Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora y al Ejecutivo federal a efecto de que por la SHCP analicen y, en su caso, adopten medidas para extender el ámbito de aplicación del programa Sólo Sonora a los límites de la entidad, a cargo del diputado Faustino Félix Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Faustino Félix Chávez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 6, numeral 1, y el 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, a tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las principales opciones de desarrollo para ciertas de regiones de Sonora, lo es, sin duda, la actividad turística, principalmente el turismo que ingresa por las vías carreteras por ser un estado fronterizo, y en estos últimos años ha sido verdaderamente poca la afluencia de turismo; por este motivo es de gran trascendencia realizar las gestiones necesarias para que, el Programa Sólo Sonora, conocido también como Only Sonora , se mantenga en operación y se extienda a los límites del estado como funcionó originalmente, cuando se estableció en la Estación Don el modulo de trámites de permisos para vehículos de turistas extranjeros para ingresar más allá de los límites del programa a territorio nacional, y con esto contribuir al aumento de la afluencia de turistas en la entidad.

El esquema del Programa Sólo Sonora se concibió como un dispositivo de fomento al turismo a través de la permisión para la introducción de vehículos sin permiso, tramite o pago alguno.

Originalmente el programa benefició a todo el territorio del estado, pero actualmente se limita a dos terceras partes (ver mapa), quedando fuera regiones con gran potencial turístico como Álamos, Ciudad Obregón, y el Valle del Yaqui, pues, en el caso de que el destino final sea un lugar fuera del área de libre circulación, es necesario tramitar la importación de temporal del vehículo hasta por 180 días en un periodo de 12 meses.

Antecedentes

El turismo extranjero por carretera representa una importante actividad generadora de divisas en Sonora. Más del 70 por ciento de los extranjeros que visitan ésta entidad federativa lo hacen a través de los cruces fronterizos con Arizona, ingresando sus propios vehículos automotrices, factor importante para la generación de empleos y derrama económica en divisas extranjeras en el territorio sonorense.

Es de utilidad tener en consideración que en el nivel local, se han promovido acciones en el sentido de la propuesta que aquí se expone.

El jueves 10 de diciembre de 2009, el Congreso de Sonora aprobó solicitar la adopción de las medidas pertinentes para que los turistas provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica que se internen la Entidad por vía terrestre, en vehículos de su propiedad, puedan hacerlo sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos.

En la consideración Cuarta del dictamen de la Comisión de Fomento Económico y Turismo del Congreso de Sonora, se refirió a que:

El 27 de noviembre de 1996, en uso de las facultades que en materia de Comercio Exterior la conceden al Ejecutivo Federal los artículos 89, fracciones X y XIII y 131 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 39 del Código Fiscal de la Federación; y, 143 de la Ley Aduanera vigente, asimismo, de acuerdo con las facultades que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora le concede al Ejecutivo del Estado, el Gobierno Federal y del Estado de Sonora suscribieron un convenio de colaboración administrativa a través del cual se confirió al Gobierno del Estado de Sonora, a través de la entonces Secretaría de Finanzas, facultades de verificación fiscal vehicular y para la implementación de un programa denominado Sólo Sonora, también conocido como Only Sonora, que sería aplicado a través de la Secretaría de Turismo del estado mediante el cual las personas que ingresaran a territorio sonorense por cualquiera de los puertos fronterizos colindantes con Estados Unidos de América podían introducir vehículos de propulsión mecánica sin necesidad de realizar trámites de importación temporal de vehículos, como una medida para incentivar el turismo carretero en nuestra entidad.

El 21 de junio del 2000 se publicó en el Boletín Oficial del gobierno del estado, el acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Sonora, para la continuidad del Programa Sólo Sonora.

Con fecha 25 de noviembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un convenio suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de Sonora, para la internación e importación temporal de vehículos a esta entidad federativa. En este instrumento se acuerda otorgar facilidades a los turistas extranjeros y a los mexicanos residentes en el extranjero, para internarse al noroeste de Sonora, sin tener que tramitar un permiso de importación temporal de vehículos, siempre que se hubieran internado por cualquiera de los 5 puertos fronterizos a saber: San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Naco y Agua Prieta, o por el Puerto de Guaymas.

En este ordenamiento legal, se establece la obligación por parte del estado, para instalar un módulo del Programa Sólo Sonora en el municipio de Empalme, si el turista deseaba continuar mas allá de los límites del programa para atender a los usuarios que deseen viajar más allá de este punto, para lo cual en esa localidad deben realizar los trámites de importación temporal. Este módulo empezó a funcionar en diciembre de 2005 y se mantiene en operación a la fecha por la prórroga realizada entre ambos niveles de gobierno que fuera publicada en el Boletín Oficial del estado, el 17 de enero de 2007.

Bajo estas consideraciones y asumiendo que la ampliación del programa a todo el territorio sonorense generaría estímulo importante para incrementar la afluencia turística en la entidad, lo cual a su vez resultaría en una derrama económica que ayude a dinamizar la actividad de la región, propongo ante esta el Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente al gobierno de Sonora y al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se analicen y, en su caso, se adopten las medidas necesarias para extender el ámbito de aplicación del Programa Sólo Sonora a los límites de la entidad.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2013.

Diputado Faustino Félix Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SHCP y la Secretaría de Economía un programa urgente para las fronteras sur y norte del país, a fin de mitigar el efecto económico y social que generará la homologación de la tasa del IVA a 16 por ciento en esas regiones, a cargo de la diputada María Eugenia de León Pérez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y de conformidad con lo establecido en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeras y compañeros diputados, desde que se presentó la miscelánea fiscal a esta soberanía, en Acción Nacional hemos sido reiterativos en denunciar a la sociedad que la simulación de reforma que presentó el Ejecutivo federal es a todas luces una reforma con tintes recaudatorios y sin beneficios sociales; una reforma que planteó el Poder Ejecutivo y que de forma mercenaria fue avalada por las fracciones del PRI y la mayoría del PRD.

Resulta inverosímil, oprobioso y hasta cruel que el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto haya hecho esta homologación del IVA para la zona fronteriza en plena y franca recesión económica que azota al mundo entero, los efectos devastadores de este decisión serán en el muy corto plazo para nuestros connacionales que residen en las franjas fronterizas de nuestro país.

Serán muchos los daños que esta miscelánea causará a la población mexicana y a su sector empresarial. Es una miscelánea fiscal que congela cualquier posibilidad de avance económico de nuestro país porque pretende sacar recursos de quienes hoy ya pagan altos impuestos, lesionando severamente el patrimonio construido con grandes esfuerzos por la mayor parte de los mexicanos. Por ello, continuaremos expresando nuestro profundo rechazo a la propuesta y toda la reforma planteada.

Uno de los efectos más devastadores de la reforma aprobada, se observará en la zona fronteriza de nuestro país al aumentar la tasa del IVA del 11 al 16 por ciento, representando un duro golpe a la economía de la región y sobre todos al nivel de vida y de bienestar de sus habitantes.

La propuesta representa un freno al proceso de desarrollo y al esquema de competitividad en el que se encuentran los estados de la región fronteriza, dentro de los cuales se encuentran aquellos que colindan con los Estados Unidos de América, pero también Baja California Sur, Quintana Roo y Chiapas.

Además, la reforma va en contra sentido de lo que en su momento señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación al referir “al trato diferencial que debe de darse a la región fronteriza” del país. El gobierno federal y los Grupos Parlamentarios del PRI y el PRD, al parecer desconocen el impacto negativo que la reforma generará en el mediano plazo.

De acuerdo a los estudios presentados por el Colegio de la Frontera Norte, muchos serán los efectos de esta reforma. Por un lado, generará un efecto inflacionario al elevarse los precios en las franjas fronterizas en la misma proporción que el incremento de la tasa general del IVA, un 5 por ciento. Es decir, el incremento porcentual será trasladado a los consumidores en cada uno de los productos.

La homologación del IVA provocará pérdidas hasta de un 25 por ciento en tiendas de abarrotes en las colonias o el 15 por ciento en supermercados, se provocará un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia interna a externa, disminuirá la producción de las empresas locales que generan esos bienes y servicios, esa menor producción significará mayor desempleo en los estados fronterizos.

Los ciudadanos de la frontera norte buscarían precios más accesibles en Estados Unidos, lo que implicará una fuga de consumidores y divisas hacia nuestro vecino del norte, impactando aún más el desarrollo económico de esta región.

Será notorio el efecto recesivo en la región. Con el incremento del IVA se afectará el consumo en las diferentes entidades fronterizas al reducir la capacidad de compra de los ciudadanos, lo que implicará sin lugar a dudas, una sustitución del consumo de bienes y servicios por los ofrecidos principalmente en el país vecino de los Estados Unidos.

Dada las condiciones en las que se encontrará el consumidor fronterizo, la única consecuencia que podemos señalar es una inmediata disminución de la actividad económica regional, menos competencia y en consecuencia, los niveles de recaudación de los gobiernos locales y el federal tenderán a ser menos de lo que se proyecta para el próximo ejercicio fiscal.

El mismo estudio señala una reducción del gasto local en alimentos, pues estima baje en un 20 por ciento; en vestido y calzado, en 15 por ciento; en arreglo personal, en 18 por ciento, y en artículos para el hogar y cuidados médicos, en 10 por ciento, solo por mencionar algunos rubros. Se calcula que la homologación del IVA provocará una contracción en las ventas del orden del 4.6 a 6.2 por ciento, que llevaría a una reducción del PIB en los Estados fronterizos de 2.2 a 2.6 por ciento.

Por lo antes mencionado, nuestro grupo parlamentario hace un llamado al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, implementen de manera inmediata un programa emergente para las fronteras sur y norte de nuestro país, en apoyo a los consumidores, a las Mipyme, a los sectores maquilador, manufacturero, de exportación y turístico, que permita resarcir los efectos devastadores que generará la homologación de la tasa del IVA al 16 por ciento en las regiones fronterizas del país.

Recordemos que la zona fronteriza, no vive en las mismas condiciones que el resto de nuestro país. Hacer caso omiso a esta realidad, lo único que generará es un incremento considerable de la pobreza, hará de la zona fronteriza una región más cara y menos competitiva.

Los efectos de esta medida, se verán agravados aún más en la zona fronteriza si consideramos el cúmulo de efectos negativos que generará en si la reforma fiscal en su conjunto, como por ejemplo, la eliminación del régimen simplificado, el incremento en tarifas del IEPS a diversos productos, las menores posibilidades de deducciones de las personas físicas en gastos como los hospitalarios y transporte escolar y la eliminación de la deducibilidad de las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador por citar algunas.

Acción Nacional considera que este atentado a la economía de las zonas fronterizas del país, tendrá impactos más graves a los ocasionados por los eventos climatológicos que han azotado a gran parte del territorio nacional. Es por ello, que resulta inexplicable la falta de sentido común, de sensibilidad y solidaridad con la población que vive en esta región.

Nuestro partido, reafirma el compromiso asumido con la sociedad mexicana, pero sobre todo con la población que habita la franja fronteriza de nuestro país y por ello solicitamos al Ejecutivo federal la creación de un programa emergente que permita resarcir las pérdidas que generará la aplicación del nuevo impuesto.

En virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, implementen de manera inmediata un programa emergente para las fronteras sur y norte de nuestro país, para mitigar el impacto económico y social a los consumidores, a las Mipyme, a los sectores maquilador, manufacturero, de exportación y turístico, que permita resarcir los efectos devastadores que generará la homologación de la tasa del IVA al 16 por ciento en las regiones fronterizas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 elevó al máximo rango normativo los derechos humanos estipulados tanto en nuestra carta magna, como en los tratados internacionales de la materia, dotándoles del más alto reconocimiento y protección jurídica en nuestro país. Sin embargo, como todos sabemos, los derechos humanos no se ejercen per se , más bien requieren de una serie de medidas deliberadas y legales, así como la implementación de políticas públicas eficaces que garanticen su efectivo goce.

Un aspecto primordial en materia de derechos humanos es la certeza jurídica contenida en un recurso efectivo en casos de violaciones de los mismos. Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos mandatan que los Estados Parte establezcan procedimientos jurídicos y/o de otra naturaleza, por los cuales todas las personas titulares de derechos puedan reclamarlos y pedir la reparación de esas violaciones a las autoridades responsables.

Ante la ausencia, inefectividad o inaccesibilidad de tales mecanismos, los derechos fundamentales pierden su esencia, debido a que sus titulares no pueden hacerlos exigibles, convirtiéndose en meras promesas políticas.

Es por ello que en todo Estado democrático, resulta indispensable que existan mecanismos de justiciabilidad tanto a nivel nacional como internacional. Mientras que los recursos nacionales siempre deben constituir la primera instancia para la presentación de quejas, resulta necesario que también existan mecanismos regionales e internacionales, ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones de sus derechos humanos y demandar reparaciones del Estado responsable.

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen en este sentido, una doble responsabilidad para el Estado adherente: dirigidas tanto a las personas titulares de derechos, como a la comunidad internacional. Si el Estado falla en su responsabilidad hacia los primeros, es decir, si no cumple con las obligaciones que emanan del tratado en cuestión y no proporciona mecanismos por los cuales los titulares de derechos pueden exigir su cumplimiento, estos puedan tener el acceso a la justicia mediante los mecanismos internacionales y regionales con los que se cuentan.

El sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas establece diversos mecanismos de rendición de cuentas, entre ellos encontramos los siguientes: la revisión de informes periódicos y redacción de observaciones finales; la examinación de quejas individuales e inter-estatales; la realización de investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas; entre otros. Todos los tratados internacionales de derechos humanos disponen de un cuerpo de expertos encargados de promover su implementación y monitorear el cumplimiento de los Estados Partes con las obligaciones emanantes del tratado.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el principal instrumento internacional para la protección de los derechos humanos relativos a la materia de su competencia. Comprende un número amplio de derechos fundamentales imprescindibles para una vida libre y digna, tales como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a los beneficios del progreso científico y a la cultura, entre otros.

Los Estados que han ratificado el Pacto, se comprometen a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicho instrumento internacional y de evitar cualquier discriminación en el acceso a dichos derechos. Además, se obligan a adoptar medidas legislativas para realizar de manera progresiva y al máximo de los recursos disponibles, el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales. En eso, tienen que dar prioridad a la aplicación del contenido básico de los derechos económicos, sociales y culturales.

En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidos adoptó el Protocolo Facultativo del PIDESC. Dicho Protocolo establece la facultad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), conformado por un cuerpo de expertos encargado del monitoreo y avances relativos al PIDESC.

Entre sus funciones principales se encuentra el otorgamiento a las personas o grupos de personas bajo la jurisdicción de un Estado Parte, el derecho de presentar demandas acerca de presuntas violaciones de cualquier derecho económico, social y cultural y de iniciar investigaciones sobre violaciones graves a estos, situando por tanto a todos los derechos humanos en condiciones de igualdad.

También permite al Comité examinar demandas interestatales cuando un Estado Parte considere que otro Estado Parte no está cumpliendo con sus obligaciones derivadas del Pacto. En este caso, si el Estado Parte ha reconocido esta competencia del comité, el Estado debe exponer los hechos mediante una demanda escrita dirigida al otro Estado, y también al Comité.

El reconocimiento de esta competencia es también un requisito para el proceso de investigación, a través del cual el Comité puede examinar información fidedigna que indique violaciones graves o sistemáticas de un Estado Parte de alguno de los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el Protocolo Facultativo.

También refuerza su justiciabilidad, ya que la existencia de un proceso de demanda internacional no solo influye en la jurisprudencia a nivel nacional, sino que supone un incentivo para que los Estados fortalezcan la protección de estos derechos humanos ofreciendo una reparación a nivel nacional. En este sentido, el Protocolo tiene por objeto complementar y no sustituir los sistemas nacionales, que deben seguir siendo las vías más inmediatas para intentar que se haga justicia.

