Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3874-II, miércoles 2 de octubre de 2013

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 20 de febrero de 2013, el Congreso del Estado de Chihuahua remitió copia del acuerdo número 611/2013 I D.P., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual el Congreso del Estado de Chihuahua, formula ante el Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar las fracciones II, III, V y VI, del artículo 115 de la Ley General de Salud.

2. Con fecha 14 de marzo, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

La presente iniciativa pretende incluir al “sobrepeso” para la implementación y desarrollo de programas y actividades para su prevención, tratamiento y control, así como también se propone se establezcan las necesidades adecuadas de nutrimentos para las buenas condiciones de salud de la población.

La iniciativa pretende reformar las fracciones II, III, V y VI, del artículo 115 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobre peso y la obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud.

IV. ...

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas y máximas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población.

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los requerimientos mínimos y máximos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo.

VII. y VIII. ...

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983, a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por la acumulación anormal y excesiva de grasa corporal. Ambas se acompañan de alteraciones metabólicas que incrementan el riesgo para desarrollar comorbilidades tales como: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, así como algunas neoplasias en mama, endometrio, colon y próstata, entre otras.

Tercera. En la actualidad, la obesidad es considerada en México como un problema de salud pública, debido a su magnitud y trascendencia; por esta razón, los criterios para su manejo deben orientarse a la detección temprana, la prevención, el tratamiento integral y el control del creciente número de pacientes que presentan esta enfermedad.

Cuarta. Es por ello que propuestas de reforma a las fracciones II y III del artículo 115, se estiman viables, siempre que las acciones de prevención, tratamiento y control de la desnutrición, sobrepeso y obesidad, también hagan referencia a los trastornos de la conducta alimentaria.

Al tratarse de los problemas de nutrición, se debe hacer referencia a los trastornos de alimentación. En este sentido, en el abanico de posibilidades se encuentran en el extremo bajo la desnutrición y en el extremo alto la obesidad. Así, el sobrepeso es una etapa previa a la aparición de la obesidad. En esta etapa, es cuando se deben incluir las medidas oportunas y necesarias de atención y prevención para que no se llegue al extremo como la obesidad.

Según información tomada de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ensanut) 2012, siete de cada diez mexicanos se encuentran en cifras de sobrepeso, y treinta por ciento de ellos en obesidad. De esta manera, el sobrepeso es un tema primordial por tratar en materia de salud preventiva de los mexicanos.

Quinta. Respecto de las propuestas contenidas en las fracciones V y VI del artículo 115, se consideran inviables, en virtud de que no es posible establecer en la Ley General de Salud requerimientos mínimos y máximos de nutrimentos para la población en general, debido a que éstos se deben establecer para el caso particular de cada persona en la consulta o protocolo de estudio, de acuerdo con sus características específicas de edad, sexo, actividades habituales, nivel socioeconómico, costumbres, hábitos de alimentación, zona geográfica en que habita, entre muchos otros factores inherentes a cada individuo. Estas acciones en favor del usuario o paciente, forman parte de la libertad prescriptiva que tiene el profesional de la salud involucrado en la nutrición, así como en la prevención, tratamiento y control del sobrepeso y la obesidad.

Actualmente la Secretaría de Salud ha implementado y desarrollado programas y actividades encaminadas al tratamiento y control del sobrepeso y obesidad como lo es la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010 que regula el Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad.

Sexta. La Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, titulada Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, indica que “El propósito fundamental de esta Norma es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria dirigida a brindar a la población, opciones prácticas con respaldo científico, para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. Así como elementos para brindar información homogénea y consistente, para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación”.

Bajo estas consideraciones, la Comisión de Salud da cuenta que los objetivos de la reforma propuestas en la presente iniciativa analizada, son viables con modificaciones.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con

Proyecto decreto por el que se reforman las fracciones II y III del artículo 115 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman las fracciones II y III del artículo 115 de la ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobre peso, la obesidad, y otros trastornos de la conducta alimentaria , encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como los trastornos de la conducta alimentaria , en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud.

IV.- VIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de mayo de 2013.

La Comisión de Salud

Diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80 numeral 1 fracción I, 81 numeral 1, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, habiendo analizado el contenido de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

I. Antecedentes Legislativos

1. En fecha del 21 de febrero de 2013, el senador Jorge Emilio González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en esa misma fecha, la misma fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos.

