Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3759-XI, lunes 29 de abril de 2013
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los planes considerados en el Programa Nacional contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir por las autoridades correspondientes la reserva sobre la información de la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a incluir en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 planes suficientes a fin de dar cobertura en becas para niños y jóvenes, y de que éstos puedan culminar la secundaria y la preparatoria a escala nacional, a cargo del diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas integrales que instauren, impulsen y desarrollen programas en favor del servicio ferroviario de pasajeros, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a transparentar la información relativa a los ingresos anuales de vivienda y las reservas para riesgos preventivos, así como la de índole financiera relacionada con la cartera en prórroga, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la SHCP a emprender acciones conducentes a solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a realizar adecuaciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en todo el sistema de transporte público, en especial el Metro, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo a la elección de un congreso constituyente que defina el contenido de una Constitución de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a considerar medidas con la Comisión Nacional de Seguridad de la Segob para mejorar el mantenimiento de la red carretera federal y disminuir los accidentes, a cargo del diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
Efemérides
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los planes considerados en el Programa Nacional contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI
William Renán Sosa Altamira, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de motivos
En los últimos años, el aumento de la temperatura a nivel global se ha convertido en un severo problema a resolver por parte de los gobiernos y organismos internacionales dado que los estragos del cambio climático afectan al equilibrio de los ecosistemas y directamente a la producción del sector primario de la economía, donde las intensas y prolongadas sequias que se han registrado han dejado pérdidas incalculables en el sector agropecuario a escala mundial.
En torno a este problema, los diversos gobiernos han tomado una serie de medidas que garanticen contrarrestar los efectos nocivos de este fenómeno, siendo que a México la sequía lo ha transformado de ser un país exportador a ser un importador de diversos productos como por ejemplo lo es el caso del Maíz.
Este problema se transmite a toda la cadena productiva ya que siendo el campo el primer afectado, posteriormente viene la escalada de precios en la industria que depende de insumos agrícolas, de la carne y textiles, lo que en suma provoca que sea el consumidor quien finalmente lo resiente en el bolsillo. Sin embargo, el problema no es solamente económico, también la sequía se presenta como uno de los factores que detonan enfermedades relacionadas con la contaminación por estancamiento del agua como lo es la cólera, infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel, rotavirus y hepatitis tipo A, entre otras.
Por ello es que el tema de la sequía se ha convertido en uno de los más importantes, ya que corresponde al estado crear los programas y medios idóneos para prevenir y contrarrestar sus efectos.
En este sentido, el pasado 10 de enero el Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó el llamado Programa Nacional Contra la Sequía, en dos grandes líneas de acción, el primero se basa en un sistema de alertamiento, el cual ha iniciado en una primera etapa desarrollando indicadores, basados en los índices de precipitación y escurrimiento, que con el apoyo de 20 universidades e institutos de investigación dará a conocer la situación de sequía en el país, y en una segunda etapa es el desarrollo de 26 programas de atención a las sequias en correspondencia a las 26 cuencas en las que se encuentra dividido el territorio nacional .
El problema fundamental, estimadas compañeras y compañeros diputados, radica en que los 26 programas de atención a la sequía se tienen proyectados para estar listos en el mes de junio, para que posteriormente en coordinación con los municipios, organismos operadores y distritos de riego se realicen programas focalizados en cada región según informó el Doctor Felipe Arreguín Cortés, Subdirector General Técnico de la Conagua en conferencia de prensa el pasado 18 de febrero.
Es decir, debemos de recordar que a pesar de que los esfuerzos en la planeación de la alerta temprana se están llevando a cabo, el problema ya está frente a nosotros, presentándose en diversas entidades del territorio nacional, los productores no pueden esperar hasta junio para recibir la atención a una realidad cada día más adversa.
En el mes de febrero las 170 presas más importantes se encontraban en un 56 por ciento de su capacidad de llenado, lo que representa 14 por ciento menos que el promedio histórico, lo que, aunado al pronóstico del próximo trimestre abril, mayo y junio, hace necesario tomar medidas contra la sequía, pues se espera hasta 30 por ciento menos lluvia que el promedio histórico.
En este sentido los problemas no se circunscriben solo a la falta de la infraestructura que valga decir, como señalo el director de Conagua David Korenfel Federman, fue construida bajo viejas normas de calidad, además es necesario y urgente revisar y rehabilitar las 115 presas con alto riesgo e inspeccionar 5 mil km de bordos.
En reunión con la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de ésta Cámara de Diputados, el director de Conagua también añadió que de los 604 municipios que han empezado a ser monitoreados por cuestiones de sequía, la mayor parte se concentra en la frontera con estados Unidos, y que del total de municipios del país, el 30 por ciento presenta algún indicio de sequía.
Siendo la falta de lluvias o precipitaciones, el principal factor de la sequía, la desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales del líquido se están presentando cada vez con mayor intensidad en ciclos climáticos donde antes no se presentaba, llegando en casos extremos a la aridez que azota poblaciones enteras, tanto es así que el pasado 25 de marzo el Congreso del estado de Nuevo León aprobó un exhorto al Gobernador del estado para que instruya al titular de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario a que implemente el Programa de Apoyo Emergente para la Sequía, así mismo se incluye que la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la entidad realice las acciones necesarias para contrarrestar los daños.
En el estado de Tamaulipas, el director de la cuenca Golfo Norte de la Conagua, Luis Felipe Alcocer Espinosa, señaló que según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos tres meses los niveles de lluvia serán muy bajos en relación a la media histórica, las estadísticas muestran que durante el mes de marzo la media histórica es de 19.2 milímetros de humedad, sin embargo, hasta el momento no se alcanza ni el 8 por ciento debido a las escasas lluvias, ese mismo panorama se vislumbra para el mes de abril, en el que la media histórica es de 39.4 milímetros de humedad y en esta ocasión se espera que las lluvias apenas dejen 23.8 milímetros de humedad y finalmente para el mes de mayo, los pronósticos tampoco son nada alentadores, pues de 76.9 milímetros de lluvia que se registraban en promedio, esta vez se estima que se podrá captar menos del 50 por ciento de esta cantidad de agua.
Sin embargo, debo ser claro en que el problema de la sequía no solo es un problema de los estados del norte del país, también en la región centro se han empezado a sentir los estragos de la temporada de sequía, por lo que el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, conociendo los pronósticos climatológicos para esta región que indican que habrá poca presencia de lluvias, entregó el pasado 2 de abril apoyos preventivos a mil 500 productores de los municipios de Soyaniquilpan, Acambay, Aculco, Jilotepec y Polotitlán, dentro de su programa emergente para la sequía en el norte de su estado, sin embargo el problema de fondo se encuentra en el abastecimiento de presas, como lo es el caso de la presa de Huapango, que permite el riego de 5 mil hectáreas en la región y que en estos momentos solo se encuentra al 22 por ciento de su capacidad, por lo que este ciclo agrícola solo alcanzará para 400 hectáreas.
Por lo que respecta al sureste del país, en mi estado Yucatán, en el municipio de Peto, en la unidad de riego “Jol-Lum”, unos 35 productores que trabajan 33 hectáreas con diversos cultivos, pasan apuros por la sequía, además de esto su sistema de riego se dañó desde hace 20 días; en el municipio de Tzucacab los estragos de las altas temperaturas ya se comenzaron a reportar graves efectos donde los campesinos afirman que el calor sofocante y la falta de agua en el monte ocasiona la muerte de fauna silvestre.
El estado de Yucatán, aún no se recupera de la sequía que le azotó el año pasado y ya estamos nuevamente ante una ola de sequía, ésta es la razón por lo que los productores se encuentran alarmados, ya que no cuentan con los recursos suficientes por lo que se hace necesario el apoyo de recursos federales para mitigar el problema ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que se repitan los acontecimientos de años anteriores, cuando se registró la muerte de miles de cabezas de ganado y la no producción de cientos de hectáreas agrícolas.
El peligro latente de incendios forestales, la pérdida de miles de hectáreas de cultivo, la muerte de millares de cabezas de ganado y los riesgos a la salud que implica la sequía, es la razón por la que estando a tiempo de llevar a cabo las acciones conducentes para impedir que en unos meses nos enfrentemos a la repetición de las terribles imágenes de 2009, 2011 y 2012 donde este fenómeno dejo los mayores índices de daños que se haya tenido registro desde 1941.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para agilizar los planes y programas contemplados en el Programa Nacional contra la Sequía, a fin de contrarrestar a la brevedad los problemas derivados del aumento en la temperatura y escasez de líquido en diversas regiones del territorio nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 09 de marzo de 2013.
Diputado William Renán Sosa Altamira
Fuentes:
1. Revista de Investigación y Desarrollo, Diseñará Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en http://www.invdes.com.mx/ciencia/2695-disenara-pronacose-estrategias-pa ra-enfrentar-la-sequia-en-mexico
2. Inforural, Diseña Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en
http://www.inforural.com.mx/spip.php?article118389
3. Conagua, Se reúnen autoridades del Agua en el estado en http://www.conagua.gob.mx/OCGN07/NotaP/Comunicado%20005_2013%20Se%20reu nen%20autoridades%20el%20Agua%20en%20el%20estado.pdf
4. Milenio Novedades, Anticipan medidas contra la sequía en Yucatán en http://sipse.com/milenio/anticipan-medidas-contra-la-sequia-en-yucatan- 18871.html
5. Academia Mexicana de Ciencias, Establecen acciones para evitar sequia en México en
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/establece n-acciones-para-enfrentar-la-sequia-en-mexico/
6. Conagua, Se prevé hasta 40% menos lluvia en los próximos tres meses: SMN en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-preve-hasta-40-menos- lluvia-en-los-proximos-tres-meses-smn/
7. CDJ, Establecen acciones para enfrentar la sequía en México en http://www.cdj.com.mx/notas.php?id_n=192238
8. Conagua, En 2013 actuamos preventivamente ante la sequía; en http://www.conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=2205&n2=NotaP
9. Conagua, En 2013 actuaremos preventivamente ante la sequía (Ronda de preguntas y respuestas):
http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Comunicados/Pregunta syRespuestasdelaConferenciadePrensa-IniciodetemporadadeEstiaje18-02-201 3.mp3
10 El Sol de México, Entregó Eruviel Ávila 14.9 mdp contra la quía en
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2933463.htm
11. El Mañana, Conagua desarrolla estrategia contra sequía en Tamaulipas en http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=321448
12. Congreso de Nuevo León, Pide congreso del estado a las autoridades implementar programa contra sequía en http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2013/03/pide_congreso_del_estado_ a_las_autoridades_implementar_programa_contra_sequia.php
13. La jornada, Participan 20 universidades e institutos en programa nacional contra la sequía en
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/26/ciencias/a03n1cie
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir por las autoridades correspondientes la reserva sobre la información de la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela y Juan Bueno Torio, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Los lamentables acontecimientos ocurridos en el edificio administrativo de Pemex, en el que perdieron la vida personas trabajadoras deben ser esclarecidos, considerando la importancia que tiene esta empresa para la subsistencia de centenas de familias de las personas que ahí trabajan, o de las que tienen negocios en los alrededores de dicho edificio.
Las condiciones de seguridad deben ser garantizadas por las autoridades, pero más aún, la información que permita a la sociedad conocer puntualmente las causas que motivaron la explosión, así como las acciones que las autoridades están llevando a cabo para el esclarecimiento de los hechos, debe ser dada a conocer.
Sin embargo, de acuerdo a los oficios emitidos por Petróleos Mexicanos, con número DG-ST-058-2013 y DG-ST-059-2013, mediante los que responde a dos solicitudes de información, la empresa señala que ha reservado por un periodo de 12 años información relacionada con la explosión, al solicitársele las grabaciones de las cámaras de su complejo administrativo ubicado en Marina Nacional de los días 28, 29, 30 y 31 de enero.
De igual manera, también fueron declarados como reservados por el mismo número de años los planos topográficos, de cimentación, instalación eléctrica, sanitaria y de gas del edificio B2.
En los oficios en los que Pemex da respuesta a dichas solicitudes,1 se responde que la divulgación de la información señalada podría afectar las investigaciones respectivas.
Entendemos que existe una averiguación en proceso, sin embargo debemos exigir que ésta sea concluida lo antes posible, para que con los datos arrojados, las autoridades puedan emprender de manera inmediata todas aquellas acciones mediante las cuales se garantice la seguridad tanto de los trabajadores del edificio administrativo, como de las personas que habitan en los alrededores.
De este modo, no podemos aceptar que la información que ayude a esclarecer el hecho sea considerada como información reservada, y menos aceptable, que ésta haya reservada por un periodo de 12 años.
Los mexicanos a los que representamos, y más aún, los trabajadores, las familias afectadas y los vecinos del complejo administrativo de Pemex tienen el derecho de conocer toda la información sobre las causas del accidente, así como de las instalaciones de una de las empresas más importantes de nuestro país.
La sociedad tiene el derecho a la información. No encontramos justificación para negar la información que se solicita, ya que estos ciudadanos no podrían afectar las investigaciones que se están llevando a cabo, y además, tampoco encontramos razones que justifiquen la reserva de la información por doce años.
Más aún, no encontramos justificación, si la explicación que se dio en el momento, fue que se había tratado de una explosión de gas, versión que corroboró el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin al señalar que “... hoy se sabe lo que pasó el 31 de enero, cuando se registró una explosión como resultado de la acumulación de gas en los sótanos del edificio B-2. Los peritajes no dejan lugar a dudas”.2
Por lo tanto, debemos exigir el cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades de mantener informada a la sociedad y esclarecer lo antes posible los hechos acontecidos en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero, para garantizar la seguridad a la sociedad y para cumplir también con las obligaciones de transparencia en el ejercicio de sus actividades y en el manejo de los recursos, que el marco jurídico actual mandata.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que mediante las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información que le ha dado a la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero del presente año.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a emitir un pronunciamiento para no reservar dicha información.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que con la brevedad, se pronuncie con certeza sobre la información emitida respecto de la explosión en el edificio administrativo de Pemex, e informe verazmente a la ciudadanía y al pueblo de México los hechos que originaron dicho accidente.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que realice una auditoría a Pemex para revisar todos los gastos que ha celebrado la empresa en las investigaciones realizadas al mantenimiento de sus instalaciones por la explosión en su edificio administrativo, incluyendo los peritajes e investigaciones que han contratado , así mismo auditar si los peritajes e investigaciones entregados corresponden cabalmente a los gastos contratados por Pemex.
Notas
1 Véase http://aristeguinoticias.com/1903/mexico/reservan-grabacion-y-estudios- periciales-de-explosion-de-pemex/
2 México guardará en su memoria a trabajadores de Pemex fallecidos y el heroísmo de rescatistas. Febrero 8 de 2013. Boletín 20.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.
Diputados: Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela.
Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Ayúdenos para sacar a volar la empresa;
Ayúdenos a encontrar una solución completa y total, para tener un trabajo y una vida digna, no nos merecemos este trato;
Ayúdenos para tener una pensión segura;
Ayúdenos para que se transparente la adjudicación, que se les dé a los inversionistas la oportunidad de expresarse y demostrar su plan de negocio... Trabajadores de la empresa Mexicana de Aviación.
Hablar de Mexicana de Aviación es sinónimo del inicio de esta actividad en el país.
A principios del siglo XX, México se movía a través del ferrocarril, por lo que ante una petición del diario el Universal en 1919, para transportar su periódico entre la capital de la República y las ciudades de Puebla, Pachuca y Toluca, se ve la falta de un marco legal al respecto y la necesidad de legislar sobre esta materia.
Mediante la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas El presidente, Adolfo de la Huerta, crea el 20 de septiembre de 1920 la Mesa de Navegación Aérea, así como su reglamento, ese mismo año en octubre, también se construyeron las “Bases para el establecimiento de líneas aéreas de navegación de servicio público”, que normaba la actividad aérea comercial en la República Mexicana.
Con el presidente Álvaro Obregón, en 1921, se inicia a su decir el inexorable camino de la modernidad, donde la “Sección Técnica de Navegación Aérea” fue la base para el surgimiento de esta actividad. Se emitió la convocatoria el 31 de marzo en el Diario Oficial para el establecimiento de un servicio aéreo diario, entre México, DF, y Tampico, Tamaulipas, transportando pasajeros y correspondencia.
De esta forma la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó el 12 de julio de 1921, la primera concesión de un servicio de transportación aérea a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, SL, a Lody A. Winship, Elmer Hammond y Harry J. Lawson, residentes en Tampico, para prestar el servicio de pasajeros, correo y carga, por avión, en la ruta México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.