Su entrada en vigor el 5 de Mayo de este año y 3 meses después de que Uruguay lo ratificó, resulta de la mayor trascendencia, debido a que cierra la brecha histórica entre el PIDESC y su pacto hermano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, poniendo fin a la separación entre estos derechos y atendiendo al principio de universalidad.

El segundo ya dispone de un protocolo facultativo comparable desde su creación, es decir, desde hace casi medio siglo (1966). Por mucho tiempo se ha determinado que los derechos económicos, sociales y culturales han carecido de una verdadera exigibilidad por parte del ciudadano, lo que representa una posición muy conveniente para gobernantes reluctantes de cumplir con sus obligaciones bajo este instrumento internacional.

Sin embargo, un creciente andamiaje de jurisprudencias nacionales y regionales en materia de la protección de estos derechos fundamentales, así como de las interpretaciones del Comité que conoce de los mismos, han disentido de tal mito, comprobándose que los derechos económicos, sociales y culturales sí pueden ser exigibles.

El Estado mexicano ratificó el PIDESC el 23 de Marzo 1981 junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, nuestro país ha reafirmado su compromiso hacia el goce efectivo de estos derechos. Sin embargo, existe una brecha enorme entre las disposiciones jurídicas internacionales y constitucionales que revisten al Estado Mexicano y el goce y ejercicio efectivos de los derechos fundamentales.

De acuerdo con el último informe de Coneval de Julio de 2013 sobre la situación de pobreza en México, 53.3 millones de personas viven en pobreza, mientras que otros 33.5 millones viven en situación de vulnerabilidad por padecer una o más carencias sociales. El estudio revela que una parte significativa de la población carece de las necesidades más básicas como son: el acceso a la alimentación (23.3 por ciento), a servicios de salud (21.5 por ciento) y a servicios básicos en la vivienda (21.2 por ciento). A esto se suma el hecho de que la gran mayoría de las y los mexicanos no cuenta con seguridad social (61.6 por ciento).

Esta situación es aún más alarmante considerando que México no es un país pobre, es decir, con carencia de recursos para tener un crecimiento económico que ha reflejado los últimos años, sino todo lo contrario. Más bien la pobreza en nuestro país es el resultado de discriminaciones, y exclusiones estructurales en el ámbito socio-cultural, económico y político, que hacen de esta Nación uno de los países más desiguales del mundo.

Los grupos en situación de vulnerabilidad más afectados por la discriminación, como las mujeres, los jóvenes o los pueblos indígenas, padecen niveles de pobreza mayores que el promedio de otros grupos en esta condición. Por ejemplo, la población menor de 18 años han sido los más afectados debido a los altos niveles de marginación. Los resultados concluyeron que los niños y jóvenes en esa condición fueron de 21. 2 millones, de los cuales 4.7 millones se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, la población indígena que vive en pobreza extrema, representa más de cuatro veces en número de personas, a diferencia del resto de la población (30.6 por ciento vs 7.6 por ciento).

Estas cifras demuestran que México está lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales en el ámbito de los DESC. También indica la ausencia de mecanismos efectivos a nivel nacional para la reclamación de estos derechos.

La ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC sería un paso muy significativo hacia la implementación y pleno ejercicio de los DESC y una muestra, por parte del gobierno mexicano de ratificar su compromiso hacia los derechos humanos, especialmente hacia los derechos económicos, sociales y culturales, concretándose con acciones eficaces y no quedando solo en retórica.

Aspectos importantes que caracterizan a este Protocolo Facultativo estriban en que constituye un instrumento clave para fortalecer la defensa de la tierra, el territorio, el agua, el medio ambiente, la salud y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los ciudadanos.

El Protocolo abre la posibilidad para individuos y grupos históricamente marginalizados quienes no han podido acceder a la justicia a nivel nacional para denunciar las violaciones de sus DESC y demandar reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional. También abre las puertas para dar respuestas oportunas del CDESC a violaciones graves y/o sistemáticas de estos derechos a través del procedimiento de investigación.

Al mismo tiempo, con la incorporación a nuestro sistema jurídico de este Protocolo Facultativo, se sumará un cuerpo de jurisprudencia internacional en el ámbito de DESC que sin duda contribuirá en la interpretación y determinación del contenido de los mismos y de sus obligaciones correspondientes.

Esto a su vez, servirá de sustento para el diseño de leyes, políticas públicas y programas para la protección y promoción de los DESC. Al mismo tiempo representa un incentivo para establecer y mejorar los recursos nacionales para resolver y dar la debida reparación a violaciones de estos derechos fundamentales a nivel nacional. Esto como requisito para presentar una queja ante el CDESC o cualquier otro mecanismo internacional de derechos humanos, una vez que se han agotado todos los recursos jurídicos nacionales (siempre y cuando estos no sean efectivos en la impartición de justicia).

En este sentido, resultará a su vez benéfico para el Estado Mexicano, toda vez que con la celebración de este Protocolo Facultativo, mejorará significativamente la impartición de justicia y permitirá hacer más eficaces sus propios mecanismos de justicia, evitando así el escrutinio internacional.

En suma, la ratificación por parte del Estado Mexicano al Protocolo Facultativo del PIDESC traerá consigo muchos beneficios para el país y nos permite dar un paso adelante en la realización plena de los derechos contenidos en este instrumento internacional de justiciabilidad.

En vista de los altos niveles de pobreza, exclusión y marginalización en el país, resulta urgente dar voz a las personas quienes día a día padecen violaciones de sus derechos más básicos en el ámbito económico, social y cultural, haciendo accesible a la ciudadanía este mecanismo internacional, por lo que exhorto respetuosamente al Ejecutivo federal a su adhesión y pronta firma.

Sin duda, la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha tenido un impacto sustancial en la formación de una nueva visión en su reconocimiento, contribuyendo al fortalecimiento de un Estado moderno, protector de los derechos humanos y sus garantías que cuenten un acceso a la justicia eficaz, que renueve las estructuras y criterios atendiendo al principio pro-persona y así, garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, incluso ante instancias internacionales.

Nueva Alianza como un partido joven y con propuestas innovadoras, está planamente convencido de ser la institución política del siglo XXI que responderá eficazmente con las necesidades y exigencias de todas las personas. El compromiso social que nos caracteriza, nos exige estar al servicio de la ciudadanía, porque creemos firmemente en la igualdad entre los seres humanos.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos ciertos que nuestra postura liberal se encuentra presente y va creciendo día a día dentro de la sociedad y en sintonía con el irrestricto respeto por los derechos humanos, visión que el Estado Mexicano hizo suya desde su reconocimiento en nuestra carta magna en junio de 2011.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a celebrar la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a analizar la pertinencia de incorporar la materia de educación ambiental en el plan y los programas de estudio de nivel básico, a cargo del diputado Gabriel Gómez Michel, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numera 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

Los desequilibrios ambientales generados por el cambio climático en el planeta son uno de los grandes retos que enfrentamos las naciones en estos tiempos; la humanidad tiene frente a ella una coyuntura crítica que debe atender, a favor del medio ambiente. El deterioro ambiental de las últimas décadas, está provocando la degradación en la calidad de vida de la población.

La Organización de las Naciones Unidas, señala que el cambio climático1 es el resultado de una afectación del clima, atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima, como ejemplo: el aumento/disminución de las lluvias, las sequías, el incremento/disminución de las temperaturas, la pérdida de las tierras costeras e intrusión del agua salada en los acuíferos.

Alteraciones que representan una enorme carga para el gasto público, de acuerdo a lo señalado por el presidente del banco mundial, Jim Young Kim: en los últimos treinta años los desastres naturales a nivel mundial generaron costos por 1.2 trillones de dólares...; y afirmó, que como consecuencia del cambio climático y las altas temperaturas, los gastos tendrán un mayor incremento en menos tiempo.

Recomendando a los países de medianos y bajos ingresos tomar medidas que mitiguen el riesgo que representan los desastres naturales.2

Es por ello que el medio ambiente ha sido uno de los temas que más ha preocupado a las naciones, basta recordar que desde el 5 de junio 1973 se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente. A partir de ese momento, varios han sido los instrumentos internaciones que se han firmado. No obstante, pocos han sido los avances que se han alcanzado.

En México no obstante se estableció desde hace más de una década en el artículo 4, párrafo sexto de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Derecho al Medio Ambiente, también lo es que, hasta hace un año, se promulgó que el Estado deberá garantizar el respeto a este Derecho, tal y como se observa a continuación: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho ...3 Por lo que es nuestro trabajo como legisladores establecer los mecanismos legales que permita a toda a la sociedad mexicana el respeto a este derecho.

Para alcanzar este fin, no existe otro mejor aliado que la Educación, en ese orden de ideas, esta iniciativa que presento el día de hoy, tiene por fin modificar el artículo 7 en su fracción XI de la Ley General de Educación, el cual establece que la educación que imparta el Estado tiene como fin:

“Inculcar conceptos y principios de la ciencia ambiental, el desarrollo ambiental y la protección y conservación del medio ambiente...”4

Disposición que no ha influido en la conciencia social, en virtud de que seguimos observando altos niveles de contaminación en el aire, el agua y el suelo que influyen de manera directa en la destrucción al medio ambiente.

Para sustentar mí propuesta basta con mencionar algunos datos estadísticos que nos permitirán ilustrar la problemática a la que nos enfrentarnos.

México, contribuye al deterioro ambiental mundial con el 1.6 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, ubicándose en la posición 13 de los países generadores. Con una deforestación anual entre el 1.0 y el 2.5 por ciento del territorio nacional, lo que de seguir a ese ritmo, para el año 2050 se habrá perdido entre el 40 y 50 por ciento de la superficie manglar del país. Asimismo, con una generación anual de basura por habitante de casi 380 kilogramos.5

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se recolectan cada día en promedio, 86 mil 343 toneladas de residuos sólidos urbanos generados en las viviendas, parques, jardines y edificios públicos. De los cuales solo el 11% de estos residuos son separados desde su origen.6

Respecto al saneamiento de aguas contaminadas en México que se recolecta a través del alcantarillado, solo el 35% recibe tratamiento, lo que significa que el porcentaje restante se vierte a los ríos, lagos y lagunas, impactando directa y severamente en la calidad del agua, provocando daños al ecosistema. Basta mencionar que de acuerdo a este estudio las aguas marinas más dañadas del mundo se encuentran en nuestro país, lo anterior de acuerdo a un estudio publicado por el INEGI “Estadísticas a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente”.7

La Organización Mundial de la Salud, señala que en México mueren cada año más de 14 mil 734personas por enfermedades asociadas a la contaminación del aire, lo que representa un costo de 4.4% del Producto Interno Bruto Nacional lo que equivale a 520 mil 300 millones de pesos8

Durante 2010 ocurrieron 20 mil 495 muertes a causa de la contaminación atmosférica en México, de los cuales alrededor de 17 mil quinientos fueron adultos mayores de 50 años, señaló el Instituto para Métricas de Salud y Evaluación (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington.

Debemos apostarle a la necesidad de crear a partir de la educación una conciencia ambiental global en el presente, que no comprometa el futuro de los recursos naturales para las nuevas generaciones. Los especialistas en educación señalan, que es en los primeros grados de la educación, es en donde se establecen las bases para el desarrollo de la formación de las personas.

Es por ello, que convencido de que en la educación básica, es el espacio para la formación de los próximos ciudadanos, a donde debemos incidir en la comprensión de los problemas y retos que tenemos en la educación ambiental.

Compañeros legisladores, es nuestro deber contribuir para cuidar y preservar el mundo en que vivimos, redefiniendo nuestros valores y forma de vida, reduciendo el impacto que generamos en los ecosistemas, y creando una sociedad cociente y comprometida con la preservación de nuestro planeta, a través de la consolidación de una educación ambiental sustentable, entendida esta no como un tipo de educación, sino como acciones permanentes, mediante la cual los actores que participan en la educación (profesores, alumnos y padres de familia) buscan alcanzar una conciencia social de la realidad, así como de la relación que existe entre el hombre y el medio ambiente.9

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que incorpore como asignatura obligatoria en el plan y programas de estudio de educación primaria, la materia denominada Educación Ambiental, a fin de inculcar conceptos y principios de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático y la valoración de la protección y conservación del medio ambiente, tal y como lo establece la fracción XI del artículo 7 de la Ley General de Educación.

Notas

1 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

2 http://lasemanaahora.com.mx/?p=639

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf p. 7.

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf p. 3

5 www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/.../ambiente0.doc, estadísticas a propósito del día mundial del medio ambiente –Inegi.

6 www.inegi.gob.mx, boletín de prensa número 121/13 del 9 de abril de 2013, p. 2.

7 http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/esta disticas/2007/ambiente07.pdf p. 7.

8 http//OMS(2011), Outdoor air pollution: burden of disease. Disponible en http://apps.who.int/ghodata/

9 http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/horizonte_sanitario/edic iones/2008_mayo_agosto/05%20educacion%20ambiental.pdfAvances de la aplicación del modelo de educación ambiental y desarrollo sustentable en comunidades rurales de Tabasco.- Eduardo Puente Pardo, mayo 2008.

Dado en el Palacio Legislativo, a 5 de noviembre de 2013.

Diputado Gabriel Gómez Michel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a cargo del diputado Érick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Erick Marte Rivera Villanueva, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo, en donde se hace un exhorto a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que proponga al pleno de esta asamblea la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros

Primero. En 1942 y 1964, miles de mexicanos se fueron a trabajar a Estados Unidos de manera legal, gracias a un convenio que fue firmado entre ambos países. Se trataba de que el grupo de mexicanos que fuera a Estados Unidos, trabajara legalmente en granjas y vías de ferrocarril en el vecino país del norte.

En este convenio también se estipulaba que a los trabajadores les sería descontado el 10 por ciento de su salario que percibieran, cantidad que les sería devuelta cuando regresaran al país. Así, les descontaron esa cantidad de dinero durante varios años, misma que recibió el gobierno de México, pero que no entregó a los trabajadores mexicanos cuando regresaron.

Segundo. Con el tiempo los ex migrantes braceros se fueron organizando hasta que se logró en el gobierno de Vicente Fox que se respondiera sobre el dinero que les pertenecía. Por ello el gobierno federal decidió crear un programa para dar una “ayuda” a los ex braceros migratorios, que consiste en un Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios, cuya finalidad es otorgar un apoyo social por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), a los trabajadores ex braceros que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios.

Dicha cantidad es mucho menor a lo que se descontó a los ex braceros, pero es una cantidad que le ha servido a esta gente de la tercera edad, en su mayoría gente del campo.

Para entregarles el dinero les pidieron que se registraran. Nada más lo hicieron 78 mil de los cerca de 250 mil que hay. Los que ya se registraron están a la espera de salir “sorteados” y recibir el apoyo económico.

Tercero. En términos estrictos, la lucha original de los trabajadores ex braceros tiene su fundamento en la pérdida del fondo de ahorros, producto del descuento de 10 por ciento de su salario que los empleadores de Estados Unidos hacía mexicanos que fueron contratados bajo las condiciones del Programa Bracero.

Para que los auténticos ex braceros reciban este beneficio deben estar registrados en el padrón que levantó la Secretaría de Gobernación en los términos de la Ley de Apoyo Social a los Trabajadores Migrantes.

De acuerdo con la ley, se dará prioridad en la entrega de apoyos a los ex trabajadores de más edad, y en caso de fallecimiento, este será entregado a la viuda o a los hijos del ex trabajador.

