Dictámenes a discusión

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para atender la problemática de la agroindustria azucarera nacional

Honorable Asamblea:

A la Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondientes a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados, fueron turnadas para estudio, análisis y dictamen la proposición punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía, y al Senado de la República, para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sanciones el capítulo de azúcares y jarabes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentadas por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 26 de febrero de 2013; y el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el 2 de abril de 2013.

Los integrantes de las Comisiones de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego ingresamos en su estudio, con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 67, 68, 85, 87, 157, numeral 1, fracción l, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se somete a consideración de la honorable asamblea este dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 26 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-7-458 a las Comisiones Unidas de Economía y de Agricultura y Sistemas de Riego, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, de la Secretaría de Economía y al Senado de la República para que se cancelen los cupos de importación de azúcar, así como también se revise y sancione el capítulo de azúcares y jarabes del TLCAN, presentada por la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD, el 26 de febrero de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.

Segundo. En sesión celebrada el 2 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó mediante el oficio número DGPL 62-II-4-572, a las Comisiones Unidas de Economía, y de Agricultura y Sistemas de Riego la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, y de Economía a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, presentada por el diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN, el 2 de abril de 2013. Para su estudio análisis y dictamen correspondiente.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estas comisiones son competentes para conocer sobre las proposiciones con punto de acuerdo referidas en el exordio del presente dictamen.

Segunda. La crisis que actualmente atraviesa la agroindustria azucarera mexicana es producto de la coyuntura mundial de la baja en los precios del dulce, originada por la entrada en competencia con edulcorantes, la especulación en los mercados internacionales y los cambios de hábitos alimenticios en la población. Ha impactado a toda la cadena productiva del sistema producto caña de azúcar.

Tercera . Que el gobierno federal debe considerar alternativas para enfrentar el desplome en los precios del azúcar que ha orillado a productores e industria de la caña a la crisis.

Cuarta . Que el gobierno federal tiene el mandato constitucional atreves del artículo 27 de la Carta Magna, en su numeral XX de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, así como fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Quinta. De la industria azucarera se originan cerca de 450 mil empleos directos y de manera indirecta 2 millones 200 mil, se estima que existen 165 mil productores. En 2012 la caña de azúcar se cultivó en 15 de las 33 entidades federativas donde en los últimos diez años se ha requerido una superficie cultivada del orden de 650 mil hectáreas. Por ello, el sector azucarero es de gran impacto en las actividades productivas y el desarrollo social del país.

Sexta. Que en los cincuenta y siete ingenios mexicanos se presenta una sobreproducción de azúcar lo que ha llevado a tener demasías en los inventarios mismos que se incrementarán al término de la zafra 2012 -2013, ya que se calcula que se tendrá una producción mayor a la de los últimos años estimando 6 millones de toneladas de azúcar y 50 millones de toneladas de caña. La sobreoferta en la producción de azúcar en lo que va del ciclo 2012-2013 ha provocado la diminución en los precios del insumo. La tonelada de azúcar estándar paso de 11 mil 888. 80 pesos en mayo de 2012 a 7 mil 907 pesos en la tercera semana de enero.

Séptima . Que el TLCAN ha sido factor del endurecimiento de la crisis azucarera, Estados Unidos consume 9 millones de toneladas por cada año de azúcar refinada y aproximadamente 12 millones de edulcorantes derivados del maíz, no obstante consume un 80 por ciento de sus necesidades. Se debe tener en consideración que el sector azucarero mexicano con excesiva producción se encuentra frente a un mercado estadounidense restringido.

Octava. Tras la firma del tratado, la industria azucarera mexicana ha concurrido por diversos periodos de crisis en parte por la importación de fructosa, edulcorante derivado del maíz que sustituye al azúcar en procesos productivos como la elaboración de refrescos. En 1997 empresarios del sector azucarero recurrieron a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía) para que se establecieran medidas necesarias buscando la protección de la industria nacional. El resultado fue el establecimiento de cuotas compensatorias a la importación de fructosa como medida de salvaguardia en favor de la industria local. En consecuencia de estas cuotas compensatorias las importaciones de fructosa en 1999 sólo fueron de 247 mil toneladas en contraste a 1997, último año en que la fructosa entró en el país sin cuotas compensatorias, que se importaron 337 mil toneladas.

