Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre; y a las dependencias federales, a adoptar medidas tendentes a apoyar a la población de Zirándaro y Huetamo afectada por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos el 15, 16 y 17 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, diputados Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán y Lisandro Arístides Campos Córdova, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural y a las dependencias de gobierno federal para adoptar las medidas necesarias tendentes a apoyar a la población de Guerrero y Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.

Consideraciones

El pasado 15, 16 y 17 de septiembre de 2013, varios estados de la República Mexicana, entre ellos los estados de Guerrero y Michoacán, experimentaron un fenómeno hidrometeorológico inusual provocado por la Depresión Tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, formados por el lado del Océano Pacífico y Atlántico, respectivamente, y que provocaron lluvias severas con una precipitación de más de 100 milímetros de agua, acumulados en menos 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, siendo que en el estado de Guerrero la estación más importante de lluvia alcanzó según la Conagua los 729.5 milímetros, situación histórica pues en menos de 24 horas Guerrero y Michoacán fueron golpeados severamente por la naturaleza, lo que trajo como consecuencia inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamientos de ríos y presas, que han puesto a la población en una situación muy vulnerable y de grave peligro, pues no sólo han perdido en su totalidad sus bienes sino que también se ha puesto en riesgo su integridad física, y hasta su vida, pues en el estado de Guerrero han fallecido hasta el momento 27 personas.

El estado de Guerrero, el más afectado del país, cuenta con varios ríos y presas que al ocuparse al 100% de su capacidad se desbordaron, provocando zonas incomunicadas como las localidades de: Alita, El Cuitas, El Tamarindo, La Ordeña, Hacienda Vieja, La Calera, La Colonia, La Poza, Ziritzicuaro, Las Juntas de Cujarán, El Surandanico, El Mulato , en el municipio de Zirándaro, por su cercanía con el río Balsas.

En Michoacán también se encuentra severamente afectado el municipio de Huetamo en sus localidades de: Quetzería, San Jerónimo, Estimucha, Santiago Comguripo, Santa Rita, Arroyo Seco, Capeo y Cuenandio , que tienen su cercanía con el Río Balsas, el Río Bajo Tacámbaro y con la presa El Caracol.

Afectando tan sólo en estos dos municipios a más de 6, 954 habitantes, lo que representa 1,707 viviendas colapsadas, siendo, como siempre, la población con mayor pobreza la más dañada, pues en cuestión de horas se quedaron sin nada.

No debemos perder de vista, además, que si bien las lluvias torrenciales que acaecieron en menos de 72 horas pueden considerarse como atípicas, la incertidumbre que provocan el cambio climático y el incremento en las temperaturas, nos obligan a adoptar todas las previsiones necesarias para responder a precipitaciones de este tipo y mitigar sus graves efectos en la población.

Por lo que consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre a la que hace referencia el artículo 5, fracción VII, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y, en el contexto de dicha declaratoria, se asignen recursos para la reconstrucción o restitución de los bienes que permitan adoptar medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzca su vulnerabilidad ante futuras amenazas; así como asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores.

Por otro lado, es de urgente intervención que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con recursos del Programa Hábitat, a través de la cual se puede apoyar con enseres domésticos para la población afectada. La emisión de la declaratoria de desastre por aparte de la Secretaría de Gobernación permitiría que, de ser el caso, los recursos del Programa Hábitat sean insuficientes, para atender las necesidades de la población afectada, por su asignación previa, se amplíen con cargo al Fondo Nacional de Desastres.

Lo mismo ocurre en el caso del programa de empleo temporal que opera la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, y que también puede financiarse con los recursos del Fondo Nacional de Desastres, para propiciar la pronta reactivación económica en las zonas afectadas.

En mérito de lo anteriormente referido es que se somete a su consideración la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, con la finalidad de emitir la declaratoria de desastre a que hace referencia las Reglas Generales del Fondo Nacional de Desastres para adoptar las medidas necesarias tendientes a apoyar a los municipios de Zirándaro en Guerrero y Huetamo en Michoacán, afectados por el fenómeno hidrometeorológico ocurrido los días 15, 16 y 17 de septiembre del año en curso.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como de la desarrollo Social del Gobierno Federal, a destinar recursos provenientes de los Programas Hábitat y Empleo Temporal respectivamente, para atender las necesidades de la población afectada.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, así como de los municipios de Zirándaro y Huetamo, para que en un ambiente de coordinación institucional, propicien la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los efectos del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2013.

Diputados: Jesús Tolentino Román Bojórquez, Brasil Alberto Acosta Peña, Friné Soraya Córdova Morán, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer públicos los montos de las condonaciones en materia de ISR en cada estado del país y el Distrito Federal; y a la ASF, a iniciar auditorías para determinar si los recursos condonados a estados y a municipios por ese concepto correspondientes al ejercicio fiscal de 2012 se utilizaron para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos de gobernadores o de alcaldes, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Antecedentes

1. El día 12 de febrero del año 2013, un grupo de 19 contribuyentes presentó una demanda de amparo en contra el artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que condona 60 por ciento de las deudas de estados y municipios por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que cobran a sus empleados.

En conferencia de prensa, integrantes de la organización “#Yo Contribuyente” aseguraron que la falta de esos recursos generará un “boquete fiscal” incalculable.

Comentaron que mientras por un lado la Ley otorga beneficios fiscales a gobiernos locales que han mal administrado sus recursos, por otro exige el pago de impuestos completos al resto de los contribuyentes.

Aseguró que la Ley de Ingresos de la Federación permite un beneficio fiscal sobre el cargo del ISR de los trabajadores, equivalente al 60 por ciento para 2013 y del 30 por ciento para 2014.

Con esto los estados y municipios sólo son vehículos transitorios que detentan esos recursos y que su condonación permite que estos gobiernos locales quedarse con los impuestos cobrados a sus trabajadores, convirtiéndose así los estados y municipios en recaudadores fiscales indirectos.

De esta forma, al aprobar una especie de rescate financiero a estados y municipios equivale a un “borrón y cuenta nueva” a entidades federativas y municipios en la medida en que cancela pasivos a cargo de los beneficiarios, beneficiando a aquellos estados o municipios que no han logrado realizar administraciones confiables.

Con esta medida se violenta flagrantemente lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

La deuda total de estados y municipios ha crecido en México un 150 por ciento en los últimos seis años, según datos de JP Morgan y se elevaba, solo a medio y largo plazo, a 434.000 millones de pesos, a finales de 2012, según datos de la Secretaria de Hacienda. El dato de la deuda fiscal perdonada no se conoce, porque la condonación se hace mediante convenios con el Gobierno Federal que no son públicos, pero se estima según fuentes gubernamentales, ofrecía una cifra de $13.000 (trece mil millones de pesos).

El impulsor de #Yocontribuyente, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, un organismo independiente, señaló: “Están violando el principio constitucional de que los impuestos sean proporcionales y equivalentes y están generando una casta privilegiada. Si un patrón hiciera eso le caerían nueve años de cárcel”, explica. Según él no se trata solo de que ese “borrón y cuenta nueva” sea injusto.

Históricamente, los estados y municipios han dejado de pagar el ISR retenido a sus trabajadores. La causa principal fue que durante décadas las entidades federativas y los municipios no lo retuvieron efectivamente, y la federación no les exigía su pago. La justificación fue, y aún lo es, que la retención efectiva del ISR habría implicado la reducción de los sueldos de los trabajadores burócratas. Un problema al que no se ha encontrado solución estructural alguna.

La Ley de Ingresos fue aprobada en la Cámara de Diputados por 446 votos a favor, 19 en contra y siete abstenciones, y en el Senado con 101 a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Pero las declaraciones posteriores de algunos parlamentarios dan a entender que se tramitó en ambas cámaras un tanto a la ligera. La senadora del PAN Laura Rojas admitió su equivocación por haber apoyado la medida. “Reconozco en lo personal que fue un error haber votado a favor de la exención de ISR en estados y municipios”, dijo. Rojas dio la razón a los contribuyentes que presentaron el amparo y aseguró que pedirá a la Secretaría de Hacienda que realice un plan de acción correctivo. Su compañero de partido Javier Lozano, por su parte, fue aún más directo: “Nos han metido un gol”.

Para los impulsores de la iniciativa el asunto es aún más grave por cuanto la ley prevé perdonar incluso impuestos que aún no se han devengado, ya que contempla condonaciones del 60 por ciento de la deuda fiscal que se genere en 2013 y del 30 por ciento de 2014.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avalaron la condonación de adeudos fiscales a estados y municipios para ejercicios anteriores a 2012, que en opinión de expertos fiscales es una violación flagrante a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a preceptos Constitucionales.

Además, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 -aprobada por senadores y diputados en diciembre pasado- establece en el Artículo 9 que en el caso del ejercicio 2013 los gobiernos sub nacionales podrán aplicar el 60 por ciento a los adeudos y 30 por ciento para 2014, medidas que a juicio de los expertos equivalen a un rescate financiero

En el último trimestre de 2012, la deuda de estados y municipios de México creció $27,996.6 millones de pesos, con lo que su saldo al cierre de ese año se ubicó en 434,761.2 millones de pesos, de acuerdo con cifras que dio a conocer el 18 de febrero pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El endeudamiento de los gobiernos estatales aumentó 11.25 por ciento, o 43 mil 983.7 millones de pesos, desde los 390 mil 777.5 millones en que se ubicaba a diciembre de 2011, lo que significa que creció 120.5 millones de pesos por día, revelan los datos de la dependencia.

“Como cualquier empresa, los estados y los municipios retienen el ISR de sus trabajadores para después enterarlo al fisco, pero no lo hicieron y se lo gastaron. (Al representante legal de) una compañía que no entere este impuesto la meten a la cárcel porque es un delito de recaudación”, explica el socio de Impuestos de la firma consultora PwC, Pedro Carreón.

En la Ley de Ingresos para 2013 vuelven a cancelar todos los impuestos de 2012 hacia atrás –sin condición alguna– al 100 por ciento, pero sólo pagando diciembre de 2012 dando todos los beneficios, menciona en su blog el abogado de la Escuela Libre de Derecho, Luis Pérez de Acha.

Es una situación injusta, que equivale a un rescate financiero. No se da explicación alguna de la medida tomada por el Congreso; se tomó una decisión unilateral, sin fundamentación, sin dar razones de por qué se les volvía a conceder ese beneficio, una especie de privilegio, sobre todo porque en 2008 se dijo que era la solución integral y definitiva.

Los programas de condonación fiscal no son la base, ni el cimiento para construir una responsabilidad colectiva de los mexicanos y de las autoridades para garantizar el financiamiento del Estado mexicano y violenta la equidad de las personas en nuestro país.

Lo que generan es un premio a la evasión, un premio a la elusión fiscal y hacer sentir a los contribuyentes cumplidos que se los están “llevando al baile’. Y además en el contexto de la discusión de una reforma fiscal.

Todos los asalariados del país que estamos en la economía formal generamos ISR. Lo que el SAT permitió a gobiernos estatales y municipales es quedarse con ese impuesto –que se lo debían enterar a las autoridades federales–, lo cual viola la Constitución, que establece que todas las contribuciones de los mexicanos deben ser equitativas y proporcionales”.

Con esto se constituye una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al aprobar un crédito, una deducción y un privilegio fiscal sin asignarle una cuantificación.

Resalta que los estados pueden entrar a este programa y “esta amnistía que se da en este vehículo es para facilitar que se hagan las cuentas entre ellos”.

Con este hecho; a los gobernadores y los presidentes municipales, les están dando el beneficio de estos fondos de los que ellos básicamente no son dueños. En todo caso, si hubiera una exención fiscal de algún tipo tendría que ser para los propios trabajadores, porque ellos son los que generaron el impuesto”.

Estas condonaciones se dieron a la luz de lo que establece el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que señala:

Artículo 9. Las participaciones que corresponden a las entidades y los municipios son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los estados o municipios con autorización de las legislaturas locales, e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.

Lo anterior es totalmente contradictorio a lo que establece nuestra carta magna al señalar que “Los estados y municipios, al igual que los patrones del sector privado, tienen la obligación de retener el ISR generado por sus empleados y entregarlo al Sistema de Administración Tributaria del gobierno federal”.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública, los montos de las condonaciones en materia del impuesto sobre la renta (ISR), en cada uno de los estados del país y del distrito federal, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 9, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013; y

Segundo. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, para que inicie las auditorias para determinar si los recursos condonados a estados y municipios por concepto del impuesto sobre la renta correspondientes al ejercicio fiscal 2012 fueron utilizados para subsanar necesidades de infraestructura o proyectos productivos y no para resarcir adeudos irresponsables de gobernadores y/o presidentes municipales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la SCT y de la SHCP a integrar en la glosa del primer Informe de Gobierno el tema de la vulnerabilidad satelital de México, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En años recientes y aún, en semanas pasadas, nos hemos enterado de la forma en que Estados Unidos espía lo mismo a países y gobiernos aliados, que a rivales en todo el mundo. Mediante las revelaciones en antiguos analistas y empleados, la llamada Red Digital de Inteligencia, creada por la Agencia Nacional de Seguridad, a su vez, perteneciente al Departamento de Defensa del gobierno de ese país, ha sido posible un espionaje a escala planetaria, gracias al desarrollo de tecnología y sobre todo, a las condiciones para poder transmitir y almacenar información mediante una sofisticada red de satélites.

La posibilidad de intervenir miles, cientos de miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas, acceso a cuentas en las redes digitales con contenidos personales, diariamente, de acuerdo a testimonios de responsables de agencias de seguridad e inteligencia estadounidense, sólo es viable a través de los recursos que aporta el desarrollo tecnológico en las áreas de informática y de las industrias satelital y aeroespacial.

Otro caso reciente y muy polémico también fue el descubrimiento de sistemáticos asaltos informáticos (en la terminología de la defensa y la seguridad se le conoce como la ciberguerra) a dos periódicos estadounidenses, procedentes de servidores ubicados en la República Popular de China, de acuerdo con información dada a conocer por los propios diarios. También como en el caso de la Red Digital de Inteligencia, la posibilidad de realizar ese tipo de actos, es debido a las condiciones de competencia real que hay en el espacio para el control, y de ser necesario, el bloqueo de satélites rivales.

Pero no sólo es eso. Para el caso de México la situación es crítica. El satélite más reciente, adquirido por el gobierno anterior a la empresa Boeing Military , para recuperar, almacenar y transmitir información crítica y de seguridad nacional, impide a todas luces, tener plenas garantías de manejo exclusivo y confidencial por parte de las autoridades mexicanas.

No hay duda, que buena parte de las seguridades internacional, regional y nacionales se ubican en las condiciones tecnológicas en que cada país pueda tener acceso a sus recursos científicos y tecnológicos aeroespaciales y satelitales.

La industria satelital de México. En 1968, con la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1968 se inaugura el sistema Intelsat. A lo largo de los años, los satélites Morelos I y Morelos II (1985), Solidaridad 1 y 2 (1993-1994), fueron las expresiones más importantes de una capacidad propia para gestionar la información desde el espacio.

En 1995, comienza el desmantelamiento y privatización de la industria satelital, que culmina en 2011, con la venta de la participación del gobierno en la empresa Satmex.

Esta empresa, cuya venta total a capital francés fue anunciada el martes 30 de julio pasado, no ha merecido ni atención ni comentario alguno del gobierno federal. Tal parece que no fuera ni relevante ni estratégico el tema para el desarrollo soberano e independiente del país, en un ámbito en donde se darán y ya se dan, parte de los conflictos de intereses mundiales.

Satmex es la única empresa operadora de satélites en México. Su venta significa, en pocas palabras, la exposición y vulnerabilidad de nuestro país, en el cerrado y dinámico ambiente de las disputas por el control, por ejemplo, de recursos hídricos o bien, la disposición de información clave respecto de las patologías del sistema de salud público. La gama de información recuperada y transmitida que pone en serios predicamentos al Estado y nación mexicanos, que rebasa por mucho, la limitada y estrecha visión de ganar unos millones dólares aquí o allá.

Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, es posible la venta total o la creación a un 100 por ciento, de empresas de capital extranjero en la industria satelital. Esto no estaría mal, si México tuviera una propia y consolidada presencia en material satelital, pero cuando no es así, cuando se sigue privilegiando sin más, las ganancias e inversiones aún por encima de los intereses de la Nación, los riesgos ante un ambiente que va justo en sentido contrario, nos indica qué tan clara y precisa es la estrategia en materia de seguridad nacional y de desarrollo tecnológico independiente.

La empresa francesa Eutelsat fue la que adquirió Satmex por un monto de 831 millones de dólares. Que como ha sucedido y sucede, la gestión privada de empresas anteriormente paraestatales mexicanas, fue un rotundo fracaso, sin que haya a la fecha, ninguna responsabilidad sobre los dueños (empresarios mexicanos) y de cómo cometieron fraudes contra sus mismas empresas, antes propiedad pública.

Es por eso que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, a tres de los consejeros en esta materia, como lo son los secretarios de estado aludidos, según el artículo 12, fracciones II, VI y IX de la precitada ley, se les exhorta a que, nos expliquen en la glosa, como seguramente sucedió, en el marco del cumplimiento del artículo 13, nuevamente de la misma Ley de Seguridad Nacional, expliquen cómo deliberaron, establecieron y articularon la política en materia de seguridad nacional, sobre todo en torno a los lineamientos para regular el uso de aparatos útiles en la intervención de comunicaciones privadas, tal y como reza la fracción VII, entre otras consideraciones.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición conforme con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza; y de Hacienda, licenciado Luis Videgaray Caso, a que, en la glosa del primer Informe de Gobierno, integren el tema de la vulnerabilidad satelital de México, dando a conocer al pleno legislativo en donde comparezcan, al menos los siguientes temas, según su materia de responsabilidades:

1) Las circunstancias a detalle por las cuales se vendió el 100 por ciento del capital de Satmex y cuál fue la posición del gobierno federal; así como el estudio que revele las consecuencias que tendrá para la independencia y soberanía de México en cuanto a recuperación, almacenamiento y transmisión de información crítica del Estado Nacional.

2) ¿Qué aspectos de la seguridad nacional pueden verse afectados por esta pérdida absoluta del Estado mexicano y del gobierno en turno de la capacidad para gestionar de manera autónoma la información crítica de los sitios de internet públicos vía satélite en nuestro país?

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2013.

Diputada Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar por la SHCP, la Secretaría de Economía y Pro México el desarrollo de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, a cargo del diputado José Ignacio Duarte Murillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, José Ignacio Duarte Murillo y Fernando Salgado Delgado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numerales 1 y 2, y 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

A diferencia de otras economías, en el país nos encontramos ante un panorama estable y prometedor, el cual busca ser aprovechado por el gobierno federal a través de una serie de importantes reformas que incentiven el desarrollo en todos sus ámbitos: educativo, económico y social.

Es importante reconocer que gran parte de la estabilidad económica del país ha sido impulsada por la industria maquiladora y manufacturera de exportación (Immex), la cual posee un gran potencial aún no desarrollado como polo de atracción de inversiones, así como fuente de innovación y aprendizaje tecnológico para el sector industrial. Tan sólo para dar cuenta de la importancia de la Immex como uno de los principales motores del crecimiento económico y laboral, hoy es la segunda industria generadora de divisas, responsable de alrededor de 80 por ciento de las exportaciones, y genera poco más de 2 millones de empleos directos (véase la imagen 1).

De manera histórica, el gobierno mexicano ha reconocido la Immex como un sector prioritario para el desarrollo del país, pero lamentablemente no le ha brindado la seguridad jurídica fiscal necesaria para su desarrollo, pues finalmente el marco regulatorio del sector sigue sustentado en una base frágil que depende de la disposición que el Poder Ejecutivo tenga cada dos o tres años para prorrogar un decreto por el cual se establece un crédito fiscal en materia del impuesto empresarial a tasa única (IETU) que ayuda a promover las nuevas inversiones y retener las existentes en las Immex.

Imagen 1. Fuente: Estadística Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mayo de 2013.

En la actualidad, este esquema genera un decremento importante en el número de inversiones, lo cual se atribuye a la incertidumbre fiscal del IETU que genera desconfianza a los inversionistas, más aún si se considera que el decreto referido (publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2007 y modificado en publicación del 12 de octubre de 2011) estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2013.

Es imperativo que la inversión extranjera directa conozca con certeza jurídica los impuestos y las contribuciones a que estarán sujetas sus inversiones en México.

Por otro lado, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido claro en su intención de posicionar el país en el mercado internacional como un destino seguro para las inversiones y la promoción de negocios. Subraya con ello la necesidad de generar políticas públicas que promuevan la competitividad, ofreciendo a las empresas nacionales las herramientas necesarias para obtener ventajas competitivas respecto a sus competidores, lo cual a final de cuentas redundará en la generación de más y mejores empleos.

Mencionado lo anterior, es evidente que para dar cauce a las intenciones del gobierno federal, y más considerando la proximidad de la discusión de la reforma hacendaria, es necesario que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, así como Pro México, tomen en cuenta la problemática que enfrenta el sector y generen con ello políticas públicas que permitan erradicar la incertidumbre en el inversionista y, en cambio, se le ofrezcan mayores incentivos para hacer negocios en el país, logrando con ello generar mayores empleos, dando cauce a las intenciones del presidente de la República.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, así como por Pro México, el desarrollo de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, brindando a los inversionistas la certeza jurídica y fiscal necesaria, abriendo con ello la posibilidad de generar mayores empleos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.

Diputados: J. Ignacio Duarte Murillo, Fernando Salgado Delgado (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Jalisco a dar a conocer a los ciudadanos las bases utilizadas en la licitación sobre la compra de útiles escolares del programa de apoyo a la educación Mochilas con los Útiles, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, presentó en meses pasados el programa de apoyo a la educación Mochilas con los útiles, que proveería a niños, niñas y adolescentes de los 125 municipios de la entidad con material escolar, dicho apoyo se informó comenzaría a ser repartido en el mes de agosto, antes del inicio de ciclo escolar.

El programa aparentemente buscaba apoyar a las familias que lo necesitan y que por su situación económica se ven imposibilitados en la compra de útiles escolares, acción que no será cuestionada si es que los servidores públicos responsables de ello de forma ética, no utilizan estas acciones con programas más bien partidistas.

Con fecha 19 de junio el gobierno del estado a través del Periódico Oficial publicó las reglas de operación del denominado programa Mochilas con los útiles, indicando que el “gobierno estatal ha concertado las medidas necesarias para impulsar un programa de entrega de mochilas con paquetes de útiles escolares a los niños, niñas y adolescentes inscritos en escuelas públicas de niveles preescolar, primaria y secundaria, con el que se busca apoyar la economía de los hogares para que las familias no tengan que gastar cada ciclo escolar en la compra de los útiles escolares de sus hijos o dependientes y puedan destinar una mayor proporción de sus ingresos a realizar otro tipos de gastos asociados al sostenimiento de sus hogares.”

Se indica en el mismo documento que el objetivo es “Incentivar la permanencia dentro del sistema educativo de todos los niños y jóvenes que cursen estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas del estado de Jalisco”

Dicho programa dirigido a las niñas, niños y adolescentes en edad escolar que se encuentran en el sistema educativo público dentro de los tres niveles, según la información consultada tenía destinado ejercer un presupuesto de noventa y cinco millones de pesos, con una cobertura en los ciento veinticinco municipios del estado.

Asimismo, se informó que los municipios debían manifestar por escrito antes del 30 de junio la intención de incorporarse al programa; ésta será bajo la modalidad de subsidio compartido, hecho que propició que muchos municipios se encontraran imposibilitados, en participar económicamente, lo cual no permitió que este programa fuese equitativo.

La realización de este programa se llevó a cabo por licitación para la compra de mochilas y útiles escolares, siendo duramente cuestionado por empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector papelero en Jalisco, derivado que consideran que los requisitos contemplados en la misma no permitieron su participación. Las micro, pequeñas y medianas empresas del ramo papelero previeron este año el desplome de sus ventas de hasta 50 por ciento en útiles escolares a consecuencia del programa.

Por ejemplo, el jefe de la sección de mayoristas de artículos escolares de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Sánchez Ruiz, declaró en el tiempo de la licitación lo siguiente “Pues la afectación podría llegar alrededor del 50 por ciento posiblemente, sin embargo, depende de varios factores como el que los útiles lleguen a tiempo y el que la calidad de los útiles que entreguen también sea verdaderamente buena, este concurso por ejemplo este año lo están ganando empresas de la Ciudad de México, por lo tanto el recurso ni siquiera está quedando en el estado...”. Y dijo que el impacto en ventas será para los más de ocho mil negocios del ramo papelero en Jalisco.

Y no sólo es este sector el que se manifestó en contra de la licitación, ya que de acuerdo a la síntesis informativa con fecha 11 de julio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 47, que “La adquisición fraccionada que promovió el gobierno del estado para la compra de artículos escolares destinados al programa Mochilas con los útiles, y que dejó fuera a proveedores locales, también la implementó el ayuntamiento de Guadalajara.

Además, el municipio tapatío copió la exigencia de que los útiles lleven logos oficiales en este caso se agrega el del ayuntamiento, y redujo aún más los tiempos de entrega que el gobierno estatal dio a los proveedores.

Si el gobierno del estado apuró los términos para disponer de los útiles a más tardar la tercera semana de agosto, en Guadalajara los tiempos son aun menores, lo que complica que los proveedores locales tengan posibilidad de participar.

Las bases indican que la junta de aclaraciones será el próximo 15 de julio y que dos semanas después, el 31 de julio, deberán entregarse los 135 mil 206 paquetes que se están licitando.

La licitación 06/13 de Guadalajara también amplía el requisito de imprimir los logos oficiales en los diccionarios, los colores y las reglas.

Las 391 mil mochilas rojas que adquirió el gobierno del estado para regalar a estudiantes se las compró a Grupo Geritex, el cual suministra también artículos a partidos y candidatos para campañas.

“Ojalá que el proveedor que está surtiendo las mochilas (Grupo Geritex) no sea (por) un pago de productos de campaña”, dijo el presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, Guillermo Martínez Mora.

Grupo Geritex, según el padrón de proveedores del estado, es una empresa dedicada a la confección de ropa, materiales textiles y tiene como representante a Gino Gerini. El contrato que le dio el gobierno por las mochilas asciende a casi 16.8 millones de pesos”.

Es así que en su conjunto, muchos pequeños empresarios consideran que las compras o “licitaciones”, parecieron estar más que dirigidas hacia las grandes empresas, contemplando requisitos difíciles de cumplir por las papeleras jaliscienses y que ello, se convirtió en un negocio en función de los interés tanto políticos y económicos, sin que ello llevará beneficio de los jaliscienses.

Además, “con el fin de informar a la población” sobre este programa se repartieron en los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara, cartas personalizadas, invirtiéndose un total de 165 mil 704 pesos, poster Mochilas con los útiles, con un total de 92 mil 382.40 pesos, díptico Mochilas con los útiles, 51 mil 019.58, calca Mochilas con los útiles con 133 mil 928.96 pesos sin contar con el costo de la logística para repartir primero las cartas y segundo lugar las “mochilas rojas”.

En algunos sondeos, los padres de familia relatan que se les pidió una “cooperación voluntaria” por entregarles las mochilas y que hay a quienes les hicieron firmar un documento en el que atestiguaban la entrega de dicho programa, con la promesa de entregárselos después.

Además, de acuerdo al periódico El Occidental , de fecha 23 de septiembre, informo que “hace cinco semanas que inició el ciclo escolar 2013-2014, y los alumnos de la escuela urbana 909, en Paseos del Sol, siguen esperando las Mochilas con Útiles que les prometió el gobierno estatal de la mano con el ayuntamiento de Zapopan. En el plantel hay cerca de 600 alumnos, según manifestaron los padres de familia que inconformes cuestionan hasta cuándo les entregarán el material que se compró para un millón 535 mil 632 estudiantes de nivel básico en Jalisco y en el que se invirtieron cerca de 100 millones de pesos.”

Ante todas estas irregularidades, es que tenemos como responsabilidad pedir a los servidores públicos responsables transparenten el uso y manejo de recursos utilizados para este programa.

Cualquier programa que beneficie a las niñas y niños es bienvenido, siempre y cuanto tenga una planeación correcta que también apoye a miles de familias trabajadoras, micro y pequeñas empresarias que día a día generan empleos y con ello calidad de vida para mujeres y hombres de mi estado. Debemos generar para las familias jaliscienses un mejor futuro a través de un círculo virtuoso, fortaleciendo sus empleos a través de acciones que multipliquen el comercio en nuestra entidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta gobernador del estado de Jalisco a efecto de que informe a la ciudadanía de manera transparente las bases que se utilizaron en la licitación sobre la compra de útiles escolares del programa de apoyo a la educación Mochilas con los útiles.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Jalisco para que informe a la ciudadanía de manera transparente los costos por unidad del programa Mochilas con los útiles.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Jalisco para que instrumente acciones dirigidas a apoyar a las micro, pequeña y mediana empresas del ramo papelero que hayan resultado afectadas por la instrumentación del programa de apoyo a la educación Mochilas con los útiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.

Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Segob un acuerdo para modificar las reglas de operación del Fonden, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, párrafos 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento financiero mediante el cual el Sistema Nacional de Protección Civil atiende los efectos de los desastres naturales cuya magnitud supere la capacidad financiera de entidades federativas y municipios, mediante la aportación de recursos para la atención de la población afectada y la reconstrucción de la infraestructura dañada.

El marco regulatorio del Fonden se constituye por las disposiciones de la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, así como por las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicadas el 3 de diciembre de 2010 y el Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias, del 31 de enero de 2013.

Las reglas de operación se revisan y cambian cada ejercicio y prevén procedimientos burocráticos que contribuyen a retrasar el acceso a los recursos, existiendo retrasos para atender a la población afectada y reparara los daños causados por la ocurrencia de desastres naturales.

Segundo. La Secretaría de Gobernación continúa sin flexibilizar las reglas de operación para hacer más ágil la asignación de recursos del Fonden a los municipios que ya fueron declarados como en emergencia nacional por alguna contingencia. Actualmente, las entidades federativas enfrentan retrasos y problemas para acceder a dichos recursos al ser obligatorio en el artículo 22 de las Reglas de Operación del Fonden entregar una cantidad igual a la que se recibirá por el fondo.

Ante la contingencia nacional, no hay necesidad de esperar a que los estados pongan el pari passu (“aportaciones equivalentes”), que desequilibraban la economía regional y los programas de gobierno en su totalidad.

Se presenta una constante en los estados con desastres naturales, y es la falta de recursos suficientes para hacer frente a estos hechos, en el mejor de los casos los estados se ven en la necesidad de solicitar préstamos para de esta manera poder acceder a los recursos del Fonden, o ante la imposibilidad de reunir la cantidad necesaria para acceder a los recursos mencionados se generan subejercicios que en nada contribuyen a resolver los problemas provocados por los desastres naturales.

Tercero. Actualmente, y a poco más de una semana de que la tormenta Ingrid y el huracán Manuel llegaran a ambas costas de México, 171 municipios del país se encuentran en situación de desastre natural y decenas más en condiciones de emergencia, según cifras de la Secretaría de Gobernación.

Dentro de los estados con mayor número de municipios con declaratoria de desastre natural se encuentran Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, estados que cuentan con el 62 por ciento en promedio de la población en pobreza según con cifras de Coneval.

De acuerdo con investigaciones realizadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los desastres naturales colocan en una situación todavía más precaria a municipios en pobreza y pobreza extrema. El estudio señala que Oaxaca y Guerrero son dos de las entidades más pobres del país y debido a estos desastres la pobreza extrema en esas entidades podría elevarse hasta 3.7 por ciento; mientras, en los municipios con pobreza, pero no con pobreza extrema, su incremento podría ser hasta 1.5 por ciento.

Los fenómenos naturales que ocasionan desastres arrebatan todo su patrimonio a las personas que viven en pobreza y con ello el progreso que pudieran haber alcanzado; pero también los limitan porque tendrán serios retrocesos en materia de desarrollo humano, el cual mide condiciones de salud, educación e ingreso.

Cuarto. Por lo anterior resulta necesario e inaplazable que el Fonden sea un instrumento financiero eficaz para brindar el apoyo que requieren las entidades federativas de la República Mexicana, respondiendo en tiempo y forma a las declaratorias de emergencia que presentan los estados damnificados.

Resulta insostenible que el Fonden no cumpla de manera sencilla y oportuna con su objetivo, el cual es la adquisición de suministros de auxilio para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada ante situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos naturales perturbadores, es inadmisible que un fondo que debe operar los primeros días después de ocurrida la emergencia, actúe en ocasiones hasta muchos meses después, debido a las reglas de operación actuales, que impiden la inmediata ejecución de los recursos disponibles.

Sin embargo, las reglas de operación de los programas federales han sido obstáculos para la operación de los programas, y han limitado el ejercicio oportuno de los recursos ante tan lamentables sucesos.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Secretaría de Gobernación un acuerdo a fin de modificar las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales para que se apliquen de manera inmediata la aportación de dicho fondo sin condicionar su utilización hasta que el estado afectado efectúe la contraparte correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la operación de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa La Venta, en Acapulco de Juárez, Guerrero, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, proponentes e integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

El municipio es la base de la división territorial, es la forma de organización básica de los estados que componen la federación; institución social, política y jurídica, clave de la democracia, primer nivel de gobierno, el más cercano a la sociedad. El agente principal y generador político del desarrollo económico y social.

De aquí la importancia de contar con una eficiente y eficaz administración pública municipal, desde la gestión, administración y fiscalización de los recursos, hasta la planeación, diseño y evaluación de los planes, proyectos y políticas públicas.

Instrumentos como la planeación abonan a fin de lograr el orden en las ciudades, mismas que han crecido con ciertas anomalías que dificultan su buen funcionamiento. En nuestro país esta herramienta técnica ha sido empleada de manera profusa a lo largo y ancho del país, sin embargo sus efectos positivos sólo en muy pocos casos se han visto.

Ante el vertiginoso crecimiento de la población en nuestro país, sobre todo en las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado, cuando las carencias económicas eran la constante en la mayoría de los municipios, fue prácticamente imposible atender todas las necesidades que iban enfrentando las ciudades, cuyas tasas de crecimiento fueron muy superiores a la media nacional.

Esto trajo como consecuencia una macrocefalia urbana1 y una excesiva concentración de población, de tal magnitud que en las ciudades más grandes de nuestro país reside más del 40 por ciento de la población, en las cuales se ha intentado tener ordenamiento urbano a través de sus planes directores urbanos.

Uno de los ejemplos más representativos es la zona metropolitana de Acapulco en la cual se han decretado varios planes, sin embargo adolece de los problemas más ingentes, como son los congestionamientos vehiculares en varias horas del día, ocasionados por la limitada red de vialidades; una disimilitud de estilos arquitectónicos en la zona turística sin ninguna identidad que los caracterice.

Dicha zona ha tenido gran cantidad de programas y planes para su reordenamiento desde 1960, pues prácticamente desde que se presentaron los primeros asentamientos y se contó el primer plano regulador en 1890, sin embargo no todos fueron elaborados con la rigurosidad metodológica requerida.

El crecimiento urbano de Acapulco ha ido ligado estrechamente con el desarrollo turístico de tal forma que dicho crecimiento ha ido por zona de crecimiento en primer lugar la llamada zona tradicional, posteriormente la zona dorada y por último la zona Diamante.

La fuerte dinámica de crecimiento de esta última zona está determinada por la influencia del capital inmobiliario, cuyo principal interés es obtener mayores ganancias mediante el incremento al valor del suelo a costa de una mayor densidad que la permitida en la zona, generando un anómalo crecimiento urbano, debido a la deficiencia en la infraestructura y servicios necesarios para soportar esta intensidad de construcción, así lo hace constar Margarita Ramírez Bravo, quien efectúo un análisis minucioso sobre el desarrollo urbano en Acapulco.

El sector Acapulco Diamante está ubicado a partir de la península que envuelve la bahía del lado Este de la ciudad, en esta zona se encuentra el aeropuerto internacional “Juan Álvarez” y donde finaliza la “Autopista del Sol”.

Es con la Ley de Fomento al Turismo, expedida en 1987, la que en el artículo 6 establece como causa de utilidad pública, la constitución y preservación de reservas territoriales para el establecimiento de conjuntos hoteleros, parques recreativos y equipamiento para el turismo, o para cualquier otra actividad similar, que contribuya a aprovechamiento eficiente de la tierra, a la captación de divisas, a la ordenación del crecimiento urbano y a la creación de empresas. La misma ley contempla en el artículo 9o. la creación de La Promotora Turística de Guerrero, como organismo público descentralizado del gobierno del estado, aunado a esto en 1979 es creado el Fideicomiso Acapulco, el que se encarga de formular la modificación y actualización del Plan Director Urbano de la ciudad de Acapulco, que se promulga en 1988.

No obstante de haberse promulgado varios planes de ordenamientos, a raíz de los estragos por el huracán “Paulina” ocurrido el 9 de octubre de 1997 que dejó a su paso numerosos muertos, destrozos en viviendas y destrucción en parte de la infraestructura y sus obras de protección evidenciando los errores cometidos en su planeación y construcción, así como su alta vulnerabilidad, principalmente en las zonas de viviendas ubicadas en los cauces de los arroyos y ríos.

Una década después el 1 de septiembre de 2007 por la tormenta “Henrriette”, la naturaleza se puso de manifiesto, y afloraron los crecimientos anómalos en varias partes de la ciudad, por lo que desde entonces se presentó un cambio en la aplicación de la legislación en materia de desarrollo urbano, de tal forma que con el apoyo de instituciones públicas del orden federal, estatal y del propio municipio, se conformaron comisiones con la participación de varios sectores de la ciudadanía para la elaboración del nuevo Plan Director Urbano 1997, promulgado en 2001.

Es indispensable que los organismos federales, paraestatales o privados en materia de desarrollo urbano (Conagua, CFE, Semarnat, Banobras, Corett) atiendan las disposiciones normativas del Plan Director Urbano y trabajen en completa coordinación con la Secretaria de Planeación y de Obras Públicas del municipio.

Sin embargo, Acapulco, al igual que Tijuana, León, Aguascalientes, Tampico, San Luis Potosí, Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Puebla y Cancún, entre las de mayor tamaño, por citar algunas, comparten la tendencia del desarrollo de poblaciones cuyas tasas de crecimiento las llevaron a constituir ciudades medias –que no siempre serían las capitales de los estados-. Todas éstas con problemáticas comunes, pero con diferencias en cuanto a su ordenamiento, donde los gobiernos locales no se han preocupado por la planeación de obra pública e infraestructura, ya sea por presiones políticas o por intereses económicos.

Dentro de la grave situación que vive hoy en día el puerto de Acapulco derivado de la mala planeación de administraciones pasadas, por la embestida y devastación que dejaron a su paso los huracanes “Ingrid” y “Manuel”, que golpearon el puerto los pasados días 13 y 14 de septiembre, así como a los municipios afectados de Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Oaxaca y Veracruz, muestran la poca o nula revisión de parte de los ayuntamientos para el otorgamiento de licencias de construcción, pasando por alto las especificaciones técnicas o en su caso las disposiciones de los reglamentos y normatividad para la construcción de complejos industriales, de servicio, comerciales y habitacionales que repercuten en el Plan de Desarrollo Urbano de cada estado y que impide consolidar un hábitat funcional, armonioso, con mejores condiciones, servicios públicos y con un medio ambiente sano, es decir ciudades sustentables.

En el contexto que permea en Acapulco, no podemos dejar pasar por alto lo acontecido en días pasados en el poblado Venta Vieja, en dónde la presión del agua desbordó la presa hidroeléctrica denominada “La Venta” dicho suceso se originó presuntamente debido a que la Comisión Federal de Electricidad no dio aviso de forma oportuna a las autoridades vinculadas a la operación a fin, de abrir las compuertas, lo que ocasionó la desaparición del poblado la Venta Vieja del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

En razón de lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a todos los honorables ayuntamientos de México, a fin de que los alcaldes cumplan y se apeguen a los lineamientos y normatividad para la autorización de licencias de construcción, que permita un desarrollo urbano planeado y sustentable de acuerdo al contexto de cada localidad.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que haga pública la información respecto al porqué no se dio de manera oportuna la orden para abrir las compuertas de la central hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta”, ubicada en el poblado del mismo nombre que ocasionó la desaparición del poblado la Venta Vieja en Acapulco de Juárez, Guerrero.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que haga pública la información respecto a la situación que causo la inundación en el poblado de Renacimiento y Zona Diamante.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a que se realice una exhaustiva investigación sobre los responsables e implicados en el desbordamiento de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa “La Venta”, ubicada en Acapulco, Guerrero.

Nota

1 Castell Manuel. La Cuestión Urbana . Se emplea este concepto para caracterizar el crecimiento desproporcionado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes de Octubre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Segob y la Conavim medidas a fin de cumplir las recomendaciones formuladas por la ASF sobre la falta de coordinación de acciones para promover la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Lucila Garfias Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres o violencia de género, se define según la Organización de las Naciones Unidas como una “violación generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género”. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos la define como una “ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.

En el ámbito nacional, uno de los primeros esfuerzos en contra de la discriminación y la violencia contra las mujeres se remonta a 1981 con la elaboración del Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, que es resultado de la adhesión y ratificación de México de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y cuyo objeto era promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres; posteriormente, en 1985, en el marco de la Tercera Conferencia Mundial sobre la mujeres realizada en Nairobi Kenia se llevó a cabo una revisión de los logros alcanzados en áreas de desarrollo, igualdad y paz durante la denominada década de las Naciones Unidas para la mujer, en cuyo seno fue reconocido el esfuerzo realizado por nuestro país en pro de los derechos de las mujeres.

En el mismo contexto y reforzando los logros alcanzados hasta el momento, México firmó y ratificó, en 1998, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém do Para”, que se erigió como el instrumento interamericano enfocado en solucionar el problema de la violencia contra la mujer; asimismo, en 1995 nuestro país participó en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer “Declaración de Beijing”, en la cual los gobiernos participantes asumieron el compromiso de asegurar que las mujeres y niñas disfrutarán plenamente de sus derechos humanos y libertades fundamentales, mediante la prevención y eliminación de toda forma de violencia en su contra.

A fin de dar cumplimiento cabal a los compromisos y acuerdos asumidos en las Convenciones y Tratados Internacionales anteriormente mencionados, el gobierno mexicano reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que “la violencia contra la mujer transgrede sus derechos y es obstáculo para el pleno ejercicio de su ciudadanía”, razón por la cual planteó dos medidas principales, la primera fue la adecuación del marco normativo vigente a fin de tipificar y sancionar debidamente los delitos en torno a la violencia contra la mujer; en segundo lugar, y de manera paralela, se puso en marcha el Programa Nacional de la Mujer, enfocado en coordinar, formular y realizar acciones de atención, asesoría, apoyo terapéutico y rehabilitación de las víctimas de violencia a fin de promover su igualdad de oportunidades en el proceso de desarrollo nacional.

Desafortunadamente, las medidas adoptadas no produjeron los efectos esperados y en 2003 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que por cada 100 mujeres mexicanas de 15 años y más: 38 sufrían violencia emocional, 29 violencia económica, 9 violencia física y 8 violencia sexual, entre otros datos alarmantes.

En respuesta de tal problemática, y atendiendo a la necesidad de dar cabal cumplimiento a los derechos de las mujeres y niñas mexicanas, el 1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que sentó las bases para que a partir del 1 de junio del 2009 por decreto presidencial, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez creada el 18 de febrero del 2004, se convirtiera en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, encargado de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el país y a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México.

Sin embargo, nuevamente en 2007 la Endireh dio a conocer un aumento de la violencia contra las mujeres, al revelar que el 67 por ciento de las mujeres mexicanas mayores a 15 años declaró haber sufrido al menos una situación de violencia en el seno familiar, escolar o laboral.

El gobierno federal, mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Gobernación del mismo periodo emprendió acciones centradas en prevenir, sancionar, atender y erradicar dicho fenómeno. Entre dichas acciones se encuentra la publicación, el 11 de marzo de 2008 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de establecer las bases de coordinación entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno a fin de diseñar e implantar las políticas públicas que efectivamente atiendan la violencia contra las mujeres.

Con base en el marco descrito y a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas respecto a la coordinación para erradicar la violencia contra las mujeres, la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría de desempeño a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuyos resultados fueron integrados en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011 y que se integran por la emisión de 12 recomendaciones sobre el desempeño de la Conavim.

Entre las recomendaciones destacan la falta de definición y determinación de las políticas gubernamentales contenidas en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que orienten la atención a dicho tipo de violencia; la falta de definición del plazo límite para que la Conavim y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aprueben y pongan en operación el Programa Integral que regirá las acciones y políticas en la materia, así como el carácter de este programa: institucional, especial o regional, así como las recomendaciones para que la Conavim establezca e instaure mecanismos de control y supervisión para evaluar y dar seguimiento a los objetivos estratégicos, las estrategias y líneas de acción del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y para que con base en el nivel de violencia que determine y de acuerdo con su metodología, establezca la prioridad de las entidades federativas con las cuales deberá suscribir mecanismos de coordinación que coadyuven a erradicar la violencia contra las mujeres.

Con motivo de dicha revisión y con fundamento en los resultados citados, la Auditoría Superior de la Federación concluyó “que en términos generales el desempeño de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no cumplió con las disposiciones normativas aplicables en el diseño y coordinación de la política de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a efecto de avanzar en su erradicación”.

Ante ese panorama y con base en lo expuesto, presento al pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a implantar por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres medidas a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011 respecto a la falta de diseño y coordinación de la política de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a definir con base en el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y Niñas políticas gubernamentales que permitan atender efectiva, eficaz y oportunamente la problemática descrita.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.

Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de crear una subcomisión mixta y solicitar la intervención de las autoridades competentes para reubicar las instalaciones de Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV –o Zeta Gas–, a cargo de la diputada María Carmen López Segura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal de Baja California por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Los mexicanos hemos sido testigos de diversos incidentes, algunos de ellos verdaderas tragedias, relacionadas con el almacenamiento, el transporte y la distribución de combustibles, que dan cuenta de la gran necesidad de perfeccionar y vigilar el estricto cumplimiento de la normativa encaminada a armonizar el desarrollo industrial y la seguridad de la población.

En primer lugar, destacan los sucesos del 19 de noviembre de 1984, cuando explotaron 6 esferas y 48 cilindros de diferentes capacidades en una planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Juan Ixhuatepec, México, donde murieron 507 personas y resultaron heridas más de 900.

El 11 de noviembre de 1996, un incendio de tres tanques en la terminal Satélite Norte de Pemex, situada en la avenida San Javier, en San Juan Ixhuatepec, donde fallecieron 4 trabajadores y 15 resultaron lesionados.

El 13 de marzo de 2000, la explosión de 11 pipas con capacidad de 500 a 12 mil 500 litros de gas licuado de petróleo (LP) en el patio de la empresa Regio Gas, situada en Naucalpan.

Y una de las más recientes, el 7 de mayo de 2013, la explosión de una pipa de gas que se desprendió de un tractocamión e impactó contra varias casas aledañas a la autopista federal México-Pachuca, en San Pedro Xalostoc: 22 personas fallecidas –entre ellas 10 menores de edad– y 31 lesionadas, daños a 45 viviendas y 30 vehículos incendiados.

Actualmente, en Tijuana, Baja California, tenemos una circunstancia en este sentido que implica enormes riesgos para la población.

El 11 de agosto de 1964, Compañía de Gas de Tijuana recibió una concesión por 30 años para operar el suministro de gas LP. La empresa estableció un centro de distribución en el bulevar Lázaro Cárdenas sin número y bulevar Federico Benítez López, delegación La Mesa, que se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad, rodeado de casas y comercios.

Ante esa situación, desde 1992, los vecinos se movilizaron para exigir a las autoridades la reubicación de la gasera.

El 23 de enero de 1997 ocurrió un accidente: se reventaron las costuras de un tanque de gas. Falleció un trabajador y otro sufrió lesiones considerables.

A partir de ese incidente, los vecinos retomaron con mayor vigor sus actividades para exigir el cierre de la gasera. Con ello se logró que el 19 de septiembre de 1997, la Dirección de Gas de la Secretaría de Energía llevase a cabo los primeros pasos para reubicarla.

El asunto no es ajeno al conocimiento del Poder Legislativo.

En 1998, en la LVII Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una subcomisión especial encargada de realizar las acciones necesarias de inspección y consulta sobre el problema de Compañía de Gas de Tijuana, derivada de una proposición con punto de acuerdo de Jorge Tomás Esparza Carlos (PAN) y otros diputados de los diferentes grupos parlamentarios, presentada el 16 de abril de 1998.

Dicha subcomisión fue instalada y presentó informes que dan cuenta de gestiones realizadas para atender la problemática en comento.

El estado actual de la cuestión es que en el predio citado, Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV –o Zeta Gas–, tiene instalados 8 tanques fijos tipo salchicha de 33 toneladas cada uno, que suman 264 toneladas de combustible, y otros tanques de menor tonelaje.

El terreno está rodeado de más de 2 mil 500 casas-habitación, la zona habitacional del Infonavit La Mesa, situada a menos de 100 metros de distancia y que consta de 33 edificios de 10 departamentos cada uno, es decir, 310 departamentos; está la penitenciaría del estado, con más de 2 mil internos, escuelas, comercios, la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, maquiladoras, una tienda Soriana, salas de cine, la plaza Mundo Divertido, la nueva Macroplaza, y un parque industrial, dividido en tres partes, la mayor de ellas el complejo industrial Bustamante, que consta de 35 naves, casi todas ocupadas.

La dimensión de las instalaciones y la cercanía de la gasera con puntos habitacionales, comerciales, escolares, de salud, penitenciario e industriales permiten tener una idea de las proporciones de la tragedia que implicaría un accidente.

Se calcula que si los tanques explotaran, se provocaría un desastre de gran magnitud que afectaría aproximadamente a 300 mil personas y generaría devastación en un radio de 3 kilómetros.

Es más que notoria, imperiosa y urgente la necesidad de alertar sobre el peligro que corren los habitantes de La Mesa quienes, con valentía, tenacidad y una más que justificada preocupación por sus vidas y su patrimonio, han sostenido una lucha desde hace más de 20 años para evitar un accidente de funestas consecuencias.

Resulta necesario que el Poder Legislativo vuelva a tomar cartas en el asunto, a través de la formación de una subcomisión mixta encargada de dar seguimiento al tema y que haga un atento llamado a las autoridades involucradas.

A raíz de lo sucedido en 1984, se anunció en el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 1986 el acuerdo para la reubicación de plantas que almacenan gas licuado propano (LP) situadas en las poblaciones. El acuerdo estableció el primer ordenamiento que obliga a reubicar ese tipo de plantas por considerarse peligrosas para la ciudad si no cumplen la obligación de estar a más de 100 metros de distancia de las viviendas.

Actualmente, la gama de aspectos que reviste esta problemática va desde planeación urbana y protección civil hasta desarrollo de actividades reguladas, cuyo marco normativo se localiza en diversos ordenamientos. Por una parte, la Ley General de Protección Civil determina:

Artículo 89. Las autoridades federales, de las entidades federativas, el gobierno del Distrito Federal, los municipios y los órganos político administrativos, determinarán qué autoridad bajo su estricta responsabilidad, tendrá competencia y facultades para autorizar la utilización de una extensión territorial en consistencia con el uso de suelo permitido, una vez consideradas las acciones de prevención o reducción de riesgo a que se refieren los artículos de este capítulo.

Artículo 90. La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectiva, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo dispone:

Artículo 4o. La nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades a que se refiere el artículo 3o., que se consideran estratégicas en los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Salvo lo dispuesto en el artículo 3o., el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan.

Artículo 13. Los interesados en obtener los permisos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 4o. de esta ley, deberán presentar solicitud a la Secretaría de Energía que contendrá: el nombre y domicilio del solicitante, los servicios que desea prestar, las especificaciones técnicas del proyecto, los programas y compromisos de inversión y, en su caso, la documentación que acredite su capacidad financiera.

La cesión de los permisos podrá realizarse, previa autorización de la Secretaría de Energía y siempre que el cesionario reúna los requisitos para ser titular y se comprometa a cumplir en sus términos las obligaciones previstas en dichos permisos. En ningún caso se podrá ceder, gravar o enajenar el permiso, los derechos en él conferidos o los bienes afectos a los mismos, a gobierno o estado extranjero.

...

Artículo 14. La regulación de las actividades a que se refiere el artículo 4o., segundo párrafo, y de las ventas de primera mano de gas tendrá por objeto asegurar su suministro eficiente y comprenderá

I. Los términos y condiciones para

a) El otorgamiento, la transferencia y la revocación por incumplimiento de los permisos;

b) Las ventas de primera mano;

c) La prestación de servicios de transporte, almacenamiento y distribución;

d) El acceso no discriminatorio y en condiciones competitivas a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución por medio de ductos; y

e) La presentación de información suficiente y adecuada para fines de regulación;

II. La determinación de los precios y tarifas aplicables, salvo que existan condiciones de competencia efectiva, a juicio de la Comisión Federal de Competencia, o que sean establecidos por el Ejecutivo federal mediante acuerdo. Los sectores social y privado podrán solicitar a la mencionada comisión que se declare la existencia de condiciones competitivas;

III. El procedimiento de consulta pública para la definición de criterios de regulación, en su caso;

IV. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas en los permisos y de las normas oficiales mexicanas aplicables;

V. Los procedimientos de conciliación y arbitraje para resolver las controversias sobre la interpretación y el cumplimiento de contratos, y el procedimiento para impugnar la negativa a celebrarlos; y

VI. Los demás instrumentos de regulación que establezcan las disposiciones aplicables.

El Reglamento de Gas Licuado de Petróleo establece lo siguiente:

Capítulo III

Permisos

Artículo 14. La Secretaría y la Comisión, según corresponda, otorgarán los siguientes permisos:

I. De transporte, en alguna de las siguientes categorías:

a) Por medio de auto-tanques, semirremolques, carro-tanques o buque-tanques;

b) Por medio de ductos, y

c) Por medio de ductos para autoconsumo.

II. De almacenamiento, en alguna de las siguientes categorías:

a) Mediante planta de depósito;

b) Mediante planta de suministro;

c) Mediante estación de gas LP, para carburación de autoconsumo; y

d) Mediante instalación de aprovechamiento para autoconsumo.

III. De distribución, en alguna de las siguientes categorías:

a) Mediante planta de distribución;

b) Mediante estación de gas LP, para carburación;

c) Mediante establecimiento comercial; y

d) Por medio de ductos.

...

...

Queda prohibida la realización de las actividades a las que se refiere el presente artículo sin contar con el permiso correspondiente.

Artículo 17. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley, y la fracción XII del artículo 3 de la ley de la comisión, los interesados en obtener los permisos a que se refiere el artículo 14 de este reglamento, deberán presentar una solicitud a la secretaría o la comisión, según corresponda, conforme a lo siguiente:

I. ...

a) a d)

II. Los solicitantes de los permisos establecidos en el artículo 14, fracciones II, y III, incisos a), b) y c), del presente reglamento, adicionalmente deberán presentar documentación que contenga

a) En relación con las especificaciones técnicas:

1. Descripción, ubicación y capacidad de almacenamiento del proyecto, incluyendo los planos civil, mecánico, eléctrico, del sistema contra-incendio, planométrico y memorias técnico descriptivas, los cuales deberán incluir el nombre y firma autógrafa del proyectista, del representante legal del solicitante, y de la unidad de verificación correspondiente, aprobada por la secretaría; y

2. Medidas de seguridad con que cuenten.

b) Programas de inversión para la realización del proyecto, de conformidad con las características del servicio que pretende prestar, con excepción de los permisos de almacenamiento para autoconsumo; y

c) Copia simple de los documentos que acrediten la propiedad, posesión o título jurídico que permita hacer uso de los terrenos o predios que se vayan a utilizar, incluyendo, en su caso, centrales de guarda, identificando el número oficial.

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California

Artículo 10. Son atribuciones del Ejecutivo estatal

I. a X. ...

XI. Otorgar o negar a través de la Secretaría o la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, según corresponda, las autorizaciones sobre todo tipo de acciones de urbanización y edificación que se ubiquen fuera de los centros de población, o que afecten las áreas naturales protegidas declaradas así por la federación, el estado o los municipios, o las que se destinen a industrias de alto riesgo, extractivas o de transformación y que puedan tener un impacto negativo en el medio ambiente, sin importar su ubicación, incluidos o no, en el plan y los programas de desarrollo urbano estatal, regional, municipal o de centros de población;

XII. Revisar y publicar los acuerdos de autorización para realizar acciones de urbanización expedidos por los ayuntamientos, o por el propio estado, así como ordenar su registro y autorizar la enajenación de los lotes resultantes;

Artículo 11. Son atribuciones del ayuntamiento

I. a XIX. ...

XX. Otorgar o negar las autorizaciones y licencias de construcción, de acciones de urbanización y de uso del suelo en los términos de esta ley, la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, sus reglamentos, planes y programas de desarrollo urbano y declaratorias en vigor;

El Reglamento de Protección Civil del Municipio de Tijuana, Baja California, define los riesgos químicos del modo siguiente:

Artículo 83. El riesgo químico se refiere a fenómenos perturbadores originados por escape o derrame de substancias químicas peligrosos, que produzcan intoxicaciones, contaminación, incendios o explosiones.

Artículo 84. Para efectos de este capítulo se entiende como áreas de riesgo químico las áreas donde manipulen, almacenen o transporten substancias químicas peligrosas como son: gasolineras, bodegas de gases industriales, instalaciones de gas LP, gaseoductos de gas natural, plantas potabilizadoras o tratadoras de aguas residuales, naves industriales que manejen químicos altamente peligrosos, entre otros.

De la revisión de las disposiciones normativas aplicables se desprende que el asunto involucra tanto a la autoridad municipal, por ser la encargada de conceder las autorizaciones y licencias de uso del suelo; estatal, a cuyo cargo recae la definición de los planes y programas de desarrollo urbano para la entidad; a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía en virtud de las facultades que en materia de regulación y otorgamiento de permisos y autorizaciones les confieren la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y lo dispuesto en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y las normas oficiales mexicanas aplicables.

En ese tenor, consideramos que a fin de proteger la integridad física y el patrimonio de las personas que viven en los alrededores de Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, o Zeta Gas, es oportuno presentar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se acuerda la creación de una subcomisión mixta, compuesta por integrantes de las Comisiones de Energía, de Protección Civil, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Asuntos de la Frontera Norte, con la encomienda de gestionar la reubicación de Compañía de Gas de Tijuana, SA de CV, o Zeta Gas, a las afueras de la ciudad.

Segundo . Se solicita respetuosamente la intervención de la Secretaría de Energía, de la Comisión Reguladora de Energía, del gobierno de Baja California y del ayuntamiento de Tijuana para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, colaboren en la reubicación de las instalaciones de Compañía de Gas de Tijuana SA de CV, o Zeta Gas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.

Diputada María Carmen López Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las tarifas de las concesiones otorgadas a los restaurantes en las playas de Pie de la Cuesta y Barra Vieja, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo en México es una de las principales actividades económicas del país, y la tercera fuente generadora de divisas para el gobierno federal.

Nuestro país tiene una gran diversidad de atractivos turísticos: sus ruinas arqueológicas, las ciudades coloniales, las playas, el clima templado junto con su herencia histórica, cultural y culinaria, hacen de nuestro territorio un destino turístico de nivel mundial y características únicas.

Destacando el tema de la gastronomía mexicana, ésta se distingue por su gran variedad de platillos y recetas, así como por la complejidad de su elaboración; reconocida por sus sabores distintivos y sofisticados con gran condimentación.

La industria restaurantera en México es de gran importancia, ello la convierte en uno de los principales motores de la economía, representando 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, y 13 por ciento del PIB turístico, con más de 428 mil establecimientos, 182 mil 992 millones de pesos de ventas en 2011, y 4.5 millones de empleos, siendo el segundo mayor empleador a nivel nacional, superando en empleo al conjunto de personas ocupadas en los sectores de pesca, minería, electricidad, agua, distribución de gas por ductos y construcción (Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Después de la fuerte crisis que sufrió el sector restaurantero a causa de la Ley Antitabaco, el virus de la influenza y la crisis económica, se pensó crecer ocho por ciento en este 2013, lo que representa un avance en la recuperación a las cifras de 2007, ya que durante 2011 el sector creció 3.6 por ciento y en 2012 se alcanzó casi el cinco por ciento, según datos y cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

50 por ciento de los establecimientos de alimentos y bebidas se concentran en 7 estados del país: Distrito Federal, estado México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán, Guerrero y Guanajuato.

En Guerrero el turismo es la actividad económica que más recursos deja, pues aporta $30,689,750.00 pesos al PIB total del estado y emplea a 140 mil trabajadores.

Los principales centros turísticos en el estado son Taxco, Zihuatanejo y Acapulco, los cuales son muy visitados debido a su cercanía con la Ciudad de México.

En las zonas donde más se concentran los establecimientos de alimentos y bebidas son las zonas cercanas a las bahías.

En Acapulco, sus zonas turísticas de playa son de gran afluencia de visitantes, los cuales al gastar su dinero en los centros de consumo generan un increíble número de divisas, sin embargo no todas las playas se encuentran en la misma situación.

Claro es el ejemplo de las playas Pie de la Cuesta y Barra Vieja, en donde por factores, como el mal estado de las carreteras y la lejanía de los principales atractivos turísticos de la zona, no se tienen el mismo número de visitantes que en la zona de Acapulco.

En razón de esto, al no tener afluencia de turistas, no se tienen las mismas oportunidades de crecimiento, ni desarrollo, quedando en una continua desventaja que genera desigualdad total, ya que tengan utilidades o no, los establecimientos mercantiles tienen que pagar la misma cantidad que las zonas con gran popularidad.

Con base en lo anteriormente expuesto es que creemos necesario que las autoridades tengan conocimiento pleno de las insuficiencias que aquejan a su estado para poder resolverlas y beneficiar a los ciudadanos guerrerenses.

Por lo anteriormente expuesto el grupo parlamentario pone a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortamos a las autoridades federales, estatales y municipales del estado de Guerrero, para que revisen la situación en la que se encuentran las playas Pie de la Cuesta y Barra Vieja, y así poder disminuir el monto que se paga por las concesiones del ámbito restaurantero en las zonas que no son de playa.

Segundo . De igual forma solicitamos que las autoridades en mención trabajen en forma conjunta, a fin de realizar los estudios de mercado y consensos pertinentes con objeto de conocer la situación económica actual de cada zona en la que se lleven actividades turísticas y con base en los resultados poder regular los montos a pagar por las concesiones, dejando estas tarifas en un estado de completa equidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.

Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Guerrero a realizar trámites a fin de concluir la construcción de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, y rehabilitar el puente situado entre los kilómetros 5+640 y 5+820, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La inversión en infraestructura carretera en México ha disminuido notablemente en las últimas décadas, esto debido a que se ha repartido el recurso de manera desigual entre las entidades federativas.

El Foro Económico Mundial, en su último índice 2012-2013, ubicó a nuestra nación en el lugar 68, de 144 países, en materia de infraestructura, en particular, en carreteras México ocupó el sitio 50.

Debemos estar conscientes de que se necesita mejor inversión y buenos proyectos para tener vías funcionales y de calidad, ya que existen muchas carreteras con tramos inseguros en nuestro país que han provocado accidentes, ocasionando pérdidas humanas y materiales.

El costo de accidentes en carreteras alcanza los 5 mil millones de dólares anuales en México. La base de datos de Estadísticas de Transporte de América del Norte, reporta que fueron este año 11 mil 584 muertes asociadas al transporte carretero, y los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) coloca a México en el séptimo lugar mundial en víctimas de accidentes automovilísticos, con un promedio de 55 muertos por día, equivalente a 20 mil al año.

El Instituto Mexicano de Transporte reveló la cifra de mil 931 tramos peligrosos y 18 mil 640 segmentos de 500 metros peligrosos en la red federal de carreteras, los cuales concentran el 34 por ciento del total de accidentes.

La mala elección y planeación de proyectos carreteros ha ocasionado daños para los mexicanos, además de tener costos excesivos al construirlos; incrementos en los precios de transporte, mala proyección de mantenimiento y financiamiento y obras inconclusas o de mala calidad.

Tenemos el caso de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, en construcción desde el 2007, la cual está poniendo en peligro a todos los transportistas que tienen que pasar por esta vía, y lo más grave, es que aún no terminada la obra, ya presenta un puente que se está hundiendo y puede provocar accidentes automovilísticos.

La construcción se encuentra en zona urbana, donde los habitantes de Coyuca de Benítez exigen que se concluyan los trabajos, debido a que están teniendo rezagos y no pueden realizar sus actividades diarias. La mayoría requiere ir al puerto de Acapulco y el tiempo de traslado es más del doble, antes hacían 30 minutos ahora se tardan alrededor de una hora y media; además de que la obra está afectando la economía de todos los habitantes de este municipio, donde habitan aproximadamente 12 mil 445 personas, sin contar las poblaciones vecinas.

Resulta importante señalar que además se está afectando a miles de personas con la construcción, ésta mal hecha; existe un puente con hundimiento que, tiene problemas, lo grave es que puede provocar accidentes, y que la inversión de este tramo puede ser en vano y costar más de lo presupuestado.

Para concluir el trabajo se necesitan 200 millones de pesos, para terminar los 600 metros y el viaducto faltante, además de 30 millones de pesos más para el pago del derecho de vía.

No es posible que a pesar de que la obra no está terminada, ya presente problemas de mantenimiento, además de la fuerte inversión, se está afectando a todas las personas que realizan actividades en el tramo de la carretera.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Guerrero a que realice los trámites necesarios para concluir la obra de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta a fin de no dañar a la población, además de rehabilitar el puente que se encuentra entre el kilómetro 5+640 y el kilómetro 5+820, el cual presenta un asentamiento y puede provocar accidentes automovilísticos así como la pérdida de la inversión de la obra.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a una convocatoria nacional para conocer la opinión de la sociedad sobre las reformas educativa, hacendaria y energética, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Soto Martínez, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La compleja problemática que presenta el país en los ámbitos económico, político y social, nos muestra un país que sumergido en el desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades de estudio y trabajo para la mayoría de los jóvenes, una crisis institucional, el campo abandonado, los pueblos indígenas asediados, una preocupante escalada de feminicidios, inflación, precarios salarios, carestía, devastación ambiental y pérdida de soberanía alimentaria, entre muchos otros, demanda decisiones de fondo.

Durante los últimos gobiernos se ha mantenido la denominada guerra o lucha contra la delincuencia organizada con las lamentables secuelas de violencia, muerte y dolor que en el primer año del actual gobierno federal supera la cifra de 13 mil 774 muertes violentas, con más de 26 mil desaparecidos y miles de viudas y huérfanos, que deja la peligrosa secuela del resentimiento social que esos crímenes, secuestros, desapariciones forzadas y otros delitos en las nuevas generaciones.

En materia de empleo, las medidas de emergencia que ha adoptado el gobierno federal para contener el desempleo provocado por la crisis económica, han sido insuficientes, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de junio a julio un total de 434 mil 497 personas se sumaron a la cifra de desocupados, con lo que en territorio nacional 2 millones 796 mil 566 individuos no tienen trabajo. Es la cifra más elevada registrada desde hace 14 años. De enero a julio los desempleados suman 844 mil 867 personas, mientras que de octubre a la fecha el saldo alcanza 906 mil 844 mexicanos sin una fuente de trabajo y seis de cada 10 empleos son informales, además de que conforme a la OCDE, los mexicanos somos los ciudadanos que más horas trabajamos al año en promedio.

En el tema de la educación estamos muy atrasados en cuanto a la satisfacción de la demanda de niños y jóvenes que aspiran a estudiar. En el país hay un millón 136 mil 833 menores de edad sin acceso a la educación y en el caso de los jóvenes, tan solo en el presente año solo 13 por ciento de los aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consiguieron un lugar y solo 20 mil de los 96 mil interesados en estudiar en el Instituto Politécnico Nacional fueron admitidos. Desde hace más de 30 años, los gobiernos han venido aplicando políticas que erosionan el profesorado y desmantelan las normales, pero de igual manera han aplicado una sistemática asfixia presupuestal a las universidades públicas.

Por otra parte, vemos la lamentable situación del campo mexicano. El ajuste estructural y la apertura comercial, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, dejan como resultado la destrucción de la economía, la sociedad y los recursos naturales del medio rural mexicano: Estancamiento económico del sector agropecuario; pérdida de la soberanía alimentaria nacional; crisis de la producción nacional de maíz; caída de la producción nacional de oleaginosas y otros granos básicos; reducción de la producción agroalimentaria per cápita; deterioro del valor de los productos del campo; depauperización de las familias en el campo; emigración; narcotráfico y violencia; desgarramiento del tejido social; deterioro ambiental y concentración de la riqueza.

Todo esto, nos muestra como el tejido social se fractura y la convivencia social se complica por la inseguridad, la violencia, la inhibición de la participación ciudadana y el temor inducido por los medios de comunicación.

Pareciera que el Estado ha abdicado de su responsabilidad constitucional de otorgar seguridad, armonía, tranquilidad y bienestar a la población.

Hacia el exterior, el gobierno federal claudica y cede principios como el de la soberanía frente a Estados Unidos, con un Poder Ejecutivo que no hace uso de una relación respetuosa y digna y si por el contrario asume una posición sumisa y de colaboración ante el agravio, al grado de comprometer los recursos naturales y la riqueza del subsuelo, como lo hace con el petróleo, pretendiendo con su reforma energética ceder el patrimonio nacional a gobiernos y empresas extranjeras.

En tanto, la crisis institucional deja ver al Estado mexicano sumergido en un largo y profundo proceso de descomposición como consecuencia de la corrupción. En su lucha con el crimen organizado se revela más esta descomposición al ceder territorios por incumplimiento de deberes y responsabilidades, exponiendo a las fuerzas armadas a acciones fuera del marco legal e incrementando las violaciones a los derechos humanos.

Del mismo modo, pese a haber demostrado su desgaste, el actual gobierno aplica y profundiza políticas económicas y sociales que van en detrimento de la mayoría de la población, manteniendo intocados los privilegios de una minoría que detenta el poder político y económico. De hecho, según el Inegi, México se ha vuelto un país de clase baja: en 2010, 42.4 por ciento de los hogares, donde vivía el 39.2 por ciento de la población total del país, pertenecía a la clase media, es decir, a nivel nacional la clase media sumaba 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas. Mientras que solo 2.5 por ciento de los hogares mexicanos era de clase alta y donde vivía el 1.7 por ciento de la población del país. Lo preocupante: 55.1 por ciento de los hogares es de clase baja, que concentra el 59.1 por cien to de la población mexicana.

Resulta en exceso preocupante que el gobierno actual condene a millones de mexicanos a que vivan en condiciones de hambre y pobreza extrema.

En materia de derechos humanos la regresión es alarmante: Es cotidiana la violación a los derechos de los trabajadores. La reciente mal llamada reforma educativa tuvo ese propósito, además de desmantelar a mediano plazo a uno de los sindicatos más fuertes del país. Es constante el maltrato y la violación a los derechos de migrantes; los feminicidios y la negativa a realizar las alertas correspondientes en varias entidades federativas muestra menosprecio a los derechos de las mujeres, impunidad y hasta tolerancia a este tipo de crímenes por parte de la autoridad.

El anterior, es solo parte del negro panorama que vive la Nación. Para los mexicanos son tiempos de pérdidas irreparables, atentados a la integridad y patrimonio familiar; son momentos de difíciles decisiones; frustraciones de niños, jóvenes, mujeres y hombres de bien, que parecieran perder las esperanzas en encontrar un destino mejor.

Estimados compañeras y compañeros legisladores:

México vive un futuro de aspiraciones y sueños truncos para su población. Con la soberanía vulnerada, condiciones internas que complican la convivencia social; con autoridades que llegan a los cargos de elección popular para tomar decisiones en contra de quienes los eligieron; con una representación en el Congreso de la Unión, cuya mayoría aprueba leyes contrarias a los intereses de sus electores y con ciudadanos permanentemente agraviados por sus autoridades; debemos asumir las consecuencias de nuestros actos y tenemos que adoptar medidas que eviten que el país caiga en una más grave ingobernabilidad.

En consecuencia, debemos convocar a un auténtico y amplio dialogo nacional que nos permita, con la participación de todos, resarcir el daño que en materia de violación a los derechos de los ciudadanos hemos inferido, ya sea asumiendo decisiones o aprobando leyes que afectan de manera negativa a la población y asumiendo decisiones que beneficien a la sociedad en los temas económicos, políticos y sociales.

Para ello, lo correcto sería convocar a una amplia consulta nacional en la que se conozca la opinión de las y los ciudadanos sobre las denominadas Reformas Educativa, Hacendaria y Energética, que lo menos que merecen es ser consultados sobre temas que les afectarán directamente.

Ante la grave realidad nacional, aun es tiempo de coordinar esfuerzos para adoptar las mejores decisiones para el pueblo, depositario de la soberanía nacional.

En consecuencia, es tiempo de asumir un compromiso claro y serio que nos permita salvar y reconstruir a la Nación.

Por lo antes expuesto y fundado, presento a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en el ámbito de su competencia, atribuciones y responsabilidades, en coordinación con el Congreso de la Unión, organice y convoque a un auténtico y amplio dialogo nacional que nos permita, con la participación de todos los sectores de la sociedad, resarcir el daño que en materia de violación a los derechos de los ciudadanos hemos inferido, por decisiones o leyes que afectan de manera negativa a la población para asumir las decisiones que beneficien a la sociedad en los temas económicos, políticos y sociales, y convoque a una amplia consulta nacional para conocer la opinión de las y los ciudadanos sobre las denominadas reformas educativa, hacendaria y energética.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2013.

Diputado José Soto Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a fortalecer tanto los trabajos de su Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos como la capacitación de los mandos y los elementos de las fuerzas federales en todo el país, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

José Soto Martínez, diputado integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 26 de diciembre de 2012, de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Ejecutivo Federal decretó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se establecieron nuevas atribuciones a la Secretaría de Gobernación y se determinó la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Derivado de lo anterior, resultó indispensable que una vez publicado el decreto en mención, se tendría que realizar la reestructuración de las Secretarías, Subsecretarías, Unidades y Direcciones Administrativas que se vieron afectadas en su estructura y funcionamiento, a fin de que los recursos humanos, financieros y materiales se transfirieran a otras Secretarías de Estado para apoyar el cumplimiento de los programas y metas que a cada una le corresponden, tal y como se establece en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Asimismo, en dicha Ley se estableció en los artículos Tercero y Séptimo Transitorios, que tanto el Titular del Ejecutivo Federal, como los Titulares de las dependencias con la consideración del Ejecutivo Federal, habrían de expedir los respectivos reglamentos interiores dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de dicha ley.

Así hecho lo anterior, el pasado 2 de enero de 2013 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; por lo que se tendrían noventa días naturales para la expedición de las reformas a los respectivos reglamentos interiores de las Secretarías de Estados y de las dependencias que se mencionan en el decreto.

No obstante lo anterior, es claro que durante esta reestructuración de la Administración Pública Federal y sus entes desconcentrados, diversas Unidades Administrativas se vieron afectadas en su funcionamiento y en la atención a temas de interés prioritario para el Estado Mexicano, que pueden en su momento enaltecer u opacar la imagen de México en el exterior.

Tal fue el caso de las Unidades para la Defensa de los Derechos Humanos, de las cuales una se encontraba adscrita a la Secretaría de Gobernación y otra a través de la Dirección General de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal; ambas, encargadas de atender un tema toral para México y mismo que nuestro Estado se ha encargado de defender y enarbolar ante las demás naciones, fomentando una cultura de respeto al hombre, destacando así la reforma al texto constitucional en materia de derechos humanos en su artículo 1º, que la letra dice: “ En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podría restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” ; y que en el 2011 nos colocó en la escena mundial de procuración de la defensa de los Derechos Humanos.

Después de la publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las Unidades para la Defensa de los Derechos Humanos se encontraron envueltas en un letargo y desconcierto jurídico-administrativo; no obstante, que no dejaron de atender sus atribuciones como otras tantas unidades administrativas que se encontraban en ese mismo vacío jurídico, hasta en tanto no fuera publicado el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Cabe señalar que dicho reglamento se publicó el pasado 2 de abril de 2013; es decir, al margen del vencimiento del término señalado para su publicación de noventa días después de la publicación del decreto.

Las principales atribuciones conferidas a las Unidades Administrativas para la Defensa de los Derechos Humanos hasta antes de la Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de los reglamentos respetivos, eran las de investigar y dar seguimiento a las quejas y denuncias de posibles violaciones en materia de derechos humanos, en el ámbito de competencia de la Secretaría; e intervenir en la investigación, resolución y seguimiento de quejas, recomendaciones y propuestas de conciliación, así como en las visitas que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría.

Una vez publicado el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Gobernación, legalmente se encontró facultada para coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de protección y defensa de los derechos humanos que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; vincular sus acciones con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, para la colaboración y atención de asuntos en esta materia; y dar trámite administrativo a las medidas que procuren el pleno respeto y cumplimiento, por parte de las autoridades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones jurídicas que se refieren a los derechos humanos y a las garantías para su protección; de entre otras atribuciones.

Por otro lado, la Unidad Administrativa para la Defensa de los Derechos Humanos que se encontraba adscrita a la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal seguía atendiendo sus responsabilidades en razón de sus atribuciones, pero viéndose envuelta en el mismo vacío jurídico-administrativo desde la publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No obstante lo anterior, resulta importante destacar y señalar que durante el periodo de noventa días para la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, ésta última Unidad atendió y dio seguimiento a alrededor de 270 expedientes entre quejas, propuestas de conciliación, recomendaciones y medidas cautelares, en su mayoría emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos según datos obtenidos de la pagina web oficial de dicha institución, en razón del actuar de elementos adscritos a la Policía Federal o a Protección Federal; por lo que se puede observar su indispensable labor para la atención en la defensoría de los derechos humanos.

Ahora bien, la situación actual que se vive en todo el país, principalmente en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán con las movilizaciones sociales encabezadas por maestros que están oponiéndose a la Reforma Educativa desde el mes de diciembre a la fecha; más allá de su disidencia, se tiene que señalar que son individuos susceptibles al cobijo de la Constitución y que dichas movilizaciones, en su momento han requerido de la intervención del Estado a través de la Policía Federal y de Protección Federal haciendo prevalecer el estado de derecho cuando se ven invadidos los derechos a terceros; y por lo tanto, mientras la situación social se encuentre bajo el mismo estatus, probablemente se seguirá requiriendo dicha intervención, lo cual demandará pronta atención a las hipótesis de vulneración de derechos humanos en cuanto se refieran a quejas, propuestas de conciliación, recomendaciones y medidas cautelares. Por lo que resulta importante señalar que el término que otorga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Unidad en mención para proporcionar información y dar seguimiento es de quince días naturales; es por ello que considero indispensable su fortalecimiento y de ser posible su incremento de plantilla profesional.

Por lo anteriormente expuesto es que Movimiento Ciudadano se encuentra preocupado por la atención y protección de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna, haciendo un llamado al m para que actúe con prontitud para que de esta forma, atienda las necesidades orgánicas administrativas, ante la importancia de este hecho y dada la situación que vive nuestro país, presento a esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se fortalezcan los trabajos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos adscrita dicha Secretaría, con el capital humano y profesional de la Unidad que se encontraba adscrita a la hoy extinta Secretaria de Seguridad Pública Federal y que de ser necesario se incremente su plantilla profesional.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través del Comisionado Nacional de Seguridad se instruya a las áreas administrativas competentes para que se refuerce la capacitación de los mandos y elementos de las Fuerzas Federales en todo el país, preferentemente a los adscritos en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, derivado de las movilizaciones y de la situación social que actualmente prevalece, a efecto de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2013.

Diputado José Soto Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al procurador de Justicia de Chiapas a desistirse de las acusaciones contra los profesores y activistas sociales Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Rodrigo Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente

Exposición de motivos

Consideraciones

Los profesores Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero son defensores de derechos de comunidades indígenas y campesinas, y tienen un amplio trabajo social en el Estado de Chiapas, reconocido incluso internacionalmente.

Ellos fueron secuestrados y luego encarcelados injusta y arbitrariamente el 15 de agosto del año en curso, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente, se encuentran recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS Número 14) “El Amate” de Cintalapa en medio de una serie de violaciones a sus derechos humanos.

La noche del 15 de agosto pasado, 15 elementos policíacos vestidos de civil, a bordo de automóviles particulares interceptaron a la profesora Adela Gómez Martínez y al profesor Noé Hernández Caballero, cuando se encontraban a bordo de su camioneta, frente a su casa; con insultos y violencia les obligaron a salir del vehículo. Los policías detuvieron a Adela – convaleciente de una quemadura en la mano izquierda y una reciente operación por una fractura múltiple en el tobillo derecho –y Noé, sin exhibir orden de aprehensión. Los profesores, también dirigentes estatales de la Organización Nacional del Poder Popular del estado de Chiapas, regresaban de una fallida audiencia con el secretario general de Gobierno Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.

Ante el alboroto, acudieron sus hijos Tania Rincón Gómez y Pavel Hernández Gómez, dos hermanos más y un primo, estos tres últimos menores de edad.

Entonces los policías aumentaron las amenazas y agredieron con insultos y armas de fuego apuntando directamente a los menores, así mismo a Pavel y a Tania, diciendo que Adela y Noé eran delincuentes y que se trataba de un operativo para detenerlos. Llegaron al lugar 30 policías más quienes con golpes y empujones, detuvieron también a Pavel y Tania.

Las violaciones a los derechos humanos las han documentado prestigiosos centros de defensa de los Derechos Humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC y otras organizaciones no gubernamentales.

A partir de esa detención se han presentado una serie de acciones por personal del gobierno del estado, que intentan amedrentar a la familia de este matrimonio encarcelado, quienes han denunciado las irregularidades en la detención y el proceso que se sigue a sus padres. Por ello es necesario garantizar el derecho a la integridad y seguridad personal de esta familia.

Este caso ha resultado paradigmático pues según consignan diversos medios se dio luego de que el gobierno estatal no ha podido establecer una mesa de diálogo y solución a las demandas de las organizaciones sociales y campesinas, lo que llama la atención sobre una posible persecución política contra activistas sociales, dirigentes, líderes campesinos e indígenas en la entidad.

En una carta pública, activistas, defensoras de los derechos humanos, académicas, pastoras y religiosas, consideran que la detención de Adela es parte de la “criminalización del movimiento social”; y constituye “una señal negativa, para que las mujeres puedan participar en la solución de sus demandas y exigencia de derechos”.

“Nos preguntamos: ¿Son las mujeres quienes hoy están bajo sospecha por defender sus derechos y los derechos de otros y otras? incongruencias entre el discurso oficial del avance de los derechos humanos con encarcelamientos de las mujeres en diversos puntos del país? ¿Son las luchadoras sociales más proclives a ser recluidas y privadas de su libertad? ¿Estamos ante un posible fenómeno de incremento de violencia institucional en un clima de violencia de género, que ya de por sí golpea a las mujeres en Chiapas y en México?”

“La trayectoria de Adela Gómez como activista y luchadora social por los derechos de los más pobres, pero especialmente por los derechos de las mujeres en Chiapas, hace que diferentes organizaciones civiles y redes de mujeres nos pronunciemos a favor de su liberación”. Añaden que no existen elementos suficientes para mantenerla en prisión, por lo que exigen su libertad.

La salud de la Profesora Adela Gómez es muy delicada, según información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, desde su detención no se le ha brindado atención médica adecuada, a pesar de las solicitudes de ella, de sus familiares y del propio Centro de Derechos Humanos.

Diversas organizaciones no gubernamentales se han pronunciado por la liberación inmediata de los profesores Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero por lo que este Congreso debe actuar en consecuencia. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello y, al Procurador General de Justicia del Estado, desistirse de las acusaciones contra los profesores y activistas sociales, Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, ya que con estas injustas detenciones, se criminaliza el derecho humano a la protesta pacífica.

Segundo. Se exhorta al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del estado de Chiapas a valorar las irregularidades presentadas durante el proceso en contra de Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, y proceder a su liberación inmediata, dado que los hechos que se les imputan constituyen, una violación flagrante al ejercicio pleno del derecho de manifestación pacífica, consagrado en el artículo noveno constitucional.

Tercero. Se solicita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, realice las investigaciones pertinentes, sobre presuntos actos violatorios de derechos humanos alrededor de la detención de los profesores Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero.

Diputado Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reconstrucción y el equipamiento de la escuela secundaria diurna número 51, Profesor Carlos Benítez Delorme, en Benito Juárez, Distrito Federal, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Rodrigo Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

La escuela secundaria diurna número 51 “Profesor Carlos Benítez Delorme” fue construida en el año de 1961, convirtiéndose en la única opción de educación secundaria pública para los habitantes de las colonias Niños Héroes, Postal, Álamos, Américas Unidas, Josefa Ortiz de Domínguez, Lago, Moderna, Villa de Cortes y Nativitas, entre otras, de la Delegación Benito Juárez.

Durante los últimos 10 años, el plantel venía sufriendo un deterioro considerable en su estructura.

En 2008 la delegación Benito Juárez realizó estudios Técnicos de Seguridad Estructural en Centros Educativos de Nivel Básico en la Delegación Benito Juárez”. Respecto de la Secundaría Diurna No. 51 el dictamen determinó que el inmueble era inhabitable y sugirió su demolición, ya que los elementos estructurales presentaban corrosión producto de intemperismo de más de 50 años y la falta de mantenimiento adecuado, lo que hacen que disminuyan las secciones de acero y puedan provocar fallas estructurales en condiciones de servicio.

En 2011, los padres de familia de la secundaria, mediante escrito de fecha 6 de julio, solicitaron a la Delegación Benito Juárez la demolición y reconstrucción del edificio principal, manifestando su desacuerdo con la propuesta de reestructurar la escuela existiendo un dictamen de inhabitabilidad presentado.

Mediante escrito de la misma fecha, los padres de familia solicitaron al jefe del gobierno la demolición y reconstrucción del plantel, existiendo desacuerdo con las obras provisionales que se pretendían hacer.

En oficio número CGAC-032579-11 de fecha 15 de julio de 2011, suscrito por la C. Leticia Ramírez Amaya, Coordinadora de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, dirigido al Lic. Mario Alberto Palacios Acosta, Jefe Delegacional en Benito Juárez, solicitó la respuesta correspondiente para los interesados del documento mencionado en el párrafo anterior y suscrito por la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Secundaria No. 51.

El 19 de julio de 2011 se realizó una reunión de trabajo con autoridades de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y personal de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez, en la que se informó que los recursos disponibles (mismos que no se dieron a conocer) para el reforzamiento de la escuela sólo se ejercerían en la demolición del plantel y el suministro de algunas aulas provisionales, base multipanel. En dicha reunión las autoridades presentes se comprometieron a gestionar los recursos financieros necesarios para realizar la construcción integral del plantel con base en una propuesta arquitectónica que elaboraría la Delegación Benito Juárez.

Finalmente, durante el mes de agosto del mismo año, se llevo a cabo dicha demolición, misma que estuvo a cargo de la Secretaría de Obras del gobierno del Distrito Federal y de la delegación Benito Juárez.

Posteriormente, la delegación Benito Juárez presentó un anteproyecto arquitectónico en el que se plantea construir una escuela modelo que tendría un costo de 180 millones de pesos.

En 2011, la Secretaría de Educación Pública y la delegación Benito Juárez anunciaron que la escuela se encontraba con las características para entrar en el Programa Emergente de Mantenimiento de Escuelas.

A dos años de los acontecimientos mencionados y al no ver ningún avance, los padres de familia nos hemos dado a la tarea de preguntar vía el portal de transparencia a las autoridades involucradas, sobre las gestiones acordadas para obtener recursos financieros para la reconstrucción del plantel. A cada una de estas dependencias se les preguntó:

Me puede informar ¿por qué se demolió la secundaria diurna número 51, “Profesor Carlos Benítez Delorme”, ubicada en avenida Niños Héroes de Chapultepec número 101, en la colonia Niños Héroes, delegación Benito Juárez? Me puede informar ¿cuál es el proyecto inmediato para dicho plantel, el costo, el total de recurso asignado para su reconstrucción, el recurso gastado al día de hoy, la fecha de inicio y fin de la obra? ¿Qué área o dependencia es la designada para ejercer el recurso para la obra en comento?

1. Con fecha de 10 de junio del presente año, bajo el número de folio 0107000067913, la Secretaría de Obras del gobierno del Distrito Federal responde:

Le notifico que después de hacer una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta secretaria, hago de su conocimiento que no se encontró documento o antecedente alguno relacionado con la demolición de la secundaria diurna número 101(sic), ni antecedente de que se realice o se tenga contemplado realizar proyecto alguno a dicho plantel.

2. Con fecha 10 de junio del presente, mediante el folio 0403000117013 la delegación Benito Juárez responde:

Se informa que la demolición se debió para salvaguardar la integridad física de los que a dicha escuela concurren, ya que a través de los dictámenes en seguridad estructural derivados de los estudios técnicos de seguridad estructural en centros educativos de nivel básico en la delegación Benito Juárez, se desprende que una parte de la escuela presenta daños estructurales.

Con respecto a la pregunta de cuál es el proyecto inmediato para dicho plantel, costo y recurso asignado responde:

No obra información al respecto.

Con relación al recurso gastado, la delegación Benito Juárez responde: fecha de inicio y fin de la obra nos informa:

Mediante el contrato de obra DBJ-ADO-010-11 se efectuó la siguiente obra: “Demolición parcial, suministros y colocación de aulas provisionales y obras complementarias en la escuela secundaria diurna número 51 “Carlos Benítez Delorme” ubicada en la calle Niños Héroes de Chapultepec 101, colonia Niños Héroes de Chapultepec en la delegación Benito Juárez, cuyo monto total del contrato (incluye IVA) 5 millones 426 mil 410.07 pesos, teniendo como fecha de inicio de obra 3 de agosto de 2011 y de término el 3 de diciembre del mismo año. A través del contrato DBJ-IR3-008-12, se realizó “Obras complementarias para la mejora de la escuela secundaria número 51 “Carlos Benítez Delorme” en la delegación Benito Juárez cuyo importe total del contrato un millón 941 mil 310.02 pesos (incluye IVA), teniendo como fecha de inicio 20 de junio de 2012 y de termino de diciembre del mismo año.

3. Con fecha 10 de junio del presente año, mediante el folio único que emite Infomex 0105500025813, la Secretaría de Educación del Distrito Federal responde:

No competencia: a su requerimiento, en el sentido de que la secretaria no es la encargada de la infraestructura educativa de la ciudad, pues no tiene la administración y control de los planteles educativos del DF, ya que las atribuciones inherentes a la educación básica en el Distrito Federal no podrán ser ejercidas hasta que se dé la descentralización de los servicios educativos.

4. Con fecha 10 de junio mediante el folio 001100247313, la Secretaría de Educación Pública responde:

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de este mismo sistema, por las siguientes consideraciones:

A partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado el 18 de mayo de 1992, documento que suscribieron el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se reorganizó el sistema educativo mediante la reasignación de funciones en los tres niveles de gobierno, por lo cual se descentralizó la administración y la operación del sistema educativo, se fortaleció y dotó de recursos económicos a los gobiernos estatales.

En ese tenor, se estableció que en términos de la nueva reestructuración, corresponde a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos, bajo las modalidades y tipos de educación, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial.

Al respecto, es importante destacar, que a partir del año 1992 se descentralizó la educación y la información referente a servicios educativos, que en el caso que nos ocupa se trata de los niveles preescolares, primarios y secundarios, pasaron a ser de la competencia de la autoridad educativa en cada entidad federativa, debido a que el gobierno federal les transfirió las atribuciones técnicas, operativas y administrativas a los gobiernos estatales. Según el acuerdo, únicamente lo relacionado con el Distrito Federal quedó a cargo de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Con el fin de conocer si existen gestiones de la Asamblea Legislativa o alguno de sus diputados integrantes, realizadas con respecto de la reconstrucción del plantel que nos ocupa, el 10 de junio pasado bajo el folio número 0105500025813, se le consultó a la Asamblea Legislativa:

1. ¿Existe algún punto de acuerdo presentado ante el pleno de esa Asamblea Legislativa solicitando recursos para la reconstrucción de la secundaria diurna número 51 “Profesor Carlos Benítez Delorme”, ubicada en avenida Niños Héroes de Chapultepec, delegación Benito Juárez?

2. En todo caso se etiquetaron recursos en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 por concepto de obras de reconstrucción de la Secundaria Diurna No. 51 Prof. Carlos Benítez Delorme, ubicada en Avenida Niños Héroes de Chapultepec, delegación Benito Juárez y si es así a propuesta de que diputado?.

La respuesta recibida fue:

Al respecto, y de acuerdo con el oficio enviado por el secretario técnico de la Coordinación de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se le informa que en lo que corresponde a la pregunta 1, después de una búsqueda en los archivos de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, no se localizó ningún punto de acuerdo suscrito por algún legislador, que se encuentre relacionado con lo solicitado por el peticionario.

De la pregunta número 2, es necesario hacer mención que el órgano legislativo encargado de conocer, examinar, discutir y dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, fue la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ello con fundamento en el artículo 62, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, razón por la que es dicho órgano quien debe pronunciarse al respecto.

Asimismo, de acuerdo con el oficio enviado por la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica se informa que no obra en su poder algún punto de acuerdo solicitando recursos para la construcción de la secundaria arriba mencionada, así como tampoco se etiquetaron recursos del Presupuesto de 2013.

Cabe señalar que los escritos de consulta mencionados fueron presentados por Tania Libertad Argumedo Chávez, madre de familia.

Antes de su demolición el plantel motivo de la presente proposición constaba con la siguiente infraestructura física:

• Salones de clase

• Salones para talleres

• Salón de música

• Sala de maestros

• Sala de cómputo

• Sala de proyecciones

• Auditorio

• Laboratorios (física, química, biología)

• Comedor

• Área para cooperativa

• Gimnasio

• Consultorio médico

• Sanitarios (con adaptación para personas con discapacidad)

• Cancha de basquetbol y futbol soccer

• Salón de trabajo social

• Salón de Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular

• Bodega de laboratorios

• Bodega de educación física

• Bodega de materiales de limpieza

• Malla solar

• Biblioteca

• Dirección

• Subdirección

• Área secretarial

• Bebederos con filtro

• Sanitarios

Cada una de estas áreas requiere las medidas necesarias para el acceso a personas con discapacidad.

Consideraciones

1. A partir del ciclo escolar 2013-2014, la escuela secundaria diurna número 51 “Profesor Carlos Benítez Delorme” ha ampliado su horario de 7:30 a 15:30 horas.

2. La secundaria alberga a alrededor de 800 personas, entre alumnos, personal administrativos y docente.

3. El plantel no cuenta con instalaciones adecuadas para los alumnos de nuevo ingreso que requieren del apoyo de silla de ruedas para su desplazamiento.

4. La ampliación de horario implica que los alumnos permanezcan en horas de comida en las instalaciones y no se cuenta con un área adecuada para ingerir alimentos, por lo que hasta hoy lo hacen en el piso.

5. Los alumnos que actualmente cursan el segundo y tercer grado no han tenido acceso a una educación de calidad, ya que no conocen un solo instrumento de laboratorio, ni se les ha proyectado ningún documental de tema alguno, debido a la falta de instalaciones y material para el desarrollo de estas actividades.

6. Las autoridades obligadas no tienen prevista, a la fecha, dos años después de la demolición del plantel, su reconstrucción, de acuerdo con las propias respuestas que han dado.

7. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idónea de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

8. La Ley General de Educación señala:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Artículo 11. ...

Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Autoridad educativa federal, o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal;

Capítulo 3

De la equidad de la educación

Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

Capítulo 7

Sección 1

De la participación de los padres de familia

Artículo 65. ...

II. Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquéllas se aboquen a su solución;

III. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos;

Artículo 69. ...

...

F) Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos.

M) Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares;

O) En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela

Artículo 70. ...

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

Artículo 71. ...

...

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.

9. La Ley General de Infraestructura Educativa señala:

Capítulo II

De la calidad de la infraestructura física educativa

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se atenderán las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Artículo 12. Las autoridades en la materia, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de la INFE, realizando las previsiones necesarias para que los recursos económicos destinados a la infraestructura educativa sean prioritarios, suficientes, oportunos y crecientes en términos reales de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, debiendo establecer las condiciones fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en la materia.

Capítulo IV

Del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INFE)

Artículo 16. El objetivo del instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo.

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el instituto considerará en todo momento las características particulares de cada región del país, con base en su riqueza y diversidad.

El instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

Artículo 17. El instituto adecuará el desarrollo de sus actividades a las políticas, estrategias y prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y los programas educativos estatales y del Distrito Federal aplicables en materia de infraestructura física educativa.

h) Revisar, validar y certificar proyectos ejecutivos para la construcción de espacios destinados a la educación pública en general, en el ámbito de sus atribuciones;

i) Certificar la calidad de la INFE en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

V. Prestar servicios técnicos especializados en materia de edificación relacionados con la INFE;

VI. Elaborar proyectos ejecutivos en materia de INFE, a petición de parte, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas emitidas para tal fin;

VII. Promover la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento, equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación que imparta el Estado;

VIII. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la participación social en la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos;

IX. Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, así como prestar servicios de asesoría a los organismos, entidades, instituciones o personas que lo requieran, en materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la INFE, así como para determinar los mejores esquemas u opciones de seguridad de la INFE.

XI. Participar en coordinación con las instancias correspondientes en la planeación, programación y seguimiento técnico de los recursos autorizados para la ejecución de proyectos de inversión en INFE del país;

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

Capítulo V

De las atribuciones del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Artículo 19. Son atribuciones del instituto las siguientes:

I. Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones y participar en la elaboración de normas mexicanas y normas oficiales mexicanas en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como proponer su emisión y difusión, en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional;

II. ...

...

e) Realizar acciones de diagnóstico y pronóstico relacionadas con la infraestructura física, así como definir acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento.

III. Formular y proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, por sí o a través de los organismos estatales, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emitan para tal efecto;

10. La Ley de Protección de los Derechos de las y los niños señala

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

Capítulo Noveno

Derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad

Artículo 31. ...

d) Fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que permitan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos regulares. Dispondrán de cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, para lo cual se promoverá, de no contarse con estos servicios, a su creación.

e) Adaptar el medio que rodea a niñas, niños y adolescentes con discapacidad a sus necesidades particulares.

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

A. Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su pleno desarrollo.

Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros.

Artículo 48. Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, las instituciones que la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con el personal capacitado y serán instancias especializadas con funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto de tales derechos.

Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes

...

H) Definir, instrumentar y ejecutar políticas y mecanismos que garanticen la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestos, proponemos:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que explique a la opinión pública las razones por las que no se han destinado los recursos suficientes, para la construcción de la escuela secundaria diurna número 51 “Profesor Carlos Benítez Delorme”, ubicada en la avenida Niños Héroes de Chapultepec número 101, colonia Niños Héroes de Chapultepec, en la delegación Benito Juárez.

Segundo. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que en el ejercicio de sus facultades se inicie la construcción y equipamiento de la escuela secundaria diurna número 51 “Profesor Carlos Benítez Delorme”, ubicada en la avenida Niños Héroes de Chapultepec número 101, colonia Niños Héroes de Chapultepec, en la Delegación Benito Juárez.

Tercero. Se exhorta a la delegación Benito Juárez para que en el ejercicio de sus facultades se inicie la pronta construcción y equipamiento de la escuela secundaria diurna número 51 “Profesor Carlos Benítez Delorme”, ubicada en la avenida Niños Héroes de Chapultepec número 101, colonia Niños Héroes de Chapultepec, en la Delegación Benito Juárez.

Dado en el Palacio Legislativo, a 3 de octubre de 2013.

Diputado Ricardo Chávez Contreras (rúbrica)