Es aquí donde nace Mexicana de Aviación: la primera línea aérea del país y la cuarta más antigua del mundo.
Con la firma el 1 de noviembre de 1926, en Madrid y la ratificación del Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea en el año de 1928 se le dio el impulso definitivo al desarrollo de la aviación comercial en México; además se firmó el Convenio sobre Aviación Comercial de La Habana. Además el 1 de julio, la Sección Técnica de Navegación Aérea se transformó en el Departamento de Aeronáutica Civil, y en este mismo año se iniciaron las obras del que hoy conocemos como Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
A la par de las acciones del gobierno para impulsar la aviación comercial, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, se transforma y diversifica, en 1924 se convierte en la Compañía Mexicana de Aviación, SA.
A partir de este hecho la empresa realizo fusiones que favorecieron su crecimiento e internacionalización, en los años 30 inicio servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica y Cuba, así como a la ciudad de Los Ángeles, California.
La modernidad entra a la transportación aérea con nuevos aviones con los mayores avances de seguridad y tecnología, como el piloto automático, se incorporaron aviones que contaba con bimotor.
En 1950, crea la Escuela para Sobrecargos cuya función principal es desarrollar habilidades para el manejo y control de situaciones de emergencia.
Mexicana de aviación enfrenta en los años 60 la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, algo positivo que le permite realizar cambios en su administración y nuevas estrategias comerciales, lo que conlleva el desarrollo de las compañías aéreas latinoamericanas.
En 1968 Mexicana en una empresa con capital y con inversionistas mexicanos.
La historia de la transportación de Mexicana de Aviación habla por sí misma, en los años setenta fue considerada como la primera línea aérea de Latinoamérica, transportó más de tres millones de pasajeros en un año, en 2003 supera la cifra de ocho millones de pasajeros anuales en sus 800 destinos, en 2009, el grupo de aerolíneas de Mexicana de Aviación, traslado a más de 11 millones de pasajeros, 6.6 millones en rutas domésticas y 4.5 millones en rutas internacionales, en su mayoría a Estados Unidos de América con una flota de aproximadamente 110 aviones.
Este hecho habla por sí mismo de la fortaleza de la empresa y de la entrega de sus trabajadores, sin embargo la administración de la misma ha dejado mucho que desear, en 1982 el gobierno compró 54 por ciento de las acciones de la empresa, iniciando una época de operaciones con capital mixto.
Sin embargo ante el regreso de Mexicana de Aviación en los años noventa a la iniciativa privada con el Grupo Falcón, inicia una campaña de transformación de imagen y adquisición de equipos, pero también de vaivenes producto de la crisis económica, en ella intervienen empresas como Cintra e instituciones como Bancos y el IPAB.
Las nuevos retos hacen que la aerolínea realice alianzas con empresas para atender al mercado ya sea con United Airlines y Lufthansa, Western Unión en Estados Unidos y Canadá, además de Master Card Internacional.
La última administración de la Compañía Mexicana de Aviación se gestó el 16 de diciembre de 2005 por Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien se convirtió en propietario del 100 por ciento de los títulos de la empresa y en diciembre de 2009 crea la sociedad Nuevo Grupo Aeronáutico.
La falta de experiencia en la aeronáutica por parte de los administradores de la Compañía Mexicana de Aviación, la llevó a la ruina y junto a ella a los 8 mil 640 empleados, así como a los jubilados de la misma empresa, el 28 de agosto de 2010.
A más de dos años de suspender operaciones la Compañía Mexicana de Aviación, persisten las dudas en el manejo de los activos de la empresa por parte de sus administradores, así como la incertidumbre de los trabajadores de conservar su fuente de empleo, por lo que será fundamental:
1. Encontrar una alternativa para resolver la problemática de la compañía Mexicana de Aviación y de la misma forma atender a sus trabajadores que han hecho grandes sacrificios, como el ver reducido sus percepciones salariales y sus prestaciones estando en activo, se debe mantener volando a esta empresa que es pionera y emblemática de esta actividad en nuestro país.
2. Retomar las palabras del entonces candidato Enrique peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal: Me parece que es una empresa emblemática de nuestro país que debe llevar a que el gobierno resuelva el problema y que debe ser una empresa que se mantenga, yo estoy a favor de que tenga presencia y siga operando. Para sumarla a las exigencias de solución.
3. Que se detallen los mecanismos financieros que permitan agilizar la inversión en la aerolínea para estimular la compra y capitalización de la empresa y sus filiales, garantizando en todo momento los derechos de los 8 mil 640 empleados activos y jubilados (de los activos ya 30 fallecieron).
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Con carácter de urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga en el conflicto de mexicana de aviación que afecta a uno de los ejes de transportación básicos para la nación, que ensombrecen el panorama de las más 8 mil 640 familias que dependen de los empleos directos sin contar los indirectos que genera esta empresa, además para que realicen una investigación que incluya a los administraciones que precedieron a la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación, así como a los funcionarios en turno que estuvieron involucrados, para deslindar responsabilidades.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de su competencia abran una mesa de diálogo, que esté integrada por todas las partes involucradas, que pueda facilitar la expresión de todos los inversionistas interesados en la Compañía Mexicana de Aviación y que la mejor de las opciones sea considerada para que la empresa pueda volver a volar, además de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.
Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a incluir en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 planes suficientes a fin de dar cobertura en becas para niños y jóvenes, y de que éstos puedan culminar la secundaria y la preparatoria a escala nacional, a cargo del diputado Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Rubén Camarillo Ortega, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación es un derecho humano esencial que posibilita el ejercicio de los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal. Gracias a ella, es posible mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de un país; está demostrado que el incremento de la escolaridad de la población se asocia con el mejoramiento de la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad y, en definitiva, con el fortalecimiento de la cohesión social.
Así pues, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar condiciones suficientes para asegurar, sin discriminación alguna, el derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad. Esto significa, al menos, que asistan de manera regular a la escuela, permanezcan en ella hasta concluir la escolaridad obligatoria y, en ese tránsito, logren aprendizajes relevantes para la vida.
Es así que la educación en México es un derecho consagrado por la Constitución vigente, que en su artículo 3o. declara que la educación impartida por el estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país. Obliga a quienes residen en México a cursar por lo menos los niveles primario y secundario de la educación, y establece que los jefes de familia tienen la responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con este deber.
De ahí que buscar igualdad de oportunidades y el bienestar, son principios básicos de sociedades que aspiran a tener un gran desarrollo; sin embargo, resulta evidente que en México la educación difiere de ser igualitaria y universal, máxime si se observan las grandes diferencias que existen por regiones en el país, lo que provoca un importante rezago educativo a nivel nacional.
Nuestro país reporta 37 por ciento de jóvenes entre los 14 a 18 años que abandona sus estudios. Muchos ni siquiera concluyen su educación primaria. Son porcentajes muy altos y preocupantes. Según estudios realizados por investigadores de diversas instituciones de educación superior estos porcentajes se elevan más en zonas rurales que urbanas, siendo las mujeres las que dejan los estudios, mientras que en las urbanas son los varones los que desertan con mayor facilidad.
En promedio, de cada 100 niños que ingresan a la primaria, 50 concluyen sus estudios del nivel medio superior, 21 egresan de formación universitaria y sólo 13 se titulan, (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso-México).
En este tenor, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reporta, en el informe sobre rezago educativo, que es importante fortalecer los sistemas de apoyos económicos y académicos para favorecer el acceso y permanencia de los estudiantes provenientes de familias de escasos recursos. Por su parte, el informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas cita que aunque hay impulsos por aumentar el número de becas, sólo 7 de cada 10 becarios de los programas brindados lograron terminar la educación básica.
Entonces, a pesar de que en la última década se registraron avances importantes en términos de equidad en el acceso a la educación obligatoria, la inasistencia a estos niveles escolares continúa siendo más aguda para la población vulnerable, especialmente para los niños en hogares pobres, indígenas, que viven en localidades aisladas o cuyos padres cuentan con poca escolaridad.
Este escenario es de gran preocupación, pues la deserción escolar representa el posible ingreso a un mundo en el que aumenta la vulnerabilidad personal frente a la violencia, al abuso, las adicciones, la frustración y el quiebre de cualquier expectativa de vida, desarrollo personal y crecimiento profesional, poniéndose en desventaja en el ámbito social. La deserción escolar puede ser incluso antesala hacia el delito y la marginalidad social.
Como se observa, la falta de recursos económicos es la causa principal de la deserción escolar en el nivel básico, pues ante esto, los jóvenes dejan las aulas para buscar fuentes de empleo, y en este sentido las becas pueden ser un elemento que nos ayude a retenerlos, ya que el impacto social de las becas puede combatir la deserción escolar.
Si bien es cierto que existen diversos programas de apoyos de becas a niveles estatales (Decide, Prepa sí, etcétera) que promueven la conclusión de la escolaridad básica, hace falta trabajo y apoyos en este sentido que ayuden de manera importante a que los jóvenes de nuestro país tengan la oportunidad de concluir sus estudios. En este sentido, cabe recordar el trabajo que se estaba realizando con el programa Síguele, Caminemos Juntos, incluido en el programa sectorial de educación 2007- 2012.
Este programa surgió de los lineamientos establecidos en la reforma integral de la Educación Media Superior, como una estrategia para contribuir a la mejora del aprovechamiento escolar, a incrementar la tasa de eficiencia terminal y a disminuir los índices de deserción y reprobación en jóvenes de secundaria y preparatoria.
El programa presentó un conjunto de acciones enfocadas a atender demandas y necesidades académicas, vocacionales, afectivas, socioeconómicas, y de detección oportuna de problemáticas de abandono de estudios por parte de la población estudiantil, disminuyendo los índices de deserción y reprobación a nivel nacional a través de la entrega de becas a alumnos en situación de pobreza.
Considerando las bondades de dicho programa y que repercutió en el apoyo económico directo a jóvenes estudiantes para que terminaran sus estudios de secundaria y preparatoria, se considera importante que en el actual sexenio se considere dar continuidad a las características de este programa de apoyo de becas, y sea incluido en el programa sectorial de educación del actual gobierno federal.
Sabemos que la educación en México enfrenta una multiplicidad de problemas inmensos que lo vuelve muy complejo, sin embargo, lo que no se debe perder de vista, es lo que llega a los niños y jóvenes, qué calidad de educación se les quiere brindar, cómo proporcionarles las herramientas necesarias para su crecimiento y desarrollo como seres humanos.
Por todo lo antes mencionado, y con la finalidad de que en la actual administración se implemente un plan sectorial de educación de calidad se presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se incluyan los programas suficientes para dar cobertura en el apoyo de becas a niños y jóvenes, a fin de atender y evitar la deserción de los jóvenes y éstos puedan culminar con los estudios de secundaria y preparatoria a nivel nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.
Diputado Rubén Camarillo Ortega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas integrales que instauren, impulsen y desarrollen programas en favor del servicio ferroviario de pasajeros, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Marcos Rosendo Medina Filigrana, diputado a la LXII Legislatura, electo por el quinto distrito electoral de Tabasco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, en uso de sus facultades, incorpore en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas públicas integrales que instrumenten, impulsen, y desarrollen programas en favor del servicio ferroviario de pasajeros, a efecto de diversificar dicho sector y generar nuevas condiciones de empleo en nuestro país, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El primer servicio ferroviario en México se realizó en 1873, con la inauguración de la línea Veracruz-Ciudad de México, siendo presidente don Sebastián Lerdo de Tejada. Posteriormente, durante la presidencia del general Porfirio Díaz, se le dio un fuerte impulso al ferrocarril, de hecho, la red ferroviaria se desarrolló hasta quedar casi como se encuentra en nuestros días. Como todos sabemos, en nuestro país el sistema ferroviario fue básico para el transporte de personas y mercancías hasta la primera mitad del siglo XX.
En 1908 el Estado mexicano era el accionista mayoritario de las líneas ferroviarias más importantes. Posteriormente, durante el régimen de Lázaro Cárdenas se emprendió el programa más importante de modernización de los ferrocarriles, decretándose en 1937 la nacionalización de los mismos, con la creación de la empresa pública Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) como empresa paraestatal, sin participación privada, con el fin de que el estado tuviera el control del medio que en aquel entonces era el más importante de carga y pasajeros.
Varias décadas después, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, en los años 90, el ferrocarril se privatizó con el otorgamiento de concesiones a empresas privadas. Casualmente, el expresidente Zedillo actualmente trabaja para el gigante Union Pacific, que es dueña de una parte de la empresa Ferrocarril Mexicano o Ferromex, lo que genera la inmediata sospecha de un posible conflicto de intereses originado en su mandato presidencial.
Desde entonces, el transporte ferroviario de pasajeros en nuestro país ha mostrado un importante descenso, fortaleciéndose la errónea idea que el ferrocarril sólo es redituable con el movimiento de grandes volúmenes de carga a grandes distancias.
México tiene una de las redes ferroviarias más grandes del Mundo, que cubre casi la totalidad del país, pero contradictoriamente no existe el servicio de ferrocarril para pasajeros.
En México, durante los primeros 54 años de existencia del ferrocarril, hubo un dinámico crecimiento de la infraestructura ferroviaria. En consecuencia, se construyeron 50 kilómetros de vías férreas cada año de 1872 a 1926; ese ritmo se redujo a sólo una tercera parte de 1926 a 1966; sin embargo se logró la conformación de una red ferroviaria primaria de 23 mil kilómetros, de los cuales 80 por ciento es explotada por empresas privadas que cuentan con una concesión. De esta red principal, 8 mil 200 kilómetros son capaces de soportar trenes de alta capacidad porque las vías están armadas con rieles de acero sobre durmientes de concreto. Se calcula que aún se requieren aproximadamente 3 mil 500 kilómetros más para terminar la red básica.
Hace 30 años los trenes en México trasladaban a 25 millones de pasajeros al año, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta cifra en 1997 se ubicaba en 5 millones de pasajeros cuando el expresidente Zedillo privatizó la empresa Ferrocarriles Nacionales.
Hoy las escasas rutas de pasajeros que operan en México son tres y son principalmente turísticas: el Ferrocarril Chihuahua – Pacífico, mejor conocido como el Chepe , el Tequila Express, y el Expresso Maya; los cuales en conjunto apenas mueven a 200 mil viajeros al año.
En los años 90 México no fue único el único país que privatizó el ferrocarril en América Latina. Países como Brasil, Argentina y Colombia, también impulsaron la desnacionalización y ello con el objetivo de construir más infraestructura ferroviaria para mejorar el servicio y elevar la competitividad, caso contrario en México cuyo plan fracasó.
En los más de 15 años que lleva el servicio en manos de los concesionarios ferroviarios, no se ha construido ni un sólo kilómetro para ampliar la red existente. La privatización de los ferrocarriles se hizo bajo un esquema para favorecer a las grandes empresas, cuyos inversionistas no están obligados a invertir en la construcción de segundas vías, ya que la concesión sólo se concreta a utilizar la misma infraestructura con una sola vía.
Ello implica una clara diferencia con países como Argentina, Brasil y Chile, que en los últimos cinco años han incrementado su infraestructura ferroviaria según datos de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF). De igual manera, en países de Europa, el transporte ferroviario continúa siendo un medio eficaz y de calidad, ocupando el primer sitio como opción de los usuarios.
El servicio ferroviario mexicano está estancado, y en una economía del tamaño y la importancia de México, es una pena no contar con un servicio ferroviario de calidad.
Es obvio que la competencia entre el ferrocarril y el autotransporte en México, se ha resuelto en favor de este último. Sin embargo, basta señalar que un ferrocarril largo equivale a una carga de 280 trailers, lo que genera una idea de los costos económicos y el impacto ambiental que se puede evitar. Por ello, muchos países buscan promover un ambiente de competencia justa que fomente una mayor eficacia en ambos modos y nuestro país no debiera ser la excepción.
Los efectos multiplicadores de un sistema de transporte ferroviario de pasajeros representarían una excelente oportunidad para impulsar el empleo y los negocios, mediante la consolidación de una nueva industria de servicios. El impulso, la instrumentación, y el desarrollo de programas y políticas públicas ofrecen la oportunidad de diversificar a dicho sector.
A este conjunto de beneficios, vale mencionar que se sumaría el tema ambiental a favor del sector ferroviario; ya que el servicio de autotransporte genera altas concentraciones de dióxido de carbono, y en cuanto al consumo energético, para trasladar una tonelada de carga el transporte ferroviario utiliza un tercio del combustible que consume el carretero, generando con ello menor contaminación.
Nuestra Carta Magna en su artículo 25 establece “Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.”
En virtud de lo anterior, considero que, se hace necesario garantizar la calidad y la seguridad en los servicios de transporte ferroviario de pasajeros en México.
Por lo anteriormente expuesto, en mi carácter de diputado federal y con apego a los derechos que en consecuencia me reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a que en uso de sus facultades, incorpore en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas públicas integrales que instrumenten, impulsen y desarrollen programas en favor del servicio ferroviario de pasajeros, a efecto de diversificar dicho sector y generar nuevas condiciones de empleo en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.
Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a transparentar la información relativa a los ingresos anuales de vivienda y las reservas para riesgos preventivos, así como la de índole financiera relacionada con la cartera en prórroga, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
En respuesta al interés de 15 millones de trabajadores organizados en la “Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos”, del “Frente Amplio de Movimientos Alternativos” (FAMA), de la “Asociación Mexicana de Organizaciones Residentes” (AMOR) y de la “Coordinación Nacional en Defensa de los Derechos de los Trabajadores para la Vivienda”, se realiza la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que se informe transparentemente el manejo, administración y la información financiera relativa a los ingresos anuales de vivienda y reservas para riesgos preventivos provenientes del ahorro de los trabajadores.
Los trabajadores que se encuentran dentro de las organizaciones sociales en comento mismos que cotizan para los fondos de la vivienda al Infonavit han manifestado inconformidades ya que no corresponde el monto de los ingresos obtenidos por el Instituto con el bajo crecimiento del fondo de la vivienda, ya que según los informes públicos del Infonavit en 2012 se obtuvieron más de 153 mil millones de pesos en ingresos, mientras que con un fondo de 792 mil millones de pesos, el crecimiento del fondo para el año 2013 fue de apenas 67 mil millones de pesos en tanto que los ingresos anuales para este año se estimaron en 162 mil millones de pesos. En cuanto a la diferencia de cerca de 100 mil millones de pesos, los interesados han demandado que se investigue su manejo y destino.
En este sentido resulta importante clarificar a los cuentahabientes del Infonavit la información financiera que resulta de sus ahorros, considerando que los ingresos en 2011 fueron de 80, 073 millones de pesos, asignando sólo 29,092 por pago de intereses a los cuentahabientes del Infonavit, mientras que para 2012 los intereses generados llegaron a 90,407millones de pesos destinando solo 35,843 millones de pesos a los asegurados al Infonavit, en 2013 se estima que los ingresos por intereses serán de 96 280 millones de pesos destinando solo 39 978 millones de pesos al pago de intereses de afiliados al Infonavit.
Asimismo resulta no muy clara la información vertida para riesgos financieros contabilizados en el fondo global del Infonavit en relación al crecimiento del fondo del Infonavit, ya que las reservas o montos destinados para riesgos preventivos que en los pasados dos años representan más de 91 mil millones de pesos no corresponden con las cantidades descontadas a los ingresos.
En los datos oficiales se asignan 150 mil millones de pesos a fondo de riesgos preventivos, sin embargo sólo en los últimos 3 años el monto destinado a este fondo supera los 140 mil millones de pesos.
Con base en lo anterior la transferencia de la cartera vencida del Infonavit a particulares constituye una pérdida de los recursos institucionales misma que debe ser transparente en lo que respecta a sus montos y a las empresas involucradas.
Buscando resolver estas inquietudes de los trabajadores y haciendo valer el derecho a la vivienda, en el marco de la transparencia y acceso a la información pública, por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a transparentar la información relativa a los ingresos anuales de vivienda, las reservas para riesgos preventivos, así como aquella información financiera relacionada con la cartera en prórroga que afecta a más de 400 mil familias a nivel nacional
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.
Diputado Rodrigo Chávez Contreras (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la SHCP a emprender acciones conducentes a solucionar la problemática de los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, José Arturo López Cándido, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con las facultades conferidas, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público a emprender las acciones necesarias a fin de solucionar la problemática de los trabajadores jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación al tenor de los siguientes
Antecedentes
El presidente Lázaro Cárdenas del Río, por acuerdo de fecha de 13 de enero de 1938, tuvo a bien la creación de los Talleres Gráficos de la Nación, con lo que se constituyó bajo la figura de sociedad cooperativa. Asimismo, para el cumplimiento de sus fines, le fueron proporcionados algunos bienes propiedad de la nación. Por ello, la empresa se constituyó como de participación estatal y nombró a un representante ante la asamblea a fin de cuidar sus bienes.
Con el paso de los años, el gobierno federal se constituyó como propietario de 50 por ciento de los rendimientos anuales, no obstante que no estaba considerado como socio en el acta constitutiva de la cooperativa. Los rendimientos se distribuyeron de la siguiente manera: una parte para el gobierno federal, una parte para la renovación de maquinaria y equipo, y una tercera parte para distribuirse entre los cooperativistas.
Para el pago de pensiones vitalicias a los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación se constituyó un fideicomiso legalmente en 1990, pero fue intervenido ilegalmente por la Secretaría de Gobernación desde noviembre de 1993. Además, no se ha cumplido el pago de las pensiones de dichos trabajadores, no obstante que, mediante la liquidación sin legitimación en causa, el gobierno federal se apropió de todos los activos de la empresa cooperativa, apoyándose en la figura de participación estatal.
De acuerdo a versiones de la Secretaría de Gobernación dadas a la Comisión Permanente en 2003, informaron que los asuntos demandados ya se atendieron. Por un lado dicen, que se otorgaron indemnizaciones y pagos por única vez a los trabajadores que tenían derecho a una pensión conforme al fideicomiso que otorgaba las pensiones y que fue liquidado; además, señalan que las demandas que se presentaron fueron en su momento sobreseídas mediante el juicio de amparo respectivo.
Consideraciones
A la fecha ninguno de los 200 jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación ha recibido la pensión correspondiente, lo que ha representado para ellos y sus familias sobrevivir en un ambiente de zozobra y carencias, muy a pesar de que legalmente les corresponde el pago de las pensiones.
El Poder Legislativo federal se ha caracterizado por velar por los intereses de la nación, en particular de los más necesitados, creando mecanismos que mejoren la calidad de vida de los mexicanos, por lo tanto es menester, que se atienda esta problemática en beneficio de los pensionados y jubilados de talleres gráficos de la nación. Un ejemplo claro es lo ocurrió con los jubilados ferrocarrileros de 1982, y los trabajadores exbraceros, a quienes se les asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida para un pago único en su favor, así como recursos para el establecimiento de un fideicomiso.
Bajo esta tesitura, se señala que la urgencia de la aprobación del presente punto de acuerdo, se motiva con base en que muchos de los pensionados y jubilados puedan llegar a mejorar su calidad de vida, así como sufragar aquellos gastos que se han suscitado por enfermedades que actualmente padecen, haciendo notar que a la fecha se ha suscitado el deceso de muchos de ellos que se han quedado en la lucha de una pensión y jubilación justa que en derecho les corresponde.
Por lo antes expuesto, en mi carácter de representante popular y apelando a nuestro sentido común, pedimos a ustedes sumarse a este
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta a los titulares de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, para que, en el ámbito de su competencia, encuentren los mecanismos necesarios a efecto de que se otorgue puntualmente la pensión correspondiente a los jubilados y pensionados de Talleres Gráficos de la Nación, apegándose a lo que en derecho corresponda.
Segundo. Se solicita a las dependencias citadas en el punto que antecede, para que se realicen las adecuaciones correspondientes, con la finalidad de regularizar el fideicomiso para el pago de pensiones vitalicias de jubilados, así como la reintegración de las cantidades no pagadas desde el último pago hasta la fecha.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.
Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a realizar adecuaciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en todo el sistema de transporte público, en especial el Metro, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Jorge Francisco Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente at jefe de Gobierno del Distrito Federal, que instrumente las acciones y medidas necesarias a fin de que se lleven a cabo las adecuaciones pertinentes para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a todo el sistema de transporte público del Distrito Federal, en especial al Sistema de Transporte Colectivo Metro, con apego a la legislación y normatividad aplicables, al tenor de las siguientes:
Considerandos
1. Que el sistema colectivo metro es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará cuyo objeto será la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado, para el transporte colectivo de pasajeros en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y del estado de México y tiene por objeto la adecuada explotación del servicio público de transporte colectivo de personas mediante vehículos que circulen en la superficie y cuyo recorrido complemente el del tren subterráneo.
2. Que la dirección y administración del “Sistema de Transporte Colectivo” está a cargo de un Consejo de Administración presidido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de conformidad con el artículo 4 inciso a. del “decreto por el que se crea el organismo público descentralizado ‘Sistema de Transporte Colectivo’, para construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial, para el transporte colectivo en el Distrito Federal”.
3. Que son facultades del Director General administrar los negocios y bienes de la institución, celebrando los convenios y contratos; en este mismo sentido le corresponde desarrollar y ejecutar directamente la obra pública, a fin de mantener en óptimas condiciones las construcciones actuales y las relativas al Programa Maestro de Ampliaciones del “Sistema de Transporte Colectivo”.
4. Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal reporta que durante 2011 tuvo una afluencia de mil 487 millones 525 mil 176 usuarios.
Durante el mismo periodo se reporta un registro de afluencia utilizando “tarjetas de cortesía” que se otorga a persona con alguna discapacidad permanente (motriz, auditiva, visual ó intelectual), la cual es válida para abordar gratis el Metro, Trolebús, Tren Ligero y camiones de RTP de mil 152 millones 659 mil 172. Según reporta en su página de Internet.
5. Que se reporta que sólo en 54 de las 175 estaciones del metro cuentan con sólo uno o dos elementos de accesibilidad con la siguiente distribución:
1. Existen 355 placas de sistema Braille distribuidas en 25 estaciones.
2. En 32 estaciones se cuenta con canaletas a nivel de piso para guiar a los invidentes del acceso de las estaciones al andén o del andén a la salida de la estación.
3. Solo se cuenta con 24 plataformas que le descienden o ascienden de la zona de escaleras fijas en sólo 6 estaciones.
6. Que el sistema de transporte colectivo metro no cuenta aún con la infraestructura para la atención de todos los usuarios, un transporte es accesible cuando permite a las personas con discapacidad satisfacer sus necesidades de desplazamiento de forma autónoma, garantizando, a su vez, un acceso seguro y confortable para todos los pasajeros.
Las personas con discapacidad que desean utilizar el transporte público tienen que enfrentarse a una serie de dificultades procedentes del propio funcionamiento del transporte, de los condicionantes de accesibilidad hasta la parada o estación, de los determinantes de su propia discapacidad, así como de las actitudes de las empresas operadoras, empleados y del resto de usuarios.
7. Que por último el acceder en igualdad de condiciones al transporte público genera un efecto positivo en el conjunto de la sociedad, convencidos de que así se mejora la calidad del servicio, ya que éste atraerá a un mayor número de usuarios que, en muchos casos, abandonarán el coche particular y. ayudará a reducir la contaminación, la congestión circulatoria, la siniestralidad y, en definitiva, mejorará la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Por lo anteriormente fundado y motivado se somete a su consideración el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que instrumente las acciones y medidas necesarias a fin de que se lleven a cabo las adecuaciones pertinentes para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a todo el Sistema de Transporte Público del Distrito Federal, en especial al Sistema de Transporte Colectivo Metro, con apego a la legislación y normatividad aplicables.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada federal en la LXII Legislatura del honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el mundo existen 12.3 millones de personas víctimas de trata, de las cuales más de la mitad son mujeres y niñas. Según estimaciones, la explotación de estas personas genera anualmente ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares para los tratantes, lo que coloca a esta actividad ilícita en el tercer lugar entre las más lucrativas del mundo para el crimen organizado, después del tráfico de armas y del tráfico de estupefacientes. A pesar del alto número de personas que son explotadas en el mundo, muy pocas llegan a ser identificadas.1
En cuanto a la edad de las víctimas de trata o en riesgo de serlo, el rango de edad es abismalmente amplio, puede ir de cero meses hasta llegar a afectar a personas adultas mayores. En los resultados del Diagnóstico sobre la asistencia a víctimas se identifica que la población más afectada son los menores de edad, quienes constituyen casi 70 por ciento del total de las personas atendidas, destacando el grupo de los adolescentes de entre 13 y 17 años. El porcentaje restante se conformó por mayores de edad, principalmente adultos jóvenes de 18 a 30 años, aunque también se registraron casos de hombres y mujeres de entre 40 y 50 años.
México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas, según información de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina (CATWLAC, por sus siglas en inglés), quienes han encontrado que existen entidades con fuerte vínculo entre la desaparición de mujeres y niñas con la trata de personas y que luego, incluso, pueden acabar en feminicidios.
Como parte de los esfuerzos internacionales para prevenir y eliminar la comisión del crimen de la trata de personas y para proporcionar atención a las víctimas de estos delitos, en nuestro país el 25 de diciembre de 2003, entró en vigor el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamado Protocolo de Palermo, el cual tiene tres finalidades básicas: prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata y promover la cooperación entre los Estados parte.
Además el 14 de junio de 2012 fue promulgada la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que obliga a la federación, estados y municipios a coordinarse en ámbito de su competencia para homologar el tipo penal, generar políticas públicas transversales, así como para establecer acciones de coordinación en la prevención, sanción y atención en materia de trata de personas.
Como antecedentes de que ya se han realizado acciones para exhortar al gobierno federal, para que cumpla de acuerdo a sus competencias con lo establecido en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, me permito mencionar que en sesión ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2012, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno de esta Cámara proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a publicar el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a armonizar su legislación con base en dicho ordenamiento, la cual fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y aprobada el 13 de diciembre de 2012.
Además en sesión ordinaria celebrada el 11 de abril del 2013, la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, presentó ante el pleno de esta Cámara un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el cual se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, el cual se encuentra pendiente de revisión.
Lo anterior para solicitar el cumplimiento de lo señalado en el artículo cuarto transitorio de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, donde establece que el Ejecutivo federal cuenta con 90 días a partir de la publicación de dicha ley para emitir el reglamento de ésta. No obstante, a más de 300 días de la promulgación de la ley, el Ejecutivo federal no ha dado cumplimiento de lo establecido en dicho ordenamiento, para dar plena vigencia a lo contemplado en la ley.
Reconociendo que de las diversas y variadas formas de violencia que laceran y lastiman a millones de personas, la trata de personas es una de las más extremas y degradantes y que atentan contra la dignidad humana. Por ello, es que no se puede hablar de estado de derecho, si una o millones de personas son víctimas de este grave delito. De ahí que además de ser una ardua tarea, es de urgente atención, por lo cual se requiere expedir los ordenamientos legales para la efectiva aplicación de la ley.
Por todo lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía para su aprobación el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La LXII Legislatura del honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que con la brevedad emita el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
Nota
1 La trata de personas en México: Diagnóstico sobre la asistencia a víctimas. Organización Internacional para las Migraciones. México. 2011.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.
Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la elección de un congreso constituyente que defina el contenido de una Constitución de la Ciudad de México, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, diputado federal Rodrigo Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; fracción II del numeral 1; y numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Distrito Federal mexicano, fundado en 1824 por decreto del Poder Legislativo Federal como capital de la República sede de los Poderes de la Unión, ha tenido una vida política básicamente centralista y autoritaria.
A lo largo de casi dos siglos, se ha organizado internamente en municipios, partidos, municipalidades, prefecturas, delegaciones políticas y delegaciones. En uno, cinco, siete, 13 y 16 entidades resultantes. Siempre, con gobiernos sujetos a alguna autoridad central o federal y en condiciones distintas a las demás entidades federativas.
Ninguna de las constituciones federalistas de nuestra nación otorgó al Distrito Federal un estatus jurídico claro, en tanto capital y sede de la República; éste se fue estableciendo más bien mediante decretos, fundamentalmente del Ejecutivo Federal: La Constitución de 1824 ordenó al Congreso de la Unión: “Elegir un lugar que sirva de residencia a los Supremos Poderes de la Federación y ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un estado”;1 la de 1857 estableció la elección de autoridades municipales y judiciales por el voto popular, y la de 1917 integró al Distrito Federal como “parte de la Federación” y ratificó el derecho de elegir popularmente los ayuntamientos de las municipalidades en que se dividiría.
Las normas fundamentales de las etapas conservadoras, como las Leyes Constitucionales de 1836, las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva de 1847 y el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865, básicamente convirtieron a la Ciudad de México en Departamento, igual que los estados de la República.
Pero fueron textos secundarios o locales, más bien, desde el decreto de creación del Distrito Federal del 18 de noviembre de 1824, los que fueron estableciendo, transformando y eliminando las competencias locales del interior de la Ciudad de México: Leyes o decretos del Ejecutivo mediante los cuales se amplió el territorio de la Ciudad de México, se dividió en más municipios, se determinó el procedimiento para elecciones populares o se convirtió de entidad federativa en departamento el Distrito Federal. Asimismo, leyes orgánicas del Distrito Federal rigieron la capital desde la reforma de 20 de agosto de 1928, por la que se suprimió el sistema municipal en el Distrito Federal, encomendándose su gobierno al Presidente de la República, “quien lo ejercerá por conducto del órgano que determine la ley respectiva”.2
Hasta la reforma constitucional de 1987, se inició un proceso de transformación democrática de la entidad, con la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que, por reforma constitucional de 1993, se convirtió en Asamblea Legislativa. Desde 1994 el Congreso de la Unión expide un Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Y hasta la reforma constitucional del 22 de agosto de 1996, además de establecerse la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal a partir de 1997, se establece la elección de Jefes Delegacionales a partir de 2000.
Esta escueta y relativa vida democrática de apenas 16 años quedó estancada y en el caso de las delegaciones incluso se ha ido retrocediendo, al limitarse sus facultades.
A la fecha existen distintos proyectos de reforma política del Ciudad de México e incluso de Constitución de la Ciudad. Plantean, en principio, dotar a la Ciudad de facultades elementales como el nombramiento autónomo de secretario de Seguridad Pública y Procurador de Justicia, así como de un régimen de disposición crediticia igual al de los estados. Asimismo, proponen la creación de cuerpos colegiados de gobierno delegacional. Y la elemental facultad de la Ciudad para darse sus normas fundamentales.
2. En un esfuerzo inédito en la Ciudad de México, el 13 de julio de 2010, representantes de organizaciones del movimiento urbano popular, organismos civiles, especialistas; titulares de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, y representantes de órganos autónomos capitalinos dieron a conocer la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que había ido elaborándose desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal.
El Comité Promotor de la Carta narra los antecedentes del documento:3
En el marco del Foro Social Mundial-Capítulo México, realizado en el Zócalo capitalino a finales de enero de 2008, se instaló una mesa urbana durante tres días en torno al Derecho a la Ciudad, hecho que da inicio al debate público sobre el tema.
En el mes de abril del mismo año se conforma el Comité Promotor de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, inicialmente integrado por el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; posteriormente se incorporan el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Procuraduría Social del Distrito Federal.
Una de las primeras tareas del Comité Promotor fue convocar en el mes de julio de 2008 a un acto público en el Ex Templo de Corpus Christi. Este acto tuvo como objetivo abrir el proceso de formulación y consulta de los contenidos para ser incluidos en la Carta. El 1º de diciembre de ese mismo año se realizó el “Primer Foro hacia la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad”, que convocó a miembros de organizaciones civiles y sociales, académicos, funcionarios y otros actores interesados y comprometidos con la temática urbana, quienes hicieron aportaciones a cada uno de los seis fundamentos estratégicos que articulan los contenidos de la Carta.
Meses más tarde, en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, el Comité Promotor instaló una carpa temática en la Feria de Derechos Humanos realizada en el Zócalo de la Ciudad donde se llevaron a cabo diferentes actividades lúdicas con niños, jóvenes y adultos.
Con el material recogido y las aportaciones de los miembros del Comité Promotor se inició la integración de la Carta, teniendo como principales referentes la Carta Mundial por el Derecho la Ciudad y los resultados y propuestas de la Primera Asamblea Mundial de Pobladores, realizada en la Ciudad de México en el 2000.
En febrero de 2009 se realizó un segundo acto público en el Teatro de la Ciudad para dar a conocer el proceso de integración de la Carta e invitar a los diferentes sectores a participar en su formulación. Un integrante del Comité Promotor expuso la situación de la Ciudad, los propósitos y orientaciones de la Carta, así como la importancia de que este instrumento contribuya a otros procesos esperados como la reforma política y la formulación de la Constitución del Distrito Federal, entre otros. Por su parte, el Jefe de Gobierno destacó el valor estratégico de este proceso para que “la ciudad que soñamos pueda ser una realidad”.
Cerca de tres mil personas participaron en al menos uno de estos tres encuentros. Respecto al trabajo sustantivo, el Comité Promotor realizó, a partir de junio de 2008, más de treinta reuniones de coordinación, discusión, sistematización y redacción de los contenidos, así como el seguimiento y evaluación del proceso de la Carta.
(...)
El 28 de septiembre de 2009 se entregó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el “Proyecto de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad” y se inició la difusión del folleto respectivo para ampliar su conocimiento y acompañar un nuevo período de aportaciones al texto.
En diciembre de ese mismo año, en ocasión de la octava Feria de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, se instaló una carpa en el Zócalo capitalino en la que se recogieron nuevas contribuciones y sugerencias de las personas asistentes.
Para la formulación de los contenidos de la Carta se sistematizaron las aportaciones de los diversos actores, trabajo que se apoyó y complementó con el examen de otros documentos consultados, entre los que destacan: el Diagnóstico (2008) y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (2009), el Programa Ciudad Educadora y del Conocimiento (2008), aportaciones del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México, la consulta “La policía que queremos” (2008), y varios textos internacionales en torno al Derecho a la Ciudad, tales como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, los debates que se han dado en torno a ella, instrumentos sobre derechos humanos en la ciudad vigentes en varios países, declaraciones relevantes y documentos conceptuales de varios autores.
Respecto de su contenido, el documento señala que se busca “construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural”.
La Carta pretende, asimismo, “articular los derechos humanos en su concepción integral (derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) con la democracia en sus diversas dimensiones (representativa, distributiva y participativa)” asumiendo que “La construcción de la democracia, en su sentido más profundo, pasa por la superación de la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia, ya que no hay ciudad ni democracia sin ciudadanos, ni ciudadanos sin el pleno ejercicio de sus derechos, individuales y colectivos”.
Específicamente, se persigue:
• “Contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable.”
• “Contribuir a impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable.”
• “Contribuir a la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares.”
La Carta por el Derecho a la Ciudad “concibe este derecho en un sentido amplio: no se limita a reivindicar los derechos humanos en un territorio sino que implica obligaciones de la autoridad y responsabilidades de la población en la gestión, producción y desarrollo de la ciudad”.
“Reconoce y promueve el derecho de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil a participar activamente y al más alto nivel posible en la determinación de las políticas públicas, con el fin de hacer efectivas las obligaciones de los tres órganos locales de gobierno de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos hoy reconocidos, y los derechos emergentes que por el desarrollo mismo de la vida, en el ámbito de la ciudad y su entorno, sea indispensable promover, reconocer y regular a futuro.”
La Carta se encuentra redactada en forma, más que normativa, de enunciación de derechos y lineamientos respecto de “la Ciudad que queremos”:
• Ciudad democrática
• Ciudad incluyente
• Ciudad sostenible
• Ciudad productiva
• Ciudad educadora
• Ciudad segura ante los desastres y accidentes.
• Ciudad segura libre de violencia
• Ciudad saludable
• Ciudad convivencial y culturalmente diversa
Dichos derechos y lineamientos son a su vez formulados con base en los siguientes fundamentos estratégicos:
• Ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad
• Función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad
• Gestión democrática de la ciudad
• Producción democrática de la ciudad y en la ciudad
• Manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno
• Disfrute democrático y equitativo de la ciudad
3. El 2 de diciembre del año pasado, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática firmaron el Pacto por México, documento que señala en su punto 5.4:
“5.4. Reforma del Distrito Federal
“Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará una mesa nacional de negociación para acordar sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: (Compromiso 91).
“• Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la República.
“• Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.
“• Se revisarán las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.
“• En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.
“• Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la República.”
En el punto V, sobre los Compromisos para las Reformas, se calendariza:
4. El pasado 10 de abril, fue instalado el Consejo Consultivo de la Reforma Política del Distrito Federal, en el que estuvieron presentes representantes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Dicho Consejo quedó integrado por destacados personajes: Ifigenia Martínez, Rosalinda de León, José Alberto Aguilar Iñárritu, Elisur Arteaga Nava, Agustín F. Basave, Bernardo Bátiz Vázquez, Raúl Carrancá y Rivas, Miguel Concha Malo, Arnaldo Córdova, José Agustín Ortiz Pinchetti y Alejandro Rojas Díaz Durán.
En la presentación del Consejo, el comisionado para la Reforma Política, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que el objetivo es conseguir el ejercicio pleno de la soberanía de la ciudad, de sus habitantes y la elaboración entre todos de una Constitución del Distrito Federal, “que sería la primera de su historia”.
5. Si bien es cierto que el proceso de democratización del Distrito Federal se encuentra estancado, como se ha mencionado, y que existe el compromiso expreso de tres partidos políticos nacionales de avanzar en él, también lo es que la democratización debe ser definida y asumida por la ciudadanía capitalina, organizada y no organizada.
Igualmente, es obvio que un proceso jurídico constituyente de una entidad federativa, aún cuando ésta ya se encuentra constituida, es una ficción más política que jurídica, símbolo de la generación de un pacto fundacional básico de construcción de esa entidad. Por ello, no puede restringirse a la negociación de determinadas fuerzas políticas, por más representativas que en su caso se autodefinieran, sino que debe abrirse y generar un consenso múltiple y plural que propicie no sólo un contenido democrático sino la discusión democrática de esa nueva entidad.
Con base en las cinco consideraciones mencionadas anteriormente, propongo a este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al Consejo Consultivo de la Reforma Política del Distrito Federal acuerde y genere condiciones para convocar a la elección de un Congreso Constituyente que defina el contenido de una Constitución de la Ciudad de México.
Segundo. Se propone que en caso de que, en el marco de ese Consejo o cualquier otra instancia de concertación política plural para operar la reforma del Distrito Federal, se determinara la conformación de una comisión que presentara al Congreso Constituyente un proyecto de Constitución de la Ciudad de México, se acuerde que esa instancia debe tomar como base para la redacción normativa de dicha carta fundacional, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad presentada el 13 de julio de 2010.
Notas
1 Contreras Bustamante, Raúl, La Ciudad de México como Distrito Federal y entidad federativa, Ed. Porrúa, México, 2001.
2 Serrano Salazar, Oziel, La reforma política del Distrito Federal, Ed. Plaza y Valdés y Centro de Asesoría Multidisciplinaria, S.C., México, 2001.
3 La Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad se puede consultar en Internet: http://www.hic-al.org/eventos.cfm?evento=941&id_categoria=13
México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de abril de 2013.
Diputado Rodrigo Chávez Contreras
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a considerar medidas con la Comisión Nacional de Seguridad de la Segob para mejorar el mantenimiento de la red carretera federal y disminuir los accidentes, a cargo del diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Fernando Cuéllar Reyes, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, fracción II del numeral 1, y fracciones I y III del numeral 2, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, se consideren diversa mediadas de seguridad con el objeto de mejorar el mantenimiento de la red carretera federal y disminuir los accidentes carreteros; al tenor de las siguientes
Consideraciones
El exceso en peso y dimensiones de camiones de carga, aunado a factores como el exceso de velocidad, mal estado de las unidades y la red carretera, ha propiciado que en México se intensifique el número de accidentes, colocando al país en el séptimo a nivel mundial en siniestros de tránsito, de acuerdo con datos de la ONU, de la SCT y de organismos empresariales en México.
La carencia de un sistema adecuado de control de pesos y dimensiones tiene como consecuencia que se observen muchas violaciones a la reglamentación vigente. Los sobrepesos de los vehículos han ocasionado un mayor deterioro en los pavimentos y puentes. Los excesos de longitud han ocasionado un mayor nivel de inseguridad en las carreteras.
La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) asegura que en México un camión de carga tiene de largo hasta 31.5 metros, límite superior al de la mayoría de los países del mundo, donde el máximo es de 18.75 metros y mayor al de países como Finlandia (25.25), Canadá y EU (25), Suiza (24), Islandia (22), Rusia y Holanda (20).
De acuerdo con estadísticas de la base de datos Transporte de América del Norte y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los decesos por accidentes carreteros se han incrementado 31.4% entre 1990 y 2010 (último dato oficial del informe Estadísticas Básicas del Autotransporte Federal 2011).
Se debe Establecer la coordinación necesaria con la Policía Federal, que es la actual autoridad de tránsito y de seguridad en las carreteras federales y que de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal debe supervisar el cumplimiento de las normas para el servicio de autotransporte federal, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Existen diversas disposiciones legales que obligan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación a generar mecanismos de coordinación para garantizar el tránsito libre y seguro en las carreteras del país.
El artículo 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal observa “La Secretaría y la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán en la vigilancia, verificación e inspección de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado.”
Además existen disposiciones que facultan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a expedir NOM para regular el autotransporte y sus servicios auxiliares. La fracción XVI del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dispone que las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer las características y especificaciones que deben reunir los vehículos de transporte para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios. Mientras la fracción VI del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, faculta a la Secretaría a expedir las normas oficiales mexicanas de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares.
Por lo expuesto se pone a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad de la SEGOB, se considere Incluir en el Programa Nacional de Infraestructura la construcción de los tramos carreteros de bajas especificaciones de las principales rutas del autotransporte con el fin de que vehículos con cargas máximas autorizadas circulen exclusivamente por las carreteras de altas especificaciones y de tipo “A”.
Segundo. Se exhorta a la SCT a actualizar la NOM-012-SCT-2-2008 a efecto de establecer medidas de pesos y dimensiones de los autotransportes de carga, que circulen por las carreteras federales, que vayan acorde a los estándares internacionales; con objeto de disminuir los accidentes provocados por los vehículos de mayores dimensiones que circulan por territorio mexicano.
Tercero. Se exhorta a la SCT a generar los mecanismos de coordinación con autoridades estatales y municipales para hacer cumplir las disposiciones generales referentes a las medidas de seguridad para el tránsito en carreteras del territorio mexicano.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2013.
Diputado Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica)
Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Campeche como estado libre y soberano de la República Mexicana, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN
Señoras y señores legisladores:
Hoy celebramos, en este recinto, el 150 aniversario del nacimiento de Campeche como estado libre y soberano de la República Mexicana.
Las mujeres y los hombres de esta entidad somos herederos de una gran cultura. Esta grandeza sobre todo de la cultura maya se ha venido sumando día tras día en el esfuerzo de miles de mujeres y de hombres de toda la sociedad campechana, que durante los últimos años ha hecho de esta entidad un orgullo del país.
La historia de Campeche está estrechamente ligada a la historia de México. Si bien nuestra fundacional se expidió el 29 de abril de 1863, en 1862 surgió a la vida política nuestro estado mediante el decreto del 19 de febrero del presidente Benito Juárez que reconoció a la nueva entidad federativa.
Al recuperar los libreriles campechanos la plaza, se dio inicio al reordenamiento político y administrativo del Estado, instalándose los poderes en diciembre de 1867.
Hasta ese momento, el Congreso del estado ha contado con 61 periodos legislativos, ejerciendo sus facultades en este momento la LXI Legislatura del estado, con 35 diputados y la participación de 5 partidos.
En lo referente al Poder Ejecutivo estatal, Campeche ha contado con 57 gobernadores.
Campeche cuenta con una ubicación geográfica estratégica, lo que facilita su capacidad logística. Las bondades climáticas y ecológicas del estado lo colocan en una posición envidiable y atractiva para el desarrollo de actividades agropecuarias, industriales, turísticas, pesqueras y petroleras, entre otras.
Nos podemos enorgullecer de que el estado ocupa el primer lugar en cuanto a la extracción de petróleo se refiere, ya que en la sonda de Campeche, en Carmen, se extrae un aproximado de 80 por ciento del petróleo crudo y 33 por ciento del gas natural de México. Esta isla, conocida como la Perla del Golfo, cuenta además con grandes atractivos naturales y turísticos.
Nuestro partido persevera constantemente en la brega para establecer las libertades políticas plenas en nuestro estado, así también para garantizar un verdadero estado de derecho y una economía local sana y de beneficio a todas las familias campechanas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de abril de 2013.