Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3726-VIII, martes 12 de marzo de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a establecer un programa urgente de atención para el oriente de Michoacán de Ocampo y realizar gestiones a fin de ampliar el hospital regional de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad en nefrología, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos diputados federales representantes del estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente, el panorama epidemiológico a nivel nacional e internacional ha presentado cambios importantes, dejando atrás un grupo de enfermedades transmisibles agudas, para dar paso a la predominancia de las llamadas enfermedades crónicas degenerativas. Las cuales tienen graves efectos en quienes las padecen, pues van mermando su salud en ocasiones de manera casi imperceptible, pero si no son atendidas de manera debida, pueden concluir fácilmente en la muerte del paciente.
Dentro de las diferentes enfermedades crónicas degenerativas, una de las más gravosas para los pacientes y sus familias, es la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), que puede tener su origen en la diabetes y la hipertensión arterial, así como en antiguas enfermedades de origen infeccioso o en problemas relacionados con la contaminación ambiental.
Al tratarse de una enfermedad que es silenciosa en sus inicios, es común que los pacientes no la perciban, hasta que el daño a los riñones sea irreversible, lo cual conlleva a que el tratamiento adecuado para la IRC sea a través de hemodiálisis o bien un trasplante de riñón, el cual, si bien es la mejor manera de tratar la enfermedad, es difícil de realizar por la falta de donadores y servicios médicos de salud que incluyan bases de datos de donadores a nivel nacional, lo cual deja a las personas que sufren de IRC una sola opción de tratamiento, la hemodiálisis.
El tratamiento a base de hemodiálisis, consiste en mínimo tres sesiones semanales, dado que las personas que no cumplen con éste número de sesiones, no tienen beneficio alguno para su salud al realizar una o dos sesiones semanales. Según estudios realizados por la Facultad de Medicina de la UNAM en el 2010, el costo estimado de atención de un paciente con IRC que requiere de tres sesiones semanales de hemodiálisis, es de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) semanales, sin considerar los medicamentos que son complementarios al tratamiento mencionado o a los otros padecimientos que pudieran presentar los pacientes, lo cual conlleva a gastos mensuales por arriba de los $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda nacional), sin considerar los gastos de alimentación y traslados a los centros de hemodiálisis que generalmente están en las capitales de los estados, mismos que tienen que realizarse para dos personas al menos, pues después de una sesión de hemodiálisis el paciente no puede abandonar la clínica por sus propios medios, por lo cual los costos de atender mediante hemodiálisis a un paciente de IRC son mayores a los $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) cuando las personas no son derechohabientes de alguna institución de salud.
Si bien estamos conscientes que ésta es una problemática a nivel nacional, también somos testigos de primera mano de la gravedad que éste problema representa para los habitantes del oriente del estado de Michoacán. En el municipio de Ciudad Hidalgo, durante las últimas tres generaciones el nivel de casos de IRC ha crecido de manera desmesurada, al grado que hoy en día afecta a niños desde los 3 o 4 años edad, y en algunos casos aqueja a dos o tres integrantes de una misma familia.
En un esfuerzo coordinado de los ciudadanos de Ciudad Hidalgo, se creó la “Asociación de Enfermos del Riñón, AC,” buscando con esto ofrecer solución a los problemas que representa afrontar dicha enfermedad, tratando de apoyar a pacientes de escasos recursos materiales para hemodiálisis mediante gestiones y formando un censo de personas a las que dicha enfermedad aqueja; dentro de las actividades realizadas por la misma, en 2008 acudieron ante la UNAM para solicitar su apoyo en la elaboración de un diagnóstico de salud focalizado, mismo que fuera dirigido por el Dr. Malaquías López Cervantes, de la Facultad de Medicina de la UNAM, y concluido en 2010.
De dicho estudio, podemos aseverar que en el año 2010, en la tenencia de San Pedro Jacuaro, se detectaron 134 personas que padecen Insuficiencia Renal Crónica, cifra que según el estudio, es 10 veces mayor a la que correspondería a dicha localidad conforme a las cifras ordinarias de afectación de la enfermedad.
A nivel estado, Michoacán de Ocampo registra un aumento de 15% anual en los casos de IRC, dado que actualmente se tienen contabilizados más de 5270 casos, mientras que a principios del 2012 se tenían detectadas a 4500 personas, cifra que según el Consejo Estatal de Trasplantes sigue siendo aproximada y podría aumentar en cualquier momento, dado que no se cuenta con una estadística exacta sobre el tema.
Gracias al análisis de los datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Michoacán, hoy en día sabemos que ésta enfermedad afecta con mayor frecuencia a los habitantes de la región oriente de Michoacán, en la cual se cuenta con una incidencia de 3 a 1 contra el resto del estado. En tal sentido Ciudad Hidalgo, según la Asociación de Enfermos del Riñón A.C. tiene entre 800 y 1000 enfermos del riñón, situación que ha logrado identificar al Municipio como un foco rojo a nivel nacional, generando a la vez compromisos de las autoridades estatales y federales para la ampliación del Hospital de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad de Nefrología. Sin que a la fecha se hayan podido cumplir los mismos por cuestiones presupuestarias.
Es preocupante saber que en Ciudad Hidalgo, sólo la mitad de enfermos se atienden mediante algún tipo de servicio de salud que dé seguimiento a su enfermedad y les proporcione algún tipo de diálisis, mientras que la otra mitad se mantiene sin atención médica, o con remedios caseros, lo cual conlleva a su muerte en un corto plazo. Esto a consecuencia de que la mayoría de la población no cuente con el beneficio de seguridad social, por lo cual no son derechohabientes de alguna institución y quienes se inscriben voluntariamente al Seguro Popular, no tienen cobertura para la Insuficiencia Renal Crónica.
Como todos sabemos, las instituciones de salud reportan que la demanda de servicios de salud es superior a la cobertura que el estado puede brindar a la población, pero especialmente en algunos casos como el de la atención por Insuficiencia Renal, ésta situación es marcada de sobremanera. Los centros de Hemodiálisis generalmente se concentran en las capitales de los estados y no se cuenta con criterios adecuados para decidir quien recibe hemodiálisis o diálisis peritonial en los escasos centros existentes.
Durante el 2012, se generó una gran expectativa en los habitantes de Ciudad Hidalgo, mediante las declaraciones realizadas ante la prensa por las autoridades federales estatales y municipales, en las cuales se indicaba que para el año 2013 se iniciaría la construcción del área de especialidad de Nefrología en el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, pues los tres niveles de gobierno están conscientes de la necesidad de atención médica para los enfermos del riñón en Ciudad Hidalgo y sus inmediaciones.
Lamentablemente, del análisis de los recursos y proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2013 se advierte que no se asignaron recursos para dicha obra, mientras que las finanzas estatales hacen imposible que el recurso necesario sea aportado por el Gobierno del Estado. Por lo cual a menos que se tomen acciones inmediatas, la situación precaria de atención para los enfermos renales del oriente del estado será cada vez mayor, puesto que no aumenta la capacidad de atención, en tanto que sí aumenta anualmente la cantidad de enfermos de IRC y la demanda del servicio de hemodiálisis.
Ante la situación manifestada en el presente Punto de Acuerdo, año con año se ha generado una gran expectativa de los Habitantes del oriente del estado de Michoacán, así como de sus comunidades y los municipios aledaños, de recibir atención especializada para los enfermos de Insuficiencia Renal de sus comunidades. Hoy, en Ciudad Hidalgo y sus alrededores, la gente clama por atención médica para sus familiares y una respuesta real a la problemática que se ha venido desarrollando a lo largo de las últimas tres generaciones; hoy nos toca a nosotros como Diputados Federales ser la voz de los ciudadanos michoacanos y velar por brindar una respuesta a quienes sufren de las carencias que a sus familias ocasiona tener uno o hasta tres pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, asegurando que las autoridades en salud de nuestro país, tomen acciones definitivas que beneficien a quienes aqueja dicha enfermedad.
En razón de lo anterior, se presenta con carácter de urgente resolución la presente proposición con Puntos de Acuerdo:
Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que establezca un programa emergente de atención dirigido a la población del oriente del estado de Michoacán de Ocampo, así como para que realice las gestiones necesarias para la ampliación del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, mediante la creación del área de especialidad en nefrología.
Dado en el Palacio Legislativo, el 01 de marzo de 2013.
Diputados: Luis Olvera Correa, Alfredo Anaya Gudiño, Rodimiro Barrera Estrada, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana Hernández Iñiguez, Salvador Ortiz García, Socorro de la Luz Quintana León, Salvador Romero Valencia, Blanca María Villaseñor Gudiño, Ernesto Núñez Aguilar, Socorro de la Luz Quintana. León (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a autorizar por la Sener, la SHCP, la SE y la Sedesol tarifas eléctricas preferenciales o de bajo costo para consumos doméstico, comercial y agrícola en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado por el estado de Tabasco, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, pone a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán se encuentran algunas de las más importantes presas hidroeléctricas que alimentan de energía eléctrica a un tercio de los habitantes de nuestro país, permitiéndole a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contar con enormes recursos provenientes del cobro por servicio eléctrico.
La enorme producción de electricidad generada desde esta región debería verse reflejada en beneficios considerables a la población de estos estados, sobre todo el poder contar con tarifas eléctricas adecuadas a la realidad social, política y económica de la población. Siendo la realidad muy diferente ya que prevalecen los altos cobros en el consumo de energía, siendo esto un lastre que viene a sumarse a los grandes rezagos y carencias sociales que limitan las alternativas de desarrollo de la población en estas entidades.
Los legisladores de Acción Nacional consideramos necesario implementar mecanismos que sustituyan el rango actual tarifario de los diversos sectores porque sólo de esa manera se le puede hacer frente con equidad y justicia a las condiciones de rezago y marginación que prevalecen en muchos sectores de la población en esas entidades.
Es por ello, compañeros diputados y diputadas, que este punto de acuerdo solicita que a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán les sean otorgadas las mismas condiciones, mecanismos y compensaciones como con las que cuentan algunos de los estados del norte; lo cual contribuirá al fortalecimiento de las finanzas de la población, la generación de circulante y activación del mercado interno al apoyar con esta medida el bolsillo de los habitantes de los estados del sur del país.
Acción Nacional, le solicita al presidente Enrique Peña Nieto, que cumpla con este compromiso y no quede en una mera promesa de campaña.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal en el ámbito de sus atribuciones para que gire instrucciones a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Desarrollo Social, a fin de que sean autorizadas tarifas eléctricas preferenciales o de bajo costo para el consumo domestico, comercial y agrícola, a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a condenar en representación del gobierno mexicano la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a los 24 presos civiles saharauis juzgados en un tribunal militar marroquí, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Sáhara Occidental es un territorio de África situado en el extremo occidental del desierto del mismo nombre. Es uno de los dieciséis territorios no autónomos del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
El proceso de descolonización del Sáhara Occidental fue interrumpido en 1976, cuando su antigua potencia colonial, España, abandonó el territorio y lo dejó en manos del reino de Marruecos y Mauritania, mediante la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid.
No obstante, la ONU informó que dichos acuerdos no convirtieron a Marruecos y a Mauritania, en potencias administradoras del territorio, por lo que éste sigue siendo, a efectos jurídicos, un territorio no autónomo. Además, el Tribunal Internacional de la Haya determinó que nunca han existido vínculos de soberanía entre el reino de Marruecos y el Sáhara Occidental.
2. En la actualidad, aunque más de la mitad del territorio sigue ocupado por Marruecos, no existe Estado alguno que reconozca soberanía marroquí sobre el territorio saharaui.
En 1976 el representante del pueblo saharaui, el Frente de Liberación Nacional, conocido como Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por más de 80 países, entre ellos México, que desde 1979 reconoce y sostine relaciones diplomáticas con la República Saharaui.
A partir de 1982 la RASD es miembro permanente de la Unión Africana, organismo que tiene entre sus objetivos primordiales la búsqueda de diversas formas de integración continental, así como el luchar contra el colonialismo en África.
3. Con el fin de resolver el estatus jurídico del territorio en disputa, la ONU creó en 1992, la Misión de Naciones Unidas para el Referendo en el Sáhara Occidental (Minurso). Sin embargo, ésto no ha se ha llevado a cabo, “por obstrucciones directas del reino de Marruecos”, según declaró el antiguo enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y ex–secretario de Estado norteamericano, James Baker.
Desde el cese al fuego en 1991, Marruecos y el Frente Polisario llevan a cabo conversaciones directas, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Sin embargo, no han llegado a un acuerdo positivo hasta la fecha.
4. A partir del día 9 de octubre de 2010 en Gdeim Izik, al este de El Aaiún, capiatal del Sáhara Occidental ocupado comenzó a organizarse por parte de la población civil saharaui, un campamento pacífico, en protesta por la violación a sus derechos civiles y económicos en la zona ocupada, como lo son el derecho a la vivienda y al empleo.
Las demandas exigidas hasta ese entonces resaltaban el derecho a la expoliación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, por la población saharaui. Dado que los beneficios son disfrutados por el reino de Marruecos.
En la madrugada del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento. En la operación y en los posteriores enfrentamientos en El Aaiún, murieron gendarmes marroquíes y civiles saharauis, entre los que se cuenta a un niño saharaui que murió en un control policial por el disparo de un gendarme marroquí.
5. En la madrugada del 17 de febrero pasado, a dos años y tres meses del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik; 24 activistas saharauis, entre los que destaca el intelectual saharaui Enaama Asfari, han sido juzgados por un tribunal militar en Rabat, en donde las condenas han resultado excesivamente severas: 9 de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua, 4 a 30 años, 3 a 20 años, 7 a 25 años de cárcel y 2 han sido puestos en libertad por considerarse que ya han cumplido su pena.
Luego que el Tribunal Militar marroquí emitió la condena, Amnistía Internacional en un comunicado manifestó que las autoridades marroquíes deberían recurrir a tribunales civiles para volver a juzgar con las debidas garantías a presos saharauis, y entonces investigar exhaustivamente las denuncias de tortura que han manifestado.
Se debe resaltar, que pese a los insistentes llamamientos de organismos, colectivos y representantes populares alrededor del mundo, defensores de los derechos humanos, las autoridades marroquíes hicieron caso omiso y llevaron a cabo un juicio fuera de la legalidad internacional por varios motivos. Ejemplo de ello es que:
• Se juzgó a civiles como militares;
• Se juzgaron en la capital del reino de Marruecos, es decir en otro país;
• No se presentaron pruebas fehacientes que demostraran la culpabilidad de los saharauis juzgados.
6. En este orden de ideas, tenemos que la postura de México referente al respeto y protección universal de los derechos humanos es una bandera que ha enarbolado en todos los foros internacionales; por lo que resulta importante que ante los hechos antes descritos, nuestro país asuma una postura firme en la que se repudien este tipo de actos. Actos que están fuera del derecho internacional. Sin importar el país donde se estén cometiendo, sin temor a intervenir en los asuntos de carácter interno, ya que en la defensa a los derechos humanos nos corresponde a todas las naciones participar.
Por lo que hace a esta Cámara de Diputados, debemos manifestarnos de manera concreta y rechazar la violación flagrante al derecho a un debido proceso legal, al que todas las personas tenemos, ya que la forma en que se dio la detención y sujeción a proceso de los saharauis antes mencionados, es incuestionablemente, es una violación al más mínimo derecho humano. Por esa razón, durante el primer periodo de receso del Congreso de la Unión, presenté ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo a fin de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nombre del gobierno mexicano, condenara el juicio militar que el reino de Marruecos planeaba realizar contra estos civiles saharauis. Punto al que a petición de Senador Fidel Demédicis Hidalgo se le agregó un segundo acuerdo en el que se hacía un llamado a la ONU para que vigilara los derechos humanos de la población civil saharaui, en el territorio ocupado.
Al atento llamado que la Comisión Permanente tuvo a bien votar a favor, la cancillería mexicana no emitió respuesta. Lo cual resulta preocupante y cuestiobale, ya que el caso de los civiles saharauis era evidentemente justo defender y apoyar; condenando el procedimiento. Sin embargo, la SRE no lo consideró así: ¿por qué?, ¿qué interés se estará anteponiendo para que México, no demuestre el ánimo que nos caracteriza en la defensa de los derechos humanos?, ¿Tendrán alguna razón “importante” para no demostrar voluntad política sobre el caso de los 24 presos políticos saharauis?. Es de tomar en cuenta que no sólo debe haber un pronunciamiento por parte de esta Cámara de Diputados, también debiese haber un llamado por parte del Gobierno Mexicano, a fin de que se manifieste en contra de ese tipo de hechos, con la intención en especial de no permitir que vuelvan a ocurrir, pero también con la finalidad de tratar de reencauzar lo que hasta ahora es un juicio injusto, ya que se está juzgado a civiles, bajo una marco legal de carácter militar.
Por todo lo anteriormente expuesto, y buscando siempre contribuir a fortalecer la presencia de nuestro país en el escenario internacional, se pone a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta, en representación del Gobierno Mexicano, emita firme condena ante la falta de un debido proceso y las excesivas condenas impuestas a los 24 presos civiles saharauis, juzgados en un tribunal militar marroquí, el pasado 17 de febrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar gestiones para que la UNESCO declare patrimonio natural la barranca de Huentitán de Oblatos, Jalisco, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en atención a sus facultades inicie las gestiones necesarias a fin de que la zona natural conocida como barranca de Huentitán de Oblatos ubicada en el estado de Jalisco, sea declarada Patrimonio Natural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, el crecimiento, incesante y voraz de la mancha urbana revela los perjuicios de una deficiente política de urbanización y reordenamiento territorial tanto a nivel municipal como estatal y federal; poco a poco, pero a un ritmo acelerado y vertiginoso, las grandes urbes del país y sus zonas metropolitanas se enfrentan a nuevos problemas asociados a su crecimiento, que obstaculizan sus posibilidades de desarrollo y deterioran gravemente la salud de sus habitantes.
Ciudades con calles mal trazadas, con áreas de elevada concentración y densidad poblacional, con vías de comunicación saturadas, altos índices de contaminación del aire, agua y auditiva y una alarmante reducción, al grado de extinción, de zonas naturales que contrarresten estos factores; son problemas a los que se enfrentan las comunidades de estas ciudades, y que además de significar un costo excesivo para sus finanzas públicas, representa un grave problema de salud que afecta y obliga a modificar patrones de conducta de la población en general que inhiben la convivencia familiar y social.
Si bien es cierto que en nuestro país desde hace algunos años, gracias a esfuerzos coordinados de las autoridades y la iniciativa de la sociedad civil organizada, se ha logrado generar conciencia sobre el efecto negativo en la salud y en el desarrollo integral de las personas que causan estos factores y se han logrado rescatar zonas verdes con fines de preservación ecológica; sin embargo estos esfuerzos no han sido suficientes y aún queda mucho por hacer en todo nuestro territorio.
El establecimiento de una verdadera cultura verde que reconozca a la ecología y al medio ambiente no como un lugar excepcional o una zona apartada o exclusiva, sino como un espacio al que pertenecemos y del cual somos parte, es sin duda un reto inalcanzado plenamente y en cuyo transcurso se siguen perdiendo importantes zonas ecológicas y naturales, que de manera lamentable no podremos volver a restaurar.
Este es el caso por el que está atravesando el estado de Jalisco, una región del país rica en diversidad cultural y natural que, tras dos décadas de descuido por parte de sus autoridades en las tareas de fomento y preservación, el día de hoy tiene severo daño ecológico.
Hay muchos casos en donde la situación es alarmante y no puede esperar más tiempo su atención integral, como es el caso de la zona natural denominada barranca de Huentitán de Oblatos.
La barranca de Huentitán de Oblatos se encuentra al occidente del estado y localizada al extremo norte del municipio de Guadalajara y colindante con los límites territoriales de los municipios de Zapopan, Ixtlahuacán del Río, Tonalá y Zapotlanejo.
La barranca es una estructura geológica de impresionante belleza formada al paso de miles de años, gracias a una serie de fallas en las capas tectónicas que convergen en la zona de la Faja Volcánica Mexicana y la gran Sierra Madre Occidental y del paso del río Grande Santiago.
Esta maravilla natural de singular aspecto, que además cuenta con una cascada que es conocida como la cascada Cola de caballo, está conformada a lo largo por mil 136 hectáreas de hermosos paisajes naturales provistos de una espectacular y envidiable vista que se aprecia gracias a los 600 metros en promedio que tiene de profundidad.
Su imponente majestuosidad hace a esta barranca comparable con otras formaciones reconocidas a nivel mundial, similares en su género, como la barranca del Cobre en Chihuahua y el cañón del Colorado en Estados Unidos.
Además de su atractivo natural, la zona tiene un importante valor histórico, tras haber sido escenario de importantes acontecimientos en la historia del estado de Jalisco y de México, desde tiempos de la conquista y hasta batallas de la época revolucionaria.
En materia turística, la proyección de la zona es incomparable; se estima que más de 10 mil personas a la semana visitan la barranca con fines recreativos, culturales y físico-deportivos.
Es preciso considerar adicionalmente el valor que han reconocido en la zona expertos en materia de preservación natural y de ecosistemas, quienes apuntan que es uno de los principales corredores biogeográficos de América Latina, con los biomas más interesantes y variados. A lo largo de toda su extensión y sin salir de una sola zona; se pueden conocer, apreciar y estudiar la inmensa diversidad flora y fauna de cuatro tipologías de vegetación: rupícula, secundaria, tropical caducifolio y de galería.
Esta singularidad ha sido ampliamente reconocida por científicos e investigadores altamente especializados de todo el mundo, quienes subrayan que la barranca de Huentitán de Oblatos aporta al mundo una importantísima ventana de disfrute y conocimiento ante una enorme diversidad geográfica y biológica.
Desafortunadamente, a pesar de que en junio de 1997 se decretó a esta región como Área Natural Protegida bajo conservación ecológica por las autoridades municipales, esta zona se encuentra en el olvido total, en un lacerante abandono y a la merced del saqueo sin escrúpulos, la explotación desmedida, la contaminación demoledora y la delincuencia.
Se están desaprovechando y perdiendo más de 15 mil hectáreas de extensión abundantemente arbolada, que proveerían a la zona y a todo el estado de un pulmón de aire fresco y limpio que mitigaría las deplorables condiciones ambientales prevalentes que causan daños progresivos e irreparables en la salud de sus habitantes.
Tenemos que rescatar esta zona de manera urgente, sostenible y con acciones siempre en atención y armonía con el ecosistema, para colocarla en la vanguardia a nivel internacional en materia de conservación.
Realicemos algo verdaderamente perdurable por un estado como Jalisco, en donde apenas cerca de 10 por ciento del total de agua residual es manejada y sometida a tratamiento conforme lo establecen las normas nacionales en la materia.
Se producen más de 15 mil litros por segundo de este tipo de líquidos con altas concentraciones de plomo, zinc, arsénico y mercurio que son vertidos de manera descontrolada y sin precaución alguna en los ríos, como el río Grande Santiago que pasa por esta barranca, y lagos que conforman las corrientes de agua potable para consumo humano, tanto superficiales como subterráneas y que en algún momento de la cadena productiva contaminan de igual manera las tierras de cultivo y los productos que se cosechan ahí.
Un estado en donde 80 por ciento del total de los afluentes están altamente contaminados.
Hagamos algo por los habitantes de la región y el estado, que son quienes padecen las enfermedades que causan los tiraderos de basura clandestinos y los rellenos sanitarios mal diseñados y administrados, los millones de toneladas de contaminantes que generan los automotores y la contaminación en general que produce un proceso de urbanización descontrolado.
Dotemos a la barranca de Huentitán de Oblatos de la atención que requiere por parte de las autoridades gubernamentales y la sociedad y sus grupos diversos; dotémosla de las medidas necesarias y tendientes a su rescate, saneamiento y conservación integral y a largo plazo y démosle una oportunidad al mundo de contar con una espacio como éste, y a los jaliscienses un motivo más para sentirse orgullosos de su estado.
No nos quedemos en lo local, esta región nos da para más.
Este santuario de la belleza natural, debe de ser parte de las reservas de la biosfera mundial; se cumplen con los requerimientos y las bases que estipula la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) y que a la letra dice:
“El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio y lo define como aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental”
La barranca de Huentitán de Oblatos cumple cabalmente y de sobremanera con lo anterior señalado en el párrafo que antecede, aprovechemos esta oportunidad que la naturaleza nos otorga e iniciemos las gestiones correspondientes para que nuestras autoridades federales en cooperación interinstitucional con las autoridades estatales y locales; proyecten esta región en la instancia internacional correspondiente.
Esta soberanía no puede ni debe quedarse al margen o con los brazos cruzados ante esta situación y solapar con ello la omisión en que han incurrido las autoridades que gobernaron el estado en los últimos 18 años, alentando con ello también una falta de compromiso de la sociedad en su conjunto, respecto de situaciones como la que se está viviendo en esta región.
Asumamos el compromiso de rescatar y conservar la barranca de Huentitán de Oblatos.
Aprovechemos la oportunidad de construir en un futuro cercano, un patrimonio en materia de reservas ecológicas que sustenten una verdadera cultura verde y sea reflejo de la actitud que emprendemos hoy y que esperamos prevalezca en las nuevas generaciones que heredaran los frutos de nuestro esfuerzo presente.
Tomemos esta obligación y aceptémosla como un compromiso no solamente con los habitantes de Jalisco o de todo el país; sino con toda la humanidad.
México y la barranca de Huentitán de Oblatos, está para eso.
Los jaliscienses también lo estamos.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en atención a sus facultades inicie las gestiones necesarias, a fin de que la zona natural conocida como barranca de Huentitán de Oblatos ubicada en el estado de Jalisco, sea declarada Patrimonio Natural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos locales a fortalecer y vigilar de manera corresponsable la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en los respectivos estados, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la entidad federativa de Nuevo León, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de los siguientes:
Considerandos
Ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, los gobiernos de los países del mundo, han fortalecido la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas al combate y sanción de diversos ilícitos, como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, que afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana.
Lo anterior exige, además de combatir y sancionar la actividad delictiva, a contar con un marco legal que contenga políticas públicas de prevención como de protección y asistencia a las víctimas, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes.
A mediados de febrero de este año los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García del estado de Nuevo León, acordaron la aplicación del programa “Código Esperanza” para la búsqueda inmediata de menores extraviados dentro de estos tres municipios.
Este “Código Esperanza” tiene como base el programa Internacional Alerta Ámber desarrollado en Dallas, Texas, Estados Unidos de América en 1996, por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija, con apoyo de la ciudadanía y medios de comunicación.
Aunado a la necesidad de una pronta colaboración entre los estados para buscar a los niños, niñas y adolescentes extraviados me veo en la necesidad de impulsar este punto de acuerdo para exhortar a las distintas entidades federativas para que activen este Código por el bien de nuestra niñez.
Hace unos días en el municipio de Juárez, también en el estado de Nuevo León, desapareció el niño Moisés Alejandro Juárez Rojas de 8 años de edad, desafortunadamente por la falta de coordinación entre autoridades se encontró su cadáver 4 días después de su desaparición. De ahí la necesidad de activar este código de colaboración al interior de cada estado y entre los propios estados entre sí, para evitar y prevenir más casos como el de “Moy”.
Otro ejemplo pero esta vez exitoso fue que gracias a la activación del Código Esperanza se logró ubicar a la niña Linda Maricruz Lugo Galván de 13 años, quien había desaparecido en el Municipio de San Nicolás de los Garza.
En tal virtud, es necesario activar y fortalecer el Código Esperanza en todos del estados de la República para la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.
Este Código debe sumar todos los esfuerzos interinstitucionales, fomentando la coordinación y cooperación entre las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanos en general.
Al igual que la Alerta Amber, el Código Esperanza debe sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos para ver, escuchar y apoyar en esta tarea, con la finalidad de promover acciones en conjunto con las autoridades, obteniendo así, una herramienta eficaz de difusión, que contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.
Los objetivos específicos de Código Esperanza serán:
1. Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes con estricto apego al interés superior del niño y salvaguarda de sus derechos humanos.
2. Establecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y otros sectores involucrados, desde el ámbito de sus respectivas competencias, para la puesta en marcha de este Programa.
3. Potenciar la coordinación de acciones intra e interestatales, que permitan la inmediata recuperación de niñas, niños y adolescentes.
4. Crear un documento modelo para la implementación del Programa, en las 32 entidades federativas.
5. Capacitar al personal involucrado en la operación del Programa, con la finalidad de que adquieran conocimientos y habilidades para la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes.
Cada entidad federativa contaría con una Coordinación Estatal del Código Esperanza, que estará a cargo de la persona que designe el titular de la Procuraduría General de Justicia de cada Estado o Fiscalía respectiva, y fungirá para efectos del Protocolo como enlace Esperanza
Las funciones de dicha Coordinación Estatal serían en primer lugar, determinar los casos de la activación, actualización y desactivación del Código. En segundo lugar coordinar al interior de su territorio los diversos sectores participantes, así como conformar un Subcomité de Evaluación y Seguimiento y un Subcomité Consultivo y de Supervisión. De manera enunciativa pero no limitativa, los Protocolos Estatales deberán integrar a los homólogos de las dependencias de la Administración Pública Federal que integran el Programa Nacional. En tercer lugar, remitir el reporte correspondiente de cada caso activado a la Coordinación Nacional.
Para lograr los objetivos de dicho protocolo, es fundamental la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, organismos públicos autónomos, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, considerando siempre la inclusión de otros participantes que manifiesten su voluntad de adherirse al programa.
Dicho protocolo involucra a todos los siguientes:
I. Dependencias de la administración pública federal: Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, Instituto Nacional de Migración, Desarrollo Integral de la Familia, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Otras que se adhieran al programa.
II. Iniciativa privada: concesionarios y permisionarios de radio y televisión nacionales y locales, concesionarios y permisionarios de televisión o audio restringidos, empresas de periódicos y revistas de circulación nacional y locales, empresas de transporte de pasajeros, empresas de telecomunicación (empresas de telefonía fija y móvil), centros comerciales y tiendas de autoservicio, cámaras de comercio, cámaras de transporte de pasajeros y/o de turismo, servicios de Internet, otros.
III. Sector social, educativo y otros: Sindicatos, Universidades y centros educativos, organizaciones de la sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales, otras que se adhieran al programa.
Por lo anteriormente expuesto, y dado que se trata de un fenómeno que desgraciadamente se presenta de manera cotidiana en todos los estados de la República Mexicana, ponemos a consideración del honorable Congreso la importancia del presente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Ejecutivos estatales para que de manera corresponsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y a la Sagarpa a establecer y ejecutar un programa integral de desarrollo económico y social para el sector pesquero del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. Debido a los daños originados al medio marino y a la reproducción masiva de larvas de camarón, como consecuencia de los constantes derrames de hidrocarburos, es urgente instrumentar un programa integral de desarrollo económico y social para el sector pesquero del puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
Las actividades pesqueras, en el Istmo de Tehuantepec, han sufrido serios impactos por derrames de hidrocarburos y amoniaco; originados en el tren de ductos que proceden del área industrial de Coatzacoalcos-Minatitlán hacia la terminal marítima y la refinería de Salina Cruz.
Existen registros de que en mayo de 1982 se produjo una fuga de petróleo en el subsistema lagunar de la parte norte de la laguna superior; que en octubre de 1983 ocurrió un derrame de petróleo crudo sobre el mismo Canal Igú; que se produjeron dos derrames de diesel sobre el Río Verde ocurridos en mayo de 1982 y diciembre de 1984; que se suscitó un derrame de petróleo crudo en junio de 1999 y uno de diesel el 12 de abril de 2002; teniendo otro más de crudo en 2005.
El último derrame de crudo inició el 11 de agosto y terminó el 25 de agosto del 2012.
Debe destacarse el impacto ambiental provocado por el derrame de petróleo ocurrido el pasado mes de agosto en las costas del Golfo de Tehuantepec frente al puerto de Salina Cruz, en donde se hundió la mono boya No. 3 de PEMEX, causando la contaminación directa al ecosistema marino, matando a los millones de organismos acuáticos presentes en el plancton , organismos de gran importancia para la ecología marina y para el equilibrado desarrollo de todas las especies, ya que en él se encuentran todos los organismos que conforman el fitoplancton y zooplanton (huevecillos, larvas, postlarvas, microalgas y demás Microorganismos).
Es necesario decir que la muerte de los organismos antes citados, atacando todo el ciclo biológico, trayendo consigo grandes pérdidas económicas para el sector e industria pesquera, la flota camaronera de Salina Cruz, y las pesquerías ribereñas.
Segundo. Según la Unión de Productores y Organizaciones de la Industria Pesquera del Estado de Oaxaca, AC, desde que fue instalada e inició operaciones la refinería de Pemex Ingeniero Antonio Dovalí Jaime en el Puerto de Salina Cruz, se han suscitado contingencias y perjuicios a la pesca, daños al ecosistema marino y afectaciones por los derrames y fugas de petróleo y sus derivados.
Si bien, en 1958 los pescadores del Golfo de Tehuantepec producían grandes cantidades de camarón situándose a nivel nacional entre los primeros lugares de producción del crustáceo; sólo 18 años después la pesca en el golfo de Tehuantepec ha caído en una grave crisis.
La llegada de la refinería de Pemex ocasionó la restricción a la pesca de las áreas más ricas para la captura de camarón, aunado a la importante contaminación ambiental generada por la misma. Antes de la instalación de esta industria, se producían al mes entre 500 y 800 toneladas de camarón de exportación, generando cerca de 15 por ciento de la producción nacional, desgraciadamente hoy día ya no se produce ni un kilogramo de camarón de exportación.
Tercero. En la investigación Los contaminantes orgánicos persistentes en el istmo mexicano , elaborado por Lorenzo M. Bozada Robles y Fernando Bejarano González, quedó expuesta la existencia de un alto grado de contaminación en el golfo de Tehuantepec. El estudio señala la gran dominancia de grupos de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) de alto peso molecular entre los que se ubican compuestos muy tóxicos cuyo origen está asociado a la combustión incompleta o pirolisis de combustible como las gasolinas, el combustóleo y otras fuentes de desechos de aceites y lubricantes.
Además, se ha detectado una crónica y no evaluada contaminación atmosférica sobre el área de laguna superior proveniente de la refinería Antonio Dovalí Jaime, después del medio día se hace sentir el efecto de la brisa y entonces soplan vientos débiles (aproximadamente 3m/seg) del Sur; esta velocidad es suficiente para arrastrar las emisiones de la refinería hacia la zona de la laguna superior, lo anterior con datos de Jáuregui (1984), en su estudio sobre los vientos del puerto de Salina Cruz.
En el mismo sentido, Namihira-Santillán (2005) señalaron que las fuentes principales de aportes de HAP al complejo lagunar del Istmo de Tehuantepec están constituidas por:
• Derrames accidentales de hidrocarburos.
• Fuentes móviles (automóviles y embarcaciones de motores fuera de borda).
• Fuentes fijas (refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz y el transporte eólico de contaminantes provenientes de los complejos petroquímicos y petroleros de la región de Coatzacoalcos en el istmo norte).
Conforme a los antecedentes señalados, se puede afirmar que la contaminación de las aguas marinas del Golfo de Tehuantepec, por parte de PEMEX ha sido recurrente, impactando la flora y fauna marina, así como a los recursos naturales de las playas que comprenden desde la región Chontal hasta el puerto de Salina Cruz.
Cuarto. Salina cruz es el único puerto en el Estado de Oaxaca que dispone de infraestructura portuaria, naval y pesquera que aunque se ha visto deteriorada en la última década, sigue constituyendo un pilar importante para la reactivación de la industria pesquera en el Estado.
Al paso de los años el padrón de embarcaciones ha ido disminuyendo de forma progresiva sin que a la fecha se haya sustituido las embarcaciones hundidas o transferidas a otros puertos, generando con esto un creciente desempleo en la región y una disminución en la producción pesquera.
La flota camaronera pasó de contar con aproximadamente 500 embarcaciones a solamente 40 embarcaciones en la actualidad; esto quiere decir que las embarcaciones camaroneras en el Istmo de Tehuantepec han disminuido en los últimos 30 años en 98 por ciento, generando la desaparición de la producción de camarón de exportación.
También es necesario hacer notar que durante los últimos 15 años no se ha construido ninguna embarcación para la pesca de camarón, la flota existente tiene un promedio de 27 años de estar en operación.
A causa de lo anterior, cientos de familias del Istmo de Tehuantepec, han tenido que sufrir las consecuencias de la contaminación causada por la empresa paraestatal.
En los últimos 30 años, la producción de camarón en el Golfo de Tehuantepec ha disminuido en más de 50 por ciento; esto se ha traducido en un olvido para los pescadores y sus familias, los cuales han perdido su fuente de trabajo, sin tener posibilidad alguna de recuperarlo.