Novena. Ante el impacto que causaron estas medidas en los granjeros norteamericanos productores de fructosa, solicitaron al Departamento de Comercio de Estados Unidos que tomará las medidas necesarias para defender sus intereses. Fue cuando el gobierno norteamericano recurrió a la Organización Mundial de Comercio para que revisara las acciones mexicanas en contra de la fructosa, argumentando la ilegalidad de las cuotas compensatorias impuestas. El organismo internacional falló en favor de Estados Unidos, alegando que al imponer México las cuotas compensatorias a la fructosa de manera unilateral había violado varios acuerdos comerciales.

Décima. En julio de 2000 cuando las empresas del azúcar, se encontraban endeudadas y con sobreproducción, solicitaron a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, adelantar la fecha en que la industria mexicana tendría derecho a exportar todos sus excedentes de azúcar, la Secretaria planteo esta solicitud al Departamento de Comercio de Estados Unidos y se dieron a conocer unas cartas paralelas en donde se modificaba la redacción y contenido del capítulo azucarero del Tratado de Libre Comercio. En ellas se determinó que la fructosa sería contabilizada para determinar la producción y el consumo del mercado de dulce y en consecuencia determinar el excedente de producción nacional que podría ser exportado hacia Estados Unidos, en consecuencia las fronteras no se abrirían al azúcar mexicano. Los industriales del azúcar se verían imposibilitados para exportar sus excedentes, calculados en unas 575 mil toneladas. Considerando las importaciones de fructosa, determinaban en tan sólo 100 mil toneladas el monto del excedente de producción y sólo esa cantidad sería sujeta a acceso preferencial al mercado norteamericano.

Undécima. Ante esto al gobierno mexicano sólo le quedaba apelar a la buena voluntad de Estados Unidos para incrementar el volumen de azúcar sujeto a acceso preferencial al mercado norteamericano. Situación que se agravó ya que Estados Unidos también atravesaba por una crisis de sobreproducción que les impedía abrir sus fronteras, so pena de deprimir los precios; así que sólo permitirían el acceso al monto de azúcar convenido en las cartas paralelas. En ese momento el subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales desconoce la validez de las cartas paralelas argumentando que sólo aparecen rubricadas, mas no firmadas.

Duodécima. Tratando de controlar la crisis, el 3 de septiembre de 2001, el gobierno decidió expropiar 27 ingenios azucareros –de 60 existentes en el país– ante la quiebra virtual en la que se encontraban. Pero esta acción no freno la entrada de edulcorantes.

Decimotercera. En los últimos años, de acuerdo a la organización Proazúcar, ingresaron en el mercado de edulcorantes de México, unas 2 millones de toneladas de fructosa, informan que en Estados Unidos el jarabe de maíz se vende en 10.30 pesos y en el mercado mexicano los industriales refresqueros acceden al producto con un costo de 8.41 pesos, lo que impacta en la industria refresquera que con esta oferta permiten mantener el precio de su producto final. Este mismo grupo consideran que la crisis azucarera podrá resolverse en la medida en que el Gobierno Federal establezca cuotas sancionadoras a la importación de fructosa. Otros grupos y organizaciones vinculados a la producción de azúcar coinciden en calificar como desleal la competencia de edulcorantes como la fructosa, que se importa con precios dumping.

Decimocuarta. Esta crisis ha ocasionado un ambiente confrontado, productores tomaron bodegas e ingenios azucareros el 21 de enero de este año, como protesta por la caída del precio de edulcorantes y el aumento en la importación de alta fructosa. Los cañeros piden que se ordene el mercado de tal manera que reciban precios justos por su trabajo realizado todo un año, y enfrentando el embate de las inclemencias climatológicas, los altos costos de los insumos y la carestía de combustibles y refacciones.

Decimoquinta. Considerando los elementos anteriores es importante mencionar que el pasado 20 de marzo del año en curso el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el cual se solicita crear e implementar un plan de rescate de la industria cañera y azucarera del país, lo cual no demerita o desvanece los objetivos planteados por los diputados promoventes en sus respectivos puntos de acuerdo, más aún estas comisiones dictaminadoras consideran que se refuerza la exigencia de este poder legislativo de atender de manera prioritaria la problemática de la industria de caña de azúcar considerada una de las más importantes Industrias del motor de nuestra economía.

Decimosexta. Que estas comisiones dictaminadoras al analizar de manera separada y en su conjunto las propuestas de punto de acuerdo de los diputados promoventes coinciden en la necesidad de elaborar un solo dictamen legislativo que contemple ambas propuestas ya que los resolutivos de ambas proposiciones tocan la misma materia y resolutivos complementarios.

Decimoséptima. En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, estas comisiones dictaminadoras tenemos a bien emitir los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y sumado al punto de acuerdo aprobado por esta soberanía el 20 de marzo de 2013 sobre este mismo tema, implante de ser necesario.

Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Economía a que determine si existen elementos económicos y legales que avalen la implantación de medidas de restricción a la importación de alta fructosa.

Tercero. Que las autoridades encargadas de los programas federales otorguen apoyos económicos a los campesinos cañeros con la finalidad de darles certidumbre y las condiciones para que incrementen su capacidad para generar empleo y se impulse su propio crecimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego

Diputados: José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), presidente; Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Pedro Porras Pérez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), secretarios; Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica), Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Valentín González Bautista, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Blas Ramón Rubio Larsa (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya.

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el capítulo VII –relativo al campo– del TLCAN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con proyecto de punto de acuerdo, por el que se exhorta a revisar de inmediato por el Senado y el Ejecutivo federal el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en el capítulo VII, relativo al campo, presentada María del Socorro Ceseñas Chapa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de abril de 2013.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 80, 85, 157, numeral 1, fracción l y 158, numeral 1 fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 11 de abril de 2013, los secretarios de la Mesa Directiva, dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que se mencionó al exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. La legisladora propone en resumen lo siguiente:

Objeto y contenido

El relativo punto de acuerdo tiene como finalidad realizar un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal y al Senado, a revisar de inmediato al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el capítulo VII referente al campo.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con Punto de Acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, presenta algunos de sus principales argumentos en la exposición de motivos que:

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suceso que acompañado a la falta de apoyos y programas gubernamentales al campo, provocaron un mayor deterioro. Esto lo podemos observar en un estudio presentado por SAGARPA en 2007, el cual determinaba que 6 de cada 100 campesinos eran productivos, capaces para competir. Desde entonces México pasó de ser autosuficiente a depender de las importaciones, principalmente estadounidenses.

El descuido del campo por parte de las autoridades gubernamentales ha dejado en desventaja al campo mexicano, ya que uno de los factores esenciales es el apoyo mediante subsidios. Para el caso de Estados Unidos los subsidios son aproximadamente 20 veces más altos que el de nuestro país, situación que vulnera a nuestros productores ante los productores extranjeros y, que además ven en México un mercado atractivo para colocar sus productos.

El Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de todos aquellos acuerdos ganados ante la larga lucha de los mexicanos, un caso en particular es el artículo 27 de la Constitución.

La entrada del TLCAN se tradujo en el abandono de las parcelas pertenecientes a los campesinos mexicanos, tal hecho acentuó su emigración hacia Estados Unidos en busca de trabajo, debido a que no todos ellos pudieron ser captados en las distintas ciudades de nuestro país. De igual forma, la constante y creciente carestía de los campesinos a causa de la escasa oportunidad de emplearse, surge una nueva válvula de escape, el crimen organizado, el cual hoy en día absorbe rincones inimaginables del campo mexicano y por lo tanto a nuestros campesinos.

El financiamiento al campo ha disminuido aproximadamente el 90 por ciento, asociado a la reducción de programas de apoyo al desarrollo e implementación de educación para los campesinos. Se sigue presentando una reducción considerable del apoyo al campo, un ejemplo claro es el Programa Especial Concurrente reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013.

El Congreso Agrario Permanente reveló su preocupación ya que mil millones de pesos destinados a proyectos estratégicos del Programa Especial Concurrente 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un Presupuesto General para el Campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.

Segunda. La apertura comercial puede abonar al crecimiento de un país, dependiendo cómo y en qué grado se hace dicha apertura. Para el caso de México no se contemplaron las deficiencias que aún se tenían en comparación con el resto de países integrantes de los tratados comerciales, principalmente el TLCAN. Entre las características más significativas encontramos el bajo desarrollo e innovación tecnológica, acompañado por la baja productividad, elementos esenciales para competir y a su vez beneficiarse del libre mercado.

Tercera. En el caso de Estados Unidos, ser un país desarrollado le proporciona una mayor ventaja frente a socios comerciales que no lo son. Una de sus ventajas principales es su capacidad financiera e institucional para proteger aquellos sectores considerados estratégicos, por ejemplo el sector agrícola. Esta protección la lleva a cabo mediante algunos mecanismos:

• Subsidios.

• Financiamiento a una tasa de interés preferencial.

• Apoyo al desarrollo e infraestructura necesaria para el campo.

• Propicia las condiciones necesarias para intervenir en el mercado.

Cuarta. Para el caso de México, por su permanente restricción presupuestaria, mantener un esquema de apoyo y protección a este mismo tipo de sectores, ha sido históricamente complejo y con resultados insuficientes. En los hechos, los subsidios y apoyos al campo no han crecido en la misma velocidad que las necesidades y demandas. Por otra parte, la ejecución de los mismos no han surtido los efectos deseados en materia de productividad y competitividad.

Quinta. Existen millones de personas en México que dependen económicamente de actividades agrícolas caracterizadas por la baja productividad y bajos ingresos. Lo anterior, se explica por múltiples factores entre los que se destacan una vocación agrícola poco competitiva, falta de acceso a tecnología, financiamiento asequible, esquema de subsidios efectivos e intermediarismo.

Sexta. En el marco del denominado Pacto por México, suscrito por los presidentes de las principales fuerzas políticas nacionales y por el titular del Ejecutivo federal, que tiene como objetivo establecer una agenda legislativa conjunta de reformas a impulsar, se ubican los Compromisos 64, 65 y 66, que en conjunto buscan transformar el campo en una actividad más productiva. Dichos compromisos se refieren a:

a. Reactivar el campo mexicano para garantizar la seguridad alimentaria como una política de Estado y se establecerán medidas específicas para contener el precio de los alimentos, erradicar la pobreza extrema y promover a un sector de la economía que actualmente produce por debajo de su potencial. Así como impulsar medidas que combatan la intermediación y garanticen una adecuada comercialización de los productos del campo que se traduzca en mayores beneficios para los productores y mejores precios para los consumidores.

b. Incrementar la productividad agropecuaria a partir de una política de otorgamiento de crédito oportuno y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores. De igual forma, reorientar los subsidios para asegurar un apoyo a dichos productores. Impulsar el incremento de la tecnología, con particular atención en la modernización de los distritos riego, y la correcta articulación de cadenas productivas de valor.

c. El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en las zonas de menor viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema de pagos por servicios ambientales.(Compromiso 66)

Séptima. Por lo expuesto:

La Comisión de Economía

Acuerda

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, para que además de su contribución al cumplimiento de los compromisos planteados en el marco del Pacto por México relativos al campo mexicano, se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y demás programas sectoriales, las acciones y recursos que, en el corto, mediano y largo plazo, logren resolver la problemática de productividad, competitividad e ingresos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los treinta días del mes de abril de de 2013.

La Comisión de Economía

Diputados: Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Mario Rafael Méndez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Edilberto Algredo Jaramillo (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Carlos Alberto García González, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno federal a rendir un informe e implantar programas y acciones preventivos y correctivos o de remediación en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas en todo el territorio nacional

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y 80, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 5 de septiembre de 2013, el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que solicitan que se rinda un informe sobre la situación que guardan la sobreexplotación y tala clandestina de la comunidad de Minas Viejas, en El Naranjo, San Luis Potosí, y se tomen las medidas necesarias para evitar la tala ilegal de sus zonas forestales.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el legislador proponente que San Luis Potosí se caracteriza por contar con una riqueza biológica importante a escala nacional, que lo distingue como uno de los estados donde el ecoturismo encuentra las mejores condiciones para su práctica; la entidad no ha sido ajena a los efectos negativos de la práctica clandestina, cada vez más frecuente, de tala ilegal generadora de una grave y continua deforestación de las zonas boscosas de la entidad, ricas en fauna y flora, y con clima estable.

Según el diputado proponente, se estima que en el país se pierden 60 mil hectáreas forestales al año, deforestación que deriva principalmente de la tala clandestina, y que el territorio potosino no es ajeno a estos procesos de degradación, los cuales se han convertido en un negocio ilícito generador de grandes beneficios económicos para quienes lo realizan. Dichas actividades irregulares se realizan principalmente en municipios como Xilitla, Tamasopo, Alaquines y El Naranjo, situados en el área natural protegida de la Sierra de Álvarez, afectando el ambiente y la economía de las actividades ecoturísticas.

Específicamente, el proponente se refiere a San Luis Potosí y a los daños ocasionados a los ecosistemas de dicha entidad, así como a las denuncias que desde 2002 se han presentado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, particularmente sobre los ilícitos cometidos en El Naranjo y otras comunidades, como Minas Viejas; sin embargo, a la fecha, las demandas de intervención de la autoridad competente para que frene tales actividades ilegales no han sido atendidas por institución alguna, lo que favorece el predominio de la impunidad y el acrecentamiento, desde luego, de la deforestación y el consiguiente desequilibrio ecológico en el estado.

III. Consideraciones

México ocupa un lugar preponderante en el concierto de las naciones, al ser considerado un país mega diverso, debido a la gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora y fauna, entre otros, y en particular, porque de acuerdo con las cifras correspondientes a 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México contaba con una extensión de 64.8 millones de hectáreas de bosques.

Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocemos válido el problema planteado en la proposición que nos ocupa y coincidimos con el proponente en exhortar a las autoridades Federales competentes, para que atiendan las denuncias presentadas por los habitantes de diversas comunidades de San Luis Potosí, con relación a la impunidad con que se están deforestando los bosques de la entidad, de manera por demás ilegal, convirtiéndose en un negocio clandestino que deriva en el enriquecimiento de quienes desarrollan estas actividades delincuenciales, en detrimento del equilibrio ecológico, y de la posibilidad de desarrollo económico y social de los habitantes de las comunidades afectadas.

Asimismo, consideramos pertinente observar las estimaciones que arrojan estudios recientes que demuestran que la deforestación en México en un rango aproximado de afectación de 650 mil hectáreas de bosques al año, por lo cual consideramos que el manejo de los recursos forestales maderables, no maderables y de servicios ambientales, deberá ser aprovechado por los vecinos de las comunidades, en el ejercicio de una actividad respetuosa de la ley, y a favor de la protección del equilibrio ecológico de las aéreas naturales protegidas, en aras de alcanzar el desarrollo forestal sustentable a que aspiramos.

Reconocemos como legítimo el interés del diputado proponente, al plantear se ejerciten las acciones necesarias para impedir el daño irreversible que se causa a los bosques mediante la deforestación clandestina y, la consecuente degradación de los suelos, y los daños ambientales derivados.

No obstante, estimamos necesario modificar los términos de la proposición planteada por el proponente, en el sentido de que el informe que se solicita rindan la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sea dirigido a la Cámara de Diputados y no al ente abstracto “opinión pública”.

La problemática que se plantea de ocurrencia en San Luis Potosí, no es privativa de dicha entidad, pues se presenta en la gran mayoría de las entidades federativas, si acaso, en diversas proporciones; de tal manera, el informe que se requiera al Ejecutivo federal, deberá ser sobre las acciones preventivas, correctivas o de remediación implementada para la atención de las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas de todo el territorio nacional, y no sólo en una entidad federativa.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sementemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a rendir por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe a esta soberanía respecto a los programas y las acciones preventivas y correctivas o de remediación que se realicen en las áreas dañadas por la tala clandestina en las zonas boscosas de todo el territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implantar las medidas y acciones necesarias para disuadir e impedir de manera contundente la tala clandestina en las áreas boscosas del país.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica a favor y en contra), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo sobre el proyecto de construcción de la Autopista Urbana Oriente, en el Distrito Federal

Honorable asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 28 de agosto de 2013, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Medio Ambiente, y de Obras y Servicios del Distrito Federal que emitan un pronunciamiento conjunto sobre el impacto de la obra pública Autopista Urbana Oriente (AUO), que tendrá en los ámbitos económico, cultural, social y ambiental para la Ciudad de México; a la Secretaría del Medio Ambiente, que realice una evaluación exhaustiva de la manifestación de impacto ambiental para la construcción de la AUO; a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que intervenga para conocer e investigar posibles irregularidades en las autorizaciones para la construcción de la AUO; a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que investigue sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en el proceso de autorización de la AUO; a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que haga del conocimiento de las autoridades de la Convención Ramsar el proyecto de la AUO, y para que haga del conocimiento de la UNESCO que la AUO proyecta un impacto en zona reconocida como patrimonio cultural de la humanidad por declaratoria de esta dependencia de la Organización de las Naciones Unidas; y finalmente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para cuidar los humedales y manglares en torno a la AUO.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el legislador proponente que a finales del mes de julio diversos investigadores y académicos de la UNAM y de la UAM se presentaron ante el Partido Verde Ecologista de México con el objeto de denunciar una serie de irregularidades en torno a las autorizaciones para construir la AUO.

Entre las organizaciones que presentaron esta denuncia se encuentran El Poder del Consumidor, AC; Alternativas y Capacidades, AC; Bicitekas; Xochimilco Vivo; Cuemanco Sustentable; Asociación Independiente del Embarcadero de Nativitas; Asociación de Refresqueros dentro del Canal Turístico; Cooperativa Xochiquetzalli del Embarcadero San Cristóbal; Asociación de Artesanos dentro del Canal de Xochimilco; Asociación de Vendedores de Plata; Asociación Remeros Nahuatlacas; y la Asociación de Floristas de Xochimilco.

En todos los argumentos presentados por los anteriormente señalados, se afirma que, de llevarse a cabo dicha obra, el costo ambiental y social para el Distrito Federal sería sumamente alto; implicaría la pérdida de áreas verdes; de lugares de esparcimiento y recreación; de sitios para la práctica de deportes al aire libre, y de centros culturales; además, se actualizarían diversas violaciones a ordenamientos legales locales y federales en materia de áreas naturales protegidas, de patrimonio urbanístico y arquitectónico, de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México han expresado que la construcción de la autopista mencionada no traerá consigo un número mayor de personas para poblar la zona chinampera de Xochimilco; que la vialidad no atravesará humedales y que el proyecto se ha perfeccionado para reducir el impacto ambiental, lo cual redituará diversos beneficios a la sociedad del Distrito Federal.

De acuerdo con la información proporcionada por los denunciantes en la materia y los vecinos organizados de Xochimilco e Iztapalapa, se presume la violación del derecho humano a un medio ambiente sano; así como del derecho a la información, pues el proyecto hasta ahora es prácticamente desconocido para toda la población de la zona que va a ser afectada por las obras relacionadas con la construcción de la AUO.

Otro tema sobre el cual las organizaciones y los vecinos han manifestado su preocupación es el relativo a las declaratorias como sitio de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar) con el cual cuenta el sistema lacustre de los ejidos de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco de acuerdo con la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, así como de patrimonio cultural de la humanidad, emitido por la UNESCO con lo que ambas declaratorias estarían en riesgo.

Finalmente, señalan vecinos y asociaciones del lugar, que la Manifestación de Impacto Ambiental está incompleta, pues ésta sólo hace referencia a una parte de la obra a construir; presenta medidas de compensación inadecuada e insuficiente y no contempla los efectos negativos sobre la actividad económica de Xochimilco.

En este contexto, los interesados han considerado prudente hacer este tema del conocimiento del Congreso de la Unión, sin limitar al Partido Verde Ecologista de México para realizar lo correspondiente a escala local.

En este sentido, conforme lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estimaron pertinente la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que le corresponde promover y asegurar la coordinación de acciones en el exterior para intervenir en lo relativo a toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los cuales el país sea parte. Tal es el caso de la Convención Ramsar y las declaratorias de la UNESCO, ya que la construcción de la AUO repercutirá en la zona de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad.

En el mismo orden de ideas piden la intervención de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, que de acuerdo con el reglamento interior de la dependencia, es autoridad designada en la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional para procurar los humedales y manglares, como es el caso de Xochimilco.

III. Consideraciones

Para los integrantes de la comisión, el tema de la conectividad del sistema urbano de México por la red carretera nacional, debe partir de la premisa metodológica que establece la actual jerarquía de ciudades configurada, en buena medida, por la influencia de tres modelos de desarrollo claramente definidos: primario exportador, urbano industrial y de apertura comercial o globalización. Cada uno, en función del desarrollo tecnológico experimentado, construye el sistema de transporte más adecuado, pero que en muchos casos ha estado ausente el componente ambiental que garantiza los servicios ambientales.

Consideramos que si bien es importante que el Distrito Federal siga construyendo infraestructura, queremos señalar que la accesibilidad y la conectividad entre otras 347 localidades urbanas de 15 mil o más habitantes, incluyendo las zonas metropolitanas, ciudades que agrupan 544 municipios que también deberían ser atendidos para determinar la intensidad de la interrelación entre ellos y sus territorios, según los flujos que se realizarían en las carreteras pavimentadas.

Por supuesto, deseamos atender y dar voz a la reacción espontánea de la población de Xochimilco, expresada a través de algunas organizaciones. La solidaridad en sí misma no garantiza el desarrollo de una participación que conduzca a la construcción de una conciencia del riesgo en corresponsabilidad con las autoridades locales, por ello nos interesa desde la Cámara federal la gestión del riesgo y la mitigación de una potencial afectación al medio ambiente a través de la construcción de una AUO.

En ese orden de ideas, queremos precisar que la ciudad constituye la máxima artificialidad lograda por el hombre, pero no significa que la apropiación que se realiza se haga sin tomar en consideración la riqueza y el potencial biótico y abiótico del ecosistema del que se apropia para servirle de soporte, más aún cuando se pretende hacer extensivo el concepto de sustentabilidad a lo urbano, a la ciudad. Si bien la ciudad no puede ser sustentable por su artificialidad, dependencia e imposibilidad de ser autosuficiente, como lo hemos argumentado, al menos la producción de su base material podría estar normada por el menor impacto posible al medio ambiente y a los ecosistemas que se apropia. Lamentablemente, éste no ha sido el caso de la ciudad de México a lo largo de su historia. La irracionalidad ambiental con la que ha crecido ha sido más dramática y acelerada en las últimas décadas. Se han urbanizado zonas que eran de alta productividad agrícola, como Xochimilco, o de alta variedad biótica y considerada como reservas ecológicas, como la zona que nos ocupa, por lo que consideramos válidas las demandas de transparencia y precisión de la huella ecológica que dejaría la edificación de la AUO.

Para la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, la Ciudad de México testimonia la alteración, si no la destrucción, de uno de los ecosistemas de más alta variedad biótica, al haberse trasformado radicalmente las condiciones lacustres de origen y haberse pasado de una cuenca endorreica a una exorreica.

Pero más grave aún, al haberse desecado los lagos que constituían su entorno para construir ahí la ciudad. Resulta paradójico que este proceso haya implicado transitar de un problema de exceso de agua, por las inundaciones que periódicamente ocurrían, a uno de déficit, al verse obligada actualmente a importar de otros ecosistemas alrededor de 30 por ciento del agua que requiere para satisfacer sus necesidades. Si los desastres son socialmente construidos, la ciudad de México lo ejemplifica bien. Basta este argumento para hacer todo lo necesario para prevenir el daño y garantizar la preservación de áreas verdes, de lugares de esparcimiento y recreación, de sitios para la práctica de deportes al aire libre, como los humedales de Xochimilco.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sementemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a las Secretarías del Medio Ambiente, y de Obras y Servicios del Distrito Federal que emitan un pronunciamiento conjunto sobre el impacto que la obra pública Autopista Urbana Oriente tendrá en los ámbitos, económico, cultural, social y ambiental para la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal que evalúe la manifestación de impacto ambiental para construir la Autopista Urbana Oriente y, en caso de que las conclusiones del documento se contrapongan con las leyes, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables; o bien, la obra o actividad afecte a la población en su salud o a una o más especies amenazadas o en peligro de extinción, o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico o algún o algunos ecosistemas en particular; o bien, exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate; o bien, si la evaluación de los impactos y riesgos ambientales no garantizan la integridad del ambiente y de las personas, se niegue la autorización para la realización de la obra.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal su inmediata intervención, en uso de sus facultades, para investigar posibles irregularidades en las autorizaciones para la construcción de la Autopista Urbana Oriente y que, en su caso, proceda a solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, certificados, autorizaciones y registros, en los términos indicados en la normatividad en la materia.

Cuarto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que investigue presuntas violaciones de los derechos humanos en el proceso de la autorización de la construcción de la Autopista Urbana Oriente.

Quinto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que intervenga, de acuerdo con su competencia, para hacer del conocimiento de las autoridades de la Convención Ramsar el proyecto de construcción de la Autopista Urbana Oriente en el Distrito Federal, en atención del eventual daño ecológico en la zona.

Sexto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que intervenga, de acuerdo con su competencia, para hacer del conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, la construcción de la Autopista Urbana Oriente donde se proyecta un impacto en la zona que tiene la declaratoria de la propia organización como patrimonio cultural de la humanidad.

Séptimo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas su inmediata intervención ante las autoridades correspondientes del gobierno del Distrito Federal para proteger el ambiente en torno del proyecto de la construcción de la Autopista Urbana Oriente que se realizará en una zona de humedales protegida por la convención.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2013.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica en abstención), Graciela Saldaña Fraire, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica en contra), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica en contra), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica a favor y en contra), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).