Cuarto. Que derivado de la creación de la Ley del Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a un año aproximado de su vigencia, la autoridad federal procedió a levantar el padrón correspondiente sobre cerca de 212 mil trabajadores censo que concluyo el 10 de marzo de 2006, derivado de este padrón cerca de 100 mil ex trabadores braceros, ya han recibido de manera justa sus ahorros hechos durante los años 1942-1964, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Fideicomiso creado para tal efecto.

Sin embargo, aún cuando ese primer acercamiento significo un avance gradual muy importante, resulto insuficiente, lo anterior por el hecho mismo de que solo cerca de 100 mil ex trabajadores braceros, de los más de 212 mil consensados e inscritos, hayan resultado beneficiados o que hayan calificado para el pago como lo establece la Ley que Crea el Fideicomiso, es decir sólo un 48% del gran total esto quiere decir que las bases establecidas en dicho precepto jurídico resultaron ser muy estrechas y restrictivas en relación al universo de trabajadores ex braceros.

Actualmente, la disposición jurídica a la que se enfrentan los ex trabajadores braceros mexicanos, provoca una cantidad considerable de exclusiones, en el sentido de que sólo se brinda valor probatorio de identidad a la tarjeta de seguridad social norteamericana, con la exigencia de su apostillamiento.

Quinto. El reconocimiento del derecho que les asiste a los ex trabajadores braceros, sobre los cinco diferentes tipos de documentos reconocidos como probatorios son:

a) Contrato individual de trabajo, celebrado por cualquier compañía o contratante en Estados Unidos de América, bajo el Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

b) Comprobante de pago emitido por el contratante referido en el inciso a) anterior.

c) Tarjeta de identificación consular (mica café).

d) Social Security, derivado del contrato de trabajo del Programa Bracero, durante los años 1942-1964 debidamente apostillado; o en su caso, certificado a través de la constancia de expedición ante la Embajada de los Estados Unidos de América en México o de sus consulados en territorio nacional.

e) Mención honorífica, expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América, que forzosamente vincule al ex trabajador migratorio mexicano con el Programa Bracero 1942-1964.

Bajo el texto actual de la Ley en vigor, constituye un gran avance, en otro sentido, el no reconocimiento del derecho que pudiera asistirles a los segmentos antes mencionados, representa las limitaciones, vacíos y ausencias que permean su texto y que en términos reales no representa otra cosa más que dejar sin el derecho de obtener su apoyo social a miles de ex trabajadores denominados braceros.

La Ley que Crea el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos determina la exclusión de un gran número de ex trabajadores braceros en las hipótesis antes descritas, existen también miles de excluidos por razones que no necesariamente son atribuibles a la ley en comento, sino a las condiciones bajo las cuales se llevo a cabo la operación de las mesas receptoras.

Puntos de Acuerdo

Primero. Que los integrantes de la Junta de Coordinación Política, proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros será que se encargue de garantizar y dar seguimiento a todo el procedimiento que con fundamento en la ley expedida para estos efectos, así como para dar cumplimiento sobre el pago a los ex migrantes braceros, además con el firme propósito de de que esta comisión sea la garante de los cerca de 100 mil ex braceros que faltan por recibir lo que conforme derecho les corresponde.

Tercero La Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros estará formada por 12 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine la Junta de Coordinación Política.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2012.

Diputado Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Segob, de la PGR, de la Sedena y de la Semar a revisar el funcionamiento y los resultados de la operación Guerrero Seguro, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, profesor Marino Miranda Salgado, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto al pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo, con el trámite de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 19 de enero del año 2007, el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón, formalizó el inicio de la “Operación Conjunta Guerrero”, consistente en el despliegue masivo de elementos federales, mayoritariamente adscritos a las Fuerzas Armadas. De proporciones considerables –alrededor de 7 mil 500 elementos federales de seguridad– dicha operación se justificó por el incremento de la violencia en la entidad durante el año previo.

Segunda. A pesar de ello, Guerrero registró, a partir de 2008, un aumento constante de los hechos de violencia, debido a la actividad de grupos del crimen organizado como el cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico sur y el autodenominado Cártel Independiente de Acapulco, así como, según las autoridades, a la “rivalidad delincuencial”. De este modo, el número de homicidios previo a la puesta en marcha del operativo conjunto en 2007 aumentó poco más del 30 por ciento en los meses posteriores a su inicio, al pasar de 766 a mil 5, sin contar con el incremento de las violaciones a derechos humanos, por parte de las Fuerzas Armadas.

Tercera. A pesar de que no se dieron a conocer de manera oficial los resultados de la “Operación Conjunta Guerrero”, ni se realizó una evaluación integral a ésta, ni mucho menos sobre la pertinencia de repetir una acción similar, el 6 de octubre de 2011, la administración de Felipe Calderón anunció la puesta en marcha de un nuevo instrumento, Operación Coordinada Guerrero Seguro.

En presencia del gobernador de Guerrero y de los entonces secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública Federal, de Marina, y de la Defensa Nacional, así como de la vocera de Seguridad Nacional del gobierno federal y de la procuradora general de la República, en un intento por responder a la grave crisis de seguridad que se vivía en la entidad, dicho operativo inició su implementación con el despliegue de 2 mil elementos, a razón de mil elementos del Ejército, 300 de la Marina, 650 de la Policía Federal y 50 de la Procuraduría General de la Republica, a los que se sumarían mil policías estatales y 500 más que se incorporarían al servicio en noviembre.

Para finales de ese año, la violencia en Guerrero había privado de la vida a cerca de 2 mil 500 personas, acumulándose así poco más de 7 mil 500 homicidios desde que la administración del presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Esto es, en cinco años la cifra de homicidios en la entidad se incrementó en más de 300 por ciento.

Cuarta. En octubre de 2012, a un año de la implementación del Operativo Guerrero Seguro, el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, urgió a que se diera un ajuste en las tareas de seguridad que realizan el Ejército, la Marina y la Policía Federal en el combate a la delincuencia organizada, con la finalidad de focalizar más los esfuerzos.

En este contexto, la nueva administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, continuó con el Operativo Guerrero Seguro, iniciando 2013 con un reforzamiento de más de 800 efectivos, entre soldados y policías federales para atender municipios de alto riesgo, sumando un total de 11 mil efectivos entre fuerzas estatales y federales que brindan seguridad pública en Guerrero.

Quinta. No obstante lo anterior, la violencia continúa acrecentándose, o bien, dispersándose en la entidad. Con diversos hechos de violencia, entre los que destacan agresiones, asesinatos, cobro de piso y extorsiones a la población civil; decapitaciones y plagios, presumiblemente relacionados con conflictos entre bandas del crimen organizado, así como agresiones a turistas, Acapulco es ya la segunda ciudad más violenta del mundo y la primera en México, con 143 homicidios por cada 100 mil habitantes, que representa casi 8 veces la media nacional. No obstante, tales eventos no son exclusivos de esta ciudad.

La delincuencia organizada ha asumido el control absoluto de regiones enteras, como resultado la cooptación y el sometimiento de las policías municipales han dejado en vulnerabilidad a las autoridades municipales y sus habitantes.

Lo anterior se ve reforzado por la actuación del Ejército y la Marina, cuyos elementos a pesar de realizar recorridos, lo hacen de manera esporádica y sobre las carreteras más comunicadas, dejando en la indefensión a las comunidades más pequeñas. Además, lo hacen sin estrategia alguna, empleo de inteligencia o uso de tecnología, por lo que sus efectos previsibles lejos de ser alentadores son desesperanzadores.

Cabe destacar que, en suma, durante los primeros cinco meses del presente año, entre los 20 municipios que tienen las tasas más elevadas de homicidios, destacaban cinco ubicados en Guerrero y, en total, el estado concentró el mayor número de homicidios dolosos hasta el pasado mes de agosto, con más de mil 400 muertes.

Sexta. Para la sociedad civil, los efectos de la violencia son diversos y, por mucho, insostenibles. En el municipio de Acapulco, en meses pasados, se registró el cierre de más de 80 centros escolares durante el ciclo escolar y 400 maestros en paro de labores que exigían garantías de seguridad para trabajar. De igual forma, en diversas comunidades como Oxtotitlán, Tlajocotla, y El Tanque, entre otras, las clases fueron suspendidas o, incluso, los cursos previamente clausurados.

En otros municipios como San Miguel Totolapan, Arcelia, General Heliodoro Castillo, Apaxtla de Castejón, Cuetzalan del Progreso, Cocula, Teloloapan, Iguala de la Independencia e Ixcateopan de Cuauhtémoc, los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, específicamente entre la “Familia Michoacana” y “Guerreros Unidos” se han traducido en diversas agresiones a la sociedad civil, tales como asesinatos, extorsiones, desapariciones, cobro de piso y violaciones, lo que ha provocado una situación de psicosis entre sus habitantes.

Otra faceta de dichos efectos la constituye el desplazamiento forzoso. Los pueblos de Oxtotitlán y Tlajocotla, pertencientes a Teloloapan, así como otros de los municipios de Apaxtla, San Miguel Totolapan y Cuetzalan del Progreso, se encuentran semivacíos, toda vez que la mayoría de sus habitantes los abandonaron a consecuencia de la crueldad con la que los grupos que operan en la zona actúan.

De acuerdo con el alcalde de Teloloapan, el desplazamiento por el fenómeno de la violencia existe y en algunos casos resulta alarmante, de tal forma que hay familias completas que salen de sus municipios hacia otros; los que pueden, refiere, incluso se van hacia el extranjero. Sobre el tema, el titular de la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales dice desconocer las cifras de personas que emigran por el fenómeno de la violencia, sin embargo, destaca que los alcaldes tienen el pulso real de lo que ocurre.

Séptima. Por su parte, el desgaste de las instituciones no se ha hecho esperar. En diversos municipios como Teloloapan, Apaxtla, Cuetzalan del Progreso y Acapetlahuaya, las policías preventivas han reducido su presencia al mínimo a partir de los ataques directos que la delincuencia les ha dirigido desde 2010, pero que se intensificaron entre abril de 2012 y lo que va de 2013.

Es así que en el municipio de Teloloapan, de unos 50 mil habitantes, quedan 19 de 125 policías que eran en total, ya que el resto pidió baja por los efectos de la violencia en esa parte de la zona norte del estado.

Producto de lo anterior y de la falta de efectividad gubernamental y de los vacíos de autoridad derivado de ambos fenómenos, ha sido el surgimiento de los grupos de autodefensa. Si bien, desde 1997 la entidad cuenta con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, un sistema de seguridad y justicia comunitario que opera en la costa-montaña, este año se ha distinguido por la proliferación de tanto de grupos de autodefensa como de policías comunitarias. De acuerdo con la Comisión de Justicia del Congreso local, al menos 33 de los municipios que integran a la entidad cuentan con la presencia de alguna de estas figuras.

Aunque Guerrero no es el único estado que cuenta con este tipo de movimientos, sí es el que más posee y, dada su reciente multiplicación, constituye una señal más de que el esquema de seguridad vigente ha sido rebasado por la realidad. En otras palabras, de que ante la ineficacia de las autoridades legalmente establecidas, han sido los pobladores quienes han tenido que intentar tomar en sus manos la seguridad de sus pueblos.

Ante esta escalada de violencia, el cansancio de la sociedad civil, que ha optado por la conformación de grupos de autodefensa y, en algunos casos, por el rechazo incluso a la presencia de las fuerzas armadas; así como ante los efectos negativos para el desarrollo del estado y la recuperación del tejido social, resulta apremiante revisar una estrategia que tras dos intentos realizados por dos administraciones federales, ha demostrado ser insuficiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al secretario de Gobernación, al procurador general de la República, así como a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina a realizar y dar a conocer públicamente una evaluación integral en torno al funcionamiento y los resultados del Operativo Guerrero Seguro, así como de sus efectos colaterales.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a replantear de manera integral la estrategia de seguridad que se implementa en Guerrero, en conjunto con los órdenes locales de gobierno y con la sociedad civil.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de noviembre de 2013.

Diputados: Marino Miranda Salgado, Silvano Blanco Deaquino, Carlos de Jesús Alejandro, Sebastián de la Rosa Peláez, Catalino Duarte Ortuño, María del Rosario Merlín García, Teresa de Jesús Mojica Morga, Vicario Portillo Martínez, Jorge Salgado Parra (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Profeco a practicar de manera permanente visitas de verificación para garantizar el respeto irrestricto de la dignidad de los usuarios de transporte aéreo, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El abuso y maltrato llevado a cabo por las diversas aerolíneas o la administración de los aeropuertos, sobre los pasajeros en tierra o en la aeronave, tanto al abordar un avión como durante el vuelo o al descender del mismo y en general, en todas las prácticas comerciales en este negocio, no es algo nuevo.

Durante mucho tiempo se ha documentado el trato denigrante, sufrido por el consumidor al utilizar el servicio público de transporte aéreo.

Las razones de los sucesos descritos son muchas, por ejemplo, para nadie es algo desconocido los inconvenientes derivados de la exigencia de estar con mucha antelación de la hora de despegue de un vuelo; o del número de maletas a las cuales tiene derecho el pasajero de portar con él dentro del avión, o cuántos son los kilos que se pueden llevar en cada maleta en la zona de carga de las aeronaves1; además, por si fuera poco, se pueden denunciar también las políticas tan diversas prestadas por cada compañía de aviación por idénticos servicios lo cual no le brinda seguridad a los pasajeros; eso sin contar la gran monserga de la sobreventa de vuelos.

En este sentido, apreciamos como los diversos operadores del transporte aéreo quedan a deber a los pasajeros, pero no solamente con aquellos problemas lucha el cliente, también se encuentran con que los operarios en los aeropuertos son prepotentes al momento de inspeccionar a cada usuario, el trato además de ser grosero, asume tintes de discriminación contra las personas adultas, funcionarios públicos, personas de otras latitudes diferentes al país y en general, cualquier usuario de las instalaciones aeroportuarias.

En este orden de ideas citamos al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien manifestó hace algunos días que las quejas contra la Policía federal se han incrementado en el último semestre principalmente por abusos o casos de extorsión, detectados en los aeropuertos o puntos de retención. Destacó que son cerca de 50 quejas en promedio contra la Policía federal tan sólo en los aeropuertos2.

Por otro lado, en el marco del derecho, apreciamos la existencia de la Ley de Aviación Civil, la misma al parecer es incumplida de modo constante pues se deja sin observar el párrafo segundo del artículo 17, la cual especifica que los servicios del transporte aéreo deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio.

En este sentido, los diputados de esta LXII Legislatura, debemos proveer ideas que se reflejen en cambios que transformen las leyes para de este modo poder exigirle a la función ejecutiva del país, el pleno cumplimiento de las disposiciones.

La gente en general es nuestra prioridad, y por ello debe ser de gran atención el aspecto de las comunicaciones, pues es el factor de movilidad esencial para el desarrollo del país, materialmente los inversionistas entran, salen y se desplazan del territorio nacional por transporte aéreo, en consecuencia descuidar al sector sería un error significativo3.

Por lo anterior, expresamos que así como aprobamos en abril pasado la modificación al artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para ampliar de 25 a 100 por ciento la indemnización que las líneas aéreas deberán pagar a los usuarios cuando se vendan boletos en exceso o se cancele el vuelo por causas imputables a los concesionarios o permisionarios, también trabajaremos para promover acciones tendientes a establecer en las normas un respeto a la dignidad de todos los usuarios del servicio público de transporte civil aéreo.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a practicar de manera permanente visitas de verificación oportunas para asegurar el respeto irrestricto a la dignidad de los usuarios del transporte aéreo.

Notas

1. De hecho, la Procuraduría Federal del Consumidor, en fechas anteriores informó de la inmovilización que llevó a cabo a básculas de diversas aerolíneas por no estar calibradas correctamente.

Véase. http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2013/07/11/profeco-sanci ona-aerolineas-aeropuerto-capitalino

2. http://www.24-horas.mx/pf-lidera-quejas-en-cndh-responden-con-60-proces os-a-policias/

3. En el año 2012 se explicó que durante el primero de los semestres del año 2012 se movilizaron 27 millones 42 mil viajeros en la red aeroportuaria nacional, lo que significó un aumento de casi 10 por ciento comparado con el mismo lapso de un año antes. Por mercado, en el doméstico el tráfico tuvo un crecimiento de 11.2 por ciento y en el extranjero de 7.3 por ciento, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/08/31/aeroline as-vuelan-por-record-historico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la casta petrolera, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para febrero del año en curso, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó que en el país existe un registro de 2 mil 682 organizaciones de trabajadores, conformados por sindicatos, federaciones y confederaciones.

Los sindicatos deben ser la unión de trabajadores a la defensa de sus intereses económicos y laborales, no obstante, en México están marcados por la corrupción, ya que los líderes se convierten en dictadores que solamente tienen interés para realizar negociaciones políticas y ventajas económicas para su bienestar personal.

El Sindicato de Trabajadores del Petróleo es, sin duda, uno de los más deshonestos que existen en México; durante años se han protegido los contratos colectivos que tienen Petróleos Mexicanos (Pemex) y dicha agrupación, por lo que es obvia la actitud de la dirigencia a ocultar y estar en contra de cualquier intento de transparentar los recursos públicos que recibe.

Los beneficios que obtiene el dirigente Carlos Romero Deschamps son un insulto para los mexicanos. En 10 años, según la revista Emeequis , a través de la Ley de Acceso a la Información, el sindicato ha obtenido 2 mil 210 millones de pesos por solo cinco clausulas del contrato colectivo, repartidos de la siguiente manera:

• Apoyo económico al Comité Ejecutivo: 457 millones de pesos.

• Apoyo para gastos de viaje del Comité Ejecutivo: 267 millones de pesos.

• Gastos para los festejos del desfile del 1 de mayo: 157 millones de pesos.

• Gastos para los festejos del aniversario de la expropiación petrolera: 179 millones de pesos.

• Gastos para la revisión del contrato colectivo de trabajo: mil 148 millones de pesos.

Los millones mencionados únicamente se entregan a la conocida casta petrolera , la cual está integrada por las personas más cercanas a Romero Deschamps; se compone por 68 integrantes del Comité Ejecutivo General, 90 miembros de las comisiones mixtas, 158 personas de las comisiones nacionales y 12 comisionados que laboran directamente a las ordenes del cabecilla.

El dirigente del sindicato de Pemex ha visto pasar a 4 presidentes de la Republica, 12 secretarios de Energía, y 8 directores de Pemex; sin embargo, los acuerdos con cada gobierno han evitado cambiar la manera de operar de la maquinaria y por ello no se le ha exigido una rendición de cuentas de ningún tipo.

Cabe mencionar que a partir de 2003 se pactó un convenio el cual compromete a Pemex a dar mensualmente una ayuda económica al sindicato, sin tener que declarar, por lo que actualmente el monto del apoyo se desconoce.

Otro ejemplo de la discrecionalidad dentro de dicha organización es el de la clausula 250 del Contrato Colectivo de Trabajo 2013-2015, el cual señala que “El patrón cubrirá al Comité Ejecutivo General la cantidad de 2 millones 842 mil 268.20 pesos mensuales, para gastos de viaje de sus integrantes”

En octubre de 2012 fue reelecto Carlos Romero Deschamps como dirigente del sindicato petrolero, lo que le avala continuación hasta 2018, así, sumará 25 años como líder en la agrupación petrolera.

“Mimado y oneroso” es como catalogan revistas internacionales a Romero Deschamps y al sindicato que dirige; otros señalan que es un grupo controlador dirigido por jefes multimillonarios que han formado parte del patrocinio de campañas para el PRI.

Un tema relevante y sobre todo del interés de todos los mexicanos es la reforma energética; mucho se ha hablado de ella, son cada vez más frecuentes los anuncios en televisión abierta promocionando y avisando a la gente que será para el beneficio de todos los mexicanos, lo cual es totalmente una mentira, no conforme con dicho engaño, en la iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución, en ninguna de las paginas existe una sola mención para mejorar el sistema de transparencia y evitar la corrupción ocasionada por la mala administración del sindicato.

Dicha organización ya tiene experiencia en evadir cuestionamientos acerca del desvió del dinero, pues a la fecha, se han presentado 47 juicios de amparo para no hacer públicos los recursos que reciben.

Lamentablemente, las autoridades y legisladores, evitan discutir la rendición de cuentas de los recursos públicos que maneja Pemex, incluyendo los sindicatos.

Desgraciadamente, en nuestro país la corrupción se encuentra por todos lados, los sindicatos en lugar de hacer un bien a la sociedad, únicamente la dañan más.

La estructura autoritaria de la política mexicana no permite que exista transparencia y por eso existe deterioro en nuestro sistema político, económico y social.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a ejecutar las acciones correspondientes para que conforme a la reciente reforma constitucional en materia de transparencia, el Sindicato de Trabajadores Petroleros, y su dirigente, Carlos Romero Deschamps, realicen declaraciones transparentes, informando el destino de los recursos del contrato colectivo con Petróleos Mexicanos de las siguientes clausulas: Apoyo económico al comité ejecutivo, gastos de viaje para el comité ejecutivo, gastos para el festejo del desfile del primero de mayo, gastos para los festejos del aniversario de la expropiación petrolera, y gastos para la revisión del contrato colectivo de trabajo.

Segundo. Se exhorta al titular Emilio Lozoya Austin, a hacer público en el portal de transparencia de la institución, el monto mensual destinado al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, acordado en el pacto realizado en 2003 entre Petróleos Mexicanos y esta agrupación, a fin de evitar el robo y el enriquecimiento de la casta petrolera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a incorporar en su agenda binacional la realización del proyecto para modernizar y ampliar los patios fiscales del puente internacional de Ciudad Acuña y tanto la construcción del segundo puente internacional como la de la espuela de ferrocarril en Coahuila, a cargo de la diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Irma Elizondo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en al artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como parte de los grandes proyectos que nuestro país ha celebrado en la búsqueda de un crecimiento económico, progreso y desarrollo en la infraestructura y servicios, podemos señalar al denominado como proyecto Port to Plain, mismo que nuestro país suscribió en forma conjunta a los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos de América, con la finalidad de poder impulsar el flujo económico y agilizar toda actividad comercial que se efectúe entre las 3 naciones, extendiendo los destinos comerciales y acortando las distancias.

Dicho proyecto, se hace consistir en la construcción de un corredor carretero entre Canadá, Estados Unidos de América y México, que alcanzará una longitud de 5 149 kilómetros aproximadamente, lo que contribuirá al intercambio y progreso de sectores como el industrial, empresarial, laboral, educativo, entre otros rubros, mismos que propiciaran una mejora en la calidad de vida de los habitantes de las regiones que se encuentren involucradas en el proyecto en comento.

El proyecto Port to Plain permitirá efectuar en forma continua, traslados de mercancías ligeras desde Alberta, pasando por Edmonton, en Canadá, por Denver, Colorado, así como por Amarillo, en Texas, en Estados Unidos de América, teniendo como principales destinos, a la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, o bien, a la de Manzanillo, en el estado de Colima, por lo que es evidente la intención de enlazar comercialmente a Canadá y los Estados Unidos de América, con el los puertos del océano Pacífico en nuestro país.1

Bajo esa lógica, ha sido necesario fortalecer el proyecto y fijar el punto por donde tendrían acceso a nuestro país todos los transportistas y aquellas personas que vengan circulando por dicho corredor carretero desde los Estados Unidos de América, e incluso desde Canadá, por ello, en 2005, mediante la un convenio de colaboración firmado por el entonces gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, el profesor Humberto Moreira Valdés, y altos directivos del proyecto en cita, fue como se incorporó a tal entidad federativa al desarrollo de dicho proyecto, mediante la utilización de los cruces fronterizos que existen al norte de la entidad en los municipios de Acuña y de Piedras Negras.2

Cabe destacar que para que la participación de Coahuila fuera considerada de gran valía en el desarrollo del proyecto mencionado, se debió al análisis satisfactorio que se efectúo de la importante infraestructura urbana que existe en la entidad, así como a la variedad y calidad de los servicios públicos con que se cuentan desde hace unos años, tales como las carreteras de cuatro carriles que cruzan por el territorio de la entidad, la existencia de diversas universidades, centros de investigación, desarrollo tecnológico e industrial, importantes plantas y centros de producción, y estabilidad laboral, condiciones que pueden contribuir al éxito del proyecto Port to Plain, y complementar su funcionamiento.

La inclusión de Coahuila en dicho proyecto, le beneficiaria de tal forma que le permitiría conectar a 3 de las 4 zonas metropolitanas de la entidad, como lo son Piedras Negras, Monclova y La Laguna, siendo esta última región, la entrada y salida hacia los puertos que nuestro país tiene en el Océano Pacífico, cruzando por el estado de Durango, así como también se podría tener salida y entrada en dirección hacia el Bajío y Aguascalientes; no debemos omitir, que la carretera de San Pedro-Cuatrocienegas, sería la clave para lograr tal objetivo, razón por la que su remodelación es una prioridad para el Estado, ya que le daría aún más funcionalidad y eficiencia al desarrollo del referido proyecto trinacional.

Así, los municipios de Acuña y Piedras Negras, al ser los cruces fronterizos del estado de Coahuila con los Estados Unidos de América, es que toman una especial trascendencia, puesto que tendrán el peso de soportar la intensa carga vehicular que se sobrevendrá una vez que el proyecto Port to Plain inicie, y por ende, también tendrá la responsabilidad de sostener el buen funcionamiento y desarrollo del mismo con su infraestructura aduanera; dichas municipalidades representan la entrada y salida de territorio nacional para todos aquellos transportistas de mercancías que vienen del vecino país del norte o que van hacia él, por lo que invariablemente en dichos cruces fronterizos tienen que realizarse todos los trámites de ingreso de tales mercancías ante las aduanas, así como la permanencia de estas en los patios fiscales para que sean cargadas, descargadas, revisadas, almacenadas, custodiadas por las autoridades aduaneras, en términos de la ley de la materia.

Tal situación también beneficiará a las demás entidades federativas del norte de nuestro país, debido a que Acuña representará una opción más para una entrada y salida eficiente de territorio nacional, transformando a dicha municipalidad en un punto estratégico de competitividad económica.

De ese modo, es importante considerar que sí el multirreferido proyecto va a constituir un verdadero impulsor del flujo económico que actualmente existe entre las 3 naciones, resulta obvio que se vaya a generar un incremento en la circulación vehicular y las actividades aduaneras de los cruces fronterizos de Acuña y Piedras Negras, por lo que es indispensable que las instalaciones que se encuentren en dichas municipalidades estén lo suficientemente preparadas y acondicionadas para poder desahogar sin problema alguno, toda esa carga de trabajo, ya que de lo contrario, tales cruces fronterizos se verán rebasados por el mencionado incremento de la actividad vehicular, comercial y por la insuficiencia en los espacios de los patios fiscales3 que actualmente existen, sobre todo en lo que corresponde al municipio de Acuña, cuyas instalaciones no se encuentran bajo las condiciones que permitan el funcionamiento eficiente que el proyecto Port to Plain exigirá.

Por ello, al municipio de Acuña le fue autorizado realizar una modernización y ampliación a las instalaciones de sus patios fiscales con que cuenta actualmente, de 3 mil a 30 mil metros cuadrados, ya que de esa manera, se tendrá la posibilidad de responder a cada una de las exigencias que surgirán por la movilidad económica que se propiciará, de ahí que para recibir todos los beneficios de dicho proyecto, es necesario que se hagan las inversiones de recursos económicos que sean pertinentes para mejorar la infraestructura aduanera para ofrecer servicios de calidad y con toda la diligencia, eliminando toda posibilidad de negligencia y retraso en los trámites aduaneros que se lleven a cabo en dichos cruces fronterizos.

Es tal la preocupación que existe por la realización de la obra que modernizará y ampliará los patios fiscales de Acuña, que por parte del Gobierno federal, del Gobierno estatal y del Gobierno municipal, así como del Grupo Intersecretarial conformado por instituciones de los tres órdenes de gobierno, tales como Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración, Servicio de Administración Tributaria, Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del estado de Coahuila, el alcalde de Acuña y representantes de la iniciativa privada en dicha entidad federativa, han sostenido diversas reuniones en las cuales se ha visualizado cada uno de los beneficios que se obtendrán con dicho proyecto de remodelación a la infraestructura aduanera en Coahuila, por lo que se ha determinado efectuar la realización de las mejoras de los patios fiscales de Acuña, Coahuila.

La modernización y ampliación de los patios fiscales de Acuña, implicara la remodelación de las avenidas aledañas a dichos recintos, la liberación por parte del Congreso local de 14 mil hectáreas, mismas que fueron donadas por el Gobierno estatal y el municipal, para que de esa forma el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales pueda disponer de ellas y ordenar el inicio de las obras para ampliar y modernizar los patios fiscales en Acuña, aunado a ello, el gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, el Licenciado Rubén Moreira Valdez, recientemente autorizó 2.3 millones de pesos para trabajar en la comentada infraestructura aduanera, de lo que se desprende el interés de la gubernatura estatal para emprender dicha obra y buscar su mejora, contribuyendo a la creación de condiciones más favorables que posibilitaran la eficiencia de los servicios aduaneros.

Como una consecuencia de ello, el proyecto Port to Plain podría contar con condiciones optimas para su ejecución en el estado de Coahuila, lo que podría ser aprovechado positivamente por el sector educativo, laboral, industrial, empresarial en la entidad federativa, al generarse un importante crecimiento económico y progreso no sólo para los involucrados directamente en el mencionado proyecto, sino también para las demás entidades federativas del norte del país.

Simultáneamente a ello, actualmente se encuentran trabajando el Gobierno estadounidense, el Gobierno de Del Río, el Gobierno estatal de Coahuila y el Ayuntamiento de Acuña, así como la Iniciativa Privada de ambos países, en la realización de un estudio preliminar para la construcción de un Segundo Puente Internacional en Ciudad Acuña, beneficiando en forma directa a tal demarcación, pero debe destacarse que las entidades federativas del norte de nuestro país, contaran con mayores opciones de entrada y de salida eficiente de territorio nacional, lo que también contribuirá al incremento del flujo económico y al dinamismo comercial.

Así también, la iniciativa privada de ambos lados de la frontera, tienen especial interés en impulsar la construcción de una Espuela de ferrocarril para que tenga cobertura tanto en el territorio mexicano, como en el territorio norteamericano, concretamente en la región de Acuña y de Del Rio, debido a que dicho proyecto por sí mismo, provocará un mayor dinamismo y funcionalidad en el flujo comercial entre ambas naciones en lo que hace al traslado de mercancías por ésta vía, lo que podría generar un desarrollo integral y crecimiento económico, sin omitir que tal Espuela de ferrocarril se convertiría en un importante factor que complementaria el funcionamiento y desarrollo del proyecto Port to Plain en el que el estado de Coahuila se encuentra incluido, tal como lo hemos referido anteriormente.

Es de mencionarse que actualmente el citado proyecto de la Espuela de ferrocarril en Acuña, se encuentra en la fase de estudio y revisión por parte del Gobierno Estatal, evaluando todo aspecto de carácter técnico, así como los beneficios que el mismo acarrearía no sólo para Coahuila, sino para las demás entidades federativas del norte del país, e incluso para el país entero, razón por la que existe un gran interés por llevar a cabo el mencionado proyecto de la Espuela de ferrocarril, lo cual ocurriría en coordinación con el gobierno norteamericano.

Sin lugar a dudas, la realización de estos 3 proyectos (la modernización y ampliación de los patios fiscales, la construcción del Segundo Puente Internacional, así como la construcción de una Espuela de ferrocarril) en el municipio de Acuña, Coahuila, representan por sí mismos una gran oportunidad para mejorar la infraestructura aduanera en esa municipalidad, lo cual le dará a las Aduanas de ese municipio, una mayor funcionalidad y eficiencia en lo que hace al flujo económico y movilidad comercial, convirtiendo a dicho cruce fronterizo en una verdadera opción para ingresar y salir del país en forma pronta.

Ahora bien, es importante hacer mención de que la realización de tal mejora en la infraestructura aduanera de Acuña, resulta indispensable y urgente, ya que además de ser un factor que podría ser el impulsor de un progreso y desarrollo en esa municipalidad y en el Estado, también se convertirá en un complemento en el funcionamiento del multicitado proyecto Port to Plain , brindando las condiciones idóneas para su desarrollo, además de darle una mayor funcionalidad y eficiencia al flujo económico y movilidad comercial entre Canadá, Estados Unidos de América y México, razón por la que se estima que se incrementaría la circulación vehicular en toda la entidad federativa, ya que Coahuila es la entidad federativa por donde los transportistas ingresaran y saldrán del país para dirigirse hacia los Estados Unidos de América o hacia los puertos del pacifico en territorio mexicano, como destinos comerciales.

En esa tesitura, el carácter que revisten tales proyectos de mejora de la infraestructura aduanera en Acuña, Coahuila, es del orden internacional, por ello es que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe otorgar la autorización para su realización, de ahí que resultaría importante que dicha dependencia del Poder Ejecutivo Federal, los incorporará en su agenda binacional, debido a los grandes beneficios que le traerían no sólo a una región o entidad federativa, sino a las entidades federativas del norte del país, propiciando crecimiento económico y progreso.

En este sentido, al visualizarse el gran crecimiento económico y desarrollo que los proyectos de mejora a la infraestructura aduanera le podrían traer no sólo al Municipio de Acuña en Coahuila de Zaragoza, sino también al resto de las entidades federativas del norte del país, además de que ello, contribuirá a la creación de las condiciones necesarias para que dicha entidad federativa pueda soportar el proyecto Port To Plain antes mencionado, es que acude ante esta Soberanía para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que tenga a bien incorporar a su agenda binacional, la realización del proyecto de modernización y ampliación de los patios fiscales del Puente Internacional de Ciudad Acuña, la construcción del Segundo Puente Internacional en Ciudad Acuña, así como la construcción de la espuela de ferrocarril en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de modernizar y fortalecer la infraestructura aduanera en esa entidad federativa, propiciando el incremento del flujo comercial y de la movilidad comercial en la región, además de darle la capacidad para soportar las exigencias que generará el proyecto Port to Plain, mismo que fue acordado entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México.

Notas

1 http://laguna.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180155...” El proyecto es demasiado ambicioso y en el mismo participan los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila y Chihuahua, los cuales buscan conectarse con Estados Unidos y Canadá...”

2 http://www.jornada.unam.mx/2010/05/06/estados/030n2est

3 El segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Aduanas define a los recintos o patios fiscales de la siguiente forma...” Los recintos fiscales, son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas...”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de agosto de 2013.

Diputada Irma Elizondo Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a informar a la opinión pública sobre el destino y el ejercicio del presupuesto aprobado para ciudades patrimonio en el PEF de 2013, a cargo de Raquel Jiménez Cerrillo y suscrita José Alfredo Botello Montes, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Raquel Jiménez Cerrillo y José Alfredo Botello Montes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral i, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base a las siguientes

Consideraciones

El 27 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2013, en el que se aprobaron un total de 300 millones de pesos para Ciudades Patrimonio; no obstante lo anterior, a la fecha únicamente se ha radicado un monto de $127 millones 500 mil pesos de lo presupuestado para dicho rubro, consecuentemente se configura un incumplimiento al decreto de PEF 2013 aprobado por esta soberanía.

Precisando datos y como antecedente es importante mencionar que el Proyecto del Presupuesto de Egresos de 2013 del Ejecutivo federal planteaba la asignación de un monto total de 150 millones para Ciudades Patrimonio, sin embargo esta Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades, y considerando el impacto que dichas ciudades tienen tanto en la identidad nacional, como en el ámbito cultural, turístico y por lo tanto económico del país, consideró duplicar el monto de los recursos previstos originalmente por el Ejecutivo federal, aprobando un total de 300 millones de pesos para la Ciudades Patrimonio.

En ese orden de ideas, la identificación y destino de los recursos en comento se señalaron con precisión y sin lugar a dudas en los Anexos 28.3 y 35.3 del decreto de PEF 2013, mismos que en la parte conducente a la letra disponen:

De la transcripción anterior, se advierte claramente que la voluntad de esta soberanía fue que las ciudades patrimonio contaran con los recursos necesarios para su preservación, desarrollo, progreso y difusión, a fin de velar por la conservación y la protección de éstas; lo anterior, en virtud de que las ciudades en comento enfrentan retos importantes, ya que se tratan de Centros Históricos Vivos y destinos obligados del turismo cultural en nuestro país, consideradas grandes atractivos turísticos, que cautivan a viajeros de diversas partes del mundo, lo que deriva en una importante derrama económica en el país.

Asimismo se tiene la responsabilidad internacional de salvaguardar estos bienes patrimonio para generaciones futuras, toda vez México es uno de los países adheridos a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desde 1984, siendo el tercer país con el mayor número de ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial.

No obstante lo anterior, una vez más es el Ejecutivo federal quien incumple y violenta la voluntad de los 500 diputados que aprobamos el presupuesto para ciudades patrimonio en el decreto del PEF 2013, pretendiendo ejecutar un monto menor al aprobado; pues se reitera que de los 300 millones de pesos aprobados, a la fecha únicamente se han ministrado 127 millones 500 mil pesos tal y como se observa en el siguiente cuadro:

En ese orden de ideas, de no ejercerse el monto total autorizado a las ciudades patrimonio, se configuraría un subejercicio del presupuesto situación preocupante por su naturaleza misma pues parece que esta práctica ha caracterizado el primer semestre de 2013, siendo el peor que se ha registrado en un inicio de sexenio desde 1995; resultando inaceptable que hoy estemos analizando el proyecto de presupuesto 2014 para ciudades patrimonio cuando aún no se ejerce ni 50 por ciento de lo que se destinó para este año. En ese tenor, es menester salvaguardar que el presupuesto aprobado sea ejercido estrictamente en total apego a lo aprobado por esta soberanía durante el ejercicio fiscal para el que fue autorizado.

Ahora bien, en relación al marco normativo aplicable, el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipula las obligaciones relacionadas con el cumplimiento del decreto de PEF, a cargo del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precepto jurídico que a la letra dispone:

“Artículo 23. ...

...

...

...

...

...

...

La secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias en los términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales , por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa.

...

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales . En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos . La secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.”

En ese tenor, el artículo 74 del mismo ordenamiento jurídico, dispone que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autorización de los subsidios y transferencias aprobadas en el Presupuesto de Egresos, precepto que a la letra señala:

“Artículo 74. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los recursos correspondientes.”

* Lo resaltado es propio.

De las transcripciones anteriores, se vislumbra la responsabilidad de la dependencia en comento tanto de dar cabal cumplimiento al presupuesto de egresos, subsanar los subejercicios, así como de informar a este ente legislativo y tomar en cuenta la opinión del mismo, respecto del destino de los recursos correspondientes.

Aunado a lo anterior, es prioritario velar por la consolidación de la importancia presupuestal del sector, así como para que tales recursos se apliquen con eficacia y eficiencia en el espíritu de los objetivos que haya autorizado la Cámara de Diputados; puesto que resulta primordial que esta soberanía tenga conocimiento del destino que éste persiguió, a fin de corroborar que se haya aplicado para fines acordes con la voluntad de este órgano legislativo; ya que no podemos permanecer pasivos ante la actitud indiferente, osada y retadora del Ejecutivo federal ante el decreto del PEF 2013, al hacer caso omiso de lo dispuesto por este órgano legislativo.

Por los motivos expuestos, me permito someter a esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a la brevedad posible, y en apego a las disposiciones aplicables previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, informe a la opinión pública sobre el destino y ejercicio del presupuesto aprobado para Ciudades Patrimonio en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

Diputados: Raquel Jiménez Cerrillo, José Alfredo Botello Montes (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la donación de sangre en el país, a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es impostergable que se atienda de manera inmediata la falta de cultura sobre la donación de sangre en México, ya sea por solidaridad, altruismo o generosidad.

México registra anualmente en promedio un millón 800 mil donaciones altruistas de sangre, cifras aún inferiores al ideal de cinco millones recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el marco de la Jornada Internacional de Donación de Sangre denominada “En la sangre está la vida”, que en forma simultánea se realiza en México, Estados Unidos y países de Latinoamérica y Europa, se abordó que en el mundo se donan anualmente más de 80 millones de unidades de sangre que ayudan a salvar miles de vidas.

Sin embargo cifras de la Organización Mundial de la Salud, demuestran que los resultados no han sido positivos, y establece que para cubrir las necesidades de sangre en un país, debe haber donantes de entre 1 y 3% de la población; no obstante, la realidad es que los voluntarios representan menos del 1% en 73 países.

De acuerdo a la información publicada en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en el periodo que comprende entre los años 2011 y 2012, se llevaron a cabo un total de 61 campañas para la donación de sangre en el país, siendo el 2012, el año con más campañas realizadas con 36, de las cuales un 75% de las personas fueron aceptadas como donantes.

Dentro de los requisitos para poder donar se encuentran:

1. Ser mayor de 18 años;

2. Pesar mínimo 50 Kg;

3. En general tener buena salud;

4. Identificación oficial;

5. No presentar algún malestar;

6. No padecer o haber padecido, epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, sida o enfermedades severas del corazón;

7. No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas;

8. No haber tenido cirugía en los últimos seis meses;

9. No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en el último año.

Si se cumple con los requisitos anteriores, el donante acude en este caso al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea para que el médico le realice un cuestionario para conocer de manera clara su historia clínica y así determinar si es candidato para donar sangre.

De considéralo apto se procedería a la extracción de sangre que tiene en promedio una duración de 10 a 15 minutos, al concluir este proceso el donante guarda reposo y se le otorgan alimentos para evitar una descompensación.

Con el estudio que realiza la Secretaría de Salud, se puede garantizar la seguridad del donante, ya que, todos los productos sanguíneos pasan por exámenes rigurosos y por lo tanto se disminuye el riesgo de contraer infecciones.

A pesar de cumplir con los controles médicos, cierto sector de la población se encuentra con una limitante que termina por mermar la reserva que se tiene en los Bancos de Sangre, como lo es la discriminación.

Las personas que por voluntad propia acuden a donar sangre son discriminados por los médicos de instituciones de salud, al basar sus criterios o requisitos de selección de donantes en la estigmatización, perjuicios en la práctica de situaciones de riesgo, es decir se excluyen a personas de la posibilidad de donar sangre a partir de su preferencia u orientación sexual o de su condición social.

Sin lugar a dudas esta práctica viola los preceptos establecidos en la Constitución Política, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales, que establecen que todas las personas, son iguales ante la ley sin distinción por cualquier condición.

Con la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, se tuvieron avances significativos, sin embargo han quedado volando ciertos aspectos discriminatorios como en la redacción del punto 6.10.6.1 inciso (j, que establece como un motivo de exclusión temporal para donar sangre “Haber estado internado por más de 72 horas consecutivas en instituciones penales o de enfermedades mentales”, y con ello estigmatizando a las poblaciones carcelarias o a las personas con discapacidad mental.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, considera que este tipo de preceptos atentan en contra de las normas constitucionales y afectan de manera considerable la donación de sangre de ciertos grupos de la población que lamentablemente aún se encuentras estigmatizados.

Derivado de lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del Titular de la Secretaría de Salud, para que elimine de la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, el inciso (j del punto 6.10.6.1, por ser contraria a todos los preceptos legales en materia de discriminación.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del Titular de la Secretaría de Salud, se lleve a cabo una campaña permanente e implemente políticas públicas encaminadas a la a concientización y promoción de la Donación de Sangre en el territorio nacional.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de noviembre de 2013.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a colaborar en el saneamiento de la barranca El Águila, en Tepeaca, Puebla, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Jesús Morales Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La polución del agua, principalmente de los ríos y lagos de diversas comunidades resulta sumamente grave, ya que son éstas las que se ocupan para el regadío de los alimentos agrícolas, para darle de beber a los animales o para el uso personal, pero al estar contaminadas estas aguas causa severos daños a la salud hasta llegar a enfermedades como la diarrea, hepatitis A, esquistosomiasis, cólera, paratifoidea, poliomielitis, fiebre amarilla, por mencionar solo algunas.

Para la descontaminación de estas aguas existen diversas formas de tratamiento, pero de forma eficaz se utilizan las plantas tratadoras, las cuales tienen como principal función procesar el agua residual para dejarla limpia y libre de contaminantes físicos, químicos y biológicos, y con ello pueda ser reutilizada en el regadío agrícola y limpieza de áreas comunes de la comunidad, maquinaria, etcétera.

Estas plantas tratadoras utilizan tres procesos diferentes para el saneamiento del agua, que son:

• Físico: Se utilizan equipo y herramientas que filtren el agua negra y eliminen así la mayoría de los elementos sólidos en ella, así como componentes contaminantes y suciedad de la misma.

• Biológico: Limpia las aguas negras o residuales a través de una sustancia denominada lodo activo compuesto por bacterias benéficas que se alimentan de todos los residuos orgánicos que pueda tener el agua.

• Químicos: Garantiza la limpieza y purificación del agua eliminando malos olores y bacterias de aguas negras a través de sustancias de origen químico como es el cloro.

Por otro lado existen otros métodos como son las lagunas de oxidación, las cuales al igual que las plantas tratadoras, tienen como principal objetivo el saneamiento de las aguas residuales, con el objeto de eliminar todo contaminante para su utilización en áreas verdes y cultivos.

Estas lagunas son excavaciones de poca profundidad en la cual se desarrolla una población microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos que conviven en forma simbiótica y eliminan en forma natural patógenos relacionados con excrementos humanos, sólidos en suspensión y materia orgánica. Este método es fácil, eficiente y efectivo en costos cuando se dispone de grandes terrenos.

En México se encuentran diversas plantas tratadoras y lagunas de oxidación con el propósito de ocuparse para el riego de cultivos y evitar enfermedades. Una de las zonas con plantas tratadoras y lagunas de oxidación es el municipio de Tepeaca en el estado de Puebla, las cuales tienen como objetivo principal el saneamiento de las aguas residuales del municipio que actualmente afectan y contaminan la barranca El Águila. Desgraciadamente, dichas plantas tratadoras se encuentran en mal estado mientras que las lagunas de oxidación no se encuentran en funciones.

Es por esto que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, a petición de la asociación civil Insurgentes Tepeaca, investigó el funcionamiento de las plantas tratadoras de aguas de Santa María Oxtotipan, y la Central de Abastos, así como de las lagunas de oxidación de San Bartolomé Hueyapan, San Pablo Actipan y San José Zahuatlán, de lo cual se desprendieron severas irregularidades, ya que tales instalaciones se encuentran condiciones críticas, por lo que los contaminantes del municipio, como son aceites, químicos, basura sólida y aguas negras son arrojados a la barranca de El Águila, afectando la salud de sus habitantes. Un ejemplo muy claro de esto fue lo ocurrido el pasado mes agosto del año en curso, cuando se dio a conocer la infección de menores de edad tras la ingesta de legumbres regadas con las aguas de la planta de tratamiento de Santa María Oxtotipan.

Las descargas clandestinas provenientes de la barranca El Águila, así como las aguas residuales domésticas vertidas en el río Atoyac han provocado la muerte masiva de peces en el municipio de Tehuitzingo, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, cabe señalar que a principios del mes de julio cerca de dos mil peces fueron encontrados muertos en el río Atoyac, situación que afectó a varias comunidades de agricultores y ganaderos, los cuales utilizan el agua para sembrar e incluso para comer.

A través de un comunicado, la dependencia informó que los muestreos detallaron que las descargas produjeron el aumento del PH del agua -acidez y alcalinidad-, aunque no precisó los elementos nocivos encontrados en el líquido para que murieran los animales de río en las localidades de San Francisco de Asís, San Vicente Ferrer, Puente Marques, Tuzantlán, Azuchitlán, Santa Cruz Tejalpa, San Pedro La Junta, que pertenecen al citado municipio.

Después de este evento, fue realizado un operativo de saneamiento básico que consistió en proporcionar la dotación de agentes desinfectantes como plata y cloro en pastillas, así como la capacitación de su uso a los pobladores.

“Se realizaron muestreos del agua, los cuales determinaron que la caracterización corresponde a una descarga típica de aguas residuales domésticas, sin embargo (...) se concluye que la contaminación que género el incremento del PH pudo ser consecuencia de descargas fortuitas (clandestinas) efectuadas aguas arriba provenientes de la barranca El Águila, las cuales se diluyeron rápidamente razón por la cual no se registraron en los muestreos realizados por esta institución”, explicó el referido organismo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua, para que dentro del ámbito de sus competencias, coadyuven en el saneamiento de la barranca El Águila, en el municipio de Tepeaca en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

Diputado Jesús Morales Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la información del Estado mexicano extraída de las cuentas de correo electrónico de servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades de la administración pública federal en las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

El pasado 20 de octubre del presente año, el diario alemán Der Spiegel , versión en inglés, publicó una serie de documentos filtrados de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por los cuales se da cuenta del espionaje cibernético practicado en contra de los servidores y correos de la Presidencia de la República, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública; así como a otras instancias gubernamentales de gobiernos como Francia.

De dicha información destaca la gravedad que significa la infiltración al propio correo del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como a la intercepción de mensajes personales del actual presidente Enrique Peña Nieto.

En ese sentido, resulta inquietante que la soberanía de nuestro país se vea vulnerada por este tipo de prácticas que van en contra no sólo de la legislación mexicana, sino del propio derecho internacional. De acuerdo con lo conocido hasta este momento, la información a la cual la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América tuvo acceso son comunicaciones diplomáticas, económicas y de seguridad. Lo anterior, mediante la vulneración al servidor de correos clave en el dominio de la presidencia mexicana en la red presidencial para obtener el primer acceso a la cuenta pública de correo electrónico del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en una operación conocida como Flatliquid .

Sin embargo, dicho reporte, que forma parte de un total de 260 documentos elaborados por la Agencia de Seguridad Nacional, da cuenta de que no sólo la Oficina de la Presidencia fue infiltrada de manera cibernética, sino que a través del proyecto conocido como Whitetamale , la agencia también tuvo acceso a cuentas de correo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

La información citada por el diario alemán Der Spiegel , forma parte complementaria de la información filtrada también al diario británico The Guardian y a la televisora brasileña O Globo. Al respecto el informe de Der Spiegel detalla algunos aspectos del espionaje al actual presidente Enrique Peña Nieto, mediante el cual se interceptaron comunicaciones personales de él y sus colaboradores, que le permitieron a la Agencia de Seguridad Nacional alrededor de 85 mil 489 mensajes de texto.

Contexto internacional actual y de debate sobre el espionaje cibernético

Previa publicación del diario alemán Der Spiegel , dos diarios norteamericano y británico respectivamente, The Washington Post y The Guardian, revelaron la existencia de Prism , un proyecto diseñado por el gobierno de los Estados Unidos de América para monitorear y acceder a “todo el audio, vídeo, fotografías, e-mails, documentos y registros de conexión” en todos los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL (propietaria de Engadget), Skype, YouTube y Apple.

Estos datos estarían siendo utilizados por el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (también conocida por las siglas NSA), para vigilancia electrónica de los usuarios de Internet a nivel mundial.

Esquema que identifica la información que se obtiene de proveedores de servicios en Internet

La información filtrada a la prensa indica que analistas estadounidenses estarían utilizando las cadenas de búsqueda de los usuarios para determinar con una precisión de “al menos 51por ciento” si una persona es extranjera y “sospechosa de ser un delincuente”, tras lo cual se extraen sus datos, incluyendo las personas de su lista de contactos. En servicios de redes sociales, las autoridades podrían monitorizar audio, video, conversaciones de texto y transferencias de archivo. También sería posible acceder a correos electrónicos, así como a sus servicios de almacenamiento y de búsqueda.

Cuestionamientos sobre la operación y legalidad de los programas de espionaje cibernético en el marco internacional

Al generarse cuestionamientos a nivel mundial sobre la legalidad de Prism y cómo funciona exactamente, James Clapper, director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, desclasificó la existencia del programa para aclarar lo que él llamó “impresiones”. Según Clapper, Prism “no es un programa de recolección o minería de datos no divulgado”, sino:

“Una herramienta para monitorear las comunicaciones de ciudadanos no estadounidenses a través de sus metadatos (es decir, la información sobre quién envía una comunicación, a quién va destinada y cuándo se produce, sin llegar a acceder al contenido).

Es un sistema informático interno del gobierno usado para facilitar la recolección autorizada por el gobierno de información de inteligencia extranjera desde proveedores de servicios de comunicación electrónica bajo supervisión de un tribunal [...] Esta autoridad fue creada por el Congreso y ha sido ampliamente conocida y discutida en público desde su creación en 2008.

Resumiendo, la Sección 720 facilita la adquisición dirigida de información de inteligencia extranjera relacionada con objetivos extranjeros situados fuera de los Estados Unidos bajo supervisión de un tribunal. Los proveedores de servicio suministran información al gobierno cuando así se les requiere legalmente”.

Al mismo tiempo que Prism era desclasificado por el director de Seguridad Nacional, el periódico británico The Guardian (que junto al Washington Post reveló la existencia del programa), dio a conocer un reporte general de recolección de datos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) que data de 2009 y que proporciona una idea de la magnitud y el posible alcance del sistema de vigilancia de Estados Unidos en Internet y en telefonía móvil, que incluye no solamente a los ciudadanos estadounidenses sino también a los extranjeros.

Objetivos para recolección de datos del reporte de la NSA publicado por The Guardian

Dicho reporte señala también que dado que el volumen de información recopilada es enorme, los analistas utilizan una herramienta llamada Boundless Informant (informante ilimitado), un software que permite a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos navegar por los informes generados de forma organizada.

De acuerdo a lo anterior, Boundless Informant permite a los usuarios seleccionar un país en el mapa, ver el volumen de metadatos y seleccionar detalles sobre los registros en dicho estado. Su interfaz se muestra con claridad en una captura de pantalla, donde diferentes países aparecen clasificados por colores que reflejan el volumen de metadatos en cada uno de ellos. Sólo en Estados Unidos de América hay más de 2 mil millones de metadatos recogidos, aunque este volumen es menor ante los 14 mil millones de reportes procedentes de Irán, los 13 mil 500 millones de Paquistán o los 12 mil 700 millones de Jordania.

Pronunciamiento por parte de otros países sobre el potencial espionaje a sus ciudadanos

Petición de información del gobierno de Brasil a los Estados Unidos sobre el caso Prism

El exministro brasileño de relaciones exteriores, Antonio Patriota, el 7 de julio solicitó formalmente a Estados Unidos información en torno al espionaje de comunicaciones de ciudadanos brasileños por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

En ese sentido, el gobierno brasileño, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló la creciente y grave preocupación sobre la noticia de que los Estados Unidos también espió a ciudadanos brasileños, como mostró un reportaje del diario O Globo . Por ello pidió explicaciones al embajador de Estados Unidos en Brasilia, Thomas Shannon, del estado que guarda esta situación, replicando esta petición la delegación diplomática brasileña en Washington con el Departamento de Estado.

El diario O Globo publicó el pasado domingo 7 de julio un reportaje en el que reveló que Brasil, al igual que la mayoría de los países del mundo, había sido espiado por los programas de rastreo de la NSA. El reportaje usa datos filtrados por el exanalista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, que está desde hace dos semanas en Rusia a la espera de que algún país le conceda asilo político, y evitando el arresto por parte de autoridades norteamericanas que lo acusan formalmente de filtrar información clasificada como sensible para la seguridad nacional de aquel país.

Entre los documentos citados por el diario brasileño, figura un mapamundi en el que Brasil aparece en color verde claro, similar al de países como México, Francia o Australia, lo que indica que el volumen de conexiones interceptadas por los sistemas de espionaje estadounidense es intermedio. Los países más espiados en números absolutos fueron Afganistán (12 mil 500 millones de conexiones por mes), Pakistán (11 mil 700 millones), Irán (11 mil 500 millones), Arabia Saudita (7 mil 400 millones) e Irak (6 mil 700 millones), según el mapa, que se refiere a datos del pasado enero. En el propio Estados Unidos, que aparece en el mapa con un color amarillo (intermedio), fueron espiadas 2 mil 349 millones de comunicaciones.

En el mismo sentido, la presidenta Dilma Rousseff, se pronunció sobre el tema ante el pleno de la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas, y canceló una visita de estado a los Estados Unidos.

Mapa dado a conocer por el ex analista de la CIA y la NSA, Edward Snowden, indicando la intensidad del espionaje a través del programa PRISM según el país.

Posicionamiento del Parlamento Europeo en torno al caso Prism en países de la Unión Europea

En la sesión plenaria del pasado 4 de julio, el Parlamento Europeo ha votado investigar las actividades de vigilancia de los Estados Unidos sobre los ciudadanos europeos que derivan del programa Prism. Lo anterior con 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones.

La resolución aprobada por el órgano legislativo de la Unión Europea no sólo se limitará a Prism, sino que también abarcará otros programas similares, posiblemente relacionados con el sistema de escuchas con el que los Estados Unidos grabó un supuesto de conversaciones entre funcionarios gubernamentales europeos.

Adicionalmente, el texto aprobado por el Parlamento Europeo propone proteger a las personas que revelen posibles abusos de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos e insta a tomar medidas a nivel nacional y europeo para presionar a los Estados Unidos, a través de la suspensión de varios programas de intercambios de datos bancarios y de viajeros activos.

A continuación se reproduce de manera íntegra el comunicado del Parlamento Europeo en torno a esta situación, después de su sesión plenaria del pasado 4 de julio4 :

Comunicado del Parlamento Europeo

“La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo realizará una investigación exhaustiva sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos de América, incluido el supuesto espionaje de instituciones europeas y estados miembros, y presentará sus resultados antes de que finalice el año, según una resolución aprobada hoy por la Eurocámara. El presidente del Parlamento Europeo y los líderes de los grupos políticos han confirmado formalmente la apertura de la investigación. El texto también defiende dar protección a los denunciantes.”

En la resolución, adoptada por 483 votos a favor, 98 en contra y 65 abstenciones, los eurodiputados expresan su “seria preocupación ante Prism y otros programas similares”, pues representarían una grave violación del derecho fundamental a la privacidad y la protección de datos. El texto también “condena enérgicamente el espionaje de las representaciones de la UE” y pide a las autoridades de Estados Unidos que faciliten sin demoras injustificadas información completa sobre el programa Prism y otros programas similares.

La Eurocámara también muestra su profunda preocupación ante las revelaciones de supuestos programas de vigilancia aplicados por estados miembros como Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Alemania y Polonia y les pide que examinen cuanto antes si estos programas son compatibles con la normativa europea.

Por todo lo anteriormente señalado, resulta imperativo que el Estado mexicano no sólo se pronuncie a través de la cancillería condenando toda forma de espionaje en contra de sus ciudadanos y gobierno, sino que refuerce sus mecanismos de defensa y contrainteligencia que le permitan, de manera eficaz, impedir la vulneración de la soberanía y seguridad nacionales a través del espionaje cibernético.

También en el mismo sentido, esta soberanía requiere que el gobierno especifique a la ciudadanía la información sensible a la seguridad nacional que se ha visto comprometida; así como un pronunciamiento enérgico y acciones contundentes de liderazgo que condenen lo sucedido, por lo que someto a consideración de esta soberanía, en calidad de asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe a la opinión pública detalladamente qué información sensible para el Estado mexicano fue extraída de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, y de otras entidades de la administración pública federal, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mediante las operaciones Flatliquid y Whitetamale , dirigidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, y en particular:

1) Informe detallado sobre los mecanismos y protocolos de defensa y contraespionaje con los que cuenta el gobierno federal para salvaguardar la soberanía e información sensible para la seguridad nacional del Estado mexicano ante programas de ciberespionaje internacional como Prism, y operaciones como Whitetamale y Flatliquid , dirigidos por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América.

2) ¿Qué información de la seguridad nacional del Estado mexicano ha sido comprometida con la extracción de datos de las cuentas de correo electrónico de los servidores de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y, en su caso, de otras entidades de la administración pública federal, durante las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mediante las operaciones Flatliquid y Whitetamale , dirigidas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América?

3) ¿Cuáles son las fallas que las instancias mexicanas de inteligencia tienen en el área de contrainteligencia, que tienen en vulnerabilidad al Estado mexicano frente a otros gobiernos extranjeros?

4) ¿Cuál es el estado que guarda la política de seguridad para salvaguardar la información de la administración pública federal ante amenazas externas; quién es el responsable de dicha política; y por qué el trabajo de los funcionarios responsables no se ve reflejado frente al éxito de las operaciones de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos?

5) ¿Cómo van los avances en las respuestas de la Secretaría de Gobernación a los exhortos aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, relativos a los casos de ciberespionaje del programa Prism?

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe a la opinión pública sobre qué información específica ha solicitado a la Embajada de Estados Unidos a raíz del conocimiento público del programa de espionaje Prism de la Agencia de Seguridad Nacional; de las respuestas que dicha embajada ha dado a los requerimientos del Estado mexicano; así como a solicitar y dar a conocer toda la información que reciba de esta representación diplomática relativa a los operaciones de ciberespionaje Whitetamale y Flatliquid , dirigidas por la Unidad de Operaciones de Acceso a la Medida de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República, para que en el ámbito de su competencia en materia de política exterior, cite a comparecer al embajador de México ante Estados Unidos de América, licenciado Eduardo Medina Mora, y a consulta al Embajador de los Estados Unidos de América en México, señor Anthony Wayne, para que expliquen detalladamente ante esa soberanía los avances en el trabajo diplomático e investigaciones con autoridades de aquel gobierno, entorno a los casos de ciberespionaje que vulneran el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet mexicanos y la protección de sus datos personales en territorio mexicano, como Prism; y que obtuvieron información de la Oficina de la Presidencia y de la administración pública federal, como Whitetamale y Flatliquid .

Nota

1. Pronunciamiento del Parlamento Europeo:

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/ 20130701IPR14770/html/El-PE-abre-una-investigación-sobre-los-programas- de-vigilancia-de-EE.UU.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2013.

Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sener y de Pemex a hacer pública la información sobre el avance o la cancelación del proyecto para construir la refinería Bicentenario, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco del 70 aniversario de la Expropiación Petrolera, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, dio a conocer en 2008 el proyecto para construir una nueva refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), denominada Refinería Bicentenario, la cual un año más tarde se daría a conocer que tendría lugar en Tula, Hidalgo.

El complejo, tal y como se diseñó, tendría una capacidad de procesamiento de 250 mil barriles diarios de crudo tipo y procesaría 76 mil barriles diarios de residuales. Incluiría además, la construcción de 832 kilómetros de ductos para el transporte de crudo, gasoductos, líneas de interconexión interrefinerías para el residuo de vacío y productos, y un poliducto a la zona suroriente del Valle de México. En síntesis, la nueva refinería estaría en condiciones de producir 161 mil barriles por día de gasolina y 125 mil de diesel.1

A la par de haber destinado 4 mil 480 millones de pesos en el rubro de investigación y estudios de preinversión y prever mil 542 millones de pesos más para 2014 como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

Sin embargo, en días pasados se difundió la noticia sobre la cancelación de la construcción de la refinería, esto por no contemplarlo en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2013-2017 , el cual “define estrategias y acciones que guiarán a Pemex en el cumplimiento, bajo el contexto actual, del mandato de creación de valor para los mexicanos”.2

En el documento denominado Principales elementos del Plan de Negocios de Pemex y sus Organismos Subsidiarios, 2014-2018 , se contempla que:

Petróleos Mexicanos cuenta con un Sistema Institucional de Desarrollo de Proyectos (SIDP) que permite mejorar la forma en que se definen los proyectos de inversión en los organismos de transformación industrial. El SIDP inició su operación completa desde 2009. En consecuencia, algunos proyectos cuya planeación fue previa a la entrada en operación del SIDP, como los proyectos de Gasolina de Ultrabajo Azufre, no pasaron por las compuertas respectivas de este sistema.

Al no pasar por este sistema, la definición de algunos de estos proyectos fue subóptima. En algunos casos, como el de Minatitlán, existieron incongruencias en la ingeniería que provocaron cambios de alcance que han dado lugar a una extensión de plazo, que se estima no será superior a 20 por ciento del plazo a la firma del contrato (lo que se mantiene dentro del límite de las prácticas internacionales para megaproyectos). En otros casos, como el de Tula y Salamanca, las inconformidades presentadas por los concursantes provocaron una extensión de plazo superior a los 10 meses.

En síntesis, de los seis proyectos de refinerías, a la fecha, dos de ellos se terminarán conforme a los plazos planteados contractualmente (Cadereyta y Madero), otros dos se terminarán dentro de los plazos de desviación considerados dentro de las mejores prácticas a nivel internacional (Salina Cruz y Minatitlán) y dos de ellos sufrirán desviaciones mayores por inconformidades durante el proceso de asignación y por desempeño insuficiente del contratista (Tula y Salamanca).

Al respecto, en diversos periódicos nacionales y portales de noticias, se cuestionó la versión sobre la cancelación del proyecto, al mencionar que “un portavoz de la compañía dijo este sábado que el plan no ha sido cancelado oficialmente ‘No hemos dicho que el proyecto ha sido cancelado’, dijo un vocero que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las políticas de la empresa”.3

Aunado a ello, cabe destacar las declaraciones del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien tras su participación en el Foro Nacional de la Industria Química 2013, organizado por la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) “aseguró que la viabilidad de la refinería Bicentenario de Petróleos Mexicanos (Pemex) dependerá de la aprobación de la reforma energética [...] al igual que el nuevo régimen fiscal para hidrocarburos. ‘La refinería está en una etapa de planeación, elaboración de proyectos y nosotros creemos que la viabilidad de la refinería estará en función de la reforma energética, la reforma energética puede permitir más inversión en México’.”4

En dicho tenor y entendiendo que la situación nacional e internacional en el tema de hidrocarburos amerita que exista una estrategia acorde a las necesidades y retos actuales, a la par de conocer en detalle el monto de inversión en el proyecto mencionado, así como las causas por las cuales se ha retrasado la obra, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos a hacer pública la información sobre el avance o cancelación del proyecto de construcción de la refinería Bicentenario, de Petróleos Mexicanos, en virtud de las declaraciones del secretario de Energía y de lo publicado en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2013-2017.

Notas

1. Pemex no construirá refinería en Tula http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2013/pemex-no-construira -refineria-en-tula-962560.html

2. Principales elementos del Plan de Negocios de Pemex y sus Organismos Subsidiarios, 2014-2018. http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/pn_14-18_1 31031.pdf

3. Pemex descarta refinería de Tula: medio http://www.cnnexpansion.com/negocios/2013/11/02/pemex-descarta-refineri a-en-tula-medio

4. Refinería Bicentenario dependerá de reforma: Sener http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/10/17/refineria-bicentenario -dependera-reforma-sener

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones conducentes a garantizar el abasto de medicamentos, insumos y equipamiento médico del hospital general de Valladolid y de los que componen la red hospitalaria nacional, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI

William Renan Sosa Altamira, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por Yucatán, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud forma parte de los derechos más elementales que el Estado está comprometido a salvaguardar y constituye además un requisito para toda sociedad que se considere justa, democrática e igualitaria.

En este sentido, la Constitución plantea en el artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Sin embargo, pese a que el derecho a la salud se encuentre tutelado por nuestra carta magna, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a 2010, 31.8 por ciento de los mexicanos no contaba con acceso a algún esquema de salud, pero el problema de esta desigualdad se agrava cuando, a pesar de los esfuerzos que la federación, los estados y municipios han emprendido por cubrir la carencia de infraestructura hospitalaria, nos encontramos que tales hospitales no tienen el equipamiento médico necesario para realizar sus funciones y lo que es aún peor, se carece hasta de los medicamentos más esenciales.

Latinoamérica representa 8 por ciento de la población mundial y consume el 7 por ciento de los medicamentos. En el caso de México, la problemática de los medicamentos la abordaremos desde tres puntos de vista, epidemiológico, el acceso en el sector público y el acceso en el sector privado.

En cuanto al epidemiológico, el hecho de haber mejorado sustancialmente las condiciones sanitarias en los últimos 60 años, ha dado como resultado un aumento en la esperanza de vida al nacer, de 49 años en 1950 a 72 años para hombres y 77 para mujeres en esta década.

Además, la disminución de la tasa de natalidad que va de 46 a 21 por cada mil habitantes ha generado un cambio en la distribución etaria de la población, ya que a partir de 2010 se tiene previsto que la tasa de natalidad baje y que la esperanza de vida aumente, lo que traerá como consecuencia un aumento de la población en México, en particular con un crecimiento notable en adultos mayores y con ello, la alta frecuencia de las enfermedades crónicas, metabólico-cardiovasculares (síndrome metabólico, hipertensión arterial, aterosclerosis, diabetes, obesidad).1

Por ello, la demanda de medicamentos supone crecientes esfuerzos en las campañas de promoción de hábitos de vida saludables, además de acceso a medicamentos cada vez más eficaces, seguros y al alcance de la población en términos de costo.2

En cuanto a la problemática específica del acceso en el sector público, haciendo eco de lo descrito en el Prosesa 2007-2012, en años recientes, las instituciones públicas de atención de la salud han realizado acciones tendentes a mejorar la disponibilidad y surtimiento de los medicamentos a los usuarios, basadas en las tres grandes causas que generan desabasto en el sector:3

1. Insuficiencia presupuestal. México es uno de los países con menor nivel de gasto público en salud: gasta sólo 6.4 por ciento del producto interno bruto en este rubro y, del gasto público, destina alrededor de 16 por ciento a salud.

2. Ineficiencia de los procesos que integran la cadena de suministro. Entre los principales problemas encontrados en los procesos destacan éstos: un proceso inconsistente de planeación en función de la demanda; un proceso de adquisiciones que generalmente iniciaba tarde en el año; existencia de un alto porcentaje de claves desiertas en procesos licitatorios; asignación inadecuada de inventarios, y baja frecuencia de entrega hacia puntos de consumo. A nivel de unidades de salud se detectaron dos problemas: falta de control del proceso de prescripción, procesos inadecuados y falta de sistemas para manejar niveles de inventario.

3. Falta de transparencia. En procesos como prescripción, adquisiciones, compra alterna o directa, distribución, entrega de medicamentos e inexistencia de precios de referencia.4

Estudios en planeación de la demanda y administración de inventarios, sostienen que el presupuesto constituye un problema marginal en el desabasto, mientras que el problema más bien se centra en la falta de eficiencia de los procesos de cadena de suministro como son: planeación de la demanda, adquisiciones, distribución, inventarios, prescripción, así como en la poca o nula comunicación e intercambio de información entre las áreas involucradas en la cadena de suministro.5

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2012, la proporción de surtimiento completo de recetas tuvo un decremento importante: pasó de 87.6 por ciento en 2006 a 83.2 para 2012.6

Pese a que la administración federal anterior buscó resarcir estos problemas a través de la planeación de la demanda de medicamentos, la promoción de la planeación anual del abasto estatal, la coordinación para la adquisición anticipada, multianual y bajo contrato abierto, la capacitación a distancia sobre administración de inventario de medicamentos, así como la recomendación constante del registro y uso de la información sobre medicamento a partir de la receta; no se logró revertir el problema fundamental del desabasto de medicamentos en centros hospitalarios.

Esta problemática se ha presentado en diversos estados que en este año han presentado desabasto de medicamentos y suministros, además de falta de equipamiento, de insumos y de equipo técnico especializado.

Es el caso del hospital Valladolid, Yucatán, que –por un lado– no ha sido terminado en su totalidad por falta de recursos y –por otro– padece la falta de equipamiento en especialidades médicas como área de urgencias, recuperación, cirugía general y ortopedia.

Pese a que en Yucatán tenemos una red hospitalaria sólida, ésta necesita ser fortalecida con unidades médicas de primer nivel en las comunidades y municipios del estado, pero de igual forma es impostergable garantizar el abasto de medicamentos y equipo médico.

De nada sirve tener hospitales de primer o segundo niveles si no cuentan con capacidad para ofrecer servicios de salud eficientes, de nada sirve tener los proyectos y estructuras si éstas se encuentran inconclusas por falta de recursos como el hospital de Tekax, cuya construcción no ha sido terminada.

Dicha problemática se ha presentado también en otras entidades, como es el caso del hospital general de Chetumal, donde hace unos meses los pacientes y sus familiares denunciaron la carencia de material de curación, así como de blancos y medicamentos, con lo cual no puede brindarse atención de calidad. Entre los faltantes destacan antibióticos, batas y sábanas para los hospitalizados.

Otro caso es el de Tabasco, donde los hospitales públicos carecen también de equipos médicos y recursos humanos. Pese a que la administración estatal había dado por superada la crisis hospitalaria de 2012, la realidad es que sus unidades, como el Hospital de la Mujer hace unos meses, aún faltaban médicos, enfermeras, incubadoras y medicamentos.

El desabasto de medicamentos es un problema que también padece Sonora, donde el hospital de Caborca se encuentra sin equipo completo en quirófano, sólo tres camas de urgencia, sin servicios de salud infantil ni equipo de diálisis, insulina, sueros y medicamentos de control diabético.

Tan alarmante situación debe ser atendida con la mayor brevedad. Tenemos el ejemplo de hace unos meses: el hospital regional de Tuxtla tuvo que suspender la realización de 70 por ciento de las cirugías programadas debido a la falta de material.

Es fundamental que por la Secretaría de Salud federal se garantice el abasto suficiente de medicamentos para todos los hospitales del país. De no hacerlo se conculca un derecho plasmado en la Constitución.

Saludo la propuesta contenida en la reforma hacendaria, la cual propone que la ley establezca claramente la separación de funciones que debe haber entre el financiamiento que se debe realizar por conducto de los regímenes estatales de protección social en salud y la prestación de servicios con objeto de mantener un control que permita hacer eficiente la compra y distribución de insumos para la salud a través de la transferencia de los recursos federales en materia de salud en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.

Sin embargo, es necesario que en estos momentos se lleven a cabo las acciones conducentes a garantizar los suministros, equipamiento y medicamentos que hacen falta.

Los pacientes y enfermos no pueden esperar a que la reforma se discuta y se apruebe. Los medicamentos faltan hoy, y la salud de los mexicanos no puede esperar.

En este sentido, ante la problemática de abasto de medicamentos, suministros y equipamiento de hospitales expongo ante esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a realizar las acciones conducentes a garantizar el abasto de medicamentos, insumos y equipamiento médico del hospital general de Valladolid y de los hospitales públicos que componen la red hospitalaria nacional.

Notas

1 Consultado en Diseño de una estrategia de productividad para el área de operaciones de una industria farmacéutica mexicana, Rafael Arturo Sierra Díaz, tesis de maestría en ingeniería industrial. <http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/9356/1/162.pd f>

2 Mercadotecnia Global, revista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Departamento de Economía, Administración y Mercadología, “El mercado farmacéutico en México, patentes, similares y genéricos”, Jorge Omar Kuri Juaristi. Consultado en <http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&id=3 36&Itemid=122>

3 Consultado en Programa de Acción Específico 2007-2012, mejora de acceso al medicamento, página 18, <http://www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/biblio/PAE_Med_actualiza do.pdf>

4 Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012., mejora de acceso a los medicamentos.

5 Ibídem.

6 Instituto Nacional de Salud Pública, evaluación externa del Sistema de Protección Social en Salud 2012. Tablero de indicadores.

Dado en la Cámara de Diputados, a 5 de noviembre de 2013.

Diputado William Renan Sosa Altamira (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y al Instituto Mexicano de la Juventud a implantar instrumentos para garantizar la seguridad de los jóvenes y disminuir el alto índice de homicidios entre este sector, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 36.2 por ciento de la población en México tiene entre 10 y 29 años de edad, y se enfrenta a una situación de discriminación, criminalización y pocas oportunidades en los ámbitos educativo y laboral, resultado de la falta de acciones dirigidas específicamente a este sector poblacional, aunado al incremento de la violencia e inseguridad en el país, lo cual recrudece el estado de las personas jóvenes en México.

Una de las expresiones de esta situación se encuentra plasmada en el trabajo La violencia juvenil en México . Reporte de la situación, el marco legal y los programas gubernamentales, elaborado por el Equipo para la Prevención de la Violencia del Banco Mundial y el Equipo de Seguridad Ciudadana para Latinoamérica y el Caribe en junio de 2012, donde se establece que, con base en datos del Inegi, “entre los jóvenes de 14 a 29 años, 32.7 por ciento sólo estudia, 32.1 por ciento sólo trabaja, 11.2 por ciento estudia y trabaja, mientras que el restante 24 por ciento busca trabajo, realiza labores domésticas u otras actividades, o está inactivo”.1

Por su parte, “la violencia amenaza los derechos humanos más fundamentales de igualdad, libertad y justicia alrededor del mundo.

La violencia extrema viola el derecho humano más básico: el derecho a la vida. Tal violación ocurre de manera más pronunciada entre la población joven, quienes están sobrerrepresentados como responsables y víctimas de la violencia, y son actores centrales en cualquier discusión acerca de crimen y violencia”.2

A partir de 2007, el homicidio es la causa externa número uno de la mortalidad juvenil en México:3 de las 139 mil víctimas de homicidios registrados de 2000 a 2010, 53 mil fueron personas jóvenes, lo cual representa 38.2 por ciento de los homicidios en el país, con un recrudecimiento de 2008 a 2010 debido a que en el periodo se cometió 43.4 por ciento de esos crímenes.

Respecto a ubicación geográfica, el homicidio de jóvenes se ha presentado con mayor intensidad en los estados del norte del país: en 2010, 56.7 por ciento de los homicidios de jóvenes ocurrió en cinco entidades: Chihuahua (42.8 por ciento), Sinaloa (16.4), Guerrero (7.2), Durango (5.6) y Baja California (4.4).