2. El dictamen de las comisiones unidas fue presentado en primera lectura el día 16 de abril de 2013 y con fecha 23 de abril de 2013, el pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto contenido en el dictamen.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 25 de abril de 2013, la Mesa Directiva, dio cuenta al pleno de esta soberanía con la minuta proyecto de decreto enviada por el Senado, que reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 1o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, turnándose a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen correspondiente.

II. Contenido de la minuta

La minuta de referencia, en resumen propone incorporar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el término de medio ambiente sano, esto a efecto de equiparar a las legislaciones secundarias, en concordancia con la reforma reciente al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que el senador proponente sugiere la siguiente redacción:

Articulo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

II. a X. ...

...

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1o . ...

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para:

I. a XIII. ...

En atención a dicha solicitud la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados procede a la revisión y análisis del presente Dictamen bajo las siguientes:

III. Consideraciones

Lo anterior guarda sustento con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a velar por los derechos humanos que consagran el texto constitucional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 2012, en donde se incorpora al artículo 4 constitucional el derecho a un ambiente sano, que a la letra indica:

“Articulo 4o. ...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar . El estado garantizara el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la ley.

...”

Así como un ambiente propicio permite el sano desarrollo del ser humano tanto física como psicológicamente, una afectación a los recursos naturales trae consecuencias graves a la salud y el bienestar de los seres humanos, en particular de los grupos más vulnerables, como los niños, las comunidades con altos índices de pobreza, las mujeres y la gente de edad mayor. En un estudio de la Organización Mundial de la Salud1 se reveló que las condiciones ambientales que se deterioran son un importante factor que ha contribuido a la mala salud y baja calidad de vida. La inadecuada gestión de los recursos naturales, la excesiva producción de desechos y las condiciones ambientales conexas con efectos para la salud implican retos importantes para el desarrollo sostenible.2

El crecimiento poblacional de los últimos años ha traído como consecuencia un aumento de la necesidad de recursos naturales, incluidos agua y alimentos, así como la generación de desperdicios y basura, que han tenido impactos directos en los ecosistemas y en la vida del hombre.

Recordemos que los derechos humanos son aquellos de importancia fundamental que poseen todos los seres humanos sin excepción, por razón de su sola pertenencia al género humano. Estos derechos se hallan sustentados en valores éticos cuyos principios se han traducido históricamente en normas de derecho nacional e internacional en tanto parámetros de justicia y legitimidad política.3

En un marco de desarrollo sustentable debemos reconocer que todo lo que tenga influencia sobre nuestro ambiente, afectará directamente nuestra condición humana, por lo que una violación a nuestro ambiente es una violación a nuestros derechos humanos.4 Dicho lo anterior, una sociedad participativa, sobre todo involucrada en la conservación del ambiente, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos, debe reconocer la naturaleza de estos dos campos y comprender que no podemos pensar en el ambiente sin relacionarlo directamente con la condición humana.5 Ya desde 1974 René Bassin, ganador del premio Nobel, hablaba de la necesidad de extender el concepto de la protección de los derechos humanos para incluir el derecho a un ambiente sano y decente.6 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el marco del proyecto Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (geo, por sus siglas en inglés), ha venido realizando informes sobre el estado del ambiente en el ámbito mundial.

En su tercer informe7 se concentra especialmente en ofrecer una evaluación integrada de las tendencias ambientales durante los 30 años que siguieron a la Conferencia de Estocolmo de 1972 y llega a conclusiones en las que destacan alarmantes aseveraciones sobre las afectaciones de las condiciones ambientales en la salud humana, entre las que cabe citar:

• La mala calidad del ambiente es responsable directa de aproximadamente 25 por ciento de todos los trastornos evitables, entre los que sobresalen las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas.

• Dos terceras partes de los trastornos de la salud evitables, provocados por las condiciones ambientales, afectan a los niños.

• La contaminación atmosférica es una de las principales causas de varias enfermedades y del descenso en la calidad de vida en general.

• En general, se calcula que entre 25 y 33 por ciento de las enfermedades del mundo se atribuyen a factores ambientales (Smith, Corvalán y Kjellström, 1999). Según cálculos recientes, las muertes prematuras y enfermedades relacionadas con el ambiente son responsables de 18 por ciento de toda la carga de enfermedades del mundo en desarrollo (Murray y López, 1996). Este porcentaje incluye las derivadas del suministro de agua y saneamiento deficientes (7 por ciento), la contaminación atmosférica en locales cerrados (4 por ciento), enfermedades producidas por vectores (3 por ciento), contaminación atmosférica urbana (2 por ciento) y desechos agroindustriales (1 por ciento).

