Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE que remita al Senado el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes para poder dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76, fracción I, constitucional, a cargo de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se encuentra en un proceso de transición demográfica única en su historia. La población entre 12 y 29 años representa el 35 por ciento de los mexicanos.1 Los jóvenes son el sector poblacional que se encuentra en formación, se introduce al sector productivo, quienes mueven la economía, la cultura, la política. Determinamos los usos y las costumbres del México contemporáneo, tenemos demandas, pensamientos, necesidades, aspiraciones y deseos diversos.

Un estudio de la Organización Iberoamericana de la Juventud coloca a nuestro país en una etapa avanzada de la transición demográfica. México experimentó una tasa elevada de fecundidad hasta mediados de los años sesenta, que ha descendido en los últimos 40 años hasta llegar a un nivel cercano al promedio de reemplazo.2

El desarrollo de los jóvenes atraviesa todos los temas: seguridad, educación, desarrollo científico, protección del medio ambiente, trabajo, esparcimiento. Los estudios y las políticas públicas que se vienen realizando en el tema juvenil son relativamente recientes.

La Organización de las Naciones Unidas declaró el año de 1985 como el Año Internacional de la Juventud. Junto con ello, los organismos oficiales de juventud han celebrado conferencias intergubernamentales, reuniones de jefes de estado, reuniones interparlamentarias, han desarrollado proyectos regionales, planes de acción y programas de trabajo nacionales y regionales.

En agosto de 1992, diversas naciones de habla hispana firmaron el Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), órgano de discusión regional que, dentro de sus fines se encuentran impulsar los esfuerzos que realizan los Estados miembros para mejorar la calidad de vida de los jóvenes; promover el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales de juventud y la coordinación interinstitucional e intersectorial a favor de políticas integrales hacia la juventud.3

La OIJ es una institución supranacional, que integra a 22 países de América Latina y Europa, con el fin de articular y promover derechos y políticas públicas enfocadas a la población entre los 15 y 24 años de edad.

Las políticas regionales en materia de juventud deben de tener su referente a nivel nacional. Para ello, el gobierno federal cuenta con el Instituto Mexicano de la Juventud, órgano descentralizado de la administración pública, y referente obligado para conocer los trabajos que se han realizado a favor de los jóvenes.

La creación del Imjuve se remite a enero de 1999, durante la Presidencia de Ernesto Zedillo. Tiene por objeto, entre muchos otros, definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación. Asimismo, es el responsable de velar por el cumplimiento de los tratados y convenios que firma el Ejecutivo en materia de juventud.

La Organización Iberoamericana de la Juventud celebró en España en el año 2005, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. El resultado final, el Acta de Badajoz, establece tres objetivos primordiales: promover en los países la generación de políticas públicas de juventud; investigar las diferentes realidades juveniles y capacitar funcionarios y representantes juveniles; así como promover proyectos integración para jóvenes a nivel nacional y regional.

México se adhirió y firmó la Convención en octubre de 2005, sin embargo, no ha sido ratificado por el Senado de la República debido a que, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha enviado el expediente respectivo a la colegisladora, y el proceso se encuentra detenido desde ese momento.

El Acta de Badajoz es un importante tratado que reafirma el compromiso de los Estados para garantizar los derechos esenciales y propios de los jóvenes. El tratado ha sido firmado y ratificado por República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia, y se encuentra en proceso de ratificación en Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela.

La ratificación del Tratado representa el compromiso del Estado mexicano con el sector poblacional más numeroso, con mayores demandas y necesidades, así como el sector más activo y propositivo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de estar en posibilidad de dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 XX Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 http://www.censo2010.org.mx/

2 Saad, Paulo et al, Juventud y bono demográfico en Iberoamérica , Organización Iberoamericana de la Juventud, Madrid 2009.

3 Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud, http://www.oij.org/es_ES/la-oij/acta-de-fundacion

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.

Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la integración de un representante de la Comisión de Desarrollo Municipal de esta soberanía en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Ernesto Núñez Aguilar, diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvio resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 22 de enero de 2013, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, expidió el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, conocido por sus siglas como: Sinhambre. Su creación se enmarca en varios ordenamientos jurídicos e instrumentos internacionales en los que se establecen el derecho a la alimentación y el deber del Estado de garantizarla.

Con tal sistema se busca abastecer de alimentos, productos básicos y estratégicos a la población; promover el acceso a la alimentación en los grupos sociales más desfavorecidos; dar prioridad a la producción nacional, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria y asumir un enfoque integral que conjunte a los tres órdenes de gobierno iniciando con 400 municipios.

