Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3711-VII, martes 19 de febrero de 2013
Con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios en Hidalgo, a cargo del diputado José Antonio Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, José Antonio García de Alba, Mirna Hernández Morales, Emilse Miranda Munive, Darío Badillo Ramírez, Francisco González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco y José Alberto Rodríguez Calderón, integrantes de la coordinación Hidalgo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
El tema que me trae a esta tribuna es verdaderamente lamentable, y atiende a dar cuenta ante todas y todos ustedes de una realidad que nos compromete a las y los representantes populares a tomar cartas en el asunto para que desde este Poder Legislativo federal emprendamos las acciones necesarias para prevenir y sancionar el delito de feminicidio.
En México, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 7 de febrero de 2007, se define violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, formado por el conjunto de conductas misóginas que pueden llevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
El 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Código Penal Federal, en la que se destaca la tipificación del feminicidio como un delito grave, con sanciones de 40 a 60 años de prisión.
Desafortunadamente, Hidalgo ha reportado 19 asesinatos de mujeres de entre 20 y 35 años con agravante de género en los últimos meses.
Particularmente en Tula de Allende, siete mujeres (Angélica Selene Hernández Vega, Ana Maribel García, Laura Reyes Ramírez, Elda Ordaz García, Catalina Mendoza Pérez, Mónica Sánchez Lugo y Ana María Tecontero Contreras), han sido asesinadas bajo las mismas características, hoy puedo informar a ustedes que el día jueves 31 de enero del año en curso, fueron aprendidos los dos presuntos homicidas seriales, quienes según la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encuentran confesos.
Estos atroces acontecimientos en mi estado y de manera asentada en el municipio de Tula de Allende no deben quedar impunes; la privación de la vida es un hecho detestable , este fenómeno como observamos, alcanza dimensiones exacerbadas cuando se producen homicidios múltiples de mujeres.
El gobierno de Hidalgo ha instaurado acciones para prevenir este y otro tipo de delitos, sumamente dolorosos. Sin embargo, debemos fortalecer una mayor coordinación de esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno que se traduzca en mejor seguridad para los ciudadanos.
El gobernador Francisco Olvera Ruiz ha exhortado a los legisladores locales a que revisen el marco normativo de la entidad en la materia, endureciendo las sanciones así como estableciendo en el catálogo de delitos el feminicidio que aún no está tipificado en el Código Penal de la entidad, petición a la que en este momento me sumo, mucho más cuando desde el Poder Legislativo federal recientemente se ha impulsado la aprobación de las reformas constitucionales del artículo 1o. en materia de la obligación del Estado mexicano de salvaguardar los derechos humanos –en este caso de las mujeres–, y a la reciente reforma, de 2012, en materia de tipificación del delito de feminicidio.
A escala local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo considera un capítulo referente a la violencia feminicida, donde la define como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos fundamentales, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
En materia de justicia, el gobierno del estado se ha comprometido a investigar y castigar a los responsables, y de asegurar a los familiares de las víctimas el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables.
Los familiares de las víctimas deben recibir por parte del Estado mexicano ayuda oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante, y apoyándose en la reciente publicada Ley General de Víctimas, con el objetivo de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, atención médica y psicológica de emergencia, información clara, precisa y accesible sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permitan el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la mencionada ley.
Los hechos ocurridos en Hidalgo no deben replicarse en Hidalgo ni en el país; debe ser el compromiso del Estado mexicano: ni una muerte más de mujeres.
Pero tampoco podemos permitir que la desgracia, el dolor y la impotencia se utilicen como bandera partidista.
Con pronunciamientos protagónicos no se resuelve este tipo de problemas sociales.
Me sumo al compromiso de las autoridades de Hidalgo a levantar la voz para hacer un llamado a las autoridades responsables para redoblar sus esfuerzos en la lucha de esta dolorosa realidad.
Y convoco a ustedes, señoras y señores legisladores, a seguir trabajando por el cumplimiento de las leyes y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, así como por la dignidad y seguridad de la población del país.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a mantener y fortalecer la operación de seguridad e investigación entre el gobierno federal y el de Hidalgo que retorne la tranquilidad y paz pública en el estado y, en particular, en Tula de Allende.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputados: José Antonio García de Alba (rúbrica), Mirna Hernández Morales, Emilse Miranda Munive, Darío Badillo Ramírez, Francisco González Vargas, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco, José Alberto Rodríguez Calderón.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar acciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Genaro Carreño Muro, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2, todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Petróleos Mexicanos es la empresa encargada de maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable.
La importancia que tiene esta empresa para la economía nacional es por todos reconocida. Hoy en día, es una de las principales fuentes de ingresos, así como una de las principales fuentes de empleo para los mexicanos.
En atención a ello, es necesario que continúen llevándose a cabo todas aquellas acciones mediante las cuales se puede garantizar su correcto funcionamiento en todos los ámbitos, administrativo, operativo, etcétera.
Los recientes acontecimientos en el edificio administrativo de Pemex alerta de la necesidad de continuar llevando a cabo acciones que permitan a la empresa desarrollar debidamente sus funciones. Es más, más que continuar, es necesario reforzar las medidas de seguridad en todas y cada una de sus instalaciones.
Petróleos Mexicanos ha rechazado las versiones que aseguran que la falta de mantenimiento provocó la explosión en el edificio administrativo de Pemex, que dejó 37 muertos y 121 heridos, y ha entregado a la PGR toda la información relacionada al mantenimiento y estructuras del edificio.
Toda vez que el subdirector de servicios corporativos de Pemex , Carlos Murrieta, ha afirmado1 que “fue una explosión limpia” y que se realizará una investigación porque el ducto del gas natural localizado por la PGR no se encuentra en los planos de la paraestatal, demuestra que se trató de un caso fortuito que nada tiene que ver con la falta de mantenimiento de las instalaciones, sino que más bien, se trata de una situación que podría ocurrir en cualquier otro lugar. Así pues la falta de mantenimiento de las instalaciones hubiera acarreado una serie de incidentes de la misma naturaleza, lo cual no ocurrió antes.
Por tanto, es momento de que el Gobierno Federal comience a realizar acciones que permitan mantener la seguridad de la población mexicana, en el caso específico de los trabajadores de Pemex, así como de las instalaciones, de manera tal que su debido funcionamiento no se vea comprometido con tragedias de esta naturaleza.
Si este accidente provocó una gran desgracia en las oficinas administrativas de Pemex, no queremos imaginar que pasaría en otras de sus instalaciones donde se manejan combustibles, y cuando algunas de éstas se encuentran rodeadas de áreas urbanas.
Como representantes de la sociedad, debemos demandar la actualización de todas aquellas normas que rigen a Petróleos Mexicanos en cuanto a su forma de operación. Por tanto, la presente propuesta tiene por objeto exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades competentes, se realice una serie de acciones por las cuales se actualicen o elaboren nuevos protocolos de atención a emergencias, de sus programas de simulacros ante eventualidades mayores, capacite y actualice al personal que se encarga del área de protección civil en cada instalación, así como de valorar la posible reubicación de aquellas refinerías que han sido rodeadas por asentamientos humanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de que Pemex pueda operar garantizando la seguridad de sus trabajadores y que pueda desarrollar sin contratiempos sus funciones, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo federal, a que a través de las autoridades correspondientes, realice una revisión exhaustiva de la infraestructura de todas las instalaciones de Pemex ; a elaborar programas de atención a las observaciones de las compañías aseguradoras; a que actualice y supervise los programas de simulacros operativos y de emergencia mayor en sus plantas; a que actualice o elabore nuevos programas de capacitación al personal de protección civil; a que elabore estudios que permitan reubicar las refinerías que se encuentren en zonas urbanas, así como de estadísticas de accidentalidad para determinar cuáles son las instalaciones que requieren mayor atención.
Nota
1 http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id =60203:en-pemex-accidente-desafortunado-peritos&Itemid=189
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013
Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto laboral de los trabajadores del SME, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, 31 numeral 2 y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La democracia tiene como uno de sus principales pilares la división de poderes; por lo que el debilitamiento del Poder Legislativo, y la tentación de reducir a la Suprema Corte de Justicia a una instancia de consigna, tarde que temprano pondrá en jaque a la democracia, que va de la mano del estado de derecho y la paz social.
Recordemos que en un condenable acto de fuerza, en que intervinieron efectivos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano, el sábado 10 de octubre de 2009, a las 22:45 horas aproximadamente, fueron tomadas las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Acto seguido, en los primeros minutos del 11 del mismo mes y año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto del entonces titular del Ejecutivo federal, ordenando la liquidación inmediata de esta empresa alegando supuestas razones económicas y de eficiencia.
El saldo de este alevoso acto fueron: el despojo de su empleo a más de 44 mil trabajadores y sus familias, creación de un riesgo para el pago de las pensiones y jubilaciones, ultraje a la libertad y autonomía sindical, despojo, vía privatización simulada de Luz y Fuerza del Centro, de un patrimonio de toda la nación.
Los trabajadores decidieron, en uso de las vías legales, luchar por el respeto a sus derechos, y bien, el 13 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo, emitió sentencia a favor de los trabajadores, para el efecto de que la Junta Especial número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dejara insubsistente el laudo que ordenaba la liquidación de las relaciones de trabajo de los electricistas, al declarar procedente la procedencia de la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, el pasado 30 de enero de 2013, la Segunda Sala de la Suprema Corte revocó la ejemplar sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito antes referida, que insisto, ordenaba la reinstalación de los trabajadores por Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su carácter de patrón sustituto y el consecuente pago de sus salarios caídos; por el contrario ahora los trabajadores están frente a un injusto mandato que pretende obligarlos a su liquidación, y los lanza al mundo del desempleo y la desesperanza. Ya que una liquidación no puede sustituir a un empleo digno, como el que tenían, y desconoce su derecho a una jubilación o pensión, y otras prestaciones; además de la agresión recibida a su dignidad como seres humanos. Buscando paralelamente la muerte jurídica de su sindicato y contrato colectivo.
El reclamo de los trabajadores a conceptuar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como patrón sustituto, para efectos de su reinstalación, fue plenamente acreditada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desde el momento en que se mantuvo la materia de trabajo, operada ahora por la CFE, a la que le fueron transmitidos los bienes propiedad de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Para reafirmar esto, recordemos que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 41 establece, que la sustitución de patrón no afecta las relaciones de trabajo, lo que debe interpretarse en relación con el artículo 290 de la Ley del Seguro Social, que señala, que surge la sustitución de patrón, cuando: “Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos...” Extremos que se cumplan plenamente en el caso del SME.
Sobre la causa de fuerza mayor, la Segunda Sala sostuvo, que el arbitrario decreto del Ejecutivo federal de 2009, constituye tal causa, en lugar de analizar si los motivos de fuerza mayor alegada por el entonces titular del Ejecutivo, básicamente de carácter económico, se constituían como tales y eran suficientes para dar sustento a la extinción de Luz y Fuerza. Este insostenible criterio de la Corte, abre la puerta para que el Ejecutivo en turno, extinga cualquier organismo descentralizado, con base en su capricho y su arbitrariedad.
Las razones humanitarias tampoco impidieron esta inadmisible resolución de la Corte; pues su resolución provoca que más de 16 mil trabajadores después de más de 3 años de lucha queden sin empleo, con las consecuentes afectaciones a sus familias; obligándoles la Corte a caminar hacia atrás, hacia la percepción de las depreciadas indemnizaciones forzadas de hace tres años.
Todo este proceso de fuerza en contra de los trabajadores, desconoce el principio de supremacía de la realidad, que preside el mundo del trabajo. Los derechos irrenunciables de los trabajadores y, la existencia de conflicto laboral no pueden suprimirse de un plumazo. Aún está en manos del Ejecutivo y Legislativo federales, resolver con equidad este conflicto, en apego a lo ordenado por el artículo 1o. en relación con el artículo 123, ambos de nuestra Carta Magna. Antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otras instancias internacionales, sigan exhibiendo el poco apego del gobierno mexicano al respeto de los derechos humanos. La violencia laboral de estado, debe ser siempre condenada.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a buscar mediante diálogo con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, una solución a este conflicto laboral, buscando en todo momento el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de estos trabajadores y su reinserción a la vida laboral, mediante la creación de un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, que recontrate a los más de 16 mil trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación.
Segundo. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que en tanto se solucione este conflicto laboral, les continúe otorgando el instituto a estos trabajadores los servicios médicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputado Roberto López Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y a los congresos locales a establecer acciones para garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y los diversos grupos de ésta en la elaboración de sus presupuestos de cada ejercicio fiscal, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakaruma, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los gobiernos estatales y sus Congresos locales a que establezcan las acciones necesarias a fin de garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y sus diversos grupos sociales en la elaboración de sus presupuestos para cada ejercicio fiscal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La plena participación ciudadana en todos los ámbitos que implica a la población en su conjunto, es el resultado de contar con una sociedad integrada por mujeres y hombres conocedores de sus derechos conferidos en sus leyes y sabedores también de sus obligaciones que como individuos con ciudadanía les corresponden, que se involucran y contribuyen determinadamente por el interés personal y común, y que solicitan espacios con mayor grado de incidencia directa en todos los puntos donde se da la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas de su interés, con la permanente intención de mejorar sus oportunidades de desarrollo, su calidad y condiciones de vida.
Actualmente, reconocer que la participación ciudadana puede presentarse en cualquier contexto de la vida tanto en el ámbito social, jurídico, político y económico de nuestro país; la ha convertido en una proveedora de vigencia y permanencia para la democracia incluyente y participativa, así como también para la gobernabilidad; ya que al alejarla de caer o posicionarse en el reducido papel del discurso mediático, hemos ido transformado al ciudadano no únicamente en un vigilante activo de las autoridades y su desempeño, sino también en parte dinámica y valiosamente corresponsable de la toma de decisiones.
Esto se dio en nuestro país, en el momento en que la participación ciudadana dejo de ser una iniciativa propia de nuestras autoridades o con autoría de nuestros gobernantes; y paso a ser resultado de un proceso autónomo y propio de la población en la búsqueda de la inclusión ordenada y eficiente de la sociedad en su conjunto como observador del desempeño de sus autoridades, gobernantes y representantes populares y posteriormente en su necesidad de lograr el acceso organizado y participativo en la toma de decisiones.
Con este involucramiento de los diversos actores sociales en el país, no solo se ha logrado a lo largo del tiempo construir entre éstos, favorables alianzas y consensos ventajosos para el bien común; también se ha podido abonar en pro de la optimización y aprovechamiento de los recursos con los que dispone cada comunidad y en desarrollar una incipiente cultura participativa en todas las regiones que se nutre de aprender a compartir riesgos y beneficios, en la ejecución de proyectos y planes gubernamentales con un enfoque irrestrictamente social.
En todas las regiones del mundo y no exclusivamente en México; esto sucede porque los gobiernos al promover y garantizar una efectiva participación ciudadana, se ven en la posibilidad de conocer más detalladamente los problemas de sus ciudadanos, de compartir espacios de acercamiento, encuentro, reflexión y trabajo; condiciones que generan y motivan una mayor confianza hacia las instituciones y sus representantes, sustentando así la mencionada con anterioridad, gobernabilidad tan requerida indispensablemente para todo gobierno incluyente.
Es así que hoy en día, la promoción y mantenimiento de una participación ciudadana es imprescindible para el desarrollo democrático del estado de derecho mexicano, ya que en los ciudadanos organizados, activos y propositivos se encuentra la fortaleza de una sociedad con amplias posibilidades de desarrollo sostenible y sustentable.
Por ello; garantizar para nuestra población en todos los niveles de gobierno, adecuados mecanismos, instrumentos y canales de esta participación social en todos los aspectos del quehacer político-administrativo como lo es los presupuestos participativos, debe de ser prioridad consagrada de cualquier autoridad sin importar su origen partidista; administraciones federales, estatales y locales con sus respectivos congresos, que atiendan los principios de democracia, gobernabilidad, pluralidad y autonomía de sus instituciones, en el marco de la protección, la defensa y el ejercicio pleno de los derechos individuales, políticos, económicos y sociales de la sociedad en su conjunto, preservando siempre su diversidad que la compone; es no solo un reto sino una condición permanente para nuestra país.
El gozar como individuo del compromiso gubernamental de mantener una indiscutible voluntad política de transparentar su gestión y trabajar de manera coordinada, integrada, abierta y con libre intervención de los diversos actores sociales por medio del acceso a la información, es ineludible para el fortalecimiento de dicha participación mediante presupuestos participativos en un nivel óptimo y provechoso en términos del bienestar común; gracias a que con ello se estaría en posibilidades de ampliar a la sociedad mexicana el acceso a decidir en qué y cómo gastar los recursos públicos con los que se cuenta.
Adicionalmente, la ciudadanía requiere a la par de su capacidad de participación social, de un sistema de transparencia y acceso a la información ostentado en la práctica y expresado en las leyes, acciones y políticas públicas, que le proporcione información económico-administrativa oportuna para participar en los procesos de desarrollo de su comunidad y su entorno, así como también en su acceso al control y fiscalización de la gestión de sus gobernantes o autoridades en todos los niveles de gobierno; para con ello estar en posibilidades de integrar la figura de presupuestos participativos.
Es así que contando con el involucramiento de las legislaturas locales; el construir, implementar, difundir y garantizar las herramientas e instrumentos de participación en el gasto, la información y transparencia de éste, es clave en la conducción y funcionamiento de cualquier gobierno ya sea federal o estatal; comprometido con mantener la confianza y credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones; como medida real y efectiva para fortalecer a la democracia y los canales de participación plural y equitativa en la sociedad.
Por ello, hemos llegado al punto en que desde los estados y sus congresos locales, requerimos darle el valor que le corresponde y reconocer que la participación ciudadana ha evolucionado vertiginosamente conforme la sociedad y sus necesidades los han hecho, quizás a un mayor ritmo, que la capacidad de los dos gobiernos pasados de entender, asumir y adaptarse a estos cambios.
Es así, que necesitamos sentar las bases para empezar a construir en las administraciones estatales junto a sus congresos, un sistema de elaboración de presupuestos participativos permanente, eficiente y eficaz con la suficiente disposición de información y transparencia que establezca las condiciones para permitirle poco a poco a la ciudadanía en el ámbito económico, mayor facultad de participación.
Lo anterior no es completamente ajeno en nuestro país; al menos a nivel federal contamos ya con un ordenamiento legal que aunque de manera incipiente, reconoce y promueve los presupuestos participativos y la participación ciudadana democrática en la elaboración de los programas y definición de objetivos en la conducción económica.
En la Ley de Planeación se establece la condición que se describe y que como objeto del presente punto de acuerdo, se hace necesaria para los gobiernos de los estados y sus congresos locales; lo anterior se puede ver en los artículos 1 y 20 de la citada ley que a continuación se señalan:
“Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:
I. a III.
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y.....”
“Artículo 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales , con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.........”
En la medida en que todos los integrantes del estado mexicano, entendamos la importancia de abrir los espacios a la ciudadanía en ámbitos de toma de decisiones en materia económica con la integración de presupuestos participativos; el ámbito de interacción instalado en las buenas prácticas entre autoridades y ciudadanos, adquirirá variadas y fecundas formas de expresión con iniciativas conjuntas y propias, con amplios rangos de profundidad y alcance, y sobre todo con la posibilidad en el corto plazo de alcanzar los objetivos que se pretenden; al transformar la administración, captación y gasto de los recursos públicos en servicios y bienes para la comunidad en su conjunto; convirtiendo a este tipo de presupuestos en una forma de amplia expresión de civilidad.
Con lo anterior esta soberanía está obligada, a asumir el compromiso de impulsar y profundizar en los estados y sus congresos locales; la integración de presupuestos participativos como una importante herramienta de expresión y participación ciudadana.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de
Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales y a sus Congresos Locales a que establezcan las acciones necesarias a fin de garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y sus diversos grupos sociales en la elaboración de sus presupuestos para cada ejercicio fiscal; considerando los siguientes aspectos:
• Estableciendo las bases para promover y los términos a los que se sujetará la participación democrática de la población en su conjunto y de sus diversas agrupaciones sociales que la conforman en las decisiones que consideren de incidencia directa en el desarrollo de sus pueblos y comunidades, que serán plataforma de un Presupuesto Participativo.
• Fijando los lineamientos para involucrar sistemáticamente a su sociedad y sus agrupaciones sociales en la elaboración, definición, ejecución y actualización de los objetivos y prioridades que habrán de considerarse en los programas que integraran dichos presupuestos.
• Señalando los protocolos de organización, funcionamiento y periodicidad para que la participación de quienes así lo decidan en la elaboración de los Presupuestos Participativos se de de forma incluyente y con un sistema de consulta permanente de la sociedad y sus agrupaciones sociales, bajo un esquema informado, transparente y organizado.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero del 2013.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal a emprender campañas de concienciación ciudadana sobre el graffiti o arte callejero; y a llevar a cabo acciones conducentes a recuperar los espacios públicos y privados afectados por dicha práctica y abrir espacios especiales para ella, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Elizabeth Vargas Martín del Campo, diputada federal por el estado de Guanajuato de la LXII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti , y abran espacios públicos especiales para esta práctica.
Antecedentes
El graffiti o arte callejero en México, se origina en la ciudad de Tijuana, localidad fronteriza con Estados Unidos. Los cholos fueron los primeros en tomar las formas de expresión callejera, propia del bando norte de la frontera, de los chicanos residentes allí.
Es en la ciudad de Guadalajara en donde se afianza con más fuerza el graffiti . Allí se instala primera escuela de graffiteros mexicanos, se crean los primeros estilos y formas de letras y firmas, propias de México con toques auténticos aztecas.
Otras ciudades en donde el graffiti creció con intensidad fue en Aguascalientes y Ciudad de México. En esta última, sobre todo, se dio en los barrios periféricos, zonas marginadas de la capital mexicana, con una importante influencia de las pandillas instaladas allí, en las cuales es una forma de expresión corriente marcar sus nombres en las calles.
En un primer momento el graffiti era barrial, los escritores pintaban en sus lugares adueñándose así de ellos, marcando su sello propio. Era una costumbre no pintar en zonas ajenas, una especie de código al que se adherían todos, destinándose a pintar en sus barrios y no en el de otros.
Las primeras expresiones del graffiti en México son similares a las de Nueva York. Tags (es una marca con clase que delimita una región) y firmas en un principio, luego obras de mayor calidad y tamaño, hasta llegar a obras maestras y murales enteros. A su vez, una de las particularidades que se dio en México, fue la de las crews (grupo de personas trabajando en conjunto) o pandillas de escritores.
Las crews no son propias de México, sin embargo es mucho más común que en otros lugares, siendo más habitual una firma o una obra identificada con una pandilla que con un solo escritor.1
En la Ciudad de México se incrementó su actividad a partir del año 2000, con el graffiti ilegal que se practica inicialmente por estudiantes de nivel medio y medio superior (entre 11 y 17 años), las pintas generalmente parten desde su escuela, abarcando su entorno geográfico cercano, los horarios en que actúan, en su mayoría, son nocturnos; principalmente pintan por baja autoestima, necesidad de reconocimiento, imitación, ocio e inconsciencia.
Comentarios generales:
Es importante tener en cuenta que aunque el graffiti desde el momento mismo de su gestación nace como un arte ilegal por estar realizado en propiedades privadas y sin permiso, el verdadero writer o graffitero no es un criminal, ni distribuye drogas, ni pertenece a ningún gang , y pese a los peligros en forma de fuertes multas y cortas sentencias de encarcelamiento que amenaza la realización de las grandes piezas, continúan fieles a la llamada del arte y a la necesidad de expresarse.
El aumento de la actividad que desarrollan los llamados graffiteros está sembrando de nuevo el debate y la preocupación en la sociedad, además del impacto visual y económico que esto conlleva. Basta simplemente salir a la calle y encontraremos alguna fachada con pintas, que más se tarda el propietario en pintar, que en que los grafittis aparezcan de nuevo.
Las pintas que se visualizan de manera intensa en algunos puntos de las ciudades, y que ahora comienzan a aparecer en zonas rurales, destrozan el patrimonio de determinados muebles, inmuebles, monumentos y calles históricas.
La pregunta sería: ¿Es el graffitero un delincuente o un artista?
En algunas publicaciones, los expertos en el tema coinciden en que es conveniente diferenciar el vandalismo callejero y el graffiti , pues en la sociedad se ha emprendido cierta “persecución” a esta confusa actividad del graffiti como una forma de expresar “algo”.
Hay que reconocer que hay obras que son magistrales, pero hay otras que son acciones vandálicas que perjudican a terceros, nosotros en el caso de los espacios públicos y los particulares que se ocupan de sus propios daños, esto por consecuencia afecta el erario público y la economía de las familias.
El debate se centra fundamentalmente en que una cosa es el vandalismo y otra, la escenificación del arte. Habría que partir del hecho de que todo de tipo de dibujo tendría que estar acorde con el entorno y el propio espacio donde se pretenda realizar.
Consideraciones
Tenemos que estar conscientes del daño que puede provocar este arte urbano, debemos abogar por la concientización colectiva para que los verdaderos protagonistas, ciudadanos en general y políticos mantengan única sintonía y lograr un consenso, buscar soluciones alternativas, tales como la habilitación de determinados espacios de forma temporal, con el fin de que “el arte”, pero no el “vandalismo”, no desaparezca de la sociedad. Muchos de los graffiteros son personas con preparación y con estudios, en algunos casos son licenciados en las artes o expresionistas.
Sin embargo, el graffiti que deteriora la propiedad y promueve un ambiente compatible con el delito, este tipo de graffiti se ha convertido en uno de los problemas sociales que más molesta a la sociedad, pues además de la pésima imagen que representan, los dueños de casas y negocios tienen que enfrentar pérdidas económicas debido a los gastos innecesarios que se ven obligados a sufragar, al igual que el gobierno federal, estatal y municipal ya que no se respetan edificios públicos ni monumentos históricos.
Si bien es cierto que el graffiti es una forma de recrear una expresión artística, no se debe tipificar a estas personas como delincuentes o vándalos; debemos de colaborar con ellos y educar al graffitero, abrirles los canales de comunicación que buscan para expresarse y vivir en armonía, esta es la mejor solución.
México tiene historia por doquier, en sus calles y monumentos; es triste observar pintas que no representan el arte del graffiti . Debemos lograr una concientización a nivel nacional para todo tipo de pintas en la vía pública y trabajar para respetar el derecho de los ciudadanos; tomar las acciones necesarias que nos conduzca al camino más acertado para que no haya ningún tipo de conflicto entre particulares sobre los “graffiti s”. El dibujo puede ser aceptable, siempre y cuando se respete el derecho de los demás en los espacios públicos y privados. La base está en la concientización, la educación y el respeto por el entorno, destinando áreas específicas para la libre expresión.
Propuesta
Asumamos el compromiso de instrumentar una campaña nacional que pueda proporcionar los mecanismos para darle cabida a la recuperación de las vías públicas y la recreación artística de este tipo; facilitar los espacios para que los graffiteros tengan la oportunidad de expresarse, legalizar algunas paredes para pintar, que las autoridades se lo permitan.
Busquemos el consenso a través del diálogo, lograr el común acuerdo entre las partes, contar con la colaboración de los gobiernos, vecinos y la ciudadanía que quieran cooperar prestado sus paredes y bardas en mal estado.
Nos corresponde atender esta problemática social, organizando foros de expresión urbana, incentivando a los participantes con premios a las mejores obras, reencausando a los grafitteros a compartir sus técnicas y participar en el estudio de las artes plásticas.
Es responsabilidad de los gobiernos establecer el orden público y privado sin afectar a terceros, implementar programas e impulsar talleres y jornadas de arte urbano que incluya a la niñez, para que, si les gusta el arte, sepan diferenciar lo que es vandalismo y lo que puede ser una expresión artística.
El respeto a los demás, la educación, el civismo y la verdadera recreación artística son la clave para solucionar la controversia.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti , y abran espacios públicos especiales para esta práctica.
Nota
1 http://doggshiphop.com/historia-del-graffiti -en-mexico/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.
Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal y al jefe del gobierno del Distrito Federal que se instauren acciones para atender el desabasto de agua en Iztapalapa, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita respetuosamente al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal la instrumentación de acciones inmediatas para atender el desabasto de agua en la delegación Iztapalapa, situación que afecta desde hace más de un año a 80 mil familias de 59 colonias de la demarcación. Todo ello al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La delegación Iztapalapa, con una población de 1 millón 815 mil habitantes, es la delegación más poblada del Distrito Federal; es el territorio más densamente poblado del país; su población es mayor a la de municipios como el de Ecatepec de Morelos y a las ciudades de Guadalajara, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, o León, Guanajuato.
Iztapalapa recibe agua potable a través de tres tanques principales denominados La Estrella, La Caldera y Xaltepec; estos, a su vez, reciben en conjunto un promedio 5 mil 244 litros de agua por segundo, cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los habitantes de la demarcación.
La consecuencia directa de este bajo suministro es la presencia de un creciente déficit de agua en la delegación, ya que debieran ser suministrados al menos 7 mil litros por segundo para cubrir las necesidades elementales de sus habitantes; en estas condiciones, el actual suministro representa un déficit de 30 por ciento en relación a la necesidad de abastecimiento de agua para la delegación.
Otra fuente de suministro de agua para Iztapalapa es a través de los pozos de extracción ubicados dentro del área delegacional. Actualmente, cuenta con 78 pozos, sin embargo 15 de estos están fuera de servicio desde hace más de un año porque se han agotado, por mala calidad de agua o por fallas electromecánicas en su sistema de extracción.
La situación viene a agravarse porque desde octubre pasado se ha disminuido paulatinamente el suministro de agua que recibe la delegación hasta en un 50 por ciento en los tanques de La Estrella y Xaltepec. Además, a partir del 1 de febrero del presente, a raíz de una serie de trabajos de mantenimiento que se realizan al Sistema Cutzamala, el suministro se disminuyó aún más, alcanzando hoy un punto crítico, que pone en riesgo la salud de la población de Iztapalapa.
Segunda. Esta situación de escasez que afecta severamente las condiciones de vida de todos los habitantes de la delegación se hace más crítica para los habitantes de 59 colonias, en donde se encuentran más de 100 escuelas de nivel básico, varios centros de desarrollo infantil, el hospital de la Comunidad Europea, clínicas del seguro social, el hospital pediátrico, los animales de la granja del parque Cuitláhuac y los centros de readaptación social ubicados en la demarcación territorial. No erramos al calcular que cerca de 400 mil personas están siendo afectadas en su calidad de vida y salud por esta severa carestía del vital líquido.
Colonias y unidades habitacionales con falta de agua
Consejo Agrarista, D. U. Quetzalcoatl, Z. U. E. Santa Ma. Aztahuacán, Granjas Estrella, Presidentes de México, Insurgentes, San José Aculco, Pueblo Santa María Aztahuacán, Carlos Hank González, Los Ángeles, Paraje San Juan, Jacarandas, Las Peñas, Francisco Villa, El Manto, Leyes de Reforma, Frente V, Frente VI, Frente VII, Guadalupe del Moral, Cerro de la Estrella, Renovación, Pueblo Santa Cruz Meyehualco, Ampliación Polvorilla, Mixcoatl, El Triángulo, La Magueyera 762, La Magueyera 140, M. Cañas 51, Zafiro Arboledas, Unidades habitacionales, España 50, España 505, España 505 A, Carril 19, Bilbao 102, Bilbao 487, Bellavista 14, Bellavista 520, Bellavista 75, Bellavista 81, Bellavista 225, Bellavista 64, Hidalgo 184-A, Hidalgo 824, Hidalgo 10, Hidalgo 184, Sabadel 119, Sabadel 54, Sabadel 101, Sabadel 101-A, Monzon 36, Monzón 5730, Monzón 242, San Lorenzo 74, San Lorenzo 81, San Lorenzo 75,Santa Cruz Meyehualco, total 59 colonias.
Tercero. Cabe destacar que, ante esta grave situación, el gobierno delegacional en Iztapalapa se ha visto en la imperiosa necesidad de declarar una situación de emergencia, para lo cual nos ha informado que está desplegando todo su esfuerzo para atender la demanda de agua a través de pipas; sin embargo, evidentemente, estas acciones resultan insuficientes, ya que su equipo de pipas es limitado para realizar los viajes que se necesitan; según nos informa, la autoridad delegacional realiza 450 viajes por día pero en realidad la demanda supera los 600 viajes por día, esto en una situación de racionalización máxima del líquido que se surte a cada una de las familias.
Las consecuencias de la falta del líquido pueden ser graves, ya que afectan la salud de niños y adultos, la operación de los hospitales, la operación de las escuelas y la estabilidad de los Centros de Readaptación Social del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicitamos al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal la instrumentación de acciones inmediatas para atender el desabasto de agua en la delegación Iztapalapa, situación que afecta desde hace más de un año a 80 mil familias de 59 colonias de la demarcación.
Segundo. Se solicita respetuosamente al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal restituir el suministro del volumen de agua del tanque Estrella y el tanque Xaltepec a un tirante de 8.5 metros diarios y la operación de los 15 pozos de extracción de agua de Iztapalapa que están parados desde hace un año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.
Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los miembros de esta soberanía a responsabilizarse de mantener limpios los espacios donde sesionan; y a las legislaturas locales, a atender esta recomendación, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Arturo Escobar y Vega, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los efectos negativos de la contaminación y el deterioro del ambiente han adquirido desde hace tiempo gran notoriedad porque, en la práctica, afectan a un porcentaje creciente de la población mundial.
Esas consecuencias son evaluadas constantemente en todo el mundo por científicos de las más diversas especialidades, quienes se esfuerzan, primero, por establecer la magnitud de los daños ecológicos y, luego, por proponer los cursos de acción necesarios para revertir la problemática generada por el descuido de que el ambiente ha sido objeto.
La comunidad internacional considera la búsqueda de soluciones de corto y largo plazos para restaurar el equilibrio ecológico como una cuestión prioritaria. El asunto adquiere importancia creciente en los niveles político, económico y social, así como entre la opinión pública.
En el ámbito legislativo, el Partido Verde ha orientado sus esfuerzos a impulsar acciones en favor de la ecología, y a formar un cuerpo de leyes y reglamentos encaminados a garantizar en el país una efectiva protección y conservación del ambiente. Nuestra agenda para la LXII Legislatura incluye, por ejemplo, impulsar el establecimiento de un mecanismo a través del cual se haga posible que quien contamine esté obligado a reparar el daño, lo cual refrenda nuestro compromiso con la protección del ambiente y el desarrollo ecológicamente sustentable.
Pero la responsabilidad del cuidado del entorno natural no sólo recae en los gobiernos y en los parlamentos, sino que ésta es una tarea que compete a la sociedad entera.
“Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a las adultas... para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión”. Ésta fue una las recomendaciones del plan de acción propuesto por la Conferencia de Estocolmo en 1972, la cual marcó el comienzo de una nueva conciencia pública en cuanto a los problemas ambientales globales.
En concordancia con lo anterior, los gobiernos alrededor del mundo han impulsado políticas públicas para proporcionar educación ambiental a sus ciudadanos, e involucrar a todos los miembros de la sociedad en el cuidado del medio. Todos, en absoluto, podemos contribuir con pequeñas acciones, en nuestro hogar, en la escuela y lugar de trabajo para tener un planeta más verde y menos contaminado.
En la sesión del pasado jueves 14 de febrero, algunos medios de los que cubren la actividad de la asamblea, accedieron al salón de plenos y se percataron de que muchas curules acumulaban basura producto de las envolturas de los regalos recibidos por el Día del Amor y la Amistad, y de las bolsas y envases de los refrigerios que se nos proporcionan mientras sesionamos, así como tarjetas, papeles y otros objetos olvidados.
Lo anterior, compañeros, es motivo de vergüenza, más allá del estupor del momento. Los diputados somos representantes populares que debemos comportarnos de manera ejemplar, y tenemos la obligación de poner con nuestras acciones la muestra del tipo de ciudadanos que necesitamos para construir el país que queremos.
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los miembros de la Cámara de Diputados a responsabilizarse por mantener limpios los espacios donde sesionan; y a las legislaturas locales, a atender esta recomendación, de manera que brindemos un mejor ejemplo a todos los ciudadanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.
Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a las instituciones estatales correspondientes a garantizar la seguridad en los centros penitenciarios del país, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde el 16 de enero pasado, en nuestro país se han registrado motines en diferentes prisiones, tal es el caso del penal de Guaymas, Sonora; en Jojutla, Morelos; Islas Marías, en Nayarit, y en el Centro de Reinserción Social de Los Cabos, Baja California Sur.
Tal y como lo considera Guillermo Aguirre Aguilar, quien funge como tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estos casos “son una evidencia del estado de abandono en que las autoridades federales y estatales mantienen a los penales del país, (aunado) a los graves problemas que enfrenta el sistema carcelario, (lo que conlleva que) no se esté cumpliendo con el objetivo de la prisión, que es la reinserción social”.
Asimismo, aseveró que en por lo menos sesenta penales del país, existe el riesgo de que ocurra un acto de violencia, lo cual representa un llamado urgente para modificar la forma en que se enmarca el sistema penitenciario a nivel nacional.
Es por más conocida la crisis que atraviesa el sistema penitenciario en México, en donde y desde un inicio, la violación al debido proceso, así como la incapacidad de las autoridades de generar un sistema acorde a las necesidades y al contexto actual; ha desembocado en que la corrupción, la complicidad y la “ley del más fuerte” sea lo que impere en estos centros.
Aunado a ello, hay que recalcar que gracias a la guerra contra el narcotráfico, incrementó el número de reclusos, por lo que esta sobrepoblación ha provocado que las cárceles se encuentren totalmente rebasadas; a la par de que en el diagnóstico presentado por la CNDH, se concluye que en 60% de los 418 centros penitenciarios hay autogobierno.
Tan sólo un ejemplo, de la falta de transparencia en el ejercicio del sistema penitenciario, es lo ocurrido en la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, en donde en septiembre de 2008, ocurrió un motín, provocando la muerte de 23 reclusos; sin embargo la información relativa al caso se encuentra clasificada como reservada hasta el año 2018.
También, el tercer visitador de la CNDH “consideró que el nuevo modelo de Centro de Respaldo Plataforma México -el primero de los cuales inauguró el ex presidente Felipe Calderón en octubre de 2012 en (el estado de) Sonora, cuyo propósito es crear prisiones a prueba de motines y fugas con recursos públicos y privados- es también inadecuado (alertando que) estos modelos son costosos e impagables”.
Cuestión que entre otras cosas, se encuentra frenada, por lo menos en recursos para su operación, ya que en el Senado se encuentra aún sin discutir de manera profunda, el dictamen de la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones.
Se debe garantizar que quienes se encuentran en las cárceles y demás centros, cuenten con los mecanismos para garantizar sus derechos humanos y con ello su reintegración a la comunidad, tal y como lo establece el artículo18 constitucional.
Por ello, nos sumamos a lo que la CNDH exige al decir que “lo que esperamos del nuevo gobierno es que replanteé la política carcelaria y que se cumpla con el mandato constitucional de la reinserción social”.
Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las instancias estatales responsables, a garantizar la seguridad en los centros penitenciarios del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 2012.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a consolidar por la Cofetel las áreas de servicio local correspondientes a Tijuana-Tecate y Tijuana-Playas de Rosarito, Baja California, y dejar de considerarlas de larga distancia, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Jaime Bonilla Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para que se consoliden las áreas de servicio local correspondiente a los municipios de Tijuana- Tecate; Tijuana- Playas de Rosarito en el estado de Baja California, y que dejen de ser llamadas de larga distancia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Baja California cuenta con cinco municipios, entre los cuales los habitantes de los municipios de Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana han padecido las altas cuotas en los precios por las llamadas que se realizan de larga distancia entre los mismos.
Lo anterior no obstante a que según el censo de población y vivienda del año 2010, Tecate tenía una población de 101 mil 079 habitantes; para el caso del municipio de Playas de Rosarito cuenta con una extensión territorial de 513.32 kilómetros cuadrados que colinda con el municipio de Tijuana, según el censo de población total del año 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es de 90 mil 668 y por último, para el caso del municipio de Tijuana colinda al sur con el municipio de Playas de Rosarito y al este con el de Tecate, a su vez, tiene una extensión de mil 239.49 kilómetros cuadrados y se divide en 9 delegaciones y según el Inegi tiene una población total de un millón 559 mil 683 habitantes.
Luego entonces, la afectación por las llamadas de larga distancia es en un total aproximado de la población de un millón 751 mil 430 habitantes, en los tres municipios conurbados, los que en la actualidad tiene que pagar llamadas de larga distancia entre los mismo y en los que la extensión territorial es relativamente mediana.
Debemos aclarar que la empresa concesionada para brindar el servicio de telefonía en esta región es Teléfonos del Noroeste (Telnor) misma que es filial de Teléfonos de México (Telmex) y brinda este servicio en parte del estado de Sonora y la totalidad de Baja California. Esta empresa ha iniciado el proceso de consolidación desde el año de 1998, mismo que a la fecha no ha concluido; la falta en este proceso lo siguen padeciendo miles de personas y se ve traducido en afectaciones económicas importantes en la región.
Es desde ese mismo año que la telefónica concesionaria ha venido realizando el proceso de consolidación de áreas de servicio local en comunidades conurbadas o cuya distancia entre ellas sea reducida. Se sabe que en el año de 1996 existían mil 800 áreas de servicio de larga distancia, y a la fecha sólo quedan cerca de 200.
En el caso específico de Baja California, en la comarca conformada por Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, aun no se ha consolidado como área de servicio local por lo que sus habitantes siguen pagando las altas cuotas por servicio de larga distancia, que la empresa Telnor les impone.
Lo anterior, no obstante a la insistencia del gobierno del estado de Baja California, representantes de la sociedad, y en general de todos los usuarios de la región, esta compañía se ha resistido a terminar de consolidar todas las zonas que aún prevalecen en la situación de llamadas de larga distancia.
El desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, el de telefonía incluida en estos, es definitivo del desarrollo económico, social y educativo de las comunidades, amén de contribuir destacadamente en el proceso de integración familiar.
La presente proposición tiene como objeto contribuir al desarrollo socioeconómico de la región, logrando beneficios para la mayoría de la población; a su vez, la consolidación constituye parte de los planes de desarrollo anuales y quinquenales de las empresas que brindan estos servicios, esta obligación tiene su fundamento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en los propios títulos de las concesiones otorgados.
Esta honorable asamblea ha aprobado exhortos similares al que el día de hoy me permito presentarles. La sociedad bajacaliforniana exige mejores condiciones para el desarrollo en los servicios de telecomunicaciones de la región.
La presente solicitud tendrá un beneficio significativo en los costos de las llamadas telefónicas entre los municipios de Tijuana- Tecate; Tijuana- Playas de Rosarito y será el primer paso que se proponga en la entidad sobre este tema.
La sociedad bajacaliforniana se merece contar con tarifas justas, que ayuden a la economía familiar y apoyen en el desarrollo de la economía de la región.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer a esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Que esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se consoliden las áreas de servicio local correspondiente a los municipios de Tijuana-Tecate; Tijuana-Playas de Rosarito, en el estado de Baja California, y que dejen de ser llamadas de larga distancia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.
Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que se adopte un acuerdo para la difusión y el uso de lenguaje incluyente en favor de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que al año 2010 hay, en todo el territorio nacional, más de 5 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa un 5.1 por ciento de la población total del país. Es decir, una de cada veinte personas se enfrenta diariamente vicisitudes de accesibilidad, desde una condición de vida que en la mayoría de los casos los coloca en la marginalidad, la vulnerabilidad, la invisibilidad del mundo y hasta en la discriminación y el bullying .
El Estado y la sociedad estamos obligados, moral y jurídicamente, a adoptar medidas para lograr el bienestar de todos y cada uno de sus miembros, incluyendo aquéllos que viven con alguna discapacidad. De las políticas y programas de un gobierno, está en gran medida la deficiencia o efectividad del reconocimiento, protección y más aún, mejoramiento de la vida y de los derechos de las personas con discapacidad.
La discriminación hacia este grupo de población en nuestro país está asociada con expresiones verbales y escritas inadecuadas y condiciones bajas de bienestar como lo son: marginación social, desnutrición, analfabetismo, ignorancia y pobreza extrema, entre otras.
A las personas con discapacidad ya no se les debe llamar “discapacitadas”, “incapacitadas”, “retrasadas”, “con capacidades diferentes”, sino personas con discapacidad.
Afortunadamente, en la última década se han tomado acciones para evitar la discriminación y mejorar las condiciones de vida de las personas que, por males congénitos, enfermedades, accidentes o vejez, padecen algún tipo de discapacidad.
Sin embargo, aún hace falta que el Estado Mexicano adecue el lenguaje de su marco normativo y que los legisladores tengamos una sensibilidad mayor y generalizada para garantizar la transversalidad del tema en el trabajo cotidiano del Poder Legislativo.
Antecedentes
El 14 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adicionó un segundo y tercer párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta reforma, se garantizó a nivel constitucional la prohibición de toda discriminación motivada por “ las capacidades diferentes” .
El 11 de junio de 2003, fue promulgada la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El artículo 4º ya contempla como forma de discriminación
“Toda distinción exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.
El 4 de diciembre de 2006, se reformó de nueva cuenta el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, la reforma fue con el fin de adecuar el lenguaje y hacer una referencia correcta a las discapacidades y las personas que las padecen. Con esta modificación el actual párrafo quinto (tercero en ese momento) quedó como sigue:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”1
El 13 de diciembre de 2006 la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, adoptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y abrió la firma y ratificación de este instrumento.
El 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención y el 17 de diciembre de ese mismo año, con el aval del Congreso de la Unión, ratificó su adhesión. Con estas acciones, la convención se convirtió en un instrumento legal y de obligación general para el país y para todos los mexicanos.
El 30 de mayo de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el 30 de noviembre de 2012, fue publicado el Reglamento de la Ley. Con estos ordenamientos se dio un importante paso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano con la firma y ratificación de la convención.
El artículo 4o., inciso “b”, de la convención compromete al Estado Mexicano a “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”.2
Igualmente, la firma y ratificación de este instrumento internacional, motiva al adecuado uso del lenguaje por el Estado Mexicano en su conjunto. Esto incluye a todas las instancias de Gobierno, en todos sus niveles y órdenes.
Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados adopte un “acuerdo para la difusión y uso de lenguaje incluyente en favor de las personas con discapacidad” con base en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, revistiendo el carácter de lineamiento de comunicación parlamentaria y legislativa, tendiente a evitar el uso de expresiones discriminatorias.
Segundo. Se sugiere respetuosamente la consideración del siguiente documento como punto de partida del acuerdo que se solicita:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la difusión y uso de lenguaje incluyente en favor de las personas con discapacidad
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe la diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas del Grupo Parlamentario del PRI, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados reconoce que:
1. La discapacidad es un concepto en constante evolución, que deriva de la interacción entre las personas,
2. Que una actitud negativa o fundada en la ignorancia limita la participación plena, efectiva y en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad,
3. Que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano,
4. Que el trabajo en favor de la no discriminación empieza con el uso del lenguaje apropiado,
5. Que es necesario refrendar nuestro compromiso y adoptar en nuestra práctica parlamentaria y todos nuestros actos legislativos un lenguaje incluyente, siempre que se aluda a este grupo poblacional, referido a las “personas con discapacidad”, ello con el fin de promover activamente el destierro de costumbres y prácticas que constituyan discriminación.
Notas
1 Párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Inciso “b” del artículo 4o. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A los 19 días del mes de febrero de 2013, en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.
Diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a las autoridades judiciales estadounidenses a revisar la arbitraria detención de cinco ciudadanos cubanos, a cargo del diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en los artículos 65, 66 y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado José Antonio León Mendivil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
1. Desde el año de 1998, cinco ciudadanos cubanos han estado encarcelados en Estados Unidos por cargos relacionados con sus actividades como agentes de inteligencia del gobierno cubano.
2. Los conocidos como “Cinco de Cuba”, enfrentan, a partir del 2001, penas de prisión que van desde quince años hasta cadena perpetua, derivadas de un total de veintiséis cargos, entre ellos: actuar y conspirar para actuar como agentes no inscritos oficialmente de un gobierno extranjero; fraude y uso indebido de documentos de identidad; y, en el caso de tres de los acusados, conspiración para reunir y transmitir información sobre la defensa nacional.
3. El veintisiete de mayo de 2005, el grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la opinión No. 19/2005, mediante la cual expresó que “La privación de libertad de los Sres. Antonio Herreros Rodríguez, Fernando González Lort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labaniño Salazar y René González Schweret es arbitraria, ya que quebranta el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos...”
4. La situación que enfrentan los “Cinco de Cuba”, ha motivado un respaldo internacional demandando su inmediata liberación, como el apoyo expreso de diez Premios Nobel, entre los que figuran, el Presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, José Saramago, Wole Soyinka, Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead Maguire; así como la Asamblea Nacional de Panamá; Mary Robinson, presidenta de Irlanda (1992-97) y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997-2002), y el ex director general de la UNESCO, Federico Mayor, entre otros.
5. En marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un total de doce documentos de amigos de la Corte (amicus curiae brief), en apoyo a la petición presentada por la defensa de los cinco cubanos para que la Corte reexaminara el caso.
6. A nivel parlamentario se han realizado un sinnúmero de acciones, figurando el Parlamento Europeo, la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano, la Asamblea Parlamentaria ACP-UE, conformada por los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Comunidad Europea, la Conferencia Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Mercosur, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el Parlamento Andino, el Parlamento Indígena, el Parlamento de Escocia, el Parlamento de Irlanda, la Duma de Estado de la Federación de Rusia, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, Argentina, así como Diputados y legisladores de Mali, Suecia, Canadá, Brasil, Venezuela, Bolivia, España, Panamá, Italia, Suiza, Paraguay, Chile, Namibia, Turquía, Perú, Chipre, República Dominicana, Jamaica y Nicaragua.
7. México no se ha quedado atrás y ha manifestado en distintas ocasiones a través del Poder Legislativo, su interés porque este caso sea resuelto con estricto apego a la ley y con respeto pleno a los Derechos Humanos, así lo demuestra el punto de acuerdo presentado en el Senado de la República el veintiocho de septiembre de dos mil seis y el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del veintiséis de febrero de dos mil nueve, ambos pronunciándose en el sentido de que las autoridades estadounidenses atiendan la opinión número 19/2005, citada en párrafos precedentes.
8. En fechas más recientes, en octubre de 2010, Amnistía Internacional dio a conocer un informe sobre el caso, en el que concluye que: “La organización considera que los motivos de preocupación expuestos, combinados, suscitan importantes dudas en relación con la imparcialidad de las actuaciones que dieron lugar a su condena, en particular el efecto perjudicial de la publicidad sobre la causa en un jurado de Miami. Amnistía Internacional confía en que todavía sea posible que estas cuestiones se tengan debidamente en cuenta a través de los canales apropiados de apelación. Si el proceso legal de apelación no proporcionara resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”
9. En la celebración de la XII Reunión Interparlamentaria México-Cuba, realizada en nuestro país, en mayo de 2011, se emitió la respectiva Declaración Conjunta mediante la cual manifestaron su rechazo a la violación del derecho internacional por la detención arbitraria de los cinco ciudadanos cubanos presos en cárceles de Estados Unidos.
10. Asimismo, es importante señalar que René González, uno de los cinco hombres condenados a quince años de cárcel, fue autorizado en abril de dos mil doce, para encontrarse con su hermano gravemente enfermo de cáncer, en la isla cubana. No obstante, René González regresó a Estados Unidos a terminar de cumplir una condena accesoria de tres años de libertad bajo palabra.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.
Segundo. La Cámara de Diputados también hace un exhorto a las autoridades en Estados Unidos para que René González pueda viajar en breve a Cuba para reunirse definitivamente con su familia atendiendo a una cuestión humanitaria y su propia seguridad física, así como para que las autoridades judiciales atiendan las solicitudes presentadas por los abogados defensores de Gerardo Hernández Nordelo y los cinco cubanos en general.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 2013.
Diputado José Antonio León Mendivil (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que se implanten medidas para proteger el centro histórico de Oaxaca de Juárez y el polígono de Monte Albán, sitios declarados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, suscrita por los diputados Martín de Jesús Vázquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández y Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos diputados Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández y Samuel Gurrión Matías, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ahora que la ciudad de Oaxaca de Juárez ha sido seleccionada sede del Congreso 2013 de la Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, es oportuno mostrar al mundo el resultado de nuestras políticas públicas para proteger los bienes declarados por la UNESCO con este elevado rango cultural.
El ejercicio lo tenemos que hacer a nivel nacional y para ello se impone formular diversas preguntas: ¿qué hemos hecho en México para preservar y acrecentar ese bien cultural excepcional llamado Ciudades Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué hemos hecho para hacer de la cultura una fuente de riqueza y bienestar, además de un orgullo nacional?
En lo relativo a Oaxaca, ésta entidad cuenta con tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad: la Zona arqueológica de Monte Albán y el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, ambas en 1987; y las Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca, en el 2010.
Monte Albán, probablemente una de las primeras civilizaciones urbanas de las Américas, es uno de los centros ceremoniales prehispánicos más complejos y representativos del pasado majestuoso de nuestras civilizaciones prehispánicas. Los magníficos templos, construcciones arquitectónicas, tumbas y bajorrelieves con inscripciones jeroglíficas y su juego de pelota dan cuenta de su cultura excepcional.
Por su parte, la ciudad de Oaxaca, fundada en 1529, es una urbe moderna que ha podido conservar su centro histórico con un número cercano a 1,200 monumentos, como la iglesia de Santo Domingo, un ícono cultural de América Latina, o el ex convento de San Pablo, recién restaurado, los cuales hacen de dicha capital uno de los corazones culturales de nuestro país y un indudable patrimonio de toda la humanidad.
Ahora bien, veinticinco años después de aquel 11 de Diciembre de 1987, fecha de la inscripción de estos bienes, el panorama que vemos en Monte Albán y en la ciudad de Oaxaca de Juárez nos mueve a una reflexión profunda que debe llamarnos a la toma de decisiones con visión de Estado, más allá de gobiernos y partidos.
Tenemos que preservar nuestro patrimonio cultural, protegerlo de crecimientos irregulares de la mancha urbana, la inseguridad en la tenencia de la tierra, y todo aquello que socave nuestra mayor riqueza patrimonial, la cultura.
Por una parte, vemos cómo el complejo cultural de Monte Albán sufre el acoso de grupos que amenazan con invadir su zona protegida, lo que hace necesaria una acción más eficaz de los tres órdenes de gobierno; por el otro, la Ciudad Capital de Oaxaca crece sin un plan urbano rector que preserve la autenticidad y singularidad de su arquitectura.
Por todas estas razones, hoy venimos proponer estos
Puntos de Acuerdo
Por el que:
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a fin de que implementen las medidas necesarias para preservar la integridad territorial del polígono de Monte Albán, en el marco de un plan rector de reordenamiento urbano.
Segundo. Se exhorta al director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al Gobernador del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a efecto de que garanticen que toda obra pública que se realice en el Centro Histórico de Oaxaca sea autorizada en estricto apego a los lineamientos arquitectónicos vigentes, a fin de que dicha ciudad conserve su majestuosa belleza cultural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.
Diputados: Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández, Samuel Gurrión Matías (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial y al juez tercero en materia de Procesos Penales Federales en el estado de México sobre la pronta liberación del general de división Tomás Ángeles Dauahare, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
Javier Orihuela García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguiente
Exposición de Motivos
Exhorto del diputado Javier Orihuela García al Poder Judicial y al juzgador licenciado Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, con relación al caso del general de división Tomás Ángeles Dauahare para agilizar su pronto liberación.
Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario: José Ma. Morelos y Pavón.
Apreciados compañeros legisladores, como todos ustedes saben el general Tomás Ángeles Dauahare ha sido víctima de un proceso indebido, que a todas luces afecta su impecable trayectoria y también la imagen de la institución militar; sin duda, daña el desempeño patriótico de los soldados del pueblo.
A 100 años de vida moderna de las Fuerzas Armadas, no podemos permitir el ninguneo de quienes han refrendado su valor, patriotismo, entrega, experiencia y solidez moral al bienestar y la soberanía de la nación.
El intento de frenar la carrera militar de Ángeles Dauahare no debió conducirse mediante un proceso judicial porque estaríamos permitiendo la perversión de una teología conquistadora desde la procuración de justicia. De esa manera, el estado de indefensión es crítico para cualquier ciudadano a quien no se le otorga siquiera la presunción de inocencia y que con testimonios de oídas y fabricados puede terminarse con una vida en la prisión.
Los legisladores estamos obligados a combatir toda teología conquistadora antes que todos nos convirtamos en "testigos protegidos", parafraseando al desaparecido Carlos Monsiváis.
Ángeles Dauahare es el representante de la quinta generación de militares del pueblo cuyos ancestros lucharon por la Independencia, el combate de los invasores norteamericanos, franceses, al maximato hasta la restauración de la república con el presidente Juárez y, desde luego, en la Revolución Mexicana, donde el general Felipe Ángeles defendió al presidente Madero siendo preso junto con José María Pino Suárez en la prisión de Palacio Nacional. Posteriormente, el general Ángeles combatió al usurpador al lado de Villa en la División del Norte.
Éstos son los abuelos de Ángeles Dauahare, un hombre que sentó las bases para convertir al Ejército en impulsor del desarrollo a través de la economía de gratuidad y el trabajo comunitario para regenerar el tejido social.
Subjefe de Estado Mayor de la vigésima quinta zona militar.
Ayudante general en el Colegio de Defensa Nacional.
Comandante del vigésimo séptimo Batallón de Infantería.
Comandante del quinto Batallón de Infantería.
Jefe de la Sección Quinta (planes estratégicos) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Jefe del Estado Mayor de la vigésima tercera zona militar.
Secretario particular del general secretario de la Defensa Nacional.
Director del Heroico Colegio Militar.
Director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Dos veces comisionado agregado militar y aéreo en la embajada de Estados Unidos con sede en Washington.
Tomás Ángeles Dauahare recibió las condecoraciones de perseverancia en cuarta, tercera, segunda y primera clase, especial y extraordinaria.
Medalla al mérito técnico.
Servicios distinguidos.
Miembro de la Legión de Honor.
Tomás Ángeles Dauahare presidió el consejo de guerra que acusó al general Mario Arturo Acosta Chaparro por nexos con el narcotráfico.
El general Ángeles fue subsecretario de la Defensa Nacional hasta 2008.
Recordemos que el testimonio de oídas del testigo protegido señala que el general recibió dinero del narcotráfico en un estacionamiento público a finales de julio de 2008, si bien el general se encontraba en Alemania. Durante las investigaciones, la PGR manifestó no tener pruebas que sostengan los testimonios de los testigos protegidos.
Por ello, compañeros legisladores, desde esta tribuna hago un respetuoso exhorto al Poder Judicial y al impartidor de justicia licenciado Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, a agilizar la liberación del general Tomás Ángeles Dauahare, un soldado del pueblo.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Judicial y al juzgador licenciado Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, con relación al caso del general de división Tomás Ángeles Dauahare y su pronta liberación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2013.
Diputado Javier Orihuela García (rúbrica)