Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3755-II, martes 23 de abril de 2013
De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
A. El 11 de abril de 2013, la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo en la que solicita que se exhorte “...al titular del Poder Ejecutivo federal emita el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.
B. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.
II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
La finalidad del punto de acuerdo planteado por la proponente, es que esta Cámara de Diputados exhorte al presidente de la República para que emita el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Su pretensión la motiva en los antecedentes y las consideraciones siguientes:
A. Antecedentes
1. La diputada proponente da cuenta que la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se publicó el 14 de junio de 2012. Asimismo, hace mención de la omisión en que incurrió el titular del Ejecutivo federal desde el 12 de septiembre de ese año, al no publicar el Reglamento de ésta.
2. Adicionalmente, la legisladora Vázquez Saut relata el crecimiento del índice delictivo de estas conductas antijurídicas en diversas entidades federativas del país y contrasta el escaso número de averiguaciones previas iniciadas por tales delitos.
3. La proponente cita cifras de las personas adultas que cada año en nuestro país son víctimas de esos delitos y pone especial énfasis en la cantidad de niños que lamentablemente padecen la misma situación.
4. Adicionalmente, la diputada indica que el crecimiento de este ilícito representa grandes ganancias para la economía informal y precisa que, para mal de nuestro país, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito, sólo por detrás de Tailandia, ya que se han detectado al menos 47 redes dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual.
B. Consideraciones
1. La proponente cita a los expertos Pilar Tavera y Fernando Dworak, quienes coinciden en señalar que ante la ausencia de un reglamento, las disposiciones contenidas en la ley se tornan inoperantes, ya que en el primero es donde se contienen los mecanismos que posibilitan al ciudadano ampararse en la ley materia del mismo, otorgándole certeza jurídica sobre los procedimientos que habrá de seguir.
En este orden de ideas, la legisladora señala la gravedad que representa la omisión de la expedición del Reglamento materia de la proposición, máxime cuando nuestro país ratificó el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, el cual entró en vigor desde el 29 de septiembre de 2003.
2. Señala que en razón de que México es un país de origen, transito y recepción de migrantes, dicha situación contribuye a aumentar la vulnerabilidad de millares de personas para ser víctimas del delito de trata, ya sea con fines de explotación laboral, sexual o de tráfico de órganos y en ese tenor, resalta el carácter impostergable de crear el reglamento que permita la operatividad de la ley en la materia, armonizando, de manera integral, la normatividad mexicana con las disposiciones internacionales.
III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos
A. Razones por las que se desecha la proposición con punto de acuerdo
En ocasión anterior, este órgano legislativo ya se manifestó sobre la necesidad de dar plena vigencia a lo establecido en la ley general citada y estimó como fundamental, que el Ejecutivo federal, los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal –ALDF- cumplan con el contenido de la misma; el primero, publicando el reglamento de dicho cuerpo jurídico y, los segundos, armonizando su legislación con base en dicho ordenamiento legal1 .
En ese sentido, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en fecha 13 de diciembre de 2012, el dictamen presentado por esta comisión con acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a la brevedad publique el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como para exhortar a los congresos locales y a la ALDF a armonizar su legislación con base en este ordenamiento jurídico, recaído a la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el pasado 27 de septiembre de 2012.
En virtud de lo anterior, y pese a que esta dictaminadora coincide plenamente con los argumentos vertidos por la legisladora Vázquez Saut, se desecha su proposición con punto de acuerdo, debido a que con antelación este órgano colegiado aprobó un dictamen que contiene idéntico acuerdo al que plantea, que desde el pasado diciembre fue aprobado por el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, realizándose el exhorto correspondiente al Ejecutivo federal, por lo cual su petición ha quedado sin materia.
Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los presentes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto por la que se solicita que se exhorte al Titular del Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentada por la diputada Regina Vázquez Saut del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Segundo. Archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido.
Nota
1 Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que publique el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a armonizar su legislación con base en ese ordenamiento jurídico.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2013.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica en abstención), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).
De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en especial las relacionadas con los homicidios violentos y las desapariciones forzadas
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. El 11 de abril de 2013, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013.
Esta proposición con punto de acuerdo fue suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó esa proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.
II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
El punto de acuerdo tiene como propósito que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación (Segob) a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en especial, las relacionadas con los homicidios violentos y las desapariciones forzadas.
III. Consideraciones
El promovente del punto de acuerdo que se dictamina señala las siguientes consideraciones:
1. El pasado 8 de abril del año en curso, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación y Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
2. La agenda tiene el “objetivo de que en el nuevo diseño de planeación democrática del país, el gobierno de la república considere su contenido (a partir) de un diagnóstico sobre la situación que prevalece en materia de derechos humanos, por lo cual contiene 79 recomendaciones, orientadas a prevenir, atender y corregir las violaciones a los derechos humanos, en temas tales como; seguridad pública, justicia, grupos en riesgo de violencia y vulnerabilidad, así como derechos económicos, sociales culturales y ambientales”.
3. Apunta el promovente que “la CNDH, así como las comisiones a nivel estatal, han recibido un mayor número de quejas relativas a “los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura, los cateos ilegales, los homicidios y las desapariciones forzadas”, esto como resultado de la estrategia en contra de la violencia y el narcotráfico emprendida en el sexenio pasado”.
4. Agrega el diputado Mejía Berdeja que la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, señala que la CNDH “cuenta con un registro de 48 mil 300 personas reportadas como desaparecidas en el periodo 2005-2012 y un total de 48 mil 750 homicidios violentos”.
Mientras que la Secretaría de Gobernación cuenta con un subregistro de personas desaparecidas, “...pues de acuerdo a la información proporcionada por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón ...la dependencia cuenta con un registro de 26 mil 121 personas desaparecidas. ...Estos datos muestran una marcada diferencia con los dados a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo que es menester (...) saber con exactitud el número de personas que se encuentran en situación de desaparecidas y las investigaciones realizadas hasta el momento.
5. Señala también que “del total de reportes de personas desaparecidas, 24 mil 91 tienen la calidad de personas extraviadas; 15 mil 921 son personas fallecidas no identificadas y 726 fueron víctimas de desaparición forzada o involuntaria”.
6. En ese contexto, el promovente refiere que la CNDH fija que “la desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El Estado es el primer obligado a combatirla, y desde el momento en que éste deja de reconocer su responsabilidad en los hechos o se niega a proporcionar información para la localización de las víctimas, conocer su suerte o destino final, se actualiza una violación de lesa humanidad que afecta sustancialmente la integridad, seguridad, libertad y vida de las personas”.
7. Derivado de lo antes expuesto, el diputado Ricardo Mejía refiere que la CNDH propone en la agenda de referencia los siguientes tres puntos:
a. Impulsar acciones para adecuar el marco jurídico interno a fin de garantizar la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada, legislando en los ámbitos federal y estatal.
b. Formar a los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, a efecto de que realicen una investigación eficaz de los casos, se sancione a los responsables y se repare el daño a las víctimas.
c. Crear una base de datos debidamente sistematizada y actualizada que permita la centralización y actualización de información estructurada e interrelacionada de los registros sobre personas desaparecidas en nuestro país.
IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos, después de haber realizado un análisis exhaustivo de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a análisis, emite el presente dictamen en sentido negativo, fundada en las siguientes consideraciones
A. El objetivo de la Agenda de Derechos Humanos de 2013, en el marco de la consulta nacional para la elaboración e integración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Como bien apunta el diputado promovente, en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la CNDH, por conducto de su presidente, presentó ante el secretario de Gobernación y de la titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa dependencia, la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013.
Al respecto cabe señalar que en dicho documento, se determina que la CNDH presenta “esta propuesta de agenda nacional, que contiene un catálogo en varios puntos a considerar, principalmente, datos relevantes sobre violaciones a derechos humanos en diversos ámbitos, cometidas por servidores públicos del Estado mexicano, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2012 ...con el objetivo de que en el nuevo diseño de planeación democrática, el gobierno de la República, por una parte, adecue sus acciones y estrategias a la reforma constitucional de derechos humanos promulgada en 2011, de respuesta a las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ...y establezca políticas públicas orientadas a la prevención de violaciones a los derechos humanos...” (el subrayado es nuestro).
Aunado a lo anterior, el presidente de la CNDH al entregar la referida agenda, refirió que lo hacía “en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el objetivo de que el gobierno considere su contenido”.
En ese contexto, es claro que la presentación de la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013 responde a un propósito específico: que el Ejecutivo federal considere su contenido, a través de la dependencia competente, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
Lo anterior considerando lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que determina que, de acuerdo con la ley, el Ejecutivo establecerá “los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”.
De tal forma, la ley de la materia determina en su artículo 2o. que “la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. De manera que para su formulación, entre otras cosas, en términos del artículo 20 de la Ley de Planeación, deberá consultarse a la población para que exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas que de él se deriven.
De ahí la justificación de convocar a foros de consulta o, como en el caso que nos ocupa, recibir las propuestas concretas que tengan como propósito la integración del contenido del plan que deberá precisar los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, así como las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y determinará los instrumentos y responsables de su ejecución.
Considerando lo anterior, las recomendaciones y datos contenidos en la referida Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013 se inserta en ese marco de consulta y no persigue otro objetivo, que ser un instrumento de consulta y apoyo en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
B. Sobre la dependencia competente para elaborar e integrar el Plan Nacional de Desarrollo y su observancia por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente.
De igual manera, la Ley de Planeación determina, por una parte, que la SHCP coordinará las actividades de la Planeación Nacional del Desarrollo, y elaborará el Plan Nacional tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados, los planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas interesados, así como la perspectiva de género. Por otra parte, señala que las dependencias intervendrán en la elaboración del plan en las materias que les competan.
De lo anterior se desprende lo siguiente:
Primero. La precisión de la dependencia a la que se faculta para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, esto es, quien deberá integrarlo conforme a los principios y lineamientos señalados en la normatividad aplicable. En este caso, la SHCP.
Segundo. La intervención que corresponde a las dependencias y entidades públicas en la formulación del plan, de acuerdo con la materia que les competa conocer.
Así entonces, la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013 que contiene propuestas para ser consideradas en la formulación del Plan Nacional se entregó al titular de la Secretaría de Gobernación por ser ésta la dependencia a la que corresponde atender lo concerniente a derechos humanos, pero no lo relativo a definir el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que no puede plantearse que por ese hecho, la Secretaría de Gobernación deba atender dichas recomendaciones porque éstas están orientadas a servir como referencia en la formulación de los objetivos, líneas de acción, estrategias y metas que habrán de definirse en el Plan Nacional de Desarrollo y que marcarán la pauta para la formulación de políticas públicas que, hasta ese entonces, sí deberán ser atendidas por cada una de las dependencias y entidades federales.
De tal forma, lo que corresponde a la Secretaría de Gobernación es entregar a la de Hacienda y Crédito Público dicho documento.
C. Sobre el contenido de la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013
Aunadas a las consideraciones anteriormente señaladas, cabe mencionar que la referida agenda contiene propuestas en rubros como desarrollo y seguridad humana, salud, educación, acceso al agua, laboral, atención a grupos vulnerables, seguridad pública y justicia. Esa integración, resulta coincidente con la finalidad que persigue su formulación: contribuir a la integración del Plan Nacional de Desarrollo.
De tal forma, se estima no puede exhortarse a la Secretaría de Gobernación a atender, en lo general, las recomendaciones de la CNDH establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, porque no todas ellas se enmarcan dentro del ámbito competencial de la misma, de manera que esa propuesta rebasaría su esfera de atribuciones y haría que jurídicamente y en un marco de legalidad, fuera imposible atenderlas.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos, somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en especial las relacionadas con los homicidios violentos y las desapariciones forzadas, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en contra), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica en contra), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica en contra), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica en contra), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica en contra), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica en contra), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).
De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria celebrada el 4 de abril de 2013, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó ante el Pleno de esta Cámara, Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que se otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis, discusión y dictamen.
I. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
La finalidad del punto de acuerdo que se dictamina consiste en exhortar al Ejecutivo Federal, para que se otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, indígena tzotzil.
El diputado inciante sustenta proposición con base en los siguientes argumentos:
El profesor Alberto Patishtán Gómez, de familia indígena tzotzil y activista político de Chiapas, es una víctima paradigmática de violación sistemática de los derechos humanos consagrados en nuestro texto constitucional y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.
El profesor tzotzil ha purgado una pena de 13 años de prisión en forma injusta e inhumana en un penal de San Cristóbal de las Casas y en distintas prisiones del país al ser acusado por una emboscada en que murieron siete policías, pero que a decir de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas “la defensa demostró su inocencia”, como lo declaró públicamente el gobernador Juan Sabines Guerrero, hace más de dos años. El motivo de su prisión, señalan diversas organizaciones de derechos humanos es por motivos políticos.
La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó por mayoría su incompetencia para analizar el Incidente de reconocimiento de inocencia presentado por el profesor Alberto Patishtán, puesto que no reunía los requisitos de interés y trascendencia necesarios para entrar a su análisis y el expediente se devolvió a un Tribunal de Circuito de Chiapas, para su resolución definitiva.
El proyecto de resolución fue presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero y avalado por el ministro Arturo Zaldívar, que consideraban que bajo el contexto de la reforma constitucional en derechos humanos y de diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, las pruebas que sustentaron la sentencia del profesor Patishtán carecen de validez.
Por las graves irregularidades en el proceso, sentencia y riesgos a su vida e integridad del caso también fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010, por violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
II. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos
La facultad discrecional del indulto se halla estatuida por el artículo 89, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este indulto es el conocido como “por gracia”.
La procedencia del indulto se encuentra reglamentada en el Código Penal Federal que en su artículo 94 precisa que el indulto “no puede concederse, sino de sanción impuesta en sentencia irrevocable” Se desprende, entonces, que sólo en el supuesto de que la sentencia haya causado estado, que haya adquirido la calidad de cosa juzgada, es procedente éste.
En el presente caso, no nos encontramos en la hipótesis normativa prevista en la ley sustantiva penal, tampoco la adjetiva correspondiente prevé la procedencia del mismo.
En el caso que nos atañe, según se desprende de la información proporcionada por el diputado proponente, así como por la información que la Comisión de Derechos Humanos se ha hecho llegar en el presente caso no existe aún la calidad de cosa juzgada. El pasado 6 de marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos (3 a favor, 2 en contra) que no podía reasumir su competencia originaria para conocer del reconocimiento de inocencia planteado en el asunto y, por tanto, ordenó que se devolvieran los autos al tribunal colegiado de origen1 (Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez) para los efectos legales conducentes.
El tribunal colegiado, hasta el momento no ha emitido su resolución definitiva por lo que el asunto aún no adquiere la calidad de cosa juzgada y, el indulto no es procedente.
Se demuestra, por tanto, la improcedencia jurídica de la petición sujeta a consideración de esta Comisión de Derechos Humanos. No obstante, cabe realizar algunas precisiones en el presente dictamen.
