Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los planes considerados en el Programa Nacional contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir por las autoridades correspondientes la reserva sobre la información de la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente del Inegi a revisar las variables consideradas para indicar rezago social porque su aplicación ha perjudicado económicamente a las localidades de Almoloya de Juárez, México, a cargo de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade y a las instancias correspondientes en las entidades federativas con comicios a divulgar la información sobre delitos electorales e implantar acciones que eviten la manipulación, compra o coacción del voto, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a realizar estudios para que a partir de 2014 se permita reclasificar del área geográfica B a la A los municipios de San Luis Potosí, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Jalisco a congelar la tarifa del transporte público mientras no se materialicen las reformas para mejorarlo, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a promover por sus homólogas estatales la implantación de medidas disciplinarias que propicien el aprendizaje con sana convivencia, dignidad y respeto de alumnos y personal docente y no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y a la ASF a vigilar la implantación de los recursos asignados por la federación; y a la segunda, auditar a la administración del delegado de la primera en Tabasco por constantes irregularidades, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y promulgar en el DOF el Reglamento de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Adriana Hernández Íñiguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Efemérides

• Con motivo del decimoquinto aniversario luctuoso del maestro Octavio Paz, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a agilizar los planes considerados en el Programa Nacional contra la Sequía, a cargo del diputado William Renan Sosa Altamira, del Grupo Parlamentario del PRI

William Renán Sosa Altamira, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de motivos

En los últimos años, el aumento de la temperatura a nivel global se ha convertido en un severo problema a resolver por parte de los gobiernos y organismos internacionales dado que los estragos del cambio climático afectan al equilibrio de los ecosistemas y directamente a la producción del sector primario de la economía, donde las intensas y prolongadas sequias que se han registrado han dejado pérdidas incalculables en el sector agropecuario a escala mundial.

En torno a este problema, los diversos gobiernos han tomado una serie de medidas que garanticen contrarrestar los efectos nocivos de este fenómeno, siendo que a México la sequía lo ha transformado de ser un país exportador a ser un importador de diversos productos como por ejemplo lo es el caso del Maíz.

Este problema se transmite a toda la cadena productiva ya que siendo el campo el primer afectado, posteriormente viene la escalada de precios en la industria que depende de insumos agrícolas, de la carne y textiles, lo que en suma provoca que sea el consumidor quien finalmente lo resiente en el bolsillo. Sin embargo, el problema no es solamente económico, también la sequía se presenta como uno de los factores que detonan enfermedades relacionadas con la contaminación por estancamiento del agua como lo es la cólera, infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel, rotavirus y hepatitis tipo A, entre otras.

Por ello es que el tema de la sequía se ha convertido en uno de los más importantes, ya que corresponde al estado crear los programas y medios idóneos para prevenir y contrarrestar sus efectos.

En este sentido, el pasado 10 de enero el Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, presentó el llamado Programa Nacional Contra la Sequía, en dos grandes líneas de acción, el primero se basa en un sistema de alertamiento, el cual ha iniciado en una primera etapa desarrollando indicadores, basados en los índices de precipitación y escurrimiento, que con el apoyo de 20 universidades e institutos de investigación dará a conocer la situación de sequía en el país, y en una segunda etapa es el desarrollo de 26 programas de atención a las sequias en correspondencia a las 26 cuencas en las que se encuentra dividido el territorio nacional .

El problema fundamental, estimadas compañeras y compañeros diputados, radica en que los 26 programas de atención a la sequía se tienen proyectados para estar listos en el mes de junio, para que posteriormente en coordinación con los municipios, organismos operadores y distritos de riego se realicen programas focalizados en cada región según informó el Doctor Felipe Arreguín Cortés, Subdirector General Técnico de la Conagua en conferencia de prensa el pasado 18 de febrero.

Es decir, debemos de recordar que a pesar de que los esfuerzos en la planeación de la alerta temprana se están llevando a cabo, el problema ya está frente a nosotros, presentándose en diversas entidades del territorio nacional, los productores no pueden esperar hasta junio para recibir la atención a una realidad cada día más adversa.

En el mes de febrero las 170 presas más importantes se encontraban en un 56 por ciento de su capacidad de llenado, lo que representa 14 por ciento menos que el promedio histórico, lo que, aunado al pronóstico del próximo trimestre abril, mayo y junio, hace necesario tomar medidas contra la sequía, pues se espera hasta 30 por ciento menos lluvia que el promedio histórico.

En este sentido los problemas no se circunscriben solo a la falta de la infraestructura que valga decir, como señalo el director de Conagua David Korenfel Federman, fue construida bajo viejas normas de calidad, además es necesario y urgente revisar y rehabilitar las 115 presas con alto riesgo e inspeccionar 5 mil km de bordos.

En reunión con la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de ésta Cámara de Diputados, el director de Conagua también añadió que de los 604 municipios que han empezado a ser monitoreados por cuestiones de sequía, la mayor parte se concentra en la frontera con estados Unidos, y que del total de municipios del país, el 30 por ciento presenta algún indicio de sequía.

Siendo la falta de lluvias o precipitaciones, el principal factor de la sequía, la desigualdad entre la disponibilidad natural de agua y las demandas naturales del líquido se están presentando cada vez con mayor intensidad en ciclos climáticos donde antes no se presentaba, llegando en casos extremos a la aridez que azota poblaciones enteras, tanto es así que el pasado 25 de marzo el Congreso del estado de Nuevo León aprobó un exhorto al Gobernador del estado para que instruya al titular de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario a que implemente el Programa de Apoyo Emergente para la Sequía, así mismo se incluye que la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la entidad realice las acciones necesarias para contrarrestar los daños.

En el estado de Tamaulipas, el director de la cuenca Golfo Norte de la Conagua, Luis Felipe Alcocer Espinosa, señaló que según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos tres meses los niveles de lluvia serán muy bajos en relación a la media histórica, las estadísticas muestran que durante el mes de marzo la media histórica es de 19.2 milímetros de humedad, sin embargo, hasta el momento no se alcanza ni el 8 por ciento debido a las escasas lluvias, ese mismo panorama se vislumbra para el mes de abril, en el que la media histórica es de 39.4 milímetros de humedad y en esta ocasión se espera que las lluvias apenas dejen 23.8 milímetros de humedad y finalmente para el mes de mayo, los pronósticos tampoco son nada alentadores, pues de 76.9 milímetros de lluvia que se registraban en promedio, esta vez se estima que se podrá captar menos del 50 por ciento de esta cantidad de agua.

Sin embargo, debo ser claro en que el problema de la sequía no solo es un problema de los estados del norte del país, también en la región centro se han empezado a sentir los estragos de la temporada de sequía, por lo que el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, conociendo los pronósticos climatológicos para esta región que indican que habrá poca presencia de lluvias, entregó el pasado 2 de abril apoyos preventivos a mil 500 productores de los municipios de Soyaniquilpan, Acambay, Aculco, Jilotepec y Polotitlán, dentro de su programa emergente para la sequía en el norte de su estado, sin embargo el problema de fondo se encuentra en el abastecimiento de presas, como lo es el caso de la presa de Huapango, que permite el riego de 5 mil hectáreas en la región y que en estos momentos solo se encuentra al 22 por ciento de su capacidad, por lo que este ciclo agrícola solo alcanzará para 400 hectáreas.

Por lo que respecta al sureste del país, en mi estado Yucatán, en el municipio de Peto, en la unidad de riego “Jol-Lum”, unos 35 productores que trabajan 33 hectáreas con diversos cultivos, pasan apuros por la sequía, además de esto su sistema de riego se dañó desde hace 20 días; en el municipio de Tzucacab los estragos de las altas temperaturas ya se comenzaron a reportar graves efectos donde los campesinos afirman que el calor sofocante y la falta de agua en el monte ocasiona la muerte de fauna silvestre.

El estado de Yucatán, aún no se recupera de la sequía que le azotó el año pasado y ya estamos nuevamente ante una ola de sequía, ésta es la razón por lo que los productores se encuentran alarmados, ya que no cuentan con los recursos suficientes por lo que se hace necesario el apoyo de recursos federales para mitigar el problema ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que se repitan los acontecimientos de años anteriores, cuando se registró la muerte de miles de cabezas de ganado y la no producción de cientos de hectáreas agrícolas.

El peligro latente de incendios forestales, la pérdida de miles de hectáreas de cultivo, la muerte de millares de cabezas de ganado y los riesgos a la salud que implica la sequía, es la razón por la que estando a tiempo de llevar a cabo las acciones conducentes para impedir que en unos meses nos enfrentemos a la repetición de las terribles imágenes de 2009, 2011 y 2012 donde este fenómeno dejo los mayores índices de daños que se haya tenido registro desde 1941.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua para agilizar los planes y programas contemplados en el programa nacional contra la sequía (PRONACOSE) a fin de contrarrestar a la brevedad los problemas derivados del aumento en la temperatura y escasez de líquido en diversas regiones del territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 09 de marzo de 2013.

Diputado William Renán Sosa Altamira

Fuentes:

1. Revista de Investigación y Desarrollo, Diseñará Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en http://www.invdes.com.mx/ciencia/2695-disenara-pronacose-estrategias-pa ra-enfrentar-la-sequia-en-mexico

2. Inforural, Diseña Pronacose estrategias para enfrentar la sequía en México en

http://www.inforural.com.mx/spip.php?article118389

3. Conagua, Se reúnen autoridades del Agua en el estado en http://www.conagua.gob.mx/OCGN07/NotaP/Comunicado%20005_2013%20Se%20reu nen%20autoridades%20el%20Agua%20en%20el%20estado.pdf

4. Milenio Novedades, Anticipan medidas contra la sequía en Yucatán en http://sipse.com/milenio/anticipan-medidas-contra-la-sequia-en-yucatan- 18871.html

5. Academia Mexicana de Ciencias, Establecen acciones para evitar sequia en México en

http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/establece n-acciones-para-enfrentar-la-sequia-en-mexico/

6. Conagua, Se prevé hasta 40% menos lluvia en los próximos tres meses: SMN en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-preve-hasta-40-menos- lluvia-en-los-proximos-tres-meses-smn/

7. CDJ, Establecen acciones para enfrentar la sequía en México en http://www.cdj.com.mx/notas.php?id_n=192238

8. Conagua, En 2013 actuamos preventivamente ante la sequía; en http://www.conagua.gob.mx/SalaPrensa.aspx?n1=2205&n2=NotaP

9. Conagua, En 2013 actuaremos preventivamente ante la sequía (Ronda de preguntas y respuestas):

http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Comunicados/Pregunta syRespuestasdelaConferenciadePrensa-IniciodetemporadadeEstiaje18-02-201 3.mp3

10 El Sol de México, Entregó Eruviel Ávila 14.9 mdp contra la quía en

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2933463.htm

11. El Mañana, Conagua desarrolla estrategia contra sequía en Tamaulipas en http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=321448

12. Congreso de Nuevo León, PIDE CONGRESO DEL ESTADO A LAS AUTORIDADES IMPLEMENTAR PROGRAMA CONTRA SEQUÍA en http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2013/03/pide_congreso_del_estado_ a_las_autoridades_implementar_programa_contra_sequia.php

13. La jornada, Participan 20 universidades e institutos en programa nacional contra la sequía en

http://www.jornada.unam.mx/2013/03/26/ciencias/a03n1cie

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revertir por las autoridades correspondientes la reserva sobre la información de la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela y Juan Bueno Torio, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Los lamentables acontecimientos ocurridos en el edificio administrativo de Pemex, en el que perdieron la vida personas trabajadoras deben ser esclarecidos, considerando la importancia que tiene esta empresa para la subsistencia de centenas de familias de las personas que ahí trabajan, o de las que tienen negocios en los alrededores de dicho edificio.

Las condiciones de seguridad deben ser garantizadas por las autoridades, pero más aún, la información que permita a la sociedad conocer puntualmente las causas que motivaron la explosión, así como las acciones que las autoridades están llevando a cabo para el esclarecimiento de los hechos, debe ser dada a conocer.

Sin embargo, de acuerdo a los oficios emitidos por Petróleos Mexicanos, con número DG-ST-058-2013 y DG-ST-059-2013, mediante los que responde a dos solicitudes de información, la empresa señala que ha reservado por un periodo de 12 años información relacionada con la explosión, al solicitársele las grabaciones de las cámaras de su complejo administrativo ubicado en Marina Nacional de los días 28, 29, 30 y 31 de enero.

De igual manera, también fueron declarados como reservados por el mismo número de años los planos topográficos, de cimentación, instalación eléctrica, sanitaria y de gas del edificio B2.

En los oficios en los que Pemex da respuesta a dichas solicitudes,1 se responde que la divulgación de la información señalada podría afectar las investigaciones respectivas.

Entendemos que existe una averiguación en proceso, sin embargo debemos exigir que ésta sea concluida lo antes posible, para que con los datos arrojados, las autoridades puedan emprender de manera inmediata todas aquellas acciones mediante las cuales se garantice la seguridad tanto de los trabajadores del edificio administrativo, como de las personas que habitan en los alrededores.

De este modo, no podemos aceptar que la información que ayude a esclarecer el hecho sea considerada como información reservada, y menos aceptable, que ésta haya reservada por un periodo de 12 años.

Los mexicanos a los que representamos, y más aún, los trabajadores, las familias afectadas y los vecinos del complejo administrativo de Pemex tienen el derecho de conocer toda la información sobre las causas del accidente, así como de las instalaciones de una de las empresas más importantes de nuestro país.

La sociedad tiene el derecho a la información. No encontramos justificación para negar la información que se solicita, ya que estos ciudadanos no podrían afectar las investigaciones que se están llevando a cabo, y además, tampoco encontramos razones que justifiquen la reserva de la información por doce años.

Más aún, no encontramos justificación, si la explicación que se dio en el momento, fue que se había tratado de una explosión de gas, versión que corroboró el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin al señalar que “... hoy se sabe lo que pasó el 31 de enero, cuando se registró una explosión como resultado de la acumulación de gas en los sótanos del edificio B-2. Los peritajes no dejan lugar a dudas”.2

Por lo tanto, debemos exigir el cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades de mantener informada a la sociedad y esclarecer lo antes posible los hechos acontecidos en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero, para garantizar la seguridad a la sociedad y para cumplir también con las obligaciones de transparencia en el ejercicio de sus actividades y en el manejo de los recursos, que el marco jurídico actual mandata.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que mediante las autoridades correspondientes, revierta la reserva de la información que le ha dado a la información relacionada con la explosión registrada en el edificio administrativo de Pemex el pasado 31 de enero del presente año.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a emitir un pronunciamiento para no reservar dicha información.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que con la brevedad, se pronuncie con certeza sobre la información emitida respecto de la explosión en el edificio administrativo de Pemex, e informe verazmente a la ciudadanía y al pueblo de México los hechos que originaron dicho accidente.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que realice una auditoría a Pemex para revisar todos los gastos que ha celebrado la empresa en las investigaciones realizadas al mantenimiento de sus instalaciones por la explosión en su edificio administrativo, incluyendo los peritajes e investigaciones que han contratado , así mismo auditar si los peritajes e investigaciones entregados corresponden cabalmente a los gastos contratados por Pemex.

Notas

1 Véase http://aristeguinoticias.com/1903/mexico/reservan-grabacion-y-estudios- periciales-de-explosion-de-pemex/

2 México guardará en su memoria a trabajadores de Pemex fallecidos y el heroísmo de rescatistas. Febrero 8 de 2013. Boletín 20.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2013.

Diputados: Verónica Sada Pérez, Ricardo Villareal García, Jorge Rosiñol Abreu, Germán Pacheco Díaz, Érick Marte Rivera Villanueva, Juan Bueno Torio, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela.

Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, apartados 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ayúdenos para sacar a volar la empresa;

Ayúdenos a recuperar nuestra fuente de empleo y tener una pensión segura;

Ayúdenos para que Mexicana vuelva a ser la empresa pionera en la aviación, no permitan que malos administradores destruyan su historia y que a sus trabajadores los dejen sin empleo y sin pensiones;

Ayúdenos para que se transparente la adjudicación, que los inversionistas tengan la oportunidad de expresarse y demostrar que Mexicana sí puede volar.

Trabajadores de Mexicana de Aviación

Hablar de Mexicana de Aviación es sinónimo del inicio de esta actividad en el país.