Por su parte, “el uso de armas de fuego en la violencia juvenil se ha incrementado sobre todo a partir de 2008. Entre 2007 y 2010, los homicidios de jóvenes por armas de fuego casi se han triplicado”.4

De 2000 a 2010, los jóvenes de 20 a 29 años han sido (con los de 30 a 34) los principales grupos etarios afectados en términos absolutos. En la población juvenil, la tasa de homicidio se incrementó fuertemente para casi todos los grupos etarios a partir de 2008, con la excepción de grupo de 10 a 14 años, que se mantuvo constante.

Los grupos etarios más afectados son 25-29, 20-24 y 15-19, donde la tasa de homicidio se triplicó entre 2007 y 2010. En los dos primeros grupos, respectivamente, la tasa cada 100 mil habitantes en 2010 fue de 45.5 y 38.9.5

En dicho tenor, “el informe Contando la violencia , elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia con base en cifras del Inegi y la Secretaría de Salud federal, señala que los homicidios de menores de edad por arma de fuego pasaron de 36 por ciento en 2006 a 55 en 2011”.6

Sin duda, estos datos representan la situación insostenible que se vive en el país, en la cual los jóvenes son los más afectados; resulta urgente que los tres órdenes de gobierno actúen en concordancia y garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas jóvenes por medio del establecimiento de políticas públicas y programas a nivel nacional que permitan, por un lado, contar con espacios seguros para su desarrollo; y, por el otro, los mecanismos que generen mayores y mejores oportunidades de las juventudes, reconociendo la desigualdad y diversidad que les caracteriza; por tal razón y por lo expuesto presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y al Instituto Mexicano de la Juventud a implantar instrumentos para garantizar la seguridad de los jóvenes y disminuir el alto índice de homicidios de dicho sector poblacional.

Notas

1 La violencia juvenil en México. Reporte de la situación, el marco legal y los programas gubernamentales. http://bit.ly/17GH5zl

2 Ibídem.

3 La tasa de homicidio juvenil se ha incrementado desde 7.8 en 2007 a 25.5 en 2010.

4 La violencia juvenil en México. Reporte de la situación, el marco legal y los programas gubernamentales. http://bit.ly/17GH5zl

5 Ibídem.

6 Aumentan homicidios de menores en México. http://www.animalpolitico.com/2013/10/aumentan-homicidios-de-menores-en -mexico/#ixzz2jdPHwZBr

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, relativo a la piratería, la invasión de rutas, la liberación del servicio y los conflictos intergremiales que enfrentan las modalidades del transporte en Tabasco, a cargo de la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Lorena Méndez Denis, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El bienestar de las naciones está relacionado con el grado de desarrollo de su infraestructura, ya que, al facilitar el acceso a servicios de educación, salud y varios más, se contribuye a eliminar desequilibrios regionales, dando sentido de unidad a todo el país.

Para que México tenga un sistema de infraestructura productiva de comunicaciones y transportes, se necesitan políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía, permitiendo un desarrollo equilibrado de los sectores público, social y privado.

La infraestructura de transporte en nuestro país es de gran importancia, ya que es un factor determinante para el desarrollo económico, brinda comunicación permanente entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros de producción y consumo; además de elevar la competitividad reduciendo costos y tiempos, facilita el acceso a mercados e integra cadenas productivas, contribuyendo a fortalecer la paz social y la seguridad.

Es Tabasco, en el que se abordan temas estratégicos para impulsar el progreso y la modernización, a efecto de devolver a la entidad el liderazgo que ostentó en la región sur-sureste, y que por múltiples razones se fue rezagando en los ámbitos regional y nacional.

La problemática de desarrollo urbano en este estado se origina por factores como la vulnerabilidad del territorio ante los fenómenos hidrometeorológicos y el cambio climático, asociados a un inadecuado manejo de las avenidas, de los ríos, la dispersión de los asentamientos rurales, la incapacidad técnica de los municipios en materia urbana y a un deficiente sistema de movilidad.

En materia de infraestructura carretera, actualmente Tabasco cuenta con diez mil 710 kilómetros de caminos y mil 360 puentes. Sin embargo, la capacidad del gobierno para proporcionar mantenimiento y rehabilitar la red carretera bajo su jurisdicción no se amplió; derivado de ello, 40 por ciento de los caminos y puentes se encuentran en malas condiciones.

Es en el municipio de Villahermosa, donde a parte de las condiciones ya mencionadas, surge una problemática en materia de transporte: el pirataje, la invasión de rutas, la liberación del transporte, así como conflictos intergremiales y problemas particulares que enfrentan las diferentes modalidades del transporte: taxis, volteos, escolar, urbano y foráneo y suburbano, son hoy en día un tema de preocupación, ya que van en aumento y ponen en riesgo el patrimonio de las familias de los afectados, además de la seguridad de los usuarios.

Ante tal situación, el presidente de Administración del Transmetropolitano Playas del Rosario-Villahermosa, Arturo Vidal León; los dirigentes de la Alianza de Transportistas en Tabasco, David Xicoténcatl Sánchez, delegado del Transporte Antimodal de la CNOP; David Hernández Jiménez, de la Alianza de Transportistas Escolares, y otros dirigentes en sus diversas modalidades, se manifestaron por largas horas a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), solicitando audiencia con el responsable de este sector.

José Antonio de la Vega, secretario de Comunicaciones y Transportes, acompañado por diversos funcionarios de la dependencia escucharon los planteamientos de los manifestantes, y tras haber tenido un diálogo conciliador, la SCT se comprometió a intensificar los operativos de supervisión para detectar a unidades piratas; además de establecer una agenda de trabajo para ir atendiendo cada uno de los conflictos que enfrenta este sector.

La SCT en coordinación con personal de la Policía Estatal de Caminos (PEC) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron operativos de supervisión en puntos estratégicos de la ciudad, reteniendo 13 taxis que operaban sin permiso o autorización en el servicio público, ya que carecían de elementos como placas, engomado, tarjeta de circulación o permisos expedidos por la dependencia.

De las unidades retenidas diez portaban cromática similar a los denominados taxis Marlboro, y tres contaban con numeración 9000 en la modalidad radio taxis, numeración que es inexistente conforme al Registro Estatal de Comunicaciones y Transportes, dicha numeración es producto del juicio de amparo número 1878-2013, radicado en el juzgado federal segundo de distrito en el estado, promovido en contra de esa Secretaría y otras autoridades para circular al margen de la Ley de Transportes de Tabasco.

El secretario de Comunicaciones y Transportes aseguró que continuarán los operativos permanentes de supervisión para el control y organización del servicio de pasajeros en la entidad, en beneficio de la seguridad de los usuarios, afirmando el interés del gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez por trabajar de la mano con los concesionarios para impulsar la modernización del sector, y brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.

A pesar de las intensiones y planes de desarrollo del actual gobernador, el problema continua y cada día incrementa su gravedad, no podemos permitir que este tipo de situaciones laceren la economía de los ciudadanos que siguen los lineamientos para entrar en el marco de la legalidad y formalidad en sus empleos se vean sometidos en la competencia desleal, además de incrementar la inseguridad, ya que este tipo de transportes puede ser utilizado por delincuentes para cometer fechorías en contra de los usuarios.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Tabasco tiene como obligación mejorar los servicios de transporte, para que éste cuente con un sistema seguro, eficiente, confortable y sustentable, respetuoso del marco legal.

Sus responsabilidades son vigilar y supervisar los principios operativos que regulen la prestación del servicio de transporte coordinándose con los tres niveles de gobierno, así como con otras entidades y sus organismos para detectar las posibles necesidades y soluciones del servicio de transporte.

Su principal compromiso es estimular opciones de movilidad urbana sustentable que privilegien el uso de medios de transporte colectivo no contaminantes.

Es por esta razón que no podemos conformarnos con las acciones efectuadas por la SCT se queden solo en operativos, las necesidades de este sector van más allá de un plan de desarrollo.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones Transportes y al gobierno de Tabasco a realizar acciones que eficazmente terminen con el problema de transporte que se da en la actualidad como la piratería, la invasión de rutas y la liberación del transporte.

Segundo. Se exhorta a las autoridades correspondientes mantener fijas las tarifas del transporte mientras prevalece la situación y así evitar que los transportistas piratas abusen de los bolsillos de los usuarios.

Tercero. Exhortamos a la Policía Estatal de Caminos y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado a incrementar la seguridad en todas las vías de tránsito, ya que, al existir piratería en el transporte, también incrementa la inseguridad

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2013.

Diputada Lorena Méndez Denis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SHCP y de la Segob a fin de modificar las Reglas de Operación del Fonden y condonar los porcentajes establecidos para Guerrero como beneficiario de dicho fondo, por los daños derivados de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel y la actual insolvencia de la entidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia resolución al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

Es por todos conocido que por su ubicación geográfica, nuestro país está expuesto a diferentes eventos meteorológicos severos. En este contexto, uno de los que mayor impacto ha generado daños en nuestro territorio nacional son los terremotos y los huracanes.

El paso de las tormentas Manuel e Ingrid por territorio mexicano puso en evidencia, no sólo la incapacidad del gobierno federal en materia de prevención de desastres, sino también en cuanto a reacción, control de daños y respuesta en situaciones como estas.

Prueba de ello es que un mes después del paso de dichos meteoros, sigue habiendo comunidades en Guerrero que se encuentran no solamente aisladas, sino que no han recibido la ayuda suficiente para salir de esta terrible situación.

En muchas de sus entrevistas, el presidente de la República ha argumentado que constantemente ha visitado los municipios más afectados por los fenómenos, además de que en tiempo y forma se ha hecho la entrega de recursos de primera necesidad, los cuales muchos de ellos fueron donados por los ciudadanos, en los muchos centros de acopio instalados en el país, sin embargo en muchas de las comunidades más aisladas argumentan lo contrario.

Se ha enfocado en los últimos días a frecuentar y supervisar los avances en los municipios y las comunidades más devastadas por los fenómenos, sin embargo este argumento parece ser una estrategia mediática para aparentar la eficacia del gobierno ante fenómenos como este.

Como bien sabemos el Fondo de Desastres Naturales de México, es el instrumento que utiliza la Secretaría de Gobernación para auxiliar a la población que se encuentra en peligro de ser afectada por un fenómeno natural, o que ya ha sufrido las consecuencias; los recursos del FONDEN se utilizan para comprar medicamentos, agua para beber, alimentos, ropa abrigadora y artículos de limpieza y aseo personal en caso de una emergencia. Más aún, se esfuerza por financiar trabajos de reconstrucción que disminuyan la vulnerabilidad frente a nuevos fenómenos naturales perturbadores, de tal forma el financiamiento es utilizado para reconstruir infraestructura con base a mejores estándares de construcción que los utilizados originalmente, para evitar daños frente a futuras amenazas y para la reubicación de edificios públicos o comunidades de zonas de alto riesgo.

Actualmente, las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales en su artículo 22 establecen lo siguiente:

Artículo 22. La Segob y la secretaría, suscribirán un convenio de coordinación con cada una de las entidades federativas, en el que se acordarán los términos generales para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, a través de las dependencias y entidades federales, por sí o a través de un tercero, hasta por el cincuenta por ciento con cargo al Fonden y la entidad federativa por el porcentaje restante, en el entendido de que la ejecución de las obras y acciones de reconstrucción de que se trata no estará sujeta a que los recursos federales se ejerzan de manera concurrente con recursos de los otros órdenes de gobierno.

Las obras a cargo de cada uno de los órdenes de gobierno señalados en el párrafo que antecede y el tiempo estimado de ejecución, serán acordados en un anexo de dicho convenio, que será suscrito exclusivamente por las dependencias y entidades federales responsables de la ejecución de obras y acciones de reconstrucción y por la entidad federativa dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la sesión de entrega de resultados del comité de evaluación de daños, con la intervención que en su caso corresponda al testigo social que designe el gobierno federal.

Por otra parte, los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales en su artículo 29, establece lo siguiente:

Artículo 29. La ejecución de las obras para infraestructura local se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de las Reglas, de acuerdo a la distribución de obras y acciones que resulte del anexo del convenio que haya sido suscrito por las dependencias y entidades federales responsables y por la entidad federativa, en donde la ejecución será hasta por el cincuenta por ciento con cargo al Fonden a través de las dependencias y entidades federales, o a través de un tercero. El porcentaje restante será responsabilidad en su ejecución y pago de la entidad federativa.

Para el caso de las obras y acciones autorizadas con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden, las dependencias y entidades federales ejecutoras deberán enviar a la Dirección General del Fonden, con copia a la unidad de política y al fiduciario, a más tardar a los siete días hábiles posteriores a la recepción de la notificación de la autorización de los recursos de este último, su correspondiente programa de obras y acciones debidamente calendarizado, en el que se detalle el período en que se ejercerán los recursos, debiendo éste iniciar a más tardar a los tres meses de la fecha de notificación de la autorización.

El fiduciario pagará las cantidades correspondientes por cuenta y orden de la instancia ejecutora de que se trate, de conformidad con las Reglas, en términos del anexo XVII de los Lineamientos de Operación.

Respecto a la reconstrucción a cargo del Fonden, las Dependencias y Entidades Federales informarán trimestralmente por escrito, en los formatos establecidos para tal efecto, a la Dirección General del Fonden, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones aplicables, sobre los avances físicos y financieros por obra o acción, relacionados con su ejecución y ejercicio, respectivamente, presentando dicho informe de igual forma ante el Comité Técnico, en las sesiones que para tal efecto sean programadas. Esta misma información deberá ser presentada a las instancias que correspondan en cada Entidad Federativa.”

Es decir, que Guerrero, para poder beneficiarse de este fondo, tendría que erogar de su presupuesto, ya de por si lastimado por los sucesos, un porcentaje importante del recurso.

Ante la difícil situación que viven en Guerrero, las carreteras y vías de comunicación se dañaron gravemente dejando en estado de incomunicación e indefensión total a los municipios más afectados, imposibilitando la llegada de víveres y apoyo a las comunidades más vulnerables.

La inversión que se requerirá para reconstruir las carreteras en el estado de Guerrero, afectadas por las lluvias de septiembre pasado, será de alrededor de 4 mil millones de pesos y esperan en un plazo de 50 días restablecer totalmente la conectividad, según el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Por lo anterior, nuestra propuesta va encaminada a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación, exente del pago del porcentaje correspondiente por parte de Guerrero, para la obtención de los recursos del Fonden.

Recordemos que en el sexenio de Calderón se firmó un acuerdo en el que se modificó el Programa de Prevención y Atención de Desastres Naturales, con lo cual se creó oficialmente el famoso Fondo para la Reconstrucción, que permitirá a entidades federativas contar con financiamiento líquido de manera inmediata.

Con la llegada de los desastres en dicho sexenio, en estados como Tabasco, Chiapas y Veracruz, se llegó a la necesidad de cambiar las Reglas de Operación, la federación reconoció la obsolescencia del Fonden y el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, logró la condonación de los porcentajes que tienen que entregar los estados afectados a fin de tener acceso a los programas federales, siendo el primer gobernador que propuso cambiar las reglas de operación del Fonden.

Por lo anterior, es necesario que el gobierno federal se solidarice con los estados más afectados por dicha contingencia, a fin de que en el menor tiempo posible puedan ser subsanados los daños en la infraestructura carretera y de vivienda con el propósito de que la población vulnerable ante estos hechos encuentre una pronta recuperación.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, para que en ejercicio de sus facultades, instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Secretaría de Gobernación, a que sean modificadas las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, a fin de que sean condonados los porcentajes establecidos para Guerreo, como beneficiario de dicho fondo, debido a los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, y la insolvencia actual del estado.

Dado en el Palacio Legislativo, a 5 de noviembre de 2013.

Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica)