Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3916-III, jueves 28 de noviembre de 2013

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras a dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en Álvaro Obregón
De las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para atender la problemática de la agroindustria azucarera nacional
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño
De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el capítulo VII –relativo al campo– del TLCAN
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a suscribir acuerdos con los gobiernos estatales y los municipales, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio para crear un banco de datos especializado donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos cometidos contra ellos
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a rendir un informe e implantar programas y acciones preventivos y correctivos o de remediación en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de construcción de la Autopista Urbana Oriente, en el Distrito Federal
De la Comisión de Ganadería, con puntos de acuerdo a fin de que la Sagarpa establezca acciones para implantar un programa especial de modernización de los rastros municipales y otro integral de manejo y tratamiento de desechos y despojos derivados de la matanza de animales
De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos financieros destinados al Fonden para aliviar las afectaciones ocasionadas en las comunidades por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid
De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a la Secretaría de Gobernación que agilice el destino de recursos del Fonden, especialmente para los municipios y las comunidades indígenas de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel
De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales para los municipios de Colima afectados por la tormenta tropical Manuel
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a emitir el decreto por el cual se cree como área de valor ambiental protegida el parque Reforma Social, en Miguel Hidalgo
De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a gestionar la realización del maratón náutico del río Balsas

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 12 de marzo de 2013, la diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó la proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas, turno recibido en esta comisión el 13 de marzo.

Contenido de la proposición

La proposición consiste en los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador y al secretario de Gobierno de Veracruz para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.

Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.

Las consideraciones en que basa su propuesta la diputada Leticia López Landero inician al referirse a la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres para .el ejercicio de los derechos de éstas a votar y ser votadas en nuestro país, sin embargo refiere que actualmente muchas mujeres ocupan puestos y cargos públicos de alta responsabilidad, y muchas de ellas procuran la participación de las mujeres en el ámbito político, en igualdad de derechos y de oportunidades a efecto de que su participación contribuya en el diseño de políticas públicas a favor de las y los habitantes de nuestro país.

Destaca la participación de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, hasta el logro de obligaciones adquiridas por el estado mexicano de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995), lo que se materializa en reformas, ajustes y modificaciones legislativas que permiten impulsar la participación de las mujeres mexicanas en cargos de administración y de representación.

En ese sentido, nos explica que la legislación electoral, tanto federal como en las entidades federativas del país, ha ido paulatinamente incorporando medidas de acciones afirmativas para promover el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.

Nos explica que la participación de las mujeres es creciente en estos aspectos, hasta el punto, por ejemplo, de que en la presente LXII legislatura se registró en la Cámara de Diputados un número histórico de 185 diputadas, es decir, 37 por ciento de los 500 escaños, y en Cámara de Senadores el porcentaje es del 32.81 por ciento, es decir tomando en cuenta los 128 espacios en el Senado, 42 son senadoras y que, sin embargo considera necesario que la Cámara de Diputados emita el punto de acuerdo que propone ya que a pesar de lo anterior, muchas mujeres durante el ejercicio de su puesto o cargo público, incluso en el proceso previo a ocuparlo, son objeto de múltiples violencias y que lo anterior es inaceptable ya que menoscaba el ejercicio de sus derechos.

Refiere que voces diversas se han pronunciado sobre el acoso y violencia política que sufren muchas de nuestras compañeras en el ejercicio de sus derechos políticos a través de los medios de comunicación. Por otra parte, nos remite al contenido del los artículos 6 primer párrafo y 7 vigentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que versan sobre el derecho de todas las personas a la libertad de expresión, sin embargo apropiadamente nos explica brevemente que lo que no es debido, es justificar la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación invocando el derecho a la libertad de expresión.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Posteriormente expone el caso de un medio de comunicación de Veracruz del cual no refiere el nombre o razón social, sin embargo precisa que dicho medio difunde sus notas localmente de manera impresa ya través de la red de internet, que desde hace aproximadamente un año, se ha dado a la tarea de publicar notas, comentarios e incluso imágenes ridiculizando y ofendiendo a la diputada proponente Leticia López Landero.

La violencia psicológica que vive la diputada proponente desde hace aproximadamente año y medio ejercida a través de dicho medio de comunicación, en virtud del ejercicio de sus derechos políticos, la califica de política, lamentable, brutal, denigrante y sutil, toda vez que violencia cuando en dicho medio de comunicación, destacan a través de sus notas la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, ni sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas, generan también discriminación, lo cual contraviene el artículo 4o. y la fracción XV del artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación que establecen lo siguiente:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión ,0 restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

...

XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.

En sus consideraciones menciona que lamentablemente es frecuente que en contra de las mujeres se emitan comentarios de carácter sexista, ofensivos o referencias y comparaciones destructivos sobre sus cuerpos y que estos comentarios que atentan contra la dignidad de las mujeres como seres humanas, también constituyen violencia y discriminación en su contra lo que no debe ser tolerado de ninguna manera.

Solicita que reconozcamos que el lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra las mujeres, y que tenemos la obligación de pararlo, no aceptarlo, e incluso, de censurarlo.

Contextualiza su experiencia en el marco de ser víctima de la violencia en su contra a través del medio de comunicación que alude, en virtud de su participación política y visibiliza que el objeto o fin de las agresiones que ha recibido desde hace un año y medio aproximadamente por parte de este medio de comunicación, son con el fin de discriminarla, lo que constituye un obstáculo en su participación política.

Por lo anterior, propone impulsar firmemente la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, para lo cual es fundamental visibilizar que la violencia en su contra a través de los medios de comunicación, el rumor institucional o la prensa sensacionalista son obstáculos que deben eliminarse para trascender al plano de las garantías y la legalidad, propone que algunas medidas para lo anterior serían colocar el tema en la agenda política, construir alianzas, proteger a las víctimas, sancionar a los agresores, acciones legislativas, entre otras como formular estadísticas y mediciones del problema, que afecta profundamente nuestro tránsito hacia un país verdaderamente democrático y que dichas medidas deben ir dirigidas no sólo a los medios de comunicación, sino a grupos, autoridades, personas físicas o morales, a efecto de que sus manifestaciones, expresiones, lenguaje y conductas sean de respeto, prudencia, y libres de violencia contra las mujeres.

Con base en las consideraciones expuestas propuso los siguientes puntos de acuerdo:

Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas dé campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. constitucional establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Ahora bien, por cuanto hace al derecho a la no discriminación a nivel internacional, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina en su artículo 26 que “[...] la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala en el artículo 1 que la discriminación contra la mujer denotará “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belem do pará) establece el derecho a una vida libre de violencia. En la Plataforma de Acción de Pekín se determinó específica mente la prohibición de la utilización de materiales informativos con contenido violento o degradante hacia la mujer en los medios de comunicación.1

En consonancia con los instrumentos internacionales, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe con rigor toda forma de discriminación, puesto que se considera un menoscabo a los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, ese texto constitucional determina que todas “las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Es pertinente señalar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, obliga a la armonización de todo el marco jurídico nacional pero sobretodo a garantizar que la legislación secundaria desarrolle los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas en este país.

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación define en el artículo 4 la discriminación como un acto de “distinción, exclusión o restricción que basada en el [...] sexo [...] o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

Dicho ordenamiento establece además, en el artículo 9, fracción XV, que se considera como una conducta discriminatoria prohibida la de “ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación”.

Aunado a lo anterior, y con relación a las afirmaciones de la diputada Leticia López Landero, respecto a las agresiones que ha recibido por parte de un medio de comunicación de Veracruz desde hace aproximadamente año y medio, sus derechos establecidos en diversos instrumentos jurídicos en materia de no discriminación y de protección de los derechos humanos de las personas, son violados, lo que constituye probablemente la comisión de delitos o faltas en su contra, mismos que la proponente puede ejercer ante las autoridades competentes en el momento que considere oportuno, sin embargo, su proposición trasciende la mera denuncia de la violencia cometida en su contra, visibilizando la violencia en los medios de comunicación contra las mujeres, como una forma de discriminación, cuando constituye un obstáculo en el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres.

Es importante resaltar que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos prohíben expresamente la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, cuando la cometa un agente del Estado o bien un particular, como puede ser un medio de comunicación. Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho a la libertad de expresión pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer reconoce el derecho a la no discriminación; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece el derecho a una vida libre de violencia y en la Plataforma de Acción de Pekín establece la prohibición de la utilización de materiales de contenido violento o degradante sobre la mujer en los medios de comunicación.

Segunda. La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación establece en el artículo 4 que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, asimismo que se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

La Comisión de Igualdad de Género considera que en este caso, evidentemente se conculca el derecho a vivir una vida libre de violencia de la diputada proponente en lo particular, pero la violencia en los medios de comunicación contra las mujeres dedicadas al oficio político, candidatas, representantes populares, con la intención de fomentar estereotipos, repudio, odio y violencia en su contra, constituyen un obstáculo para su participación política que puede manifestarse en el impedimento, anulación o reconocimiento de sus derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.

Tercera. Esta comisión desea hacer énfasis en que la incitación alodio y a la violencia, constituyen otra forma de discriminación contra las mujeres, que en el caso expuesto por la proponente, las expresiones emitidas por el medio de comunicación aludido, constituyen incitación a la violencia en su contra, por lo que tolerar las mismas, fomenta que dicho medio de comunicación se siga expresando de este modo de la diputada Leticia López Landero o de cualquier otra mujer dedicada o no a la participación política.

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, entrando en vigor como tratado internacional en septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países, incluido México.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas define como violencia de género:

‘Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas o tales actos, la coacción o privación arbitraria, tanto si se producen en la vida pública o privada.

Es claro en este caso que la violencia contra la diputada Leticia López Landero, por parte del medio de comunicación que menciona, ha tenido o puede tener como resultado un daño o sufrimiento psicológico, toda vez que la califica como política, lamentable, brutal, denigrante y sutil .

Cuarta. Con fecha 1 de febrero de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que con relación al contenido de la proposición que se dictamina establece:

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por

...

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera la violencia como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”,2 y precisa en el artículo 6, fracción I, que la violencia psicológica abarca tanto actos como omisiones que dañen la estabilidad sicológica tales como insultos, humillaciones y devaluación, entre otras.

De la Violencia en la Comunidad

Artículo 16. Violencia en la comunidad son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de

I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria;

II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres.

Sección Primera. De la Federación

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la federación

...

XV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

...

XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia;

XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley; y

XX. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables.

Quinta. En relación con lo que establece el artículo 41, fracción XVIII, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es necesario considerar que si bien el artículo 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, pero también señala el límite a ese derecho: el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en esa misma sintonía, garantiza el derecho a la libertad de expresión, pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas.3 De igual forma, así lo determina la Convención Americana sobre Derechos Humanos.4

Entonces, debe considerarse que el ejercicio de la libertad de expresión en la prensa no entraña el derecho a causar un daño a las personas y menos aún violentarlas. Por tal motivo, quienes sufran de infundios u ofensas en un medio de comunicación, cuentan con los instrumentos legales pertinentes para presentar su inconformidad. Asimismo, las normas prevén el derecho de réplica para salvaguardar la integridad de las personas que puedan ser víctimas de comentarios discriminatorios en medios de comunicación. Derecho que no fue concedido a las ofendidas.5

De acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres suscritos por el Estado Mexicano, particularmente, la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do pará) así como las disposiciones de las leyes específicas de protección a los derechos de las mujeres, particularmente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

La violencia contra las mujeres es una grave violación a sus derechos humanos y, algunas de sus manifestaciones, constituyen delitos que deben ser perseguidos y sancionados por los órganos responsables de la procuración e impartición de justicia, garantizando a las víctimas la reparación del daño.

Si bien en la propuesta se omite identificar cuál es el medio de comunicación escritos que incurrieron en la práctica discriminatoria y de violencia se estima procedente la solicitud de la legisladora, porque personal de esta comisión se dio a la tarea de buscar la información relativa por internet, pero sobre todo en virtud de que sí se reconoce la conducta lesiva que el medio realizó en contra de la diputada Leticia López Landero, por lo que, en esos términos se estima que debe realizarse el pronunciamiento, es decir, rechazar la violencia y discriminación de que fue objeto la diputada y así propiciar que el medio de comunicación aludido continúe realizando esta práctica en contra de la misma o de cualquier otra mujer.

Con base en las presentes consideraciones, así como en las referencias que cita la proponente en su escrito de las notas aparecidas en el medio de comunicación de Veracruz que la diputada proponente refiere que son distribuidas en forma impresa localmente, pero que son difundidas por internet, personal adscrito a la comisión dictaminadora se dio a la tarea de buscar dichas referencias vía Internet y las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género pudieron constatar que el medio de comunicación aludido por la diputada es el Buen Tono de Veracruz y que en las notas que se refieren a la misma denotan desprecio hacia su persona, por el hecho de ser mujer, según puede apreciarse, y más cuando ninguna referencia a los hombres es por su aspecto físico.

Sexta. Esta comisión considera que es imperante coadyuvar en cualquier acción orientada a repudiar estos actos y a fortalecer a las instituciones públicas que apoyan a las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y que tienen como propósito eliminar esta condición que afecta su integridad y dignidad.

Los actos de violencia en los medios de comunicación de los cuales ha sido víctima la diputada Leticia López Landero evidencian un desprecio hacia los derechos humanos de las mujeres. La Comisión de Igualdad de Género considera que no se debe pasar por alto dichos agravios que atentan en contra de la investidura legislativa y constituyen una violación de derechos humanos. Los adjetivos sexistas utilizados en contra de la legisladora, incitan alodio y a la violencia contra las mujeres.

Por otra parte, es pertinente destacar que la dictaminadora considera que la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación públicos y privados, no debe ser tolerada, por lo que la Cámara de Diputados debe manifestarse en su contra.

Especialmente preocupa a esta comisión que las expresiones en los medios de comunicación que de carácter sexista o misógino, las referencias y comparaciones destructivas sobre sus cuerpos y con la intención de ridiculizar y ofender a las mujeres como todos aquellos comentarios que atenten contra su dignidad generen impacto nocivo como contribución al fomento de estereotipos y la incitación al odio contra las mujeres.

Como parte integrante del Estado mexicano, la Cámara de Diputados, como se anota líneas atrás, tiene la responsabilidad constitucional en la esfera de su competencia, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Por lo expuesto, la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete a su consideración los siguientes

Acuerdos

Notas

1 Destaca “que los medios de información de masas y las organizaciones de publicidad deben establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de contenido violento, degradante o pornográfico sobre la mujer en los medios de información, incluso en la publicidad”.

2 Artículo 5, fracción IV.

3 Así lo determina el artículo 19 al señalar que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, mismo que entraña deberes y responsabilidades especiales y, por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones para asegurar el respeto de los derechos o de la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

4 Artículo 13.

5 El artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho de rectificación o respuesta, a través del cual “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.

Por otra parte, en el ámbito nacional, la Ley sobre Delitos de Imprenta señala en el artículo 4 que se considerará maliciosa una manifestación o expresión cuando por los términos en que está concebida sea ofensiva, o cuando implique necesariamente la intención de ofender. Agrega en el artículo 27 que los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2013.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago, Blanca Jiménez Castillo, Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez, Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno, Adriana Hernández Íñiguez, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Celia Urciel Castañeda, Allieth Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los directores generales de la Comisión Nacional del Agua y de Banobras a dar seguimiento al proyecto hidráulico Monterrey VI

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo propuesta por el diputado José Martín López Cisneros, a fin de exhortar a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal a razón de dar celeridad al proyecto hidráulico Monterrey VI.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1 y 3, 45 numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral I, fracción I; 158, numeral I fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 9 de abril de 2013, el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal, a razón de dar celeridad al proyecto hidráulico Monterrey VI, así como definir el esquema financiero e iniciar las obras a la brevedad posible.

Segundo . El 10 de abril de 2013, fue recibido en esta Comisión de Recursos Hidráulicos el oficio número D.G.P.L. 62-II-1-0830 de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que turnó dicha iniciativa a esta comisión para efecto de su dictamen.

Tercero . Con fecha lunes 29 de abril del año 2013, se reunió la Junta Directiva de esta comisión en reunión extraordinaria, posteriormente se celebró una reunión plenaria extraordinaria el martes 30 de abril del año 2013, y dentro del orden del día de ambas reuniones se abordó el análisis del punto de acuerdo en mención.

Recibido el presente asunto, quienes integramos esta comisión, procedimos al estudio del siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El diputado José Martín López Cisneros, solicita se someta a la consideración de este órgano soberano la proposición con punto de acuerdo por el se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Banco Nacional de Obras y Servicios, para que atiendan la instrucción del Ejecutivo federal, a fin de darle celeridad a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI.

En el cuerpo de la proposición se señala que “El pasado 6 de diciembre de 2012, en su primera gira como presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto visitó nuestro estado, Nuevo León, cuyos ciudadanos le dieron una cálida bienvenida y más cuando se comprometió a impulsar y apoyar dos obras estratégicas para el desarrollo: la Línea 3 del Metro y el proyecto Monterrey VI.”, por lo sus palabras textuales fueron “aquí está el secretario de Comunicaciones, a quien instruyo para que a este proyecto (Línea 3 del Metro) se le imprima celeridad, al igual que el señor director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en lo que hace al proyecto de Monterrey VI.”

De igual manera refiere el diputado José Martín López Cisneros que “en esa gira de trabajo, el presidente Peña Nieto explicó que el proyecto Monterrey VI tendrá una inversión de casi 14 mil millones de pesos, se realizará en aproximadamente 3 años y consiste en un acueducto de 520 kilómetros de longitud, que pasará por los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, y llegará a Nuevo León, para garantizar el abasto de agua para los próximos 50 años en la entidad.” Al igual argumenta que la Cámara de Diputados, aprobamos el Presupuesto de 2013 del gobierno federal el cual incluye 2 mil 675 millones de pesos para iniciar las obras del citado proyecto.

También argumenta que “el pasado 4 de marzo, el director de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, visitó Nuevo León y dio la noticia de que el esquema financiero que se implementará para la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI aún no está definido, por lo que no tienen fecha para el arranque de esta obra trascendental para el estado.”

Con base en lo anterior, el diputado José Martín López Cisneros, propone:

Único: Se exhorta al director de la Comisión Nacional del Agua, doctor David Korenfeld Federman, así como al director de Banobras, licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que atiendan la instrucción del ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a fin de darle celeridad a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI, definiendo el esquema financiero y arrancando las obras a la brevedad posible.

Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

Analizados que han sido los argumentos del diputado proponente, a fin de que se dé inicio cuanto antes a la construcción del proyecto Monterrey VI, para así lograr la seguridad de que todos los habitantes conurbados del estado cuenten con acceso al agua y de esta forma contribuir al desarrollo de la economía.

Lo anterior a razón de que el proyecto hidráulico denominado Monterrey VI, tienen como principal objetivo dar certidumbre al abastecimiento de agua y para sus exigencias futuras por los próximos 50 años; porque el acueducto conducirá el líquido desde el río Pánuco, ubicado en la región hidrológica 26, hasta la ciudad de Monterrey.

Que el proyecto Monterrey VI, dio lugar a un evento denominado Nuevo León: Desarrollo Innovador y Sustentable, llevado a cabo en Monterrey, Nuevo León, el 7 de diciembre de 2012 y encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y por el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, el titular de la Conagua, donde informó que se destinarán casi 14 mil millones de pesos al proyecto Monterrey VI, del que iniciará la construcción del acueducto Tampaón–Cerro Prieto, de más 500 kilómetros de longitud, y que dará certidumbre durante los próximos años sobre el abasto de agua y el crecimiento de 16 municipios de Nuevo León. (Comisión Nacional del Agua. Comunicado de prensa número 453-12 Monterrey, Nuevo León, 7 de diciembre de 2012).

Asimismo, en dicho comunicado de prensa se señala que el proyecto dará sustentabilidad a la zona metropolitana de Monterrey y viabilidad al desarrollo industrial, comercial y de servicios, debido a que garantizará el agua suficiente para cubrir las demandas de los usuarios. Al mismo tiempo, contribuirá a aprovechar de manera responsable el agua de la cuenca del río Pánuco, que cuenta con suficiente disponibilidad.

Cabe destacar que es muy preocupante el abasto del agua en el estado de Nuevo León al ser una de las entidades más desarrolladas en el área económica, así como en su actividad empresarial e industrial y su creciente infraestructura, cualidades que lo han colocado para competir a nivel internacional. Por tanto siendo considerado este proyecto como el más ambicioso en la historia contemporánea del país, al igual que beneficiará a los estados de Veracruz y San Luis Potosí, para que sigan impulsando su desarrollo.

Coincidimos con el diputado proponente para que el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, defina la cantidad de recursos que se proporcionará a la entidad para la realización del proyecto Monterrey VI, de igual forma es primordial contar con el apoyo federal, dado que el proyecto ya está autorizado y planteado en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo faltando el apoyo necesario, para que obtenga su registro y forme parte del Fondo Nacional de Infraestructura.

Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al director de la Comisión Nacional del Agua, doctor David Korenfeld Federman, así como al director de Banobras, licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que se le dé seguimiento a la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez, José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez, Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010

Honorable Asamblea

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85, 157, fracción 1, 176, fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

I. Antecedentes

1. En sesión del pleno del martes 3 de abril de 2013, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión del Distrito Federal para .su estudio y dictamen correspondiente.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, el 25 de abril de 2013, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente.

II. Contenido de la proposición

Solicita que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un respetuoso exhorto al jefe del Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato número OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010.

III. Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen.

IV. Considerando que

1. A decir del diputado proponente, la pasada administración del Gobierno del Distrito Federal, estuvo envuelta en escándalos por construcciones de obras y compras, cuyos pagos excedieron por mucho los costos estimados. En este sentido y refiriéndose a las alertas sísmicas, considera que se encuentra inconcluso un programa que implicó un gasto significativo como es el de las “alarmas sísmicas”.

Señala que noviembre del año 2010, la Subdirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, solicitó la adquisición de cincuenta mil receptores especiales de la marca Sarmex por medio de adjudicación directa.

Al respecto, menciona el diputado Astudillo que la justificación de la compra, fue la implementación de medidas preventivas de apoyo ante un movimiento telúrico de magnitud mayor a los cinco grados Richter.

2. Los equipos deberían instalarse en las escuelas de educación básica, hospitales y oficinas del Gobierno del Distrito Federal, pero que a la fecha no todos los dispositivos han sido colocados en sus debidos lugares.

3. Refiere además que el contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010 estableció el precio que debía ser pagado, el cual ascendía a $56’034,960.00 (Cincuenta y seis millones, treinta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional).

Puntualiza que, el plazo para la entrega por parte de la empresa Mdreieck, SA de CV, inició el día de la firma del contrato, y debió finalizar el día 31 de marzo del año 2011.

4. Al respecto menciona que la página de Internet de Sarmex señala como uno de sus clientes al Distrito Federal; asimismo, de la información contenida en el vínculo http://codigomx.com/proyectos/sarmex/?page_id=250, se deduce que según la empresa, ya cumplieron con las obligaciones, toda vez que dan a conocer en su página que todas las instituciones en sus respectivas delegaciones, están cubiertas con la seguridad propuesta. Sin embargo, actualmente la mayoría de equipos no están instalados en todas las escuelas del Distrito Federal, poniendo en una situación de peligro a los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Agrega que, recientemente un medio de difusión realizó un muestreo en 50 escuelas públicas de educación primaria del Distrito Federal, en 6 delegaciones políticas, en el 20 por ciento de las escuelas, sus autoridades confirmaron no tener conocimientos de las alertas Sarmex, y en cinco casos, sí los tienen, pero no están instalados dichos receptores, en 35 escuelas solamente tienen un dispositivo instalado. De acuerdo al mismo medio informativo, actualmente existen 10 mil alertas de las cincuenta mil que no se sabe en dónde están.

5. Finalmente, señala que toda vez que este tema está involucrado directamente el orden público y uno de sus elementos, la tranquilidad pública, el legislador promovente considera pertinente que esta Cámara de Diputados incida en este asunto, por no se debe poner en riesgo a las personas, a los niños y en general, a cualquier persona, mucho menos si la intencionalidad de una política pública como la que se discute es la prevención.

6. Esta comisión dictaminadora, considera que si bien el objetivo de estos aparatos es la difusión de las señales del Sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México y con ello permitir anticipar acciones de prevención ante la ocurrencia de un sismo fuerte, además de que este sistema apoya a los Comités de Protección Civil y ayuda a fomentar la cultura de la autoprotección y a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, coincide con el promovente en sus argumentos esgrimidos; toda vez que contribuye con las políticas preventivas en materia de sismos y a la trasparencia y rendición de cuentas que debe observar todo gobierno, sin hacer un juicio de valor previo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal con base en las consideraciones y argumentos que preceden, resuelven aprobar la proposición con punto de acuerdo en sus términos. Por lo que somete a la consideración del pleno el siguiente:

Dictamen por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a instalar las alertas sísmicas en el Distrito Federal

Único . La Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, de manera atentas y respetuosa exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a instalar a la brevedad las alertas sísmicas restantes de las cincuenta mil previstas, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, cuya finalidad es alistar un evento telúrico instantes antes de que suceda.

Por la Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno local a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en Álvaro Obregón

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 23 de abril de 2013, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de diferentes barrancas ubicadas en la delegación Álvaro Obregón de esta ciudad.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme con lo siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo en que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación, se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican a continuación:

Que en el poniente del Distrito Federal existen 33 barrancas urbanas localizadas dentro de 13 cuencas. Hasta la fecha estos territorios se han degradado por falta de políticas contundentes para su protección y recuperación.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández señala que el pasado 28 de noviembre de 2012 se publicaron en la Gaceta del Distrito Federal los decretos por los que se declaran como área de valor ambiental con categoría de barrancas las denominadas “Volta y Kotch”, “Atzoyapan”, “Becerra Tepecuache Sección Loma”, “Del Moral”, “Guadalupe”, “Jalalpa”, “Texcalatlaco”, “Tacubaya”, “San Borja”, “Mixcoac” y “Magdalena Eslava”, todas ellas en la delegación Álvaro Obregón.

Además la legisladora expone que las áreas de valor ambiental son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad. Por ese motivo, la Ley Ambiental del Distrito Federal establece que las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental, y la Secretaría del Medio Ambiente es la encargada de elaborar un diagnóstico ambiental para cada una de ellas y a partir de dichos diagnósticos formular un Programa de Manejo respectivamente para cada una.

Puntualiza que el Programa de Manejo establece las regulaciones, lineamientos y modalidades que se deberán tomar en cuenta para la realización de las acciones del manejo sustentable de los recursos naturales del área.

además de que cada programa de manejo parte de un diagnóstico que incluyen estudios geológico, hidrológico, botánico, zootécnico jurídico, y de movilidad social argumentando finalmente que en la medida en que se instauren las medidas de restauración y aprovechamiento sustentable de las áreas de valor ambiental, se podrá avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable congruente.

La diputada promovente argumenta que el presente punto de acuerdo tiene el propósito de exhortar al gobierno del Distrito Federal para que destine los recursos necesarios para la elaboración y ejecución de los programas de manejo de las áreas de valor ambiental recién decretadas para el ejercicio 2014.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de las barrancas de la demarcación.

Segundo . La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como con la información pública disponible al momento de su dictaminen; entre los que están.

a) Que los decretos del área de valor ambiental tanto como los programas de manejo son de gran importancia; derivado de que el primero establece su polígono como una mancha verde dentro de un denso contexto urbano y el segundo es el instrumento que orientará la realización de obras actividades compatibles con la vocación natural de esta barranca.

b) El programa de manejo plantea una serie de estrategias y actividades en el corto, mediano y largo plazo y señala a las áreas responsables del cumplimiento de sus metas, entre las que se encuentran acciones de reforestación, restauración y desazolve.

Tercero . Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos expuestos por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, por considerar que contribuye al fortalecimiento de las políticas y programas dirigidos a mantener las condiciones ambientales y ecológicas adecuadas del Distrito Federal, fomentando la creación, rehabilitación, mantenimiento, conservación y protección de áreas verdes urbanas, sin menoscabo de lo que establece la Ley Ambiental del Distrito Federal en su artículo 5o. que a la letra dice: Las áreas de valor ambiental son las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión resuelve:

Único. Es de aprobarse en sus términos la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Por lo que se somete a esta soberanía el siguiente:

Dictamen por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a destinar los recursos para los planes de manejo de barrancas en la delegación Álvaro Obregón.

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducto de su Mesa Directiva, de manera respetuosa exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a destinar recursos etiquetados al Fondo Ambiental Público para la elaboración y ejecución de los Programas de Manejo de las Áreas de Valor Ambiental con la categoría de barrancas “Volta y Kotch” , “Atzoyapan”, “Becerra Tepecuache Sección Loma”, “Del Moral”, “Guadalupe”, “Jalalpa”, “Texcalatlaco”, “Tacubaya”, “San Borja”, “Mixcoac” y “Magdalena Eslava”, todas ellas en la delegación Álvaro Obregón para el ejercicio de 2014.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Staffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para atender la problemática de la agroindustria azucarera nacional

Honorable Asamblea:

A la Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondientes a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, fueron turnadas para estudio, análisis y dictamen la proposición punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía, y al Senado de la República, para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sanciones el capítulo de azúcares y jarabes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentadas por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 26 de febrero de 2013; y el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el 2 de abril de 2013.

Los integrantes de las Comisiones de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego ingresamos en su estudio, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 67, 68, 85, 87, 157, numeral 1, fracción l, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se somete a consideración de la honorable asamblea este dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 26 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-7-458 a las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, de la Secretaría de Economía y al Senado de la República para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sancione el capítulo de azúcares y jarabes del TLCAN, presentada por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, el 26 de febrero de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.

Segundo. En sesión celebrada el 2 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-4-572, a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN, el 2 de abril de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estas comisiones son competentes para conocer sobre las proposiciones con punto de acuerdo referidas en el exordio del presente dictamen.

Segunda. La crisis que actualmente atraviesa la agroindustria azucarera mexicana es producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada por la entrada en competencia con edulcorantes, la especulación en los mercados internacionales y los cambios de hábitos alimenticios en la población. Ha impactado a toda la cadena productiva del sistema producto caña de azúcar.

Tercera . Que el gobierno federal debe considerar alternativas para enfrentar el desplome en los precios del azúcar que ha orillado a productores e industria de la caña a la crisis.

Cuarta . Que el gobierno federal tiene el mandato constitucional atreves del artículo 27 de la Carta Magna, en su numeral XX de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Quinta. De la industria azucarera se originan cerca de 450 mil empleos directos y de manera indirecta 2 millones 200 mil, se estima que existen 165 mil productores. En 2012 la caña de azúcar se cultivó en 15 de las 33 entidades federativas donde en los últimos diez años se ha requerido una superficie cultivada del orden de 650 mil hectáreas. Por ello, el sector azucarero es de gran impacto en las actividades productivas y el desarrollo social del país.

Sexta. Que en los cincuenta y siete ingenios mexicanos se presenta una sobreproducción de azúcar lo que ha llevado a tener demasías en los inventarios mismos que se incrementarán al término de la zafra 2012 -2013, ya que se calcula que se tendrá una producción mayor a la de los últimos años estimando 6 millones de toneladas de azúcar y 50 millones de toneladas de caña. La sobreoferta en la producción de azúcar en lo que va del ciclo 2012-2013 ha provocado la diminución en los precios del insumo. La tonelada de azúcar estándar paso de 11 mil 888. 80 pesos en mayo de 2012 a 7 mil 907 pesos en la tercera semana de enero.

Séptima . Que el TLCAN ha sido factor del endurecimiento de la crisis azucarera, Estados Unidos consume 9 millones de toneladas por cada año de azúcar refinada y aproximadamente 12 millones de edulcorantes derivados del maíz, no obstante consume un 80 por ciento de sus necesidades. Se debe tener en consideración que el sector azucarero mexicano con excesiva producción se encuentra frente a un mercado estadounidense restringido.

Octava. Tras la firma del tratado, la industria azucarera mexicana ha concurrido por diversos periodos de crisis en parte por la importación de fructosa, edulcorante derivado del maíz que sustituye al azúcar en procesos productivos como la elaboración de refrescos. En 1997 empresarios del sector azucarero recurrieron a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía) para que se establecieran medidas necesarias buscando la protección de la industria nacional. El resultado fue el establecimiento de cuotas compensatorias a la importación de fructosa como medida de salvaguardia en favor de la industria local. En consecuencia de estas cuotas compensatorias las importaciones de fructosa en 1999 sólo fueron de 247 mil toneladas en contraste a 1997, último año en que la fructosa entró en el país sin cuotas compensatorias, que se importaron 337 mil toneladas.

Novena. Ante el impacto que causaron estas medidas en los granjeros norteamericanos productores de fructosa, solicitaron al Departamento de Comercio de Estados Unidos que tomará las medidas necesarias para defender sus intereses. Fue cuando el gobierno norteamericano recurrió a la Organización Mundial de Comercio para que revisara las acciones mexicanas en contra de la fructosa, argumentando la ilegalidad de las cuotas compensatorias impuestas. El organismo internacional falló en favor de Estados Unidos, alegando que al imponer México las cuotas compensatorias a la fructosa de manera unilateral había violado varios acuerdos comerciales.

Décima. En julio de 2000 cuando las empresas del azúcar, se encontraban endeudadas y con sobreproducción, solicitaron a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, adelantar la fecha en que la industria mexicana tendría derecho a exportar todos sus excedentes de azúcar, la Secretaria planteo esta solicitud al Departamento de Comercio de Estados Unidos y se dieron a conocer unas cartas paralelas en donde se modificaba la redacción y contenido del capítulo azucarero del Tratado de Libre Comercio. En ellas se determinó que la fructosa sería contabilizada para determinar la producción y el consumo del mercado de dulce y en consecuencia determinar el excedente de producción nacional que podría ser exportado hacia Estados Unidos, en consecuencia las fronteras no se abrirían al azúcar mexicano. Los industriales del azúcar se verían imposibilitados para exportar sus excedentes, calculados en unas 575 mil toneladas. Considerando las importaciones de fructosa, determinaban en tan sólo 100 mil toneladas el monto del excedente de producción y sólo esa cantidad sería sujeta a acceso preferencial al mercado norteamericano.

Undécima. Ante esto al gobierno mexicano sólo le quedaba apelar a la buena voluntad de Estados Unidos para incrementar el volumen de azúcar sujeto a acceso preferencial al mercado norteamericano. Situación que se agravó ya que Estados Unidos también atravesaba por una crisis de sobreproducción que les impedía abrir sus fronteras, so pena de deprimir los precios; así que sólo permitirían el acceso al monto de azúcar convenido en las cartas paralelas. En ese momento el subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales desconoce la validez de las cartas paralelas argumentando que sólo aparecen rubricadas, mas no firmadas.

Duodécima. Tratando de controlar la crisis, el 3 de septiembre de 2001, el gobierno decidió expropiar 27 ingenios azucareros –de 60 existentes en el país– ante la quiebra virtual en la que se encontraban. Pero esta acción no freno la entrada de edulcorantes.

Decimotercera. En los últimos años, de acuerdo a la organización Proazúcar, ingresaron en el mercado de edulcorantes de México, unas 2 millones de toneladas de fructosa, informan que en Estados Unidos el jarabe de maíz se vende en 10.30 pesos y en el mercado mexicano los industriales refresqueros acceden al producto con un costo de 8.41 pesos, lo que impacta en la industria refresquera que con esta oferta permiten mantener el precio de su producto final. Este mismo grupo consideran que la crisis azucarera podrá resolverse en la medida en que el Gobierno Federal establezca cuotas sancionadoras a la importación de fructosa. Otros grupos y organizaciones vinculados a la producción de azúcar coinciden en calificar como desleal la competencia de edulcorantes como la fructosa, que se importa con precios dumping.

Decimocuarta. Esta crisis ha ocasionado un ambiente confrontado, productores tomaron bodegas e ingenios azucareros el 21 de enero de este año, como protesta por la caída del precio de edulcorantes y el aumento en la importación de alta fructosa. Los cañeros piden que se ordene el mercado de tal manera que reciban precios justos por su trabajo realizado todo un año, y enfrentando el embate de las inclemencias climatológicas, los altos costos de los insumos y la carestía de combustibles y refacciones.

Decimoquinta. Considerando los elementos anteriores es importante mencionar que el pasado 20 de marzo del año en curso el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el cual se solicita crear e implementar un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, lo cual no demerita o desvanece los objetivos planteados por los diputados promoventes en sus respectivos puntos de acuerdo, más aún estas comisiones dictaminadoras consideran que se refuerza la exigencia de este poder legislativo de atender de manera prioritaria la problemática de la industria de caña de azúcar considerada una de las más importantes Industrias del motor de nuestra economía.

Decimosexta. Que estas comisiones dictaminadoras al analizar de manera separada y en su conjunto las propuestas de punto de acuerdo de los diputados promoventes coinciden en la necesidad de elaborar un solo dictamen legislativo que contemple ambas propuestas ya que los resolutivos de ambas proposiciones tocan la misma materia y resolutivos complementarios.

Decimoséptima. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, estas comisiones dictaminadoras tenemos a bien emitir los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y sumado al punto de acuerdo aprobado por esta soberanía el 20 de marzo de 2013 sobre este mismo tema, implante de ser necesario.

Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Economía a que determine si existen elementos económicos y legales que avalen la implantación de medidas de restricción a la importación de alta fructosa.

Tercero. Que las autoridades encargadas de los programas federales otorguen apoyos económicos a los campesinos cañeros con la finalidad de darles certidumbre y las condiciones para que incrementen su capacidad para generar empleo y se impulse su propio crecimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño, presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 14 de marzo de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 14 de marzo de 2013, los secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía.

Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:

1. Incorporar en sus agendas de discusión la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados; y

2. Tipificar y, en su caso, adecuar en sus códigos penales la figura de “encubrimiento por receptación.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Javier Filiberto Guevara González.

El diputado Javier Filiberto Guevara González sostiene entre sus principales consideraciones que:

Aunque no se cuenta con cifras que den cabal cuenta de la magnitud del problema, es de todos conocido que la procedencia de artículos que llegan a las casas de empeño y compraventa de metales preciosos es en ocasiones dudosa o ilícita, lo cual favorece una forma de tráfico mercantil de artículos robados, que van desde teléfonos celulares, computadoras, pantallas, electrodomésticos en general y muebles hasta relojes, alhajas y metales preciosos.

Segunda. Los diputados de la Comisión de Economía están conscientes de la función social y económica que las casas de empeño han desempeñado durante la historia de nuestro país, ya que surgen de la necesidad de proveer recursos a sectores de la población que por diversas razones no son sujetos de créditos bancarios y que utilizan estos servicios para satisfacer necesidades básicas o urgentes, por lo que es fundamental evitar que su actividad sea utilizada para encubrir hechos delictivos.

Tercera. Sin duda alguna, con la expedición de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada el 30 de abril del 2012 y que entrará en vigor el 30 de octubre de 2013 y las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor el 18 de diciembre de 2012 y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2013, se ha contribuido a la regulación de las actividades que realizan las Casas de Empeño. Por un lado salvaguardando los derechos y necesidades del Consumidor y por otro protegiendo al sistema financiero, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Cuarta. Por lo que se refiere al exhorto propuesto por el diputado proponente, para que los congresos de las entidades federativas tipifiquen y, en su caso, adecuen a sus códigos penales la figura de “encubrimiento por receptación”, se considera que por no encontrarse tipificada esa figura a nivel federal, no se cuenta con un referente al cual sujetarse. Además, esta Comisión de Economía, se encuentra rebasada en sus facultades, para conocer, legislar o atender cuestiones de carácter penal.

Quinta. Por lo antes expuesto

La Comisión de Economía acuerda

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de instrumentos de vinculación entre las procuradurías estatales, las entidades encargadas de la regulación de las casas de empeño y las propias casas de empeño para detectar la enajenación de objetos robados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de abril de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia, Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena, José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el capítulo VII –relativo al campo– del TLCAN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con proyecto de punto de acuerdo, por el que se exhorta a revisar de inmediato por el Senado y el Ejecutivo federal el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en el capítulo VII, relativo al campo, presentada María del Socorro Ceseñas Chapa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de abril de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157, numeral 1, fracción l y 158, numeral 1 fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 11 de abril de 2013, los secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó al exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. La legisladora propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

El relativo punto de acuerdo tiene como finalidad realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal y al Senado, a revisar de inmediato al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el capítulo VII referente al campo.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, presenta algunos de sus principales argumentos en la exposición de motivos que:

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suceso que acompañado a la falta de apoyos y programas gubernamentales al campo, provocaron un mayor deterioro. Esto lo podemos observar en un estudio presentado por SAGARPA en 2007, el cual determinaba que 6 de cada 100 campesinos eran productivos, capaces para competir. Desde entonces México pasó de ser autosuficiente a depender de las importaciones, principalmente estadounidenses.

El descuido del campo por parte de las autoridades gubernamentales ha dejado en desventaja al campo mexicano, ya que uno de los factores esenciales es el apoyo mediante subsidios. Para el caso de Estados Unidos los subsidios son aproximadamente 20 veces más altos que el de nuestro país, situación que vulnera a nuestros productores ante los productores extranjeros y, que además ven en México un mercado atractivo para colocar sus productos.

El Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de todos aquellos acuerdos ganados ante la larga lucha de los mexicanos, un caso en particular es el artículo 27 de la Constitución.

La entrada del TLCAN se tradujo en el abandono de las parcelas pertenecientes a los campesinos mexicanos, tal hecho acentuó su emigración hacia Estados Unidos en busca de trabajo, debido a que no todos ellos pudieron ser captados en las distintas ciudades de nuestro país. De igual forma, la constante y creciente carestía de los campesinos a causa de la escasa oportunidad de emplearse, surge una nueva válvula de escape, el crimen organizado, el cual hoy en día absorbe rincones inimaginables del campo mexicano y por lo tanto a nuestros campesinos.

El financiamiento al campo ha disminuido aproximadamente el 90 por ciento, asociado a la reducción de programas de apoyo al desarrollo e implementación de educación para los campesinos. Se sigue presentando una reducción considerable del apoyo al campo, un ejemplo claro es el Programa Especial Concurrente reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

El Congreso Agrario Permanente reveló su preocupación ya que mil millones de pesos destinados a proyectos estratégicos del Programa Especial Concurrente 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un Presupuesto General para el Campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.

Segunda. La apertura comercial puede abonar al crecimiento de un país, dependiendo cómo y en qué grado se hace dicha apertura. Para el caso de México no se contemplaron las deficiencias que aún se tenían en comparación con el resto de países integrantes de los tratados comerciales, principalmente el TLCAN. Entre las características más significativas encontramos el bajo desarrollo e innovación tecnológica, acompañado por la baja productividad, elementos esenciales para competir y a su vez beneficiarse del libre mercado.

Tercera. En el caso de Estados Unidos, ser un país desarrollado le proporciona una mayor ventaja frente a socios comerciales que no lo son. Una de sus ventajas principales es su capacidad financiera e institucional para proteger aquellos sectores considerados estratégicos, por ejemplo el sector agrícola. Esta protección la lleva a cabo mediante algunos mecanismos:

• Subsidios.

• Financiamiento a una tasa de interés preferencial.

• Apoyo al desarrollo e infraestructura necesaria para el campo.

• Propicia las condiciones necesarias para intervenir en el mercado.

Cuarta. Para el caso de México, por su permanente restricción presupuestaria, mantener un esquema de apoyo y protección a este mismo tipo de sectores, ha sido históricamente complejo y con resultados insuficientes. En los hechos, los subsidios y apoyos al campo no han crecido en la misma velocidad que las necesidades y demandas. Por otra parte, la ejecución de los mismos no han surtido los efectos deseados en materia de productividad y competitividad.

Quinta. Existen millones de personas en México que dependen económicamente de actividades agrícolas caracterizadas por la baja productividad y bajos ingresos. Lo anterior, se explica por múltiples factores entre los que se destacan una vocación agrícola poco competitiva, falta de acceso a tecnología, financiamiento asequible, esquema de subsidios efectivos e intermediarismo.

Sexta. En el marco del denominado Pacto por México, suscrito por los presidentes de las principales fuerzas políticas nacionales y por el titular del Ejecutivo federal, que tiene como objetivo establecer una agenda legislativa conjunta de reformas a impulsar, se ubican los Compromisos 64, 65 y 66, que en conjunto buscan transformar el campo en una actividad más productiva. Dichos compromisos se refieren a:

a. Reactivar el campo mexicano para garantizar la seguridad alimentaria como una política de Estado y se establecerán medidas específicas para contener el precio de los alimentos, erradicar la pobreza extrema y promover a un sector de la economía que actualmente produce por debajo de su potencial. Así como impulsar medidas que combatan la intermediación y garanticen una adecuada comercialización de los productos del campo que se traduzca en mayores beneficios para los productores y mejores precios para los consumidores.

b. Incrementar la productividad agropecuaria a partir de una política de otorgamiento de crédito oportuno y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores. De igual forma, reorientar los subsidios para asegurar un apoyo a dichos productores. Impulsar el incremento de la tecnología, con particular atención en la modernización de los distritos riego, y la correcta articulación de cadenas productivas de valor.

c. El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en las zonas de menor viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema de pagos por servicios ambientales.(Compromiso 66)

Séptima. Por lo expuesto:

La Comisión de Economía

Acuerda

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, para que además de su contribución al cumplimiento de los compromisos planteados en el marco del Pacto por México relativos al campo mexicano, se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás programas sectoriales, las acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo, logren resolver la problemática de productividad, competitividad e ingresos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los treinta días del mes de abril de de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación a suscribir acuerdos con los gobiernos estatales y los municipales, con el Instituto Nacional de Migración y con organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio para crear un banco de datos especializado donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos cometidos contra ellos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82 numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el siguiente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se dictamina, fue presentada el jueves 3 de abril del 2013 al pleno de esta representación nacional, por el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Para los efectos legales y reglamentarios correspondientes, la Iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 3740-V, del miércoles 3 de abril del 2013, asignándosele el número de expediente 1685.

La Mesa Directiva acordó, el 3 de abril del 2013, turnar la iniciativa para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Se trata de un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a suscribir acuerdos con las entidades federativas y las organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio para crear un banco de datos donde se integren las políticas y los programas que implantan en favor de los migrantes, así como los principales problemas y los delitos cometidos contra ellos.

En la parte expositiva de las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de Punto de Acuerdo, el Diputado Proponente hace una descripción del fenómeno migratorio, señalando su alcance mundial y su permanencia, aporta datos para dar una explicación panorámica de la situación y problemática migratoria en el mundo.

Señala que La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida, para satisfacer necesidades básicas, que le permitan mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar. Anota que entre sus principales causas se encuentran el ámbito laboral, situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento relacionado con la salud para acceder a mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad y en menor medida por fenómenos naturales; aunado a ello, la globalización y los avances tecnológicos han alentado paulatinamente el deseo de las personas a trasladarse.

Hace hincapié en que nuestro país, por sus características geográficas, históricas, económicas, políticas y culturales ha sido y es espacio de origen y destino de corrientes migratorias; señala, que México es un “...país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que... faciliten y protejan la cooperación internacional, y... convoquen a los países... para crear el entramado legal e institucional necesario.”; destaca la evolución de la política migratoria mexicana en los últimos 20 años; la relación en la materia de México con los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, haciendo énfasis en la problemática que enfrentan los migrantes por circunstancias diversas como género, idioma, factores idiosincráticos, entre otros.

Enfatiza, y esta comisión coincide plenamente en ello, la insuficiencia de los esfuerzos de las políticas y programas oficiales y del activismo de las organizaciones civiles “...en la promoción... (para) fomentar... el desarrollo de entornos óptimos que permitan...a los migrantes desempeñarse como personas productivas en los países donde se establecen, pues su estancia en muchas de las veces les expone a condiciones inhumanas y trato como si fueran delincuentes, cuando no lo son”.

La iniciativa hace un recuento estadístico de los principales aspectos que tienen que ver con el fenómeno migratorio para sustentar la importancia de que la autoridad correspondiente cree bases de datos de políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

Afirma que actualmente las mujeres migrantes son quienes más cambian su residencia; sobre todo dentro del país, mientras que quienes emigran del país representan alrededor del 49 por ciento con respecto a los migrantes hombres; que normalmente lo hacen a Estados Unidos, concentrándose en mayor cantidad en los estados de California, Texas, Illinois, Florida y Arizona. Del total de mexicanos que se van, sólo regresa alrededor del 14.6 por ciento y lo hacen principalmente a Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Morelos e Hidalgo.

Sostiene que se han documentado innumerables ataques a la integridad y a la vida de migrantes y sus familias inclusive por autoridades fronterizas, pues al parecer la condición de ser migrante, subsume a las personas a no pertenecer a país alguno, como si la identidad de las personas se supeditara solamente a la residencia; y no obstante a ello, quienes regresan de visita a sus comunidades de origen, encuentran tanto en el camino de ida, como de vuelta, los mismos riesgos.

En ese contexto, proponen un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:

Texto propuesto

Único. Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación para que suscriba los acuerdos necesarios con los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, el Instituto Nacional de Migración y Organizaciones Civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos especializado en el que se integren las políticas y programas que implementan a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos.

Consideraciones

Esta comisión comparte las preocupaciones expuestas, pero considera que existen otros aspectos importantes que también es necesario documentar, recabar, procesar e integrar, con el fin de que las instancias respectivas cuenten con los instrumentos idóneos para cumplir lo que la Constitución General de la República y las Leyes respectivas ordenan.

Por ello, el texto presentado por el diputado proponente, debe ser objeto de algunas modificaciones:

Las madres centroamericanas que a finales de octubre del 2012 realizaron una marcha por nuestro país, bajo el lema Liberando la Esperanza, en busca de sus familiares desaparecidos plantearon a la presidenta de la Comisión, Diputada Amalia García Medina, la importancia de realizar a quienes cruzan nuestro país toma de algunas muestras personales que permitan a quienes los buscan dar con sus paraderos. Sensibles a esta petición, se incorporó en el Programa Anual de Trabajo de esta Comisión. Acordes con dicho Programa, se plantea que además de las políticas y programas que se implementan a favor de las y los migrantes, y los principales problemas y delitos que se cometen contra ellos, resulta impostergable que se integren bases de datos con muestras de ADN de las y los migrantes que se encuentran en estaciones migratorias, albergues u hospitales, haciendo énfasis en que dichas muestras se tomarán siempre y cuando el o la migrante otorguen de manera explícita su anuencia. También resulta importante que las autoridades correspondientes tomen muestras de ADN de cadáveres que vayan a ser inhumados en fosas comunes.

La proposición que se dictamina plantea que la Secretaría de Gobernación cumpla este exhorto a través del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Migratorios considera que dicha secretaría es la responsable del cumplimiento de este acuerdo, por lo que su titular habrá de resolver la mejor manera de cumplirlo; además de que gran parte de la información que se considera debe formar parte de los bancos de datos que se acuerdan, trascienden al mencionado Instituto, por lo que la Secretaría tendrá que interactuar con otras secretarías e instancias de la administración pública federal (Procuraduría General de la República, secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Salud, por mencionar algunas), con autoridades estatales y municipales, e incluso con organizaciones de la sociedad civil que tienen dentro de sus preocupaciones y actividad cotidiana el tema migratorio.

Por ello, consideramos que la proposición es de aprobarse pero con modificaciones que amplían y profundizan su preocupación, y con una redacción que permita su cabal interpretación.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las diversas instancias de las administraciones federal, estatales y municipales, y suscribiendo acuerdos con organizaciones civiles en lo que corresponda, cree bases de datos que integren:

1. Políticas y programas vigentes en todos los órdenes de gobierno a favor de personas migrantes;

2. Los principales problemas que enfrentan las y los migrantes y los delitos que se cometen contra ellos;

3. Muestras de ADN de migrantes y fotografía –previa su anuencia explícita– que cruzan por nuestro territorio y que se encuentren en estaciones migratorias, hospitales y albergues, y

4. Muestras de ADN de cadáveres que vayan a ser sepultados en fosa común.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril del 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios

Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo, Javier Treviño Cantú (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a rendir un informe e implantar programas y acciones preventivos y correctivos o de remediación en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 5 de septiembre de 2013, el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicitan que se rinda un informe sobre la situación que guardan la sobreexplotación y tala clandestina de la comunidad de Minas Viejas, en El Naranjo, San Luis Potosí, y se tomen las medidas necesarias para evitar la tala ilegal de sus zonas forestales.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el legislador proponente que San Luis Potosí se caracteriza por contar con una riqueza biológica importante a escala nacional, que lo distingue como uno de los estados donde el ecoturismo encuentra las mejores condiciones para su práctica; la entidad no ha sido ajena a los efectos negativos de la práctica clandestina, cada vez más frecuente, de tala ilegal generadora de una grave y continua deforestación de las zonas boscosas de la entidad, ricas en fauna y flora, y con clima estable.

Según el diputado proponente, se estima que en el país se pierden 60 mil hectáreas forestales al año, deforestación que deriva principalmente de la tala clandestina, y que el territorio potosino no es ajeno a estos procesos de degradación, los cuales se han convertido en un negocio ilícito generador de grandes beneficios económicos para quienes lo realizan. Dichas actividades irregulares se realizan principalmente en municipios como Xilitla, Tamasopo, Alaquines y El Naranjo, situados en el área natural protegida de la Sierra de Álvarez, afectando el ambiente y la economía de las actividades ecoturísticas.

Específicamente, el proponente se refiere a San Luis Potosí y a los daños ocasionados a los ecosistemas de dicha entidad, así como a las denuncias que desde 2002 se han presentado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, particularmente sobre los ilícitos cometidos en El Naranjo y otras comunidades, como Minas Viejas; sin embargo, a la fecha, las demandas de intervención de la autoridad competente para que frene tales actividades ilegales no han sido atendidas por institución alguna, lo que favorece el predominio de la impunidad y el acrecentamiento, desde luego, de la deforestación y el consiguiente desequilibrio ecológico en el estado.

III. Consideraciones

México ocupa un lugar preponderante en el concierto de las naciones, al ser considerado un país mega diverso, debido a la gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora y fauna, entre otros, y en particular, porque de acuerdo con las cifras correspondientes a 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México contaba con una extensión de 64.8 millones de hectáreas de bosques.

Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocemos válido el problema planteado en la proposición que nos ocupa y coincidimos con el proponente en exhortar a las autoridades Federales competentes, para que atiendan las denuncias presentadas por los habitantes de diversas comunidades de San Luis Potosí, con relación a la impunidad con que se están deforestando los bosques de la entidad, de manera por demás ilegal, convirtiéndose en un negocio clandestino que deriva en el enriquecimiento de quienes desarrollan estas actividades delincuenciales, en detrimento del equilibrio ecológico, y de la posibilidad de desarrollo económico y social de los habitantes de las comunidades afectadas.

Asimismo, consideramos pertinente observar las estimaciones que arrojan estudios recientes que demuestran que la deforestación en México en un rango aproximado de afectación de 650 mil hectáreas de bosques al año, por lo cual consideramos que el manejo de los recursos forestales maderables, no maderables y de servicios ambientales, deberá ser aprovechado por los vecinos de las comunidades, en el ejercicio de una actividad respetuosa de la ley, y a favor de la protección del equilibrio ecológico de las aéreas naturales protegidas, en aras de alcanzar el desarrollo forestal sustentable a que aspiramos.

Reconocemos como legítimo el interés del diputado proponente, al plantear se ejerciten las acciones necesarias para impedir el daño irreversible que se causa a los bosques mediante la deforestación clandestina y, la consecuente degradación de los suelos, y los daños ambientales derivados.

No obstante, estimamos necesario modificar los términos de la proposición planteada por el proponente, en el sentido de que el informe que se solicita rindan la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sea dirigido a la Cámara de Diputados y no al ente abstracto “opinión pública”.

La problemática que se plantea de ocurrencia en San Luis Potosí, no es privativa de dicha entidad, pues se presenta en la gran mayoría de las entidades federativas, si acaso, en diversas proporciones; de tal manera, el informe que se requiera al Ejecutivo federal, deberá ser sobre las acciones preventivas, correctivas o de remediación implementada para la atención de las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas de todo el territorio nacional, y no sólo en una entidad federativa.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sementemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a rendir por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe a esta soberanía respecto a los programas y las acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas de todo el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implantar las medidas y acciones necesarias para disuadir e impedir de manera contundente la tala clandestina en las áreas boscosas del país.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica a favor y en contra), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de construcción de la Autopista Urbana Oriente, en el Distrito Federal

Honorable asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 28 de agosto de 2013, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Medio Ambiente, y de Obras y Servicios del Distrito Federal que emitan un pronunciamiento conjunto sobre el impacto de la obra pública Autopista Urbana Oriente (AUO), que tendrá en los ámbitos económico, cultural, social y ambiental para la Ciudad de México; a la Secretaría del Medio Ambiente, que realice una evaluación exhaustiva de la manifestación de impacto ambiental para la construcción de la AUO; a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que intervenga para conocer e investigar posibles irregularidades en las autorizaciones para la construcción de la AUO; a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que investigue sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en el proceso de autorización de la AUO; a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que haga del conocimiento de las autoridades de la Convención Ramsar el proyecto de la AUO, y para que haga del conocimiento de la UNESCO que la AUO proyecta un impacto en zona reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por declaratoria de esta dependencia de la Organización de las Naciones Unidas; y finalmente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para cuidar los humedales y manglares en torno a la AUO.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el legislador proponente que a finales del mes de julio diversos investigadores y académicos de la UNAM y de la UAM se presentaron ante el Partido Verde Ecologista de México con el objeto de denunciar una serie de irregularidades en torno a las autorizaciones para construir la AUO.

Entre las organizaciones que presentaron esta denuncia se encuentran El Poder del Consumidor, AC; Alternativas y Capacidades, AC; Bicitekas; Xochimilco Vivo; Cuemanco Sustentable; Asociación Independiente del Embarcadero de Nativitas; Asociación de Refresqueros dentro del Canal Turístico; Cooperativa Xochiquetzalli del Embarcadero San Cristóbal; Asociación de Artesanos dentro del Canal de Xochimilco; Asociación de Vendedores de Plata; Asociación Remeros Nahuatlacas; y la Asociación de Floristas de Xochimilco.

En todos los argumentos presentados por los anteriormente señalados, se afirma que, de llevarse a cabo dicha obra, el costo ambiental y social para el Distrito Federal sería sumamente alto; implicaría la pérdida de áreas verdes; de lugares de esparcimiento y recreación; de sitios para la práctica de deportes al aire libre, y de centros culturales; además, se actualizarían diversas violaciones a ordenamientos legales locales y federales en materia de áreas naturales protegidas, de patrimonio urbanístico y arquitectónico, de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México han expresado que la construcción de la autopista mencionada no traerá consigo un número mayor de personas para poblar la zona chinampera de Xochimilco; que la vialidad no atravesará humedales y que el proyecto se ha perfeccionado para reducir el impacto ambiental, lo cual redituará diversos beneficios a la sociedad del Distrito Federal.

De acuerdo con la información proporcionada por los denunciantes en la materia y los vecinos organizados de Xochimilco e Iztapalapa, se presume la violación del derecho humano a un medio ambiente sano; así como del derecho a la información, pues el proyecto hasta ahora es prácticamente desconocido para toda la población de la zona que va a ser afectada por las obras relacionadas con la construcción de la AUO.

Otro tema sobre el cual las organizaciones y los vecinos han manifestado su preocupación es el relativo a las declaratorias como sitio de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar) con el cual cuenta el sistema lacustre de los ejidos de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco de acuerdo con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, así como de patrimonio cultural de la humanidad, emitido por la UNESCO con lo que ambas declaratorias estarían en riesgo.

Finalmente, señalan vecinos y asociaciones del lugar, que la Manifestación de Impacto Ambiental está incompleta, pues ésta sólo hace referencia a una parte de la obra a construir; presenta medidas de compensación inadecuada e insuficiente y no contempla los efectos negativos sobre la actividad económica de Xochimilco.

En este contexto, los interesados han considerado prudente hacer este tema del conocimiento del Congreso de la Unión, sin limitar al Partido Verde Ecologista de México para realizar lo correspondiente a escala local.

En este sentido, conforme lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estimaron pertinente la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que le corresponde promover y asegurar la coordinación de acciones en el exterior para intervenir en lo relativo a toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los cuales el país sea parte. Tal es el caso de la Convención Ramsar y las declaratorias de la UNESCO, ya que la construcción de la AUO repercutirá en la zona de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad.

En el mismo orden de ideas piden la intervención de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, que de acuerdo con el reglamento interior de la dependencia, es autoridad designada en la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional para procurar los humedales y manglares, como es el caso de Xochimilco.

III. Consideraciones

Para los integrantes de la comisión, el tema de la conectividad del sistema urbano de México por la red carretera nacional, debe partir de la premisa metodológica que establece la actual jerarquía de ciudades configurada, en buena medida, por la influencia de tres modelos de desarrollo claramente definidos: primario exportador, urbano industrial y de apertura comercial o globalización. Cada uno, en función del desarrollo tecnológico experimentado, construye el sistema de transporte más adecuado, pero que en muchos casos ha estado ausente el componente ambiental que garantiza los servicios ambientales.

Consideramos que si bien es importante que el Distrito Federal siga construyendo infraestructura, queremos señalar que la accesibilidad y la conectividad entre otras 347 localidades urbanas de 15 mil o más habitantes, incluyendo las zonas metropolitanas, ciudades que agrupan 544 municipios que también deberían ser atendidos para determinar la intensidad de la interrelación entre ellos y sus territorios, según los flujos que se realizarían en las carreteras pavimentadas.

Por supuesto, deseamos atender y dar voz a la reacción espontánea de la población de Xochimilco, expresada a través de algunas organizaciones. La solidaridad en sí misma no garantiza el desarrollo de una participación que conduzca a la construcción de una conciencia del riesgo en corresponsabilidad con las autoridades locales, por ello nos interesa desde la Cámara federal la gestión del riesgo y la mitigación de una potencial afectación al medio ambiente a través de la construcción de una AUO.

En ese orden de ideas, queremos precisar que la ciudad constituye la máxima artificialidad lograda por el hombre, pero no significa que la apropiación que se realiza se haga sin tomar en consideración la riqueza y el potencial biótico y abiótico del ecosistema del que se apropia para servirle de soporte, más aún cuando se pretende hacer extensivo el concepto de sustentabilidad a lo urbano, a la ciudad. Si bien la ciudad no puede ser sustentable por su artificialidad, dependencia e imposibilidad de ser autosuficiente, como lo hemos argumentado, al menos la producción de su base material podría estar normada por el menor impacto posible al medio ambiente y a los ecosistemas que se apropia. Lamentablemente, éste no ha sido el caso de la ciudad de México a lo largo de su historia. La irracionalidad ambiental con la que ha crecido ha sido más dramática y acelerada en las últimas décadas. Se han urbanizado zonas que eran de alta productividad agrícola, como Xochimilco, o de alta variedad biótica y considerada como reservas ecológicas, como la zona que nos ocupa, por lo que consideramos válidas las demandas de transparencia y precisión de la huella ecológica que dejaría la edificación de la AUO.

Para la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, la Ciudad de México testimonia la alteración, si no la destrucción, de uno de los ecosistemas de más alta variedad biótica, al haberse trasformado radicalmente las condiciones lacustres de origen y haberse pasado de una cuenca endorreica a una exorreica.

Pero más grave aún, al haberse desecado los lagos que constituían su entorno para construir ahí la ciudad. Resulta paradójico que este proceso haya implicado transitar de un problema de exceso de agua, por las inundaciones que periódicamente ocurrían, a uno de déficit, al verse obligada actualmente a importar de otros ecosistemas alrededor de 30 por ciento del agua que requiere para satisfacer sus necesidades. Si los desastres son socialmente construidos, la ciudad de México lo ejemplifica bien. Basta este argumento para hacer todo lo necesario para prevenir el daño y garantizar la preservación de áreas verdes, de lugares de esparcimiento y recreación, de sitios para la práctica de deportes al aire libre, como los humedales de Xochimilco.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sementemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a las Secretarías del Medio Ambiente, y de Obras y Servicios del Distrito Federal que emitan un pronunciamiento conjunto sobre el impacto que la obra pública Autopista Urbana Oriente tendrá en los ámbitos, económico, cultural, social y ambiental para la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal que evalúe la manifestación de impacto ambiental para construir la Autopista Urbana Oriente y, en caso de que las conclusiones del documento se contrapongan con las leyes, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables; o bien, la obra o actividad afecte a la población en su salud o a una o más especies amenazadas o en peligro de extinción, o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico o algún o algunos ecosistemas en particular; o bien, exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate; o bien, si la evaluación de los impactos y riesgos ambientales no garantizan la integridad del ambiente y de las personas, se niegue la autorización para la realización de la obra.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal su inmediata intervención, en uso de sus facultades, para investigar posibles irregularidades en las autorizaciones para la construcción de la Autopista Urbana Oriente y que, en su caso, proceda a solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, certificados, autorizaciones y registros, en los términos indicados en la normatividad en la materia.

Cuarto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que investigue presuntas violaciones de los derechos humanos en el proceso de la autorización de la construcción de la Autopista Urbana Oriente.

Quinto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que intervenga, de acuerdo con su competencia, para hacer del conocimiento de las autoridades de la Convención Ramsar el proyecto de construcción de la Autopista Urbana Oriente en el Distrito Federal, en atención del eventual daño ecológico en la zona.

Sexto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que intervenga, de acuerdo con su competencia, para hacer del conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, la construcción de la Autopista Urbana Oriente donde se proyecta un impacto en la zona que tiene la declaratoria de la propia organización como patrimonio cultural de la humanidad.

Séptimo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas su inmediata intervención ante las autoridades correspondientes del gobierno del Distrito Federal para proteger el ambiente en torno del proyecto de la construcción de la Autopista Urbana Oriente que se realizará en una zona de humedales protegida por la convención.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica en abstención), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica en contra), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica en contra), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica a favor y en contra), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).

De la Comisión de Ganadería, con puntos de acuerdo a fin de que la Sagarpa establezca acciones para implantar un programa especial de modernización de los rastros municipales y otro integral de manejo y tratamiento de desechos y despojos derivados de la matanza de animales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con puntos de acuerdo, presentada por la diputada federal María Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Ganadería, de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente dictamen.

I. Antecedentes

El punto de acuerdo que se dictamina fue presentado al pleno el 5 de septiembre de 2013 por la diputada María Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del PRI.

Una vez que la Mesa Directiva constató que el punto de acuerdo fue publicado en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria y cumplidos los requisitos para ser admitida la proposición, la turnó a la Comisión de Ganadería, de la LXII Legislatura para los efectos conducentes.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

A continuación se cita textualmente el contenido de la proposición con punto de acuerdo:

La suscrita, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículo 65, numeral 4, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establezca las acciones necesarias, para implementar un programa especial de modernización de los rastros municipales, para que cumplan las condiciones que la Ley Federal de Sanidad Animal, y que en coordinación con la Secretaría de Salud y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, supervisen las acciones en materia de sanidad les competan, para evitar que los animales se sacrifiquen y comercialice su carne al público, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las bases jurídicas para el servicio público de rastros, la operación y funcionamiento están respaldados jurídicamente por algunas disposiciones entre las que se encuentran en:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III, establece los servicios públicos que están a cargo del municipio, entre los cuales se encuentra el del rastro. Asimismo, prevé que los municipios de un mismo estado, previo acuerdo con sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la mejor prestación de los servicios públicos.

La Ley General de Salud, faculta a la Secretaría de Salud para llevar el control sanitario de los procesos de producción de productos para consumo humano entre otros. En virtud de ello, los rastros como establecimientos donde se procesan alimentos, deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de los mismos requieren contar con una licencia sanitaria.

La Ley Federal de Sanidad Animal “tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos tipo inspección federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social”.

Dentro de las atribuciones que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que la Ley Federal de Sanidad Animal, le faculta, son las de “establecer y coordinar las actividades de vigilancia epidemiológica activa o pasiva en unidades de producción, centros de acopio, centros de investigación, laboratorios de diagnóstico, lugares de exhibición, predios de traspatio, rastros u otros establecimientos donde se realicen actividades reguladas por esta ley.

Además establece que la Sagarpa, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias de la administración pública federal, determinará las medidas en materia de buenas prácticas pecuarias mediante la emisión de disposiciones, que habrán de aplicarse en la producción primaria en el procesamiento de bienes de origen animal en establecimientos TIF; en los rastros y en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, para reducir los contaminantes o riesgos zoosanitarios que puedan estar presentes en éstos.

Faculta, expresamente a la secretaría de expedir las disposiciones de sanidad animal, que establezcan las características, condiciones, procedimientos, operación y especificaciones zoosanitarias o las relativas a buenas prácticas pecuarias, que deberán reunir y conforme a las cuales se instalarán y funcionarán entre otros establecimientos, los tipos de inspección federal, rastros y los demás dedicados al sacrificio de animales para consumo humano.

La Ley de Salud Pública del Estado también contiene algunas disposiciones en esta materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio está a cargo del ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y en canal, y señalando la carne que puede ser destinada a la venta pública. Esta ley prohíbe la matanza de animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al consumo público. Por esta razón, es recomendable que las autoridades hagan suya esta disposición y obliguen a los particulares a realizar la matanza en el rastro municipal.

Los instrumentos jurídicos que regulan el funcionamiento y operación de rastros en el ámbito municipal son el Bando de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento de Rastros Municipales.

Por otro lado el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, antes Centro Nacional de Desarrollo Municipal, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, propone un reglamento –tipo– de los rastros municipales, donde considera las concesiones de los centros de matanza, estableciendo las condiciones necesaria que deben de cumplir los posibles prestadores del servicio. En el artículo 8 mencionar hacer cumplir:

Que se niegue el permiso correspondiente para que salgan del rastro las carnes enfermas, que estén marcadas oficialmente como tóxicas o transmisibles de enfermedades a la salud pública.

Mantener en buen estado de conservación y funcionamiento todas las instalaciones y utensilios del rastro.

De acuerdo con la legislación en nuestro país contamos con dos tipos de rastros:

1. Rastros tipo inspección federal (denominados TIF); estos rastros, permiten una industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos se destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación, razón por la cual la inspección sanitaria se realiza sobre las carnes y en los procesos de industrialización.

La ventaja de los rastros TIF, es que el animal es mejor aprovechado favoreciendo con ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne en beneficio de la economía familiar. Sin embargo, su operación requiere necesariamente de instalaciones y maquinaria especializada cuyos costos son bastante elevados, por lo que se recomienda que antes de establecer un rastro con estas características se hagan los estudios convenientes para garantizar su funcionamiento y evitar el dispendio de recursos.

Se ha comprobado científicamente que a mejor trato y buen manejo de los animales destinados al sacrificio, se provocará menos estrés, menor pérdida de peso y se obtendrá mejor calidad y mayor cantidad de los productos cárnicos resultantes.

2. Los rastros supervisados por la Secretaría de Salud (TSS) o conocidos como rastros municipales. Se caracterizan por el equipamiento servicios que proporcionan, así como por el tipo de inspección que lleva a cabo a Secretaría de Salud consistente en el control sanitario de la carne de los animales que ahí se sacrifican.

Dentro de la misma legislación existen controversias de competencias para la supervisión o verificación de los rastros municipales entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el cuidado de la inocuidad y la rastreabilidad de los procesos de matanza y transformación de los animales en los rastros municipales y a n mas por los locales clandestinos que no cumplen las normas mínimas de sacrificio y la sanidad de los animales.

En México existen alrededor de 2 mil 500 rastros y mataderos municipales que deben operar de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Sanidad Animal de buenas prácticas de manufactura e higiene.

Se han propuesto varias medidas sanitarias de diversas autoridades federales con la finalidad de encontrar una solución a los problemas de la carne contaminada por el mal manejo; en el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud planteó la necesidad de regionalizar los rastros municipales para mejorar las prácticas de manufactura e higiene durante el sacrificio, faenado, almacenamiento y transporte de carne de animales destinada al consumo humano; la Cofepris señala que la carne es un producto susceptible a la contaminación y puede causar enfermedades, por lo que se debe reformar el control sanitario en las instalaciones dedicadas a esta actividad.

A nivel nacional, un alto porcentaje de los rastros y mataderos municipales administrados por los ayuntamientos presenta incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. Estas deficiencias como falta de instalaciones y equipamiento moderno, falta de higiene en las áreas donde se faenan las canales, mesas de trabajo y vehículos en los que se transportan los mismos, malos hábitos sanitarios de los trabajadores, deficiente limpieza de utensilios e indumentaria de trabajo, falta de aseo en los servicios sanitarios destinados al uso de los obreros del rastro, presencia de fauna nociva, falta de supervisión e inspección, entre otros, lo que contribuye a la contaminación exógena de la carne y constituye un peligro para la salud pública.

Se sabe que existen por lo menos 250 rastros tipo TIF, un poco más de 2 mil 500 rastros municipales y un incontrolable número de rastros clandestinos y particulares, aproximadamente el 30 por ciento de la matanza se realiza en las instalaciones de los rastros TIF y el resto en los demás establecimientos.

Existen diversos riesgos en la no vigilancia en la matanza de animales, dado que la carne que no está supervisada puede contaminarse fácilmente o por otro lado no se sabe de la procedencia de los animales que se sacrifican y sus condiciones de sanidad.

Sin embargo, la debilidad de las haciendas municipales hace difícil para la mayoría de ellos sostener un servicio de rastro de calidad, esto es de los llamados tipo inspección federal (TIF), orientados fundamentalmente al servicio en grandes centros urbanos y al mercado de exportación, ya que además de seguir procedimientos muy rigurosos ofrecen servicios de industrialización de los productos.

En consecuencia, los municipios suelen prestar sólo los servicios básicos que comprenden recibir el ganado, realizar la matanza, llevar a cabo la inspección sanitaria del ganado y la carne, y facilitar el transporte del producto, ya que los requerimientos de inversión para ir más allá quedan fuera e la capacidad financiera de los ayuntamientos.

Aún así, el sostenimiento de los rastros municipales con los servicios básicos antes señalados implica una erogación importante para los ayuntamientos, de tal forma que en la mayoría de los casos, el gasto corriente supera los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios y en consecuencia operan con números rojos.

Los rastros administrados por particulares pueden ofrecer servicios adicionales que posibilitan la rentabilidad de sus establecimientos, además de estar en mayores posibilidades de invertir en la modernización de las instalaciones y ofrecer mejores servicios a los usuarios, por lo que la alternativa de transferir el servicio público de rastro a los particulares es cada vez más atractiva.

No debe pasarse por alto que algunos rastros administrados directamente por el ayuntamiento o en asociación con particulares han sido rentables, por lo que su viabilidad es sostenible en el largo plazo. No obstante, toman en cuenta la escasez de los recursos públicos de los municipios, así como las crecientes demandas de la población, parece conveniente que los ayuntamientos no estén obligados a prestar un servicio público que además de resultar oneroso, muchas ocasiones los particulares pueden ofrecerlo en mejores condiciones bajo la supervisión pública.

Que a fin de solidarizarse con la población más afectada, se requiere la coordinación oportuna entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para instrumentar las acciones a un segundo y tercer nivel de atención, según las regiones y nivel de productores afectados.

Se han identificado deficiencias en el proceso de sacrificio de animales, faenado de canales y manejo de la carne generalmente resultando carne contaminada con bacterias y parásitos patógenos y con residuos de medicamento cuyo consumo genera enfermedades transmitidas por alimentos.

De acuerdo al Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de las Secretaría de Salud, se han detectado diversas enfermedades que inciden en el mal manejo de la carne como es el caso de la shigelosis, teniasis, salmonelosis, diversas infecciones intestinales, cisticercosis, triquinosis y otras derivadas de las intoxicaciones por clenbuterol y otras por intoxicaciones debido la alimentación de los animales, que han tenido un costo total que es pagado por el consumidor afectado o las dependencias del sector salud que han tenido que atender, sumando la cantidad de 2 mil 648 millones de pesos.

Es un problema que no es fácil de atender y prohibir ya que en el transcurso de los tiempos, la suspensión de actividades de rastros y mataderos municipales trae consigo inquietud política en la localidad e incremento de la matanza clandestina para satisfacer la oferta de animales para sacrificio y la demanda de carne para la población.

Es importante señalar que la situación de los rastros municipales se complica por la falta de compromiso administrativa de los ayuntamientos al no exigir higiene, ni capacitación por la falta de recursos para mantener su mantenimiento; aunque su funcionamiento es por maquila o por servicio prestado, el introductor no exige higiene ni brinda capacitación, por otro lado tampoco cuenta con transporte adecuado ni para el transporte de los animales en pie hacia los centros de sacrifico, mucho menos para la distribución a los centros de venta de la carne; otro de los posibles problemas que se encuentran en este tipo de instalaciones para matanza es la tradicional práctica de los tablajeros de la crianza y sacrificio de traspatio.

Es bien conocido por las autoridades que las operaciones críticas en rastros y mataderos están dadas por la falta de capacitación, incineración de decomisos, vestimenta adecuada, nulo lavado y refrigeración de los canales, la incipiente esterilización de implementos de sacrificio; además de que existe una mala utilización en el consumo diario de agua, el uso promedio equivale al consumo diario de agua de una población de 139 mil habitantes.

Como puede percatarse es difícil este tema por lo importante que resulta el tener deficiencias en la infraestructura para el tratamiento de desechos y aguas residuales que impactan en el medio ambiente. De acuerdo a estudios realizados por la Cofepris, se detectó que el 50 por ciento de las aguas residuales son desechadas al drenaje público; 20% se canalizan a un tanque de tratamiento y el resto se desechan a arroyos.

Los efectos ambientales por los residuos sólidos y líquidos que se desecha de los rastros o mataderos se han convertido en un mal de la salud pública ya que esta industria produce 23.4 toneladas diarias, por lo que será necesario establecer un compromiso y un convenio con la Semarnat. Sin duda, una buena operación del rastro origina grandes beneficios al municipio al servir como fuente de ingresos propios y como instrumento para normar y regular el abasto de carne en la localidad, fortaleciendo con ello la imagen institucional del ayuntamiento.

En este sentido, las autoridades municipales podrían fortalecer sus finanzas al obtener ingresos adicionales que fortalezcan la hacienda pública y cuyos conceptos están señalados por la Ley de Ingresos Municipales.

Algunas fuentes de ingreso que puede captar la tesorería municipal por el funcionamiento del rastro son las siguientes:

• Derecho de degüello de todas las especies de ganado.

• Productos derivados de la venta de esquilmos y desperdicios.

• Aprovechamientos que se obtengan de los subproductos y de los servicios.

• Cuotas adicionales que fija la administración por servicios especiales o extraordinarios.

• Donativos de los particulares o usuarios del rastro.

• Permisos por la introducción de pasturas al rastro.

• Derechos por la inspección sanitaria de animales y carne.

• Cuotas por derecho de báscula.

• Subsidios.

Es necesario considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año fiscal, el establecimiento de un programa de modernización de los rastros municipales, para esto se podrían ir programando por bloques o paquetes de acuerdo a la prioridad nacional y bajo el compromiso de los municipios en cumplir y hacer cumplir la legislación que regulan todas las actividades de la actividad.

En todo caso, es necesario que se haga un estudio de preinversión que permita detectar la conveniencia y rentabilidad de la obra, tomando en cuenta las necesidades que manifieste la población y los ingresos que genera en su operación, ello con el fin de asegurar que las inversiones sean bien canalizadas.

Por lo expuesto, es necesario buscar una alternativa para modernizar los rastros municipales para que los municipios presten un mejor servicio.

Aunque dentro de la misma legislación federal existen controversias de competencias entre la Sagarpa y la Secretaría de Salud –para la supervisión o verificación de los rastros municipales, para el cuidado de la inocuidad y la rastreabilidad de los procesos de matanza y transformación de los animales en los rastros municipales–, queda claro la competencia de la propia Sagarpa solamente para los rastros tipo TIF, dejando de lado y aun más por los locales clandestinos que no cumplen las normas mínimas de sacrificio y la sanidad de los animales.

Existen diversos riesgos en la no vigilancia en la matanza de animales dado que la carne que no está supervisada puede contaminarse fácilmente, o por otro lado no se sabe de la procedencia de los animales que se sacrifican y sus condiciones de sanidad. En resumen, la carne es un producto altamente susceptible a la contaminación y puede causar enfermedades, por lo que se debe reforzar el control sanitario en las instalaciones dedicadas a esta actividad, debido a que un alto porcentaje de los rastros y mataderos municipales administrados por los ayuntamientos presenta incumplimiento en la normatividad sanitaria vigente, lo cual contribuye a la contaminación exógena de la carne y constituye un peligro para la salud pública.

Por tal motivo y a fin de solidarizarse con la población más afectada, se requiere la coordinación oportuna entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para instrumentar las acciones de atención, según las regiones y nivel de productores afectados.

Es importante inyectarle los recursos necesarios para la remodelación o establecimiento de instalaciones para los rastros, por lo que es necesario que se haga un estudio de pre inversión que permita detectar la conveniencia y rentabilidad de la obra, tomando en cuenta las necesidades que manifieste la población y los ingresos que genera en su operación, ello con el fin de asegurar que las inversiones sean bien canalizadas.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal crear un programa de modernización de rastros municipales, procurando atender los municipios que tengan prioridad por el número de cabezas de ganado que sacrifican para consumo humano por la incidencia de reportes de carne contaminada por patógenos y poner atención a las regiones con prevalencia del uso de hormonas estimulantes para el desarrollo de los animales, como es el caso del clenbuterol.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo, instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en coordinación de la Secretaría de Salud, a la brevedad suscriban las bases de coordinación que determinarán el ejercicio de las atribuciones que, en materia de inspección y vigilancia de la calidad, sanidad e inocuidad de los productos procesados en rastros y en establecimientos dedicados al procesamiento de los productos derivados del sacrificio, les confieren la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Salud y las demás disposiciones aplicables.

Tercero. Se solicita la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, para crear un Programa de Manejo y Tratamiento Integral de los desechos sólidos y líquidos o despojos derivados de la matanza de los animales para consumo humano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2013.

Diputada María Concepción Navarrete Vital (rúbrica)

III. Consideraciones

Una. Que la Comisión de Ganadería inmediatamente se abocó al estudio del punto de acuerdo en comento.

Segunda. Que al consultar la bibliografía respectiva, así como documentos relativos al tema expuesto por la diputada María Concepción Navarrete Vital, así también los ordenamientos jurídicos que la misma legisladora, en éstos no se advierten disposiciones legales que contravengan el sentido de la misma ley.

Tercera. Que la situación de preocupación expuesta por la diputada en los temas de inocuidad de la carne sacrificada en rastros municipales, así como en la necesidad que se tiene de modernizar los rastros municipales para que ofrezcan un mejor servicio de dicha inocuidad y garanticen mejoras en el manejo de los desechos que ahí se generan también ha sido una preocupación que la Comisión de Ganadería de la LXII ha externado y exteriorizado en su propio Plan de Trabajo, siendo éste uno de los ejes a atender por esta comisión legislativa.

Cuarta. Que en lo referente a este punto, la Comisión de Ganadería ha establecido una relación continúa con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Sagarpa, a fin de que se sigan implementado este tipo de programas, en donde en coordinación con la Secretaría de Salud perteneciente al Ejecutivo Federal, y con los mismos municipios, siempre atendiendo al área de su competencia, se supervisen y se realicen inspecciones a los rastros municipales para verificar que la carne que se comen en México esté garantizada como inocua, lo que permita también seguir expandiendo los certificados de la propia carne y el comercio de la misma.

Quinta. Que las acciones que derivan de este punto de acuerdo redundan en exigir y vigilar porque se cumplan medidas que nos lleven a tener un mayor control, mejorar y mantener un estatus sanitario en el país que promueva la reducción de riesgos zoosanitarios, fomentando que en todos los establecimientos de sacrificio se incorporen acciones de inspección veterinaria con el debido reporte de las enfermedades detectadas.

Sexta. En el mismo sentido de la consideración tercera, la Comisión de Ganadería ha pugnado por establecer un Presupuesto de Egresos de la Federación en donde la revisión a la inocuidad de la carne ha tenido una relevancia mayúscula, otorgando aumentos considerables a dicho rubro, por lo mismo, se ha previsto un apartado dentro del propio presupuesto para la modernización de los rastros municipales y para seguir incentivando el sacrificio en los rastros Tipo Inspección Federal, por lo que en el actual PEF (2013) se consideran recursos específicamente para este tema, y en el proyecto del 2014 también se delimitan dentro del apartado de Bioseguridad, por lo que es más que evidente la necesidad de atender los temas como los planteados en este punto de acuerdo.

Séptima. Atendiendo a estas consideraciones, esta Comisión de Ganadería, por votación unánime de sus integrantes suscribe como propios los puntos de acuerdo que a continuación se describen.

IV. Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal crear un programa de modernización de rastros municipales, procurando atender los municipios que tengan prioridad por el número de cabezas de ganado que sacrifican para consumo humano; por la incidencia de reportes de carne contaminada por patógenos y poner atención a las regiones con prevalencia del uso de hormonas estimulantes para el desarrollo de los animales, como es el caso del clenbuterol.

Segundo. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo, para que instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación –en coordinación de la Secretaría de Salud–, a la brevedad suscriban las bases de coordinación que determinarán el ejercicio de las atribuciones que, en materia de inspección y vigilancia de la calidad, sanidad e inocuidad de los productos procesados en rastros y en establecimientos dedicados al procesamiento de los productos derivados del sacrificio, les confieren la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Salud y las demás disposiciones aplicables.

Tercero. Se solicita la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, para crear un programa de manejo y tratamiento integral de los desechos sólidos y líquidos o despojos derivados de la matanza de los animales para consumo humano.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Ganadería en sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2013.

La Comisión de Ganadería

Diputados: Salvador Barajas del Toro (rúbrica), presidente; Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Raudel López López (rúbrica), Leonor Romero Sevilla, Tomás Brito Lara (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), secretarios; Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Claudia González Delgadillo, Antonio García Conejo (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), José Everardo Nava Gómez, María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Salvador Ortiz García (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, María Fernanda Romero Lozano (rúbrica), Willian Renán Sosa Altamira.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos financieros destinados al Fonden para aliviar las afectaciones ocasionadas en las comunidades por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para estudio y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos de los subejercicios de 2013 al Fondo de Desastres Naturales a fin de restablecer y subsanar los daños ocasionados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en los estados y los municipios afectados.

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 2, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

1. El 1 de octubre de 2013, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos de los subejercicios de 2013 al Fondo de Desastres Naturales a fin de restablecer y subsanar los daños ocasionados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en diversos estados del país.

2. El 1 de octubre de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación, para estudio y dictamen correspondiente.

3. El 30 de octubre de 2013, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

1. Los cambios climáticos se han presentado con periodicidad como resultado de la transformación de la biodiversidad. En septiembre pasado, dos fenómenos hidrometerológicos impactaron simultáneamente el territorio nacional, originando fuertes y prolongados temporales de lluvias con potencial de tormentas con efectos devastadores.

2. Dada la magnitud de los desastres ocurridos en septiembre pasado y debido a la ocurrencia de los meteoros que azotaron gran parte del territorio nacional, la diputada proponente considera que, a fin de atender de forma pronta los daños y atender a la población civil, se apliquen los recursos de los subejercicios de 2013, a fin de destinen a resolver los problemas que viven muchas comunidades en diversos estados del país y sean destinados al Fondo de Desastres Naturales y sean distribuidos los insumos y recursos económicos para la reconstrucción de los lugares afectados.

3. El artículo 2 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria determina que los subejercicios resultan de las disponibilidades presupuestarias, que no han cumplido las metas contenidas en los programas para su ejecución. Así, la fracción LII de dicho ordenamiento establece:

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por

LII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución;

4. El mismo ordenamiento en vigor determina el procedimiento por el cual deben subsanarse los subejercicios resultantes en el año correspondiente. Así, los ejercicios deben ajustarse estrictamente a los calendarios determinados para los que se han destinado y autorizado para cada dependencia en términos de las disposiciones aplicables. De esta forma, el artículo 23, párrafos primero y segundo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria determina:

Artículo 23. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas.

Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y plazos establecidos en el reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura.

...

5. Las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivan en la programación de los recursos aprobados para el año correspondiente; sin embargo, para el caso de los subejercicios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria determina que los mismos subejercicios de los presupuestos de las dependencias deben subsanarse en un término específico y, en caso contrario, ser reinvertidos en programas sociales que sean previstos por la Cámara de Diputados. Así lo establece el artículo 23, párrafos noveno y décimo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Artículo 23. ...

La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios.

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

6. Sin embargo, es también importante destacar que a la fecha diversas instancias de la administración pública federal han encauzado los recursos conforme a los ordenamientos aplicables a fin de destinar la ayuda de forma ágil y ordenada, donde destaca la gran ayuda y solidaridad del pueblo de México.

7. Destacan además las diversas declaratorias de emergencia y de desastre que el Sistema Nacional de Protección Civil ha emitido para las zonas afectadas, donde se han destinado insumos y recursos económicos para las comunidades que aún sufren los efectos de estos desastres naturales.

8. Esta comisión considera loable el propósito de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez a fin de que el mayor número de recursos económicos para paliar las afectaciones ocasionadas por los fenómenos hidrometereológicos, desastres que a la fecha de la presentación de este dictamen continuaban afectando a miles de personas, además de ser requeridos para las obras de reconstrucción de las zonas devastadas. Sin embargo, el destino de subejercicios está regulado en las disposiciones hacendarias en vigor, además de que deben ser asignados por la Cámara de Diputados de acuerdo con las competencias legales y constitucionales correspondientes.

9. De la misma forma, y observando que la situación de las comunidades afectadas no ha sido superada, la Comisión de Gobernación, tomando el espíritu de la proponente, considera oportuno el exhorto a las instancias de la administración pública competentes a agilizar y hacer eficiente la aplicación de recursos para las comunidades afectadas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación ponen a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar en el ámbito de su competencia la liberación ágil de los recursos financieros destinados al Fondo de Desastres Naturales a fin de aliviar las afectaciones de las comunidades de los estados de la república afectados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 2013.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a la Secretaría de Gobernación que agilice el destino de recursos del Fonden, especialmente para los municipios y las comunidades indígenas de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Guerrero a fin de destinar recursos que permitan la reconstrucción de los daños ocasionados por los meteoros Ingrid y Manuel en las comunidades indígenas de la región de la montaña y Costa Chica del estado de Guerrero.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. El primero de octubre de dos mil trece, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al poder Ejecutivo y al gobierno del estado de Guerrero, a fin de destinar recursos para llevar a cabo la reconstrucción de los daños ocasionados por las tormentas Ingrid y Manuel en las comunidades indígenas de la región de la montaña y Costa Chica del estado de Guerrero.

2. En esa misma fecha, primero de octubre de dos mil trece, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno la mencionada Proposición con puntos de Acuerdo a la Comisión de Gobernación, para estudio y dictamen correspondiente.

3. El treinta de octubre de dos mil trece, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la Comisión dictaminadora formulamos las siguientes:

Consideraciones

1. Los cambios climáticos que se han presentado con periodicidad, resultado de la transformación de la biodiversidad; en septiembre pasado, dos fenómenos hidrometerológicos impactaron simultáneamente el territorio nacional originando fuertes y prolongados temporales de lluvias con potencial de tormentas con efectos devastadores.

2. Uno de los estados que fueron impactados en su territorio mayormente fue el de Guerrero. A juicio del diputado proponente, el Estado tuvo problemas urgentes para atender en el sector hidráulico, la infraestructura, las vías carreteras, las instalaciones educativas y de salud. De acuerdo a la Proposición presentada, más de 53 mil viviendas fueron afectadas, 33 carreteras averiadas, se han atendido a más de 31 mil personas afectadas y se rescataron a más de 14 mil que se encontraban en zonas de riesgo o incomunicadas. Alrededor de 145 personas había perdido la vida.

3. El proponente afirma que las comunidades indígenas del Estado han sido desatendidas particularmente por lo que el desastre se suma al abandono histórico de las comunidades indígenas del estado de Guerrero.

4. En este sentido, el proponente realiza un exhorto al Poder Ejecutivo Federal a fin de atender, de forma oportuna y pronta, a las comunidades indígenas afectadas del Estado; de la misma forma, dirige un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar los trabajos de reparación de los caminos y carreteras dañadas en las comunidades indígenas del Estado; exhorta, de la misma manera, a la Secretaría de Desarrollo Social a destinar la ayuda necesaria a través del programa nacional “Cruzada contra el hambre” para las comunidades indígenas así como un exhorto a la Procuraduría General de la República para iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades de funcionarios públicos responsables ante las afectaciones de las comunidades indígenas del estado de Guerrero.

5. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento financiero mediante el cual se atienden los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.

6. La Ley General de protección Civil establece los fundamentos legales para que el gobierno federal emita las declaratorias de emergencia y de desastre. Con esta base, las reglas de operación del Fonden definen los lineamientos de intervención y financiamiento de las regiones, zonas y comunidades afectadas por fenómenos naturales.

7. En las reglas de operación del Fonden se encuentra contenida la obligación de proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de Emergencia y de desastre, y mitigar de manera inmediata y oportuna las necesidades urgentes para la protección de la vida y de la salud de la población.

8. El 17 de septiembre de 2013, mediante el boletín numero 265/13 la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de Desastre Natural para 56 municipios del estado de Guerrero; la declaratoria se emitió al término de la instalación del Comité de Evaluación de daños del Fonden, integrado por funcionarios federales y del gobierno del estado de Guerrero responsables de los sectores afectados: educativo, salud, carretero, hidráulico, vivienda, urbano, residuos sólidos y turismo.

9. Dicho comité tuvo como función evaluar los daños ocasionados en la infraestructura y cuantificar los recursos necesarios para su recuperación. El 21 de septiembre de 2013, mediante el boletín numero 285/13, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 24 municipios del estado de Guerrero con el fin de atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

10. Durante la instalación del Comité, el estado de Guerrero manifestó su interés en acceder a los recursos del Fonden a través de la figura de “apoyos parciales inmediatos”, con el fin de atender de manera inmediata los aspectos prioritarios y urgentes tendientes a la atención inmediata de la infraestructura dañada por lo que en los siguientes días, la entidad federativa presentara formalmente las acciones que se ejecutara a través de esta figura.

11. La Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, informó que a través del centro de atención establecido en Tlapa de Comonfort, encabezado por el subsecretario de Participación Social y Desarrollo Comunitario, Javier Guerrero García, se entregaron 28 mil despensas en las cabeceras municipales de la montaña guerrerense, se instalaron 20 albergues de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a disposición de la población y se mantienen en funcionamiento 60 comedores comunitarios.

12. Asimismo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes efectuó la liberación de caminos, especialmente el de Tlapa-Marquelia, que permitiría acceder a 30 comunidades de Malinaltepec para poder llevarles despensas y colchonetas, pues hasta ahora sólo se han entregado víveres a los campamentos, a fin de normalizar la situación en las zonas afectadas.

13. A la fecha, de acuerdo a las informaciones públicas del gobierno federal, se han autorizado apoyos parciales para el estado de Guerrero para las siguientes áreas: sector hidráulico: 508.7 millones de pesos; sector carretero: 700.1 millones de pesos; sector educativo: 356.1 millones de pesos; sector vivienda: 40.3 millones de pesos y sector del medio ambiente: 47 millones de pesos.

14. Esta Comisión considera loables los objetivos del proponente, especialmente por la situación que aún impera en diversas comunidades del estado de Guerrero a más de un mes de haberse registrado este desastre en diversas comunidades guerrerenses.

15. De forma particular, es evidente el estado de pobreza y abandono, así como los altos grados de marginación y de carencia en el desarrollo humano de las comunidades indígenas que sufrieron, de forma más acentuada, los efectos devastadores de Ingrid y Manuel, por lo que los exhortos dirigidos a los distintos funcionarios de la Administración Pública Federal, aún cuando la ayuda ya fluye hacia los municipios y comunidades, son viables especialmente para atender a las comunidades que aún no logran los recursos suficientes y se encuentran sufriendo los efectos del desastre, especialmente en la carencia de viviendas, insumos ordinarios para la subsistencia y de infraestructura carretera que permita la comunicación y la circulación de mercancías para activar las zonas indígenas afectadas.

16. No obstante, esta Comisión estima que el exhorto dirigido a la Procuraduría General de la República no es viable debido a que, dependiendo las facultades de los diversos niveles de gobierno, deben darse las denuncias y las querellas que, conforme a las disposiciones del Código Penal del estado de Guerrero y del Código Penal Federal, puedan realizar los afectados a fin de fincar las responsabilidades civiles, penales o administrativas y determinar la comisión de delitos, las responsabilidades civiles o bien administrativas que pudieron haber agravado las consecuencias desastrosas de los fenómenos hidrometereológicos Ingrid y Manuel.

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes puntos de

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, se agilicen las acciones y la aplicación de recursos e insumos para atender de manera pronta a los municipios y comunidades indígenas, de la región de la montaña y de la Costa Chica del estado de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de agilizar la rehabilitación de carreteras y caminos de comunidades indígenas del estado de Guerrero dañados o inhabilitados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, agilice el destino de recursos del Fondo de Desastres Naturales, especialmente para los municipios y comunidades indígenas del estado de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que, en el ámbito de su competencia, agilice la aplicación de insumos y recursos destinados a combatir el hambre en los municipios y comunidades indígenas del estado de Guerrero afectados por los fenómenos Ingrid y Manuel.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a treinta de octubre de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales para los municipios de Colima afectados por la tormenta tropical Manuel

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a destinar mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con el objetivo de atender la urgencia presentada en los diversos municipios de Colima debido a las intensas lluvias provocada por la tormenta tropical Manuel.

Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 2, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que se liberen los recursos del Fondo Revolvente y del Fondo de Desastres Naturales, en los municipios de Colima con motivo de las lluvias excesivas de la tormenta tropical Manuel.

2. En esa misma fecha, 26 de septiembre de 2013, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó que la Proposición con Punto de Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Gobernación.

3. El treinta de octubre de dos mil trece, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Con base a los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión de Gobernación formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. Con fundamento en el artículo 1o. de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, el Fondo es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil

Segunda. El artículo 2o. de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales establece que las Reglas tienen por objeto regular el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los principios de complementariedad, oportunidad y transparencia, de conformidad con los parámetros y procesos definidos en los lineamientos de operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales que para tal efecto emitan las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

Tercera. De acuerdo con el artículo 3o., fracción I, el Fondo Revolvente, a cargo de la Secretaría de Gobernación tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

Cuarta. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4o, fracción I, uno de los fines del Fondo de desastres Naturales es canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en términos de los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

Quinta. Con fundamento en el artículo 59 de la Ley General de Protección Civil la declaratoria emergencia es el acto por el cual la Secretaría de Gobernación reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo, asimismo el artículo 60 de la Ley General de Protección Civil establece los lineamientos para la declaratoria de desastre natural por parte de la Secretaría de Gobernación, de la misma forma y en concordancia con el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil las declaratorias deberán ser publicadas en el Diario oficial de la Federación, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información.

Sexta. Mediante oficio número OCG092-2013, recibido con fecha 18 de septiembre de 2013 en la Coordinación Nacional de Protección Civil, el gobernador del estado de Colima, licenciado Mario Anguiano Moreno, solicitó a la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la emisión de la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Armería, Ixtlahuacán, Tecomán, Minatitlán, Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez de dicha Entidad Federativa, por la presencia de la Tormenta Tropical Manuel, ocurrida los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2013; esto, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias del Fondo para Desastres Naturales.

Séptima. En el boletín de prensa de fecha 26 de septiembre de 2013 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación estableció en su reporte preliminar que en lo referente a la acuacultura del estado de Colima fueron afectadas más de cinco mil hectáreas de granjas, con esto se tomaron acciones de prevención y atención, donde se puso a disposición del estado de Colima los montos del Seguro Catastrófico y en el rubro de sanidad, se iniciaron las acciones de inspección y vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas.

Octava. Con fecha 10 de octubre de 2013 fue publicada la declaratoria de desastre natural por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el sector agropecuario, acuícola y pesquero, a consecuencia de la Tormenta Tropical Manuel, en virtud de los daños ocasionados por dicho fenómeno meteorológico a los activos productivos elegibles de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos, establecidos en los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez del estado de Colima.

Novena. El 19 de septiembre de 2013, mediante el boletín número 272/13 la Secretaría de Gobernación emitió una Declaratoria de Desastre Natural para los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez del estado de Colima, con lo cual tienen acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, para la atención de los daños sufridos por Tormenta Tropical Manuel del 16 al 17 de septiembre de 2013.

Décima. En esa misma fecha 19 de septiembre de 2013, mediante el boletín número 274/13 la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Armería, Colima, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, y Villa de Álvarez estado de Colima por la presencia de la Tormenta Tropical Manuel ocurrida los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2013.

Décima Primera. El 1 de octubre de 2013 mediante el boletín número 324/13 la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación dio a conocer el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia que se emitió el pasado 19 de septiembre de 2013, a través del boletín de prensa 274/13 para los municipios de Armería, Colima, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez del estado de Colima por la presencia de la Tormenta Tropical Manuel ocurrida los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2013. Por lo anterior expuesto, los integrantes de la comisión sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de las instancias que constituyen el Sistema Nacional de Protección Civil, sean agilizados y aplicados los recursos del Fondo Nacional de Desastres para los municipios del estado de Colima que aún se encuentra afectados por las excesivas lluvias que provocaron los fenómenos tropicales Ingrid y Manuel en el mes de septiembre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a treinta de octubre de dos mil trece.

La Comisión de Gobernación

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a emitir el decreto por el cual se cree como área de valor ambiental protegida el parque Reforma Social, en Miguel Hidalgo

Honorable Asamblea:

A la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y dictamen la proposición de punto de acuerdo, presentada por Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el dictamen de la proposición con punto de acuerdo señalada, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. A la comisión que suscribe fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 2797, que contiene la proposición con punto de acuerdo, presentada por Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, al pleno de la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 2013, en sesión ordinaria correspondiente al segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo.

2. El 9 de octubre de 2013, con el oficio número DGPL 62-II-1-1210, la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión remitió el expediente relativo para su estudio y dictamen a la Comisión del Distrito Federal.

3. Con fecha 12 de noviembre de 2013, en reunión extraordinaria de la Comisión del Distrito Federal se analizó y discutió el dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la proposición

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México puntualizan que las áreas verdes forman espacios públicos cuyo elemento principal es la vegetación.

El avance de la urbanización en la Ciudad de México ha repercutido en sus condiciones ambientales, por lo que resulta fundamental proteger, conservar sus condiciones e incrementar las áreas verdes urbanas, ya que desempeñan funciones esenciales para la calidad de vida de los habitantes.

(...) El cuidado, manejo y mantenimiento de las áreas verdes requieren el compromiso tanto de la sociedad como de las entidades gubernamentales vinculadas con ellas.

A decir de su proponente, “el reto es lograr que las áreas verdes, así como las áreas de valor ambiental, cumplan las limitaciones y modalidades al uso y destino que la ley establece”.

Señala también, entre las razones que motivan el presente punto de acuerdo, que según la Ley de Expropiación son casusas de utilidad pública las medidas para evitar la destrucción de los elementos naturales y daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad.

En el punto de acuerdo presentado, la legisladora plantea:

Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a emitir el decreto de área de valor ambiental parque Reforma Social, con la categoría de bosque urbano, y a destinar recursos del Fondo Ambiental Público etiquetados para la elaboración y ejecución del programa de manejo correspondiente.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a emitir el acuerdo para el establecimiento del Consejo Rector Ciudadano del área de valor ambiental parque Reforma Social.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a emitir la declaratoria de utilidad pública por la que se determina como causa de utilidad pública la expropiación a favor del Distrito Federal del predio conocido como Parque Reforma Social, en la colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo, para el establecimiento de una zona prioritaria para la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que por conducto de la Consejería Jurídica del gobierno del Distrito Federal haga valer las limitaciones y modalidades establecidas para todas las áreas de valor ambiental a fin de que en sus polígonos prevalezca la utilidad pública.

Considerando que

1. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar que la proposición con punto de acuerdo cumple los requisitos de procedencia, coincide y hace suyas sus preocupaciones y objetivos, en el sentido de salvaguardar un área de valor ambiental en la que se han registrado incluso enfrentamientos entre vecinos y grupo de personas que pretendían invadirlo.

A fin de proteger, incrementar y conservar las áreas verdes urbanas, ya que las necesidades son urgentes y requieren atención prioritaria, como es señalado en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Expropiación, así como la Ley Ambiental del Distrito Federal. Este último ordenamiento, modificado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de septiembre de 2013, cuya denominación ahora es Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y de cuyo texto se retoma el espíritu y sentido que la proposición presentada recoge.

2. Se tiene registro de que las autoridades del gobierno central y la delegación Miguel Hidalgo ya establecieron un monto que podrían pagar para la adquisición del parque Reforma Social. El gobierno del Distrito Federal tiene la intención de que la tutela privada pase a ser parte del patrimonio público o de la ciudad y se mantenga como parque público, mientras que el delegado Víctor Hugo Romo hace mención de que en cualquier escenario, ya sea permuta, compra o expropiación del predio reclamado por particulares, requieren recursos, por lo que ya se encuentran en contacto con la Cámara de Diputados para crear un fondo integrado en el Presupuesto de Egresos de 2014.

3. Prueba de lo anterior es que en su pasada comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, manifestó la viabilidad de expropiar el predio en cuestión para los fines que plantea la proposición que se dictamina.

4. Si bien los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con base en las consideraciones y los argumentos precedentes, coinciden en el fondo con la propuesta presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, no concuerdan con todos y cada uno de los planteamientos formulados, pues el segundo de ellos se considera improcedente y el cuarto es una consecuencia lógica de la declaratoria y causa de utilidad pública de la expropiación a favor del Distrito Federal del predio conocido como Parque Reforma Social, en la colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo, a fin de establecer una zona prioritaria para la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

5. De igual forma, y toda vez que uno de los ordenamientos invocados por la proponente fue objeto de modificaciones, es necesario que esta comisión, en la etapa de análisis y dictamen, perfeccione y subsane las imprecisiones encontradas, por lo que es correcto que con base en la legislación ambiental actual de la ciudad, se considere exhortar al Ejecutivo local para que en el ámbito de sus facultades expida el decreto por el cual se cree como área natural protegida el predio conocido como Parque Reforma Social, en la colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo de esta ciudad.

Por lo expuesto, con las consideraciones realizadas, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal resuelven que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con las modificaciones realizadas. Por ello se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a emitir la declaratoria de utilidad pública por la que se determina como causa de utilidad pública la expropiación a favor del Distrito Federal del predio conocido como Parque Reforma Social, en la colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo, a fin de establecer una zona prioritaria para la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que dentro de sus facultades emita un decreto por el cual se cree como área de valor ambiental protegida el parque Reforma Social, en la delegación Miguel Hidalgo de esta ciudad.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Staffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a gestionar la realización del maratón náutico del río Balsas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a gestionar la realización del Maratón Náutico del Río Balsas.

Con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción 1, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos del mencionado ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de la proposición, esta comisión somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

Con fecha 15 de octubre de 2013, el diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a realizar nuevamente el Maratón Náutico del Río Balsas.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara a la Comisión de Deporte de esta Cámara de Diputados, la cual fue recibida al día siguiente, 16 de octubre de 2013.

II. Contenido

El diputado proponente señala que uno de los eventos más importantes que la Conade ha promovido con el objetivo de fomentar el deporte y la cultura física, fue el Maratón Náutico del Río Balsas en Guerrero, celebrado por primera vez en el mes de marzo del año 1970, destacando que a partir de entonces se llevó a cabo durante 40 años de manera ininterrumpida, hasta el año 2010.

Este evento, indica el diputado, no se ha vuelto a realizar, impactando de manera negativa a Guerrero, sobre todo por la actual situación por la que atraviesa, posterior al fenómeno meteorológico que afectó gravemente su industria turística y que requiere para reactivarla.

Su propuesta de recuperar la realización de este importante evento, considera el diputado, ayudaría de manera significativa para activar la economía de la región más afectada.

III. Consideraciones

Primera. El pleno de esta Comisión de Deporte, coincide con los argumentos presentados por el diputado Manuel Añorve Baños, y se manifiestan a favor de poder brindar su apoyo a esta región afectada por el fenómeno meteorológico.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, licenciado Jesús Mena Campos, para que, dentro del ámbito de su competencia, gestione la realización nuevamente el Maratón Náutico del Río Balsas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2013.

La Comisión de Deporte

Diputados: Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Flor de María Pedraza Aguilera, Regina Vázquez Saut, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Gabriela Medrano Galindo, Francisco Alberto Zepeda González, Eligio Cuitláhuac González Farías, Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría, Rafael González Reséndiz (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Alejandra López Noriega, María Isabel Ortiz Mantilla, Ponciano Vázquez Parissi, Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Rosa Elia Romero Guzmán, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica).