Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3890-VII, martes 22 de octubre de 2013
De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas
Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión celebrada el 12 de marzo de 2013, la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó la proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas, turno recibido en esta comisión el 13 de marzo.
Contenido de la proposición
La proposición consiste en los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.
Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.
Las consideraciones en que basa su propuesta la diputada Leticia López Landero inician al referirse a la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres para .el ejercicio de los derechos de éstas a votar y ser votadas en nuestro país, sin embargo refiere que actualmente muchas mujeres ocupan puestos y cargos públicos de alta responsabilidad, y muchas de ellas procuran la participación de las mujeres en el ámbito político, en igualdad de derechos y de oportunidades a efecto de que su participación contribuya en el diseño de políticas públicas a favor de las y los habitantes de nuestro país.
Destaca la participación de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, hasta el logro de obligaciones adquiridas por el estado mexicano de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995), lo que se materializa en reformas, ajustes y modificaciones legislativas que permiten impulsar la participación de las mujeres mexicanas en cargos de administración y de representación.
En ese sentido, nos explica que la legislación electoral, tanto federal como en las entidades federativas del país, ha ido paulatinamente incorporando medidas de acciones afirmativas para promover el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.
Nos explica que la participación de las mujeres es creciente en estos aspectos, hasta el punto, por ejemplo, de que en la presente LXII legislatura se registró en la Cámara de Diputados un número histórico de 185 diputadas, es decir, 37 por ciento de los 500 escaños, y en Cámara de Senadores el porcentaje es del 32.81 por ciento, es decir tomando en cuenta los 128 espacios en el Senado, 42 son senadoras y que, sin embargo considera necesario que la Cámara de Diputados emita el punto de acuerdo que propone ya que a pesar de lo anterior, muchas mujeres durante el ejercicio de su puesto o cargo público, incluso en el proceso previo a ocuparlo, son objeto de múltiples violencias y que lo anterior es inaceptable ya que menoscaba el ejercicio de sus derechos.
Refiere que voces diversas se han pronunciado sobre el acoso y violencia política que sufren muchas de nuestras compañeras en el ejercicio de sus derechos políticos a través de los medios de comunicación. Por otra parte, nos remite al contenido del los artículos 6 primer párrafo y 7 vigentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que versan sobre el derecho de todas las personas a la libertad de expresión, sin embargo apropiadamente nos explica brevemente que lo que no es debido, es justificar la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación invocando el derecho a la libertad de expresión.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Posteriormente expone el caso de un medio de comunicación de Veracruz del cual no refiere el nombre o razón social, sin embargo precisa que dicho medio difunde sus notas localmente de manera impresa ya través de la red de internet, que desde hace aproximadamente un año, se ha dado a la tarea de publicar notas, comentarios e incluso imágenes ridiculizando y ofendiendo a la diputada proponente Leticia López Landero.
La violencia psicológica que vive la diputada proponente desde hace aproximadamente año y medio ejercida a través de dicho medio de comunicación, en virtud del ejercicio de sus derechos políticos, la califica de política, lamentable, brutal, denigrante y sutil, toda vez que violencia cuando en dicho medio de comunicación, destacan a través de sus notas la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, ni sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas, generan también discriminación, lo cual contraviene el artículo 4o. y la fracción XV del artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación que establecen lo siguiente:
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión ,0 restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
...
XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.
En sus consideraciones menciona que lamentablemente es frecuente que en contra de las mujeres se emitan comentarios de carácter sexista, ofensivos o referencias y comparaciones destructivos sobre sus cuerpos y que estos comentarios que atentan contra la dignidad de las mujeres como seres humanas, también constituyen violencia y discriminación en su contra lo que no debe ser tolerado de ninguna manera.
Solicita que reconozcamos que el lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra las mujeres, y que tenemos la obligación de pararlo, no aceptarlo, e incluso, de censurarlo.
Contextualiza su experiencia en el marco de ser víctima de la violencia en su contra a través del medio de comunicación que alude, en virtud de su participación política y visibiliza que el objeto o fin de las agresiones que ha recibido desde hace un año y medio aproximadamente por parte de este medio de comunicación, son con el fin de discriminarla, lo que constituye un obstáculo en su participación política.
Por lo anterior, propone impulsar firmemente la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, para lo cual es fundamental visibilizar que la violencia en su contra a través de los medios de comunicación, el rumor institucional o la prensa sensacionalista son obstáculos que deben eliminarse para trascender al plano de las garantías y la legalidad, propone que algunas medidas para lo anterior serían colocar el tema en la agenda política, construir alianzas, proteger a las víctimas, sancionar a los agresores, acciones legislativas, entre otras como formular estadísticas y mediciones del problema, que afecta profundamente nuestro tránsito hacia un país verdaderamente democrático y que dichas medidas deben ir dirigidas no sólo a los medios de comunicación, sino a grupos, autoridades, personas físicas o morales, a efecto de que sus manifestaciones, expresiones, lenguaje y conductas sean de respeto, prudencia, y libres de violencia contra las mujeres.
Con base en las consideraciones expuestas propuso los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.
Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas dé campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.
Consideraciones
Primera. El artículo 1o. constitucional establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Ahora bien, por cuanto hace al derecho a la no discriminación a nivel internacional, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina en su artículo 26 que “[...] la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala en el artículo 1 que la discriminación contra la mujer denotará “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belem do pará) establece el derecho a una vida libre de violencia. En la Plataforma de Acción de Pekín se determinó específica mente la prohibición de la utilización de materiales informativos con contenido violento o degradante hacia la mujer en los medios de comunicación.1
En consonancia con los instrumentos internacionales, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe con rigor toda forma de discriminación, puesto que se considera un menoscabo a los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, ese texto constitucional determina que todas “las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Es pertinente señalar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, obliga a la armonización de todo el marco jurídico nacional pero sobretodo a garantizar que la legislación secundaria desarrolle los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas en este país.
La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define en el artículo 4 la discriminación como un acto de “distinción, exclusión o restricción que basada en el [...] sexo [...] o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.
Dicho ordenamiento establece además, en el artículo 9, fracción XV, que se considera como una conducta discriminatoria prohibida la de “ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación”.
Aunado a lo anterior, y con relación a las afirmaciones de la diputada Leticia López Landero, respecto a las agresiones que ha recibido por parte de un medio de comunicación de Veracruz desde hace aproximadamente año y medio, sus derechos establecidos en diversos instrumentos jurídicos en materia de no discriminación y de protección de los derechos humanos de las personas, son violados, lo que constituye probablemente la comisión de delitos o faltas en su contra, mismos que la proponente puede ejercer ante las autoridades competentes en el momento que considere oportuno, sin embargo, su proposición trasciende la mera denuncia de la violencia cometida en su contra, visibilizando la violencia en los medios de comunicación contra las mujeres, como una forma de discriminación, cuando constituye un obstáculo en el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres.
Es importante resaltar que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos prohíben expresamente la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, cuando la cometa un agente del Estado o bien un particular, como puede ser un medio de comunicación. Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho a la libertad de expresión pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoce el derecho a la no discriminación; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece el derecho a una vida libre de violencia y en la Plataforma de Acción de Pekín establece la prohibición de la utilización de materiales de contenido violento o degradante sobre la mujer en los medios de comunicación.
Segunda. La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación establece en el artículo 4 que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, asimismo que se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
La Comisión de Igualdad de Género considera que en este caso, evidentemente se conculca el derecho a vivir una vida libre de violencia de la diputada proponente en lo particular, pero la violencia en los medios de comunicación contra las mujeres dedicadas al oficio político, candidatas, representantes populares, con la intención de fomentar estereotipos, repudio, odio y violencia en su contra, constituyen un obstáculo para su participación política que puede manifestarse en el impedimento, anulación o reconocimiento de sus derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.
Tercera. Esta comisión desea hacer énfasis en que la incitación alodio y a la violencia, constituyen otra forma de discriminación contra las mujeres, que en el caso expuesto por la proponente, las expresiones emitidas por el medio de comunicación aludido, constituyen incitación a la violencia en su contra, por lo que tolerar las mismas, fomenta que dicho medio de comunicación se siga expresando de este modo de la diputada Leticia López Landero o de cualquier otra mujer dedicada o no a la participación política.
El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, entrando en vigor como tratado internacional en septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países, incluido México.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas define como violencia de género:
‘Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas o tales actos, la coacción o privación arbitraria, tanto si se producen en la vida pública o privada.
Es claro en este caso que la violencia contra la diputada Leticia López Landero, por parte del medio de comunicación que menciona, ha tenido o puede tener como resultado un daño o sufrimiento psicológico, toda vez que la califica como política, lamentable, brutal, denigrante y sutil .
Cuarta. Con fecha 1 de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que con relación al contenido de la proposición que se dictamina establece:
Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por
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XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.
Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera la violencia como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”,2 y precisa en el artículo 6, fracción I, que la violencia psicológica abarca tanto actos como omisiones que dañen la estabilidad sicológica tales como insultos, humillaciones y devaluación, entre otras.
De la Violencia en la Comunidad
Artículo 16. Violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.
Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de
I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria;
II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres.
Sección Primera. De la Federación
Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la federación
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XV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;
...
XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia;
XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley; y
XX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.
Quinta. En relación con lo que establece el artículo 41, fracción XVIII, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es necesario considerar que si bien el artículo 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, pero también señala el límite a ese derecho: el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en esa misma sintonía, garantiza el derecho a la libertad de expresión, pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas.3 De igual forma, así lo determina la Convención Americana sobre Derechos Humanos.4
Entonces, debe considerarse que el ejercicio de la libertad de expresión en la prensa no entraña el derecho a causar un daño a las personas y menos aún violentarlas. Por tal motivo, quienes sufran de infundios u ofensas en un medio de comunicación, cuentan con los instrumentos legales pertinentes para presentar su inconformidad. Asimismo, las normas prevén el derecho de réplica para salvaguardar la integridad de las personas que puedan ser víctimas de comentarios discriminatorios en medios de comunicación. Derecho que no fue concedido a las ofendidas.5
De acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres suscritos por el Estado Mexicano, particularmente, la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do pará) así como las disposiciones de las leyes específicas de protección a los derechos de las mujeres, particularmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:
La violencia contra las mujeres es una grave violación a sus derechos humanos y, algunas de sus manifestaciones, constituyen delitos que deben ser perseguidos y sancionados por los órganos responsables de la procuración e impartición de justicia, garantizando a las víctimas la reparación del daño.
Si bien en la propuesta se omite identificar cuál es el medio de comunicación escritos que incurrieron en la práctica discriminatoria y de violencia se estima procedente la solicitud de la legisladora, porque personal de esta comisión se dio a la tarea de buscar la información relativa por internet, pero sobre todo en virtud de que sí se reconoce la conducta lesiva que el medio realizó en contra de la diputada Leticia López Landero, por lo que, en esos términos se estima que debe realizarse el pronunciamiento, es decir, rechazar la violencia y discriminación de que fue objeto la diputada y así propiciar que el medio de comunicación aludido continúe realizando esta práctica en contra de la misma o de cualquier otra mujer.
Con base en las presentes consideraciones, así como en las referencias que cita la proponente en su escrito de las notas aparecidas en el medio de comunicación de Veracruz que la diputada proponente refiere que son distribuidas en forma impresa localmente, pero que son difundidas por internet, personal adscrito a la comisión dictaminadora se dio a la tarea de buscar dichas referencias vía Internet y las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género pudieron constatar que el medio de comunicación aludido por la diputada es el Buen Tono de Veracruz y que en las notas que se refieren a la misma denotan desprecio hacia su persona, por el hecho de ser mujer, según puede apreciarse, y más cuando ninguna referencia a los hombres es por su aspecto físico.
Sexta. Esta comisión considera que es imperante coadyuvar en cualquier acción orientada a repudiar estos actos y a fortalecer a las instituciones públicas que apoyan a las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y que tienen como propósito eliminar esta condición que afecta su integridad y dignidad.
Los actos de violencia en los medios de comunicación de los cuales ha sido víctima la diputada Leticia López Landero evidencian un desprecio hacia los derechos humanos de las mujeres. La Comisión de Igualdad de Género considera que no se debe pasar por alto dichos agravios que atentan en contra de la investidura legislativa y constituyen una violación de derechos humanos. Los adjetivos sexistas utilizados en contra de la legisladora, incitan alodio y a la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, es pertinente destacar que la dictaminadora considera que la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación públicos y privados, no debe ser tolerada, por lo que la Cámara de Diputados debe manifestarse en su contra.
Especialmente preocupa a esta comisión que las expresiones en los medios de comunicación que de carácter sexista o misógino, las referencias y comparaciones destructivas sobre sus cuerpos y con la intención de ridiculizar y ofender a las mujeres como todos aquellos comentarios que atenten contra su dignidad generen impacto nocivo como contribución al fomento de estereotipos y la incitación al odio contra las mujeres.
Como parte integrante del Estado mexicano, la Cámara de Diputados, como se anota líneas atrás, tiene la responsabilidad constitucional en la esfera de su competencia, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete a su consideración los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.
Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.
Notas
1 Destaca “que los medios de información de masas y las organizaciones de publicidad deben establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de contenido violento, degradante o pornográfico sobre la mujer en los medios de información, incluso en la publicidad”.
2 Artículo 5, fracción IV.
3 Así lo determina el artículo 19 al señalar que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, mismo que entraña deberes y responsabilidades especiales y, por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones para asegurar el respeto de los derechos o de la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
4 Artículo 13.
5 El artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho de rectificación o respuesta, a través del cual “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.
Por otra parte, en el ámbito nacional, la Ley sobre Delitos de Imprenta señala en el artículo 4 que se considerará maliciosa una manifestación o expresión cuando por los términos en que está concebida sea ofensiva, o cuando implique necesariamente la intención de ofender. Agrega en el artículo 27 que los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.
La Comisión de Igualdad de Género
Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras a dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI
Honorable Asamblea:
Esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo propuesta por el diputado José Martín López Cisneros, a fin de exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal a razón de dar celeridad al proyecto hidráulico Monterrey VI.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1 y 3, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I; 158, numeral I fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
I. Antecedentes
Primero. Con fecha 9 de abril de 2013, el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal, a razón de dar celeridad al proyecto hidráulico Monterrey VI, así como definir el esquema financiero e iniciar las obras a la brevedad posible.
Segundo . El 10 de abril de 2013, fue recibido en esta Comisión de Recursos Hidráulicos el oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0830 de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que turnó dicha iniciativa a esta comisión para efecto de su dictamen.
Tercero . Con fecha lunes 29 de abril del año 2013, se reunió la Junta Directiva de esta comisión en reunión extraordinaria, posteriormente se celebró una reunión plenaria extraordinaria el martes 30 de abril del año 2013, y dentro del orden del día de ambas reuniones se abordó el análisis del punto de acuerdo en mención.
Recibido el presente asunto, quienes integramos esta comisión, procedimos al estudio del siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
El diputado José Martín López Cisneros, solicita se someta a la consideración de este órgano soberano la proposición con punto de acuerdo por el se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal, a fin de darle celeridad a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI.
En el cuerpo de la proposición se señala que “El pasado 6 de diciembre de 2012, en su primera gira como presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto visitó nuestro estado, Nuevo León, cuyos ciudadanos le dieron una cálida bienvenida y más cuando se comprometió a impulsar y apoyar dos obras estratégicas para el desarrollo: la Línea 3 del Metro y el proyecto Monterrey VI.”, por lo sus palabras textuales fueron “aquí está el secretario de Comunicaciones, a quien instruyo para que a este proyecto (Línea 3 del Metro) se le imprima celeridad, al igual que el señor director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en lo que hace al proyecto de Monterrey VI.”
De igual manera refiere el diputado José Martín López Cisneros que “en esa gira de trabajo, el presidente Peña Nieto explicó que el proyecto Monterrey VI tendrá una inversión de casi 14 mil millones de pesos, se realizará en aproximadamente 3 años y consiste en un acueducto de 520 kilómetros de longitud, que pasará por los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, y llegará a Nuevo León, para garantizar el abasto de agua para los próximos 50 años en la entidad.” Al igual argumenta que la Cámara de Diputados, aprobamos el Presupuesto de 2013 del gobierno federal el cual incluye 2 mil 675 millones de pesos para iniciar las obras del citado proyecto.
También argumenta que “el pasado 4 de marzo, el director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, visitó Nuevo León y dio la noticia de que el esquema financiero que se implementará para la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI aún no está definido, por lo que no tienen fecha para el arranque de esta obra trascendental para el estado.”
Con base en lo anterior, el diputado José Martín López Cisneros, propone:
Único: Se exhorta al director de la Comisión Nacional del Agua, doctor David Korenfeld Federman, así como al director de Banobras, licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que atiendan la instrucción del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a fin de darle celeridad a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI, definiendo el esquema financiero y arrancando las obras a la brevedad posible.
Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes:
III. Consideraciones
Analizados que han sido los argumentos del diputado proponente, a fin de que se dé inicio cuanto antes a la construcción del proyecto Monterrey VI, para así lograr la seguridad de que todos los habitantes conurbados del estado cuenten con acceso al agua y de esta forma contribuir al desarrollo de la economía.
Lo anterior a razón de que el proyecto hidráulico denominado Monterrey VI, tienen como principal objetivo dar certidumbre al abastecimiento de agua y para sus exigencias futuras por los próximos 50 años; porque el acueducto conducirá el líquido desde el río Pánuco, ubicado en la región hidrológica 26, hasta la ciudad de Monterrey.
Que el proyecto Monterrey VI, dio lugar a un evento denominado Nuevo León: Desarrollo Innovador y Sustentable, llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León, el 7 de diciembre de 2012 y encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, el titular de la Conagua, donde informó que se destinarán casi 14 mil millones de pesos al proyecto Monterrey VI, del que iniciará la construcción del acueducto Tampaón–Cerro Prieto, de más 500 kilómetros de longitud, y que dará certidumbre durante los próximos años sobre el abasto de agua y el crecimiento de 16 municipios de Nuevo León. (Comisión Nacional del Agua. Comunicado de prensa número 453-12 Monterrey, Nuevo León, 7 de diciembre de 2012).
Asimismo, en dicho comunicado de prensa se señala que el proyecto dará sustentabilidad a la zona metropolitana de Monterrey y viabilidad al desarrollo industrial, comercial y de servicios, debido a que garantizará el agua suficiente para cubrir las demandas de los usuarios. Al mismo tiempo, contribuirá a aprovechar de manera responsable el agua de la cuenca del río Pánuco, que cuenta con suficiente disponibilidad.
Cabe destacar que es muy preocupante el abasto del agua en el estado de Nuevo León al ser una de las entidades más desarrolladas en el área económica, así como en su actividad empresarial e industrial y su creciente infraestructura, cualidades que lo han colocado para competir a nivel internacional. Por tanto siendo considerado este proyecto como el más ambicioso en la historia contemporánea del país, al igual que beneficiará a los estados de Veracruz y San Luis Potosí, para que sigan impulsando su desarrollo.
Coincidimos con el diputado proponente para que el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, defina la cantidad de recursos que se proporcionará a la entidad para la realización del proyecto Monterrey VI, de igual forma es primordial contar con el apoyo federal, dado que el proyecto ya está autorizado y planteado en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo faltando el apoyo necesario, para que obtenga su registro y forme parte del Fondo Nacional de Infraestructura.
Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al director de la Comisión Nacional del Agua, doctor David Korenfeld Federman, así como al director de Banobras, licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que se le dé seguimiento a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez, José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010
Honorable Asamblea
A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción 1, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:
I. Antecedentes
1. En sesión del pleno del martes 3 de abril de 2013, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión del Distrito Federal para .su estudio y dictamen correspondiente.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.
3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, el 25 de abril de 2013, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente.
II. Contenido de la proposición
Solicita que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un respetuoso exhorto al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.
III. Metodología
La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen.
IV. Considerando que
1. A decir del diputado proponente, la pasada administración del Gobierno del Distrito Federal, estuvo envuelta en escándalos por construcciones de obras y compras, cuyos pagos excedieron por mucho los costos estimados. En este sentido y refiriéndose a las alertas sísmicas, considera que se encuentra inconcluso un programa que implicó un gasto significativo como es el de las “alarmas sísmicas”.
Señala que noviembre del año 2010, la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, solicitó la adquisición de cincuenta mil receptores especiales de la marca Sarmex por medio de adjudicación directa.
Al respecto, menciona el diputado Astudillo que la justificación de la compra, fue la implementación de medidas preventivas de apoyo ante un movimiento telúrico de magnitud mayor a los cinco grados Richter.
2. Los equipos deberían instalarse en las escuelas de educación básica, hospitales y oficinas del Gobierno del Distrito Federal, pero que a la fecha no todos los dispositivos han sido colocados en sus debidos lugares.
3. Refiere además que el contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010 estableció el precio que debía ser pagado, el cual ascendía a $56’034,960.00 (Cincuenta y seis millones, treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional).
Puntualiza que, el plazo para la entrega por parte de la empresa Mdreieck, SA de CV, inició el día de la firma del contrato, y debió finalizar el día 31 de marzo del año 2011.
4. Al respecto menciona que la página de Internet de Sarmex señala como uno de sus clientes al Distrito Federal; asimismo, de la información contenida en el vínculo http://codigomx.com/proyectos/sarmex/?page_id=250, se deduce que según la empresa, ya cumplieron con las obligaciones, toda vez que dan a conocer en su página que todas las instituciones en sus respectivas delegaciones, están cubiertas con la seguridad propuesta. Sin embargo, actualmente la mayoría de equipos no están instalados en todas las escuelas del Distrito Federal, poniendo en una situación de peligro a los estudiantes, docentes y personal administrativo.
Agrega que, recientemente un medio de difusión realizó un muestreo en 50 escuelas públicas de educación primaria del Distrito Federal, en 6 delegaciones políticas, en el 20 por ciento de las escuelas, sus autoridades confirmaron no tener conocimientos de las alertas Sarmex, y en cinco casos, sí los tienen, pero no están instalados dichos receptores, en 35 escuelas solamente tienen un dispositivo instalado. De acuerdo al mismo medio informativo, actualmente existen 10 mil alertas de las cincuenta mil que no se sabe en dónde están.
5. Finalmente, señala que toda vez que este tema está involucrado directamente el orden público y uno de sus elementos, la tranquilidad pública, el legislador promovente considera pertinente que esta Cámara de Diputados incida en este asunto, por no se debe poner en riesgo a las personas, a los niños y en general, a cualquier persona, mucho menos si la intencionalidad de una política pública como la que se discute es la prevención.
6. Esta comisión dictaminadora, considera que si bien el objetivo de estos aparatos es la difusión de las señales del Sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México y con ello permitir anticipar acciones de prevención ante la ocurrencia de un sismo fuerte, además de que este sistema apoya a los Comités de Protección Civil y ayuda a fomentar la cultura de la autoprotección y a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, coincide con el promovente en sus argumentos esgrimidos; toda vez que contribuye con las políticas preventivas en materia de sismos y a la trasparencia y rendición de cuentas que debe observar todo gobierno, sin hacer un juicio de valor previo.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven aprobar la proposición con punto de acuerdo en sus términos. Por lo que somete a la consideración del pleno el siguiente:
Dictamen por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas en el Distrito Federal
Único . La Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, de manera atentas y respetuosa exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a instalar a la brevedad las alertas sísmicas restantes de las cincuenta mil previstas, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, cuya finalidad es alistar un evento telúrico instantes antes de que suceda.
Por la Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en Álvaro Obregón
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. Con fecha 23 de abril de 2013, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de diferentes barrancas ubicadas en la delegación Álvaro Obregón de esta ciudad.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.
3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme con lo siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo en que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación, se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican a continuación:
Que en el poniente del Distrito Federal existen 33 barrancas urbanas localizadas dentro de 13 cuencas. Hasta la fecha estos territorios se han degradado por falta de políticas contundentes para su protección y recuperación.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández señala que el pasado 28 de noviembre de 2012 se publicaron en la Gaceta del Distrito Federal los decretos por los que se declaran como área de valor ambiental con categoría de barrancas las denominadas “Volta y Kotch”, “Atzoyapan”, “Becerra Tepecuache Sección Loma”, “Del Moral”, “Guadalupe”, “Jalalpa”, “Texcalatlaco”, “Tacubaya”, “San Borja”, “Mixcoac” y “Magdalena Eslava”, todas ellas en la delegación Álvaro Obregón.
Además la legisladora expone que las áreas de valor ambiental son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad. Por ese motivo, la Ley Ambiental del Distrito Federal establece que las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental, y la Secretaría del Medio Ambiente es la encargada de elaborar un diagnóstico ambiental para cada una de ellas y a partir de dichos diagnósticos formular un Programa de Manejo respectivamente para cada una.
Puntualiza que el Programa de Manejo establece las regulaciones, lineamientos y modalidades que se deberán tomar en cuenta para la realización de las acciones del manejo sustentable de los recursos naturales del área.
además de que cada programa de manejo parte de un diagnóstico que incluyen estudios geológico, hidrológico, botánico, zootécnico jurídico, y de movilidad social argumentando finalmente que en la medida en que se instauren las medidas de restauración y aprovechamiento sustentable de las áreas de valor ambiental, se podrá avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable congruente.
La diputada promovente argumenta que el presente punto de acuerdo tiene el propósito de exhortar al gobierno del Distrito Federal para que destine los recursos necesarios para la elaboración y ejecución de los programas de manejo de las áreas de valor ambiental recién decretadas para el ejercicio 2014.
III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos
Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación.
Segundo . La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como con la información pública disponible al momento de su dictaminen; entre los que están.
a) Que los decretos del área de valor ambiental tanto como los programas de manejo son de gran importancia; derivado de que el primero establece su polígono como una mancha verde dentro de un denso contexto urbano y el segundo es el instrumento que orientará la realización de obras actividades compatibles con la vocación natural de esta barranca.
b) El programa de manejo plantea una serie de estrategias y actividades en el corto, mediano y largo plazo y señala a las áreas responsables del cumplimiento de sus metas, entre las que se encuentran acciones de reforestación, restauración y desazolve.
Tercero . Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos expuestos por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, por considerar que contribuye al fortalecimiento de las políticas y programas dirigidos a mantener las condiciones ambientales y ecológicas adecuadas del Distrito Federal, fomentando la creación, rehabilitación, mantenimiento, conservación y protección de áreas verdes urbanas, sin menoscabo de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal en su artículo 5o. que a la letra dice: Las áreas de valor ambiental son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve:
Único. Es de aprobarse en sus términos la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por lo que se somete a esta soberanía el siguiente:
Dictamen por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la delegación Álvaro Obregón.
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de su Mesa Directiva, de manera respetuosa exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a destinar recursos etiquetados al Fondo Ambiental Público para la elaboración y ejecución de los Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental con la categoría de barrancas “Volta y Kotch” , “Atzoyapan”, “Becerra Tepecuache Sección Loma”, “Del Moral”, “Guadalupe”, “Jalalpa”, “Texcalatlaco”, “Tacubaya”, “San Borja”, “Mixcoac” y “Magdalena Eslava”, todas ellas en la delegación Álvaro Obregón para el ejercicio de 2014.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Staffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.
De las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para atender la problemática de la agroindustria azucarera nacional
Honorable Asamblea:
A la Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondientes a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, fueron turnadas para estudio, análisis y dictamen la proposición punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía, y al Senado de la República, para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sanciones el capítulo de azúcares y jarabes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentadas por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 26 de febrero de 2013; y el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el 2 de abril de 2013.
Los integrantes de las Comisiones de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego ingresamos en su estudio, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 67, 68, 85, 87, 157, numeral 1, fracción l, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se somete a consideración de la honorable asamblea este dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 26 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-7-458 a las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, de la Secretaría de Economía y al Senado de la República para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sancione el capítulo de azúcares y jarabes del TLCAN, presentada por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, el 26 de febrero de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.
Segundo. En sesión celebrada el 2 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-4-572, a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN, el 2 de abril de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras formulamos las siguientes
Consideraciones
Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estas comisiones son competentes para conocer sobre las proposiciones con punto de acuerdo referidas en el exordio del presente dictamen.
Segunda. La crisis que actualmente atraviesa la agroindustria azucarera mexicana es producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada por la entrada en competencia con edulcorantes, la especulación en los mercados internacionales y los cambios de hábitos alimenticios en la población. Ha impactado a toda la cadena productiva del sistema producto caña de azúcar.
Tercera . Que el gobierno federal debe considerar alternativas para enfrentar el desplome en los precios del azúcar que ha orillado a productores e industria de la caña a la crisis.
Cuarta . Que el gobierno federal tiene el mandato constitucional atreves del artículo 27 de la Carta Magna, en su numeral XX de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Quinta. De la industria azucarera se originan cerca de 450 mil empleos directos y de manera indirecta 2 millones 200 mil, se estima que existen 165 mil productores. En 2012 la caña de azúcar se cultivó en 15 de las 33 entidades federativas donde en los últimos diez años se ha requerido una superficie cultivada del orden de 650 mil hectáreas. Por ello, el sector azucarero es de gran impacto en las actividades productivas y el desarrollo social del país.
Sexta. Que en los cincuenta y siete ingenios mexicanos se presenta una sobreproducción de azúcar lo que ha llevado a tener demasías en los inventarios mismos que se incrementarán al término de la zafra 2012 -2013, ya que se calcula que se tendrá una producción mayor a la de los últimos años estimando 6 millones de toneladas de azúcar y 50 millones de toneladas de caña. La sobreoferta en la producción de azúcar en lo que va del ciclo 2012-2013 ha provocado la diminución en los precios del insumo. La tonelada de azúcar estándar paso de 11 mil 888. 80 pesos en mayo de 2012 a 7 mil 907 pesos en la tercera semana de enero.
Séptima . Que el TLCAN ha sido factor del endurecimiento de la crisis azucarera, Estados Unidos consume 9 millones de toneladas por cada año de azúcar refinada y aproximadamente 12 millones de edulcorantes derivados del maíz, no obstante consume un 80 por ciento de sus necesidades. Se debe tener en consideración que el sector azucarero mexicano con excesiva producción se encuentra frente a un mercado estadounidense restringido.
Octava. Tras la firma del tratado, la industria azucarera mexicana ha concurrido por diversos periodos de crisis en parte por la importación de fructosa, edulcorante derivado del maíz que sustituye al azúcar en procesos productivos como la elaboración de refrescos. En 1997 empresarios del sector azucarero recurrieron a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía) para que se establecieran medidas necesarias buscando la protección de la industria nacional. El resultado fue el establecimiento de cuotas compensatorias a la importación de fructosa como medida de salvaguardia en favor de la industria local. En consecuencia de estas cuotas compensatorias las importaciones de fructosa en 1999 sólo fueron de 247 mil toneladas en contraste a 1997, último año en que la fructosa entró en el país sin cuotas compensatorias, que se importaron 337 mil toneladas.
Novena. Ante el impacto que causaron estas medidas en los granjeros norteamericanos productores de fructosa, solicitaron al Departamento de Comercio de Estados Unidos que tomará las medidas necesarias para defender sus intereses. Fue cuando el gobierno norteamericano recurrió a la Organización Mundial de Comercio para que revisara las acciones mexicanas en contra de la fructosa, argumentando la ilegalidad de las cuotas compensatorias impuestas. El organismo internacional falló en favor de Estados Unidos, alegando que al imponer México las cuotas compensatorias a la fructosa de manera unilateral había violado varios acuerdos comerciales.
Décima. En julio de 2000 cuando las empresas del azúcar, se encontraban endeudadas y con sobreproducción, solicitaron a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, adelantar la fecha en que la industria mexicana tendría derecho a exportar todos sus excedentes de azúcar, la Secretaria planteo esta solicitud al Departamento de Comercio de Estados Unidos y se dieron a conocer unas cartas paralelas en donde se modificaba la redacción y contenido del capítulo azucarero del Tratado de Libre Comercio. En ellas se determinó que la fructosa sería contabilizada para determinar la producción y el consumo del mercado de dulce y en consecuencia determinar el excedente de producción nacional que podría ser exportado hacia Estados Unidos, en consecuencia las fronteras no se abrirían al azúcar mexicano. Los industriales del azúcar se verían imposibilitados para exportar sus excedentes, calculados en unas 575 mil toneladas. Considerando las importaciones de fructosa, determinaban en tan sólo 100 mil toneladas el monto del excedente de producción y sólo esa cantidad sería sujeta a acceso preferencial al mercado norteamericano.
Undécima. Ante esto al gobierno mexicano sólo le quedaba apelar a la buena voluntad de Estados Unidos para incrementar el volumen de azúcar sujeto a acceso preferencial al mercado norteamericano. Situación que se agravó ya que Estados Unidos también atravesaba por una crisis de sobreproducción que les impedía abrir sus fronteras, so pena de deprimir los precios; así que sólo permitirían el acceso al monto de azúcar convenido en las cartas paralelas. En ese momento el subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales desconoce la validez de las cartas paralelas argumentando que sólo aparecen rubricadas, mas no firmadas.
Duodécima. Tratando de controlar la crisis, el 3 de septiembre de 2001, el gobierno decidió expropiar 27 ingenios azucareros –de 60 existentes en el país– ante la quiebra virtual en la que se encontraban. Pero esta acción no freno la entrada de edulcorantes.
Decimotercera. En los últimos años, de acuerdo a la organización Proazúcar, ingresaron en el mercado de edulcorantes de México, unas 2 millones de toneladas de fructosa, informan que en Estados Unidos el jarabe de maíz se vende en 10.30 pesos y en el mercado mexicano los industriales refresqueros acceden al producto con un costo de 8.41 pesos, lo que impacta en la industria refresquera que con esta oferta permiten mantener el precio de su producto final. Este mismo grupo consideran que la crisis azucarera podrá resolverse en la medida en que el Gobierno Federal establezca cuotas sancionadoras a la importación de fructosa. Otros grupos y organizaciones vinculados a la producción de azúcar coinciden en calificar como desleal la competencia de edulcorantes como la fructosa, que se importa con precios dumping.
Decimocuarta. Esta crisis ha ocasionado un ambiente confrontado, productores tomaron bodegas e ingenios azucareros el 21 de enero de este año, como protesta por la caída del precio de edulcorantes y el aumento en la importación de alta fructosa. Los cañeros piden que se ordene el mercado de tal manera que reciban precios justos por su trabajo realizado todo un año, y enfrentando el embate de las inclemencias climatológicas, los altos costos de los insumos y la carestía de combustibles y refacciones.
Decimoquinta. Considerando los elementos anteriores es importante mencionar que el pasado 20 de marzo del año en curso el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el cual se solicita crear e implementar un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, lo cual no demerita o desvanece los objetivos planteados por los diputados promoventes en sus respectivos puntos de acuerdo, más aún estas comisiones dictaminadoras consideran que se refuerza la exigencia de este poder legislativo de atender de manera prioritaria la problemática de la industria de caña de azúcar considerada una de las más importantes Industrias del motor de nuestra economía.
Decimosexta. Que estas comisiones dictaminadoras al analizar de manera separada y en su conjunto las propuestas de punto de acuerdo de los diputados promoventes coinciden en la necesidad de elaborar un solo dictamen legislativo que contemple ambas propuestas ya que los resolutivos de ambas proposiciones tocan la misma materia y resolutivos complementarios.
Decimoséptima. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, estas comisiones dictaminadoras tenemos a bien emitir los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y sumado al punto de acuerdo aprobado por esta soberanía el 20 de marzo de 2013 sobre este mismo tema, implante de ser necesario.
Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Economía a que determine si existen elementos económicos y legales que avalen la implantación de medidas de restricción a la importación de alta fructosa.
Tercero. Que las autoridades encargadas de los programas federales otorguen apoyos económicos a los campesinos cañeros con la finalidad de darles certidumbre y las condiciones para que incrementen su capacidad para generar empleo y se impulse su propio crecimiento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.
La Comisión de Economía
Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego
Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño, presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 14 de marzo de 2013.
La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 14 de marzo de 2013, los secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.
Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:
1. Incorporar en sus agendas de discusión la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados; y
2. Tipificar y, en su caso, adecuar en sus códigos penales la figura de “encubrimiento por receptación.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González.
El diputado Javier Filiberto Guevara González sostiene entre sus principales consideraciones que:
Aunque no se cuenta con cifras que den cabal cuenta de la magnitud del problema, es de todos conocido que la procedencia de artículos que llegan a las casas de empeño y compraventa de metales preciosos es en ocasiones dudosa o ilícita, lo cual favorece una forma de tráfico mercantil de artículos robados, que van desde teléfonos celulares, computadoras, pantallas, electrodomésticos en general y muebles hasta relojes, alhajas y metales preciosos.
Segunda. Los diputados de la Comisión de Economía están conscientes de la función social y económica que las casas de empeño han desempeñado durante la historia de nuestro país, ya que surgen de la necesidad de proveer recursos a sectores de la población que por diversas razones no son sujetos de créditos bancarios y que utilizan estos servicios para satisfacer necesidades básicas o urgentes, por lo que es fundamental evitar que su actividad sea utilizada para encubrir hechos delictivos.
Tercera. Sin duda alguna, con la expedición de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada el 30 de abril del 2012 y que entrará en vigor el 30 de octubre de 2013 y las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor el 18 de diciembre de 2012 y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2013, se ha contribuido a la regulación de las actividades que realizan las Casas de Empeño. Por un lado salvaguardando los derechos y necesidades del Consumidor y por otro protegiendo al sistema financiero, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Cuarta. Por lo que se refiere al exhorto propuesto por el diputado proponente, para que los congresos de las entidades federativas tipifiquen y, en su caso, adecuen a sus códigos penales la figura de “encubrimiento por receptación”, se considera que por no encontrarse tipificada esa figura a nivel federal, no se cuenta con un referente al cual sujetarse. Además, esta Comisión de Economía, se encuentra rebasada en sus facultades, para conocer, legislar o atender cuestiones de carácter penal.
Quinta. Por lo antes expuesto
La Comisión de Economía acuerda
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de abril de 2013.
La Comisión de Economía
Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia, Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena, José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el capítulo VII –relativo al campo– del TLCAN
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con proyecto de punto de acuerdo, por el que se exhorta a revisar de inmediato por el Senado y el Ejecutivo federal el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en el capítulo VII, relativo al campo, presentada María del Socorro Ceseñas Chapa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de abril de 2013.
La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157, numeral 1, fracción l y 158, numeral 1 fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente, basándose en los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 11 de abril de 2013, los secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó al exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. La legisladora propone en resumen lo siguiente:
Objeto y contenido
El relativo punto de acuerdo tiene como finalidad realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal y al Senado, a revisar de inmediato al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el capítulo VII referente al campo.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, presenta algunos de sus principales argumentos en la exposición de motivos que:
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suceso que acompañado a la falta de apoyos y programas gubernamentales al campo, provocaron un mayor deterioro. Esto lo podemos observar en un estudio presentado por SAGARPA en 2007, el cual determinaba que 6 de cada 100 campesinos eran productivos, capaces para competir. Desde entonces México pasó de ser autosuficiente a depender de las importaciones, principalmente estadounidenses.
El descuido del campo por parte de las autoridades gubernamentales ha dejado en desventaja al campo mexicano, ya que uno de los factores esenciales es el apoyo mediante subsidios. Para el caso de Estados Unidos los subsidios son aproximadamente 20 veces más altos que el de nuestro país, situación que vulnera a nuestros productores ante los productores extranjeros y, que además ven en México un mercado atractivo para colocar sus productos.
El Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de todos aquellos acuerdos ganados ante la larga lucha de los mexicanos, un caso en particular es el artículo 27 de la Constitución.
La entrada del TLCAN se tradujo en el abandono de las parcelas pertenecientes a los campesinos mexicanos, tal hecho acentuó su emigración hacia Estados Unidos en busca de trabajo, debido a que no todos ellos pudieron ser captados en las distintas ciudades de nuestro país. De igual forma, la constante y creciente carestía de los campesinos a causa de la escasa oportunidad de emplearse, surge una nueva válvula de escape, el crimen organizado, el cual hoy en día absorbe rincones inimaginables del campo mexicano y por lo tanto a nuestros campesinos.
El financiamiento al campo ha disminuido aproximadamente el 90 por ciento, asociado a la reducción de programas de apoyo al desarrollo e implementación de educación para los campesinos. Se sigue presentando una reducción considerable del apoyo al campo, un ejemplo claro es el Programa Especial Concurrente reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.
El Congreso Agrario Permanente reveló su preocupación ya que mil millones de pesos destinados a proyectos estratégicos del Programa Especial Concurrente 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un Presupuesto General para el Campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.
Segunda. La apertura comercial puede abonar al crecimiento de un país, dependiendo cómo y en qué grado se hace dicha apertura. Para el caso de México no se contemplaron las deficiencias que aún se tenían en comparación con el resto de países integrantes de los tratados comerciales, principalmente el TLCAN. Entre las características más significativas encontramos el bajo desarrollo e innovación tecnológica, acompañado por la baja productividad, elementos esenciales para competir y a su vez beneficiarse del libre mercado.
Tercera. En el caso de Estados Unidos, ser un país desarrollado le proporciona una mayor ventaja frente a socios comerciales que no lo son. Una de sus ventajas principales es su capacidad financiera e institucional para proteger aquellos sectores considerados estratégicos, por ejemplo el sector agrícola. Esta protección la lleva a cabo mediante algunos mecanismos:
• Subsidios.
• Financiamiento a una tasa de interés preferencial.
• Apoyo al desarrollo e infraestructura necesaria para el campo.
• Propicia las condiciones necesarias para intervenir en el mercado.
Cuarta. Para el caso de México, por su permanente restricción presupuestaria, mantener un esquema de apoyo y protección a este mismo tipo de sectores, ha sido históricamente complejo y con resultados insuficientes. En los hechos, los subsidios y apoyos al campo no han crecido en la misma velocidad que las necesidades y demandas. Por otra parte, la ejecución de los mismos no han surtido los efectos deseados en materia de productividad y competitividad.
Quinta. Existen millones de personas en México que dependen económicamente de actividades agrícolas caracterizadas por la baja productividad y bajos ingresos. Lo anterior, se explica por múltiples factores entre los que se destacan una vocación agrícola poco competitiva, falta de acceso a tecnología, financiamiento asequible, esquema de subsidios efectivos e intermediarismo.
Sexta. En el marco del denominado Pacto por México, suscrito por los presidentes de las principales fuerzas políticas nacionales y por el titular del Ejecutivo federal, que tiene como objetivo establecer una agenda legislativa conjunta de reformas a impulsar, se ubican los Compromisos 64, 65 y 66, que en conjunto buscan transformar el campo en una actividad más productiva. Dichos compromisos se refieren a:
a. Reactivar el campo mexicano para garantizar la seguridad alimentaria como una política de Estado y se establecerán medidas específicas para contener el precio de los alimentos, erradicar la pobreza extrema y promover a un sector de la economía que actualmente produce por debajo de su potencial. Así como impulsar medidas que combatan la intermediación y garanticen una adecuada comercialización de los productos del campo que se traduzca en mayores beneficios para los productores y mejores precios para los consumidores.
b. Incrementar la productividad agropecuaria a partir de una política de otorgamiento de crédito oportuno y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores. De igual forma, reorientar los subsidios para asegurar un apoyo a dichos productores. Impulsar el incremento de la tecnología, con particular atención en la modernización de los distritos riego, y la correcta articulación de cadenas productivas de valor.
c. El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en las zonas de menor viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema de pagos por servicios ambientales.(Compromiso 66)
Séptima. Por lo expuesto:
La Comisión de Economía
Acuerda
Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, para que además de su contribución al cumplimiento de los compromisos planteados en el marco del Pacto por México relativos al campo mexicano, se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás programas sectoriales, las acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo, logren resolver la problemática de productividad, competitividad e ingresos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los treinta días del mes de abril de de 2013.
La Comisión de Economía
Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a suscribir acuerdos con los gobiernos estatales y los municipales, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio para crear un banco de datos especializado donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos cometidos contra ellos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82 numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el siguiente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se dictamina, fue presentada el jueves 3 de abril del 2013 al pleno de esta representación nacional, por el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 3740-V, del miércoles 3 de abril del 2013, asignándosele el número de expediente 1685.
La Mesa Directiva acordó, el 3 de abril del 2013, turnar la iniciativa para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.
Se trata de un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a suscribir acuerdos con las entidades federativas y las organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio para crear un banco de datos donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de los migrantes, así como los principales problemas y los delitos cometidos contra ellos.
En la parte expositiva de las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de Punto de Acuerdo, el Diputado Proponente hace una descripción del fenómeno migratorio, señalando su alcance mundial y su permanencia, aporta datos para dar una explicación panorámica de la situación y problemática migratoria en el mundo.
Señala que La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida, para satisfacer necesidades básicas, que le permitan mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar. Anota que entre sus principales causas se encuentran el ámbito laboral, situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento relacionado con la salud para acceder a mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad y en menor medida por fenómenos naturales; aunado a ello, la globalización y los avances tecnológicos han alentado paulatinamente el deseo de las personas a trasladarse.
Hace hincapié en que nuestro país, por sus características geográficas, históricas, económicas, políticas y culturales ha sido y es espacio de origen y destino de corrientes migratorias; señala, que México es un “...país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que... faciliten y protejan la cooperación internacional, y... convoquen a los países... para crear el entramado legal e institucional necesario.”; destaca la evolución de la política migratoria mexicana en los últimos 20 años; la relación en la materia de México con los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, haciendo énfasis en la problemática que enfrentan los migrantes por circunstancias diversas como género, idioma, factores idiosincráticos, entre otros.
Enfatiza, y esta comisión coincide plenamente en ello, la insuficiencia de los esfuerzos de las políticas y programas oficiales y del activismo de las organizaciones civiles “...en la promoción... (para) fomentar... el desarrollo de entornos óptimos que permitan...a los migrantes desempeñarse como personas productivas en los países donde se establecen, pues su estancia en muchas de las veces les expone a condiciones inhumanas y trato como si fueran delincuentes, cuando no lo son”.
La iniciativa hace un recuento estadístico de los principales aspectos que tienen que ver con el fenómeno migratorio para sustentar la importancia de que la autoridad correspondiente cree bases de datos de políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.
Afirma que actualmente las mujeres migrantes son quienes más cambian su residencia; sobre todo dentro del país, mientras que quienes emigran del país representan alrededor del 49 por ciento con respecto a los migrantes hombres; que normalmente lo hacen a Estados Unidos, concentrándose en mayor cantidad en los estados de California, Texas, Illinois, Florida y Arizona. Del total de mexicanos que se van, sólo regresa alrededor del 14.6 por ciento y lo hacen principalmente a Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Morelos e Hidalgo.
Sostiene que se han documentado innumerables ataques a la integridad y a la vida de migrantes y sus familias inclusive por autoridades fronterizas, pues al parecer la condición de ser migrante, subsume a las personas a no pertenecer a país alguno, como si la identidad de las personas se supeditara solamente a la residencia; y no obstante a ello, quienes regresan de visita a sus comunidades de origen, encuentran tanto en el camino de ida, como de vuelta, los mismos riesgos.
En ese contexto, proponen un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
Texto propuesto
Único. Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, el Instituto Nacional de Migración y Organizaciones Civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.
Consideraciones
Esta comisión comparte las preocupaciones expuestas, pero considera que existen otros aspectos importantes que también es necesario documentar, recabar, procesar e integrar, con el fin de que las instancias respectivas cuenten con los instrumentos idóneos para cumplir lo que la Constitución General de la República y las Leyes respectivas ordenan.
Por ello, el texto presentado por el diputado proponente, debe ser objeto de algunas modificaciones:
Las madres centroamericanas que a finales de octubre del 2012 realizaron una marcha por nuestro país, bajo el lema Liberando la Esperanza, en busca de sus familiares desaparecidos plantearon a la presidenta de la Comisión, Diputada Amalia García Medina, la importancia de realizar a quienes cruzan nuestro país toma de algunas muestras personales que permitan a quienes los buscan dar con sus paraderos. Sensibles a esta petición, se incorporó en el Programa Anual de Trabajo de esta Comisión. Acordes con dicho Programa, se plantea que además de las políticas y programas que se implementan a favor de las y los migrantes, y los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos, resulta impostergable que se integren bases de datos con muestras de ADN de las y los migrantes que se encuentran en estaciones migratorias, albergues u hospitales, haciendo énfasis en que dichas muestras se tomarán siempre y cuando el o la migrante otorguen de manera explícita su anuencia. También resulta importante que las autoridades correspondientes tomen muestras de ADN de cadáveres que vayan a ser inhumados en fosas comunes.
La proposición que se dictamina plantea que la Secretaría de Gobernación cumpla este exhorto a través del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Migratorios considera que dicha secretaría es la responsable del cumplimiento de este acuerdo, por lo que su titular habrá de resolver la mejor manera de cumplirlo; además de que gran parte de la información que se considera debe formar parte de los bancos de datos que se acuerdan, trascienden al mencionado Instituto, por lo que la Secretaría tendrá que interactuar con otras secretarías e instancias de la administración pública federal (Procuraduría General de la República, secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, por mencionar algunas), con autoridades estatales y municipales, e incluso con organizaciones de la sociedad civil que tienen dentro de sus preocupaciones y actividad cotidiana el tema migratorio.
Por ello, consideramos que la proposición es de aprobarse pero con modificaciones que amplían y profundizan su preocupación, y con una redacción que permita su cabal interpretación.
Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las diversas instancias de las administraciones federal, estatales y municipales, y suscribiendo acuerdos con organizaciones civiles en lo que corresponda, cree bases de datos que integren:
1. Políticas y programas vigentes en todos los órdenes de gobierno a favor de personas migrantes;
2. Los principales problemas que enfrentan las y los migrantes y los delitos que se cometen contra ellos;
3. Muestras de ADN de migrantes y fotografía –previa su anuencia explícita– que cruzan por nuestro territorio y que se encuentren en estaciones migratorias, hospitales y albergues, y
4. Muestras de ADN de cadáveres que vayan a ser sepultados en fosa común.
Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril del 2013.
La Comisión de Asuntos Migratorios
Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo, Javier Treviño Cantú (rúbrica).
De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí a revisar con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y, en su caso, derogar los delitos de adulterio
Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
En sesión de la Comisión Permanente celebrada el 19 de agosto de 2013, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los estados de Coahuila, Durango, Jalisco, México y San Luis Potosí, a que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y, en su caso, deroguen los delitos de adulterio.
Contenido de la proposición
La proposición consiste en el siguiente punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.
Las consideraciones en que basa su propuesta la diputada Adriana Hernández Íñiguez inician al hacer alusión a los diversos instrumentos jurídicos suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención de Belém do Pará, que mandatan la armonización legislativa para asegurar los derechos de las mujeres, como es el derecho a una vida libre de toda forma de violencia.
La promovente refiere que es necesario derogar el delito de adulterio porque sostiene que “es un delito cultural que busca menoscabar la libertad sexual”; además señala que la legislación penal de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí, son las únicas entidades donde subsiste la penalización del adulterio.
Por otro lado, la legisladora señala que técnicamente es imposible que en la práctica se configure el delito, pues éste sólo puede configurarse en el lecho conyugal o con escándalo. Abunda en mencionar que lo que realmente se busca proteger, desde una perspectiva machista, y se sanciona es el buen nombre, el prestigio y el honor del cónyuge inocente.
Por lo anterior, propone derogar los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios en razón de honor.
Con base en las consideraciones expuestas propuso el siguiente punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.
Consideraciones
Primera. El artículo 1o. constitucional prohíbe toda discriminación motivada por el género, o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Adicionalmente en el artículo 4° reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.
En el ámbito internacional, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece en su artículo 2o. que los Estados parte deben derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra las mujeres. El Comité de vigilancia para la aplicación de la CEDAW (Cocedaw) recomendó en el año 2012 al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias de los marcos legales federal, estatal y municipal, así como definir y sancionar delitos como las lesiones y el homicidio en razón de honor, así como el adulterio.
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece en su artículo 7o. que los Estados parte deberán de tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, recomendó en su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, promover que se elimine de los códigos penales todo elemento que opere en detrimento de la protección de los derechos de las mujeres y de bienes jurídicos de gran valor social como la vida, la integridad física, emocional y sexual, y la libertad corporal, emocional, sexual y de tránsito. Particularmente se señala que se deben de derogar las agravantes, atenuantes o eximentes que responden a consideraciones morales y protegen el honor, así como las disposiciones que perdonan o que sancionan con penas muy bajas ciertas conductas que se consideran “irrefrenables” por ser propias de la naturaleza humana.
Segunda. Según el estudio Delitos contra las mujeres. Análisis de la clasificación mexicana de delitos, “en algunas entidades federativas todavía se encuentran en los Códigos Penales respectivos los llamados homicidios por infidelidad conyugal, que son señalados en el derecho internacional como homicidios en razón de honor”, en el caso de las lesiones, se argumenta el “estado de emoción violenta” para “considerar las circunstancias que llevan a una persona a cometer un delito, por lo que la sanción al mismo deberá atender a tales circunstancias” (Olamendi, 2007, páginas 24 y 27).1
Tercera. La atenuante de emoción violenta cae en una generalidad que puede dejar en estado de indefensión a las víctimas y dar lugar a la impunidad del homicida. Aunque esta atenuante no menciona el sexo de las personas, su construcción de género evidencia discriminación contra las mujeres. Lo anterior deriva que en estos delitos, el bien jurídicamente tutelado, es el honor.
Laura Salinas refiere que el argumento de “honor” para los cónyuges y los padres que sorprenden a sus parejas o a sus hijas menores de edad teniendo una relación sexual, además de atenuar la pena, legitima la violencia, y ataca la libertad sexual (Salinas, 2002).2
Cuarta. En todo el país, excepto en los estados de Durango, Jalisco, estado de México y San Luis Potosí, se ha derogado el delito de adulterio. Los mencionados estados aún mantienen tipificado este delito de la siguiente manera:
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
Artículo 296. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y multa de dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, privación de derechos civiles hasta por seis años, a la persona casada que en el domicilio conyugal o con escándalo, tenga cópula con otra que no sea su cónyuge y a la que con ella lo tenga, sabiendo que es casada.
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
Artículo 182. Se impondrán de quince días a dos años de prisión al hombre o mujer que tengan entre sí relaciones sexuales, bien sea en el domicilio conyugal o causando escándalo, sabiendo que uno de ellos o los dos están casados con otra u otras personas. Este delito se sancionará por querella del ofendido, pero el perdón del último beneficiará a ambos responsables, siempre que se otorgue hasta antes de dictar sentencia.
Código Penal del estado de México
Artículo 222. A la persona casada que en el domicilio conyugal o con escándalo, tenga cópula con otra que no sea su cónyuge y a la que con ella lo tenga, sabiendo que es casada, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y suspensión de derechos civiles hasta por seis años.
Artículo 223. No se podrá proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido, pero cuando éste formule su querella contra uno sólo de los inculpados, se procederá contra los dos.
Código Penal del estado de San Luis Potosí .
Articulo 174. Comete el delito de adulterio la persona casada que tiene relación sexual con otra que no es su cónyuge y quien la tiene con aquélla sabiendo que lo es, si se realiza en el domicilio conyugal o con escándalo.
Este delito se sancionará con una pena de tres meses a dos años de prisión, privación de derechos civiles hasta por cinco años y sanción pecuniaria de cinco a cuarenta días de salario mínimo.
Artículo 175. No se procederá contra los adúlteros sino por querella necesaria del cónyuge, pero, cuando éste la formule contra uno solo de los culpables, se procederá contra los dos y contra los que aparezcan como codelincuentes.
Artículo 176. Cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento. Esta disposición favorecerá a todos los presuntos responsables.
Quinta. Se excluye del presente punto de acuerdo, el exhortar respetuosamente la derogación del delito de adulterio del Código Penal del estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que éste fue derogado el 2 de julio de 2010.
Esta comisión considera que el exhorto materia del presente dictamen, coadyuva al trabajo de armonización legislativa, que abona en asegurar los derechos humanos de las mujeres y además da cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano, al suscribir los tratados en la materia.
Por lo anterior, se considera de suma importancia promover la derogación del delito de adulterio en las entidades federativas que aún lo tienen estipulado y revisar con perspectiva de género en su legislación penal aquellos delitos que contemplan atenuantes por estado de emoción violenta o en razón de honor en los delitos de homicidio y lesiones.
Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de Durango, Jalisco, México y San Luis Potosí, con el objetivo de que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos de adulterio y los que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal.
Notas
1 Olamendi, Patricia (2007). Delitos contra las mujeres. Análisis de la clasificación mexicana de delitos. Unifem, Inegi: México.
2 Salinas, L. (2002). Derecho, Género e Infancia. Mujeres, niños, y niñas en los Códigos Penales de América Latina y el Caribe Hispano. Unifem/UAM/Universidad Nacional de Colombia: México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2013.
La Comisión de Igualdad de Género
Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González, Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativos a la celebración de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México
Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado el 12 de septiembre del año en curso, para su estudio y dictamen, el expediente número 2508 que contiene la proposición con punto de acuerdo sobre la conmemoración de los 60 años del sufragio femenino, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y suscrita por las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, presentada el 12 de septiembre de 2013.
Señalan las diputadas proponentes que el 17 de octubre de 2013 se conmemoran 60 años de las reformas constitucionales que dieron pauta al sufragio femenino y, con ello, a la participación ciudadana de las mujeres, reivindicación que, argumentan, fue el resultado de una fuerte movilización y lucha del movimiento feminista y las organizaciones y grupos de mujeres conformados para la defensa de sus derechos.
Refieren que a partir del ejercicio de sus derechos políticos, las mujeres han logrado impulsar reformas legislativas que permiten reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como avanzar en la construcción de condiciones que permitan una participación política en condiciones de igualdad respecto a los hombres.
En su proposición enumeran una serie de acciones impulsadas a partir de la incursión de las mujeres en la política, destacan la creación de las Comisiones de Equidad y Género en el Congreso de la Unión (1998) y el Instituto Nacional de las Mujeres (2001), así como los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las distintas Entidades Federativas. Además sobresalen iniciativas como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2006 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, así como acciones afirmativas en materia electoral.
Sin embargo, señalan que a pesar de estos avances, las mujeres se siguen enfrentando a situaciones de discriminación y violencia al tratar de ejercer su legítimo derecho a la participación política. Con frecuencia, argumentan, la posición de las mujeres sigue siendo duramente cuestionada por líderes y caciques que consideran que el sexo masculino es más merecedor de los cargos de elección popular.
La conquista de hace 60 años ha permitido avanzar, pero hace falta mucho trabajo para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y con ello garantizar una participación política plena de las mujeres. Las proponentes consideran que en esta coyuntura es fundamental visibilizar la importancia de estos hechos históricos, por lo que proponen realizar un exhorto a las personas titulares de los tribunales superiores de justicia de las 31 entidades federativas y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que realicen ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del derecho al voto de las mujeres en México, así como al secretario de Educación Pública, para que, a su vez, instruya la realización de ceremonias cívicas por esta conmemoración, en todos los planteles educativos del país.
Consideraciones
Esta dictaminadora estima que a 60 años de la reivindicación del sufragio femenino es un acto de justicia, homenajear a quienes en aquellos momentos alzaron la voz y abrieron camino para que las mujeres mexicanas ejercieran sus derechos políticos. Rememorar eventos de esta naturaleza debe ser parte del bagaje histórico y cultural que el Estado debe preservar como un legado para las generaciones de hoy y del mañana.
Visibilizar estos avances es un acto de congruencia con la política para avanzar hacia la igualdad sustantiva que deben impulsar las instancias de los gobiernos federal, estatales y municipales. Esta dictaminadora coincide con las proponentes en que es evidente que lo que no se nombra no se ve y que, por ello, la lucha de las mujeres sufragistas debe ser nombrada y recordada para que niñas y niños, jóvenes, adultos no olviden que ese hecho histórico marcó un cambio de paradigma y trazó un rumbo distinto en la vida de las mujeres mexicanas.
Esta dictaminadora considera que es fundamental visibilizar la participación de las mujeres en la conquista por el reconocimiento de sus derechos, al mismo tiempo que se reconoce y fomenta su participación en condiciones de igualdad y, en específico, a participar plenamente en la vida pública de nuestro país. Debemos preservar la memoria histórica desde una visión de género, recordar y dignificar la lucha de las sufragistas, estima esta Comisión, es un acto de justicia cívica.
Por lo expuesto y por la importancia para la construcción de una democracia igualitaria en México, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las personas titulares de los tribunales superiores de justicia de las 31 entidades federativas y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a realizar ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del derecho al voto de las mujeres en México.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a instruir la realización de ceremonias cívicas para conmemorar los 60 años del derecho al voto de las mujeres en México, en todos los planteles educativos del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de octubre de 2013.
La Comisión de Igualdad de Género
Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica a favor y en contra), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativos a la realización de actividades para conmemorar los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México
Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado el 18 de septiembre del año en curso, para su estudio y dictamen, el expediente número 2522 que contiene la proposición con punto de sobre la conmemoración de los 60 años del sufragio femenino, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y suscrita por las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, presentada el 18 de septiembre de 2013.
Las proponentes manifiestan que desde hace 60 años las mujeres pudieron ejercer por primera vez sus derechos civiles y políticos que implican la posibilidad de votar y ser electas. Y que esta reivindicación fue producto de la lucha y participación de las mujeres en los foros feministas demandando sus derechos ciudadanos.
Señala la propuesta que desde los espacios públicos las mujeres han logrado impulsar reformas legislativas que permiten reconocer y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como avanzar en la construcción de condiciones que permitan una participación política en condiciones de igualdad respecto a los hombres.
Destacan las proponentes, que gracias a la labor de las mujeres en la política se crearon las Comisiones de Equidad y Género en el Congreso de la Unión (1998), y el Instituto Nacional de las Mujeres (2001), así como los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las distintas entidades federativas, incluso en algunas, con el carácter de secretarías. Además de esto también sobresalen en 2006 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las reformas que se han hecho en materia electoral para establecer las cuotas de género, que aunque muy lentamente han sido replicadas en los estados de la república, es necesario señalar que algunas han establecido desde la legislación cuotas hacia la paridad de género.
Sin embargo, puntualizan que a pesar de estos avances, las mujeres se siguen enfrentando a situaciones de discriminación y violencia, se les sigue marginando de la participación política y sobre todos de los espacios de poder.
Consideraciones
Esta comisión dictaminadora coincide con las proponentes en su apreciación sobre la discriminación que aún padecen las mujeres, particularmente en el contexto político.
Como bien señalan, en nuestro país las mujeres enfrentan dificultades latentes para acceder a los espacios de poder, muestra de ello es el panorama político actual en el que no hay alguna mujer Gobernadora o Jefa de Gobierno del Distrito Federal; en las legislaturas locales, apenas una de cada cuatro diputadas locales es mujer. Hay estados como Aguascalientes, Querétaro, Coahuila y Puebla en los que la representación femenina es menor al 15 por ciento. Y sabemos que en los municipios la situación empeora: siete de cada 100 alcaldes son mujeres, es decir, sólo 7 por ciento.
Por ello, esta comisión coincide con el ánimo del Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al haber recomendado al Estado mexicano: eliminar obstáculos discriminatorios, corregir legislación y poner sanciones a quienes incumplan las cuotas de género, sugiriendo campañas de concientización para ampliar la participación política de las mujeres. En este sentido, es el llamado a los Gobiernos Estatales para promover la celebración cívica de la conmemoración del voto de las mujeres en el país, es un acierto.
La conquista de hace 60 años ha permitido avanzar, pero hace falta mucho trabajo para materializar el sueño de lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y con ello garantizar una participación política plena de las mujeres. Un aspecto relevante de esta reivindicación de derechos es, precisamente, colocar la lucha y el avance de las mujeres como parte de la memoria histórica y de las luchas democráticas de este país.
Coincidimos con las proponentes en la importancia de que a 60 años de este logro, es necesario y justo no olvidar a quienes alzaron la voz y abrieron camino para que las mujeres mexicanas sigamos avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos y, en específico, a participar plenamente en la vida pública de nuestro país. Evocarlas es, pues, un deber cívico así como recordarlas y honrar su memoria.
Por lo expuesto, dada su importancia para la construcción de la democracia en México y en virtud de que en octubre de 2013 se conmemora el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en el país, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal, a los Congresos de las 31 entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las autoridades municipales y de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar actividades para conmemorar el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de octubre de 2013
La Comisión de Igualdad de Género
Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica a favor y en contra), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica a favor y en contra), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González (rúbrica a favor y en contra), Leticia López Landero (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de junio de 2008, presentada por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, fracción I, 182, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:
Antecedentes
En sesión del pleno del día 2 de octubre de 2013, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acordó que se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictaminación correspondiente.
Contenido
Propone que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un respetuoso exhorto titular del Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el Protocolo) aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de junio de 2008.
Metodología
La comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictaminación. También se consideró el punto de acuerdo previamente aprobado sobre este tema en el Senado de la República el pasado 22 de noviembre de 2012.
Consideraciones
La Comisión de Relaciones Exteriores respecto al Protocolo referido desea destacar lo siguiente:
Es una resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas (en adelante ONU), el 10 de diciembre de 2008, que establece un mecanismo para que se planteen en el Comité de Derechos Económicos, Sociales Culturales (Comité DESC) quejas por parte de personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación en esos derechos por parte de un Estado miembro del propio Protocolo. Es decir, reconoce la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar denuncias de particulares.
El Comité DESC, es el órgano que supervisa el cumplimiento del Pacto, conformado por 18 expertos independientes, con sede en Ginebra.
Este mecanismo de defensa se seguirá únicamente como última instancia cuando se hayan agotado todos los recursos internos en el Estado parte.
Es un proceso de amigable solución entre las partes mediante la intervención del Comité DESC mediante “buenos oficios”, además, se incorporan mecanismos para solucionar conflictos no sólo entre un Estado y un individuo, sino también entre Estados por violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y prevé un procedimiento de investigación autónomo ante violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de cualesquiera de los derechos económicos, sociales y culturales previstos en el pacto.
El proceso de firmas de este Protocolo se abrió en septiembre de 2009 y entraría en vigor una vez que lo hayan ratificado 10 Estados miembros.
Actualmente, de acuerdo con información publicada en la página web de la Organización de Naciones Unidas (*) lo han ratificado 11 Estados: Ecuador (enero 11, 2010) Mongolia ( julio 1, 2010) España ( septiembre 23, 2010) El Salvador ( septiembre 20, 2011) Argentina ( octubre 24,2011) Bolivia (enero 13, 2012) Bosnia y Herzegovina (enero 18, 2012) Eslovaquia (marzo 7, 2012) Portugal (enero 28, 2013) Uruguay (febrero 5, 2013) y Montenegro (septiembre 24, 2013). (+) http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-3-a&chapt er=4&lang =en
En virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 18 del propio instrumento internacional, el Protocolo entró en vigor tres meses después de la ratificación de Uruguay:
Artículo 18 entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado en poder del secretario general de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después del depósito del décimo instrumento de ratificación o adhesión, el Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.
Por otra parte, desde el anterior periodo ordinario de sesiones la comisión tomó conocimiento del punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República en la sesión del pleno del pasado 22 de noviembre de 2012, consistente en exhortar al Ejecutivo federal a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a que, una vez firmado, lo enviara al Senado de la República para los efectos del artículo 76, fracción I, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además se revisó una proposición en idéntico sentido de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, que en su oportunidad no fue resuelto en virtud de haberse aprobado recientemente el del Senado de la República, con el mismo propósito y la promovente lo retiró.
En este sentido, en ese momento se consultó a personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el particular, informando que a partir del exhorto emitido por el Senado de la República se realizaban consultas a otras dependencias y entidades de la administración pública federal para determinar, en su oportunidad, la procedencia de la firma correspondiente.
No obstante lo anterior, toda vez que a la fecha no se ha informado ningún avance o resolución sobre el particular, ni signado el referido Protocolo Facultativo, a casi un año de la emisión del exhorto del Senado de la República, esta comisión consultó a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de esta honorable Cámara, quien manifestó su acuerdo con esta proposición, por lo que se considera aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen, a efecto de que se realice nuevamente esta solicitud al Ejecutivo federal y así conocer en qué etapa se encuentran las referidas consultas a las dependencias y entidades de la administración pública federal y/o en su caso, conocer el resultado de las mismas.
Conclusiones
Los integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Resolutivo
Único . Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice las acciones conducentes para ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el18 de junio de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de dos mil trece.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), secretarios; Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldan (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, Luis Olvera Correa, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a integrar una delegación plural y de alto nivel en la segunda revisión del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 23 de octubre de 2013 en Ginebra, Suiza
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de sus atribuciones para coordinar la asistencia de México a la segunda revisión del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el 23 de octubre de 2013 en Ginebra, integre una delegación plural y de alto nivel, a fin de que en dicho ejercicio se establezcan compromisos de Estado, y se presenten información y planteamientos por parte de los tres Poderes de la Unión, de las distintas áreas de la administración pública federal y de las entidades federativas, presentada por los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, respectivamente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción I, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:
Antecedentes
En sesión del pleno del día 2 de octubre de 2013, los diputados Margarita Elena Tapia Fonllem, Loretta Ortiz Ahlf y Ricardo Mejía Berdeja, presentaron la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictaminación correspondiente.
Contenido
Propone que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un exhorto al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en la segunda revisión del examen periódico universal (en adelante EPU) que se lleva a cabo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y se realizará el próximo 23 de octubre de 2013, en Ginebra, Suiza, la delegación mexicana por parte del Ejecutivo federal se integre con secretarios de Estado y otras personalidades de alto nivel de los Poderes de la Unión, con la finalidad de que los derechos humanos sean objeto de una auténtica política de Estado.
Metodología
La Comisión realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictaminación.
Consideraciones
La Comisión de Relaciones Exteriores destaca a continuación algunas de las consideraciones de los proponentes:
El examen periódico universal (EPU), establecido en 2008, es el procedimiento del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHONU) para supervisar la situación de los derechos humanos en cada uno de los 193 Estados miembros, esta evaluación se realiza cada cuatro años y medio.
Mediante este procedimiento los Estados evalúan a sus pares de acuerdo al Informe nacional sobre la situación de derechos humanos, que es el documento oficial que cada Estado a evaluar presenta con antelación. Asimismo, se consideran la recopilación realizada por la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y otros órganos. De igual modo, la OACNUDH prepara una síntesis de los informes que remiten las organizaciones de la sociedad civil y otros actores.
El examen evalúa el respeto del Estado a las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los instrumentos internacionales ratificados en la materia, el derecho humanitario así como los compromisos asumidos por el Estado, de acuerdo con la resolución A/HRC/RES/5/1 del 18 de junio de 2007.
El Estado mexicano presentó su informe el 22 de julio del presente año, y acudirá al examen periódico universal el próximo 23 de octubre, donde las contrapartes le harán planteamientos, consultas y finalmente recomendaciones sobre los principales aspectos relativos al tema. Después, tres países miembros del CDHONU, que en esta ocasión serán la República Checa, Kazajstán y Burkina Faso, emitirán un primer informe que recoja las respuestas de México y las recomendaciones formuladas.
Para la elaboración del informe, destacan que proviene de un proceso de consultas coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores que involucró a dependencias e instituciones del Poder Ejecutivo, a los Poderes Legislativo y Judicial, y al Instituto Federal Electoral. Se consultó a académicos, expertos en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil mediante la celebración de dos foros sobre justicia y derechos humanos, y sobre la eliminación de la discriminación y violencia contra las mujeres. Igualmente, se constituyó una mesa de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil para tratar el combate a la pobreza y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Adicionalmente, el Estado ofreció un espacio para recibir insumos y opiniones de las OSC y del público en general, a través del portal de la SRE. (Consejo de Derechos Humanos, “Informe- nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, México”, 6 de agosto de 2013. http://www. ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MXSession17.aspx)
En esta ocasión, el CDHONU cuenta con un informe conjunto elaborado por 32 organizaciones nacionales y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, que agrupa a 73 asociaciones, además de hasta 12 informes elaborados por separado, que abarcan una variedad de temas que van desde los derechos civiles y políticos hasta los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (http://www. ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MXSession17.asp)
Después de este ejercicio, se elaborará un informe final el 25 de octubre, cuyo contenido podrá ser, en su caso, aceptado, rechazado o pendiente de acuerdo a la valoración del Estado mexicano, para revisión en la sesión del Consejo en marzo de 2014, donde se adoptará en sesión plenaria con el objeto de que nuestro país implemente las recomendaciones antes de la tercera revisión, que ocurrirá en 2018.
Asimismo, mencionan que el primer examen de México tuvo lugar en febrero de 2009, en el que se recibieron 91 recomendaciones, de las cuales 83 fueron aceptadas, 3 fueron rechazadas y el resto no tuvo una respuesta que permitiera conocer una posición del Estado mexicano. En dicha sesión, encabezó la delegación el entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
La importancia de que la delegación mexicana cuente con representantes de alto nivel por parte del Ejecutivo, como son los secretarios del despacho, estriba en la necesidad de que los derechos humanos sean objeto de una auténtica política de Estado, pues su respeto, protección, garantía y promoción refieren al cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales e internacionales ante la ciudadanía.
Consideran evidente que dependencias como Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República tienen un lugar preeminente, pues sus propias estructuras orgánicas contienen áreas especiales para la ejecución cotidiana de la política de derechos humanos.
Sin embargo, la ampliación de la agenda de los derechos humanos en las últimas décadas, así como los avances en la legislación aplicable, han involucrado crecientemente a otras áreas de la administración pública, tales como las carteras de Economía, Comunicaciones, Medio Ambiente, Desarrollo Social y Trabajo, que directamente son responsables por el diseño de políticas que inciden en los derechos humanos y del cumplimiento de ciertos derechos de incorporación reciente a nuestro orden jurídico.
Mencionan que, por otro lado, en los últimos años, el Congreso de la Unión ha tenido un papel protagónico respecto a los derechos humanos. En tal sentido apuntan las reformas constitucionales en derechos humanos y en materia penal, así como las leyes secundarias de víctimas, personas defensoras y periodistas, violencia contra las mujeres, amparo, entre otras.
Señalan que aún existe una deuda del Poder Legislativo acerca de las leyes reglamentarias en materia de asilo, expulsión de personas extranjeras y suspensión y restricción de derechos y garantías, derivadas de los transitorios de la reforma constitucional, así como con respecto a la reforma al Código de Justicia Militar para imponer límites a la jurisdicción castrense, como ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, en cuanto a las recomendaciones rechazadas por el Estado mexicano en la primera revisión en materia de eliminación del arraigo, fuero militar y la definición de delincuencia organizada, cabe mencionar que todas ellas se encuentran en directa relación con el quehacer legislativo, y constituyen aún pendientes señalados por las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y otras 32 organizaciones de la sociedad civil, “Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del examen periódico universal a México”, 4 de marzo de 2013, páginas 4-5)
Además, en el informe conjunto de la sociedad civil, hay señalamientos específicos sobre la armonización legislativa, que consideran los promoventes atañen tanto a las Cámaras del Congreso de la Unión como al Ejecutivo (en tanto facultado para presentar iniciativas, para hacer observaciones a los proyectos legislativos aprobados y para vetar y promulgar leyes) y los poderes legislativos de las entidades federativas.
Por otra parte, señalan que la misión tradicional de la administración de justicia ha sido preservar y aplicar los principios y las disposiciones sobre los derechos fundamentales. Sin embargo, con las reformas penal, de amparo y derechos humanos, así como con el recientemente adoptado control de convencionalidad derivado de la resolución al cumplimiento de la Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial ha entrado en un nueva época, donde tiene un papel creativo y constructivo imprescindible para la realización de estas obligaciones internacionales y constitucionales.
Además, las entidades federativas también reciben distintas observaciones en el citado informe, por ejemplo, respecto a la situación de la seguridad pública, la tipificación de distintos delitos o la vulnerabilidad de periodistas y personas defensoras, problemáticas que adquieren dimensiones distintas de acuerdo a las demarcaciones políticas y geográficas, así como a factores regionales.
Es por ello que su participación en este examen puede significar un diálogo fructífero, que permita monitorear los avances más puntuales y contribuir a la profesionalización de los gobiernos de las partes integrantes de la federación.
Por lo anterior, los proponentes enfatizan la importancia de la integración de la Delegación Mexicana que asistirá el próximo 23 de octubre a Ginebra, Suiza.
Al respecto, esta comisión aprecia que estos mecanismos de revisión contribuyen de manera eficaz, a revisar el estándar de protección de los derechos humanos previstos en el marco jurídico vigente en nuestro país y a ponderar sus insuficiencias y oportunidades de mejora, por lo que la integración de la representación de México debe representar, en la medida de lo posible, la pluralidad de los actores que intervienen en este importante tema.
La comisión destaca que la fracción X del artículo 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior y para ello observar los principios normativos que la misma determina, entre ellos, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, por lo que es claro que quedará dentro de las atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia del Ejecutivo Federal, determinar la representación del País en esta evaluación, así como establecer los compromisos correspondientes.
No obstante se considera oportuno hacer del conocimiento de dicha Dependencia este exhorto y las importantes consideraciones que anteceden, para que sean estimadas y tomadas en cuenta en lo que corresponde a sus atribuciones.
Por lo tanto, se considera de aprobarse la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen, con algunas modificaciones en la redacción del resolutivo, a efecto de clarificar su propósito y adecuarlo a las disposiciones constitucionales en materia de política exterior.
Conclusiones
Los integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente:
Resolutivo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el marco de sus atribuciones para coordinar la asistencia de México a la segunda revisión del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el 23 de octubre de 2013 en Ginebra, Suiza, integre una delegación plural y de alto nivel, a fin de que en dicho ejercicio se presente la información que se requiera por parte de las autoridades competentes en la materia y se obtenga el mejor resultado posible en cuanto a las acciones pendientes y oportunidades de mejora de nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de octubre del dos mil trece.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), secretarios; Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Guadalupe Mondragón González, Luis Olvera Correa, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).