Dicho sistema se conforma de la manera siguiente:

a) Una Comisión Intersecretarial compuesta por 19 organismos públicos, entre los que se encuentran, 16 secretarías de Estado, 2 organismos públicos descentralizados no sectorizados y el Sistema Nacional DIF;

b) Acuerdos Integrales promovidos por la Secretaría de Desarrollo Social;

c) Un Consejo Nacional integrado por representantes de organizaciones de los sectores social y privado, de instituciones académicas, de organismos e instituciones internacionales y por la secretaria de Desarrollo Social.

d) Comités Comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales; y,

e) Gobernadores de los estados de la república y el jefe de gobierno del Distrito Federal como invitados permanentes.

En la conformación del Consejo Nacional, el suscrito diputado, considera que es imprescindible que las y los legisladores que integran el Congreso de la Unión, sobre todo los integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados participen, a través de un representante en el Consejo Nacional.

Se propone dicha participación con pleno respeto al ámbito competencial que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de contribuir al desarrollo coordinado y complementario de las acciones para fortalecer a los municipios.

La labor de los legisladores estaría enfocada principalmente en lo siguiente:

• Ser un vínculo de las demandas del municipio y conocer las necesidades presupuestales de los 11 diferentes ramos que integran el sistema;

• Establecer una comunicación directa entre los integrantes de los diferentes órdenes de gobierno y organismos que se integraran, con la comisión referida; y

• Dar cumplimiento a la agenda de trabajo de la Comisión de Desarrollo Municipal en referencia, creada en la presente legislatura, principalmente en:

a) Proveer de mayores recursos a los ayuntamientos;

b) Fortalecer el Presupuesto de 2014 en materia municipal;

c) Sacar adelante los proyectos municipales;

d) Promover el desarrollo integral del municipio;

e) Proveer al ayuntamiento de instrumentos para fortalecer su autonomía;

f) Realizar una reforma integral municipalista; y,

g) Potenciar la capacidad de progreso de los ayuntamientos. Desarrollo económico sustentable con equidad presupuestal, financiera, capacitación.

Lo anterior también, en concordancia y alcance de las atribuciones de las comisiones ordinarias dispuestas en el artículo 39 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de dictamen legislativo, información y de control evaluatorio.

En ese orden de ideas, se propone que la Comisión de Desarrollo Municipal, participe en los esfuerzos del gobierno federal señalados en el decreto de mérito, lo que dejaría un precedente más en la concurrencia y cooperación de los poderes de la Unión, ordenes de gobierno y otras instancias, con el objeto de erradicar el hambre.

Por lo expuesto y fundado, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, considerar la integración de un legislador representante de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo del 2013.

Diputado Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los poderes de Yucatán a respetar tanto la autonomía y soberanía de Tinum como de sus autoridades constitucional y popularmente elegidas, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Cinthya Noemí Valladares Couoh, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor siguiente:

Primero. El 1 de julio de 2012 resultó elegida para ejercer el cargo de presidenta municipal de Tinum, Yucatán, la ciudadana Natalia Mis Mex. El cabildo que encabeza está integrado por siete regidores del PAN, tres del PRI y uno del PRD. El ayuntamiento inició su periodo el 1 de septiembre de 2012. Como todo ayuntamiento, su cabildo aprobó su Ley de Ingresos, por 10 votos a favor y 1, priista, en contra. De inmediato se envío al Congreso del estado, donde tiene mayoría el PRI, y la ley con que da sustento a sus actos de autoridad en materia de recaudación en todas las áreas fue aprobada por unanimidad.

Los actos de autoridad de dicho municipio están igualmente regidos por la Ley de Hacienda Municipal, cuya vigencia data de una administración priista, y se complementa su aplicación con la Ley de Ingresos señalada.

Segundo. El 24 de febrero del año en curso, un grupo de aproximadamente 100 personas se apostó a las puertas del edificio que ocupa la comisaría de Pisté, impidiendo en forma indefinida el acceso a él, alegando infundadamente como sustento de su acción la clausura ilegal de tres restaurantes de la comisaría referida. Dichos lugares fueron sancionados por carecer de la licencia respectiva de funcionamiento por negarse al pago de los derechos correspondientes derivados de la Ley de Hacienda Municipal, emitida y publicada conforme a derecho.

Con posterioridad a la ilícita ocupación, el ayuntamiento, por medio de su alcaldesa, intentó generar el diálogo conciliatorio con las personas que se habían apostado a las puertas del edificio público de dicha comisaría, percibiendo que la mayoría de los “manifestantes” era ajena a la comunidad y al municipio, pero que se encontraban encabezadas y patrocinadas por el propietario de uno de los establecimientos irregulares clausurados.

Al día siguiente, en forma por demás diligente, se encontraba dispuesta a las puertas del inmueble municipal de Pisté una fuerte operación policiaca, formada por elementos de la Policía Estatal, quienes ante la petición de la alcaldesa de permitirle el acceso al edificio, se negaron rotundamente y además hasta la fecha permiten que los inconformes se mantengan en poder de las instalaciones municipales de la comisaría. Igual suerte corrieron las instalaciones municipales de San Francisco y la cabecera municipal.

