Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3919-IX, martes 3 de diciembre de 2013
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos locales a garantizar plena accesibilidad y movilidad en las bibliotecas públicas y facilitar la capacitación del personal adscrito a ellas en la atención especializada y profesional para las personas con discapacidad, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a garantizar la plena accesibilidad y movilidad en las instalaciones de todas sus bibliotecas públicas y facilitar la capacitación al personal que labora en ellas, en la atención especializada y profesional para las personas con discapacidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, las bibliotecas públicas han perdido su papel categórico de centros entretenidos de lectura y fomento de ésta, así como también de espacios interesantes donde converge la cultura; para convertirse en lugares aburridos y en el mejor de los casos útiles y necesarios eventualmente; creando una crisis en nuestra red nacional de bibliotecas, en su función y su enfoque, que ve mermado su desarrollo y su capacidad de influir en el tejido social como punto de referencia cultural.
Hoy en día operan tan solo poco más de 11 mil bibliotecas para atender a una población de más de 110 millones de habitantes y la red nacional de bibliotecas públicas está conformada por apenas más de 6 mil bibliotecas.
Es sin duda alguna de preocupar que cada vez haya un número menor de espacios de este tipo en el país, pero es más preocupante el motivo por el cual están desapareciendo y el costo social que ello conlleva; al igual que los factores que motivan que las bibliotecas que aún nos quedan no sean aprovechadas al máximo por la forma equivocada de concebirlas.
Contar con más bibliotecas no solucionará por sí solo muchos rezagos que en materia educativa y cultural padece nuestro país, tampoco resuelve problema de la baja práctica del ejercicio de lectura en nuestra población; pero hacer mejores las que ya hay, sí coadyuvará a impulsar en nuestra sociedad una cultura diferente de lo que representan los libros y sobre todo la lectura; favoreciéndola notablemente.
Pero para ello y para que esto sea un objetivo real y alcanzable, en primer lugar debemos insertar en este importante espacio social-educativo y de formación; una cultura generalmente ausente y por momentos incipiente, que es la de la inclusión en igualdad de oportunidades; en específico requerimos garantizar que en tan importante espacio de formación del tejido social exista la accesibilidad universal y la atención profesionalizada para personas con discapacidad y en función de ésta; como condición estrictamente necesaria para iniciar el proceso anteriormente mencionado.
Hacer de estos espacios para empezar a aprovecharlos a su máxima capacidad, un lugar donde la cultura educativa y la formativa-social converjan; no simplemente a nivel de sus instalaciones sino también en su capacidad de atención personal por parte de quienes garantizan su funcionamiento diario; es imprescindible hoy en día.
Y más en un país como el nuestro donde según datos para el año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hay más de 5 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad; es decir más de 5 por ciento de nuestra población total (al menos de la contabilizada).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad se define como “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”.
De acuerdo con el Inegi, una persona con discapacidad es “aquella que presenta una limitación física o mental de manera permanente o por más de seis meses, que le impide desarrollar sus actividades en forma que se considera normal para un ser humano”.
Como se puede apreciar en el párrafo anterior, la discapacidad no está sujeta a factores de género ni de posición económica, mucho menos de edad; pero siempre ha estado condicionada a identificarse dentro del margen de la discriminación y la exclusión social.
Esto debido a que los factores de discapacidad en una persona físicamente están bien identificados y pueden ser generalmente:
• Por discapacidad motriz que se refiere a la pérdida o limitación de una persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una parte del mismo.
• Por discapacidad visual, que incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver con uno o ambos ojos.
• Por discapacidad mental, que abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las actividades de la vida diaria, así como en su relación con otras personas.
• Por su discapacidad auditiva, que corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para escuchar.
• Por su discapacidad de lenguaje, que implica limitaciones y problemas para hablar o transmitir un significado entendible.
Pero socialmente los factores que hacen de una discapacidad una limitante, se saben y están definidos, tristemente no se han erradicado y siguen representando una enorme deuda social pendiente.
No sólo porque representan un porcentaje importante de la población sino porque los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su día a día, son un factor que impide el desarrollo de la sociedad en su conjunto a plenitud.
Esta ausencia en la atención y garantía de accesibilidad a las personas con discapacidad, nos ha arrojado una serie de problemas que son los que en realidad los limitan, excluyéndolos del acceso y disfrute de los beneficios que les corresponden por derecho y por igual frente a todos. Debido a que se dan en áreas imprescindibles para para el individuo como lo son entre otros más, la salud, trabajo y educación; siendo éste último el que quizás está más rezagado en la actualidad.
Lo que se refiere a la salud, las instituciones han logrado gracias a su solidez que más de 80 por ciento de las personas con discapacidad cuenten con la cobertura por parte del estado de acceso a atención médica; al mismo tiempo las autoridades en esta materia han hecho conciencia sobre la necesidad de adecuar las instalaciones para garantizar su plena movilidad.
Sobre las condiciones laborales, aún persiste la necesidad de castigar por ley la discriminación a las personas por cuestiones de discapacidad; pero al igual o a la par de lo anterior, se han ido abriendo los espacios de trabajo que les corresponden por derecho incluso ya elevado a rango constitucional; por el momento se ha ido revirtiendo la estadística que ubica a las personas con discapacidad en el trabajo informal, principalmente en el comercio (48 por ciento del total) por encima de las personas con discapacidad con un trabajo estable principalmente en la industria (24 por ciento del total).
Respecto a los dos aspectos anteriores, es triste que la inclusión a las personas con discapacidad se dé no por convicción sino por obligación; pero aun así como sociedad hemos logrado avanzar paulatinamente en estos temas.
Es en educación en donde más rezagos tenemos y por ende donde más se generan limitaciones cada vez más excluyentes no exclusivamente para las personas con discapacidad, sino para la sociedad en su conjunto.
Tan sólo poco más de 60 por ciento de las personas con discapacidad en edad de nivel escolar básico, asisten a la escuela. Y del total de la población de más de 15 años y hasta 29 con alguna discapacidad, únicamente 15 por ciento asiste a una escuela.
Desafortunadamente somos una sociedad que permite que 32 por ciento de la población con discapacidad en el país no sepa leer ni escribir y que de cada 100 personas con discapacidad:
• 36 no cursen ningún grado escolar.
• 46 tengan estudios de educación básica incompleta.
• Solo 7 cuenten con educación básica completa.
• Solo 5 cursen algún grado de educación media superior.
• Solo 4 cuenten con educación superior.
Todo esto a pesar de que los mexicanos a partir del 30 de mayo de 2011 contamos con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que busca brindar las garantías para una plena inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en todos los lugares del territorio nacional como una responsabilidad del Estado mexicano.
Pero parece que esta ley se queda en el papel, que no es ni ha sido suficiente; por eso, en México la única discapacidad que nos afecta y limita a todos por igual y que nos genera daños irreversibles en nuestra convivencia diaria, es la discapacidad social de aceptarnos y tratarnos como iguales y brindarnos los unos a los otros las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollarnos de la mejor manera.
Y más aún, si los factores de inclusión se dan en los ámbitos de enseñanza y en todos los espacios sociales-educativos y de formación, como lo son principalmente la mermada red de bibliotecas de todo el país.
Debemos reconocer que no es suficiente o de poco o nada servirán los esfuerzos que realicemos para erradicar la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad –pudiendo ser un poco más específicos aunque pudiéramos parecer repetitivos– si de manera integral no incluimos y les ofrecemos las condiciones de accesibilidad universal y la atención especializada de los lugares de alto impacto educativo y cultural como lo son las bibliotecas públicas y privadas de todo nuestro país.
Hoy en día, nuestras personas con discapacidad carecen en primer lugar de bibliotecas que les ofrezcan las condiciones mínimas de accesibilidad, de los materiales necesarios para su disfrute en función de su discapacidad y de la atención especializada por parte del personal bibliotecario que requieren.
Como sociedad, también excluimos de estos importantes sitios que tienen mucho que ofrecer a las personas con discapacidad.
Este es un esfuerzo que se ha omitido hasta nuestros días y que esta soberanía debe estar dispuesta a realizar, puesto que está obligada con ello.
No nos quedemos al margen de realizarlo, y no lo consideremos repetitivo o como un asunto cubierto ya; porque la realidad nos hace ver que no es así.