A principios del siglo XX, México se movía a través del ferrocarril, por lo que ante una petición del diario el Universal en 1919, para transportar su periódico entre la capital de la república y Puebla, Pachuca y Toluca, se ve la falta de un marco legal al respecto y la necesidad de legislar sobre la materia.

Mediante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el presidente, Adolfo de la Huerta, crea el 20 de septiembre de 1920 la Mesa de Navegación Aérea, así como su reglamento, ese mismo año en octubre, también se construyeron las “Bases para el establecimiento de líneas aéreas de navegación de servicio público”, que normaban la actividad aérea comercial en la República Mexicana.

Con el presidente Álvaro Obregón, en 1921, se inició a su decir el inexorable camino de la modernidad, donde la Sección Técnica de Navegación Aérea fue la base para el surgimiento de esta actividad. Se emitió la convocatoria el 31 de marzo en el Diario Oficial para el establecimiento de un servicio aéreo diario, entre México, DF, y Tampico, Tamaulipas, transportando pasajeros y correspondencia.

De esa forma, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó el 12 de julio de 1921 la primera concesión de un Servicio de Transportación Aérea, a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, SL, a Lody A. Winship, Elmer Hammond y Harry J. Lawson, residentes en Tampico para prestar el servicio de pasajeros, correo y carga, por avión, en la ruta México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

Aquí nació Mexicana de Aviación, la primera línea aérea del país y la cuarta más antigua del mundo.

Con la firma el 1 de noviembre de 1926, en Madrid y la ratificación del Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea en 1928 se dio el impulso definitivo al desarrollo de la Aviación Comercial en México; además se firmó el Convenio sobre Aviación Comercial de La Habana. Además, el 1 de julio, la Sección Técnica de Navegación Aérea se transformó en el Departamento de Aeronáutica Civil, y en este mismo año se iniciaron las obras del que hoy conocemos como aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

A la par de las acciones del gobierno para impulsar la aviación comercial, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, se transforma y diversifica, en 1924 se convierte en la Compañía Mexicana de Aviación, SA.

A partir de ese hecho la empresa realizó fusiones que favorecieron su crecimiento e internacionalización, en los años 30 inicio servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica y Cuba, así como a Los Ángeles, California.

La modernidad entra en la transportación aérea con nuevos aviones con los mayores avances de seguridad y tecnología, como el piloto automático, se incorporaron aviones con bimotor.

En 1950 creó la Escuela para Sobrecargos, cuya función principal es desarrollar habilidades para el manejo y control de situaciones de emergencia.

Mexicana de Aviación enfrenta en los años sesenta, la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, algo positivo que le permite realizar cambios en su administración y nuevas estrategias comerciales, lo que conlleva el desarrollo de las compañías aéreas latinoamericanas.

En 1968 Mexicana es una empresa con capital y con inversionistas mexicanos.

La historia de la transportación de Mexicana de Aviación habla por sí misma, en los años setenta fue considerada como la primera línea aérea de Latinoamérica, transportó más de 3 millones de pasajeros en un año, en 2003 supera la cifra de 8 millones de pasajeros anuales en sus 800 destinos, en 2009, el grupo de aerolíneas de Mexicana de Aviación trasladó a más de 11 millones de pasajeros, 6.6 millones en rutas domésticas y 4.5 millones en rutas internacionales, en su mayoría a Estados Unidos de América con una flota de aproximadamente 110 aviones.

Este hecho habla por sí mismo de la fortaleza de la empresa y de la entrega de sus trabajadores, sin embargo la administración de la misma ha dejado mucho que desear, en 1982 el gobierno compró 54 por ciento de las acciones de la empresa, iniciando una época de operaciones con capital mixto.

Sin embargo, ante el regreso de Mexicana de Aviación en los años noventa, a la iniciativa privada con Grupo Falcón, inicia una campaña de transformación de imagen y adquisición de equipos, pero también de vaivenes producto de la crisis económica, en ella intervienen empresas como Cintra e instituciones como Bancos y el IPAB.

Las nuevos retos hacen que la Aerolínea realice alianzas con empresas para atender al mercado ya sea con United Airlines y Lufthansa, Western Unión en Estados Unidos y Canadá, además de MasterCard Internacional.

La última administración de Compañía Mexicana de Aviación se gestó el 16 de diciembre de 2005, por Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien se convirtió en propietario de 100 por ciento de los títulos de la empresa y en diciembre de 2009 crea la sociedad Nuevo Grupo Aeronáutico.

La falta de experiencia en aeronáutica por los administradores de Compañía Mexicana de Aviación la llevó a la ruina y junto a ella a los 8 mil 640 empleados, así como a los jubilados de la misma empresa, el 28 de agosto de 2010.

A más de dos años de suspender operaciones Compañía Mexicana de Aviación persisten las dudas en el manejo de los activos de la empresa por sus administradores, así como la incertidumbre de los trabajadores de conservar su fuente de empleo, por lo que será fundamental

1. Encontrar una alternativa para resolver la problemática de Compañía Mexicana de Aviación y de la misma forma atender a sus trabajadores que han hecho grandes sacrificios, como el ver reducido sus percepciones salariales y sus prestaciones estando en activo, se debe mantener volando a esta empresa que es pionera y emblemática de esta actividad en nuestro país.

2. Retomar las palabras del entonces candidato Enrique peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo federal: “Me parece que es una empresa emblemática de nuestro país que debe llevar a que el gobierno resuelva el problema y que debe ser una empresa que se mantenga, yo estoy a favor de que tenga presencia y siga operando”. Para sumarla a las exigencias de solución.

3. Que se detallen los mecanismos financieros que permitan agilizar la inversión en la aerolínea para estimular la compra y capitalización de la empresa y sus filiales, garantizando en todo momento los derechos de los 8 mil 640 empleados activos y jubilados (de los activos ya 30 fallecieron).

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del gobierno federal, licenciado Enrique Peña Nieto, para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga en el conflicto de Mexicana de Aviación, que afecta uno de los ejes de transportación básicos para la nación, además de ensombrecer el panorama de las más 8 mil 640 familias que dependen de los empleos directos sin contar los indirectos que genera esta empresa.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todas de la administración pública federal, para que realicen una investigación para transparentar los fideicomisos a favor de los trabajadores y que estos no sean desviados o desaparecidos, además de investigar a los administraciones que precedieron a la quiebra de Compañía Mexicana de Aviación, así como a los funcionarios en turno que estuvieron involucrados, para fincar y deslindar responsabilidades.

Tercero. Se exhorta a la Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social, y de Economía, todas de la administración pública federal, para que en el ámbito de su competencia abran una mesa de diálogo, integrada por todas las partes involucradas, para que se facilite la expresión de todos los inversionistas interesados en Compañía Mexicana de Aviación y que la mejor de las opciones sea considerada para que la empresa pueda volver a volar”, además de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2013.

Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente del Inegi a revisar las variables consideradas para indicar rezago social porque su aplicación ha perjudicado económicamente a las localidades de Almoloya de Juárez, México, a cargo de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

Blanca Estela Gómez Carmona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

México es un Estado compuesto por entidades autónomas, con personalidad jurídica y política propia, traducida en documentos constitucionales, a través de sus representantes adopta soberanía, sin sujetarse a ninguna norma que el mismo Municipio no haya creado o aceptado voluntariamente en los sectores político, jurídico, económico o social; fundamentándose en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La figura de municipio es un órgano autónomo, fuerte y bien respaldado por estados y federación.

Frente a las limitaciones de la política económica y social de estos tiempos, el centralismo generó grandes disparidades regionales debido a la ausencia de recursos financieros en los gobiernos locales y la carencia de mecanismos de coordinación intergubernamental.

El federalismo es la forma ideal para promover un desarrollo armónico entre los estados y los municipios, en un marco coherente con las políticas públicas, a través de una serie de consideraciones y de cambios en los ámbitos político-institucional, hacendario, administrativo y de desarrollo regional y municipal.

Para generar un auténtico federalismo subsidiario, solidario y corresponsable, fue mediante una profunda descentralización política, el impulso de relaciones gubernamentales basadas en el respeto recíproco y la cooperación, el fortalecimiento de los gobiernos locales a partir de la profesionalización de la función pública, la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana en los tres órdenes de gobierno.

El Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, creado en julio de 2002, es la instancia responsable de conducir, promover, coadyuvar y, en su caso, llevar a la práctica, los proyectos establecidos dentro del Programa Especial para un Auténtico Federalismo, promoviendo la coordinación de diversas instancias federales y locales para la consecución de la descentralización política, el fortalecimiento de los gobiernos locales, las relaciones intergubernamentales solidarias y subsidiarias, así como de la transparencia y la rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno, entre otras facultades (Programa Especial para un Auténtico Federalismo, 2002-2006).

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, con base en datos definitivos de los ejercicios fiscales publicados por el INEGI sobre finanzas municipales, ha mencionado que en promedio, los municipios dependen en un 81.1 por ciento de los recursos federales, frente al 10.1 por ciento que representan en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos. No obstante, la realidad municipal presenta un grado de autonomía financiera para cubrir sus gastos operativos, ya que sólo aproximadamente el 1 por ciento de los municipios del país tienen la capacidad para cubrir más del 75 por ciento de sus gastos operativos con ingresos propios.

El 2 por ciento de los municipios del país es capaz de cubrir entre la mitad y tres cuartas partes de sus gastos operativos con ingresos propios; es decir, tienen un grado de autonomía operativa alto. Un 7 por ciento que sólo podrían cubrir entre un cuarto y la mitad de sus gastos operativos haciendo uso de sus ingresos propios; es decir, tienen un grado de autonomía operativa medio. Existe otro conjunto de municipios con un grado de autonomía operativa bajo con el 19 por ciento de los municipios que solo pueden cubrir entre 12.5 y 25 por ciento de sus gastos operativos con ingresos propios, de acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Cabe mencionar que la gran mayoría de los municipios del país solo es capaz de cubrir un porcentaje inferior al 12.5 por ciento de sus gastos operativos con ingresos propios; el 71 por ciento de los municipios tiene un grado de autonomía operativa muy bajo ya que depende casi en su totalidad de las transferencias federales y estatales para cubrir su gasto corriente.

La Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 34, que a la letra dice:

Artículo 34: El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:

I. Fórmula IGPj = Pj1â1 + Pj2â2 + Pj3â3 + Pj4â4 + Pj5â5

En donde:

Pjw =Brecha respecto a la norma de pobreza extrema de la necesidad básica w para el hogar j para el estudio;

â1..... 5 = Ponderador asociado a la necesidad básica w; y

j = Hogar en estudio.

Esta fórmula representa el Índice Global de Pobreza de un hogar, IGPj, el cual se conforma con las brechas Pj1, Pj2, Pj3, Pj4 y Pj5 de las necesidades básicas a que se refiere la fracción II; sus correspondientes ponderadores son â1=0.4616, â2=0.1250, â3=0.2386, â4=0.0608 y â5=0.1140.

II. Las necesidades básicas, en el orden en el que aparecen en la formula anterior, son las siguientes:

w1 = Ingreso per cápita del hogar;

w2 = Nivel educativo promedio por hogar;

w3 = Disponibilidad de espacio de la vivienda;

w4 = Disponibilidad de drenaje; y

w5 = Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar.

III. Para cada hogar se estiman las cinco brechas respecto a las normas de pobreza extrema que corresponden a cada una de las necesidades básicas, con base en la siguiente fórmula:

Pj = [ Zw – Xjw ]

Zw

En donde:

Zw = Norma establecida para la necesidad básica w.

Xjw = Valor observado en cada hogar j, para la necesidad básica w.

IV. Los resultados de cada una de estas brechas se ubican dentro de un intervalo de –0.5 a 1. Cada brecha se multiplica por los ponderadores establecidos en la fracción I de este artículo para, una vez sumadas, obtener el Índice Global de Pobreza del hogar, que se encuentra en el mismo intervalo. Cabe señalar que para los cálculos subsecuentes, solo se consideran a los hogares cuyo valor se ubique entre 0 y 1, que son aquellos en situación de pobreza extrema.

V. El valor del IGP del hogar se eleva al cuadrado para atribuir mayor peso a los hogares más pobres. Después se multiplica por el tamaño del hogar, con lo cual se incorpora el factor poblacional. Con lo anterior se conforma la Masa Carencial del Hogar, determinada por la siguiente fórmula:

MCHj = IGPj2 * Tj

En donde:

MCHj = Masa Carencial del Hogar j;

Tj = Número de miembros en el hogar j en pobreza extrema.

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de un Estado, se obtiene la Masa Carencial Estatal, determinada por la siguiente formula:

jk

MCEk = Ó?MCHjk

j=1

En donde:

MCEk = Masa Carencial del Estado k;

MCHjk = Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en el Estado k; y,

jk = Número total de hogares pobres extremos en el Estado k.

Una vez determinada la Masa Carencial Estatal, se hace una agregación similar de todos los Estados para obtener la Masa Carencial Nacional.

Cada una de las masas carenciales estatales se divide entre la Masa Carencial Nacional, MCN, para determinar la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada Estado, como lo indica la siguiente fórmula:

MCEk

PEk = —————- * 100

MCN

En donde:

PEk = Participación porcentual del Estado k;

MCEk = Masa Carencial del Estado k; y

MCN = Masa Carencial Nacional

Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se realiza en función de la proporción que corresponda a cada Estado de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.

Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada año, en el Diario Oficial de la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk) que se asignará a cada Estado.

Artículo 35. Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

a) Población ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la población del Estado en similar condición;

b) Población municipal de 15 años o mas que no sepa leer y escribir respecto de la población del Estado en igual situación;

c) Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal sin el mismo tipo de servicio; y

d) Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la población del Estado en igual condición.

Con objeto de apoyar a los Estados en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado.

Los Estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondientes a sus Municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.

Los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a los Estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales por parte de los gobiernos estatales y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.

A partir de la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se analizan los criterios con base en los cuales se distribuyen los fondos del ramo 33 entre las 31 entidades federativas y el Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2012. La información sobre los recursos que recibe cada entidad es contrastada con distintas variables que caracterizan las condiciones socioeconómicas de cada entidad del país.

El propósito es identificar elementos que confirmen si la asignación de los recursos de cada fondo del Ramo 33 responde a los fines y objetivos para los que fueron creados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) son las instituciones oficiales que proporcionan las variables a analizar con respecto a las condiciones socioeconómicas de las entidades federativas y sus municipios. Ellos se encargan de definir la medición de la pobreza.

De acuerdo con el cuadro anterior a nivel Estatal, el Ramo 33 destino para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 3 484.9 millones de pesos en el 2010, y 3 170.8 millones de pesos en el 2012, es decir se redujo en 9.1 por ciento los recursos. Con respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en 2010 se otorgaron 5 851.1 millones de pesos y en 2012 se destinaron 6 818.4 millones de pesos, es decir se incrementó en 14 por ciento.

A nivel municipal el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se asignaron 106 millones 402 mil 153.00 pesos en el 2010, para 2012 se otorgaron 27 millones 610 mil 241.66 pesos, se redujo en más de un 85 por ciento. No fue el caso en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, puesto que en el año 2010 se asignaron 52 millones 699 mil 950.00 pesos y en 2012 se otorgaron 66 millones 339 mil 446.95 de pesos incrementando la cantidad.

Dichos recortes se deben en gran parte a que los indicadores económicos no disponen de suficiente información de cruce, para la validación de los mismos, es decir, al recopilar los datos para generar los indicadores, deberían ser cotejados con la realidad, puesto que algunos municipios o entidades federativas han realizado reportes sobre situación de alta o muy alta marginación y pobreza, los cuales no son variables que se tomen en cuenta, por lo que es necesario que la información de las instituciones oficiales sea validada con informes precisos en materia de desarrollo social, urbano y de infraestructura, por considerarse como elementos claves para los ajustes presupuestales.

Por lo que se exhorta al Inegi haga una revisión de sus variables medibles, ya que los resultados para los municipios puede ser una limitante para la continuidad o creación de nuevos proyectos, atrasando el desarrollo de las localidades o comunidades y por supuesto, de sus habitantes.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, maestro Eduardo Sojo Garza Aldape, a revisar las variables consideradas para indicar rezago social conforme a los artículos 34 y 53 la Ley de Coordinación Fiscal, ya que su aplicación ha perjudicado económicamente a las localidades de Almoloya de Juárez, México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2013.

Diputada Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade y a las instancias correspondientes en las entidades federativas con comicios a divulgar la información sobre delitos electorales e implantar acciones que eviten la manipulación, compra o coacción del voto, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante este año, están en proceso elecciones en catorce entidades federativas, casi la mitad del país acudirá de nueva cuenta a las urnas para elegir, el próximo 7 de julio, 2 mil 181 cargos de elección popular.

En estos catorce procesos electorales se elegirá la gubernatura de Baja California, así como mil 306 ediles, 311 legisladores de Mayoría Relativa y 170 de Representación Proporcional. En Coahuila sólo se votará sólo por presidentes municipales, mientras que en Hidalgo únicamente por legisladores al Congreso estatal.

Las entidades con procesos electorales este 2013 son: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Como se puede observar, la gran mayoría de las elecciones en los estados son intermedias, lo que supondría que no están en juego grandes definiciones electorales, pues no habrán de elegirse mandatarios estatales.

Sin embargo, el peso de las elecciones intermedias radica en que se definen los cargos que permitirán a los gobernadores seguir manteniendo el control de presupuestos y políticas públicas, a través de legisladores locales afines y presidentes municipales leales, lo que les permitirá tener continuidad y definir las próximas elecciones.

Es por ello, que todos los gobernadores se ven tentados a manipular los procesos electorales, desde la definición misma de los candidatos, de su partido u en otros, para garantizarse lo que denominan como “gobernabilidad”.

Sin embargo, un elemento indispensable de nuestra democracia, aún en ciernes y siempre en riesgo de retrocesos, es garantizar la certeza, legalidad e imparcialidad de las elecciones, generando condiciones de equidad entre los partidos que contienden, a fin de que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho al voto.

Para ello, nos hemos dado todo un andamiaje de instituciones electorales que incluyen a las instancias encargadas de la organización del proceso electoral, las instancias judiciales para garantizar la justicia electoral y los derechos político electorales de la ciudadanía, y las fiscalías para procurar justicia en casos de delitos electorales y garantizar asimismo la legalidad, imparcialidad y objetividad de la función electoral.

De todas estas instituciones, de la que menos se oye y se habla es justamente de las fiscalías que dependen de las Procuradurías General y Estatales de Justicia, y que entre otras atribuciones tienen las de difundir y divulgar información sobre los delitos electorales para alertar a la ciudadanía y prevenir la manipulación, compra y coacción del voto, ya sea por parte de candidatos, partidos, funcionarios electorales y/o funcionarios públicos.

Sin duda, parte de la poca acción y la debilidad al actuar de las fiscalías ante la comisión de delitos electorales, viene de su diseño estructural al depender de los ministerios públicos, que en sus diferentes niveles carecen de autonomía y que, como ya hemos mencionado, son justamente los gobernantes quienes están interesados en “influir” en los resultados de las elecciones.

Sin embargo, es responsabilidad de esta soberanía velar por el correcto funcionamiento de las instituciones, y en ese sentido estar atentos a que cumplan con las atribuciones que le han sido conferidas, es por ello que en el caso de las fiscalías federal y estatales para la atención de delitos electorales, debemos exhortarles a que coordinen sus acciones a fin de implementar acciones que disuadan de la comisión de delitos electorales y sobre todo actúen ante las evidencias de estos durante el desarrollo de los procesos electorales.

Por ejemplo, es de llamar la atención el nulo papel en las elecciones de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que fue creada por decreto desde 1994, como el organismo de la Procuraduría General de la República responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales contenidos en el título vigésimo cuarto del Código Penal Federal, para dar mayor garantía de legalidad a los procesos electorales al prevenir, investigar y perseguir la comisión de los delitos electorales federales y goza de plena Autonomía Técnica respecto de la Procuraduría General de la República.

Pues aunque entendemos que sus atribuciones están enmarcadas en el ámbito de las elecciones federales, tiene la facultad para firmar convenios de colaboración con los estados para coadyuvar en los procesos electorales locales con las instancias correspondientes. Además de que es menester conocer de las actividades que realiza entre los procesos federales de cada tres años.

Existen razones de sobra para ver en la Fepade un gran elefante blanco, que desde 1994 ha venido consumiendo recursos sin dar los resultados que se esperarían de esta instancia.

En razón de lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República, así como las instancias correspondientes en las entidades federativas con procesos electorales, a divulgar la información relativa a la comisión de delitos electorales e implementar las acciones necesarias a fin de evitar la manipulación, compra o coacción del voto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2012.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a realizar estudios para que a partir de 2014 se permita reclasificar del área geográfica B a la A los municipios de San Luis Potosí, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito José Everardo Nava Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos en el artículo 6, numeral 1, y 79, numeral 1 y 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que realice los estudios pertinentes que permitan reclasificar a partir del 2014 del área geográfica “B” a la “A” los municipios del estado de San Luís Potosí, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, inciso A, fracción VI, párrafo segundo, y 90 de la Ley Federal del Trabajo “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

La propia norma establece la obligación del Estado, de velar para que toda la clase trabajadora del país reciba un salario equitativo, justo y satisfactorio que le asegure una vida digna, tanto para él como para su familia, sin embargo, el texto de nuestra ley fundamental se encuentra muy lejos de la realidad, y el salario mínimo es cada vez más insuficiente.

Como es notorio, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), es un organismo público descentralizado, creado mediante la reforma a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Noviembre de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, también publicadas en el Diario el 31 de Diciembre de ese año.

Desde su creación, la Conasami se encarga de llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, tendientes a procurar y asegurar la congruencia de los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el sistema de salarios mínimos (salario mínimo general, áreas geográficas y salarios mínimos profesionales).

De esta forma hasta mediados del 2012, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos había dividido a la República Mexicana, para fines salariales, en tres áreas geográficas A, B y C, para el mismo año se fijó la cantidades en pesos de 62.33, 60.57 y 59.08 respectivamente, con la siguiente clasificación:

• Área geográfica “A” integrada por municipios de los estados de Baja California y Baja California Sur, Guerrero Chihuahua; el Distrito Federal, estado de México, Sonora, Tamaulipas, y Veracruz.

• Área geográfica “B” integrada por municipios del estado de Jalisco, Nuevo León, algunos municipios de Sonora y Tamaulipas, y los municipios de Coatzintla, Poza Rica y Tuxpan, del estado de Veracruz.

• Área geográfica “C” integrada por: todos los municipios de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, Quintana Roo, San Luis Potosí , Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; los municipios del estado de Chihuahua, todos los municipios del estado de Guerrero excepto Acapulco de Juárez; los municipios del estado de Jalisco, estado de México, Nuevo León, municipios de Sonora, Tamaulipas y la mayoría de los municipios de Veracruz.

Sin embargo, con la resolución aprobada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 26 de noviembre del 2012, aprobó se volvió a modificar esta clasificación, y se suprimieron en dos áreas geográficas, la B se unifica a la A, mientras que la C se convirtió en zona B, quedando entonces vigentes desde el 27 de noviembre sólo dos clasificaciones A y B, como a continuación se enlista:

• Área geográfica “A” integrada por todos los municipios de los estados de Baja California y Baja California Sur, municipios de Chihuahua; el Distrito Federal, Guerrero (Acapulco), Jalisco, estado de México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, y algunos municipios de Veracruz.

• Área geográfica “B” integrada por todos los municipios de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí , Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, Chihuahua, Guerrero, estado de México, Nuevo, Sonora, Tamaulipas; y la mayoría de municipios del estado de Veracruz.

En este tenor, los salarios mínimos vigentes a partir del 27 de noviembre del año pasado, en las nuevas áreas geográficas se fijó las cantidades de $ 59.08 para el área B y $ 62.33 para el área A, lo que muestra claramente que la nueva resolución sólo benefició a los estados que se encontraban en el área geográfica B, ya que al integrarla con la zona geográfica A, les generó un aumento extraordinario de 2.9 % en sus salarios mínimos, en cambio, a otros estados como sucedió con San Luis Potosí, está conversión del área geográfica C a la B, no tuvo ninguna modificación en el monto de su salario mínimo general.

Cabe destacar que el estado de San Luis Potosí, desde hace tiempo, desde los diferentes órdenes de gobierno, congresos local y federal, han manifestado la insuficiencia del salario mínimo general, argumentando que se encuentra rebasado por el costo real de vida y por lo tanto resulta simbólico en la satisfacción de bienes y servicios que día con día son más caros e inaccesibles para la población Potosina.

A pesar de presentar diferencias en la estructura, composición y característica con los demás estados de la República, en los últimos años la mayoría de los municipios potosinos han registrado procesos de transformación y desarrollo que los ubican en condiciones económicas relativamente muy similares a los municipios de otros estados como Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, mismos que actualmente son parte del área geográfica “A”, y con los que además de compartir sus límites territoriales también por la cercanía, los costos en servicios de transporte, educación, alimentación, salud y entretenimiento son comparablemente iguales, con excepción del salario mínimo general que San Luís aun sigue careciendo, luego entonces, estas condiciones vienen a reflejar con claridad la necesidad de incorporar también a San Luis Potosí al área geográfica “A”, con lo que además de hacer justicia, se lograría el equilibrio y equidad para la clase trabajadora y de sus familias.

Si bien es cierto, el pasado 18 de diciembre del 2012 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, acordó un aumento del 3.9 el salario mínimo de los trabajadores para el 2013, determinándose en la zona geográfica A la cantidad de 64.76 pesos y la zona B de 61.38 pesos, lo que significa un aumento cercano a los 2.43 pesos, sin embargo, resultan insuficiente para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores Potosinos, en relación al incremento de productos y servicios entre ellos los artículos de la canasta básica.

Compañeros y compañeras legisladores, es indispensable dar a los trabajadores la seguridad de fuentes de trabajo dignas, con un salario mínimo general que permita el bienestar de sus familias y sustentabilidad económica y viabilidad democrática al país. Es urgente concretar los esfuerzos que el gobierno del estado, el Congreso local y los legisladores federales potosinos hemos impulsado para lograr esta loable acción, o de lo contrario seguiremos sin atender a la clase obrera de nuestro estado bajo los principios de equidad, justicia e igualdad, máxime que nuestra entidad cuenta con las características económicas, sociales y laborales que ameritan la aprobación de un estipendio mínimo mayor al que actualmente está aprobado.

En mérito de lo expuesto, me permito presentar a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que realice los estudios pertinentes que permitan reclasificar a partir del 2014 del área geográfica “B” a la “A” los municipios del estado de San Luís Potosí.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de Abril del 2013

Diputados José Everardo Nava Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Jalisco a congelar la tarifa del transporte público mientras no se materialicen las reformas para mejorarlo, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Merilyn Gómez Pozos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

En México, la pobreza está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social.

Una persona es considerada en situación de pobreza cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas.

Los salarios en México sufren una caída profunda, afectando la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora; a pesar de la crisis económica que prevalece no existen soluciones claras por parte del gobierno, la iniciativa privada y los sindicatos.

En los últimos seis años, la pérdida en el poder adquisitivo de la población mexicana rebasó el 25 por ciento, cifra que contrasta con el nivel de la inflación anual en el país registrado en el mismo periodo, del 4.4 por ciento, en promedio.

Como consecuencia el precio del kilo de tortilla se elevó 70.5 por ciento; el de huevo blanco, 68 por ciento; arroz, 47.8 por ciento; frijol bayo, 127.3 por ciento, y el litro de aceite vegetal, 83 por ciento.

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el actual gobierno se han lanzado cruzadas contra el hambre y pobreza, sin embargo el Coneval afirn1a que la pobreza se redujo un 2.6 por ciento de 1992 al 2010.

En Jalisco existen 352 mil personas (45.1 por ciento) en pobreza extrema.

El consejo de representantes de la Comisión Nacional de Salario Mínimo acordó otorgar un aumento general a los mínimos de las áreas geográficas del 3.9 por ciento. Este porcentaje es menor al establecido para el año que termina, que fue de 4.2 por ciento.

Con ello, el salario mínimo diario para la zona geográfica A es de 64.76 pesos por día, para la zona B de 61.38 pesos diarios.

Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan se ubican dentro del área geográfica A, mientras que el resto de los municipios de Jalisco corresponden a la B.

El titular de la Secretaría de Movilidad, informo que los municipios del interior del estado aumentarán la tarifa del Transporte Público a 6.50 pesos, zona metropolitana 7 pesos y Puerto Vallarta 7.50 pesos.

Para la mayoría de usuarios del transporte público en la metrópoli la calidad del servicio dista de ser la óptima: 82 por ciento la califica entre regular, mala y pésima, sólo para 16 por ciento es entre excelente y buena. Mientras que 75 por ciento considera que es insegura la prestación del servicio en su operación.

Como resultado de la encuesta aplicada por la empresa Dinamia al transporte público de Guadalajara, por encargo de la asociación civil El Poder del Consumidor, está que para 78 por ciento de los participantes en el ejercicio el servicio es incómodo, mientras 47 por ciento considera que la tarifa que paga es cara, contra 42 por ciento que manifiesta es justa.

En un 47 por ciento de la población les parece caro lo que están gastando en el transporte público, ése sería uno de los principales problemas, tomando en cuenta los salarios mínimos percibidos

Se requiere el esfuerzo del gobierno actual para el desarrollo social de los municipios y colonias del área metropolitana, no vamos a dejar que afecten la economía de los tapatíos y se incremente el precio al medio de transporte de las personas con menor ingreso.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo de Jalisco para que congele la tarifa del transporte público en 6 pesos hasta que no se materialicen las reformas necesarias para la mejora del Transporte Público con base en criterios técnicos y. mediante consulta directa a los usuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2013.

Diputada Merilyn Gómez Pozos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a promover por sus homólogas estatales la implantación de medidas disciplinarias que propicien el aprendizaje con sana convivencia, dignidad y respeto de alumnos y personal docente y no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

Luis Armando Córdova Díaz, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal, promueva a través de las Secretarías de Educación Pública de los estados la implementación en el caso de no existir las leyes y los reglamentos de convivencia escolar de los niveles de educación básica y se actualicen los existentes, con el objeto de promover medidas disciplinarias que propicien el aprendizaje bajo la sana convivencia, la dignidad y el respeto de las y los alumnos y el personal docente y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.

Consideraciones

El tema de los derechos de los niños, que forman parte de la tercera generación de los Derechos Humanos, ha sido abordado por organismos internacionales. En este contexto, México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos de los Niños adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1980, tratado internacional que reconoce a los niños como sujetos de derecho, basándose en el principio fundamental de que toda persona debe ser tratada con dignidad.

Reconoce entre otros derechos de las niñas y niños, la libertad de pensamiento y expresión; un buen nivel de salud y una educación enfocada al desarrollo de su personalidad, de sus aptitudes, de su capacidad mental y física y en consecuencia ser protegido contra todo tipo de maltrato.

El 7 de abril de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo séptimo, y la adición a los párrafos octavo y noveno del artículo 4° de nuestro ordenamiento supremo, por el que se eleva a rango constitucional el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

El 12 de octubre de 2011, una nueva reforma, adicionó el sexto párrafo (ahora octavo) del artículo 4o. constitucional para quedar como sigue: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.1

A través de la legislación se ha avanzado significativamente en el tema de los derechos de los niños y niñas. El 29 de mayo del 2000, se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, protección que tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, con la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Lamentablemente, hoy día es muy evidente que estos derechos se vean vulnerados ante nuevas conductas que practican de manera constante los propios niños y adolescentes en las escuelas. Prácticas que se realizan tanto de manera colectiva como individual y que tienen que ver con la violencia física, verbal o psicológica, manifestaciones de burlas ante cuestiones físicas o de vestimentas, el uso de un lenguaje obsceno, comportamientos lascivos, actos de vandalismo, peleas, robos, abusos sexuales, uso y distribución de bebidas alcohólicas y drogas, exhibición por medios cibernéticos para hacer más visible la humillación extrema de conductas de acoso, intimidaciones, hostigamiento y violencia.

Se estima que en nuestro país el 40 por ciento de los estudiantes de primaria y secundaria son víctimas de algún tipo de violencia escolar según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 90 por ciento de niños y jóvenes han sido víctimas de acoso escolar, así lo revela el Informe sobre Violencia en la Educación Básica de México realizado por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México de la SEP y UNICEF, aplicado en el ciclo escolar 2007-2008, se tomó como muestra a 395 escuelas primarias generales incluyendo las de comunidades indígenas; secundarias generales, técnicas y telesecundarias, de un universo de más de 26 mil alumnos de los grados de cuarto y sexto año de primaria, y de los tres grados de secundaria, reflejaron lo siguiente: el 51 por ciento de los niños de primaria está de acuerdo con que “el hombre es el que manda y decide lo que le conviene a la familia” y el 31.7 por ciento de las niñas opina lo mismo. El 43.2 por ciento de los docentes reportan que en los centros escolares se práctica el acoso conocido como bullyng; las prácticas agresivas de niños hacia las niñas son muy frecuentes; los patios, las canchas y los baños de las aulas escolares se han convertido en los espacios preferidos de los alumnos para generar agresiones físicas y psicológicas.

Esta situación se ha convertido en un problema de serias dimensiones, ya que estas conductas de violencia provocan en las niñas, niños y adolescentes estudiantes problemas emocionales como baja autoestima, trastornos de ansiedad, depresión, sueño, ataques de pánico, refugio en adicciones, lo que es peor intentos de suicidios y suicidios. Por otro lado, el agresor con su conducta da muestra de serias posibilidades de caer en la delincuencia, la agresión a la familia, a la pareja y a la sociedad en su conjunto.

Es preocupante conocer, cada día las noticias que dan cuenta de la deserción escolar, mucho más grave y alarmante los suicidios de niñas, niños y adolecentes como consecuencia de ser víctimas de la violencia escolar. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Suicidología, en México, el suicidio se ha convertido en la tercera causa de muerte entre adolecentes de entre los 15 a los 19 años de edad.

La educación es una responsabilidad social y una responsabilidad de Estado. La educación es fundamental para todo ser humano, ya que esta, es concebida como un sistema que influye en todos los miembros de la sociedad. La educación implica la formación de individuos, la formación de su pensar, sus capacidades, habilidades, intereses, sentimientos y convicciones.

Coincidimos plenamente en el señalamiento que la educación, como otros derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, debe ser de calidad ya que está será fundamental para el desarrollo de nuestro país. La educación en su contexto debe ser inclusiva y a través de ella debe prevalecer la tolerancia, la aceptación, el respeto a la diferencia y diversidad, es decir libre de todo acto de abuso, acoso, intimidación, discriminación que son finalmente manifestaciones de violencia. La educación nutre a una sociedad, nutre a todo un país, por ello, la educación debe cumplir con la noble tarea de formar individuos solidarios, propositivos y participativos, productivos y sobre todo, con firmes y amplios valores de respeto.

No se debe perder de vista que la edad infantil dentro del proceso de desarrollo humano es sin duda la más vulnerable, ya que en esta etapa el individuo depende de las personas que los rodean tanto en su bienestar físico como emocional. Y la adolescencia, como la etapa que transcurre entre la infancia y la edad adulta, es el punto en donde se empieza a descubrir el mundo y el surgimiento de la inquietud y necesidad de formar parte de un grupo de iguales convivencia, núcleo que influirá en la formación de su propia identidad.

La Ley General de Educación, en su artículo 7°, señala que además de los fines de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez, oficial, establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá los siguientes:

“I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

”VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

”XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos”.2

En tanto, el artículo 42 de dicho ordenamiento establece: “ En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.

” En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente”.3

En 1992, se emitieron los acuerdos de la Secretaría de Educación Pública, en los que se establecen la organización y funcionamiento de las escuelas primarias, secundarias y telesecundarias respectivamente.

El artículo 2o. del acuerdo relativo a la organización y funcionamiento de las escuelas primarias dice: “Las escuelas de educación primaria son instituciones destinadas a proporcionar educación general básica, cuyo objetivo primordial es dotar al educando de la formación, los conocimientos, y las habilidades que fundamentan cualquier aprendizaje posterior, así como propiciar el desarrollo de las capacidades individuales y la adquisición de hábitos positivos para la convivencia social”4

En el 2011 la Secretaría de Educación Pública Federal, emitió el Marco para la Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación Primaria en el Distrito Federal, documento que plantea el objetivo de asegurar una sana convivencia y disciplina escolar en el proceso educativo de alumnas y alumnos como elementos necesarios para el aprendizaje.

La propia Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes- ya citada- en su artículo 32 precisa: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que: (Incisos F y G).

”F. Se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física o mental.

”G. Se favorezcan en las instituciones educativas, mecanismos para la solución de conflictos, que contengan claramente las conductas que impliquen faltas a la disciplina y los procedimientos para su aplicación”.4

Algunos estados en el país cuentan con leyes específicas para atender el acoso escolar en las escuelas, como en los casos del Distrito Federal, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz; así como lineamientos y reglamentos de convivencia escolar como el caso de los estados de Jalisco y Nuevo León.

Cito, a manera de ejemplo el objetivo de las leyes, lineamientos y reglamentos en comento.

* Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal. (Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 2012).5

“Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto:

”I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de género y de derechos humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir la violencia en el entorno escolar, especialmente el maltrato escolar que se presenta en los niveles básico y medio superior que se imparten en el Distrito Federal”.

* Ley de Seguridad Integral Escolar para el estado de Nayarit.

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general y tienen por objeto:

”VI.- Prevenir el acoso escolar en las instituciones educativas de la entidad, así como otorgar apoyo asistencial a las víctimas, con la finalidad de propiciar un ambiente de seguridad y una cultura de prevención”.6

* Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Puebla.

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general y tienen por objeto:

”VI.- Prevenir el acoso escolar en las instituciones educativas de la entidad, así como otorgar apoyo asistencial a las víctimas, con la finalidad de propiciar un ambiente de seguridad y una cultura de prevención”.7

* Lineamientos para la Convivencia Escolar en Escuelas de Educación Básica Públicas y Particulares del Estado de Nuevo León, con el propósito:

“2. Estos Lineamientos Generales apoyan y fundamentan el marco de referencia para la toma de decisiones de las autori­dades educativas escolares, y aportan elementos pertinentes para que en las escuelas de educación básica públicas y particulares incorporadas a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, se generen ambientes que propicien la convivencia pacífica y el aprendizaje en un marco de respeto mutuo entre los distintos actores que conforman la co­munidad educativa. Asumen como principio rector el respeto a la dignidad de las alumnas y alumnos, razón de ser del proceso educativo, para garantizar la protección de sus derechos”.8

* Reglamento para el Gobierno y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica del Estado de Jalisco -2010- que plantea el objetivo de: “El Marco para la Convivencia Escolar tiene el propósito de favorecer espacios de convivencia escolar basados en el respeto mutuo entre los distintos actores que conforman la comunidad educativa, asegurando así un ambiente pacífico, seguro y ordenado en las escuelas, que propicie un aprendizaje efectivo, una convivencia armoniosa y la formación de ciudadanos íntegros”.9

Finalmente, recientemente el Poder Legislativo, aprobó y el Ejecutivo firmó el decreto por la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa. Queda claro, que la reforma educativa busca hacer realidad que la educación para todos los mexicanos sea de calidad; fortalecer la rectoría del Estado en la educación; la educación se convierte en la fuerza para transformas a México; los maestros favorecen el cambio y el progreso de los estudiantes; se establece la creación del Servicio Profesional Docente; se da certeza a los docentes sobre su empleo y su preparación, así como a los padres de familia sobre la educación que reciben sus hijos; la educación seguirá siendo gratuita, laica y promoverá la tolerancia y la paz como principios fundamentales para que millones de niñas, niños y adolescentes sigan estudiando y miles de docentes realicen su comprometida labor en un ambiente libre de toda manifestación de violencia.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal, promueva a través de las Secretarías de Educación Pública de los estados la implementación en el caso de no existir las leyes y los reglamentos de convivencia escolar de los niveles de educación básica y se actualicen los existentes, con el objeto de promover medidas disciplinarias que propicien el aprendizaje bajo la sana convivencia, la dignidad y el respeto de las y los alumnos y el personal docente y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Ley General de Educación.

3 Acuerdo relativo a la organización y funcionamiento de las escuelas primarias.

4 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

5 Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Distrito Federal.

6 Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit.

7 Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Puebla.

8 Lineamientos para la Convivencia Escolar en Escuelas de Educación Básica Públicas y Particulares del Estado de Nuevo León.

9 Reglamento para el Gobierno y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica del Estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril, 2013.

Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y a la ASF a vigilar la implantación de los recursos asignados por la federación; y a la segunda, auditar a la administración del delegado de la primera en Tabasco por constantes irregularidades, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La gestión de los recursos hídricos se ha traducido en un problema de carácter social; la oferta en el suministro de agua ha mermado debido al rápido y exponencial crecimiento demográfico.

La población nacional se ha cuadriplicado desde 1950, década en que había 25 millones de habitantes, hasta 2010 con 112 millones.

Este aumento poblacional ha sido crucialmente agravado debido a la constante migración interna hacia regiones áridas y semiáridas del país.

El problema del agua no corresponde únicamente a México, sino que es un problema de alcance internacional en donde los expertos señalan que esta amenaza será el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI debido a la demanda que eventualmente sobrepasará la capacidad de suministro.

Dentro del ámbito referente a la infraestructura y manejo del agua, se han presentado adversidades que han tenido grandes repercusiones para diferentes entidades dentro del territorio mexicano. Por supuesto que estas adversidades corresponden a circunstancias diferentes, dada la naturaleza de la geografía, sus diversas condiciones y de su apropiada y correcta administración.

El agua representa hoy un lujo, un bien económico el cual debería ser un derecho reconocido y un valor esencial. El agua tiene como condición ser un elemento estratégico que al mismo tiempo, precisa atender las necesidades más básicas de la población e impulsar el pleno desarrollo económico. Para esto último, debemos ajustarnos a las condiciones actuales dentro del marco del cuidado y preservación sustentable para concientizar y responsabilizar a futuro.

Es innegable la creciente necesidad de seguir implementando acciones de rehabilitación y construcción de infraestructura para poder extender la demanda en la cobertura y calidad correspondiente de los servicios, pero también desafortunadamente es importante vigilar puntualmente la correcta ejecución e implementación de los recursos federales asignados a dichas acciones.

La capacidad económica y financiera de los organismos encargados de abastecer y suministrar los servicios referentes al agua como alcantarillado, saneamiento y agua potable, son sólo algunos de los principales factores que limitan la eficacia y calidad en el servicio, repercutiendo al mismo tiempo de manera desfavorable en la salud de la población.

Aunado a lo anterior, es necesario señalar sin generalizar, a los delegados responsables de administrar los recursos económicos para la implementación de las inversiones y el cumplimiento de las disposiciones formuladas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); han existido sonados casos de constante corrupción y negligencia indolente al tratarse de un tema de sensible naturaleza como este.

Es necesario que se planteen esquemas viables que den margen a generar inversiones requeridas tanto como para los cuadros operativos, como para el mismo mantenimiento de la infraestructura con finanzas transparentes y acciones congruentes.

Llevar un suministro de agua potable y saneamiento de calidad, al ritmo de las demandas y necesidades crecientes, resulta un reto cada vez más complejo y costoso.

Por obvias razones, la administración y manejo de este recurso vital, debe ser puesto bajo la lupa, sin impunidad para quienes hagan mal uso de los recursos y sanciones más estrictas para quienes se atrevan a obstaculizar el pleno ejercicio de las inversiones por intereses personales como se ha dado en el caso de Tabasco.

Con base en lo anteriormente expuesto proponemos:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, en conjunto con los gobiernos estatales, municipales y la Auditoría Superior de la Federación, vigilen puntualmente la implementación de las inversiones etiquetadas a través de los diferentes programas dictados en el cumplimiento de las disposiciones formuladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales.

Segundo. Se exhorta a que la Comisión Nacional del Agua, y la Auditoría Superior de la Federación, auditen de manera inmediata la actual administración del delegado de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco, debido a constantes irregularidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2013.

Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y promulgar en el DOF el Reglamento de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Adriana Hernández Íñiguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracciones I y IV; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada Adriana Hernández Íñiguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La vigente Ley General de Protección Civil fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, en cuyo segundo artículo transitorio determina que el Ejecutivo federal emitirá el reglamento de esta ley en un plazo no mayor a 180 días a partir de su publicación. Debido a que no se cumplió en su debido tiempo el plazo que determinó el legislador para la emisión del reglamento respectivo, se realiza el presente exhorto al gobierno federal para que enmiende esa omisión y expida y promulgue el reglamento que desarrolla, regula y opera la ley en comento, de conformidad a la facultad reglamentaria que posee el Ejecutivo federal en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;

II. ...... XX.

De igual manera, y en consonancia con la disposición constitucional antes referida, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que el secretario de estado respectivo, que en este caso es el de Gobernación, debe refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el presidente de la república, para su validez y observancia constitucionales; como también le corresponde al secretario de Gobernación, de acuerdo al artículo 27 de dicha ley, publicar los reglamentos que expida el presidente de la república, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 constitucional y el inciso B del artículo 72 constitucional, y las resoluciones y disposiciones que por ley deban publicarse en dicho medio de difusión oficial.

En su momento eso no se hizo, se dejó correr el plazo, y se afectó con ello la operatividad y regulación más específica de la Ley General de Protección Civil. Es fundamental que este ordenamiento tenga su propio reglamento, porque ello le permitirá desarrollar con mayor certeza lo dispuesto en ella, ya que de lo contrario sería difícil su ejecución, tarea que le es conferida constitucionalmente al Ejecutivo federal, que no podría aplicarla debidamente.

Es importante la emisión del reglamento toda vez que aunque todavía no está emitido el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Protección Civil, lineamientos también rectores en la materia, las autoridades competentes como la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de Protección Civil y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, entre otras, de conformidad a la ley en cita, requieren, para cumplir sus funciones y sus atribuciones, de la aplicación del ordenamiento jurídico secundario.

A mayor abundamiento, el artículo 9 de la Ley General de Protección Civil dispone que “La organización y prestación de la política pública de protección civil corresponden al estado quien deberá realizarlas en los términos de esta ley y de su reglamento, por conducto de la federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y las delegaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia”.

La protección civil consiste en un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan los diferentes niveles de gobierno, así como los ciudadanos. Los niveles de gobierno deben prevenir las situaciones de grave riesgo, siniestros, catástrofes o calamidades públicas, protección y socorro de las personas y bienes. Por lo tanto, la protección civil no puede seguir esperando su falta de ejecución y aplicación reglamentaria, ya que está en juego la vida, los bienes y la seguridad de la sociedad civil.

No escapa a nuestra atención que, como consecuencia de la publicación del nuevo Reglamento de la Secretaría de Gobernación, el 2 de abril del año en curso, esta dependencia, que es la facultada para establecer las políticas de protección civil a nivel federal, se encuentra en un proceso de adaptación a las nuevas facultades previstas en dicho ordenamiento, por lo que solicitamos atentamente que la expedición del nuevo Reglamento de la Ley General de Protección Civil sea considerada como una tarea prioritaria para dicha entidad de la administración pública federal.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a que expida y publique en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Protección Civil, superando la omisión existente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2013.

Diputada Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica)

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Con motivo del decimoquinto aniversario luctuoso del maestro Octavio Paz, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Este 19 de abril está marcado por la efeméride luctuosa de la desaparición, hace 15 años, de Octavio Paz, el poeta e intelectual mexicano más universal de los tiempos modernos. Nueva Alianza no quería dejar pasar esta fecha sin hacer un reconocimiento a quien puso el nombre de México en el lugar más alto de la cultura, además de ser un pensador que enriqueció el debate nacional desde una posición democrática y liberal plenamente congruente.

Octavio Paz fue un hombre con una conciencia lúcida de su tiempo y, en particular, del tiempo mexicano. Su poesía reflejó siempre una comprensión luminosa de nuestro país, desde sus raíces, para a partir de ella hacer una aportación importantísima a la cultura. Como escritor fue un crítico tenaz del dogmatismo que nunca rehuyó la polémica. Fue además un gran impulsor de publicaciones y proyectos culturales que siguen siendo referencia para las generaciones actuales.

Cuando se le otorgó a Octavio Paz el premio Nobel de Literatura en 1990, el poeta declaró: “El premio Nobel no es un pasaporte a la inmortalidad. La relativa inmortalidad de las obras literarias y artísticas la da la calidad”. Esta sencilla declaración permite advertir el carácter del poeta mexicano más reconocido a escala mundial. Para Octavio Paz lo decisivo no era obtener la gloria, sino la claridad, la luz y la libertad.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza resulta de la mayor importancia no sólo recordar a Octavio Paz, sino, a través de su memoria y en homenaje a su vida luminosa, recuperar su perspectiva de un México democrático, ajeno a la violencia y plenamente afirmado en su cultura, como parte de las grandes culturas del mundo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2013.

Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica)