Dictámenes a discusión

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 1312 con proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Ejecutivo federal que publique en noviembre el Reglamento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano y suscrita por diputadas de diversos grupos parlamentarios, el 26 de febrero de 2013.

En esa misma fecha, fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

En la exposición de motivos el promovente señala que en nuestro país la violencia feminicida está contemplada desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, que establece que es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Asimismo, establece que la alerta de violencia de género “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

Precisa que emitir la alerta de violencia de género es una atribución de la Secretaría de Gobernación quien a su vez notifica al Poder Ejecutivo de la entidad en cuestión.

Para normar el criterio de esta dictaminadora el proponente abunda en el sustento legal de dicha figura y cita el artículo 23 de la ley previamente mencionada para indicar que “la alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.”

Afirma el proponente que a pesar de la existencia de este mecanismo en la legislación vigente, no se cuenta con mecanismos reales que permitan su puesta en marcha.

Precisa también que “el comité recomendó, tomar las medidas necesarias para garantizar que la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada admisibilidad en los códigos penales locales; para que se agilice su tipificación en los códigos penales locales en trámite; se estandaricen los protocolos de investigaciones policíacas de feminicidios en el país y se informe de inmediato a los familiares de las víctimas.”

Advierte que por ello durante los meses de junio a octubre de 2012, organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio como Católicas por el Derecho a Decidir, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos de Morelos, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras; participaron en sesiones de trabajo en colaboración con integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y algunos institutos de la mujer estatales como el de Sinaloa, Distrito Federal, Oaxaca, estado de México y Querétaro; con el objetivo de elaborar una propuesta de reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Para mayor información detalla que para este ejercicio de revisión del Reglamento la propia Conavim preparó una propuesta base de modificación en la que se precisan sus atribuciones y facultades, particularmente se esclarece y agiliza el procedimiento para la declaratoria de alerta de violencia de género.

Por último, destaca que en este momento la propuesta de reforma al Reglamento ha sido presentada a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación para su revisión, aprobación y publicación a través del oficio CNPEVM/0763/2012.

Consideraciones

Para mejor proveer elementos que permitan normar nuestro criterio esta dictaminadora estima prudente precisar algunos conceptos que ayudarán a dimensionar el papel determinante de la facultad reglamentaria para la concreción de los derechos.

Para esta dictaminadora es oportuno recordar que la facultad reglamentaria en el sistema político mexicano, se encuentra consignada en el artículo 89, fracción I, de la Constitución federal, en virtud de que otorga al presidente de la República la facultad para expedir reglamentos administrativos, de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, como una potestad discrecional del titular del Poder Ejecutivo federal.

El artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “todos los reglamentos, decretos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos”.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo define al reglamento como acto administrativo general y lo equipara con otras normas de carácter general:

Artículo 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que contengan por objeto establecer obligaciones especificas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal.

Existen diversos tipos de reglamentos en el caso del Reglamento materia del este dictamen, hablamos de un reglamento ejecutivo, de ejecución o subordinado, que se caracteriza por:

Ser emitidos por el Poder Ejecutivo u otro órgano estatal en ejercicio de sus facultades constitucionales, corresponden a la manifestación típica de la potestad reglamentaria.

Para ser válidos deben estar refrendados por los secretarios de despacho competentes en la materia conforme a lo dispuesto en la Constitución.

Para efectos del presente dictamen el exhorto se encuentra acertadamente dirigido al secretario de Gobernación, por ser el secretario del ramo competente en la materia quien está obligado a refrendarlo para su posterior publicación.

El proyecto de modificaciones al Reglamento citado se encuentra, desde que fue turnado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en proceso de revisión; mientras tanto la ley sigue aplicándose de manera deficiente conforme al Reglamento anterior y sus omisiones.

Cabe precisar, con el objetivo de mejorar la aplicabilidad de la ley, lo que motivó la revisión al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues existe el antecedente de que las omisiones y fallas técnicas del mismo han sido una preocupación de las organizaciones del sociedad civil así como de algunos organismos que conforman el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que esa inquietud provocó que el tema fuera colocado en la agenda del propio sistema donde se acordó instalar una mesa de trabajo para su la revisión, particularmente por los obstáculos técnicos en el procedimiento para la Alerta de violencia de género.

La imposibilidad de acceder a ese mecanismo, como acertadamente lo señala el promovente, quedó evidenciada por el propio el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cocedaw) en las recomendaciones que hizo al Estado mexicano, en la 52 sesión de dicho comité en la Organización de las Naciones Unidas, en julio de 2012; en las cuales “instó al Estado mexicano a ocuparse urgentemente de los impedimentos que restringen la puesta en marcha del mecanismo de alerta de género”.

El Reglamento permite que los mecanismos prácticos de la legislación queden especificados, y sin él, la ley queda en lo general y no hay un orden jurídico que establezca cómo debe operarse esa disposición.

Esta dictaminadora estima que ha transcurrido el tiempo prudente para el análisis de las modificaciones por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos, modificaciones que son resultado de un ejercicio plural de análisis y discusión en el seno de la mesa instalada ex profeso para el estudio de las reformas en cuestión, que después de meses de trabajo, logró llegar a una propuesta consensada del articulado y que hoy se encuentra esperando ser aprobada y publicada por la autoridad con una demora injustificada.

De no publicarse el Reglamento la autoridad estaría incurriendo en responsabilidad por obstruir el acceso a la justicia de las mujeres al no contar con el procedimiento idóneo para desahogar las solicitudes de alerta de género con la debida diligencia.

Aunado a ello estaría también restringiendo la aplicabilidad de la Ley en perjuicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a que publique el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue elaborado por las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, con las instituciones integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y entregado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio CNPEVM/0763/2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamente Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo relativos a casos de abuso sexual contra extranjeras y connacionales por policías en Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 1317 que contiene la con punto de acuerdo relativo a casos de abuso sexual contra extranjeras y connacionales por policías en Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, México, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentada el 26 de febrero de 2013.

Ese mismo día fue turnado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen a esta comisión.

Contenido de la proposición

Los diputados promoventes refieren que los abusos sexuales contra mujeres en México representan una realidad alarmante, al año se denuncian más de 14 mil violaciones, y se considera que el 80 por ciento de los casos siguen impunes, sin considerar las cifras de casos que no son denunciados.

De acuerdo con lo señalado en la proposición, se han registrado casos que tienen connotaciones preocupantes, pues los abusos de otros estados son cometidos por agentes de la policía, quienes se supondría están para prevenir los delitos y garantizar la seguridad pública. Estos hechos han ocurrido en Cajeme, Sonora; Solidaridad, Quintana Roo; y Chimalhuacán, estado de México.

Mismos que a continuación se detallan:

1. El pasado 3 de diciembre, Juan Raymundo Ruiz Corral, agente de la Policía Municipal de Cajeme, fue señalado directamente por una mujer venezolana que aseguró ser víctima de violación.

Los hechos se dieron luego de que en un domicilio del fraccionamiento Montecarlo, la víctima reportaba por teléfono, que era agredida por su pareja sentimental. La llamada de auxilio fue atendida por el agente Ruiz Corral, quien al llegar a la casa, dialogó con la pareja y después de un tiempo, se retiró resguardando en la patrulla a la femenina, quien así lo solicitó por temor a represalias de su pareja. Por versiones de la denunciante se supo que el agente luego de buscar un lugar donde estacionarse, abusó sexualmente de ella.

La afectada manifestó que luego de verse libre, realizó una llamada y denunció los hechos a la policía estatal Investigadora, quienes atendieron el asunto y pusieron bajo arresto a Juan Raymundo Ruiz Corral.

2. El día 12 de febrero se dio a conocer otro caso de abuso sexual cometido por un comandante y dos agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Solidaridad, mejor conocido como Playa del Carmen, en Quintana Roo, en contra de una mujer de nacionalidad italiana.

El incidente ocurrió cuando la víctima iba en compañía de un amigo, también residente de origen italiano, quienes estaban en un callejón ubicado entre la discoteca Cocomaya y Blue Parrot; ahí la policía los interceptó y para no ser detenidos por la falta administrativa, los agentes pidieron a la pareja la cantidad de tres mil pesos; como ellos no tenían dinero, los policías sometieron al hombre y violaron a la italiana.

Los agentes que fueron detenidos son Mardonio Guzmán Gómez de 26 años y José Manuel Enríquez Hernández, de 24, quienes fueron puestos a disposición del juez, por los delitos de violación y abuso de autoridad derivado de la averiguación previa 435/2013.

3. El 23 de febrero pasado se dio a conocer que tres policías de Chimalhuacán, estado de México fueron acusados de violar a una menor de edad y de asesinar a su novio.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de febrero cuando los policías del municipio de Chimalhuacán, estado de México, identificados como Pedro Luis Becerril, Andrés Alan Hernández, y Francisco Gutiérrez encontraron a la pareja en el interior de una camioneta, en la colonia Tlaixco. Los uniformados advirtieron a los novios que los detendrían por “faltas a la moral”. Sin embargo, uno de los oficiales llevó a la joven a un parque cercano y abusó sexual mente de ella; luego dejaron ir a los dos menores.

Al llegar a casa, la afectada contó lo sucedido a su madre, quien pidió ayuda a la Policía Municipal. Posteriormente llegaron al domicilio tres oficiales a bordo de la patrulla 554. La adolescente reconoció a uno de sus agresores, quien conducía la unidad. La familia de la menor tocó las puertas de sus vecinos para que los ayudaran a detener a los uniformados. El novio de la joven intentó bajar al conductor de la patrulla pero éste le disparó dos veces en el pecho y más tarde murió en el lugar. Armados con piedras y palos, los vecinos salieron de sus casas e intentaron detener a los municipales, que huyeron a bordo de la patrulla.

De acuerdo con los promoventes, estos representan casos graves de abuso sexual, en el que se encuentra involucrada la corrupción y el abuso de autoridad, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad pública, lo que pone en entredicho la seguridad de habitantes y visitantes de esos lugares.

En razón de ello, debe atenderse de manera efectiva, e implementar medidas de prevención, atención y sanción de delitos sexuales y violencia de género, y controles de confianza más efectivos para evitar que se sigan cometiendo estos abusos, por parte de las autoridades que deben brindar seguridad a la ciudadanía.

Por lo anterior, presentan la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Primero. La honorable Cámara de Diputados, condena enérgicamente las violaciones y abusos sexuales contra mujeres extranjeras y una connacional menor de edad, ocurridos en los municipios de Cajeme en Sonora, Solidaridad en Quintana Roo, y Chilmahuacán en el estado de México, por miembros de la policía municipal.

Segundo. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de los estados de Sonora, Quintana Roo y estado de México a la pronta impartición de justicia y a la implementación de medidas de prevención para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía en esas zonas.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados acuerda ampliar los trabajos del grupo plural que se aprobó el pasado 7 de febrero para conocer sobre las investigaciones realizadas por el gobierno del estado de Guerrero en los hechos ocurridos contra ciudadanas españolas, integrado por diputadas y diputados de las Comisiones de Igualdad de Género, y Derechos Humanos, con el fin de que conozca también sobre las acciones realizadas por los gobiernos de Sonora, Quintana Roo, y estado de México en los casos de abuso sexual por agentes de la policía de los municipios de Cajeme, Solidaridad y Chimalhuacán, respectivamente.

Consideraciones

Para el análisis sobre esta proposición con punto de acuerdo, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

A) Vinculo entre el principio de igualdad y la no discriminación y la violencia contra las mujeres

En atención al principio de igualdad ante la ley y la no discriminación contra las mujeres, perteneciente al derecho internacional de los derechos humanos, los Estados están obligados a eliminar la discriminación contra las mujeres y asegurar una igualdad sustantiva con los hombres. Al respecto la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1 exige a los Estados parte “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de (...) sexo (...) o cualquier otra condición social”. El artículo 2, en ese mismo orden de ideas, obliga a los Estados parte a adoptar las medidas legislativas y de otra índole para incorporar en el derecho doméstico estos derechos y libertades; y finalmente, el artículo 24 establece el derecho de igual protección de y ante la ley.

En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)1 para abordar la discriminación continua contra la mujer y afianzar y expandir los derechos a ellas proporcionados por otros instrumentos de derechos humanos. La CEDAW obliga a los Estados parte a “la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con miras a lograr la igualdad de jure y de facto entre el hombre y la mujer en el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de ambos”. Estos derechos de las mujeres a la igualdad y la no discriminación han sido afirmados, además, en una amplia gama de instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Convención de Belém do Pará.

Al ser la discriminación contra las mujeres una “discriminación de género”, la comunidad internacional tomó en cuenta el hecho de que tal discriminación no se basa en diferencias biológicas entre los sexos, sino en la construcción social, a través de

a) Los estereotipos;

b) Las oportunidades económicas, sociales y culturales;

c) La diferencia de los derechos y sanciones legales; y

d) El estatus y el poder que determinan la posición relativa de hombres y mujeres en la sociedad, así como determinan como se definen las conductas que se consideran adecuadas, o viceversa “transgresoras” para cada uno de los sexos.

Por mencionar tan sólo algunos ejemplos.

El reconocimiento de discriminación contra las mujeres ha generado en el ámbito de los derechos humanos una revisión profunda de su conceptualización y aplicación. La condición de género, tanto de las mujeres y los hombres, ha permitido una reflexión sobre las particularidades y necesidades específicas de cada uno, alterando las concepciones tradicionales de los principios de universalidad e igualdad, para complejizarlos y consolidarlos a través del reconocimiento de las diferencias y de las garantías específicas que requieren los derechos humanos al tomar en cuenta el género.

A pesar de que el género refiere tanto a la construcción de lo masculino y lo femenino sobre la base del sexo, los Estados han reconocido como un punto de partida fundamental que, en las relaciones de género, si bien los hombres pueden vivir formas de discriminación, es en la opresión y discriminación de las mujeres que se ha construido un orden social de género desigual, y por ello es prioritaria la eliminación de la discriminación contra las mujeres.2

Esta discriminación contra las mujeres, en tanto se ubica en el ámbito de las relaciones de género, se articula también con otras condiciones que pueden aumentar el riesgo, la vulnerabilidad o generar un mayor impacto contra las mujeres.

Así, la clase, la edad, la condición de migrante o refugiada, la religión, la raza o el origen étnico, la orientación sexual o el estado matrimonial, la discapacidad o la condición de salud, definen diversos grados de riesgo o del impacto que pueda tener dicha discriminación en las mujeres. Los instrumentos normativos de derechos humanos y los Comités que monitorean el cumplimiento de dichos instrumentos así lo reconocen3 y señalan como obligación de los Estados prestar atención y crear políticas diferenciadas para las mujeres de acuerdo a la combinación de condiciones sociales que las coloca en situaciones de mayor discriminación. Se asume, entonces, que la discriminación es una violación a los derechos humanos que es incompatible con el pleno reconocimiento de la dignidad humana de las personas, hombres y mujeres.

Posterior a la definición y condena de la discriminación contra las mujeres, ha sido necesario definir y condenar de manera específica la violencia contra las mujeres. En 1992, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer emitió la Recomendación general número 19 con el fin de señalar a los Estados que “la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la Convención”. Esta violencia implica que “está dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belem do Pará–, precisa las obligaciones específicas para los Estados. En ella, la violencia contra las mujeres se define como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.4

Las causas específicas de la violencia contra las mujeres y los factores que incrementan su riesgo están vinculadas de manera directa con la discriminación de género contra la mujer y otras formas de opresión. Como lo reconocen los Estados, la violencia contra las mujeres “es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.5 Por lo que cualquier acción que se realice para prevenir, atender, sancionar, reparar o erradicar esta violencia requiere estar situada dentro de las acciones para eliminar la discriminación contra las mujeres y bajo los principios de libertad e igualdad de género para las mujeres.

La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación6 en sí misma, y al ser cometida por agentes del Estado implica una violación evidente de derechos humanos. Sin embargo, el hecho de que una de las principales causas de la discriminación y de la violencia contra las mujeres sea la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, misma que se concretiza en cada sociedad a través de las acciones que permite, promueve y fomenta el Estado, ha llevado a ampliar los deberes de los Estados en los casos de violencia contra ellas.

Al reconocer que la división entre lo público y lo privado no es tajante, sino que a través de su articulación crean y mantienen un orden social de género, la responsabilidad del Estado ante los estereotipos, costumbres o prácticas que sustentan y mantienen la discriminación y la violencia contra las mujeres, se modifica. Así, el Estado ya no queda eximido de responsabilidad cuando la discriminación y la violencia contra las mujeres son cometidas por particulares, puesto que su incidencia y acción es fundamental para modificarla y garantizar sus derechos.

El reconocimiento de la articulación entre lo público y lo privado en la construcción del orden social de género y los nuevos deberes que crea para los Estados, se cristaliza en el principio de la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.7 De acuerdo al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizara las víctimas”.8 Este deber se vincula también con los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, directamente con aquella modalidad que implica la tolerancia de la violencia contra las mujeres por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.9

B) Medidas desde el Poder Legislativo para garantizar la igualdad y el acceso a una vida libre de violencia

Lo analizado en el apartado A, es el marco conceptual que utilizó la Comisión de Igualdad de Género para el diseño de sus actividades. En el plan de trabajo, que es el instrumento de planeación en el cual se establecen las líneas temáticas y las actividades generales, incorporó una serie de acciones encaminadas a garantizar la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En específico la línea de trabajo 3, referente al seguimiento del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones internacionales que se han hecho al Estado mexicano.

Esta línea de trabajo incluye:

a) Enviar solicitudes de seguimiento a las dependencias involucradas en el cumplimiento de las sentencias y recomendaciones internacionales, a fin de obtener insumos que permitan identificar los obstáculos para dar cumplimiento a las recomendaciones y resolutivos internacionales.

b) Realizar reuniones de trabajo con procuradurías y fiscalías estatales, y con las titulares de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, para impulsar el cumplimiento de la sentencias y conocer la situación que existe en la atención e investigación de los casos de violencia contra las mujeres.

c) Impulsar políticas públicas para la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas, entre otras.

Estas acciones fueron propuestas a partir de la información con la que se cuenta de la gravedad de la violencia contra las mujeres, una de cuyas manifestaciones es la violencia sexual, de acuerdo con el estudio Violencia Feminicida: Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación al año. Un fenómeno particularmente perturbador es la prevalencia de violaciones sexuales.

La siguiente gráfica nos muestra el incremento en las denuncias por violación sexual y la relación de los procesos penales y las sentencias por este delito en el país. De acuerdo con esta gráfica, el panorama es desolador. La prevalencia de violaciones tiene niveles inaceptablemente altos y crecientes, y sin considerar las estimaciones de la llamada “cifra negra”; es decir, de aquellas violaciones que no son denunciadas.

Asimismo, en esta gráfica se evidencia –en la segunda línea– los procesos por el delito de violación y la tercera el número de sentencias condenatorias por el mismo delito. Resulta inaceptable la distancia entre estas series: mientras las denuncias crecen, los sujetos a proceso, es decir, las averiguaciones previas que culminaron con la detención de un presunto responsable y su consignación ante el poder judicial, no pueden pasar de 4 mil –menos de 30 por ciento en todo el periodo, pero tan sólo una cuarta parte desde 2002–; y lo que es peor, después del máximo registrado ese año, la tendencia es a la baja, y en el último año se tiene apenas 56 por ciento de los sujetos a proceso que había ocho años antes. La situación resulta aún más grave al considerar las sentencias condenatorias, pues mientras que de 1997 a 2006 éstas representaban 76 por ciento de los sujetos a proceso, esta proporción no alcanza la mitad en los últimos cuatro años. La diferencia que se observa entre las denuncias y las sentencias es la expresión más gráfica de la impunidad, de la forma en que las mujeres además de no tener garantizada una vida libre de este tipo de violencia, tampoco tienen acceso a la justicia ni a la reparación del daño; ésta es la evidencia de sistemas de procuración e impartición de justicia que no resultan ni efectivos ni eficaces. Por lo que hace a las entidades federativas donde son presentadas las denuncias, lo que nos hace suponer donde ocurren las violaciones sexuales, la distribución es la siguiente:

De acuerdo con lo anterior, si bien hay entidades federativas que presentan un mayor número de denuncias de violaciones sexuales, la gravedad de la situación es en todo el país. De acuerdo con la Comisión de Igualdad de Género resulta necesario impulsar políticas públicas y acciones integrales para atender, investigar y sancionar eficazmente que permitan la atención de todos los casos. Por ello, no resulta procedente el resolutivo tercero del punto de acuerdo. Lo anterior, no impide que se puedan realizar exhortas puntuales en casos que por sus características resultan de alto impacto; por lo cual se consideran procedentes los resolutivos primero y segundo de la proposición con punto de acuerdo en análisis.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados, condena enérgicamente las violaciones y abusos sexuales contra mujeres extranjeras y una connacional menor de edad, ocurridos en los municipios de Cajeme en Sonora, Solidaridad en Quintana Roo, y Chimalhuacán en el estado de México, por miembros de la policía municipal.

Segundo. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de los estados de Sonora, Quintana Roo y estado de México a la pronta impartición de justicia ya la implementación de medidas de prevención para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía en esas zonas.

Notas

1 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981.

2 Los instrumentos internacionales específicos de género señalan la preocupación y condena por la discriminación y la violencia de género contra las mujeres. No señalan dichas violaciones de derechos en un sentido amplio de ambos géneros sino reconocen que el sujeto específico son las mujeres: “Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer”, “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer.”

3 Artículo 2 de la DUDH, Artículo 14 CEDAW, Artículo 1.1 CADH, Artículo 9 de Belem do pará, Recomendación general 16 del Comité DESC, Recomendación general 25 de Comité Racial y la Recomendación general 28 del Comité de Derechos Humanos.

4 Artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do pará) aprobada el 9 de junio de 1994 y ratificada por México el 19 de junio de 1998.

5 Preámbulo Convención de Belem do Pará

6 Recomendación General 19 Comité CEDAW; artículo 6 de la Convención Belem Do Pará.

7 Fracción b), artículo 7 Convención de Belem do Pará.

8 Recomendación General 19 Comité CEDAW.

9 Fracción c), artículo 2 de la Convención de Belem do Pará.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica en abstención), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo sobre el respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en Guanajuato

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente número 1324 que contiene la proposición con punto de sobre el respeto de los derechos humanos de mujeres indígenas en Guanajuato, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD, y presentada el 26 de febrero de 2013.

El turno fue recibido en esta comisión el 27 de febrero de 2013.

Contenido de la proposición

Refiere el proponente que en el mes de febrero un grupo de 13 mujeres indígenas que subsisten de la venta de sus artesanías, fueron severamente discriminadas por el presidente municipal de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez, quien impidió, aduciendo la preservación de la imagen urbana, que estas mujeres indígenas provenientes de la sierra de Guerrero pudieran caminar en el primer cuadro de la capital del estado, Patrimonio de la Humanidad. El edil argumentó que no sólo venden en la vía pública sin permiso, sino que también “afean la vista al turismo”.

Sostiene el proponente que es una verdadera pena lo que ocurre con las y los indígenas en Guanajuato y en todo México; no es la primera vez que se hacen este tipo de actos discriminatorios y vejatorios, que menoscaban la dignidad humana de las personas, pues estas autoridades violan toda disposición de los derechos humanos y garantías individuales, como el de libre tránsito, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para fortalecer su propuesta señaló que la información que ha circulado en periódicos de ti raje nacional y en redes sociales es que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió el expediente 3112/A-2013, y está realizando la investigación correspondiente a las denuncias que han presentado 13 mujeres indígenas nahuas referentes a estas restricciones afrentosas y vejatorias.

Expresó que se debe detener el trato de segregación que se les da a los indígenas, particularmente a las mujeres en las ciudades que tienen el honor de ser Patrimonio de la Humanidad.

Enfatizó que es necesario que la Cámara de Diputados emita un exhorto al presidente municipal de Guanajuato, ciudadano Luis Gutiérrez Márquez, y al gobierno de Guanajuato para que respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas y eviten esos tratos denigrantes y crueles, con apego a los principios y garantías previstos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.

Para abundar en su argumentación señala que según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un “trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo por alguna de sus características físicas o su forma de vida.” Se trata –cierto– de una distinción, exclusión o restricción de los derechos de las personas, en este caso de mujeres indígenas nahuas de la sierra de Guerrero.

Que de acuerdo con el ex Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen (Doc. E/CN.4/2003/90/Add.2, del 10 de febrero de 2003, párrafos 16 a 20), existen cuatro tipos de discriminación, entre ellos, la discriminación interpersonal e institucional, que se manifiestan en actitudes de rechazo y exclusión hacia indígenas por parte de la población no indígena, y en situaciones desfavorables en mecanismos de exclusión, usados históricamente para marginarlos y negarles la posibilidad para vivir en condiciones de equidad con el resto de la población.

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, realizada en 2005, 43% de las personas entrevistadas manifestó que los indígenas “tendrían siempre una limitación social por sus características raciales”. En tanto, 30% indicó que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como tales.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010 apuntan a que aún existen serios rezagos respecto de los derechos y oportunidades que tiene la población indígena para acceder a una situación más igualitaria. Los datos de esta última encuesta señalan que 37% de la población de habla indígena afirmó que no se respetan sus derechos, mientras que 24% sostuvo que esa situación es causada por su acento al hablar y por su forma de vestir. En esta “manifestación indiscutible de discriminación” también intervienen las características físicas, forma de hablar, vestir y comportamientos culturales. Esos factores son asociados en una relación arbitraria y ficticia con limitaciones sociales y pobreza, es decir, que se responsabiliza a las poblaciones indígenas de provocar la desigualdad.

Finalmente concluyó que tener un enfoque de esta naturaleza no sólo trae consecuencias negativas para los y las indígenas sino que, al adjudicar causalidad a esas características, se pierde el foco de responsabilidad que tiene el resto de la sociedad, el Estado y las instituciones, lo que hace más difícil revertir el problema. Además, que lejos de ser sólo percepciones, hay violación de derechos de los indígenas que se ven materializados en la falta de oportunidades para acceder a derechos fundamentales como educación, salud y empleo, en detrimento de su libertad y dignidad.

Consideraciones

Esta dictaminadora considera que las expresiones emitidas por el ciudadano presidente municipal de Guanajuato expuestas en la exposición de motivos, constituyen presumiblemente un acto de discriminación que atenta en contra de los derechos humanos de las mujeres y que se encuentra expresamente prohibido en los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en las Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

México ha suscrito diversos instrumentos internacionales entre los que destaca la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esta Convención constituye el principal instrumento jurídico internacional de derechos humanos para las mujeres de carácter vinculante; reúne los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de las mujeres y expresa claramente que ellos son aplicables a las mujeres de todas las sociedades; es el marco jurídico más completo y, como tal, es suficiente por sí mismo, para el logro del objetivo de la igualdad en el sistema jurídico de los países.

Cabe precisar que todos los poderes de los tres niveles de gobiernos están obligados a dar cumplimiento a los preceptos de la Convención, de tal suerte que de acuerdo con lo expuesto por el proponente, la conducta del ciudadano presidente municipal de Guanajuato viola flagrantemente lo dispuesto en los artículos 1o. y 2o. de la CEDAW:

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) ...

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.

El elevado índice de discriminación contra de las mujeres en México también ha sido objeto de recomendaciones significativas de organismos internacionales.

En sus observaciones finales al 7o. y 8o. Informe consolidado de México, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó que sigue siendo motivo de preocupación el alto nivel de pobreza, el analfabetismo y las múltiples formas de discriminación contra las mujeres indígenas de las zonas rurales, en particular en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por lo que recomendó al Estado Mexicano:

34.-c) Elabore una estrategia general orientada a eliminar las prácticas nocivas que discriminen contra las mujeres indígenas de las zonas rurales, en particular realizando campañas de concienciación dirigidas a las comunidades indígenas en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres a fin de reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer.

Nuestra propia Constitución es clara y precisa en cuanto a la prohibición para cualquier de incurrir en actos de discriminación:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los actos del ciudadano presidente municipal descritos por el proponente también encuadran en lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia describe como violencia institucional:

Artículo 18. Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

El proponente plantea que el Congreso del Estado cite a comparecer al ciudadano presidente municipal para que explique en esa Soberanía los motivos de su actuación. En este sentido esta comisión estima que la propuesta es legítima ya que dicha acción forma parte de las atribuciones del Poder Legislativo Estatal, tal como lo señala el artículo 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato:

Artículo 72. Previo acuerdo, las comisiones por conducto de su Presidente, podrán solicitar información o documentación a los poderes públicos, a los gobiernos municipales, organismos autónomos por Ley y demás dependencias, cuando se trate de un asunto de su ramo o competencia, o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les competan.

Por ello esta dictaminadora considera que existe razón suficiente para la emisión del presente exhorto, como un respetuoso recordatorio a las autoridades de Guanajuato de que en el ejercicio de sus atribuciones deben respetar el principio de igualdad y no discriminación en contra de las mujeres.

Por otra parte en cuanto a la pretensión de solicitar a la CNDH la atracción del caso, cabe precisar que de acuerdo a la Ley Orgánica de la CNDH es procedente el ejercicio de dicha facultad en los casos que prevé el siguiente artículo:

Artículo 60. La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede tardar mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que sea este organismo el que emita, en su caso, la Recomendación correspondiente.

Sin embargo, el 9 de abril de 2013 la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió cuatro Recomendaciones al Presidente Municipal, Luis Fernando Gutiérrez Márquez, al encontrar evidencias que señalan al titular de la Dirección de Fiscalización y control Municipal como responsable de violentar los derechos humanos de 13 mujeres indígenas que ejercen el comercio informal en la capital del Estado.

Las cuatro recomendaciones señalan lo siguiente al Presidente Municipal: Iniciar procedimiento administrativo al Licenciado Horacio Morales Arriaga, Director de Fiscalización y Control por violación al derecho de petición, así como por violación al principio de no discriminación; se inicie un proceso d~ revisión, y en su caso de modificación del marco normativo administrativo que regula la actividad comercial en la vía pública a efecto de actualizarlo y garantice los derechos humanos; se implemente un Plan estratégico que permita la protección integral del centro histórico, con el fin de que la sociedad en su conjunto goce del patrimonio cultural.

Al existir una recomendación sobre el caso concreto, esta Dictaminadora no considera procedente solicitar la atracción del caso por parte de la CNDH en virtud de que existe una Recomendación por parte del Ombudsman local y por tanto no se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la CNDH.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Presidencia Municipal de Guanajuato para que, en el marco del artículo 10. Constitucional, se respeten los derechos humanos y garantías de las personas indígenas, especialmente de las mujeres, en el marco de sus atribuciones.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Congreso local de Guanajuato para que en uso de sus facultades, le de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda, Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados condena las disposiciones de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la diversidad cultural y social de los habitantes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado el expediente número 1400 que contiene la proposición con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena las disposiciones de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y la diversidad cultural y social de los habitantes, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada en la sesión celebrada el 28 de febrero de 2013.

Esta comisión recibió el turno correspondiente el 1 de marzo de 2013.

Contenido de la proposición

La proposición consiste en el siguiente único punto de acuerdo:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena las medidas administrativas de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y diversidad cultural y social de sus habitantes; y las exhorta a respetar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, plasmados en la Constitución General de la República y diversas leyes secundarias, así como a erradicar la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado de su localidad.

Las consideraciones en las que basa su propuesta el diputado Trinidad Morales Vargas, nos remiten a los recientes acontecimientos sucedidos en Ciudad Acuña, Coahuila, sin mencionar la fecha exacta, pero que fueron un hecho público, notorio y conocido a través de diversos medios de comunicación a partir de aproximadamente el 22 de febrero del año en curso, que denunciaron la prohibición del uso de minifaldas por mujeres y por homosexuales.

Refiere que el director general de Seguridad Pública de Ciudad Acuña, el general brigadier en retiro Javier Aguayo y Camargo, propuso dicha regla, en virtud de lo establecido en las normas del Bando de Policía y Buen Gobierno donde, de acuerdo con su criterio, usar ese tipo de ropa es considerado “una falta de respeto a la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres”.

Por lo tanto que los funcionarios de Acuña, al haber impuesto la prohibición de usar minifaldas a las mujeres y a las personas travestis y homosexuales, argumentaron la defensa del respeto de la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres, especialmente que el director general de Seguridad Pública de Acuña, aseguró que el uso de la minifalda provoca la misma “mala impresión” que causan a la sociedad, las mujeres dedicadas a la prostitución.

Que según se indicó, sin manifestar quién hizo esta indicación, la prohibición obedeció a una petición hecha por personal del centro histórico y la Cámara Nacional de Comercio de Acuña contra quienes salen de los bares y centros nocturnos acompañadas de sus parejas y portando la diminuta prenda, sin embargo tampoco menciona qué personas hicieron la petición referida.

Asimismo explica el diputado proponente, que la disposición autoritaria establecida en las normas del Bando de Policía y Buen Gobierno, se fundamenta en el Bando de Policía y Buen Gobierno de 2005, que establece en el título segundo, “Seguridad pública”, capítulo IV, “Moralidad pública”, que son faltas contra la integridad moral de las personas y de las familias “exhibirse de manera indecente o indecorosa en cualquier sitio público; proferir palabras obscenas en lugares públicos, así como silbidos o toques de claxon ofensivos; asumir en lugares públicos actitudes obscenas, indignas o en contra de las buenas costumbres y otras”; esto, en el artículo 42 y que las sanciones establecidas por el Reglamento de Justicia Municipal de Ciudad Acuña, a los infractores del Bando de Policía y Buen Gobierno, en el artículo segundo, son la amonestación a los infractores en asuntos civiles, obligando en su caso a la reparación del daño; y que la comisión de una o varias de estas faltas podría ser sancionada con multa de 1 a 20 días de salario mínimo vigente en esta zona económica o con arresto de hasta 36 horas, debiendo turnar los casos que correspondan al Ministerio Público.

Que el director de Seguridad Pública de Acuña, nombrado en el cargo el 21 de septiembre de 2012, y que ha ocupado anteriormente el mismo puesto en San Luis Potosí y en la ciudad de Chihuahua, además, invitó a la ciudadanía de Acuña, a denunciar a quienes porten estas prendas para “salvaguardar la integridad de la comunidad”, pues su uso significa “una falta contra las reglas de urbanidad y a la moral”, calificando de “grave” el uso de la vestimenta corta. Argumentando que su prohibición es, para evitar “presenciar un espectáculo bochornoso” explicando que quienes sean denunciados por “enseñar demás” serían detenidos y multados.

El diputado proponente, además, hace del conocimiento de las diputadas y diputados en la argumentación del punto de acuerdo que se dictamina, que el director de Seguridad Pública, Javier Aguayo y Camargo, manifestó que las personas que visten de forma “provocativa”, hombres o mujeres, son delincuentes en potencia, pues pueden utilizar su apariencia “para cometer algún acto ilícito”.

En virtud de lo anterior, hace una disertación respecto a que la intolerancia, el racismo, la xenofobia, la misoginia y la homofobia son actitudes que se fundamentan en el odio, el prejuicio, la ignorancia y el miedo, para concluir que especialmente las expresiones de homofobia o cualquier otra que fomente la discriminación, lesiona los derechos humanos, crea fracturas en la comunidad, fomenta la desigualdad y la violencia, amenazando el desarrollo humano y fundamentado en el principio de igualdad, debe exigirse a los estados adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que causan la discriminación o que contribuyen a perpetuarla.

Que la existencia de actitudes discriminatorias, establece obligaciones para los estados, como la tarea de erradicarlas del ámbito público y privado, por lo que a pesar de que en México la Constitución establece la protección de los derechos humanos y la prohibición de discriminar, así como diversos instrumentos jurídicos locales y federales en las materias, la realidad nos dice que éstas no siempre son aplicadas en todos los estados y sus municipios, como ocurre en Acuña, Coahuila, por lo que se constata que subsisten brechas importantes para el reconocimiento de estos derechos a todas las personas en todo el país.

Concluye sus argumentos con la afirmación de que el racismo, la discriminación, la homofobia y la xenofobia, constituyen fenómenos sociales, culturales y políticos; que no son “instintos naturales” de las y los seres humanos, por lo que deben ser combatidos enérgicamente, máxime si son alentados por autoridades públicas.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional, establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Aunado a lo anterior, y con relación a las afirmaciones del diputado Trinidad Morales Vargas, respecto a las obligaciones de los estados establecidas en diversos instrumentos jurídicos en materia de no discriminación y de protección de los derechos humanos de las personas, son incumplidas, lo que constituye el no reconocimiento de estos derechos a todas las personas en muchas entidades del país, como se puede observar especialmente en este caso en Acuña, Coahuila, es pertinente señalar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, obliga a la armonización de todo el marco jurídico nacional; pero, sobre todo, a garantizar que la legislación secundaria desarrolle los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas en este país.

Segunda. La obligación contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de legislar conforme al principio pro persona, que significa atender al criterio normativo que favorezca el ejercicio más amplio de derechos.

Es oportuno precisar que el Estado mexicano de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, debe traducir los tratados internacionales a los ordenamientos jurídicos mexicanos, compromiso que se conoce como un proceso de “armonización legislativa”.

Es importante destacar que la armonización legislativa en materia de derechos humanos, no es una cuestión optativa sino un deber jurídico resultado de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano cuyo incumplimiento u omisión implica responsabilidad que puede derivar en recomendaciones.

Tercera. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en su artículo 4, que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, asimismo que se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Esta Comisión de Igualdad de Género considera que sería muy grave y lamentable que cualquier persona funcionaria pública, pero en el caso que atañe al presente punto de acuerdo en estudio y su correspondiente dictamen, el funcionario público director general de Seguridad Pública de Ciudad Acuña, general brigadier en retiro Javier Aguayo y Camargo, haya utilizado expresiones iguales o similares a las siguientes:

1. “Usar ese tipo de ropa es considerado una falta de respeto a la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres”.

2. “El uso de la minifalda provoca la misma mala impresión que causan a la sociedad, las mujeres dedicadas a la prostitución”.

3. “Invito a la ciudadanía de Acuña, a denunciar a quienes porten estas prendas para salvaguardar la integridad de la comunidad , su uso significa una falta contra las reglas de urbanidad y a la moral”.

4. “El uso de la minifalda es grave , su prohibición es para evitar presenciar un espectáculo bochornoso .”

5. “Quienes enseñen demás serían detenidos y multados.”

6. “Las personas que visten de forma provocativa , hombres o mujeres, son delincuentes en potencia, pues pueden utilizar su apariencia para cometer algún acto ilícito ”.

Toda vez que especialmente las marcadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, no solamente son expresiones discriminatorias, sino que incitan al odio y a la perpetuación de estereotipos nocivos para las personas, especialmente en agravio de las mujeres, las personas homosexuales y las que se dedican a la prostitución.

Por lo que hace a las expresiones marcadas con los números 1 y 3, es claro para esta comisión que los conceptos: respeto, moral, pudor, decencia y buenas costumbres, de haber sido utilizados por el director general de Seguridad Pública de Ciudad Acuña, Javier Aguayo y Camargo, como refiere el diputado Trinidad Morales Vargas, en el contexto aludido en las consideraciones del punto de acuerdo que se dictamina, lo que además sustentan diversos medios de comunicación publicados en Internet como ya lo constató personal de esta comisión, no fueron de ninguna manera objetivos, es decir que fueron utilizados conforme a las apreciaciones subjetivas y conceptos personales del funcionario que no se traducen en los conceptos de respeto a los derechos humanos de las personas como deber de los particulares o del estado.

Especialmente preocupa a esta comisión que la manifestación marcada con el número 3, se haya hecho a través de los medios masivos de comunicación nacionales o locales, debido a que su impacto nocivo como contribución al fomento de estereotipos y la incitación al odio en contra de las mujeres, de las personas homosexuales y de las personas dedicadas a la prostitución, sería aún más grave.

La facultad de investigar si estas manifestaciones fueron hechas ante los medios de comunicación directamente por el servidor público aludido, corresponde a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por lo que esta comisión dictaminadora considera que es pertinente que el exhorto que resulte del presente dictamen, sea dicha instancia para que investigue y actúe de acuerdo a sus funciones.

Por lo que hace a la violación de derechos humanos resultante de la aplicación de las normas del Bando de Policía y Buen Gobierno, que aún establece en el título segundo, “Seguridad pública”, capítulo IV, “Moralidad pública”, que son faltas contra la integridad moral de las personas y de las familias “exhibirse de manera indecente o indecorosa en cualquier sitio público; proferir palabras obscenas en lugares públicos, así como silbidos o toques de claxon ofensivos; asumir en lugares públicos actitudes obscenas, indignas o en contra de las buenas costumbres y otras”; en las que supuestamente se basó el funcionario para establecer la prohibición del uso de las minifaldas, esta comisión considera pertinente la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y realizar un exhorto al Ejecutivo de Acuña, Coahuila, a efecto de que armonice sus reglamentos conforme a lo expuesto en la consideración Segunda del presente dictamen.

Por otra parte, es pertinente destacar que la dictaminadora considera que todas las expresiones marcadas con los números del 1 al 6, son a todas luces indebidas y discriminatorias por lo que es correcto que la Cámara de Diputados se manifieste en su contra.

Las consideraciones de la Comisión de Igualdad y Género, además, se refuerzan con lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala en su artículo 9, que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, y que se consideran como prácticas discriminatorias entre otras las señaladas en la fracción XIII, “Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana” y en la fracción XV, “Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.

Y destacamos que los conceptos de dignidad e integridad humana, sí se encuentran definidos en los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, para protegerlos y garantizarlos, a diferencia de aquellos de pudor, decencia y buenas costumbres que ni siquiera se encuentran en el reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno, a que el proponente se refirió como una disposición autoritaria, que por lo menos es incongruente, o incompleta y por lo tanto ineficiente porque permite dejar a la interpretación particular que puede ser incluso conservadora, ilegal, ignorante, retrograda, intolerante y discriminadora basada en usos y costumbres discriminatorias o simplemente en una educación o cultura patriarcal y machista, del funcionario aludido o de cualquiera otra persona los conceptos de “exhibirse de manera indecente o indecorosa” “asumir en lugares públicos actitudes indignas o en contra de las buenas costumbres y otras”.

Cuarta. Esta comisión desea hacer énfasis en que la incitación al odio y a la violencia, constituyen otra forma de discriminación contra las mujeres, que en el caso expuesto por el proponente, las expresiones marcadas con los números 2, 4 y 6, que especialmente se relacionan con las mujeres, constituyen incitación a la violencia en su contra.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entrando en vigor como tratado internacional en septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países, incluido México.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas define como violencia de género: “‘Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas o tales actos, la coacción o privación arbitraria, tanto si se producen en la vida pública o privada”.

Con fecha 1 de febrero de 2007, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Quinta. De acuerdo a lo dispuesto por los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres suscritos por el Estado mexicano, particularmente, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do pará) así como las disposiciones de las leyes específicas de protección a los derechos de las mujeres, particularmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

La violencia contra las mujeres es una grave violación a sus derechos humanos y, algunas de sus manifestaciones, constituyen delitos que deben ser perseguidos y sancionados por los órganos responsables de la procuración e impartición de justicia, garantizando a las víctimas la reparación del daño.

Sexta. En julio de 2012, el Comité de la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México. Este ejercicio permitió evidenciar los avances registrados, referir los motivos de preocupación y formular una serie de recomendaciones al Estado mexicano entre los temas analizados destaca el de armonización legislativa, con los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres.

El comité recordó la obligación del estado “de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la convención” y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las observaciones finales “requieren la atención prioritaria del estado”.

Séptima. Esta comisión considera que se hace imperante coadyuvar en cualquier acción orientada a repudiar estos actos y a fortalecer a las instituciones públicas que apoyan a las mujeres y a las personas homosexuales que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y que tienen como propósito eliminar esta condición que afecta su integridad y dignidad.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete a su consideración de la asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena las medidas administrativas de las autoridades de Ciudad Acuña, Coahuila, que atentan contra los derechos humanos, la libertad y diversidad cultural y social de sus habitantes; y las exhorta a respetar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, plasmados en la Constitución General de la República y diversas leyes secundarias, así como a erradicar la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado de su localidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamente Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica en contra), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aida Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 12 de marzo de 2013, la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó la proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas, turno recibido en esta comisión el 13 de marzo.

Contenido de la proposición

La proposición consiste en los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.

Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.

Las consideraciones en que basa su propuesta la diputada Leticia López Landero inician al referirse a la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres para .el ejercicio de los derechos de éstas a votar y ser votadas en nuestro país, sin embargo refiere que actualmente muchas mujeres ocupan puestos y cargos públicos de alta responsabilidad, y muchas de ellas procuran la participación de las mujeres en el ámbito político, en igualdad de derechos y de oportunidades a efecto de que su participación contribuya en el diseño de políticas públicas a favor de las y los habitantes de nuestro país.

Destaca la participación de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, hasta el logro de obligaciones adquiridas por el estado mexicano de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995), lo que se materializa en reformas, ajustes y modificaciones legislativas que permiten impulsar la participación de las mujeres mexicanas en cargos de administración y de representación.

En ese sentido, nos explica que la legislación electoral, tanto federal como en las entidades federativas del país, ha ido paulatinamente incorporando medidas de acciones afirmativas para promover el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.

Nos explica que la participación de las mujeres es creciente en estos aspectos, hasta el punto, por ejemplo, de que en la presente LXII legislatura se registró en la Cámara de Diputados un número histórico de 185 diputadas, es decir, 37 por ciento de los 500 escaños, y en Cámara de Senadores el porcentaje es del 32.81 por ciento, es decir tomando en cuenta los 128 espacios en el Senado, 42 son senadoras y que, sin embargo considera necesario que la Cámara de Diputados emita el punto de acuerdo que propone ya que a pesar de lo anterior, muchas mujeres durante el ejercicio de su puesto o cargo público, incluso en el proceso previo a ocuparlo, son objeto de múltiples violencias y que lo anterior es inaceptable ya que menoscaba el ejercicio de sus derechos.

Refiere que voces diversas se han pronunciado sobre el acoso y violencia política que sufren muchas de nuestras compañeras en el ejercicio de sus derechos políticos a través de los medios de comunicación. Por otra parte, nos remite al contenido del los artículos 6 primer párrafo y 7 vigentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que versan sobre el derecho de todas las personas a la libertad de expresión, sin embargo apropiadamente nos explica brevemente que lo que no es debido, es justificar la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación invocando el derecho a la libertad de expresión.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Posteriormente expone el caso de un medio de comunicación de Veracruz del cual no refiere el nombre o razón social, sin embargo precisa que dicho medio difunde sus notas localmente de manera impresa ya través de la red de internet, que desde hace aproximadamente un año, se ha dado a la tarea de publicar notas, comentarios e incluso imágenes ridiculizando y ofendiendo a la diputada proponente Leticia López Landero.

La violencia psicológica que vive la diputada proponente desde hace aproximadamente año y medio ejercida a través de dicho medio de comunicación, en virtud del ejercicio de sus derechos políticos, la califica de política, lamentable, brutal, denigrante y sutil, toda vez que violencia cuando en dicho medio de comunicación, destacan a través de sus notas la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, ni sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas, generan también discriminación, lo cual contraviene el artículo 4o. y la fracción XV del artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación que establecen lo siguiente:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión ,0 restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

...

XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.

En sus consideraciones menciona que lamentablemente es frecuente que en contra de las mujeres se emitan comentarios de carácter sexista, ofensivos o referencias y comparaciones destructivos sobre sus cuerpos y que estos comentarios que atentan contra la dignidad de las mujeres como seres humanas, también constituyen violencia y discriminación en su contra lo que no debe ser tolerado de ninguna manera.

Solicita que reconozcamos que el lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra las mujeres, y que tenemos la obligación de pararlo, no aceptarlo, e incluso, de censurarlo.

Contextualiza su experiencia en el marco de ser víctima de la violencia en su contra a través del medio de comunicación que alude, en virtud de su participación política y visibiliza que el objeto o fin de las agresiones que ha recibido desde hace un año y medio aproximadamente por parte de este medio de comunicación, son con el fin de discriminarla, lo que constituye un obstáculo en su participación política.

Por lo anterior, propone impulsar firmemente la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, para lo cual es fundamental visibilizar que la violencia en su contra a través de los medios de comunicación, el rumor institucional o la prensa sensacionalista son obstáculos que deben eliminarse para trascender al plano de las garantías y la legalidad, propone que algunas medidas para lo anterior serían colocar el tema en la agenda política, construir alianzas, proteger a las víctimas, sancionar a los agresores, acciones legislativas, entre otras como formular estadísticas y mediciones del problema, que afecta profundamente nuestro tránsito hacia un país verdaderamente democrático y que dichas medidas deben ir dirigidas no sólo a los medios de comunicación, sino a grupos, autoridades, personas físicas o morales, a efecto de que sus manifestaciones, expresiones, lenguaje y conductas sean de respeto, prudencia, y libres de violencia contra las mujeres.

Con base en las consideraciones expuestas propuso los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.

Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas dé campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ahora bien, por cuanto hace al derecho a la no discriminación a nivel internacional, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina en su artículo 26 que “[...] la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala en el artículo 1 que la discriminación contra la mujer denotará “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belem do pará) establece el derecho a una vida libre de violencia. En la Plataforma de Acción de Pekín se determinó específica mente la prohibición de la utilización de materiales informativos con contenido violento o degradante hacia la mujer en los medios de comunicación.1

En consonancia con los instrumentos internacionales, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe con rigor toda forma de discriminación, puesto que se considera un menoscabo a los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, ese texto constitucional determina que todas “las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Es pertinente señalar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, obliga a la armonización de todo el marco jurídico nacional pero sobretodo a garantizar que la legislación secundaria desarrolle los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas en este país.

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define en el artículo 4 la discriminación como un acto de “distinción, exclusión o restricción que basada en el [...] sexo [...] o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

Dicho ordenamiento establece además, en el artículo 9, fracción XV, que se considera como una conducta discriminatoria prohibida la de “ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación”.

Aunado a lo anterior, y con relación a las afirmaciones de la diputada Leticia López Landero, respecto a las agresiones que ha recibido por parte de un medio de comunicación de Veracruz desde hace aproximadamente año y medio, sus derechos establecidos en diversos instrumentos jurídicos en materia de no discriminación y de protección de los derechos humanos de las personas, son violados, lo que constituye probablemente la comisión de delitos o faltas en su contra, mismos que la proponente puede ejercer ante las autoridades competentes en el momento que considere oportuno, sin embargo, su proposición trasciende la mera denuncia de la violencia cometida en su contra, visibilizando la violencia en los medios de comunicación contra las mujeres, como una forma de discriminación, cuando constituye un obstáculo en el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres.

Es importante resaltar que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos prohíben expresamente la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, cuando la cometa un agente del Estado o bien un particular, como puede ser un medio de comunicación. Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho a la libertad de expresión pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoce el derecho a la no discriminación; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece el derecho a una vida libre de violencia y en la Plataforma de Acción de Pekín establece la prohibición de la utilización de materiales de contenido violento o degradante sobre la mujer en los medios de comunicación.

Segunda. La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación establece en el artículo 4 que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, asimismo que se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

La Comisión de Igualdad de Género considera que en este caso, evidentemente se conculca el derecho a vivir una vida libre de violencia de la diputada proponente en lo particular, pero la violencia en los medios de comunicación contra las mujeres dedicadas al oficio político, candidatas, representantes populares, con la intención de fomentar estereotipos, repudio, odio y violencia en su contra, constituyen un obstáculo para su participación política que puede manifestarse en el impedimento, anulación o reconocimiento de sus derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.

Tercera. Esta comisión desea hacer énfasis en que la incitación alodio y a la violencia, constituyen otra forma de discriminación contra las mujeres, que en el caso expuesto por la proponente, las expresiones emitidas por el medio de comunicación aludido, constituyen incitación a la violencia en su contra, por lo que tolerar las mismas, fomenta que dicho medio de comunicación se siga expresando de este modo de la diputada Leticia López Landero o de cualquier otra mujer dedicada o no a la participación política.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, entrando en vigor como tratado internacional en septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países, incluido México.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas define como violencia de género:

‘Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas o tales actos, la coacción o privación arbitraria, tanto si se producen en la vida pública o privada.

Es claro en este caso que la violencia contra la diputada Leticia López Landero, por parte del medio de comunicación que menciona, ha tenido o puede tener como resultado un daño o sufrimiento psicológico, toda vez que la califica como política, lamentable, brutal, denigrante y sutil .

Cuarta. Con fecha 1 de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que con relación al contenido de la proposición que se dictamina establece:

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por

...

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera la violencia como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”,2 y precisa en el artículo 6, fracción I, que la violencia psicológica abarca tanto actos como omisiones que dañen la estabilidad sicológica tales como insultos, humillaciones y devaluación, entre otras.

De la Violencia en la Comunidad

Artículo 16. Violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de

I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria;

II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres.

Sección Primera. De la Federación

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la federación

...

XV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

...

XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia;

XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley; y

XX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.

Quinta. En relación con lo que establece el artículo 41, fracción XVIII, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es necesario considerar que si bien el artículo 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, pero también señala el límite a ese derecho: el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en esa misma sintonía, garantiza el derecho a la libertad de expresión, pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas.3 De igual forma, así lo determina la Convención Americana sobre Derechos Humanos.4

Entonces, debe considerarse que el ejercicio de la libertad de expresión en la prensa no entraña el derecho a causar un daño a las personas y menos aún violentarlas. Por tal motivo, quienes sufran de infundios u ofensas en un medio de comunicación, cuentan con los instrumentos legales pertinentes para presentar su inconformidad. Asimismo, las normas prevén el derecho de réplica para salvaguardar la integridad de las personas que puedan ser víctimas de comentarios discriminatorios en medios de comunicación. Derecho que no fue concedido a las ofendidas.5

De acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres suscritos por el Estado Mexicano, particularmente, la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do pará) así como las disposiciones de las leyes específicas de protección a los derechos de las mujeres, particularmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

La violencia contra las mujeres es una grave violación a sus derechos humanos y, algunas de sus manifestaciones, constituyen delitos que deben ser perseguidos y sancionados por los órganos responsables de la procuración e impartición de justicia, garantizando a las víctimas la reparación del daño.

Si bien en la propuesta se omite identificar cuál es el medio de comunicación escritos que incurrieron en la práctica discriminatoria y de violencia se estima procedente la solicitud de la legisladora, porque personal de esta comisión se dio a la tarea de buscar la información relativa por internet, pero sobre todo en virtud de que sí se reconoce la conducta lesiva que el medio realizó en contra de la diputada Leticia López Landero, por lo que, en esos términos se estima que debe realizarse el pronunciamiento, es decir, rechazar la violencia y discriminación de que fue objeto la diputada y así propiciar que el medio de comunicación aludido continúe realizando esta práctica en contra de la misma o de cualquier otra mujer.

Con base en las presentes consideraciones, así como en las referencias que cita la proponente en su escrito de las notas aparecidas en el medio de comunicación de Veracruz que la diputada proponente refiere que son distribuidas en forma impresa localmente, pero que son difundidas por internet, personal adscrito a la comisión dictaminadora se dio a la tarea de buscar dichas referencias vía Internet y las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género pudieron constatar que el medio de comunicación aludido por la diputada es el Buen Tono de Veracruz y que en las notas que se refieren a la misma denotan desprecio hacia su persona, por el hecho de ser mujer, según puede apreciarse, y más cuando ninguna referencia a los hombres es por su aspecto físico.

Sexta. Esta comisión considera que es imperante coadyuvar en cualquier acción orientada a repudiar estos actos y a fortalecer a las instituciones públicas que apoyan a las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y que tienen como propósito eliminar esta condición que afecta su integridad y dignidad.

Los actos de violencia en los medios de comunicación de los cuales ha sido víctima la diputada Leticia López Landero evidencian un desprecio hacia los derechos humanos de las mujeres. La Comisión de Igualdad de Género considera que no se debe pasar por alto dichos agravios que atentan en contra de la investidura legislativa y constituyen una violación de derechos humanos. Los adjetivos sexistas utilizados en contra de la legisladora, incitan alodio y a la violencia contra las mujeres.

Por otra parte, es pertinente destacar que la dictaminadora considera que la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación públicos y privados, no debe ser tolerada, por lo que la Cámara de Diputados debe manifestarse en su contra.

Especialmente preocupa a esta comisión que las expresiones en los medios de comunicación que de carácter sexista o misógino, las referencias y comparaciones destructivas sobre sus cuerpos y con la intención de ridiculizar y ofender a las mujeres como todos aquellos comentarios que atenten contra su dignidad generen impacto nocivo como contribución al fomento de estereotipos y la incitación al odio contra las mujeres.

Como parte integrante del Estado mexicano, la Cámara de Diputados, como se anota líneas atrás, tiene la responsabilidad constitucional en la esfera de su competencia, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete a su consideración los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.

Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.

Notas

1 Destaca “que los medios de información de masas y las organizaciones de publicidad deben establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de contenido violento, degradante o pornográfico sobre la mujer en los medios de información, incluso en la publicidad”.

2 Artículo 5, fracción IV.

3 Así lo determina el artículo 19 al señalar que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, mismo que entraña deberes y responsabilidades especiales y, por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones para asegurar el respeto de los derechos o de la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

4 Artículo 13.

5 El artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho de rectificación o respuesta, a través del cual “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.

Por otra parte, en el ámbito nacional, la Ley sobre Delitos de Imprenta señala en el artículo 4 que se considerará maliciosa una manifestación o expresión cuando por los términos en que está concebida sea ofensiva, o cuando implique necesariamente la intención de ofender. Agrega en el artículo 27 que los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a favorecer la implantación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 3 de abril de 2013, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a favorecer la implantación de una estrategia de movilidad integral en sus localidades.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Primero. El proponente, diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo señala que en los últimos 25 años nuestro país ha sufrido un crecimiento inédito en sus principales ciudades, debido a un constante proceso de centralización económica y a un considerable aumento en los servicios urbanos. Esto ha incentivado a las personas del medio rural a emigrar a las ciudades, señala que en el año 2010 el 76.8 por ciento de la población mexicana habitaba en zonas urbanas. Abunda diciendo que el rápido crecimiento de las ciudades ha significado una expansión horizontal de las mismas, ocasionada entre otras cosas, por la mala definición de los usos de suelo. Opina que como consecuencia de este crecimiento se ha producido un fenómeno de migración hacia la periferia, en busca de una mejor calidad de vida en zonas de menor densidad, concluye que en esas zonas es donde el transporte público no es capaz de ofrecer un servicio tan eficiente como en el centro de la ciudad, por lo que se genera una fuerte dependencia del vehículo privado y un fuerte aumento del nivel de motorización.

Segundo. También menciona que en nuestro país, de acuerdo con el Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012, en la zona metropolitana del valle de México el tiempo promedio de un desplazamiento es de una hora con 21 minutos. En el mismo informe se señala que “se estima que las personas pierden en promedio 16 horas semanales en traslados a sus lugares de estudio o trabajo. Además del tiempo perdido, cada traslado suele implicar una serie de riesgos; por ejemplo, ocho de cada 10 personas usuarias de transporte público consideran que este servicio es inseguro, y siete de cada 10 mujeres afirman tener miedo de ser agredidas sexualmente al usarlo”.

Tercero. Considera que la movilidad debiera ser uno de los principales derechos sociales de las personas que habitan un territorio. La movilidad urbana es un derecho social que el Estado debe de preservar y ampliar de forma igualitaria.

Cuarto. Destaca que la movilidad se ocupa de garantizar los flujos de personas y de carga a través de las diferentes infraestructuras del espacio público y de los modos que por las mismas circulan. Considera que ésta resulta imprescindible para que las personas puedan acceder a los bienes y servicios básicos que son indispensables para tener una vida digna. Desde esta perspectiva, se aprecia la cercana relación que guarda con el ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales en tanto que las distancias y exigencias de movimiento se hacen evidentes y necesarias para su realización; este es el enfoque que le da el informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012.

Quinto. Por todo esto, el firmante considera apropiado instar a las instancias gubernamentales de los estados de la república a priorizar la movilidad como un derecho social del siglo XXI que debe de ser atendido según la capacidad técnica, humana y financiera, y con base en los planes integrales de desarrollo de cada entidad. Todo esto, señala, debe de tener algunos productos específicos, entre los cuales se hallan:

– Campañas de concienciación y generación de incentivos desde los gobiernos para fortalecer una cultura vial.

– Provisión de bicicletas públicas, y los espacios para utilizarlas.

– Aumento de presupuestos para cobertura y calidad del transporte público para garantizar la movilidad igualitaria desde cualquier parte de la ciudad.

– Buscar que las tarifas del transporte público sean accesible a todos los ciudadanos.

– Asegurarse que todas las ciudades y los pueblos de sus estados sean transitables a pie y en bicicleta por medio de la creación de infraestructura peatonal y ciclista.

Sexto. El legislador en los resolutivos de la proposición establece lo siguiente:

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar la creación o, en su caso, revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la consecución de políticas que prioricen en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, las políticas de la movilidad urbana y humana.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y de los municipios, de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, y con base en sus planes integrales de desarrollo, a favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de políticas encaminadas a fortalecer la movilidad humana en sus localidades. Asimismo, a priorizar el rubro de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte urbano.

Consideraciones

Después de haber analizado los antecedentes y contenido de la proposición vertidos en el dictamen que nos ocupa, esta Comisión considera procedente aprobarla, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Primera. Esta comisión se solidariza con la preocupación expuesta por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, en el sentido de procurar mejores acciones para fortalecer la movilidad urbana.

Segunda. El modelo actual de movilidad urbana es producto de los cambios, sociales, económicos y tecnológicos de nuestro tiempo, este modelo se caracteriza por el aumento de las distancias medias recorridas, las distancias que separan a los lugares donde se realizan diferentes actividades económicas y sociales no han dejado de crecer, esto a consecuencia de los avances tecnológicos y organizacionales.

Esta dictaminadora considera que es fundamental impulsar sistemas de transporte que hagan posible la eficaz movilidad poblacional y por consiguiente el acceso a los servicios y bienes sociales.

Tercera. Es importante recordar lo que señala Carmen Lizárraga Mollinedo cuando en su Movilidad urbana sostenible: un reto para las ciudades del siglo XXI, destaca que las condiciones y el tiempo dedicado a los desplazamientos representan otra fuente de disparidades socioeconómicas, dado que cada vez se necesita más tiempo y dinero para desplazarse en la urbe. Los viajes diarios se realizan sacrificando tiempo de descanso, de consumo o de trabajo remunerado. Y ese fenómeno social afecta con mayor severidad a los más pobres, que se trasladan a sus centros de trabajo y escuelas en condiciones más incómodas, con mayores tiempos de desplazamiento.

Cuarta. Es propicio destacar aquí datos que proporciona el Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011-2012:

El tiempo promedio de un desplazamiento en la zona metropolitana del valle de México es de una hora con 21 minutos. De manera acumulada, se estima que las personas pierden en promedio 16 horas semanales en traslados a sus lugares de estudio o trabajo. Además del tiempo perdido, cada traslado suele implicar una serie de riesgos; por ejemplo, ocho de cada 10 personas usuarias de transporte público consideran que este servicio es inseguro, y siete de cada 10 mujeres afirman tener miedo de ser agredidas sexualmente al usarlo. Distintas fuentes hemerográficas han contabilizado que durante los últimos seis años, por lo menos 160 personas perdieron la vida en la Ciudad de México en accidentes en donde estuvieron involucrados microbuses. Este tipo de transporte es el peor calificado en las encuestas de satisfacción a personas usuarias –77 por ciento se encuentra insatisfecho con este servicio–; sin embargo, es el que concentra la mayor cantidad de viajes –63.7 por ciento

Lo anterior es una referencia de los retos que enfrentan las 56 zonas metropolitanas que hay en todo el país y que concentran más del 70 por ciento de los mexicanos, el problema es el mismo, no hay una planeación en materia de movilidad y el transporte público, en muchos casos, no es de buena calidad y tampoco garantiza seguridad en el servicio.

Quinta. La problemática expuesta por el diputado Fujiwara Montelongo, no debe ser ignorada por esta legislatura, por ello, esta dictaminadora considera procedente exhortar a las entidades federativas de integran nuestro país, para que consideren impulsar políticas eficaces de movilidad urbana, empleando para ello la capacidad técnica, humana y financiera que dispongan, a fin de garantizar este derecho a la población y con ello, elevar su calidad de vida.

Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar la creación o, en su caso, revisión de un marco jurídico idóneo que garantice la consecución de políticas que prioricen en el marco de sus respectivas competencias, funciones y facultades, las políticas de la movilidad urbana y humana.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y de los municipios, de acuerdo con su capacidad técnica, humana y financiera, y con base en sus planes integrales de desarrollo, consideren favorecer la creación de órganos administrativos encargados de la aplicación y ejecución de políticas encaminadas a fortalecer la movilidad humana en sus localidades. Asimismo, a priorizar el rubro de infraestructura peatonal, ciclista y de transporte urbano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Diputados: Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota, Dulce María Muñiz Martínez, Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez, Hugo Sandoval Martínez, Carlos Sánchez Romero (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras a dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo propuesta por el diputado José Martín López Cisneros, a fin de exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal a razón de dar celeridad al proyecto hidráulico Monterrey VI.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1 y 3, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I; 158, numeral I fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 9 de abril de 2013, el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal, a razón de dar celeridad al proyecto hidráulico Monterrey VI, así como definir el esquema financiero e iniciar las obras a la brevedad posible.

Segundo . El 10 de abril de 2013, fue recibido en esta Comisión de Recursos Hidráulicos el oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0830 de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que turnó dicha iniciativa a esta comisión para efecto de su dictamen.

Tercero . Con fecha lunes 29 de abril del año 2013, se reunió la Junta Directiva de esta comisión en reunión extraordinaria, posteriormente se celebró una reunión plenaria extraordinaria el martes 30 de abril del año 2013, y dentro del orden del día de ambas reuniones se abordó el análisis del punto de acuerdo en mención.

Recibido el presente asunto, quienes integramos esta comisión, procedimos al estudio del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El diputado José Martín López Cisneros, solicita se someta a la consideración de este órgano soberano la proposición con punto de acuerdo por el se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal, a fin de darle celeridad a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI.

En el cuerpo de la proposición se señala que “El pasado 6 de diciembre de 2012, en su primera gira como presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto visitó nuestro estado, Nuevo León, cuyos ciudadanos le dieron una cálida bienvenida y más cuando se comprometió a impulsar y apoyar dos obras estratégicas para el desarrollo: la Línea 3 del Metro y el proyecto Monterrey VI.”, por lo sus palabras textuales fueron “aquí está el secretario de Comunicaciones, a quien instruyo para que a este proyecto (Línea 3 del Metro) se le imprima celeridad, al igual que el señor director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en lo que hace al proyecto de Monterrey VI.”

De igual manera refiere el diputado José Martín López Cisneros que “en esa gira de trabajo, el presidente Peña Nieto explicó que el proyecto Monterrey VI tendrá una inversión de casi 14 mil millones de pesos, se realizará en aproximadamente 3 años y consiste en un acueducto de 520 kilómetros de longitud, que pasará por los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, y llegará a Nuevo León, para garantizar el abasto de agua para los próximos 50 años en la entidad.” Al igual argumenta que la Cámara de Diputados, aprobamos el Presupuesto de 2013 del gobierno federal el cual incluye 2 mil 675 millones de pesos para iniciar las obras del citado proyecto.

También argumenta que “el pasado 4 de marzo, el director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, visitó Nuevo León y dio la noticia de que el esquema financiero que se implementará para la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI aún no está definido, por lo que no tienen fecha para el arranque de esta obra trascendental para el estado.”

Con base en lo anterior, el diputado José Martín López Cisneros, propone:

Único: Se exhorta al director de la Comisión Nacional del Agua, doctor David Korenfeld Federman, así como al director de Banobras, licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que atiendan la instrucción del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a fin de darle celeridad a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI, definiendo el esquema financiero y arrancando las obras a la brevedad posible.

Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Analizados que han sido los argumentos del diputado proponente, a fin de que se dé inicio cuanto antes a la construcción del proyecto Monterrey VI, para así lograr la seguridad de que todos los habitantes conurbados del estado cuenten con acceso al agua y de esta forma contribuir al desarrollo de la economía.

Lo anterior a razón de que el proyecto hidráulico denominado Monterrey VI, tienen como principal objetivo dar certidumbre al abastecimiento de agua y para sus exigencias futuras por los próximos 50 años; porque el acueducto conducirá el líquido desde el río Pánuco, ubicado en la región hidrológica 26, hasta la ciudad de Monterrey.

Que el proyecto Monterrey VI, dio lugar a un evento denominado Nuevo León: Desarrollo Innovador y Sustentable, llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León, el 7 de diciembre de 2012 y encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, el titular de la Conagua, donde informó que se destinarán casi 14 mil millones de pesos al proyecto Monterrey VI, del que iniciará la construcción del acueducto Tampaón–Cerro Prieto, de más 500 kilómetros de longitud, y que dará certidumbre durante los próximos años sobre el abasto de agua y el crecimiento de 16 municipios de Nuevo León. (Comisión Nacional del Agua. Comunicado de prensa número 453-12 Monterrey, Nuevo León, 7 de diciembre de 2012).

Asimismo, en dicho comunicado de prensa se señala que el proyecto dará sustentabilidad a la zona metropolitana de Monterrey y viabilidad al desarrollo industrial, comercial y de servicios, debido a que garantizará el agua suficiente para cubrir las demandas de los usuarios. Al mismo tiempo, contribuirá a aprovechar de manera responsable el agua de la cuenca del río Pánuco, que cuenta con suficiente disponibilidad.

Cabe destacar que es muy preocupante el abasto del agua en el estado de Nuevo León al ser una de las entidades más desarrolladas en el área económica, así como en su actividad empresarial e industrial y su creciente infraestructura, cualidades que lo han colocado para competir a nivel internacional. Por tanto siendo considerado este proyecto como el más ambicioso en la historia contemporánea del país, al igual que beneficiará a los estados de Veracruz y San Luis Potosí, para que sigan impulsando su desarrollo.

Coincidimos con el diputado proponente para que el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, defina la cantidad de recursos que se proporcionará a la entidad para la realización del proyecto Monterrey VI, de igual forma es primordial contar con el apoyo federal, dado que el proyecto ya está autorizado y planteado en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo faltando el apoyo necesario, para que obtenga su registro y forme parte del Fondo Nacional de Infraestructura.

Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al director de la Comisión Nacional del Agua, doctor David Korenfeld Federman, así como al director de Banobras, licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que se le dé seguimiento a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez, José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica).

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Auditoría Superior de la Federación a vigilar la implantación de los recursos asignados por la federación, así como a fiscalizar la administración del delegado de aquélla en Tabasco debido a constantes irregularidades

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su dictamen, la proposición con punto de acuerdo propuesta por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, a fin de exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la Auditoría Superior de la Federación, para que vigilen la implementación de los recursos asignados por parte de la federación, asimismo para que realicen una auditoría a la administración del delegado de la Comisión Nacional de Agua, en el estado de Tabasco, por presuntas irregularidades.

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1 y 3, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I; 158, numeral I fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 18 de abril de 2013, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo relativa a exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la Auditoría Superior de la Federación, para que vigilen la implementación de los recursos asignados por parte de la federación, asimismo, para que realicen una auditoría a la administración del delegado de la Comisión Nacional de Agua en el estado de Tabasco.

Segundo . El 19 de abril de 2013, fue recibido en esta Comisión de Recursos Hidráulicos el oficio número D.G.P.L. 62-II-5-674 de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que turnó dicha iniciativa a esta Comisión para efecto de su dictamen.

Tercero . Con fecha lunes 29 de abril del año 2013, se reunió la Junta Directiva de esta comisión en reunión extraordinaria, posteriormente se celebró una reunión plenaria extraordinaria el martes 30 de abril del año 2013, y dentro del orden del día de ambas reuniones se abordó el análisis del punto de acuerdo en mención.

Recibido el presente asunto, quienes integramos esta comisión procedimos al estudio del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, sustenta su proposición con punto de acuerdo argumentando que en el tema del agua, “es innegable la creciente necesidad de seguir implementando acciones de rehabilitación y construcción de infraestructura para poder extender la demanda en la cobertura y calidad correspondiente de los servicios, pero también desafortunadamente es importante vigilar puntualmente la correcta ejecución e implementación de los recursos federales asignados a dichas acciones.”

Asimismo plantea que “la capacidad económica y financiera de los organismos encargados de abastecer y suministrar los servicios referentes al agua como alcantarillado, saneamiento y agua potable, son sólo algunos de los principales factores que limitan la eficacia y calidad en el servicio, repercutiendo al mismo tiempo de manera desfavorable en la salud de la población.” Por lo que explica que “es necesario señalar sin generalizar, a los delegados responsables de administrar los recursos económicos para la implementación de las inversiones y el cumplimiento de las disposiciones formuladas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); han existido sonados casos de constante corrupción y negligencia indolente al tratarse de un tema de sensible naturaleza como este. Así que “es necesario que se planteen esquemas viables que den margen a generar inversiones requeridas tanto como para los cuadros operativos, como para el mismo mantenimiento de la infraestructura con finanzas transparentes y acciones congruentes.”

También plantea la Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez que “llevar un suministro de agua potable y saneamiento de calidad, al ritmo de las demandas y necesidades crecientes, resulta un reto cada vez más complejo y costoso. Así que “por obvias razones, la administración y manejo de este recurso vital, debe ser puesto bajo la lupa, sin impunidad para quienes hagan mal uso de los recursos y sanciones más estrictas para quienes se atrevan a obstaculizar el pleno ejercicio de las inversiones por intereses personales como se ha dado en el caso de Tabasco.”

Con base en lo anterior, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, propone:

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con los gobiernos estatales, municipales y la Auditoría Superior de la Federación, vigilen puntualmente la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales.

Segundo. Se exhorta a que la Comisión Nacional del Agua, y la Auditoría Superior de la Federación, auditen de manera inmediata la actual administración del delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco, debido a constantes irregularidades.

Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

El estado de Tabasco es un acuífero de tipo libre con zona de recarga en la sierra de los municipios de Huimanguillo, Teapa y Tenosique, su clima es de tipo cálido con influencia marítima donde la temperatura media anual es mayor de 24 grados centígrados; las lluvias se presentan casi todo el año, lo que genera una cobertura nubosa con humedad relativa de entre 80.0 y 86.0 por ciento.

Se divide en dos regiones hidrológicas, Coatzacoalcos (RH29) y Grijalva-Usumacinta (RH30). La región de Coatzacoalcos comprende 24.8 por ciento del estado, en ella se encuentra la cuenca del río Tonalá, y la región Grijalva-Usumacinta comprende 75.2 por ciento de la superficie, en la que se localizan tres cuencas: río Grijalva, río Usumacinta y laguna de Términos.

En Tabasco confluyen los 35 ríos siguientes: Bitzal, Carrizal, Chacamax, Chico, Chilapa, Chilapilla, Comuapa, Cunduacán, Cuxcuchapa, El Azufre, Grijalva, La Sierra, Maluco, Mezcalapa, Nacajuca, Naranjeño, Pejelagarto, Pichucalco, Pimiental, Platanar, Puxcatán, Puyacatengo, Salsipuedes, Samaria, San Antonio, San Pablo, San Pedro, Santana, Tancochapa, Teapa, Tepetitán, Tlacotalpa, Tonalá, Usumacinta y Zanapa.

De conformidad con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2011, confirman las irregularidades que se presentan en la administración de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco y por citar un ejemplo de dichas irregularidades durante la administración del anterior delegado, ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja, esta comisión cita la auditoría de desempeño número 11-0-16B00-07-0362DE-101, cuyo objetivo fue fiscalizar el desempeño de la Comisión Nacional del Agua en cuanto al cumplimiento del objetivo del Plan Hídrico Integral de Tabasco en términos del objetivo de prevenir, mitigar el riesgo y la reducción de la vulnerabilidad de sufrir inundaciones, así como la eficacia y la eficiencia en la ejecución de las acciones relacionadas con dicho plan.

Se determinaron 8 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del citado informe. Las 6 restantes generaron 8 recomendaciones al desempeño.

EL PHIT no incluyó los objetivos, las metas, las estrategias, los recursos, los tiempos de ejecución y la coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la administración pública federal y local, lo que limitó la evaluación; no definió metas para los indicadores ni presentó los resultados de éstos; y el programa de obras y el informe de avance físico financiero no cumplieron con las características señaladas en la normativa.

Se incumplieron las siguientes disposiciones jurídicas y normas

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 45, párrafo cuarto, y 110.

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 21, fracciones II, III, VI, VIII, IX y XII.

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas: artículos 2, fracciones VI y VII, y 29, fracción II.

4. Ley de Planeación: artículo 3, párrafo segundo.

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el Manual de Administración de Aplicación General en Materia de Control Interno: artículo primero.

6. Ley de Aguas Nacionales: artículo 15, fracción IV.

También existen irregularidades donde la delegación de Conagua en el estado de Tabasco realizó pagos excesivos de los siguientes contratos:

1) SGIH-OCFS-TAB-11-TT-211-FN-D, en junio de 2012, se observó por el órgano fiscalizador que se realizó un pago en exceso por 371.6 miles de pesos en el concepto número 7.1.3.1 “Descopete y /o tendido del material producto de la excavación de drenes”, debido a que en la estimación número 1 al 17 de abril de 2012, se pagó un volumen excedente de 30 mil 859.90 metros cúbicos, sin mediar orden por escrito de parte del dependencia.

2) SGIH-OCFS-TAB-11-TT-213-FN-D, en octubre de 2012, se determinó un pago en exceso por 18.8 miles de pesos, en el concepto “Remoción y reposición de cerca de alambre de púas con cuatro hilos” debido a diferencias entre los volúmenes de obras pagados y los ejecutados, lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos de la residencia de obras.

3) SGIH-OCFS-TAB-11-TT-214-FN-D, en septiembre de 2012 se observó que la Conagua realizó un pago en exceso por 19.9 miles de pesos, en el concepto “Remoción y reposición de cerca de alambre de púas, con hilos incluyendo el suministro de materiales” debido a diferencias entre el precio unitario de catálogo y el precio aplicado en la estimación número 2 del 25 de junio del 2012.

4) Se observó que por la problemática social ocurrida en la zona de los trabajos de limpieza y desazolve de los Cañas y Bitzal en el estado de Tabasco, se suspendieron temporalmente los trabajos de los contratos SGIH-OCFS-TAB-11-TT-212-FN-D y SGIH-OCFS-TAB-11-TT-213-FN-D; a partir del 10 de febrero y 22 de marzo de 2012, respectivamente; pero el contrato SGIH-OCFS-TAB-11-TT-209-FN-D, la empresa encargada de la supervisión de las obras de los citados contratos continuó trabajando sin que la dirección local de Tabasco realizara la suspensión temporal del mismo; por lo que se realizó un pago en exceso por 175.3 miles de pesos del pago de la estimación, con periodo de ejecución del 1 al 29 de febrero del 2012.

Por lo antes señalado y reafirmando los argumentos de la proponente, en el sentido de que la demanda en el consumo del agua da lugar a que se implementen diversas acciones para la rehabilitación y construcción de infraestructura, con el fin de poder brindar una mejor cobertura y calidad en el suministro del vital líquido, esto sin dejar de lado, la importancia de vigilar la correcta implementación de los recursos que la federación asigna a dichos rubros.

También la oferente señala que los delegados responsables de administrar los recursos económicos sobre el tema de inversiones deben de ser vigilados a fin de que no caigan en actos de corrupción, ni queden en la impunidad los que hagan mal uso de los recursos de la federación.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincide con la proponente para que la Auditoría Superior de la Federación vigile el actuar del delegado de la Comisión Nacional del Agua, respecto de la implementación de los recursos, así como, se realice una auditoría a su administración; podemos subrayar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su sección V, “De la Fiscalización Superior de la Federación” en su artículo 79, que a la letra dice, “esta entidad de fiscalización superior de la federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

II. También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, “la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones, acciones promovidas y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión”.

De igual manera, dentro del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, en su artículo 5, se encuentran las atribuciones del auditor superior de la Federación y una de ellas, es solicitar a las entidades fiscalizadas la colaboración y auxilio que requiera para el ejercicio expedito de las funciones; con lo que conllevara que pida la colaboración de la Comisión Nacional del Agua, en todos sus niveles necesarios, para realizar lo encomendado.

Por lo que la solicitud que hace la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, es legal y legítima, y es procedente; ya que las atribuciones y facultades que se le otorgan constitucionalmente a la Auditoría Superior de la Federación, le permite llevar a cabo un control estricto y mediato, sobre los recursos erogados de la federación; y las autoridades correspondientes determinarán la existencia de posibles irregularidades que se le atribuyen al ex delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco, ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja, actuando con forme a derecho.

Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua, a los gobiernos estatales, municipales y la Auditoría Superior de la Federación, para que en conjunto vigilen puntualmente la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua y la Auditoría Superior de la Federación, para que de manera inmediata se audite la anterior administración que estuvo a cargo el ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja, como delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino, Blas Ramón Rubio Lara, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez, José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica).

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a crear una delegación suya en Nuevo León

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 11 de abril de 2013, la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a determinar que se cree una delegación suya en Nuevo León.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La promovente señala que la diversidad cultural nacional requiere de una atención especial y diferenciada por parte del Estado mexicano, a partir de las necesidades particulares de cada región, de cada pueblo indígena, y es ese, precisamente el espíritu de los principios reflejados en el apartado 1.6 del Pacto por México, firmado por el presidente de la República, en la búsqueda de la justicia y la equidad para aquellos mexicanos con los que nuestro país tiene una deuda histórica.

Tocante a Nuevo León, precisa autora, es uno de los estados con mayor índice de crecimiento de población indígena en el país, tal y como lo refleja el porcentaje de la población hablante de lengua indígena (HLI), el cual aumentó entre 2000 y 2010 en un 262.38 por ciento.

En números absolutos, afirma que este fenómeno no es nuevo, ya que en el Censo del INEGI de 1970 la población hablante de lengua indígena (HLI) era de apenas 787 personas y se incrementó a 7 mil 467 para el Conteo de Población de Vivienda de 1995. Después, en 2000, este sector llegó a 15 mil 446 personas y, para el 2005, se reportan 29 mil 538 hablantes de lengua indígena.

Más adelante asevera que dicha tendencia continuó a la alza, ya que para 2010 –aunque con un porcentaje menor–, se contabilizaron a 40 mil 528 hablantes de lengua indígena en la entidad. No obstante lo anterior, se estima que en 2010 existían 73 mil 541 personas en hogares censales indígenas en todo el estado de Nuevo León.

De manera específica, afirma que son dos grupos etnolingüísticos los que constituyen el 68.33 por ciento del total de la población hablante de lengua indígena: los nahuas (21 mil 723 personas), con un 53.59 por ciento y los tének o huastecos (5 mil 974 personas), con 14.74 por ciento del total de la población indígena estatal (Inegi, 2010).

Manifiesta que el resto de la población hablante de lengua indígena de Nuevo León (12 mil 831 personas), 31.67 por ciento, se distribuye entre 45 grupos etnolingüísticos distintos (Inegi, 2010), lo que refleja la intensidad del fenómeno migratorio en México, y al mismo tiempo constituyen la gran diversidad cultural que aportan los pueblos indígenas a esa entidad.

La promovente advierte que la población indígena en Nuevo León (Inegi 2010), se asienta mayoritariamente en los municipios que conforman la zona metropolitana de Monterrey, que concentra aproximadamente el 80 por ciento del total estatal, encontrándose principalmente en los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García, Ciudad Guadalupe, General Escobedo, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Benito Juárez, García, resto del estado.

Expone que las administraciones en turno, aunque limitadamente, han atendido a este sector. Por ejemplo en 1998, el Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Nuevo León, mediante un modelo de atención personalizada, fortaleció el aprendizaje tanto a los pequeños indígenas de educación básica así como a los profesores.

Por parte, dice, la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga becas a estudiantes indígenas con la finalidad de mejorar los niveles de inserción escolar en diversas escuelas y facultades.

En este orden de ideas, afirma, en 2003, desde la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Nuevo León (antes Consejo de Desarrollo Social), a través de la Red de Centros Comunitarios de Desarrollo Social, atienden a la población indígena. 28 de ellos están ubicados en la zona metropolitana de Monterrey 3 son considerados como centros interculturales.

En abundancia, señala que en el ámbito cultural sobresale el esfuerzo de Conarte, que creó diversos museos y centros tendientes a promover y apoyar el desarrollo de las culturas indígenas.

En materia de investigación, detalla, ha sido fundamental la labor del Centro INAH Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Regiomontana y el CIESAS-Programa Noreste, entre otros, para documentar la realidad indígena del estado, lo cual ha servido para la planeación de acciones y proyectos encaminados a atender las necesidades específicas, así como para emprender proyectos de armonización legislativa a partir de la información con que se cuenta.

En el rubro de acceso a la vivienda, resalta que el Instituto de la Vivienda de Nuevo León y de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, ya que desde 2004, y bajo la consideración de la diferencia cultural, se ha brindado apoyo significativo a través del Programa de Vivienda Progresiva Tu Casa.

En el ámbito legislativo, puntualiza que entre 2011 y 2012, la LXXII Legislatura, conformó la Comisión Especial de Asuntos Indígenas, cuya tarea fundamental consistió en coordinar la consulta ciudadana a través de un Comité Interinstitucional, e impulsar la reforma al artículo 2o. de la Constitución Política del Estado, para reconocer la presencia y los derechos indígenas en la entidad (POE, 17 de febrero del 2012), y su posterior reglamentación en la Ley de Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León (POE, 22 de junio del 2012), la cual tiene por objeto la garantía, protección, observancia y promoción de los derechos y la cultura de los indígenas, cuya aplicación corresponde al estado y a los municipios de Nuevo León.

De manera clara expone que desde 2001, la Constitución General de la República estableció las bases para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aseverando en el artículo 2o. Constitucional, la forma en que accederán a la jurisdicción del estado.

Más aún, señala, en el Apartado B del mismo artículo se establece que la federación, los estados y municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.

Además, el mandato de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

De igual manera, asevera, la Ley de Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que establece en su artículo 2 que tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la CDI debe realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las cuales deberán consultar a la comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado.

Concretamente, en lo tocante a las delegaciones estatales de la CDI, el artículo 25 de su Estatuto Orgánico –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril del 2010– establece que tienen como atribuciones las de promover y fortalecer acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en la entidad, para la gestión y atención de los asuntos relacionados con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas; promover y apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas, así como la vigencia de sus derechos; apoyar los procesos de consulta, promoviendo la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las instancias de coordinación y concertación, para contribuir con la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo; coordinar y supervisar a las unidades administrativas de su competencia, respecto de la operación, ejecución y aplicación de los programas, proyectos y acciones a cargo de la comisión; facilitar la realización de diagnósticos, estudios, evaluaciones y todos aquellos instrumentos necesarios que soliciten las unidades administrativas de la comisión; coadyuvar con las unidades administrativas en acciones de capacitación, inducción y sensibilización, conforme a la normatividad vigente; administrar el presupuesto, recursos humanos, materiales y tecnológicos que se le asignen; así como supervisar a las unidades operativas de su área de competencia territorial, de conformidad con las políticas, normas y procedimientos vigentes; proponer y celebrar convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación, con las dependencias y entidades de la administración pública federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado, respectivamente, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas; apoyar los procesos para la licitación de obra pública, adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios que requiera la comisión en su ámbito territorial, así como realizar toda clase de actos inherentes a esta facultad, incluso suscribir en representación de la comisión todos los convenios y contratos que se deriven, así como los demás documentos que impliquen actos de administración.

También las de formular, dentro de su ámbito territorial de competencia, ante el Ministerio Público correspondiente, las denuncias, querellas y declaratorias que la comisión haya sufrido o pueda sufrir perjuicio por delitos de cualquier naturaleza; representar a la comisión, dentro de su ámbito territorial de competencia, en juicios administrativos, civiles, laborales, mercantiles y en otros de cualquier materia en que dicho organismo sea parte o en los que tenga interés, así como la de supervisar el trabajo de los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, en su área de competencia territorial, de conformidad con las políticas, normas y procedimientos que dicte la Comisión, así como evaluar su desempeño en sesiones de Consejo Técnico Estatal.

La proponente afirma que son muchas las tareas pendientes para atender a una población indígena que hasta ahora ha sido desatendida en gran medida: los indígenas urbanos y migrantes; individuos, familias y comunidades indígenas que por las circunstancias descritas acabaron vivienda fuera de sus regiones de origen, pero que en su mayoría han hecho de su lugar de destino su nuevo lugar de residencia, y el lugar donde seguramente enraizarán su cultura, sin perder los vínculos con su tierra de origen, lo que les permite mantener fuerte su identidad.

En suma, alega, en el caso de Nuevo León, a su llegada a la ciudad de Monterrey, como en el resto del estado, la población indígena enfrenta múltiples dificultades para insertase de manera adecuada. Las limitaciones principales tienen que ver con una inadecuada inserción laboral y la imposibilidad de tener acceso a programas de vivienda, salud y educación. Ante ésta situación, el grado de marginación de la población se incrementa, agravada por la discriminación y un limitado acceso a la justicia.

En ese contexto, dice, se vuelve indispensable la presencia y acompañamiento de la CDI a fin de procurar la garantía de los beneficios reconocidos en la legislación vigente.

Señala que el para hacer realidad las disposiciones del apartado 1.6 del Pacto por México, los pueblos y comunidades indígenas tienen que ser una prioridad del Estado. Para hacer realidad la política de Estado planteada en el Pacto, se requiere llevar a cabo medidas sólidas y adecuadas a la realidad social que vive la población indígena de nuestro país

Advierte que si bien existe en Monterrey una oficina de enlace de la CDI con la delegación de la institución en el vecino San Luis Potosí, es apremiante la necesidad de regularizar dicha representación federal en una entidad federativa que cuenta ya con una presencia indígena numerosa.

Consideraciones

Primera. Del análisis de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada promovente, sobresalen indicadores demográficos, acciones gubernamentales y esfuerzos institucionales que denotan la necesidad de consolidar la atención de este importante sector de la población.

Los datos aportados en la exposición de motivos, muestran claramente que los problemas socioeconómicos estatales regionales, como un reflejo de la dinámica nacional, propicia un fenómeno de migración interna que no puede ser soslayado.

Nuevo León, es solo un ejemplo de lo que históricamente ha ocurrido a lo largo y ancho del país. Las oleadas de trabajadores han recorrido las rutas principalmente de los estados más empobrecidos con destino hacia las grandes ciudades o hacia los enclaves productivos que les ofrecen una oportunidad.

Así, hemos observado que familias enteras, salen de sus comunidades de origen para emplearse en las zonas agrícolas de centro y, norte, noreste, etcétera; hacia las zonas de maquiladoras fronterizas; hacia las zonas turísticas; hacia las zonas industriales o en el peor de los casos para mendigar en las calles.

Segunda. Los esfuerzos locales del gobierno neolonés, y de otras instituciones es loable ante la magnitud carencias que registran estos segmentos poblacionales. No obstante, considerando que a nivel federal contamos con instrumento organizacional responsable de las políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, resulta oportuno exhortar a la CDI para desplegar su aporte –en coordinación con el ejecutivo estatal– a atención de dicho sector.

Tercera. Los más de setenta mil indígenas ausentados en los principales municipios de la entidad, de las diversas etnias, demandan acciones de salud, alimentación, educación, empleo, cultura, recreación, vivienda, apoyos en materia de acceso a la justicia civil, laboral, penal, etcétera.

Realidades que deben ser enfrentadas en un esfuerzo mancomunado entre ejecutivos federal y local, con la participación del poder responsable de determinar el soporte financiero de las acciones y programas de orden federal, esto es la Cámara de Diputados federal.

Cuarta. Si bien la CDI no reconoce la importante presencia de grupos indígenas en Nuevo León –como se observa en el Atlas de los pueblos indígenas– resulta inexcusable que se pase por alto una realidad palpable. Si bien no existen pueblos originarios, si tienen presencia diversos grupos debido a la problemática socioeconómica que afecta al país entero, lo que ha propiciado la migración de éstos.

Aguascalientes, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, son otras entidades donde la CDI no reconoce que existan pueblos indígenas. Y sin embargo, seguramente están asentados grupos pertenecientes a alguno de los pueblos.

Cabe señalar que en el documento denominado Catalogo de Localidades indígenas 2010+++1+++, la CDI reconoce la existencia de 81 909 indígenas, esto es ya representan el 1.8 por ciento de la población total del estado.

Quinta. En este tenor, la CDI, de acuerdo con el marco jurídico, nacional, está obligada a atender a los pueblos indígenas donde quiera que estos se encuentren, porque no existen condicionantes territoriales para ello, ni como obligación ni en la aplicación de los programas porque son de orden federal, sustentados por los recursos que la Cámara de Diputados asigna anualmente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sexta. Por ello, al considerar que es de elemental justicia que la CDI atienda directa y mancomunadamente con el Ejecutivo local neoleonés, la problemática indígena de la entidad, pese a tratarse de población migrante por causas socioeconómicas, esta Comisión dictaminadora considera viable la propuesta de la diputada María de Jesús Huerta Rea para esta LXII Legislatura exhorte respetuosamente a la CDI a establecer una delegación estatal en Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la CDI, su Estatuto Orgánico, en relación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia indígena.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Indígenas somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determine la creación de la delegación de esa comisión en Nuevo León, para la realización de las tareas que se señalan en el artículo 25 de su Estatuto Orgánico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los Treinta días de abril de dos mil trece

La Comisión de Asuntos Indígenas

Diputados: Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica en contra), Samuel Gurrión Matías, Luis Gómez Gómez (rúbrica en contra), Pedro Gómez Gómez, Fernando Zamora Morales (rúbrica en abstención), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica en contra), Ricardo Medina Fierro (rúbrica en contra), Tomás López Landero, Emilse Miranda Munive, Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica en contra), Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara (rúbrica en contra), Néstor Octavio Gordillo Castillo, Máximo Othón Zayas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno local a atender la recomendación 19/2012, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 12 de febrero de 2013, la diputada Paloma Villaseñor Vargas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a atender la recomendación 19/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis y discusión del dictamen a la proposición antes señalada, el 25 de abril del presente año.

4. Que con fecha 25 de abril, la autoridad para de la Zona Patrimonial Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta, antropólogo Gustavo Alonso Cabrera, asistió a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión el Distrito Federal en donde presentó un diagnóstico sobre la problemática de la zona, así como su plan de trabajo que aportaron valiosos elementos para la elaboración del dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. En la parte expositiva, la proponente señala que el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco tiene características geológicas, morfológicas y ambientales que juegan un papel importante en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, debido s que proporciona diversos servicios ambientales de gran relevancia.

Entre estos se encuentra la regulación del clima, captación e infiltración de agua al manto acuífero, recreación, investigación, educación, mejoramiento de la calidad del aire, y es el hábitat de especies de flora y fauna.

2. La legisladora expone que la zona referida constituye uno de los últimos reductos de ecosistemas lacustres inmersos en la mancha urbana, que por sus características e importancia en el equilibrio eco lógico, debe ser preservada, conservada, restaurada y manejada con criterios que conlleven a su recuperación.

3. Argumenta además que no obstante el reconocimiento nacional e internacional que en enumeradas ocasiones se la ha otorgado a el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, y los programas que en enumeradas ocasiones se han publicado; la zona tiene muestras de grande deterioros ambientales, producto de la tolerancia y descuido de las autoridades encargadas de su salvaguarda.

3. Indica que desde el 4 de diciembre de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara como zona de monumentos históricos, una superficie de 89.63 kilómetros cuadrados, en las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, del Distrito Federal; se trata de un sitio de interés histórico, de avances técnicos, sociales y económicos, que además posee importantes recursos acuíferos que han suministrado agua a la Ciudad de México.

4. Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitió el 4 de diciembre una recomendación 19/2012 por “violaciones a los derechos humanos incluida la afectación al medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, en la que las autoridades responsables son la jefatura de gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, la delegación Xochimilco y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

5. Que en 1989, el entonces Departamento del Distrito Federal hizo público el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, cuyo objetivo consistía en revertir la degradación ecológica propiciada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, incentivar la producción agrícola, contribuir a la ampliación de espacios verdes y de recreación para la zona. Donde una de las principales acciones fue la publicación del decreto con fecha 21 de noviembre de 1989 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se expropió por causa de utilidad pública una superficie de 780-56-61 hectáreas de tierras del ejido de Xochimilco y 257-57-60-40 hectáreas del ejido San Gregorio Atlapulco para destinarlas al rescate ecológico.

6. Señala que por decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 11 de mayo de 1992, se estableció como zona prioritaria preservación y conservación del equilibrio ecológico y se declaró como área natural protegida (ANP), bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco una superficie de 2 mil 657-08-47 hectáreas, como zona que requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales y en la cual se realizarán todas aquellas actividades compatibles con la vocación de área natural protegida.

7. Que el 2 de febrero de 2004, la Convención Internacional sobre Humedales Ramsar inscribió la zona lacustre de Xochimilco en la lista de humedales de importancia internacional, con la denominación Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, por lo que deberá asegurase el mantenimiento de sus características ecológicas.

8. En la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de enero de 2006, se publico el decreto por el cual se creó el Programa de Manejo del Áreas Natural Protegida, y en el caso; Xochimilco, cuenta con un Programa de Manejo.

9. Que en el marco del 25 aniversario de la declaratoria que la UNESCO dio a Xochimilco de Patrimonio Mundial del Centro Histórico y Xochimilco, el 11 de diciembre del 2012 mediante un decreto el gobierno del Distrito Federal creó la autoridad de la zona patrimonio mundial natural y cultural de la humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta como un órgano administrativo de apoyo a las actividades de la jefatura de gobierno del Distrito Federal en la zona de chinampas, lacustre y de monumentos históricos existente en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad de México, con el objetivo de consolidar, ampliar y hacer más eficiente las políticas, programas y acciones del gobierno de la ciudad en materia de investigación, difusión, protección ecológica, conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo sustentable, así como la realización y promoción de actividades sociales, culturales, artísticas y académicas tendientes a la preservación de dicha zona.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

La Comisión del Distrito Federal realizó la valoración de la proposición con punto de acuerdo presentada mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, encontrando relevantes la información, el análisis y la argumentación contenida, coincidiendo plenamente con las preocupaciones y planteamientos del proponente.

IV. Considerando que

1. Aún, cuando en diversos documentos, pronunciamientos, decretos y estudio se tiene conciencia de la importancia y del peligro en el que se encuentra la zona protegida de Xochimilco y de los diversos intentos que se han realizado para su preservación cuidado, la gran mayoría se han quedado en el nivel de las buenas intenciones.

2. Que en el mes de agosto del presente año, el entonces director de Conagua, José Luis Luege Tamargo, manifestó que “Xochimilco está a punto de morir este gran cuerpo de agua tiene menos de 5 años de vida y para su rescate se necesita un esfuerzo coordinado, los estudios hidrológicos que ha realizado Conagua, quedo totalmente demostrado la necesidad que tiene el valle de México de rescatar los cuerpos de agua”.

Esto se debe principalmente al descuido y la contaminación. Los “enemigos” de esta área natural son las construcciones sobre la zona chinampera.

3. A principios del siglo XX, Xochimilco tenía 20 mil hectáreas de chinampas, hoy tiene menos de mil hectáreas. En los canales se están perdiendo especies endémicas como el ajolote, y el nivel del agua está bajando; cuando antes había entre 4 y 6 metros de profundidad, hoy, en algunas zonas hay un metro y hasta 20 centímetros. De los 187 kilómetros de canales navegables de Xochimilco, el 90 por ciento está en grave deterioro.

4. El 11 de diciembre de 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió a Xochimilco en la lista de Patrimonio Mundial Cultural y Natural, por su valor excepcional y Universal que debe ser protegido en beneficio de la humanidad; este reconocimiento incluye el sistema de chinampas que aún se conservan en las zonas de Xochimilco y Tláhuac, al sur de la Ciudad de México.

5. El llamado de atención de la CDHDF es por tolerar asentamientos humanos en el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO “Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco”.

La recomendación en cita solicita instrumentar acciones para la restauración ecológica, cultural y patrimonial de dicha área protegida y garantizar que no aumente su degradación.

6. La CDHDF asegura que se afectaron los derechos a un medio ambiente sano, a la vivienda y a los beneficios de la cultura, por lo que recomienda instrumentar acciones para la restauración ecológica, cultural y patrimonial de dicha área protegida. Y garantizar que no aumente su degradación ambiental.

7. La preocupación sobre el estado que guarda la zona protegida de Xochimilco ha sido externada en diversas ocasiones por los legisladores federales y locales, si no se implementa un programa para su rescate, el daño a la humanidad será irreversible. Por lo que los integrantes de esta comisión que dictamina considera el problema por demás preocupante y coincide con la proponente en el sentido de realizar al gobierno del Distrito Federal a atender la recomendación 19/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

8. La Comisión del Distrito Federal considera que la proposición con punto de acuerdo que promueve la diputada Villaseñor reviste una importancia relevante, dadas las características especiales de este sitio patrimonial único en su tipo en el mundo, además de promover y cuidar la calidad y cantidad de agua que hay en la zona, así como la defensa de los derechos del medio ambiente en Xochimilco, sin menoscabo del rescate de las actividades turísticas, culturales y sociales de la zona.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve

Único : Es de aprobarse en sus términos la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por lo que se somete a esta soberanía el siguiente

Dictamen de la Comisión del Distrito Federal a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a atender la recomendación 19/2012 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducta de su Mesa Directiva, de manera respetuosa:

Primero . Exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, a la Delegación Xochimilco y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que acepten con la brevedad la recomendación 19/2012 emitida el 4 de diciembre del 2012 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por “violaciones a los derechos humanos incluida la afectación al medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregario Atlapulco” y en el polígono que comprende el Patrimonio Cultural de la Humanidad llamado “Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco”.

Segundo. Solicita a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, la Delegación Xochimilco y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, elabore un proyecto integral cuya finalidad en primera instancia sea atender y realizar las acciones que establece la recomendación 19/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Tercero. Como parte de los trabajos para el saneamiento de la zona lacustre de Xochimilco se solicita a las autoridades mencionadas, elaboren un acuerdo de coordinación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, para que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión Nacional del Agua trabajen de manera conjunta para su conservación y saneamiento.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Antonio Cuéllar Staffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010

Honorable Asamblea

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción 1, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del martes 3 de abril de 2013, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión del Distrito Federal para .su estudio y dictamen correspondiente.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, el 25 de abril de 2013, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente.

II. Contenido de la proposición

Solicita que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un respetuoso exhorto al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

III. Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen.

IV. Considerando que

1. A decir del diputado proponente, la pasada administración del Gobierno del Distrito Federal, estuvo envuelta en escándalos por construcciones de obras y compras, cuyos pagos excedieron por mucho los costos estimados. En este sentido y refiriéndose a las alertas sísmicas, considera que se encuentra inconcluso un programa que implicó un gasto significativo como es el de las “alarmas sísmicas”.

Señala que noviembre del año 2010, la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, solicitó la adquisición de cincuenta mil receptores especiales de la marca Sarmex por medio de adjudicación directa.

Al respecto, menciona el diputado Astudillo que la justificación de la compra, fue la implementación de medidas preventivas de apoyo ante un movimiento telúrico de magnitud mayor a los cinco grados Richter.

2. Los equipos deberían instalarse en las escuelas de educación básica, hospitales y oficinas del Gobierno del Distrito Federal, pero que a la fecha no todos los dispositivos han sido colocados en sus debidos lugares.

3. Refiere además que el contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010 estableció el precio que debía ser pagado, el cual ascendía a $56’034,960.00 (Cincuenta y seis millones, treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional).

Puntualiza que, el plazo para la entrega por parte de la empresa Mdreieck, SA de CV, inició el día de la firma del contrato, y debió finalizar el día 31 de marzo del año 2011.

4. Al respecto menciona que la página de Internet de Sarmex señala como uno de sus clientes al Distrito Federal; asimismo, de la información contenida en el vínculo http://codigomx.com/proyectos/sarmex/?page_id=250, se deduce que según la empresa, ya cumplieron con las obligaciones, toda vez que dan a conocer en su página que todas las instituciones en sus respectivas delegaciones, están cubiertas con la seguridad propuesta. Sin embargo, actualmente la mayoría de equipos no están instalados en todas las escuelas del Distrito Federal, poniendo en una situación de peligro a los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Agrega que, recientemente un medio de difusión realizó un muestreo en 50 escuelas públicas de educación primaria del Distrito Federal, en 6 delegaciones políticas, en el 20 por ciento de las escuelas, sus autoridades confirmaron no tener conocimientos de las alertas Sarmex, y en cinco casos, sí los tienen, pero no están instalados dichos receptores, en 35 escuelas solamente tienen un dispositivo instalado. De acuerdo al mismo medio informativo, actualmente existen 10 mil alertas de las cincuenta mil que no se sabe en dónde están.

5. Finalmente, señala que toda vez que este tema está involucrado directamente el orden público y uno de sus elementos, la tranquilidad pública, el legislador promovente considera pertinente que esta Cámara de Diputados incida en este asunto, por no se debe poner en riesgo a las personas, a los niños y en general, a cualquier persona, mucho menos si la intencionalidad de una política pública como la que se discute es la prevención.

6. Esta comisión dictaminadora, considera que si bien el objetivo de estos aparatos es la difusión de las señales del Sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México y con ello permitir anticipar acciones de prevención ante la ocurrencia de un sismo fuerte, además de que este sistema apoya a los Comités de Protección Civil y ayuda a fomentar la cultura de la autoprotección y a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, coincide con el promovente en sus argumentos esgrimidos; toda vez que contribuye con las políticas preventivas en materia de sismos y a la trasparencia y rendición de cuentas que debe observar todo gobierno, sin hacer un juicio de valor previo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven aprobar la proposición con punto de acuerdo en sus términos. Por lo que somete a la consideración del pleno el siguiente:

Dictamen por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas en el Distrito Federal

Único . La Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, de manera atentas y respetuosa exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a instalar a la brevedad las alertas sísmicas restantes de las cincuenta mil previstas, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, cuya finalidad es alistar un evento telúrico instantes antes de que suceda.

Por la Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. El 9 de abril de 2013, la Diputada Cristina Olvera Barrios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue convocada el pasado 25 de abril del presente año en términos de ley para el análisis y aprobación del dictamen que hoy se presenta.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo en que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero, se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican a continuación:

Señala que como parte del ordenamiento urbano, desde 2005 se implantó el sistema conocido como autobús de tránsito rápido (bus rapid transit, en inglés), con el nombre de Metrobús, el cual ha desplazado el transporte ineficiente, contaminante y peligroso que existía anteriormente.

Comenta también, que entre los beneficios reportados por el propio sistema, al año se han dejado de emitir alrededor de 110 mil toneladas de bióxido de carbono al año, atendiendo de mejor manera a 800 mil pasajeros al día entre las 4 rutas existentes. Aunque en general, el tráfico en las avenidas en las que se estableció el sistema no ha disminuido. Sin embargo, al tener una forma de movilidad más eficiente, el propio diseño resulta un aliciente para transportarse por este sistema público y dejar el auto particular en casa.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos:

1 . Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero.

2. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición motivos, así como con la información pública disponible al momento de su dictaminen.

IV. Considerando que

1. La movilidad en las grandes ciudades es una de las bases necesarias para el crecimiento urbano ordenado y del desarrollo sustentable.

2. La promovente señala que investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana han desarrollado opciones de transporte, eléctrico de baja tensión y bajo consumo eléctrico, bajo costo y con necesidades menores de infraestructura comparado con el Metrobús actual.

Refiere también que la quema de diesel genera, entre otros, gases óxidos de nitrógeno, benceno, bióxido de azufre y formaldehido, algunos de los cuales son incluso cancerígenos. Que considerando esto, se debería implantar una política de disminución del uso de diesel, y en este caso reemplazarlo por el uso de electricidad para la movilidad.

3. Señala también en su proposición las ventajas que ella considera tienen los transportes eléctricos como son: No generar gases de efecto invernadero donde transitan. Al no usar, ni tirar y derramar diesel, no se maltrata la carpeta asfáltica de manera grave y por lo tanto, no se requiere repavimentación en los carriles por los que circula. Además, su costo de operación es estable debido a que no depende del costo del petróleo.

La legisladora promovente hace énfasis en que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideran que deben ser consistentes en la lucha contra el cambio climático y usar de manera inteligente y eficiente los recursos con los que cuenta la ciudad. La organización de la urbe y del transporte es un espacio de oportunidad.

Se debe aprovechar esta oportunidad y generar la energía necesaria para que estos sistemas funcionen al menor costo económico ambiental.

4. Pese a los avances y beneficios reportados por el Metrobús, aún hay opciones para mejorar el sistema, disminuir sus costos directos de implantación y mejorar los servicios ambientales.

5. Los integrantes de la Comisión del Distrito Federal consideran que el punto de acuerdo que se dictamina, favorece y suma como elemento fundamental para dar puntual seguimiento al cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el Plan Verde de la Cuidad de México 2007-2022. Además de que este tipo de acciones influyen contundentemente en la definición y consolidación de una verdadera política nacional en materia del medio ambiente.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considera que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse, por lo que somete a esta soberanía el siguiente

Dictamen por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas del Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva de manera respetuosa exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a considerar en la licitación de las líneas cinco y seis del Metrobús el uso de sistemas eléctricos a fin de crear líneas “cero emisiones”.

Asimismo, considerar la generación de energía eléctrica con los recursos disponibles en el Bordo Poniente para alimentar los sistemas de movilidad eléctrica de la Ciudad de México.

Por la Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en Álvaro Obregón

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de abril de 2013, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de diferentes barrancas ubicadas en la delegación Álvaro Obregón de esta ciudad.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme con lo siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo en que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación, se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican a continuación:

Que en el poniente del Distrito Federal existen 33 barrancas urbanas localizadas dentro de 13 cuencas. Hasta la fecha estos territorios se han degradado por falta de políticas contundentes para su protección y recuperación.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández señala que el pasado 28 de noviembre de 2012 se publicaron en la Gaceta del Distrito Federal los decretos por los que se declaran como área de valor ambiental con categoría de barrancas las denominadas “Volta y Kotch”, “Atzoyapan”, “Becerra Tepecuache Sección Loma”, “Del Moral”, “Guadalupe”, “Jalalpa”, “Texcalatlaco”, “Tacubaya”, “San Borja”, “Mixcoac” y “Magdalena Eslava”, todas ellas en la delegación Álvaro Obregón.

Además la legisladora expone que las áreas de valor ambiental son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad. Por ese motivo, la Ley Ambiental del Distrito Federal establece que las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental, y la Secretaría del Medio Ambiente es la encargada de elaborar un diagnóstico ambiental para cada una de ellas y a partir de dichos diagnósticos formular un Programa de Manejo respectivamente para cada una.

Puntualiza que el Programa de Manejo establece las regulaciones, lineamientos y modalidades que se deberán tomar en cuenta para la realización de las acciones del manejo sustentable de los recursos naturales del área.

además de que cada programa de manejo parte de un diagnóstico que incluyen estudios geológico, hidrológico, botánico, zootécnico jurídico, y de movilidad social argumentando finalmente que en la medida en que se instauren las medidas de restauración y aprovechamiento sustentable de las áreas de valor ambiental, se podrá avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable congruente.

La diputada promovente argumenta que el presente punto de acuerdo tiene el propósito de exhortar al gobierno del Distrito Federal para que destine los recursos necesarios para la elaboración y ejecución de los programas de manejo de las áreas de valor ambiental recién decretadas para el ejercicio 2014.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación.

Segundo . La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como con la información pública disponible al momento de su dictaminen; entre los que están.

a) Que los decretos del área de valor ambiental tanto como los programas de manejo son de gran importancia; derivado de que el primero establece su polígono como una mancha verde dentro de un denso contexto urbano y el segundo es el instrumento que orientará la realización de obras actividades compatibles con la vocación natural de esta barranca.

b) El programa de manejo plantea una serie de estrategias y actividades en el corto, mediano y largo plazo y señala a las áreas responsables del cumplimiento de sus metas, entre las que se encuentran acciones de reforestación, restauración y desazolve.

Tercero . Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos expuestos por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, por considerar que contribuye al fortalecimiento de las políticas y programas dirigidos a mantener las condiciones ambientales y ecológicas adecuadas del Distrito Federal, fomentando la creación, rehabilitación, mantenimiento, conservación y protección de áreas verdes urbanas, sin menoscabo de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal en su artículo 5o. que a la letra dice: Las áreas de valor ambiental son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve:

Único. Es de aprobarse en sus términos la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por lo que se somete a esta soberanía el siguiente:

Dictamen por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la delegación Álvaro Obregón.

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de su Mesa Directiva, de manera respetuosa exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a destinar recursos etiquetados al Fondo Ambiental Público para la elaboración y ejecución de los Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental con la categoría de barrancas “Volta y Kotch” , “Atzoyapan”, “Becerra Tepecuache Sección Loma”, “Del Moral”, “Guadalupe”, “Jalalpa”, “Texcalatlaco”, “Tacubaya”, “San Borja”, “Mixcoac” y “Magdalena Eslava”, todas ellas en la delegación Álvaro Obregón para el ejercicio de 2014.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Staffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo medidas para que los vales de despensa sean forma de pago autorizada en los mercados públicos de las delegaciones y los municipios, y establecer convenios con las empresas que los expiden a fin de que los locatarios puedan canjearlos por efectivo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a Llevar a cabo las medidas necesarias para que los vales de despensa sean un medio de pago autorizados en los mercados públicos de las diversas delegaciones y municipios de la República Mexicana y se establezcan los convenios respectivos con las empresas que los expiden, para que los locatarios puedan canjearlos por efectivo, presentada por el diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 6 de febrero de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el seis de febrero de dos mil trece, los CC Secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. EL legislador propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

El referente punto de acuerdo tiene como finalidad realizar un exhorto al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía para establecer los convenios necesarios con las empresas que expiden vales de despensa y con los locatarios de mercados municipales y delegacionales para cambiarlos por efectivo, para con ello incentivar y reactivarlos.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

El diputado José Arturo López Cándido sostiene como algunos de sus principales argumentos en la exposición de motivos que:

El mercado público es el espacio de concurrencia de la ciudadanía para el abastecimiento de diversos productos, principalmente la canasta básica. En este espacio las personas pueden encontrar variedad de productos a precios accesibles, lo cual permite maximizar sus ingresos.

Algunas prestaciones de seguridad social con las que cuentan los trabajadores y trabajadoras como incentivo para un mejor desempeño de su trabajado, son bonos de fin de año u otras prestaciones las cuales se remuneran mediante vales de despensa, mismos que pueden ser canjeados solamente en los supermercados, donde los precios de los productos en ocasiones se duplican o triplican, tal es el caso de los alimentos.

En este caso se ve afectado el poder de compra de los trabajadores, siendo víctimas del poder de mercado ejercido por los grandes almacenes, donde solo la plusvalía entra en su forma de hacer negocios.

Por otro lado, se encuentran los locatarios de los mercados públicos que al no poder aceptar los vales de despensa, pierden un porcentaje considerable de consumidores, produciéndose una competencia desleal, ya que aunque se ofrezcan precios bajos no hay certeza de competir con los grandes almacenes.

Una de las atribuciones de la Secretaria de Economía es la formulación y conducción de la política de industria y comercio, abasto y precios del país, con excepción de los bienes y servicios que ofrece la administración, establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica para la Administración Pública Federal.

Con lo anteriormente expuesto, se considera hacer uso de las atribuciones de la referente institución para llevar a cabo las acciones y las medidas necesarias para establecer el uso de vales de despensa como medio de pago en los mercados públicos, con ello se podrán fortalecer las relaciones y operaciones mercantiles tanto para los consumidores como locatarios.

Con lo que respecta al uso de vales de despensa en el espacio territorial, es decir a nivel local, estatal y nacional. Ya existe un precedente, en el año 2010 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, se emitió un punto de acuerdo referente al uso de los vales de despensa a nivel local, tal hecho nos lleva a pronunciar la necesidad de plantear el uso de los mismos a nivel nacional.

Lo anterior puede integrarse como una regla interna de los mercados públicos reglamentado por las tesorerías de los estados de la República Mexicana. De esta manera se garantizaría el respeto del uso adecuado de los vales de despensa, así como para precisar a todos los locatarios a esta forma de pago en los mercados públicos como de las centrales de abasto.

Segundo. Los vales de despensa son el medio más utilizado para otorgar la prestación de previsión social a los trabajadores. Millones de familias mexicanas son beneficiadas con esta prestación, siendo su único fin asegurar que los trabajadores y sus familias cuenten con un mínimo de alimentos.

Tercero. Con la aceptación de los vales de despensa como medio de pago, los trabajadores tendrán la libertad de hacer uso de ellos en el lugar de su preferencia ya sea, mercados locales, centros comerciales, o cualquier otro establecimientos donde este permitido su canje. En consecuencia, no habrá ninguna restricción en su uso ya que habrá una sola modalidad para el intercambio “el vale de despensa como medio efectivo de cambio”.

Cuarto. Con la validez de dicho medio de pago, se podrá incentivar nuevamente el consumo en los mercados locales, abriendo con esto una mayor gama de opciones al consumidor para satisfacer sus necesidades sin ningún tipo de restricción.

Quinto. El uso de los vales como medio de pago en los mercados públicos también coadyuvará a desalentar el cambio desventajoso entre los usuarios de los vales con los prestamistas, ya que en ocasiones, llegan a cobrar hasta un 15 por ciento del valor del vale de despensa, con respecto al monto total de su valor.

Sexto. Existe otro aspecto importante a destacar, la forma en que se ha de llevar a cabo el canje de los vales de despensa por dinero en efectivo, entre los locatarios de los mercados públicos con las empresas correspondientes. Se deben establecer normas claras y precisas que permitan hacer eficiente el intercambio entre estos dos agentes para evitar en el futuro posibles vicios y corrupciones ante tal ejecución. Además –como lo menciona el diputado López– la Profeco ya tiene registradas las empresas encargadas hasta el día de hoy de llevar a cabo los intercambios anteriormente descritos, estas empresas son:

• Efectivale;

• Gigante;

• Impulsoras de Mercados de México, SA de CV.

Entonces, cabe la posibilidad de coordinar a estas empresas con la Secretaría de Economía y Profeco, y a su vez con los locatarios de los mercados locales, con el objetivo de beneficiar a las familias mexicanas y sus establecimientos locales.

Séptimo. Por lo anteriormente expuesto y analizado:

La Comisión de Economía acuerda

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Economía y en el ámbito de sus facultades, impulse medidas para que los vales de despensa sean un medio de pago aceptado en los mercados públicos de las diversas delegaciones y municipios de la República mexicana, y para que la Secretaría coadyuve al establecimiento de los convenios respectivos con las empresas que expiden dichos vales, para que los locatarios puedan canjearlos por efectivo de manera ágil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al secretario de Economía y al coordinador general del Fonaes a promover y establecer en las reglas de operación correspondientes la inclusión de los sectores en situación de vulnerabilidad social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para evitar la discriminación hacia los grupos vulnerables que participan o buscan participar en los programas a su cargo y al titular de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad o, en su caso, al titular del Instituto Nacional de la Economía Social, para que se continúe y refuerce la promoción y fomento de la participación individual y en grupos organizados del sector social de la economía, presentado por el diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 26 de febrero de 2013

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157, numeral 1, fracción l, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el veintiséis de febrero del dos mil trece, los secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó al exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

El objetivo del punto de acuerdo materia del presente dictamen es realizar un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Economía a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para evitar la discriminación hacia los grupos vulnerables que participan o buscan participar en los programas a su cargo.

Asimismo, al titular del Instituto Nacional de la Economía Social, para que se continúe y refuerce la promoción y fomento de la participación individual y en grupos organizados del sector social de la economía.

Consideraciones

Primero. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión e Economía es competente para conocer sobre la proposición con punto de acuerdo referido en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El diputado Genaro Carreño Muro sostiene entre sus principales consideraciones que la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pretende establecer mecanismos de organización y expansión del sector social de la economía y definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del sector social, lo que a su juicio inhibe la participación de los individuos y grupos organizados ya que se obliga a constituirse bajo alguna figura jurídica asociativa.

Tercero. Con fecha 25 de febrero del 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “criterios por los que se determinan las disposiciones de las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes) para el ejercicio fiscal de 2012, que deberán aplicarse durante el ejercicio fiscal 2013”. Dentro de estos criterios, se establece que, para los apoyos para abrir o ampliar un negocio de las Reglas de Operación del Fonaes 2012, los grupos sociales podrán ingresar su solicitud, aun sin estar legalmente constituidos en alguna forma de organización del sector social de la economía prevista en la Ley; sin embargo, si dicha solicitud resulta autorizada, deberán constituirse legalmente en alguna de dichas formas, como requisito para recibir el apoyo, y para ello, contarán con un plazo máximo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la notificación de que su solicitud fue autorizada; una vez transcurrido el plazo señalado sin que el grupo social se haya constituido, la autorización del apoyo quedará sin efectos.

Cuarto. Los diputados integrantes de la Comisión de Economía están conscientes de que la economía social, puede impulsar desde lo individual, proyectos productivos, comerciales o de servicios, que generen beneficios sociales en las comunidades, como actualmente lo hacen las Mipyme.

Quinto. Consideran conveniente que el Instituto Nacional de la Economía Social, continúe brindando la capacitación técnica y empresarial, para que los negocios de los individuos o grupos sociales permanezcan y tengan crecimiento, ya que se debe buscar consolidar empresas y no sólo changarros.

Sexto. Están conscientes de que la legislación y reglas de operación que regulen los programas de apoyo a emprendedores, deben contribuir a la generación de ocupaciones entre los grupos vulnerables, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos, y no obstaculizarlos con trámites y requisitos que pudieran ocasionales mayores gastos para su operación.

Séptimo. Por lo anteriormente expuesto

La Comisión de Economía acuerda

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a efecto de que promueva, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para evitar la discriminación hacia los grupos vulnerables que participan o buscan participar en los programas a su cargo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de la Economía Social, para que se continúe y refuerce la promoción y fomento de la participación individual y en grupos organizados del sector social de la economía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de abril de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica).

De las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para atender la problemática de la agroindustria azucarera nacional

Honorable Asamblea:

A la Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondientes a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, fueron turnadas para estudio, análisis y dictamen la proposición punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía, y al Senado de la República, para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sanciones el capítulo de azúcares y jarabes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentadas por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 26 de febrero de 2013; y el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el 2 de abril de 2013.

Los integrantes de las Comisiones de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego ingresamos en su estudio, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 67, 68, 85, 87, 157, numeral 1, fracción l, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se somete a consideración de la honorable asamblea este dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 26 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-7-458 a las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, de la Secretaría de Economía y al Senado de la República para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sancione el capítulo de azúcares y jarabes del TLCAN, presentada por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, el 26 de febrero de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.

Segundo. En sesión celebrada el 2 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-4-572, a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN, el 2 de abril de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estas comisiones son competentes para conocer sobre las proposiciones con punto de acuerdo referidas en el exordio del presente dictamen.

Segunda. La crisis que actualmente atraviesa la agroindustria azucarera mexicana es producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada por la entrada en competencia con edulcorantes, la especulación en los mercados internacionales y los cambios de hábitos alimenticios en la población. Ha impactado a toda la cadena productiva del sistema producto caña de azúcar.

Tercera . Que el gobierno federal debe considerar alternativas para enfrentar el desplome en los precios del azúcar que ha orillado a productores e industria de la caña a la crisis.

Cuarta . Que el gobierno federal tiene el mandato constitucional atreves del artículo 27 de la Carta Magna, en su numeral XX de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Quinta. De la industria azucarera se originan cerca de 450 mil empleos directos y de manera indirecta 2 millones 200 mil, se estima que existen 165 mil productores. En 2012 la caña de azúcar se cultivó en 15 de las 33 entidades federativas donde en los últimos diez años se ha requerido una superficie cultivada del orden de 650 mil hectáreas. Por ello, el sector azucarero es de gran impacto en las actividades productivas y el desarrollo social del país.

Sexta. Que en los cincuenta y siete ingenios mexicanos se presenta una sobreproducción de azúcar lo que ha llevado a tener demasías en los inventarios mismos que se incrementarán al término de la zafra 2012 -2013, ya que se calcula que se tendrá una producción mayor a la de los últimos años estimando 6 millones de toneladas de azúcar y 50 millones de toneladas de caña. La sobreoferta en la producción de azúcar en lo que va del ciclo 2012-2013 ha provocado la diminución en los precios del insumo. La tonelada de azúcar estándar paso de 11 mil 888. 80 pesos en mayo de 2012 a 7 mil 907 pesos en la tercera semana de enero.

Séptima . Que el TLCAN ha sido factor del endurecimiento de la crisis azucarera, Estados Unidos consume 9 millones de toneladas por cada año de azúcar refinada y aproximadamente 12 millones de edulcorantes derivados del maíz, no obstante consume un 80 por ciento de sus necesidades. Se debe tener en consideración que el sector azucarero mexicano con excesiva producción se encuentra frente a un mercado estadounidense restringido.

Octava. Tras la firma del tratado, la industria azucarera mexicana ha concurrido por diversos periodos de crisis en parte por la importación de fructosa, edulcorante derivado del maíz que sustituye al azúcar en procesos productivos como la elaboración de refrescos. En 1997 empresarios del sector azucarero recurrieron a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía) para que se establecieran medidas necesarias buscando la protección de la industria nacional. El resultado fue el establecimiento de cuotas compensatorias a la importación de fructosa como medida de salvaguardia en favor de la industria local. En consecuencia de estas cuotas compensatorias las importaciones de fructosa en 1999 sólo fueron de 247 mil toneladas en contraste a 1997, último año en que la fructosa entró en el país sin cuotas compensatorias, que se importaron 337 mil toneladas.

Novena. Ante el impacto que causaron estas medidas en los granjeros norteamericanos productores de fructosa, solicitaron al Departamento de Comercio de Estados Unidos que tomará las medidas necesarias para defender sus intereses. Fue cuando el gobierno norteamericano recurrió a la Organización Mundial de Comercio para que revisara las acciones mexicanas en contra de la fructosa, argumentando la ilegalidad de las cuotas compensatorias impuestas. El organismo internacional falló en favor de Estados Unidos, alegando que al imponer México las cuotas compensatorias a la fructosa de manera unilateral había violado varios acuerdos comerciales.

Décima. En julio de 2000 cuando las empresas del azúcar, se encontraban endeudadas y con sobreproducción, solicitaron a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, adelantar la fecha en que la industria mexicana tendría derecho a exportar todos sus excedentes de azúcar, la Secretaria planteo esta solicitud al Departamento de Comercio de Estados Unidos y se dieron a conocer unas cartas paralelas en donde se modificaba la redacción y contenido del capítulo azucarero del Tratado de Libre Comercio. En ellas se determinó que la fructosa sería contabilizada para determinar la producción y el consumo del mercado de dulce y en consecuencia determinar el excedente de producción nacional que podría ser exportado hacia Estados Unidos, en consecuencia las fronteras no se abrirían al azúcar mexicano. Los industriales del azúcar se verían imposibilitados para exportar sus excedentes, calculados en unas 575 mil toneladas. Considerando las importaciones de fructosa, determinaban en tan sólo 100 mil toneladas el monto del excedente de producción y sólo esa cantidad sería sujeta a acceso preferencial al mercado norteamericano.

Undécima. Ante esto al gobierno mexicano sólo le quedaba apelar a la buena voluntad de Estados Unidos para incrementar el volumen de azúcar sujeto a acceso preferencial al mercado norteamericano. Situación que se agravó ya que Estados Unidos también atravesaba por una crisis de sobreproducción que les impedía abrir sus fronteras, so pena de deprimir los precios; así que sólo permitirían el acceso al monto de azúcar convenido en las cartas paralelas. En ese momento el subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales desconoce la validez de las cartas paralelas argumentando que sólo aparecen rubricadas, mas no firmadas.

Duodécima. Tratando de controlar la crisis, el 3 de septiembre de 2001, el gobierno decidió expropiar 27 ingenios azucareros –de 60 existentes en el país– ante la quiebra virtual en la que se encontraban. Pero esta acción no freno la entrada de edulcorantes.

Decimotercera. En los últimos años, de acuerdo a la organización Proazúcar, ingresaron en el mercado de edulcorantes de México, unas 2 millones de toneladas de fructosa, informan que en Estados Unidos el jarabe de maíz se vende en 10.30 pesos y en el mercado mexicano los industriales refresqueros acceden al producto con un costo de 8.41 pesos, lo que impacta en la industria refresquera que con esta oferta permiten mantener el precio de su producto final. Este mismo grupo consideran que la crisis azucarera podrá resolverse en la medida en que el Gobierno Federal establezca cuotas sancionadoras a la importación de fructosa. Otros grupos y organizaciones vinculados a la producción de azúcar coinciden en calificar como desleal la competencia de edulcorantes como la fructosa, que se importa con precios dumping.

Decimocuarta. Esta crisis ha ocasionado un ambiente confrontado, productores tomaron bodegas e ingenios azucareros el 21 de enero de este año, como protesta por la caída del precio de edulcorantes y el aumento en la importación de alta fructosa. Los cañeros piden que se ordene el mercado de tal manera que reciban precios justos por su trabajo realizado todo un año, y enfrentando el embate de las inclemencias climatológicas, los altos costos de los insumos y la carestía de combustibles y refacciones.

Decimoquinta. Considerando los elementos anteriores es importante mencionar que el pasado 20 de marzo del año en curso el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el cual se solicita crear e implementar un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, lo cual no demerita o desvanece los objetivos planteados por los diputados promoventes en sus respectivos puntos de acuerdo, más aún estas comisiones dictaminadoras consideran que se refuerza la exigencia de este poder legislativo de atender de manera prioritaria la problemática de la industria de caña de azúcar considerada una de las más importantes Industrias del motor de nuestra economía.

Decimosexta. Que estas comisiones dictaminadoras al analizar de manera separada y en su conjunto las propuestas de punto de acuerdo de los diputados promoventes coinciden en la necesidad de elaborar un solo dictamen legislativo que contemple ambas propuestas ya que los resolutivos de ambas proposiciones tocan la misma materia y resolutivos complementarios.

Decimoséptima. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, estas comisiones dictaminadoras tenemos a bien emitir los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y sumado al punto de acuerdo aprobado por esta soberanía el 20 de marzo de 2013 sobre este mismo tema, implante de ser necesario.

Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Economía a que determine si existen elementos económicos y legales que avalen la implantación de medidas de restricción a la importación de alta fructosa.

Tercero. Que las autoridades encargadas de los programas federales otorguen apoyos económicos a los campesinos cañeros con la finalidad de darles certidumbre y las condiciones para que incrementen su capacidad para generar empleo y se impulse su propio crecimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como por la Procuraduría General de la República, políticas de control y combate del contrabando y la piratería

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SEP, la SE, la Segob y la PGR políticas de control y combate del contrabando y la piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, el 28 de febrero de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 28 de febrero de 2013, los ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El C. presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El Legislador propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

La proposición propuesta por el diputado Ricardo Monreal Ávila tiene por objeto exhortar al titular del Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas necesarias para el control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.

En la exposición de motivos el diputado Monreal destaca los problemas que genera a la economía la reproducción de manera ilícita de diversas producciones atentando así contra los derechos de la propiedad intelectual o industrial.

Igualmente el promovente menciona las múltiples consecuencias de la piratería en nuestro país como lo son la existencia de productos de muy baja calidad e incluso que pueden poner en peligro la salud de los consumidores.

Señala el diputado Monreal y menciona la existencia de estadísticas que indican que el problema de la piratería ha venido creciendo en los últimos años en el país, y que las ganancias que genera este delito ascienden a los 75 millones de dólares anuales, los cuales son en detrimento de la industria del país.

En virtud de lo anterior el diputado Ricardo Monreal somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

La proposición que se encuentra en análisis aborda el tema de la piratería y de la problemática que esta genera causando graves daños económicos a la industria en nuestro país.

El término “piratería” se refiere a toda aquella producción, reproducción, importación, comercialización, venta, almacenamiento, transportación, arrendamiento, distribución y puesta a disposición de bienes o productos en contravención a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley de la Propiedad Industrial.

En este tenor, los integrantes de la Comisión de Economía comparten el interés y la preocupación del legislador en cuanto a la necesidad que existe de que se implementen políticas que combatan este tipo de acciones delictivas que trasgreden los derechos de la propiedad.

Segunda. Que según cifras de la 2da. Encuesta de Hábitos de Consumo de Productos Pirata y Falsificados en México 2008, realizada por American Chamber of Commerce of México, A.C., se detectó que al menos 76 de cada 100 mexicanos compra productos pirata en el país, lo que le genera a la industria pérdidas por 5,657 millones de pesos y al fisco pérdidas por 2,793.92 millones de pesos.

De acuerdo con esta encuesta, que se realizó en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, el 63% de los entrevistados considera que se compra piratería por considerarla más económica; el 16% considera que es la gente de pocos recursos la que la adquiere, y 7% piensa que los productos piratas se venden porque el Gobierno y la corrupción lo permiten.

Tercera. Que de acuerdo con el informe global 2005 Reporte Especial 301, de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés), que agrupa a mil 900 empresas, México ocupa el cuarto lugar en piratería (entre 68 naciones), en lo que respecta a las pérdidas generadas en la industria de la música, las películas, los libros y el software de entretenimiento y comercial.

Cuarta. Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) las ganancias por piratería en México alcanzan los 75 mil millones de dólares anuales, cifra que rebasa los ingresos obtenidos por la venta de petróleo (25 mil millones de dólares al año).

Los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con el diputado Monreal que detrás del comercio informal se esconde la distribución y venta de productos ilegales a plena luz del día y lo que ha generado un debilitamiento de las industrias locales, las fuentes de empleo, impuestos y fomenta la delincuencia.

Quinta. Esta Comisión de Economía, estima legítimo el punto de acuerdo propuesto, pues se requieren de la generación y aplicación urgente de políticas públicas que controlen y combatan al contrabando y piratería con el fin de fortalecer la producción e inversión en nuestro país.

Sexta. Por lo anteriormente expuesto:

La Comisión de Economía Acuerda:

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Educación Pública, de Economía, y de Gobernación, así como de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar gestiones a fin de que el IMPI inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección como denominación de origen del limón colimense

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que realice las gestiones necesarias para que, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección como denominación de origen al limón colimense, presentada por la diputada Patricia Lugo Barriga del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 7 de marzo de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1 fracción IV, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el siete de marzo de dos mil trece, los secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. La Legisladora propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

El referente punto de acuerdo tiene como finalidad realizar un exhorto a la Secretaría de Economía, para que a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, inicie el procedimiento para emitir la declaratoria de protección con denominación de origen al limón colimense.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

La diputada Lugo Barriga sostiene como algunos de sus principales argumentos en la exposición de motivos que:

“Las denominaciones de origen, además de constituirse en mecanismos de desarrollo económico para los países, ciudades y pueblos, tienen las siguientes ventajas:

• Fomentan la organización de los productores de un lugar;

• Facilita el acceso a los mercados locales, nacionales e internacionales;

• Mejora la promoción y calidad de la oferta del producto;

• Implementa estándares de calidad mínimos del producto en beneficio del consumidor; y

• Establece un marco de protección para el producto.

De esa forma, la implementación de denominaciones de origen para protege los productos mexicanos benefician la economía nacional, el comercio internacional, las finanzas públicas y, principalmente, a los consumidores, que somos todas las personas.”

Igualmente se establece que para el caso de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha otorgado esta designación a diversos productos similares al limón colimense, como el mango Ataulfo, la vainilla de Papantla, el chile habanero de la península de Yucatán, el Tequila de la región del Tequila, etcétera. Asimismo destaca que para el limón:

En México se producen tres especies de cítricos considerados como limones por el carácter ácido de su jugo. El limón mexicano o colimense (Citrus aurantifolia ), el limón persa (Citrus latifolia Tanaka)1 y el limón verdadero o limón italiano (Citrus limon Burm).

En el estado de Colima se cultiva comercialmente el limón colimense desde la década de 1940; actualmente es el principal productor de esta especie y es conocido como la Capital Mundial de este cítrico, ya que aporta cerca de 50 por ciento de la producción nacional.

De las 500 mil toneladas de limón que se producen anualmente en Colima, se exporta por arriba del 15 por ciento al extranjero a diferentes partes del mundo y en diferentes presentaciones de acuerdo a los requerimientos del mercado internacional. Colima es el estado con mayor productividad de limón en el país, con un promedio de 23 toneladas por hectárea, además de ser la mayor actividad generadora de empleos en la entidad.

Por las características del clima y el suelo colimenses, el limón mexicano adquiere características que lo hacen único como su especial grado de acidez, su más alta durabilidad de vida en anaquel y su color verde brillante. De igual forma, los específicos métodos empleados en su producción por los agricultores del estado de Colima le confieren un prestigio internacional, que ha derivado en que sus limones se encuentren en prácticamente todos los mercados nacionales y también se exporten a los Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Canadá y Japón.

Asimismo se argumenta que:

En el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa se define una denominación de origen como “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”. Cabe señalar tres elementos esenciales de las denominaciones de origen:

a) La denominación de origen debe consistir en la región de un país, región o localidad y tiene por efecto identificar una entidad geográfica en el país de origen;

b) La denominación de origen debe servir para designar un producto originario del país, región o localidad en cuestión tiene por efecto que, además de identificar un lugar, la denominación geográfica en cuestión debe ser reconocida como la designación de un producto originario de ese lugar, o requisito de notoriedad; y

c) La calidad o las características del producto al que hace referencia la denominación de origen deben deberse exclusiva o esencialmente al entorno geográfico del lugar del que es originario el producto. La referencia al entorno geográfico consiste en la vinculación cualitativa entre el producto y el lugar del que es originario, tanto por los factores naturales (principalmente suelo y el clima) como por los factores humanos relacionados (por ejemplo, los conocimientos tradicionales o prácticos utilizados de forma especial o artesanal en el lugar del que es originario el producto).3. Los vales de despensa son el medio más utilizado para otorgar la prestación de previsión social a los trabajadores. Millones de familias mexicanas son beneficiadas con esta prestación, siendo su único fin asegurar que los trabajadores y sus familias cuenten con un mínimo de alimentos.”

Y que:

“Conforme al artículo 156 de la Ley de Propiedad Industrial, se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

La protección a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que, al efecto, emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; a partir de su expedición, el uso ilegal de la denominación de origen será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

De esa forma la declaratoria de protección de una denominación de origen tiene por objeto proteger legalmente ciertos bienes, naturales o artificiales, que se producen en una zona específica, contra productores que se quisieran aprovechar del reconocimiento que tienen estos productos.

Este tipo de signos distintivos son especiales porque, a diferencia de una marca, la cual tiene como finalidad distinguir productos o servicios entre genéricos, las denominaciones de origen, otorgan protección a los genéricos mismos.”

Segundo. Los requisitos que debe cumplir algún producto para que su declaratoria de denominación de origen sea viable para el IMPI, son:

• Señalamiento de la denominación de origen;

• Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envase;

• Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas; y

• Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio.

Tercero. Por lo anteriormente expuesto:

La Comisión de Economía acuerda

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía, a efecto de que realice las gestiones necesarias para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial valore y, en su caso, inicie el procedimiento para que se emita la declaratoria de protección de la denominación de origen al limón colimense.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes abril de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra, Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño, presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 14 de marzo de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 14 de marzo de 2013, los secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:

1. Incorporar en sus agendas de discusión la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados; y

2. Tipificar y, en su caso, adecuar en sus códigos penales la figura de “encubrimiento por receptación.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González.

El diputado Javier Filiberto Guevara González sostiene entre sus principales consideraciones que:

Aunque no se cuenta con cifras que den cabal cuenta de la magnitud del problema, es de todos conocido que la procedencia de artículos que llegan a las casas de empeño y compraventa de metales preciosos es en ocasiones dudosa o ilícita, lo cual favorece una forma de tráfico mercantil de artículos robados, que van desde teléfonos celulares, computadoras, pantallas, electrodomésticos en general y muebles hasta relojes, alhajas y metales preciosos.

Segunda. Los diputados de la Comisión de Economía están conscientes de la función social y económica que las casas de empeño han desempeñado durante la historia de nuestro país, ya que surgen de la necesidad de proveer recursos a sectores de la población que por diversas razones no son sujetos de créditos bancarios y que utilizan estos servicios para satisfacer necesidades básicas o urgentes, por lo que es fundamental evitar que su actividad sea utilizada para encubrir hechos delictivos.

Tercera. Sin duda alguna, con la expedición de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada el 30 de abril del 2012 y que entrará en vigor el 30 de octubre de 2013 y las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor el 18 de diciembre de 2012 y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2013, se ha contribuido a la regulación de las actividades que realizan las Casas de Empeño. Por un lado salvaguardando los derechos y necesidades del Consumidor y por otro protegiendo al sistema financiero, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Cuarta. Por lo que se refiere al exhorto propuesto por el diputado proponente, para que los congresos de las entidades federativas tipifiquen y, en su caso, adecuen a sus códigos penales la figura de “encubrimiento por receptación”, se considera que por no encontrarse tipificada esa figura a nivel federal, no se cuenta con un referente al cual sujetarse. Además, esta Comisión de Economía, se encuentra rebasada en sus facultades, para conocer, legislar o atender cuestiones de carácter penal.

Quinta. Por lo antes expuesto

La Comisión de Economía acuerda

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de abril de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia, Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena, José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el capítulo VII –relativo al campo– del TLCAN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con proyecto de punto de acuerdo, por el que se exhorta a revisar de inmediato por el Senado y el Ejecutivo federal el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en el capítulo VII, relativo al campo, presentada María del Socorro Ceseñas Chapa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de abril de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157, numeral 1, fracción l y 158, numeral 1 fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 11 de abril de 2013, los secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó al exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. La legisladora propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

El relativo punto de acuerdo tiene como finalidad realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal y al Senado, a revisar de inmediato al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el capítulo VII referente al campo.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, presenta algunos de sus principales argumentos en la exposición de motivos que:

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suceso que acompañado a la falta de apoyos y programas gubernamentales al campo, provocaron un mayor deterioro. Esto lo podemos observar en un estudio presentado por SAGARPA en 2007, el cual determinaba que 6 de cada 100 campesinos eran productivos, capaces para competir. Desde entonces México pasó de ser autosuficiente a depender de las importaciones, principalmente estadounidenses.

El descuido del campo por parte de las autoridades gubernamentales ha dejado en desventaja al campo mexicano, ya que uno de los factores esenciales es el apoyo mediante subsidios. Para el caso de Estados Unidos los subsidios son aproximadamente 20 veces más altos que el de nuestro país, situación que vulnera a nuestros productores ante los productores extranjeros y, que además ven en México un mercado atractivo para colocar sus productos.

El Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de todos aquellos acuerdos ganados ante la larga lucha de los mexicanos, un caso en particular es el artículo 27 de la Constitución.

La entrada del TLCAN se tradujo en el abandono de las parcelas pertenecientes a los campesinos mexicanos, tal hecho acentuó su emigración hacia Estados Unidos en busca de trabajo, debido a que no todos ellos pudieron ser captados en las distintas ciudades de nuestro país. De igual forma, la constante y creciente carestía de los campesinos a causa de la escasa oportunidad de emplearse, surge una nueva válvula de escape, el crimen organizado, el cual hoy en día absorbe rincones inimaginables del campo mexicano y por lo tanto a nuestros campesinos.

El financiamiento al campo ha disminuido aproximadamente el 90 por ciento, asociado a la reducción de programas de apoyo al desarrollo e implementación de educación para los campesinos. Se sigue presentando una reducción considerable del apoyo al campo, un ejemplo claro es el Programa Especial Concurrente reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

El Congreso Agrario Permanente reveló su preocupación ya que mil millones de pesos destinados a proyectos estratégicos del Programa Especial Concurrente 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un Presupuesto General para el Campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.

Segunda. La apertura comercial puede abonar al crecimiento de un país, dependiendo cómo y en qué grado se hace dicha apertura. Para el caso de México no se contemplaron las deficiencias que aún se tenían en comparación con el resto de países integrantes de los tratados comerciales, principalmente el TLCAN. Entre las características más significativas encontramos el bajo desarrollo e innovación tecnológica, acompañado por la baja productividad, elementos esenciales para competir y a su vez beneficiarse del libre mercado.

Tercera. En el caso de Estados Unidos, ser un país desarrollado le proporciona una mayor ventaja frente a socios comerciales que no lo son. Una de sus ventajas principales es su capacidad financiera e institucional para proteger aquellos sectores considerados estratégicos, por ejemplo el sector agrícola. Esta protección la lleva a cabo mediante algunos mecanismos:

• Subsidios.

• Financiamiento a una tasa de interés preferencial.

• Apoyo al desarrollo e infraestructura necesaria para el campo.

• Propicia las condiciones necesarias para intervenir en el mercado.

Cuarta. Para el caso de México, por su permanente restricción presupuestaria, mantener un esquema de apoyo y protección a este mismo tipo de sectores, ha sido históricamente complejo y con resultados insuficientes. En los hechos, los subsidios y apoyos al campo no han crecido en la misma velocidad que las necesidades y demandas. Por otra parte, la ejecución de los mismos no han surtido los efectos deseados en materia de productividad y competitividad.

Quinta. Existen millones de personas en México que dependen económicamente de actividades agrícolas caracterizadas por la baja productividad y bajos ingresos. Lo anterior, se explica por múltiples factores entre los que se destacan una vocación agrícola poco competitiva, falta de acceso a tecnología, financiamiento asequible, esquema de subsidios efectivos e intermediarismo.

Sexta. En el marco del denominado Pacto por México, suscrito por los presidentes de las principales fuerzas políticas nacionales y por el titular del Ejecutivo federal, que tiene como objetivo establecer una agenda legislativa conjunta de reformas a impulsar, se ubican los Compromisos 64, 65 y 66, que en conjunto buscan transformar el campo en una actividad más productiva. Dichos compromisos se refieren a:

a. Reactivar el campo mexicano para garantizar la seguridad alimentaria como una política de Estado y se establecerán medidas específicas para contener el precio de los alimentos, erradicar la pobreza extrema y promover a un sector de la economía que actualmente produce por debajo de su potencial. Así como impulsar medidas que combatan la intermediación y garanticen una adecuada comercialización de los productos del campo que se traduzca en mayores beneficios para los productores y mejores precios para los consumidores.

b. Incrementar la productividad agropecuaria a partir de una política de otorgamiento de crédito oportuno y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores. De igual forma, reorientar los subsidios para asegurar un apoyo a dichos productores. Impulsar el incremento de la tecnología, con particular atención en la modernización de los distritos riego, y la correcta articulación de cadenas productivas de valor.

c. El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en las zonas de menor viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema de pagos por servicios ambientales.(Compromiso 66)

Séptima. Por lo expuesto:

La Comisión de Economía

Acuerda

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, para que además de su contribución al cumplimiento de los compromisos planteados en el marco del Pacto por México relativos al campo mexicano, se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás programas sectoriales, las acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo, logren resolver la problemática de productividad, competitividad e ingresos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los treinta días del mes de abril de de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a suscribir acuerdos con los gobiernos estatales y los municipales, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio para crear un banco de datos especializado donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos cometidos contra ellos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82 numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el siguiente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se dictamina, fue presentada el jueves 3 de abril del 2013 al pleno de esta representación nacional, por el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 3740-V, del miércoles 3 de abril del 2013, asignándosele el número de expediente 1685.

La Mesa Directiva acordó, el 3 de abril del 2013, turnar la iniciativa para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Se trata de un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a suscribir acuerdos con las entidades federativas y las organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio para crear un banco de datos donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de los migrantes, así como los principales problemas y los delitos cometidos contra ellos.

En la parte expositiva de las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de Punto de Acuerdo, el Diputado Proponente hace una descripción del fenómeno migratorio, señalando su alcance mundial y su permanencia, aporta datos para dar una explicación panorámica de la situación y problemática migratoria en el mundo.

Señala que La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida, para satisfacer necesidades básicas, que le permitan mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar. Anota que entre sus principales causas se encuentran el ámbito laboral, situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento relacionado con la salud para acceder a mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad y en menor medida por fenómenos naturales; aunado a ello, la globalización y los avances tecnológicos han alentado paulatinamente el deseo de las personas a trasladarse.

Hace hincapié en que nuestro país, por sus características geográficas, históricas, económicas, políticas y culturales ha sido y es espacio de origen y destino de corrientes migratorias; señala, que México es un “...país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que... faciliten y protejan la cooperación internacional, y... convoquen a los países... para crear el entramado legal e institucional necesario.”; destaca la evolución de la política migratoria mexicana en los últimos 20 años; la relación en la materia de México con los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, haciendo énfasis en la problemática que enfrentan los migrantes por circunstancias diversas como género, idioma, factores idiosincráticos, entre otros.

Enfatiza, y esta comisión coincide plenamente en ello, la insuficiencia de los esfuerzos de las políticas y programas oficiales y del activismo de las organizaciones civiles “...en la promoción... (para) fomentar... el desarrollo de entornos óptimos que permitan...a los migrantes desempeñarse como personas productivas en los países donde se establecen, pues su estancia en muchas de las veces les expone a condiciones inhumanas y trato como si fueran delincuentes, cuando no lo son”.

La iniciativa hace un recuento estadístico de los principales aspectos que tienen que ver con el fenómeno migratorio para sustentar la importancia de que la autoridad correspondiente cree bases de datos de políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

Afirma que actualmente las mujeres migrantes son quienes más cambian su residencia; sobre todo dentro del país, mientras que quienes emigran del país representan alrededor del 49 por ciento con respecto a los migrantes hombres; que normalmente lo hacen a Estados Unidos, concentrándose en mayor cantidad en los estados de California, Texas, Illinois, Florida y Arizona. Del total de mexicanos que se van, sólo regresa alrededor del 14.6 por ciento y lo hacen principalmente a Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Morelos e Hidalgo.

Sostiene que se han documentado innumerables ataques a la integridad y a la vida de migrantes y sus familias inclusive por autoridades fronterizas, pues al parecer la condición de ser migrante, subsume a las personas a no pertenecer a país alguno, como si la identidad de las personas se supeditara solamente a la residencia; y no obstante a ello, quienes regresan de visita a sus comunidades de origen, encuentran tanto en el camino de ida, como de vuelta, los mismos riesgos.

En ese contexto, proponen un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:

Texto propuesto

Único. Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, el Instituto Nacional de Migración y Organizaciones Civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

Consideraciones

Esta comisión comparte las preocupaciones expuestas, pero considera que existen otros aspectos importantes que también es necesario documentar, recabar, procesar e integrar, con el fin de que las instancias respectivas cuenten con los instrumentos idóneos para cumplir lo que la Constitución General de la República y las Leyes respectivas ordenan.

Por ello, el texto presentado por el diputado proponente, debe ser objeto de algunas modificaciones:

Las madres centroamericanas que a finales de octubre del 2012 realizaron una marcha por nuestro país, bajo el lema Liberando la Esperanza, en busca de sus familiares desaparecidos plantearon a la presidenta de la Comisión, Diputada Amalia García Medina, la importancia de realizar a quienes cruzan nuestro país toma de algunas muestras personales que permitan a quienes los buscan dar con sus paraderos. Sensibles a esta petición, se incorporó en el Programa Anual de Trabajo de esta Comisión. Acordes con dicho Programa, se plantea que además de las políticas y programas que se implementan a favor de las y los migrantes, y los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos, resulta impostergable que se integren bases de datos con muestras de ADN de las y los migrantes que se encuentran en estaciones migratorias, albergues u hospitales, haciendo énfasis en que dichas muestras se tomarán siempre y cuando el o la migrante otorguen de manera explícita su anuencia. También resulta importante que las autoridades correspondientes tomen muestras de ADN de cadáveres que vayan a ser inhumados en fosas comunes.

La proposición que se dictamina plantea que la Secretaría de Gobernación cumpla este exhorto a través del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Migratorios considera que dicha secretaría es la responsable del cumplimiento de este acuerdo, por lo que su titular habrá de resolver la mejor manera de cumplirlo; además de que gran parte de la información que se considera debe formar parte de los bancos de datos que se acuerdan, trascienden al mencionado Instituto, por lo que la Secretaría tendrá que interactuar con otras secretarías e instancias de la administración pública federal (Procuraduría General de la República, secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, por mencionar algunas), con autoridades estatales y municipales, e incluso con organizaciones de la sociedad civil que tienen dentro de sus preocupaciones y actividad cotidiana el tema migratorio.

Por ello, consideramos que la proposición es de aprobarse pero con modificaciones que amplían y profundizan su preocupación, y con una redacción que permita su cabal interpretación.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las diversas instancias de las administraciones federal, estatales y municipales, y suscribiendo acuerdos con organizaciones civiles en lo que corresponda, cree bases de datos que integren:

1. Políticas y programas vigentes en todos los órdenes de gobierno a favor de personas migrantes;

2. Los principales problemas que enfrentan las y los migrantes y los delitos que se cometen contra ellos;

3. Muestras de ADN de migrantes y fotografía –previa su anuencia explícita– que cruzan por nuestro territorio y que se encuentren en estaciones migratorias, hospitales y albergues, y

4. Muestras de ADN de cadáveres que vayan a ser sepultados en fosa común.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril del 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios

Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo, Javier Treviño Cantú (rúbrica).

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que se restituyan por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos destinados al Programa de Repatriación de Migrantes, en apoyo de personas deportadas por la garitas de Baja California hacia Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado para estudio y dictamen, el expediente número 1697 que contiene proposición con proyecto de punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal la restitución de recursos al programa de apoyo a la repatriación de migrantes por las garitas de Baja California, retenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentado por el diputado Andrés de la Rosa Anaya del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de abril del 2013.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3741, del 4 de abril del 2013, y en esa misma fecha la Mesa Directiva le dictó turno a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El objetivo de la Proposición es solicitar la restitución de recursos al programa de apoyo a la repatriación de migrantes por las garitas de Baja California.

En la exposición de las razones que motivan la presentación de la Proposición, el diputado proponente destaca la dinámica de la frontera México-Estados Unidos, como una de las líneas fronterizas más activas comercialmente y más transitadas y cruzadas del mundo en sus dos direcciones, sobre todo en lo que hace a los tramos que corresponden a los puntos de paso establecidos en las garitas de Mexicali y Tijuana, en el Estado de Baja California.

Señala que la vecindad de estos puntos fronterizos de nuestro país con el Estado de la Unión Americana que por sí mismo constituye una de las economías más fuertes y pujantes del mundo, hace que estas ciudades sean polos de atracción para migrantes mexicanos y de todo el mundo, que buscan cruzar la frontera en busca de trabajo, la mayor parte de las veces en condiciones irregulares. Personas cuyas condiciones de depauperación y vulnerabilidad hacen que la protección de sus derechos, la asistencia en sus necesidades básicas, constituya una reto para el Estado mexicano.

A ellas, abunda, se añade el gran número de personas que son deportadas diariamente por las autoridades de migración de los Estados Unidos de América, muchas de las cuáles solicitan apoyo para regresar a su lugar de origen —solicitudes que en número importante tradicionalmente son atendidas por particulares de buena fe- razón por la cual en 2007 el Gobierno Federal implementó el Programa de Repatriación Humana, que recientemente ha sido objeto de un importante recorte presupuestal de alrededor de veinte millones de pesos, tan sólo para Baja California.

Para ilustrar el efecto de este recorte, el proponente indica que de 2007 a la fecha el programa ha apoyado el retorno a sus hogares de más de 700 mil migrantes y este año se espera que soliciten apoyo más de 100 mil; recuerda que “...en 2012, fueron deportados por las garitas mexicanas alrededor de 370 mil personas. Siendo de Baja California casi 126 mil de los cuales 66 mil fueron por Mexicali y 59 mil por Tijuana... en su mayoría de nacionalidad mexicana, que llegan sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir, muchas veces, deportados por las madrugadas... (y que) de acuerdo a estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Migración, alrededor de 300 personas son deportadas diariamente por Tijuana, cantidad que rebasa la capacidad de las autoridades...”

Destaca que este recorte afecta de manera directa a decenas de miles de personas desprotegidas y pone, por razones comprensibles, en situación precaria a las ciudades de Mexicali y de Tijuana, por lo cual pone a consideración un punto de acuerdo en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, solicita al titular del Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de restituir los recursos que ascienden a 20 millones de pesos, destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, operado por el Instituto Nacional de Migración, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas con sede en Baja California desde los Estados Unidos de América.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con las razones que motivan la proposición, y con la urgente necesidad de que el Estado mexicano asuma las responsabilidades que le corresponden en la protección del derecho de las personas migrantes que transitan por territorio nacional, a un trato digno y humanitario y la asistencia en sus necesidades, no sólo como condición para cumplir con las obligaciones internacionales y constitucionales, sino como condición indispensable de carácter ético en el ejercicio de la autoridad.

En lo que hace al proyecto de punto de acuerdo con que se acompaña la proposición, esta comisión dictaminadora coincide igualmente de manera plena en su sentido y términos.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, solicita al titular del Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de restituir los recursos que ascienden a 20 millones de pesos, destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, operado por el Instituto Nacional de Migración, en apoyo a personas deportadas desde los Estados Unidos de América, por las diversas garitas con sede en Baja California. Así mismo para que se destine el presupuesto suficiente para atender esta problemática en las demás garitas instaladas en la frontera norte de nuestro país.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril del 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios

Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo, Javier Treviño Cantú (rúbrica).

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende a entregar al gobierno de Oaxaca los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado para estudio y dictamen, el expediente No. 1804 que contiene Proposición con Punto de Acuerdo, presentado por la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 16 de abril de 2013.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 3749 del 16 de abril de 2013, y en esa misma fecha la Mesa Directiva le dictó turno a la Comisión de Asuntos Migratorios.

El objetivo de la proposición es exhortar a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, a entregar al gobierno de Oaxaca los recursos comprometidos en el Fondo de Apoyo a Migrantes.

En la exposición de motivos, la diputada proponente recuerda que en 2011 se puso en marcha el Fondo Migrante, con el objeto de asignar recursos a proyectos productivos a las entidades federativas con mayores índices de migración relacionada con pobreza y condiciones de bajo desarrollo, integrado por una garantía aportada por el Fideicomiso México Emprende por 50 millones de pesos, de los cuáles a Oaxaca corresponden 18.4 millones de pesos, de los cuales, 9.9 millones para beneficiar a mil 380 trabajadores migrantes y sus familias, aplicables a proyectos productivos y 8.5 a la indemnización de 858 ex trabajadores migrantes.

Destaca la proponente que en función de lo anterior, a partir de diciembre de 2012, con el fin de atender las necesidades ingentes de la población objetivo de estos recursos, el gobierno de Oaxaca inició por cuenta de sus propios recursos la entrega de estos apoyos, contando con que podrían ser reintegrados al erario en la medida en que le fueran entregados los recursos federales comprometidos, que hasta la fecha no han sido entregados por las dependencias responsables, con lo cual se afecta de manera muy severa los programas sociales en la entidad.

Al respecto, señala la proponente, “La Cámara de Diputados debe vigilar que los recursos etiquetados se asignen a los objetivos comprometidos en los programas en tiempo y forma...”, por lo que pone a consideración un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, la asignación inmediata de los recursos comprometidos con el estado de Oaxaca, en el marco del Fondo de Apoyo a Migrantes. Dicha entrega se realizará sin dilación y de forma expedita, para el cabal cumplimiento del programa.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con las razones que motivan la proposición, y con la urgente necesidad de que el Estado mexicano asuma las responsabilidades que le corresponden en la protección del derecho de las personas migrantes que transitan por territorio nacional, a un trato digno y humanitario y la asistencia en sus necesidades.

Coincide en que los recursos federales etiquetados para cubrir programas sociales destinados a grupos vulnerables, deben ser liberados en tiempo y forma, y que corresponde a la Cámara de Diputados vigilar que así ocurra para todas las entidades federativas y órdenes de gobierno en el país. En este caso, la circunstancia que motiva la proposición, afecta no sólo al Estado de Oaxaca, sino a todas las entidades beneficiarias de dicho programa, por lo que siendo la Cámara de Diputados la instancia que acuerpa a la Representación Nacional, la comisión dictaminadora considera pertinente asumir en sus términos el proyecto contenido en la Proposición para esa entidad, ampliándolo para todas las entidades que se encuentren en la misma o semejante situación.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la comisión, pone a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, para que se asignen de inmediato los recursos comprometidos con el estado de Oaxaca, en el marco del Fondo de Apoyo a Migrantes. Dicha entrega se realizará sin dilación y de forma expedita, para el cabal cumplimiento del programa.

Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo Federal, que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y al Fideicomiso México Emprende, a liberar y radicar de inmediato los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes para todas las entidades federativas que se encuentren en la misma circunstancia o que no los hayan recibido en su totalidad, con el fin de evitar afectaciones a los erarios estatales y a las personas y familias beneficiarias.

Salón de Sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril del 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios

Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo, Javier Treviño Cantú (rúbrica).

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Turismo a emprender acciones para la revalorización, el impulso y la operación del programa Pueblos Mágicos de México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Turismo para que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

Con fecha 10 de septiembre de 2013, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la presidencia de la mesa directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Turismo, para que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ordenando su turno a la Comisión de Turismo, para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente.

Con fecha 11 de septiembre de 2013 la Comisión de Turismo recibió el expediente No. 2393 que contiene la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Turismo, para que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

II. Contenido de la iniciativa

El turismo funge como motor de crecimiento económico y de impulso en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que integran los principales destinos turísticos del país y que se desempeñan en la prestación de servicios turísticos, así como de los que se relacionan indirectamente con esta actividad como son: autotransportistas, productores y proveedores entre otros.

De acuerdo con las estadísticas presentadas en el año 2012 por la Secretaría de Turismo (Sectur), el turismo en México se destaca como una actividad primordial de la que se desprende la creación de aproximadamente 7.5 millones de empleos tanto directos como indirectos, además de representar el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía Mexicana, lo que la coloca en un lugar preponderante como captadora de divisas, siendo esta actividad superada únicamente por la captación de remesas y la actividad petrolera.

La relevancia del Sector Turístico no solo radica en su importancia económica, sino también en aspectos culturales, sociales, ambientales, de esparcimiento que inciden y convergen en elementos tales como: estilos de vida, expresiones artísticas y culturales, tradiciones, artesanías, gastronomía regional, así como en una gran diversidad de recursos naturales, entre otros.

Debido a su importancia el Gobierno Federal a través de la Sectur ha puesto en marcha diferentes líneas de acción mediante estrategias que fomenten la actividad turística del país, las cuales están encaminadas a fortalecer y promover a México como un país líder en la actividad turística a nivel tanto nacional como internacional, para contribuir a la consolidación y fortalecimiento de los distintos destinos turísticos e incrementar por un lado la competitividad de la oferta turística y por el otro a la generación de más y mejores empleos en beneficio del país.

Dentro de las estrategias que han demostrado un mayor impacto por parte de la Sectur, destaca el denominado “Programa Pueblos Mágicos de México”, creado en el 2001 para incentivar el turismo local y regional en México, con el objetivo de aprovechar de manera racional y sustentable el gran potencial de los recursos naturales y culturales de las localidades donde el programa se suscribe, el cual ha demostrado su capacidad para transformar y potenciar la oferta turística, lo que ha permitido elevar la productividad y creación de servicios y productos altamente competitivos que propician el desarrollo y bienestar de las comunidades y empresas dedicadas a la actividad turística.

El programa tiene como principio básico el involucramiento y participación de las comunidades receptoras, es decir a la sociedad en su conjunto, a través de un esquema de colaboración, entre el Gobierno Federal que involucra distintas dependencias y organismos gubernamentales como son: Sectur, Sedesol, SE, Conaculta, CFE, INAH, entre otros, así como la participación de los Gobiernos Estatales y Municipales.

En este contexto, los resultados altamente exitosos del Programa, han demostrado que su impulso contribuye a elevar la actividad turística y por tanto a mejorar de manera real y sostenida los niveles de bienestar de la población, acrecentando el empleo, fomentando la inversión, fortaleciendo y optimizando el aprovechamiento racional de los recursos y atractivos naturales y culturales.

Es por ello que el Gobierno Federal apoya al “Programa Pueblos Mágicos”, a través de la canalización de recursos económicos para la dotación de infraestructura, equipamiento, creación, desarrollo e innovación de productos turísticos, profesionalización y capacitación que detona la actividad económica de la región donde estos se aplican.

De acuerdo con datos de la Sectur en el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal destino un monto de 952.8 millones de pesos, cifra por mucho superior a lo destinado entre 2001-2006, esto debido a que la inversión Federal registrada fue por 187 millones de pesos. Asimismo vale la pena señalar que en estos dos periodos es decir del 2001 al 2012 se detono una inversión conjunta, (Federal, Estatal, Municipal) cercana a los 2, 733 millones de pesos.

El beneficio que han obtenido las comunidades tras su inclusión en el Programa aunado al mejoramiento de la imagen urbana, ha propiciado que esto se refleje en la economía y prosperidad de las mismas. Un ejemplo de ello ha sido el cambio de las actividades productivas, en las localidades y municipios, como se observa particularmente en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, primera localidad en obtener el nombramiento de Pueblo Mágico.

Huasca de Ocampo de conformidad con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2001, año previo a su incorporación en el Programa, era una comunidad en la que su principal actividad económica estaba basada en el sector primario (agrícola) y una vez puesto en operación el Programa y demostrado su éxito, sus habitantes modificaron, adecuaron y en algunos casos cambiaron su ocupación para dedicarse a una actividad mejor remunerada y pasar al sector terciario (servicios).

Asimismo, es importante señalar que según datos estimados por la Sectur en su publicación “Pueblos Mágicos, Instrumento para Mejorar la Calidad de Vida e Impulsar el Turismo”, publicado en el año 2012, indica que durante el 2011 se obtuvo una derrama económica cercana a los 3, 163 millones de pesos, por concepto de la actividad Turística derivada de los Pueblos Mágicos, donde se reporto una estadía promedio de dos días en fin de semana y un gasto mínimo diario por turista de 700 pesos. Lo anterior se traduce en aproximadamente un 2 por ciento del total de los ingresos generados por turismo en México, lo anterior se reafirma al observar que en el año 2011 el turismo tuvo un ingreso de 147, 798 millones de pesos (cantidad estimada por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) en su publicación Panorama de la actividad turística en México, número 6, enero- abril 2012)

Por su importancia el Programa Pueblos Mágicos se ha convertido en un símbolo de distinción, así como una marca turística reconocida tanto nacional como internacionalmente, por lo que la Sectur y las localidades pertenecientes al Programa deben procuran mantener sus estándares de calidad, a fin de no perder su credibilidad.

Cabe destacar que en ocasiones la falta de coordinación, vigilancia y seguimiento por parte de los Gobiernos Federal, Estatal, Municipal y la propia Sociedad Civil, representa múltiples factores que inciden de manera perjudicial en el Programa, por lo que se requiere constantemente se revisen y actualicen sus Reglas de Operación a fin de que en su diseño y estructura se promueva una adecuada interacción entre las diversas instituciones y ámbitos gubernamentales, para garantizar el optimo desarrollo de las comunidades seleccionadas en el Programa Pueblos Mágicos; destacan los siguientes elementos perjudiciales:

• Proliferación de vendedores ambulantes.

• Instalación de anuncios en lonas y letreros no permitidos colocados fuera de los establecimientos ubicados en el centro de los pueblos.

• Perdida de autenticidad de las manifestaciones culturales.

• Contaminación ambiental y urbana.

• Alteración de la imagen urbana y del medio ambiente.

Por lo antes expuesto se considera de suma importancia el manifestar a la Secretaría de Turismo la necesidad de corregir aspectos en la operación y desarrollo del Programa, debido a que los turistas que acuden a visitar los Pueblos Mágicos, tienen una alta expectativa en la calidad de los servicios y atractivos, por lo que él no satisfacerlas ocasionaría un fuerte retroceso en la imagen turística de nuestro país y por tanto una disminución en la captación de divisas y un deterioro en la economía nacional.

Es por ello, que la detección oportuna de las carencias y debilidades del Programa, las convierte en áreas de oportunidad y por ende en el mejoramiento del Programa Pueblos Mágicos, por lo que se proponen las siguientes acciones:

I. Analizar, rediseñar, ajustar y dar seguimiento puntual a las Reglas de Operación que actualmente rigen el Programa.

II. Realizar un estudio exhaustivo de las comunidades inscritas en el Programa, para evaluar los criterios de incorporación y operación existentes.

III. Fortalecer la coordinación institucional entre las diversas dependencias que impulsan el Programa.

IV. Formalizar los apoyos aportados por las diversas instancias involucradas en el Programa.

V. Derivado que el éxito o fracaso de este programa radica en el principio básico de involucramiento y participación de la sociedad en su conjunto, es indispensable impulsar la creación de un organismo a nivel Nacional de carácter no gubernamental que se encargue de impulsar, defender, vigilar, salvaguardar, y coordinar la interacción de las localidades integrantes del programa en su conjunto con los tres niveles de Gobierno.

III. Consideraciones de la comisión dictaminadora

Esta Comisión de Turismo está de acuerdo con los planteamientos esbozados por el legislador en cuanto a su proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo, a que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México, lo anterior al considerar la importancia que reviste en nuestro país el progreso socio-económico generado por el flujo de visitantes, aprovechamiento de las distintas manifestaciones culturales, riquezas naturales y atractivos turísticos que emanan de los Pueblos Mágicos.

El Programa Pueblos Mágicos, creado en el 2001 y desarrollado por la Secretaría de Turismo (Sectur), en colaboración con diversas instancias gubernamentales federales, gobiernos estatales y municipales, ha contribuido a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Dicho programa busca desarrollar y potenciar los atractivos de las poblaciones beneficiarias, mediante el fortalecimiento de su capacidad competitiva a través de proyectos estratégicos de inversión previamente coordinados con gobiernos estatales y municipales; así como, mediante la diversificación y consolidación de la oferta a través del desarrollo de productos turísticos en las categorías de sol y playa, turismo de naturaleza, cultural, de salud, de reuniones, deportivo, turismo religioso, urbano, turismo social, entre otros.

El programa concreta la participación social de las comunidades donde éste se implementa, cohesionándola con los esfuerzos del Ejecutivo Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, logrando así reconocimiento y admiración a nivel internacional, dado que países tales como El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia y Chile, han solicitado asesoría a la Sectur con el fin de replicar este exitoso programa en sus comunidades.

Del mismo modo, el estar inscrito en el programa conlleva un prestigio y reconocimiento, que ha propiciado que varias localidades con potencial turístico busquen su incorporación, a fin de verse beneficiadas con los apoyos del Programa. Es así, que tan solo en los últimos 3 años se lograron incorporar 50 localidades con el fin de potencializar su desarrollo y diversificar su oferta turística.

Actualmente se encuentran incorporadas 83 localidades, mismas que se han visto beneficiadas, por la inversión otorgada a través de la Secretaria de Turismo que en el periodo 2001-2006 fue de 187 millones de pesos, monto que para el periodo 2007-2012 ascendió a 940 millones de pesos aproximadamente, lo que ha propiciado la reconversión de la actividad económica de la comunidad y áreas de influencia, una mejora en su infraestructura e imagen urbana, el mantenimiento y generación de empleo, el incremento de la plusvalía de fincas/terrenos y sobre todo el aumento del número de turistas; gasto per cápita y el porcentaje de ocupación.

Lo anterior se constata al observar los resultados alentadores que se dieron a finales del 2011, donde los Pueblos Mágicos registrados ante Sectur, contaban con una oferta superior a los 866 hoteles con más de 21,329 habitaciones y un gasto turístico generado de 3,163 millones de pesos. Asimismo, destaca el gasto diario promedio de 700 pesos por turista, de tal manera que el potencial adquirido por el nombramiento como Pueblo Mágico conlleva implícitamente a un desarrollo regional.

Los objetivos del programa parten de la premisa de que el involucramiento de los habitantes del pueblo mágico debe ser acorde al resultado del nivel de trabajo que la propia comunidad realice, por lo que el salvaguardar su herencia histórica, cultura, atributos, símbolos, leyendas, historias, hechos trascendentes, se traduce en divisas, empleo y desarrollo sustentable.

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo comienzan a emerger distorsiones y vicios derivados de la propia globalización, la competencia con otros destinos y ofertas turísticas que cotidianamente se brindan a los visitantes que inciden en el detrimento de la imagen y oferta de los Pueblos Mágicos.

Esta situación se deriva principalmente por la falta de coordinación, vigilancia y seguimiento por parte de los gobiernos federal, estatal, municipal y la propia sociedad civil. Estos representan múltiples factores que inciden de manera perjudicial en el desarrollo del Programa.

Por lo antes expuesto esta comisión dictaminadora considera de suma importancia apoyar la postura del legislador al manifestar a la Secretaría de Turismo la necesidad de corregir tales aspectos en la operación y desarrollo del programa, debido a que los turistas que acuden a visitar los pueblos mágicos, tienen una alta expectativa en la calidad de los servicios y atractivos, por lo que él no satisfacerlas ocasionaría un fuerte retroceso en la imagen turística de nuestro país y por tanto una disminución en la captación de divisas y un deterioro en la economía nacional.

Es por ello, que la detección oportuna de las carencias y debilidades del Programa, las convierte en áreas de oportunidad y por ende en el mejoramiento del Programa Pueblos Mágicos, por lo que esta Comisión Dictaminadora está de acuerdo con la propuesta del legislador y considera pertinente tomarla en cuenta para enriquecer las estrategias implementadas por el ejecutivo federal, orientadas al mejoramiento del Programa Pueblos Mágicos, tal es el caso del estudio diagnostico que se está elaborando a través de la Secretaría de Turismo.

Por lo anterior, se considera viable la propuesta en comento, que contempla las siguientes acciones:

• Analizar, rediseñar, ajustar y dar seguimiento puntual a las Reglas de Operación que actualmente rigen el Programa.

• Fortalecer y mejorar la coordinación y apoyo entre las dependencias gubernamentales que impulsan el Programa, formalizando oficialmente los apoyos aportados por estas, así como las responsabilidades de las comunidades receptoras en su conjunto.

• Analizar la factibilidad y pomover la creación de un organismo a nivel Nacional con carácter no gubernamental encargado de impulsar, defender, vigilar, salvaguardar y coordinar el desarrollo de los Pueblos Mágicos dado que actualmente cada localidad vela por sus propios intereses.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a efecto de que emprenda las acciones necesarias para la revalorización, impulso y operación del Programa Pueblos Mágicos de México y que en su proceso se haga participe a esta Comisión de Turismo con el objetivo de dar puntual seguimiento al presente exhorto.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que analice y rediseñe las reglas de operación del programa, así como para que impulse la formalización y oficialización de los apoyos aportados por las dependencias gubernamentales en beneficio del programa.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que analice la factibilidad y promueva la creación de un organismo a nivel Nacional con carácter no gubernamental encargado de impulsar, defender, vigilar, salvaguardar y coordinar el desarrollo de los Pueblos Mágicos en su conjunto.

México, DF, a 24 de septiembre de 2013.

La Comisión de Turismo

Diputados: Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Rafael González Reséndiz, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo (rúbrica), José Luis Valle Magaña (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raúl Paz Alonzo (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Laura Barrera Fortoul, Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quinta León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).