En estos temas transversales como lo son la plena inclusión para las personas con discapacidad; aceptemos como sociedad que la lección educa, pero reconozcamos que el ejemplo arrasa y asumamos que es imprescindible empezar urgentemente.
Indudablemente, las bibliotecas públicas o privadas en nuestro país deben de ser primordialmente y a la par de sus funciones y objetivos, espacios que coadyuven en la inclusión social de las personas con discapacidad.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con pleno reconocimiento a la libertad y soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta respetuosamente a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a:
1. Realizar las adecuaciones pertinentes como parte fundamental de sus programas de cultura y modernización educativa, para garantizar la plena accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en las instalaciones de todas sus bibliotecas públicas.
2. Facilitar la capacitación al personal que labora en todas sus bibliotecas públicas, en la atención especializada y profesional para personas con discapacidad y en razón de ésta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre del 2013.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer de conocimiento público por el SAT las denominaciones, las razones sociales y los nombres de personas físicas a que se han condonado créditos fiscales en los últimos seis ejercicios, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Consideración
La Reforma Constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, otorgó más herramientas para aumentar la credibilidad de los gobiernos e implementar reformas y políticas públicas sustantivas, dando certeza a los procesos de transparencia y rendición de cuentas que los gobiernos deben aplicar sobre el ejercicio del gasto público, en este contexto México se ha convertido en un país que se encuentra dentro del umbral de un mundo moderno y competitivo, enmarcado en la transparencia, pues es ésta, la garante de un progreso y desarrollo económico, político y social. Actualmente la Sociedad Mexicana, está cada vez más activa y ávida de información, en este sentido se preocupa más sobre las actividades y el quehacer de las autoridades que lo representan, exigiendo más información respecto de los ingresos y egresos que proceden en la función de cada instancia de los diversos ordenes de gobierno.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se suma a la propuesta de la comisionada ponente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, María Elena Pérez Jaén, en el sentido de que el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe transparentar y dar a conocer el listado de las empresas que fueron beneficiadas con el llamado “perdón fiscal” , en los últimos seis años, toda vez que se considera que la información debe hacerse pública, debido a que se trata de recursos públicos que no ingresaron a las arcas del gobierno, resultante a la condonación efectuada, por lo que el secreto fiscal no aplica en este caso.
En este sentido hacemos un exhorto a la asamblea de esta soberanía para que, en consecuencia y en el contexto de la discusión vigente, sobre la eficiencia del gasto de los recursos públicos, se privilegie la transparencia y rendición de cuentas, toda vez que ha sido una exigencia y acuerdo de todos los grupos parlamentarios el adecuado ejercicio de los recursos públicos. Asimismo y en el contexto de la aprobación de la miscelánea fiscal cuyo espíritu es la redistribución social de los recursos a través de procedimientos meramente recaudatorios, las diputadas y los diputados no aceptaremos que sigan realizando condonaciones de forma discrecional por parte de la hacienda pública, toda vez que la condonación es un gasto fiscal que comprende, en términos generales, los montos que deja de recaudar el Estado, por lo que esta práctica constituye una transferencia de recursos públicos en sentido negativo; también es un beneficio a favor del contribuyente, que implica un gasto público y que como tal debe reportarse.
Asimismo refiero, con fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, en este sentido la decisión de condonar un crédito fiscal no involucra únicamente al Sistema de Administración Tributaria y a la persona que se le condona el adeudo, sino a toda la sociedad ya que la ineficiencia recaudatoria afecta y lacera los intereses de ésta.
Finalmente destaco que el Senado de la República aprobó las reformas en materia de transparencia que dotan de autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y le dan nuevas facultades para conocer y resolver sobre el acceso a la información de un nuevo listado de sujetos obligados en el que se contempla a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con estas reformas se da un gran paso histórico que fortalecerá la democracia y dotará de certeza y una verdadera rendición de cuentas a los ciudadanos, desde ahora serán sujetos obligados partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.
Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se suma a las modificaciones aprobadas por el Senado de la República en su sesión del 20 de Noviembre de 2013, y hacemos un llamado respetuoso a todas las legisladoras y legisladores de este honorable congreso para que aprobemos que se remitan estas modificaciones a los congresos de los estados para su discusión en la parte que ya ha sido aprobada por ambas cámaras.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único : Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que haga del conocimiento a la opinión pública las denominaciones y razones sociales de las personas morales y nombres de personas físicas que les han sido condonados los créditos fiscales en los últimos seis ejercicios fiscales.
Diputado Alejandro Carbajal González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa, de la SEP y de la Semarnat a atender a la población afectada por la exposición prolongada y excesiva a manganeso en el aire en Molango, Hidalgo, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II y III y demás artículos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a atender a la población afectada por la exposición prolongada y excesiva al manganeso en aire, en la región de Molango, Hidalgo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El manganeso es un metal que se encuentra en forma natural en diversos tipos de rocas y la ingestión de cantidades pequeñas en los alimentos o el agua es necesaria para mantener la salud.
Este elemento se usa principalmente en la producción de acero para mejorar su dureza, su rigidez y solidez. También puede usarse como aditivo en la gasolina para mejorar el octanaje.
El manganeso puede liberarse al aire, al suelo o el agua durante la manufactura de productos, por lo que este material no puede ser degradado por el ambiente, únicamente puede cambiar de forma, adherirse o separarse de partículas.
En el agua se deposita regularmente en el sedimento, mientras que en la tierra una parte es movilizada y otra es retenida por el suelo.
Sin embargo, la exposición a niveles excesivos puede ocurrir al respirar aire que contiene este elemento, especialmente en lugares donde se usa en manufactura u otras operaciones industriales de soldadura.
En altos niveles y periodos prolongados de exposición, puede provocar daño en el sistema nervioso central.
Los efectos nocivos incluyen alteraciones del comportamiento y en la movilidad, que puede hacerse lenta y con falta de coordinación.
Estudios en niños revelan que la exposición a niveles extremadamente altos de manganeso pueden alterar el desarrollo del cerebro, alternado su comportamiento y restándoles capacidad para aprender y memorizar.
Para determinar si existe presencia excesiva de manganeso en niños y adultos, se realizan pruebas especiales en sangre, orina, cabello y heces, ya que estará presente en tejidos o fluidos corporales.
Autoridades de salud estadounidenses como la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) han determinado que la concentración de manganeso en agua no debe exceder de 0.05 miligramos por litro (mg/L), mientras que la concentración en el aire no debe ser mayor a 5 miligramos por metro cúbico (mg/m3).
Ahora bien, en nuestro país existe una industria establecida para la explotación de este material.
Un antecedente importante se registra en 1956, cuando se realizó en la Ciudad de México el vigésimo Congreso Geológico Internacional, cuyo eje fue la evaluación del origen genético del mineral, el origen de los yacimientos, calidad, localización geográfica, aprovechamiento, industrialización y potencial económico.
Los yacimientos más importantes se encuentran en Rusia, Brasil y la India, pero también existen centros potenciales en Cuba, Chile, México, África, y Venezuela entre otros.
Si bien desde 1904 hasta la década de 1950, México exportó más de 434 mil toneladas métricas de manganeso, no fue sino hasta finales de esa década que geólogos de Autlán localizaron el yacimiento de manganeso más importante del país. Ese yacimiento es el situado en el municipio de Molango, en el estado de Hidalgo.
A partir de entonces la empresa minera Autlán convirtió este en su proyecto más importante, explotándolo desde 1962, en una superficie de mil 250 kilómetros cuadrados.
La producción promedio ha sido en los últimos años de por lo menos 385 mil toneladas métricas, pero la capacidad del yacimiento considerado el más importante de América del norte, se estima en un promedio de reservas probadas para 46 años, y estimadas hasta 250 años, considerando cifras estimadas desde 32 millones y potenciales de 256 millones de toneladas (Sánchez, 2009).
No obstante lo relevante de la industria de explotación de manganeso para su uso en la fabricación de acero, vidrio, baterías, fertilizantes y medicamentos, la explotación intensiva especialmente en este yacimiento del estado de Hidalgo, ha comenzado a tener impactos en la salud de los pobladores de las localidades cercanas.
Ya en 1960 se registró uno de los primeros casos de la enfermedad de Parkinson en la región, los cuales se han ido incrementando.
Estudios como el denominado Narrativas del riesgo. Antropología de las narrativas aplicadas al estudio de los impactos socio ambientales y la salud poblacional , han documentado el impacto socio ambiental de la exposición al manganeso en las localidades de Molango (Sánchez, 2009).
Si bien la minera Autlán sostiene que no hay evidencia de que el manganeso cause algún tipo de daño en la salud, los pobladores adultos y niños tienen efectos en su salud.
El estudio más completo fue realizado por un grupo interdisciplinario encabezado por Horacio Riojas, jefe de Salud Ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional del estatal Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el que se incluyó al estatal Instituto Nacional de Neurología.
Los indicios cubrieron los municipios de Molango, Lolotla, Xochicoatlán y Tlanchinol, en Hidalgo, que en conjunto abarcan unos mil kilómetros cuadrados y poco más de 60 mil habitantes.
Se midió en la última década la presencia de manganeso en el aire y en ríos, suelos, casas y caminos cercanos a las minas, explotadas a cielo abierto y en socavones.
Entre 2002 y 2003 se tomaron muestras de sangre y de cabello a 300 personas adultas, y se les practicaron distintas pruebas médicas. En 2007 se efectuaron los mismos estudios a igual cantidad de niñas y niños de 7 a 11 años. Una parte de las muestras fueron de habitantes de zonas aledañas a la mina y otra parte correspondió a personas residentes de sitios alejados a los yacimientos pero de similares condiciones socioeconómicas.
Los resultados arrojaron datos de alarma, ya que en promedio 60 por ciento de los adultos que habitan cerca de la explotación de manganeso tienen problemas neurológicos y temblores similares a los producidos por la enfermedad de Parkinson.
De igual forma, se corroboró que los niños tienen una reducción de 20 por ciento en su capacidad intelectual y de aprendizaje respecto de los que habitan en lugares más lejanos a la fuente de exposición.
La conclusión fue que existe una relación entre la mina, la exposición al manganeso y los padecimientos que sufren personas en aquella región, sobre todo en un área de impacto directo de la empresa de 50 kilómetros cuadrados distribuida en comunidades de los municipios de Molango, Lolotla, Xochicoatlán y Tlanchinol.
La parte del estudio que trata el componente social y de convivencia con la empresa documentó que si bien han existido reclamos de la población hacia la empresa Autlán, estos se han apagado ya que la empresa ha construido caminos, campos deportivos, infraestructura escolar, ha distribuido laminas y materiales de construcción o para techar viviendas.
Así la problemática de salud que enfrentan los pobladores es puesta por ellos mismos, en segundo término, al buscar primero satisfacer necesidades sociales de primer orden.
En este contexto, como representante popular de esta región de mi estado, propongo ante esta soberanía el presente punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud para atender las afectaciones a la salud de niños y adultos en las comunidades de la región de Molango, Hidalgo, derivadas de la exposición prolongada y excesiva al manganeso, así como a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que establezcan una estrategia de diagnóstico y atención de las necesidades especiales en materia educativa de niños y jóvenes habitantes de la región, con motivo de la disminución de las capacidades de aprendizaje, intelectuales y daños físicos por la existencia de altas concentraciones de manganeso en sangre.
Teniendo claro que es igualmente fundamental disminuir la concentración de manganeso en el aire en las localidades cercanas a la fuente de origen que es la minera Autlán, hace unas semanas presenté igualmente un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emita la norma oficial mexicana que regule los límites permisibles de manganeso en el aire, ya que no existe tal regulación.
Ahí expresé los siguientes datos, también derivados de estudio de Horacio Riojas:
1. Que se registran concentraciones de manganeso en aire superiores a las recomendaciones internacionales, mismas que alcanzan hasta 1.5 microgramos por metro cúbico.
2. Que 50 por ciento de la población estudiada presenta concentraciones de manganeso en sangre por encima de los niveles recomendados a nivel internacional por 10 microgramos por litro (ug/L).
3. Que se registra una alta presencia de alteraciones en pruebas de miden la actividad motora en población infantil y juvenil, específicamente en las que requieren de coordinación de movimientos, cambios de posición de manos y la realización de dibujos secuenciales.
4. Que las concentraciones de manganeso en cabello disminuyen significativamente el coeficiente intelectual de los niños; cada microgramo de manganeso en cabello disminuye 1.5 puntos del coeficiente intelectual.
5. Que el promedio de concentración en el cabello de niños que habitan localidades cercanas a la mina es de 12 microgramos por gramo (mcg/g), por lo que tienen un déficit de 18 puntos.
En este sentido ambos puntos de acuerdo tiene por objeto atender de forma inmediata las afecciones de salud que ya padecen miles de habitantes de la región de Molango, al tiempo de apurar a la definición de una norma técnica que establezca las condiciones mínimas para la operación de la minera sin afectar sus operaciones, sino haciendo que produzca de forma limpia y segura.
Es importante que las autoridades federales en materia de salud y educativa, así como en materia de medio ambiente y recursos naturales, tomen acciones inmediatas y brinden apoyo a la población de las localidades afectadas.
Por estas razones, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera urgente a la Secretaría de Salud para atender las afectaciones a la salud de niños y adultos en las comunidades de la región de Molango, en el estado de Hidalgo, derivadas de la exposición prolongada y excesiva a manganeso en aire; a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que establezcan una estrategia de diagnóstico y atención de las necesidades especiales en materia educativa de niños y jóvenes habitantes de la región, con motivo de la disminución de las capacidades de aprendizaje, intelectuales y daños físicos por la existencia de altas concentraciones de manganeso en sangre; así como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a coadyuvar con ambas instancias en la atención de esta problemática.
Notas
1. Hoja informativa sobre el manganeso, disponible en: http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts151.htmlhttp://www.wordref erence.com/definicion/manganeso
2. (Sánchez, 2009) Sánchez Jiménez, José, Manganeso y mal de Parkinson, boletín electrónico, mayo-julio 2009, Año 2, No. 10, CIESAS Golfo.
3. Cevallos, Diego, México: minería del manganeso, artículo de la Inter PressService, Agencia de Noticias, México, 2008.
4. Estudio Exposición a manganeso de la población residente en un distrito minero , realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los Servicios de Salud de Hidalgo y el Consejo Estatal de Ecología de Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.
Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 9 de mayo Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por diputadas integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
Las que suscriben, diputadas integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1 y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 9 de mayo como “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, con la finalidad de fortalecer la estrategia, dentro de la agenda nacional, encaminada a combatir la mortalidad materno-infantil e incentivar la difusión de los programas de prevención y atención oportuna en esta materia.
Consideraciones
En México la cultura en el cuidado perinatal referente al embarazo, el parto y el puerperio no ha tenido la suficiente promoción como para afirmar que los casos de mortalidad materna son cuestiones del pasado histórico. Desafortunadamente, la atención médica en este rubro carece de integralidad y constancia, pues las madres tienen la idea de asistir a un médico sólo cuando presentan malestares o complicaciones que resultan en detrimento de su salud, pero las visitas, estudios y otras acciones de carácter preventivo y rutinario suelen ser irrelevantes para un gran porcentaje de las mujeres embarazadas de nuestro país, situación que empeora en regiones o comunidades rurales y/o marginadas.
En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia”.1 De la misma manera establece que la salud de la mujer es especialmente preocupante, porque en muchas sociedades se encuentran en situación de desventaja por la discriminación condicionada por factores socioculturales. En el específico tema de maternidad, según cifras de la misma organización, cada minuto una mujer muere como consecuencia de complicaciones durante el embarazo y el parto; aunado a estas cifras, por cada mujer fallecida al dar a luz, otras 20 sufren lesiones, infecciones o enfermedades, aproximadamente 10 millones cada año. Cabe señalar que la salud materno-infantil fue el tema central del Día Mundial de la Salud en el año 2005 y a casi 8 años de tal evento no hemos alcanzado las condiciones optimas para que las mujeres mexicanas tengan certidumbre sobre su seguridad durante el embarazo, el parto y el puerperio.
El estudio “Numeralia 2011 sobre Mortalidad Materna”, presentado por el Observatorio de Mortalidad Materna en México, indica que el 82.3% de las fallecidas eran mujeres que se dedicaban a actividades del hogar, el 82.5% eran mujeres casadas o que vivían en unión libre, el 38.5% no tenían escolaridad o solo habían cursado parcial o totalmente la primaria, 20% no tenían seguridad social ni protección a la salud, 48.1% contaban con Seguro Popular y 15.5% murieron en su casa o sobre la vía pública. Los estados de México, Guerrero y Chiapas son las Entidades Federativas con mayores índices de mortalidad materna. Las casi 1,000 muertes ocurridas en México durante 2011 pudieron prevenirse a través del fortalecimiento de Programas Gubernamentales promovidos en la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, dependencias estatales, Asociaciones Civiles y organizaciones del sector privado, que en su conjunto pueden establecer las bases de una campaña nacional enfocada a erradicar o disminuir en la medida de lo posible la mortalidad materna o las enfermedades derivadas de un incorrecto manejo de la salud durante el embarazo, parto y puerperio.
De la misma manera, los decesos perinatales de fetos y recién nacidos representan una problemática mundial que aqueja principalmente a países en vías de desarrollo, en los cuales se suscitan el 98% de las muertes fetales y neonatales en cualquiera de sus fases. El caso mexicano arrojó un total de entre 7 y 8 fallecimientos perinatales por cada 1,000 nacimientos exitosos del año 2008 hasta el 2011, el doble de las bajas que se presentan en países como Estados Unidos y Reino Unido.
No se puede negar que acciones y programas relevantes como “Arranque parejo en la vida”, la “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México” y el “Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción” han sido un claro ejemplo de la preocupación que existe por parte del gobierno mexicano en este tema, pero debemos reflexionar sobre la eficiencia de las acciones emprendidas y las implicaciones conformarnos con los avances obtenidos, a sabiendas de que se puede hacer mucho más por la salud materna en México. No pasemos por alto que continuamos suscritos a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en 2015, año que coincide con el término de esta Legislatura, deberemos entregar cuentas sobre el actuar del Gobierno en su conjunto para la solución de los problemas en materia de salud y, por supuesto, de salud materna.
Siguen siendo claros y constantes los casos de mujeres que pierden la vida en condiciones francamente deplorables, a causa de complicaciones durante todo el periodo gestacional, la Montaña de Guerrero, la Sierra Negra de Puebla, las zonas indígenas de Oaxaca y Chiapas sólo son ejemplos de un problema que se presenta a lo largo y ancho de nuestro país.
Aunque los trabajos deben ser permanentes, se considera de especial relevancia dedicar una fecha anual que nos recuerde y nos comprometa cada vez más, no sólo como actores políticos, sino como sociedad, a fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal. Una fecha que sea el referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en esta materia. Así han puesto el ejemplo fechas tan relevantes como el Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer, el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, entre otros de gran importancia. Un día parece poco en el calendario de la vida, pero representa un gran avance en las acciones que desde esta Cámara podemos emprender para garantizar la vida digna de madres e hijos.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 9 de mayo como “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, con la finalidad de fortalecer la estrategia, dentro de la agenda nacional, encaminada a combatir la mortalidad materno-infantil e incentivar la difusión de los programas de prevención y atención oportuna en esta materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de diciembre 2013.
Diputadas: Flor de María Pedraza Aguilera, María de Jesús Huerta Rea, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, María de las Nieves García Fernández, Cristina González Cruz, Blanca Jiménez Castillo, Judith Magdalena Guerrero López, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán a atender el caso de la profesora Neyda Aracely Pat Dzul y emitir las recomendaciones pertinentes, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El pasado 14 de noviembre, Neyda Aracely Pat Dzul, maestra de la Escuela Primaria Bilingüe “Eligio Ancona” de Ticul, Yucatán, fue notificada mediante un oficio firmado por Ernesto Javier González Osorio, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, sobre el cese de su nombramiento debido a un supuesto abandono de labores los días 5, 6, 7, 8, 11 y 12 del mes pasado mes de noviembre sin causa justifcada.
De tal forma que en la referente acta de abandono de empleo, los maestros Bartolomé Andrade Tello, Antonio Cabrera Ku y el representante sindical Jaime Alberto Novelo Durán, declararon sobre la ausencia de la maestra Pat Dzul los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2013; a la par de que el persona dio constancia de “que se tuvo a la vista el libro (tarjeta o libreta) de control de asistencia de personal de este centro de trabajo, en donde aparece que el C. Neyda Aracely Pat Dzul, no ha firmado (checado) el libro (la tarjeta) respectivo”.
Sin embargo, se tiene conocimiento que la profesora “acudió a las mesas de negociación que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene con la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México el 5 de noviembre pasado como parte de una comisión representativa del magisterio yucateco (y que) la docente incluso pidió permiso a su directora y dejó a una suplente para dar clases a sus alumnos,1 no obstante se menciona que Margarita Carrillo, directora de la primaria, ordenó que la profesora suplente dejara sus labores.
Asimismo, “en entrevista telefónica para (el portal de noticias) ImpuneMex,Pat Dzul (aseguró) que esta medida es injustificada y representa un acto de intimidación y represión en su contra por su activismo en contra de la Reforma Educativa y su simpatía con la CNTE.”2
Cabe destacar que “la maestra pertenece al Comité Único de Lucha Magisterial de Yucatán, que opera en varios municipios del sur del estado y que son afines a la CNTE. Este grupo ha encabezado paros y protestas enérgicas en el estado contra la Reforma Educativa. En contraste, el grupo de Docentes Unidos por Yucatán, que opera principalmente en planteles de Mérida, no ha recibido ninguna sanción ni amenaza por parte del gobierno estatal.3
Es así que el caso de la maestra Pat Dzul, representa un ejemplo más de la persecución y acoso que el magisterio que está en contra de la Reforma Educativa y de los efectos que ésta traerá consigo en los años siguientes; para quienes comulgan con movimientos sociales como el que encabeza la CNTE se les debe garantizar el cumplimiento de sus derechos como los de manifestación y libertad de expresión en miras de lograr una sociedad más igualitaria y que tenga cabida para la multitud de expresiones que existe en el país.
Por lo que resulta inaceptable que se implementen medidas como la anteriormente expuesta para tratar de intimidar al movimiento magisterial y así coartar cualquier intento para expresar las inconformidades y agravios de los que han sido partícipes, es por ello que presentamos a esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Yucatán para que atienda y emita las recomendaciones pertinentes sobre el caso de la profesora Neyda Aracely Pat Dzul.
Notas
1 En Yucatán “ponen el ejemplo”: cesan a maestra disidente http://impunemex.com/en-yucatan-ponen-el-ejemplo-cesan-a-maestra-diside nte/
2 Ídem.
3 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a definir la estrategia nacional que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán aplicar para erradicar los obstáculos a que se enfrentan las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, diputada federal Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción III, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención del Poder Ejecutivo federal, para que defina la estrategia nacional que deberán aplicar las autoridades federal, estatales y municipales, con el propósito de erradicar los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad.
Consideraciones
Actualmente la discapacidad afecta considerablemente a un importante sector de la población que es un sector vulnerable, quienes han padecido limitaciones en sus derechos sociales como el del trabajo, salud, vivienda, educación, entre otros. Esta situación, sin duda, afecta el desarrollo integral de las personas con discapacidad y constituye una discriminación de las instituciones y sociedad en general. De esta forma, han sido excluidos de participar de la vida de la propia sociedad, siendo estos aspectos en los que radica en realidad la gravedad de la discapacidad que afronta esta población.
Por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declaró el “Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983 – 1992)”. La propuesta era la intervención urgente de los países miembros a promover la reflexión y la pronta toma de acciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, su bienestar, y su inclusión en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de las naciones, garantizando el respeto e igualdad de derechos de las personas que tienen alguna discapacidad.1 Como resultado inmediato de esta declaración, se estableció el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a través de la resolución 47/3. A partir de este hecho, se elabora la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en el año 2006, la cual fue firmada por México en 2008.
Es claro que el texto que se describe en la citada convención no impone un concepto estricto de “discapacidad”, más bien opta por un enfoque dinámico para permitir diversas adaptaciones y define a la discapacidad como un: “concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.2
Con la nueva metodología por la que se entiende y mide la discapacidad de una persona en consonancia a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), se señala que“ la discapacidad es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales)”.3
En el caso particular de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del Censo de Población y Vivienda 2010 y con base a su cuestionario ampliado,4 informó que nuestro país contaba en ese año con una población alrededor de 112 millones, de ellas, aproximadamente 5.7 millones manifestaron tener alguna dificultad o limitación para llevar a cabo las actividades como: caminar o moverse, ver, escuchar, hablar, poner atención, etc.; es decir, son personas que tienen alguna discapacidad.
De igual manera, el Inegi precisó que el tipo de discapacidad más frecuente es la relacionada con la movilidad (caminar o moverse) la cual afecta el 58% de la población5 con discapacidad. Le siguen las limitaciones para ver (27.2%), escuchar (12.1%), mental (8.5%), hablar o comunicarse (8.3%), atender el cuidado personal -vestirse, bañarse o comer- (5.5%) y, finalmente, para poner atención o aprender (4.4 por ciento). Es decir, la dificultad para caminar o moverse y para ver, representan el 85.5% de las discapacidades en el país.
No olvidemos que la edad resulta fundamental para observar la distribución de los tipos de discapacidad, en la población más joven (niños de 0 a 14 años y jóvenes de 15 a 29 años), proliferan dificultades para comunicarse, poner atención o aprender, mientras que en las personas de mayor edad, la limitación mental tiene un mayor porcentaje y le siguen las dificultades para caminar o moverse.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) del año 2010, 70 de cada 100 personas en el país consideran que no se respetan o sólo se respetan en parte los derechos de la población que padece alguna discapacidad, mientras que 93.8% de las personas con discapacidad opinan de la misma forma.6
La situación es apremiante y más porque solo el 68.8% de la población con discapacidad es derechohabiente de algún servicio de salud; y que decir sobre su situación académica donde su logro alcanzado se relaciona con el acceso y la infraestructura: la población mayor de 15 años, 27.9% no tiene estudios,7 45.4% terminó al menos un año de primaria, 13.3% un año de secundaria, 7.3% un año de media superior, 5.2% un año en superior, y su promedio de escolaridad es 4.7 años aprobados. Mientras que aquellas personas que padecen dificultad mental, para hablar o comunicarse y poner atención o aprender son las que concentran los promedios de escolaridad más bajos (3.4 y 3.3 años).
De la población económicamente activa (PEA), la población que padece alguna discapacidad, 95.1% está ocupada, es decir tiene trabajo; de ellos, 39% son empleados u obreros, 38% trabajadores por cuenta propia, 6% jornaleros o peones, 6% ayudantes, 5% trabajadores familiares sin pago y 3% patrones o empleadores, el resto no especificó su posición en el trabajo pero, el Censo del 2010, reporta que, 14% no recibe ingresos por su trabajo, 18.7% gana menos de un salario mínimo mensual, 24.9% de uno a menos de 2 SMM; 16.5% de 2 a menos de 3 SMM; 11.2% de 3 a menos de 5 SMM; 5% de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2%, 10 y más SMM. Es decir, cerca del 60% gana menos de 2 salarios mínimos.
La mayoría de la población que padece alguna discapacidad vive un escenario económico complejo y desalentador. Sufren de discriminación, ya que un alto porcentaje de ellos considera que sus derechos no son respetados. Sus principales preocupaciones son: el desempleo, la discriminación, la autosuficiencia y los pocos o nulos apoyos gubernamentales.
La población con discapacidad vive con graves rezagos de atención y de solución a sus necesidades, ya que sufren de los peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas.
Es evidente que contamos con la información veraz, suficiente y ordenada para conocer con precisión la difícil situación que afrontan las personas que tienen alguna discapacidad. Sin embargo, esta información también nos refleja, sin lugar a dudas, que no existe una política, ni estrategia nacional para atender este problema, reconociendo que en distintos ámbitos se hacen valiosos esfuerzos para resolver el problema. Pero sus resultados son limitados por estar descoordinadas las medidas que se aplican.
Lo anterior hace patente la necesidad de englobar todas las acciones en la materia dentro de una política y estrategia nacional para aplicar soluciones en la misma dirección. Fortalecer los resultados sobre la base de la aplicación de una estrategia general, cuya responsabilidad recae en el Ejecutivo Federal para diseñar y coordinar su aplicación en los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de que estos las ejecuten en el ámbito de sus propias facultades y jurisdicciones.
Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas están discapacitadas por la sociedad, no sólo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración, pero como señalamos debe ser al amparo de una política y estrategia nacional que corresponde al Ejecutivo Federal diseñar y coordinar en su aplicación. Materia de la presente proposición con punto de acuerdo que se presenta ante la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Apostemos por una inclusión verdadera de este sector de la población en el goce de sus derechos elementales.
Por lo anteriormente expuesto, presento ante este honorable pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que defina la estrategia nacional que deberán aplicar las autoridades federal, estatales y municipales, con el propósito de erradicar los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/features/index.html
2 Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad del 2006, http://www2.ohchr.org/spanish/law/disabilities-convention.htm
3 Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), http://cemece.salud.gob.mx/fic/cif/index.html
4 Durante el Censo de Población y Vivienda 2010 se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno básico y otro ampliado. El último incluyó las preguntas del primero e incorporó otras para profundizar en diversos temas. Se aplicó solo un tipo de cuestionario por vivienda. Con el cuestionario ampliado se censaron alrededor de 2.9 millones de viviendas seleccionadas mediante un muestreo probabilístico, lo cual garantiza que esta muestra permite hacer inferencias sobre las características de toda la población.
5 Es importante señalar que debido a que la población podía reportar más de una dificultad, la cantidad de éstas es superior al número de personas con discapacidad.
6 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=ficha_biblioteca&id_ar ticle=1441
7 Incluye al preescolar, dado que al tratarse de personas de 15 años y más, completar algún año en preescolar no se considera como grado terminado de la educación básica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.
Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la SHCP, así como al comisionado nacional de Seguridad, a instruir al personal respectivo para que observe la legalidad en su trato con los migrantes y realizar acciones a fin que no se les causen molestias ni se les extorsione, suscrita por integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte
Los que suscriben, diputadas y diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con el trámite de urgente resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Uno de los fenómenos de mayor importancia derivado de nuestra vecindad con el país que presenta la economía más grande del mundo, es el referente a la migración, tema que presenta múltiples aristas.
El fenómeno de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos de América (EUA), ya sea de forma temporal o de forma permanente, ha sido tema de múltiples ensayos por parte de los estudiosos de nuestra relación con nuestro vecino del norte.
Como resultado de estos trabajos presentados a finales de la última década del pasado siglo, sabemos que la población nacida en México residente en EUA fluctúa en más de 9 millones 900 mil personas, incluidos tanto residentes permanentes como migrantes temporales, autorizados y no autorizados. Esta cifra representa alrededor del 8% de la población total de México.
Del conjunto de inmigrantes mexicanos, la mayor parte (63.4 por ciento) llegó a los Estados Unidos en 1990 o después y dos de cada diez (22.0 por ciento) tienen la ciudadanía estadounidense.
Datos más recientes derivados de la encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey), realizada por la Oficina del Censo, nos indican que en el 2008, un total de 30 millones 700 mil de hispanos de origen mexicano residen en los Estados Unidos. Para el presente perfil estadístico, se considera mexicanos a las personas que se identifican como hispanos de origen mexicano, lo cual significa que ellos mismos son inmigrantes mexicanos o reconocen ascendencia familiar mexicana. Los mexicanos son la población más grande de origen hispano en los Estados Unidos, conformando cerca de dos tercios de la población hispana que vive en dicho país.
En cuanto a la importancia que tienen los migrantes mexicanos en EUA, es de suma importancia la cantidad de remesas, entendidas estas como la suma de dinero que los no nacionales ganan o adquieren y que transfieren a sus países de origen, estas remesas que los connacionales mandan a México son lo bastante grandes para situar a nuestro país como el tercer mayor receptor del mundo y el primero de América Latina, con un flujo en 2011 de alrededor de 22 mil 500 millones de dólares.
Tenemos también que alrededor del 90% de las remesas recibidas en México proceden de los EUA y para lo que va del presente año se calcula que la cantidad de las mismas ronda en alrededor de los 22 mil millones de dólares.
Regresando a lo referente al fenómeno migratorio, por entrevista concedida por el Delegado Regional en el estado de Puebla del Instituto Nacional de Migración, en el año de 2007, sabemos que los mexicanos que migran a los EUA en promedio regresan a su comunidad de origen cada dos o tres años y que el 70% de estos retornos se dan en el mes de diciembre, el 27% en verano y el 3% restante en otras fechas.
De lo anterior se desprende que el mes entrante, como sucede año con año, serán miles los mexicanos que desde EUA y Canadá regresarán a sus comunidades de origen, la mayoría de ellos lo harán por tierra, entrando por la frontera norte con destinos que van hasta los estados de Oaxaca y Chiapas, es decir, varios de ellos atravesarán de norte a sur el territorio nacional.
Como es de suponerse, al regresar de “vacaciones” nuestros connacionales como lo haríamos cualquiera de nosotros cuando viajamos, traen en efectivo buena parte del dinero que ahorraron para pasarla bien en las fechas decembrinas, traen objetos para regalar a sus seres queridos y traen otras posesiones de valor. Esta situación también es bien conocida por los funcionarios de las aduanas y de la Policía Federal.
Desafortunadamente, entre estos funcionarios se encuentran algunos que son deshonestos y que aprovechan la falta de conocimiento en cuanto a la normatividad jurídica de varios de los connacionales que regresan, de tal manera que los funcionarios corruptos se aprovechan de esta situación para extorsionarlos por supuestas faltas administrativas.
Esta situación no ha pasado desapercibida para los Diputados que integramos la Comisión Asuntos Frontera Norte, no sería exagerado afirmar que todos nosotros hemos recibido quejas de buenas fuentes de esta situación ilegal.
Motivados por lo anterior, durante nuestra 11va Reunión Ordinaria, efectuada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 26 de noviembre del año en curso, el pleno de la Comisión Asuntos Frontera Norte acordó presentar una proposición con punto de acuerdo que contuviera como resolutivo el exhortar a las autoridades encargadas de las aduanas y de la Policía Federal a que instruyan al personal de las dependencias señaladas y realicen las acciones necesarias y suficientes, a fin que no se cause molestias ni extorsiones a los migrantes que regresan a sus lugares de origen.
En otro orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, garantiza la libertad de tránsito en el territorio nacional, bajo el siguiente texto:
“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.”
Además la norma suprema, en el primer párrafo de su artículo 16, también salvaguarda la garantía de legalidad, previendo los abusos de la autoridad, bajo el siguiente texto:
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en la fracción XV de su Artículo 27, confiere la supervisión de la Policía Federal a Secretaría de Gobernación, con la finalidad para que, entre otras cosas, dicha policía se desempeñe con honestidad, el texto a la letra dice:
“Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
XV. Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Federal, garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal;”
También es de tenerse en cuenta que contamos con una Comisión Nacional de Seguridad y dicha Comisión es la dependencia de la Administración Pública Federal que tiene por objeto preservar la libertad, el orden y la paz públicos; así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas a través de la prevención en la comisión de delitos. Para esto, se cuenta con la Policía Federal como órgano administrativo desconcentrado, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación a cargo del Dr. Manuel Mondragón y Kalb.
Continuando con los preceptos de la LOAPF, tenemos que la fracción XII de su Artículo 31 confiere la organización de las aduanas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto a la letra bajo la siguiente redacción:
“Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección;”
Entonces, porque así lo manda nuestra carta magna, la decencia y el sentido común, los integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, no podemos ser ajenos a los ilícitos que son cometidos por algunos de los funcionarios públicos en contra de los migrantes que retornan a su lugar de origen y pedimos que se respeten sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión Asuntos Frontera Norte por medio de la presente Proposición con Punto de Acuerdo solicitamos que los titulares de las dependencias federales señalados en el resolutivo, hagan lo necesario para que el personal a su cargo se desempeñe de forma honesta, que protejan, ayuden y orienten a los paisanos que retornan, es decir, que cumplan las funciones para las que fueron asignados, a la importante tarea de vigilar el retorno de nuestros connacionales.
Por lo expuesto nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación, ciudadano Miguel Ángel Osorio Chong, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Luis Videgaray Caso y al comisionado nacional de Seguridad, ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, que instruyan al personal de sus respectivas dependencias para que se conduzcan con apego a la legalidad en su trato con los migrantes y realicen las acciones necesarias y suficientes, a fin que no se les causen molestias, ni se les haga sujetos de extorsión.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 3 de diciembre de 2013.
Diputados: J aime Bonilla Valdez (rúbrica), María De Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Carmen López Segura (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro, María Eugenia de León Pérez (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, David Cuautémoc Galindo Delgado (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica).
Con punto de acuerdo, para que se rinda un homenaje al intérprete de la música mexicana Vicente Fernández por su trayectoria artística, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Salvador Arrellano Guzmán, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La historia de la música en México se ha escrito gracias los grandes intérpretes que han dejado su marca en la memoria de un país. Tenemos que recordar a cantantes como José Alfredo Jiménez y Pedro Infante, personajes que a lo largo de los años siguen estando en la memoria de la gente. Sin embargo, al hablar de personajes de esta investidura, que no sólo por su trayectoria artística son importantes, sino por el cariño que la gente tiene hacia ellos, es que tenemos que recordar a Vicente Fernández Gómez.
Vicente Fernández, también conocido como “el Charro de Huentitlán”, “el ídolo de México” o “el rey de la música ranchera”, hijo de Ramón Fernández y Paula Gómez de Fernández, nació el 17 de febrero de 1940, en Huentitlán el Alto, Jalisco.
A pesar que desde los 6 años de su vida ya se interesaba por la música, no fue sino hasta los 14 que comenzó su historia dentro de esta disciplina, ello a raíz de un concurso de canto amateur, en el cual su voz lo hizo ganador del primer lugar, sin imaginar que este sería el primero de muchos reconocimientos que obtendría a lo largo de su vida.
En 1963 sufre un fuerte golpe en su vida tras la muerte de su madre de 47 años de edad, sin embargo, ese mismo año contrae nupcias con María del Refugio Abarca Villaseñor´, “Cuquita”.
Posteriormente, y en su afán de convertirse en un reconocido cantante, comienza a tocar en fiestas privadas y restaurantes, así como a la edad de 24 años se une al Mariachi Amanecer de México de Pepe Mendoza, y posteriormente al Mariachi de José Luis Aguilar.
Es así como posteriormente se muda a la ciudad de México con la finalidad de impulsar su carrera de cantante, por lo cual comienza a tocar las puertas de las principales compañías discográficas sin obtener resultados favorables; empero, no se da por vencido y continúa trabajando esta vez en la Famosa plaza de Garibaldi.
Con el objetivo de no rendirse y continuar esforzándose por conseguir su objetivo, es que en el año de 1966 la compañía discográfica CBS México (actualmente Sony Music) lo contrata para grabar su primer disco, con el cual comienza lo que hoy es un recopilado de más de 100 producciones discográficas y más de 65 millones de discos vendidos en el mundo.
Su voz ha sido y seguirá siendo escuchada en todo tipo de fiestas, ya que sin importar que se trate de niños, jóvenes y adultos su música sigue estando en el gusto de la gente, gracias a canciones tan memorables como “Tu Camino y El Mío”, “La Ley del Monte”, “Volver, Volver”, “Mujeres Divinas”, “Cruz de Olvido” y “El Rey”, entre muchas otras.
De igual forma, a partir del año de 1971 participó en diversas producciones cinematográficas, protagonizando más de 25 películas, entre las que se encuentran; “Uno y Medio Contra el Mundo”, “La Ley del Monte”, “Mi Querido Viejo” y “El Hijo del Pueblo”, por mencionar algunas.
Su trayectoria lo ha hecho merecedor de un gran número de reconocimientos nacionales e internacionales, tales como:
En 1977 recibe en Brownsville, Texas la distinción de “Mister Amigo” que se concede año con año a un mexicano prominente.
Las llaves de la ciudad de San Antonio, Texas en 1982.
Recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
En 1998 es incluido al Salón de la Fama de la revista Billboard.
En 2002 la Academia Latina de la Grabación lo nombró “Persona del Año”.
En 2008, el entonces gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, declaró el 12 de julio como día de honor al artista, (acto que se celebra cada año).
Asimismo, ha sido acreedor en diversas ocasiones de premios Oye, Billboard y Grammys, entre los cuales se han destacado “Mejor Álbum Ranchero” y “Artista Ranchero del Año”.
Con base a lo anterior, proponemos se rinda un homenaje al artista Vicente Fernández, un ídolo del pueblo, del cual su imagen quedará plasmada junto a los grandes de la música mexicana, que pos su pasión por la música ha puesto el nombre de México en alto, proyectándola a nivel internacional, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes de este género musical, sin duda un personaje obligado de mencionar al nombrar la música ranchera.
Es importante resaltar que su entrega a su público durante las más de cuatro décadas de trayectoria lo ha hecho destacar en los escenarios más importantes, entre los cuales se encuentran el Auditorio Nacional, la Plaza de Toros México, el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York, entre muchos otros.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión rinda un homenaje al intérprete de la música mexicana, Vicente Fernández, por sus más de 45 años trayectoria artística, con la cual ha dado a conocer por todo el mundo la música regional mexicana, colocando el nombre de México en alto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.
Diputado Salvador Arrellano Guzmán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a garantizar el cumplimiento de las normas, las políticas, las actividades y los elementos técnico-administrativos vigentes para la adecuada atención de los pacientes con enfermedades lisosomales, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Beatriz Yamamoto Cázares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición:
Consideraciones
En el país, el derecho a la protección de la salud está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud y en la normatividad jurídica que se desprende de esta última. Para garantizar este derecho, el Estado mexicano ha integrado el sistema nacional de salud, constituido por las dependencias y las entidades de la administración pública, tanto federal como local.
En el sistema nacional de salud sobresale por su historia, trabajo y esfuerzo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A 70 años de su creación, es responsable de la salud y seguridad social de sus 58 millones de derechohabientes y de 12 millones de beneficiarios del programa IMSS-Oportunidades. En un día típico, según se reporta, el IMSS atiende 500 mil consultas, 200 mil niños en guarderías, 50 mil urgencias y 4 mil intervenciones quirúrgicas.
Las prestaciones y los servicios que el IMSS otorga en los diferentes niveles de atención médica en que se organiza su sistema de unidades médicas son esenciales para procurar el bienestar físico de los derechohabientes, así como para prolongar y mejorar su calidad de vida. Destacan las prestaciones y los servicios que se ofrecen en el tercer nivel de atención.
Este nivel, donde se atienden las enfermedades de mayor complejidad, está constituido por unidades médicas de alta especialidad (Umaes), que cuentan con capacidad tecnológica y máxima resolución diagnóstica terapéutica. De acuerdo con cifras del IMSS, en el tercer nivel de atención se tienen 25 Umaes y 11 unidades médicas complementarias.
Como se ha dicho, las Umaes ofrecen servicios para la atención de patologías de alta complejidad diagnóstica y terapéutica. Entre estas patologías se incluyen las enfermedades raras (lisosomales).
Estos padecimientos, conocidos como “enfermedades huérfanas” o “de baja prevalencia”, se presentan sólo en 5 de cada 10 mil personas. Tienen origen genético y, de no tratarse de manera oportuna, conllevan un alto peligro de invalidez crónica y de muerte. Los síndromes de Hurler, Hunter, Gaucher y Fabry son algunos ejemplos.
El diagnóstico de las enfermedades lisosomales es complicado debido a que las manifestaciones clínicas se confunden fácilmente con otras patologías. Hay no obstante signos claros asociados a estas enfermedades: agrandamiento de órganos como el hígado, afectaciones neurológicas y musculares, declinación de la función cardiaca, alteraciones faciales y pérdida auditiva, entre otras.
Los efectos de estas enfermedades pueden aminorarse, e incluso revertirse, a través de un diagnóstico temprano y una atención continua. El tratamiento se imparte mediante una terapia de reemplazo enzimático donde se inyecta, vía intravenosa, la enzima faltante en el organismo.
El IMSS realiza grandes esfuerzos para dar servicio de calidad a los derechohabientes; sin embargo, persisten barreras relacionadas con la atención que el instituto brinda a los enfermos lisosomales.
El primer obstáculo que enfrentan los pacientes lisosomales es la falta de un diagnóstico oportuno. Según la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento en Enfermedad de Fabry del IMSS, un paciente con enfermedad de Fabry, y en general un enfermo lisosomal promedio, visita a 8 especialistas y puede tardar meses o hasta años antes de recibir un diagnóstico correcto.
Una vez identificada la enfermedad, los pacientes se enfrentan a otro problema. Para tener acceso al tratamiento, esperan la aprobación del IMSS, que tarda entre 9 y 12 meses. A lo anterior hay que agregar que para recibir la aprobación es necesaria la valoración del grupo de expertos en enfermedades lisosomales.
Adicionalmente, los derechohabientes del IMSS a quienes se ha diagnosticado alguna enfermedad lisosomal y se les ha aprobado el tratamiento con reemplazo enzimático sufren con frecuencia la interrupción de sus tratamientos o reciben subdosificaciones. La privación parcial o total del tratamiento acarrea perjuicios graves a la salud y expectativa de vida de los pacientes lisosomales.
Las barreras que enfrentan los enfermos lisosomales derechohabientes del IMSS son contrarias a lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el efectivo derecho a la salud de todos los mexicanos. Consideramos necesario que se tomen las medidas pertinentes para que el instituto garantice el cumplimiento puntual de las normas, políticas, actividades, elementos técnicos y administrativos vigentes para la adecuada atención de los pacientes con enfermedades lisosomales.
Por lo expuesto me permito presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a garantizar el cumplimiento puntual de las normas, las políticas, las actividades y los elementos técnico-administrativos vigentes para la adecuada atención de los pacientes con enfermedades lisosomales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.
Diputada Beatriz Yamamoto Cázares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sectur y de la SCT a realizar programas y acciones conjuntos para el desarrollo del aeropuerto internacional de Cuernavaca, Mariano Matamoros, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Maricela Velázquez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
México cuenta actualmente con 112 aeropuertos, los cuales se clasifican en nacionales, internacionales, estaciones aeronavales y base aéreas, etcétera, siendo los más importantes los de las ciudades de México, Veracruz, Villahermosa, Culiacán, Mérida, Hermosillo, Tijuana, Cancún, Guadalajara y Monterrey; los cuales concentran en su conjunto más del 75 por ciento de los millones de pasajeros que viajan cada año.1
Por otra parte, se estima de gran importancia para las entidades federativas el contar con por lo menos un aeropuerto internacional y/o nacional, ya que su existencia facilita las posibilidades de incrementar de forma substancial el turismo en dicho estado, así como la actividad económica.
Es menester para esta legislatura considerar los graves problemas por los que actualmente está pasando el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “Mariano Matamoros”, al cual en febrero de 2008 se le otorgaron las concesiones para su operación, por lo que en enero de 2009, bajo decreto presidencial, se le concedió la categoría de internacional, iniciando sus obras de modernización con una inversión de 213 millones de pesos. Para, posteriormente, en 2010 comenzar una segunda etapa de modernización con una inversión de 250 millones de pesos.2
Este aeropuerto cuenta con una superficie de 110 hectáreas aproximadamente y su plataforma para la aviación comercial es de 21 mil 180 metros cuadrados, tiene tres pistas de posiciones y una pista de 2.8 kilómetros de longitud apta para recibir aviones tipo Boeing 737 y Airbus 320, al igual que un estacionamiento para 77 lugares y un servicio de transporte terrestre.
Desgraciadamente, y a pesar de las remodelaciones, la inversión y la modernización con la que cuenta, en 2012 la línea aérea Volaris suspendió sus vuelos a Tijuana. Posteriormente, Vivaaerobús canceló sus rutas a Monterrey y Cancún, por lo que en el mes de agosto se quedó sin vuelos comerciales, contando actualmente con vuelos privados y una escuela de aviación. Este se trasforma en un severo problema económico ya que la escuela aérea no aporta un peso a dicho complejo, mientras que los vuelos privados tan sólo dejan 1500 pesos cuando levantan vuelo y de los 11 locales comerciales, tan sólo se rentan dos,3 lo cual causa severas perdidas millonarias al estado.
Derivado de lo anterior es que se deben tomas las medidas pertinentes para desarrollar los servicios aéreos en dicho complejo, ello con el fin de no causar graves problemas económicos al estado y subsecuentemente que el aeropuerto no llegue al abandono.
Es en este sentido que, preocupados por la economía y el turismo del estado, en relación con el aeropuerto internacional de Cuernavaca, se propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaria de Turismo, Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas, y de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Mtro. Gerardo Ruiz Esparza, para que de forma conjunta y dentro del ámbito de sus respectivas competencias, elaboren programas y tomen las acciones pertinentes para rehabilitar las funciones del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “Mariano Matamoros” ubicado en el municipio de Xochitepec, estado de Morelos.
Notas
1 http://de10.com.mx/mas-seguros/2013/los-10-aeropuertos-favoritos-de-los -viajeros-mexicanos-17051.html 28 de noviembre de 2013 17:49 horas.
2 http://www.aeropuertosmexico.com/content/view/235/337/ 28 de noviembre de 2013 18:03 horas
3 http://www.zonacentronoticias.com/2013/10/no-levanta-el-vuelo-el-aeropu erto-de-cuernavaca-ya-se-quedo-sin-vuelos-comerciales/ 28 de noviembre de 2013 18:16 horas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.
Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover el proceso de acreditación de los establecimientos de salud para ampliar la red del sistema de protección social, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Beatriz Yamamoto Cázares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición.
Consideraciones
En los últimos años en México se han logrado avances importantes para alcanzar un efectivo derecho a la protección de la salud. Uno de ellos es el Sistema de Protección Social en Salud, comúnmente llamado Seguro Popular, cuya entrada en vigor el 1° de enero de 2004 ha permitido que la población sin un vínculo formal en el mercado laboral tenga acceso a los servicios de salud.
Aun cuando se ha logrado mucho en aras del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la situación social y económica que atraviesa nuestro país nos obliga a redoblar esfuerzos para responder eficaz y oportunamente a los retos en materia de salud. Uno de ellos está relacionado con la necesidad de ampliar la red del Sistema de Protección Social en Salud para lograr que el mayor número de mexicanos se beneficien de los servicios que se ofrecen dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) y el Fondo de Gastos Catastróficos.
En la medida en que exista mayor acceso a los servicios de salud del Seguro Popular, se estará impulsado el progreso y desarrollo social. Este es un motivo por el cual el fortalecimiento de acciones enfocadas a la atención de las demandas de la población, particularmente de aquella en situación de pobreza, adquiere un papel preponderante.
Para ampliar la red de prestadores de servicios del Sistema de Protección Social en Salud, en la Ley General de Salud se ha establecido un mecanismo de evaluación que permite incorporar a los establecimientos de salud dentro del Seguro Popular. A través de este mecanismo, denominado Acreditación, se evalúa un establecimiento de salud, fijo o móvil, para determinar si cumple un conjunto de criterios o estándares de capacidad, calidad y seguridad, necesarios para proporcionar los servicios definidos en el Causes y en el Fondo de Gastos Catastróficos.
Como coordinadora del Sistema Nacional de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, por medio de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, realizar y promover el proceso de Acreditación en todo el país. Su compromiso es, en este sentido, fundamental para lograr que más mexicanos gocen de los servicios de salud del Seguro Popular, sobre todo de aquellos definidos dentro del Fondo de Gastos Catastróficos.
Este fondo tiene una gran importancia ya que se encarga de proteger a las familias no aseguradas ante enfermedades catastróficas. Una enfermedad catastrófica, cabe señalar, es aquella cuyo costo, derivado de tratamientos y medicamentos, es muy alto. Debido a su grado de complejidad y a la baja frecuencia con que ocurren, las enfermedades catastróficas son definidas y priorizadas por el Consejo de Salubridad General.
Una de las 17 variedades de enfermedades catastróficas que atiende el Fondo de Gastos Catastróficos son las enfermedades lisosomales en menores de diez años. Estos padecimientos, también conocidos como enfermedades raras, se definen como aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Se considera enfermedad rara aquella que sólo prevalece en 5 de cada 10 mil habitantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen alrededor de 7 mil enfermedades raras que vulneran la salud del 7 por ciento de la población mundial.
De todas las enfermedades raras, las lisosomales son enfermedades geneticohereditarias, que se transmiten de padres a hijos. Se caracterizan por la deficiencia de alguna enzima lisosomal o de las proteínas transportadoras de la membrana del lisosoma. Como consecuencia de dichas deficiencias se almacenan moléculas complejas de forma intralisosomal, produciendo graves y crecientes alteraciones orgánicas y funcionales de los órganos afectados, provocando altos niveles de morbilidad y mortalidad entre quienes las padecen. Según la OMS, existen 28 enfermedades lisosomales.
En México, los menores de 10 años que padecen alguna enfermedad lisosomal y que se encuentran afiliados al Seguro Popular deben acudir a alguna de las unidades médicas acreditadas para recibir el tratamiento apropiado. Sin embargo, en todo el país sólo existen 18 establecimientos que cumplen con el proceso de Acreditación, lo que limita el alcance efectivo de los servicios de salud. La situación de los pacientes con enfermedades lisosomales se complica aún más porque el traslado de los enfermos a los establecimientos de salud acreditados representa un gasto adicional e insostenible para sus familias.
Ante esta problemática, es necesario pugnar para que en los estados de la República Mexicana se cuente con más unidades médicas acreditadas que puedan ofrecer servicios de salud para pacientes lisosomales. Es ahí, en el nivel estatal, donde deben surgir las respuestas a las demandas de la población. Lo más oportuno, en este sentido, es trabajar para que la red del Sistema de Protección Social en Salud cuente, por lo menos, con un establecimiento de salud acreditado por cada una de las entidades federativas.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, promueva el proceso de Acreditación de los establecimientos de salud con el objeto de que se amplíe la red que integra el Sistema de Protección Social en Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.
Diputada Beatriz Yamamoto Cázares (rúbrica)
Con Motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI
El 14 de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón pronunciaba los Sentimientos de la Nación y en su punto 15 citaba: “que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud”.
Es lamentable que doscientos años después, México se encuentra lejos de lograr este anhelo de libertad y no discriminación, aún cuando nuestra Carta Magna en su Art.1 a la letra dice:
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzaran, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Por el contrario, pareciera que lo alentamos, perpetuamos y hasta permitimos se perfeccionen sus formas y es que la más moderna forma de esclavitud es, la trata de personas, misma que constituye un ataque frontal al derecho a la libertad.
De esta manera, hoy enfrentamos una realidad lacerante en la trata de personas, una expresión máxima de la violación a los derechos humanos que posiciona a nuestro país como lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, fundamentalmente de niñas, niños y mujeres, que son trasladados a otros territorios nacionales e internacionales, para ser sujetos de explotación sexual y laboral, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Es indudable, que actualmente el Estado Mexicano enfrenta diversos retos en esta materia, ya que la trata de personas no es otra que le reedificación de la esclavitud, por lo cual con motivo del Día Internacional para la abolición de la esclavitud; nos corresponde como sociedad redoblar esfuerzos y unimos para lograr erradicar la explotación de seres humanos y con ello hacer de México un país de personas libres y en el cual no haya lugar a la comercialización de Seres Humanos.
La trata de personas, es sin duda una de las conductas que hoy en día más lastiman a nuestra sociedad y que atenta contra la dignidad de las personas privándola de los derechos más elementales.
Nuestra realidad social, vuelve a los seres humanos, clientes del consumismo y provoca un vacío de contenidos en valores y principios en los integrantes de una sociedad. Lamentablemente niñas, niños y adolescentes no quedan al margen de esa lógica de consumo, lo que se refleja en el informe mundial sobre la trata de personas de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del 2012, el cual reporta que los menores de edad representaron el 27 por ciento de todas las víctimas de trata detectadas a nivel mundial.
De este 27 por ciento, México provee un 35 por ciento de menores que se encuentran en situación de trata en sus diversas formas explotación tales como: explotación sexual, explotación laboral, matrimonios serviles, tráfico de órganos, mendicidad forzosa, convirtiéndolo en el primer lugar a nivel Latinoamérica en trata de menores.
Según datos proporcionados por la Organización Mundial del Trabajo, a nivel mundial 18.7 millones de personas fueron captadas con fines de explotación en el 2012 y de éstos, 14.2 millones sufren explotación laboral y 4.5 millones son víctimas de explotación sexual.
Ante este panorama, este 2 de diciembre de 2013, en el que se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, es ocasión propicia para pronunciamos en contra de la esclavitud que se vive en nuestro país, y en el mundo, seamos empáticos ante el dolor de quienes viven en esta situación y trabajemos en mecanismos de prevención y erradicación de todas las formas de existentes de este flagelo.
Brindemos a nuestra sociedad, no solo la esperanza de un país libre de esclavitud, trabajemos unidos con pasos firmes para que no exista en nuestro México un solo Estado y Municipio en el que se tolere la esclavitud, hagamos que esa esperanza sea una realidad que deje huella y alcance a nuestros predecesores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.
Diputada Leticia López Landero (rúbrica)