Vale la pena señalar que el artículo 115 constitucional dice en la fracción I, primer párrafo, lo siguiente:

1. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

Y a mayor abundamiento, siendo que desde la toma de las instalaciones por los manifestantes y hasta la fecha, la fuerza pública estatal se ha encargado de dar protección a los “ciudadanos” involucrados en la comisión del ilícito establecido en el Código Penal del Estado de Yucatán denominado “delitos contra el orden constitucional” que, de acuerdo con la fracción VII del artículo 137, se tipifica en la forma que a continuación se refiere:

VII. Impedir a las autoridades administrativas, legislativas, jurisdiccionales o municipales el libre acceso a las instalaciones en que deban realizar sus funciones.

Ante esa circunstancia, es evidente la invasión de la esfera municipal por el Ejecutivo del estado y, peor aún, en la protección en la comisión de un delito a particulares que obstaculizan las funciones propias de una autoridad municipal.

Tercero. La presidenta municipal Natalia Mis Mex es una de las pocas alcaldesas que hay en el ámbito nacional, y no dejo pasar el dato de que cuenta con sólo 22 años de edad. Con ello podemos entender lo absurdo de las acciones en su contra llegando al grado no sólo de proteger a los que despojan a una autoridad legalmente constituida, mujer, de 22 años, con la fuerza de una policía estatal y todo lo que conlleva sino que, adicionalmente, amagan iniciar un juicio político en su contra para destituirla por el único pecado de cumplir su función y hacer cumplir la ley. ¿No es la actitud del gobierno estatal misógina y contra dos valores que tanto se promueve para defender por esta soberanía: la mujer y la juventud?

Por lo anterior proponemos, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los poderes de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía de Tinum y sus autoridades constitucional y popularmente elegidas, así como garantizar la integridad física de éstas y el libre ejercicio de sus funciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.

Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores y al jefe del gobierno del DF a analizar y proponer soluciones para mejorar el desempeño del Heroico Cuerpo de Bomberos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Glafiro Salinas Mendiola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Al fundarse la Ciudad de México en 1524, se elaboraron una serie de lineamientos administrativos, acordes a la importancia de la Nueva España; donde se encuentran las primeras ordenanzas para los Bomberos.

Se tiene conocimiento que posterior a la conquista, en los años 1526 y 1527; existía en la Nueva España, un grupo destinado a combatir los incendios el cual estaba integrado por los mismos indígenas; quienes acudían al lugar del siniestro, siempre bajo la guía de un soldado español. Por ello, Las autoridades del Virreinato conscientes de la necesidad de combatir los incendios accidentales o intencionales que se presentaban, crearon en 1571, sistemas de prevención que se dieron a conocer a la población a través de las Cédulas Reales y Ordenanzas, aunque dichas medidas tuvieron poco impacto para la sociedad de la época.

No obstante, en 1842 se hace público el Bando Contra Incendios, en la Plaza Mayor (Plaza de la Constitución), donde la ciudadanía se entera de las multas y castigos aplicables a todas aquellas personas que incurrieran en la provocación de un incendio; y poco después, el 20 de diciembre de 1867, luego de haberse realizado los comicios, el Congreso declara Presidente Constitucional de la República Mexicana al Lic. Benito Juárez, quien promulga un Decreto de la Compañía de Bomberos.

Consecuentemente en el Diario Oficial del 20 de marzo de 1871 se publica en la sección “Gacetilla”, una serie de disposiciones encaminadas a la formación de una Compañía de Bomberos profesional, integrada por la Guardia Civil Municipal, con la adquisición de bombas y otros utensilios; dando paso a que el 22 de agosto de 1873 se cree el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz.

Para 1901, el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal se moderniza con su primera línea telefónica, llegando a tal evolución y formalización que desemboca en la expedición del Reglamento del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal en 1922, otorgándosele el carácter de Heroico Cuerpo de Bomberos en 1951 por Decreto Presidencial.

Consideraciones

Los bomberos son un elemento importante y parte esencial del mundo actual, por lo que se vuelven cruciales para la preservación de la vida de la población en general, ya que son hombres y mujeres valientes que arriesgan sus vidas, algunos a diario, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos mediante un eficaz, eficiente, profesional y humanitario servicio, cumpliendo con el compromiso a través de la prevención, combate y extinción de incendios, servicios de emergencias medicas Pre-Hospitalarias, rescate, educación a la ciudadanía para la autoprotección, atención de desastres en cualquier sentido, técnicos, sociales, naturales, públicos y/o privados.

Debido a las características propias de sus responsabilidades, es claro que se enfrentan a grandes peligros en su trabajo diario, por ejemplo, inhalación de humo, quemaduras, golpes de calor, aplastamientos, accidentes causados por electricidad, intoxicaciones etc., y a largo plazo deficiencias respiratorias, cardiacas y cerebrales.