La labor del Congreso de la Unión no es la de pronunciarse sobre el fondo de los casos sujetos al conocimiento del Poder Judicial, de ninguna forma correspondería esta función en un Estado constitucional, democrático y de derecho en el que la plena división de poderes se garantiza.
Emitir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo para que otorgue el indulto a un ciudadano sería ir más allá de lo que corresponde realizar a este cuerpo legislativo, se estaría prejuzgando, labor esta que no corresponde al Poder Legislativo sino al guardián de la constitucionalidad, al Poder Judicial.
Aun y cuando existan recomendaciones de otros órganos u organizaciones (como Amnistía Internacional), este cuerpo legislativo sólo se podría pronunciar en el sentido de que fueran aseguradas todas las garantías procesales y que fueran tomadas en consideración todas las circunstancias contextuales (políticas, económicas, sociales y culturales) que el caso amerita. Desafortunadamente, no ha sido esta la posición del diputado proponente y, conforme a derecho, es que jurídicamente resulta ser improcedente su propuesta planteada.
Además, existe ya una decisión de nuestro máximo tribunal de justicia en el que se determinó no reasumir la competencia originaria para conocer del caso y remitir el expediente al tribunal colegiado de origen para que se pronuncie definitivamente, por lo que en aras de garantizar la pena independencia del Poder Judicial y de sus fallos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión no puede pronunciarse a favor de la proposición con punto de acuerdo que motiva el presente dictamen.
Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal, para que se otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, presentada por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.
Nota
1 Expediente 9/2012, Reasunción de competencia. Ministro turnado: Olga María del Carmen Sánchez Cordero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica en contra), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en contra), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica en contra), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica en contra), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica en contra), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica en abstención), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica en contra), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).
De la Comisión de Derechos Humanos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores a acatar con responsabilidad en representación del Estado mexicano el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.
I. Antecedentes
1. El 20 de marzo de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que, en representación del Estado mexicano, acaten con responsabilidad el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco.
Esta proposición con punto de acuerdo fue suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario.
2. El 21 de marzo de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó esa proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente.
II. Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
El punto de acuerdo en comento tiene como propósito que la Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores para que, en representación del Estado mexicano, acaten con responsabilidad el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco.
III. Consideraciones que expone el promovente
El diputado Mejía Berdeja refiere en su propuesta que en mayo próximo se cumplirán siete años desde aquél en que ocurrieron los incidentes acontecidos en San Salvador Atenco, estado de México.
Sobre esos hechos cita que “el 3 de mayo del 2006, inspectores y policías municipales del ayuntamiento de Texcoco impidieron a vendedores de flores instalarse afuera del mercado municipal. Las comerciantes pidieron apoyo a los pobladores de Atenco ...y que al día siguiente (4 de mayo) se integró un operativo conjunto en el que participaron 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal (2 mil 515 elementos) para ocupar la población de Atenco, donde de acuerdo con la CNDH se violaron derechos humanos de 209 personas y se lesionó y torturó a otras 206 personas, al tiempo que se provocaron agresiones y violaciones sexuales en contra de 26 mujeres...”.
Añade que luego de siete años de recorrer las diferentes instancias mexicanas sin encontrar justicia, el caso Atenco llegó hasta la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde dicho asunto se litiga desde 2008.
Sobre ese particular, el promovente señala que:
“1. En la primera de las audiencias públicas, realizada en Washington, sede del organismo de la Organización de los Estados Americanos, la representación del Estado mexicano encabezada por Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, expresó “la voluntad del gobierno mexicano de resolver este asunto con una solución amistosa conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la CIDH.
2. Ante los comisionados Tracy Robinson, Rosa María Ortiz y Rodrigo Escobar, relator de la CIDH para México, los representantes del Estado mexicano (y) los abogados de las víctimas ...Limón aseguró que la administración del actual gobierno de la República, cuenta con “un marco jurídico adecuado, en particular con la Ley General de Victimas, que establece los parámetros para trabajar de manera conjunta en la construcción de esta vía”.
3. La posibilidad de dar “solución amistosa” a lo ocurrido en Atenco, fue también respaldada por el subsecretario de asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Manuel Gómez Robledo, “quien informó que de 2006 a 2009, 21 casos sometidos a la CIDH se resolvieron por la solución amistosa. Y pidió a los comisionados su colaboración para concretar esa vía y reparar a las víctimas, de conformidad con la (sic) estándares de los derechos humanos y de conformidad con la Ley General de Victimas”.
Expresa el diputado promovente, con relación a la propuesta planteada por las autoridades mexicanas, que la misma es una ofensa para las víctimas de los hechos ocurridos en Atenco, porque después de casi 7 años que se les ha negado el acceso a la justicia y a la reparación del daño (...) han tenido que recurrir a instancias internacionales como la CIDH.
Agrega que ante ese “ofrecimiento del Estado, once mujeres agredidas sexualmente durante el operativo de mayo del 2006 se negaron a aceptar la solución amistosa propuesta ...por lo que de acuerdo al reglamento de la CIDH se tendrá que proceder a un litigio y una eventual sentencia contra el Estado mexicano para hacer justicia a las víctimas y reparar los daños”.
Precisa que esa negativa se planteó en los términos siguientes:
No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional sino también se sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco.
Al final de sus consideraciones, el diputado Mejía señala que “el Estado mexicano debe responder con responsabilidad ante la CIDH y acatar las resoluciones que de este litigio deriven...”.
IV. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos
La Comisión de Derechos Humanos, después de haber realizado un análisis exhaustivo de los planteamientos presentados en la proposición con punto de acuerdo sujeta a examen, emite el presente dictamen en sentido negativo, no sin antes expresar que sus integrantes comparten la convicción de que deben protegerse y respetarse por el Estado mexicano, en todo momento, los derechos humanos de las víctimas de los sucesos acontecidos en San Salvador Atenco.
La negativa a dicha proposición se fundada en las siguientes consideraciones,
Primera. Es notorio que el Estado mexicano está al tanto de la denuncia presentada ante la Corte Interamericana por las mujeres que cita en su proposición el diputado Mejía. Ello es así porque el 14 de marzo del año en curso, en sesión pública se presentó el testimonio de las víctimas del caso y asistieron en representación del Estado mexicano Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Manuel Gómez Robledo Subsecretario de asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En ese escenario y con base en las prevenciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que así lo determinan, el Estado mexicano a través de sus representantes manifestó su interés de llegar a una “solución amistosa” en el conflicto planteado ante la CIDH, tal como ha acontecido, de acuerdo con el Subsecretario de asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 21 casos presentados ante dicha instancia. Ello con la finalidad de dar solución al caso.
De tal manera, se evidencia que las autoridades mexicanas atienden el asunto en cuestión de acuerdo con la fase en que se encuentra ante la CIDH.
Segunda. La propuesta de solución presentada por las autoridades mexicanas responde a la opción que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé para ese fin, de manera que su planteamiento de ninguna manera puede entenderse como una burla a las víctimas, ya que se trata de una figura adoptada por la comunidad internacional para emplearse precisamente en conflictos sometidos a la jurisdicción de la CIDH, porque constituye una herramienta cuyas ventajas son:
1. Ofrece un escenario para el diálogo entre Estados y presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos.
2. Posibilita que los términos de todo arreglo a que se llegue, sean acordados de manera conjunta por las partes.
3. Permite, por su flexibilidad, el acercamiento de las partes.
4. Reduce los trámites y facilita el proceso para las partes involucradas.
5. No es arbitrario ni tampoco se deja a la voluntad de las partes el cumplimiento de lo acordado, sino que existen procesos de supervisión llevados por la propia Corte.
Tercera. Sumado a lo anterior, cabe mencionar que el planteamiento propuesto por el Estado Mexicano para solucionar de manera amistosa el caso, también se encuentra dentro de la normatividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 40 de su Reglamento que a la letra señala:
Artículo 40. Solución amistosa
1. La comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.
2. El procedimiento de solución amistosa se iniciará y continuará con base en el consentimiento de las partes.
3. Cuando lo considere necesario, la comisión podrá encomendar a uno o más de sus miembros la tarea de facilitar la negociación entre las partes.
4. La comisión podrá dar por concluida su intervención en el procedimiento de solución amistosa si advierte que el asunto no es susceptible de resolverse por esta vía, o alguna de las partes no consiente en su aplicación, decide no continuar en él, o no muestra la voluntad de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos. (El subrayado es nuestro)
5. Si se logra una solución amistosa, la comisión aprobará un informe con una breve exposición de los hechos y de la solución lograda, lo transmitirá a las partes y lo publicará. Antes de aprobar dicho informe, la comisión verificará si la víctima de la presunta violación o, en su caso, sus derechohabientes, han dado su consentimiento en el acuerdo de solución amistosa. En todos los casos, la solución amistosa deberá fundarse en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros instrumentos aplicables.
6. De no llegarse a una solución amistosa, la comisión proseguirá con el trámite de la petición o caso.
Considerando lo anteriormente referido, resulta claro que la solución amistosa se presenta como una opción a la que podrán o no acceder las partes en atención a sus intereses y, es ahí, precisamente donde se inserta la situación que se presentó en la audiencia del 14 de marzo en la cual las victimas decidieron no aceptar esa proposición de solución amistosa.
Por lo tanto, se proseguirá con el caso y eventualmente se llegará a una resolución por parte de la CIDH. Supuesto éste en el que inevitablemente tendrá que cumplirse lo mandatado por la Corte1 , tal como ha sido reconocido por nuestro máximo tribunal, al señalar:
...
Debe emitirse una declaración acerca de la posible participación del Poder Judicial de la federación en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la República hizo del conocimiento general la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de forma tal que los Estados Unidos Mexicanos reconoció, en forma general y con el carácter de obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de dicho órgano jurisdiccional sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este reconocimiento de la jurisdicción de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos implica que existe la obligación de los Estados Unidos Mexicanos de cumplir con la decisión de ese órgano jurisdiccional, toda vez que constituye un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que así lo ha manifestado expresamente.
Deberá definirse qué obligaciones concretas le resultan al Poder Judicial de la federación y la forma de instrumentarlas.
...
La resolución antes mencionada derivó en la tesis siguiente2 :
Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano fue parte en el litigio. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.
Ahora bien, es oportuno observar que en la proposición que se dictamina se plantea exhortar a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores para que acaten con responsabilidad el litigio derivado del caso Atenco, sin embargo, un procedimiento no es algo que se pueda acatar; éste se sigue de acuerdo a las distintas etapas que lo integran y, conforme se agotan, el juzgador se va allegando de medios de convicción para emitir una resolución.
De tal forma, lo que sí se acata, porque debe cumplirse y obedecerse, es una sentencia. Así, mientras ésta no se emita no habrá nada que deba acatarse.
Cuarta. Se estima que la propuesta formulada por parte de los representantes del Estado mexicano no tiene en absoluto la intención de ocultar u omitir responsabilidades frente a los hechos alegados. Todo lo contrario, en aras de hacer efectivos los derechos de las víctimas, se propone el arreglo para no alargar más el azaroso camino seguido por ellas.
Quinta. Se ha señalado que, en el caso que aborda la proposición planteada, han transcurrido muchos años sin que se obtenga respuesta; sin embargo, esto no es imputable directamente al Poder Ejecutivo pues en respeto al principio de división de poderes, el análisis, seguimiento y resolución de los procedimientos corresponde a otros órganos.
Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que, en representación del Estado mexicano, acaten con responsabilidad el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Atenco, presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Segundo. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido.
Notas
1 Resolución dictada por el pleno en el expediente varios 912/2010; emitida el 7 de septiembre de 2010, considerando segundo.
2 P. LXV/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. 160482 1 de 4. (TA); Décima Época; Pleno; SJF y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Página 556.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica en contra), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica en contra), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica en contra), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica en contra), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica en abstención), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo (rúbrica en contra), Roberto López Suárez (rúbrica en contra), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria (rúbrica en contra), Arturo Escobar y Vega, Vicario Portillo Martínez (rúbrica en contra), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana a efecto de que los recortes de agua en Semana Santa sean los menos posibles y los que se den sean de manera equitativa en todas las colonias
Honorable Asamblea:
A esta Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de Municipios del área metropolitana, para que los recortes de agua en semana santa sean los menos posibles y los que se den, sean de manera equitativa en todas las colonias.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 45, numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral I, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
I. Antecedentes
El día 20 de marzo de 2013, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de Municipios del área metropolitana, para que los recortes de agua en semana santa sean los menos posibles y los que se den, sean de manera equitativa en todas las colonias.
2. Con fecha 1 de abril de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó con el Oficio No.: D.G.P.L. 62-II-1-0785, Expediente Número 1627, la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen correspondiente.
3. Con fecha 4 de abril del año 2013, la junta directiva de esta comisión se reunió y dentro de los asuntos del orden del día se abordó el análisis de la proposición con punto de acuerdo en mención.
Recibido el asunto, quienes integramos esta comisión, procedimos al estudio del siguiente:
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
La proposición con punto de acuerdo introduce al tema en comento refiriendo que el abasto de agua potable a lo largo y ancho del país, representa uno de los más grandes retos de gobierno, ya que por un lado la demanda de la población respecto del líquido va en aumento, y por el otro la cantidad de agua que envían los organismos de cuenca a los Estados y al Distrito Federal cada vez es menor, a esto debemos sumarle las grandes cantidades de liquido que se desperdician por fugas, tanto en domicilios particulares como en instalaciones de la red pública, el mal uso de la misma, entre otras, así como la temporada de estiaje y la falta de lluvias.
Se menciona que debido a que no existe una política equitativa en el reparto del agua, la Ciudad de México recibe en promedio 9 metros cúbicos por segundo de agua potable proveniente del sistema Cutzamala, cantidad que es insuficiente para garantizar mínimamente el consumo personal y domestico a todos los habitantes del Distrito Federal, siendo los que viven en el oriente de esta Ciudad los más perjudicados, teniéndolos en una situación inhumana, ya que reciben agua potable por periodos de hasta 2 meses y en aquellas ocasiones en las que reciben, ésta muchas veces no es apta para el consumo humano.
Asimismo se alude que a pesar de ello, la Comisión Nacional del Agua prevé para el próximo periodo de Semana Santa, una reducción en el suministro de agua para el Distrito Federal y Municipios del área Metropolitana, lo cual condicionará el reparto de agua por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y organismos operadores de municipios del área metropolitana, agravando con esta determinación la calidad de vida de aquellos seres humanos, que no son dotados de manera regular del agua.
Argumenta que es injustificable, que la Comisión Nacional del Agua reduzca por reducir el abasto de agua a la Ciudad de México, soslayando que al día de hoy no se cumple lo dispuesto por el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformado por este Congreso.
Artículo 4o., párrafo sexto, de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos:
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines (sic).
Con base en lo anterior, el diputado propone:
Único. Se hace un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana, a que los recortes de agua en Semana Santa sean los menos posibles y que, si se dieran recortes, que sean de manera equitativa en todas las colonias.
Después del análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes:
III. Consideraciones
Tal y como lo aborda el diputado proponente, los impactos del desabasto de agua en determinadas zonas de la Ciudad de México, tiene consecuencias en diversos ámbitos de manera perjudicial, entre ellos el económico, salubre, social, cultural, además de otros.
Si bien es cierto que dentro de las causas del desabasto se encuentra la del trabajo y mantenimiento de los suministros, también lo es que efectivamente, éstos en su mayoría afectan siempre a las mismas partes de la Ciudad de México y zona metropolitana, por lo que debe tomarse en consideración llevar a cabo las medidas necesarias para que éstas partes de la población no se vean afectadas en su estilo de vida reiteradamente y llegar a alguna manera justa de privación de los servicios de agua en diferentes tiempos.
Ahora, la intención del promovente radica en hacer un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de municipios del área metropolitana, a que los recortes de agua en Semana Santa sean los menos posibles y que, si se dieran recortes, que sean de manera equitativa en todas las colonias, sin embargo, la Proposición con Punto de Acuerdo en mención fue entregada a esta Comisión el día 1º de abril del presente año, por lo que resulta improcedente hacer tal llamamiento toda vez que para el día en que esta Comisión inició el estudio de dicha Proposición, ya habían concluido la vacaciones de Semana Santa.
No obstante ello, el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la población el 27 de marzo del presente año, a cuidar el agua porque durante esta época de estiaje se anticipa desabasto en algunas zonas de la Ciudad, por lo que se reduciría el suministro de agua proveniente del sistema Cutzamala a la Ciudad de México en un 100 por ciento, pues se realizarían trabajos de mantenimiento cuando hay fines de semana largos o vacaciones y en esta ocasión, se haría la colocación de tubos en una sección paralela, debido a que este tipo de mantenimiento no se había realizado en 10 años, lo que significaba que no habría agua en aquellas próximas 57 horas, a partir del jueves hasta la noche del domingo. Habría además 441 camiones tipo pipa que abastecerían de agua potable las diferentes delegaciones, por lo que invitó a la ciudadanía a hacer uso racional del agua. Dijo que su administración sigue trabajando en la reparación de tuberías para evitar las fugas del líquido.
Por lo que de manera institucional y pensando siempre en el bien de la sociedad, se previno a la Ciudadanía de los cortes de agua que se presentarían en las citadas fechas.
Por lo anterior, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamamiento a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a los organismos operadores de Municipios del área metropolitana, para que los recortes de agua en semana santa sean los menos posibles y los que se den, sean de manera equitativa en todas las colonias.
Segundo. Archívense el expediente correspondiente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil trece.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), presidente; J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Antonio García Conejo (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara, Jorge Terán Juárez (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Miguel Alfonso Vildósola Lacarra (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Alfio Vega de la Peña (rúbrica).
De la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 9 de mayo como Día “Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, a fin de establecer en la agenda nacional una estrategia encaminada a combatir la mortalidad materno-infantil y estimular la difusión de los programas de prevención y atención oportuna en la materia
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente:
Dictamen
I. Metodología
La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.
En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.
En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
II. Antecedentes
1. Con fecha 19 de marzo de 2013, la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal.
2. El 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y Dictamen correspondiente.
III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto, exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para establecer en específico una fecha anual que recuerde y comprometa a la sociedad a fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal, que sea un referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en la materia.
IV. Consideraciones
Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4°:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción XLII, del artículo 27, se establece la facultad de la Secretaría de Gobernación para fijar el calendario oficial.
“Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
XLII. Fijar el calendario oficial; y
...”
Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención que gran cantidad de muertes maternas que han ocurrido en México, pudieron prevenirse a través fortalecimientos de Programas Gubernamentales promovidos en la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, dependencias estatales, Asociaciones Civiles y organizaciones del sector privado que en conjunto pueden establecer las bases de una campaña nacional enfocada en erradicar o disminuir en la medida de lo posible la mortalidad materna o las enfermedades derivadas de un incorrecto manejo de la salud durante el embarazo, parto y puerperio.
No se puede negar que acciones y programas relevantes como “Arranque parejo en la vida”, la “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México” y el “Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción” han sido un claro ejemplo de la preocupación que existe por parte del gobierno mexicano en este tema, pero se debe reflexionar sobre la eficiencia de las acciones emprendidas y las implicaciones de quedar en conformidad con los avances obtenidos a sabiendas de que se puede hacer mucho más por la salud materna en México.
No se debe pasar por alto que México suscribió el compromiso de cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en 2015, deberá de presentar resultados sobre el actuar del gobierno en su conjunto para la solución de los problemas en materia de salud materna.
Por lo anterior, el promovente considera necesario dedicar en específico una fecha anual que recuerde y comprometa tanto a la sociedad como a los actores políticos, fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal, una fecha que sea el referente base de las acciones tomadas por los diferentes integrantes del crucigrama social para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en la materia.
Cuarta. En cuanto a lo que se refiere a que el dedicar una fecha anual recuerde y comprometa a los actores tanto políticos como a la sociedad en fomentar la cultura de la Salud materna y perinatal, es de considerarse que la Salud materna y perinatal es un tema que requiere atención, prevención y difusión.
Es cierto que un número considerable de las mujeres de la sociedad mexicana, carecen de la información necesaria sobre la atención y prevención que deben llevar durante su embarazo, parto y puerperio.
Desde aproximadamente los años 50´s, la Organización Mundial de la Salud ha venido celebrando el Día Internacional de la Salud, esto con el propósito de que centrar la atención cada año en temas importantes que atañen a la sociedad mundial en su Salud, destacando cada año un tema prioritario según las estadísticas. Sin embargo, el objetivo de este día es brindar la difusión y atención a todos los temas que competen a la Salud, por lo que dentro de este se considera la Salud materna y perinatal.
Por otra parte, se ha ido tomando como base para atender al fomento de la Salud materna y perinatal, el Día de la Madre, el cual se celebra cada 10 de mayo, esta fecha se ha considerado como un punto de partida para la difusión, campañas, foros, entre otros en el tema.
Por lo anterior, es que la Comisión dictaminadora, considera que hoy en día la Salud materna y perinatal se encuentra considerada dentro de dos fechas importantes en el calendario no solo Nacional, y que se encuentra totalmente vinculada con dichas fechas, por lo que no se estima necesario la creación de un día en particular.
Quinta. En relación a establecer una fecha anual como Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, para que sea referente base de las acciones para fortalecer, incrementar y crear programas, estrategias y compromisos en la materia, si bien es cierto que algunos de los días festivos se han tomado como referencia para promover campañas, foros y diversos métodos de difusión sobre el tema que se trate, también es cierto que no son una forma exclusiva de hacerlo.
El promovente tiene razón en que gran parte de las mujeres mexicanas que han tenido la oportunidad de embarazarse, han enfrentado diversos problemas dentro del embarazo, parto o puerperio, por situaciones que pudieron haberse prevenido o controlado si se hubiese llevado una atención médica a tiempo.
Hoy en día hace falta que la sociedad tome conciencia de lo que implica la Salud materna y perinatal, ya que muchas mujeres acuden a la atención de su embarazo hasta que se presenta una emergencia o bien están a punto de parir, por lo que se requiere que no solo se tome una fecha de referencia para promover o difundir acciones en la materia, sino que de un trabajo constante que genere la alfabetización en las mujeres mexicanas de cuidar su salud.
Por lo anterior, es que esta Comisión es partidaria de buscar y promover acciones que generen un trabajo diario, esto puede ser a través de programas que atiendan la Salud materna y perinatal.
Sexta. Esta Comisión considera que el Punto de Acuerdo en estudio es inviable, toda vez que no se considera necesario exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a la creación de un día para la atención y fomento de la Salud materna por estar considerado dentro del día de la Salud y día de la Madre. Asimismo, no se considera que una fecha sea un referente de fortalecimiento, incremento y/o creación de programas, estrategias y compromisos en materia de Salud.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto en el que se declare el 9 de mayo como “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”, con la finalidad de establecer una estrategia, dentro de la agenda nacional, encaminada a combatir la mortalidad materno-infantil e incentivar la difusión de los programas de prevención y atención oportuna en esta materia, presentada por la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, el 19 de marzo de 2013.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo, a los 17 días del mes de abril del 2013.
La Comisión de Salud
Diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.
De la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la Secretaría de Salud las acciones de vigilancia y control para que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan las disposiciones legales aplicables
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente
Dictamen
I. Metodología
La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen del punto de acuerdo.
En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción del punto de acuerdo en el que se resume su contenido, motivos y alcances.
En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
II. Antecedentes
Con fecha 2 de Abril de 2013, la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, intensifiquen las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables
Con misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó el asunto a la Comisión de Salud, para dictamen.
III. Contenido de la propuesta
Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud para que intensifique las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables para garantizar la sensibilidad y especificidad de las mastografías en todo momento. Asimismo, para que en cumplimiento del numeral 15.1.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, se difunda mediante la página web de la Secretaría y/o a la vista del público en los establecimientos, los resultados del monitoreo y la evaluación de las instituciones privadas y públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud.
IV. Consideraciones
Primera. El cáncer es la enfermedad del siglo 21. Una de las principales causas de muerte en mujeres en edad madura hasta la vejez es el cáncer; y dentro de estos tumores malignos, se destacan el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Corresponden hasta el 35% de las enfermedades neoplásicas en las mujeres.
Es de reconocer la alta mortalidad que estas enfermedades refleja en la población femenina. En dos años la mortalidad por cáncer de mama en México se incrementó, de acuerdo con datos del INEGI y de la Secretaría de Salud, al pasar de 10.8 a 16.7 decesos por cada 100 mil mujeres del 2009 al 2011. En México diariamente se registran alrededor de 14 muertes por esta causa. Es decir, cada 2 horas fallece una mujer mexicana por Cáncer de Mama. Una de las razones por las que fallecen tantas mujeres es que 70 por ciento de los casos se detecta en etapas tardías, cuando el tumor ya se diseminó a otros órganos.
Como causa de muerte, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino muestran una clara distribución geográfica diferenciada: el primero, se presenta primordialmente en el centro y norte del país, mientras que el cáncer-cérvico-uterino afecta mayormente en los estados del sur y sureste de México.
Los 10 estados con mayores tasas de mortalidad por cáncer de mama son del centro y norte del país: Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Coahuila, mientras que 7 de los 10 estados con menores tasas se encuentran en el sur y sureste: Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Campeche, Morelos y Hidalgo.
Segunda. Las pruebas y exámenes de detección tienen el propósito de encontrar una enfermedad, como el cáncer, en las personas que no tienen ningún síntoma. La detección temprana significa usar un método que permita el diagnóstico más temprano de cáncer de seno.
Los tumores cancerosos del seno que se encuentran porque causan síntomas tienden a ser más grandes, y tienen más probabilidades de haberse ya extendido más allá del seno. En cambio, los que se encuentran durante los exámenes de detección suelen ser más pequeños y estar aún confinados al seno. El tamaño y la extensión del cáncer de seno son algunos de los factores más importantes para establecer el pronóstico (expectativa) de una mujer que padezca esta enfermedad.
La mayoría de los médicos cree que las pruebas de detección temprana para el cáncer de seno salvan miles de vidas cada año, y que muchas más pudieran salvarse si un número aún mayor de mujeres y sus doctores aprovecharan dichas pruebas. La observación de las guías de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para la detección temprana del cáncer de seno aumenta las probabilidades de que esta enfermedad se pueda diagnosticar en una etapa temprana y que se pueda tratar con éxito.
La detección del cáncer de mama consiste en examinar las mamas (senos) de una mujer para detectar la posible presencia de células cancerosas antes de que aparezcan los primeros síntomas o signos de la enfermedad. Hay tres tipos principales de pruebas para detectar el cáncer de mama, que son:
• Mamografías. Es una radiografía de las mamas. Las mamografías son el mejor método de detección temprana del cáncer de mama, cuando todavía el tumor no ha crecido demasiado, no se han manifestado los síntomas y aún es fácil de tratar. Hacerse una mamografía de forma habitual puede reducir el riesgo de morir de cáncer de mama.
• Examen clínico de mama. Un examen clínico de mama es un examen mediante el cual un médico o una enfermera palpan la mama para detectar la posible presencia de bultos u otras alteraciones.
• Autoexamen de mamas. El autoexamen de seno o de mamas es cuando la misma persona se palpa las mamas para detectar posibles bultos, cambios en el tamaño o la forma de la mama o cualquier otra alteración en las mamas o debajo de los brazos (axilas).
Los exámenes clínicos de mama y los autoexámenes no han demostrado reducir el riesgo de morir de cáncer de mama. Actualmente la mejor forma de descubrir el cáncer de mama es mediante una mamografía.
Sin embargo, también tienen sus limitaciones. Una mamografía puede pasar por alto algunos cánceres, y puede conducir al seguimiento de hallazgos que no son cáncer.
Las recomendaciones de la Sociedad Americana Contra el Cáncer en referencia a la detección oportuna del cáncer de mama son las siguientes: Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse una mamografía al año y deben continuar haciéndose este examen mientras estén en buen estado de salud. Las mujeres de 20 a 39 años de edad deben someterse a un examen clínico de los senos como parte de un examen de salud periódico, realizado por un profesional de la salud preferiblemente cada 3 años. A partir de los 40, deben someterse a un examen clínico de los senos realizado por un profesional de la salud cada año. A partir de los 20 años de edad, el autoexamen de los senos es una opción para las mujeres. Se debe orientar a las mujeres sobre los beneficios y las limitaciones del autoexamen de los senos. Las mujeres deben reportar a sus médicos o enfermeras cualquier cambio en sus senos lo antes posible.
Las mujeres que tienen un alto riesgo (riesgo durante la vida mayor de 20%) deben someterse a una imagen de resonancia magnética (RM) junto con una mamografía cada año. Las mujeres con un riesgo incrementado de forma moderada (riesgo durante la vida del 15 al 20%) deben hablar con sus doctores sobre los beneficios y las limitaciones de agregar un estudio de detección con RM a su mamografía anual. La prueba de detección con RM anual no se recomienda en mujeres cuyo riesgo de cáncer de seno durante la vida sea menor al 15%. Si se utiliza una imagen por resonancia magnética (RM), debe hacerse en conjunto con, y no en sustitución de, una mamografía de detección. Esto se debe a que mientras la RM es una prueba más sensible, aún podría no detectar algunos cánceres que la mamografía sí detectaría.
La Sociedad Americana contra el Cáncer considera que el uso de mamografías, imágenes de resonancia magnética (en mujeres de alto riesgo), exámenes clínicos de los senos, así como encontrar y reportar pronto cualquier cambio en los senos, de acuerdo con las recomendaciones que se describen anteriormente, ofrece a las mujeres la mejor oportunidad de reducir el riesgo de morir de cáncer de seno. Este enfoque es claramente superior a cualquier otro examen o prueba individual.
Sin duda alguna, el examen físico de los senos sin una mamografía no permitiría detectar muchos tumores cancerosos que son demasiado pequeños para que la mujer o su médico los pueda palpar, pero que pueden observarse en las mamografías. La mamografía es un método de detección sensible, aunque un pequeño porcentaje de los tumores cancerosos de los senos no se ven en este estudio, pero pueden ser palpados por la mujer o por su doctor. Se debe de estar consciente de que las mamografías se hacen para encontrar cánceres que no se pueden palpar.
Tercera. La Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2002 es una herramienta legal publicada en 2003 que establece criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.
Como toda NOM, es de observancia obligatoria en el país y, en este caso, aplica al personal de salud, profesional y auxiliar de los sectores público, social y privado que brindan atención médica.
La NOM-041 reconoce 3 tipos de intervenciones específicas para la detección del cáncer, la autoexploración, el examen clínico y la mastografía. Establece que los factores de riesgo son: ser mujer mayor de 40 años, historia personal o familiar de cáncer de mama, obesidad, patologías benignas de mama y otros asociados con factores hormonales.
Se recomienda la autoexploración mensual a partir de la menarca, el examen clínico de las mamas (realizado por médico o enfermera capacitados) en forma anual a todas las mujeres mayores de 25 años que asisten a las unidades de salud, y la toma de mastografía, anual o cada dos años a las mujeres de 40 a 49 años con dos o más factores de riesgo, y en forma anual a toda mujer de 50 años o más, de existir el recurso.
La NOM-041 también establece requisitos para el equipo de mastografía, consistentes con los requeridos por la NOM-229-SSA1-2002. Esta norma, de cumplimiento obligatorio desde 2006, establece las especificaciones técnicas para equipos de diagnóstico médico con rayos X. Entre otros, establece los requisitos para equipos que se utilicen para obtener mamografías, señala las pruebas de control de calidad, y describe el programa de garantía de la calidad que debe implementarse para asegurar la calidad del servicio. La vigilancia del cumplimiento de esta NOM corresponde a la Secretaría de Salud.
Cuarta. Una mamografía no puede demostrar que un área anormal es cáncer. Para confirmar si hay presencia de cáncer, se debe extraer una cantidad pequeña de tejido y examinarse con un microscopio. Esto se conoce como biopsia.
Las mamografías no son estudios perfectos que siempre detectan el cáncer de seno. En mujeres con senos densos, las mamografías no son tan eficaces, porque los senos densos pueden ocultar un tumor. Los senos densos son más comunes en mujeres que son más jóvenes, mujeres embarazadas, y mujeres que están lactando a sus bebés, aunque cualquier mujer puede tener los senos densos. Esto puede ser un problema para las mujeres jóvenes que tienen un alto riesgo de cáncer de seno ya que presentan un mayor riesgo de padecer cáncer de seno a una edad más temprana.
Sólo de dos a cuatro de cada 1,000 mamografías de detección conduce a un diagnóstico de cáncer.
Este método no es perfecto, pero es fiable para detectar un tumor en la mama, llegando hasta el 70% de nivel de dicha sensibilidad, es decir, que puede detectar con seguridad 7 de cada 10 tumores. Sin embargo, puede llegar a haber hasta un 30% de casos en los que la prueba dice que no hay enfermedad y sin embargo sí existe realmente.
La especificidad de la mamografía para el cáncer de mama es cercana al 80%, y significa la capacidad para detectar específicamente esa enfermedad y no otra.
Ante todo esto, resulta inadecuado descargar el peso del proceso de diagnóstico en una herramienta que no es cien por ciento confiable y puede tener sus falsos positivos o falsos negativos. El llegar al diagnóstico de cualquier patología conlleva un proceso de historia clínica, exploración física, solicitud oportuna e interpretación de resultados de apoyo diagnóstico de laboratorio y gabinete. Una vez compilados los datos obtenidos de estas herramientas, se puede llegar definitivamente a un diagnóstico acertado, y con esto, al tratamiento óptimo.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente:
Resolutivo
Primero. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, intensifiquen las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo, a los 17 días del mes de abril del 2013.
La Comisión de Salud
Diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jéssica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.
De la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política multisectorial para combatir el sobrepeso y la obesidad, con base en el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:
I. Metodología
La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.
En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.
En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
II. Antecedentes
1. Con fecha 2 de abril de 2013, Gloria Bautista Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal.
2. El 3 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Salud, para el análisis y dictamen correspondientes.
III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Oficina de Presidencia de la Republica se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política pública multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad, tomando como base el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria y enfatizando las siguientes acciones:
• Disminución del consumo de bebidas azucaradas, tales como refresco y jugos.
• Regulación del etiquetado frontal de los alimentos.
• Regulación de la publicidad dirigida a niños en medios masivos de comunicación, como la televisión, radio y otros.
• Promoción de una alimentación saludable y equilibrada en las escuelas públicas y privadas de todo el país.
• Mayor acceso al agua potable en espacios públicos y escuelas.
IV. Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. La Secretaría de Salud reconoce que el sobrepeso y la obesidad, son conocidos actualmente como uno de los retos más importantes de salud pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece, debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 71.2 por ciento de los adultos mexicanos sufre de sobrepeso y obesidad; lo que nos coloca, en el segundo lugar en obesidad a nivel mundial y en el primer lugar en el caso de las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud.
El sobrepeso y la obesidad tienen una alta incidencia en enfermedades como diabetes y cáncer, así como en diversas enfermedades crónicas no transmisibles, mismas que ocasionan 8 de cada 10 muertes en el país. Según los datos del Inegi (Causas de defunción, 2010), la diabetes es la segunda causa de muerte en México, responsable de más de 80 mil fallecimientos al año, con un aumento de 33 por ciento en el último sexenio. A su vez, el cáncer ocasiona 70 mil muertes al año y es la segunda causa de mortalidad infantil.
Ahora bien, según el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria de 2010, el costo total del tratamiento de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad casi se duplicó entre 2000 y 2008, incremento de 35 mil a 67 mil millones de pesos; y se estima que dicho gasto aumentará a 151 mil millones de pesos en 2017.
El mismo documento señala además, que el costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por muerte prematura provocada por la obesidad fue de 25 mil millones de pesos en 2008, con un crecimiento anual de 13.51 por ciento.
Tercera. Dentro de la exposición de motivos, el promovente hace mención que en México el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los principales factores de riesgo para la salud de la población y para el propio sistema de salud pública. Por ello es fundamental incluir la atención de estos temas mediante una estrategia o una política pública multisectorial que incluya el ejercicio verdadero del derecho a la alimentación y la promoción de ambientes saludables en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, para el periodo 2013-2018.
Si este problema no se soluciona mediante adecuada planeación nacional y sectorial, Políticas Públicas y programas integrales de alimentación adecuada y sana así como de prevención y disminución de los factores obesogénicos, este costo alcanzará los 73 mil millones de pesos en 2017, afectando a aproximadamente 68 mil familias por año.
La obesidad incide además en altos costos de atención médica y en el aumento de incapacidades en todas las edades. Comparado con una persona de peso normal, las que tienen sobrepeso gastan 36 por ciento más en servicios de atención médica y 77 por ciento más en medicamentos.
Por otra parte, las personas con obesidad mórbida o severa mueren entre 8 y 10 años antes que aquellas con un peso equilibrado. Con cada 15 kilogramos extra de peso, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares aumenta en 30 por ciento, lo que representa un gasto más para los servicios de salud pública.
Cuarta. En cuanto a lo que se refiere a exhortar al Ejecutivo federal para que incluya en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política pública multisectorial para el combate del sobrepeso y la obesidad, es de importancia comentar que la Cámara de Senadores el 4 de abril de 2013 aprobó exhorto de urgente resolución para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya la política referida.
Este exhorto se establecen como principales líneas de acción la disminución del consumo de bebidas azucaradas, como refresco y jugos, la regulación del etiquetado frontal de los alimentos y de la publicidad dirigida a niños en medios masivos de comunicación, como radio y televisión, entre otros.
De igual forma, se busca promover una alimentación saludable y equilibrada en las escuelas públicas y privadas.
Quinta. Aunado al punto anterior, es importante hacer mención que el mandatario del país, el pasado 3 de abril anunció una estrategia nacional para la prevención y control de la obesidad y la diabetes en el país, lo anterior se desprende de varios medios de comunicación que se encontraron presentes en el momento, por referir a uno, el periódico El Informador, del cual se desprende lo que a continuación se transcribe:
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció una estrategia nacional para la prevención y control de la obesidad y la diabetes en el país, aunque sin fijar plazos para ello.
...
Aseguró que tomará las medidas “más efectivas” de acuerdo con la evidencia científica para hacer frente tanto a la obesidad como a la diabetes.
...
La estrategia contra estos dos males debe incluir “el fomento de estilos de vida y hábitos de alimentación saludables, la generación y rescate de espacios para la actividad física, la capacitación del personal de salud y el fortalecimiento de la atención primaria”.
Tras reconocer que México vive una “situación compleja” en salud pública por la fragmentación del sector, el uso ineficaz de recursos y la saturación de los servicios, señaló que su política está diseñada en torno a tres prioridades: acceso efectivo a la salud, calidad y prevención (fecha de consulta: 6 de abril de 2013, 18:46 horas. http://www.informador.com.mx/mexico/2013/448545/6/pena-nieto-traza-plan -de-salud-contra-diabetes-y-obesidad.htm).
De lo anterior se desprende el compromiso del dirigente nacional con México a implantar acciones que atiendan el problema que hoy aqueja la sociedad. El presidente de la República se comprometió a tomar medidas más efectivas haciendo mención de algunas como el fomento de estilos de vida y hábitos saludables, entre otros.
Por ello se considera que el Ejecutivo federal ha comenzado a encarar el tema de la obesidad y sobrepeso.
Sexta. Esta comisión dictaminadora considera que el punto de acuerdo en estudio es inviable, toda vez que se estima innecesario exhortar al Ejecutivo federal a incluir una política pública multisectorial contra la obesidad y sobrepeso, toda vez que no solo el mandatario nacional ya se comprometió públicamente a implementar acciones en el tema, sino que actualmente la Cámara de Senadores aprobó en días pasados punto de acuerdo en el mismo sentido.
Por lo expuesto, la Comisión de Salud somete a consideración de la honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política pública multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad, tomando como base, el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario de Partido Revolución Democrática, el 2 de abril de 2013.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2013.
La Comisión de Salud
Diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.
De la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a establecer un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:
I. Metodología
Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.
En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.
En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
II. Antecedentes
1. En sesión celebrada el 26 de febrero de 2013, la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano.
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que en las metas, planeación y programas que implemente dicha dependencia en su programa sectorial de trabajo, establezca un programa permanente de vacunación del virus del papiloma humano como parte de la cartilla de vacunación, además, se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se realice a nivel nacional un programa preventivo e informativo sobre las consecuencias de contagio del citado virus y el significado de la gravedad de contraer el cáncer de cervicouterino.
IV. Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. Según la OMS, al año mueren 260 mil mujeres en el mundo por culpa del cáncer de cuello uterino, y otras 500 mil son diagnosticadas en el mismo periodo.
El informe de la organización internacional indica que la infección del virus del papiloma humano puede manifestarse como cáncer de cuello uterino, verrugas en los genitales, cáncer en la vagina o la zona vulvar, también puede causar cáncer en el pene, en el ano e incluso extenderse a la cabeza, el cuello y la garganta.
“Las dos vacunas (Gardasil y Cervarix) son igualmente seguras y se ha demostrado que protegen casi por completo contra las lesiones precancerosas y otras lesiones anogenitales causadas por los tipos de VPH que contiene cada una de ellas durante los 5-6 años que han abarcado los estudios de observación hasta el momento”, señala el documento.
Tercera. En su argumentación, los promoventes de la presente iniciativa señalan:
En México, el cáncer cérvicouterino es la primera causa de muerte entre las mujer en edad productiva. Estudios realizados por la Secretaria de Salud indican que la tasa estandarizada de mortalidad es de 17 muertes por cada 100 mil mujeres entre los 25 años, y con 4 mil 270 defunciones en 2005. Esto es un reflejo de la vulnerabilidad con el que las mujeres enfrentan este padecimiento. También existen desigualdades entre las mujeres mexicanas que se reflejan en el carente y limitado acceso a la atención médica y tratamientos oportunos; especialmente entre las mujeres que viven en aéreas rúales o marginadas, y que no cuentan con la infraestructura o cultura para recibir programas preventivos.
Actualmente, la vacuna contra el virus del papiloma humano es inaccesible debido a su elevado costo y a los tabúes que existen en nuestra sociedad por la desigualdad de género. Además, al ser una enfermedad propia que afecta al género femenino, lamentablemente existen aún comunidades que le dan preferencia a la atención de los hombres en detrimento de las mujeres. Una realidad que contrasta con la modernidad que se busca en México.
La vacuna del VPH se encuentra a la venta, pero se ha documentado que en ningún país de Latinoamérica existe un esquema de vacunación universal como sí lo hay para otros virus o enfermedades que afectan a ambos géneros. Por ello debemos reconvertir los apoyos hacia las mujeres y priorizar su bienestar pues no sólo es una exigencia humana y moral, sino porque las mujeres son la base medular de cualquier sociedad. Empezar a combatir el cáncer cervical implementando acciones inmediatas debe ser una obligación y no una alternativa en la agenda de salud que el gobierno mexicano debe atender.
Cuarta. La proposición con punto de acuerdo no contraviene ninguna disposición jurídica nacional, por el contrario, se alinea en su objetivo a lo impulsado por la Secretaría de Salud para la prevención y control del cáncer cérvico uterino, sin embargo, duplica las disposiciones y logros del Programa de Acción Específica de Cáncer Cervicouterino y el Programa de Vacunación Universal, ya que la vacunación Universal contra VPH en los términos que se solicitan en la propuesta ya esta incluida dentro del programa de vacunación universal de manera permanente.
El pasado 1 de octubre 2012 el gobierno federal anunció la universalidad de la vacuna contra el VPH en niñas de quinto año de primaria y en las no escolarizadas de 11 años, con lo cual se incorporó la vacunación al esquema de vacunación universal. Durante la tercera Semana Nacional de Salud se aplicó la primera dosis de la vacuna en las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en coordinación con la SEP.
Respecto a la propuesta de realizar un programa preventivo e informativo sobre las consecuencias de contagio del VPH y el significado de la gravedad de contraer el cáncer cérvico uterino, es importante mencionar que estas acciones se realizan en el programa de prevención y comunicación en el tema.
En la proposición con punto de acuerdo que se presenta, se considera innecesario ya que los alcances y objetivos que plantea ya están realizándose.
Ante estas consideraciones, la Comisión de Salud toma a bien que esta proposición con punto de acuerdo no sea viable, ya que se propone incluir un programa permanente de vacunación del virus del papiloma humano; sin embargo, esta vacuna ya se encuentra incluida en el programa de vacunación universal de manera permanente, además propone exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se realice a nivel nacional un programa preventivo e informativo sobre las consecuencias de contagio del citado virus y el significado de la gravedad de contraer el cáncer de cervicouterino y como se mencionó éstas ya se llevan a cabo.
Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes
Resolutivos
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca un programa de vacunación contra el virus del papiloma humano, presentada por la diputada Érika Yolanda Funes Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.
La Comisión de Salud
Diputados: Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García, Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Virginia Victoria Martínez Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.