Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conade a investigar la presunta comisión de responsabilidades administrativas del subdirector general del Deporte y funcionarios involucrados; y a la SHCP, a liberar los recursos aprobados en el PEF de 2013 para infraestructura deportiva, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN

Jorge Rosiñol Abreu, diputado de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, artículo 79, fracción II, numeral 1, y fracciones I, II y III del numeral 2, del Reglamento de La Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, que instruya al Contralor Interno con la finalidad de investigar la presunta comisión de responsabilidades administrativas del titular de la Subdirección General del Deporte y funcionarios involucrados y, en su caso, imponga las sanciones aplicables en los términos de la ley, asimismo, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que proceda a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

Para que cualquier gobierno pueda cumplir con sus funciones, es indispensable el poder contar con los recursos suficientes y necesarios. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detalla en lo que conocemos como Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, este gasto público es utilizado por el gobierno federal con la finalidad de cubrir las siguientes demandas de la población:

- Proporcionar servicios educativos y de salud; construir carreteras y vivienda; construir espacios públicos de recreación, esparcimiento, deportivos y culturales, apoyar el desarrollo del campo; generar y distribuir electricidad; garantizar la soberanía y seguridad nacional; procurar e impartir justicia; desarrollar actividades legislativas; transferir recursos a los estados y municipios; sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre algunos otros.

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, el cual es aprobado por esta soberanía.

Corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano y que impulsen la integración de una cultura física sólida. Para ello, la Conade, dispone de recursos presupuestales federales, el cual, como ustedes saben, corresponde a esta honorable Cámara de Diputados aprobar anualmente, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, fueron aprobados por esta Cámara, recursos etiquetados para realizar infraestructura deportiva, sin embargo como todos conocemos, este nuevo gobierno federal no ha ejercido los recursos autorizados por la Cámara de Diputados generando así un subejercicio sin precedente en la historia de México de más de 40 mil millones de pesos.

En días pasados el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno, subdirector general del Deporte, quien es el encargado del área donde se erogará la tercera parte del presupuesto federal deportivo de este año y quien antes de asumir tan importante puesto público, se desempeñó como secretario del Comité Ejecutivo Independiente del ISSSTE, subdirector de Cultura Física en el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, y jefe del Departamento de Educación Física del Valle de Toluca en el estado de México. En otras palabras: un digno representante del grupo político del PRI mexiquense sin experiencia previa en el manejo de infraestructura deportiva, envió el memorándum SGD/192/2013, para que no sean fondeados, es decir, entregados los recursos públicos, de los proyectos de infraestructura deportiva que fueron etiquetados en ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal de 2013, por esta Cámara de Diputados, en beneficio de los municipios de Carmen, Campeche, Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, de Veracruz; Camargo, Tamaulipas; Tonila, Jalisco; Joquicingo y Zacualpan del estado de México y Choix de Sinaloa y que, en conjunto, suman la cantidad de 17 millones 139 mil 950 pesos. Ocho de 10 municipios son, casualmente, gobernados por el Partido Acción Nacional. El argumento es que “por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Habría que preguntarle al doctor Luis Videgaray, si giró esas instrucciones.

Con este memorándum, prácticamente, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, están derogando un mandato de este soberano Poder Legislativo, liquidando la división de poderes que rige nuestra República y traicionando la confianza depositada por la Junta Directiva y su director general para que promoviera el deporte, no para impedir que el mismo se practique en instalaciones deportivas dignas, como las que fueron aprobadas para estos municipios. Además se está incurriendo en responsabilidades administrativas, las cuales deben ser investigadas por el órgano de control interno de la Conade y evitar que se consume, con total impunidad, éste atentado a la voluntad de esta soberanía.

Es ya una práctica recurrente en esta dependencia incurrir en actos de corrupción y favoritismo partidista, ya que en días pasados el ex Subdirector General de Administración de la CONADE, también integrante del PRI mexiquense, Alberto Leger Meza, fue cesado, de manera atinada y oportuna, por el actual director de la Conade, porque no supo presentar de forma correcta y oportuna, la documentación correspondiente para que la Secretaría de Hacienda entregara el dinero de la partida presupuestal asignada por la Cámara de Diputados, además de los actos de corrupción en que incurrió, entre otros, con los servicios de limpieza y de seguridad de esa dependencia federal deportiva.

No existe, en el artículo 13 del Estatuto Orgánico de la Conade, disposición jurídica alguna que le otorgue a la subdirección general del Deporte, la facultad de ordenar la cancelación presupuestal de proyectos de infraestructura deportiva, y mucho menos, si éstos son por mandato presupuestal de laCámara de Diputados.

¿Será acaso que el licenciado Juan Manuel Garduño Moreno quiere desviar esos recursos federales autorizados a ayuntamientos panistas para entregárselos a ayuntamientos gobernados por el partido político que gobierna? o ¿será que el secretario de Hacienda y Crédito Público, sin fundamento en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se está convirtiendo, de facto, en un “súper legislador” que puede, a su libre arbitrio, derogar la voluntad de esta soberanía popular?

Habría que recordarles a estos funcionarios de la administración pública federal, que el Constituyente de 1917 estableció, con claridad meridiana, la división de poderes y que, por ende, ningún poder público se puede sobre poner a otro.

¿Dónde quedan los compromisos del titular del ejecutivo de gobernar para todos y con todos los mexicanos sin distingo de partido? ¿Dónde queda su promesa de gobernar con plena democracia? México conoció por primera vez en su historia a través de Acción Nacional cómo se gobierna con plena democracia. Por primera vez, los gobernadores y el jefe de gobierno, así como también los Poderes de la Unión no estuvieron sujetos a las decisiones y mando del presidencialismo monárquico ejercido por el PRI, pues los gobiernos emanados del PAN no sólo permitieron la democracia, sino que además; incrementaron las partidas presupuestales en los Presupuestos de Egresos a todas y cada una de las entidades federativas en beneficio de los más necesitados.

Así, por lo expuesto y, toda vez que se trata de la aplicación de recursos federales aprobados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal del presente año, y tomando en consideración que estamos a pocos días de haber aprobado el Presupuesto federal para 2014, someto a su consideración la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que instruya al Contralor Interno, con la finalidad de investigar y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados por la presunta comisión de responsabilidades administrativas hechas por el titular de la subdirección general del Deporte, en el desempeño de sus facultades y atribuciones y, en su caso, imponga las sanciones aplicables en los términos de la ley.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que procedan a liberar los recursos destinados a la infraestructura deportiva aprobados para infraestructura deportiva que fueron etiquetados en ampliación presupuestal, para el ejercicio fiscal de 2013, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en beneficio de los municipios de Carmen, Campeche; Ozuluama de Mascareñas, Tlacotalpan y José Azueta, de Veracruz; Camargo, Tamaulipas; Tonila, Jalisco; Joquicingo y Zacualpan del estado de México y Choix, Sinaloa por un monto de 17 millones 139 mil 950 pesos, en beneficio de la comunidad deportiva de esa demarcaciones territoriales,

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de noviembre de 2013.

Diputado Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, de la SHCP y de la Sagarpa a gravar nuevamente con una tasa de 20 por ciento, mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia), a cargo del diputado Genaro Ruiz Arriaga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Genaro Ruiz Arriaga, diputado federal por el distrito 3 con cabecera en Tuxpan, Veracruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, se grave nuevamente con una tasa de 20% el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia).

Consideraciones

El artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; y que el Ejecutivo Federal podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país”.

Por su parte, en el artículo 4, fracción I, de la Ley de Comercio Exterior se establece que es facultad del Ejecutivo federal “crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De igual manera, el artículo 34, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, contempla que corresponde a la Secretaría de Economía “formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal; en tanto la fracción III, le faculta para establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes; y a su vez la fracción V, le obliga a estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los Artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior”.

En el ejercicio de estas facultades, el pasado 15 de mayo de 2013, el Titular del Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que cancela el gravamen impuesto de 20 por ciento por kilogramo a la importación de limón persa publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007, el cual a su vez derogó el de fecha 18 de enero de 2002, que establecía un régimen arancelario de 23 por ciento a la introducción a nuestro país del Limón sin Semilla.

El decreto en cuestión forma parte de la medida emergente y necesaria establecida por el gobierno federal para ampliar la oferta a la población y disminuir el precio del cítrico, ante condiciones climáticas y sanitarias adversas como las heladas y la plaga huanglongbing o HLB, que se venían presentando en diferentes regiones del país para la producción de algunos frutos, entre estos las distintas variedades de limón, que motivaron un significativo incremento de los precios.

Es importante comentar que la variación en el precio de la Lima Persa en nuestro país también obedece al ciclo natural de este cultivo, que se cosecha todo el año con mínimos en la temporada invernal, de noviembre a marzo, y máximos entre los meses de mayo y septiembre, fechas en las que el producto llega a bajar en su precio considerablemente, como ejemplo podemos destacar que el promedio por kilo pagado al productor en el 2012 fue de 6.9 pesos en subasta, de acuerdo con datos del Sistema Producto Limón Persa, pero en el mes de mayo de 2013 bajó incluso hasta 1.50 pesos el kilogramo.

Precios pagados al productor en 2012, según Sistema Producto Limón Persa

El costo de producción de un kilogramo de limón se estima en 1.70 pesos, es decir de mayo a octubre el productor pierde un poco de dinero, pero de noviembre a abril este tiene un precio promedio de 10.65 pesos en campo y es ahí donde se compensa de la temporada baja y logra equilibrar su economía.

Otro factor que adicionalmente contribuyen a generar el problema es la distorsión del precio que hacen los acaparadores, intermediarios y las grandes cadenas de autoservicio, quienes sin razón, en las mismas fechas en que se canceló la medida arancelaria, aumentaron los precios del cítrico hasta alcanzar los 17 pesos por kilogramo, con un margen de 15.50 pesos que los productores no recibieron, pero que los consumidores finales sí tuvieron que pagar.

Todos estos datos han sido considerados durante dos reuniones con funcionarios del gobierno federal, la primera el pasado 19 de junio con el Subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, y la segunda, el 28 de junio con el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, con quienes se ha coincidido en que de continuar vigente la medida habría un impacto en la economía del 100 por ciento de los productores, debido a los ciclos climatológicos invertidos entre el hemisferio norte y el sur, lo que incide directamente en la producción.

Por ejemplo, en Brasil los meses de más calor se registran de noviembre hasta marzo y pueden alcanzar los 30 ºC (86 F), en cambio, durante los meses de junio, julio, agosto y la mitad de septiembre, los días dejan de ser cálidos ya que el invierno se hace presente en ese hemisferio, suele hacer bastante frío y las temperaturas bajan a los 6º C, exactamente lo contrario de lo que ocurre en México, en donde de manera natural la producción disminuye, pero de ninguna manera hay escases.

Brasil cuenta con 100 mil hectáreas sembradas de Lima Persa desde hace 3 años y 25 años de experiencia en manejo de inocuidad y trazabilidad de sus productos agrícolas, en tanto que Perú tiene 55 mil hectáreas de Limón Mexicano y podrían inundar el mercado mexicano con su producto.

Es así que en nuestro país son 7 meses en los que se aplica el 60% de la inversión, para producir 2,400 millones de pesos en el invierno que es cuando el precio se recupera para el productor, pero de continuar con la apertura de las fronteras se vendría a afectar en las próximas semanas gravemente a toda una cadena agroalimentaria que funciona de manera eficiente.

Los cítricos son los frutales más importantes en México, con un valor de la producción de casi 10 mil millones de pesos, más de la cuarta parte son aportados por el limón persa con sus 96 mil hectáreas sembradas en territorio nacional, de las cuales Veracruz cuenta con el 66% de la superficie sembrada y Tabasco con el 19%, ambos con un total de 75% de la producción nacional.

Existen 19,000 productores de lima persa en el país, que en promedio cuentan con 5 hectáreas que tienen un rendimiento de 14 toneladas por unidad, actividad que genera 4.5 millones de jornales anuales, lo que representa 46.8 jornales por hectárea, pero además 700 mil empleos temporales (7.2 jornales/Ha-poda) y 1 millón 400 mil empleos indirectos (cosecha y cadena)

Con sus 600 mil toneladas cosechadas al año, el Estado de Veracruz aporta una parte muy importante del millón 152 mil toneladas de limón persa que se producen a nivel nacional, que convierten a México en el país con la mayor producción de éste cítrico en el mundo.

Pero Veracruz no sólo cuenta con el primer lugar en la producción de limón persa a nivel nacional y mundial, con 68% de la misma, sino que además en territorio veracruzano se asienta más del 80% de la industria de la transformación que se da a la tarea de procesar éste producto, con 84 de las 107 empacadoras del país, además de jugueras, deshidratadoras, enceradoras, etcétera.

La industria representa para el país divisas por el orden de los 4,500 millones, de los cuales 3,200 son de Veracruz, lo que es posible gracias a que 11 mil productores de esta entidad cultivan casi 45 mil del total de las 96 mil hectáreas sembradas de limón persa en 17 estados del país.

En prospectiva de la situación que se generará de no volver a instalarse el arancel del 20%, es que se verán afectados los productores nacionales ya que el mercado podrá ser utilizado por los productores extranjeros, por ser un mercado atractivo y sin trabas que les permitirá usar estrategias de precios bajos y desplazar así a los productos nacionales, afectando al millón 400 mil empleos que se generan, obligando a los productores a no invertir en su producción y ocasionando un caos general del mercado mexicano.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 4, fracción I, de la Ley de Comercio Exterior, se grave nuevamente con una tasa de 20% el arancel de importación del limón persa (Citrus latifolia) mediante la modificación de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2013

Diputado Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades sobre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante poco más de una década el estado mexicano ha sido marcado por una ola de violencia, sangre y miedo que continúa expandiéndose por todo el territorio nacional como consecuencia inmediata de la pésima estrategia de seguridad comandada por el Ejecutivo federal, con el objeto de contrarrestar, la cada vez mayor injerencia del crimen organizado en diversos sectores.

El clima de inseguridad que se vive en el país es arrollador, tan es así que actualmente, según lo revela el informe de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE), la inseguridad y la delincuencia son de los principales problemas que aquejan a la población del país, sólo después del desempleo.

El mes de diciembre de 2012 fue calificado como el mes más violento, ya que en él murieron un total de mil 214 personas, es decir, 51 humanos ejecutadas por día.

El dominio de diversas asociaciones del crimen organizado en buena parte de los estados de la Republica, y la falta de reacción por parte del estado, han tenido como resultado la proliferación de organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la cual es una institución popular, autónoma y voluntaria de control territorial, vigilancia comunitaria y administración de justicia a escala regional.

Con más de 18 años de historia, la CRAC-PC actualmente aglutina aproximadamente a 20 mil habitantes de diversas comunidades, así como aproximadamente a mil 300 policías comunitarios de la costa chica y la montaña de Guerrero.

Este tipo de organizaciones encuentran su razón de ser en la incapacidad del estado de cumplir con uno de sus encargos primarios, el que tiene que ver con la seguridad, y en el caso particular de esta comunidad, tiene desde 1995 operando, por lo que no es novedad su actuar por lo que hace a la justicia y seguridad de estas zonas del estado.

Esta agrupación, que surgió de la necesidad de la comunidad misma para brindarse seguridad, ha sufrido hostigamiento por parte del gobierno del estado, por pronunciarse a favor de diversas causas justas e importantes para sus habitantes.

A últimas fechas, las personas que brindan sus servicios en la Casa de Justicia de El Paraíso en la localidad de Tixtla, han sido objeto de hostigamiento por parte del gobierno estatal, derivando en detenciones arbitrarias como la fraguada en contra de Nestora Salgado García, el pasado 21 de agosto de 2013, Coordinadora Regional del Municipio de Olinalá, bajo los cargos de secuestro y tortura, de los que es pertinente decir que se trata de cargos infundados.

Cabe destacar que a partir de la fecha antes mencionada, y de diversas posiciones de la comunidad en contra de las mineras y a favor de los maestros, los colaboradores de la CRAC-PC en Tixtla, han vivido un acoso interminable por parte de las fuerzas armadas federales, estatales y municipales.

Otro de los hechos que más ha tenido impacto para los compañeros de la Casa de Justicia de El Paraíso, fue la detención de Gonzalo Molina González, el pasado día 6 de los corrientes, cuando alrededor de 100 policías ministeriales con exacerbada violencia detuvieron a este promotor, bajo los cargos de terrorismo, lesiones, privación de la libertad personal y robo agravado, y lo trasladaron a un centro de reclusión federal en la ciudad de Oaxaca.

No podemos dejar de señalar que después de 18 años de operación ininterrumpida por parte de la Coordinadora Regional de Comunidades Comunitarias, sea ahora en este contexto que se inicien todo tipo de averiguaciones y persecuciones en su contra, por lo que nos parece que puede existir un trasfondo político estatal encubierto.

Resulta importante señalar, que a lo largo del presente año, se han instalado mesas de negociación con el gobierno del estado, con el objeto de dar cauce a las inquietudes de ambas partes, y a pesar de ello, se ha agraviado a la parte más débil, al tener detenidos al día de hoy a 13 compañeros de estas comunidades, bajo cargos sin sentido y que sólo han permitido el incremento de diversos tipos penales en los municipios integrantes de la Coordinadora Regional.

En atención a lo ya mencionado, consideramos necesario que bajo la legislación aplicable tanto nacional como internacional para este tipo de organizaciones, se garanticen los derechos fundamentales de los integrantes de éstas, ya que su labor debe ser vista como coadyuvante en la procuración y prevención en materia de seguridad publica en el estado.

Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus facultades realice las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades en los casos de Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina, los cuales fueron detenidos injustamente en Tixtla, Guerrero, en flagrante violación a sus derechos fundamentales.

Segundo. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus facultades acumule y atraiga los expedientes de Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina, los cuales recibieron flagrantes violaciones al debido proceso establecido en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que revise el carácter de presos políticos que sufren Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina, y se determine su inmediata liberación, así como las responsabilidades de los funcionarios públicos encargados de este atropello.

Cuarto. Se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero, para que cese el clima de persecución y violencia contra las comunidades y organizaciones en el territorio guerrerense; y que se privilegie el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación de los días 20 de marzo y 19 de agosto del 2013, para el caso particular.

Quinto. Se exhorta al gobierno federal y los gobiernos estatales, para que en el marco de sus competencias, cese la persecución y violencia en contra de las comunidades y sus organizaciones, en todo el territorio nacional.

Dado en el Salón Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

(Rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a su Presidencia a homologar los criterios para la colocación de propaganda partidista en tiempos de elecciones estatales y federales, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada federal Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años la Democracia mexicana ha sufrido múltiples cambios y diversas modificaciones en la organización de sus elecciones. En nuestro país un alto porcentaje de los procedimientos para elegir a nuestros representantes a ocupar cargos de elección popular se caracterizan por intensas pugnas ante los tribunales electorales con motivo de inconformidades de parte de los partidos políticos participantes en dichos procesos.

De acuerdo con diversos autores como José Woldenberg y Ricardo Becerra el proceso electoral se puede entender como:

[...] la condición y la expresión práctica de la democracia. En el proceso electoral se manifiestan las preferencias de los ciudadanos de una determinada comunidad política; está constituido por una serie de etapas en las cuales tiene lugar, característicamente, la designación de los titulares del gobierno y del Poder Legislativo. [...] En él se manifiestan las opciones, las ideas y la fuerza de los actores (partidos y agrupaciones) que aspiran al gobierno o a los cargos legislativos, pero también y sobre todo en el proceso electoral cristaliza la participación y la decisión de los ciudadanos en torno a quienes deben ser sus gobernantes y legisladores.1

De igual manera el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) define al proceso electoral federal como el conjunto de actos ordenados por la Constitución y el propio código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.2

Cabe señalar que las etapas que conforman al Proceso Electoral de acuerdo al Cofipe3 son las siguientes:

* Preparación de la elección

* Jornada electoral

* Resultados y declaraciones de validez de las elecciones y;

* Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo.

Por lo anterior debemos comprender que múltiples son los problemas que se encuentran alrededor de un Proceso Electoral en nuestro país. Numerosos son los obstáculos a sortear durante cada una de las etapas que conforman las elecciones en México. Motivo por el cual se hace cada año más necesario la aplicación de criterios normativos que logren establecer un sistema electoral más integral y uniforme acorde a los avances que la sociedad sufre a diario.

Ante este contexto la regulación de la propaganda electoral que utilizan los partidos políticos para difundir sus propuestas no es la excepción. De hecho en la actualidad lamentablemente esta regulación no encuentra una normativa eficaz ante su crecimiento desmedido. Los procedimientos regulatorios para la difusión de la propaganda política ha quedado sujeta al ámbito estatal dejando de lado la intervención del IFE (Instituto Federal Electoral) como organismo rector de la aplicación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en cada una de las etapas arriba señaladas.

De acuerdo al artículo 228 del Cofipe4 se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Por lo anterior, sabemos que la normativa federal tipifica de manera clara la variedad de demostraciones partidistas que tienen como objetivo manifestar alguna preferencia política sobre un candidato o candidatos. Pero su aplicación no tiene un criterio uniforme a nivel nacional.

Dicha normativa delimita perfectamente los espacios geográficos sobre los que habrán de exhibirse estos materiales propagandísticos sin perjudicar el desarrollo de las actividades productivas de cualquier comunidad en el territorio nacional. El problema es que de manera paralela también existen códigos electorales estatales cuyos criterios operativos son distintos al Cofipe. Tal situación no puede continuar operando de esta forma ya que genera confusión en la colocación de la propaganda electoral en cada uno de los distritos electorales a nivel nacional.

Por lo anteriormente señalado se propone que las autoridades electorales homologuen los criterios operativos para la colocación y la exhibición de los materiales propagandísticos partidistas a través de la ejecución del artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dicho artículo tiene como objetivo principal preservar el ordenamiento estructural de las principales vías de comunicación de las diversas demarcaciones geográficas distribuidas a nivel nacional. En el artículo antes citado se menciona sobre la distribución de los materiales propagandísticos lo siguiente:

Artículo 236

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.

2. Los partidos, coaliciones y candidatos deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos promocionales materiales que no dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural. Sólo podrá usarse material plástico.

Ante esta situación respaldo el compromiso que las y los legisladores del PRI han manifestado a través de su apoyo al Pacto por México en cuyo documento se manifiesta la voluntad de los firmantes para consolidar una adecuada reglamentación electoral desapareciendo de esta forma los tópicos5 regionales en la regulación de la propaganda política a lo largo del proceso electoral.

Con la homologación de los criterios para la colocación de la propaganda partidista en tiempos electorales la ciudadanía de todos los estados de la república obtiene beneficios inmediatos en las condiciones de su entorno social al poder transitar sobre calles y avenidas principales, sin basura generada por los partidos políticos y sus simpatizantes, además de demostrar una concientización sobre las problemáticas ambientales en el país.

Por lo anteriormente señalado pongo ante ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo, en la que se exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral y a su Consejero Presidente homologar los criterios para la colocación de propaganda partidista en tiempos de elecciones estatales y federales a través de la aplicación nacional del artículo 236 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Notas

1 http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/libro_proceso_electoral.pdf
2 http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/libro_proceso_electoral.pdf
3 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_921_26-04-2006.pdf
4 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_921_26-04-2006.pdf
5 http://es.thefreedictionary.com/t%C3%B3pico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

Diputada Irma Elizondo Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal que instaure medidas a fin de fortalecer el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo de la diputada Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal que instrumente medidas para fortalecer al programa de estancias infantiles, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, la demanda del servicio de guarderías para los hijos de las madres trabajadoras ha crecido notablemente en los últimos años. De acuerdo con las cifras disponibles de Encuestas Nacionales de Empleo y Seguridad Social, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la última década se ha duplicado la proporción de niños de 0 a 6 años que son atendidos en guarderías públicas.

Este crecimiento está relacionado con diversos factores socioeconómicos, como son: la incorporación paulatina de las mujeres al mercado laboral (las tasas de participación económica femenina (pasó de 16.4 por ciento en 1970, a 43.4 por ciento en 2011),1 el aumento del nivel de escolaridad de las mujeres; el crecimiento del número de mujeres como jefas de familia; el aumento del número de divorcios, y el número cada vez mayor de madres solteras, entre otros.

Para hacer frente a esta situación, a partir de 2007 nace el programa Estancias Infantiles, para apoyar a madres trabajadoras con el propósito de abrir espacios a los hijos, hijas de madres trabajadoras, para que puedan recibir atención y cuidado, mientras ellas trabajan bajo un esquema de participación ciudadana. Son estancias diseñadas para que estén ubicadas en la misma colonia, en el mismo barrio, para evitar grandes traslados.

En los últimos cinco años, el gobierno en turno, preocupado por el bienestar de los niños y de las madres trabajadoras, abrió más de 9 mil 500 estancias infantiles. En este lapso se abrieron más estancias infantiles que todas las guarderías y estancias que se abrieron en México en todo el siglo XX. Así, hoy, ya son cerca de 10 mil responsables o dueñas de estancias, que emplean a 44 mil personas de apoyo de manera directa. Las mujeres, fundamentalmente, que laboran en las estancias infantiles, tienen un ingreso digno, cuidando a las niñas y a los niños de otras mujeres.

Actualmente hay 260 mil madres que se han incorporado al mercado de trabajo y que no hubieran podido hacerlo sin las estancias infantiles, y hay 250 mil niños atendidos, ya son un millón de niños, que pasaron por las estancias infantiles y que ya van a la primaria o al kínder.

Este es un programa muy noble y que ha demostrado ser exitoso, incluso fue premiado con el segundo lugar mundial del Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2012, dentro de la categoría Promoviendo el Enfoque de Género en la Provisión de los Servicios Públicos.

No obstante, al día de hoy el programa se encuentra en riesgo de no continuar con sus operaciones. Se trata de un tema de sustentabilidad financiera, ya que actualmente las encargadas de las estancias reciben 850 pesos por niño (durante 4 años este monto fue de 700 pesos). Con estos recursos se deben cubrir todos los costos: nómina (se requiere de un asistente por cada 8 niños), impuestos, el pago de la seguridad social de la maestras, educadoras, y asistentes nuevo requerimiento que resulta bastante oneroso para las responsables de las estancias, insumos de alimentos, material didáctico, juguetes, seguro de responsabilidad civil, renta, teléfono, luz, agua, gas, artículos de limpieza, gastos de oficina y capacitación.

Por considerar que el pago que realiza por cada niño de las estancias infantiles es insuficiente, considerando los costos de operación, bajo estas condiciones y para no quebrar, se requeriría de un aumento de aproximadamente mil pesos en el apoyo económico que se recibe por niño, que si bien podría parecer considerable, basta recordar que este es el promedio del costo por niño en las guarderías subrogadas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es de mil 800 pesos, y en muchos casos esta cifra alcanza los 2 mil 300 pesos, monto que incluso todavía es menor a los costos que tienen las guarderías operadas directamente por el IMSS que superan los 4 mil pesos por niño.

De no tomarse en consideración que aqueja a la mayoría de las estancias infantiles, particularmente a las pequeñas que se encuentran en las localidades más pequeñas que atienden a las madres que más lo necesitan, se corre el riesgo de que muchas de ellas tengan que cerrar – tan sólo en mi estado, Colima, 50 por ciento de las estancias infantiles se encuentran en esta situación, además lo que es más importante, hay miles de niños que se quedarían sin cuidado, alimentación y atención. Las madres y padres de estos niños tendrían que dejar de trabajar para poder atender a sus hijos, teniendo como consecuencia una inestabilidad económica en sus hogares.

El programa es también la única fuente de ingreso de muchas de las responsables y asistentes que tienen hijos y familia que mantener. Quedarían desempleadas tanto las responsables como las asistentes.

Compañeros legisladores, apelo a la sensibilidad de este Congreso para que apoyen el presente punto de acuerdo porque hoy, gracias a programas como el de Estancias Infantiles, las niñas y los niños tienen más que nunca oportunidades para aprender a convivir, a nutrirse bien y dejar que sus mamás puedan ir a trabajar. Con Estancias Infantiles se ha permitido que miles y miles de familias, (ya casi son un millón de madres) hayan tenido la oportunidad de ir a buscar un trabajo, sin el apoyo de Estancias Infantiles hubiese sido imposible esto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se instrumenten las medidas necesarias a fin de asegurar la permanencia y sustentabilidad del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y a otorgar un incremento en el apoyo económico que se entrega a las responsables de las estancias.

Nota

1 IMSS. Memoria Estadística 2011.CapítuloXIGuarderías. http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/memoriaestadistic a.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

Diputada Patricia Lugo Barriga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, de la SEP y de la Sedesol a promover una estrategia conjunta para combatir la obesidad y el sobrepeso infantiles, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática del estado de Oaxaca de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes.

Consideraciones

En el último año nuestro país ha estado brincando del primer al segundo lugar en obesidad infantil, superados o superando en esas variantes a los Estados Unidos de Norteamérica.

Los malos hábitos alimenticios y en combinación con el incremento de consumo de comida chatarra, así como la falta de actividad física y una bomba mediática de productos con poco valor nutrimental son factores que abonan al incremento de niños con problemas de obesidad.

El incremento de problemas de obesidad en los infantes mexicanos es ya un problema de salud pública, las cifras deben ser analizadas con visión de largo plazo, pues si bien la afectación de obesidad infantil es ya un problema serio se debe analizar el planteamiento de la etapa de niñez hacia la juventud, pues esos niños–jóvenes, podrían encontrarse en un futuro inmediato en situación de enfermedad e incluso de incapacidad laboral.

Hoy en día se cuenta con evidencias que señalan que el sobrepeso y la obesidad incrementan los riesgos de sufrir enfermedades del corazón y diabetes mellitus, en edades cada vez más prematuras.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensaut) del año 2012 señalo el 26.6 por ciento de los niños varones del país sufre obesidad y 20.8 por ciento sobrepeso.1

La misma encuesta citó que el porcentaje de niñas con obesidad es de 20.2 y el 19.7 por ciento con sobrepeso.

Es perturbador el análisis de personas con diabetes –en un esquema de relación entre obesidad y sobrepeso– pues la Ensaut informo que existen en nuestro país cerca de 13 millones de personas con esa enfermedad, de las cuales solo 6.4 millones están diagnosticadas, es decir el 50%.

Otra encuesta denominada Encuesta Nacional de Coberturas, realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que uno de cada cuatro niños de entre 5 y 11 años de edad tiene sobrepeso u obesidad.

Con esta cifra se deduce que el 25 por ciento de los niños en el rango de edad anteriormente señalado padecen de hipertensión, esto incrementa los riesgos de sufrir un ataque cerebrovascular, esto es preocupante pues los menores están conviviendo con enfermedades que antes eran propias de adultos.

La obesidad se está catapultando como un detonador de bullyng escolar, sobre todo en primaria y secundaria provocando trastornos depresivos, ansiosos, baja autoestima e incomodidad con la imagen corporal.

La obesidad es generadora de problemas personales en lo individual como colectivamente, es decir es un problema social, promueve una disminución de la calidad de vida y costos de salud elevados, estos últimos para el afectado y colectivamente para el gobierno.

Es necesario partir de que se requiere de la participación de la sociedad en su conjunto, pues de ello depende mejorar los índices crecientes de niños obesos.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunto con la Academia Nacional de Medicina señaló que es necesario aplicar una estrategia que comprenda:

• Vigilar el entorno escolar sobre todo ser muy cautelosos en lo que comen los niños.

• Implementar como rutina la actividad física, que en las aulas se aplique una enseñanza de contenidos sobre alimentación con la cual los niños puedan convivir.

• Principalmente que en el seno familiar se participen la mejora de los hábitos alimenticios.

“La obesidad infantil es un problema serio de salud que debe interesarnos a todos, puesto que en un futuro, también nos afectará como sociedad”.2

Gran parte de responsabilidad recae en los adultos, por ello es que como responsables de nuestra niñez debemos sentar las bases para lograr niños sanos, físicamente, emocionalmente y mentalmente.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaria de Salud, a la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Desarrollo Social para que promuevan una estrategia conjunta para el combate de la obesidad y sobrepeso infantil.

Notas

1 http://ensanut.insp.mx/

2 http://www.fundacionunam.org.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de noviembre de 2013.

Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a cumplir mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública las propuestas de la CNDH sobre seguridad pública, enmarcadas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Organización de los Estados Americanos “el concepto de seguridad pública ha venido a ser entendido a partir de una perspectiva más compleja que en décadas pasadas. Las amenazas de seguridad van más allá de la esfera militar tradicional para incluir problemas que tienen un impacto directo en la vida de las personas, como son la violencia de pandillas, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, las armas de fuego, o de seres humanos.”1

En México, dicha materia se encuentra enmarcada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Asimismo, estipula que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.Es así que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) “es la instancia que sienta las bases de coordinación, así como la distribución de competencias, en materia de seguridad pública, entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública, siendo este último la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas”2 y tiene como misión “articular y coordinar a las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno a través de establecer directrices, alinear las políticas públicas, establecer sistemas de planeación estratégica, así como de evaluación y transparencia, constituyéndose en un Sistema confiable, legítimo y eficaz, buscando el respeto a la integridad física, moral y patrimonial de las personas y sociedad, facilitando con ello su desarrollo y plenitud.”3 El SNSP tiene dentro de sus atribuciones:

• Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública.

• Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia.

• Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública.

• Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública.

• Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, entre otras.4

De tal forma que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conviene que “el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas”. Sin embargo y pese a la existencia de tal Sistema y de los trabajos que buscan una real coordinación en los tres niveles de gobierno y diversas dependencias en la materia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que “el sistema de seguridad pública, a partir de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impulsadas en los años noventa y hasta 2008, fue orientado sobre la base de un endurecimiento del marco jurídico, así como de la ampliación de las facultades de las policías y los ministerios públicos, a efecto de obtener mejores resultados en la materia; sin embargo, el desempeño obtenido fue contrario a lo esperado: menores logros y eficiencia institucional, ante la presencia de uno de los episodios de mayor impunidad y violencia de nuestro país.”5

Aunado a ello, la CNDH menciona que “el problema de toda esta inflación legislativa es que, lejos de propiciar un clima de convivencia pacífica entre los individuos y sus instituciones, ocasionó un recrudecimiento de la violencia. El reto ahora, por tanto, es hacer efectivo el marco jurídico vigente que, aún cuando pudiera ofrecer un diseño adecuado, en la realidad no corresponde a la dinámica tradicional de las instituciones y a la formación profesional de sus operadores jurídicos.”6

A la par que “aproximadamente 15 de cada 100 delitos (1.5 millones) que se comenten en México son denunciados (cifra negra del 85%) y solamente el 1% es perseguido por las Procuradurías Generales de Justicia; llegando a sentencia condenatoria escasamente el 1%, lo cual se traduce en un 99 % de impunidad, que reflejado en los casi 29,800 internos que ingresaron a la totalidad de los centros de reclusión en el país, tanto por la comisión de delitos federales como estatales, muestra el alto índice de impunidad que prevalece.”7

Ante tal situación, la CNDH presentó en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 las siguientes propuestas en materia de seguridad pública.

a. Educación. Mejorar y ampliar la formación en derechos humanos a todos los servidores públicos que intervienen en acciones de seguridad pública.

b. Capacitación y certificación. Capacitar eficazmente al personal respecto de los protocolos y lineamientos de actuación en la materia, e impulsar para ello, una mayor coordinación de las instancias que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública y lograr una certificación en el conocimiento de los derechos humanos para prevenir las violaciones a los mismos.

c. Promoción. Promover una mayor cultura de la legalidad a fin de eliminar espacios de corrupción, establecer una política pública en donde la lucha contra la impunidad sea una prioridad e impulsar campañas nacionales para reducir la violencia y prevenir el delito.

d. Controles. Fortalecer los programas de inspección, supervisión, recepción e investigación de quejas, atención a las recomendaciones y denuncias, en contra de los servidores públicos que abusen del poder.

e. Atención a la denuncia. Favorecer un mejor desempeño en la recepción de denuncias, la investigación de los delitos y la consignación de los responsables de los delitos.

Por último, resulta urgente considerar que las acciones relativas a la seguridad pública en el país se encuentran enmarcadas en un grave contexto de corrupción, impunidad, violencia e inseguridad que ha provocado que los mecanismos existentes no se apliquen con estricto apego a la ley, desembocando en una falta de respuesta por parte del gobierno mexicano, por ello presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que por medio del Sistema Nacional de Seguridad Pública cumpla con las propuestas realizadas por la CNDH en materia de seguridad pública enmarcadas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013.

Notas

1 http://www.oas.org/es/temas/seguridad_publica.asp

2 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Qu e_es_el_Sistema_Nacional

3 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Mi sion_y_vision

4 http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Qu e_es_el_Sistema_Nacional

5 Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013.

6 Ídem.

7 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes de noviembre de 2013.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Conagua y a la CFE a revisar y, en su caso, adecuar los métodos de clasificación de tarifas eléctricas en Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional del Agua, y a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, revisen y, en su caso, adecuen los mecanismos de clasificación de tarifas por consumo de energía eléctrica en la ciudad de Mexicali, aplicando el subsidio correspondiente de acuerdo con los niveles de temperatura promedio de la región; de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Problemática

La clasificación de tarifas de consumo eléctrico está directamente vinculada con los niveles de temperatura promedio registradas en las diferentes zonas del país.

Para que se aplique una determinada tarifa a una localidad se debe cumplir la condicionante de que en dos meses consecutivos del verano1 , de tres de los cinco años más recientes, se haya registrado una temperatura media que se encuentre dentro del rango de la tarifa a aplicar.

La temperatura media mensual es obtenida calculando el promedio de las mediciones diarias del mes. La temperatura media de un día se determina a través de las estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y se mide por medio de un termómetro, instalado dentro de una garita meteorológica con la finalidad de que el instrumento no esté expuesto a los rayos directos del sol, tal como lo establecen las reglas internacionales para estas mediciones.

Para tomar las mediciones referidas con anterioridad, la Conagua dispone básicamente de tres tipos de estaciones:

a) Estaciones automáticas donde la medición se realiza cada diez minutos;

b) Observatorios meteorológicos donde se recaba información cada hora; y

c) Estaciones climatológicas convencionales donde la lectura se hace una vez al día.

Para el caso de los dos primeros tipos de estaciones, la temperatura media del día se obtiene simplemente del cálculo del promedio de todas las lecturas registradas en dicho día. Para el caso de las estaciones convencionales, la temperatura es obtenida mediante el promedio de los registros máximo y mínimo de ese día.2

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) divide sus tarifas en cinco grupos de clientes (doméstico, agrícola, industrial, comercial y servicio) en la que la unidad de medida es el kilowatt por hora (kw/h). En el caso de las tarifas destinadas a los hogares, éstas se clasifican por el nivel de consumo en ocho rangos (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC) de los cuales los siete primeros están relacionados con la temperatura media de cada región; es decir, los precios son diferentes en las distintas entidades federativas debido a los subsidios aplicables en las regiones más cálidas del país (debido a la demanda de energía en refrigeración, por ejemplo), además existe una variación en los precios dependiendo la época de verano o invierno. Por su parte la tarifa Domestica de Alto Consumo (DAC) tiene relación con la demanda de utilización de electricidad, por lo que este cobro aplica cuando excede el límite establecido para la localidad del usuario en el consumo mensual promedio,3 en el último año.

II. Proposición

Si consideramos el mecanismo de medición de las temperaturas realizados por Conagua en donde refleja el consumo real de la energía eléctrica que requiere cada comunidad, se puede observar que la zona fronteriza requiere de una tarifa accesible para contar con este servicio.

Tomando en cuenta los gastos generales de las familias además se les suman los costos que implica el servicio de energía eléctrica, los cuales, por estar en una zona de altas temperaturas al día, implica una mayor demanda de este servicio público, lo que provoca que tengan que destinar más recursos para el pago de energía eléctrica.

Es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Nacional del Agua; instituciones encargadas de modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica, revisen y analicen los mecanismos de clasificación de tarifas por consumo de energía eléctrica en la ciudad de Mexicali, aplicando el subsidio que corresponde de acuerdo con los niveles de temperatura promedio de la región.

Se debe tomar en cuenta que esta propuesta tiene por objeto promover el bienestar social, la buena condición de vida de los ciudadanos, la actividad comercial, fortaleciendo la competitividad ante los Estados Unidos.

Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones Nacional del Agua, y Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, revisen y, en su caso, adecuen los mecanismos de clasificación de tarifas por consumo de energía eléctrica en la ciudad de Mexicali, aplicando el subsidio correspondiente de acuerdo con los niveles de temperatura promedio de la región.

Notas

1. Para el caso del suministro de energía eléctrica, el verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año.

2. Comisión Federal de Electricidad

3. Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Dudas frecuentes sobre CFE . Junio de 2011. Disponible en: www.profeco.gob.mx/cfe.asp (Fecha de consulta: 14 de agosto de 2012).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 noviembre de 2013.

Diputada María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito a resolver con absoluta imparcialidad y estricta sujeción a derecho los juicios de amparo directo y adhesivo interpuestos, respectivamente, por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana y la sociedad Pérez Chow y Asociados, SC, identificados con el número 435/2013, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 26 de septiembre del presente año recibí una denuncia ciudadana, por medio de la cual el ciudadano Adrián Jesús Sánchez Vargas, en su carácter de secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, hizo de mi conocimiento los antecedentes de un juicio ordinario civil tramitado ante las instancias judiciales competentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en contra de la asociación sindical que representa, por la sociedad civil denominada Pérez Chow y Asociados, SC.

2. En la denuncia de referencia se detalla que dentro de dicho juicio, radicado en primera instancia con el número de expediente 1140/2010, del índice del juzgado Primero de lo Civil del Distrito Federal, y en segunda instancia bajo número de Toca 737/2011 del índice de la honorable Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se presume en la misma, que existen resoluciones ilegales y basadas en falsedades en perjuicio del sindicato.

3. En contra de la última resolución condenatoria, dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el aludido Sindicato promovió juicio de Amparo Directo, mismo que fue admitido a trámite y radicado para su resolución bajo número de expediente 435/2013 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, habiéndose promovido con relación a él y en términos de la Ley de Amparo en vigor, el juicio de amparo adhesivo, por parte del tercero interesado Pérez Chow y Asociados, SC, juicios constitucionales éstos que actualmente se encuentran pendientes de resolución.

Considerandos

Primero. Que de las actuaciones relativas relatadas por la denunciante, se detectan en las resoluciones dictadas en el juicio de referencia probables omisiones sin justificación alguna, con relación al asunto judicial del que deriva la controversia que es materia de la litis, las cuales podría vulnerar la seguridad jurídica, y dada su naturaleza debió haber sido resuelta con preeminencia a cualquier otra cuestión, fundando y motivando en su caso, con base a la garantía del debido proceso, cualquier resolución en contrario.

Segundo. Que de conformidad a la relatoría integrada en la denuncia, el promovente refiere lo siguiente:

“que existen indicios suficientes para considerar que los tribunales que hasta el momento han conocido y resuelto en el ámbito de sus respectivas competencias la controversia objeto del juicio, han considerado elementos o cuestiones ajenas al material probatorio allegado por las partes, actuando con desapego a derecho al ser evidente, del análisis de las constancias procesales, que se han adoptado premisas factuales alejadas de la verdad, y se ha hecho uso de invocación de citas falsas que aluden con imprecisión a documentos que obran en actuaciones, para establecer y justificar conclusiones que se traducen en la condena impuesta al Sindicato denunciante que, con independencia de las presunciones que derivadas de ello se puedan extraer respecto a la posible existencia de acuerdos inconfesables entre la parte a quién benefician tales ilegales resoluciones y los funcionarios judiciales que las han pronunciado, así como las acciones que haya ejercitado y/o pueda ejercitar el Sindicato afectado con base en tales conductas, es menester y corresponde a esta Soberanía, el velar por la aplicación clara y transparente de la justicia, garantizando la plena vigencia del orden jurídico y la paz social, toda vez que de resolverse la controversia aún vigente, sin que para ello se tome en cuenta única y exclusivamente la aplicación estricta del derecho, en franca congruencia con las constancias procesales y de manera completa y absolutamente imparcial, las consecuencias de una condena en agravio del Sindicato denunciante, dada la injusticia derivada de la misma, así como su cuantía por varios cientos de millones de pesos, pondrá en serios predicamentos la propia subsistencia de la organización sindical y, por ende, podrá constituirse como un foco de generación de movimientos, protestas y manifestaciones, que aunados a la situación ya de por sí complicada que se vive actualmente, podrá agudizar los problemas sociales que actualmente se enfrentan con riesgo de derivar en un estallido social.”

Por lo a anteriormente fundado y motivado someto a consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los ciudadanos magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para que con motivo de la substanciación y resolución del juicio de amparo directo y amparo adhesivo número 435/2013 de su índice, se conduzcan con absoluta y completa imparcialidad y apego estricto a derecho, considerando y tomando en cuenta, previa su ponderación objetiva y acorde a las reglas de la lógica y la experiencia, la totalidad de las constancias procesales.

Diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a Profepa a implantar políticas permanentes de prevención y combate del maltrato, los agravios y las condiciones adversas en que viven los animales circenses, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Merilyn Gómez Pozos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El circo ofrece una exhibición que a la mayoría de la gente nos encanta en la etapa de la niñez, con sus actos espectaculares, que lo hacen sorprendente. Inconscientemente al finalizar la función, los asistentes se dirigen a casa pensando en lo maravilloso que fue para todos la demostración, sin embargo los animales del circo se quedan en jaulas encerrados.

Es alarmante que veamos a los circos ocupando especies salvajes y en peligro de extinción, que necesitan un espacio y clima especial y que no se haga nada al respecto.

Las risas en el circo son de ignorancia, pues la tortura y dolor de seres vivos inocentes es cosa seria. Los circos sólo utilizan a los animales como recursos de explotación, lucran con ellos, y encima de todo, venden la idea de tener una experiencia de acercamiento con el mundo animal.

Varios circos han demostrado que pueden encantar a los espectadores, sin utilizar animales encadenados, obligados a repetir la rutina una y otra vez, en un ambiente de estrés.

Tal es el caso del Cirque du Soleil, que se caracteriza por el arte de sus integrantes, por la narrativa y la espectacularidad de los desafíos a la gravedad, sin animales.

Los animales que llevan una vida de circo, son blanco fácil de la crueldad del adiestramiento, de sufrimiento físico y psicológico; a los leones, por ejemplo, les retiran los dientes, siendo animales que fueron sustraídos de sus madres desde edad muy temprana, sometidos a rutinas crueles aún siendo cachorros, como también es el caso de los elefantes.

El pasado mes de marzo de 2013, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, asentado por María del Carmen García, de The Wild Animal Sanctuary, las condiciones en las que vivían un grupo de animales del Circo Daniel Atayde, en el estado de Jalisco, quienes gracias a la ayuda de las sociedades protectoras de animales fueron reubicados y salvados de la muerte.

Otro ejemplo lo observamos cuando el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), indicó que en el marco del Programa Nacional de Inspección a Circos 2013-2014, se visitó el Circo Royers Star, en Campeche, donde se encontraron dos ejemplares de mono araña, especie en riesgo de extinción, según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los animales estaban atados a un poste de concreto con pequeñas cadenas que prácticamente impedían su movilidad natural; los administradores del circo no pudieron comprobar la procedencia legal de los animales, ni presentar los documentos que les permitieran su manejo.

Así nos queda claro que las víctimas de la esclavitud en pleno siglo XXI, son los animales.

En la red se han transmitido imágenes de golpizas, punzaduras, quemaduras y otras torturas, a través de las cuales obligan a los animales a someterse y actuar . En todos, absolutamente en todos los circos existe el maltrato. No hay manera amable o cuidadosa de hacer que un tigre salte a través de un aro de fuego, cuando es bien sabido que estos animales le temen.

Antes de los maltratos por parte de los cirqueros, los animales ya sufren desde el momento de su extracción, acopio, tiempo de transporte y comercialización de las diferentes especies.

De tal manera los circos, de acuerdo a los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre (RLGVS), no se consideran Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

Además son identificados como predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural. Los circos también se caracterizan porque no tienen como fin la recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre.

De acuerdo con la Profepa, los resultados del Subprograma Nacional de Inspección a Circos que se realizo durante los años 2010 al 2012, se realizaron 100 inspecciones, de las cuales 65 resultaron con irregularidades, 3 circos no contaban con registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que se realizó el aseguramiento precautorio de 284 ejemplares.

Las principales irregularidades detectadas fueron:

• No acreditar la legal procedencia.

• Faltas al trato digno y respetuoso.

• Se verificaron 437 ejemplares de fauna silvestre.

• Se realizó el aseguramiento precautorio de 69 ejemplares.

Las principales irregularidades detectadas son:

• No acreditar la legal procedencia.

• Faltas al trato digno y respetuoso.

El periodo de 2013-2014, del Programa Nacional de Inspección a Circos tuvo los siguientes resultados: 41 circos han sido inspeccionados, de los cuales 27 resultaron con irregularidades y 3 no cuentan con autorización de Semarnat.

El hecho de no reglamentar la vida de los animales de circo, hace deficiente el control de estas especies haciéndolas más vulnerables, explotadas y maltratadas por dichas sociedades de entretenimiento.

Resulta necesario legislar a favor de la prohibición de animales en los circos, ya que no solamente beneficiará a las especies explotadas, sino también cambiará las malas condiciones de higiene de los lugares que ocupan, y las endemias que pueden generar los circos por la presencia de los animales.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar políticas permanentes de prevención y combate al maltrato, agravios y condiciones adversas en las que viven los animales de circo.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que aplique, a nivel nacional, inspecciones permanentes y rigurosas a los circos, con el fin de evitar el maltrato a que son sometidos los animales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 noviembre de 2013.

Diputada Merilyn Gómez Pozos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE y a la Profeco a vigilar el precio del maíz, la caña y el café para apoyar a los productores nacionales, suscrita por los diputados Manuel Añorve Baños, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Manuel Añorve Baños, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La sobreproducción parece uno de los grandes problemas en la economía contemporánea. Significa, en concreto, que se producen más bienes y servicios que los demandados o que pueden ser vendidos en el mercado a precios que cubran los costos y generen alguna utilidad.

Entendida a menudo como un fenómeno coyuntural en cuanto se reduce a un exceso de existencia de mercancías que no se venden, se verifica asociada a un fenómeno mucho más amplio y general, estructural y permanente, que es el verdadero asunto implicado en la sobreproducción: una parte de la capacidad productiva, de los recursos y factores productivos existentes, incluidas la capacidad de trabajo, la disponibilidad de financiamientos, de tecnologías, de recursos naturales, de las capacidades empresariales y gestionarias, etcétera, permanece desocupada, inactiva.

Cuando se acentúa el fenómeno de la sobreproducción se detiene el crecimiento económico, pues no tiene sentido continuar incrementando la producción, invirtiendo en nuevas empresas, contratando fuerza de trabajo, etcétera, si no habrá demanda para esa producción aumentada. La sobreproducción que se agudiza periódicamente conlleva crisis, recesión, desempleo, subinversión.

El elemento determinante de las crisis de sobreproducción es la concentración del capital, la polarización social y el retraimiento de parte de la inversión por la disminución de los beneficios a causa de la contracción de la demanda.

En México, en épocas recientes se han presentado problemas de esta naturaleza, que han generado que productores de leche, fruta, maíz, café, frijol, caña, entre otros, hayan tenido una sobreproducción que provoca pérdida en las ganancias y merma en su fuerza de trabajo.

Para contrarrestar los problemas de sobreproducción es necesario implantar políticas de economía estatal y gasto público, políticas de mercado y gasto privado y políticas nacionalistas de mercado internacional.

Por lo expuesto elevamos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar el precio del maíz, la caña y el café, apoyando en todo momento a los productores nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

Diputados: Manuel Añorve Baños, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno y a los organismos descentralizados a aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ernesto Alfonso Robledo Leal, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1 y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas federal, estatal y municipal y a los organismos descentralizados, para que se lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente a todo aquel trabajador docente que la incumpla.

Consideraciones

El pasado 25 de febrero del presente año, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, fue declarada la reforma constitucional a los artículos 3 y 73, con el fin de buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, para el cumplimiento de tal precepto constitucional en un marco de inclusión y diversidad se eleva a rango constitucional la posibilidad para que los padres de familia puedan expresar su opinión sobre los planes y programas educativos; siempre con el firme objetivo de que sea el Estado quien garantice los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos.

En consecuencia a la publicación del decreto y por mandato constitucional se confirió al Congreso de la Unión en un plazo de seis meses, expedir la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), así como las reformas a la Ley General de Educación; por tal motivo el 10 de Septiembre del presente año fueron promulgadas las leyes secundarias de la Reforma Educativa (Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como también las reformas a la Ley General de Educación), en busca del cumplimiento del acuerdo por una educación de calidad y con equidad de la creación de una sociedad de derechos y libertades, que aumente la calidad de la educación básica, la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior y recupere la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional.

En la Ley General del Servicio Profesional Docente, establece en su artículo 76, la separación del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado al personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que no asista a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada.

De igual forma dicha ley en el artículo octavo transitorio, menciona que a la entrada en vigor de la presente ley el personal que se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización correspondientes, de no alcanzar un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, sin embargo se considera también que en el caso del personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa.

Tras más de 80 días de protestas que han provocado sistemáticamente caos vial, dejado a familias atrapadas hasta por seis horas en sus automóviles y transporte público, bloqueos a las actividades del aeropuerto más importante en México, afectaciones a la actividad comercial de la zonas turísticas de la Ciudad de México y después de convertir las principales plazas públicas del país en zonas de campamento; docentes inconformes con la reforma educativa aprobada han sido los autores de dichos acontecimientos.

Paros magisteriales que han impedido a los niños asistir a las escuelas con normalidad, el primer día del ciclo escolar 2013-2014, alrededor de dos millones de alumnos de los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas se quedaron sin clases. Sobre la pérdida de clases, ya sea por un conflicto bélico o magisterial, el director ejecutivo de UNICEF aseveró durante la quinta Cumbre Mundial de la Innovación en la Educación, efectuada en Qatar, que los niños que están fuera de la escuela por diferentes circunstancias, como la ocasionada por la CNTE en México, representa un potencial perdido “casi irrevocable” si no se actúa a tiempo.

En virtud de que la reforma está estructurada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien garantizará los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de tal precepto constitucional en un marco de inclusión y diversidad; se debe proteger el derecho a la educación; de otro modo, la próxima generación de niños serán adultos con formación escasa, una generación perdida.

Es preocupante que se vulnere el alcance de la reforma constitucional y su legislación secundaria en materia educativa, es inaceptable crear un estado de excepción para la aplicación de la ley, atropellando los derechos de niños, jóvenes, maestros y ciudadanos, merecemos un mejor futuro. La defensa de la ley es obligación de la autoridad, toda autoridad está obligada a aplicar la ley, es un tema de estado de derecho; evitemos el detrimento de la calidad educativa. Los niños reclaman su derecho a la educación,

Por lo anteriormente expuesto, se pone a la consideración de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas federal, estatal y municipal y a los organismos descentralizados, para que se lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente a todo aquel trabajador docente que la incumpla.

El suscrito, Ernesto Alfonso Robledo Leal, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción I, del numeral 1 del artículo 6; la fracción IV, numeral 1, artículo 76; y la fracción II, del numeral 1 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con lo antes expuesto pongo a consideración de este honorable pleno la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas federal, estatal y municipal y a los organismos descentralizados, para que se lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente a todo aquel trabajador docente que la incumpla.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a garantizar el principio de legalidad en su actuar, y a hacer públicos todos los acuerdos a los que llegue con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, principalmente los que se refieran a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, 26 de noviembre de 2013.

Diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y a la SE a hacer valer los lineamientos de protección ambiental establecidos en la Ley Minera, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Merilyn Gómez Pozos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Destrucción de los ecosistemas, derrame de residuos tóxicos, contaminación de aire, suelo y mantos acuíferos son las principales afectaciones que provocan las mineras a cielo abierto.

De acuerdo al informe Tecnología de remediación para sitios contaminados, publicado por el Instituto Nacional de Ecología, en todas las etapas de la minería se generan aguas residuales, residuos peligrosos e incluso emisiones a la atmósfera. El informe resalta además que la fundición y la refinación son las dos etapas de la explotación minera que más contaminan el medio ambiente.

Debido a la dispersión de los minerales preciosos, como el oro, ya no es posible extraerlos de vetas, por lo que actualmente se obtiene medio gramo de metal por cada tonelada de tierra, lo que obliga a devastar el territorio y consecuentemente a impactar de forma negativa en el medio ambiente, destruyendo el paisaje, arrasando la biodiversidad y contaminando el aire.

Para la extracción a cielo abierto de unos cuantos gramos de oro se remueven toneladas de tierra, se trituran y filtran con millones de litros de agua previamente mezclada con cianuro. El daño ambiental es catastrófico.

Durante los últimos años, el gobierno federal ha renunciado a velar por el medio ambiente y la salud de la población, al permitir que se consume la conquista del territorio nacional a través del incremento de proyectos destructivos de minería a cielo abierto.

Para 2012 se identificaron dos puntos que ameritan de manera urgente la participación de las autoridades, pues los riesgos que provocan las minas Pilares, en Nacozari, Sonora, y Nuevo Mercurio, en Mazapil, Zacatecas ya representan un peligro para la población de ambas localidades.

En México se ha desestimado la cultura de protección y salvaguarda del medio ambiente, y aunque en los últimos años se han dado pequeños signos de avances en la materia, no podemos cejar en la protección de nuestro ecosistema, nuestro suelo, nuestra biodiversidad, todo lo cual se ve severamente dañado por las actividades mineras.

A pesar de estar establecido en el artículo 27 de la Ley Minera que las concesiones “deben sujetarse a las disposiciones generales (...) y de protección al ambiente”.

Es por lo anteriormente expuesto que exhortamos a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Economía a hacer valer los lineamientos en materia ambiental establecidos en la Ley Minera; a emprender las acciones necesarias para que las mineras regulen sus procedimientos extractivos y evitar afectación ambiental, así como sancionar económicamente a aquellas que no lo hagan.

Derivado de lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Economía a hacer valer los lineamientos en materia de protección ambiental establecidos en la Ley Minera; así como emprender las acciones necesarias para que las mineras regulen sus procedimientos extractivos y evitar afectación ambiental y, en su caso, sancionar económicamente a las que no lo hagan.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a implantar acciones para difundir en los centros laborales los cambios contenidos en la reforma fiscal respecto a los derechos y las obligaciones de los patrones y de los trabajadores; y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus delegaciones en el país, a dar a conocer los instrumentos de defensa de éstos sobre sus derechos adquiridos, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Rafael Alejandro Micalco Méndez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que implementen acciones para difundir en todos los centros de trabajo los cambios contenidos en la reforma fiscal realizada sobre los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores así como a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones en todo el país para dar a conocer los mecanismos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos y adonde pueden recurrir para asesoría y en su caso denuncia a la violación de sus derechos así como para que instrumenten mecanismos con el objetivo de recibir y tramitar –de manera pronta y expedita– las denuncias que reciban sobre este tema, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derivado de los cambios en la reforma fiscal es necesario difundir los nuevos derechos y obligaciones de los patrones y los trabajadores en todos los centros laborales a efecto de armonizar y evitar conflictos futuros por desconocimiento u omisión por alguna de las partes, por lo que se exhorta a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a través de los medios que considere pertinentes se difundan en los centros laborales, sindicatos, cámaras y delegaciones federales los derechos y obligaciones de patrones y de trabajadores.

El objetivo del presente punto de acuerdo no es polarizar a las partes sino que por el contrario gracias a la difusión que se realice se eviten conflictos entre patrones y trabajadores y en caso de que existan se ofrezcan mecanismos de conciliación entre ellos para evitar conflictos laborales que deriven en pérdida de empleos o poder adquisitivo del salario de los trabajadores, es decir implementar una política de prevención sobre conflictos laborales futuros.

Explicar a los trabajadores, sindicatos y/o beneficiarios de los centros laborales la forma y alcances de la Reforma Fiscal sobre las prestaciones y/o salarios que actualmente devengan y la forma de protegerlos en las diferentes modalidades de su contratación laboral.

Respecto de las facultades otorgadas a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo según el artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo se le exhorta a que represente y asesore a los trabajadores y a sus sindicatos ante cualquier autoridad en cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo con respecto a los nuevos cambios realizados a la normatividad fiscal que impactan en las relaciones laborales. Dar a conocer a su vez mecanismos de defensa legales para proteger los derechos del trabajador o sindicato y evitar la práctica de injusticias que generen conflictos laborales. Derivados de estos cambios.

Por lo anterior, someto a aprobación de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y sus Delegaciones Federales a efecto de realizar una campaña de difusión en los centros de trabajo de su competencia, sobre los alcances de la reforma fiscal sobre sus salarios y demás prestaciones.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones a que instrumenten mecanismos para recibir y tramitar de manera pronta y expedita las denuncias que se presenten a partir del 1o. De enero del 2014 sobre las violaciones a sus derechos laborales que sean fundamentadas como consecuencia de la Reforma fiscal.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de noviembre de 2013.

Diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a emprender acciones para verificar y salvaguardar los derechos de los mineros en todo el país, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Merilyn Gómez Pozos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el periodo que comprende de 2006 a 2011, se han registrado 124 muertes por accidentes laborales en actividades mineras, de los cuales 80 fueron en pocitos y 64 en minas de carbón.

Los derechos laborales de los trabajadores mexicanos son una lucha histórica que ha trascendido a lo largo de los años y que con la reciente reforma laboral se vieron fuertemente socavados o desaparecidos. Sin embargo, se mantienen vigentes prerrogativas mínimas como lo son un ambiente de trabajo seguro, digno, adecuado y estable, así como la garantía de la cobertura de seguridad social.

A pesar de estar establecido en la ley, no sabemos de una sola minera que cumpla con las garantías mínimas que se requieren para la realización de esta peligrosa actividad. Lo anterior ha convertido a las minas mexicanas en verdaderas bombas de tiempo, en tumbas para decenas de mineros.

La tragedia de Pasta de Conchos puso al descubierto las condiciones inhumanas en las que laboran los mineros mexicanos, y cómo esas circunstancias pueden provocar la muerte de los mismos, siete años hace del brutal accidente en el que perecieron 65 trabajadores por una acumulación de gas metano dentro de una mina operada por Grupo México, en el estado de Coahuila.

A partir de ese siniestro se han denunciado en diversas ocasiones las constantes violaciones de los derechos humanos de los mineros, y a pesar de eso no se ha hecho lo necesario para mejorar sus condiciones laborales. Desde febrero de 2006 hasta agosto de 2014 se han documentado más de 162 muertes de mineros en percances originados, en su gran mayoría, por faltas en las medidas de seguridad o por las técnicas obsoletas de extracción.

La indiferencia y negligencia de las autoridades mexicanas son las principales causas de los accidentes y decesos dentro de las minas y pocitos del territorio nacional pues han permitido el funcionamiento de cientos de mineras que no garantizan los derechos laborales a sus trabajadores.

A pesar de que la tragedia representa un brutal parteaguas en la historia moderna de la minería en nuestro país, las autoridades se han empeñado en mantenerse ciegas y sordas a la realidad de las condiciones en las que se desarrolla la industria metalúrgica mexicana.

Es por lo anteriormente expuesto que exhortamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emprender las acciones necesarias para verificar y salvaguardar los derechos de los mineros en todo el país, así como sancionar económicamente a aquellas empresas que no los cumplen. Lo anterior con el objetivo de evitar más accidentes y decesos de los trabajadores mexicanos.

Punto de Acuerdo

Único. Exhortamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a emprender las acciones necesarias para verificar y salvaguardar los derechos de los mineros en todo el país, así como sancionar económicamente a aquellas empresas que no los cumplen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

Diputada Merilyn Gómez Pozos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos a implantar acciones para disminuir el elevado índice de secuestros, homicidios y extorsiones en la entidad, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis Miguel Ramírez Romero, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con un respetuoso exhorto al gobernador del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a implementar las acciones necesarias para disminuir el elevado índice de secuestros, homicidios y extorciones en esa entidad y garantizar la seguridad de la sociedad morelense.

Consideraciones

1. Hace más de un año, en su toma de posesión del 1 de octubre de 2012, el gobernador Graco Ramírez hizo público un compromiso para abatir la inseguridad en un plazo de dieciocho meses, el tiempo avanza y hoy son cada vez más los ciudadanos que viven con miedo, desesperados, agraviados y reclamando justicia.

2. A lo largo de los últimos meses hemos observado con preocupación, un incremento en los índices de inseguridad, en el estado de Morelos, especialmente en lo que se refiere al lacerante delito de secuestro.

3. Las cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que Morelos tiene una tasa de secuestros seis veces mayor a la media nacional. Estas cifras ubican a Morelos como el primer lugar en México en la comisión de este delito, por encima de entidades como Tamaulipas, Tabasco, Michoacán y Guerrero.

4. A finales del pasado mes de agosto, la entonces vocera del gabinete de Seguridad y Justicia, Jacaranda Mojica, reconoció ante la prensa una alza de 80 por ciento en el número de secuestros, al contabilizar 135 casos en menos de un año.

5. Hechos como el ataque sistemático del que han sido objeto gremios como el de los médicos, el creciente hostigamiento que sufren empresas y negocios con el cobro del llamado derecho de piso, la desaparición de un exalcalde, la privación de la libertad de que han sido objeto incluso menores de edad, la proliferación de llamadas de extorsión (otro delito en el que Morelos encabeza también las cifras de incidencia) y las amenazas de que son objeto distintas autoridades; han orillado a familias enteras e inversiones generadoras de empleo a abandonar tierras morelenses.

6. La administración estatal ha anunciado la implementación de distintas acciones para combatir este flagelo, sin embargo, resulta evidente que han resultado insuficientes. Para muestra podemos recordar cómo a unos días de haberse anunciado con bombo y platillo el mando único en la entidad, elementos ministeriales y de seguridad pública se agredían a balazos.

7. La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sobre percepción de inseguridad, dada a conocer en octubre pasado determinó que en lo que va del año, el estado de México, Guerrero y Morelos son las entidades federativas que se perciben como las más inseguras.

8. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del gobierno federal, de enero a septiembre de 2013 se han registrado 405 homicidios dolosos, 112 secuestros y 253 casos de extorsión en la entidad.

9. En el pasado septiembre, el Consejo Nacional e Internacional de Organizaciones No Gubernamentales de Morelos emitió una queja ante instancias internacionales y nacionales por la inseguridad que prevalece en la entidad, externando su desconfianza hacia las autoridades. En ésta afirma que los asesinatos, secuestros, extorsiones, asaltos, robos, violaciones y otros delitos son cotidianos y masivos en el estado, y la única manera de enterarse es a través de los medios informativos, y a pesar de ello, muchos delitos permanecen en el silencio por temor.

10. A finales del mes de agosto, mediante oficio, propuse al gobernador Graco Ramírez, solicitar a la Presidencia de la República la intervención de las fuerzas federales en nuestra entidad, con el propósito de salvaguardar con mayor eficacia la integridad de todos los morelenses. Han transcurrido más de ochenta días y no he recibido respuesta alguna del señor gobernador.

11. De hecho, ante la exigencia de diversos sectores sociales demandando la presencia de las fuerzas federales, el mandatario estatal declaró públicamente el pasado 4 de noviembre que “Ni la Marina ni el Ejército incursionarán a Morelos” argumentando que su estrategia de seguridad está funcionando.

12. Esa actitud sobrada y de autosuficiencia contrasta con la patética situación que padecieron altos funcionarios estatales. En días pasados, distintos medios de comunicación dieron cuenta del robo de llantas de las camionetas del secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, del presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Juan Ángel Flores Bustamante, y a un vehículo oficial asignado a la oficina del procurador, Rodrigo Dorantes Salgado; todo esto en fechas y lugares distintos y en el breve lapso de un mes. Si eso le hace la delincuencia a los responsables de la seguridad en el estado de Morelos ¿Qué podemos esperar los ciudadanos comunes?

13. Cada vez son más frecuentes las voces de representantes de sectores productivos, empresariales, educativos y turísticos; de líderes sociales, de medios de comunicación, de organizaciones civiles y de ciudadanos expresando su preocupación por esta circunstancia. Esta misma semana el tema ha trascendido a los encabezados de la prensa nacional.

Como representantes populares, debemos hacernos portadores de esas voces, exigiendo que el señor gobernador gire las instrucciones pertinentes a su gabinete para atender y resolver esta grave situación en el estado de Morelos en donde el estado de derecho prácticamente es letra muerta.

Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al gobernador del estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a implementar las acciones necesarias para disminuir el elevado índice de secuestros, homicidios y extorciones en esa entidad y garantizar la seguridad de la sociedad morelense.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

Diputado Luis Miguel Ramírez Romero (rubrica)

Con punto de acuerdo, relativo al aumento exponencial de las antenas para celulares, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La telefonía celular ha representado una verdadera revolución en la manera en que las personas se comunican. La gran velocidad con que se ha llevado a cabo su comercialización y expansión a nivel mundial, provocó que no se realizara con adecuada planeación y sin tomar en consideración algunos efectos nocivos provocados por la operación de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Según estadísticas de diversos estudios, México tiene una amplia penetración de la telefonía móvil, pues actualmente se cuenta con 86.7 celulares por cada 100 habitantes, con cerca de 102 millones 600 mil líneas de teléfono móviles contratadas.

Este trepidante aumento en la demanda de los equipos de telefonía móvil en el mundo, ha generado una proliferación de antenas en las ciudades, lo cual es preocupante pues la constante exposición a las ondas electromagnéticas que emanan de las mismas, pudiera generar riesgos a la salud.

Además cuando se instala cada una de estas antenas, se generan en muchas ocasiones conflictos entre las personas que habitan la zona, pues muchos ni siquiera son informados de los posibles riesgos que conlleva la operación de dichos aparatos.

Algunos estudios pagados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea, como el proyecto Reflex, sostienen que las ondas electromagnéticas emitidas por antenas celulares pueden romper las cadenas del ADN, favoreciendo la proliferación del cáncer.

El procedimiento legal que cualquier empresa de telefonía debe seguir para la colocación de algún aparato de este tipo, es solicitar el permiso correspondiente a la autoridad municipal, para que ésta autorice la construcción e instalación de sus antenas, pero en muchas zonas del país estos lineamientos no se cumplen.

Las empresas en muchas ocasiones incurren en prácticas que pueden poner en riesgo a la población, como colocar las antenas en zonas habitacionales, parques, escuelas y hospitales, generando además contaminación visual.

Para ejemplificar, cito aquí el caso de la familia encabezada por la señora Yolanda Sánchez Arenas, en Mazatlán, Sinaloa, la cual se encuentra en permanente peligro por la proximidad de una antena en el techo de una casa vecina.

Así lo señala el informe emitido por la Coordinación de Protección Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Mazatlán, el cual advierte que la torre en cuestión representa un peligro para los habitantes cercanos de su ubicación, debido al posible derrumbe ocasionado por huracanes o algún terremoto que podría generar graves daños estructurales a las viviendas más cercanas, así como pérdidas humanas.

El peligro se potencia si tomamos en consideración la incidencia de huracanes en la zona y el ineficiente funcionamiento de los procedimientos de protección civil en la misma, como evidenció el paso del huracán Manuel el pasado mes de septiembre.

Cabe señalar que ya existe un fallo por parte de la autoridad administrativa correspondiente, la cual resolvió revocar la licencia de construcción a favor de la empresa denominada GTP Global Towers México S de RL de CV, para la instalación de una antena de telefonía celular, además de concederle a la misma un plazo de 15 días hábiles para retirarla voluntariamente, los cuales se vencieron el 30 de agosto del presente año, y aún no se ha retirado dicha antena.

Este caso sólo es una muestra de cómo las grandes empresas de telecomunicaciones, en busca de su beneficio económico, no toman en cuenta la seguridad de los habitantes de las zonas en las que operan.

En México existen muchos casos similares, la falta de regulación permite que las empresas abusen de la concesión otorgada por el estado para invadir zonas urbanas sin tomar en cuenta las medidas correspondientes de prevención y precaución.

Resulta de gran importancia que las autoridades correspondientes, en este caso tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, puedan contar con mayor información acerca del tema, a fin de emprender la acciones regulatorias necesarias para el control y desarrollo de las telecomunicaciones, sin poner en riesgo a la población.

De ahí la pertinencia de este punto de acuerdo, pues la salud y seguridad de muchas personas está en peligro con la proliferación desmedida de estos aparatos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a emitir un padrón de antenas de telefonía celular, detallando el número de las mismas, localización, tipo y capacidad de radiación.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cumpla conforme a su obligación en la Ley de Federal de Telecomunicaciones en la elaboración de la NOM-126-SCT1-SSA1-2012M, que tendrá por objeto establecer límites máximos de exposición para seres humanos cercanos a emisores de campos electromagnéticos en el entorno de radiocomunicaciones.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, licenciado Alejandro Higuera Osuna, para que en el ejercicio de sus facultades ordene se ejecute la resolución dictada conforme al procedimiento administrativo número DPDUS/AJ/01/2013 por la cual se ordena a la Dirección de Obras Públicas lleve a cabo el retiro de la antena de telefonía celular, situada en avenida Galaxia número 157, en la colonia 20 de noviembre del municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a firmar el decreto de creación de la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, la demanda de educación superior presenta un incremento sin precedentes, la cual, dada la población joven de nuestro país que estudia, no parece que disminuirá pronto.

Aunado a esto, resulta evidente para todos en México que, ante lo difícil que es conseguir un trabajo que permita vivir dignamente, un título universitario ha dejado de ser un privilegio para convertirse en una necesidad.

El porcentaje de mexicanos que ingresan a primaria es del 99.3 por ciento; sólo 45 por ciento termina la secundaria; 27 por ciento la educación media superior; 13 por ciento la licenciatura y sólo 2 por ciento algún posgrado. Esto quiere decir que tenemos un promedio de 8.6 años de escolaridad en el país.

El problema no radica tan sólo en la voluntad y necesidad de los estudiantes, la cobertura de educación en nuestro país presenta grandes deficiencias en infraestructura. Se ofrece una capacidad del 100 por ciento para primaria, la cual disminuye a 76 por ciento para secundaria, 56 para preparatoria y tan sólo 27 para universidad, por lo que únicamente entre dos y tres aspirantes tienen cabida en el sistema universitario.

Como consecuencia de lo previo, cada año existen al menos 150 mil estudiantes rechazados de la infraestructura de universidades, por lo que la creación de nuevos proyectos que den alternativas educativas a los ciudadanos, resulta no sólo deseable, sino urgente.

Es por esto que nos resulta sorprendente que el gobernador de Guerrero, licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero, se niegue a firmar el decreto de creación de la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes (UALCCA), proyecto que nace desde la cosmovisión de los pueblos indígenas y que busca el bien de todos los mexicanos.

El titular del Ejecutivo de Guerrero carece de argumentos para negarse a la firma del decreto, ya que la UALCCA es cien por ciento gratuita y no solicita dinero al gobierno ni planea financiarse con deuda pública.

Dicha Universidad, la cual cuenta con una tierra comunal de 56 hectáreas, está conformada por un consejo consultivo comunitario indígena de 24 hombres y mujeres. Asimismo, propicia la integración del conocimiento científico y la sabiduría popular, al conjuntar la parte teórica impartida a los estudiantes con la práctica comunitaria, en ramas como medicina alternativa, arquitectura de paisaje y ciencias agropecuarias sustentables.

Han pasado dos años desde que se entregó el expediente técnico al Poder Ejecutivo y Legislativo de Guerrero; mientras que el Lic. Aguirre Rivero ha recibido al Consejo Consultivo en 6 ocasiones, incluyendo la del 12 de febrero, en la cual se comprometió a que en diez días habría decreto.

10 meses después, la UALCCA sigue sin una respuesta, por lo que es necesario que el Decreto de creación de la universidad sea firmado, ya que en cuanto esto suceda se comenzará con la impartición de 11 licenciaturas más, entre las que destacan: Medicina Alopática, Ciencias Biológicas, Agroecología, Nutrición y Salud, Psicopedagogía, Didáctica de las Matemáticas Aplicables, Artes Escénicas, Artes Plásticas, Cinematografía, Educación Física y Literatura y Filosofía.

Derivado de lo argumentado, consideramos que un proyecto que fomente nuevos métodos de educación en los que se permita el pleno desarrollo de las comunidades indígenas debe ser apoyado e impulsado cuanto antes.

La situación educativa del país requiere de un esfuerzo conjunto que involucre todas las alternativas posibles. Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador de Guerrero, licenciado Ángel Heladio Aguirre Rivero, para que, en el ejercicio de sus facultades, firme el decreto de creación de la Universidad Autónoma Latinoamericana Caribeña de Ciencias y Artes, con la brevedad posible.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2013.

(Rúbrica)