• El 7 por ciento de la totalidad de las muertes y enfermedades del mundo es ocasionado por el suministro de agua, servicios sanitarios e higiene inadecuados (undp, unep, World Bank y wri, 1998). Aproximadamente 5 por ciento se atribuye a la contaminación atmosférica (Holdren y Smith, 2000).

• Cada año los riesgos ambientales matan a tres millones de niños menores de cinco años (who, 2002). Según cálculos actuales, entre 40 y 60 por ciento de esas muertes se deben a infecciones respiratorias agudas provocadas por factores ambientales, especialmente emisiones de partículas por el uso de combustibles sólidos (Smith, Corvalán y Kjellström, 1999).

• La contaminación microbiológica del mar, ocasionada por aguas residuales, ha desencadenado una crisis de salud de proporciones masivas en todo el mundo. Se estima que nadar en mares contaminados causa 250 millones de casos anuales de gastroenteritis y enfermedades de las vías respiratorias altas, cuyo costo mundial asciende a aproximadamente 1 600 millones de dólares al año.

• Comer mariscos contaminados por aguas residuales provoca cerca de 2.5 millones de casos de hepatitis infecciosa al año, de los cuales 25 mil terminan en muerte y otros 25 mil provocan discapacidad a largo plazo como resultado de daños al hígado. Se calcula que la carga mundial de salud humana al año equivale a aproximadamente 3.2 millones de años de vida adaptados a la discapacidad (daly, por sus siglas en inglés), cantidad comparable al efecto mundial de todas las infecciones de las vías respiratorias altas y las enfermedades por parásitos intestinales, con un costo para la sociedad de 10 mil millones de dólares anuales (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, gesamp, 2001).

El medio ambiente como derecho humano:

El reconocimiento de la relación entre el ambiente y la afectación al ser humano ha venido fortaleciéndose poco a poco a lo largo de las últimas décadas, no sólo internacionalmente, sino en el ámbito local en la mayoría de las legislaciones de los Estados.

A lo largo de la historia, con la aparición de nuevos instrumentos internacionales, como las declaraciones, los convenios y las resoluciones, hemos venido observando el progreso que ha tenido el reconocimiento del ambiente en relación con el disfrute de los derechos humanos. Como un primer acercamiento entre estos dos ámbitos, ambiente y derechos humanos, podemos señalar el principio emanado de la Declaración de Estocolmo en el que se entiende la protección del ambiente como una condición previa al disfrute de los ya reconocidos derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la salud.8

El segundo acercamiento es aquel emanado de los tratados ambientales internacionales firmados a partir de 1992, y en los que se consideran algunos de los derechos humanos como elementos fundamentales para el logro de la protección ambiental, y cuya función principal es la protección de la salud humana.9 Un tercer y más reciente acercamiento es aquel que reconoce un vínculo indivisible e inseparable entre ambos y, por lo tanto, categoriza el derecho a un ambiente sano y seguro como un derecho sustantivo independiente.10

Es importante también destacar, que el derecho a un ambiente sano y debido a que los derechos humanos van evolucionando conforme a las necesidades humanas, algunos autores les han dado una categorización de acuerdo con su origen histórico y su ubicación por generaciones, y así se habla de derechos de primera, segunda, tercera y comienza a hablarse de una cuarta generación, tal como lo clasifico en el año de 1974 el Director General de la UNESCO, Karel Vasak. Los derechos de la tercera generacion, también llamados derechos de solidaridad ya que surge la necesidad de catalogar los nuevos derechos a raíz de acontecimientos y exigencias sociales.

También, Karel Vasak declaró en la Academia de Derecho Internacional de La Haya: “Los nuevos derechos humanos podrían denominarse también derechos de solidaridad, puesto que reflejan cierta concepción de la vida en comunidad y sólo pueden adquirir existencia real mediante los esfuerzos conjuntos de todos los componentes de la sociedad: individuos, Estados, entidades públicas o privadas. Así ocurre, por ejemplo, con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al agua pura, el derecho al aire puro e incluso el derecho a la paz. En lo que se refiere a estos ‘nuevos’ derechos humanos, la legislación internacional es aún prácticamente inexistente, e igual sucede, por lo demás, con las legislaciones nacionales: raras son las constituciones escritas que incorporan uno u otro de estos nuevos derechos humanos, aunque hay propuestas en tal sentido.”11

Es decir, la generación de los derechos civiles y políticos; la de los derechos económicos, sociales y culturales, y la de los derechos de solidaridad, entre los cuales se ubica el derecho a un ambiente sano.

Se busca considerar al hombre en un contexto comunitario, es decir la realización de los derechos de la tercera generación se da únicamente por la unión de esfuerzos de los participantes de la vida en sociedad: los individuos, las entidades públicas o privadas y, principalmente, el Estado.12

El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano:

Después de la declaración de Estocolmo, de 1972, se han incrementado los tratados bilaterales13 y multilaterales, universales o regionales, que expresamente se refieren a la protección del medio ambiente, o que contemplan cláusulas relacionadas con él.14 Así, por ejemplo, podemos citar la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, de 16 de noviembre de 1972; la Convención relativa a la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, del 13 de noviembre de 1979 y uno de sus protocolos, el llamado Protocolo relativo a la lucha contra las emisiones de óxido de nitrógeno o sus flujos transfronterizos, de 31 de octubre de 1988; el Convenio para la protección de la capa de ozono, de 1987, y sus protocolos, de 1987 y 1990; el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, de 25 de febrero de 1991.15

Sin olvidar los documentos suscritos en la conferencia de Río de 1992, en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, conocida como Conferencia de Río, se reúnen los representantes de un gran número de países y se reconoce la interdependencia entre la paz, el desarrollo sustentable y el ambiente, y a partir de ahí inicia el desarrollo de instrumentos internacionales tendientes a proteger el ambiente y, por lo tanto, a garantizar la subsistencia del hombre en el planeta. Así es como, en la misma Conferencia, se desarrollan documentos importantes: la Declaración de Río, la Convención sobre Diversidad Biológica, la Agenda XXI, como un conjunto de principios y acciones que los países se proponen cumplir en el siglo XXI, así como el Convenio Marco sobre Cambio Climático y los Principios Forestales.

Estos documentos, emanados de la Convención de Río, contienen disposiciones en las que se reconoce un vínculo estrecho entre ambiente y derechos humanos. A modo de ejemplo mencionaremos la Declaración de Río, la cual, en su principio 1, coloca a los seres humanos en el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y establece el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

El principio 10 de la Declaración de Río es muy importante, ya que viene a establecer los derechos subjetivos, como la base del reconocimiento del derecho a un ambiente sano. Estos son el derecho a la participación social, el derecho al acceso a la información y el derecho a un recurso efectivo de defensa contra violaciones al ambiente. En el mismo sentido, el principio 13 hace referencia a la responsabilidad del Estado en materia ambiental y a la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.

En todos estos instrumentos se reconoce, expresa o implícitamente, el derecho de las generaciones presentes y futuras, es decir de la humanidad, a gozar de un ambiente sano, y los estados han aceptado la obligación de adoptar las medidas necesarias para protegerlo, preservarlo y mejorarlo.

Y si esto ocurre en el derecho internacional, otro tanto sucede en el derecho interno de los estados, donde en las constituciones nacionales o en leyes especiales, se ha tratado de obtener fines similares.16 Si, por ejemplo, analizamos las últimas constituciones aprobadas en Latinoamericano,17 tenemos que en la de Colombia, de 1991, en el título II -que versa sobre los derechos, garantías y deberes-, se encuentra el capítulo 2, que trata de los derechos colectivos y el ambiente, donde se reconoce, en el artículo 29, el derecho a un ambiente sano, al decir:. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.18

Cabe mencionar que en el entorno, la conexión de los seres humanos es permanente: o lo desfrutan o lo padecen. La alternativa a disfrutar de un medio ambiente adecuado no es separarse de él, sino padecerlo inadecuado; y la inadecuación del ambiente degrada la calidad de vida y afecta a la dignidad. O disfrutarlo o padecerlo. El reconocimiento constitucional del derecho a disfrutar o gozar del medio ambiente sano o adecuado no es baladí porque añade un presupuesto general que condiciona todo ejercicio de la autonomía individual y, en consecuencia, afecta al ejercicio de los demás derechos constitucionales. La calidad de vida y en particular, del medio ambiente sano, dibujan el escenario constitucional en el cual se proyecta la actividad de los sujetos. Porque, si el derecho a la vida el prius de todos los demás derechos, dándoles soporte, el entorno adecuado donde se desarrolla la vida y se ejercen los derechos es elemento imprescindible del disfrute de los mismos.19

De los argumentos mencionados podemos indicar que el derecho internacional ambiental es la disciplina que se ocupa de los principios y normas jurídicas que tienen por objeto la preservación, conservación y mejoramiento del ambiente; el derecho a un ambiente sano es una norma imperativa del derecho internacional general, pues protege un interés fundamental de la comunidad internacional, y de la humanidad, de donde deriva para el Estado el deber de no dañar el ambiente ni permitir que él sea dañado.

En consecuencia, los integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos con el criterio del colegislador, en el sentido de incorporar el término derecho a vivir en un ambiente sano en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, someten a la consideración del honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 1o de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar;

II. a X. ...

...

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

I. a XIII. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 United Nations Environment Programme (unep), GEO-3 Global Environment Outlook, véase <http://www.unep.org/GEO/geo3/> (visitada en septiembre de 2008).

2 Idem

3 Mario I. Álvarez Ledesma, “Justicia y derechos humanos”, en Introducción al derecho, México, McGraw Hill, 1995.

4 Romina Picolotti y Jorge Daniel Taillant, op. cit., página XVI.

5 J. Daniel Taillant, “Environmental Advocacy and The InterAmerican Human Rights System”, en Romina Picolotti y Jorge Daniel Taillant (coords.), op. cit., página 123.

6 Ibid., p. 121.

7 Unep, GEO-3 Global Environment Outlook, véase <http://www.unep.org/GEO/geo3/> (visitada en septiembre de 2008).

8 Center for Human Rights and Environment (cedha), “Human Rights, Health and Environmental Protection: Linkages in Law and Practice”, véase <http://www.cedha.org.ar/docs/doc92.htm> (visitada en septiembre de 2008).

9 Idem.

10 Idem.

11 (Karel Vasak, Le droit International des Droits de l’homme. Recueil des cours, Académie de Droit International, vol. 140, 1974, IV, p. 344, citado por Héctor Gros Espiell en Estudios sobre derechos humanos, Instituto Internacional de Derechos Humanos, Jurídica Venezolana, página 140)

12 (Marta Moreno Luce, Los derechos humanos y la ecología, página 112).

13 El tratado entre Estados Unidos de América y la URSS sobre cooperación en el ámbito de la “protección del entorno”, del 23 de mayo de 1972, parte del supuesto de que “el desarrollo socioeconómico para beneficio de las generaciones requiere actualmente la protección y el mejoramiento del entorno humano”, para lo cual no sólo estableció el principio de cooperación entre los dos estados, sino que en él se acordó, como fruto de ella, resolver “los aspectos más importantes de los problemas del entorno”, “elaborar medidas para prevenir y estudiar la contaminación y sus efectos sobre el medio, así como...establecer las bases para controlar la influencia de las actividades humanas sobre la naturaleza” (artículo 2), cfr. Barros, James, y Johnston, Douglas M., Contaminación y derecho internacional, trad. de Flora Setaro, Buenos Aires, Marymar Ediciones, 1977, página 393.

14 Antes de esta conferencia, se habían suscrito algunos tratados sobre la protección y conservación del medio ambiente, como el Convenio relativo a la conservación de la fauna y flora en estado natural, del 8 de noviembre de 1933. Aunque la principal preocupación fue la preservación de los espacios marítimos, que se hizo, entre otros tratados, por la Convención sobre la prevención de la polución de las aguas marítimas por hidrocarburos, suscrita en Londres, el 12 de mayo de 1954 y las convenciones de Ginebra, del 29 de abril de 1958, a saber: la Convención sobre la Alta Mar y la Convención sobre la pesca y la conservación de los recursos vivos de Alta Mar.

15 Cfr. Dirección General de Política Ambiental, Tratados internacionales sobre medio ambiente suscritos por España, Madrid, 1993.16 Cfr. Fernández de Casadevante Romani, Carlos, La protección del medio ambiente en derecho internacional, derecho comunitario europeo y derecho español, Vitoria-Gasteiz, Gráficas Santamaría, 1992.

17 Para un estudio de la protección constitucional tanto en Europa como en Latinoamérica, puede consultarse Brañes, Raúl, op. cit., pp. 92 y ss. y 641 y ss.; igualmente, PMUMA, Legislación ambiental general en América Latina y el Caribe, México, 1992.

18 Sáchica, Luis Carlos, Constitución política de la República de Colombia, Medellín, 1991, p. 33.

19 Canosa Usera, Raúl, “Protección constitucional de derechos subjetivos ambientales”, Derechos fundamentales y estado, Coordinados Miguel Carbonell, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, página 128-129

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de mayo de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Milkdret Marina Verde Avendaño (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 1882, que contiene la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre

Con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 80 numeral 1 fracción I, 81 numeral 1, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 12 de febrero de 2013, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (LGEEPA) en materia de trato digno y respetuoso de los ejemplares de fauna silvestre.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado dictó trámite a la iniciativa, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen.

