ciento proveen con recursos a la economía familiar.

En cuanto a los tipos de cáncer de ovario se tienen registros de que el 95 por ciento corresponden al cáncer de ovario epitelial que nace de la superficie de los ovarios y que afecta en mayor proporción a mujeres a partir de los 40 años; mientras que el cáncer de ovario germinal que nace del folículo de ovario representa el 5 por ciento de los casos y afecta a adolescentes y mujeres jóvenes,4 este último es altamente curable y está incluido en el Fondo de Gastos Catastróficos del seguro popular pero es el que está afectando a la menor cantidad de casos nuevos.

Otro de los problemas es, que existe una confusión a lo largo del tiempo al pensar que es suficiente con practicar un Papanicolaou para descartar cualquier cáncer ginecológico, sin caer en cuenta que este estudio no es útil para detectar el cáncer de ovario, ya que es necesario el estudio de ultrasonido transvaginal

De manera que si una Norma oficial mexicana: es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación(...)5 es fundamental que el cáncer de ovario sea considerado para desarrollar una norma oficial mexicana derivado de que es un enemigo silencioso, que sin la prevención y diagnóstico oportuno seguirá siendo indetectable a tiempo, ya que es de la más alta mortalidad, que si continúa sin el tratamiento, control y vigilancia estaremos en los próximos años con una tasa de mortalidad que aumentará con el transcurso de los años.

Por ello, se requiere con urgencia que se creen las bases para que las dependencias que integran el sistema nacional de salud en un esfuerzo conjunto y con directrices definidas por la norma oficial mexicana en su carácter de obligatoria, puedan atacar este problema y reducir así la mortalidad que causa esta enfermedad en las mujeres mexicanas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. consagra el derecho de las y los mexicanos a la salud, hago entonces un llamado a esta honorable Cámara de Diputados, para que aprobemos este punto de acuerdo y podamos sentar la base para que la Secretaría de Salud considere la creación de esta norma oficial mexicana y así podamos entonces detectar a tiempo el cáncer de ovario y logremos entonces proteger la vida a muchas mujeres mexicanas que aunque padecen esta enfermedad como con antelación lo he manifestado, no lo saben y por consiguiente están permitiendo crezca a tal grado de pasar a ser parte de la estadística de mortalidad que tiene esta enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto y con las facultades que me conceden los artículos 6 numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, por conducto de su titular, doctora Mercedes Juan López, para que desarrolle una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de ovario.

Notas

1 American Cancer Society 7/1/2013

2 Factores de riesgo asociado con cáncer de ovario/Gustavo Romero Gutierrez,Jaime Naves Sanchez,Alejandra Horna Lòpez,Carlos Julio Aspe Lucero,Roberto Molina Rodriguez ,Ana Lilia Ponce de León –Medigraphic-Ginecologìa y Obstetricia de México.

3 http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=291

4 http://www.cancerdeovariomexico.org/#!/tiposdecancer

5 Artículo 3° Fracción XI de la Ley Federal Sobre Metrología y Organización

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

Diputada María del Rocío García Olmedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR y al Consejo de la Judicatura Federal a informar a la opinión pública respecto a las averiguaciones previas y los procesos penales federales sobre el aborto, a cargo del diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Enrique Alejandro Flores Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones I y II; y, 106 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 18 de mayo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformaron diversas disposiciones en materia penal, entre otras, la modificación de la denominación del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal1 , para designarse a partir de entonces, como Código Penal Federal.

Sin embargo, desde el 14 de agosto de 1914, fecha en la que se publicó en el entonces denominado Diario Oficial el decreto mediante el cual se expidió dicho código, sus artículos 329 a 334 han estado comprendidos dentro del título denominado Delitos contra la vida y la integridad corporal y el capítulo designado Aborto , además de que han mantenido su texto original, el cual es del tenor siguiente:

“Artículo 329. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

Artículo 330. Al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión.

Artículo 331. Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

Artículo 332. Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:

I. Que no tenga mala fama;

II. Que haya logrado ocultar su embarazo, y

III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima.

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.

Artículo 333. No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Artículo 334. No se aplicará sanción cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora”.

Cabe señalar que el artículo 334, fue materia de la Fe de erratas del Código Penal para el Distrito y territorios federales, publicado el 14 de agosto de 1931 , publicada en el órgano oficial el 31 de agosto de 1931, en los términos siguientes:

Página 71.

Artículo 334.

Fracción

Línea 2

Dice: ...vocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran .

Debe decir: ...vocarse el aborto, la mujer embarazada corra...

Lo anterior permite concluir que desde 1931 el legislador federal ha conceptualizado al aborto como un delito contra la vida y que el hecho delictivo del mismo lo es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

Asimismo, que en ejercicio de sus atribuciones, el propio legislador federal estableció excusas absolutorias de punibilidad en los casos siguientes:

a) Por culpa, tratándose del aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada (artículo 333 del Código Penal Federal);

b) Por el ejercicio de un derecho, en el caso del aborto cuando el embarazo es producto de una violación (artículo 333 del Código Penal Federal); y,

c) Por estado de necesidad, en el caso del llamado aborto terapéutico (artículo 334 del Código Penal Federal).

Y, finalmente, que cuando la madre es el sujeto activo del aborto punible, el legislador federal determinó establecer dos penas diferenciadas: una genérica y una disminuida.

Es decir, tratándose del aborto estamos ante un delito contra la vida, reprobable en sí mismo y a la par de esta consideración, sujeto a la alta probabilidad de que su persecución y valoración judicial traigan aparejada la vulneración de la dignidad y los derechos de las mujeres involucradas en el mismo, dada su complejidad normativa, agravando la situación personal de las mismas, ya de por sí delicada y dolorosa, ante la pérdida que sufren.

En consecuencia, considero menester que este cuerpo legislativo obtenga información objetiva, real, precisa y concreta, que le permita asumir una postura institucional ante esta situación para estar en condiciones de adecuar la legislación respectiva a la actual realidad social.

Por lo expuesto, se propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al procurador general de la República para que con fundamento en los artículos 2, 3 y 4, fracciones VII y IX; 5, fracción II; y, 6, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, rinda un informe pormenorizado a la opinión pública, en el que indique:

a) Cuántas averiguaciones previas inició a partir de denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que pudieran haber constituido o puedan constituir el delito de aborto, del 1 de enero de 2004 a la fecha, desglosadas por año y mes.

b) Cuántas averiguaciones previas inició a partir de la comunicación o parte informativo que rindió la policía en el que se hicieran de su conocimiento hechos que pudieran haber constituido o puedan constituir el delito de aborto, del 1 de enero de 2004 a la fecha, desglosadas por año y mes.

c) Cuántas averiguaciones previas inició a partir del desglose que de las iniciadas a su vez por procuradurías de justicia de las entidades federativas le hicieron éstas, relativas a acciones u omisiones que pudieran haber constituido o puedan constituir el delito de aborto, del 1 de enero de 2004 a la fecha, desglosadas por año y mes.

d) Cuántas de las averiguaciones previas señaladas en el inciso a) tuvieron como inculpada a la madre del o de los seres humanos que murieron como consecuencia del aborto.

e) Cuántas de las averiguaciones previas señaladas en el inciso b) tuvieron como inculpada a la madre del o de los seres humanos que murieron como consecuencia del aborto.

f) Cuántas de las averiguaciones previas señaladas en el inciso c) tuvieron como inculpada a la madre del o de los seres humanos que murieron como consecuencia del aborto.

g) En cuántas de las averiguaciones previas señaladas en los incisos a), b) y c), determinó el ejercicio de la acción penal, desagregando la información por supuesto normativo implicado en cada uno de dichos incisos.

h) En cuántas de las averiguaciones previas señaladas en los incisos a), b) y c), determinó la reserva, desagregando la información por supuesto normativo implicado en cada uno de dichos incisos.

i) En cuántas de las averiguaciones previas señaladas en los incisos a), b) y c), determinó el no ejercicio de la acción penal, desagregando la información por supuesto normativo implicado en cada uno de dichos incisos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal para que con fundamento en el artículo 81, fracciones II, XVIII, XXXV y XLIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, rinda un informe pormenorizado a la opinión pública, en el que indique:

a) Cuántos juicios penales han sido instaurados ante los tribunales federales por el delito de aborto, del 1 de enero de 2004 a la fecha, desglosado por año y mes.

b) En cuántos de los juicios penales señalados en el inciso anterior tienen o tuvieron como inculpada a la madre del o de los seres humanos que murieron como consecuencia del aborto.

c) Cuántos de los juicios penales señalados en el inciso b) se encuentran actualmente en el procedimiento de preinstrucción.

d) Cuántos de los juicios penales señalados en el inciso b) se encuentran actualmente en el procedimiento de instrucción.

e) Cuántos de los juicios penales señalados en el inciso b) se encuentran actualmente en el procedimiento de primera instancia.

f) En cuántos de los juicios penales señalados en el inciso b) se dictó sentencia de primera instancia en sentido condenatorio.

g) En cuántos de los juicios penales señalados en el inciso b) se dictó sentencia de primera instancia en sentido absolutorio.

Notas

1. Originalmente denominado Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputado Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer el 10 de octubre como Día Nacional en pro de la Salud Mental, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Eva Diego Cruz, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer el 10 de octubre como Día Nacional de la Salud Mental, emitir por la Secretaría de Salud el reglamento respectivo y convocar a la firma del Acuerdo Nacional en pro de la Salud Mental, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme a los objetivos de la Ley General de Salud, así como en pro del cumplimiento del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 de la 66 Asamblea Mundial de la Salud, del cual México es signante, hoy, hago uso de esta tribuna para tratar, sin duda, un tema de interés nacional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud mental es un estado de bienestar, en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.1

Por su parte, la Ley General de Salud, en concordancia con la OMS, señala que se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Por el contrario, las enfermedades mentales o trastornos psicológicos, son alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, que repercuten en el razonamiento y el comportamiento de quienes las padecen.

El goce de la salud mental es lo que permite el debido desarrollo de las actividades cotidianas para cualquier individuo, como convivir en familia, hacer deporte, estudiar o trabajar; en la parte interna del individuo, podríamos señalar el manejo de sus temores y capacidades, competencias y responsabilidades, la manutención de sus propias necesidades, el afrontar las tensiones, sus relaciones interpersonales y la manera en que dirige una vida independiente.

En este sentido, nos podemos percatar de su importancia, al referirnos a la dimensión positiva de la salud mental dentro de la Constitución de la OMS: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

No obstante lo anterior, estudios de la Organización Mundial de la Salud2 señalan que, a escala mundial, los trastornos mentales se encuentran en el grupo de enfermedades que mayor discapacidad generan, aun siendo enfermedades que debidamente tratadas no tendrían repercusión en las actividades del individuo.

En la lista de enfermedades discapacitantes encontramos que 4 de ellas se refieren a salud mental, como son la depresión o trastorno depresivo mayor, el abuso y dependencia del alcohol, la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Derivado de esta lista, podemos inferir que la discapacidad que producen los trastornos mentales está por arriba de aquella generada por otras enfermedades como son la diabetes, hipertensión o cáncer, siendo que 450 millones de personas a escala mundial padecen algún trastorno mental, cifra semejante a la población total de América del Norte.

La misma OMS, ha mencionado que aproximadamente 50 por ciento de las enfermedades mentales se presentan antes de los 14 años, por lo que tienden a prevalecer a lo largo de la vida de las personas. Del total de casos, unas 800 mil personas se suicidan cada año.

De los datos proporcionados por la OMS, tenemos que en un país desarrollado, de 40 a 70 por ciento de las personas que padecen de algún trastorno mental carecen de atención médica; para los países no desarrollados, tenemos 90 por ciento de personas que de igual manera padecen algún tipo de trastorno mental, que carecen de atención médica.3

Respecto al costo de las enfermedades mentales, podemos señalar su encarecimiento, considerando que en muchos de los casos se presentan a corta edad, en relación con el periodo de vida de los pacientes que lo padecen y su tratamiento.

Los costos más altos que se han calculado, son los referentes a la internación, comparados con los que tienen que ver, de mayor a menor, con servicios sociales para adultos, servicios comunitarios, farmacia, atención primaria; y, consultas externas.

La OMS,4 desde 2001, ha generado una serie de recomendaciones a sus miembros, tendientes a resolver el problema de la atención a estas enfermedades, entre ellas tenemos:

1. Proporcionar tratamiento en el primer nivel de atención.

2. Dar atención en la comunidad.

3. Hacer los medicamentos disponibles.

4. Educar al público.

5. Involucrar a la familia, comunidades, consumidores.

6. Establecer políticas nacionales.

7. Desarrollo de recursos humanos.

8. Involucrarse con otros sectores.

9. Monitorear la salud mental de la comunidad.

10. Apoyar más la investigación.

No obstante estas recomendaciones, no sólo en México, sino en la mayoría de los países, se ha hecho poco por impulsar el tema, con la urgencia que requiere.

Los problemas sociales que se conciben a partir de las enfermedades mentales pueden resultar, desde un simple aislamiento social, inactividad o desorden del ritmo de vida en general, hasta comportamientos violentos por pérdida de control, o el suicidio; por ello, los tratamientos deben estar completamente centrados en la reinserción social, laboral y en la protección de los derechos humanos.

En el caso de la esquizofrenia, se genera un riesgo de muerte 2.5 veces mayor al de las demás personas, con el suicidio como principal riesgo, siendo que a nivel mundial, el suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en los jóvenes.

El estrés cotidiano y el contexto actual tienen fuertes repercusiones en esta materia, incrementando el riesgo de padecer enfermedades que afecten la mente o su agudización, como son el trastorno bipolar, la depresión, neurosis, psicosis o esquizofrenia, trastornos en la conducta alimentaria, déficit de atención, entre otras.

A causa del desconocimiento de estas enfermedades, se ha complicado su debido tratamiento, siendo que se da una inversión mínima desde sus procesos de detección, aun cuando se dispone en el país de la tecnología y medicamentos adecuados.

La misma OMS reconoce que una deficiente atención de estas afecciones, están relacionadas directamente con un nivel de ingresos bajos y medios, siendo que los servicios de salud mental adolecen de una grave escasez de recursos, tanto humanos como económicos.

La mayoría de los recursos de atención sanitaria disponibles se destinan actualmente a la atención y el tratamiento especializados de los enfermos mentales y, en menor medida, a un sistema integrado de salud mental, que inicie en el primer nivel de atención. Esto es, evitar el costo excesivo que se genera en tratamientos de largo plazo que han sido atendidos más directamente en un tercer nivel, que en el primero.

La economía nacional es afectada en 16 por ciento en razón de que las enfermedades relacionadas son sumamente discapacitantes, por lo que además de generar costos excesivos para el sistema de seguridad social, tienden incrementar la improductividad de las empresas, hasta que los enfermos pierden sus trabajos, generando una carga adicional en sus familias.

En el Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 2013 fue publicado el decreto que reforma los artículos 72, 73, 74, 74 Bis,75,76, 77 de la Ley General de Salud, en material de salud mental, decreto, que en su transitorio segundo, establece: “El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, contará con un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir las disposiciones administrativas necesarias para su aplicación”. Sin embargo, aun cuando el plazo fijado ha transcurrido en exceso, aun no se han publicado tales disposiciones administrativas.

La Ley General de Salud, luego de las recientes reformas, se encuentra en línea con el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 de la OMS, el que también deberá ser cumplido, siendo que México forma parte de este organismo internacional, además de que suscribió el plan.

Se requiere que las acciones en salud mental hagan énfasis en la desaparición del estigma social, con especial atención en la prevención primaria y secundaria de los trastornos mentales, posibilidades de tratamiento, y la reinserción social.

Finalmente, como el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora el 10 de octubre de cada año, proponemos que se efectúe año con año una conmemoración especial en la cual se revisen los avances en la materia para el país.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a establecer el 10 de octubre como Día Nacional de la Salud Mental.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a emitir con la mayor brevedad por la Secretaría de Salud las disposiciones administrativas necesarias a que hace referencia el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a convocar por que la Secretaría de Salud a todos los actores relevantes en materia de salud mental para que se firme el Acuerdo Nacional en pro de la Salud Mental.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Definición de salud mental, en http://www.who.int/features/qa/62/es/index.html

2 The Global Burden of Disease 2004, Update; World Health Organization. Consultado el 19 de julio de 2013 en http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004upda te_full.pdf

3 Invertir en Salud Mental 2004. Organización Mundial de la Salud. Consultado el 19 de julio de 2013 en http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9243562576.pdf

4 World Health Organization. http://www.who.int/mental_health/evidence/en/Atlas_10_12_spa.pd

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputada Eva Diego Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al caso Montiel-Versini, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sabíamos o deberíamos saber, que si nos enfrentamos a una organización de bandidos, o estos son eliminados o el enfrentamiento ha sido inútil.

Giovanni Sartori

En una comunidad democrática la política debería fluir de abajo hacia arriba, para que se realicen las aspiraciones de la sociedad; sin embargo en México parece ocurrir un fenómeno a la inversa, ya que desde la cúspide escurre un liquido corruptor que permea y daña el tejido social.

Durante décadas los gobiernos del PRI, sólo han atraído aparejadas administraciones inmorales, indolentes y perjudiciales para el interés público, de ello se infiere que no puede ser un buen presidente, aquél que atropella la conciencia libertaria de una nación mediante la represión y mucho menos el que antepone intereses cupulares por encima del bienestar de la ciudadanía.

La finalidad obsecuente del gobierno de Peña Nieto debería ser la de servir a todos los ciudadanos sin excepción o distinción, puesto que la convicción del interés público es fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones políticas, más allá de su impreciso y convencional bien común.

La inclinación de los gobiernos priistas por un modelo egocéntrico, ha favorecido a un grupo en detrimento de otros, tensionando de manera dolosa la convivencia social, así como la brecha de desigualdad a través de la historia de nuestro país.

Un complicado andamiaje de actos corruptos y de solapada impunidad es el que teje Peña Nieto a lo largo de su trayectoria, muestra de ellos son las dádivas otorgadas a sus productores políticos, como si se tratase de un auténtico “muñeco kiken”.

Peña Nieto coincide en muchos aspectos con Fox y Calderón, pero principalmente en el de favorecer a familiares y amigos, ya que una vez más se posa sobre él la sombra de Arturo Montiel.

No sería la primera vez que Arturo Montiel recibiera ayuda de su sobrino, basta con recordar el teje y maneje de una red de tráfico de influencias en 2007, cuando Enrique Peña asumió la Gubernatura del Estado de México, dando carpetazo de facto al expediente que vinculaba a su tío con actos de corrupción y la desaparición de la fiscalía que investigaba.

Una vez más se observa la carrocería de los de Atlacomulco, al salir a la luz pública el posible tráfico de influencias y abuso de poder por parte del tío presidencial, en una disputa por la patria potestad de sus hijos con su ex esposa de nacionalidad francesa.

Pues unas simples vacaciones de los menores con el político de Atlacomulco, se convirtieron en un martirio de varios meses para la madre, ya que a su llegada a México, Montiel manifestó que fue enterado de circunstancias que pudieran ser constitutivas de maltrato físico y psicológico por parte de su ex esposa hacia sus hijos, por lo que las autoridades judiciales del Estado de México, le concedieron la guarda y custodia provisional.

Desde entonces la madre de los menores se ha dado a la tarea de solicitar ayuda al Ejecutivo, a la primera dama, autoridades eclesiásticas, así como a la Comisión de Derechos Humanos como una medida desesperada para tener de regreso a sus hijos.

No existe congruencia política por parte de Arturo Montiel, si consideramos que fue él quien durante su gestión al frente del estado de México, expidió la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar para dicho Estado, tomando como eje rector a la familia.

Que tanta razón tenía Benito Juárez cuando dijo:

El prestigio de un gobernante emana de la ley y de un recto proceder, no de trajes aparatosos ni de fastosos militares, que sólo dan autoridad a reyes de utilería. El pueblo puede equivocarse, pero al fin de cuentas sabe distinguir a sus verdaderos representantes de los tiranos que se proclaman sus amigos y libertadores.

La Convención de los Derechos del Niño, aprobada a finales de 1989 y de la cual México es miembro, establece que es fundamental garantizar la sobrevivencia de las niñas y los niños, así como la responsabilidad del gobierno y la sociedad en el respeto de los derechos y dignidad de ellos.

Resulta nefasto que el Ejecutivo federal interponga cualquier acto de influyentísimo que obstruya el desarrollo del debido proceso por encima de los principios de justicia, así como el debido cumplimiento de los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es parte, por tratarse de un tema de linaje parental.

El gobierno de Peña Nieto, debe de abstenerse de favorecer a su familia, por ende tiene que garantizar la certeza jurídica del proceso que se sigue por la patria potestad de los menores, así como sujetarse al Convenio de la Haya sobre aspectos civiles y sustracción internacional de menores.

La existencia de la Convención de La Haya es precisamente para que uno de los conyugues no pueda apropiarse de los hijos, usando argucias legaloides.

El sistema de justicia de nuestro país, no puede estar al servicio del influyentismo o prestarse a consumar venganzas personales, porque quien manipula a las jueces, presiona a autoridades, desconoce tratados internacionales y retiene a menores con la protección del Ejecutivo federal y la complicidad de la cancillería no debiera tener cabida en el Estado mexicano.

Los diputados de Movimiento Ciudadano no podemos permitir que el influyentismo priista siga permeando a las instituciones de justicia, o que el sistema político arrope a personajes inmorales de tal naturaleza como lo es Arturo Montiel.

Condenamos todo acto inhumano que se ejerza en contra de algún padre o madre como lo es quitarles a sus hijos y exigimos a las autoridades del estado de México encargadas de atender el asunto provean certeza jurídica y se conduzcan bajo los principios de legalidad e imparcialidad .

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que dé cumplimiento a los tratados internacionales de los cuales México es parte, como lo es la Convención de La Haya en Contra de la Retención Ilegal de Menores.

Segundo. Se exhorta a las autoridades del estado de México, para que se conduzcan bajo los principios rectores de justicia y otorguen certeza jurídica, así como se respete en todo momento el interés superior de la infancia y demás tratados internacionales en el Caso Montiel-Versini.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo por las instancias correspondientes la coordinación metropolitana en las entidades federativas, a cargo del diputado Patricio Flores Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Patricio Flores Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los años setentas del siglo XX, inicio la explosión demográfica y comenzaron a desaparecer las diferencias entre zonas urbanas y rurales, para convertirse muchos municipios en zonas metropolitanas.

El primer antecedente es la Ciudad de México, el cual por medio de sus delegaciones, quedó junto al estado de México en diversos municipios, tales como Tlalnepantla y Naucalpan, y formaron zonas metropolitanas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía proporciona como concepto de zona metropolitana, al conjunto de dos o más municipios, donde se localiza una ciudad de 50 mil habitantes o más, cuya área urbana, funciones y actividades, rebasan el límite del municipio.

Actualmente, en todos los estados de la República existen zonas metropolitanas, que tienen diversos fenómenos y necesidades, dependiendo de su región; por ejemplo el alguna el problema más importantes puede ser la escases de agua y en otra zona la infraestructura carretera.

Si sumamos que los municipios tienen diferentes demandas que cubrir y presupuestos distintos, también lo es que incluso se encuentren en diferentes estados.

La falta de coordinación se ha dado por todos los ámbitos, político, económico y social. sin embargo deben los municipios deben dar resultados en la prestación de servicios públicos.

En el caso de Guadalajara es necesaria la inyección de recursos que permitan tener mejores condiciones de vida, ya que tiene muchos municipios a sus alrededores y que juntos conforman la zona metropolitana de Guadalajara.

En este caso, se debe incrementar el Fondo Metropolitano a 12 mil 535 millones 76 mil 33 pesos, ya que el recurso aprobado en 2013 fue tan sólo de 8 mil 616 millones de pesos; asimismo el Fondo de Desarrollo Metropolitano de Guadalajara obtuvo en 2013, 882 millones 112 mil 123 pesos; sin embargo lo mínimamente requerido para hacer frente a las necesidades de servicio público y problemas básicos, asciende a mil 500 millones de pesos.

Lo más importante es lograr que los recursos que existen, sean adecuadamente distribuidos y llevarlos donde es urgente su aplicación; ya que tenemos lugares que legalmente son considerados zonas metropolitanas, pero no tienen la demanda ciudadana, que poseen las zonas metropolitanas más grandes del país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que gire instrucciones a los titulares de las Secretarías, con el fin de hacer posible la coordinación metropolitana en las entidades del país.

Diputado Patricio Flores Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República, en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México, a dictar instrucciones para incrementar el número de elementos del Ejército y de la Marina destinados a Nuevo León, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante su campaña por la gubernatura, el ahora gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emitió el documento Una nueva visión para Nuevo León, donde resaltaba sus compromisos con los nuevoleoneses.

En el apartado “Unidos por tu seguridad”, el ahora mandatario estatal ofreció lo siguiente: “en la lucha contra la delincuencia no podemos dar concesiones. Trabajaré hombro con hombro con el nivel federal de gobierno en el combate al crimen, especialmente con nuestro glorioso Ejército Mexicano y cumpliremos con su mismo valor y decisión con nuestro deber en el ámbito de nuestras responsabilidades”.

Esto, a escala estatal. Bien, en la federal, el entonces candidato de la coalición Compromiso por México, el actual presidente Enrique Peña Nieto, firmó ante notario público 266 compromisos por cumplir durante su gobierno.

En el compromiso número 32, que ofreció al estado que representamos aquí, en la Cámara de Diputados, se comprometió a lo siguiente: “Regresar la tranquilidad a Nuevo León, incrementando el número de elementos de las fuerzas federales el tiempo que sea necesario y apoyando a la Fuerza Civil”. Eso fue el 22 de abril de 2012.

Hago referencia a estos compromisos de nuestros gobernantes porque hoy Nuevo León atraviesa por una nueva crisis de seguridad, a raíz de hechos delictivos de alto impacto, que han afectado a gente de bien, tanto de la ciudad como del campo, e incluso en algunos casos esto ha derivado en la pérdida lamentable de personas valiosas, vidas ejemplares.

Es cierto, los delitos en las estadísticas han bajado. Sin embargo, de acuerdo con sondeos recientes de medios de comunicación, así como la encuesta nacional elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), todavía hay una elevada percepción de inseguridad en el estado, cuyo principal problema por resolver, de acuerdo con los ciudadanos, sigue siendo la inseguridad pública.

Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobra la Seguridad Pública, desarrollada por el Inegi, señala con claridad que sólo 7 de cada 100 delitos cometidos en Nuevo León son denunciados; y de estos últimos, apenas 1 de cada 6 se procesa penalmente. Eso significa que sólo 1.17 por ciento de los delitos que se cometen es procesado en el Estado. El resto queda impune.

Esta “cifra negra” de 93 por ciento de los delitos que no se denuncia indica el bajo nivel de confianza de la población en las autoridades de Seguridad del Estado, a pesar de avances recientes en la lucha contra la inseguridad, pues tanto la nueva Fuerza Civil del estado como la mayoría de las corporaciones de seguridad municipales aún están en etapa de consolidación, pues les faltan elementos y equipos para cubrir todo el territorio nuevoleonés.

En contraparte, el apoyo de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina en Nuevo León ha sido fundamental para recuperar paulatinamente la seguridad y tranquilidad, en una acción bien coordinada con las autoridades estatales y municipales.

No es el momento de cantar victoria, y asumir que Nuevo León ya está libre de esta plaga de inseguridad y violencia que tanto ha afectado a los ciudadanos en años recientes, por ello hoy más que nunca se requiere, urge, no retirar el apoyo valioso y vital de elementos de la Marina y del Ejército, pues aunque el gobierno del estado lo niegue, la realidad es que este respaldo se ha ido retirando paulatinamente de nuestra tierra.

Ello ha dado lugar al resurgimiento de delitos federales, y a la angustia de la población tras un periodo de relativa tranquilidad, por ello es necesario no solamente impedir el retiro de las Fuerzas Armadas, sino incrementar su número pues tanto Fuerza Civil como las corporaciones municipales de seguridad, aunque han tenido avances, todavía falta tiempo para consolidarse.

Sería muy irresponsable y hasta criminal, repetir el error que cometió el ex gobernador José Natividad González Parás, quien de entrada siempre se resistió a la llegada de elementos militares y marinos, pues no quería afectar la imagen de su fallido Fórum de las Culturas, pero finalmente tuvo que ceder cuando la casa ya estaba en llamas.

No podemos permitir que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, tropiece con la misma piedra. Por ello debe cumplir su ofrecimiento de campaña: no dar concesiones; igual el presidente Enrique Peña Nieto debe refrendar su compromiso con Nuevo León e incrementar el número de fuerzas federales el tiempo que sea necesario para recuperar la tranquilidad de nuestra entidad.

Porque el presidente Enrique Peña Nieto ha enarbolado una frase durante años: “te lo firmo y te lo cumplo”, hoy está a tiempo de que el compromiso que firmó con Nuevo León, lo cumpla a cabalidad.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de la República, ciudadano Enrique Peña Nieto, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México, a dictar en uso de sus facultades y atribuciones legales las instrucciones necesarias para incrementar el número de elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina-Armada de México destinados a Nuevo León, a fin de reforzar en el estado la labor de seguridad y vigilancia realizada por las fuerzas estatales y las municipales de seguridad pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal a incorporar la perspectiva de género en la planeación y el diseño de su Presupuesto de Egresos de 2014, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas, diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62, párrafo 2; 65, párrafo 4, y 79, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

La elaboración de presupuestos sensibles al género surge de un bloque de iniciativas a nivel mundial, que impulsaron principalmente las organizaciones de la sociedad civil, en particular el movimiento de mujeres, con el objetivo de promover la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, la rendición de cuentas y sobre todo para conocer si la manera en la que los Estados elaboran sus presupuestos responde a las necesidades reales de mujeres y hombres.

De tal suerte que los presupuestos sensibles al género son hoy un instrumento fundamental para avanzar en la igualdad en materia de oportunidades para las mujeres ya que permiten desarrollar políticas públicas orientadas a atender sus necesidades específicas.

El gobierno de México por primera vez reconoce la necesidad de reducir las inequidades entre hombres y mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo 2001­2006; en él se afirma que se deben trasformar las condiciones de inequidad de género en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, y poner a disposición de las mujeres los medios y los recursos para que desarrollen integral mente sus capacidades, para que de este modo contribuyan, tengan acceso, control y disfrute efectivo de los beneficios de desarrollo.

En el año 2007, en los artículos transitorios décimo séptimo y décimo octavo del Presupuesto de Egresos de la Federación, se consideró por primera vez, la implementación de recursos específicos para la realización de políticas públicas en materia de igualdad de género.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2008, se notó un importante avance ya que se consideró por primera ocasión un anexo específico, el 9A, mismo que se ha mantenido hasta la fecha con distintos numerales: anexo 9A en el 2009, anexo 10 del año 2010 al 2012 y anexo 12 en el año 2013 y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la protección más amplia en cuanto a normas relativas a los Derechos Humanos. Al respecto es importante citar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que en su artículo 3 señala:

Los Estados Parte tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medida apropiada, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Por lo anterior, es necesario que las instituciones de gobierno cuenten con recursos para la ejecución de la política pública del Gobierno Federal en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como para favorecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Hoy en día ese objetivo vigente avanza a través de la asignación de recursos etiquetados en el Decreto de Presupuesto Federal, específica mente en el anexo 12, el cual ha detonado procesos para incorporar la perspectiva de género en los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y en los tres niveles de gobierno: federación, estados y municipios.

Esta asignación estratégica de recursos impulsa la inclusión transversal de la perspectiva de género en las políticas así como en los programas nacionales pero, sobre todo, traduce los compromisos gubernamentales por la igualdad de género en compromisos monetarios.

La experiencia del presupuesto sensible al género a nivel federal y particularmente el trabajo continuo en las anteriores y la presente Legislaturas de la Comisión de Equidad y Género, hoy denominada Comisión de Igualdad de Género, en materia de gasto etiquetado para mujeres ha permitido colocar el tema del presupuesto con perspectiva de género en el debate nacional. No obstante esta situación, no vemos eco de ello en todas las entidades federativas.

Por ello es necesario recordar que México cuenta con un marco institucional y legal encaminado a promover la igualdad de género; por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres y los 32 Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres; la Ley General y las leyes locales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres así como la Ley General y las Leyes Locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, leyes que a pesar de no contar con disposiciones específicas sobre los presupuestos con perspectiva de género, sí contienen mandatos para la realización de acciones públicas que requieren recursos presupuestales para su instrumentación, acciones públicas que se traducen en obligaciones para los gobiernos de las entidades federativas.

En relación con la obligatoriedad de las dependencias de la Administración Pública de planear y conducir sus actividades con perspectiva de género, la Ley de Planeación, establece de manera explícita lo siguiente:

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

(...)

VII. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.

Artículo 9. Las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública paraestatal. A este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado proveerán lo conducente en el ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les confiere la ley.

Artículo 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:

II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género;

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipula:

Artículo 27. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la cual contendrá como mínimo:

(... )

III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género.

Artículo 28. El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

(...)

V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, diferenciando entre mujeres y hombres.

Artículo 111. La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente, al menos cada bimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.

(...)

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género.

(...)

En base a lo mencionado, es necesario que los presupuestos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal se elaboren con perspectiva de género, la cual permite visualizar y atender las diferencias y las desigualdades socialmente construidas entre hombres y mujeres.

Lo anterior, porque es evidente que la elaboración de presupuestos públicos que ignoran el ordenamiento de género reproducirá las desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales que se generan entre hombres y mujeres, y el presupuesto seguirá siendo neutral al género con consecuencias adversas para las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a su autonomía, exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados y al jefe de gobierno del Distrito federal para que incorporen la perspectiva de género en la planeación y diseño de su Presupuesto de Egresos para el próximo Ejercicio Fiscal de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Allieth María Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar por la PGR respecto a la compra y operación del detector molecular GT 200 en territorio nacional, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Global Technical, Ltd., es una compañía inglesa establecida y registrada desde hace catorce años en el Reino Unido, encargada de fabricar y diseñar equipos y programas de seguridad para aplicaciones militares, policíacas, forenses y aduanales.

Dicha empresa cuenta con más de 7 mil equipos y sistemas operando en más de 25 países.

La empresa proporciona a sus clientes un servicio completo post-venta, para asegurar el uso adecuado de todos los equipos que han adquirido; así como cursos avanzados de entrenamiento, para el conocimiento operacional, medioambiental, de instalación, puesta en marcha y servicios necesarios para obtener el mejor desempeño de sus productos.

Entre los productos que ofrece Global Technical, destaca por sus sorprendentes funciones el detector molecular GT 200, mejor conocido como la ouija del diablo.

• Entre las funciones que realiza el detector molecular GT-200 destacan:

• Reduce el área de búsqueda inicial a un radio menor de 5 m2;

• Es útil para la revisión de vehículos en retenes carreteros, puntos de revisión y cruces fronterizos;

• Elimina la necesidad del procedimiento de búsqueda aleatoria;

• Identifica la presencia de sustancias dentro de vehículos, camiones, contenedores y cualquier otro medio de transporte, incluyendo aviones, barcos;

• Detecta a través de materiales tales como: tierra, agua, gasolina, concreto, metal, plomo, edificios, vehículos, barcos, aviones, plantas nucleares, entre otros;

• Su radio de detección puede llegar hasta 500 metros bajo agua y 60 metros subterráneos;

• Se puede utilizar para una búsqueda en grandes extensiones a campo abierto, montañas, áreas desérticas o con densa vegetación, ductos de petróleo, postes de electricidad, edificios e instalaciones; y

• Detecta todo tipo de drogas y explosivos en una sola operación.

Como se puede observar las funciones que ofrece el detector molecular se encuentran fuera de toda realidad, pero para Felipe Calderón Hinojosa resultó una alternativa única para justificar el derramamiento de sangre y la ola de violencia incontenible producto de su torpe guerra en contra del Crimen Organizado.

Pese al decreto emitido por Estados Unidos en 1995, por considerar al detector molecular GT200 absolutamente fraudulento e ilegal y a la advertencia de Gran Bretaña, el gobierno federal adquirió mil 112 equipos por los que se pago alrededor 450 millones de pesos.

Entre las dependencias que adquirieron los detectores moleculares GT200, figuran la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) la cual adquirió 742, LA Secretaria de Marina (Semar) 102, Petróleos Mexicanos (Pemex) 54, Procuraduría General de la República (PGR) 7, así como otras dependencias de seguridad estatales.1

A raíz de la utilización de dicho instrumento se dio un incremento alarmante de cateos ilegales y detenciones por parte de las autoridades castrenses a nivel nacional.

De acuerdo a informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el periodo que comprende de 2008 a 2012, se presentaron 4 mil 544 quejas por cateos ilegales, de los cuales se calcula que por lo menos en un 30 por ciento se utilizó el detector molecular GT200.2

El detector molecular GT 200, ha sido motivo para encarcelar a inocentes como los casos de Cayetano y Juanita, por mencionar algunos que han salido a la opinión pública, pues a la fecha no se sabe con exactitud el número de personas que se encuentran recluidas o bajo proceso por haberlos señalado la ouija del diablo.

Una vez más nuestro gobierno cae en la pasividad política que le distingue, porque mientras que la Corte Criminal Central de Londres declara culpable al creador y comercializador del detector molecular, el gobierno de Enrique Peña ni siquiera ha instruido a las diversas dependencias para que suspenda el uso de la ouija del diablo en territorio nacional.

Mientras que el creador del GT200, es condenado a 10 años de prisión en Gran Bretaña, los responsables de fraguar el fraude en nuestro país por más de 450 millones de pesos siguen campantes en la tierra de la impunidad.

Para el Gobierno de Peña Nieto, el peritaje del científico W. Luis Mochan Backal para comprobar la ineficacia del GT200, le debe significar una prueba fehaciente para que la Procuraduría General de la Republica inicie una averiguación previa en contra de Felipe Calderón y los miembros del ex gabinete de seguridad por el delito de fraude en contra del pueblo de México por la compra y uso del detector molecular, así como el resarcimiento del daño ocasionado a las victimas aprendidas injustamente.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que prevalezcan los principios de justicia, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Procuraduría General de la República, se inicie una investigación en contra de los posibles responsables del delito de fraude, resultado de la compra y operación del detector molecular GT200 en territorio nacional durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, para que se desista de los juicios emprendidos en contra de las personas señaladas por el detector molecular GT 200, así como ordene su inmediata y absoluta liberación por no tratarse de una prueba fehaciente.

Notas

1Véase Ciencia y Pseudociencia y Seguridad, el detector molecular GT200 , W. Luis Mochan Backal, Instituto de Ciencias Físicas, UNAM, Reunión convocada por la Comisión de Ciencias del Senado de la República el 13 de septiembre de 2011.

2 http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/impreso/son-ilegales-cateos-realizados-con-el-detector-advierte-cndh-207737.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instaurar por la Comisión Nacional de Seguridad una base de datos nacional de usuarios de casas de empeño, a cargo de la diputada Ana Isabel Allende Cano, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Isabel Allende Cano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad para crear una base de datos nacional de usuarios de casas de empeño a fin de combatir el robo de artículos y joyería, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Las casas de empeño son instituciones de financiamiento que utilizan como garantía algún objeto de valor, utilizadas generalmente por la población de escasos recursos sin acceso a créditos y financiamientos bancarios tradicionales.

Regularmente las personas empeñan joyería o alhajas, artículos electrodomésticos, herramientas y hasta automóviles con la condición de que se encuentren en buen estado.

En nuestro país el empeño durante los últimos años se ha vuelto la única alternativa ante la necesidad y la falta de financiamiento, aunado a la situación económica por la que atraviesan muchas familias.

Se estima que el 50 por ciento de la población económicamente activa acude al menos una vez al empeño.

A nivel nacional, durante los días previos al regreso a clases, la afluencia en las casas de empeño se llega a incrementar de un 25 y hasta un 60 por ciento, dependiendo de la plaza; es decir, unos 400 clientes en promedio acuden diariamente en esa temporada a uno de estos establecimientos.

En base a datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sabemos que se encuentran ubicadas en toda la República Mexicana 5 mil 400 casas de empeño reguladas por la misma, de las cuales el 40.4 Profeco se encuentran en 5 estados: Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato, aunque se señala que al menos 1,094 no están reguladas por la autoridad, no tienen supervisión alguna por parte del gobierno federal, son fantasmas.

Durante los primeros 4 meses de este 2013 se cometieron alrededor de 225 mil 70 robos en la República Mexicana siendo la joyería o alhajas y celulares los objetos más robados, y se puede deducir que gran parte de estos artículos terminan en las diferentes casas de empeño del país.

El delito de encubrimiento por receptación se da cuando existe ocultamiento de los efectos del delito; es un ilícito precedido por otro y dirigido contra el orden patrimonial y socioeconómico. En este caso, se podría relacionar con la aceptación de artículos robados en las casas de empeño; sin embargo, los trabajadores de estas casas no tienen idea de ello.

En nuestro país en el año de 2007 surge un concepto avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, para que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país, lleven a cabo actividades de prevención y combate al delito, conocido como Plataforma México.

El cual permite al gobierno ejercer un trabajo de investigación policial por medio de un sistema de información dinámico y de gran confiabilidad.

Con este punto de acuerdo se busca utilizar la base de datos ya existente denominada Plataforma México para contar con los datos personales de los pignorantes, así como de su identificación oficial; y esta misma información se comparta con las secretarias de seguridad pública y procuradurías de justicia estatales para conocer que artículos en prenda son de origen ilícito y contribuir a la prevención en la comisión de delitos; así mismo, lograr la ubicación de sospechosos de poseer artículos robados.

Por lo expuesto anteriormente, me permito proponer ante este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad se considere la viabilidad de crear una base de datos nacional de usuarios de casas de empeño a fin de combatir el robo de artículos y joyería. Para ello se sugiere utilizar la Plataforma México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputada Ana Isabel Allende Cano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Colima a intensificar las acciones de tratamiento, prevención y control del dengue en la entidad, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

De la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1 y fracción III del numeral 2 del artículo 79, numeral 2, todos del Reglamento de la Cámara de Diputado, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente resolución por el que se le exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Colima, a intensificar y reforzar las acciones tendentes al tratamiento, prevención y control del dengue en el estado de Colima; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado julio, presenté ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, un punto de acuerdo en el que exhortaba al gobierno del estado de Colima, intensificar y reforzar las acciones para el tratamiento y prevención para el control del dengue en la entidad.

El motivo de su presentación fue debido al reporte que a nivel nacional, hasta el 17 de junio de este año, se había reportado 12 defunciones por dengue en el país, de las que siete se habían presentado en Guerrero, dos en Morelos, uno en Oaxaca, uno en Sinaloa y uno en Colima.

No debemos olvidar que de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, al comparar el comportamiento de los casos ocurridos en estos primeros seis meses de 2013, con lo ocurridos a la misma fecha de corte del 2012, se observa un incremento del 56% en los casos probables e incremento del 65 por ciento en los casos confirmados, asimismo incremento del 113% en los casos estimados. Las entidades con mayor número de casos estimados son Tabasco, Nayarit, Quintana Roo y Colima.

En el caso de Colima, en las primeras 26 semanas de 2012 se presentaron 57 casos confirmados de Fiebre de Dengue y 2 casos confirmados de fiebre hemorrágica de dengue, en comparación, en este año se han presentado 398 casos confirmados de fiebre de dengue y 138 casos confirmados de fiebre hemorrágica de dengue.

Cabe resaltar, que Colima siempre se ha encontrado dentro de las 10 primeras entidades que son mayormente afectadas por esta situación epidemiológica, en este sentido, desde el año 2009 presenté ante la Cámara de Senadores un punto de acuerdo en el que le solicitaba al gobierno del estado intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento y control del dengue en esa entidad, y a pesar de llevarse a cabo el conjunto de medidas sanitarias autorizadas, la situación persiste actualmente. Respecto a la incidencia de casos en el estado en lo que va del año, se tienen registrados 495, de los que 120 son hemorrágicos y el resto clásicos, además del primer fallecimiento por ese padecimiento que fue el pasado 30 de mayo. Al respecto se tiene confirmado que uno de cada cuatro casos se presentan en Manzanillo y Tecomán, derivados principalmente de la influencia de los casos que están en Cihuatlán, Jalisco, y de los que se registran en Michoacán, en la zona limítrofe con Colima.

No obstante lo anterior, hoy datos alarmantes proporcionados por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica del Dengue de la Secretaría de Salud en este mes de octubre, en el que Colima ocupa el primer lugar a nivel nacional en incidencia, con un promedio de 228.9 casos por cada 100 mil habitantes. Asimismo el titular de la Secretaría de Salud, Agustín Lara Esqueda, indicó que hasta el momento se han reportado mil 680 casos de dengue, de los cuales 546 son hemorrágicos, y Manzanillo es el municipio con mayor número de contagios.

Sobre el control de esta enfermedad, no se cuenta con más profilaxis que los insecticidas, repelentes, organofosforados y piretroides, los cuales se encuentran aprobados por la Secretaría de Salud y debidamente autorizados mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002 para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas; substancias que fueron susceptibles de experimentación, evaluación y aprobación previa por parte de la Organización Mundial de la Salud.

En la actualidad, el dengue no cuenta con ninguna vacuna viable para su combate, pues a pesar de existen algunas en estado de experimentación, sus resultados no han sido completamente favorables. El único conjunto de medidas infalibles para el combate de esta fuerte epidemia, es la prevención, con una serie de mecanismos de sanidad básica, que van desde la fumigación con las substancias autorizadas de los espacios abiertos, cubiertos con cualquier tipo de vegetación, hasta el sencillo orden y control en los hogares, evitando a toda costa la acumulación de basura y sobre todo la presencia de aguas estancadas.

Y a pesar de las diferentes, campañas que se han realizado, Colima sigue enfrentado un problema de salud pública grave, en el que debe de emprenderse con mayor rigor las campañas de prevención y atención, que permitan anticipar la aparición, crecimiento y propagación de brotes de dengue en a aquellos lugares que no se ha presentado y que se refuercen con mayor intensidad los programas de prevención que van dirigidos a las descacharrización, saneamiento y limpieza de fosas de agua y/o lugares que puedan estancarse agua y en donde se haga propicia su reproducción de larvas especialmente en tiempos de lluvias.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobernador del estado de Colima, intensificar y reforzar las acciones tendientes al tratamiento, prevención y control del dengue en el estado de Colima.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Colima para que a través de sus Secretarías de Salud y Educación Pública, en coordinación con los ayuntamientos con mayor riesgo, implementen una intensa y extensa campaña de información a toda la ciudadanía; tanto de prevención como de detección de la sintomatología de la enfermedad, para enfrentar eficazmente el alarmante crecimiento de casos de dengue.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de octubre de 2013.

Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al avance y cumplimiento de los objetivos y las metas del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, así como de los 70 programas que intervienen para su realización, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, haga del conocimiento público el avance y cumplimiento de los objetivos y metas; indicadores y evaluaciones del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre; así como el de los 70 programas que intervienen para el cumplimiento del mismo; así también de la distribución del presupuesto, control, supervisión y ejecución que se ha realizado a cada uno de los 70 programas; al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. La Ley General de Desarrollo Social establece que la política nacional de desarrollo social tiene, entre otros objetivos, el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades y, entre tales derechos, se encuentra el de la alimentación; en el mismo ordenamiento se establece que el Sistema Nacional de Desarrollo Social es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del gobierno federal, de las entidades federativas, de los municipios y de los sectores social y privado, que tiene por objeto integrar su participación en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social, así como fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones en el desarrollo social, entre otros.

La coordinación del Sistema Nacional de Desarrollo Social corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las agrupaciones civiles y sociales, para lo cual coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social.

De conformidad con el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el estado debe establecer las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad alimentaria.

El 22 de enero de 2013 el presidente de los Estados Unidos Mexicanos expidió el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, también conocido como Sin Hambre.

Segundo. El Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (sin hambre) , se fundamenta en el derecho constitucional contenido en el artículo 4, que manifiesta el deber que tiene el estado de implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementa a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos siguientes:

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación: Garantizar asistencia a un centro de educación formal de la población de 3 a 15 años.

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez: Atender especialmente la desnutrición de niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes.

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas: beneficiar a hogares con ingresos de 824.56 pesos para la zona rural y 1,161 pesos para la zona urbana.

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización: mejoramiento y tecnificación de labores agrícolas beneficiando a hogares con ingresos de 824.56 pesos para la zona rural y 1, 161 pesos para la zona urbana.

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre: Tiene como propósito conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado.

Está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.

El Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (sin hambre) , se conforma de cuatro componentes:

I. Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre; tiene como objeto coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Está integrada por los titulares de las dependencias y entidades; celebrará sesiones ordinarias cuando menos cada tres meses y sesiones extraordinarias cuando sea necesario, a solicitud de cualquiera de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de sus miembros, los cuales designarán a sus respectivos suplentes, que deberán contar con nivel jerárquico inmediato inferior. La comisión expedirá sus normas de organización y funcionamiento interno, que preverán los mecanismos necesarios para el seguimiento de sus acuerdos; propondrá las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, las cuales podrán consistir, entre otras, en: I. Ajustes en el diseño de los programas; II. Ajustes en la focalización o cobertura de los programas, y III. Implementación de acciones eficaces de coordinación.

II. Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios;

III. Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre; es una instancia incluyente para el diálogo de los sectores público, privado y social, con el objeto de generar acuerdos para fortalecer, complementar y, en su caso, mejorar las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. El Consejo se integrará por: I. El Secretario de Desarrollo Social, quien lo presidirá; II. Representantes de organizaciones de los sectores social y privado; III. Representantes de instituciones académicas, y IV. Representantes de organismos e instituciones internacionales.

Los gobernadores de los estados de la República y el jefe de gobierno del Distrito Federal serán invitados permanentes del consejo. Los representantes a que se refieren las fracciones II, III y IV serán designados de conformidad con los lineamientos para la organización y funcionamiento del consejo.

IV. Comités comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales; integrado por beneficiarios de programas sociales, los cuales participarán en su proceso de instrumentación y supervisarán el cumplimiento real de los objetivos y la transparencia de las acciones implementadas, tienen la finalidad de articular la participación social en la Cruzada contra el Hambre y los programas que convergen en ésta.

Tercero. La Cruzada contra el Hambre se implementa en una primera etapa en 400 municipios seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación, sin perjuicio de que su implementación se extienda a otros municipios del país conforme lo determine la Comisión Intersecretarial que se crea por este decreto. Dichos municipios beneficiados se ubican principalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), utiliza 70 programas vinculados de la administración pública federal para la implementación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, mismos que se presentan con sus respectivos objetivos siguientes:

Cuarto. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2013 presentó una asignación original de $95 mil 251.8 millones de pesos para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La propuesta del ejecutivo en el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2014 (PPEF 2014), aumenta el presupuesto en 20.92 por ciento con relación a 2013, es decir 19 mil 935.70 millones de pesos de más.

Consideraciones

A) En el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la población objetivo está conformada por las personas más pobres del país, aunque en la primera etapa se seleccionó a 67 por ciento de un total de 7. 4 millones de personas elegidas como población objetivo por la Secretaría de Desarrollo Social. Evaluando este criterio de distribución se podría hablar de un criterio prioritario no estricto, donde se privilegió el volumen y no necesariamente a aquellos más pobres.1

B) El 10 de febrero de 2013, el diario Reforma publicó “El análisis cuestiona que la cruzada antipobreza busca votos y olvida el hambre, ya que no considera municipios que sufren pobreza extrema, pero sí algunas ciudades que tendrán elecciones en 2014, como Aguascalientes, Puebla, Mexicali, Durango, Torreón, Saltillo, Oaxaca, Fresnillo, Cancún, Culiacán, Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz, Reynosa, Matamoros y Chihuahua”.2

Por lo anterior, se considera necesario vigilar estrictamente el cumplimiento de los objetivos y metas del programa Cruzada Nacional contra el Hambre y la vinculación y erogación del presupuesto en cada uno de los 70 programas de la administración pública federal implementados.

C) La incorporación de programas sociales productivos en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SNCH) se entiende a partir de las definiciones y prácticas de organismos internacionales en relación con el combate integral de la pobreza; sin embargo, al revisar las valoraciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se puede adelantar que éstos requieren cambios significativos en su aplicación, que es indispensable más información para su evaluación y que se necesitan mayores partidas presupuestarias a fin de impactar en la población objetivo de esta cruzada.

En el tema presupuestal se observa una alta variación en los montos asignados, teniendo como constante una reducción monetaria y, por ende, de cobertura. Aunque no hay datos precisos en torno a la población que se ve beneficiada, en la experiencia internacional se observa que los programas productivos no cubren ni 1 por ciento de la población de menores ingresos.

A partir de la información disponible el Coneval no está en condiciones de señalar la eficiencia de estas políticas sociales, ya que desconoce la proporción del ingreso de los beneficiarios que ha mejorado a partir de estas acciones. En una cruzada contra el hambre contar con esta información es fundamental para lograr diseños de política efectivos.3

Al respecto, se exhorta a la Sedesol implemente los indicadores que permitan evaluar la eficiencia, eficacia y costo beneficio del programa Cruzada Nacional contra el Hambre.

Asimismo, de acuerdo con el informe del Coneval la Cruzada Nacional contra el Hambre, tiene imprecisiones en su diseño y está basado en un modelo brasileño caduco que ya no está vigente e indica que no se tiene claro el concepto de hambre, ya que utiliza distintas definiciones y se desconoce si usa el criterio de carencia de acceso a la alimentación del Coneval o si se refiere a quienes padecen desnutrición.

D) El artículo decimotercero del decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Sin Hambre), convoca a la sociedad civil organizada y a los particulares a sumarse activamente a las acciones de la Cruzada contra el Hambre; por lo que la Sedesol de conformidad con la normatividad aplicable está comprometida con la promoción de la participación activa de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social, para lo cual promueve a su vez la celebración de convenios con organizaciones civiles y privadas para la instrumentación de los programas de desarrollo social.

Según datos del informe del Coneval, la Sededol ha suscrito 23 convenios de colaboración tanto con universidades como con empresas y entidades federativas; sin embargo los objetivos de éstos son diversos y aun no existe información pública referente a cómo impactan en los objetivos e indicadores diseñados para la cruzada.

E) El 17 de octubre de 2013, al celebrarse el Día Mundial de la Alimentación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ratificó que en México no son 7 sino casi 25 millones de mexicanos que sufren hambre, que medio comen lo que pueden una vez al día. Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, Gloria Bautista Cuevas , afirmó que en el país hay 27.4 millones de mexicanos que se encuentran en carencia alimentaria, y lamentó que haya mexicanos sin acceso a alimentos y que aquellos que sí están a su alcance no reúnan las características de nutrientes propias de una alimentación adecuada y sana, lo que ha generado que el país tenga el primer lugar en obesidad4 .

F) La página web oficial de la Cruzada Nacional contra el Hambre: http://sinhambre.gob.mx/; no considera y/o en su caso no se encuentra actualizada la información respecto a la rendición de cuentas en específico de lo siguiente:

• El avance y cumplimiento de los objetivos y metas; indicadores y evaluaciones del programa matriz, así como el de los 70 programas que intervienen para el cumplimiento del mismo; en el que deberá contener la eficiencia, eficacia y calidad de los programas.

• Distribución del presupuesto, control, supervisión y ejecución que se ha realizado a cada uno de lo 70 programas vinculados al Sistema Nacional Cruzada contra el Hambre y comités intersecretariales que aplica la cruzada.

• El padrón único de beneficiarios del programa, y desagregado por entidad federativa, y cuáles son las acciones implementadas para evitar la duplicidad de beneficiarios en cada programa.

• Indicadores que son utilizados para evaluar si han mejorado las condiciones de calidad de vida de los beneficiarios, y cuál es el número de beneficiarios que han mejorado.

• La adquisición, distribución y calidad de los alimentos.

• Los acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente de las entidades federativas y los municipios y los convenios de colaboración que ha suscrito, y el impacto que éstos tienen en los objetivos e indicadores diseñados para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En contravención a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su capítulo II, artículo 7, que refiere a las obligaciones de transparencia.

G) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ciudadana Rosario Robles Berlanga, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, respecto al Sistema Nacional Cruzada contra el Hambre, lo siguiente:

• El avance y cumplimiento de los objetivos y metas; indicadores y evaluaciones del programa matriz, así como el de los 70 programas que intervienen para el cumplimiento del mismo; en el que deberá contener la eficiencia, eficacia y calidad de los programas.

• Distribución del presupuesto, control, supervisión y ejecución que se ha realizado a cada uno de lo 70 programas vinculados al Sistema Nacional Cruzada contra el Hambre y comités intersecretariales que aplica la cruzada.

• El padrón único de beneficiarios del programa, y desagregado por entidad federativa, y cuáles son las acciones implementadas para evitar la duplicidad de beneficiarios en cada programa.

• Indicadores que son utilizados para evaluar si han mejorado las condiciones de calidad de vida de los beneficiarios, y cuál es el número de beneficiarios que han mejorado.

• La adquisición, distribución y calidad de los alimentos.

• Los acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente de las entidades federativas y los municipios y los convenios de colaboración que ha suscrito, y el impacto que éstos tienen en los objetivos e indicadores diseñados para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Notas

1. Reporte 61 cruzada contra el hambre, febrero de 2013.

2. Érika Hernández e Itxaro Arteta, “Buscan votos...olvidan hambre”, Reforma , 10 de febrero de 2012, México, primera plana; Martha Martínez, “Vivir con hambre”, Enfoque Reforma , número 975, 20 de enero de 2013, México.

3. Fuente: Reporte-61-Cruzada contra el Hambre, febrero 2013.

4. www.unomasuno.com.mx/sin -comida -mas-de-27 -millo nes /?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la suspensión de la implantación del sistema de supervisión y control vehicular; y para que se instauren políticas públicas encaminadas al fomento de la competitividad turística y desarrollo socioeconómico, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sólo han transcurrido 10 meses desde que Felipe Calderón entregó las riendas del poder; suficientes para confirmar el mal gobierno que desarrolló durante su gestión y ubicarlo en el pódium de los peores presidentes de la historia del país.

Su estandarte fue el derramamiento de sangre y su escudo la corrupción.

Felipe Calderón durante cinco años trató de justificar a toda costa la ola de violencia, mediante la compra e implantación de “productos milagro”.

Ejemplo de ello fue la compra de mil 200 detectores moleculares GT 200, con un costo promedio de 30 mil dólares cada uno para la detección de drogas, armas y explosivos. Trayendo consigo una serie de abusos y arbitrariedades, ya que dicho instrumento careció de algún sustento científico que lo avalara.

De igual forma, a través del Plan de Modernización de Aduanas, Felipe Calderón trato de vender la idea a millones de familias mexicanas que mediante la implantación del sistema de supervisión y control vehicular (Siave) en los 54 puntos tácticos de las 21 aduanas fronterizas y una marítima, así como a través de un total de 227 carriles para pasajeros y autobuses, se combatiría de forma eficiente el tráfico ilegal de mercancías, armas, sustancias y personas en todos los puntos fronterizos del país.

Dicho mecanismo se compone de dispositivos que toman el peso, dimensiones y placas del vehículo, incluidas motocicletas, bicicletas, triciclos por los carriles confiscados.

Durante la revisión, los pasajeros transitan por un carril a una velocidad no mayor de 10 kilómetros por hora, mientras los dispositivos realizan el análisis de riesgo, el cual aparece en el semáforo fiscal. Si es verde, puede ingresar en territorio nacional; pero si es rojo, pasará al área de revisión para que los funcionarios de la aduana hagan el reconocimiento correspondiente.

Por increíble que parezca, independientemente del resultado del semáforo fiscal, la autoridad aduanera puede emitir una orden de verificación de mercancía para comprobar lo manifestado.

Sin embargo, los resultados fueron distintos a lo planeado por el entonces mandatario, ya que ha perjudicado al sector empresarial y al turismo; ha disminuido el número de cruces por la frontera en 22.4 por ciento; ha aumentado de modo significativo el tiempo durante los traslados, ya que en un principio se manejo que sería cuestión de minutos el ingreso de connacionales y turistas a territorio mexicano, pero sólo ha contribuido a duplicar el tiempo de espera y a generar enormes filas de revisión.

Igualmente se ha registrado la pérdida de más de 70 mil empleos y el cierre de negocios en los últimos años desde la implantación del Siave.

Por otra parte, se ha inhibido la competitividad turística, la cual es importante para los mexicanos ya que es la tercera fuente de ingresos de divisas, después del petróleo y de las remesas de los migrantes; preocupante si consideramos que este sector productivo genera cerca de 9 por ciento del producto interno bruto y da empleo directo a más de 2.5 millones de personas.

En meses anteriores, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salió a defender la implantación de dicho programa, al declarar que es considerado como generador de información a otras dependencias para la incautación de mercancías prohibidas.

Los resultados que reportó la SHCP no son suficientes si consideramos los más de 14 millones de pesos destinados para dicho mecanismo, carente de toda vigilancia estratégica.

Es una burla para los más de 7.5 millones de mexicanos en pobreza extrema, que se destine dicha partida presupuestal, para cacarear una incautación de poco más de 9 millones dólares, 5 millones de pesos, 2 mil 401 cargadores, 52 mil 764 cartuchos, 126 armas, paquetes de cigarros y botellas de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con El Colegio de la Frontera Norte, en los últimos años se ha corroborado el aumento en el ingreso ilegal de armas de fuego por los puertos terrestres de Baja California, Tijuana y Tamaulipas.

Para los diputados de Movimiento Ciudadano, resulta preocupante que se siga operando con un sistema ineficiente, y más si este se encuentra distribuido en 54 puntos tácticos de las 21 aduanas fronterizas del territorio nacional.

El temor fundado de regresar a un viejo esquema de revisión aleatoria no resulta un elemento convincente para mantenerlo, por ello nos pronunciamos para que exista una gestión aduanera eficiente y eficaz, libre de toda corrupción.

Derivado de lo anterior sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a suspender de inmediato la implantación del sistema de supervisión y control vehicular en los 54 puntos tácticos donde se esté llevando a cabo su aplicación, debido a que es considerado un inhibidor de la competitividad turística y el desarrollo socioeconómico de las regiones.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa emergente de empleo y políticas públicas encaminadas al fomento de la competitividad turística en las regiones afectadas por la aplicación del sistema de supervisión y control vehicular en los últimos años.

Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP que impulse y establezca entre el personal docente y entre el alumnado un “lenguaje no sexista” en educación básica y media superior, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La discriminación, la violencia, la desigualdad, la exclusión y la invisibilidad que viven las mujeres en el mundo y en México, lamentablemente aún en la segunda década de este Siglo, sigue siendo una constante, a pesar de los esfuerzos realizados en los tres niveles y poderes de gobierno y de la constante participación de las organizaciones civiles.

Es preciso reconocer que la equidad entre los géneros y la igualdad entre las mujeres y los hombres, sigue imposibilitando el establecimiento de una cultura democrática e incluyente, libre de roles y estereotipos que impiden a las mujeres, por razones del sexo al cual pertenecen, acceder a más y mejores oportunidades, así como arribar a mejores condiciones de vida y de desarrollo.

El problema es estructural y requiere de una política de estado y de acciones transversales, que modifiquen las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, para dar paso a una forma de relación más justa y equitativa, tanto entre los hombres y las mujeres, así como frente a éstas y las instituciones y organizaciones privadas, y desde luego, entre ellas y el Estado.

Bajo el anterior orden de ideas, es de señalarse que entre el cúmulo de problemáticas y fenómenos que atañen a las mujeres y que surgen como producto de las relaciones desiguales, encontramos lo que la teoría de género, ha conceptualizado como “lenguaje sexista” o “sexismo en el lenguaje”, el cual de ninguna manera debe ni puede parecernos intrascendente, toda vez que su uso impide la conformación de una sociedad igualitaria.

En este sentido, es menester precisar, como ya se ha dicho en otras ocasiones que el lenguaje es una cualidad exclusiva de los seres humanos, nada más humano que el lenguaje, pues la forma en que conocemos y expresamos nuestra concepción del mundo y la principal manera de relacionarnos con nuestros congéneres.

El lenguaje es en sí mismo un instrumento de cambio y transformación, de transferencia de saberes y un mecanismo para adquirir conocimiento y pautas de socialización, pero también puede ser una de las expresiones más importantes de la desigualdad y un instrumento para producirla y perpetrarla, ya que por medio de la palabra se manifiesta la forma de pensar de una sociedad. La palabra no es ociosa, la palabra no es inocente, siempre va implícito un valor, un juicio, una percepción o una idea, de ahí la afirmación teórica de que la palabra “invisibiliza toda forma femenina”.

María Julia Pérez Cervera señala que “una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, del pensamiento, de la sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que decimos en cada momento de nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la lengua no sólo refleja sino que también transmite y refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad (....). Existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral y escrita (en las conversaciones informales y en los documentos oficiales) que transmite y refuerza las relaciones asimétricas, jerárquicas e inequitativas que se dan entre los sexos en cada sociedad y que es utilizado en todos los ámbitos de la misma. Dentro de estos ámbitos queremos destacar el administrativo, ya que no es una práctica habitual contemplar e incluir en sus documentos un uso adecuado del lenguaje. Basta leer un par de documentos o escuchar los mensajes telefónicos de las instancias administrativas para poder detectar que se sigue usando el masculino como lenguaje universal y neutro”.1

Se niega la feminización de la lengua y se niegan las aportaciones que las mujeres han hecho al lenguaje, aportaciones que han aportado nuevas visiones del mundo que han servido de base y asidero para la construcción de una cultura más civilizada, más equilibrada y más incluyente, sin embargo, al negarlo se invisibiliza a las mujeres, se obstaculizan y rechazando los cambios sociales y culturales que están ocurriendo en la sociedad, frenando el desarrollo integral que la humanidad pueda tener como especie.

Vale la pena aclarar, que si bien el sexismo en el lenguaje, particularmente en el idioma “español”, ha originado diversos debates y estudios por parte de la Real Academia de la Lengua Española, es menester aclarar que el punto medular no es discutir si la lengua española es sexista o no sexista, sino el uso que hacemos de ella y el impacto que causa en la sociedad.

En razón de lo expuesto, existe la necesidad urgente de promover, impulsar y fomentar el uso de un lenguaje incluyente para ambos sexos, principalmente desde las instituciones formales como agentes socializadores primigenios y en edades tempranas, que genere comprensión, tolerancia, solidaridad, aprecio y respeto a las diferencias biológicas que existen entre los hombres y las mujeres, y que al mismo tiempo, permita fortalecer la identidad, impulsar la autonomía, liberar a las nuevas generaciones de prejuicios, roles y estereotipos que socaban la dignidad de las personas, impiden el desarrollo pleno de las potencialidades, retrasan el desarrollo y obstaculizan el avance democrático de las mujeres.

Bajo el anterior orden de ideas, es de reconocerse que la escuela en tanto espacio de institucionalización de la educación, es uno de los ámbitos de socialización más importantes. La obligatoriedad de la educación básica, no sólo brinda condiciones de instrucción, sino de generación de identidades colectivas. De esta forma, las pautas de conducta y los marcos de valores que se fortalecen en el seno de la educación formal, constituyen un elemento determinante para incidir en la promoción de formas de convivencia y de respeto. Sin embargo, los roles en que se fundamenta el privilegio de la intolerancia, el abuso y la discriminación, encuentran en estos mismos espacios formas de albergarse en el imaginario social a través de la reproducción de formas de relaciones verbales y no verbales. Por ello, al apuntar hacia la observación y revalorización de la construcción cultural de las y los educandos, sin lugar a dudas, permite distinguir una oportunidad para influir tanto en el comportamiento que tendrán en su vida adulta, así como en la resignificación de las relaciones con que entienden su desarrollo presente.

En consideración a lo expuesto líneas atrás, vale resaltar que para la institucionalización de nuevos marcos valorativos que resulten claros y adecuados para las exigencias del desarrollo de nuestra sociedad, resulta fundamental que en la educación básica y media superior, cuya rectoría corresponde al Estado, se considere la promoción de valores democráticos que fomenten actitudes positivas entre y hacia las nuevas generaciones de estudiantes, en donde las diferencias del sexo al cual se pertenece no sea motivo de exclusión sino de aprecio a la diversidad que fomente una cultura incluyente y de respeto, lo cual implica en primer lugar la erradicación del lenguaje sexista y el establecimiento de un lenguaje incluyente.

Uno de los retos fundamentales que encontramos en la sociedad mexicana en este camino de integración de valores que animen una vida colectiva democrática, es la llamada “perspectiva de género”, la cual aplicada a los programas y políticas públicas, lejos de representar una postura ideologizada asentada en la confrontación, contribuirá a instaurar formas de respeto, tolerancia y equidad que permitan volver tangible la “igualdad sustantiva” entre hombres y mujeres, la cual de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “es la igualdad de hecho o material por oposición a la igualdad de derecho o formal. Supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.”

La importancia lo hasta aquí señalado, hace que su atención no deba restringirse a su reconocimiento unidimensional. Los problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas requieren de la consideración de su dimensión en relación con los diferentes actores que se involucran en su desarrollo y desde una visión de Estado, que ofrezca respuestas que vayan más allá de la coyuntura. El abordaje de cualquier problema desde las bases de la legislación y del análisis de política pública representa un esfuerzo por responder a la necesidad de dimensionar los problemas públicos desde la primacía de la acción y la capacidad gubernamental, pero principalmente, se reitera que también desde la comprensión de la problemática vista desde los actores que intervienen en su desarrollo.

La presente propuesta, reconoce la necesidad de construir una agenda educativa con perspectiva de género, en donde que claro que la educación es un espacio de construcción de individualidades y de identidades, y que éstas se conducen tanto desde la currícula institucional, como a través de los materiales educativos, y por supuesto, desde las actividades que tienen lugar en el entorno escolar, así como en el modelaje que ofrece el cuerpo docente en el trato cotidiano. Acciones todas que constituyen un ingrediente sustancial en la construcción del andamiaje social.

No es ocioso, describir y reflexionar en esta propuesta como el lenguaje sexista, produce discriminación de género. “El aspecto más conocido y reconocido es el del uso del masculino como genérico en las lenguas de origen latino, lo cual abarca a centenares de millones de hablantes en el mundo. (...) En el caso que nos ocupa los sustantivos, artículos y adjetivos en masculino subsumen el femenino siempre que conviene. De hecho, lo fagocitan. De este procedimiento se derivan los fenómenos siguientes:

1. Invisibilización de las mujeres: simplemente, ellas no constan.

2. Exclusión: se las omite abierta y deliberadamente.

3. Subordinación: aparecen en posición de objeto pasivo, objeto del habla.

4. Desvalorización: se las menciona como inferiores o como ejemplo de inferioridad cuando se trata de una comparación.”2

Tal y como lo señala la especialista Rebeca Moreno Balaguer, “un lenguaje sexista es aquel que oculta, infravalora, subordina y/o excluye a las mujeres. En principio el lenguaje admite usos, lo que significa que en sí mismo no tendría por qué considerarse sexista. Sin embargo hay que tener en cuenta que (1) el uso hegemónico es sexista y que (2) no sólo es sexista en sus usos, sino que contiene elementos discriminatorios en sí (....)”.

Bajo las premisas anteriores, es a todas luces conveniente, resaltar algunas precisiones y reflexiones contenidas en el Manual de Lenguaje no Sexista,3 en donde con afortunada precisión se refiere al lenguaje no sexista como “un uso igualitario del lenguaje que, de forma consciente, pretende fomentar una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere. Forma parte del lenguaje inclusivo o incluyente, un concepto más amplio que contempla otras discriminaciones por razones diferentes al sexismo. Pero sobre todo es una apuesta política para visibilizar a las mujeres, que sabe que el lenguaje puede ser una herramienta de exclusión. Y este debe ser nuestro principal argumento”.

Siguiendo las ideas anteriores, el punto de acuerdo planteado, más que una proposición es el planteamiento de un reto para realizar una apuesta política para la visibilización de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, de jefas de familia, de las profesionistas, de las jornaleras, de las trabajadoras domésticas, de las obreras, de las migrantes, de las empresarias, de las comerciantes. Una apuesta por la visibilización de todas las mujeres mexicanas.

Una apuesta política que trascienda partidos porque las construcciones sociales más allá de las cuestiones técnicas y teóricas no están desvinculadas de las cuestiones políticas, por el contrario, están ligadas, cohabitan y coexisten en un vínculo indisoluble.

El lenguaje como vehículo transmisor de concepciones cumple un papel trascendental en la percepción de la realidad y las relaciones humanas, por ello es menester impulsar un lenguaje cuyas palabras sirvan para hacer añicos “el techo de cristal”, sirvan para derribar las barreras ideológicas que toman formas argumentativas bajo las cuales se justifica la misoginia, el abuso, la discriminación y la violencia.

Ya desde 1992, la UNESCO fue determinante al señalar que “mediante el lenguaje no sólo nos comunicamos e interactuamos, transmitimos conocimientos, percepciones, creencias, opiniones, sentimientos, describimos la realidad y las personas. Al transmitir las experiencias de generación en generación, el lenguaje nos enseña a pensar de determinada manera a tal punto que condiciona nuestro pensamiento y contribuye a la construcción de nuestra idea y visión del mundo”. En suma un lenguaje sexista conculca a las mujeres sus derechos fundamentales y contribuye a crear una imagen negativa de ellas al transmitir mensajes estereotipados que las desvalorizan y refuerzan su posición subordinada en la sociedad.

“El lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un producto social e histórico que influye en nuestra percepción de la realidad. Al transmitir socialmente al ser humano las experiencias acumuladas de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo. Los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite sobre las mujeres son el reflejo del papel social atribuido a éstas durante generaciones. A pesar de que el papel de las mujeres en la sociedad ha experimentado desde principios de nuestro siglo, particularmente en las últimas décadas, profundas transformaciones, los mensajes que el lenguaje sigue transmitiendo sobre ellas refuerzan su papel tradicional y dan una imagen de ellas relacionada con el sexo y no con sus capacidades y aptitudes, intrínsecas a todos los seres humanos”.4

Finalmente, es fundamental considerar que la presente Proposición, descansa sobre las bases legales de lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, particularmente en lo mandatado en el artículo 45, donde se establece el compromiso y la obligación de “capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas...; así como de incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres...”, así como lo establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Educación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos Instrumentos Internacionales de los que México es parte.

En suma, promover, impulsar y establecer un lenguaje no sexista, incluyente, democrático, justo, equitativo, tolerante, respetuoso y solidario, sin lugar a dudas será un paso importante para consolidar lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 para dar paso a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

En razón de lo antes expuesto y fundado, presento a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la instrumentación de las acciones conducentes para dar viabilidad a las reformas y leyes en materia educativa aprobadas por este Congreso y publicadas por el Ejecutivo federal el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como en congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y lo ordenado en las leyes en materia de igualdad entre mujeres y hombres, erradicación de la violencia y discriminación por razones de género, e Instrumentos Internacionales suscritos por México, se promueva, impulse y establezca tanto entre el personal docente como entre las educandas y los educandos un “lenguaje no sexista” en los diferentes niveles de la educación básica y media superior, el cual permee hacia los materiales y currícula educativa, en aras de contribuir al establecimiento de la igualdad sustantiva entre los sexos.

Notas

1 Manual para el uso no sexista del lenguaje, Marzo de 2011, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

2 Sau, Victoria. 2001. Diccionario Ideológico Feminista, Volumen II. Barcelona: Icaria. Págs. 158 y 159)

3 http://www.acsur.org/IMG/pdf/Manual_de_lenguaje_no_sexista.pdf Manual de Lenguaje no sexista, ACSUR-Las Segovias Manual elaborado por Rebeca Moreno Balaguer.

4 UNESCO. Recomendaciones para un uso sexista del lenguaje. http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputada María de Jesús Huerta Rea (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los programas presupuestarios a cargo de la CNDH registrados en 2012 y en el presente año, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3º, fracción XVIII; 6º, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente “proposición con punto de acuerdo; por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haga del conocimiento público el total de los programas presupuestarios a cargo de la CNDH registrados en el año 2012 y los registrados en el año en curso; los indicadores, cumplimiento de objetivos y metas; así como los resultados de las evaluaciones del ejercicio 2012, de los programas presupuestarios correspondientes a las unidades responsables ejecutoras: “Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones”, “Sexta Visitaduría General” y “Oficialía Mayor”. Asimismo, al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la justificación de la transferencia de los recursos asignados al programa presupuestario denominado “R030” de la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH”; al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, surge con su respectivo programa presupuestario denominado “R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones” el 21 de mayo de 2012, ante la necesidad de contar con un área cuya finalidad sea la de analizar y evaluar todos los procesos relacionados con el seguimiento de las Recomendaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 21, fracción IX y 32 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones es una unidad administrativa que tiene las siguientes atribuciones:

• Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para lograr su cumplimiento;

• Realizar las funciones previstas para la Unidad de Enlace en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional y;

• Las demás que le sean encomendadas por el Presidente de la Comisión Nacional.

2. La Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inició sus funciones el 18 de junio de 2012, a quien le compete el conocimiento de asuntos laborales, ambientales, culturales y de carácter económico y social; asimismo, le corresponde conocer, analizar e investigar las quejas e inconformidades sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos, por violaciones cometidas por autoridades de carácter federal, realizar las actividades necesarias para lograr por medio de la conciliación, la solución inmediata entre las partes; de no ser así, formular los proyectos de Recomendación correspondientes.

La Sexta Visitaduría General, mediante la Actividad Institucional denominada “004 Promover y Divulgar la Cultura de los Derechos Humanos Eficiente y Ampliamente” es la responsable de operar; entre otros, los programas presupuestales, siguientes:

a) “E027 Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes de hechos de presuntas violaciones graves a los Derechos Humanos”. Con objetivo no identificado.

b) “E028 Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos”, que tiene como objetivo: contribuir al respeto de los Derechos Humanos del ámbito laboral y social mediante acciones de promoción, objetivo que se efectuará en la medida que se realicen las acciones para el respeto de los derechos humanos en el ámbito laboral y social.

“E029 Atender Asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales”, que tiene como objetivo: contribuir al respeto de los Derechos Humanos del ámbito económico, cultural y ambiental mediante acciones de promoción, objetivo que se efectuará en la medida que se realicen las acciones para el respeto de los derechos humanos en el ámbito económico, cultural y ambiental.

3. La Oficialía Mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la Unidad Administrativa responsable de la planeación, programación, presupuestación, organización, dirección, ejecución y seguimiento de las funciones y actividades económico – administrativas del Organismo, así como de establecer los mecanismos adecuados para la administración del personal y el suministro de bienes y la prestación de servicios administrativos, con la finalidad de atender las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que requieran los diferentes órganos y unidades administrativas.

Para el despacho de sus asuntos, la Oficialía Mayor cuenta con el apoyo de cuatro Direcciones Generales que a continuación se describen:

• Dirección General de Normatividad y Desarrollo Tecnológico

• Dirección General de Finanzas

• Dirección General de Recursos Humanos

• Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

La Oficialía Mayor, mediante la Actividad Institucional denominada “002 Administración de Recursos Eficiente y Transparente”; es la responsable de operar entre otros, el programa presupuestal, siguiente:

“M001 Actividades de Apoyo Administrativo”, que tiene como objetivo contribuir a la protección, promoción estudio y divulgación de los derechos humanos, así como al fortalecimiento institucional mediante la proveeduría oportuna de los recursos financieros, tecnológicos, humanos y materiales a las unidades responsables, con el objeto de alcanzar las metas y objetivos institucionales.

En términos de lo señalado por el artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones tiene, además, en su calidad de Unidad Enlace, las siguientes funciones:

• Recabar y difundir la información a que se refiere el artículo 7, además de propiciar que las unidades administrativas la actualicen periódicamente;

• Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias, entidades u otros órganos que pudieran tener la información que solicitan;

• Realizar los trámites internos de cada dependencia o entidad, necesarios para entregar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones a los particulares;

• Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

• Habilitar a los servidores públicos de la dependencia o entidad que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

• Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos, y

• Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares.

Consideraciones

a) Derivado del análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012, se destaca el programa denominado “R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones” dentro de los programas presupuestarios que presentaron mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado, en el grupo desempeño de las funciones, del cual se informa lo siguiente:

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, análisis del ejercicio del presupuesto programático, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cabe señalar, que el programa presupuestario “R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones”, reportó un ejercicio de 5,124.1 miles de pesos, que representa 100% del presupuesto modificado del programa, al final de 2012. A diferencia del resto de los programas presupuestarios que presentaron subejercicio y que fueron planeados con antelación al R30.

b) Asimismo, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2012 presenta en el apartado “Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, programas que mostraron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado, principalmente de los siguientes:

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, análisis del ejercicio del presupuesto programático, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

c) El Informe 2012 de la CNDH, destaca que de 23,347 quejas recibidas en el período, únicamente se emitieron 93 recomendaciones, es decir, apenas se llegó a un 0.3 por ciento de resolutivos. En total la CNDH tiene pendientes denuncias sobre asuntos que inmiscuyen a más de la mitad de la población.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destaca que la opinión pública sobre la Comisión refleja deficiente desempeño tanto a nivel administrativo como operativo.

Del análisis a lo señalado, se detectan inconsistencias que contravienen la Ley de Planeación artículo: 16 fracción V (Planeación) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 1, párrafo 2, 2 fracción XXII, 5 fracción I, inciso b) (principios y criterios del ejercicio presupuestal), siguientes:

• La carencia de planeación de los programas que establece la CNDH.

• La programación presupuestal anual no se realiza con base en las necesidades reales de operación ni en los principios de eficiencia y eficacia.

• La presunta falta de indicadores de los programas señalados, debido a que no se incluyen en el reporte del análisis del cumplimiento de los indicadores para resultados CNDH, presentado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012.

• Programas presupuestarios que presentan mayor decremento en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado, observando un subejercicio por 30,750 miles de pesos.

• Deficiente desempeño tanto a nivel administrativo como operativo.

Por otra parte, se observa falta de transparencia en la página oficial de la CNDH publicada en internet, debido a que no contempla el programa anual 2012, motivo por el cual no permite constatar si se cumplieron los objetivos y metas establecidas en los programas presupuestarios observados.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, C. Raúl Plascencia Villanueva, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, lo siguiente:

• El total de programas presupuestarios a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registrados en el año 2012 y los registrados en el año en curso.

• Motivo y justificación por el que implemento el programa presupuestario “R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones”.

• Indicadores, y cumplimiento de los objetivos y metas, así como los resultados de las evaluaciones a los programas presupuestarios 2012, siguientes:

E027: Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes de hechos de presuntas violaciones graves a los derechos humanos

E028: Atender asuntos de presuntas violaciones a los derechos humanos

E029: Atender Asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales

M001: Actividades de Apoyo Administrativo

R030: Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones

• Cuál fue el motivo del subejercicio por 30,750.0 miles de pesos, de los programas presupuestarios E027, E028, E029 y M001.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, a hacer del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, la justificación de la transferencia de los recursos asignados al programa presupuestario denominado “R030” de la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a pagar la indemnización por despido injustificado al ciudadano Alfonso González Santana, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 16 de Junio de 2005, el ciudadano Alfonso González Santana, demandó a la Coordinación de la Diputación Federal de Estado de México en la LIX Legislatura, de la Cámara de Diputados, y al diputado Víctor Ernesto González Huerta y/o a quien resultara responsable o propietario de la fuente de trabajo, por haberlo despedido injustificadamente.

Desde entonces el compañero González Santana ha tenido que peregrinar entre las salas del tribunal para que le sean restituidas mediante un laudo, las prestaciones a las que tiene derecho.

Tras mucho andar, y después de varios años, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje falló a favor del demandante.

El fallo del tribunal fue que la Cámara no tenía responsabilidad en el asunto, toda vez que se comprobó que quien contrató al demandante fue el Grupo Parlamentario del PRI, de esto se desprende que las investigaciones realizadas por el tribunal, y de acuerdo a las pruebas aportadas por el ciudadano González Santana, dan por responsable al Partido Revolucionario Institucional.

Resolviendo que se le pague al ciudadano la indemnización correspondiente por un monto de 644,654.79.00 pesos, más lo que se acumule por sueldos caídos hasta que se pague el adeudo, que para un partido quizá no sea mucho, pero para una persona a la que se despidió injustificadamente puede ser todo su patrimonio.

Cabe señalar que el Laudo fue dictado en fecha 8 de octubre de 2009, se han presentado en diversas ocasiones, diferentes actuarios a realizar el requerimiento de pago del laudo y hasta la fecha, a más de 96 meses de dictada la resolución, no se ha actuado como debe ser y por tal razón, no se ha dado cabal cumplimiento a la sentencia.

No puede ser que a más de 96 meses no se haya requerido el pago al demandado, ni se haya tomado ninguna medida para ello.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en apoyo a la ciudadanía y en estricto apego a la ley propone en siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a pagar la indemnización por despido injustificado, en agravio del ciudadano Alfonso González Santana, toda vez que la resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que se llevó a cabo condena al partido mencionado a pagar al demandante la indemnización constitucional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre de 2012.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a crear el programa de mejoramiento de escuelas de los niveles de la educación básica y media superior en convenio con los estados y los municipios, a cargo del diputado Kamel Athié Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Kamel Athie Flores integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a crear el programa de mejoramiento de escuelas de los niveles básico y medio en convenio con los estados de la federación y los municipios al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Por infraestructura física educativa se entiende –dice la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en el artículo 4o.–, los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.

En relación con la infraestructura física educativa, el 14 de marzo de 2013, esta Cámara de Diputados aprobó la última reforma a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de marzo de 2013. Se reformó en esta ocasión el artículo 11 para incluir entre los requisitos que deberá cumplir en el país la infraestructura física educativa, el uso eficiente del agua, lo que representa un gran avance para el país.

Recientemente, el Congreso aprobó la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Todas ellas elementos estructurales de la reforma educativa.

A propósito de la reforma educativa, han surgido diversas voces que con justa razón, señalan que el estado físico de las escuelas públicas, en especial las del nivel básico, se encuentran en deplorables condiciones; otros más aducen que esa debería ser la preocupación central del gobierno y no tanto el papel de los maestros en el sistema educativo.

La verdad es que ambos aspectos muestran los rezagos que experimenta el país en materia educativa, y aquí se enfrenta una gran paradoja que es necesario reflexionar y superar: ¿De qué servirían profesores altamente capacitados, si se tienen retos que vencer en infraestructura educativa?

El gran capital de los sistemas educativos en el mundo, sin duda, son los educadores que deben estar insertos en un proceso de mejoramiento y de actualización continua para reivindicar sus aspiraciones personales de bienestar pero, más que nada, impartir educación de calidad.

Sin duda, los educadores y educandos requieren de entornos favorables para impartir y asimilar conocimientos. De allí que el estado de las aulas y su equipamiento jueguen un papel determinante para lograr los grandes objetivos nacionales, donde se asegura que la educación debe ser el motor del desarrollo.

En complemento a lo dicho, los contenidos, los planes y programas de estudio deben considerar nuestra evolución histórica y del mundo; respetar la máxima constitucional de ser laica, gratuita y obligatoria buscando formar individuos éticamente responsables y aptos para enfrentar y resolver problemas. Sin embargo, también debe responder a las realidades de un mundo moderno y cambiante, que exige el dominio de idiomas, del internet y las tecnologías de la comunicación.

La intención de esta proposición, es despertar el interés del gobierno, para que de inmediato se ponga en marcha un programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa, en su modalidad de inmuebles, para beneficiar las escuelas que se encuentran en estado malo o pésimo, dándole prioridad a las dañadas por los meteoros Ingrid y Manuel, que según se afirma, dañó el 20 por ciento de las escuelas.

En la parte de inversión, se propone que los recursos disponibles en la SEP dentro de los programas “Escuela Digna” y “Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo”, que tiene algunos miles de millones, se puedan combinar con aportaciones estatales y municipales hasta por la misma cantidad. Con esta combinación de aportaciones, se incrementaría el monto de presupuesto de 4,686 millones de pesos a 9 mil 372 millones de pesos, para abarcar el mayor número de espacios educativos posibles.

Las obras a realizar genéricamente se orientarían a mejorar techos, pisos, baños, instalaciones hidráulicas, aires acondicionados y/o calentadores en climas extremosos, cercos perimetrales, bibliotecas, espacios deportivos y laboratorios.

Se propone que los diagnósticos los elaboren directores de escuelas conjuntamente con padres de familia, mediante el llenado de formatos sistematizados que permitan que en menos de un mes se tengan cuantificados los planteles y el tipo de obras que habría que realizar.

Igualmente se cree conveniente que los directores de las escuelas, sean los encargados de ejecutar las obras con auxilio técnico de los municipios o de los gobiernos estatales, siendo supervisados por los padres de familia.

Al suscrito de esta proposición, le tocó poner en marcha un programa de estas características en el estado de Chihuahua, con el cual se beneficiaron alrededor de 3 mil 200 planteles. La movilización social fue básica por la toma de conciencia de todos los actores de la educación, se logró abatir costos y concretar las obras en el período de vacaciones.

Para el 2013 se tienen 2 mil 830 millones pesos para estas obras, que esperamos se concreten con la forma de ejecución tradicional. Para el 2014 se asignarán 3 mil 330 millones para el “Programa Escuelas Dignas”, 862 millones para “Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo” para educación básica y 524 millones de pesos para “Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo” para educación media superior, que con el Convenio del Gobierno Federal con Estados y Municipios se convertirían en 9 mil 372 millones y se abarcaría el doble de los planteles programados. Los alumnos son municipales y también estatales, por lo que los gobernadores y alcaldes deben darle prioridad a la educación en sus programas.

El éxito de esta proposición depende de que su ejercicio se sujete a lineamientos distintos a las reglas de operación del programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas “Escuela Digna”. Los lineamientos de su ejercicio deben ser muy flexibles y descargar en las direcciones de las escuelas y en la representación de los padres de familia de cada centro escolar, la propuesta de obras y su ejecución con una amplia participación comunitaria.

Las obras deberán realizarse por administración directa y generar una derrama económica en las localidades mismas donde se ejecuten las obras o en las regiones donde su ubiquen. Para ello, la adquisición de materiales de construcción se hará de preferencia en las localidades beneficiadas o, en su caso, en las localidades más cercanas al lugar donde se ejecuten. La mano de obra se reclutará en las mismas localidades beneficiadas para favorecer el incremento del empleo.

Entre la federación y los estados deberán firmarse convenios que enumeren las obras a nivel estatal, sus montos de inversión y las aportaciones respectivas de cada nivel de gobierno. A nivel de localidad deberán firmarse acuerdos para la ejecución de las obras por administración directa, con la participación en la programación, ejecución y control de las autoridades municipales, los directores de las escuelas y los padres de familia.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a crear el Programa de Mejoramiento de Escuelas de los Niveles Básico y Medio en convenio con los estados de la federación y los municipios.

Segundo. La normatividad para la programación y ejecución de las obras del Programa de Mejoramiento de Escuelas de los Niveles Básico y Medio en convenio con los estados de la federación y los municipios, deberá prever la realización de las obras por administración directa y generar una derrama económica en las localidades mismas donde se ejecuten o en las regiones donde su ubiquen. Para ello, la adquisición de materiales de construcción se hará de preferencia en las localidades beneficiadas o en su caso en las localidades más cercanas al lugar. La mano de obra se reclutará en las mismas localidades beneficiadas para favorecer el incremento del empleo.

Tercero. Que deberá diseñarse un formato universal de solicitud de recursos en función del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, que actualmente se está implementando por la Secretaría de Educación Pública, para obtener un inventario de las necesidades en cada escuela y determinar el grado de deterioro de la misma; para ello se formarán grupos de validación técnica en cada uno de los estados de la federación. El formato deberá ser llenado por el director de la escuela solicitante de recursos con la validación del comité escolar, conformado por los padres de familia. El formato deberá contener los siguientes datos:

• Generales

- Datos de identificación geográfica.

- Domicilio del inmueble.

- Tipo de inmueble.

- Situación de propiedad del inmueble educativo.

- Características constructivas del inmueble (paredes, techos y pisos).

• Espacios del Inmueble

- Aulas.

- Talleres.

- Laboratorios.

- Bibliotecas.

- Aulas de medios.

- Auditorios.

- Oficinas administrativas y académicas.

- Espacios recreativos y deportivos.

- Sanitarios.

• Servicios

- Agua.

- Drenaje.

- Electricidad.

- Internet por tipo.

- Teléfono.

- Señal de televisión abierta o de paga.

- Bebederos.

- Aire acondicionado o calentadores en climas extremosos.

• Protección civil.

- Extintores.

- Salidas de emergencia.

- Zonas de seguridad.

- Enfermería o botiquín de primeros auxilios.

- Rampas de acceso a discapacitados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre del 2013.

Diputado Kamel Athie Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las gasolineras que despachan litros incompletos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, haga del conocimiento público el número de gasolineras a las cuales les ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos y cuántos procedimientos ha iniciado al respecto; asimismo al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, el número de estaciones y ubicación de los despachos de gasolina que ha clausurado; de las sanciones impuestas, y también se le exhorta a que intensifique los operativos de verificación a gasolineras y actualice cada 30 días la base de datos denominada Quién es quién en las gasolineras ; al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El 25 de septiembre de 2013, la organización civil al consumidor publicó una lista que según con la base de datos obtenida de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en todo el país hay 2 mil 909 gasolineras que venden litros incompletos de combustible a sus clientes.

Segundo. Del total de estas gasolineras, 183 se encuentra en el Distrito Federal, en colonias como la Anzures, Condesa e Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Del Valle, Lindavista, Lomas de Chapultepec, Nápoles, Narvarte, Roma, San Ángel y Santa Fe, entre otras; en el estado de México hay 291, en Nuevo León 150 y en Jalisco 86.

Consideraciones

A) De conformidad con el Manual de la Franquicia de Pemex, el franquicitario deberá de cumplir con las leyes, normas y regulaciones vigentes; entre otras, las siguientes:

• Ley Federal de Protección al Consumidor, vigente.

...

• Ley Federal de Metrología y Normalización, vigente.

• Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-vigente, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

Es por ello que en acato a estas leyes y sus reglamentos el empresario gasolinero tiene la obligación de:

• Permitir a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad en la calibración del sistema de despacho de combustible.

...

B) El Manual de la Franquicia de PEMEX, en su numeral 1.8 Supervisión y apoyo a estaciones de servicio franquiciadas, señala:

“A efecto de comprobar que el franquiciatario opera la estación de servicio franquiciada de acuerdo con las disposiciones señaladas en los contratos de franquicia y de suministro, Pemex Refinación realizará visitas comerciales en forma permanente para constatar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el franquiciatario ”.

C) El numeral 1.21 Rescisión del contrato del Manual de Franquicias de Pemex , indica:

“Existen diversas causas que pueden motivar la rescisión de los contratos de franquicia y de suministro , las que por su importancia; entre otras es la siguiente: suministre o proporcione volúmenes o cantidades de producto menores a las ofrecidas y/o vendidas y/o solicitadas por el consumidor”.

D) Por otra parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 24, señala:

“La procuraduría tiene las siguientes atribuciones :

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento”;

E) El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas es un impuesto especial al precio final de este combustible que se ajusta cada mes. Entró en vigor en 2008 y su aplicación sería temporal; sin embargo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, consideró que: “el subsidio a las gasolinas es regresivo y no beneficia a los que menos tienen, y por ello tendría que revertirse, aunque reconoció que no sería razonable hacerlo de un día para otro”.

Ante los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, señalo: “que seguirá el desliz mensual en el precio de las gasolinas, pues la cotización de estos combustibles no será estática y dependerá de su importación”.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el número de gasolineras a las cuales les ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos y cuántos procedimientos ha iniciado al respecto, en el periodo comprendido 2010 a 2013.

Segundo. Se solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Alfredo Castillo Cervantes , haga del conocimiento público el número de estaciones y ubicación de los despachos de gasolina que ha clausurado; así como de las sanciones impuestas; y se le exhorta a que intensifique los operativos de verificación a gasolineras y actualice cada 30 días la base de datos denominada Quién es quién en las gasolineras que es publicada en la página web http://www.profeco.gob.mx/”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a cumplir por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013 de la CNDH, en materia de trata de personas, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Información presentada en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “la trata de personas, es un problema que afecta a 20.9 millones de personas en el mundo y que cada año capta alrededor de 2.5 millones de seres humanos (Organización Internacional para las Migraciones). Según la ONU, las mujeres, niñas y niños conforman los sectores más afectados por este delito (22 por ciento son menores de edad, 66 por ciento mujeres). México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas para la trata de personas, hay entre 16 mil y 20 mil niñas y niños como esclavos sexuales.

Asimismo, establece que “las ganancias ilícitas generadas por este delito, ascienden a cerca de 36 mil millones de dólares, superadas sólo por el narcotráfico y el tráfico de armas. La trata de personas lastima a las víctimas, a sus familias y agravia a toda la sociedad; también es una violación sistemática a los derechos humanos y un problema de seguridad pública, que repercute en personas con mayor condición de vulnerabilidad.”

En México, el delito de trata de personas se encuentra tipificado en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007), en diversos códigos penales y leyes especiales estatales1 y en lo enmarcado en el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas publicado en el pasado mes de septiembre; a la par de lo establecido en los diversos instrumentos internacionales que el país ha firmado.2

De tal manera que está contemplado que “comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes”.

El delito de trata implica:

La acción de reclutar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas por medio de amenazas o el uso de la fuerza u otras formas de coerción como el rapto, el fraude, el engaño o el abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios, para lograr el consentimiento de una persona que tiene el control sobre otra con fines de explotación.

Las formas de explotación incluyen la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud y las prácticas análogas a la misma, así como la extracción de órganos.3

Cabe destacar que, el país cuenta con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la cual “fue creada para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, para contribuir al derecho de la ciudadanía a que se le procure justicia”,4 toda vez que es la instancia que, “ da respuesta por parte del Estado a la violencia contra las mujeres y la trata de personas, contribuye a una procuración de justicia igualitaria para mujeres y hombres, que fortalece el Estado de Derecho, al dar cumplimiento con los tratados internacionales ratificados por México y que atiende la perspectiva de género. Con estos fines, pone como centro de sus tareas la integración de las investigaciones penales en el combate a esta clase de delitos y la atención integral de las víctimas; participa en la construcción de políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres y la trata de personas, y colabora en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas”.5

Sin embargo, el Ejecutivo Federa prevé reducir en casi 20 por ciento el presupuesto para dicha dependencia en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, lo cual representa una reducción de alrededor de 20 millones de pesos, ya que en 2013 recibió 111 millones 642 mil 228 pesos, mientras en 2014 se le asigna un presupuesto de 90 millones 34 mil 843 pesos,6 esto pese a que se busca aumentar en 25.6 por ciento el presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación; lo cual nos parece un hecho inoportuno dado el contexto nacional referente al delito de trata de personas.

Es así que la CNDH en la ya citada Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 presenta tres propuestas para enfrentar esta problemática:

a. Prevención. Impulsar campañas en contra de la pornografía infantil, abuso y turismo sexual, implementando mecanismos eficaces para la detección y atención de las víctimas.

b. Colaboración. Promover una estrecha cooperación y colaboración con la sociedad civil para hacer un frente común y eficaz contra la trata de personas, fortaleciendo las acciones de prevención y sensibilización.

c. Armonización legislativa. Armonizar la legislación interna con el objetivo de prevenir y erradicar la trata de personas.

Si bien estas propuestas representan un piso mínimo para lograr avances sustantivos en el combate contra la trata de personas en México, es necesario que exista la voluntad política de los tres órdenes de gobierno para combatir y erradicar esta problemática que aqueja a la sociedad en su conjunto y en donde las mujeres y niñas son las principales afectadas; por lo antes expuesto presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a que por medio de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, cumpla con las propuestas enmarcadas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de trata de personas.

Notas

1 http://imumi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2 4&Itemid=125

2 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Docs_PDF_trata/ 1_9.pdf

3 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños

4 http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/Que%20es%20fevimtra.asp

5 http://www.pgr.gob.mx/Combate%20a%20la%20Delincuencia/Delitos%20Federales/fevimtra/mision%20vision%20y%20valores%20de%20fevimtra.asp

6 www.jornada.unam.mx/2013/09/23/index.php?section=sociedad&article=0 37n2soc&partner=rss

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 31 días del mes de octubre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que publique en su página web el uso y la distribución de los recursos económicos destinados al Fondo de Previsión Presupuestal por Entidad Federativa correspondiente a los ejercicios de 2012 y 2013, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Federal José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XVIII; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente “proposición con punto de acuerdo; por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, publique en su página web oficial el uso y distribución de los recursos económicos destinados al fondo de previsión presupuestal por entidad federativa, correspondiente a los ejercicio 2012 y 2013; asimismo la compra, calidad y distribución de los medicamentos por entidad federativa”, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) es creado el 15 de mayo de 2003, como respuesta a las necesidades de la población sin seguridad social, es una estrategia para garantizar la protección del derecho a la salud, a través de un esquema de aseguramiento público voluntario, para aquellas personas que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social. Asimismo busca otorgar cobertura de servicios de salud en todo el país.

El Sistema de Protección Social en Salud es coordinado por el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y operado por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), con el apoyo de los servicios estatales de salud.

Los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud tienen acceso por medio del Seguro Popular, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral sus necesidades de salud.

El objetivo general del Seguro Popular es evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.

Los objetivos específicos del Seguro Popular son:

• Contribuir al logro de la cobertura universal en salud.

• Lograr que la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) tenga acceso efectivo a servicios de salud.

• Fortalecer y consolidar la operación y la sustentabilidad financiera del SPSS.

Los mecanismos con que cuenta el SPSS para dar acceso a los servicios de salud a sus beneficiarios son: el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), la cobertura del Programa Seguro Médico Siglo XXI, el Componente de Salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidad y el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP).

a) El Causes cubre la totalidad de las intervenciones del primer nivel de atención médica y los principales padecimientos reportados como egresos hospitalarios. En tanto que con este mecanismo en el 2004 se cubrían solamente 90 intervenciones, actualmente se cubre 285 intervenciones;

b) El FPGC, financia la atención de enfermedades que por su complejidad y alto costo son consideradas como catastróficas. Actualmente a través de este Fondo se brinda cobertura en 59 intervenciones clasificadas en 19 grupos de enfermedades: cáncer cérvico-uterino, VIH/sida, cuidados intensivos neonatales, cáncer de niños y adolescentes, trasplante de médula ósea en menores de 18 años, trasplante de médula ósea en mayores de 18 años, cáncer de mama, cáncer de testículo, Linfoma No Hodgkin, trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos, trasplante de córnea, enfermedades Lisosomales en menores de 10 años, hemofilia en menores de 10 años, infarto agudo al miocardio en menores de 60 años, cáncer de próstata, trasplante de riñón en menores de 18 años, Hepatitis C, cáncer colono-rectal y tumor maligno de ovario.

c) El Programa Seguro Médico Siglo XXI, protege a los niños menores de 5 años con un seguro médico de cobertura amplia contra todas las enfermedades de este grupo de edad, adicionales a las cubiertas por el Causes y por el FPGC.

d) El Componente de Salud del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, otorga a los beneficiarios del programa, un paquete básico garantizado de salud, acciones en materia de capacitación para la salud y la provisión de suplementos alimenticios a niños de 6 a 59 meses de edad y a mujeres embarazadas y en lactancia; y

e) El FPP, es destinado a fortalecer la infraestructura en salud y la demanda imprevista de servicios de salud por un evento inesperado o por la portabilidad a la que tienen derecho los beneficiarios del SPSS.*

* Informe de Resultados del SPSS, enero a junio de 2013.

2. El esquema financiero del SPSS es tripartito, con aportaciones de la Federación, las entidades federativas y los beneficiarios; no obstante los recursos federales y los estatales, constituyen la principal fuente de financiamiento para dar protección en salud a las personas, en razón de que la mayor parte de la afiliación se concentra en los grupos de menores ingresos, los cuales se ubican en el régimen no contributivo.

El gobierno federal realiza una aportación anual por persona afiliada al SPSS, la cual se compone de los dos conceptos siguientes:

• Una Cuota Social (CS), en un monto equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal, que se actualiza anualmente de conformidad con la variación anual observada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para el 2012, el monto de esta aportación fue de 880.19 pesos, y

• Una Aportación Solidaria Federal (ASF), en un monto que debe representar al menos una y media veces el monto de la Cuota Social. El promedio nacional en 2012 ascendió a 1,320.29 pesos.

Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal efectúan una Aportación Solidaria Estatal (ASE) por persona afiliada, la cual debe ser al menos en un monto equivalente a la mitad de la Cuota Social.

Por su parte, los beneficiarios del SPSS participan en su financiamiento con cuotas familiares que son anticipadas, anuales, progresivas y que se determinan con base a las condiciones socioeconómicas de cada familia.

3 La honorable Cámara de Diputados autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013, un monto de 67,597.3 millones de pesos y 69,766.4 millones de pesos; respectivamente, para el SPSS, el cual se integró de la siguiente manera:

Tabla. Presupuesto autorizado y ejercido 2012 y 2013 (Cifras en millones de pesos)

Fuente: Informes de Resultado del SPSS 2012 y de enero a junio de 2013

Consideraciones

a) La gran bolsa de presupuesto del Seguro Popular ha sido ejercida con irregularidades que han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. La fiscalización realizada para el ejercicio fiscal 2010, señala que de las 32 auditorías practicadas, una a cada estado, la opinión contenida en los dictámenes de la ASF fue negativa para 20 de ellas y con salvedad para las 12 restantes. La ASF apunta que las observaciones recurrentes para tres años de fiscalización, del 2008 al 2010, del Seguro Popular fueron: por Irregularidades sobre remuneraciones al personal, falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, irregularidades en la ministración y operación del recurso, deficiencias en la adquisición y en el manejo del medicamento. Las deficiencias documentadas reflejan que el control del gasto es débil en las entidades, y tampoco existe un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía*

* Auditoría Superior de la Federación, “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010. Seguro Popular”, México, 2013. Disponible en http://www.asf.gob.mx/Section/59_Informes_especiales_de_auditoria.

b) El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, reportó que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no contó con indicadores ni metas para medir el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios; la CNPSS no evaluó los padrones de beneficiarios de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud para mejorar la integración, protección y calidad de la información de los mismos; en 2011, 5 millones 839 mil 570 beneficiarios del Seguro Popular se encontraban registrados en padrones de instituciones de seguridad social; no se evaluaron los componentes financiero, gerencial y de impacto del Seguro Popular; la comisión no acreditó que, con la información derivada de la encuesta de percepción a los afiliados al SPSS, no se instrumentaron acciones que permitan la adecuada toma de decisiones, y no se establecieron metas sobre el nivel de satisfacción que debían presentar los afiliados encuestados; en la Matriz de Indicadores para Resultados 2011 del programa presupuestario U005 Seguro Popular no se consideró la calidad de los servicios otorgados y no se formularon indicadores que permitan medir el impacto del seguro en las condiciones de salud de los afiliados, y la información reportada por la CNPSS en la Cuenta Pública 2011 no permite evaluar el cumplimiento de los objetivos del Seguro Popular establecidos en el Programa Estratégico de Desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012.

c) El Observatorio de Mortalidad Materna reportó de 2009 a 2011 el incremento alarmante de incidencia de muertes en mujeres afiliadas al Seguro Popular, como se muestra a continuación:

Fuente: Observatorio de Mortalidad Materna, cifras disponibles en www.omm.org.mx

d) La Evaluación de Consistencias y Resultados del Seguro Popular 2011-2012, considera que existen áreas de oportunidad, como mejorar la calidad de los servicios de salud; garantizar que no haya cobros en el punto de servicio; y asegurar que ninguna persona le sea negada la filiación al sistema.

e) Se destaca que en los últimos cinco años del sexenio —de 2006 a 2012— del gobernador del Estado de Tabasco C. Andrés Granier Melo, compró y distribuyó medicinas caducas dentro del programa del Seguro Popular.

El coordinador del Seguro Popular en esta entidad, Romel Cerna Leader, quien tiene como atribuciones; entre otras, definir la participación de los Gestores en el procedimiento para la vigilancia del cumplimiento de la acreditación de las Unidades Médicas; así como establecer el mecanismos para el control general y supervisión del equipo de Gestor. Denunció que esto representó un importante monto de los más de 700 millones de pesos de recursos federales desviados del sector salud en 2012, último año del sexenio de Granier Melo, de acuerdo con auditorías del gobierno estatal y federal*.

*http/www.proceso.com.mx/?p=353267

f) El informe de resultados del SPSS de enero a junio de 2013, en el apartado VII. A. 1.3. Aplicación de los recursos del SPSS, señala que el 3 por ciento se transfiere al Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), que se destinan de la siguiente forma: dos terceras partes para atender necesidades de infraestructura y equipamiento de unidades médicas de atención primaria y de especialidades básicas en zonas de mayor marginación social, y una tercera parte para cubrir las diferencias imprevistas en la demanda de servicios esenciales en el nivel estatal y, para la garantía ante el eventual incumplimiento de pago por la prestación interestatal de servicios de salud; sin embargo, no reporta de manera puntual que necesidades de infraestructura y equipamiento de unidades médicas se cubrieron por estado con el presupuesto asignado.

g) Una de las cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 es el denominado “México Incluyente” y tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, entre los que se encuentran el derecho a la salud. En el ámbito de la salud el PND establece el objetivo de Asegurar el acceso a los servicios de salud y una de sus estrategias es garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad a través de, entre otras cosas, garantizar los medicamentos y desarrollar la infraestructura del sistema de salud. En este contexto el SPSS, conocido como Seguro Popular, a junio de 2013 tiene registrados 53.3 millones de beneficiarios, de acuerdo con los reportes oficiales, lo que representa el 45 por ciento de los 118.4 millones de población mexicana*.

*Comisión Nacional de Protección en Salud, “Sistema de Protección Social en Salud. Informe de resultados enero a junio 2013, disponible en http://www.seguro.

Cabe señalar que no obstante a que el seguro popular ha incrementado la cobertura de salud, no ha logrado la cobertura universal y no toda la población afiliada accede a los servicios de salud de manera oportuna y con calidad que lo necesita debido a la insuficiencia de médicos, centros de salud y hospitales de especialidades básicas y de alta especialidad.

El Seguro Popular aún no es garantía para todos los afiliados ya que tampoco garantiza el surtimiento total de las recetas a pesar de que es una obligación establecida en la Ley General de Salud.*

*Ver Díaz, Pérez, Lavielle y Varela, “Salud: derechos, política y presupuesto públicos”, disponible en http://fundar.org.mx/op/?p=49.

Las insuficiencias de la atención pública de salud obligan a la población a pagar los servicios de salud y los medicamentos indispensables para la recuperación de la salud, lo que ha implicado que el gasto de las familias financie la mitad del gasto total en salud. Esta situación impacta negativamente la economía de las familias afiliadas.

Por otra parte, las fallas en la rendición de cuentas públicas y periódicas redundan en insuficiencias en la asignación del presupuesto, calidad y pertinencia en salud.

h) El PPEF 2014 integra 37 programas en el Ramo 12 Salud., entre los que destaca el Seguro Popular al concentrar el 55.6 por ciento (72, 330.0 millones de pesos) de los 130,120.8 millones de pesos propuestos para Salud. Este aspecto es consistente con la política pública de salud seguida durante los últimos años, toda vez que mediante este programa se brinda protección social a la población no beneficiaria de la seguridad social*.

*Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados

No obstante, en el ejercicio presupuestal de 2012 del Seguro Popular, se detecta un subejercicio por 21.0 millones de pesos.

i) La página oficial de internet del Seguro Popular: http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/; no considera y/o en su caso no se encuentra actualizada la información siguiente:

• Destino y desagregado de los recursos transferidos al fondo de previsión presupuestal por entidad federativa correspondiente a los ejercicio 2012 y 2013.

• Indicadores, avance y cumplimiento de los objetivos y metas del fondo de previsión presupuestal por entidad federativa.

• El procedimiento y erogación en la compra de medicamentos, así como la calidad y distribución de los mismos por entidad federativa.

• El padrón de beneficiarios actualizado del Seguro Popular por entidad federativa,

En contravención a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su capítulo II, artículo 7, refiere a las obligaciones de transparencia.

j) El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala: que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, doctor Gabriel O´Shea Cuevas, haga del conocimiento público en un plazo no mayor de 10 días hábiles, en su página web oficial respecto al Seguro Popular, lo siguiente:

• Destino y desagregado de los recursos transferidos al fondo de previsión presupuestal por entidad federativa correspondiente a los ejercicio 2012 y 2013.

• Indicadores, avance y cumplimiento de los objetivos y metas del fondo de previsión presupuestal por entidad federativa.

• Cuál es el procedimiento y erogación en la compra de medicamentos, así como la calidad y distribución de los mismos por entidad federativa.

• El padrón de beneficiarios actualizado del Seguro Popular por entidad federativa, y cuáles son las acciones implementadas para evitar la duplicidad de beneficiarios en cada programa.

• El estatus que guardan las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio presupuestal 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la implantación del sistema braille en los libros de texto gratuitos de la SEP en el nivel básico, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Aída Fabiola Valencia Ramírez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pérdida de la vista es un problema que aqueja a nuestro país, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la segunda discapacidad en el país es la visual; en 2010 había 112 millones 336 mil 538 habitantes en la República Mexicana de los cuales 4 millones 527 mil 784 son discapacitados y un millón 292 mil 201 son de tipo visual.

La ceguera es una discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista, y puede suceder de manera repentina o con el paso del tiempo.

Existen varios tipos de ceguera, la parcial significa que la visión es muy limitada y la ceguera completa significa que no se puede ver nada, ni siquiera la luz.

Las principales causas de ceguera son las cataratas, el glaucoma, la degeneración ocular relacionada con la edad, las opacidades cornéales, la retinopatía diabética, el tracoma, las afecciones oculares infantiles causadas por la carencia de vitamina A, accidentes o lesiones a la superficie del ojo y obstrucción de los vasos sanguíneos.

La perdida de la vista limita la capacidad de las personas afectadas para realizar las actividades cotidianas y deteriora su calidad de vida. En su forma más grave, la ceguera reduce la capacidad de las personas para desplazarse sin ayuda, a menos que reciban una capacitación especial.

A pesar de todo, casi todas las formas de discapacidad visual, incluida la ceguera, pueden evitarse, tratarse y hasta curarse fácilmente mediante intervenciones ya conocidas. 43.24 por ciento de la población o sea 48 millones 575 mil 560 personas requieren de servicios optométricos en México.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS) se requiere un licenciado en optometría por cada 10 mil habitantes. México requiere 11 mil 234 licenciados en optometría, y aproximadamente se tienen 4 mil titulados. No existen licenciados en optometría desempleados. Las 15 escuelas a nivel licenciatura de optometría en México tienen mil 500 estudiantes. Cada año se gradúan 400 licenciados en optometría.

Ahora bien, tres de cada cuatro fracasos escolares están relacionados con una visión deficiente; cifras de la Secretaría de Salud reflejan que 18 por ciento de los niños en edad escolar necesitan algún tipo de apoyo visual, porque un niño que necesita lentes y no los tiene, no podrá desarrollarse por completo.

80 por ciento de la información ingresa por los ojos, si hablamos de una persona que padece de la pérdida de visión total, el aprendizaje llega a ser nulo. Por esta razón se creó el sistema Braille, que es un código de escritura diseñado para que personas con ceguera puedan leer a través del tacto.

Este sistema se basa en una cuadrícula de seis puntos dispuestos de forma vertical, en dos columnas de tres puntos cada una. Los puntos se numeran hacia abajo, siendo los puntos uno, dos y tres los de la primera columna, y los cuatro, cinco y seis los de la segunda columna.

La lectura se realiza a través del tacto con las yemas de los dedos, desplazándose de izquierda a derecha, y el resultado de su lectura es un literal de la lengua que se trate. Los lectores de Braille pueden alcanzar altas velocidades de lectura, situándose la media entre las 100 y las 125 palabras por minuto, pudiendo llegar en algunos casos hasta las 250 palabras por minuto.

Se estima que el número de niños con discapacidad visual en el mundo, asciende a 19 millones, de los cuales 12 millones la padecen debido a errores de refracción, fácilmente diagnosticables y corregibles. Sin embargo unos 1.4 millones de menores de 15 años sufren de ceguera irreversible.

Ante tal situación de salud y la transformación de las estructuras y demandas sociales actuales, la Secretaría de Educación Pública es la responsable de coadyuvar para la solución de este problema, ya que tiene el compromiso y la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir el propósito de brindar educación de buena calidad.

Es por esta razón que nuestra propuesta es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conjunto con la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, implementen en sus libros de texto en el nivel de educación básica el sistema Braille, y sin lugar a duda audio-libros, con el objetivo de que las personas con discapacidad visual tengan más oportunidades de aprender y desarrollar sus habilidades guiándose en el sistema educativo empleado por esta secretaría.

Además solicitar a la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales y municipales, a que con el programa Oportunidades, cuyo objetivo es apoyar al desarrollo humano de la población en pobreza extrema, brindando apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso, busquen soluciones para apoyar a este sector en cuestión de educación.

Con esto lograremos que la población afectada por discapacidad visual tenga más oportunidades de desarrollo en la situación social tan difícil que se vive actualmente de discriminación y pobreza.

Derivado de lo anterior someto a consideración a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortamos a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito para que implementen a nivel de educación básica, libros de texto con el código de escritura Braille, al igual que audio-libros, para así poder brindar mejores oportunidades a las personas con este padecimiento.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Desarrollo Social, y a los gobiernos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones incluyan en el programa Oportunidades a las personas con discapacidad visual.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a coordinar y realizar gestiones para instalar nuevas plantas potabilizadoras en Hidalgo y Guerrero, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es por todos conocido que por su ubicación geográfica, nuestro país está expuesto a diferentes eventos meteorológicos severos. En este contexto, uno de los que mayor impacto genera en nuestro territorio son los huracanes.

El paso de las tormentas Manuel e Ingrid por territorio mexicano pusieron en evidencia, no sólo la incapacidad del gobierno federal en materia de prevención de desastres, sino también en cuanto a reacción, control de daños y respuesta en situaciones como estas.

Prueba de ello es que un mes después del paso de dichos meteoros, sigue habiendo comunidades en Guerrero que se encuentran no solamente aisladas, sino que sus sistemas de riego continúan colapsados. Los huracanes no sólo provocaron daños a la población en términos de infraestructura, servicios y sistemas de producción, sino que han originado riesgos a la salud.

En Hidalgo, y otras entidades del país, la falta de agua potable ha generado el brote de enfermedades como el cólera, provocando grandes riesgos a la salud de la población que sufrió el azote los huracanes. En días pasados se registraron 171 casos de esta enfermedad, de los cuales, 157 casos fueron en Hidalgo; nueve, del Estado de México; dos, en el DF; dos, en Veracruz, y uno, de San Luis Potosí.

Dentro del Plan Nacional Hídrico 2007-2012 (el 2013-2018 no ha sido publicado), se encomienda a la Comisión Nacional del Agua, tareas que debe emprender para atender los daños que se ocasionen por los fenómenos hidrometeorológicos extremos; se establece que deberá trabajar en coordinación con las entidades, Municipios y dependencias federales, a fin de restablecer y normalizar el suministro de los servicios de agua y saneamiento; así como desalojar los volúmenes de agua en exceso en poblaciones inundadas, tareas que no han sido cumplidas por dicho organismo en la situación en cuestión.

Más aún, en el plan referido, se especifica que Conagua, deberá evitar la ocurrencia de posibles brotes epidemiológicos, proporcionando agua potable de manera emergente en los albergues, hospitales, centros de salud y a la población en general. Es evidente que estos objetivos no han sido cumplidos en cabalidad.

Para apoyar sus acciones en este tipo de acontecimientos, la Comisión Nacional del Agua cuenta con 20 Centros Regionales para la Atención de Emergencias, los cuales deben contar con plantas potabilizadoras móviles, equipos de bombeo, plantas para la generación independiente de energía eléctrica y camiones pipa.

Resulta inconcebible que a más de 30 días del suceso que cobró la vida de varios mexicanos, no se haya podido recuperar la normalidad en algunas regiones del país. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población en materia de salubridad.

El Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua debe no sólo coordinar la elaboración e implantar acciones que permitan reducir los efectos asociados a los fenómenos meteorológicos; sino apoyar en el restablecimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en situaciones de emergencia como la sufrida en días pasados, especialmente en las entidades de Guerrero e Hidalgo.

Es cierto que poco a poco se ha ido restableciendo el servicio gracias a la puesta en funcionamiento de las plantas del sistema normal de abastecimiento, otras tantas emergentes, así como algunas instaladas por la iniciativa privada. Sin embargo, resulta aberrante que en colonias enteras de Acapulco y otros poblados del estado de Guerrero, aún se tenga el reporte de que no cuentan con vital líquido, cuya carencia pone en riesgo la vida de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que coordine y realice las gestiones necesarias para la instalación de nuevas plantas potabilizadoras en los estados de Hidalgo y Guerrero, ya que, las existentes no son suficientes para cubrir la demanda de agua potable de todas las comunidades que se encuentran altamente vulnerables al carecer constantemente de este liquido vital para la vida diaria, poniendo en riesgo la salud de los habitantes de estas regiones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 31 días del mes de Octubre de 2013

Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a cancelar la instalación de las presas hidroeléctricas en la cuenca de La Antigua e informar a la opinión pública respecto al Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Luisa María Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La cuenca hidrológica Río La Antigua se encuentra localizada en los estados de Puebla y Veracruz, siendo en este último donde ubica su descarga hacia el Golfo de México al noroeste del puerto de Veracruz y al sur del río Actopan. Tiene una superficie de 3 mil 443.9 kilómetros cuadrados y sus principales afluentes son los ríos Matlacobatl y Los Pescados, aunque también comprende los ríos Xuchiapan y Huehueyapan.

Su vasta fauna comprende una gran variedad de especies, como el tejón, la coralillo, la trucha, el langostino de río, el camarón, el venado cola blanca, el ocelote y la nutria de río neotropical, las últimas tres se encuentran en la lista de la NOM-059, para la protección de especies nativas de México en riesgo.

Su flora la integran especies como el pino colorado y pino estrobos, la pata de elefante, el alamillo, palo de baqueta, palo barranco, álamo, cedro, ocozote, guarumbo y jonote y el helecho arborescente entre muchas otras más.

La cuenca de La Antigua tiene una población humana de más de 931 mil habitantes, el 13 por ciento de la población total de Veracruz se localiza dentro de esta cuenca en 17 municipios y 1 por ciento de la población del estado de Puebla en 3 municipios. El 94 por ciento de la población de la cuenca se encuentra en Veracruz.

Quienes conocen la región, y sobre todo quienes viven en ella, saben que La Antigua no sólo da vida, sino que mejora enormemente su calidad. Los pobladores se dedican a actividades tan variadas como la pesca, la agricultura, la ganadería y el turismo sustentable.

La Antigua es generosa y provee un ecosistema donde conviven cientos de especies de flora y fauna y el ser humano en un equilibrio que hasta ahora se ha mantenido gracias a la veda que existía desde la década de 1950 sobre los ríos.

Sin embargo, ese equilibrio se ve ahora seriamente amenazado por el Proyecto de Propósitos Múltiples, que el gobierno de Veracruz tiene planeado para la cuenca. En asociación con la empresa brasileña Odebrecht específicamente con su área de Participaçao e Investimentos (Inversiones y Participación), con la que se asoció el 19 de abril de 2013, y con la anuencia del Congreso de Veracruz que autorizó el 30 de julio de 2013 la suscripción y pago de un aumento de capital de la sociedad por la cantidad de 355 millones 795 mil 600 pesos, con el que planea llevar a cabo la construcción de una presa hidroeléctrica de enormes proporciones en la cuenca de La Antigua.

El proyecto tendría consecuencias devastadoras e irreversibles para el ecosistema de Veracruz, afectaría no sólo a las especies animales y vegetales sino también a la población humana conformada por más de 20 municipios que se encuentran en la cuenca, limitando el acceso al agua y provocando violaciones a los derechos humanos y desplazamientos forzados. Además, acabaría con el turismo del que desde hace varias décadas viven muchas de las comunidades que se encuentran en la cuenca y con las poblaciones que viven de la agricultura y utilizan sus aguas para riego. Envenenaría un río vivo y lo convertiría en lo que la empresa Odebrecht ha denominado “un negocio”.

Quienes conocen la cuenca de la antigua, quienes han nadado en sus templadas corrientes, quienes beben esa agua, quienes riegan sus cultivos con ella, quienes con ella alimentan a sus animales, quienes aprenden el valor de la biodiversidad en sus paisajes, los niños que ahí juegan y crecen, los campeones nacionales e internacionales de remo que ahí entrenan, los que han hecho del río y su descenso en balsa no sólo una forma de vida, sino una forma de transmisión del conocimiento y valor de la naturaleza; los que viven en y del río, que en esa región son todos y todo, saben que a La antigua no pertenece una presa hidroeléctrica que altere sus flujos hídricos, que acabe con sus especies exóticas, que desaloje familias enteras y que en general, elimine el estilo de vida del que desde hace generaciones vive su millón de pobladores.

Una obra de esta naturaleza no solo arrastra un impacto ambiental de gran magnitud y absolutamente irreversible, viene acompañado de la violación de los derechos humanos cada vez más vulnerados en el estado de Veracruz. ¿Cómo pretenden abastecer de agua a todos los poblados de la cuenca que hoy en día utilizan el río como fuente de abasto para sus cultivos, sus hogares y su vida diaria? ¿Qué pasa con toda la gente que se encuentra dentro de la zona en la que quieren construir las presas y no está dispuesta a vender sus tierras? La población de Barranca Grande fue desplazada de sus tierras sin mayor explicación, fueron violados sus derechos humanos más fundamentales por un proyecto que ni siquiera cuenta con una manifestación de impacto ambiental.

La Antigua merece el respeto por lo que la naturaleza tardó millones de años en formar y el valor de la gente que vive en ella, debe ser protegido.

El gobierno estatal, encabezado por Javier Duarte, está listo para imponerle a Veracruz una construcción infame, está listo para echar sobre el verde y el azul, el gris del cemento tan solo por un negocio económico y político, sin siquiera informar a los habitantes de Veracruz y de todo el país, en qué consiste el proyecto. A la fecha, ya con más de 355 millones de pesos aprobados y con una asociación constituida con una empresa brasileña, el gobernador no ha informado si quiera la posición exacta donde construirá la, o las, presas, sus dimensiones, sus características básicas, le fecha de inicio de las construcciones, el impacto ambiental esperado, absolutamente nada ha dado a conocer.

Sin embargo, las comunidades de la cuenca saben de la importancia de su río, y rechazan la construcción de la presa, rechazan que el gobernador no les haya informado nada, es por eso que se organizan para impedir que el gobierno pase por encima de la voluntad de los ciudadanos y por encima del principio de transparencia que debería como mínimo revestir un proyecto de esta naturaleza.

Las manifestaciones sociales son cada vez más enérgicas y lo serán cada vez mientras más cerca se encuentre el proyecto, además el extraño homicidio de Noé Salomón Vásquez Ortiz, activista opositor a la instalación de las presas en la cuenca veracruzana, asesinado el pasado 2 de agosto previo a su participación en el Encuentro Nacional de Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas en Defensa de los Ríos no hace más que enturbiar el ambiente y enardecer aún más a una población de por sí indignada.

El gobierno de Veracruz afirma que el propósito de la obra es abastecer de agua a Xalapa, sin embargo aunque es cierto que muchos hogares xalapeños tienen desabasto, ello tiene su origen en el deplorable estado que guarda la infraestructura y tubería hídrica de la ciudad. Existen estudios que señalan que más de 40 por ciento del desperdicio del agua de la capital Veracruzana se debe a fugas, a tomas clandestinas y al ineficiente cobro de derechos por agua.

Consideramos que en lugar de invertir los más de 355 millones de pesos en construir un represa que vulnere de muerte a La Antigua, para llevar agua desde Barranca Grande hasta Xalapa, lo cual implicaría un gasto energético considerable debido a la pronunciada pendiente entre la cuenca y la capital que se debe al desnivel de más de mil metros entre una zona y la otra, debería de invertirse para aumentar la recaudación y cobro por derechos de agua, y sobre todo para mejorar la deteriorada infraestructura hídrica de la ciudad. De igual manera existen métodos viables y sustentables como la captación de agua de lluvia en una ciudad en la que la precipitación anual es de 1 500 mm3, lo cual no implicaría afectar el ecosistema, y el estilo de vida de la población de La Antigua y es, la verdadera obligación del gobierno veracruzano, aunque no represente un negocio tan jugoso como la presa, ni la edificación de una obra faraónica.

Por todo lo anterior consideramos que el gobierno de Veracruz debe otorgar un informe detallado y exhaustivo de todo el contenido del Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, y por supuesto, cancelar la instalación de las presas hidroeléctricas en la cuenca de La Antigua, en beneficio no sólo de Veracruz, y sus habitantes humanos, animales y vegetales, sino de todo el país ya que la cuenca de “La antigua” es patrimonio natural de toda la nación, no un “negocio” del gobernador y una empresa extranjera, por lo cual someto a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a que cancele la instalación de las presas hidroeléctricas en la cuenca de La Antigua, y todo el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, así como a que haga pública toda la información disponible que contenga los detalles del proyecto y los avances hasta ahora relacionados con él.

Segundo. Se exhorta al gobernador de Veracruz a proteger los derechos humanos de todos los habitantes del estado, con énfasis en la protección de los defensores de derechos humanos y del ambiente, así como a esclarecer y aplicar la ley en el caso del asesinato del activista Noé Salomón Vázquez Ortiz, ocurrido el pasado 2 de agosto en Amatlán de los Reyes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2013.

Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del Día Mundial de la Ecología, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

México es un país de gran biodiversidad, pues en tan sólo el 1.5% de su superficie terrestre se encuentra cerca del 12% del total de las especies conocidas y que conjugadas entre sí, recrean espacios de indiscutible riqueza y valor no solo ambiental, sino también histórico, social y cultural.

Para dar inicio, es importante diferenciar a la ecología del medio ambiente, que si bien son partes integrantes, lo cierto es que cada una cuenta con características que las distingue y las convierte en un tema de vital importancia; así pues, mientras a la ecología se le define como una ciencia integradora e interdisciplinaria para comprender la compleja conjugación de relaciones que existen en un ecosistema; al medio ambiente se le puede conceptualizar de forma sencilla como aquel lugar en donde existen y coexisten los seres vivos.

Tal es la relevancia de dicha distinción, que a nivel mundial se estableció el 1 de noviembre como el Día Mundial de la Ecología , cuya celebración tiene como objetivo primordial resaltar la importancia de fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente, y promover la atención y acción política al respecto.

Es importante destacar que con esta conmemoración, se busca motivar a que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.

Observamos con tristeza que la falta de acciones de esta índole, debieron ser fomentadas y aplicadas desde años atrás, para que las consecuencias que hoy en día enfrentamos por el cambio climático, no tuvieran resultados tan devastadores.

Como hemos señalado, esta crisis se hace presente a través de los cambios climáticos que estamos padeciendo: la desertización, el aumento de la temperatura, las lluvias extremas, la erosión de los terrenos, la destrucción de la biodiversidad, la crisis mundial de los recursos hídricos y la contaminación del aire, del suelo y del agua, son algunos de los ejemplos.

Así también, la falta de espacios verdes, la superpoblación, el exceso de humo y calor generados por distintas máquinas, la gran cantidad de deshechos que generamos los seres humanos y el uso indiscriminado de vehículos, se suman a los factores de riesgo que con educación y prevención podrían erradicarse para combatir el deterioro ambiental.

Por ello, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Ecología, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, hacemos un claro exhorto a todos Ustedes compañeras y compañeros, para que sin distinción partidista, nos sumemos a la concientización del inminente cambio climático, para que implementemos desde nuestra propia esfera de trabajo, los pequeños cambios que en conjunto harán que se logre el verdadero equilibrio ecológico como el resultado de la interacción de los diferentes factores del ambiente, que hacen que el ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad dinámica, pues es importante saber que es precisamente la relación entre los individuos y su medio ambiente, la que determinan la existencia de un equilibrio ecológico indispensable para la vida de todas las especies.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre del 2013.

Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)