Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3760-VIII, martes 30 de abril de 2013
De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al director general del Instituto Mexicano de la Juventud
Honorable Asamblea:
La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada el martes 26 de febrero del 2013, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a fin de que designe al titular del Instituto Mexicano de la Juventud.
2. En la misma sesión celebrada el martes 26 de febrero de 2013 fue aprobada la proposición, por lo cual el secretario de la Mesa Directiva, diputado Xavier Azuara Zúñiga, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud para dictamen, mediante el expediente 1323”.
3. El miércoles 27 de febrero del año 2013, la Comisión de Juventud de la LXII Legislatura recibió la proposición con punto de acuerdo y con fundamento en el artículo 182, numeral I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.
II. Contenido de las proposiciones
La proposición con punto de acuerdo que envía el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene como finalidad lograr, a través de un exhorto al Ejecutivo federal, que se designe a la brevedad al titular del Instituto Mexicano de la Juventud, luego que desde el sábado 1 de diciembre de 2012 en que el licenciado Enrique Peña Nieto tomó protesta como titular del Poder Ejecutivo, aún no ha designado a quien habrá de coordinar los trabajos del organismo público descentralizado y que es el encargado de promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, es decir, el Instituto Mexicano de la Juventud.
III. Proceso de análisis
Según la Organización de las Naciones Unidas en el mundo hay –actualmente– más de mil millones de jóvenes, es decir, que poco más del 14 por ciento de la población mundial tiene entre 15 y 24 años, si consideramos el derecho comparado internacional para homologar las legislaciones mundiales sobre la edad que comprende el rango juvenil.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y al Censo de Población y Vivienda de 2010, en nuestro país, existen aproximadamente 36.2 millones de jóvenes, de los cuales 17.8 millones son hombres y 18.4 millones son mujeres. Así, los jóvenes de México conforman una tercera parte del total de la población mexicana.
Dicha cifra no puede ser tomada a la ligera y menos aún, cuando en el año de 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el primer Año Internacional de la Juventud, como seguimiento a esta declaración, entre el agosto de 2010 y el mismo mes de 2011 se decretó el segundo Año Internacional sobre el tema. Para el año 2010 la población joven en México representó casi el 32 por ciento de la población total, es decir, un tercio del país, nos referimos a 36.2 millones de jóvenes. En un contexto internacional sólo existen 34 países cuya población supera al número de jóvenes en nuestro país.
Para atender a un sector tan importante de la población en nuestro país, en el año 1999 el Ejecutivo federal creó una instancia encargada de atender a los jóvenes en nuestro país, mismo que denominó Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), que se constituye como organismo público descentralizado desde esa fecha. El Imjuve tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El Instituto Mexicano de la Juventud es el encargado de definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los 36.2 millones de jóvenes al desarrollo del país; de igual forma, el instituto propone al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias. Es decir, es el encargado de impulsar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los jóvenes mexicanos.
El tema de la juventud debe ser incluido en todas las agendas, por citar algunos datos que ocupan nuestra atención y esfuerzos, en nuestro país, la economía genera anualmente 300 mil empleos formales y sólo los jóvenes, requerirían 1 millón 200 mil, lo cual los obliga a pertenecer al sector informal, arrojando con esto, que 8 de cada 10 jóvenes en México obtienen ingresos de éste sector, lo cual desemboca en que la tercera parte de la población penitenciaria sean personas menores de 29 años por delitos de robo que en su generalidad no superan los 6 mil pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENJ-2010).
Desde el lunes 11 de febrero del presente año, el Instituto Mexicano de la Juventud no cuenta con director general que encamine los esfuerzos de la institución. Lo anterior frente a la renuncia del director general del Instituto Mexicano de la Juventud con efectos a partir del lunes 11 de febrero de 2013, que se había desempeñado en el cargo desde el 16 de febrero de 2011, y frente a la falta de designación de un nuevo titular por parte del Ejecutivo federal que lleva ya en funciones más de 100 días contados a partir de la toma de protesta.
Fuentes Bibliográficas
• Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
• Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
• Encuesta Nacional de la Juventud 2010, del Instituto Nacional de la Juventud.
IV. Consideraciones
La importancia del Instituto Mexicano de la Juventud en la materia, reside en el artículo tercero de su propia ley, que a la letra dice:
Artículo 3. El instituto tendrá por objeto:
I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano;
II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;
III. Proponer al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;
IV. Asesorar al Ejecutivo federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;
V. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;
VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y
VII. Fungir como representante del gobierno federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.
Cabe destacar tan sólo un par de cifras para entender que el tema de juventud debe ser prioridad y debe ser incluido en todas las agendas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 sólo 1 de cada 10 jóvenes dice participar en una organización civil; el 33.6 por ciento de jóvenes entre 15 y 19 años han iniciado su vida sexual; el 48.0 por ciento de mujeres entre 18 y 29 años han estado embarazadas y, el 16.3 por ciento de los jóvenes fuman actualmente. Por su parte la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 revela que más de la mitad de la población joven considera que no se respetan los derechos de los jóvenes. Asimismo, la Encuesta Nacional de Valores en la Juventud 2012, señala que el 52.2 por ciento de los jóvenes consideran que la principal condición para tener éxito en la vida es tener una buena educación. Sobra decir que las cifras son alarmantes y que se requiere de su atención y trabajo constante para ir erradicando los males que aquejan a nuestra juventud.
La labor que despeña el Imjuve no es menor, el tema de la juventud debe ser incluido en todas las agendas. A pesar de saber la importancia que representa dicha institución, a más de 120 días de entrar en funciones la nueva administración federal, el ejecutivo federal no ha designado al titular del Instituto Mexicano de la Juventud, tras la renuncia del ex director general del Imjuve con efectos a partir del lunes 11 de febrero de 2013.
No obstante al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de febrero, el cual establece que el Instituto Mexicano de la Juventud, pasa a ser un organismo sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social y con ello deja de pertenecer a la Secretaría de Educación Pública, al día de hoy, el instituto no cuenta con un director general que encamine los trabajos y esfuerzos del instituto, así como, con lo dispuesto en el artículo 12, de la ley del propio instituto.
Por lo anterior, conscientes de que las y los jóvenes son un actor fundamental en la construcción de un proyecto de nación que vaya más allá de ideologías, colores, partidos o intereses particulares, y para el correcto funcionamiento del Instituto Mexicano de la Juventud, esta Comisión de Juventud, considera que se debe designar a la brevedad al titular de esta dependencia y que además cubra con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como que la o el titular del Instituto cumpla con un perfil acorde a los fines que persigue dicha institución, es decir, una o un joven mexicano que conozca los problemas a los que actualmente se enfrentan los jóvenes mexicanos y cuente con la preparación para encaminar esta institución de orden federal.
Con base en las opiniones recabadas, y el análisis propio de la Comisión de Juventud, se llegó a lo siguiente:
Es sumamente importante designar a la brevedad a quien habrá de ser el titular de la instancia encargada de atender las necesidades de los jóvenes, dentro de las atribuciones que su marco legal le confiere.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Juventud somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que designe a la brevedad a la directora o director general del Instituto Mexicano de la Juventud y que ésta o éste conozca las problemáticas de la juventud mexicana y cuente con experiencia en la administración pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días de abril de 2013.
La Comisión de Juventud
Diputados: José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Heberto Neblina Vega (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel, Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica).
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que constituyan una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América, y promuevan su protección más allá de la reunificación familiar
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para análisis y dictamen correspondientes la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la SRE, del INM y del DIF que constituyan una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América.
Las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 157, 162, 173, 174, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 26 de febrero de 2013, la diputada Flor Ayala Robles Linares del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida entre estas dependencias de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.
Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.
Contenido de la proposición
La proponente asevera que el 6 de abril de 1992, México firmó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que tiene por objeto prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, regular los aspectos civiles y penales de éste y asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual.
Asimismo, afirma que dicho instrumento internacional fue ratificado el 29 de julio de 1994. La importancia de la ratificación, además de los efectos de su obligatoriedad, radica en el creciente y penoso protagonismo de México ante un complejo fenómeno migratorio que tiene en el tráfico de adultos y de menores una de sus vertientes más perniciosas, y vulnera sin piedad la dignidad humana, pues somete a las víctimas a niveles extremos de degradación, como en los casos de explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.
En ese sentido, detalla que el 27 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, el Observatorio de Trata de Personas sitúa actualmente a México en el segundo lugar mundial en la comisión del delito de tráfico de personas, superado sólo por Tailandia.
Asevera que, datos de la Procuraduría General de la República revelan que 18 entidades del país concentran 90 por ciento del tráfico de personas. Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados más afectados.
Abunda indicando un escalofriante reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que la trata de personas es uno de los negocios más despreciables y lucrativos del crimen organizado, cuyas ganancias anuales ascienden a más de 30 mil millones de dólares en el mundo. Sus víctimas son 4 millones de personas cada año, principalmente adultas, niñas y niños.
Reconoce que faltan políticas públicas y sociales que desactiven la complicidad y condenen la indolencia, que contribuyen y fomentan la comisión de este delito, y que además protejan y atiendan a las víctimas, en especial a niños y a adolescentes.
Manifiesta que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –en términos de lo señalado en el artículo 2o., fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano– es la dependencia encargada de proteger, de conformidad con los principios y las normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y de ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas demandas.
Señala también que entre los objetivos estratégicos y las líneas de acción del Instituto Nacional de Migración (INM), están colaborar en el combate de la trata y el tráfico de personas, garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, fortalecer y ampliar los grupos de protección de migrantes y establecer instrumentos de capacitación y supervisión a fin de que los servidores públicos del instituto respeten y tutelen los derechos humanos de los migrantes.
Abunda señalando que, los objetivos del DIF comprenden promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad en situación de riesgo o vulnerabilidad social, y difundir y promover el respeto de los derechos de la infancia, en coordinación con organismos internacionales, gobiernos, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.
Considera que el país demanda la implantación y homologación de protocolos que comprometan a las dependencias mexicanas encargadas de recibir a los menores repatriados a asumir una custodia con mayor sentido humano y a uniformar la normativa de los albergues que regulan la atención y la protección de los menores migrantes que se encuentran bajo la custodia del INM, del DIF o de albergues de asociaciones privadas.
En ese sentido, es necesario que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin compañía de un adulto desarrollen y compartan una base de datos integral donde queden registrados los que han intentado hacerlo.
Finalmente, manifestó que la base de datos deberá incluir, entre otros, la información biométrica, el objeto de su traslado y la situación de su detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de un país u otro, el lugar de origen, las ciudades y las rutas de acceso, los sitios donde ha sido detenido y repatriado el menor, el historial familiar y todos los que sea posible recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de niños y de adolescentes mexicanos sin compañía para, a su vez, determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlos.
En consecuencia, someten a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.
Consideraciones
Primera. Las comisiones dictaminadoras comparten plenamente la preocupación de la promovente por lo que consideran pertinente analizar el fenómeno con el fin de tomar una determinación al respecto. Sobre todo, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.
En este tenor, los legisladores de las comisiones dictaminadoras tienen presente que la Convención sobre los Derechos del Niño refiere en el artículo 10 lo siguiente:
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados parte de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 2 del artículo 9, los Estados parte respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente convención.
Así también, en la Ley de Migración, artículo 11, se establece:
En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.
En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.
Estas comisiones dictaminadoras tienen presente también, que la misma Ley, se encuentra establecido lo referente a la atención de los niños, niñas y adolescentes a través del DIF, por ello se establece:
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:
I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección;
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de esta ley;
III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes; y
IV. Las demás que señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Más adelante, también indica en el artículo 74 lo siguiente:
Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido.
En el reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado.
Segunda. La migración es un fenómeno social, en el cual intervienen múltiples causas de tipo económico, social, político y cultural; un problema mundial que se incrementa considerablemente cada día y que tiene repercusiones en la sociedad, la familia y de manera particular repercute en las mujeres, las niñas y los niños quienes tienen una participación cada vez mayor en el fenómeno.
Como sabemos, la migración infantil también día a día se está incrementando, sin que a la fecha se apliquen las medidas adecuadas que observen ante todo el interés superior de la infancia, los niños y niñas migrantes durante el recorrido para llegar a su anhelado destino, enfrentan engaños, maltratos, violaciones, son explotados e inclusive, se reportan casos de reclutamiento por la delincuencia organizada para cometer diversos delitos.
Tercera. Cifras que sin ser exactas, sí nos permiten acercarnos al conocimiento y al asombro por el nivel de omisión que representan, es así que en 2010, se conocieron 15 mil, 540 historias de niñas y niños mexicanos que intentaron cruzar a Estados Unidos sin lograrlo.
En 2011, el gobierno estadounidense entregó a nuestro país a 14 mil 237 niños migrantes no acompañados, de los cuales once mil 520 eran mexicanos y dos mil 717 de otras nacionalidades. La tendencia va en aumento y no sólo en México, por ejemplo en los primeros seis meses de este año Estados Unidos detuvo a 10 mil 5 niños, niñas y adolescentes no acompañados lo que representa más del doble que el año anterior.
Así también, un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicado en mayo del 2011, detalla que la mayoría de los menores son originarios de estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Sonora y Puebla. Noventa por ciento tiene entre 13 y 17 años.
Los niños y las niñas migran por varias razones que en muchos casos, dependen de sus condiciones de vida en su lugar de origen. Encontrándose entre ellas, el huir de situaciones de pobreza y pobreza extrema, la búsqueda de oportunidades fuera de su país. También se incluye los bajos ingresos, la falta de oportunidades educativas y laborales para las y los jóvenes, las familias desintegradas por la migración u otras razones, violencia intrafamiliar o contextos de alta violencia por parte de los grupos de la delincuencia organizada.
Cuarta. Ante esta problemática, diversas organizaciones sociales han demandado al Estado mexicano mejorar las condiciones de estancia en los centros de detención en tanto los niños y niñas son canalizados a las instituciones de infancia correspondientes.
Así como la implantación de mecanismos alternativos a la detención de la migratoria de niños, niñas y adolescentes que sean más efectivos y eficientes para proteger y respetar los derechos humanos de la niñez migrante.
Por ello, estas comisiones dictaminadoras estamos convencidas de la justeza y necesidad de la creación de la base de datos que plantea la diputada proponente en la que solicita que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin compañía de un adulto desarrollen y compartan una base de datos integral donde queden registrados los que han intentado hacerlo.
Dicha base de datos deberá incluir, entre otros, la información biométrica, el objeto de su traslado y la situación de su detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de un país u otro, el lugar de origen, las ciudades y las rutas de acceso, los sitios donde ha sido detenido y repatriado el menor, el historial familiar y todos los que sea posible recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de niños y de adolescentes mexicanos sin compañía para, a su vez, determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlos.
En razón de lo expuesto, las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida entre estas dependencias de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2013.
La Comisión de Asuntos Migratorios
Diputados: Amalia Dolores García Medina, presidenta; Raúl Gómez Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar, José Everardo Nava Gómez, Javier Filiberto Guevara González, Petra Barrera Barrera, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Luis Alberto Villarreal García, Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Salvador Ortiz García, Érika Yolanda Funes Velázquez, Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis (rúbricas).
La Comisión de Derechos de la Niñez
Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares (rúbrica).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pronunciarse por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las autoridades estadounidenses atiendan la opinión número 19/2005, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a cinco ciudadanos cubanos
Honorable Asamblea
A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión haga un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de Estados Unidos de América para se tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso, presentada por el diputado José Antonio Mendivil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción 1, 176 fracción 1, 182Ydemás relativos yaplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:
Antecedentes
En sesión del pleno del martes 19 de febrero de 2013, el diputado José Antonio Mendivil, del Grupo Parlamentario del PRO, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen correspondiente.
Contenido
Se propone que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los ciudadanos cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.
Metodología
La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen. También se consideraron los puntos de acuerdo que en años previos han sido aprobados sobre este tema tanto en el Senado de la República como en la honorable Cámara de Diputados.
Consideraciones
El proponente en su exposición de motivos destaca las siguientes consideraciones:
Que desde el año de 1998, los ciudadanos cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, han estado encarcelados en Estados Unidos de América por cargos relacionados con sus actividades como agentes de inteligencia del gobierno cubano y enfrentan, a partir del 2001, penas de prisión que van desde quince años hasta cadena perpetua, derivadas de un total de veintiséis cargos, entre ellos: actuar y conspirar para actuar como agentes no inscritos oficialmente de un gobierno extranjero; fraude y uso indebido de documentos de identidad; y, en el caso de tres de los acusados, conspiración para reunir y transmitir información sobre la defensa nacional.
Al respecto, menciona el promovente, el veintisiete de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la opinión número 19/2005, mediante la cual expresó que “La privación de libertad de los señores Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, es arbitraria, ya que quebranta el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ...”
Por otra parte, en marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un total de doce documentos de amigos de la Corte (amicus curiae), en apoyo a la petición presentada por la defensa de los cinco cubanos para que la Corte reexaminara el caso.
Por su parte, refiere que México ha manifestado previamente a través del Poder Legislativo, su interés porque este caso sea resuelto con estricto apego a la ley y con respeto pleno a los derechos humanos, mediante el punto de acuerdo presentado en el Senado de la República el veintiocho de septiembre de dos mil seis y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del veintiséis de febrero de dos mil nueve, ambos pronunciándose en el sentido de que las autoridades estadounidenses atiendan la referida opinión número 19/2005.
Agrega que, en octubre de 2010, Amnistía Internacional dio a conocer un informe sobre el caso, en el que concluye que: “La organización considera que los motivos de preocupación expuestos, combinados, suscitan importantes dudas en relación con la imparcialidad de las actuaciones que dieron lugar a su condena, en particular el efecto perjudicial de la publicidad sobre la causa en un jurado de Miami. Amnistía Internacional confía en que todavía sea posible que estas cuestiones se tengan debidamente en cuenta a través de los canales apropiados de apelación. Si el proceso legal de apelación no proporcionara resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”
Es importante señalar que René González, uno de los cinco hombres condenados a quince años de cárcel, fue autorizado en abril de dos mil doce, para encontrarse con su hermano gravemente enfermo de cáncer, en la isla cubana. No obstante, René González regresó a Estados Unidos a terminar de cumplir una condena accesoria de tres años de libertad bajo palabra.
Por lo anterior, esta comisión dictaminadora, aprecia que ante la posibilidad de que existan las referidas violaciones en los procesos que se les han seguido a los cinco nacionales cubanos, es pertinente emitir un exhorto para que el proceso que se sigue se realice con completo apego a derecho.
La comisión considera oportuno precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción X del artículo 89, establece que corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y para ello observar los principios normativos que la misma determina, entre ellos, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.
Por lo tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores considera procedente que el exhorto sea remitido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por los conductos diplomáticos pertinentes se pronuncie por que las autoridades de Estados Unidos de América tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Conclusiones
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones y argumentos jurídicos que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente
Resolutivo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con los nacionales cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González L1ort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo del dos mil trece.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares, Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Caria Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar –por la Procuraduría General de la República– al Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, una vez concluidos los procesos penales en desarrollo, la entrega al gobierno de México de los más de 2 millones de dólares detectados en las islas Bermudas a Javier Villareal, ex jefe del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América a que les sea entregada los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, presentada por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85,157, fracción I, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados
Antecedentes
1. En sesión del pleno del jueves 21 de febrero de 2013, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América les sean entregados los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila.
2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen correspondiente.
Contenido
Solicita que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América que les sean entregados los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila y, en el caso de que sean devueltos dichos recursos, sean destinados a cubrir la enorme deuda estatal que actualmente están pagando los ciudadanos de Coahuila.
Metodología
La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictamen. También, tomó en cuenta lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Consideraciones
El proponente señala que Javier Villarreal Hernández, quien se desempeñó como titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, tiene por lo menos tres procesos penales, uno en la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, otro en la Procuraduría General de la República por falsificación de documentos y uno más en Estados Unidos de América por lavado de dinero.
Asimismo, indica en su proposición que durante su encargo al frente del SAT de Coahuila, solicitó diversos créditos, sin contar con la debida autorización del Congreso, lo que contribuyó al endeudamiento del estado por más de 35 mil millones de pesos.
Menciona que el 28 de octubre de 2011, Javier Villarreal fue detenido por la Fiscalía General del de Coahuila y trasladado al Centro de Readaptación Social de Saltillo, Coahuila, acusado de simulación de actos jurídicos, sin embargo, fue liberado al día siguiente.
Asimismo, en febrero de 2012, fue detenido, en la ciudad de Tyler, Texas a 150 kilómetros de Dallas, acusado junto con su esposa de lavado de dinero al encontrárseles 67 mil dólares en efectivo en su automóvil.
Finalmente, indica que derivado de las investigaciones realizadas durante el procedimiento mencionado el Departamento de Justicia y el Servicios de Impuestos Internos de Estados Unidos de América, informaron en días pasados, que se habían detecto en las Islas Bermudas una cuenta por 2 millones 275 mil 544 dólares a nombre de Javier Vi11arrea1.
Al respecto, la Comisión de Relaciones Exteriores considera que el objeto de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen es adecuado, sin embargo, aprecia oportuno precisar que la fracción XI del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores intervenir, por conducto del procurador general de la República en los exhortos internacionales.
Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XI. Intervenir, por conducto del procurador general de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y
Por lo anterior, la comisión estima que resultaría eficaz modificar el texto de los resolutivos para quedar en uno sólo y, en primer lugar, determinar que la petición se realice una vez que se hayan concluido los procesos penales actualmente en desarrollo y determinado la culpabilidad del mencionado ex servidor público de Coahuila, en abono de la seguridad jurídica que debe revestir estos procedimientos y para que se establezca jurídicamente el origen de dichos recursos y la pertenencia de éstos al sector público mexicano. Asimismo, para que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores quien realice el exhorto, en coordinación con la Procuraduría General de la República, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Conclusiones
Por lo anterior, los integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones y argumentos jurídicos que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente
Resolutivo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo del dos mil trece.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Caria Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).
De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas una opinión donde se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa
Honorable Asamblea:
La Comisión de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la LXII Legislatura de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 26 de febrero de 2013, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas, y al Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que den respuesta a la demanda de regularización de vivienda de las familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas.
Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
Contenido de la proposición
Primero. El proponente, diputado Humberto Armando Prieto Herrera señala del artículo 4o. de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la vivienda digna y decorosa, asimismo cita la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que se refiere a que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, entre otros bienes la vivienda”
Refiere que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en los resultados del censo de vivienda y población de 2010, en México se tiene registro de 35.6 millones de viviendas (Sic), cifra que creció en los últimos diez años. Asimismo, menciona que en el país existen 5 millones de viviendas deshabitadas, siendo Tamaulipas el segundo lugar en porcentaje de viviendas en esta condición.
Segundo. Bajo este contexto señala que doscientas familias en estado de pobreza tomaron posesión de casas deshabitadas en el fraccionamiento Rincón de la Flores, en Reynosa Tamaulipas, y que solicitan el apoyo del gobernador para que se les otorgue facilidades para la adquisición de las mismas.
De igual manera el proponente hace referencia al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, citando lo siguiente:
...a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos:
• Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda;
• Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;
• Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales y,
• Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia.
Tercero. Menciona que no trata de legitimar la invasión de predios si no de llamar la atención del gobierno de Tamaulipas y del Ejecutivo federal para que se generen las acciones necesarias que den solución a la demanda de vivienda de 200 familias que tomaron posesión de diversas casas deshabitadas del fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas.
Cuarto. El punto de acuerdo propuesto por el legislador es el siguiente:
Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador de Tamaulipas y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de sus facultades y competencias den respuesta a la demanda de regularización de vivienda de las 200 familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa Tamaulipas o en su caso, instrumenten las acciones administrativas y de política pública necesaria para dotar a dichas familias de los mecanismos y facilidades para la adquisición de una vivienda digna.
Consideraciones
Después de haber analizado los antecedentes y contenido de la proposición vertidos en el dictamen que nos ocupa, esta comisión considera procedente aprobarla con cambios, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Primera. Esta comisión dictaminadora coincide con el objetivo del proponente en el sentido de dar respuesta a las necesidades de vivienda de la población para traducir en una realidad social el derecho constitucional contenido en el séptimo párrafo del artículo 4o. de la Carta Magna.
Segunda. Ahora bien, esta dictaminadora concluye que no tiene elementos de información suficientes para derivar un exhorto a la autoridad estatal y federal de referencia en la proposición en estudio.
Aunado a lo anterior, se estima aventurado que esta soberanía adopte una postura institucional respecto de una situación de la cual se pudieran presumir acciones ilegales, ya que el mismo proponente hace mención que “doscientas familias han sido orilladas por la extrema urgencia y principalmente sus condiciones de pobreza, a tomar la posesión de algunas casas deshabitadas...”
Tercera. De lo anterior y a fin de obtener mayores datos y elementos de información sobre el particular, se estima procedente solicitar una opinión a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos respecto de los hechos descritos en la proposición del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, lo anterior en concordancia con lo dispuesto por el artículo 10, fracción XVI, de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, que para su pronta referencia se cita textualmente:
Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas
Artículo 10.
1. Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones:
(Última reforma POE número 139 del 22 de noviembre de 2011.)
I. a XV. ...
XVI. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, emitiendo en su caso opinión ante las autoridades competentes;
XVII. a XXXIV. ...
Cuarta. Esta Comisión determina improcedente dirigir un exhorto tanto al Gobernador del Estado de Tamaulipas como al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno Federal, teniendo como antecedente una situación de la cual se pudieran deslindar responsabilidades y sanciones de tipo jurídico.
Aunado a lo anterior, se estima que de transitar en sus términos el exhorto se estaría violentando los principios del federalismo, plasmados en el artículo 40 de nuestra Carta Magna.
Quinta. Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en los hechos descritos en la proposición con punto de acuerdo presentada el 26 de febrero de 2013 por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera.
Segundo. Remítase el expediente al titular del gobierno de Tamaulipas y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del gobierno federal para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus atribuciones y competencias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2013.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Diputados: Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez, Hugo Sandoval Martínez, Carlos Sánchez Romero, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Diana Karina Velázquez Ramírez, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, BANOBRAS y CAPUFE, para eximir el cobre en la plaza 164 por la utilización del puento Carmen “El Zacatal”, ubicado en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que a través del Organismo Descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, procedan a la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del puente Carmen El Zacatal, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.
Estas comisiones legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la proposición que se menciona.
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto contenido en la proposición de referencia realizaron los integrantes de la comisión legislativa, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
1. En la sesión de fecha 7 de marzo de 2013, el diputado Jorge Rosiñol Abreu del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a nombre propio la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para que a través del Organismo Descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, procedan a la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del puente Carmen El Zacatal, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.
2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposicón que nos ocupa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II7-514.
3. Los diputados integrantes de dichas comisiones legislativas, realizaron diversos trabajos, a efecto de que contaran con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada proposición, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.
Descripción de la proposición
El diputado Jorge Rosiñol Abreu expone en su proposición que Campeche cuenta con gran variedad de recursos naturales, climáticos, culturales y económicos, lo que se traduce como una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.
De la sonda de Campeche, situada frente al municipio de Carmen, se extrae 80 por ciento del petróleo que exporta México, y es el paso obligado para conectar el norte de la república, desde Tamaulipas hasta el sur de Quintana Roo.
En todas las entidades de la república, el Estado mexicano garantiza el libre tránsito y procura el establecimiento de vías libres de peaje a efecto de dar opción a los ciudadanos de cada rincón del país, sin embargo, para los habitantes de la Isla del Carmen no existe esta posibilidad, ya que entrar o salir de la isla tiene un costo obligatorio.
El puente El Zacatal inició operaciones el 24 de noviembre de 1994 con el fin de unir la península de Atasta con la Isla del Carmen, tiene una longitud de 3 mil 861 metros y un ancho de 9 metros, es el más largo de Latinoamérica y uno de los más transitados del país; conecta con la carretera federal 180, la cual, a lo largo de la costa del Golfo de México comunica la ciudad de Matamoros, Tamaulipas con la población de Puerto Juárez, Quintana Roo, y sustituyó a la Panga o Ferri Zacatal que, previo pago de una cuota, transportaba a los viajeros de Carmen a Atasta, tiene un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 5 mil 092 vehículos, de los cuales 26 por ciento corresponde a vehículos de carga pesada de más de 7 ejes, lo cual deja de manifiesto que es un paso obligado de unidades de este tipo que se dirigen al resto de la península.
La cuota de la caseta de referencia es de 70 pesos para automóviles y camionetas, de 140 pesos para autobuses, de 225 a camiones y hasta 295 pesos para camiones pesados (según los ejes que posean), cobrando el eje excedente en 70 pesos.
La anterior es una cifra considerable si se toma en cuenta que el tiempo que se invierte en cruzar la caseta es excesivo derivado de que los habitantes de los municipios y comunidades aledañas deben cruzar frecuentemente por ella, a veces en más de cuatro ocasiones al día.
Por ello, el diputado Rosiñol Abreu argumenta que la economía de los residentes de Ciudad del Carmen ha sido gravemente afectada por los constantes incrementos en el peaje por el uso del puente Carmen Zacatal, ya que tienen la necesidad de transitar a diario por los puentes que comunican a la isla Tris con el resto de la península, al ser su única vía de acceso.
Los habitantes de Atasta y los de Carmen han mantenido desde tiempo atrás su postura de eliminar esta plaza de peaje, pues el costo que implica se ha convertido en una barrera que limita el libre tránsito y el libre comercio, afectando la competitividad de la región.
De acuerdo con los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2011, Carmen contaba con 39 mil 4 automóviles registrados en circulación, cabe hacer mención que a partir del primero de julio de 2001 entró en operación el programa de Residentes, el cual es un instrumento que permite la aplicación de factores de descuento sobre las cuotas establecidas en la política de cobro, a los usuarios que cumplen con la normatividad de residentes y contempla a los vehículos automotores que pertenezcan a la categoría uno, esto quiere decir que están incluidos los automóviles, pick up, panel o motocicletas, pagando únicamente 50 por ciento de peaje.
Este programa tiene más de 11 años de operación y es poco funcional para los habitantes de Ciudad del Carmen, que al 25 de febrero del presente año están registrados únicamente 490 vehículos entre particulares y taxis, lo cual representa menos de dos por ciento del total de vehículos registrados en circulación.
Por tales razones, el diputado Rosiñol Abreu propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), para que se elimine la caseta de cobro situada a la altura de Ciudad del Carmen, Campeche, a fin de permitir el libre tránsito y flujo comercial a través de las vías terrestres de comunicación.
La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal cita en el artículo 30: “la secretaría podrá otorgar concesiones, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje”, y Ciudad del Carmen carece de una vía alterna, es el único acceso que tiene de norte a sur y es la única ciudad en la república mexicana que paga su entrada y su salida ya sea por aire, tierra y mar.
Consideraciones de las comisiones unidas
Primera. Las comisiones que dictaminan comparten el argumento de que Campeche cuenta con gran variedad de recursos naturales, climáticos, culturales y económicos, lo que se traduce como una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.
Asimismo, coinciden con el promovente en el sentido de que la economía de los residentes de Ciudad del Carmen es afectada por los constantes incrementos en el peaje por el uso del puente Carmen Zacatal, ya que tienen la necesidad de transitar a diario por los puentes que comunican a la isla Tris con el resto de la península, como su única vía de acceso, lo que tiene un efecto directo sobre su ingreso disponible, condiciones y volumen de los flujos comerciales.
Segunda. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, consideran importante manifestar lo dispuesto por el artículo 30 de La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que a la letra dice:
“Arti?culo 30. La Secretari?a (de Comunicaciones y Transportes) podra? otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; asi? como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier ti?tulo por el gobierno federal. En este u?ltimo caso, las concesiones no podra?n ser por plazos mayores a 20 an?os. La secretari?a garantizara?, cuando haya vi?as alternas, la operacio?n de una libre de peaje.
...
...”
Tomando en consideración el texto legal citado, las que dictaminan consideran que no existe una justificación legal para la susbsistencia de la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen. Lo anterior, en razón de que la Ciudad del Carmen carece de una vía alterna, esto es, la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen es el único acceso que se tiene de norte a sur en esa región del país.
Tercera. Las comisiones unidas que suscriben, reconocen la importancia de contribuir al bienestar de los campechanos y de todos los mexicanos que se trasladan por esta importante vía de comunicación que conecta al norte del país con la península de Yucatán, mediante la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”. Lo anterior, ya que el costo que implica se ha convertido en una barrera que limita el libre tránsito y el libre comercio que afecta de gran manera la competitividad de la región.
Cuarta. Durante los trabajos de análisis y discusión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, los diputados Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Landy Margarita Berzunza Novelo y Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI; José Angelino Camaal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el propio Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN, representantes todos del estado de Campeche, aportaron valiosos argumentos encaminados a resaltar el derecho de libre tránsito que tutela nuestra Constitución política y el cual se ve vulnerado con la limitación que representa la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”. Tales argumentos son compartidos plenamente por estas dictaminadoras, por lo que los hacen suyos y acuerdan la aprobación de la proposición de referencia.
Quinta. Las comisiones unidas coinciden principalmente con los comentarios que los legisladores arriba mencionados expusieron durante la reunión de análisis. Por un lado, el diputado Rosiñol Abreu expuso el antecedente de que, ante las necesidades sociales y económicas de la población aledaña, el gobierno municipal de Ciudad del Carmen ha solicitado en ocasiones anteriores el apoyo del gobierno federal para que el 25 por ciento de los ingresos obtenidos por cuenta de la caseta de peaje en cuestión se destinara a obras de beneficio social en el municipio, sin que las gestiones hayan tenido éxito.
Incluso, argumentó que el costo por transitar hacia el interior o exterior del municipio es muy alto, ya sea para trasladarse a los servicios de salud o a comercializar los productos agropecuarios, es muy alto en comparación con otras ciudades del país, atribuyéndose este sobrecosto a la presencia de la actividad petrolera.
En su intervención, el diputado Camaal Mena, señaló que la plaza de cobro implica un alto impacto a la economía de las familias locales y de la región, al ser ésta la vía que comunica al estado de Tabasco con la península de Yucatán, representando una barrera que impide el flujo comercial y el desarrollo económico de la región, así como el desempeño de las actividades cotidianas de la sociedad.
Por su parte, la diputada Abreu Artiñano basó su análisis en el sentido de que la falta de accesibilidad es un problema añejo en el sentir de los pobladores de isla del Carmen.
Por otra parte, la zona donde se asienta la plaza de cobro 164 está compuesta de 7 comunidades que se dedican a la agricultura y a la pesca, actividades que hacen primordial que los productores se desplacen a la cabecera municipal de Carmen para comercializar sus productos, por lo que además de ser una limitación al derecho constitucional de libre tránsito, el pago de peaje para transportar las mercancías dentro de la zona constituye también un problema de carácter económico para la región de la Península de Atasta, Isla Aguada y para el estado de Campeche en general, que se comunican entre sí por el Puente Carmen “El Zacatal”.
Por ello, las comisiones que dictaminan consideran que la exención del pago de peaje a los pobladores de la región en comento, generaría mejores condiciones para el desempeño económico y las comunicaciones de los ciudadanos.
Sexta. De las consideraciones anteriormente expresadas, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, consideran prudente exhortar de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para que se valore la posibilidad de eximir del cobro en la plaza número 164, por la utilización del puente Carmen El Zacatal, en el kilómetro 165 de la carretera federal 180, en Campeche.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes que suscriben, someten a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, para eximir del cobro en la Plaza 164 por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicado en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.
Dado en la sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, en México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público
Diputados: José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), presidente; Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Sergio Torres Félix (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Guillermo Sánchez Torres, Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), secretarios; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Ricardo Anaya Cortés Escárraga (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Nuvia Magdalena Mayorga, Fernando Jorge Castro Trenti (Licencia), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Naime (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Federico José González Luna Bueno (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).
La Comisión de Transportes
Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), secretarios; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica).
De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores que hagan pública la información relativa a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos de América respecto a niños expatriados
Honorable Asamblea:
La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 1295 que contiene la proposición con punto de acuerdo para solicitar se hagan públicos los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos de América en materia de personas expatriadas, presentada por el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 de febrero de 2013.
Para efectos legales y reglamentarios, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3713-VII, del jueves 21 de febrero de 2013; en esa misma fecha la Mesa Directiva le dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.
En la exposición de las razones que motivan la presentación de la proposición, el diputado proponente expone su preocupación por el elevado número de menores centroamericanos, más de 40 mil anualmente, que migran hacia los Estados Unidos de América y que son repatriados, para los cuales, indica, no hay políticas claras ni instituciones eficaces que permitan enfrentar las problemáticas que enfrentan ni para garantizar su reintegración al núcleo familiar.
Al respecto, señala el proponente, diversos secretarios de estado de nuestro país se han reunido con autoridades federales y estatales norteamericanas para discutir este problema, sin que se hayan hecho públicos los acuerdos suscritos, para establecer una “...política corresponsable que incida en la reinserción familiar de las personas deportadas y, específicamente, de aquellos menores quienes, dejando atrás su patria y su familia, buscan mejores condiciones que les permitan elevar su calidad de vida.”
Con este fin, acompaña la proposición con dos puntos de acuerdo, en los siguientes términos:
Primero. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a las negociaciones que se han establecido con el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a los niños expatriados.
Segundo. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a los programas y acciones implementados para la reintegración familiar de los menores mexicanos y centroamericanos deportados por el gobierno de los Estados Unidos de América a nuestro país.
Consideraciones
Esta comisión dictaminadora comparte con el proponente la preocupación por la situación de las personas, especialmente las niñas, los niños y adolescentes, nacionales y de otros países, que se ven precisados a emigrar a los Estados Unidos de América, y que por su situación migratoria irregular son repatriados a nuestro territorio.
Se comparte, también, la preocupación por contar con una política corresponsable e integral con aquél país, para dar respuesta a las múltiples problemáticas que estas personas deben enfrentar, para la protección de sus derechos y la asistencia que requieran.
En el análisis realizado de la propuesta en el pleno de la comisión se expuso que tal situación no la viven únicamente infantes de Centroamérica y de nuestro país –reconociendo que son la gran mayoría- sino que también viven tal situación niñas, niños y adolescentes de Sudamérica, del Caribe e incluso de otras latitudes. Por ello consideramos que la redacción del Acuerdo Segundo debe excluir especificar la nacionalidad para así no dejar fuera a ningún infante, sabiendo que ese es el espíritu de la propuesta, por lo que la letra debe estar en armonía con la intención; además cambiar el término menores , por no ser pertinente, por el concepto adecuado.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Acuerdo
Primero. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a las negociaciones que se han establecido con el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a niños, niñas y adolescentes expatriados.
Segundo. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a los programas y acciones implementados para la reintegración familiar de niños, niñas y adolescentes deportados por el gobierno de los Estados Unidos de América a nuestro país.
Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.
La Comisión de Asuntos Migratorios
Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica).
De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo políticas públicas sobre cambio climático
Dictamen que emite la Comisión de Cambio Climático, de conformidad con lo establecido por el artículo 39, artículo 45 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal, para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático, al tenor de los siguientes
Antecedentes
• Que en fecha 7 de marzo de 2013, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal, para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.
• Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.
Contenido de la proposición
La diputada promovente, manifiesta la necesidad de concebir tanto legislación nacional como acciones internas suficientes para satisfacer de iure y de facto la implementación de políticas en tecnologías renovables así como aquellas encaminadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, reitera el compromiso o meta de nuestro país de reducir para el año 2020, el 30% de las emisiones con respecto a aquellas emitidas en el año 2000, y lograr que la reducción llegue a 50% para 2050.
Menciona que además de la implementación de la ley, se requiere que los tres órdenes de gobierno, trabajen conjuntamente para lograr los compromisos. Debiendo incluir e incentivar al sector social y privado en la participación directa en las políticas y mecanismos de tecnología renovable.
Hacen mención que el Programa Especial de Cambio Climático, deberá contener la planeación sexenal en cuanto a metas de adaptación y mitigación.
Sin un Plan Nacional de Desarrollo, incluyente que indique las directrices para alcanzar los compromisos en esta materia, será imposible concebir los mecanismos de implementación establecidos en la Ley General de Cambio Climático.
Destacando las actividades o políticas para evitar la deforestación, manejo de residuos, generación de energía limpia, transferencia de energía, homologación de los marcos jurídicos, así como la implementación de reglamentos.
Finalmente termina su presentación de argumentos al punto de acuerdo, solicitando se exhorte al Ejecutivo Federal a que integre de manera transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, políticas públicas que permitan cumplir con los compromisos y aspiraciones establecidos por la Ley General de Cambio Climático y por los Acuerdos Internacionales aprobados por México.
Consideraciones de la comisión
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con la diputada Proponente, en el sentido, de que se requieren de acciones para llevar a cabo los objetivos planteados en la Ley General de Cambio Climático.
Que no podemos dejar solo la parte legal, aislada de las acciones concretas y más aún cuando se requiere que estas mismas sean coordinada o llevadas a cabo por los tres órdenes de gobierno.
Es decir, debe verse al tema del cambio climático, como un tema global que requiere la participación de los diversos ordenes de gobierno, así como de los sectores interesados o involucrados en el tema, no obstante, también se requiere de la participación de la sociedad o individuos, toda vez que acciones pequeñas, hacen grandes cambios si se considera la integralidad.
Por otro lado debemos precisar que el Programa especial de cambio climático, estuvo vigente hasta el mes de noviembre de 2012, por lo cual, debemos buscar que los objetivos y metas contenidos en la Ley General de Cambio climático, persigan los mismos fines que los establecidos como principales ejes en el Pacto por México que dice:
Pemex como eje de la lucha contra el cambio climático.
Se hará de Pemex uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía.
(Compromiso 60)
2.4. Desarrollo Sustentable.
El cambio climático es un reto global que se debe enfrentar con responsabilidad y realismo. Es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que modifique nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume e incluso se desecha.
Para lograrlo, se realizarán las siguientes acciones:
• Transitar hacia una economía baja en carbono.
• Replantear el manejo hídrico del país.
• Mejorar la gestión de residuos.
Así mismo, debemos recordar que en el sexenio anterior, ya se establecían en el PND, en el Eje 4 Sustentabilidad Ambiental, en su apartado 4.6 Cambio Climático, el:
Objetivo 10
Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Que entre las estrategias a desarrollar se estipularon:
• “ Impulsar la eficiencia y tecnologías limpias (incluyendo la energía renovable) para la generación de energía”,
• “Promover el uso eficiente de energía en el ámbito doméstico, industrial, agrícola y de transporte”,
• Impulsar la adopción de estándares internacionales de emisiones vehiculares.
• Fomentar la recuperación de energía a partir de residuos.
Por último, en el anterior PND, se desarrollaron actividades tendientes a combatir el cambio climático, tal y como se establece en su Objetivo 11 , Impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.
Es por lo anteriormente expuesto, que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, debemos no exhortar, al Poder Ejecutivo a integrar políticas pública sobre el cambio climático, pero si consideramos prudente hacerle una atenta solicitud, para que en el proceso de consulta que se está llevando a cabo para recibir las opiniones de los diversos sectores o interesados, retome aquellas que propongan acciones de combate a este tema tan delicado y a la vez de continuidad a los ya establecidos en el pasado PND.
De esta manera los integrantes de esta Comisión dictaminadora, sometemos a consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo Federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre y de continuidad a las políticas públicas transversales sobre Cambio Climático, que permitan cumplir con los compromisos adquiridos en la Ley General de Cambio Climático y los Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por México.
Palacio Legislativo, a 2 de abril de 2013.
La Comisión de Cambio Climático
Diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Román Alfredo Padilla Fierro, Hugo Mauricio Pérez, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica en abstención), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).
De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Pesca fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 1330, mediante el oficio número DGPL 62-II-5-517, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 26 de febrero de 2013.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 157 fracción I; 180 numeral 2; y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
1. Con fecha 26 de febrero de 2013, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a esta Comisión de Pesca.
3. Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta citada, la Comisión de Pesca se avocó al estudio y análisis para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados con base en las siguientes
Consideraciones
Como la diputada proponente expone la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables vigente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2007, señalando en su artículo Primero Transitorio que la entrada en vigor de la misma se daría a los noventa días siguientes a su publicación. De igual manera, el artículo séptimo transitorio de dicho decreto mandata al presidente de la República a expedir el reglamento de la misma ley dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor. De lo anterior se desprende que éste debió expedirse a más tardar en abril de 2008.
Pese a lo anterior, a más de cinco años de vencido el plazo para tener el Reglamento, en su lugar se ocupa el Reglamento de la Ley de Pesca de 1992, norma jurídica actualmente derogada. Esta situación es grave toda vez que la Ley de Pesca de 1992 contaba tan solo con 30 artículos y si bien por medio de ella se pudo administrar por algunos años el sector pesquero, con el tiempo la realidad la fue rebasando.
La nueva ley instituyó una serie de instrumentos que no se encontraban contempladas en la Ley de Pesca de 1992, lo que ocasiona situaciones que son negativas tanto para los productores como para la preservación de los recursos pesqueros, e incluso para la misma autoridad.
La diputada proponente expone que para lograr un marco jurídico para un modelo productivo que tenga como principio “pescar preservando y preservar pescando”, la ley en comento instituye una serie de instrumentos que no se encontraban en la Ley de Pesca de 1992, como son
• El Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, cuya finalidad es fomentar las actividades que dan origen a su nombre, de forma integral, desde la captura o cosecha hasta el consumo.
• El Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola, Promar, pensado por el Legislativo como instrumento para promover la creación y operación de esquemas de financiamiento encaminados a la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología.
• La LGPAS incorpora un título específico en materia de acuacultura, en el cual se incluyen entre otros los siguientes instrumentos: la Carta Nacional Acuícola, los programas estatales de acuacultura y los planes de ordenamiento acuícola. Asimismo, se prevé la creación de las unidades de manejo acuícola y el procedimiento de aprobación para introducir especies no nativos en aguas continentales, este último tema ante la amenaza que representan las especies invasoras, lo cual es de vital importancia.
• El Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, donde participarán las autoridades competentes en la materia de los tres órdenes de gobierno y los productores.
• La LGPAS contiene sanciones más severas para los que infrinjan las normas jurídicas que rigen la actividad. Se posibilita la incorporación de los avances científicos y tecnológicos para la vigilancia, se transparentan los procesos interinstitucionales y, en el caso de las embarcaciones mayores, el capitán o patrón es sancionado por las violaciones que cometa contra los preceptos de la propia ley.
• La LGPAS establece que las decisiones de las autoridades relativas a la conservación, la protección, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas sean tomadas con base a la investigación científica, motivo por cual la Carta Nacional Pesquera pasa a ser vinculante en la toma de decisiones de la autoridad y se crea la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, coordinada por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.
• Por medio del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, y los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, se empodera a los productores, investigadores y académicos, al propiciar su participación en la toma de decisiones.
• Por ser una ley general distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, confiriendo facultades a estados y municipios en temas de importancia, como los referentes a la inspección y vigilancia, el diseño y aplicación de las políticas públicas en la materia normada en la ley, los instrumentos y los programas para la pesca y la acuacultura estatal.
Todos estos instrumentos y otros más, no están considerados en el reglamento de la ley de 1992, motivando varias situaciones que son negativas tanto para los productores como para la preservación de los recursos pesqueros e incluso para la misma autoridad.
Este vacío normativo se tradujo en la aplicación parcial, incompleta o nula de preceptos contenidos en la propia ley que tiene por finalidad el fomento y apoyo de las actividades acuícolas y pesqueras desde sus fases de producción hasta las de comercialización, con el consiguiente menoscabo del nivel de vida de los productores y sus familias, además de crear incertidumbre jurídica que desalienta la inversión, ya que los productores e inversionistas necesitan tener en claro cómo se instaurarán los programas considerados en la ley.
Lo mismo podríamos mencionar en cuanto a la conservación de los recursos pesqueros. Por no tenerse el multicitado reglamento, no se tiene claro cómo en la práctica se implantarán las medidas para cumplir este importante objetivo. Por ejemplo, la ley maneja, entre otras medidas, la posibilidad de la creación de las zonas de refugio, de los programas de ordenamiento pesquero y de planes de manejo, que ante la falta de un nuevo reglamento no se han instaurado con la precisión que merecen.
Las pesqueras y las acuícolas como actividades primarias dependen del correcto manejo de los recursos naturales sobre los que se basan; el deterioro de estos recursos también deteriora el nivel de vida de los pescadores.
De igual forma, las nuevas disposiciones para la inspección y vigilancia en la materia requieren su correcta reglamentación, como marcan los más elementales principios de la teoría del derecho. Por señalar un ejemplo, la ley en comento incorpora la posibilidad del empleo de nuevas tecnologías para estas funciones, situación no considerada en el viejo reglamento.
Por ello, hasta hoy la aplicación de la LGPAS ha sido parcial sin que se realicen a fondo las tareas que la misma mandata, lo que repercute de forma negativa en la competitividad, en el nivel de vida de los productores y en el manejo sustentable de las pesquerías.
Si bien la comisión dictaminadora tiene claro que por sus atribuciones es la Conapesca el órgano de la administración pública federal que elaborará el reglamento que motiva el presente punto de acuerdo, también se toma en cuenta que es el titular del Poder Ejecutivo federal, en los términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, el obligado a publicarlo.
Con base en los antecedentes y las consideraciones relacionados, la Comisión de Pesca somete a la consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Ejecutivo a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimento de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada el 24 de julio de 2007, publique con la mayor brevedad el reglamento de dicha ley.
Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, a 10 de abril de 2013.
La Comisión de Pesca
Diputados: Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Leopoldo Sánchez Cruz, Claudia Elena Águila Torres, Angélica Rocío Melchor Vázquez (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López, Salvador Ortiz García (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano.
De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a adoptar las medidas conducentes a garantizar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil de Telcel, filial de América Móvil, el 26 de enero de 2013
Honorable Asamblea:
Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, numeral 1, fracción VI, y 84, y en cumplimiento de lo establecido por los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, numeral 1, fracción I, y 180, numerales 2 y 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno el presente dictamen a partir de los siguientes antecedentes de trámite, método y consideraciones:
I. Antecedentes de trámite
1. En la sesión ordinaria del 12 de febrero de 2013 se dio cuenta al pleno de esta Cámara de Diputados de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a dar seguimiento a las quejas presentadas por usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía prestado por la empresa Telcel, filial de América Móvil, el 26 de enero del 2013, presentada por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turnar la proposición a la Comisión de Comunicaciones para dictamen, mediante oficio número DGPL 62-II-5-47, y expediente número 1246, recibido el 13 de febrero del 2013 en esta comisión que dictamina.
I. Método
Los legisladores que integran esta comisión procedieron a la investigación de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar acerca de su pertinencia y atingencia y proponer al pleno la presente resolución, teniendo a la vista y en cuenta las disposiciones administrativas y reglamentarias vigentes aplicables a la acción objeto del exhorto, determinando en primer término las atribuciones y la competencia de la autoridad a la que concierne, así como los lineamientos que regulan la prestación de servicios de telefonía móvil, a efectos de valorar la justificación del mismo. Una vez definido el contenido que se describe sucintamente, se identificó que el problema planteado en la proposición consiste en hacer exigible que la autoridad competente intervenga para resolver las deficiencias en la prestación del servicio que son imputables a los concesionarios y que producen daño generalizado a los usuarios, tal como se argumenta en las consideraciones.
III. Contenido de la proposición
La diputada proponente justifica el objeto del exhorto que propone haga esta Cámara a la autoridad competente en razón de la magnitud del daño causado a los usuarios suscriptores del servicio de telefonía prestado por la empresa concesionaria denominada Radio Móvil Dipsa, SA de CV, comúnmente conocida como Telcel, debido a las fallas registradas en su prestación incluida la suspensión durante un lapso de tiempo de más de 24 horas, daño que afirma fue resentido especialmente entre usuarios que habitan o realizan sus actividades en las delegaciones de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán en el Distrito Federal. La proponente afirma que la anomalía señalada fue confirmada y reconocida por el comisionado presidente en funciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la administración pública federal facultado por la ley en la materia para proponer la imposición de sanciones y medidas correctivas conducentes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones autorizados para prestar entre otros los servicios de telefonía móvil celular.
El hecho que motiva el acuerdo que se propone cobra relevancia en la medida en que se considera, de acuerdo con la exposición de la proponente, por un lado el tamaño del mercado de servicios de telefonía, medido por el número de usuarios y de otro lado, por tratarse de un daño causado por un operador incumbente con poder sustancial de mercado, cuya alta concentración económica en términos de los agentes económicos que concurren se traduce en una deficiente competencia económica, altos precios y baja calidad de los servicios en México, en comparación con países que como el nuestro integran también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La medida propuesta es justificada, en consecuencia, para hacer exigible que la autoridad proceda a frenar abusos hacia los usuarios y no quede impune el daño ocasionado a ellos, sentando el precedente de que se hace necesaria una vigilancia efectiva por parte de la autoridad competente.
IV. Consideraciones de dictamen
1. Esta comisión coincide en el criterio de la proponente y, en su criterio, el acuerdo propuesto es pertinente y se justifica plenamente, en razón de que la autoridad es competente y dispone de las facultades y atribuciones necesarias y suficientes para intervenir de manera estricta ante la anomalía o las irregularidades en la prestación del servicio y hacer exigible a los concesionarios el cumplimiento de las condiciones y términos estipulados en el título de concesión y las demás establecidas por las disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
2. En el criterio de esta comisión es inamisible que hechos como el que motivan el acuerdo para exhortar a la autoridad, queden impunes, sin fincar responsabilidad y, más aún, adoptar las medidas resarcitorias y preventivas para evitar que se repitan. Es claro que cuando se trata de un concesionario de telefonía que presta servicio a alrededor del 70 por ciento del total de los usuarios o consumidores del mismo, la magnitud del daño causado requiere de la intervención oportuna y eficaz de la autoridad que regula su funcionamiento y operación, con independencia de que no todos los afectados concurran a presentar su propia queja.
3. Esta comisión concluye que es procedente que esta Cámara haga un enérgico llamado a la autoridad competente para que, con oportunidad, eficiencia e imparcialidad, deslinde responsabilidad y comprometa brindar el debido seguimiento a las medidas para corregir y, en su caso, resarcir los daños provocados por las anomalías o irregulares en que se incurra en la prestación de los servicios de telefonía móvil celular.
Por lo expuesto, esta Comisión coincide en la pertinencia y atingencia del exhorto que se propone, y en congruencia somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a adoptar las medidas conducentes para asegurar que se brinde el debido seguimiento de atención de las quejas presentadas por los usuarios afectados por las fallas en el servicio de telefonía móvil prestado por la compañía Telcel, filial de América Móvil, el pasado sábado 26 de enero del 2013, así como a adoptar las acciones preventivas en el marco de la Ley y las disposiciones normativas aplicables en la materia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 16 de abril de 2013.
La Comisión de Comunicaciones
Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Martha Manrique Martha (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Alonso Raya (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Jaime Bonilla Valdés (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica).
De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a consolidar las áreas de servicio local correspondientes a Baja California
Honorable Asamblea:
Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, numeral 1, fracción VI, y 84, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 176, numeral 1, fracción I, y 180, numerales 2 y 3, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite, método y consideraciones:
I. Antecedentes de trámite
1. En la sesión ordinaria del 19 de febrero de 2013 se dio cuenta al pleno de esta Cámara de Diputados de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sean consolidadas las áreas de servicio local de telefonía correspondientes, por un lado a Tijuana-Tecate y, por el otro, a Tijuana-Playas de Rosarito, en Baja California, de manera que ya no sean consideradas de larga distancia, presentada por el diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turnar la proposición a la Comisión de Comunicaciones para dictamen, mediante el oficio número DGPL 62-II-3-453 y el expediente 1281, recibido el 20 de febrero de 2013 en la comisión que dictamina.
3. En la sesión ordinaria del 12 de marzo de 2013 se dio cuenta al pleno de esta Cámara de Diputados de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo la consolidación de las áreas de servicio local de telefonía en Baja California, presentada por el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez y suscrita por diputados por Baja California del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
4. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turnar la proposición a la Comisión de Comunicaciones para dictamen, mediante el oficio número DGPL 62-II-1-0737 y el expediente 1501, recibido el 13 de marzo de 2013 en la comisión que dictamina.
II. Método
La Comisión de Comunicaciones procedió al estudio y elaboración del dictamen determinando para, en primer término, proponer la resolución respecto de ambas proposiciones conjuntamente, en razón de que tienen el mismo objeto y corresponden al mismo tipo de intervención que se propone a esta Cámara adopte ante el asunto; otra razón para ese tratamiento y para el desahogo conjunto de las proposiciones reside en que la misma acción requerida corresponde a las mismas dependencias de la administración pública federal aludidas y, adicionalmente, el asunto respecto del cual se propone hacer el exhorto afecta a la misma entidad federativa del país.
La comisión verificó, en segundo término, que efectivamente las dependencias públicas destinatarias del exhorto que se propone, son competentes y responsables de resolver sobre el asunto, de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Para resolver sobre el asunto, la comisión, en tercer término, tuvo en consideración las políticas públicas y los programas de acción que la dependencia del ramo competente, a través del órgano regulador invocado, han desarrollado en materia de consolidación de áreas locales de servicio de telefonía en el territorio nacional, disponiéndose de información relevante y actualizada, como resultado de la reunión de trabajo que la comisión que dictamina llevó a cabo con el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la administración pública federal, el 9 de enero de 2013, entre cuyos asuntos tratados se destaca precisamente el relativo al estado que guarda, avances y problemas para proceder a la consolidación de áreas de servicio local de telefonía en el país.
Con base en tales tareas, los integrantes de la comisión que dictamina procedieron al estudio de los planteamientos de las proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar acerca de su pertinencia y atingencia y proponer al pleno la presente resolución, con base en el siguiente procedimiento y consideraciones:
III. Contenido de las proposiciones
1. Por lo que se refiere a la proposición descrita en el primer antecedente de este dictamen, el acuerdo propuesto es justificado por el proponente en razón de la afectación económica que han padecido los habitantes de Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana, Baja California, como resultado del precio cobrado por el concesionario que presta el servicio de llamadas telefónicas entre esos municipios, en los cuales se concentra, en conjunto, 55 por ciento de la población del estado, es decir la población conjunta afectada por este problema es del orden de 1 millón 751 mil 430 habitantes (de los que 101 mil 079 habitantes corresponde a Tecate, 90 mil 668 habitantes a Playas de Rosarito y 1 millón 559 mil 683 a Tijuana), de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda levantado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Cabe destacar el hecho, descrito por el proponente, de que el concesionario para brindar el servicio de telefonía en esta región, que comprende parte de Sonora y la totalidad de Baja California, es la empresa denominada “Teléfonos del Noroeste”, que es filial de Teléfonos de México y que inició el proceso de consolidación en 1998 sin que a la fecha lo haya concluido, de allí que el problema a resolver en este caso consiste en la afectación para la economía de las familias residentes, con el impacto social ya señalado, que pudo haber sido resarcido con bastante antelación, puesto que la autoridad es competente para determinar las áreas del país a las cuales corresponde integrar en el programa de consolidación de áreas de servicio local.
El objeto del acuerdo propuesto es, en último término, contribuir al desarrollo socioeconómico de la región, logrando beneficios para la mayoría de la población; a su vez, la consolidación constituye parte de los planes de desarrollo anuales y quinquenales de las empresas que brindan estos servicios, esta obligación tiene su fundamento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en los propios títulos de las concesiones otorgados.
2. En cuanto a la proposición presentada por los diputados por Baja California del PRI, en 1998, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió la resolución para que mil 464 grupos de centrales de servicio local se consolidaran en 397 áreas de servicio local, entendidas como el área geográfica al interior de la cual se presta el servicio local. Este proceso se ejecutó a lo largo de 3 años, desde 1999 hasta 2002.
Las áreas de servicio local de Baja California se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
1. El área de servicio local número 4 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 664 y comprende Tijuana.
2. El área de servicio local número 5 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 686 y comprende Mexicali y la población de la Rumorosa, excepto el área geográfica que contiene a las poblaciones de Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Benito Juárez. Hermosillo, Querétaro y Saltillo, que pertenecen a la ASL número 8.
3. El área de servicio local número 6 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 646 y comprende el área geográfica que contiene a las poblaciones de Ensenada, Maneadero, Ejido Esteban Cantú, La misión, Francisco Serrano, San Vicente y Valle de las Palmas.
4. El área de servicio local número 7 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 665 y comprende Tecate, excepto el área geográfica de la población de la Rumorosa y del Valle de las Palmas.
5. El área de servicio local número 8 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 658 y comprende el área geográfica que contiene las poblaciones de Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria, Benito Juárez, Hermosillo, Querétaro y Saltillo, en Mexicali.
6. El área de servicio local número 9 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 616 y comprende Ensenada, excepto el área que contiene las poblaciones de Ensenada, Maneadero, Ejido Estaban Cantú, La Misión, Francisco Serrano y San Vicente.
7. El área de servicio local número 395 cuenta con el número identificador de región o clave de larga distancia 661 y comprende Playas de Rosarito.
Ahora bien, según los proponentes, el 11 de enero de 2006, a fin de continuar atendiendo las solicitudes de consolidación de áreas, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió la resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local.
Ante esa resolución, las empresas Teléfonos de México, SAB de CV, y su filial Teléfonos del Noreste, SA de CV, promovieron sendos juicios de nulidad y obtuvieron la suspensión del acto reclamado, por lo que nunca se lograron ejecutar las consolidaciones que marcaba dicha resolución.
Frente a esta situación, dicen los legisladores, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el 28 de agosto de 2012, abrogó la resolución mencionada y solicitó el sobreseimiento de los juicios de nulidad, promovidos por las Empresas Teléfonos de México, SAB de CV (juicio 11/11-EOR-01-2), y Teléfonos del Noreste, SA de CV (juicio 11/11-EOR-01-2), ante la Sala Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado, del Tribunal Federal de-Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de estar en la posibilidad de continuar con el proceso de consolidación de las áreas de servicio local.
Por lo anterior, los diputados promoventes, proponen que la consolidación de las áreas de servicio local de Baja California considere la reducción de áreas de 7 a 4, con la siguiente distribución territorial:
1. Un área de servicio local que abarque Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, excepto la población de La Rumorosa y la de Valle de Palmas.
2. Otra área de servicio local que abarque Mexicali y la población de La Rumorosa.
3. Una tercera área de servicio local que contemple el área geográfica de las poblaciones de Ensenada, Maneadero, Ejido Esteban Cantú, La Misión, Francisco Serrano, San Vicente y Valle de Palmas.
4. Una cuarta área de servicio local que abarque las demás poblaciones de Ensenada, salvo las consideradas en el área de servicio local anterior.
IV. Consideraciones de dictamen
1. Esta comisión coincide en el criterio del proponente y cree pertinente realizar el exhorto solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que se atienda la problemática expuesta en el cuerpo de las proposiciones en estudio.
2. De igual forma, en el criterio de esta comisión que dictamina, la equiparación del actual servicio de larga distancia a servicio de telefonía local repercutirá en la elevación de la productividad de las empresas, del ingreso real de los hogares, como consecuencia de la reducción del costo de ese servicio, y en el mediano plazo en el dinamismo de la economía de la región que estos tres municipios constituyen, lo que además contribuye a reducir las disparidades del desarrollo entre ellos y otras zonas de ese estado.
3. Desde el punto de vista de la comisión que dictamina no es irrelevante considerar, para efectos de determinar la procedencia de la medida propuesta en el acuerdo, que el problema a resolver concierne a un servicio que satisface sin duda alguna una necesidad primaria cotidiana para la población, que tiene impacto en el ingreso-gasto de las familias y que repercute en el costo de las actividades económicas y productivas, de allí que al tratarse de un mercado relevante al que concurren un agente con poder económico sustancial, se justifica plenamente, en consecuencia, el establecimiento de las medidas establecidas en estos casos de la autoridad encargada de regular dicho mercado.
4. Cabe señalar que esta petición se ha venido realizando constantemente y como ejemplo podemos mencionar los puntos de acuerdo que presentó y promovió el diputado federal con licencia Fernando Castro Trenti el 6 de julio de 2011 y el 27 de septiembre de 2012, mediante los que se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se homologue el costo de las llamadas de las comunidades del valle de Mexicali que tienen la clave lada 658 y éstas sean consideradas llamadas locales.
Además, el pasado 19 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de esta comisión con similar temática, sentando así un precedente importante en la solución de esta problemática que afecta a muchos municipios en el país.
5. Por último, cabe destacar que así como no escapa a la comisión dictaminadora el hecho que el 20 de marzo de 2013, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó el anteproyecto para consolidar áreas de servicio local en el país, mediante el cual se espera pasar de 397 áreas de servicio local que hay actualmente a un total de 173, en un periodo máximo de 18 meses; tampoco se pasa por alto que dicho anteproyecto será enviado en los próximos días a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para el desahogo del proceso de mejora regulatoria, el cual incluye una consulta pública para recibir los comentarios de los interesados, por lo que todavía no surte sus efectos jurídicos plenamente y no se puede asumir que la materia del presente dictamen ha quedado atendida o superada de ninguna forma.
Es más, el presente dictamen busca que la Comisión Federal de Telecomunicaciones continúe impulsando la consolidación de las áreas de servicio local que así se considere prudente y que este proceso se realice lo más pronto posible.
Por lo expuesto, esta comisión coincide en la pertinencia y atingencia del exhorto que se propone, y en congruencia, somete a consideración del pleno de la Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se lleve a cabo con la mayor brevedad el proceso de consolidación de las áreas de servicio locales de Baja California, reduciendo así el número de claves de larga distancia en el estado y logrando que las comunidades cercanas, geográfica mente hablando, se comuniquen de manera más eficiente y económica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 10 de abril de 2013.
La Comisión de Comunicaciones
Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón (rúbrica), secretarios; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Landy Margarita Berzunza Novelo, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas, María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica).
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos locales a fortalecer y vigilar de manera responsable la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en los respectivos estados
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos estatales para que, de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados, presentada por el diputado José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. Con fecha 12 de marzo de 2013, el diputado José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.
Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.
Contenido de la proposición
El diputado proponente señala que ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, los gobiernos de los países del mundo, han fortalecido la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas al combate y sanción de diversos ilícitos, como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, que afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana.
En ese sentido, detalla que lo anterior exige, contar con un marco legal que contenga políticas públicas de prevención como de protección y asistencia a las víctimas, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes.
Informa que en los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García del estado de Nuevo León, acordaron la aplicación del programa “Código Esperanza” para la búsqueda inmediata de menores extraviados dentro de estos tres municipios.
Abunda indicando que este “Código Esperanza” tiene como base el programa Internacional Alerta Amber desarrollado en Dallas, Texas, Estados Unidos de América en 1996, por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija, con apoyo de la ciudadanía y medios de comunicación.
El diputado proponente considera que es necesario activar y fortalecer el Código Esperanza en todos del estados de la República para la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.
Así también, indica que este Código debe sumar todos los esfuerzos interinstitucionales, fomentando la coordinación y cooperación entre las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanos en general.
Añade que, al igual que la Alerta Ámber, el Código Esperanza debe sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos para ver, escuchar y apoyar en esta tarea, con la finalidad de promover acciones en conjunto con las autoridades, obteniendo así, una herramienta eficaz de difusión, que contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.
Los objetivos específicos de Código Esperanza serán:
1. Implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve a la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes con estricto apego al interés superior del niño y salvaguarda de sus derechos humanos.
2. Establecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y otros sectores involucrados, desde el ámbito de sus respectivas competencias, para la puesta en marcha de este Programa.
3. Potenciar la coordinación de acciones intra e interestatales, que permitan la inmediata recuperación de niñas, niños y adolescentes.
4. Crear un documento modelo para la implementación del Programa, en las 32 entidades federativas.
5. Capacitar al personal involucrado en la operación del Programa, con la finalidad de que adquieran conocimientos y habilidades para la pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes.
Abunda señalando que cada entidad federativa contaría con una Coordinación Estatal del Código Esperanza, que estará a cargo de la persona que designe el titular de la Procuraduría General de Justicia de cada Estado o Fiscalía respectiva, y fungirá para efectos del Protocolo como enlace Esperanza.
Agrega además que las funciones de dicha Coordinación Estatal serían en primer lugar, determinar los casos de la activación, actualización y desactivación del Código. En segundo lugar coordinar al interior de su territorio los diversos sectores participantes, así como conformar un Subcomité de Evaluación y Seguimiento y un Subcomité Consultivo y de Supervisión. De manera enunciativa pero no limitativa, los Protocolos Estatales deberán integrar a los homólogos de las dependencias de la Administración Pública Federal que integran el Programa Nacional. En tercer lugar, remitir el reporte correspondiente de cada caso activado a la Coordinación Nacional.
Para lograr los objetivos de dicho protocolo, es fundamental la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, organismos públicos autónomos, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, considerando siempre la inclusión de otros participantes que manifiesten su voluntad de adherirse al programa.
En consecuencia, someten a la consideración del pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Ejecutivos estatales para que de manera corresponsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.
Consideraciones
Primera . El artículo 1o. constitucional determina el principio de Convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es caso de la Convención de los Derechos del Niño.
De esta manera, los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales suscritos ratificados por México, se elevan a rango constitucional.
Asimismo, la reforma constitucional al artículo 1º establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.
Por otro lado, existe el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Con base en el anterior artículo constitucional se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Segunda . Existen diversos instrumentos internacionales que establecen el marco de principios y obligaciones relativos al principio del interés superior de la niñez, entre los que se encuentra; la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue suscrita y ratificada por el Estado Mexicano, misma que refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.
Dicha Convención establece en su artículo 3, lo siguiente:
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Así también, en los artículos 35 y 36 de la Convención se establece que;
Artículo 35
Los Estados parte tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.
Tercera . La Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, refiere en su artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:
A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.
B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.
C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.
Cuarta . Es necesario reconocer que aun cuando nuestro país ha logrado adelantos en favor de la infancia y la adolescencia, como el acceso a servicios esenciales de educación, salud, seguridad social y protección de derechos humanos, hay aún aspectos que lejos de ser solucionados representan mayor riesgo para nuestras niñas, niños y adolescentes. Específicamente, nos referimos al robo, secuestro y sustracción ilegal de menores que se ha convertido en un grave problema que se incrementa día a día.
En nuestro país no existen estadísticas oficiales del robo de niñas, niños y adolescentes, tampoco existen las instancias necesarias para que los familiares de estas niñas, niños y adolescentes que han sido robados denuncien y sean apoyados con agilidad para su localización, generalmente se atiende lo referente a las demandas de las personas desaparecidas o extraviadas después de transcurridas 48 horas, tiempo suficiente para que la niña, el niño o adolescente, si fue secuestrado, privado de su libertad, robado, o etc., pueda ser llevado a cualquier lugar de la República o del extranjero. De aquí la necesidad de implementar la Alerta Amber o Código de la Esperanza a nivel Nacional y monitorear cotidianamente su funcionamiento y correcta aplicación.
Al parecer, a ninguna autoridad le conviene tener datos precisos, si los hubiera sería una llamada de atención para la ciudadanía, y para ellos, ya que los evidenciaría socialmente de la existencia del problema y su falla en la previsión, atención y erradicación del mismo, comprometiéndoles a elaborar políticas públicas que llevarán a enfrentar multidisciplinariamente la solución a este problema social.
Se considera que las y los niños robados aparentemente son utilizados en adopción ilegal, explotación sexual y comercial infantil, para dirigirlos a las peores formas de trabajo infantil, e incluso hay quien afirma que para tráfico de órganos y drogas. De cualquier forma y cualquiera que fuera el fin de su sustracción, la desaparición de niños supone una vulneración de las garantías de seguridad que debe brindar el Estado a los ciudadanos, sobre todo porque pueden estar vinculados a otros delitos como el secuestro y explotación sexual infantil. Además de eliminar sus derechos humanos y en muchos casos verse sometidos a la moderna forma de esclavitud que es la trata de personas.
Quinta . La seguridad, los derechos humanos y la garantía del interés superior del niño requiere sin duda, necesariamente, que los Ejecutivos Estatales no sólo cumplan con Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino con los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de que implementen los programas y acciones necesarias para garantizar el pleno desarrollo y seguridad de la niñez y adolescencia del país.
Finalmente, ésta Comisión de Derechos de la Niñez considera que es necesario aprobar el exhorto del iniciante, ya que todo acto que incluya acciones que garanticen mayor protección y beneficio para las niñas, niños y adolescentes del país será recibida con beneplácito, pues la necesidad de mejorar sus condiciones de seguridad y calidad de vida de esta población, es un reto que debemos apostar a superar cotidianamente.
En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:
Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Ejecutivos Estatales para que de manera responsable, fortalezcan y vigilen la aplicación del Código Esperanza o su equivalente en sus respectivos estados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.
La Comisión de Derechos de la Niñez
Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez.
De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades a aplicar programas de educación sexual a menores de edad en las escuelas del país
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores en las escuelas del país, presentada por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. Con fecha 14 de febrero de 2013, el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de aplicar programas de educación sexual a menores en las escuelas del país.
Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.
Contenido de la proposición
El diputado proponente expone que, el pasado domingo 27 de enero del presente año, ingresó al Hospital de Occidente, localizado en Guadalajara, Jalisco, una niña cuya edad oficial es de 9 años, aunque existe presunción de que tal vez tenga entre 12 y 14 años efectivos. La menor se encontraba embarazada, y sorprendentemente la madre de esta niña, aseguro que ella no se había percatado de la situación sino hasta los siete meses de la gestación, actualmente se manejan 2 hipótesis respecto a la paternidad de la recién nacida, una es que fue su novio, y la otra que abuso de ella el padrastro con el que vivía. En cualquiera de los dos casos, el responsable podrá enfrentar cargos por diversos delitos como violación, corrupción de menores o abuso sexual.
Abunda el legislador indicando que diversas autoridades tanto estatales como municipales, han tratado de contactar a la familia para brindarles asistencia médica y psicológica, sin embargo, estos decidieron moverse de residencia al sentirse perseguidos.
Indica que según información proporcionada, en 2011 en Jalisco, 465 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, y a nivel nacional en ese mismo año, más de 182 mil adolescentes de entre 15 y 17 años tuvieron un hijo, de las cuales 11500 tenían entre 10 y 14 años de edad.
Señala también que, es claro que en México tenemos un alarmante rezago en el tema de educación sexual, un estudio realizado en julio de 2011, por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la honorable Cámara de Diputados, señalo que el 15% de la población de entre 12 y 17 años de edad, afirmó tener una vida sexual activa, y de los cuales el 84% la inició a los 15 años o antes.
Menciona que estos datos resultan preocupantes, además debemos también considerar que entre el 2000 y el 2011 la tasa de natalidad con madres adolescentes (hasta los 20 años), se ha incrementado más del 2%, pasando de 17.1 a 19.2, lo cual demuestra que no ha habido avance alguno en la prevención de embarazos no deseados entre adolescentes.
Reitera que de las 400 mil menores de 18 años que se embarazan cada año, 14 mil se ve en la necesidad de abandonar la escuela. Esto puede llegar a repercutir de manera definitiva en el aspecto económico de la adolescente. Recordemos también que según estudios realizados, el 67% de las hijas que nacieron con una madre adolescente, también tendrá hijos durante su adolescencia.
Alerta al mencionar que el embarazo a temprana edad no es ni siquiera la peor de las consecuencias que puede traer el iniciar una vida sexual desinformada, ya que una gran cantidad de enfermedades como la clamidia, sífilis, gonorrea, VPH, VIH entre otras muchas, solo pueden ser transmitidas por vía sexual, y de entre ellas el VPH y el VIH pueden tener consecuencias tan graves como la muerte.
Concluye señalando que, no podemos y no debemos permitir que la moral este por encima de un asunto de salud pública, tenemos el deber de fomentar los valores entre los ciudadanos, pero también de tomar las medidas necesarias para remediar un tema tan delicado como la poca información que se hace llegar sobre sexualidad a nuestro niños y adolescentes, fomentemos la educación sexual en todos los niveles, la cual ayudará a prevenir muchos embarazos no deseados o peor aún enfermedades de transmisión sexual.
Por lo anterior, de conformidad con lo expuesto somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades responsables de los tres órdenes de Gobierno, para que de manera inmediata se revisen, actualicen, amplíen y mejoren las secciones concernientes al estudio de la sexualidad en los cursos de educación básica.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Pública y al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que de manera conjunta apliquen un programa permanente de educación sexual en escuelas rurales de todos los niveles, a fin de que los todos los niños y adolescentes del país estén debidamente informados.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a que se incluya dentro del plan de estudios de la sexualidad en las escuelas primarias, un apartado en donde se enumeren y expliquen los delitos sexuales de los que los niños puedan ser víctimas.
Consideraciones
Primera . En la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º párrafos 8, 9 y 10 se establece que:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Segunda . Esta Comisión hace mención que México ha suscrito diversos Tratados Internacionales encaminados a mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes entre los que se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, y la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se reconoce, como el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia.
La Convención de los Derechos del niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, parte de reconocer que en todos los países del mundo hay niños y niñas que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños y niñas necesitan especial consideración.
Así, la propia Convención de los Derechos del Niño en su Artículo 19 indica;
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Tercera. Así también, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo conducente respecto a sus derechos, particularmente en los Artículos 4 y 11 que puntualmente señalan:
Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:
A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.
Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.
B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.
Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.
Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen.
Cuarta. Nuestro país cuenta con alrededor de 22 millones de personas entre los 10 y 19 años de edad, los cuales representan 19.6% de la población total, lo anterior, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, también se indica que, 11 millones tienen entre 15 y 19 años (9.8%).
Entre las adolescentes de 15 a 19 años, 82.8% son solteras, 16.0% están unidas y 1.0% lo ha estado alguna vez. La proporción de adolescentes unidas se ha mantenido estable en el tiempo, pues en 2000 eran el 16.2%. 686 mil 511 adolescentes, es decir 12.4%, tenían al menos un hijo nacido vivo al momento del censo,1 y seis de cada diez mujeres adolescentes reportaron no haber usado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Esta situación no sólo aumenta el riesgo de un embarazo no planeado, también el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH /sida.
A pesar de los avances logrados actualmente en el tema de salud sexual y reproductiva, aún es elevado y preocupante el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, esto representa un desafío para nuestro país.
Quinta. Como resultado del embarazo adolescente, es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades para lograr buenos empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia de la hija o hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación.
Asimismo, la prevención de la mortalidad materna en adolescentes se basa en la detección precoz de los grupos de mayor riesgo, y el adecuado tratamiento de la morbilidad obstétrica y perinatal, optimizando los recursos. De esta manera, los riesgos enfermar y morir, no serán un problema de la edad cronológica, sino de la calidad, cobertura y accesibilidad de los servicios de salud para las madres adolescentes.
Se considera que sería innecesario llegar a este punto, sí se contara con educación sexual desde los primeros años de la educación básica, se eliminara la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos, el que haya profesoras y profesores poco preparados y/o temerosos de versar sobre el tema con su alumnado y también por la cerrazón de gobiernos que obstaculizan políticas públicas en la materia.
Sexta. Esta comisión dictaminadora comparte plenamente la preocupación del iniciante por lo que considera pertinente analizar el fenómeno del embarazo adolescente, con el fin de tomar una determinación al respecto. Sobre todo, teniendo presente que para prevenir los embarazos en adolescentes es importante incorporar en la formación escolar la educación sexual, abordando el tema sin prejuicios y limitaciones para evitar que la falta de información sea un factor que impulse a las mujeres a ser madres desde temprana edad. Así como implementar en las escuelas campañas informativas y distribución de métodos anticonceptivos a toda la población demandante.
Por tanto, esta Comisión de Derechos de la Niñez considera de suma importancia llevar a cabo el exhorto propuesto para que las autoridades federales, estatales y municipales retomen su responsabilidad de impulsar campañas para prevenir embarazos, incrementar la promoción de uso de anticonceptivos y en sector salud, orientar a los padres niñas, niños y jóvenes adolescentes de la importancia de informarse y cuidarse adecuadamente cuando inician su vida sexual.
Finalmente, esta Comisión considera necesario hacer modificaciones a la propuesta del exhorto de la iniciante, especialmente al segundo resolutivo, ya que en el ánimo de materializar el espíritu de la propuesta se amplía a las escuelas de zonas urbanas, quedando las escuelas del país.
En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades responsables de los tres órdenes de Gobierno, para que de manera inmediata se revisen, actualicen, amplíen y mejoren las secciones concernientes al estudio de la sexualidad en los cursos de educación básica.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública, para que de manera conjunta apliquen un programa permanente de educación sexual en todas las escuelas del país a nivel educación básica, a fin de que los todas las niñas, niños y adolescentes estén debidamente informados.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a que se incluya dentro del plan de estudios de la sexualidad en las escuelas primarias, un apartado en donde se enumeren y expliquen los delitos sexuales de los que los niños puedan ser víctimas.
Nota
1 Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.
La Comisión de Derechos de la Niñez
Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez.
De la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, con punto de acuerdo por el cual se solicita al gobierno de Estados Unidos de América que incremente el número de elementos en las garitas para agilizar los cruces fronterizos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, se turnó para su estudio y dictamen, el día 2 de Abril del 2013, la proposición por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América, destine un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con México, a fin de agilizar los cruces fronterizos que han sido afectados como consecuencia de los recortes presupuesta les aprobados, en el lado americano, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.
En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, determinó turnarla a la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Contenido de la proposición
Los proponentes consideran que México cuenta con una extensión fronteriza con Estados Unidos de aproximadamente 3,200 kilómetros, los cuales abarcan a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas;
De igual manera, delinean las ciudades y los cruces fronterizos que existen en territorio nacional mediante lo siguiente:
Ciudades Fronterizas
(Estados Unidos)
San Luis (Arizona)/Yuma, Arizona
San Luis. Arizona
Lukeville, Arizona
Sasabe, Arizona
Nogales, Arizona
Naco, Arizona
Douglas, Arizona
Antelope Wells, Nuevo México
Columbus, Nuevo México
Santa Teresa, Nuevo México
El Paso, Texas
Presidio, Texas
Del Río, Texas
Eagle Pass, Texas
Webb Co., Texas
Laredo, Texas
Mission (Texas)
Hidalgo (Texas)
Pharr, Texas
Donna (Texas)
Progreso Lakes, Texas
Brownsville, Texas
Otay Mesa, California (Garita Este)
Calexico, California (Garita Este)
San Ysidro, California
Tecate, California
Calexico, California
Andrade, California
Ciudades Fronterizas
(México)
San Luis. Río Colorado (Garita II), Sonora.
San Luis Río Colorado, Sonora
Sonoita, Sonora
Sásabe, Sonora
Nogales, Sonora
Naco, Sonora
Agua Prieta, Sonora
El Berrendo, Chihuahua
Puerto Palomas, Chihuahua
San Gerónimo, Chihuahua
Ciudad Juárez, Chihuahua
Ojinaga, Chihuahua
Ciudad Acuña, Coahuila
Piedras Negras, Coahuila
Colombia, Nuevo León
Nuevo Laredo, Tamaulipas
Reynosa, Tamaulipas
Reynosa, Tamaulipas
Reynosa, Tamaulipas
Río Bravo, Tamaulipas
Nuevo Progreso, Tamaulipas
Heroica Matamoros, Tamaulipas
Tijuana, Baja California
Mexicali, Baja California
Tijuana, Baja California
Tecate, Baja California
Mexicali, Baja California
Los Algodones, Baja California
Los proponentes establecen que de acuerdo con estudios del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, tan solo el cruce anual por la garita de San Ysidro es de 13 millones 672 mil 329 automóviles, mientras que el número de pasajeros que se trasladan en dichas unidades ascienden a 34 millones 180 mil personas, demorando alrededor de 45 minutos en el cruce.
En los últimos días, se ha planteado por parte del gobierno de Estados Unidos de América, recortes automáticos en su presupuesto federal por 85 mil millones de dólares; generando un impacto en las agencias de Administración, Seguridad y Transporte, Servicio de Control y Migración, y el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza; lo que estaría arrojando un recorte aproximado de 3 mil 400 agentes de aduanas y protección fronteriza y 7 mil 200 oficiales de seguridad en el transporte; con ello se verán seriamente afectados los cruces fronterizos, esto ocasionará mayores tiempos de espera en los cruces entre ambos países; de igual manera, se verá afectado el comercio, ya que el 70% de este rubro entre México y Estados Unidos de América, asciende aproximadamente a 450 mil millones de dólares, el cual se realiza mediante transporte de carga, mientras que alrededor de un millón de personas cruza diariamente la frontera por trabajo, comercio o estudio. Asimismo, se están estableciendo reducción en fondos federales del gobierno de los Estados Unidos de América en Seguridad Fronteriza, Educación, Salud y Seguridad Pública, los cuales tendrán efectos negativos en la frontera con México.
Con el excesivo retraso en los cruces fronterizos de más de 4 horas, tan sólo en Tijuana, Baja California, se estarán perdiendo 25 millones 635 mil 616 horas hombre, mientras que en dinero representa 148 millones 686 mil 577 dólares y en días de trabajo son 3 millones 200 mil días de trabajo perdidos.
Concluyen los proponentes que en la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, de la Cámara de Diputados; diversos diputados integrantes de la misma abordaron el tema de la lentitud en los cruces fronterizos del norte del país y acordaron la realización de un proyecto legislativo que establezca la necesidad de dar celeridad a los mismos, mediante acuerdos binacionales.
Y proponen el siguiente punto de acuerdo:
Único. Que la honorable Cámara de diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América, a que destinen un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con México, con la finalidad de agilizar los cruces fronterizos, que han sido afectados como consecuencia de los recortes presupuestales aprobados, en el lado americano.
Consideraciones de la comisión
Esta comisión considera que la frontera México Estados Unidos, una de las de mayor movilidad y dinámica en el mundo, junto al desarrollo cotidiano de actividades de tipo económico y comercial, destacan el movimiento constante de habitantes mexicanos que realizan sus actividades de tipo laboral, educativo y de negocios, entre otras múltiples ocupaciones productivas y de actividad turística, en un entorno de Franja Fronteriza con extensión territorial de 2 678 569.1 kilómetros cuadrados.
Según los registros de la Secretaría de Gobernación, se cuenta con un total de 28 garitas de entrada y salida en operación, para ambas naciones que son consideradas bajo el control de sus respectivas autoridades, a saber del lado mexicano: San Luis Río Colorado (Garita II), San Luis Río Colorado, Sonoita, Nogales, Naco y Agua Prieta, Sonora; El Berrendo, Puerto Palomas, San Gerónimo, Ciudad Juárez y Ojinaga Chihuahua; Ciudad Acuña y Piedras Negras Coahuila; Colombia, Nuevo León; Reynosa-Puente Anzalduas, Reynosa-Hidalgo, Reynosa III, Río bravo, Nuevo Progreso y Heroica Matamoros Tamaulipas; Tijuana Chaparral, Tijuana Mesa de Otay, Mexicali I, Mexicali II, Tecate y Los Algodones estado de Baja California. A la par, con sus ciudades hermanas que corresponden a los estados Norteamericanos de California, Nuevo México, Colorado y Texas.
Según el Censo de Población y Vivienda del 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; así como su similar en Estados Unidos, Buró de Censos de Población y vivienda de Estados Unidos de América (US Census Bureau Population and Housing) 2010; contabilizan 90 745 131 millones de habitantes en este espacio geográfico. A su vez, datos econométricos indican que en su conjunto el Producto Interno Bruto de los 10 estados en línea superaban los 3 294 1040 millones de dólares en 2006; cifra que ubica a esta frontera en 4°. Lugar de la economía mundial (Op. Cit. Colegio de la Frontera Norte).
Según registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año fiscal 2012 en la frontera Texas-Ciudad Acuña-Matamoros ingresaron 2.7 millones de camiones cargueros y 18.9 millones de vehículos particulares.
Dentro del más próximo antecedente del punto, el destino del presupuesto del año fiscal 2012 en Estados Unidos, se aplicó como cabeza de sector dentro del Budget Home Security, una autorización de ejercicio presupuestal en un monto de $46.9 billones de dólares, con la siguiente distribución:
Programa Fondos en billones de dólares
Departament Operations $1.3
(Departamentos de Operaciones)
Office of The Inspection General $0.1
(Oficina de Inspección General)
Citizenship and Immigrations Services $0,4
(Servicios de ciudadanía e inmigrantes)
Secret Service $1.7
(Servicio Secreto)
Immigrations and Custom Enforcement $5.5
(Inmigración y control de aduanas)
Customs and Border Protection $10.4
(Custodia y protección fronteriza)
Transportation Security $5.1
(Securdidad de Transportación)
Federal Law Enforcement Training Center
(Centro de entrenamiento para la aplicación de Ley Federal) $0.3
National Protection and Programs Directorate $1.4
(Dirección de programas y protección nacional)
Coast Guard $8.7
(Guarda Costas)
No obstante al presupuesto, previamente descrito, el Gobierno de los Estados Unidos de América, decidió un recorte en los elementos de algunas agencias especializadas para la protección, custodia y seguridad de la frontera con México, incrementando de manera considerable el tiempo de cruces en las garitas establecidas a lo largo de la franja fronteriza entre ambos Países, mismo que se ha visto traducido en afectaciones para ambos lados de la frontera.
Todo ello, se vio reflejado el día 1 de marzo del presente año, mediante un comunicado que la cancillería Mexicana emite, notificando el recorte de 3 mil 400 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza por parte del Gobierno Estadunidense, ante la firma de orden por parte de Washington, de recortar presupuesto federal de 85 mil millones de dólares adicionales. Se agregó recorte de 7 mil 200 oficiales de Seguridad en el Transporte. Lo que ha llevado a provocar pérdidas considerables de todo tipo para ambas economías.
Esta dictaminadora, establece que con fecha 20 de Marzo del presente año, dentro de la 5ª reunión Ordinaria de la propia Comisión, se abordó la problemática que representaría este recorte en las afectaciones a lo largo de toda la franja de la frontera norte del País, estableciendo la preocupación de sus integrantes para abordar este tema y realizar el exhorto correspondiente para que el Gobierno Federal, interviniera con el Gobierno de los Estados Unidos de América, para que destinaran mayor número de elementos en las garitas de la frontera con territorio Nacional.
Resultado de esto, se diseño una proposición con punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que interviniera para tratar de disminuir la afectación prevista en el recorte presupuestal notificado el 1 de Marzo.
Es por ello, que este órgano Legislativo Federal, emite el dictamen correspondiente a la proposición previamente turnada por la Mesa Directiva y establece el siguiente:
Resolutivo
Único . Esta comisión resuelve que se considera viable el petitorio por el que se exhorta a la SRE, para que solicite al gobierno de los Estados Unidos de América, destinen un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con México, a fin de agilizar los cruces fronterizos que han sido afectados como consecuencia de los recortes presupuestales aprobados, en el lado americano, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.
Acuerdo
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América, para que destinen un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con nuestro País, a fin de agilizar los cruces fronterizos.
La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte
Diputados: Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), presidente, María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María del Carmen López Segura (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica), secretarios; Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz, David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Javier Treviño Cantú, Pedro Pablo Treviño Villareal, Martha Beatriz Córdova Bernal, David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica).
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, y a los gobiernos estatales, a los municipales y al del Distrito Federal a emprender campañas nacionales de concienciación ciudadana sobre el grafiti o arte callejero
Honorable Asamblea:
La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil trece, la Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.
Segundo. Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-II-6-0396, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.
Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/385 de fecha 22 de febrero de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.
Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 24 de abril de dos mil trece, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica, presentada por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo busca exhortar al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.
Tercero. Como antecedentes, la Diputada proponente refiere que el graffiti o arte callejero en México, se originó en la Ciudad de Tijuana, los cholos fueron los primeros en tomar estas formas de expresión propia del bando norte de la frontera, de los chicanos residentes allí.
Que es en Guadalajara, donde se afianzó con más fuerza el graffiti, instalándose la primera escuela de grafiteros mexicanos, asimismo, se crean los primeros estilos y formas de letras y firmas, propias de México con toques auténticos aztecas.
Que en otras ciudades donde creció con intensidad fueron Aguascalientes y la Ciudad de México. En particular en esta última, se dio en los barrios periféricos, zonas marginadas de la capital, con importante influencia de las pandillas instaladas en esos lugares, mediante una forma de expresión corriente de marcar sus nombres en las calles.
Refiere la diputada proponente, que en un primer momento el graffiti era barrial, los escritores pintaban en sus lugares adueñándose de ellos, con lo que marcaban su sello propio, no pintar en zonas ajenas era una especie de código al que todos se adherían, pintando en sus barrios y no en el de otros.
Asimismo, que las primeras expresiones del graffiti en México, son similares a las de Nueva York. Tags (es una marca con clase que delimita una región) y firmas en un principio, luego otras de mayor calidad y tamaño, hasta llegar a obras maestras y murales enteros.
Una de las particularidades en México, fue la de las crews (grupo de personas trabajando en conjunto) o pandillas de escritores. Las crews no son propias de México, sin embargo, son mucho más comunes que en otros lugares, siendo más habitual una firma o una obra identificada con una pandilla que con un solo escritor.
En la Ciudad de México se incrementó a partir del año 2000 con el graffiti ilegal, por estudiantes de nivel medio y nivel medio superior (entre 11 y 17 años), que pintan principalmente por baja autoestima, necesidad de reconocimiento, imitación, ocio e inconsciencia.
La diputada que formula esta proposición, comenta que si bien nace como un arte ilegal por realizarse en propiedades privadas y sin permiso, el verdadero grafitero no es un criminal, ni distribuye drogas, ni pertenece a ningún gang. Y que aún cuando se expone a “peligros”, en forma de fuertes multas y cortas sentencias de encarcelamiento que amenaza la realización de las grandes piezas, continúan fieles a la llamada del arte y necesidad de expresarse.
Por último, refiere que esta actividad es creciente en zonas urbanas y comienza a aparecer en zonas rurales. Cada vez también más fachadas con pintas que dañan exteriores de propiedades privadas y en ocasiones destrozan el patrimonio de determinados muebles, inmuebles, monumentos y calles históricas, por lo que animan esta proposición, el que haya espacios para expresión temporal del arte, para que éste no desaparezca de la sociedad, pero al mismo tiempo, separarlo del vandalismo.
Cuarto. Que es fundamental armonizar el derecho a la libre expresión consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el de la propiedad privada, su protección y salvaguarda; es decir, por un lado, considerar al graffiti como una expresión cultural entendiendo esta como el “estado resultante de actividades creativas de grupos y sociedades que posee un contenido cultural” y por otro lado, el derecho al uso y disfrute del bien propio en el que nadie podrá ser molestado.
Quinto. Que esta dictaminadora comparte la preocupación de la promovente en el sentido de que el gobierno deberá generar las condiciones para conciliar el derecho a la propiedad privada con el de la libertad de expresión desde una visión propositiva, sin que el primero criminalice “a priori” a quienes requieren de espacios para expresarse libremente y que deben ser encauzados a hacerlo en los lugares públicos que deben ser habilitados para tal efecto, a través de la concientización para que se recuperen espacios públicos que no son acordes para esta manifestación cultural y que se cuente con los lugares adecuados para el pleno desarrollo en libertad de esta actividad pues aunque se trate de una expresión cultural, también existen reglas de convivencia social que establecen el equilibrio y los límites entre dos derechos contrapuestos.
Por lo expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 24 de abril de 2013.
La Comisión de Cultura y Cinematografía
Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), secretarios; Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Blanca Jiménez Castillo, José Martín López Cisneros, María Beatriz Zavala Peniche, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica).
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades culturales de los diferentes órdenes de gobierno a restaurar y proteger el Kiosco Morisco
Honorable Asamblea:
La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del país, en ejercicio de sus atribuciones y tomando en cuenta los diferentes esquemas de participación, colaboración y coordinación intergubernamental y entre particulares, a restaurar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco.
Segundo . Con la fecha antes señalada, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 62-II-3-504, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.
Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/440 de fecha 1 de marzo de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.
Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el 24 de abril de dos mil trece, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades del país, en ejercicio de sus atribuciones y tomando en cuenta los diferentes esquemas de participación, colaboración y coordinación intergubernamental y entre particulares, a restaurar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo busca exhortar a las autoridades del país, en ejercicio de sus atribuciones y tomando en cuenta los diferentes esquemas de participación, colaboración y coordinación intergubernamental y entre particulares, a restaurar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco.
Tercero. Como antecedentes, el diputado proponente refiere que en la Ciudad de México existen diversos monumentos, los cuales mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se les considera patrimonio artístico.
Uno de ellos, denominado Kiosco Morisco, se puede encontrar en el centro de la Alameda de Santa María la Ribera, en el cruce de la calle Doctor Atl y Salvador Díaz Mirón.
Refiere el proponente que el paso del tiempo, la falta de cultura de respeto a nuestra historia y nuestros monumentos, y el abandono del que han sido objeto por parte de las autoridades, ha generado la preocupación de varios ciudadanos interesados en rescatar este monumento e infundir la relevancia cultural e histórica que representa.
Que la historia del Kiosco Morisco data de finales del siglo XIX y fue diseñado por el ingeniero José Ramón Ibarrola, para conformar el Pabellón de México en la Exposición Universal de 1884-1885 y la Feria de San Luis Missouri en 1902.
Que la estructura de este kiosco está conformada por varios arcos y columnas mudéjares, realizada completamente en hierro, material de construcción en boga en aquella época y que se piensa fue fundido en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en los hornos propiedad del magnate norteamericano Andrew Carnegie, el cual mantenía una relación de amistad con el diseñador del kiosco.
La estructura fue traída a México a principios del siglo XX, siendo instalada en el costado sur de la Alameda Central, frente al exconvento de Corpus Christi.
Que durante el tiempo que permaneció en ese lugar, fue sede de los sorteos de la Lotería Nacional. Sin embargo, durante las fiestas del centenario de la Independencia de México, el presidente Porfirio Díaz mandó construir en el lugar que ocupaba el Kiosco Morisco, el Hemiciclo a Juárez.
Por esta razón, los colonos de Santa María la Ribera hicieron la petición de que se colocara en donde es su actual ubicación, donde constituye un centro importante de reunión para diferentes actividades que van desde conciertos de orquestas, bandas populares, baile de salón, entre otras.
Que a pesar de que este monumento ha sido objeto de mantenimiento y restauraciones en diversas ocasiones, con el paso del tiempo, se ha perdido el interés y se ha descuidado acelerando su deterioro, asimismo, el vandalismo, el uso irresponsable de bicicletas, patinetas, instrumentos deportivos, la rapiña y el robo de algunas de sus piezas, han contribuido a ello.
Que debe hacerse un trabajo conjunto que revalore este espacio cultural, para que de esta manera se pueda dar a conocer la importancia que tiene el Kiosco Morisco como patrimonio no sólo de la colonia Santa María la Ribera, sino de la nación entera.
Cuarto. Para el estudio esta proposición, se debe considerar lo señalado por el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:
“Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales.” 1
En relación con lo arriba mencionado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, define a la conservación, como el conjunto de operaciones interdisciplinarias que tienen por objeto evitar el deterioro del patrimonio cultural tangible y garantizar su salvaguarda para transmitirlos a las generaciones futuras con toda la riqueza de su autenticidad. La conservación se integra con acciones preventivas, curativas y de restauración.
También precisa que la protección será el conjunto de acciones académicas, técnicas y legales que promueven la investigación, identificación (inventarios, catálogos y registros), conservación, resguardo, recuperación y difusión de los bienes culturales monumentales.
El mantenimiento, como el conjunto de operaciones permanentes que permiten conservar la consistencia física de los bienes culturales, evitando que las agresiones antropogénicas, físicas, químicas y/o biológicas, aumenten su magnitud en demérito del patrimonio cultural.
Y finalmente, la restauración, como el conjunto de operaciones y programas que actúan directamente sobre el bien. Estas actividades se aplican cuando el patrimonio ha perdido parte de su significado o características originales y se interviene de manera científica y rigurosa para transmitirlo a las generaciones futuras con toda la riqueza de su autenticidad. La restauración es la actividad extrema de la conservación.2
Para el caso que nos ocupa, la Alameda Santa María la Ribera, ubicada entre las calles de Manuel Carpio. Doctor Atl, Salvador Díaz Mirón y Jaime Torres Bodet, es una construcción que data del siglo XIX y que por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es considerada monumento histórico, conforme al artículo 36, fracción I: “los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.”3
En el centro de la Alameda Santa María la Ribera, en el cruce de la calle Doctor Atl y Salvador Díaz Mirón, se ubica el Kiosco Morisco, el cual se encuentra incluido en la relación del Instituto Nacional de Bellas Artes de Inmuebles con Valor Artístico.
En este sentido, el Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, estipula que la competencia de los poderes federales, dentro de las zonas de monumentos, se limitará a la protección, conservación, restauración y recuperación de éstas.
Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 38, fracción XXI, establece que corresponde a la Secretaría de Educación Pública la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia.
Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en su artículo 2, apartado B, numerales IV y V señala lo siguiente:
“Al frente de la Secretaría de Educación Pública estará el secretario del despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:
B. Órganos desconcentrados:
I. a III. ...
IV. Instituto Nacional de Antropología e Historia;
V. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;”4
En razón de lo anterior, se puede concluir que es facultad de la Secretaría de Educación Pública, a través de sus órganos desconcentrados Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en sus respectivas competencias, la implementación de acciones tendientes a la conservación, protección y mantenimiento del patrimonio cultural de la nación.
Quinto. Que el patrimonio cultural comprende las obras materiales y no materiales que reflejan los momentos históricos y artísticos de una nación, por ello, los integrantes de esta Comisión de Cultura y Cinematografía coincidimos con el diputado proponente en que es indispensable implementar acciones que garanticen el mantenimiento, la protección y la conservación del patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que con la competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se aboquen a restaurar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad llamado Kiosco Morisco.
Notas
1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
2. http://www.inah.gob.mx/academia/definiciones-tecnicas
3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
4. http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5f29a659-4363-41d8-b7d2 -f5886b9057c0/reglamento_interior_sep.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 24 de abril de 2013.
La Comisión de Cultura y Cinematografía
Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís, secretarios; Blanca Jiménez Castillo, José Martín López Cisneros, María Beatriz Zavala Peniche, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), María Carmen López Segura (rúbrica).
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con puntos de acuerdo para que se implanten medidas que protejan el centro histórico de Oaxaca de Juárez y el polígono de Monte Albán, declarados patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO
Honorable Asamblea:
La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
Primero. A la Comisión de Cultura y Cinematografía le fue turnado para su estudio y Dictamen, el expediente No. 1284 que contiene la Proposición con Punto de Acuerdo para implementar medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Albán, sitios declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, presentada por los Diputados Martín de Jesús Vásquez Villanueva, María de las Nieves García Fernández y Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de febrero de 2013.
Segundo. Mediante oficio No. CCC/LXII/385 de fecha 22 de febrero de 2013, la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la Proposición con Punto de Acuerdo, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.
Tercero. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 24 de abril de 2013, para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo para implementar medidas para proteger al Centro Histórico de Oaxaca de Juárez y al polígono de Monte Albán, sitios declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
Segundo. Que el punto de acuerdo propone exhortar al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a fin de que implementen las medidas necesarias para preservar la integridad territorial del polígono de Monte Albán, en el marco de un plan rector de reordenamiento urbano.
Asimismo, exhortar al director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el gobierno del estado de Oaxaca y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a efecto que garanticen que toda obra pública que se realice en el Centro Histórico de Oaxaca sea autorizada en estricto sujeción a los lineamientos arquitectónicos vigentes, a fin de que dicha ciudad conserve su majestuosa belleza cultural.
Tercero. Que la propuesta contenida en el punto de acuerdo que se analiza, se sustenta en la reflexión que los proponentes efectúan respecto a que la ciudad de Oaxaca de Juárez ha sido seleccionada como sede del Congreso 2013 de la Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, por lo cual es oportuno mostrar al mundo el resultado de nuestras políticas públicas para proteger los bienes declarados por la UNESCO con este elevado rango cultural. Para ello sostienen que el ejercicio se tiene que hacer a nivel nacional.
De igual forma, hacen referencia que Oaxaca es una entidad federativa que cuenta con tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad: la zona arqueológica de Monte Albán y el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca, ambas en 1987; así como las cuevas prehistóricas de Yagui y Mitla en los valles centrales de Oaxaca, en el 2010.
Monte Albán, probablemente una de las primeras civilizaciones urbanas de las Américas, es uno de los centros ceremoniales prehispánicos más complejos y representativos del pasado majestuoso de nuestras civilizaciones prehispánicas. Los magníficos templos, construcciones arquitectónicas, tumbas y bajorrelieves con inscripciones jeroglíficas y su juego de pelota dan cuenta de su cultura excepcional.
Por su parte, la ciudad de Oaxaca fundada en 1529, es una urbe moderna que ha podido conservar su centro histórico con un número cercano a mil 200 monumentos, como la iglesia de Santo Domingo, un icono cultural de América Latina, o el ex convento de San Pablo, recién restaurado, los cuales hacen de dicha capital uno de los corazones culturales de nuestro país y un indudable patrimonio de la humanidad.
Manifiestan que desde el 11 de diciembre de 1987, año de su inscripción, el panorama que se ve en Monte Albán y en la Ciudad de Oaxaca de Juárez genera una reflexión profunda que debe formar la toma de decisiones con visión de Estado, más allá de gobiernos y partidos, donde se proteja de los crecimientos irregulares de la mancha urbana, la inseguridad en la tenencia de la tierra y todo aquello que socave nuestra mayor riqueza patrimonial, la cultura.
Cuarto. Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), el patrimonio cultural se puede definir como el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares y de instituciones y organismos públicos, que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura en general, y que, por lo tanto, son dignos de ser considerados y conservados por los estados para su conocimiento por la población y para ser legados a las generaciones futuras como testimonios de su identidad.
El documento más importante para normar internacionalmente al patrimonio cultural es la Carta de Venecia o Carta internacional sobre la conservación y restauración de monumentos y lugares (signada en 1964). Sus principios han sido incorporados a los criterios de autenticidad que se han de respetar para la inscripción de los lugares en la “Lista del Patrimonio Mundial”.
La UNESCO dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el organismo internacional que ha regido la protección al patrimonio cultural en todo el mundo sobre la base de acuerdos internacionales.
El 16 de noviembre de 1972, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Un comité internacional, sobre la base de dicha convención, es quien dicta los procedimientos para la inscripción de los bienes culturales y naturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Para dicha tarea está asesorado por distintos organismos, como el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares (Icomos, por sus siglas en inglés), y el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de los Bienes Culturales (Iccrom).
Los objetivos del Comité del Patrimonio Mundial son:
• Alentar a los estados que forman parte de la Convención a que definan lugares de valor universal excepcional para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial.
• Vigilar el estado de los lugares inscritos en la lista, previendo posibles riesgos y alertar a los estados a que creen sus propios programas de vigilancia.
• Ayudar a los estados a crear mecanismos viables para la salvaguardia de los lugares del Patrimonio Mundial, con ayuda del Fondo Mundial, según proceda.
• Prestar a los estados la ayuda de emergencia necesaria para proteger los lugares que corren peligro inminente.
• Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales
En México, desde la ratificación de la Convención, en 1984, hay 23 sitios que han sido declarados como Patrimonio de la Humanidad, entre los 754 lugares que el Comité del Patrimonio Mundial ha inscrito en la “Lista del Patrimonio Mundial” en 129 naciones, de entre ellos se encuentran el Centro Histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán.
Quinto. Que el 24 de noviembre de 1993, se declara mediante decreto al área conocida como Monte Albán, ubicada en los municipios de Santa María Atzompa, San Pedro Ixtlahuaca, Santa Cruz Xoxocotlán y Oaxaca de Juárez, Oaxaca, como zona de monumentos arqueológicos.
Asimismo, el 19 de marzo de 1976 se publicó en el Diario Oficial el Decreto que establece el perímetro de la zona de monumentos históricos en la ciudad de Oaxaca, con una superficie de 252 hectáreas, con base al inventario realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Según plano elaborado en 1977, los monumentos se agrupan principalmente en el Centro, con las siguientes categorías: monumentos religiosos, construcciones de gran valor que deben ser conservadas, construcciones de valor que deben ser conservadas, construcciones de valor ambiental por conservar.
Sexto. Que la Ley General de Bienes Nacionales, prevé que son propiedad de la federación los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos.
De igual forma, establece en su artículo 30 que: “la Secretaría de Educación Pública será competente para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia, así como las zonas de monumentos arqueológicos”.
Por otra parte, la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos señala en su artículo 2 señala que: “Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales”.
El artículo 3 prevé que la aplicación de la ley corresponde al presidente de la República, al secretario de Educación Pública, al secretario del Patrimonio Nacional, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y las demás autoridades y dependencias federales, en los casos de su competencia.
Por último, el artículo 4 de la misma ley establece que las autoridades de los estados y municipios tendrán, en la aplicación de esta ley, la intervención que la misma y su reglamento señalen.
Séptimo. Que la Ley sobre Protección de Monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos y Poblaciones Típicas del Estado de Oaxaca, en su artículo 1o. establece que para los efectos de esta ley, se consideran monumentos a los inmuebles de arquitectura colonial que se encuentren en el Estado de Oaxaca, y aquellos cuya protección y conservación sean de interés público por su valor artístico e histórico, ya sea que pertenezcan a particulares o al Estado y que no están protegidos por las leyes federales.
En el mismo orden de ideas, la ley anteriormente referida crea un Comité Central de Protección de Monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos, con jurisdicción en todo el estado de Oaxaca, el cual se compone del gobierno del estado, el inspector de la Dirección de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos del Instituto de Historia y Arqueología, el jefe de la Oficina Federal de Hacienda en el estado, el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, y un ingeniero arquitecto titulado. En cada municipio del estado de Oaxaca existe un Comité Municipal de Protección de Monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos, dependientes del Comité Central, con quien colaborar en la protección y conservación de los monumentos.
El artículo 20 del Reglamento General del Centro Histórico para la Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Oaxaca de Juárez, señala que el honorable ayuntamiento destinará a la protección de la fisonomía de la ciudad, los fondos que se recauden por los conceptos anteriores.
De igual manera, menciona en su artículo 21 que le corresponde a la Coordinación General del Centro Histórico, la aplicación del Reglamento para la cual tiene las siguientes facultades:
I. Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y vías públicas a fin de que se satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, comodidad, y buen aspecto, y se protejan los valores históricos y artísticos.
II. Fijar las condiciones a que deberán sujetarse las edificaciones y los elementos tales como fuentes, esculturas arcos, columnas, rejas, balcones, patios, portones, puertas talladas, cornisas, barandales forjados, de madera tallada y escalones que invadan la vía pública.
III. Establecer de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda autorizar el uso de terrenos y determinar el tipo de construcciones que se pueden levantar en ellos los términos dispuestos por la Ley de Desarrollo Urbano y esta Reglamento.
IV. Otorgar o negar licencias y permisos para la ejecución de las obras y el uso de las edificaciones o predios.
V. Proporcionar asesoría a quien lo solicite.
VI. Llevar un registro calificado de directores responsables de obras y corresponsables.
VII. Realizar inspecciones en las obras en proceso de ejecución o terminadas.
VIII. Practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio, estructura, instalación, edificio o construcción, se ajuste a las características previamente registradas.
IX. Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones peligrosas o malsanas que causen molestia o pongan en peligro el valor histórico o artístico de los inmuebles.
X. Autorizar o negar de acuerdo con este Reglamento, la ocupación o uso de una estructura, instalación, edificación o construcción.
XI. Realizar a través del programa a que se refiere la Ley de Desarrollo Urbano, los estudios para establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destino y reserva de construcciones.
XII. Ejecutar con el apoyo de obras públicas municipales y con cargo al propietario, las obras que se hubieren ordenado realizar y que por rebeldía no las haya llevado a cabo.
XII. Ordenar la suspensión temporal definitiva de las obras, de acuerdo con el daño que se haya ocasionado.
Octavo. Que esta comisión estima procedente la preocupación de los proponentes, para que se tomen medidas de protección de dos sitios que tienen un valor histórico y cultural que han sido declarados como zonas de monumentos arqueológicos e históricos respectivamente y que han sido reconocidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
Que es obligación de los Estados que ratificaron la convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, tomar las medidas necesarias para conservación de los sitios denominados patrimonio de la humanidad.
A su vez, que los sitios declarados como zonas de monumentos en términos de la Ley Federal aplicable, son protegidos por el Estado, a través de la secretaria de Educación y el INAH, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares.
Por otra parte, esta comisión estima procedente que el gobierno del estado de Oaxaca y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, garantice que toda obra pública que se realice en el Centro Histórico de Oaxaca sea autorizada en estricto apego la Ley sobre Protección de Monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos y Poblaciones Típicas del Estado de Oaxaca, la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento General del Centro Histórico para la Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Oaxaca de Juárez.
Por lo expuesto, la Comisión de Cultura y Cinematografía, somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al gobierno del estado de Oaxaca y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a fin de que implementen las medidas necesarias para preservar la integridad territorial del polígono de Monte Albán, en el marco de un plan rector de reordenamiento urbano.
Segundo. Se exhorta al director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al gobierno del estado de Oaxaca y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a efecto que garanticen que toda obra pública que se realice en el Centro Histórico de Oaxaca sea autorizada en estricto apego a los lineamientos arquitectónicos vigentes, a fin de que dicha ciudad conserve su majestuosa belleza cultural.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 24 de abril de 2013.
La Comisión de Cultura y Cinematografía
Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), secretarios; Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Blanca Jiménez Castillo, José Martín López Cisneros, María Beatriz Zavala Peniche, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), María Carmen López Segura (rúbrica).
De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a la Procuraduría de Justicia de Sonora a realizar investigaciones exhaustivas que permitan fincar y deslindar responsabilidades respecto a las agresiones sufridas por manifestantes y miembros de los medios de comunicación el 24 de febrero del año en curso en Hermosillo
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. El 11 de abril de 2013, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Sonora en distintos asuntos.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó esa proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.
II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
El punto de acuerdo en comento persigue que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo de Sonora para que:
1) Respete y haga respetar el derecho de libre manifestación y asociación de las y los ciudadanos en dicha entidad;
2) Respete y haga respetar el derecho de informar que asiste a las y los reporteros, periodistas, comunicadores y medios de comunicación del estado de Sonora;
3) Deslinde las responsabilidades que correspondan por el “desfalco” a las haciendas estatal y municipal de la entidad, y
4) Llegue a un acuerdo con las y los ciudadanos inconformes con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, proporcionando una “propuesta satisfactoria” a sus reclamos.
III. Consideraciones de la proponente
La proponente señala en su escrito los siguientes antecedentes y consideraciones:
A. Antecedentes
1. La proponente señala “Sonora se encuentra inmersa desde principios de año y a partir de la aprobación de la Ley de Ingresos estatal de 2013 ... en un movimiento social derivado del alza de impuestos y del sostenimiento de la tenencia vehicular, en la denominación de Contribución al Fortalecimiento Municipal conocido en Sonora como Comun”.
2. Relata que el movimiento ciudadano denominado “No más impuestos o mal nacidos” se manifestó durante el festival cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013 y en la Serie del Caribe 2013, ambos celebrados en Hermosillo, Sonora, bajo exageradas medidas de custodia impidiéndoseles su libre manifestación por parte de las fuerzas policiacas estatales y federales, añadiendo que dicho movimiento social...” ha enfrentado persecuciones de índole federal y Estatal.
3. Refiere que, según dichos de la clase gobernante, el alza de impuestos en aquella entidad es consecuencia de años de malos manejos de la hacienda pública por parte de los gobiernos priístas que le precedieron. Asimismo señala, que “la Auditoria Superior de la Federación, destacó en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta pública federal para el 2011 que debido a sus altos niveles de endeudamiento Sonora, está en situación de riesgo por la vulnerabilidad y falta de sostenibilidad de sus finanzas para poder pagar empréstitos adquiridos...
4. Menciona que a finales del mes de enero del presente año, diversos empresarios de Sonora, a través de un manifiesto, “se sumaron con la ciudadanía inconforme y solicitaron un cambio en la política fiscal del gobierno de Sonora”.
5. Indica que, entre los días 28 de enero y 7 de febrero de este año, el Ejecutivo estatal de aquella entidad expidió varios decretos mediante los cuales concedió diversos estímulos fiscales a empresarios, asimismo da cuenta que estableció un descuento en el pago del Comun “a los inconformes”.
6. La proponente señala que el domingo 24 de febrero del año en curso, una marcha del movimiento “No más impuestos o malnacidos” fue repelida a golpes por jóvenes que ocultaban su rostro, reportándose varios lesionados como consecuencia de tales agresiones. Asimismo, menciona que dichos jóvenes intentaron provocar a los manifestantes del movimiento e indica que varios periodistas fueron violentados en la citada marcha, atribuyendo tales acciones a “intolerantes y gente que está al servicio del poder”.
7. Da cuenta que el 14 de marzo del año en curso, el gobernador de Sonora se reunió con el movimiento social de los ciudadanos inconformes con el Comun, estableciéndose mesas de trabajo que permitan llegar a acuerdos concretos.
8. Relata que con posterioridad, durante los días 4 y 5 de abril, han sido detenidos ejidatarios que “reclaman derechos sobre el uso de sus tierras de una minera canadiense y choferes del transporte urbano” dado que los concesionarios del servicio mantienen diferencias “con el gobierno del estado lo que conflictúa más las relaciones” pues se afecta el funcionamiento del servicio público de transporte.
B. Consideraciones
1. En opinión de la proponente “la Contribución al Fortalecimiento Municipal no tiene una razón clara de existir” argumentando que, no impacta en el Presupuesto de Egresos de aquella entidad.
2. Enuncia –citando un artículo de Óscar Nicasio Lagunes López– varias lagunas jurídicas presentes en las leyes de fiscalización de Sonora, así como omisiones por parte de las autoridades, entre las que se encuentran: la falta de claridad en el establecimiento del proceso de rendición de las cuentas públicas estatales y falta de precisión en el señalamiento de los plazos y acciones de cada una de las dependencias; falta de un sistema de contabilidad que tome en cuenta los activos; falta de inventarios en las dependencias públicas de Sonora que permitan determinar cuántos autos tiene cada una, así como los bienes inmuebles de éstas; falta de solventación de observaciones derivadas de informes de resultados de las cuentas públicas del estado –sin que el citado columnista precise cuáles.
3. Señala que es deber del Gobierno del estado de Sonora, denunciar a quienes pudieran resultar como presuntos responsables del mal manejo de recursos públicos en anteriores administraciones en dicha entidad; precisando, que los artículos 117 del Código Federal de Procedimiento Penales y el 118 del código adjetivo penal en aquella entidad, establecen la obligación de denunciar la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, a cargo de toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento del mismo.
4. Cita que conforme a los artículo 1o., 6o., 7o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “Queda prohibida toda discriminación motivada por las opiniones; que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. –Sic– Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura; y que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.
5. Atribuye, que se utiliza a los que menos tienen al servicio de intereses políticos a cambio de dádivas y, en consecuencia, señala que lo anterior no puede quedar impune.
IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos condena cualquier acto que vulnere los derechos humanos de la ciudadanía. Asimismo, esta dictaminadora respeta en todo momento la autonomía de las entidades federativas y se pronuncia como garante del respeto al principio de legalidad que determina la actuación de los entes públicos en todos los órdenes de gobierno.
Una vez señalado lo anterior y en razón de que la legisladora proponente solicita múltiples exhortos que atañen a distintas cuestiones en su proposición, este órgano legislativo estima oportuno pronunciarse sobre cada uno de los exhortos planteados, a efecto de exponer de manera clara sus consideraciones, así como las razones por las que, en su caso, se aprueba o desecha cada uno de los puntos de acuerdo planteados por la diputada Valles Sampedro.
A. Exhortos para que el gobernador de Sonora respete y haga respetar los derechos de libre manifestación y asociación de las y los ciudadanos, así como el de informar que asiste a las y los reporteros, periodistas, comunicadores y medios de comunicación en dicha entidad
1. Dentro de los hechos correspondientes a este apartado, expuestos por la legisladora Valles Sampedro en su proposición, se encuentran los relativos a las manifestaciones del Movimiento Ciudadano denominado “No más impuestos o mal nacidos” durante el festival cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013 y en la Serie del Caribe 2013, en las cuales, asegura, se presentaron exageradas custodias y se impidió la libre manifestación por parte de las fuerzas policiacas del Estado y federales, añadiendo que dicho movimiento social ha enfrentado persecuciones de índole federal y estatal. Así como el relativo a la marcha realizada el día 24 de febrero del año en curso, por el mismo movimiento, de la cual da cuenta, fue repelida a golpes por jóvenes que ocultaban su rostro, reportándose varios lesionados como consecuencia de tales agresiones y en la que varios periodistas fueron violentados en la citada marcha, atribuyendo tales acciones a “intolerantes y gente que está al servicio del poder”.
2. Como ya lo ha señalado en anteriores ocasiones, la Comisión de Derechos Humanos, en concordancia con los principios de presunción de inocencia y demás derechos de seguridad jurídica –relativos al debido proceso?, no puede de ninguna manera pronunciarse sobre la responsabilidad (penal, administrativa u otra) que pudiera existir en el presente asunto, porque esa facultad le corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales competentes, una vez que, ante los mismos han sido acreditados los elementos constitutivos de los tipos penales correspondientes.1
La Comisión de Derechos Humanos comparte totalmente la intención que subyace al punto de acuerdo en cuestión de que sean respetados los derechos fundamentales de las personas.
Como también lo ha señalado en anteriores ocasiones esta comisión, el respeto y la protección de los derechos humanos constituyen hoy por hoy, la piedra angular en que debe sustentarse el quehacer del aparato estatal porque son la esencia de todo Estado que se ostenta como democrático y de derecho. Es decir, acorde con las obligaciones inherentes a todo Estado en materia de derechos humanos, deben de ser respetados, protegidos y garantizados los derechos humanos de todos y de todas. Además, en caso de violación a un derecho humano, todo Estado debe de investigar, sancionar, dar garantía de no repetición y restaurar, en la medida de lo posible, los daños ocasionados.
Frente a hechos como los que señala la proponente, corresponde pues, a las autoridades en la materia realizar las investigaciones conducentes. Sin embargo, dentro de dicha proposición se agregan algunos calificativos que pueden inducir la presunción de ciertos hechos. Como señalamos, en concordancia con todos los derechos humanos, incluidos claro está, los de presunción de inocencia y los del debido proceso, esta comisión no puede inducir calificativo alguno que pudiera colocar en situación de desventaja a alguna de las partes involucradas en las respectivas investigaciones que al efecto deben de ser realizadas por las autoridades competentes. Por esta razón, consideramos innecesarias las expresiones “gente que está al servicio del poder” y “aquellos que quieran apoyar al gobierno convenzan con palabras no con violencia, que no se use a los que menos tienen para intereses políticos por dadivas que se les ofrecen”. Estas situaciones serán, en su caso, determinadas por la autoridad en la materia.
Cabe señalar que las proposiciones con punto de acuerdo, no deben de ser empleadas para desacreditar a las instituciones y tampoco deben ser entendidas como agravios a las mismas o a sus titulares. Por el contrario, deben de ser concebidas como instrumentos para que las sociedades democráticas fortalezcan el estado de derecho a través de la legitimidad que con su acatamiento adquiere la autoridad y funcionarios ante la sociedad.2
Por esta razón y, en ánimo de colaboración conjunta con las autoridades competentes para conocer del fondo de los hechos ocurridos en el estado de Sonora, particularmente los sucedidos el pasado 24 de febrero de 2013, esta dictaminadora estima pertinente que se exhorte a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad federativa, para que realicen las investigaciones exhaustivas que permitan fincar y deslindar responsabilidades con respecto a las agresiones sufridas por manifestantes y miembros de los medios de comunicación, ocurridas el pasado 24 de febrero del año en curso en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
B. Exhorto para que se deslinden las responsabilidades que correspondan por el “desfalco” a las haciendas estatal y municipal de la entidad
En lo tocante a este planteamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 67, incisos D), F) y G) de la Constitución Política del Estado de Sonora, corresponde al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de dicha entidad fiscalizar los ingresos y egresos, así como el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos de los poderes del Estado y de los Ayuntamientos; investigar los actos u omisiones relativos a irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, pudiendo, para este efecto, realizar todas las diligencias que resulten conducentes, y determinar y ejecutar las medidas para la recuperación de los daños y perjuicios que afecten al erario por el uso indebido o equivocado de recursos públicos, fincando directamente a los responsables las indemnizaciones correspondientes y, en su caso, denunciar ante las autoridades competentes las responsabilidades administrativas y el o los delitos que presumiblemente aparezcan cometidos.
Por lo cual y en razón de que distintos funcionario públicos de Sonora3 , efectivamente han manifestado que debido a la deuda “heredada” en el estado, se tiene la necesidad de pagar el impuesto de la contribución al fortalecimiento municipal –Comun–, este órgano legislativo estima pertinente exhortar al Instituto Superior de Auditoría del estado de Sonora para que investigue y, en su caso, denuncie ante las autoridades competentes las responsabilidades administrativas y el o los delitos que presumiblemente aparezcan cometidos por parte de ex servidores públicos de aquella entidad.
C. Exhorto para que el titular del Poder Ejecutivo de Sonora, llegue a un acuerdo con las y los ciudadanos inconformes con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2013, proporcionando una propuesta satisfactoria a sus reclamos
En lo que atañe al planteamiento que se analiza, cabe precisar que esta soberanía no puede girar indicación sobre el sentido en el que ha de resolver el Ejecutivo estatal de Sonora los planteamientos y reclamos externados por los ciudadanos inconformes, ello en estricto apego al Pacto Federal y dentro de un marco de total respeto a la autonomía de las entidades federativas en lo concerniente a su régimen interior de gobierno.
Adicionalmente, esta dictaminadora desea precisar que la Constitución Política del Estado de Sonora, en su artículo 79, fracción VII establece como facultad del gobernador, presentar cada año ante el Congreso los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del Estado que deberán regir en el año fiscal inmediato siguiente, por lo que, si bien, el establecimiento del Comun puede no ser bien recibido entre la ciudadanía sonorense, el mismo ha sido expedido conforme a una atribución y un procedimiento legal establecidos en el marco normativo sonorense. Asimismo, el orden jurídico mexicano concede la vía del amparo para que los ciudadanos ejerzan la acción correspondiente cuando estimen que un impuesto o contribución les causa perjuicio o presenta vicios de inconstitucionalidad.
En este orden de ideas, la Comisión de Derechos humanos estima improcedente la aprobación del exhorto que se analiza en el presente apartado.
Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora para que realice las investigaciones exhaustivas que permitan fincar y deslindar responsabilidades con respecto a las agresiones sufridas por manifestantes y miembros de los medios de comunicación, ocurridas el pasado 24 de febrero del año en curso en la ciudad de Hermosillo, Sonora; así como a la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad federativa, para que investigue las violaciones de derechos humanos que, en su caso, pudieran derivar de las agresiones referidas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora para que en ejercicio de sus atribuciones, investigue y, en su caso, denuncie ante las autoridades competentes las responsabilidades administrativas y el o los delitos que presumiblemente pudieran haber sido cometidos en perjuicio de la hacienda pública por parte de ex servidores públicos de aquella entidad.
Notas
1 Así lo determina nuestra Constitución General en sus artículos 16, 19 y 20, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político en su artículo 9.
2 Recomendación 10/2012. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblos de Oaxaca (DDHPO)
3 Consultado en el portal electrónico: http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/08012013/65750 1.aspx, el 14 de abril de 2013 a las 18:30 horas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 17 días del mes de abril de 2013.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica en contra), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica en contra), Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica en contra), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica en contra), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica en contra), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica en contra), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica en contra), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica en contra).
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Educación Pública a revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Servicios Educativos y de Relaciones Exteriores les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales a revisar y fortalecer los programas educativos dirigidos a los alumnos transnacionales, para asegurar la inclusión pertinente y adecuada de estos alumnos al sistema educativo e informe de los resultados de sus acciones, presentada por el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción I, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:
Antecedentes :
En sesión del Pleno 21 de febrero de 2013, el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la proposición con punto de acuerdo antes mencionada, misma que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión acordó se turnara a las comisiones de Educación Pública y de Servicios Educativos y de Relaciones Exteriores para su estudio y dictaminación correspondiente.
Contenido
Propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales a revisar y fortalecer los programas educativos dirigidos a los alumnos transnacionales, para asegurar la inclusión pertinente y adecuada de estos alumnos al sistema educativo y que informen los resultados de sus acciones.
Asimismo, plantea exhortar a la Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública para que instauren un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y Estados Unidos de América que permita el intercambio entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar la atención a menores migrantes e implementar medidas binacionales que garanticen su éxito educativo en ambos lados de la frontera.
Metodología
Las Comisiones realizaron el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictaminación.
Consideraciones
El proponente expone que debido a la recesión económica en los Estados Unidos de América, en los últimos años (2005 y 2010) han regresado a México más de 1.4 millones de mexicanos que estaban viviendo y trabajando en los EUA, de los cuales el 25% son menores de edad y se encuentran en edad escolar.
Destaca que la atención a esta población representa un reto para el gobierno de nuestro País, que el gasto social debe incrementarse de manera importante, para atender fundamentalmente las necesidades que su condición de “transnacionales” impone, sin que el gobierno mexicano haya podido implementar políticas de Estado en la materia.
Se debe asegurar su acceso e incorporación al sistema educativo de nuestra Nación, en condiciones que garanticen su bienestar y desarrollo integral.
Asimismo, señala que una vez en México, los niños y adolescentes transnacionales y sus familias viven una serie de problemas para ingresar, permanecer y concluir su educación, poniendo en riesgo su continuidad educativa.
Existen resistencias para ser incorporados en las escuelas pertenecientes al Sistema Educativo Nacional porque, en muchos casos, no pueden presentar algún documento de identidad o escolar y solicitan ser incorporados en cualquier momento del ciclo escolar.
Advierte que uno de los problemas más comunes que enfrentan los alumnos transnacionales se presentan cuando no pueden comprobar su nivel educativo, toda vez que las autoridades en nuestro País les aplican exámenes diagnósticos que evalúan conocimientos basados en los contenidos del sistema educativo mexicano, que no corresponden a los conocimientos adquiridos en el país en que estudiaron.
Asimismo, en algunas ocasiones, son considerados alumnos con problemas de aprendizaje por el sólo hecho de no manejar con soltura la lectura y la escritura en español.
En otras ocasiones, no les son reconocidos y revalidados los estudios realizados en otro país, lo que origina que tengan que repetir un año escolar.
Como destaca el proponente de acuerdo con una publicación denominada “Perspectivas de los estudiantes transnacionales en educación en los Estados Unidos y México: la importancia de la experiencia de la escuela y país de nacimiento” de la Facultad: Departamento de enseñanza, aprendizaje y formación del profesorado, de la Universidad de Nebraska, en el Estado de Zacatecas casi un tercio de los alumnos transnacionales reportaron que tuvieron que repetir un grado.
Al respecto, las comisiones dictaminadoras destacan que la Secretaría de Educación Pública cuenta el Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) que tiene como objetivo principal, la atención educativa a las niñas y niños migrantes; mediante el Probem se han diseñado y estructurado apoyos educativos específicos destinados a dicha población escolar.
En el Probem actualmente participan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de los Gobiernos y autoridades educativas de las 31 Entidades Federativas y contrapartes estadounidenses, quienes realizan acciones de manera coordinada, con la finalidad de lograr elevar la cobertura, calidad y eficacia en los servicios de educación básica que se otorgan a este importante sector de la población tanto en México como en los Estados Unidos de América.
Las comisiones que dictaminan toda vez que las circunstancias apuntadas por el diputado Fernando Zárate Salgado existen, estas comisiones consideran pertinente su propuesta para que se revisen y fortalezcan los programas educativos dirigidos a los alumnos transnacionales y que se informen los resultados de sus acciones y que las Secretarías de Relaciones y de Educación Pública implementen un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y Estados Unidos de América que permitan los intercambios necesarios entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar esta situación.
Las comisiones que dictaminan aprecian que resultaría eficaz modificar los resolutivos de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, para incluir el referido programa y ampliar la coordinación en beneficio de estudiantes en esta situación, desde el nivel básico hasta el superior.
Conclusiones
Por lo anterior, los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Servicios Educativos y de Relaciones Exteriores, con base en las consideraciones que preceden y con las modificaciones apuntadas, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Resolutivo
Único. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Educación Pública:
a) Revisar y fortalecer las acciones del Programa Binacional de Educación Migrante (Probem) y enviar un informe completo de las acciones realizadas.
b) Implementar un programa binacional entre instituciones y organismos públicos y privados de México y Estados Unidos de América que permita el intercambio entre maestros y administradores de escuelas básicas, medias y superiores para mejorar la atención a migrantes y establecer medidas binacionales que garanticen su éxito educativo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días de abril de 2013.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Leticia López Landero (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez (rúbrica), Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la STPS a tomar las medidas de salud e higiene correspondientes, en cumplimiento de sus facultades, tras la muerte de siete trabajadores en la cervecería Grupo Modelo
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para análisis y elaboración del dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a investigar las causas de la muerte de siete trabajadores en la cervecería Grupo Modelo.
Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, fracción VI, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, 85, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido del citado punto de acuerdo, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de la siguiente
I. Metodología
I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo y del trabajo previo para su resolución de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo “Contenido del punto de acuerdo” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo “Consideraciones” se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.
II. Antecedentes
1. En Sesión celebrada por la Cámara de Diputados con fecha 9 de abril de 2013 se presentó la proposición con punto de acuerdo de Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. Con la misma fecha y mediante el oficio numero DGPL 62-II-1-0829, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen correspondiente la citada proposición, asignándole el expediente 1732.
III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
El domingo 7 de abril del presente año, en la madrugada, se registró la muerte de siete trabajadores que realizaban acciones de limpieza de las cisternas en las instalaciones de Grupo Modelo situadas en la colonia Anáhuac, de la delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal.
Una vez realizado los estudios de necropsia, se establece que los empleados murieron por asfixia (sofocación en su variedad de confinamiento), donde los estudios preliminares realizados a los 7 cuerpos no presentan muestras de residuos de solventes ni químicos que pudieran haber inhalado. Hasta el momento, la principal línea de investigación que arroja la Procuraduría de Justicia capitalina señala que tiene que ver con un accidente provocado por la falla de protocolos de seguridad, pues se cree que la cisterna se cerró mientras los trabajadores estaban dentro.
De igual forma, el iniciador manifiesta que estos hechos devienen ya no de una casualidad persistente sino de la desregulación del Estado mexicano en materia de seguridad e higiene, que tiene su primer antecedente en la NOM-19, publicada en 1997 y que suprimía la obligación patronal de inscribir ante la Secretaría del Trabajo de las comisiones de seguridad e higiene, abriendo de par en par el incumplimiento de los patrones, poniendo en riesgo permanente la vida y salud de los trabajadores.
Hay pocos inspectores con baja capacitación, y a todo esto hay que sumarle la insuficiencia de recursos materiales para que cumplan su tarea, la ineficiencia de la Dirección General de Inspección del Trabajo y la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En este sentido, expresa el diputado proponente que la reforma laboral reciente suprime la facultad de la Secretaría de Trabajo para clausurar las empresas que no adopten las medidas necesarias que les sean indicadas por esta dependencia para la prevención de riesgos de trabajo.
En virtud de lo manifestado, la dictaminadora expone las siguientes
IV. Consideraciones
Primera. Una vez analizados los argumentos señalados, esta comisión dictaminadora coincide con la manifestación de éstos, y velará en todo momento porque las empresas cuenten con medidas de seguridad e higiene que permitan cuidar y salvaguardar las vidas de los trabajadores en todo momento. Por ello, con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 40, atribuye a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social atender lo siguiente:
Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Vigilar la observancia y la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos.
II. a X. ...
XI. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento.
XII. a XIX. ...
Con la firme convicción de deslindar responsabilidades y tomar las medidas correctivas, se emite este punto de acuerdo con la intención de que cada vez se presenten menos tragedias y que sean más seguras las condiciones en la que los mexicanos realizan sus actividades independientemente del sector en el que laboren.
Segunda. Con esto se busca que se formulen las reformas integrales necesarias en materia de inspección y de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir este tipo de tragedias, donde los patrones o responsables deban cumplir cabalmente la ley, para lo cual el artículo 541, fracción VI Bis, de la Ley Federal del Trabajo otorga a los inspectores del trabajo la atribución de “ordenar, previa consulta con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, la adopción de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas. En este caso, si así son autorizados, los inspectores deberán decretar la restricción de acceso o limitar la operación en las áreas de riesgo detectadas. En este supuesto, deberán dar copia de la determinación al patrón para los efectos legales procedentes”.
Tercera. Aunado a lo anterior, y derivado de las acciones que tomen las autoridades respecto al caso aquí planteado, la Ley del Seguro Social, en el artículo 127, arguye que cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:
I. Pensión de viudez;
II. Pensión de orfandad;
III. Pensión a ascendientes;
IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule; y
V. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título.
En caso de fallecimiento de un pensionado por riesgos de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las pensiones a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo se otorgarán con cargo al seguro de sobrevivencia que haya contratado el pensionado fallecido.
Cuarta. Toda esta fundamentación nos lleva a buscar que al momento de que un trabajador fallezca por los riesgos de trabajo o bien por accidentes en los lugares de trabajo, los familiares obtengan y se les respeten sus derechos siempre de manera oportuna y puntual. No obstante esto, es notorio que el lugar en que se realizaban los trabajos de limpieza en la cisterna no contaba con medidas de seguridad e higiene que permitieran a los trabajadores emitir una alarma o buscar la forma de salvaguardar sus vidas, por lo que claramente es una falta de responsabilidad de la empresa y una omisión por las autoridades correspondientes vigilar que se cuente con dichas medidas.
Por lo anterior, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, conforme a sus facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública, a tomar las medidas correspondientes de inspección y seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento en la cervecería Grupo Modelo, en Miguel Hidalgo, Distrito Federal; ello, como consecuencia de la muerte de siete trabajadores en dicha empresa.
Segundo. Se exhorta de igual forma a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar en forma coordinada todo el apoyo que se requiera a los deudos y se respeten puntual y oportunamente sus derechos, incluyendo a los trabajadores que laboraban en el marco de la subcontratación a que legalmente tiene derecho.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Bueno Torio, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Alfredo Zamora García.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo relativos al conflicto laboral de Sandak, SA de CV, en Tlaxcala
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo relativo al conflicto laboral en Sandak, SA de CV, en el estado de Tlaxcala, presentado por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI; 82 numeral 1; 157 numeral I, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; 167 numeral 4; 180 numeral 2; 182 numeral 3, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen:
I. Metodología
En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con punto de acuerdo de referencia.
En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de las propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y alcance del mismo.
Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo mediante la evaluación de los argumentos esgrimidos en las consideraciones de la proponente, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
II. Antecedentes
1 . Con fecha 28 de febrero de 2013, se registró en el orden del día de la sesión ordinaria de esa fecha, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución sobre el conflicto laboral en Sandak, SA de CV, en el estado de Tlaxcala, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó la referida proposición con punto de acuerdo para su dictaminación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, bajo número de expediente 1398.
III. Análisis de la proposición con punto de acuerdo
A. La proposición plantea los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, ciudadano Mariano González Zarur, a instruir a las autoridades bajo su cargo con la finalidad de que en una labor de mediación generen las condiciones de diálogo para que se llegue a una solución definitiva al conflicto en la empresa Calzado Sandak, SA de CV.
Segundo. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a otorgar las medidas que garanticen el retorno de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak a su lugar de trabajo, el restablecimiento de sus derechos laborales y de seguridad social, así como el otorgamiento de la toma de nota de la mesa directiva de este sindicato.
B. En su exposición de motivos, la legisladora señala lo siguiente:
a) La empresa Calzado Sandak, Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV), de la trasnacional Bata, se ubica en el estado de Tlaxcala y empezó sus operaciones en julio de 1958; menciona que en 1974 el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, SA de CV, firmó un contrato colectivo de trabajo con la misma, dando inicio a una relación de entendimiento y cooperación para el desarrollo de una empresa productiva, pero que desde el año 2010 la empresa decidió hacer un reajuste de personal y el desmantelamiento de dos terceras partes de la maquinaria instalada sin dar aviso alguno al Sindicato y a los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia el desempleo a más de 450 personas.
Apunta que, después de muchas negociaciones, se logró reabrir la planta y recuperar 263 empleos. Los trabajadores se comprometieron a elevar su producción, meta que fue lograda y reconocida por la empresa. Señala la proponente que el 10 de julio de 2011 se reintentó desmantelar la maquinaria con la intención de cerrar las áreas de producción que quedaban, actuando, otra vez, al margen de la Ley en perjuicio de los trabajadores quienes defendieron su fuente de empleo y evitaron el saqueo.
b) En reiteradas ocasiones, la proponente refiere que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala ha tomado una postura parcial a favor de la empresa, por ejemplo, al no reconocer a la mesa directiva del sindicato, la correspondiente negativa a otorgar la toma de nota, y empujando a los trabajadores a estallar la huelga el 29 de agosto de 2011.
c) Otro hecho en que incurrió la Junta Local, a decir de la proponente, es declarar la inexistencia de la huelga y el emplazamiento para que la empresa reabriera en el término de 24 horas, por lo que, desde el 10 de agosto de 2012, los trabajadores están presentes en la planta a disposición de la empresa para reanudar labores atendiendo la resolución emitida, siendo ahora los directivos de la empresa quienes se han negado a reabrirla.
d) Para no perder la producción, la empresa comenzó a realizar los trabajos a domicilio, lo que se hace sin cumplir con las condiciones de seguridad y salubridad en el trabajo, además de que constituye, afirma la proponente, una violación de los derechos laborales, ya que a los trabajadores que despiden o liquidan les ofrecen máquinas de coser o materiales para que sigan produciendo en un modelo inferior al de la subcontratación que tenemos actualmente en México.
e) Arbitrariamente, señala, los patrones dieron de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores en perjuicio de su seguridad social y de los servicios de salud a los que tienen pleno derecho. Incluso, manifiesta que se registró el caso del fallecimiento de la trabajadora María Luisa Hernández Moreno, quien fue víctima de una trombosis sin atención oportuna.
IV. Consideraciones
1. Esta dictaminadora reconoce que las únicas autoridades para resolver los conflictos en materia laboral son las juntas de conciliación y arbitraje, señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo en vigor. Ambos ordenamientos jurídicos son quienes delimitan su integración, sus facultades y competencias, tanto a nivel federal como local, según las materias que enuncia el artículo 123 constitucional como ámbito exclusivo de las autoridades federales en materia laboral y aquellas actividades no enunciadas en dicho numeral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ámbito de aplicación y observancia por parte de las autoridades laborales en cada entidad federativa.
Así las cosas, y revisando la fracción XXI del apartado A del artículo 123 Constitucional vemos que son materia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje las actividades de la economía nacional siguientes:
A. En las ramas industriales y servicios:
a) Textil.
b) Eléctrica.
c) Cinematográfica.
d) Hulera.
e) Azucarera.
f) Minera.
g) Metalúrgica y siderúrgica.
h) Hidrocarburos.
i) Petroquímica.
j) Cementera.
k) Calera.
l) Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas.
m) Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos.
ñ) De celulosa y papel.
o) De aceites y grasas vegetales.
p) Productora de alimentos.
q) Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas.
r) Ferrocarrilera.
s) Maderera básica.
t) Vidriera.
u) Tabacalera.
v) Servicios de banca y crédito.
B. Respecto de los siguientes tipos de empresas:
a) Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal;
b) Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas; y
c) Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación.
C. Respecto de la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo. En este rubro, la Constitución señala que, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local.
Como se observa, de las distintas actividades señaladas como competencia de las autoridades federales en materia del trabajo, no se encuentra regulada la actividad relativa al calzado, por lo que la misma es competencia plena de las autoridades locales.
2. Esta dictaminadora estima procedente que el punto de acuerdo exhorte al Gobierno del Estado de Tlaxcala para que éste propicie las condiciones del diálogo que solucionen el conflicto laboral ya señalado. En este sentido y analizando la redacción propuesta por la proponente, y con la intención de no transgredir las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo estatal que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y demás disposiciones legales inherentes a su investidura, proponemos modificar el punto Primero de la proposición para que sea el Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala para que él, como parte del Poder Ejecutivo Estatal, sea quien medie entre la empresa y los trabajadores, sobre todo tomando porque goza de las facultades y atribuciones para ello tal y como lo señala la fracción XVI del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
3. Ahora bien y como lo expresa la proponente, es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje quien ha propiciado cierto tipo de conductas que no han permitido la resolución del conflicto, esta dictaminadora considera, para salvaguardar los derechos de los trabajadores de la referida empresa, esta Cámara de Diputados en razón de ser un acto de justicia y sin interferir en las facultades y atribuciones del ya mencionado órgano jurisdiccional estatal, deberá exhortar a la misma para que se conduzca conforme a derecho, buscando en todo momento ser el punto de equilibrio entre las partes buscando la pronta resolución del conflicto. Por tal motivo se modifica el punto Segundo de la proposición en estudio.
Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala para que por conducto de la Secretaría de Gobierno se generen las condiciones de diálogo necesarias, con la finalidad de que se llegue a una pronta solución al conflicto de la empresa Calzado Sandak, SA de CV, con sus trabajadores.
Segundo. Se exhorta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que su actuación se apegue a derecho, buscando en todo momento ser el punto de equilibrio entre las partes propiciando la pronta resolución del conflicto entre la empresa Calzado Sandak, SA de CV, y sus trabajadores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del olmo, Luis Ricardo Aldana prieto, Elsa Patricia Araujo de la torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Bueno Torio, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Alfredo Zamora García.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del ISSSTE a cumplir a cabalidad el artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre el estudio de viabilidad futura del instituto, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción VI; 82 numeral 1; 157 numeral I, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; 167 numeral 4; 180 numeral 2; 182 numeral 3, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente
Dictamen
I. Metodología
En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición con Punto de Acuerdo de referencia.
En el apartado de “Análisis de la proposición con punto de acuerdo”, se examina el contenido sustancial de las propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance de la misma.
Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la proposición con Punto de Acuerdo mediante la evaluación de los argumentos planteados en las consideraciones de la proponente, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.
II. Antecedentes
1. Con fecha 12 de febrero de 2013, se registró en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de esa fecha, la proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhortar al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo Cuadragésimo Sexto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre el estudio de viabilidad futura del Instituto, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión turnó la referida proposición con punto de acuerdo para su dictaminación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, bajo expediente número 1249.
III. Análisis de la proposición con punto de acuerdo
a) La proposición plantea el siguiente punto de acuerdo
Único. Por el que se exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de dar cabal cumplimiento al artículo cuadragésimo sexto transitorio de la Ley del ISSSTE, relativo al cumplimiento de los objetivos expresados en dicho ordenamiento y sobre el estudio de viabilidad futura del instituto.
b) En sus consideraciones, la legisladora señala en sus consideraciones, que
En su consideración “Primera”, la proponente señala que la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que entró en vigor el 1 de abril de 2007, tuvo como finalidad el fortalecer a la Institución, preservar el carácter patrimonial de los trabajadores, así como ser garantía de los derechos que los mismos tiene en materia de salud y de seguridad social. Dicha reforma atendió a la necesidad de realizar una reestructuración integral, corregir la precaria situación financiera del Instituto, así como afrontar las necesidades de 2.8 millones de asegurados y pensionados, que además de sus familiares ascendía a poco más de 10 millones de personas, que requerían servicios médicos. Eso sin contar a los 32 mil niños en servicio de guardería y el problema de rezago de los pagos en créditos personales y de vivienda.
Menciona que el Instituto transitó a un sistema de pensiones basado en cuentas individuales, en el que la pensión de cada trabajador es igual a sus aportaciones más los intereses generados durante su vida laboral, previendo un esquema de ahorro solidario, permitiendo la libre portabilidad de las cuentas, al facilitar la migración de los recursos entre el sector público y privado. Con dicha reforma, se creó un órgano desconcentrado denominado PENSIONISSSTE, encargado de administrar las cuentas individuales.
En su consideración “Segunda”, la proponente refiere que los cambios inducen a considerar que existe una importante disminución en el índice deficitario del Instituto, por lo que éste tiene la obligación de informar anualmente, la situación financiera de los seguros y las reservas de los mismos a corto, mediano y largo plazo, tal y como lo manda la fracción XIX del artículo 214 de la Ley de referencia. De igual manera, menciona que el artículo 14 señala que el Instituto recopilará y clasificará la información sobre los derechohabientes, a efecto de formular escalas de sueldos, promedios de duración de los servicios, tablas de mortalidad, morbilidad y, en general, las estadísticas y cálculos actuariales necesarios para encauzar y mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y eficientemente con los seguros, prestaciones y servicios que por ley le corresponde administrar.
En su consideración “Tercera” la proponente menciona que en dicha reforma se insertó, en el artículo Cuadragésimo Sexto transitorio, una disposición que establece que, adicionalmente a lo previsto en el artículo 14 de la ley, para garantizar que beneficie a los trabajadores y a sus familias, así como para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad futura del instituto, este ordenamiento será revisado por la junta directiva cada cuatro años. Por lo mismo, el Instituto presentó el Informe Financiero y Actuarial el 23 de junio del año 2011, con el cual pretendía dar cumplimiento a dicho artículo Cuadragésimo Sexto transitorio de la Ley, en lo relativo a la obligación de informar sobre el cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad futura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
La proponente apunta que el documento señalado menciona que su contenido corresponde al cuarto Informe Financiero y Actuarial, a partir de la entrada en vigor de la Ley, y que fue dictaminado por el auditor externo PriceWaterhouseCoopers, S. C., utilizando como fuentes de información la siguiente:
i) La situación actuarial y financiera de los seguros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
ii) La información generada por la Dirección de Administración, la Dirección Médica, la Dirección de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto, la Dirección Jurídica, la Secretaría General y la Dirección de Finanzas.
iii) Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2010.
iv) La información de las instituciones como el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
En su consideración “Cuarta”, la proponente refiere que el informe es omiso, ya que no señala cuál es la situación respecto de la viabilidad futura del Instituto, por lo que manifiesta que deja de cumplir con la disposición del artículo Cuadragésimo Sexto transitorio. Señala que dicha omisión consistió en no señalar, entre otros, el entorno institucional, demográfico y epidemiológico, resultados del programa Prevenissste, cobertura, financiamiento, beneficios y riesgos cubiertos, cuotas y aportaciones, sistema integral de créditos, situación financiera y actuarial de los seguros y sus reservas como son el seguro de salud, el de invalidez y vida, el de riesgos de trabajo y el de servicios sociales y culturales, el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITYF) y Turissste, que, afirma, operan en números rojos, con un déficit del orden de 11.0 por ciento de sus propios ingresos.
Menciona que el informe no puntualiza la viabilidad futura del instituto, y que sólo se limita a concluir y recomendar que:
i) Al 31 de diciembre de 2010, el Instituto tenía constituidas reservas por 45 mil 175 millones de pesos, y que el incremento estimado a las reservas para el 2011 asciende a 7 mil 677 millones de pesos.
ii) Que el informe ha enfocado el análisis de posibles riesgos institucionales en el problema de salud y financiero derivado de la alta prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo II, presentando una propuesta para enfocar los esfuerzos en la prevención de esta enfermedad a través del PREVENISSSTE y algunas otras encaminadas a la detección temprana de la enfermedad y a los hábitos de salud de los derechohabientes.
iii) Que en cuanto a los pasivos laborales contingentes se ha observado un incremento en el número de demandas laborales por parte de trabajadores del ISSSTE, que son separados de sus funciones, las cuales tiene un doble impacto financiero para el instituto: el primero, respecto de las indemnizaciones que debe pagar, y el segundo, los gastos de tipo judicial que impactaron al área de los recursos humanos de la Dirección Jurídica del Instituto.
iv) Que en lo referente a la inversión en activo fijo y equipo de las instalaciones médicas, cuya infraestructura se ha visto incrementada y mejorada, en especial a partir de la entrada en vigor de la Ley, mediante la implementación del programa de fortalecimiento para el periodo 2007-2009, para el año 2010 el fortalecimiento de dicha infraestructura médica ha continuado aún sin los recursos extraordinarios del programa referido.
v) El informe recomienda continuar y reforzar, en distintas vertientes, las acciones de PREVENISSSTE.
vi) Recomienda el implementar un sistema de estadísticas para la determinación de tablas de mortalidad específicas para los trabajadores y pensionados del Instituto que sean utilizadas en la determinación de rentas vitalicias.
Es importante señalar, para efecto del análisis de la presente proposición con Punto de Acuerdo, que la presentación del mismo se da 73 días después de que tomo posesión el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien nombró el 4 de diciembre de 2012 al licenciado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, como Director General del Instituto, y que el Informe Financiero y Actuarial a que se refiere la presente Proposición con Punto de Acuerdo fue presentada y aprobada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el 23 de junio del 2011, correspondiente a la anterior administración pública federal.
IV. Consideraciones
1. Quienes dictaminamos estamos convencidos de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un organismo importante para la vida institucional de nuestro país, ya que tiene como objetivo primordial el otorgar a los trabajadores del Estado mexicano las prestaciones médicas y de seguridad social necesarias para su subsistencia y desarrollo social y humano.
2. Que uno de los principios fundamentales de todo Estado democrático es la transparencia y el acceso pleno a la información pública por parte de los ciudadanos. La ciudadanía tiene derecho a vivir en una sociedad sin corrupción y con las mayores garantías en la tutela de sus derechos fundamentales por parte de un gobierno honesto.
3. Que el Informe Financiero y Actuarial que tiene que aprobar la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una muestra del cumplimiento de dichos principios, los cuales están plasmados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
4. Ante lo expresado por la proponente, en relación a la omisión hecha por el Instituto en el Informe Financiero y Actuarial correspondiente al año 2011, es menester señalar que la misma fue subsanada al ser aprobada por los órganos de gobierno del Instituto, por lo que no resulta procedente la exhortación hecha por la proponente en los términos que ella propone, además de que los titulares de la Junta Directiva y de la Dirección General, en lo que al sector gubernamental corresponde, fueron sustituidos a partir de la entrada en funciones del nuevo Gobierno Federal, por lo que la exhortación debe hacerse en razón de que el Instituto debe aclarar los alcances del referido Informe Financiero y Actuarial en lo que a la viabilidad futura del Instituto se refiere.
Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que aclare el Informe Financiero y Actuarial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, respecto de la viabilidad futura del Instituto en los términos del artículo Cuadragésimo Sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de abril del año 2013.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Cándido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Juan Bueno Torio, María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas, María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Alfredo Zamora García.