De acuerdo con un estudio elaborado por la prestigiada revista de medicina New England Journal of Medicine, 1 entre los bomberos que mueren en el trabajo, la cardiopatía isquémica2 es la principal causa de muerte. Según los resultados, apagar incendios conlleva un riesgo de muerte cardíaca hasta 100 veces más elevado que en la población general.

Sin embargo, a pesar de la ingente responsabilidad y los peligros inherentes al oficio de proteger la vida de los otros exponiendo la propia, la mayoría de los distintos Cuerpos de Bomberos en nuestro país carece de equipamiento y seguridad necesaria para el desempeño diario de sus funciones, sin referirnos aún al equipamiento necesario para la protección y seguridad personal, sin tomar en cuenta el exiguo sueldo que resulta insuficiente e indigno para la noble labor que realizan.

Además, debe revisarse a fondo su sistema de pensiones, el mejoramiento de los alimentos que se les proporcionan, así como su servicio médico.

Un diáfano ejemplo de la problemática expuesta es el caso del Honorable Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, donde los mil 400 elementos que lo conforman deben lidiar con aproximadamente 40 mil servicios anuales con un sueldo que va desde los 3,500 a los 5,000 pesos mensuales.

Otro ejemplo claro es el caso del Cuerpo de Bomberos en Nuevo Laredo, Tamaulipas; donde el año pasado las siete máquinas apagadoras con las que se cuenta sufrieron fallas sistemáticas que les obstruyeron el trabajo y pusieron en grave peligro tanto a los Bomberos como a las víctimas que requerían ayuda de éstos.

La problemática se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional con problemas graves para los Bomberos, por ello; para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es irreductible la elaboración de proyectos legislativos que respeten la dignidad de la persona humana, así como el mejoramiento de las condiciones bajo las cuales deben trabajar para elevar su calidad de vida y la de sus familias. Por ello, el Presente Punto de Acuerdo tiene la finalidad de mejorar el contexto de estos “verdaderos héroes” que día con día exponen el bien más valioso por antonomasia que es su propia vida por salvar la de los otros.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a analizar y proponer soluciones para el mejor desempeño de las funciones del Heroico Cuerpo de Bomberos, a través de un adecuado entrenamiento, adquisición del equipo necesario, así como la justa remuneración por el trabajo de alto riesgo cotidiano; y que podrían enmarcarse en los Convenios Únicos de Desarrollo Social que regularmente suscriben la Federación y los Estados.

Segundo. Se exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas a efecto de revisar el marco normativo que rige la organización de los Cuerpos de Bomberos correspondientes con el objeto de incluirlas dentro del sistema de protección civil existente en dichas entidades.

Notas

1 Fuente original: New England Journal of Medicine 2007;356:1207-1215.

2 La cardiopatía isquémica es una designación genérica para un conjunto de trastornos íntimamente relacionados, en donde hay un desequilibrio entre el suministro de oxígeno y sustratos con la demanda cardíaca. La isquemia es debida a una obstrucción del riego arterial al músculo cardíaco y causa, además de hipoxemia, un déficit de sustratos necesarios para la producción de ATP y un acúmulo anormal de productos de desecho del metabolismo celular.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a 21 de marzo de 2013.

Diputado Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al Día Mundial del Agua, a cargo del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes.

Exposición de Motivos

Compuesto de propiedades químicas excepcionales, base de la vida en toda su extensión, parte esencial de una gran cantidad de procesos de producción, esto es poco de lo mucho que se puede decir cuando hablamos del agua.

El tema de este año denominado por la UNESCO es “Cooperación en la Esfera del Agua”, y su objetivo es centrar las miradas en la cooperación para el cuidado del agua, la cual se considera crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género.

Es claro que la buena gestión y la cooperación entre los diferentes grupos de usuarios, logran promover el acceso al agua, combaten su escasez y contribuyen a la reducción de la pobreza, además esta cooperación permite un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos y se traduce en beneficios mutuos y mejores condiciones de vida.

También es fundamental para la preservación de los recursos hídricos, la protección del medio ambiente, y el cuidado del vital líquido, puede contribuir a superar tensiones culturales, políticas, sociales y establecer la confianza entre las personas, las comunidades, las regiones o los países.

La superficie terrestre se encuentra cubierta en más del 70% por agua, no obstante de esa cantidad, solo el 2.5% es apta para consumo humano, y únicamente podemos acceder a la quinta parte ya que el resto se encuentra en los polos y glaciares.

Utilizando datos del Inegi, pudimos calcular que la precipitación media anual entre los años 2005 y 2011, es de 813.12 milímetros por año, lo que significa, que por m2 de superficie se precipitaron anualmente 813.12 litros. Esta cantidad de la misma manera en que cayó, se evaporo o transporto directamente al drenaje, en ocasiones, causando incluso inundaciones. Este líquido podría ser recuperado para su saneamiento y en el peor de los casos para uso domestico en áreas como los baños o riego de los jardines.

Es tan grave esta situación sobre todo en las grandes ciudades, que entre 1997 y 2008, el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno Federal, tuvieron 31 conflictos políticos por el agua.

Lo que nos indica que debe existir un pleno trabajo de cooperación entre el gobierno federal, y los locales, para que se pueda suministrar de la manera más eficaz y extensa.

Debemos tener en cuenta que la inversión que se ha hecho para poder proveer a distintas partes del país del agua suficiente, ha sido cuantiosa Debemos implementar mecanismos que permitan un pleno aprovechamiento del vital líquido, la recolección de aguas pluviales es un elemento básico para combatir el desabasto.

El agua es escasa, el aumento constante de costos debido a esa carencia, eleva los de producción de la industria, disminuyendo el atractivo de inversión tanto nacional como extranjero, lo que genera un desaceleramiento en la economía. Un país sin agua es un país insalvable.

Tenemos que recordar que el Derecho al agua es una norma de rango Constitucional, que no se ve reflejado en la realidad social de nuestro país.

Debe ser prioridad para todos gobernantes y gobernados cuidar el agua, aprovechar la que se nos regala con la lluvia, y fomentar una plena educación sobre su aprovechamiento pleno.

Es por estas razones, y en el marco del “Día Mundial del Agua” a celebrarse el 22 del presente mes, que proponemos de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de la manera más respetuosa al director general de la Comisión Nacional del Agua, a promover mediante campañas mediáticas de alta penetración, sistemas de recuperación de agua pluvial, a fin de que México se convierta en una sociedad ambientalmente sustentable.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta de la manera más respetuosa al Director General de la Comisión Nacional del Agua para que se capacite de manera inmediata a los Organismos Operadores a fin de comenzar a usar y promover la tecnología disponible para la recolección de agua pluvial, sobre todo a los de las grandes urbes.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados en uso de sus facultades exhorta de la manera más respetuosa al Director General de la Comisión Nacional del Agua a intensificar su “Programa de Cultura del Agua”, sobre todo en los lugares donde haya un alto consumo per cápita, para así tratar de concientizar a la población del efecto ecológico y social que tiene este hecho.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo del año 2013.

Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a investigar las escuelas que cobraron cuotas y sancionar a las que condicionaron el proceso de inscripción 2013-2014, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Al inicio de cada ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanza a nivel nacional la convocatoria para que se lleven a cabo las preinscripciones en niveles preescolar, primaria y secundaria.

Para realizar el procedimiento en todas las escuelas de educación básica del país, la SEP establece un calendario para que los padres de familia acudan a realizar el trámite de inscripción de acuerdo a la logística de cada una de las Entidades Federativas y se pueda dar cumplimiento a lo que establece el artículo 3o. constitucional.

Además el presente acto se fundamenta en el artículo 65, fracción I, de la Ley General de Educación que a la letra dice:

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Sin embargo en nuestro país, además de los requisitos que establece la ley en la materia y de los criterios de resolución de trámite que establece la Secretaría de Educación Pública, los padres de familia se enfrentan a un pago condicionado de inscripción mejor conocido como “cuotas escolares”, las cuales oscilan entre los 250 y 300 pesos por estudiante.

El condicionamiento de la inscripción de los educandos, representa un acto inconstitucional, al violar de forma flagrante la fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere la gratuidad de la educación impartida por el Estado.

Este acto es utilizado como un mecanismo de coacción hacia los padres de familia para que aporten recursos adicionales a los que la Secretaría de Educación Pública destina a los centros educativos, los cuales son gastados a discreción de los recaudadores sin un mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas.

La ley en la materia en el artículo 9 establece:

Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, media superior y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Esta antigua práctica no solo atenta contra el derecho a la educación, sino además se presenta como una de las formas más sórdidas de exhibir a los alumnos que no cumplen con dicho pago.

La publicación de los nombres en la lista de los denominados morosos en la entrada de los centros escolares, es el medio más recurrido por los encargados de recaudar las cuotas escolares para ejercer presión, sin medir el daño emocional y psicológico que les genera a los niños, al ser señalados por sus propios maestros y compañeros.

Como agravante vale la pena mencionar que el pago de cuotas escolares no concluye en la etapa de inscripción, sino por el contrario se mantiene a lo largo de todo el ciclo escolar para el mantenimiento de los planteles, para solventar actividades y festividades.

El tema de las cuotas representa un jugoso botín para los recaudadores, el cual es manejado con discrecionalidad y muchas veces en beneficio personal, lo que ha permitido la proliferación de fraudes de este tipo en varias entidades federativas.

La eliminación de esta práctica en los centros escolares, es uno de los objetivos rectores en materia de educación plasmados en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para este segundo periodo ordinario de trabajos de la LXII Legislatura de Cámara de Diputados.

Por esta razón se propone que la Secretaría de Educación Pública lleve a cabo acciones coordinadas en cada una de los Estados, para que se atiendan de manera oportuna las denuncias de los padres de familia por el condicionamiento del derecho a la educación y se sancione a los responsables.

Derivado de lo anterior someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a investigar a las escuelas que incurrieron en el cobro de cuotas.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a hacer pública y sancionar a las escuelas que hayan incurrido en el condicionamiento del proceso de inscripción 2013-2014 y de igual se mantenga un monitoreo constante para evitar esta práctica en las escuelas públicas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado a la Conagua, al SACM y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana para que los recortes del suministro en Semana Santa sean los menos posibles y los que se den guarden equidad en todas las colonias, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en términos de las siguientes

Consideraciones

El abasto de agua potable a lo largo y ancho del país, representa uno de los más grandes retos de gobierno, ya que por un lado la demanda de la población respecto del líquido va en aumento, y por el otro la cantidad de agua que envían los organismos de cuenca a los Estados y al Distrito Federal cada vez es menor, a esto debemos sumarle las grandes cantidades de liquido que se desperdician por fugas, tanto en domicilios particulares como en instalaciones de la red pública, el mal uso de la misma, entre otras, así como la temporada de estiaje y la falta de lluvias.

Debido a que no existe una política equitativa en el reparto del agua , la Ciudad de México recibe en promedio 9 m3 por segundo de agua potable proveniente del Sistema Cutzamala, cantidad que es insuficiente para garantizar mínimamente el consumo personal y domestico a todos los habitantes del Distrito Federal, siendo los que viven en el oriente de esta Ciudad los más perjudicados, teniéndolos en una situación inhumana, ya que reciben agua potable por periodos de hasta 2 meses y en aquellas ocasiones en las que reciben, ésta muchas veces no es apta para el consumo humano.

No obstante este grave problema, la Comisión Nacional del Agua prevé para el próximo periodo de Semana Santa, una reducción en el suministro de agua para el Distrito Federal y Municipios del área Metropolitana, lo cual condicionará el reparto de agua por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y organismos operadores de municipios del área metropolitana, agravando con esta determinación la calidad de vida de aquellos seres humanos, que no son dotados de manera regular del agua.

Es injustificable, que la Comisión Nacional del Agua reduzca por reducir el abasto de agua a la Ciudad de México, soslayando que al día de hoy no se cumple lo dispuesto por el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformado por este Congreso.

Artículo 4. párrafo sexto, de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 4º, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana, a que los recortes de agua en Semana Santa sean los menos posibles y que, si se dieran recortes, que sean de manera equitativa en todas las colonias

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.

Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2020-2021, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana González Carrillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el la fracción I del numeral 1 del artículo 6, el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el periodo 2020-2021 al tenor de las siguientes

Consideraciones

México como miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha labrado un prestigio importante en lo que son ya más de 65 años de participación ininterrumpida en las distintas agencias y órganos, tanto principales como subsidiarios, de esta organización mundial. Sin embargo en el Consejo de Seguridad, principal órgano para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la participación de México como miembro no permanente en cinco décadas se limitó a sólo dos periodos (1946 y 1980-1981). En efecto, para la política exterior del antiguo régimen una activa participación de México en el Consejo de Seguridad acarrearía toda clase de desencuentros con la comunidad internacional, supondría un involucramiento indebido de México en conflictos geográfica y políticamente lejanos y traería consecuencias negativas a una política que inevitablemente terminaría en severos desacuerdos con los Estados Unidos de América. En el fondo, esta reticencia no era otra cosa que una manifestación más de la doctrina de no intervención que fue defendida por décadas como el corazón de una política exterior que no siempre reflejó la importancia de un país como el nuestro y que rehusó deliberadamente algunas obligaciones inherentes al status de potencia media en el concierto internacional.

Con la transición democrática esta doctrina se transformó para dar paso a un nuevo consenso en esta materia. En un mundo altamente globalizado es difícil ubicar un asunto completamente ajeno al interés nacional y, por tanto, la participación de México en un órgano como el Consejo de Seguridad tendría que reflejar el lugar que ocupa el país en la distribución internacional del poder político y económico. Como dice la embajadora Olga Pellicer, resultaba injustificable el alejamiento –de prácticamente dos décadas– del foro de mayor importancia en el sistema de Naciones Unidas. “La experiencia que allí se adquiere –prosigue la embajadora Pellicer– las discusiones en que se participa, la información que se obtiene y la posibilidad de incidir en las decisiones que se toman, coloca a México en la posición que le corresponde por tamaño y peso en la economía internacional”.1 Pero más aún, supone la voluntad de ser un actor responsable de la comunidad internacional y una nueva e indispensable jerarquización de nuestros principios de política exterior que felizmente hoy no sólo incluyen el de la lucha por la paz y la seguridad internacionales sino también el de la protección y defensa de los derechos humanos. En este contexto, se dan dos participaciones de México en el Consejo de Seguridad que, por distintas razones, fueron extremadamente exitosas. Me refiero a las de los periodos 2002-2003 y 2009-2010 que mostraron con claridad la importancia de tomar decisiones, proponer iniciativas y asumir responsabilidades a tal grado cruciales que no pueden ser delegadas a otros. Hicimos historia con la oposición a la invasión estadounidense de Irak en el primer periodo y en el segundo mediante la presentación de sendas iniciativas en materia de desarme y derecho internacional humanitario.

La participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad debe concebirse, en cualquier caso, como un asunto de estado que requiere de un amplio consenso entre la sociedad y los distintos actores políticos y obedecer a una estrategia diseñada para servir directamente a los intereses nacionales. De ahí que resulte de la mayor importancia celebrar la institucionalización de esta política y la consolidación de este consenso toral para las grandes líneas de acción de nuestro quehacer internacional. Esto porque recientemente el gobierno federal presentó su candidatura a un asiento no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 2020-2021 lo cual debe ser motivo de encomio para todos los actores políticos interesados en una política exterior de México responsable, activa y comprometida en el ámbito multilateral.

Por las consideraciones anteriormente mencionadas, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su beneplácito y respalda la candidatura de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas durante el periodo 2020-2021.

Nota

1. Pellicer, Olga (2008), ¿Por qué la ONU?, en Sotomayor Velázquez, Arturo C. y Vega Cánovas, Gustavo [coordinadores], El mundo desde México. Ensayos de política internacional , México: Colmex-ITAM-CIDE, página 211.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.

Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para dar seguimiento a los procesos electorales de 2013, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe la presente, Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con base en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos electorales del año 2013, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. La democracia, es el sistema de gobierno, en el cual la soberanía del poder reside y es sustentada en el pueblo; quien es quien mediante elecciones directas o indirectas quien elige libremente a sus gobernantes, de hecho la palabra democracia significa “el gobierno del pueblo”.

2. El 7 de julio del presente año, se realizarán elecciones locales en 14 estados de la República Mexicana, siendo estos los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, en donde específicamente se elegirán de la siguiente forma:

Exposición de Motivos

A. En el año de 1996, el Instituto Federal Electoral se convirtió en el órgano electoral autónomo, cuando el Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral, al aprobar la reforma al artículo 41 constitucional, así como emitir un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que contemplaba aspectos muy importantes como la autonomía e independencia del Instituto al designar por completo al Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos (estatales y distritales).

A su vez el reformado artículo 41 constitucional establecía que la organización de las elecciones es una función estatal que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.

Para el año 2007, el Nuevo Código de Procedimientos Electorales, otorgó al Instituto Federal Electoral, atribuciones importantes, pero de las más destacadas en cuanto a la ciudadanización de los procesos están las de:

1. Fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones.

2. Promover la participación ciudadana en las elecciones.

3. Asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales.

4. Trasparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales.

En los regímenes democráticos, las elecciones cumplen una función más que no se ha mencionado: promover una sucesión del poder de manera pacífica y ordenada. Es decir, las elecciones democráticas permiten mantener, al menos de manera más clara y más continua que en los regímenes no democráticos, la estabilidad política y la paz social. Lo anterior en virtud de que si se disputa el poder en condiciones equitativas, los candidatos y partidos que aspiran al poder y los grupos y ciudadanos que los respaldan renunciarán más fácilmente a la violencia como medio para acceder al gobierno. Pero para que eso sea más probable, se necesita que en efecto se contienda con reglas definidas e igualitarias, de modo que quienes pierdan en el juego político tengan pocos o ningún incentivo para desconocer el veredicto, y se conformen con el resultado. Así, las reglas de la democracia electoral se han diseñado con este propósito específico: hacer más aceptable y tolerable la derrota.

Las condiciones mínimas que establecen los expertos para que se den las elecciones democráticas son, pues, las siguientes:

• Un padrón confiable

• Credencialización actualizada

• Autoridades electorales imparciales

• Vigilancia de los procesos

Pero en ningún caso determinan éstos, como una condición para lograr la confianza generalizada de la población, la fiscalización y vigilancia de los agentes y recursos de gobierno ya que en gran medida, son éstos los generadores del mayor porcentaje de los delitos electorales que se comenten, en las elecciones del país.

Es por eso que se requiere fortalecer la fiscalización de los recursos públicos, de los estados que enfrentan en el año 2013 procesos electorales, pues es de todos conocidos que los recursos públicos sirven en gran medida como promesas de campañas, dotación de programas sociales con fines electorales; o desvío de los mismos, para otorgar dadivas, comprar votos o despensas, etc.

Es por ello, que es indispensable que en la Cámara de los Diputados, se apruebe la creación de una comisión especial que dé seguimientos a los procesos electorales en los 14 estados de la república y fiscalizar los recursos públicos de los mismos estados.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para para dar seguimiento a los procesos electorales del año 2013

Segundo. La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación.

Tercero. Los recursos técnicos, financieros y humanos, para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. La comisión especial deberá presentar semestralmente un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante los recesos o bien ante la Junta de Coordinación Política.

Quinto. La comisión especial estará vigente hasta que las 14 elecciones hayan sido declaras validas, por los Tribunales competentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21de marzo de 2013.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del Día Mundial del Agua, a cargo de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento

“El agua es el elemento y principio de las cosas.”Señaló, con sobrada razón, Tales de Mileto

De manera acertada, la ONU ha señalado que la conmemoración del día internacional del agua es un medio de llamar la atención sobre la importancia, defensa y gestión sostenible del recurso vital.

Para este año, el tema central en torno del cual se realizará la celebración es: el de la cooperación. Tema que, sin lugar a dudas, pone en el centro de la discusión y de las soluciones ofrecidas, la problemática por la que atraviesa el mundo.

La cooperación que debe girar en torno al agua, es el elemento central para dar sustentabilidad y tener un aprovechamiento racional de ésta, por lo que resulta fundamental para la seguridad, la paz, la soberanía alimentaria, la lucha contra la pobreza y la justicia social.

La adecuada gestión, así como la cooperación solidaria y responsable entre los diferentes grupos de usuarios es determinante para el acceso equitativo y de calidad del agua. La lucha contra su escasez y el uso eficiente de los recursos hídricos, y se traduce en mejores condiciones de vida, de ahí que , crear conciencia entre la población y los sectores productivos sobre la necesidad de conservar el recurso, es una tarea fundamental tanto para las instituciones públicas, la sociedad civil organizada y la ciudadanía.

“Sin agua no hay nada”, hemos repetido una y otra vez, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados los retos siguen siendo mayúsculos y la problemática creciente.

Más allá de su extracción, hoy tenemos que plantearnos cómo, conducirla, potabilizarla, distribuirla, cobrarla, tratarla, y vigilar las implicaciones ecológicas de la sobreexplotación de acuíferos y cuencas, así como la conflictividad asociada a la distribución del recurso.

En nuestros días la disponibilidad y la calidad del agua es uno de los grandes tópicos mundiales y nacionales, relacionados estrechamente con la paz entre los pueblos y naciones del mundo, como entre las comunidades y regiones del país.

De ahí, que hemos pasado de un enfoque predominantemente hidráulico a hídrico y de hídrico a hidrológico.

No en vano, nuestra Carta Magna establece el derecho agua como un derecho humano y por lo tanto, fundamental, imprescriptible, intransferible e inembargable.

El mandato constitucional de que el Estado garantizará el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, nos habla de la dimensión de nuestra tarea como representantes populares.

La gestión integral de los recursos hídricos se vuelve cada vez más compleja y urgente. La creciente vulnerabilidad de muchas regiones del país, tanto de zonas urbanas como rurales, depende de políticas públicas de largo alcance, así como de la adecuada participación y coordinación de los tres Poderes y niveles de gobierno, de los sectores productivos, de las instituciones privadas y de los usuarios.

Políticas públicas integrales y programas transversales parecen ser la respuesta inmediata y la condición sine qua none para atender la problemática: educación, perspectiva de género, reforestación, conservación de suelos, cuidado de la biodiversidad, captación y conducción del agua, explotación de acuíferos, desarrollo de la infraestructura hidráulica, restauración de lagunas, cuidado y conservación de cuencas, entre otras medidas, resultan imprescindibles para aliviar la crisis del agua que ya es un hecho en diversas regiones del país.

En suma, la problemática que gira en torno del líquido, debe de llevarnos a planteamientos y reflexiones profundas y menos inmediatistas. Construir un nuevo código de valores sociales sobre la relación del agua y los seres humanos y de ambos con el desarrollo social y económico resulta fundamental para este siglo.

Por ello, las políticas públicas que debemos impulsar desde este órgano de representación, deben incluir la gestión del agua para uso humano, agrícola, urbano e industrial; prever y hacer frente a los desastres naturales, así como restaurar los ecositemas. De ahí que es imperante reformar y adecuar la ley a las nuevas circunstancias.

Para una adecuada gestión del agua, resulta indispensable contar con el marco legal y regulatorio adecuados que garanticen una gestión moderna, profesional, técnica y de alto nivel que mejore la calidad de los servicios y otorgue un trato sensible y equitativo a los grupos poblacionales menos favorecidos y más necesitados.

En razón de lo cual, es esta una fecha propicia, para unir esfuerzos y refrendar nuestro compromiso social, en favor de los recursos hídricos del país.

Por lo que es menester comprometernos de cara a la Nación, a realizar un trabajo legislativo eficiente e inmediato para hacer posible la disposición del agua, con suficiencia y calidad para todas y todos los mexicanos.

Disposición con suficiencia y calidad como garantía de la sobrevivencia humana; como garantía de desarrollo, crecimiento y competitividad; como garantía de paz social entre los miembros que integran la comunidad nacional; y como garantía para asegurar el futuro de las nuevas generaciones.

Es cuánto.

Diputado Kamel Athie Flores (rúbrica)