De esta manera, el decremento de la producción de camarón, y de la pesca en general en Oaxaca, ha tenido graves consecuencias, ecológicas, económicas y sociales, arrebatándoles la posibilidad de trabajar dignamente, en la captura de alta mar a cientos de pescadores, eliminando de facto las posibilidades de subsistencia de quienes dependían enteramente de esta actividad.
Por lo antes expuesto, presento ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a Pemex y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer y ejecutar un programa integral de desarrollo económico y social para el sector pesquero del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, por las consecuencias de la contaminación y creación de áreas restringidas de pesca, las cuales han afectado sustancialmente la vida económica de ese puerto.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a las autoridades competentes a incluir en la Guía Completa de la Nuevas Medidas de Seguridad en los Aeropuertos la facultad para que el pasajero recupere los productos confiscados en los puntos de seguridad, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Víctor Manuel Jorrín Lozano, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El terrible acto terrorista del 11 de septiembre del 2001 que desembocó en un ataque al Pentágono, en la caída de las Torres Gemelas y en el deceso de 3,000 personas, cambió para siempre la estructura operativa en los aeropuertos del mundo.
Como consecuencia, se observa un fortalecimiento de las políticas de seguridad, lo cual afecta directamente a los pasajeros, ya que se tienen que enfrentar antes de su vuelo a una serie de lineamientos que traen como consecuencias: mayor espera en la terminal aérea, retrasos en los despegues y pérdidas en viajes de conexión.
Quitarse los zapatos al pasar por el control de seguridad, sacar las computadoras portátiles de la funda, pasar los objetos personales por una cinta de rayos X, o ser obligados a caminar a través de escáners corporales son acciones que antes resultaban impensables, pero que hoy representan la cotidianidad de miles de personas que viajan en el mundo.
De acuerdo con información del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la lista de objetos prohibidos en el equipaje de mano se compone de los siguientes artículos: armas de fuego o sus réplicas, explosivos, pirotécnicos, objetos punzantes, punzocortantes, contundentes, cortocontundentes, sustancias químicas, biológicas, radiológicas tóxicas y todos aquellos líquidos en cantidades mayores a 100 mililitros (3.4 onzas).
Estamos de acuerdo en que la seguridad de todos los pasajeros es un tema que no se debe poner a consideración, pero también somos conscientes de los enormes atropellos e injusticias que ocurren en los aeropuertos cuando los encargados de revisar el equipaje de mano encuentran un artículo que no puede ser transportado.
En la mayoría de los casos, la autoridad encargada de realizar la revisión toma el objeto prohibido y lo retiene, dado que el viajero se encuentra en una situación de desventaja, al tener que pasar a la sala de espera, debe dejar el artículo, sin ninguna garantía de poder recuperarlo.
De acuerdo con la Guía completa de las nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos, si el pasajero lleva consigo líquidos, geles o aerosoles mayores a 100 mililitros no podrá ingresar con ellos, “deberá depositarlos en los contenedores ubicados en los puntos de inspección para su destrucción, por lo que se recomienda que éstos sean transportados en su equipaje documentado”.
Como se observa, las disposiciones de la guía resultan una imposición para el pasajero, en la que su única opción implica la pérdida del objeto confiscado, ya que éste debe ser destruido.
Dado que no existe un monitoreo eficiente de la conducta de las personas encargadas de los puntos de seguridad, nada garantiza que los objetos en realidad son desechados y que no terminan en manos de otros individuos.
Con este tipo de políticas, se ha decidido omitir deliberadamente que el usuario de un avión es a final de cuentas un cliente y, como tal, merece condiciones que le propicien un trato eficiente.
Es por lo previamente argumentado, que consideramos conveniente la creación de reglas que permitan al pasajero la posibilidad de recuperar los productos confiscados al regresar al aeropuerto, o en su defecto, otorgarle al mismo la facultad de designar a un tercero que pueda recogerlos.
Las medidas propuestas lograrán terminar con la arbitrariedad y subjetividad de las autoridades, consiguiendo así la satisfacción de los usuarios, sin poner en juego la seguridad mínima esperada durante un vuelo.
Con base en lo anteriormente expuesto proponemos
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades competentes a incluir dentro de la Guía completa de las nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos la facultad para el pasajero de recuperar aquellos productos que le sean confiscados en los puntos de seguridad, debido a su catalogación como artículos prohibidos durante un vuelo, al regresar al aeropuerto, o en su defecto, otorgarle al mismo la posibilidad de designar a un tercero que pueda recoger los objetos retenidos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reinspeccionar la obra de las subestaciones eléctricas Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2, así como realizar un nuevo estudio para la declaratoria de reserva de la biosfera Huatulco, Oaxaca, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La conservación de los humedales es una acción indispensable, ya que estos son ecosistemas que aportan altos niveles de nutrientes al medio marino y ofrecen servicios prioritarios para el combate al cambio climático;, por ejemplo, mitigan las inundaciones, retienen agentes contaminantes y son refugio de especies en peligro de extinción.
Del mismo modo, los humedales contribuyen al proceso hidrológico, indispensable para la actividad humana y animal. No obstante, estos ecosistemas se encuentran constantemente amenazados por el desarrollo urbano no sustentable (hoteles, subestaciones eléctricas, marinas, campos de golf, etcétera).
Debido a la importancia de los humedales, en 1986 México firmó el Convenio sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), el cual fue creado el 2 de febrero de 1971, y por ende reconoce que los humedales son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas. Sin embargo, aún no ha sido posible detener la depredación de los humedales. En efecto, tan sólo para nuestro país se calcula que se ha perdido el 62.1 por ciento1 de estos ecosistemas. Cabe destacar que la pérdida o degradación de los recursos ambientales acarrea un problema económico, pues implica la desaparición de valores importantes.2
Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la pérdida y degradación de los humedales ha sido provocada principalmente por la reconversión de la tierra y el desarrollo de infraestructura, la extracción de agua, su eutrofización, contaminación y la explotación excesiva. “Para que el valor de un humedal disminuya no hace falta que sea destruido totalmente”.3
El sitio Ramsar 1321 fue designado al PNH y al municipio en el año 2003, abarca 80 por ciento del territorio municipal con una porción marina de 3 077 hectáreas y una porción terrestre de 41,323 hectáreas que suman en total 44,400 hectáreas. Este sitio cumple con todos los criterios para la identificación de humedales de importancia internacional, aprobados por la Conferencia de las Parte. . Cuenta con 10 microcuencas: Todos Santos, Cuajinicuil, Arroyo Xúchil, Cacaluta, Chahué, Tangolunda, Coyula, Aguaje Cocus, Arenal y Chachacual) siendo la Microcuenca del Río Cacaluta, una de las más importantes.
Así pues, este humedal se encuentra dentro del polígono del Parque Nacional Huatulco y, por otro lado, en el Centro Integralmente Planeado Huatulco, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Esto se traduce en dos objetivos de sentidos opuestos;esdecir, mientras que con PNH se conserva un porcentaje del humedal, con el Centro Integralmente Planeado se fragmenta otro porcentaje del mismo, repercutiendo así en la conservación y permanencia del ecosistema integral y en la biodiversidad.
Adicionalmente, en el año 2006, el programa Man and Biosphere (MaB) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) designo? al PNH, como zona núcleo y zona de amortiguamiento, y al resto del municipio de Sta. Ma. Huatulco, como zona de transición de la Reserva de la Biosfera Huatulco, que forma parte de la Red de Reservas de la Biosfera a nivel mundial.4
Tomando como marco lo antes mencionado, desde el año pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició la construcción de una subestación eléctrica, cuya localización respecto a los ordenamientos jurídicos y ambientales son las siguientes:
1. La subestación estará en una zona aledaña, fuera del polígono del Área Natural Protegida Parque Nacional Huatulco (ANPPNH).
2. Estará localizada dentro de la Región Terrestre Prioritaria 129 (RTP 129) denominada así por la Conabio.
3. Estará dentro del polígono del sitio RAMSAR 1321.
4. Estará dentro de la Reserva de la Biósfera Huatulco, denominada así por la UNESCO.
5. Estará dentro de terrenos propiedad de Fonatur, buscando dar servicios al desarrollo turístico en la zona.
Debe reconocerse que según los resolutivos disponibles en la página electrónica de Semarnat, los estudios y trámites de cambios de uso de suelo y MIA fueron realizados en tiempo y conforme a derecho.5 En el resolutivo de la manifestación de impacto ambiental (MIA) se establecieron condicionantes de importancia para compensar el daño ambiental, además de las comunes en el manejo de materiales y procedimientos constructivos.6 Dichas condicionantes son:
1. Compensación de 4.2 hectáreas en beneficio del ANPPNH.
2. Reforestación de 3.2 hectáreas.
Ante las denuncias de diputados locales sobre los daños que sufrió la zona, Profepa llevó a cabo inspecciones donde se advirtió que no se había cumplido con las condicionantes del resolutivo de la MIA y por tanto se llevaron a cabo suspensiones provisionales a las obras.7 Éstas deben ser seguidas puntualmente con las autoridades y, en pos de brindar transparencia, sería sano llevar a cabo inspecciones conjuntas con pobladores y autoridades locales.
Finalmente, en julio del 2008, el Senado exhortó al ejecutivo para que incluyera las bahías de Cacaluta, en el estado de Oaxaca, dentro del polígono de área natural protegida.8
En el mismo sentido, en el año 2009 y tras una solicitud de pobladores al presidente de la República, la Conanp mencionó la intención de ampliar el polígono del ANPPNH para cubrir en ese nuevo polígono, 2/3 partes de lo que actualmente está en propiedad de Fonatur.
Si queremos asegurar la continuidad de los procesos biológicos en la zona, es fundamental insertarla al Parque Nacional Huatulco, lo que permitirá protegerla y conservarla de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y garantizaremos su permanencia y buen funcionamiento para la obtención de bienes y servicios necesarios para la zona y la región.
En Nueva Alianza sabemos que es necesario tomar el tema de la sustentabilidad y la conservación como uno de los ejes prioritarios de gobierno y, desde la campaña presidencial lo hemos tomado como base de nuestra propuesta. También estamos convencidos de que una de las formas de garantizar la calidad de vida y la viabilidad de Santa María Huatulco es mantener en buen estado los espacios y zonas que proporcionan bienes y servicios ambientales, ecológicos y culturales a nuestro país.
Por las razones ya expuestas, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal para que por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice inspecciones en conjunto con autoridades y pobladores del municipio de Santa María Huatulco a las obras de la subestación eléctrica Cacaluta SF6 BCO.1 y Magueyitos SF6 BCOS 1 y 2.
Segundo. Que esta soberanía exhorte al Ejecutivo federal para que por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas se realicen los estudios para la incorporación del resto del municipio de Santa María de Huatulco, correspondiente a la zona de transición de la Reserva de la Biósfera Huatulco según designación de la UNESCO, dentro del polígono del Parque Nacional Huatulco, de tal modo que toda la Reserva de la Biósfera Huatulco reciba la protección de área natural protegida, a través del PNH .
Tercero. Exhorto para que las autoridades locales y Secretaría de Turismo lleven a cabo un programa de desarrollo urbano y turístico que respete las condiciones de conservación actuales en beneficio del ambiente en el Parque Nacional Huatulco.
Notas
1 Landgrave, Rosario y P. Moreno-Casasola. Evaluación cuantitativa de la pérdida de humedales en México. En: Revista INE, Vol. 4, No 1, México, 2012. Disponible en http://www.revista.ine.gob.mx/article/view/121/111
2 Barbier, Edward B., M. Acreman y D. Knowler. Valoración económica de los humedales. Guía para decisores y planificadores. Oficina de la Convención de Ramsar, Gland, Suiza, 1997.
3 Íbid.
4 Elementos te?cnico-justificativos para la no desincorporacio?n de Punta Maguey y para incorporar toda la parte baja de la microcuenca del Ri?o Cacaluta al Parque Nacional Huatulco. Semarnat, julio de 2010.
5 http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestionambiental/resolutivos/Documents /CUSTF/Resolutivos%202012/DGGFS-2068-120712.pdf
6 http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/infraestructura/127125- suspenden-construccion-subestacion-cfe-cacaluta
7 http://www.pagina3.mx/sociedad/6713-la-cfe-incumple-en-cacaluta-profepa -oaxaca-revisa-y-ordena-medidas-correctivas.html
8 http://sitl.diputados.gob.mx/proposiciones.php?filit=Senadores&pert =&edot=A&comt=0
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013
Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a consolidar por la Cofetel las áreas de servicio locales de Baja California, a cargo del diputado Adán David Ruiz Gutiérrez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Adán David Ruiz Gutiérrez, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Benjamín Castillo Valdez, Ricardo Medina Fierro, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1998, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió la resolución para que 1464 grupos de centrales de servicio local se consolidaran en 397 áreas de servicio local (ASL), entendidas como el área geográfica al interior de la cual se presta el servicio local. Este proceso se ejecutó a lo largo de 3 años, desde 1999 hasta 2002.
Conforme a la Resolución de 1998, Baja California quedó dividida en 7 ASL’s, asignándole a cada una la clave de larga distancia correspondiente.
Las ASL’s del estado de Baja California se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
1. El área de servicio local número 4, cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 664 y comprende al municipio de Tijuana.
2. El área de servicio local número 5, cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 686 y comprende al municipio de Mexicali y la población de la Rumorosa, excepto el área geográfica que contiene a las poblaciones de Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Benito Juárez. Hermosillo, Querétaro y Saltillo, que pertenecen a la ASL número 8.
3. El área de servicio local número 6, cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 646 y comprende el área geográfica que contiene a las poblaciones de Ensenada, Maneadero, ejido Esteban Cantú, La misión, Francisco Serrano, San Vicente y la población de Valle de las Palmas.
4. El área de servicio local número 7, cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 665 y comprende al municipio de Tecate, excepto el área geográfica de la población de la Rumorosa y del Valle de palmas.
5. El área de servicio local número 8, cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 658 y comprende el área geográfica que contiene las poblaciones de Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Hermosillo, Querétaro y Saltillo, en el Municipio de Mexicali.
6. El área de servicio local número 9, cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 616 y comprende al municipio de Ensenada, excepto el área que contiene las poblaciones de Ensenada, Maneadero, Ejido Estaban Cantú, La Misión, Francisco Serrano y San Vicente.
7. El área de servicio local número 395, cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 661 y comprende al municipio de Playas de Rosarito.
Ahora bien, el 11 de enero de 2006, a fin de continuar atendiendo las solicitudes de consolidación de áreas, la Cofetel emitió la “resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local”.
Ante esta resolución, las empresas Telmex y su filial Telnor, promovieron sendos juicios de nulidad y obtuvieron la suspensión del acto reclamado, por lo que nunca se lograron ejecutar las consolidaciones que marcaba dicha resolución.
Frente a esta situación, la Cofetel, el 28 de agosto de 2012, abrogó la Resolución antes mencionada y solicitó el sobreseimiento de los juicios de nulidad, promovidos por las Empresas Teléfonos de México, SAB de C.V. (juicio 11/11-EOR-01-2) y Teléfonos del Noreste, SA de CV (juicio 11/11-EOR-01-2), ante la Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de estar en la posibilidad de continuar con el proceso de consolidación de las ASL’s.
Estamos ciertos que, una vez que se sobresean los juicios antes mencionados, la Cofetel estará en la posibilidad dictar una nueva resolución para la consolidación de las ASL’s, compactando aún más las del Estado de Baja California, atendiendo a la conurbación creciente de algunas comunidades y la necesidad de comunicación de la población de dicho Estado.
En este orden de ideas, nosotros proponemos que la consolidación de las ASL’s de Baja California, contemple la reducción de Áreas de 7 a 4, con la siguiente distribución territorial:
1. Una ASL que abarque a los Municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, excepto la población de La Rumorosa y la de Valle de Palmas.
2. Otra ASL que abarque al Municipio de Mexicali y a la población de La Rumorosa.
3. Una Tercera ASL que contemple el área geográfica de las poblaciones de Ensenada, Maneadero, Ejido Esteban Cantú, La Misión, Francisco Serrano, San Vicente y Valle de Palmas.
4. Una cuarta ASL que abarque las demás poblaciones del Municipio de Ensenada, salvo las que se encuentran contempladas en la ASL anterior.
Con lo anterior, se puede dar solución a las incontables denuncias populares de los bajacalifornianos que habitan las zonas conurbadas del Estado y que, no obstante eso, tienen que pagar llamadas de larga distancia constantemente.
Cabe señalar que esta petición se ha venido realizando constantemente y como ejemplo podemos mencionar los puntos de acuerdo que presentó y promovió el diputado federal con Licencia, Fernando Castro Trenti, el 6 de julio de 2011 y el 27 de septiembre de 2012, mediante los que se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y estas sean consideradas como llamadas locales.
Por todas estas razones, el día de hoy proponemos un nuevo exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo, a la brevedad, el proceso de consolidación de las Áreas de Servicio Locales del Estado de Baja California, para transitar de 7 a 4, reduciendo el número de claves de larga distancia en el Estado y logrando que las comunidades cercanas geográficamente se comuniquen de manera más eficiente.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo, a la brevedad, el proceso de consolidación de las Áreas de Servicio Locales del Estado de Baja California, reduciendo así el número de claves de larga distancia en el Estado y logrando que las comunidades cercanas, geográficamente hablando, se comuniquen de manera más eficiente y económica.
Diputados: Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Ricardo Medina Fierro, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 marzo de 2013.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las autoridades de Veracruz a respetar y garantizar los derechos políticos de las mujeres y la no violencia contra ellas, a cargo de la diputada Leticia López Landeros, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, Leticia López Landero, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las mujeres mexicanas no comenzamos en pie de igualdad que los hombres el ejercicio de nuestros derechos políticos. Tuvimos que atravesar largas jornadas de lucha para que se nos reconociera nuestro derecho a votar y a ser votadas. No olvidemos que fue nuestro país uno de los últimos en reconocer estos derechos a las mujeres.
Gracias a la lucha incansable de hombres y mujeres comprometidos con la justicia y la igualdad, hoy muchas mujeres ejercemos puestos y cargos públicos de alta responsabilidad, y día con día seguimos luchando para que más y mejores mujeres participen en el ámbito político, con la intención de que sus múltiples virtudes, se vean cada vez más reflejadas, en conjunción con las de sus pares hombres, en prácticas más humanas y políticas públicas más eficaces en mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país.
Hoy, logros importantes como resultado de ese camino de luchas por el reconocimiento de nuestros derechos, el estado mexicano ha adquirido la obligación de promover la participación política de las mujeres a través de la firma de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y las Conferencias Mundiales en el Cairo (1994) y Beijing (1995). Ello ha tenido como consecuencia reformas, ajustes y modificaciones legislativas que han permitido impulsar la presencia de las mujeres mexicanas en cargos de administración y representación.
En ese sentido, la legislación electoral, tanto federal como en las entidades federativas del país, ha ido paulatinamente incorporando medidas de acción afirmativa para promover el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular.
Sin embargo, aunque es cierto que la participación de las mujeres en el ámbito político ha venido creciendo año con año, y que en esta LXII legislatura de la que formamos parte, un número histórico de mujeres, 185 de 500, es decir, 37 por ciento, forman parte de la Cámara de Diputados, mientras que en la Cámara de Senadores el porcentaje es del 32.81 por ciento (42 de 128); lo cierto es que muchas mujeres en el proceso previo de llegar a ocupar un puesto o cargo público, y en el ejercicio del mismo, son objeto de múltiples violencias, que hoy, a través de este punto de acuerdo, queremos se hagan visibles en una voz que repudie estos hechos y que ponga en alto desde ésta, la más alta tribuna, que es inaceptable cualquier tipo de violencia hacia las mujeres en el ejercicio de sus derechos.
Triste y lamentablemente, las mujeres mexicanas que pueden ejercer sus derechos políticos sufren, muchas veces en el silencio y en la invisibilidad, maltratos que vulneran su dignidad como personas.
Al respecto, voces diversas se han pronunciado sobre el acoso y violencia política que sufren muchas de nuestras compañeras en el ejercicio de sus derechos políticos a través de los medios de comunicación.
Si bien, todos los mexicanos gozamos de la libertad de expresión consagrada en el primer párrafo del artículo 6 y en el artículo 7 de la Carta Magna, también lo es que no podemos justificar el extralimitar dicho derecho, menos aún cuanto en los propios preceptos, se señalan limites para ello.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público ; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública . En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
En este tenor, cabe destacar que en el estado de Veracruz existe un medio de comunicación local que difunde sus notas me manera impresa y a través de la red de internet, lamentablemente desde hace aproximadamente un año, se ha dado a la tarea de publicar notas, comentarios e incluso imágenes cómicas aludiendo a mi persona por padecer una las enfermedades más complejas de salud pública como lo es el sobrepeso. En estas notas y caricaturas, se empeña en mencionarme como “la gorda”, “la popular gorda Landeros”, “a ella sí le caería bien irse a dormir con el estómago vacío”, y otras tanta expresiones e imágenes que denigran mi imagen y el trabajo legislativo, al ridiculizarme.
Muchas veces la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos adquiere formas sutiles, pero no por ello deja de ser brutal y denigrante. Porque violencia política también es la que ejercen los medios de comunicación cuando destacan a través de sus notas la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, ni sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas, generando también discriminación, lo cual contraviene el artículo 4o. y la fracción XV del artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación que establecen lo siguiente:
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud , embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra , tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
...
XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.
Lamentablemente, es frecuente que las mujeres nos encontramos con comentarios de carácter fuertemente sexista, con bromas ofensivas o con palabras sobre nuestros cuerpos que son atentatorios contra nuestra dignidad como personas. Y esto también es violencia y discriminación.
El lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra nosotras, las mujeres. Ya no vale lo de “chica, es una broma”. Hay que cuidar el lenguaje, y no sólo para que no sea sexista, sino también para que no sea ni ofensivo ni atentatorio contra la dignidad de nadie.
El Grupo Parlamentario del PAN expresa su indignación y repudio a todas las formas de violencia que impida y atente contra el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Para nosotros la violencia en contra de las mujeres, en cualquiera de sus formas, es un hecho que no debe ser tolerado de ninguna manera.
En Acción Nacional nos pronunciamos en contra de expresiones misóginas que minimicen, ofendan y vulneren a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Creemos que todos, como sociedad, debemos cuidar el lenguaje para que no sea ni ofensivo ni atentatorio contra la dignidad de nadie.
Reconozcamos que el lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante también es una forma de violencia que habitualmente se ejerce contra las mujeres. Y que tenemos la obligación de pararlo, no aceptarlo, e incluso, de censurarlo.
No es justo que en pleno siglo XXI las mujeres debamos de sufrir humillaciones, difamaciones, calumnias y descréditos feroces por atrevernos a incursionar en un universo donde debe existir igualdad entre mujeres y hombres.
Por ello, resulta fundamental impulsar firmemente la defensa y garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Con toda seguridad necesitamos que la violencia en este contexto deje de estar en el ámbito de la anécdota, el rumor institucional o la prensa sensacionalista local para trascender al plano de las garantías y la legalidad. Y también de la estadística, para visibilizar y medir el problema.
Este problema afecta profundamente nuestro tránsito hacia ese país democrático que todos y todas, estoy segura, deseamos tener. Por ello es indispensable documentarlo y colocarlo en la agenda política. Es imperativo construir alianzas, proteger a víctimas, sancionar a los agresores y dar respuesta con leyes, con comportamientos responsables y respetuosos que respeten la diversidad, pero también, con comportamientos de censura y repudio ante las agresiones.
En Acción Nacional estamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y por su salvaguarda, pero más aún estamos por el respeto a su dignidad como personas. Por ello de ninguna manera consentimos que quien sea, llámese, grupos, autoridades, personas físicas o morales, actúen sin prudencia, respeto y consciencia con actos violentos hacia las mujeres.
Es por ello y por lo aquí expuesto que me permito formular la siguiente proposición con,
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Veracruz, así como al secretario de Gobierno de la propia entidad, para que en ámbito de sus respectivas competencias hagan un enérgico llamado a los medios de comunicación a conducirse con respeto hacia las mujeres que decidan ejercer sus derechos políticos o estén en ejercicio de los mismos, y además establezcan las medidas necesarias que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a establecer las acciones pertinentes a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos que ya existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.
Tercero. Los integrantes de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados hacen un llamado a la sociedad en general y, en particular, a los medios de comunicación, a que contribuyan a generar un ambiente de respeto hacia las mujeres que decidan ejercer y que se encuentren en ejercicio de sus derechos políticos, y eviten referirse a ellas con lenguaje ofensivo, denigratorio e insultante, y se abstengan de destacar la apariencia física, la vida personal o las características personales de las candidatas y no sus propuestas de campaña, sus programas gubernamentales o sus propuesta legislativas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2012.
Diputada Leticia López Landero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía propone al Senado convocar a las comisiones afines al sector de telecomunicaciones para trabajar en conferencia sobre la discusión y aprobación de las reformas de la legislación en la materia, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Gloria Bautista, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad contenida en los artículo 6,79 y 156 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La conectividad y las comunicaciones digitales han dejado de ser una opción en la vida cotidiana, y se han convertido en un indicador del desarrollo social; distintos estudios de organismos internacionales lo mismo que diferentes organizaciones nacionales, concluyen que quienes no tienen un acceso constante a conexión de banda ancha se encuentran sensiblemente marginados en la sociedad digital, y enfrentan una clara y enorme desventaja en la búsqueda de oportunidades de empleo y negocio, en su constante educación y formación, y por lo tanto, en su capacidad de desarrollarse y ejercer sus derechos plenamente.
El Pacto por México firmado por las principales fuerzas políticas del país y el ejecutivo en funciones, incorpora en distintos compromisos la necesidad de una reforma integral a las telecomunicaciones, que necesariamente incorpore reformas a la Constitución, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Radio y Televisión, pero también, para considerarla una reforma integral, deberá contemplar modificaciones importantes a la Ley General de Seguridad Social, a la Ley General del Trabajo, a la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y, sustantivamente, a la Ley General de Educación Pública. Sin mencionar la serie de reglamentaciones y leyes de segundo y tercer orden que tendrán que adecuarse a este nuevo marco digital.
Así, esta reforma indispensable para el país necesitara asegurar que el derecho de cada individuo a una conexión de banda ancha globalmente competitiva este asegurada en los derechos fundamentales que ampara nuestra Carta Magna y para ello es fundamental que el estado asuma la rectoría constitucional del espectro como recurso natural de los mexicanos para el bien público, asegurándose de definir los mecanismos, recursos y estrategias necesarios para proveer acceso a este recurso como un servicio público.
De esta forma, el acceso y la conectividad deberán integrar una parte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los planes y programas para el desarrollo social, la educación pública, el trabajo y previsión social y la competencia económica, atendiendo con especial cuidado a los emprendedores y pequeños empresarios, a los sectores mas vulnerables de la sociedad y las comunidades y poblaciones indígenas, para quienes será indispensable que la ley les resuelva una deuda histórica, reconociendo en la ley a las olvidadas y ultrajadas estaciones comunitarias, y asignando nuevas y mayores capacidades, recursos y atribuciones en el marco de una nueva sociedad digital.
Y es por estas razones que esta reforma es un compromiso impostergable con el progreso y desarrollo de esta nación, que no puede quedar en letras ni intenciones; es indispensable acompañar de cada derecho y obligación a los marcos económicos y estructuras fiscales que permitan garantizar un plan de acciones y compromisos auditables, que lleven a México a un camino de desarrollo digital sustentable y sostenido, construido sobre programas y agendas de largo alcance, protegidos de los cambios políticos y de gobierno.
La tarea que enfrenta la presente legislatura es monumental, tan grande como la necesidad que tiene en su cargo resolver, y tan trascendental como la responsabilidad que no puede ignorar; esta histórica labor legislativa no puede y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse con ligereza, ni mucho menos apresurarse para cumplir con otra agenda que no sea el bienestar de la nación y la gente que la conforma.
Para tal efecto y a fin de concretar en los hechos lo que la hipótesis legal considera, es conveniente exhortar a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras a efecto de constituirse en conferencia respetando el espíritu de los artículos 156 y 149, numeral 2, fracciones V y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y convocar a las comisiones involucradas con la finalidad de deliberar en un grupo de trabajo la reforma en materia de telecomunicación, y estar en armonía con el artículo 98, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de ello, someto a consideración de esta soberanía los resolutivos
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda proponer a la Cámara de Senadores la instalación de trabajos en conferencia de las comisiones de ambas Cámaras relacionadas al sector de las telecomunicaciones, con el objetivo de alcanzar una reforma integral al sector.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda tratar la reforma en telecomunicaciones como una reforma convergente al marco jurídico que regula a las telecomunicaciones, la radio, la televisión y las tecnologías de la información y comunicación, y como tal, transformar la legislación aplicable en la forma necesaria, eliminando, derogando, unificando o desarrollando las leyes y reglamentos necesarios para contar con un mismo marco convergente, congruente y completo, a estas tecnologías, su regulación y aplicación en beneficio del bien común.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propone considerar, para la discusión de la reforma en materia de telecomunicaciones, el tiempo necesario y suficiente para la completa discusión y conciliación de las modificaciones que integren su dictamen, a fin de otorgar las prórrogas y extensiones que permite la ley reglamentaria vigente, preservándola de cualquier mecanísmo de solución apresurada que pudiera suscitarse en la resolución del mismo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ y a las autoridades competentes del estado de México a resolver con prontitud las desapariciones de mujeres en la entidad, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila , diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El caso de Renata Álvarez Diez Gutiérrez de 18 años, desaparecida, la mañana del domingo 17 de febrero en las inmediaciones del municipio de Huixquilucan, se suma a los casos de 47 adolescentes y jóvenes que están en esa misma situación y han sido reportadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en lo que va del presente año.
Los casos registrados, tanto en los municipios urbanos como en los rurales de las diferentes zonas del territorio mexiquense, han tenido como denominador común que las mujeres oscilan entre los 13 y 28 años y tienen tez clara o morena clara en su mayoría; por su parte la Asociación de Mujeres Abrazando México (AMAM) ha denunciado la presunta relación de estos casos con la trata de personas en la entidad. Advierten que de no actuar las autoridades de manera eficaz para resolver los casos, se puede estar lamentando la constante movilidad en territorio nacional y hasta la muerte de estas jóvenes.
De las 47 mujeres mexiquenses desaparecidas este año, bajo este estatus, la Procuraduría General de Justicia del Estado reporta que ya localizaron a diez; mientras que el resto están siendo buscadas por agentes; no obstante, las autoridades no han precisado el número de funcionarios públicos estatales que se están dedicando a la tarea de localización, ni los avances en las investigaciones.
Mujeres jóvenes que al salir de casa no tienen la certeza de volver con sus familias, éste es el caso de Ana, joven de 21 años, que el pasado viernes 15 de febrero salió del poblado de San Pedro Techuchulco en el municipio de Joquicingo y que hasta la fecha se desconoce su paradero.
Organizaciones sociales e instituciones internacionales han evidenciado que en el Estado de México, la desaparición de mujeres ha crecido de manera sostenida en los últimos siete años y aportan una cifra escalofriante: al menos, desde el año 2010, más de una mujer desaparece cada día.
Otro dato que demuestra la gravedad del asunto, es que los indicadores de desapariciones de mujeres incrementaron hasta en un mil 225 por ciento, mientras que para 2011 la cifra se elevó hasta 570 casos.
Desde los inicios de la administración de Enrique Peña Nieto, hasta lo que lleva su sucesor, Eruviel Ávila, existe el registro de 981 desapariciones de mujeres, y solamente se han podido localizar 290 mujeres algunas vivas y otras muertas; dejando como resultado que 691 casos sigan sin esclarecerse.
Cabe destacar que el municipio de Toluca, capital y sede del gobierno estatal, es en donde se han registrado el mayor número de desapariciones, 32 en los dos primeros meses de este año; le sigue Naucalpan, con 13 casos y Chalco con ocho.
Sabemos de antemano, que ciertas administraciones no reconocen la magnitud del problema y no atienden la violencia de género que persiste en las entidades; caso representativo es el Estado de México, en donde es por demás conocida la situación que existe en torno a los feminicidios y ahora con las desapariciones de mujeres jóvenes.
No debemos olvidar que la actual titular del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, quien en la pasada administración mexiquense fungió como Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social fue quien en su momento se opuso a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, argumentando que los 922 asesinatos documentados de 2005 a 2010 eran por diversas organizaciones, y sólo era una excusa para “golpear” políticamente al entonces gobernador, Enrique Peña Nieto.
Por lo que ahora exigimos que ante la gravedad de la situación, se hagan a un lado colores partidistas y se cumpla con el compromiso que adquirió en pasados días, con las consejeras sociales y consultivas del Instituto, que busca entre otras cosas, revisar la situación del feminicidio en el Estado de México.
“La consejera social Natalia Reyes Andrade señaló que uno de los acuerdos de la reunión es concertar una entrevista con el procurador mexiquense, Miguel Ángel Contreras Nieto, para revisar la situación del feminicidio en la entidad.”
Por su parte, Emma Obrador, Directora de AMAM, destacó que “ese eventual encuentro es importante para que las autoridades informen cómo están investigando y qué han hecho para localizar a las desaparecidas.”
Asimismo, Patricia Prado Hernández, Presidenta de la Fundación Camino a Casa y consejera del Inmujeres, “consideró que los funcionarios mexiquenses encargados del esclarecimiento de los crímenes deben dar a conocer las líneas de investigación que se llevan a cabo (considerando que) una de las principales líneas de investigación debe ir enfocada a identificar si las desapariciones están ligadas con la trata de personas con fines de explotación sexual (debido a que) tienen conocimiento de que los padres no reciben llamadas posteriores a la desaparición, en las que se les exige dinero por el rescate, lo que indicaría que los casos no están relacionados con extorsiones.”
Punto de Acuerdo
Primero. El pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a las autoridades competentes del Estado de México a que implementen medidas de prevención y resuelvan con prontitud los casos de desapariciones de mujeres en la entidad.
Segundo. Se exhorta a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República se coordine con la Procuraduría de Justicia del Estado de México para investigar las desapariciones de mujeres en la entidad, y su posible vinculo con la trata de personas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de marzo de 2013.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco a implantar acciones tendentes a disuadir a los grupos de autodefensa civil, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del estado de derecho. Durante los últimos meses han proliferado organizaciones que bajo el argumento de la ausencia o la incapacidad de las policías municipales, estatales y federales, han tomado en sus manos la acción de la justicia y el control armado de las comunidades.
Actualmente existen alrededor de 36 grupos de autodefensa en ocho estados del país, lo que representa un grave indicio de debilidad del Estado en zonas rurales donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras. La aparición de organizaciones armadas que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia obliga a poner atención a un fenómeno que puede agravar la situación de violencia imperante en muchos municipios.
Sin duda detrás de la formación de grupos de autodefensa civil se encuentra, como problema principal, el abandono del Estado mexicano y la pérdida de credibilidad en las autoridades gubernamentales. Sin embargo, no puede dejar de pensarse en que el debilitamiento del Estado de Derecho da oportunidad al narcotráfico y el crimen organizado para manipular a las poblaciones a fin de proteger y promover sus intereses.
Es lamentable que las circunstancias creadas por el combate frontal al narcotráfico impulsado en el pasado sexenio se traduzcan en actos desesperados por parte de poblaciones indefensas, y, a la vez, en un riesgo mayor para la paz social. Los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarán inevitablemente a la ciudadanía. Aun en las circunstancias de gran inseguridad que prevalecen en algunas zonas, no se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad.
Algunos grupos de autodefensa civil han llevado a cabo juicios extralegales basados en usos y costumbres. Estas acciones ponen en cuestión no sólo al sistema de justicia, sino también la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos de las personas detenidas por las organizaciones armadas. Como bien lo ha planteado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existe una línea muy tenue entre los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares. Si bien los gobiernos federal y estatales han intervenido para que sean liberados los detenidos y se esclarezca su responsabilidad en presuntos delitos, es sumamente importante evitar que prosiga la descomposición de las relaciones comunitarias y actuar eficazmente para garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos.
Como precedente de los grupos de autodefensa civil se encuentran las policías comunitarias que existen desde hace quince años. Estas policías están reguladas por las autoridades y, según declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, existe la posibilidad de reglamentar a los grupos de autodefensa para evitar que comentan excesos. En esa línea se ha planteado la idea de hacerlos coadyuvantes de la justicia (entrevista 15 de febrero de 2013, Carmen Aristegui, MVS Radio). No se ha especificado cómo se regularizarían esos grupos y tampoco se ha abundado sobre lo que representaría legitimar a organizaciones armadas en espacios sometidos a grandes tensiones por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado.
En tales condiciones es de gran importancia deliberar y tomar posición sobre los grupos de autodefensa civil. La premisa tendría que ser lograr que esos grupos desaparezcan, tal y como lo ha planteado el propio secretario de Gobernación. A tal efecto, tendrían que instrumentarse las políticas adecuadas para dar seguridad efectiva a las poblaciones que viven en la zozobra por la violencia que ejerce el crimen organizado. Al mismo tiempo tendrían que aplicarse las políticas de prevención del delito a las que el actual gobierno se ha comprometido. Es necesario que se intervenga con prontitud a fin de evitar que muchas comunidades caigan en una nueva espiral de violencia.
Por tales razones, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que es urgente que el secretario de Gobernación precise públicamente la estrategia que seguirán las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el acceso expedito a la justicia y la aplicación de políticas para restaurar el tejido social y prevenir el delito.
En Nueva Alianza apoyamos las opiniones, expresiones y formas de pensamiento que surgen en el seno de la sociedad; igualmente recogemos con seriedad y responsabilidad las demandas y exigencias que la ciudadanía plantea. Asimismo nos solidarizamos con la inquietud y preocupación que este problema exhibe. Con lo que no estaremos de acuerdo jamás es en la ilegalidad, el quebrantamiento por la vía de los hechos de las instituciones y del Estado de Derecho. Dada la potencialidad del problema, convocamos a las autoridades a que redoblen esfuerzos y acciones que propicien a la sociedad las condiciones de seguridad pública, y con ello abatir la impunidad.
En virtud de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco a redoblar esfuerzos para que implementen acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil a que cesen en la realización de los operativos que vienen orquestando.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a realizar una campaña nacional en medios escritos y electrónicos para inhibir el uso de mochilas con exceso de peso entre los educandos e implantar acciones a fin de que en el ciclo escolar 2013-2014 se redistribuyan los materiales didácticos, a cargo del diputado Julio César Flemate Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Julio César Flemate Ramírez, integrante de la LXII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud es el pilar de la vida, garantizada también como derecho humano en el cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
El uso de mochilas resulta una forma práctica y común para que los educandos transporten los útiles escolares. La mayoría de ellas, las que están diseñadas para cargarse en la espalda, están hechas para que el peso se distribuya de forma uniforme. No obstante, si es demasiado pesada o si se usa de forma incorrecta puede causar problemas de salud a los menores.
Para evitarlo es necesario que no se sobrecarguen; que se utilicen ambos tirantes, ajustar las correas para que queden pegadas al cuerpo; distribuir la carga en el interior, poniendo los artículos más pesados de forma tal que queden hacia la columna, con lo que se aligera el peso hacia afuera; levantarla adecuadamente; y ejercitarse de modo habitual para fortalecer los músculos.
Al respecto, en agosto de 2012, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado en el que se señaló que de 25 millones de niños de preescolar, primaria y secundaria, 80 por ciento está en riesgo de sufrir afectaciones por el uso de mochilas pesadas.
En el comunicado se destacó que en el corto plazo las lesiones son de lumbalgia, dolores en cuello y hombros, sin embargo pueden presentarse también desviaciones de columna, como la escoliosis idiopática en la adolescencia y malformaciones conocidas como “cifosis” y “lordosis”.
La Academia de Cirujanos Ortopédicos de Estados Unidos ha señalado que el peso de una mochila debe ser menor de 15 por ciento del peso corporal de un niño; es decir, si un escolar pesa 45 kilogramos, deberá cargar una maleta con menos de 7. De lo contrario, tendrá consecuencias médicas.
El IMSS menciona que el tiempo promedio de carga de una mochila es de una hora, especialmente en escuelas públicas, pues se mide no sólo el trayecto de la casa a la escuela y viceversa sino el tiempo en la formación en el patio e incluso en las ceremonias. En casos extremos, los niños recorren largas distancias y el tiempo de carga se prolonga hasta dos horas.
Durante el primero y segundo años de primaria, los niños llevan 7 libros; en cuarto año, 11; en quinto, 10; y en sexto, 9. Éstos se distribuyen durante toda la semana, pero al llegar a la secundaria las materias se elevan, por lo que los cuadernos y los libros aumentan.
El tema que pongo a consideración ha sido materia de análisis en la Cámara en el curso de otras legislaturas, y en la Asamblea Legislativa. Por tal razón llamo la atención en esto, pues los intentos porque se tome alguna medida de precaución y prevención al respecto han sido infructuosos y los riesgos para la salud de los menores preocupan.
El asunto del sobrepeso de las mochilas no es menor, pues aun cuando se crea que las molestias y los dolores son pasajeros, puede provocar graves afectaciones a la salud en el futuro.
Por tales motivos, el objetivo de este punto de acuerdo es que la autoridad educativa genere por una parte publicidad que inhiba el uso de mochilas con exceso de peso, además de que se le solicita que establezca un mecanismo para que el alumno no tenga que cargar en un solo libro la materia de todo el ciclo escolar sino que, estratégicamente, en un libro o dos se integren contenidos debidamente separados de las materias correspondientes por periodos en cada ciclo escolar. Con esto contribuiríamos a mejorar su salud y su calidad de vida.
Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría Educación Pública a realizar una campaña nacional en medios escritos y electrónicos para inhibir el uso de mochilas con exceso de peso entre los educandos, e implantar acciones coordinadas con las autoridades educativas para que en el ciclo escolar 2013-2014 se diseñe una redistribución de los materiales didácticos, a fin de que en un solo libro queden contenidos los temas de todas las asignaturas del bimestre que se estudia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputado Julio César Flemate Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a promover una mesa de diálogo con el de Oaxaca para que el aeropuerto de Ciudad Ixtepec, donde opera la base aérea militar número 2, preste servicio dual, con vuelos comerciales, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La presente, Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del estado de Oaxaca de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ciudad Ixtepec se encuentra ubicada en el Istmo de Tehuantepec y es perteneciente al distrito de Juchitán, estado de Oaxaca.
Compromiso, según la Real Academia Española, proviene del latín compromissum, que significa obligación contraída y palabra dada.
Esto fue lo que hizo el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto ante la comunidad de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Arropo una demanda que los istmeños vienen solicitando de tiempo atrás: la puesta en marcha del aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, con el firme objetivo de consolidar la zona del istmo como pilar del desarrollo del estado y del país.
La historia de la aviación en la región del Istmo no es nueva, se hace referencia de su existir desde mediados de los años 40; sin embargo, de una manera más formal inicia operaciones el aeropuerto de Ixtepec hasta el año de 1957, contando ya con pista de aterrizaje y con operaciones de Mexicana de Aviación con la ruta México-Oaxaca-Ciudad Ixtepex-Tuxtla-Tapachula.
Pero no es sino 11 años después que un grupo de accionistas mexicanos integran Aerolíneas del Istmo, iniciando operaciones con las rutas de Oaxaca-Ciudad Ixtepec y Ciudad Ixtepec-Tuxtla-Tapachula. Dicho grupo de accionistas venden a Aeronaves de México sus acciones y es así como Aeroméxico inicia sus operaciones en esta región del país. El auge de este periodo de aviación sólo perduró 11 años, pues los vuelos comerciales dejaron de existir en Ixtepec en el año de 1979.
En la actualidad es de destacar que el Aeropuerto de la Base Aérea Militar número 2, segundo en importancia a nivel nacional, construida en la segunda guerra mundial con una pista de 4,148 metros, con hangares y servicio de mantenimiento, mantiene operaciones.
El impulso de la entrada en operaciones del aeropuerto de la Base Militar número 2 de Ixtepec para vuelos civiles comerciales, generaría grandes ánimos de progreso, pues de consolidarse, se detonaría el crecimiento comercial y turístico fortaleciendo la conectividad de toda la región del Istmo de Tehuantepec, región que desde el año 2006, ha incentivado que el estado de Oaxaca se ubique en el lugar 32 del índice de competitividad estatal que realiza el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) cada dos años.
Oaxaca mantiene un rezago en subíndices como aprovechamiento de relaciones internacionales, mercado de factores eficientes y sectores económicos en vigorosa competencia
La operación de un aeropuerto en Ixtepec traería consigo incremento de la productividad de las empresas de la región y apoyaría a reducir los costos de operación de proveedores.
Lo anterior lo podemos basar en que de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 del honorable ayuntamiento constitucional de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dicta que Ixtepec a través de 15 kilómetros de carretera pavimentada se comunica a los municipios Espinal y Juchitán de Zaragoza; a 14 kilómetros con los municipios de Santo Domingo Chihuitán y Santiago Laollaga; a 13.5 kilómetros con el municipio de Magdalena Tlacotepec; a 10 kilómetros con Asunción Ixtaltepec y Base Aérea Militar.
Un camino rural (canalero, terracería) de 19 kilómetros lo une con La Ventosa; existen también 35 kilómetros de terracería distribuidos de la siguiente manera, de Ciudad Ixtepec a Carrasquedo 15.75kilómetros; de Carrasquedo al Zapote 3.15 kilómetros, de Carrasquedo a Lachilona 14.0 kilómetros, de Ciudad Ixtepec a la Huana Milpería 2.1 kilómetros. Así también un camino rural lo une con la agencia de El Zapote, 10 kilómetros.
La ubicación geográfica permite que se cuente con un gran potencial logístico, pudiendo ser puerta de salida de exportaciones en gran número a los mercados del sur y sureste, centro y Sudamérica.
Las características específicas estratégicas podrían ayudar a que Salina Cruz se sumara y fortaleciera dentro de la cadena productiva apoyando a la industria naviera.
Otro aspecto que debe considerarse para apoyar el proyecto de aviación comercial, es que a pesar de que Ixtepec tiene una identidad de etnia Zapoteca el turismo no ha reafirmado su presencia.
Por lo cual las operaciones aéreas comerciales abonarían a convertirse en un centro con un gran valor agregado, utilizando la región como una figura de zona estratégica e impulsora de la economía local y regional.
El impulso a la conectividad terrestre, marítima y aérea –de apoyarse la propuesta-, se establecería una cadena productiva de gran impacto, se incrementaría el traslado de mercancías de forma segura y con menor tiempo y costo, impulsaría la inversión directa en la localidad y en la región, consolidando al Istmo como un fuerte competidor dentro de las relaciones comerciales del país.
Por ello con las operaciones comerciales de aviación se apoya la generación de empleo, turismo, desarrollo comercial y el índice general de competitividad de la región istmeña.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueva una mesa de diálogo con el gobierno del estado de Oaxaca y la Secretaría de la Defensa Nacional para dar una solución al tema de autorizaciones, para que el aeropuerto de la Ciudad Ixtepec, Oaxaca, donde tiene operaciones la Base Aérea Militar número 2, preste servicio dual, dotando a éste de vuelos comerciales.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la instauración de un comité de disciplina y ética parlamentarias, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
EI inicio del siglo XXI se ha caracterizado por ser una época de globalización e interdependencia, regida por continuos cambios y una ciudadanía con mayor presencia y participación en la vida pública. Dichas circunstancias obligan a las estructuras gubernamentales a mejorar su desempeño y niveles de eficacia, debiendo comenzar por generar empatía y ganar credibilidad frente a la sociedad.
Con las nuevas tecnologías los ciudadanos están cada vez mejor informados y en constante comunicación, fenómeno que ha convertido a la sociedad actual en un ente más demandante en comparación con generaciones anteriores. Los mexicanos exigen, para el otorgamiento de su confianza, que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana, al mismo tiempo que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia.1
Lamentablemente, en nuestros días los antivalores y prácticas corruptas han invadido todos los ámbitos de la vida, el político, el social, el económico y el cultural. Es así que las sociedades contemporáneas viven sumergidas en una crisis de valores, lo que genera una enorme confusión y desorientación en los ciudadanos que la integran, tocando las fibras tanto de gobernantes como de gobernados. Esta situación genera mentes permisivas, que se reproducen en conductas nocivas que afectan el funcionamiento de las sociedades y al mismo tiempo agravan los conflictos nacionales.
La ausencia de los más elementales valores de la ética y la moral, al afectar a las sociedades, inexorablemente afecta también a los Estados en sus diversos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando políticos, jueces, legisladores y demás funcionarios públicos pervierten los valores y principios éticos, se olvidan de cumplir con el objetivo más trascendente de todo gobierno, que es el de impartir justicia garantizando el bien común, teniendo como finalidad preservar la fe y esperanza de la comunidad para lograr un mejor porvenir.
Uno de los principios más valiosos y legítimos de una democracia, es precisamente el inalienable derecho que tiene la sociedad de exigir resultados tangibles a los servidores públicos, por ello, estos últimos no deben anteponer sus intereses particulares o familiares a los de la nación.
Por lo anterior, es menester contribuir al desarrollo de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, sustentada en los valores de la ética, la transparencia y rendición de cuentas, que inspire confianza y seguridad, para que los ciudadanos se sientan tranquilos del actuar de los funcionarios públicos.
En México, uno de los cuerpos colegiados de mayor importancia en la vida democrática de la nación, es la Cámara de Diputados, en la que convergen 500 hombres y mujeres en representación de los intereses y anhelos de más de 112 millones de mexicanos, lo que representa una colosal responsabilidad ante la historia y rumbo de nuestra patria, y exige conducirse bajo los más altos estándares de honorabilidad.
En palabras de Max Weber, todo político que se jacte de serlo, debe tener amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad y mesura en sus acciones.2 Este pensar nos da la pauta para dimensionar la labor que tiene el legislador, que no se limita a la elaboración y mejoramiento de las leyes, sino que Ie exige hacerlo bajo una conducta ejemplar, pues en su persona ostenta la representaci6n de millones de mexicanos que añoran sistemas institucionales mas incluyentes, pragmáticos y cercanos a su realidad.
Si se analiza la historia reciente de nuestra vida legislativa, especialmente la de la Cámara de Diputados, inevitablemente resaltan acontecimientos lamentables en el actuar de los legisladores, para ello resulta imprescindible que la actual legislatura asuma como prioridad la creación de un código y un comité de vigilancia de ética parlamentaria, con el propósito de regular la conducta de los diputados federales, y que las sesiones del pleno transiten de manera pacífica y ordenada, para lograr los acuerdos que la sociedad demanda, de tal forma que la ciudadana perciba, en el corto plazo, un cambio positivo en su vida, y vuelva a respetar la figura y trabajo de este órgano colegiado.
En el combate a la corrupción y otras prácticas que lastiman a la democracia, los códigos de ética o de conducta son una herramienta esencial, recomendada incluso por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch. Estos códigos han sido adoptados por varios países, pero aun existen muchos otros que carecen de un ordenamiento de este tipo.
A nivel internacional existen claros ejemplos del éxito e impacto que puede llegar a tener una herramienta de regulación de conducta como la antes mencionada, en naciones europeas como Francia, Inglaterra y Alemania, desde hace varios lustros operan este tipo de instrumentos, mismos que en los últimos años se han reproducido con excelentes resultados en Estados Unidos y Canadá, igualmente en algunos países latinoamericanos, entre los que destacan Paraguay, Chile y Perú.3
En el caso de México, en legislaturas pasadas se ha hecho un enorme esfuerzo para regir la conducta del legislador, se han presentado al pleno al menos 15 iniciativas y puntos de acuerdo, que pretendían desde la creaci6n de un ley federal de ética parlamentaria, hasta la integración de una comisión o grupo, que avalado por un código de conducta, se encargaría de vigilar que cada legislador se rigiera por los principios básicos de educación y convivencia. EI último intento se dio en la LX Legislatura, con un proyecto denominado Compromiso de Ética, que carecía de poder coercitivo y nunca fue obligatorio, es decir, estaba sujeto a la mera voluntad de cada uno de los legisladores, provocando que menos de la mitad lo firmara.
Si bien es cierto que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por crear un instrumento jurídico que vigile y regule la conducta y desempeño de los legisladores, también lo es que ha hecho falta dar el último paso, aquel que permita hacer realidad un Comité que se encargue de las labores para cumplir con los menesteres de este importante rubro.
El presente punto de acuerdo busca conminar a esta Cámara a la creación de un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, que tenga como objetivo primordial la elaboración de un Código de Ética Parlamentaria, de carácter obligatorio y coercitivo, es decir, que contemple sanciones en caso de incumplimiento o reincidencia. Cabe mencionar que el Código de Ética Parlamentaria, deberá contar con un Reglamento, que deberá ser redactado por el mismo Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria.
Asimismo, el comité tendrá la tarea de aplicar y garantizar el cumplimiento del Código de Ética, del Reglamento de la Cámara de Diputados. De igual manera, deberá dar seguimiento a las quejas, observaciones y demás asuntos relacionados con la conducta de los legisladores, además, estará facultado para investigar sistemática y constantemente las mejores prácticas legislativas alrededor del mundo, con el propósito de replicarlas en nuestro sistema legislativo.
Esta propuesta se plantea ante la inminente necesidad de devolverle a la Cámara de Diputados el contenido ético que perdió hace mucho tiempo. La realidad es que la gente ha dejado de creer en la seriedad y capacidad de este órgano legislativo, y es nuestra obligación recuperar la credibilidad que en los últimos anos ha sido puesta en duda. De no afrontar este reto ahora, al inicio de la presente legislatura, habremos dejado pasar una invaluable oportunidad y habremos fallado como legisladores federales.
Con ello, se busca hacer más eficiente el proceso legislativo, transparentar el uso de los recursos, mejorar la imagen que la sociedad tiene de los legisladores y ubicar a la ética como un valor central de nuestra tarea parlamentaria.
La presente legislatura ostenta la histórica posibilidad de sentar un precedente en materia de valores y ética parlamentaria, que enarbole los valores más puros y significativos de la dignidad humana, para cumplir y afrontar con responsabilidad la tarea que los ciudadanos han encomendado, y así, recordarnos a nosotros mismos el valioso arte de servir a través del buen gobernar, que es el fin último de la política.
De materializarse este iniciativa, habremos cumplido con una parte esencial de nuestra tarea como legisladores federales, que es la de crear los mejores escenarios para elaborar y reformas leyes de manera optima, tomar decisiones de forma sensata, buscar siempre el bien común y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
La sociedad mexicana, en su legitimo derecho, exige desempeñar con mesura y responsabilidad el cargo que nos confirieron, he ahí donde radica la urgencia de realizar este ejercicio de autoevaluación y autocritica, con el propósito de mejorar nuestra calidad de legisladores y lograr la reivindicación de la política mexicana. Es nuestro deber actuar a la altura de nuestra investidura y juntos, lograr refrendar la fe de los mexicanos y dignificar al Poder Legislativo.
Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a esta honorable asamblea a que se instaure un Comité de Disciplina y Ética Parlamentaria, con el propósito de que se elabore y vigile el cumplimiento de un Código y Reglamento de Ética para esta Cámara de Diputados, y además el Reglamento de la Ley Orgánica del Honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de regular la conducta de los diputados federales, hacer más eficiente la labor legislativa y mejorar la imagen que la sociedad mexicana tiene del Poder Legislativo.
Notas
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudio sobre “Los principios básicos de ética pública más mencionados por los estándares de conducta de los países miembros”.
2 Weber, Max. El Político y el Científico. La política como vocación. 1919
3 Chávez Hernández, Efrén. Ética en el Poder Legislativo. Boletín de Derecho Contemporáneo. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, DF, 2011.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y a la Secretaría de Salud de Michoacán a atender de forma prioritaria el problema de insuficiencia renal crónica que presentan los habitantes de la región oriente del estado, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Verónica García Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del estado de Michoacán, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Fundación Mexicana del Riñón AC (FMR) la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se considera como una enfermedad crónica que se caracteriza por la pérdida progresiva e irreversible de ambos riñones, así paulatinamente el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias toxicas de la sangre y la persona requiere tratamiento de sustitución de la función renal para conservar la vida, ya sea a través de diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante del órgano en cuestión.
La insuficiencia renal se ha convertido en un problema de salud crónico en el estado de Michoacán. A finales de 2012 alrededor de 5 mil 500 michoacanos padecían esta enfermedad, hoy seguramente la cifra de enfermos se ha incrementado y ha incorporado a sus filas a jóvenes y niños de 2 a 3 años.1 La condición es grave ya que de acuerdo con los especialistas, la única manera de que un enfermo pueda tener una calidad de vida relativamente normal es el reemplazo del órgano.
Aproximadamente 40 por ciento de la población total de los enfermos que padecen esta enfermedad se concentran en la región oriente del estado de Michoacán, siendo el municipio de Ciudad Hidalgo el que posee mayor número de personas enfermas; cabe destacar que más de la mitad no está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o a los servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y no cuentan con los recursos económicos necesarios que permitan sustentar los altos costos de las medicinas y el tratamiento para contrarrestar la enfermedad, por lo que la mayoría de estos enfermos tiene que darse a la tarea de conseguir apoyos y/o donaciones de diversas asociaciones que atiendan este problema.
Como se ha mencionado anteriormente, cuando el padecimiento es crónico sólo existen tres opciones de tratamiento: la diálisis que tiene un costo anual por paciente de 115 a 125 mil pesos, y la hemodiálisis, de 150 mil pesos anuales por tres sesiones a la semana, así como los trasplantes cuyo costo quirúrgico es de 30 mil pesos, más el tratamiento con inmunodepresores que al año tiene un costo de 85 mil pesos.
Si tomamos en cuenta que en promedio cada familia cuenta con dos integrantes que padecen de insuficiencia renal crónica podemos observar que el alto costo del tratamiento significa la ruina para cualquiera de estas familias, pues además de asumir los gastos que trae consigo esta enfermedad también deben correr con gastos de traslado (al menos tres veces por semana) a la capital michoacana o a la ciudad de Guadalajara para poder atenderse, pues no existe una clínica cercana a la región donde se atienda este problema.
Cabe mencionar que el origen de las afectaciones aún se desconoce. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional han investigado por tres años las posibles causas de la enfermedad sin obtener respuesta. Entre las causas principales de la enfermedad se manejan tres hipótesis: medio ambiente, modo de trabajo y factor genético. Sin embargo, los habitantes y pacientes creen que el problema se origina en los desechos que lanza la geotérmica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los mantos acuíferos de la región, sin embargo ninguna versión es oficial, y mensualmente hay cinco casos nuevos de la enfermedad, y en el mismo periodo llegan a fallecer hasta ocho personas.
Encontrar la causa de la enfermedad es primordial, pues la falta de información ha provocado que los habitantes de estas comunidades piensen que ésta es contagiosa y discriminen a quienes la padecen, por tal motivo algunos enfermos han preferido mantenerse en el anonimato y no llevar el tratamiento a cabo e inclusive optan por la alternativa de terminar con sus vidas.
Con razón de los motivos anteriormente expuestos hago hincapié en la necesidad y en el derecho que tienen los habitantes de esta región de conocer el origen y las causas de esta enfermedad, contar con esta información permitirá contrarrestar de raíz este problema y así evitar que la suma de muertes y enfermos se incremente.
Hasta el momento tanto el gobierno del estado de Michoacán, como la secretaría de salud del estado, han hecho caso omiso a la urgente necesidad que tienen estas personas de contar con la infraestructura necesaria y una unidad de diálisis en su comunidad o cerca de ésta, que les brinde atención e información especializadas. Sin embargo, reconozco y me sumo al esfuerzo realizado por mis compañeros Elías Ibarra Torres y Osbaldo Esquivel Lucatero, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán por hacer el esfuerzo de resolver este asunto, y demando en nombre de estas familias se proporcione la atención adecuada a la solución de este problema.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado de forma urgente el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Michoacán, doctor Fausto Vallejo Figueroa, que ordene, en uso de sus facultades, elaborar un estudio exhaustivo en la región oriente del estado de Michoacán, con el objeto de conocer el origen y las causas de la enfermedad de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que presentan los habitantes; así como la construcción de un centro de salud especializado en dicha enfermedad, y de una unidad de diálisis en la región oriente del estado.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Michoacán, doctor Fausto Vallejo Figueroa, para que a través de la Secretaría de Salud del estado, y con base en el numeral I, del artículo 13, envíe unidades móviles a las localidades de la región oriente con la finalidad de informar a los habitantes de estas localidades los síntomas y el tratamiento que conlleva la enfermedad de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Notas
1. Desde hace tres años no se ha realizado un censo de la población enferma, por lo que no se cuentan con estadísticas actualizadas que permitan un conocimiento certero del número de personas que actualmente son portadoras de la enfermedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2013.
Diputada Verónica García Reyes (rúbrica)