Tercero. Con fechas 4 de marzo y 22 de marzo de 2013, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en el artículo 212, numerales 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Senadores, presentó a la Presidencia de la Mesa Directiva, sendas solicitudes de prórroga hasta por 30 y 60 días, respectivamente, para la elaboración del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la LGEEPA.

Cuarto. Mediante oficios de fechas 5 de marzo y 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó las prórrogas solicitadas, hasta por la mitad del plazo que marca el numeral 1 y lo permite el numeral 3, ambos del Artículo 212 del Reglamento del Senado, para la elaboración del dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 87 Bis 2 de la LGEEPA.

Quinto. En reunión de las Comisiones Unidas de medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, celebrada el 19 de marzo de 2013, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII, al artículo 3, recorriéndose en su orden las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre.

Sexto. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 23 de abril de 2013, el pleno aprobó el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona las fracciones X, XXVI y XLVII, al artículo 3, recorriéndose en su orden las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre, en votación nominal, y lo remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Séptimo. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, efectuada el 25 de abril de 2013, se dio cuenta con la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las fracciones X, XXVI y XLVII, al Artículo 3, recorriéndose en su orden las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre.

Octavo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.”.

Una vez analizado el expediente de la minuta objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos el siguiente:

II. Contenido de la minuta

La minuta proyecto de decreto que nos ocupa, tiene por objeto regular en nuestro país , dentro de la mega diversidad de especies que lo caracteriza, el trato digno y respetuoso que debe darse a los animales , sean éstos de compañía o se destinen al sacrificio para el consumo humano.

Se trata de entender y atender en el plano legislativo, la dignidad de los animales frente a la crueldad frecuente y tendente a la generalización, en el maltrato que les infieren quienes se responsabilizan formal o informalmente de su cuidado y atención.

El Senado señala que en México, por sus riquezas naturales, todas y todos tenemos la gran responsabilidad de cuidar nuestros recursos, incluida la fauna silvestre; además, nos indica que el Estado Mexicano está comprometido en el concierto internacional a asumir las medidas de control necesarias para la conservación de la fauna silvestre.

Afirman que no es ético lastimar a los animales silvestres por diversión, negligencia o ignorancia de quienes con sus acciones u omisiones provocan en muchas ocasiones un sufrimiento severo a los mismos. Atentar de esta manera contra la vida silvestre, es inaceptable y, en consecuencia, dicha conducta debe evitarse fomentando el trato digno y respetuoso hacia los animales y, así, no dar cabida al dolor ni al maltrato que se les inflige a los animales.

Aseguran que para promover una sociedad más responsable con la fauna silvestre, se debe impulsar un trato libre de violencia hacia los animales, con respeto y valoración por toda especie animal.

La colegisladora considera que la legislación que regula el trato digno y respetuoso hacia los animales ha resultado deficiente, condición aprovechada por traficantes o poseedores de fauna silvestre; por ello, estiman necesario contar con un instrumento jurídico moderno y acorde a los estándares internacionales. Una ley que precise las herramientas indispensables para su adecuada aplicación y que el trato hacia la fauna silvestre sea digno.

Refieren que en México se han suscitado hechos de crueldad y de trato indigno e irrespetuoso hacia los animales de cualquier clase, para cuya verificación nos remiten a un concentrado de la estadística sobre denuncias e inspecciones en materia de fauna, correspondientes a los años de 2009, 2010 y 2011, basado en los informes anuales de la Profepa relativos a dichos períodos.

Las Comisiones Unidas encargadas del dictamen sobre la iniciativa de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, en el Senado de la República, coinciden en que se debe garantizar un marco regulatorio que defina el trato digno y respetuoso a los animales; al respecto, señalan que la disposición contenida en el Artículo 87 Bis 2 de la LGEEPA, vigente, “deja claro que los ciudadanos mexicanos tienen una obligación de proveer respeto y trato digno para con los animales.”.

Asimismo, expresan que la Ley General de Vida Silvestre, también prevé el trato digno y respetuoso a los animales, en sus Artículos 29 al 37, los cuales transcriben en el texto del dictamen, señalando que son claros en el mandato a los tres órdenes de gobierno, para que adopten medidas para contrarrestar los efectos nocivos que el trato indigno e irrespetuoso produce en la fauna silvestre.

Finalmente, la colegisladora advierte la inexistencia de disposición jurídica alguna que defina los términos: crueldad; maltrato, y trato digno y respetuoso, referidos a hechos y actitudes del ser humano en su relación con los animales. Ante la falta de los conceptos jurídicos referidos, la impartición de justicia se ve afectada en su ejercicio por las autoridades formal y/o materialmente competentes; por ello, el Senado ha considerado pertinente adicionar tres fracciones al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, para establecer lo que para efectos de la propia Ley, debe entenderse por: crueldad; maltrato, y trato digno y respetuoso.

De tal manera, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con el siguiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre

Primero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

Corresponde al gobierno federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación , explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Segundo. Se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las subsecuentes, al Artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Ley General de Vida Silvestre

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a IX. ...

X. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia.

XI. Desarrollo de poblaciones: Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus hábitats así como a incrementar sus tasas de sobrevivencia, de manera tal que se asegure la permanencia de la población bajo manejo.

XII. D erivados: Los materiales generados por los ejemplares a través de procesos biológicos, cuyo aprovechamiento no implica la destrucción de ejemplares o partes. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos los derivados no transformados y subproductos aquellos que han sido sujetos a algún proceso de transformación.

XIII. Duplicados: Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de ellos, producto de una misma colecta científica.

XIV. Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados.

XV. Ejemplares o poblaciones ferales: Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al quedar fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre.

XVI. Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural.

XVII. Ejemplares o poblaciones que se tornen perjudiciales: Aquellos pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o control.

XVIII. Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública.

XIX. Especies y poblaciones prioritarias para la conservación: Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación.

XX. Especies y poblaciones en riesgo: Aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, con arreglo a esta Ley.

XXI. Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico.

XXII. Estudio de poblaciones: Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros demográficos, tales como el tamaño y densidad; la proporción de sexos y edades; y las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así como la adición de cualquier otra información relevante.

XXIII. Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.

XXIV. Licencia de caza: El documento mediante el cual la autoridad competente acredita que una persona está calificada, tanto por sus conocimientos sobre los instrumentos y medios de las actividades cinegéticas, como de las regulaciones en la materia, para realizar la caza deportiva en el territorio nacional.

XXV. Legítimo poseedor: El poseedor de buena fe en los términos del Código Civil Federal.

XXVI. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.

XXVII. Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat.

XXVIII. Manejo en vida libre: El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos.

XXIX. Manejo intensivo: Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento.

XXX. Manejo de hábitat: Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, mantenimiento, mejoramiento o restauración.

XXXI. Manejo integral: Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat.

XXXII. Marca: El método de identificación, aprobado por la autoridad competente, que conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, puede demostrar la legal procedencia de ejemplares, partes o derivados.

XXXIII. Muestreo: El levantamiento sistemático de datos indicadores de las características generales, la magnitud, la estructura y las tendencias de una población o de su hábitat, con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que podría enfrentar en el futuro.

XXXIV. Parte: La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos las partes no transformadas y subproductos aquellas que han sido sujetas a algún proceso de transformación.

XXXV. Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para el manejo de especies silvestres particulares y sus hábitats y establece metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones.

XXXVI. Población: El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de manejo de las especies silvestres en vida libre.

XXXVII. Predio: Unidad territorial delimitada por un polígono que puede contener cuerpos de agua o ser parte de ellos.

XXXVIII. Recuperación: El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat.

XXXIX. Recursos forestales maderables: Los constituidos por árboles.

XL. Reintroducción: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, que se realiza con el objeto de restituir una población desaparecida.

XLI. Repoblación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma subespecie silvestre o, si no se hubiera determinado la existencia de subespecies, de la misma especie silvestre, con el objeto de reforzar una población disminuida.

XLII. Reproducción controlada: El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida silvestre para asegurar el incremento en el número de individuos, que se realiza bajo condiciones de protección, de seguimiento sistemático permanente o de reproducción asistida.

Se entenderá por reproducción asistida, la forma de reproducción de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas encaminadas a la inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos.

XLIII. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XLIV. Servicios ambientales: Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos.

XLV. Tasa de aprovechamiento: La cantidad de ejemplares, partes o derivados que se pueden extraer dentro de un área y un período determinados, de manera que no se afecte el mantenimiento del recurso y su potencial productivo en el largo plazo.

XLVI. Traslocación: La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de la misma especie, que se realiza para sustituir poblaciones desaparecidas de una subespecie silvestre distinta y de la cual ya no existen ejemplares en condiciones de ser liberados.

XLVII. Trato Digno y Respetuoso: Las medidas que esta Ley y su Reglamento, así como tratados internacionales, las normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento, durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio.

XLVIII. Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.

XLIX. Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría deberá expedir las normas oficiales mexicanas correspondientes en un plazo de dieciocho meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Una vez analizado el contenido del expediente relativo a la minuta, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, formulamos las siguientes:

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora en que México es un país megadiverso, cuya riqueza natural exige de las y los mexicanos, asumir la responsabilidad de proteger nuestros recursos, incluidos los animales cualquiera que sea su especie, adoptando las medidas necesarias de control, incluso las legislativas, para asegurar la conservación de los recursos naturales en general y, particularmente, la fauna silvestre, sea doméstica o de consumo.

No obstante la existencia de legislación local y federal cuyas disposiciones pretenden regular el trato que debe darse a los animales, el trato inadecuado a la fauna en general, refleja que dicha normatividad carece de eficacia debido a su inobservancia por quienes en aras de la ignorancia, maldad o enfermedad, entre otras causales, cometen abusos recurrentes contra toda especie de animales; por otro lado, la falta de aplicación de las normas inherentes, por la autoridad competente, hace nugatorio el objetivo de la ley, alejándola de su reconocimiento como derecho positivo.

Coincidimos con el Senado, en el reconocimiento de que el daño que bajo cualquier pretexto se causa a los animales, provocándoles sufrimiento, es contrario a todo principio moral y a las obligaciones del ser humano; por ello, estimamos que el sufrimiento infligido a cualquier especie de la fauna silvestre debe evitarse mediante una regulación jurídica que fomente el trato digno y respetuoso hacia los animales, normativa que requerirá de eficiencia en su aplicación por la autoridad, y de observancia plena por los gobernados.

Consideramos que los hechos de crueldad y de trato indigno e irrespetuoso hacia los animales, si bien es cierto se presentan con frecuencia en el país, es difícil verificar el número de incidencias de esta naturaleza, a partir de los datos proporcionados por la Senadora Iniciadora, y retomados en la elaboración del dictamen por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos del Senado, pues aún cuando la información referida corresponde a los informes de la Profepa relativos a los años de 2009, 2010 y 2011, en cuanto al número de denuncias presentadas, correspondientes a fauna silvestre, sólo se identifican 1,386 casos en 2009; 955 casos en 2010, y 707 casos en 2011.

Asimismo, estimamos que de dicha información se infiere que en el periodo comprendido entre 2009 y 2011, el total de denuncias ciudadanas recibidas por la Profepa, pasó de 8,154 a 6,734; el porcentaje de denuncias correspondientes a fauna silvestre disminuyó de 17% a 10.5% del total anual de denuncias ciudadanas presentadas; la cantidad de inspecciones en materia de fauna bajó de 2,680 a 2,230, y el número de inspecciones por denuncia en materia de fauna se redujo de 2,023 a 1,600.

A pesar de la información anterior, coincidimos con el Senado en cuanto a la gravedad del problema que representa la carencia de legislación que promueva y regule una cultura en la que se considere el deber de toda persona a dar con profusión un trato digno y respetuoso a toda clase de animales; una cultura de reconocimiento a la relación del ser humano con los animales, por cierto también seres vivos, en la que no haya cabida para el maltrato ni la crueldad hacia la fauna silvestre, doméstica o de consumo.

Reconocemos pertinente el planteamiento del Senado, en el sentido de establecer las disposiciones jurídicas que determinen los conceptos legales de los términos: crueldad; maltrato, y trato digno y respetuoso, los cuales son referidos a hechos y actitudes del ser humano en su relación con la fauna silvestre.

Por ello, quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estimamos procedente la propuesta de la Cámara de Origen, para adicionar un párrafo segundo al Artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer la atribución del Gobierno Federal para expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos del trato digno y respetuoso, y que además incluyan las condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Asimismo, consideramos adecuada la propuesta senatorial de adicionar tres fracciones al Artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, para prever lo que para efectos de la propia Ley debe entenderse por crueldad; maltrato, y trato digno y respetuoso, términos referidos a los hechos y las actitudes de las personas en su relación con los animales.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones X, XXVI y XLVII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a IX. ...

X. Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia.

XII. Derivados: Los materiales generados por los ejemplares a través de procesos biológicos, cuyo aprovechamiento no implica la destrucción de ejemplares o partes. Para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos los derivados no transformados y subproductos aquellos que han sido sujetos a algún proceso de transformación.