Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3746-VII, jueves 11 de abril de 2013
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que decrete Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013, y exhorta a los Congresos de Guerrero y de Oaxaca a no promover legislaciones locales que eliminen sus efectos y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, relativo a la adquisición del edificio del IFE, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno local y a los delegados de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Iztacalco, Venustiano Carranza, Xochimilco y Benito Juárez a transferir al Instituto del Deporte del DF la administración de instalaciones deportivas situadas en esas demarcaciones, a cargo del diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro a realizar acciones para modernizar el transporte público en beneficio de los habitantes, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a establecer canales de interlocución con los representantes populares y las dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar por la SHCP políticas públicas de movilidad sustentable en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, suscrita por los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y al Censida a transparentar y argumentar el proceso de dictamen de la convocatoria pública a fin de implantar estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante el VIH y el sida en 2013, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a determinar que se cree una delegación suya en Nuevo León, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al del DF a supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y de las privadas encargadas de la custodia, el cuidado y la atención de la niñez; y a los congresos locales, a legislar en la materia, suscrita por los diputados Carmen Lucía Pérez Camarena y Fernando Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a otorgar a los productores de caña de azúcar recursos de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable a fin de que adquieran fertilizantes, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a atender las recomendaciones de la CNDH establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en especial las relacionadas con los homicidios violentos y las desapariciones forzadas, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar y ratificar el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar por la SRE los trámites conducentes a la adhesión de México al Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa, para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexuales, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el capítulo VII del TLCAN, relativo al campo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno a adoptar criterios de selección de ingreso, promoción y permanencia de su planta laboral para personas con discapacidad, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión y garantizar los derechos y la independencia de los periodistas, a cargo de la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la CFE a establecer un plan urgente para prevenir y mitigar los efectos dañinos a las telecomunicaciones, así como a la generación y distribución de energía eléctrica, derivados de la actividad solar intensa, o eyección de masa coronal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo el Acuerdo de Intención para la Elaboración e Instrumentación del Programa Integral para el Desarrollo del Istmo, signado entre los gobiernos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a garantizar el mantenimiento integral de sus instalaciones y ductos, a cargo del diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo a los principios que regulan la diplomacia parlamentaria, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a limitar el uso de productos con Bisfenol A, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que la SHCP y la Cámara de Diputados instalen una mesa de trabajo para analizar los resultados y las metas alcanzados del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, del 5 de diciembre de 2008, así como los resultados previstos con la inclusión del último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un plan urgente para combatir la inseguridad y la ola de violencia que aqueja a diversos estados, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el aprovechamiento sustentable del agua como estrategia de seguridad nacional, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cambiar la denominación del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz por “Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz”, y transformar en Centro de la Memoria y de la Paz el de Cultura Digital Estela de Luz, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Conagua que haga del conocimiento público por qué se incrementó el monto y reprogramó el periodo de ejecución del contrato para construir el túnel emisor oriente, a cargo del diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público por el director general de la CFE los efectos sociales, económicos y ambientales del Proyecto Integral Morelos, en perjuicio de los pobladores de ese estado, de Puebla y de Tlaxcala, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la CFE y de la PGR a cesar la criminalización y penalización contra usuarios de electricidad por la imposibilidad económica para pagar el servicio, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales, en particular a los de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, a resolver el conflicto magisterial con base en el respeto, el diálogo y la negociación, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora a observar y hacer respetar el derecho de libre manifestación y asociación de los ciudadanos, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a incorporar en el Pacto por México y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia planes, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, relativo a la detención de ejidatarios de San Antonio de la Huerta, en el municipio de Soyopa, Sonora, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que decrete Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados de la Coordinación de Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:
El territorio nacional comprende: el de las partes integrantes de la Federación; el de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; el de la isla Guadalupe y las Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.
La frontera con mayor extensión, en México, es la norte, ya que cuenta con una longitud de 3 mil 326 kilómetros lineales, la cual está definida por el río Bravo, que es el más largo del país. Además, es la frontera con el mayor número de cruces legales en el mundo, con 50.23 por ciento de cruces peatonales desde 2002, e ilegales con casi 12 millones.1
La frontera internacional terrestre tiene 3.185 kilómetros de largo e inicia en la desembocadura del Río Bravo con el Golfo de México, y corre a lo largo de éste sobre un punto entre El Paso y Ciudad Juárez hasta Tijuana.
La región a lo largo de la frontera es caracterizada por los desiertos, las montañas, y dos ríos importantes el Colorado y el Río Grande (Río Bravo del Norte).
En ella, los estados estadounidenses son California, Arizona, Nuevo México, y Texas; y los mexicanos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.2
Delimitando el objeto de estudio del presente proyecto, Anáhuac es el único municipio fronterizo de Nuevo León.
Está a 200 kilómetros de la capital del estado. Limita al norte con Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, al sur con Lampazos de Naranjo y Vallecillo Nuevo León; al oriente con Guerrero, Tamaulipas, y al poniente con Juárez, Coahuila.3
Pese a ser un municipio fronterizo la ley no lo califica como tal, por ello el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo es exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que Anáhuac sea decretado como municipio fronterizo y por ende, reciba los derechos que el marco jurídico confiere a estas circunscripciones.
En este tenor, es menester señalar que el pasado mes de diciembre, en el Congreso de Nuevo León se aprobó por unanimidad un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo federal, a fin de que realice las gestiones correspondientes, para que Anáhuac goce de los derechos que el marco jurídico vigente les concede a las regiones fronterizas.
Esta proposición fue presentada por el diputado José Antonio González Villarreal, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
Los beneficios o estímulos fiscales y económicos que la federación, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorga a las personas físicas y a las morales establecidas en la referida zona son
El impuesto al valor agregado, en los términos de la ley de referencia:
Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 11 por ciento a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza.
Tratándose de importación, se aplicará la tasa de 11 por ciento siempre que los bienes y servicios sean enajenados o prestados en la mencionada región fronteriza.
Tratándose de la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando al valor que señala esta ley la tasa de 16 por ciento.
Para efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.
Los impuestos generales de importación y exportación, así como las contribuciones y cuotas compensatorias, en los términos de la Ley Aduanera.
El impuesto sobre nómina que favorece al desarrollo económico de estas circunscripciones territoriales, principalmente en obra pública.
Impuestos sobre la adquisición de inmuebles.
Impuestos prediales estatales y municipales.
Productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras.
Impuestos de la tenencia o uso de vehículos.
Servicios públicos municipales.
Servicios de catastro y usos del suelo.
La estrategia programática del ramo 28, es decir, si en un municipio se llevan a cabo actividades de comercio exterior es susceptible de solicitar los recursos previstos en el fondo de 0.136 por ciento de la recaudación federal participable.
En consecuencia, dada la ubicación geográfica de Anáhuac, Nuevo León, solicitamos respetuosamente sea considerado con la mayor brevedad como municipio fronterizo.
Por lo expuesto nos permitimos someter a consideración de esta legislatura la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que decrete a Anáhuac, Nuevo León, como municipio fronterizo.
Notas
1 Blanco Mendoza, Herminio. “Las negociaciones comerciales de México con el mundo” , en Mancilla Vargas, Víctor Enrique. La apertura comercial de México.
2 Blanco Mendoza, Herminio. “Las negociaciones comerciales de México con el mundo”, en Mancilla Vargas, Víctor Enrique. La apertura comercial de México.
3 http://www.nl.gob.mx/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputados: María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Héctor García García, Marco Antonio González Valdez (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013 y exhorta a los Congresos de Guerrero y de Oaxaca a no promover legislaciones locales que eliminen sus efectos y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado federal Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de carácter de urgente y obvia resolución por el que los diputados de la LXII Legislatura reiteramos nuestro respaldo a la reforma educativa publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013; y por el que se exhorta al honorable Congreso del estado de Guerrero y al honorable Congreso del estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
En diciembre de 2012, en el marco del Pacto por México, el Ejecutivo federal presentó junto con los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD la iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional en materia educativa. Dicha iniciativa fue aprobada por el Congreso de la Unión con un amplio consenso (72% de los diputados federales y 88% de los senadores votaron a favor). Del mismo modo, la reforma educativa fue aprobada por la mayoría de los congresos locales, por lo que el 26 de febrero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo de la reforma educativa es garantizar la educación de calidad para los niños y jóvenes mexicanos. Uno de los medios para alcanzar el citado objetivo son los concursos de oposición de los maestros, tanto para el ingreso y permanencia en el servicio docente, como para la promoción a cargos administrativos o de supervisión. Así mismo, la reforma en materia educativa establece, desde la Constitución, la evaluación universal a los profesores a través de un órgano autónomo y con pleno respeto a los derechos laborales de los maestros.
La evaluación del sistema educativo permite detectar sus deficiencias para la implementación de soluciones, e incentiva a los maestros a mantenerse actualizados en lo relativo a contenidos y a las mejores prácticas pedagógicas. Las implicaciones de la evaluación universal, por lo tanto, son positivas: mayor transparencia del estado que guarda la educación, docentes más capacitados y competitivos, niños y jóvenes mejor preparados.
La evaluación en ningún caso supone una vulneración de los derechos laborales de los profesores. Al contrario, los profesores conocen bien sus ventajas puesto que ellos la aplican a sus alumnos para medir su desarrollo pedagógico. A través de la evaluación y del proceso de capacitación que la precederá, los profesores adquirirán nuevas capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, serán personas más preparadas y mejor formadas en un mundo cada vez más competitivo. Podrán educar mejor a los niños y jóvenes, quienes recibirán una instrucción de mucho mejor calidad.
A pesar de lo anterior, aún existen en México grupos que anteponen sus intereses a los intereses de la nación; grupos que, con tal de preservar sus privilegios, están dispuestos a sacrificar el futuro del país. De este modo, un reducido número de profesores de los estados de Oaxaca y Guerrero, recientemente y haciendo uso de tácticas de chantaje político, han pretendido echar atrás la recién aprobada reforma a los artículos 3o. y 73 constitucionales.
En Oaxaca, unos cuantos maestros – que no representan ni el 10% del gremio de la entidad – adheridos a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han tomado calles, carreteras y casetas, han ingresado a las instalaciones de radiodifusoras y han bloqueado centros comerciales y edificios públicos, afectando la actividad económica y turística de la entidad. Este reducido grupo, además, emprendió una campaña para desinformar a la sociedad con respecto a los fines y los alcances de la reforma en comento. Lo más grave: llevaron a cabo un paro de labores que afecta a más de un millón 300 mil alumnos.
Entre las demandas planteadas por los que se manifiestan se encuentra la entrega de novecientas veinte plazas, sin una previa evaluación. Asimismo se manifiestan en contra de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares).
En Guerrero la situación no ha sido diferente: pocos maestros – que buscan mantener sus privilegios y seguir con la política de vender y heredar plazas – han recurrido al paro de labores, a las manifestaciones, a los bloqueos de carreteras y a la toma de edificios públicos como maniobras para presionar a los poderes públicos del estado a que cedan a sus demandas. En este sentido, el pasado 22 de marzo la autopista del sol fue bloqueada durante más de nueve horas. La pretensión: que la entidad, en los hechos, permanezca exenta de los alcances de la reforma educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de este año.
Las conductas descritas han significado una sistemática violación al Estado de Derecho, que debe ser sancionada conforme al orden normativo aplicable. No obstante, ante la ausencia de determinación por parte de las autoridades, los grupos mencionados que incurren en estas faltas se aprovechan y buscan negociar algo innegociable: la aplicación de la ley suprema de nuestro país, la Constitución Política.
A los principios establecidos en la Constitución debe adecuarse el resto de la legislación que se produzca en el país y ésta no la puede contradecir. La supremacía de la Carta Magna no puede estar sujeta a chantajes políticos, así como su aplicabilidad en todo el territorio nacional no acepta ningún tipo de exención. Sin embargo, en Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre, sucumbió a las presiones e hizo suya la propuesta de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) para reformar la Ley Estatal de Educación; iniciativa a todas luces inconstitucional, que pretende otorgar plazas a normalistas de manera automática – sin concurso de por medio – y evadir la evaluación a la que por disposición constitucional están obligados todos los maestros.
Tras la reforma educativa aprobada, el artículo tercero de la Constitución establece claramente, en su fracción IX, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es el responsable de “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”.
La prueba ENLACE ha evidenciado la mala situación en la que se encuentra el sistema educativo en los estados de Oaxaca y Guerrero, los cuales en 2006, en el rubro de matemáticas, tenían los porcentajes más altos de alumnos con bajo nivel. En 2012 la situación para Guerrero mejora, y sin embargo, más de la mitad de los alumnos permanecen en niveles de aprovechamiento bajos.
Ceder a los chantajes de las cúpulas sindicales implica condenar a los alumnos de dichas entidades al subdesarrollo y al atraso, además de representar flagrantes violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de las consideraciones expuestas someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Los diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión reafirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad, por lo que reiteramos nuestro respaldo a la reforma al artículo tercero constitucional que fue aprobada con un alto consenso el pasado mes de diciembre en este Congreso y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Honorable Congreso del Estado de Guerrero y al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca a no promover legislaciones locales que, en los hechos, eliminen los efectos de la citada reforma educativa y que puedan contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la adquisición del edificio del IFE, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La utilización de los recursos públicos siempre ha sido un tema polémico; la desviación de estos consiste en que un funcionario encargado de la administración de fondos estatales, destine los mismos a un cometido público distinto de aquel al que estuvieren jurídicamente destinados.
Esta figura delictiva ha sido objeto de un fuerte cuestionamiento, ya que la sociedad cada vez exige más transparencia en el manejo de estos recursos que, se supone, debe de ser para el servicio de todos. Con todo y los organismos de transparencia que se han creado en años pasados, el acceso a la información y la disposición de recursos públicos parece ser todavía un tabú entre la sociedad.
En la Quinta Encuesta Global sobre Delitos Económicos llevada a cabo en el año 2009, por Price Water House Coopers junto con la Escuela de Negocios in Sead, se publicó que México fue ubicado en el sitio número cinco de cincuenta y cuatro países avanzados y en vías de desarrollo en que se cometen un mayor número de fraudes económicos y delitos financieros.
Un claro ejemplo del tema en comento es la construcción del monumento emblemático llamado “Estela de Luz”. Sabemos que fue un derroche y un gasto torpe, existiendo mejores proyectos. Esta obra inicialmente costaría 200 millones de pesos; pero finalmente representó una inversión total de mil treinta y cinco millones de pesos; es indignante que en nuestro país existan necesidades básicas pendientes de subsanar y que el Gobierno Federal gaste los recursos públicos en una construcción arquitectónica llena de irregularidades.
Otro caso evidente es la construcción del moderno edificio sede del Senado, ubicado en la esquina de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Inmueble construido en total corrupción, incurriendo en pagos anticipados, erogaciones en exceso, deficiencias en la aplicación del ajuste de costos y trabajos de mala calidad.
La controvertida sede del Senado cuyo presupuesto debió incurrir en mil seiscientos noventa y nueve millones de pesos termino costando tres mil doscientos setenta y seis millones de pesos, arrojando un costo final de cuarenta y tres mil pesos metro cuadrado para cada uno de sus 75 mil metros, por eso hoy la nueva sede está bajo la lupa y conforme aparecen los números crecen las preguntas sobre sus costos y las muy cuestionables decisiones que se tomaron para su majestuosa construcción
La nueva casa del senado fue construida con materiales insensibles a la problemática y demandas de la ciudadanía, ya que, mientras la crisis golpeaba los bolsillos de millones de trabajadores, se aprobó para su construcción un cincuenta y dos por ciento más del presupuesto destinado.
El propósito de este punto de acuerdo es destacar el caso de la adquisición del inmueble ubicado en Calzada Acoxpa en la Ciudad de México por el Instituto Federal Electoral (IFE) en base a un avalúo realizado por Banobras, que proyectó la cantidad de doscientos sesenta y dos millones de pesos.
De acuerdo con el informe de la Contraloría General del IFE, una de las dos áreas del edificio fue adquirida en doscientos sesenta y dos millones de pesos. Sin embargo, el Órgano de Fiscalización subraya que la Escritura No. 51617, de diciembre del año 2007, consignó que las dos áreas del mismo edificio estaban valuadas en cuarenta y cinco millones de pesos.
Sobre las acciones realizadas para adquirir el inmueble rentado en el año 2008 y comprado en el año 2009, se afirma que había un Acuerdo de la Junta General Ejecutiva que señalaba que para instalaciones arrendadas solamente se podían hacer inversiones no mayores a 550 mil pesos. A su vez, existe un Acuerdo del Consejo General del IFE, que facultaba a la Secretaría Ejecutiva a fin de realizar las inversiones y ejercicios que fueran necesarios para cumplir con sus obligaciones legales.
La Contraloría manifiesta que para la compra del inmueble de mérito, no se consideraron recursos presupuestales suficientes, se estableció la adquisición mediante adjudicación directa, se desechó la modalidad del pago mediante arrendamiento financiero, no se consideró la situación legal y administrativa del inmueble y no se efectuó un análisis económico del costo de los pisos a adquirir en copropiedad.
A pesar de que el Contralor del IFE, Gregorio Guerrero, presento un expediente de 456 cuartillas muy claro y preciso en cuanto al rechazo del primer avalúo por 118 millones de pesos y la solicitud de uno nuevo para justificar la compra.
Los ocho consejeros electorales con derecho a voto en el máximo órgano de dirección del IFE declararon improcedente el expediente administrativo en el que el Contralor General, proponía sancionar al funcionario Fernando Santos Madrigal quien fungió como Director Ejecutivo de Administración del organismo, concluyendo que no hubo irregularidad alguna en la compra del edificio.
La determinación de exonerar al funcionario y la resolución de los consejeros es sin lugar a dudas, indigna ya que no hay congruencia con la postura pública sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la impunidad.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al consejo General del IFE, a reconsiderar el desechamiento del informe presentado por el contralor General, referente a la adquisición de un inmueble ubicado en Calzada Acoxpa, en el Distrito Federal, por resultar a todas luces un grave casi de corrupción.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie las investigaciones correspondientes, por la probable comisión de diversos delitos, en el caso del informe del contralor General del IFE sobre el tema de la compra de un edificio ubicado en la Avenida Acoxpa en el Distrito Federal
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de abril de dos mil trece.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno local y a los delegados de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Iztacalco, Venustiano Carranza, Xochimilco y Benito Juárez a transferir al Instituto del Deporte del DF la administración de instalaciones deportivas situadas en esas demarcaciones, a cargo del diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Grupo Parlamentario del PRI
El diputado federal Felipe Muñoz Kapamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la proposición al rubro citado, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud, el bienestar social de la población, así como los valores de solidaridad, cooperación y trabajo en equipo, tienen un estímulo y apoyo en el proceso individual y colectivo de la cultura física y el deporte. Por ello y a partir de la inclusión de este tema como una garantía individual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se da como un función del Estado el fomento al deporte y a la promoción del mismo, es que se hace necesario políticas públicas responsables de los tres órdenes de gobierno que propicien un mejor desarrollo físico de niños, jóvenes y adultos logrando con ello, mejorar su calidad de vida.
En el Distrito Federal se hace necesario el fortalecimiento de las estructuras deportivas actuales y mejorar la coordinación y cooperación entre las autoridades que tienen facultades en materia deportiva; de ahí que se haga necesario retomar el deporte como una política pública que impulse el desarrollo de la sociedad y coloque al Distrito Federal al nivel competitivo que tienen otras entidades.
Es conveniente recordar que a nivel competitivo, la delegación que representó al Distrito Federal en la Olimpiada Nacional, pasó del segundo lugar obtenido en el año 2000, al lugar noveno en 2012.
También, que el presupuesto para el deporte en el Distrito Federal se redujo de 124 millones en el año de 2001 a 58 millones en el año 2013. Se debe resaltar que algunos municipios tiene incluso un presupuesto igual y superior para esta actividad.
Para mejorar el desarrollo del deporte en la Ciudad de México se hace necesario poner al alcance de atletas y de todos los habitantes de la ciudad, la práctica focalizada, adecuada y constante de actividades físicas, recreativas y deportivas de alto rendimiento.
Para lograr este objetivo, el Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF) juega un papel fundamental, ya que por su conducto, se debe promover una auténtica cultura física, un adecuado seguimiento de los atletas de alto rendimiento que representan a la capital del país y un eficiente control de programas y estrategias creados con el mismo objetivo.
De ahí la importancia que cuente el IDDF no sólo con el personal capacitado para tal efecto, sino con la infraestructura idónea para tal fin, situación que hoy es compartida con las delegaciones políticas. Ya que en la actualidad, el Instituto del Deporte del Distrito Federal es el único organismo deportivo del país que no cuenta con instalaciones deportivas propias ya que las actuales son prestadas y administradas por las delegaciones políticas.
Los antecedentes del deporte organizado en el Distrito Federal se inician en 1927 con una oficina de Acción Deportiva, la cual evolucionó hasta convertirse en un órgano desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social en 2008, por lo que se hace necesario el constante fortalecimiento de esta entidad debido a su nueva naturaleza jurídica.
A manera de antecedentes, es necesario mencionar que cuando el tema deportivo se manejaba a través de una Dirección General dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, ya era conocido el Instituto del Deporte, y tenía bajo su dirección y operación algunas de la principales instalaciones deportivas del Distrito Federal, las cuales en su momento fueron utilizadas para los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México.
No obstante, con fecha del 31 de enero de 2001, y mediante documento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno, Lic. Andrés Manuel López Obrador, emitió el “Acuerdo por el que transfieren a los Órganos Políticos Administrativos, (Delegaciones Políticas), las instalaciones deportivas, que se encontraban a cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal”, en virtud de las limitadas facultades que podía tener este último, debido a su entonces naturaleza jurídica como órgano desconcentrado.
La creciente conciencia en la necesidad social de la práctica de la actividad física deportiva, motivo a las autoridades a publicar con fecha 11 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Reglamento Interior del Instituto del Deporte del Distrito Federal, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal.
Su objetivo, es convertir al IDDF en el órgano rector de la política deportiva de la Ciudad de México, capaz de coordinar programar y promover la participación de los habitantes del Distrito Federal en la práctica de la actividad física y la recreación alcanzando incluso niveles de competencia.
Se le dan como principales facultades las de:
• Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomente y desarrollen la práctica del deporte y la recreación.
• Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades públicas y privadas para difusión, promoción y capacitación, fomento e investigación en materia deportiva, que promueva el desarrollo del deporte y la actividad física en el Distrito Federal bajo un programa único de coordinación y desarrollo deportivo que le permita administrar sus propias instalaciones deportivas.
A pesar del cambio de naturaleza jurídica y con las nuevas facultades otorgadas al Instituto del Deporte como rector de la política deportiva en el Distrito Federal, no se le dotó de la posibilidad de contar con sus propias instalaciones deportivas, las cuales garanticen el cumplimiento de su objeto a través de la formación de atletas de alto rendimiento y de la implementación de programas dirigidos a la población en general que fomente su salud y bienestar.
Siguen siendo los órganos políticos administrativos, (delegaciones políticas) a través del acuerdo de 2001, quienes tienen la facultad de construir, rehabilitar y mantener las instalaciones deportivas de la capital del país, pero sobre todo, con quienes se siguen haciendo cargo de la administración del deporte en una forma más directa que el propio IDDF.
Por lo anterior, y atendiendo el compromiso que debe tener el Estado con el deporte y en la activación física de la población en el nivel social y de salud, el Instituto debe recuperar la administración y operación de las principales instalaciones deportivas dentro del Distrito Federal.
Una primera ventaja de que el IDDF sea la autoridad rectora de la materia es poner en práctica aquellos conocimientos que permitan a los habitantes y atletas, ejercitarse en espacios dignos y con programas especializados en la práctica del deporte, así como dar el uso adecuado a dichas instalaciones y a los recursos que generan. También es conveniente hacer notar que las Delegaciones por razones principalmente económicas han desatendido durante los últimos años las instalaciones y recursos deportivos.
Es necesario mencionar que la operación directa que haga el Instituto sobre algunas instalaciones deportivas, permitirá alentar el desarrollo del deporte, ampliar la cobertura del mismo, fortalecer la educación física, la profesionalización de dichas actividades y la práctica de alto rendimiento, más aún cuando el Distrito Federal a lo largo de la historia ha sido la entidad nacional que ha generado más atletas de todas las disciplinas y de alta competitividad tanto en el plano nacional como internacional.
Otra ventaja es que se podrá recuperar la estrategia de las escuelas técnico-deportivas, que en la actualidad no existen o se encuentra limitadas y que hoy en día se hacen tan necesarias para la enseñanza de las diversas disciplinas deportivas. Es necesario subrayar que las Delegaciones, debido al personal especializado limitado con el que cuentan, les es imposible dar cumplimiento a este objetivo, situación que se superaría con el Instituto, ya que podría gestionar un presupuesto adecuado, en virtud de ser el organismo rector de la materia y está destinado a cumplir esa función social.
Asimismo, el desarrollo del deporte y en especial el de alto rendimiento, categoría que en estos tiempos se convierte en un eje rector de las estrategias del Instituto, exige que se atienda de manera homologa, y bajo un programa que contemple todos los centros de entrenamiento, cuestión que las Delegaciones no tienen en sus prioridades. Esto genera molestias de los distintos grupos y ligas deportivas que demandan que se brinden las mejores condiciones para generar atletas competitivos y que las instalaciones sean de vanguardia y con el mejor equipo de entrenamiento, situación que en la actualidad no sucede, y hace que muchos deportistas busquen otras entidades para su entrenamiento y desarrollo, produciéndose una auténtica fuga de talentos.
Pese a todo es importante destacar también que el Distrito Federal es la entidad que más deportistas aporta a las delegaciones deportivas mexicanas tanto para juegos tradicionales como para competencias deportivas para personas con alguna discapacidad.
Aunando a lo anterior se debe decir que existe descuido dentro de muchas de las instalaciones deportivas del Distrito Federal, por lo que se propone que el Instituto del Deporte del Distrito Federal, recupere la administración directa y única de algunas instalaciones de importancia para lograr las metas en la materia del Gobierno del Distrito Federal.
Tales instalaciones son las siguientes:
1. La ciudad deportiva “Francisco I Madero”, delegación Iztapalapa.
2. El centro deportivo “Guelatao”, delegación Cuauhtémoc.
3. El centro deportivo “Margarita Maza de Juárez”, Delegación Gustavo A. Madero.
4. El centro deportivo “Rosendo Arnaiz”, delegación Gustavo A. Madero.
5. El centro deportivo “Plan Sexenal”, delegación Miguel Hidalgo.
6. El centro deportivo “Tiempo Nuevo”, delegación Tlalpan.
7. La ciudad deportiva “Magdalena Mixuca”, delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza.
8. El Velódromo Olímpico, delegación Venustiano Carranza.
9. La pista olímpica de remo y canotaje “Virgilio Uribe”, delegación Xochimilco.
10. La alberca olímpica “Francisco Márquez”. Delegación Benito Juárez.
11. El gimnasio olímpico “Juan de la Barrera”, Delegación Benito Juárez.
Con estas propuestas se estaría avanzando en lograr los siguientes objetivos:
• Que el Instituto del Deporte del Distrito Federal, cuente ya con áreas propias para el ejercicio de su actividad de manera profesional y especializada.
• Que se recuperen las condiciones de mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones las cuales ahora se encuentran en evidente deterioro y están dejando de cumplir primordialmente con la función para la que fueron creadas.
• Hacer una transferencia programada de las instalaciones para dentro este año de 2013 a afecto de generar mejores condiciones posibles.
• Que el Instituto del Deporte del Distrito Federal, se consolide en la verdadera autoridad deportiva de la Ciudad de México. Un órgano creado exprofeso para la materia que podrá controlar los programas, actividades e instalaciones deportivas.
• Que los Órganos Políticos Administrativos, sigan conservando la administración de las demás áreas deportivas de su demarcación.
Por todo lo anterior expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal y a los titulares de los órganos político administrativos de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Iztacalco, Venustiano Carranza, Xochimilco y Benito Juárez, a transferir al Instituto del Deporte del Distrito Federal la administración de algunas de las instalaciones deportivas ubicadas dentro de sus demarcaciones respectivas, a efecto de su recuperación, mantenimiento, conformación de centros deportivos especializados y de entrenamiento para el alto rendimiento y promoción del deporte comunitario para la población en general.
Segundo . Que dichas instalaciones son las siguientes:
1, La ciudad deportiva “Francisco I Madero”, delegación Iztapalapa.
2. El centro deportivo “Guelatao”, delegación Cuauhtémoc.
3. El centro deportivo “Margarita Maza de Juárez”, Delegación Gustavo A. Madero.
4. El centro deportivo “Rosendo Arnaiz”, delegación Gustavo A. Madero.
5. El centro deportivo “Plan Sexenal”, delegación Miguel Hidalgo.
6. El centro deportivo “Tiempo Nuevo”, delegación Tlalpan.
7. La ciudad deportiva “Magdalena Mixuca”, delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza.
8. El Velódromo Olímpico, delegación Venustiano Carranza.
9. La pista olímpica de remo y canotaje “Virgilio Uribe”, delegación Xochimilco.
10. La alberca olímpica “Francisco Márquez”. Delegación Benito Juárez.
11. El gimnasio olímpico “Juan de la Barrera”, delegación Benito Juárez.
Tercero. Se exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Miguel Ángel Mancera Espinoza, a conformar una comisión integrada por representes de la Secretaria de Educación, la Secretaria de Finanzas, la Oficialía Mayor, la controlaría General, el Instituto del Deporte y los Órganos Políticos-Administrativos involucrados, a efecto de coordinar y establecer las acciones necesarias para instrumentar la transferencia en este año de 2013 de las instalaciones deportivas mencionadas en el artículo que antecede, incluyendo los recursos humanos y materiales inherentes a las mismas, así como las facultades correspondientes respecto de las asociaciones, ligas y federaciones deportivas y de los recursos que se recauden por concepto de aprovechamiento y productos que se generan mediante el mecanismo de aplicación automática.
Cuarto. Se exhorta al Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal, que una vez transferidas las instalaciones referidas, la utilización y destino de los recursos que recauden por concepto de aprovechamiento y productos que se generen mediante el mecanismo aplicación automática, sean utilizados para el mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento, seguridad, desarrollo y funcionamiento de las instalaciones que los generen: de conformidad con lo estipulado en el Código Financiero del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Quinto. Se exhorta al Director General del Instituto del Deporte del Distrito Federal a que en el momento en que las instalaciones en comento sean administradas por el Instituto a su cargo, se generen programas deportivos necesarios para que se fomente el deporte comunitario dirigido al público en general. Y para que dentro de los recursos humanos transferidos, con apego a la normatividad aplicable y con independencias de cuestiones supervinientes; los contratos de honorarios celebrados con prestadores de servicios, sean respetados en sus plazos pactados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputado Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro a realizar acciones para modernizar el transporte público en beneficio de los habitantes, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Querétaro a realizar acciones a fin de modernizar con la mayor brevedad el transporte público, en beneficio de los habitantes de la entidad, conforme a las siguientes
Consideraciones
Los queretanos tienen derecho a conocer las acciones realizadas por las autoridades estatales con veracidad y saber con toda oportunidad sobre las actividades y la ejecución de los actos tendientes a cumplir con cada una de las disposiciones de las leyes vigentes.
En un ánimo de impulso a los principios constitucionales de legalidad y transparencia es que se formula el presente punto de acuerdo, toda vez que los servidores públicos deben rendir cuentas y, desde luego, informar puntualmente a los habitantes sobre las acciones que se han realizado y los tiempos en que se concretará uno de los grandes pendientes del gobierno del estado, y que es precisamente la modernización del transporte público.
El titular del Poder Ejecutivo, como responsable de la administración pública en el estado, es el encargado de diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la modernización del transporte público, cumpliendo, además con el compromiso asumido por razón del encargo que tiene conferido.
Adicionalmente, es necesario recordar que el titular del Poder Ejecutivo ha manifestado abierta y públicamente, en diversos encuentros, entre los que destaca el realizado el 20 de julio de 2011. Éste fue denominado Modernización del transporte público de la zona metropolitana de Querétaro, y en él realizó diversos anuncios consignados en el boletín oficial emitido por la oficina de prensa del gobierno del estado, intitulado El gobernador José Calzada presentó el proyecto de modernización del sistema del transporte público colectivo, la cual se concentra en el beneficio de los usuarios (http://www.queretaro.gob.mx/documentos_interna1.aspx?q=vUYGbsxLnlj SiUxuHAXSiezWF0ipVJUn). A continuación destaco aspectos relevantes que merecen atención y son la vertebra del presente punto de acuerdo:
Presentó a los queretanos el proyecto por el que se modernizará el sistema del transporte público colectivo de la zona metropolitana de Querétaro, que pone como centro de interés a los usuarios. Dejó claro que éste fue uno de los compromisos que asumió desde antes de iniciar su gestión de gobierno y enfatizó “es un compromiso que sostenemos” y con el cual se busca el beneficio de los habitantes de Querétaro.
“Transformar para mejorar”, ése es el lema de esta reunión. Dejamos de lado el interés del gobierno o el interés de los concesionarios o el interés de los choferes. El bien supremo es el bien de la gente y por eso me siento muy halagado de que hayamos podido firmar estos compromisos , de que en esta reunión nos hayamos congregado los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, agradeciendo por supuesto siempre su colaboración y permanencia para constatar el esfuerzo de los queretanos.
A través de una política de inclusión, indicó que se deben generar rutas únicas, un sistema de prepago, redes troncales, carriles exclusivos, vigilancia satelital esto teniendo únicamente por objetivo trazar una ruta para que a nuestra gente le vaya mejor, para que nuestra gente esté bien, para tener un sistema de transporte colectivo en el estado de Querétaro que sea orgullo nacional, debemos de intentarlo porque además podemos.
...
Nuestra tarea es ordenar, regular, controlar y desarrollar programas y lineamientos generales en la materia, a través de un gran acuerdo con los concesionarios, los conductores, los usuarios y los sectores e instituciones sociales y públicas, que permitan construir un nuevo formato de movilidad urbana expuso el secretario de Gobierno.
El encargado de la Política Interna del Poder Ejecutivo informó que en la primera etapa del proyecto de modernización del sistema del transporte público colectivo de la zona metropolitana de Querétaro se invertirán alrededor de mil 500 millones de pesos, por lo que apuntó que es importante la participación de los gobiernos federal, estatal y municipales con la finalidad de lograr los objetivos trazados.
...
Resaltado añadido
Han transcurrido más de un año y ocho meses desde aquel 20 de julio de 2011, y a la fecha los usuarios del servicio público no han visto los resultados prometidos, ni se han alcanzado las expectativas creadas por el titular del Ejecutivo.
Es necesario que el gobernador constitucional de Querétaro rinda cuentas, haciendo del conocimiento público, como han sido ejercidos los recursos destinados a los proyectos vinculados a la modernización del transporte público y precise con toda puntualidad cuales son las acciones que se han ejecutado para tales efectos, abonando a la transparencia como principio democrático del quehacer gubernamental.
Por lo anterior se somete a consideración del pleno de esta soberanía el resolutivo de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo de Querétaro a cumplir sus compromisos de gobierno a efecto de ejecutar con la mayor brevedad las acciones tendentes a modernizar el transporte público para beneficio de todos los habitantes de Querétaro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a establecer canales de interlocución con los representantes populares y las dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido, a cargo de la diputada Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe, diputada Josefina Salinas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere a las autoridades en los distintos órdenes de gobierno la responsabilidad de garantizar el acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos, tales como seguridad, igualdad social y respeto a los derechos fundamentales.
En el caso del poder ejecutivo, tanto federal, como en las entidades federativas, resulta indispensable una actitud receptiva ante la expresión de las necesidades de la ciudadanía, es innegable la imperiosa necesidad de la disposición a la coadyuvancia con el resto de los poderes con que se comparte esta responsabilidad a efecto de que el ejercicio de la autoridad que le ha sido conferida resulte de forma efectiva, equilibrado y justo para el total de sus gobernados y no sectario y clientelar.
Es el caso que en el Estado de México en particular, esta apertura no se ejerce por parte del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, además de permanecer cerrado a este principio, también incumple con lo que mandata la propia Constitución del estado que gobierna, que en su articulo 77, en que se enuncian las facultades y obligaciones del Gobernador del estado, fracción XXVI.
Artículo 77. Son facultades y obligaciones del gobernador del estado:
I. a XXV...
XXVI. Prestar apoyo a los poderes Legislativo y Judicial y a los ayuntamientos, cuando le sea solicitado, para el ejercicio de sus funciones...
Lo anterior al prestar oídos sordos ante las reiteradas solicitudes de audiencia que con el propósito de establecer una comunicación directa y fluida con él como titular del Poder Ejecutivo estatal, los representantes populares y los dirigentes estatales han suscrito
El motivo central de la búsqueda de esta interlocución, es plantearle los temas que a continuación se exponen:
1. La problemática de los ayuntamientos postulados por el Partido de la Revolución Democrática, así como superar el trato desigual a los regidores y síndicos de representación proporcional del PRD.
2. Se establezcan compromisos en forma corresponsable para impulsar en la entidad soluciones de fondo que permitan superar los rezagos en materia de:
a) La violencia y la inseguridad que se ha incrementado en las últimas semanas en el territorio mexiquense.
b) Medidas a través de políticas públicas para reducir la desigualdad social, con metas en plazos verificables. Atención con acciones productivas a favor de los campesinos e indígenas.
c) Ataque frontal a la corrupción con mecanismos eficaces: Avanzar en la transparencia.
d) Acabar con la impunidad, respeto a los derechos humanos.
e) Cambios políticos institucionales, que permitan ajustar y actualizar la representación política, fortalecimiento de los órganos autónomos del estado, impulso de cambios democráticos institucionales, mediante una reforma política local (participación ciudadana, reforma electoral y municipal).
3. Solución a las demandas sociales presentadas al gobierno del estado, reiterando nuestro interés de buscar mediante el diálogo y en los canales institucionales, la solución a las dificultades económicas, sociales y políticas existentes en el territorio mexiquense, a lo cual no hemos obtenido respuesta alguna, encontrándonos con la omisión y desinterés de un gobierno que presenta rasgos de inflexibilidad, insensibilidad e inmadurez para el oficio político que las necesidades de la entidad requieren.
En virtud de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a ejercer con pluralidad y equidad la autoridad que le ha sido conferida y preste disposición a la interlocución con los representantes populares y dirigencias estatales que no coinciden en militancia con su partido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputada Josefina Salinas Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar por la SHCP políticas públicas de movilidad sustentable en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, suscrita por los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, Rosa Elba Pérez Hernández y Arturo Escobar y Vega, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La infraestructura para el desarrollo es un componente esencial para la integración regional, para el desarrollo social equilibrado y para incrementar la competitividad de la economía nacional y, con ello, alcanzar mayor crecimiento económico. El presidente de la República ha subrayado que el desarrollo de infraestructura será uno de los principales instrumentos que se utilicen para alcanzar el México próspero que el gobierno federal se ha planteado como meta.
En ese sentido, la infraestructura de transporte es fundamental para el buen desarrollo de la vida económica y social de la población, de tal suerte que el objetivo del sector de telecomunicaciones y transportes, ha sido “garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México”.1
Pesa a lo anterior, el paradigma de la movilidad de las ciudades mexicanas ha dado marcada preferencia e invertido cuantiosos recursos, en la construcción y ampliación de vialidades dedicadas al transporte motorizado de combustible fósil. Históricamente, la política pública de transporte se ha ocupado casi exclusivamente del uso de vehículos automotores.
Este punto de acuerdo tiene el propósito de aprovechar la oportunidad que significa el proceso de consulta, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), que ha iniciado el Presidente Enrique Peña Nieto, a fin de proponer la integración de políticas públicas de movilidad sustentable, cuyo propósito sea promover la inversión en infraestructura para desarrollar sistemas integrales de movilidad sustentable no motorizada, que favorezcan la intermodalidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Dados los ampliamente conocidos efectos del fenómeno de cambio climático, creemos que el principal reto para alcanzar un desarrollo metropolitano sustentable en materia de movilidad, reside en poder garantizar sistemas multimodales de transporte y en disponer de una infraestructura de movilidad urbana alternativa y complementaria, específicamente, ciclovías urbanas, intraurbanas y rurales para viajes que no excedan de 10 kilómetros.
Este tipo de infraestructura contribuye al cumplimiento de los compromisos internacionales de México en la reducción de emisiones de carbono, y constituye un área de oportunidad para las acciones de mitigación apropiadas para cada país, que permiten la canalización de los recursos financieros y tecnológicos disponibles mediante la cooperación internacional.
Cabe hacer mención de que el objetivo 2.4., “Desarrollo sustentable”, del Pacto por México establece que el cambio climático es un reto global que se debe enfrentar con responsabilidad y realismo, y que es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que ayude a modificar nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume e incluso se desecha.
Según el artículo 34, fracción II, incisos a) y b), de la Ley General de Cambio Climático, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas al sector transporte para reducir las emisiones; entre las acciones de mitigación asociadas a dicho sector se establece, promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado así como implementar sistemas de transporte integrales y programas de movilidad sustentable en zonas urbanas o conurbadas.
Resulta relevante señalar que la política nacional de adaptación frente al cambio climático, considera los ámbitos de infraestructura de transportes y comunicaciones y de ordenamiento del territorio, asentamientos humanos y desarrollo urbano, como sujetos de acciones de adaptación a través de programas específicos. Con dicha aproximación, la “Guía municipal de acciones frente al cambio climático con énfasis en el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial”,2 marca la importancia de las contribuciones del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, para mitigar y adaptarse al cambio climático, y propone intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público para la mitigación de GEI:
En zonas urbanas, promover sistemas de transporte y movilidad sustentable, es decir, no sólo orientar la movilidad a modalidades motorizadas a través de la construcción de infraestructura vial (grandes avenidas, puentes y pasos a desnivel, segundos pisos, etcétera) sino a través de la construcción de ciclopistas, carriles confinados para autobuses (BRT), trenes ligeros y tranvías, etcétera. Hay una metodología conocida como “diseño orientado al transporte sustentable”, cuyos principios son
• Lograr que la mayoría de los viajes locales se realicen de manera peatonal o ciclista, ofreciendo una experiencia cómoda segura y atractiva y evitando la emisión de GEI.
• Conectar al barrio y lograr que la mayoría de los viajes regionales, se realicen en transporte público, de manera cómoda, eficiente y accesible.
• Fomentar la vida pública a través de espacios que promuevan, la interacción social y el encuentro vecinal a través de la accesibilidad peatonal y ciclista.
• Potenciar la actividad económica y habitacional, a través de usos de suelo mixtos y compatibles con una densidad razonable y un diseño urbano de calidad.
• Hacer eficiente la relación entre el espacio público y el ambiente construido, a través de plantas bajas activas que promuevan la interacción social.
• Generar ambientes seguros y agradables a través de la racionalización del uso del automóvil.
• Construir un tejido social con identidad e integración barrial, promoviendo ambientes seguros y accesibles a todos los grupos sociales (niños, población de la tercera edad, mujeres, discapacitados, minorías, etcétera).3
No queda duda de que el Plan Nacional de Desarrollo, constituye una enorme oportunidad para modificar el paradigma del ordenamiento del territorio que ha prevalecido en nuestro país, y para reflexionar sobre el modelo de consumo energético dominante, donde casi 50 por ciento corresponde al transporte automotriz; según datos de la Secretaría de Energía y la Agencia Internacional de Energía: “En México, el transporte, nacional e internacional, es el sector con mayor consumo de energía. En 2009 representó 48.7 de la energía final consumida (2 mil 224.5 petajoules). En el mismo año, el sector generó 38.4 de las emisiones GEI en México debido a la quema de combustibles, principalmente por el empleo dominante de derivados del petróleo, que aportaron 99.8 de la energía final consumida de este sector”.4
Por último, es menester señalar que las organizaciones de la sociedad civil líderes en el tema de movilidad sustentable, han analizado las políticas públicas que el país requiere, y han delineado la necesidad de “instrumentar programas de desarrollo urbano para promover los sistemas intermodales de movilidad que privilegien el transporte público eficiente, la movilidad no motorizada y los desplazamientos a pie”.5
De conformidad con lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público integre en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 políticas de movilidad sustentable, las cuales deberán promover la inversión en sistemas integrales que incorporen infraestructura para la movilidad sustentable no motorizada y estacionamientos en zonas urbanas, conurbadas, intraurbanas y rurales para favorecer la intermodalidad, disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Notas
1 Objetivo 14, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
2 http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1867/1 /images/Guia_Cambio_Climatico_26-10-12.pdf. Última consulta 3 de abril 2013.
3 Obra citada, página 47.
4 http://www.energia.gob.mx/taller/res/1858/IEE_Mexico.pdf al 8 de abril de 2013.
5 México rumbo a la sustentabilidad: 40 propuestas para la administración federal 2012-2018, página 5 (http://cemda.org.mx/pdfs/mexico-sustentabilidad.pdf), disponible en línea; última consulta, 4 de diciembre de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputados: Rosa Elba Pérez Hernández, Arturo Escobar y Vega (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y al Censida a transparentar y argumentar el proceso de dictamen de la convocatoria pública a fin de implantar estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante el VIH y el sida en 2013, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En pasados meses la Secretaría de Salud federal, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en conjunto con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), emitieron la Convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante el VIH y el Sida 2013 .
En dicha convocatoria se establecieron las bases de la misma y se expresa que el monto máximo disponible para financiar el total de los proyectos es de 101 millones 700 mil pesos distribuidos en las diferentes categorías.
De tal forma, se convocó “a todas las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas con experiencia y trabajo comprobable en atención en VIH/Sida, o en las áreas que se indican en la misma convocatoria”.
En pasados días, “organizaciones civiles especializadas en sexualidad, género y lucha contra el VIH-Sida, entre las que se encuentran Colectivo SerGay de Aguascalientes AC; Mujeres en Frecuencia AC; la Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria AC; Telemanita AC; Ideas AC; Comudehu AC; el Centro de Estudios para el Desarrollo Itzam Ná AC; el Centro de Estudios, Difusión, Investigación y Desarrollo, CEDID AC; entre otras, denunciaron irregularidades en el proceso de dictaminación y los resultados de la Convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante el VIH y el SIDA 2013 .
Si bien, la convocatoria establece que “se privilegiarán a aquellas propuestas basadas en evidencia científica y/o documental y con estrategias probadas y comprobadas en la prevención del VIH y el Sida y otras ITS, en el marco de derechos humanos y con perspectiva de equidad de género”, dichas organizaciones emitieron un boletín exigiendo a la Secretaría de Salud federal que se reasignen los recursos de la convocatoria pública de Censida 2013.
El argumento que defienden las organizaciones es que “de acuerdo con el listado de los proyectos seleccionados, publicado en la página de Internet de Censida, más de 32 millones de pesos quedarían para el trabajo y administración de tan sólo seis organizaciones cuya experiencia y trayectoria es poco comprobable o desconocida, ya que no forman parte de los dos registros más importantes de México.”
Asimismo, anunciaron que al ser una convocatoria pública, acudirán a instancias como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y a la Cámara de Diputados, con la finalidad de transparentar el proceso de dictaminación; a la par de proponer la creación de una Comisión de Vigilancia de la Sociedad Civil en miras de garantizar que este tipo de procesos se lleven a cabo de manera imparcial y sin ningún tipo de privilegios hacia ciertos sectores.
Por lo antes expuesto, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal y al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), para que transparenten y argumenten el proceso de dictamen de la Convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención combinada para el fortalecimiento de la respuesta ante el VIH y el SIDA 2013 .
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a determinar que se cree una delegación suya en Nuevo León, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente
Exposición de Motivos
México es uno de los países con mayor diversidad cultural a nivel mundial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, 6 millones 913 mil 362 mexicanos hablan alguna de las más de 60 lenguas indígenas reconocidas en nuestro país. 1
En consecuencia, esta gran diversidad requiere de una atención especial y diferenciada por parte del Estado mexicano, a partir de las necesidades particulares de cada región, de cada pueblo indígena, y es ese, precisamente el espíritu de los principios reflejados en el apartado 1.6 del Pacto por México, firmado por el presidente de la República, en la búsqueda de la justicia y la equidad para aquellos mexicanos con los que nuestro país tiene una deuda histórica. 2
Nuevo León es uno de los estados con mayor índice de crecimiento de población indígena en el país, tal y como lo refleja el porcentaje de crecimiento de la población hablante de lengua indígena (HLI), alcanzado en los censos 2000 y 2010 con un 262.38 por ciento. 3
Este fenómeno no es nuevo, ya que en el Censo del Inegi de 1970 la población hablante de lengua indígena (HLI) era de apenas 787 personas y se incrementó a 7 mil 467 para el Conteo de Población de Vivienda de 1995. 4
En el 2000 este sector llegó a 15 mil 446 personas y, para el 2005, se reportan 29 mil 538 hablantes de lengua indígena.
Esta tendencia continuó a la alza, ya que para 2010 –aunque con un porcentaje menor–, se contabilizaron a 40 mil 528 HLI en la entidad. No obstante lo anterior, se estima que en 2010 existían 73 mil 541 personas en hogares censales indígenas en todo el estado de Nuevo León.5
Por lo anterior, la entidad pasó de tener una presencia indígena muy baja en 1970, a ser uno de los estados con presencia significativa, al haber escalado del lugar 25 en el año 2000, a ocupar la posición 20 en la tabla de población indígena en las 32 entidades del país en el año 2010. Esto contrasta con el fenómeno que tiene lugar en entidades con importante presencia histórica de esta población, donde se reflejan tasas negativas de crecimiento.
Delimitando el objeto de estudio de la presente proposición, existen dos grupos etnolingüísticos que constituyen el 68.33 por ciento del total de la población HLI: los nahuas (21 mil 723 personas), con un 53.59 por ciento y los tének o huastecos (5 mil 974 personas), con 14.74 por ciento del total de la población indígena estatal (Inegi, 2010).6
El resto de la población HLI de Nuevo León (12 831 personas) , representan el 31.67 por ciento de la población HLI de la entidad, la cual se distribuye entre 45 grupos etnolingüísticos distintos (Inegi, 2010), lo que refleja la intensidad del fenómeno migratorio en México, y al mismo tiempo constituyen la gran diversidad cultural que aportan los pueblos indígenas a esa entidad.
La población indígena en el estado de Nuevo León (Inegi 2010), se asienta mayoritariamente en los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), que concentra aproximadamente el 80 por ciento del total estatal, encontrándose principalmente en:
Municipio Población HLI 2010Monterrey 11486
San Pedro Garza García 2658
Ciudad Guadalupe 3376
General Escobedo 3545
Apodaca 3262
San Nicolás de los Garza 1943
Santa Catarina 2843
Benito Juárez 3205
García 2891
Resto del estado 8210Total 40 528
No obstante que aún es limitada la atención a este sector, es importante señalar los esfuerzos emprendidos por algunas instituciones. Por ejemplo en 1998, el Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Nuevo León, mediante un modelo de atención personalizada, fortaleció el aprendizaje tanto a los pequeños indígenas de educación básica así como a los profesores.
De igual forma destaca también el esfuerzo de la Universidad Autónoma de Nuevo León para otorgar becas a estudiantes indígenas con la finalidad de mejorar los niveles de inserción escolar en diversas escuelas y facultades. 7
En este orden de ideas, en 2003, desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Nuevo León (antes Consejo de Desarrollo Social), a través de la Red de Centros Comunitarios de Desarrollo Social, atienden a la población indígena. 28 de ellos están ubicados en la zona metropolitana de Monterrey 3 son considerados como centros interculturales. 8
En el ámbito cultural sobresale el esfuerzo de Conarte, que creó diversos museos y centros tendientes a promover y apoyar el desarrollo de las culturas indígenas.
En materia de investigación , ha sido fundamental la labor del Centro INAH Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Regiomontana y el CIESAS-Programa Noreste, entre otros, para documentar la realidad indígena del estado, lo cual ha servido para la planeación de acciones y proyectos encaminados a atender las necesidades específicas, así como para emprender proyectos de armonización legislativa a partir de la información con que se cuenta.
Otra de las acciones más relevantes es la atención a la población indígena para el acceso a la vivienda, por parte del Instituto de la Vivienda de Nuevo León y de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, ya que desde 2004, y bajo la consideración de la diferencia cultural, se ha brindado apoyo significativo para acceder a la vivienda a través del Programa de Vivienda Progresiva Tu Casa.
En 2011 y 2012, la LXXII Legislatura de Nuevo León, conformó la Comisión Especial de Asuntos Indígenas, cuya tarea fundamental consistió en coordinar la consulta ciudadana a través de un Comité Interinstitucional, e impulsar la reforma al artículo 2o. de la Constitución Política del Estado, para reconocer la presencia y los derechos indígenas en la entidad (POE, 17 de febrero del 2012), y su posterior reglamentación en la Ley de Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León ( POE, 22 de junio del 2012), la cual tiene por objeto la garantía, protección, observancia y promoción de los derechos y la cultura de los indígenas, cuya aplicación corresponde al estado y a los municipios de Nuevo León.
En 2001, se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las bases para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aseverando en el artículo 2o. Constitucional, la forma en que accederán a la jurisdicción del estado.
En el apartado B del mismo artículo se establece:
La federación, los estados y municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de
A) I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades.
B) IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos;
C) IX. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como los establezca la ley.”9
En el mismo sentido, la Ley de Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que establece en el artículo 2:
D) La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.10
Al respecto, la fracción III, del mismo artículo establece como una de las principales funciones de la CDI la de
III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado;
De igual forma se establece en el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas , publicado en el Diario de la Federación el 26 de abril del 2010, que compete a las delegaciones11
• Promover y fortalecer acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales en la entidad, para la gestión y atención de los asuntos relacionados con el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.
• Promover y apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas, así como la vigencia de sus derechos.
• Apoyar los procesos de consulta, promoviendo la participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las instancias de coordinación y concertación, para contribuir con la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo.
• Coordinar y supervisar a las Unidades Administrativas de su competencia, respecto de la operación, ejecución y aplicación de los programas, proyectos y acciones a cargo de la Comisión.
• Facilitar la realización de diagnósticos, estudios, evaluaciones y todos aquellos instrumentos necesarios que soliciten las Unidades Administrativas de la Comisión.
• Coadyuvar con las Unidades Administrativas en acciones de capacitación, inducción y sensibilización, conforme a la normatividad vigente.
• Administrar el presupuesto, recursos humanos, materiales y tecnológicos que se le asignen; así como supervisar a las unidades operativas de su área de competencia territorial, de conformidad con las políticas, normas y procedimientos vigentes.
• Proponer y celebrar convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación, con las dependencias y entidades de la administración pública federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado, respectivamente, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.
• Apoyar los procesos para la licitación de obra pública, adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios que requiera la comisión en su ámbito territorial, así como realizar toda clase de actos inherentes a esta facultad, incluso suscribir en representación de la Comisión todos los convenios y contratos que se deriven, así como los demás documentos que impliquen actos de administración.
• Formular, dentro de su ámbito territorial de competencia, ante el Ministerio Público correspondiente, las denuncias, querellas y declaratorias que la Comisión haya sufrido o pueda sufrir perjuicio por delitos de cualquier naturaleza.
• Representar a la Comisión, dentro de su ámbito territorial de competencia, en juicios administrativos, civiles, laborales, mercantiles y en otros de cualquier materia en que dicho organismo sea parte o en los que tenga interés.
• Supervisar el trabajo de los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, en su área de competencia territorial, de conformidad con las políticas, normas y procedimientos que dicte la Comisión, así como evaluar su desempeño en sesiones de Consejo Técnico Estatal.
• Realizar las demás actividades que les encomienden el presente Estatuto y las disposiciones legales aplicables.
Cabe destacar el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual confiere al Estado Mexicano la rectoría del desarrollo nacional garantizando la integralidad y sustentabilidad de este, permitiendo la justa distribución del ingreso y el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los grupos e individuos, al igual que la obligación del Estado de apoyar la organización y expansión de la actividad económica del sector social, punto que aplica a la población indígena.12
En cuanto a la obligación del estado respecto de la coordinación de los tres niveles de gobierno, cabe mencionar, que en la Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, en los artículos 14, 24, 26 y 35, se hace énfasis en la necesidad de coordinación entre el Estado de Nuevo León, los Municipios y la Federación, en temas como la garantía en la igualdad al acceso de empleo, seguridad social, medios de comunicación, la implementación del Sistema de Información Indígena y el acceso a servicios básicos.13
En este sentido, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León hace mención que el Estado promoverá, a partir de distintos ámbitos y niveles de gobierno, la difusión de la cultura y fomento de la participación de los pueblos indígenas.14
Por su parte la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Artículo 17 Bis establece que15
II. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme con lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos...
No obstante que el marco jurídico vigente establece con claridad la responsabilidad del Estado mexicano con los pueblos indígenas y que se ha avanzado a través de la coordinación interinstitucional y de los tres órdenes de gobierno, en la atención de los rezagos históricos en materia de infraestructura y otras necesidades de las comunidades indígenas, aún falta mucho por hacer.
Estas tareas pendientes incluyen como sujeto de atención al sector de la población indígena que hasta ahora ha sido desatendido en gran medida: los indígenas urbanos y migrantes; individuos, familias y comunidades indígenas que por las circunstancias descritas viven fuera de sus regiones de origen, pero que en su mayoría han hecho de su lugar de destino su nuevo lugar de residencia, y el lugar donde seguramente enraizarán su cultura, sin perder los vínculos con su tierra de origen, lo que les permite mantener fuerte su identidad.
La realidad es contundente. Según las estadísticas, casi cuatro de cada diez mexicanos de origen indígena habitan en ciudades a donde emigraron, o bien, en zonas urbanas, que por la dinámica de crecimiento cubrieron sus asentamientos históricos. Muchos otros arriban a los campos agrícolas a trabajar como jornaleros, con bajos beneficios laborales.
En el caso de Nuevo León, a su llegada a la ciudad de Monterrey, como en el resto del estado, la población indígena enfrenta múltiples dificultades para insertase de manera adecuada. Las limitaciones principales tienen que ver con una inadecuada inserción laboral y la imposibilidad de tener acceso a programas de vivienda, salud y educación. Ante ésta situación, el grado de marginación de la población se incrementa, agravada por la discriminación y un limitado acceso a la justicia. Es por ello que se vuelve indispensable la presencia y acompañamiento de la CDI a fin de procurar la garantía de los beneficios reconocidos en la legislación vigente.
Compañeras y Compañeros Legisladores, tenemos la oportunidad histórica para concretar las disposiciones del apartado 1.6 del Pacto por México.
Los pueblos y comunidades indígenas tienen que ser una prioridad del Estado. Para hacer realidad la política de Estado planteada en el Pacto, se requiere llevar a cabo medidas sólidas y adecuadas a la realidad social que vive la población indígena de nuestro país.
Si bien existe en Monterrey una oficina de Enlace de la CDI con la delegación de la institución en el estado de San Luis Potosí, es apremiante la necesidad de regularizar dicha representación federal en una entidad federativa que cuenta ya con una presencia indígena tan numerosa, como se ha detallado con antelación.
La dinámica migratoria y otros cambios han propiciado que para el inicio del siglo XXI la población indígena ya no solo se encuentre ubicada en las regiones “tradicionalmente” indígenas, es decir, aquellas regiones rurales en zonas del país bien definidas, sino que ahora está presente en todo el país, incluyendo las grandes ciudades y las regiones que hasta hace poco tiempo se consideraban sin presencia indígena. Tal es el caso de las zonas metropolitanas con desarrollo industrial importante: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como algunas zonas de reciente desarrollo agrícola de Sinaloa y Baja California, ciudades fronterizas con una fuerte tradición migratoria como Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez y Tijuana, y centros de desarrollo turístico como Cancún o Los Cabos, que en las décadas recientes han recibido flujos importantes de población indígena.
Ante esta realidad innegable, se requieren medidas urgentes por parte del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a fin de resguardar los derechos y el acceso al desarrollo de los pueblos indígenas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determine la creación de la delegación de esa Comisión en el estado de Nuevo León, para la realización de las tareas que se señalan en el artículo 25 de su Estatuto Orgánico.
Notas
1 www.inegi.gob.mx
2 http://pactopormexico.org/acuerdos/
3 www.inegi.gob.mx
4 www.inegi.gob.mx
5 Inegi, II Conteo de Población y Vivienda 2010, México.
6 www.inegi.gob.mx
8 http://www.uanl.mx/
9 http://www.nl.gob.mx/?P=sdsocial
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada DOF 30-11-2012.
11 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, DOF, 21 de mayo de 2003.
12 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, DOF 26 de julio de 2010
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada DOF 30-11-2012.
14 Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, POE, 22 de junio de 2012.
15 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, POE, 17 de febrero de 2012.
16 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, DOF, 29 de Diciembre de 1979.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputada María de Jesús Huerta Rea (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al del DF a supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y de las privadas encargadas de la custodia, el cuidado y la atención de la niñez; y a los congresos locales, a legislar en la materia, suscrita por los diputados Carmen Lucía Pérez Camarena y Fernando Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del PAN
Los diputados federales Carmen Lucía Pérez Camarena y Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
En los primeros años de vida de la niña o del niño se forja la gran mayoría de los elementos buenos y malos que delinearán su personalidad, estos generalmente se desarrollan en el ámbito familiar, en donde se entretejen los principios y valores en la infancia. Sin embargo, sucesos no considerados en sus vidas, los llevan a enfrentar procesos que los separan de sus familias y en ocasiones a ser institucionalizados en Centros dedicados a sus cuidados, generalmente llamados albergues o centros de custodia.
Por hechos desafortunados como la muerte de uno o de ambos padres, abandono, imposibilidad de ser tutor, decisiones judiciales, como son los casos de divorcio, maltrato o abuso de cualquier tipo, entre otros, los infantes tienen que ser institucionalizados, ello supone que reciban una atención especial durante su instancia en estos lugares de guarda llamados “albergues”, quienes son los encargados de brindarles las comodidades, el cuidado y la protección necesaria.
En nuestro país lamentablemente existe un número no determinado de niñas y niños que viven en albergues o casas hogar, lo cual los deja en un claro riesgo. Con estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), nuestro país es la segunda nación de América Latina con el mayor número de niños huérfanos con 1.6 millones de casos después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 millones. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que en el año 2010 se tenían censados cerca de 28 mil 107 niños, niñas y adolescentes que habitan en casas hogar, orfanatos y casas cuna en todo el país.
La carencia de controles y los riesgos para la población infantil institucionalizada se hicieron patentes cuando se dio la desaparición de una niña en una casa hogar llamada “Casitas del Sur” en el Distrito Federal en el 2009, quedando al descubierto todas las irregularidades que existían. Lamentablemente las niñas y niños que por diversas razones como se han explicado viven sin el cuidado de sus padres, en estas instituciones se encuentran más expuestos a la pobreza, marginación, discriminación, exclusión, factores que los hacen doblemente vulnerables al abuso, explotación y al abandono.
De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia “UNICEF y sus aliados mundiales definen a un huérfano como un niño o niña que ha perdido uno o ambos progenitores. De acuerdo con esa definición, en 2005 había más de 132 millones de huérfanos en África subsahariana, Asia y América Latina y el Caribe. Esa cifra comprendía no sólo a los niños y niñas que habían perdido ambos progenitores sino también a los que habían perdido el padre pero no la madre, o que eran huérfanos de madre pero tenían padre”.
Derivado del estudio de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) 2010, “Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América latina. Contextos, causas y consecuencias de la privación del derecho a la convivencia familiar y comunitaria” apunta que en México había 29,310 niñas y niños en 703 instituciones. Este mismo estudio, enfatiza la falta de registros y de información sólida al respecto. De acuerdo a sus datos “México ha reportado un total de 412.456 niños privados de cuidado parental (1,09% de la población infantil)”, señalando que este número puede ser aun mayor, dado que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha hecho desde hace años observaciones al Estado mexicano sobre la falta de estadísticas respecto de la cantidad de niños que se encuentran en esta situación.”
Además y de acuerdo al documento antes citado, “el 72% de los niños institucionalizados en México está en instituciones no gubernamentales que establecen acuerdos de cooperación con las unidades encargadas de la niñez nacionales y municipales. De este total, el 58% son niñas y el 42% niños. Respecto de las edades, el 23% tienen entre 0 y 6 años y el 77% entre 7 y 17 años. Sólo el 1,1% de los niños institucionalizados tienen algún tipo de discapacidad”. Sin embargo a falta de políticas públicas reales, miles de niñas, niños y adolescentes se encuentran institucionalizados indefinidamente, lo cual ocasiona que se atente contra sus derechos, al no proporcionarles procedimientos ni garantías constitucionales,
Nuestro país a lo largo de su historia a firmado diversos instrumentos internacionales en materia de niñez y uno de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por nuestro país en 1990, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1991, entrando en vigor para el Estado mexicano el día 21 de octubre de 1990.
La Convención en su artículo 2º obliga a los Estados Parte a respetar y hacer respetar los derechos contenidos en este texto, estipulando en su artículo 4º que los gobiernos deberán adoptar toda clase de medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para dar efectividad en los derechos reconocidos en esta Convención.
A más de 20 años de la firma de este instrumento internacional que patenta cada uno de sus derechos y de la Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LPDNA), la cual se encuentra vigente para nuestro país desde mayo del año 2000, señala en su artículo 1º que “La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”.
Es decir, a la luz del “Interés Superior de la Niñez”, que a la letra dice: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” Y es el Estado, el que debe garantizar en todo momento, que los intereses de los adultos, nunca estén por encima de los intereses de las niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, gran parte de ellos no logran vivir su infancia como la etapa más importante de su desarrollo dentro de estas instituciones quienes legalmente son las encargadas de su guarda y custodia, ya que es ahí donde muchas veces se convierten en un grupo invisible para la sociedad. Algunos de los factores son las actitudes o comportamientos de los adultos y de la sociedad en su conjunto, quienes en muchos casos violentan sistemáticamente cada uno de sus derechos. En estos contextos es difícil que los niños establezcan relaciones de apego sólidas y saludables que fortalezcan su autoestima y sus valores fundamentales ya que de acuerdo a diversas investigaciones son lugares en donde más se sienten excluidos y discriminados.
Qué decir de que en diversos albergues carecen de personal capacitado y de la infraestructura adecuada para alojar a los menores de edad, es decir, no cuentan con lo más indispensable, sin una correcta coordinación, atención, supervisión, pero sobre todo vigilancia. De manera general, destaca la falta de servicios básicos como higiene, instalaciones acordes para albergar a la niñez con discapacidad o con otros requerimientos, salidas de emergencia, personal suficiente o especializado en cada una de las áreas.
Aunado a lo anterior, existe otro grave problema, la carencia de un registro y certificación por parte de las instancias responsables de vigilar a los centros públicos y privados encargados del cuidado y atención de los menores de edad, lo cual los deja en total desprotección.
Por ello, es urgente que las personas responsables de las niñas y niños que se encuentran institucionalizados, se den a la tarea de poner orden y solución inmediata a esta situación. Una revisión a la normativa jurídica vigente para generar las acciones, obligaciones y sanciones ejemplares encaminadas al funcionamiento eficaz de las instituciones públicas como privadas que los atienden, siempre respetando sus derechos fundamentales.
Es deber de la autoridad correspondiente inspeccionar y vigilar de manera permanente que los albergues cumplan con las medidas de protección civil correspondientes, amonestaciones públicas, destituciones o inhabilitación para ejercer cargos públicos a las personas que no cumplan con el cuidado de los menores de edad, establecer multas, suspensiones temporales y definitivas cuando estas procedan, con base en la normatividad aplicable e inclusive revocar los certificados de los albergues privados.
Asimismo, es urgente que los Estados cuenten con un Padrón o Registro Público de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños, con la finalidad de tener datos claros de la Niñez que entra y sale, desarrollar indicadores de calidad de la atención, entre otros más.
Cuando nuestra sociedad comience a reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de derecho o solo de protección; como personas en desarrollo, quienes tienen decisiones y pensamientos propios, podremos impulsar un cambio cultural en la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Honorable Asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, para que de manera coordinada vigilen y supervisen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez, y de ser el caso, suspenderlas de manera definitiva a las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia a fin de contar con un Registro Público y una certificación más rigurosa de las mismas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)
Diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a otorgar a los productores de caña de azúcar recursos de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable a fin de que adquieran fertilizantes, a cargo de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 133 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se otorguen los recursos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desarrollo de la industria de los fertilizantes en México está vinculado al desarrollo industrial del país, las primeras plantas que producen fertilizantes sintéticos se ubican en los primeros años de la segunda mitad del siglo XX.
En este periodo del desarrollo de la economía nacional se adoptó el modelo de sustitución de importaciones y se promovió la industrialización como motor del desarrollo del país.
En una primera etapa convivieron empresas paraestatales y empresas privadas para dar paso a la creación de una sola: Fertimex , para los años setenta se constituyó una boyante industria de los fertilizantes que abastecía al campo mexicano, éramos autosuficientes en los principales fertilizantes y se logró mejorar el rendimiento agrícola.
La política del desarrollo industrial aplicada en México en el modelo de sustitución de importaciones, nos llevó a tener plantas productoras de fertilizantes a escala mundial y con las mejores tecnologías en capacidad instalada, para este periodo contábamos con gas natural para producir amoniaco, principal insumo para la fabricación de fertilizantes.
Con la aplicación del nuevo modelo de desarrollo económico del país en los primeros años de los años ochenta, la industria estatal de los fertilizantes se privatiza y paso a manos del capital privado, lo que llevó a que las nuevas condiciones del mercado mundial y la falta de políticas de Estado provocó la disminución paulatina de la producción de fertilizantes y se incrementaron las importaciones.
Las empresas privadas de fertilizantes son importadoras y comercializadoras, la gran industria de fertilizantes de los años setenta desapareció y México se convirtió en pocos años en un país que dependen totalmente de las importaciones en un área que debería ser estratégica.
La Sagarpa reconoció que en México se produce aproximadamente 45 por ciento de los fertilizantes que se emplea en el campo agrícola, por lo que la demanda debe ser cubiertas por las importaciones, la compra de fertilizantes en el mercado mundial aumentan los altos costos de los insumos utilizados en su elaboración, sobre todo por el alto precio que se registra en el gas natural y sus derivados frenan la elaboración de fertilizantes.
En el mismo sentido, la dependencia del gobierno federal subrayó que en México se tiene una capacidad instalada para generar 5.8 millones de toneladas métricas al año de fertilizantes, sin embrago sólo se elaboran aproximadamente 2 millones de toneladas métricas, por lo cual se recurre a la importación.
Pemex Petroquímica sólo produce amoniaco en Cosoleacaque, Veracruz (600 mil toneladas al año), mientras que las plantas de Salamanca y Camargo están inactivas ante la falta de la demanda del producto por parte de industriales, en consecuencia aumentaron las importaciones de urea de países como Rusia y Ucrania .
Ante la falta de producción de fertilizantes el campo mexicano y en especial el campo cañero se ven afectados caña año en la producción, esto ha provocado que los rendimientos no aumente y produzcamos caña de azúcar cara y que nos es competitiva en el mercado mundial.
La actual crisis por la que atraviesa el campo cañero y toda la cadena productiva de la agroindustria de azucarera, se presenta por el desplome del precio de la azúcar para la zafra 2012-2013, es preciso señalar que la caída del precio se debe a que producimos caña de azúcar cara.
En los 57 ingenios mexicanos se presenta una sobreproducción de azúcar lo que ha llevado a tener grandes inventarios, esto se complicará porque en la zafra 2012-2013 la producción de azúcar se incrementará, toda vez que tendremos la zafra más alta de los últimos años, con una producción que se estima en aproximadamente 6 millones de toneladas de azúcar y 50 millones de toneladas de caña de azúcar.
Esto incrementará los inventarios de azúcar en los 57 ingenios del país, pero la explicación de los altos precios en la producción de la caña de azúcar tiene su origen en los 40 años de crisis estructural que vive la agroindustria azucarera y 30 años son bajo el esquema de la economía neoliberal, en donde la industria de los fertilizantes se privatizó y los resultados están a la vista, un campo cañero en crisis y que nos ha llevado a tener cupos de importación de azúcar y a importar los fertilizantes.
Por tal motivo, ante la falta de rendimientos y el alto costo por tonelada de la caña de azúcar, es importante que la Sagarpa destine recursos que se aprobaron en el programa especial concurrente para que los productores de caña de azúcar adquieran aproximadamente 700 kilogramos de fertilizantes por hectáreas para mejorar la producción.
Por todo lo anterior, presento al pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. Se exhortar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, para que de las partidas asignadas al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable se otorguen recursos a los productores de caña de azúcar para la adquisición de fertilizantes.
Palacio Legislativo, a 11 de abril de 2013.
Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a atender las recomendaciones de la CNDH establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos de 2013, en especial las relacionadas con los homicidios violentos y las desapariciones forzadas, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 8 de abril, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó ante Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, en el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Dicha agenda tiene el “objetivo de que en el nuevo diseño de planeación democrática del país, el gobierno de la república considere su contenido (a partir) de un diagnóstico sobre la situación que prevalece en materia de derechos humanos, por lo cual contiene 79 recomendaciones, orientadas a prevenir, atender y corregir las violaciones a los derechos humanos, en temas tales como; seguridad pública, justicia, grupos en riesgo de violencia y vulnerabilidad, así como derechos económicos, sociales culturales y ambientales”.
Asimismo, el presidente de la CNDH dijo que “México vive momentos de gran trascendencia en la materia. Por una parte, las acciones implementadas en los últimos años por los tres ámbitos de gobierno ante los problemas de seguridad pública en diversas regiones del país, derivaron en un franco retroceso en materia de respeto a los derechos humanos”.
Es por demás conocido que la CNDH, así como las comisiones a nivel estatal, han recibido un mayor número de quejas relativas a “los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura, los cateos ilegales, los homicidios y las desapariciones forzadas”, relacionadas a la estrategia fallida en contra de la violencia y el narcotráfico emprendida en el sexenio pasado y que en esta nueva administración no se tiene una visión clara para atacar el problema.
De acuerdo con la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, la CNDH “cuenta con un registro de 48 mil 300 personas reportadas como desaparecidas en el periodo 2005-2012 y un total de 48 mil 750 homicidios violentos”.
Ante estos datos, es de presumirse que en la Secretaría de Gobernación existe un subregistro de personas desaparecidas, pues de acuerdo a la información proporcionada por la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón, el pasado mes de febrero, la dependencia cuenta con un registro de 26 mil 121 personas desaparecidas, de las que se desconoce el estatus, motivo o razón de su condición de desaparecidos. Estos datos muestran una marcada diferencia con los dados a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo que es menester, como un primer paso para atender el problema y reparar el daño a víctimas y sus familiares, es saber con exactitud el número de personas que se encuentran en situación de desaparecidas y las investigaciones realizadas hasta el momento.
Por otra parte, la CNDH dio a conocer que “2011 fue el año en el que existieron un mayor número homicidios violentos pues se reportaron 10 mil 696 asesinatos sin que hasta el momento se tenga conocimiento de que dichos homicidios hubieran sido resueltos por la justicia mexicana”.
De la misma manera, “del total de reportes de personas desaparecidas, 24 mil 91 tienen la calidad de extraviadas; 15 mil 921 son personas fallecidas no identificadas y 726 fueron víctimas de desaparición forzada o involuntaria”.
La CNDH establece que “la desaparición de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El Estado es el primer obligado a combatirla, y desde el momento en que éste deja de reconocer su responsabilidad en los hechos o se niega a proporcionar información para la localización de las víctimas, conocer su suerte o destino final, se actualiza una violación de lesa humanidad que afecta sustancialmente la integridad, seguridad, libertad y vida de las personas”.
Por lo que la CNDH propone los siguientes tres puntos:
1. Impulsar acciones para adecuar el marco jurídico interno a fin de garantizar la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada, legislando en los ámbitos federal y estatal.
2. Formar a los servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia, a efecto de que realicen una investigación eficaz de los casos, se sancione a los responsables y se repare el daño a las víctimas.
3. Crear una base de datos debidamente sistematizada y actualizada que permita la centralización y actualización de información estructurada e interrelacionada de los registros sobre personas desaparecidas en nuestro país.
De estas recomendaciones, es importante tomar nota en el Legislativo, para que cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde, y se dictaminen las iniciativas que sobre el tema se han presentado, entre las que se encuentra la presentada por los suscritos, en diciembre del año pasado, para adicionar el artículo 215-A del Código Penal Federal, que tiene como finalidad establecer el tipo penal de desaparición forzada.
Por último, González Plascencia señaló que “es momento de que el Estado mexicano refuerce el tema de los derechos humanos en el país, partiendo de que la observancia debe ser el eje rector para el fortalecimiento de las instituciones públicas y de una mayor cultura de legalidad”, nos sumamos a este llamado que realiza la CNDH y alzamos la voz para que el Gobierno Federal actúe con prontitud para que de esta forma, atienda las recomendaciones al respecto y prevenga los casos de violaciones a los derechos humanos, ante la importancia de este hecho y dada la situación que vive nuestro país, presentamos a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación que atienda las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecidas en la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, en especial las relacionadas con los homicidios violentos y desapariciones forzadas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar y ratificar el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones, a cargo de la diputada Flor Ayala Robles Linares, del Grupo Parlamentario del PRI
Flor Ayala Robles Linares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Hace un par de días, el Senado de la República aprobó la solicitud de retiro de la declaración interpretativa formulada por el gobierno mexicano, al momento de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000.1
Con la medida, el Estado mexicano cumple la recomendación realizada por el Comité de los Derechos del Niño en enero de 2011, tras la revisión del informe presentado por México en 2010. Confirma así la asunción de responsabilidad de proteger también a los niños y a los adolescentes del reclutamiento o la utilización en hostilidades por grupos armados no gubernamentales y da vigencia a las disposiciones del protocolo en el país.
La decisión constituye un paso fundamental para el cumplimiento pleno de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, que tienen por objeto lograr el reconocimiento de la evolución de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.2
Es menester que el Estado mexicano proceda también con la firma y ratificación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones, el cual establece un procedimiento de comunicaciones que permitirá al Comité de los Derechos del Niño recibir y examinar quejas individuales por vulneraciones de los derechos consagrados en la convención una vez que se hayan agotado los recursos internos, así como realizar visitas a fin de investigar casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos del niño, que fue abierto a firma el 28 de febrero de 2012 en Ginebra, Suiza, gracias a la iniciativa de la Misión Permanente de Eslovaquia.3
Además, el protocolo señala que las denuncias de los niños serán tratadas a través de un proceso que estará adaptado a su situación (la sensibilidad del niño). También reafirma que los niños son titulares de derechos y que deben ser tratados con dignidad y reconocidos como seres humanos con capacidades en evolución y con la habilidad para expresarse.
Si un país ratifica el protocolo, se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los niños bajo su jurisdicción no sean objeto de ninguna violación de derechos humanos, malos tratos o intimidación como consecuencia de las comunicaciones enviadas al Comité sobre los Derechos del Niño.
Los 20 países que firmaron el protocolo durante la ceremonia fueron Eslovaquia, Eslovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania, Marruecos, Montenegro, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malí, Perú y las Maldivas.
Si el Estado mexicano da este paso, no sólo estaríamos resguardando los derechos de los infantes sino también ratificaríamos lo dispuesto en las directrices de la Convención sobre los Derechos de la Niñez de 1989 y suscrito por el país en 1990, y en el artículo 4o. de la Constitución Política, así como los lineamientos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés superior de la infancia.
No olvidemos, compañeros legisladores, que debido al dinamismo social se genera la inaplazable necesidad de analizar el contenido de los tratados internacionales en que se reconocen las garantías individuales con objeto de contribuir al conocimiento del ordenamiento jurídico y promover la cultura de la legalidad.
Es momento de reconocer, resguardar y garantizar los derechos humanos de la niñez, pues ello representa una característica de un Estado democrático y un imperativo moral.
Esto redunda en beneficio de las economías y las sociedades. Teniendo en cuenta que en la primera infancia se establecen las bases de la salud y el bienestar del individuo; ya que como acertadamente citó John Fitzgerald Kennedy –político estadounidense–: “Los niños son el recurso más importante y la mejor esperanza para el futuro”
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea, la aprobación de la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a firmar y ratificar el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
Notas
1 http://www.senado.gob.mx/
2 http://www.dof.gob.mx/
3 http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=3793
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputada Flor Ayala Robles Linares (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar por la SRE los trámites conducentes a la adhesión de México al Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa, para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexuales, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas Martha Leticia Sosa Govea, Adriana Hernández Íñiguez, Flor Ayala Robles Linares, Maricela Velázquez Sánchez y Lorenia Iveth Valles Sampedro, integrantes de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se den los trámites necesarios para que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual, conocido como Convenio de Lanzarote, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. Que el Senado, como parte de la Delegación Observadora Permanente ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en el mes de diciembre de 2010, nombró su punto de contacto del Congreso Mexicano en el Consejo de Europa, para la campaña denominada Detener la violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes , por lo que atendiendo a dicho encargo, se realizó el esfuerzo para contribuir a la campaña de esa organización, presentando el 5 abril de 2011, a los integrantes parlamentarios de la LXII Legislatura la versión hispana del Manual para parlamentarios sobre el Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual , conocido como el Convenio de Lanzarote.
II. Que siendo conscientes de la gran responsabilidad que significa legislar a favor de la niñez, los senadores Blanca Judith Díaz Delgado, Rosario Green Macías, Guillermo Tamborrel Suárez, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Martha Leticia Sosa Govea, presentamos el 7 de abril del mismo año un punto de acuerdo en el que se solicitaba a la Delegación Permanente de México ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hiciera patente esta voluntad y exhortaba al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México pudiera adherirse al Convenio de Lanzarote, mismo que fue aprobado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el 28 de abril del mismo año.
III. Que en ese día 28 de abril, se aprobó la realización de cuatro foros regionales y uno más enfocado a la presentación de conclusiones, denominados Detener la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes , teniendo como fundamento la alarmante cifra señalada por el Consejo de Europa que establece que uno de cada cinco niños es o ha sido víctima de explotación y abuso sexual infantil por lo menos una vez en su vida; situación cuyas consecuencias afectan el futuro de la humanidad.
IV. Que como resultado de los mencionados foros regionales de esta mencionada campaña que se realizaron en las ciudades de 1), Hermosillo, Sonora – región noroeste (6 de julio de 2011); 2) Cancún, Quintana Roo – región sur-sureste (9 de septiembre de 2011); 3) Monterrey, Nuevo León – región noreste (30 de septiembre de 2011); 4) Manzanillo, Colima – región centro-occidente (21 de octubre de 2011) y 5) México, Distrito Federal (Senado de la República) – Presentación de conclusiones de los foros regionales (9 de noviembre de 2011). Así pues, recorriendo todo el país, se contó con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladores federales y locales, académicos, expertos en el tema de derechos del niño y organizaciones no gubernamentales expertos en la materia. En este sentido se obtuvieron datos por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que señalaron, en el año 2010, a México como el primer lugar dentro de los estados miembros en violencia física, sexual y homicidios de menores de 14 años, considerado también el segundo país a nivel mundial con mayor producción de pornografía infantil. Por otra parte datos alarmantes otorgados por la Secretaría de Salud, señalaron que una de cada 20 personas entrevistadas (4.8 por ciento) refirió haber sido violada antes de los 15 años por algún familiar en donde 67 por ciento de los agresores fueron hombres con vínculo familiar.
V. Que abonando para hacer patente la adhesión a este mencionado convenio, también se realizó una mesa de trabajo el 19 de octubre de 2011, con la entonces canciller Patricia Espinosa, y la directora del DIF nacional, Cecilia Landerreche, con la finalidad de analizar la viabilidad de que México pudiera adherirse a este convenio, en el que se evaluaron los avances que nuestro país ha tenido en estos últimos años en comparación con la Unión Europea en materia de niños.
VI. Que continuando con esta labor la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó el 11 de diciembre del año pasado un punto de acuerdo en el que solicita al titular del Poder Ejecutivo federal para que suscriba el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y Abuso el Sexual, Convenio de Lanzarote.
Consideraciones
1. Que en el mes de julio de 2010 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños en contra de la Explotación y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote, buscando combatir la terrible cifra de que uno de cada cinco sea víctima de abuso o explotación sexual al menos una vez en su vida. Esto incluye también varias formas de agresión sexual, como la pornografía infantil y la prostitución.
2. Que uno de los objetivos centrales de este convenio es prevenir la explotación y abuso sexual infantil, tomando en consideración la protección especial que deben de tener las niñas y niños para no sufrir de este tipo de flagelos, buscando evitar cualquier tipo de violación que atente en contra de los derechos inherentes.
3. Que este instrumento internacional establece pautas para investigar y procesar de manera adecuada a los perpetradores de este crimen, otorga un lugar privilegiado a la atención y protección de las víctimas del mismo, siendo ésta una de sus principales cualidades que lo posiciona como uno de los instrumentos más avanzados y completos con respecto a este tema. Dado su carácter multidisciplinario, busca involucrar a los diferentes órdenes y niveles de gobierno, así como a la sociedad civil, con el propósito de lograr acciones conjuntas encaminadas a erradicar este aberrante crimen.
4. Que el convenio propone el establecimiento de medidas de protección y asistencia a las víctimas, principalmente de índole legislativa, buscando subsanar y revertir el daño ocasionado que pudiera tener graves consecuencias a futuro, sobre todo en la esfera anímica y emocional, tomando en consideración las necesidades especiales que requiere la infancia.
5. Que, establece la necesidad de identificar y reflexionar en torno a las lagunas normativas que se presentan en la legislación nacional con respecto a este tema, esto con el objetivo de poder superar de manera adecuada dichas deficiencias y abatir los factores de riesgo, para posteriormente lograr la homologación de los distintos ordenamientos locales que prevén dichos delitos, con el objetivo de lograr un trabajo conjunto y coordinado entre los distintos ordenes de gobierno.
6. Que el Convenio establece trabajar de manera conjunta, determinante y efectiva promoviendo la cooperación internacional, tomando en consideración la importancia que tiene la educación, concientización y sensibilización de la sociedad y los órganos de gobierno con respecto a la seriedad y gravedad del tema, que no puede dejar de preocuparnos pero sobre todo ocuparnos, dada la afección irreversible que pueden sufrir las niñas, los niños y los adolescentes.
7. Que el Convenio de Lanzarote marca 5 ejes rectores que en el ámbito legislativo se traducen en lo siguiente:
a) Abuso sexual: El convenio se torna un instrumento que ayudará al legislador a proponer la homologación y armonización de las distintas legislaciones estatales con respecto al tema del abuso sexual, esto es, que el delito se encuentre tipificado de la misma manera en todos los estados y por ende que las penas sean las mismas en cualquier parte del territorio nacional. Asimismo, postula la necesidad de fomentar desde el ámbito legislativo medidas para prevenir este delito.
b) Prostitución infantil: Al igual que en el caso del abuso sexual infantil, el convenio permitirá al legislador armonizar y homologar la legislación nacional para combatir esta detestable práctica que erosiona los cimientos de la sociedad atentando contra la dignidad y los derechos de los niños víctimas de este delito, ayudando a fortalecer y complementar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y los artículos 205 y 105 Bis del Código Penal Federal.
c) Pornografía infantil: En este eje dicho instrumento permitirá al legislador promover la tipificación concreta de las conductas internacionales consideradas bajo este rubro, que de acuerdo al artículo 20 del convenio son la producción de pornografía infantil, la difusión o transmisión de la misma, su adquisición y el acceso a ella con conocimiento de causa y por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, fortaleciendo lo establecido en el artículo 202 del Código Penal Federal relativo a la Pornografía Infantil.
d) Grooming (Acoso sexual por Internet): En el ámbito legislativo, el convenio servirá como marco para promover la tipificación y generar normas tendientes a garantizar que los niños y niñas no se encuentren expuestos a este tipo de delito, así como la posibilidad de generar iniciativas tendientes a llevar a cabo políticas públicas que no sólo se centren en combatir este tipo de delito, sino también generen conciencia en la sociedad y se fomente la educación con respecto al tema.
e) Atención a víctimas: El convenio, al otorgar un lugar privilegiado a la víctima, puede ser de gran ayuda para que la legislación nacional pueda incluir en su normatividad las distintas medidas y programas que se prevén en dicho instrumento, con la finalidad de poder revertir en la medida de lo posible las consecuencias negativas propiciadas al ser los niños y niñas, víctimas de cualquier tipo de explotación o abuso sexual.
8. Que la adhesión de México a este instrumento internacional es importante, toda vez que representa una herramienta parlamentaria dinámica, innovadora y completa que atraviesa de manera transversal las distintas aristas que conlleva la explotación y abuso sexual infantil, que van desde la adopción de medidas legislativas, pasando por la inclusión de los diversos miembros de la sociedad, así como la atención inmediata y efectiva a las víctimas de este delito, con lo cual se reflejaría el compromiso del Estado mexicano de respetar los derechos fundamentales que son condición necesaria para la consolidación de un mejor futuro pero también fortalecería la reforma constitucional en el que pone a la par a los tratados internacionales con nuestra Carta Magna, obligando así a crear todos los mecanismo para hacer valer el principio del Interés Superior de la Niñez.
En este sentido, deseo señalar que con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4 y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, el cual deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a menores de edad.
Con respecto a la reforma correspondiente al artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte.
Como se lee, han sido muchos y muy significativos los esfuerzos que el Estado mexicano realizado a favor de niñas, niños y adolescentes, los últimos años se ha venido trabajando de manera determinante para proteger y garantizar los derechos humanos de la infancia nacional, logrando superar el rezago en el que el país se encontraba en este tópico, la adhesión de México a este tipo de instrumentos internacionales coadyuva a complementar lo estipulado en la legislación nacional y otorga al legislador un marco de acción mucho más amplio y abierto, que permite reconocer tanto las deficiencias como ventajas del sistema mexicano, en materia de protección de la dignidad humana de las y los niños.
De esta manera, es posible actuar a partir de marcos más precisos y detallados, provocando la participación activa del legislador en el combate a este tipo de delitos, lo cual le permite ser parte de un esfuerzo global que diversas legislaturas, sobre todo en el continente europeo, han promovido con ahínco.
9. Por último y frente a la estremecedora realidad de la explotación y el abuso sexuales, el Convenio de Lanzarote representa, sin duda, una plataforma valiosa para el desarrollo de las herramientas jurídicas destinadas a combatir las diversas formas bajo las cuales se presentan las amenazas a la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes. La adhesión de México a este convenio sería un reflejo del compromiso de nuestro país para extender la protección del estado y de la sociedad a estos segmentos de la población, y sería un paso adelante en la lucha por erradicar la explotación y el abuso sexuales.
De conformidad con lo anterior, proponemos a esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se den los trámites necesarios para que México se adhiera al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputadas: Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Flor Ayala Robles Linares, Maricela Velázquez Sánchez, Lorenia Iveth Valles Sampedro.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Senadores a revisar de inmediato el capítulo VII del TLCAN, relativo al campo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, María del Socorro Ceseñas Chapa, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la inmediata revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, capítulo VII, relativo al campo, por parte del Senado y el Ejecutivo federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La agricultura mexicana ha sido devastada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto principalmente debido a que entre los años de 1994 y el 2008, los gobiernos de este país, no le dieron la importancia al campo mexicano para prepararlo a competir con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. En un estudio presentado en 2007 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a un año de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), determinaba que sólo seis de cada 100 campesinos de México eran considerados productores competitivos –que podrían hacer frente– a la competencia del sector que inició en 2008 su apertura total. Desde ese entonces, y casi por decreto, México pasó de ser autosuficiente en la producción alimentaria, a depender de las importaciones estadounidenses.
2. Pareciera que el exterminio del campo mexicano ha sido planeado por administraciones insensibles convencidas de que es mejor comprar los productos del campo a otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos las y los agricultores se benefician de subsidios gubernamentales que son 20 veces más altos a los de México, dejando a nuestros agricultores a merced de los productores del norte que ven en México un apetitoso mercado para colocar sus productos.
3. Además de la incrementada competencia sufrida por las y los productores del campo mexicano, el Tratado de Libre Comercio exigió el desmantelamiento de concesiones históricas ganadas a través de muchos años de lucha de las y los trabajadores del campo mexicano, principalmente las contempladas en el artículo 27 de la Constitución.
4. El Tratado de Libre Comercio, en el capítulo agrícola, se ha traducido en la expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus parcelas que se vieron obligados a emigrar a diferentes ciudades del territorio mexicano o a Estados Unidos en busca de trabajo. Debido a que no todas y todos los campesinos que abandonaron el campo pudieron ser absorbidos como trabajadores en las ciudades de nuestro país, el ir a los Estados Unidos se convirtió –y sigue siendo– una válvula de escape para las presiones sociales que el Tratado de Libre Comercio produjo; esto sin contar, los innumerables municipios, en los cuales la única alternativa ante al abandono del campo es unirse a alguno de los grupos del crimen organizado que operan en nuestra nación.
5. De acuerdo a datos presentados por esta Cámara de Diputados, la caída del financiamiento del gobierno a la agricultura ha sido aproximadamente del 90 por ciento, que aunado a una sistemática cancelación de los programas de educación y asistencia técnica para las y los agricultores, ha dejado a nuestro campo en una situación de abandono. La reducción agresiva de los presupuestos dirigidos al campo continúa, y un claro ejemplo es el programa especial concurrente (PEC) reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
6. El Congreso Agrario Permanente (CAP) reveló su preocupación ya que mil millones de pesos para proyectos estratégicos del programa especial concurrente de 2013, lucen insuficientes a todas luces para incrementar la productividad del campo en México. El Congreso Agrario Permanente ha exigido un incremento a la propuesta que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al PEC para 2013, y el cual, aseguró, debe ser de 10 mil millones de pesos para dejar un presupuesto general para el campo de 310 mil millones de pesos, lo que equivale a 5 mil millones de pesos más, en comparación al PEC 2012.
7. Por lo antes expresado, exhorto de manera urgente a una extensa revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su capítulo agrícola, ya que en éste, se basa la crisis rural actual; es decir, lo que puede ser llamado la liquidación de una clase campesina que una vez formó la mayoría de la población en México.
Punto de Acuerdo
Único. Se somete al pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la inmediata revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, capítulo VII, relativo al campo, por parte del Senado y el Ejecutivo federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno a adoptar criterios de selección de ingreso, promoción y permanencia de su planta laboral para personas con discapacidad, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Jose Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 3 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidad proclamó como el día internacional de las personas después de haber transcurrido un decenio, que dicho organismo internacional había destinado para propiciar que sus estados miembros fomentaran la conciencia y toma de medidas orientadas hacia la acción que generara el respeto y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y como consecuencia generaran la igualdad de oportunidades para ellas y ellos.
Dentro de los objetivos de este día también es el de fomentar una integración de ellas y ellos en nuestra sociedad, como legal y éticamente les corresponde tomando en consideración su dignidad como a todo ser humano le corresponde.
Consientes de que ese objetivo hoy más que nunca implica que tanto esta Cámara de Diputados cumpla con este deber no solamente constitucional, legal, moral y ético, exhortando a los titulares de los tres poderes de la unión y de los tres órdenes de gobierno, a adoptar políticas y criterios entre otros de selección ingreso, promoción y permanencia de su planta laboral que garantice la igualdad de oportunidades y plazas suficientes equitativas y proporcionales para las personas que cuenten con cualquier tipo de discapacidad, haciendo lo propio esta Cámara de Diputados.
En la mayoría de los países, las cifras sobre discapacidad no especifican el porcentaje de las personas con discapacidad. Esto destaca su invisibilidad para la sociedad, para los programas de gobierno, los presupuestos y las políticas públicas.
Recordemos que la discapacidad se ha definido como aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su plena y efectiva integración con la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás.
En el censo del Inegi, al año 2010, se da cuenta que la cifra de personas que padecen algún tipo de discapacidad es de 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total.
La ausencia histórica en México de medidas y programas, estrategias y políticas públicas que promuevan, compensen y estimulen la integración laboral de las personas con discapacidad, viene a cerrar y a reproducir el círculo vicioso de las diferencias de trato por discapacidad, de la discriminación con base en elementos irracionales que pasan por alto las capacidades de las personas llamadas discapacitadas.
No hay razones para no compartir la estimación de la Organización Mundial de la Salud, según la cual, las personas con discapacidad en México deben constituir aproximadamente el 10 por ciento de la población nacional.
México ha suscrito diversas convenciones, tratados e instrumentos internacionales en materia de no discriminación, tanto en el marco de la ONU como de la OEA entre los que destacan, por su carácter vinculante, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
El gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo menciona como objetivo “la igualdad de condiciones que aseguren a la población el goce y disfrute de sus derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, elevando los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos y, de manera prioritaria, a disminuir la pobreza y la exclusión social”.
Como todo ser humano a nuestras hermanas y hermanos con algún tipo de discapacidad les corresponde por derecho la protección y tutela de sus derechos fundamentales a efecto de alcanzar su desarrollo armónico e integral, sin embargo en este punto de acuerdo me referiré a uno de los que a través de su ejercicio y respeto les permite alcanzar otros de la mayor importancia, siendo el derecho al trabajo que nos reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 5o.
El trabajo como elemento condicionante de la igualdad social, debe fundamentarse en la conciencia plena de la dignidad humana y de la discriminación de que son objeto los discapacitados; personas que gozan de los mismos derechos que los demás.
Por ello para poder lograr avances sustanciales en materia de no discriminación y para refrendar el compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos, debe hacerse hincapié en los aspectos que propicien la integración de los discapacitados a la vida laboral y por ende a la sociedad.
Sin embargo, las medidas y los programas llevados a cabo para insertar laboralmente a las personas con discapacidades son nulos.
Consideramos que debemos encontrar las herramientas legales, políticas, sociales y culturales para incluir especialmente a las personas con discapacidad que, por cualquier razón, viven diariamente una situación en grado extremo de desigualdad y trabajo arduo, el cual no es con justicia reconocido.
Debemos generar, por derecho y por obligación, todos los incentivos y mecanismos que detonen la inserción laboral en las instituciones públicas, privadas y en la sociedad, en sus diversas formas de organización, de todas esas valiosas personas que padecen alguna discapacidad.
Es una prioridad y una obligación impostergable dar todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo a las personas que padecen cualquier discapacidad, para ayudarlas a construirse una vida digna.
La discriminación que sufre la gran mayoría de las personas con discapacidad es casi siempre legalmente invisible, pero cada vez más estamos en posibilidad de demostrar que el cierre de oportunidades sociales o laborales está determinado por criterios de desprecio social o por conductas discriminatorias.
Por ello, si bien la lucha contra la discriminación por razones de discapacidad ha de tener como meta un cambio cultural profundo que conduzca a revertir las diferencias de trato ahora existentes, debe señalarse que nuestra urgencia ha sido avanzar ahora mismo en reformas legales e institucionales que permitan que el Estado sea capaz de garantizar, por un lado, políticas de protección contra los actos de discriminación y, por otro, políticas de promoción, habilitación y de acción afirmativa o tratamiento preferencial para promover la integración social y laboral de la población con discapacidad.
Toda vez que el respeto, la salvaguarda, el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos se ha constituido en uno de los principios fundamentales de justificación del Estado contemporáneo, y éste se encuentra vinculado con la concurrencia de condiciones que aseguren la igualdad real y material de las personas, pues los derechos humanos tienen como fin último la protección de la dignidad humana.
¿Cómo caminar en la construcción del marco que se requiere en México para propiciar la no discriminación de los discapacitados, si incluso desde la dimensión legislativa se contempla la figura de cuotas o porcentajes mínimos de inserción laboral de estas personas, lo cual es en sí mismo discriminatorio?
Es tiempo de reivindicar los derechos laborales entre otros que por generaciones les hemos negado a las personas con discapacidad, de hacer justicia con respecto a la más grave discriminación que han sufrido al negarles la oportunidad de un empleo digno.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno a adoptar con la brevedad políticas o criterios de selección de ingreso, promoción y permanencia de su planta laboral, que garanticen la igualdad de oportunidades y plazas suficientes, equitativas y proporcionales para las personas que cuentan con cualquier tipo de discapacidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Regina Vázquez Saut, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Regina Vázquez Saut, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Pilar Tavera , Jurista de la Organización Propuesta Cívica, asevera que: “La ausencia de un reglamento impide que todas las disposiciones de la ley puedan llevarse a cabo; cuando no hay un reglamento, la ley puede convertirse en letra muerta porque no hay un aparato institucional que apoye al aparato legislativo, que en este caso es una ley”.
Efectivamente, el reglamento permite que los mecanismos prácticos de la legislación queden especificados, y sin él, la Ley queda en lo general porque no hay un orden jurídico que establezca cómo debe operarse esa disposición.
Fernando Dworak, especialista en temas legislativos, comenta que aunque con la aprobación de una ley se garantiza un derecho o protección a los ciudadanos, la falta de un reglamento complica conocer los mecanismos que debe seguir para hacer valer ese derecho: “El ciudadano que desea ampararse en esas leyes no tienen suficiente certeza jurídica sobre los procedimientos que se siguen para garantizar que les beneficien. Puede haber una ley donde se hable de un tema pero no sabe un ciudadano a qué instancias dirigirse, ni en qué plazo se va a atender esto; no hay certidumbre sobre los procedimientos a seguir, independientemente que ya tenga el goce de este derecho, ese es el problema”1
Un estudio realizado por el Senado de la República, y difundido a partir de enero de este año, revela que, en total, la administración del ex Presidente Calderón dejó pendientes los reglamentos generales de 17 leyes. 2
Delimitando el objeto de estudio del presente Punto de Acuerdo, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio del 2012 y su reglamento debió ser emitido por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa desde el 12 de septiembre de ese año pero no cumplió con este mandato legal.
Esta omisión es grave ya que nuestro país ratificó el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, mismo que entró en vigor el 29 de septiembre de 2003.
México es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, lo que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de miles de individuos a ser objeto del delito de trata que transgrede la dignidad y la libertad de las víctimas sometiéndolas a niveles de degradación extremos ya sea con fines de explotación laboral, sexual o de tráfico de órganos.
El problema es de tal magnitud que es considerado como la esclavitud del siglo XXI , cuyas consecuencias son irreversibles tanto física como psicológicamente.
Por lo anterior resulta impostergable la necesidad de crear un reglamento que permita que la Ley opere y con ello, el marco jurídico Mexicano esté acorde con las disposiciones internacionales, de forma integral, para contribuir a dar solución a esta problemática.
Según datos del Observatorio de Trata de Personas, actualmente México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito superado por Tailandia. 3
La Red Nacional de Refugios ha detectado en México por lo menos 47 redes dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. 4
Los estados con mayor índice de este ilícito son Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que están entre las 18 entidades del país que concentran el 90% de dicho fenómeno delictivo a nivel nacional, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, sólo existen averiguaciones previas en 11 estados del país en agravio de 271 personas, entre 2008 y 2010, aunque este delito se ha reportado en 25 estados. En consecuencia esta Institución aseveró que cada año entre 800 mil personas adultas y 20 mil niños son víctimas de las bandas dedicadas a la trata. 5
En consecuencia, en México, un mínimo de 100 niños caen cada mes en manos de redes de explotación sexual comercial infantil especialmente en zonas fronterizas y turísticas.
Si lo anterior no resultare suficiente, la mitad de los delitos cometidos a través de Internet están relacionados con la pornografía y la explotación sexual infantil.
Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), asevera que en 1 de cada 3 hogares se presenta violencia intrafamiliar lo que propicia que 20 mil niñas, niños y adolescentes sean víctimas de explotación sexual al huir del seno familiar. 6
El crecimiento desmedido de este ilícito se debe a que representa grandes ganancias en la economía informal, ya que la Organización Internacional del Trabajo puntualiza que anualmente se generan alrededor de 31.6 mmdd; convirtiéndose en el tercer negocio más redituable del mundo, antecedido del tráfico de drogas y de armas. 7
Si bien hemos tenido avances en esta materia, requerimos reformar nuestro marco jurídico y esto sólo será posible si el Ejecutivo Federal emite el Reglamento de referencia para inhabilitar la complicidad y negligencia que coadyuvan en la comisión de este delito y que tenga como eje rector la prevención, participación, persecución del ilícito y protección a las víctimas.
No olvidemos Compañeras y Compañeros Legisladores que nuestras niñas, niños y adolescentes representan el futuro de nuestra nación y por ende, es nuestra responsabilidad resguardar su integridad física, mental, emocional, moral y social para evitar que sus derechos humanos y garantías sean vulnerados.
Trabajemos juntos, sin tintes políticos, para que la trata de personas ya no sea un delito que quede impune o que su penalidad no sea equitativa con la atrocidad de este ilícito.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único . La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal emita el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
Notas
1 http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/01/25/calderon-omite-redactar- 45-reglamentos-de-leyes-aprobadas
2 http://www.senado.gob.mx/
3 http://www.observatoriotrata.org/
4 http://www.rednacionalderefugios.org.mx/
5 http://www.pgr.gob.mx/
6 http://web.dif.gob.mx/
7 http://www.ilo.org/global/lang—es/index.htm
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputada Regina Vázquez Saut (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a respetar y promover la libertad de expresión y garantizar los derechos y la independencia de los periodistas, a cargo de la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La mañana del domingo 7 de abril de 2013 fue detenido Martín Ruiz Rodríguez, director del periódico digital e-consulta en Tlaxcala, y liberado tras el pago de una fianza por 35 mil pesos, tras la acusación por el delito de difamación en contra del Oficial Mayor del Gobierno de Tlaxcala, Ubaldo Velasco Hernández, por considerarse agraviado porque en la columna “Señorío Tlaxcalteca” fue llamado “viejito maniatado”, “mediocre” y en otra por pronunciar un “discurso estrambótico”.
El organismo internacional, Article 19 destaca que las frases consideradas difamantes son parte del discurso considerado protegido por el derecho internacional y que su limitación sólo puede darse al superar la llamada prueba tripartita (estar en ley; ajustarse a fines legítimos del derecho internacional y tener una sanción necesaria y proporcional en un Estado democrático) y mediante un juicio donde se analicen las manifestaciones consideradas abusivas y la comprobación de un daño (responsabilidad ulterior).
A nivel federal los delitos en contra del honor fueron derogados en el año 2007. Además de Tlaxcala, existen 12 estados que mantienen los delitos contra el honor (difamación, calumnia y/o injuria) oponiéndose a las recomendaciones internacionales que señalan la necesidad de su eliminación.
Específicamente el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como las Relatorías sobre Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA has señalado puntualmente la necesidad de que México elimine los delitos contra el honor, y hacer adecuaciones a las leyes civiles que permitan la protección del derecho al honor sin que sirvan para inhibir el ejercicio del derecho de libertad de expresión.
La alternancia política en el año 2000 marcó una nueva etapa en la historia de México. En el proceso de consolidación democrática que se prolonga hasta hoy, el ejercicio de la libertad de expresión, a través de la libertad de prensa, es un elemento indispensable a fin de forjar instituciones y un pacto social que implique, más allá de los procedimientos electorales, la consolidación de una democracia representativa, participativa y, por ende, efectiva.
En 2006, el gobierno de Vicente Fox creó una Fiscalía Especial en respuesta a la ola de violencia en contra de la prensa en México, posteriormente fue renombrada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en aras de generar un círculo de protección legal, procedimental y operativo que pudiera frenar el dramático aumento de violencia contra periodistas.
Acción Nacional ha luchado por promover la libertad de expresión y de prensa como un derecho humano fundamental defendiendo la independencia y el pluralismo de los medios como elementos básicos del proceso democrático, además de reiterar en muchas ocasiones la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado e integral para investigar las violaciones al derecho a la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo.
La criminalización de la difamación (delitos de difamación, calumnia e injurias) en 13 entidades federativas, no sólo significa un medio de censura sino que ha servido como pretexto para la privación ilegal de la libertad de periodistas y afectaciones a la integridad personal y limitar el libre flujo de información, necesaria en una sociedad democrática, como la ocurrida el pasado 7 de Abril con el director del periódico digital e- consulta en Tlaxcala.
Considerando el carácter interdependiente e integral de los derechos humanos y, en consecuencia, la naturaleza pluri-ofensiva de las agresiones a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico, puede asegurarse que el Gobierno del Estado de Tlaxcala no sólo está incumpliendo sus obligaciones de proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, cuyo pleno ejercicio es una herramienta para alcanzar otras libertades individuales; sino también los derechos: a la integridad personal; a la libertad personal; al debido proceso y a las garantías judiciales.
Hoy todos somos los cientos de periodistas amenazados.
Hoy todo aquel amenazado por ejercer el oficio de informar, a quien se coarte y se pretenda restringir su labor informativa a la sociedad, llámese periodista, legislador, analista o cualquier otra variedad de comunicador que esté a merced de la regresión, al autoritarismo que es el único sistema en el que el PRI sabe trabajar.
Ni un paso atrás en el ejercicio pleno de las libertades alcanzadas con años de lucha.
Ni un paso atrás con el derecho a la información.
Ni un paso atrás al ejercicio de la información gubernamental, a todos quienes comunicamos a la sociedad.
Hoy todos los comunicadores somos Martín Ruiz.
Por lo anterior, atentamente someto al Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: Se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a ser respetuoso y promotor de la libertad de expresión, así mismo, garantizar los derechos y la soberanía de las personas que ejercen la labor periodística.
Segundo: Se solicita a esta Soberanía, haga un exhorto a los 13 Congresos locales de los estados en donde aún se castiga penalmente la difamación, solicitándoles derogar los delitos contra el honor.
Tercero: Se turne a la Comisión de Derechos Humanos el caso de la detención del director del periódico e-consulta en Tlaxcala para que se hagan las investigaciones necesarias y se determine si el gobierno del estado violó las garantías individuales del periodista.
Cuarto: Se invita al Congreso de la Unión para hacer a la brevedad las adecuaciones legislativas que permitan la aplicación de la nueva facultad de atracción otorgada a la Federación para que investigue de los delitos cometidos a periodistas por su ejercicio de libertad de expresión aunque se traten de crímenes de competencia de los Estados. Asimismo los gobiernos estatales deben hacer las adecuaciones legislativas y de política pública que hagan operable la facultad otorgada a la federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de abril de 2013.
Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la CFE a establecer un plan urgente para prevenir y mitigar los efectos dañinos a las telecomunicaciones, así como a la generación y distribución de energía eléctrica, derivados de la actividad solar intensa, o eyección de masa coronal, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos años hemos sido testigos de enormes cambios climáticos, atmosféricos y meteorológicos, que ha sufrido nuestro planeta a consecuencia de la actividad humana y de fenómenos fuera de él, (actividad espacial) que nos obligan a pensar en que nuevos riesgos amenazan la estabilidad y el orden de la vida en la Tierra; que somos vulnerables a que desastres de enormes magnitudes, en los cuales no se ha profundizado un análisis y estudio para su prevención, provoquen muertes y destrucción masiva no solo en México sino en cualquier parte del mundo y es que a reserva de lo que se pueda opinar, en razón de que esas cosas no pasan, que ocurren con poca frecuencia o quizá una vez en cientos de años, la realidad es que debemos de estar atentos ante eventuales fenómenos y es que según especialistas y centros de investigación, no estamos preparados ante tales situaciones.
Es así como entre los fenómenos astronómicos, se encuentra uno que hay que destacar por los riesgos y efectos que implica, ya que amenaza nuestro planeta y es el generado por la creciente actividad solar. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema Solar, es también nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta, sobre todo, en forma de luz y calor, contiene más del 99 por ciento de toda la materia del Sistema Solar y ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor. El Sol se formó hace 4.650 millones de años y tiene combustible para 5.000 millones más, ya que después comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una estrella gigante roja y, finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar un trillón de años en enfriarse.
La energía generada en el centro del Sol tarda un millón de años para alcanzar la superficie solar. Cada segundo se convierten 700 millones de toneladas de hidrógeno en cenizas de helio. En este proceso se liberan 5 millones de toneladas de energía pura; por lo cual, el Sol cada vez se vuelve más ligero. El Sol también absorbe materia y es tan grande y tiene tal fuerza que a menudo atrae a los asteroides y cometas que pasan cerca, mismos que, naturalmente, cuando caen al Sol, se desintegran y pasan a formar parte de dicha estrella.
Actualmente el Sol se estudia desde satélites, como el Observatorio Heliosférico y Solar (SOHO), dotados de instrumentos que permiten apreciar aspectos que, hasta ahora, no se habían podido estudiar. Además de la observación con telescopios convencionales, se utilizan el coronógrafo, que analiza la corona solar; el telescopio ultravioleta extremo, capaz de detectar el campo magnético; y los radiotelescopios, que detectan diversos tipos de radiación que resultan imperceptibles para el ojo humano.
Estudios recientes manifiestan que, en estos momentos, nos encontramos en el máximo de actividad solar, un fenómeno que ocurre aproximadamente cada 11 años y que puede producir diversos efectos sobre nuestro planeta, entre los mas dañinos podemos destacar: problemas en las operaciones de satélites, en las señales de ondas cortas de radio, en general en las telecomunicaciones y en las redes eléctricas.
La NASA alerta que, en 2013, el Sol llegará a una etapa de su ciclo natural durante la cual los grandes eventos, como llamaradas y tormentas solares son más probables, situación de alarma que empieza a generalizarse tras la advertencia del Congreso de Estados Unidos, al hacer un llamamiento a sus ciudadanos de la necesidad de preparase ante este fenómeno. El objetivo es desarrollar un plan de emergencia de cara a una posible catástrofe debido a una tormenta solar. Estados Unidos ha levantado todas las alarmas, ya que el ciclo solar ha cambiado y, con él, la inusitada tranquilidad.
El Sol es una esfera de gas que genera campos magnéticos, como un gran imán. Cuando estos campos cambian su configuración, se libera energía de forma muy rápida y violenta, que es lo que se conoce como eyección de masa coronal (CME). Esto es lo que hace que se lance el gas a su atmósfera y se libere luego en el espacio. Si esta ráfaga está dirigida a la Tierra, entonces se trata de una tormenta geomagnética (tormenta solar). En ese momento, pueden ocurrir dos cosas: que el campo magnético terrestre, la cubierta natural del planeta contra la radiación solar, lo repela o que parte de las partículas que contiene este fenómeno penetren en la atmósfera de la Tierra a través de los polos, las zonas más sensibles del escudo terrestre. De esta forma la Tierra está bien protegida, y este campo se deforma pero nunca se rompe. Si hay tormentas pequeñas, se forman las auroras boreales y australes, pero si es un fenómeno más intenso, entonces se pueden dar fallos en las comunicaciones y las redes eléctricas.
Se tiene registro que este suceso provocó graves daños, por primera vez, en 1856, en Inglaterra. Cuando el astrónomo aficionado Richard Carrington, vio a través de su telescopio, lo que él definió como “una inmensa bola de fuego que sobresalía del Sol”. Días más tarde, auroras boreales eran visibles desde ciudades como Roma, Madrid, La Habana o las islas Hawái, latitudes algo extrañas, ya que este tipo de fenómenos afectan a zonas cercanas a los polos. A su vez, el incipiente sistema de telégrafo, de aquella época, en Estados Unidos e Inglaterra, sufrió cortes y cortocircuitos que colapsaron las comunicaciones. Dicho fenómeno es la mayor tormenta geomagnética registrada en la historia, hasta el momento.
Cabe mencionar que otra de las consecuencias de las tormentas solares extremas son: la generación de corrientes adicionales a las que viajan por conducciones metálicas con gran longitud, como los tendidos eléctricos. Un ejemplo de estas afectaciones es lo ocurrido en
Québec (Canadá) en 1989, en donde en marzo de ese año, los científicos habían detectado un grupo de manchas solares que habían crecido desproporcionadamente. Durante dos semanas se sucedieron los destellos y se detectaron 36 CME. Como consecuencia, se produjo una repentina subida de corriente que fundió un generador, y la red de suministro se colapsó. Seis millones de personas se quedaron sin electricidad durante horas, y tardaron varios días en volver a la normalidad. Los daños fueron de miles de millones de dólares. Además, “las brújulas se desviaron varios grados, muchos satélites perdieron altura (hasta 800 metros) y un satélite militar no pudo compensar el efecto y empezó a dar volteretas”, explica el astrónomo Philip Plait, autor del libro “La muerte llega desde el cielo”. Cabe señalar, que estas tormentas también afectan los gasoductos y oleoductos, ya que, al ser de metal, oxida con gran rapidez dichas vías, lo que representa un alto costo de mantenimiento para las empresas. De esta forma, la industria debe invertir en investigaciones para saber cuándo se darán este tipo de fenómenos y como poder combatirlos.
Actualmente, la cantidad de ondas de radio que llegarían a la Tierra sería tal que los radares quedarían inutilizados, y la radio de onda corta dejaría de funcionar por las alteraciones que sufriría la ionosfera, que es la parte de la atmósfera donde rebotan estas ondas para expandirse por el planeta. Por eso no es de extrañar que la noticia haya puesto en guardia a los Ministerios de Defensa de algunos países, entre ellos al británico, mismo que al conocer esta información, advirtió que un informe emitido por la NASA señalaba que la CME sería tan potente que provocaría una tormenta geomagnética que dejaría sin suministro eléctrico a todo Estados Unidos.
En otros países como Alemania, Francia y el ya mencionado Reino Unido, además del gobierno estadounidense, se están tomando cartas en el asunto. Inclusive España, al igual que Estados Unidos, se ha abocado a la prevención de un eventual fenómeno de esta clase, con una propuesta en el Congreso por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para unificar los protocolos de seguridad europeos para “la prevención tecnológica derivada de fenómenos naturales”, propuesta surgida de la publicación de nuevos reglamentos para que los ciudadanos sepan qué hacer en caso de tormenta geomagnética severa. En este documento se dan detallados consejos sobre como realizar acopio de alimentos para un mes por persona, cómo elaborar un plan familiar para saber dónde dirigirse en caso de que el hecho llegara a producirse. El escrito esta basado en los consejos recogidos por el Observatorio de Clima Espacial, perteneciente a la Asociación Española de Protección Civil para los Eventos Climáticos Severos y la Prevención Nuclear (AEPCCE), una organización no gubernamental y sin fines de lucro. En el mencionado documento se detalla que hay un 5 por ciento de posibilidades de que un fenómeno de tales características pueda darse en los próximos meses del 2013, además de puntualizar que dicho fenómeno se da “en muy contadas ocasiones”, sin embargo la probabilidad de que ocurra es real y esta latente.
Hoy día, un pequeño grupo de manchas negras regadas en el gigantesco y violento Sol traen muy inquietos a los astrónomos. Ya que cada cierto tiempo, a nuestra estrella le empiezan a salir estas sombras, que crispan y lanzan al espacio una enorme cantidad de radiación que golpea la Tierra. Las manchas solares son signo inequívoco de un aumento en la actividad magnética del astro y cuando despierta, los problemas empiezan a multiplicarse. Los científicos de la NASA han advertido sobre la posibilidad de que en este año 2013 nuestra estrella escupa hacia la Tierra 10.000 millones de toneladas de plasma que viajarían por el espacio a la vertiginosa velocidad de más de 2.000 kilómetros por segundo. Tanto es así, que en tres días y medio la nube de gas ionizado, también conocida como gran eyección de masa coronal, llegaría a la Tierra y provocaría una tormenta geomagnética que alteraría los campos eléctricos y sembraría el caos.
Este fenómeno afectaría de forma drástica a la vida humana, por ello es importante que la gente sepa que existe y que puede tener efectos sobre la sociedad, como consecuencias negativas en la comunicación, la cual depende de los satélites y mismos que están expuestos en mayor medida que la Tierra, a los efectos nocivos del astro rey, aun así, no tenemos que alarmarnos.
Astrónomos de la NASA informaron este lunes 11 de marzo, que el periodo de ‘máximo solar’ anunciado para el 2013 se está haciendo evidente. La agencia estadounidense muestra dos fotografías del Sol, en octubre 2010 y octubre 2012, que destacan la diferencia entre estos dos años, mostrando un Sol evidentemente más activo en estos últimos meses. Como ya se menciono, cuando las CME chocan con el campo magnético de la Tierra, dependiendo de la intensidad y velocidad, potencialmente puede colapsar las fuentes de energía y afectar las redes de energía eléctrica. A su vez afecta las comunicaciones de alta y baja frecuencia, además de las comunicaciones GPS y satelitales.
El mínimo solar más reciente tuvo lugar en 2008, y el sol comenzó a aumentar su actividad en enero de 2010, con una tormenta solar de rayos X de magnitud M. Este destello de clase M, el cual es 10 veces menos potente que las mayores llamaradas, etiquetadas como clase X, señala la NASA. Desde la fecha señalada el Sol se ha mantenido activo con tormentas solares de magnitud M y eventuales X, y no ha dejado de tener mayor dinamismo, con el próximo máximo solar previsto para 2013. El Sol entra en un nuevo ciclo, del que se espera una gran intensidad, lo que se traduce en mayor actividad magnética, más manchas y erupciones solares. Unos fenómenos que, aunque no lo parezca, pueden afectar enormemente a nuestra actual sociedad plagada de sistemas de navegación y comunicaciones que podrían quedar absortos.
Los científicos prevén que a finales de 2013 será el momento de mayor actividad del nuevo ciclo. Aunque el riesgo se extenderá a los próximos seis años. La dependencia de las sociedades modernas, hacia las de redes de comunicación, satélites y telefonía móvil que podrían derrumbarse, aumentan las alarmas. Es así como una tormenta solar extrema, como la que se espera, tendría graves consecuencias para nuestra forma de vida actual, y esto nos hace pensar, ¿cuáles serían los efectos de la tormenta solar del siglo?
Los informes encargados por la NASA, el Ejército de Estados Unidos, el Parlamento Británico y de un grupo de expertos de la Comisión Europea creen que tras cinco días se viviría un verdadero cataclismo. Ya que para empezar, los accidentes aéreos y de tráfico se multiplicarían por una serie de fallos en los sistemas de rutas, de aterrizaje, de los semáforos y de las señalizaciones, los ascensores se convertirían así en otro punto negro, complicando las evacuaciones y dejando a personas atrapadas y por si fuera poco, el suministro de agua dejaría de funcionar más allá del nivel del suelo, pues los sistemas de bombeo no funcionarían.
Los más afectados serian los sistemas eléctricos, ya que sufrirían un derrumbe total, dejando a las casas, las industrias, las refinerías o las plantas químicas sin energía; esto nos obliga a pensar que de no existir protocolos de actuación, las consecuencias de este colapso serían dramáticas, desencadenándose grandes incendios eléctricos simultáneos.
Por otra parte, las estaciones de servicio no podrían suministrar combustible, a cualquier medio de transporte, lo que haría imposible trasladarse. Aunque poco importaría, pues los cajeros automáticos tampoco operarían, incluso, podrían desaparecer las bases de datos bancarias. Con todo esto, los sistemas de comunicación serían los más afectados, los teléfonos móviles, computadoras, radios y televisiones fallarían en cadena, dejando a la población aislada y sin información de cómo responder al caos. Por este motivo, las autoridades de Estados Unidos han lanzado ya recomendaciones para estar preparados ante lo que se ha venido en definir como “la tormenta solar del siglo”.
Por todo lo anterior, no esta de mas manifestar que a través del Congreso mexicano se tiene que realizar una propuesta para prevenir y atender esta situación que afectaría de manera importante los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones en nuestro país, debemos de reflexionar que es importante contar con un plan emergente ante dichas situaciones, esto al implementar programas por parte de las autoridades competentes como lo es la Comisión Federal de Electricidad CFE, para alertar y prevenir a la población mexicana sobre este fenómeno.
Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. La honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a implementar un plan emergente, a efecto de prevenir y mitigar los efectos dañinos a las telecomunicaciones y a la generación y distribución de energía eléctrica, derivados de la actividad solar intensa (eyección de masa coronal, CME);
Segundo. Se exhorta a los titulares de la SCT y CFE a que de manera inmediata se implementen acciones necesarias para garantizar la seguridad, funcionamiento y suministro de los servicios de telecomunicaciones y de energía eléctrica en todos los estados de la República Mexicana, a fin de evitar colapsos y fallas masivas en éstos, derivados de la inusual actividad solar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2013.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo el Acuerdo de Intención para la Elaboración e Instrumentación del Programa Integral para el Desarrollo del Istmo, signado entre los gobiernos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La firma del Acuerdo de Intención para la Elaboración e Instrumentación del Programa Integral para el Desarrollo del Istmo signado entre los gobiernos de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, representa un avance importante para detonar la integración económica, social y productiva en la zona sur-sureste de México.
El acuerdo contempla, la creación de infraestructura productiva, social y comunicaciones, a través de la construcción de un corredor transístmico del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al puerto de Coatzacoalcos, para detonar el desarrollo regional de esta zona de la república mexicana, la cual representa un alto potencial para la inversión pública y privada.
Además, la construcción de un puente terrestre ferroviario de 303 kilómetros, que aminoraría diez días el viaje de buques y contenedores hacia Indonesia, así como otros países asiáticos y europeos. Esto representaría un ahorro a los empresarios, calculado en dos mil millones de dólares en traslado, ya que el Istmo, se ubica 8 mil kilómetros más cerca que el Canal de Panamá, el referente de traslado transoceánico más inmediato en América Latina.
Se estima, que para la operación del Corredor se requiere una inversión de 10 mil millones de pesos, recurso de origen federal que de acuerdo a los estudios realizados se recuperaría en dos años, si trasladaran tres millones de contenedores al año.
Segunda. El Istmo de Tehuantepec es una región comprendida entre los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz en México. Se trata de la zona más angosta entre los dos océanos, océano Pacífico y océano Atlántico, que posee nuestro país. Es una zona rica en petróleo y en recursos naturales. También, es una de las regiones con mayor presencia indígena del país.
La importancia geoestratégica y económico-productiva del Istmo lo han convertido en un espacio de confluencia de intereses empresariales nacionales y extranjeros, dirigidos a posibilitar el movimiento interoceánico para el tráfico internacional de mercancías y aprovechar, al mismo tiempo, los recursos naturales y humanos existentes. La concentración de infraestructura industrial en los enclaves asociados a la transformación y movimiento de productos petroleros y petroquímicos, así como de las actividades portuarias en Coatzacoalcos y Salina Cruz, han llevado a catalogar a estos sectores productivos como prioritarios, dentro de los numerosos planes federales de desarrollo económico enfocados a la región.
Basta decir que actualmente la región del Istmo se erige como uno de los polos de generación, refinación y distribución de hidrocarburos más importantes del país, y desde luego, como un referente contemporáneo de generación de energía eólica, que mucho contribuye a la lucha mundial contra el calentamiento global.
En este sentido, con datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), es importante señalar que de los 22 proyectos eólicos proyectados en México desde 1994 hasta el 2013 dieciséis de ellos se concentran en Oaxaca, específicamente en el Istmo de Tehuantepec. Además, el recurso eólico se mide en clases que van del uno al siete, y en la región del Istmo se localizan los mejores vientos clase 5 y 7.
También, la región posee dos importantes puertos de altura en Coatzacoalcos y Salina Cruz; las refinerías General Lázaro Cárdenas y Antonio Dovalí; las instalaciones aeroportuarias de Minatitlán y ciudad Ixtepec, y desde luego, el Ferrocarril Transístmico, inaugurado por el presidente Porfirio Díaz en el año de 1907.
Tercera. No obstante tenemos que reconocer que esta región con grandes potencialidades económicas, también concentra fuertes expresiones de pobreza, altos niveles de desempleo, escasez de servicios básicos e infraestructura productiva, así como elevadas tasas de mortalidad infantil y desnutrición. Las deficiencias en infraestructura y servicios asociados a la producción, que repercuten en altos costos al sector empresarial son las principales causas del rezago económico de la región.
Por ello debemos abogar por la creación de infraestructura que se convierta en la herramienta de transformación, y que nos permita cerrar la brecha de desigualdad entre las regiones del país, reactivar la dinámica económica de la región, estimular la generación de empleos, y desde luego, que proporcione a nuestras comunidades los servicios que mejoren y dignifiquen la calidad de vida de la población.
El importante potencial productivo de esta región sólo será capitalizable y generador de riqueza social, cuando se cuente con las vías de comunicación que integren social y productivamente a todas las entidades que la conforman.
Nuestros aparatos productivos alcanzarán mayor dinamismo, modernidad y competitividad, cuando seamos capaces de consolidar polos de desarrollo, a través de proyectos estratégicos de gran visión, que aprovechen las ventajas comparativas que esta región ofrece para el comercio internacional, para el turismo de clase mundial, para la pesca y la producción agroindustrial, entre otras actividades.
En síntesis, la región del Istmo de Tehuantepec es una de las más importantes de México y el mundo por sus ventajas geoestratégicas para el desarrollo del comercio global, actividad turística y el despegue industrial, agroindustrial y la política energética del país.
Sin embargo, su potencial productivo sólo será capitalizable y generador de riqueza social cuando existan las vías de comunicación que integren social y productivamente a todas las entidades que la conforman.
Por lo antes expuesto se pone a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal a que incorpore en el Plan Nacional de Desarrollo un apartado de proyectos de infraestructura en la región sur-sureste del país, y de forma específica el desarrollo de infraestructura ferroviaria en los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, para detonar el desarrollo económico en la región del Istmo de Tehuantepec.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a garantizar el mantenimiento integral de sus instalaciones y ductos, a cargo del diputado Fernando Cuéllar Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Fernando Cuéllar Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) a tomar medidas para garantizar el mantenimiento de los ductos y de las instalaciones de la paraestatal, a fin de evitar desastres atribuibles a ello, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 18 de diciembre de 2012, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, diputada del Grupo Parlamentario del PRD; presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, con el objetivo de crear la obligación de Pemex de resarcir de manera justa a la población afectada por la actividad de ésta. (Pendiente)
II. El 6 de noviembre de 2012, Carol Antonio Altamirano, diputado del Grupo Parlamentario del PRD; presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a hacer públicas las causas de la explosión del 18 de octubre de 2012 en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz; y a la STPS, a inspeccionar esas instalaciones y verificar sus condiciones de operación. (Desechada)
III. En el sentido de la proposición arriba enumerada, Rocío Adriana Abreu Artiñano, diputada del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a cumplir en la adjudicación de contratos de mantenimiento los requisitos técnicos, administrativos, legales y de seguridad tendentes a evitar percances como los ocurridos en todo 2012 con motivo de su actividad; el 13 de noviembre de 2012. (Desechada)
IV. Con fecha 13 de noviembre de 2012, Carol Antonio Altamirano, diputado del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex a hacer públicas las acciones implantadas a fin de prevenir el robo de combustible en el poliducto Minatitlán-Salina Cruz y evitar accidentes que pongan en peligro la vida de los ciudadanos, así como los requerimientos económicos y operativos para desarrollar un efectivo sistema de control en los ductos. (Desechada)
V. Víctor Manuel Bautista López, diputado del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Segob, de la Sener, de Pemex, de la CFE y del gobierno del estado de México a realizar acciones tendentes a evitar desastres por causas antropogénicas en zonas afectadas por el derecho de vía donde hay ductos subterráneos –para conducir hidrocarburos o gas– o líneas de alta tensión en dicha entidad federativa; con fecha 6 de diciembre de 2012. (Desechada)
VI. En sintonía con la proposición enumerada con el numeral IV de este documento, el 21 de febrero de 2013, Carol Antonio Altamirano, diputado del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex a intensificar las acciones implantadas para prevenir y controlar el robo de combustible en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de los ciudadanos. (Pendiente)
Considerandos
Pemex es una entidad paraestatal pilar de la economía mexicana y la principal proveedora de recursos al Gobierno para cubrir sus exigencias financieras. Pemex aporta 34.9 por ciento en promedio de los ingresos del sector público, siendo una empresa de suma importancia para la definición de los ingresos públicos. Por lo anterior se muestra necesario el control y la vigilancia sobre este sector tan estratégico para la política económica del país.
En los últimos años se han documentado un sin número de accidentes en las instalaciones de Pemex que han afectado a refinerías como la de Tula, o la refinería de Salina Cruz; centros de extracción acuática de hidrocarburos como la monoboya hundida el 11 de agosto de 2012; y más recientemente la explosión en el complejo administrativo de Pemex. Existe una constante extracción de hidrocarburos de los gasoductos de forma irregular, que provoca un latente riesgo para las zonas habitadas en los trayectos de los ductos; riesgos que han desembocado en desastres como el ocurrido en Tepeji del Río, Hidalgo; o en Soyaniquilpan de Juárez, México.
La paraestatal cuenta con 14 mil 150 kilómetros de ductos a lo largo de la República Mexicana, de los cuales se desconoce su estado actual y la bitácora de mantenimiento de los mismos; aunado a esto, no existe un dato preciso que exponga cuántos de esos kilómetros de ductos se encuentran en estado de abandono. Los ductos en desuso resultan de igual forma riesgosos, pues cuentan con acumulaciones de hidrocarburos que generan alarma latente, tal es el caso de la delegación Azcapotzalco, que tiene un diversos ductos sin uso que siguen teniendo acumulaciones de gases nocivos para la salud y sumamente flamables.
La misma situación se presenta en diferentes latitudes de la República Mexicana, la falta de mantenimiento y el saqueo de hidrocarburos hacen que los ductos de Pemex se conviertan en un peligro constante para la sociedad; por ello resulta conveniente que la Cámara de Diputados conozca la información y exhorte a la entidad paraestatal a dar el mantenimiento adecuado a los ductos e instalaciones para evitar accidentes posteriores.
Por lo expuesto se pone a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos para que, en uso de sus facultades y atribuciones, garantice el mantenimiento integral de las instalaciones y ductos de la entidad paraestatal para evitar futuros accidentes, así como se tomen medidas para retirar los ductos en desuso para evitar acumulación de gases en zonas habitadas del territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputado Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los principios que regulan la diplomacia parlamentaria, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1, fracción II, 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Víctor Manuel Bautista López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados para que se respeten los principios que regulan la diplomacia parlamentaria.
Consideraciones
Reunida esta representación popular el pasado 5 de marzo de los corrientes, fuimos enteramos de un acontecimiento de carácter internacional, el fallecimiento del jefe de estado de una nación hermana con la que compartimos historia, tradiciones y la ubicación continental.
En el Diario de los Debates de esta Cámara quedó registrado el interés de nuestro Grupo Parlamentario, a través de la diputada Aleida Alavez y respaldado por la diputada María del Socorro Ceseñas, para que se fijara una posición de solidaridad y se guardara un minuto de silencio. Ante lo cual, el presidente de esta Cámara, entre el hastío y la indiferencia de la larga jornada legislativa, respondió:
“El PRD quiere un minuto de silencio, pues se lo obsequiamos. Pues es un jefe de estado, a quienes deseen guardarle un minuto de silencio los invito a guardar un minuto de silencio”.
Ante la falta de solemnidad y el gesto carente de los rasgos que la diplomacia parlamentara exigen, la diputa Amalia García Medina tuvo que hacer referencia a la amplia, sólida y extraordinaria relación que distinguió a nuestra diplomacia y a la diplomacia parlamentaria en particular, haciendo un llamado para que nuestro país regrese a “distinguirse por esa diplomacia abierta a todas las naciones y los gobiernos del mundo”.
El incidente no concluyó ahí. En la siguiente sesión, la del 7 de marzo pasado, el diputado Francisco Durazo Montaño volvió a señalar lo que, desde su punto de vista, fue una actitud mezquina de la presidencia, solicitando que se volviera a guardar el minuto de silencio. En su respuesta el presidente de esta Cámara justificó su actitud en razón de que deseaba “tener una comunicación más fehaciente” además de que se sintió casi atropellado porque las diputadas, según el presidente “nos exigieron que fuese en ese momento”.
La verdad es que las justificaciones resultan impropias y las acciones resultaron de cardinal evidencia. El fallecimiento del jefe de estado de la República Bolivariana de Venezuela fue un hecho imprevisto, extraordinario y, por lo tanto, ajeno a cualquier previsión que permitiera su incorporación previa en el orden del día, el intento del presidente para justificarse contenido en la insinuación que se desprende de la posibilidad de haber esperado a la siguiente sesión para que la Junta de Coordinación Política programara su incorporación en el orden del día, sólo ratifica que la forma utilizada para el desahogo de este tema contiene visiones parciales, de tipo ideológico y que de caracterizar a la política internacional del grupo parlamentario de quien ahora detenta el Poder Ejecutivo conducirían a una nueva etapa de desgaste y deterioro de la posición de México en el exterior.
Esta acción resulta por demás contraria incluso a la posición asumida por el titular del Ejecutivo federal que la misma tarde anunció su decisión de acudir a las exequias del mandatario de Venezuela, por lo que el dislate ocurrido en esta Cámara de Diputados no sólo muestra una falta de respeto a la propuesta promovida por nuestro grupo parlamentario, un gesto nada solidario a la nación hermana latinoamericana sino incluso una falta de coherencia con las posiciones que el Poder Ejecutivo detenta a pesar de que tanto el titular de aquel Poder como el presidente de esta Cámara forman parte del mismo partido político.
Y es grave además porque siendo el precedente una fuente legítima en el derecho parlamentario, podemos encontrar en el Diario de los Debates, la forma decorosa, digna, respetuosa, que este Poder Legislativo ha asumido ante la pérdida de la vida de personalidades destacadas, sólo cito un caso, cercano y propio de nuestro país, el lamentable accidente que cobró la vida del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en la que los diputados asistentes al pleno informan de lo ocurrido, una vez que fue confirmada la información, se guardó un minuto de silencio e incluso una veintena de legisladores hicieron uso de la palabra para manifestar su solidaridad. Todo esto sin estar incluido en el orden del día, sólo como muestra de respeto y sensibilidad.
Respeto, sensibilidad, reciprocidad y decoro que en todo momento deben caracterizar a la diplomacia parlamentaria.
Siendo una obligación de la mesa directiva observar los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad según lo señalado por el artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en virtud de dicho principio de legalidad es aplicable, en una interpretación armónica de la Constitución, el conjunto de principios que reglan la política exterior del Estado mexicano.
Por eso es que el presidente de la Mesa Directiva, como representante de esta Cámara en términos del artículo 271 debe velar por la aplicación con decoro y dignidad del contenido de los artículos 269, 210 y demás aplicables del reglamento de esta Cámara de Diputados, buscando defender el interés de la nación que, históricamente ha coincidido con la necesidad de afianzar nuestras relaciones de amistad y solidaridad con las naciones de América Latina.
Principios y disposiciones que se ven afectadas cuando los prejuicios personales, las visiones unilaterales o la falta de cuidado en el desempeño de las tareas que requieren de un ejercicio digno, decoroso y de estado se imponen sustituyendo las prácticas de solidaridad, respeto y amistad que en todo momento deben caracterizar a la diplomacia parlamentaria.
Nuestra histórica política exterior ha demostrado congruencia frente a las necesidades históricas de México y las definiciones de las alternativas nacionales, por eso es que quien más ha perdido ha sido México durante las últimas décadas por la creciente distancia existente entre nuestra nación y las naciones hermanas de América Latina, como resultado de la supeditación de nuestro interés nacional a los dictados intervencionistas de otros países y que generaron, en el paso reciente, amplias brechas de distancia con las naciones sudamericanas, justo en un momento histórico en el que han destacado por la adopción de políticas con un alto contenido de responsabilidad social del estado que han mostrado resultados benéficos para grandes segmentos de su población, frente a los estragos que la política neoliberal provoca en nuestro país.
En virtud de los elementos antes descritos, considero oportuno que esta soberanía haga un llamado respetuoso y propositivo para que fortalezcamos la diplomacia parlamentaria desde un marco general de solidaridad, respeto y dignidad, con el resto de las naciones, favoreciendo el fortalecimiento de nuestra relación con las naciones latinoamericanas, la multilateralidad en las relaciones y la defensa de los principios de respeto y dignidad en nuestra relación con los países más desarrollados, lo que caracterice nuestra labor.
En este sentido, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se encuentra en condiciones de aportar en los hechos una visión diplomática congruente con los principios y con el prestigio histórico que ha ganado la nación mexicana, muestra de ello son los 88 grupos de amistad conformados en la legislatura anterior con otro tanto número de naciones y que hasta este momento no se han conformado, así como los ocho grupos con organismos y foros parlamentarios.
Para que en lo que corresponda a este Poder Legislativo, sea una visión de estado, apegada a los principios constitucionales, a los valores tradicionalmente detentados y a la visión fraterna que México ha manifestado, la guía y conducción de la diplomacia parlamentaria.
Es en mérito de lo antes referido que se somete a su consideración esta proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva para que en su condición de representante de esta Cámara de Diputados, asuma una posición congruente con los principios y disposiciones que regulan la diplomacia parlamentaria, entre ellos la reciprocidad y el respeto, contribuyendo a la dignificación de México en el concierto de las naciones y la defensa del interés nacional.
Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para propiciar la pronta integración de los grupos de amistad con otras naciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a limitar el uso de productos con Bisfenol A, a cargo de la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Eva Diego Cruz, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El bisfenol A, usualmente abreviado como BPA, es un producto químico utilizado muy comúnmente para hacer el plástico llamado policarbonato, de ahí que lo encontremos en diversos productos de uso cotidiano como envases de alimentos reciclables, recipientes y botellas de plástico, biberones, vajillas de plástico, en el recubrimiento de las latas de conserva de alimentos, entre otros usos. Considerado también un disruptor endocrino, ya que es sospechoso de producir alteraciones en la regulación hormonal.
En los últimos años, los disruptores endocrinos están siendo objeto de una atención creciente para determinar sus implicaciones en distintas enfermedades, especialmente relacionadas con problemas de diabetes, obesidad, infertilidad, cáncer de mama o de próstata, problemas cardiovasculares, alteraciones en el desarrollo neurológico y cerebral y trastornos del comportamiento.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP en sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud presentaron un informe encargado a 16 especialistas para evaluar las evidencias científicas relacionadas con los efectos de los disruptores endocrinos. Una de sus principales conclusiones es que estos compuestos químicos son una “amenaza global”, por lo que deben ser estrictamente vigilados.
La OMS y Naciones Unidas convocaron a diversos especialistas para estudiar este tipo de agentes, mismos que plantearon posibles vinculaciones con problemas reproductivos masculinos o femeninos (no solo en humanos, incluso los vinculan a caídas demográficas de especies animales). También han hecho alusión a alteraciones relacionadas con el desarrollo neuronal, desórdenes inmunitarios o metabólicos, e incluso a tumores vinculados con alteraciones hormonales.
No obstante, los señalamientos más graves fueron hechos por un equipo francés cuyos experimentos fueron publicados en la revista BMC Developmental Biology, los cuales dieron a conocer que e l bisfenol A (BPA) tiene un impacto negativo en los embriones de algunos vertebrados.
El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) detalló que los especialistas detectaron anomalías en el oído interno de embriones de pez cebra y de xenope (especie de rana africana) después de aplicarles entre uno y 20 miligramos/litro de BPA.
Además, los expertos constataron que al bloquear los receptores de estrógenos, objetivos clásicos del bisfenol A, las anomalías persistieron lo cual hizo suponer su fijación a otro recipiente.
En estudios realizados por la Universidad Estatal de Washington publicado en “Proceedings of the Nacional Academy of Science” (PNAS), se aseguraba que el bisfenol A puede afectar al sistema reproductivo de la mujer, causando incluso daños en los cromosomas, abortos involuntarios y defectos de nacimiento.
Una investigación realizada por científicos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, halló trozos de bisfenol A en el hígado de fetos, muestra que la capacidad de éstos para eliminar del cuerpo ese aditivo, es menor que la de los adultos.
Las pruebas de que el bisfenol A es una sustancia perjudicial para el ser humano siguen surgiendo, recientemente el análisis encabezado por el Dr. Leonardo Trasande de la New York University School of Medicine, clasifica al químico bisfenol A, como un químico de alto riesgo de enfermedad cardiaca y renal en niños y adolescentes. De acuerdo al análisis los niños con los más altos niveles de BPA en la orina tenían una mayor concentración de albúmina-creatinina en comparación con aquellos con menor cantidad. Cabe mencionar que un nivel alto de albúmina-creatinina puede ser un marcador precoz de lesión renal y el riesgo futuro de desarrollar enfermedades del corazón.
Otro estudio reporto que las niñas expuestas a niveles más altos de bisfenol A antes de nacer tenían más trastornos de conducta y eran más ansiosas e hiperactivas que si habían estado en contacto con pequeñas cantidades de la sustancia química.
El grupo de población considerado con mayor exposición a BPA son los lactantes de 3 a 6 meses, quienes son alimentados con biberones de policarbonato. Debido a que las fórmulas infantiles y la leche materna son la única fuente de nutrición de esta población hasta los 4 meses. Se considera que si se expone el biberón al agua hirviendo o al calentamiento por microondas, el bisfenol-A se libera 55 veces más rápido de lo normal.
En marzo de 2010, el gobierno canadiense fue el primer país que impuso una prohibición consistente sobre la importación, venta y publicidad de biberones de policarbonato en Canadá, además de colaborar para el desarrollo y la implementación de códigos de conducta para reducir los niveles de BPA en fórmulas alimentarias infantiles para lograr un nivel bajo razonablemente posible.
Como consecuencia de los resultados de los múltiples estudios realizados, la Unión Europea, prohibió en el 2011 la fabricación y venta de biberones con bisfenol A, como precaución ante los posibles daños que puede causar esta sustancia en el organismo. Por su parte en Estados Unidos de América, la Food and Drug Administration (FDA) prohibió el BPA en la fabricación de biberones y tazas para bebés, como apoyo a las medidas para reducir la exposición humana al BPA y sigue realizando investigaciones adicionales sobre sus efectos.
La Francia es el primer país del mundo en adoptar una medida amplia, con la aprobación de la ley 3773, con la cual se prohibirá la utilización de componentes de plásticos con bisfenol A en todos los envases de alimentación destinados a niños a partir de este año y en todos los recipientes de bebidas y alimentos en el 2014.
En nuestro país, la legislación vigente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en el párrafo tercero del artículo 4° la garantía que todo individuo tiene a la protección de la salud...”
Las atribuciones de la Secretaría de Salud, se encuentran establecidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre las que se encuentra actuar como autoridad sanitaria y ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, así como vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
La Ley General de Salud, establece en su artículo 17 bis las facultades de la Secretaria de Salud, mismas que ejercerá a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Organismo que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios.
El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en su artículo primero establece como objeto “...la regulación, control y fomento sanitario del proceso, importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos, relacionados con los productos...” asimismo especifica que “...son materia del presente Reglamento el envase, envasado e irradiación de los productos...”.
Por lo que es facultad de la Cofepris regular la elaboración e importación de productos que contengan bisfenol A.
Los representantes populares estamos obligados a velar por la salud de nuestros representados frente a cualquier posible amenaza que la comprometa, por lo que se deben adoptar con urgencia medidas tendientes a que se reduzca la presencia de bisfenol A en la población mexicana.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero: Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que en el ámbito de su competencia emita medidas a fin de limitar el uso de productos que contengan bisfenol A en el embazado de alimentos.
Segundo: Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que manera inmediata prohíba la producción y la venta de biberones de policarbonato, así como de productos que contengan bisfenol A utilizados para la alimentación de bebes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputada Eva Diego Cruz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que la SHCP y la Cámara de Diputados instalen una mesa de trabajo para analizar los resultados y las metas alcanzados del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, del 5 de diciembre de 2008, así como los resultados previstos con la inclusión del último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución al tenor de las siguientes.
Consideraciones
El artículo 31 en su fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), dice que es obligación de los mexicanos, Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Asimismo el artículo 73, fracción VII, de la CPEUM, cita que el congreso tiene la facultad; para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.
De igual manera el artículo 74 enumera como facultades exclusivas del congreso la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) – el análisis y aprobación del PEF, es exclusivo de la cámara de diputados –.
La presentación del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación (LIFE) debe ser ante la Cámara de Diputados, pero la aprobación está sujeta a ambas Cámaras, es decir al congreso de la unión.
La Ley de Ingresos de la Federación tiene características de elaboración anual, presentado al congreso por el Presidente de la Republica, en el cual se establece la recaudación del gobierno por impuestos, derechos aprovechamientos, prestamos etc.
Para el año 2013, la Ley de Ingresos fue aprobada el miércoles 12 de Diciembre de 2012, con 446 votos en pro, 19 en contra y 7 abstenciones en la Cámara de Diputados y al día siguiente en la Cámara de Senadores con 102 votos en pro, 16 en contra y 2 abstenciones.
El monto aprobado por al Congreso para el ejercicio 2013, fue la suma de total de $ 3, 956, 361.6 millones de pesos.
De los ingresos totales vía impuesto sobre la renta (ISR) se recaudarían $ 818,095.4 millones de pesos.
Se autorizó para este año también que se implementará un programa de condonación de créditos fiscales causados antes del 1 de enero de 2007, con el objetivo de obtener mayores ingresos de una manera más rápida.
Particularmente se cita el artículo 9º de la LIFE, correspondiente a las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales, que a la letra dice:
Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.
Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos.
También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por las mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las mismas, que pasen a propiedad del Fisco Federal.
En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho Decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado Decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014.
Particularmente haciendo referencia al último párrafo del artículo 9º en comento, se retoma el artículo 2º de dicho Decreto que a la letra dice:
Artículo Segundo. Las entidades federativas y municipios que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo tercero de este Decreto gozarán de los beneficios fiscales siguientes:
I. Condonación del total de los adeudos, incluyendo sus accesorios, que tengan por la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2005 y anteriores.
II. Un estímulo fiscal para los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, que se aplicará de manera mensual y se determinará para cada uno de los meses de dichos ejercicios aplicando el por ciento señalado en la siguiente tabla al excedente que resulte de comparar el promedio mensual del total del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores efectivamente enterado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, y el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores que efectivamente corresponda enterar en el mes de que se trate, de los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, siempre que este último monto sea mayor. El resultado obtenido será el monto del estímulo que podrán acreditar en el pago del mes de que se trate, contra el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores que deban enterar en dicho mes.
2009
60
2010
30
2011
10
En caso de que en alguno de los meses de los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, no se haya aplicado el estímulo a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, el mismo se podrá aplicar a cualquiera de los meses siguientes, siempre y cuando se trate del mismo ejercicio fiscal.
III. A partir de 2009 y hasta 2012, por cada ejercicio fiscal concluido en que, una vez acreditado el estímulo fiscal a que se refiere la fracción anterior, las entidades federativas o municipios realicen el entero total del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, obtendrán la condonación total de sus adeudos por ese mismo concepto, incluyendo sus accesorios, relativos al ejercicio fiscal que corresponda conforme a la tabla siguiente:
Ejercicio fiscal por el que se realizó correctamente el entero del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores Ejercicio fiscal por el que se obtiene la condonación de adeudos. Ejercicio fiscal en el que surte efectos la condonación 2009 2006 2010 2010 2007 2011 2011 2008 2012
En caso de que una entidad federativa o un municipio, realice el entero por concepto del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, de un monto anual menor al enterado para el ejercicio fiscal de 2007, sólo podrá obtener la condonación de sus adeudos por ese mismo concepto por el citado ejercicio fiscal 2008, en los términos de esta fracción, si la referida reducción deriva de una disminución en el número de trabajadores que prestan servicios a la entidad federativa o municipio de que se trate o de la disminución en el monto de las percepciones de sus trabajadores originada por ajustes presupuestales o programas de austeridad, que se realice de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Para los efectos de lo anterior, la entidad federativa o municipio de que se trate deberá acreditar ante el Servicio de Administración Tributaria que dicha disminución se originó por alguno de los supuestos a que se refiere este párrafo.
Hoy en día se está discutiendo la aprobación de mecanismos para apoyar a las entidades federativas y municipios a fin de corregir sus finanzas dañadas por créditos incosteables contratados contribuyendo al incremento de sus pasivos.
Así como se pugna por apoyar con herramientas que contribuyan al saneamiento de las finanzas estatales y municipales, los trabajadores cautivos tienen el derecho de saber el origen de esas retenciones, porque si bien mediante el decreto del 2008 se les condonaban a las entidades, los trabajadores sí fueron sujetos de dichos descuentos.
A pesar de tales estímulos fiscales a los que se han hecho acreedores los Estados y Municipios, los avances en materia de educación, salud, seguridad e infraestructura son poco significativos aún siendo estos rubros prioritarios.
Ya lo hizo saber la Auditoria Superior de la Federación (ASF), existe un gran índice de opacidad en la administración de los Estados y los Municipios, no podemos seguir participando de estos hechos, por lo cual es impostergable que se avance en el análisis en materia fiscal y se ofrezcan resultados de cara a la ciudadanía.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: se exhorta respetuosamente y en pleno respeto a la división de poderes al gobierno federal, para que a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y a la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, instalen una mesa de trabajo para analizar los resultados y metas alcanzadas del “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos” del 5 de Diciembre de 2008, así como los resultados esperados y previstos con la inclusión del último párrafo del artículo 9º de la Ley de Ingresos de la Federación del 2013.
Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un plan urgente para combatir la inseguridad y la ola de violencia que aqueja a diversos estados, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México, y esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales, ya sea entre ellas mismas o con las fuerzas de seguridad estatales y federales, situación grave que aqueja a quienes no tienen la culpa, los ciudadanos, la población en general y quienes tienen que “pagar los platos rotos” de la incapacidad del gobierno para brindar tan demandada seguridad.
Hace días terminamos el sexenio de Felipe Calderón, un sexenio que se destaco, no por un enorme crecimiento económico, ni por ser generador de millones de empleos como lo prometiera el expresidente en su campaña, sino porque ha sido el sexenio más violento en la historia reciente de México, mas de 101 mil muertos, que ubicaron al país como el más violento, por delante de Kirguistán, Haití o Pakistán e incluso, se superaron los más de 100 mil decesos de la guerra de Bosnia, entre los años 1992 y 1995; lamentablemente el panorama que hemos podido apreciar, ante el inició de la nueva administración encabezada por Enrique Peña Nieto, no es muy alentador, ya que la violencia y muerte siguen manifestándose en todo el país, esencialmente en la inseguridad, que vive la población que se ve afectada por el aumento de los delitos, y el auge imparable del narcotráfico que vemos desde el “sexenio del horror” con Calderón.
A lo largo de la República Mexicana continúan siendo noticia, de todos los días, los levantones, ejecuciones, narcofosas y tiroteos. Para todos los ciudadanos esta situación habla de un México con graves problemas de seguridad, ya que las estructuras de protección, inteligencia y justicia se encuentran rebasadas y dañadas. En todas partes se habla del poder del narcotráfico mexicano y sólo el gobierno, dirigido, en este momento, por Enrique Peña Nieto, parece ser indiferente a esta situación y en su responsabilidad para con la población. Dicha administración ha estado muy ocupada demostrando a sus opositores, mediante la promoción de los logros del llamado Pacto por México, que ha conseguido que el país avance por una tersa civilidad política, ya que, que en los primeros cien días del nuevo gobierno, se ha vanagloriado por la detención de líderes sindicales prominentes y reformas en materia educativa, laboral y de telecomunicaciones, pero de la violencia, el narcotráfico y sus consecuencias económicas nada se ha dicho.
Es realmente ofensivo percibir que los medios de comunicación, salvo honrosas, muy honrosas excepciones, se han vuelto ciegos ante la grave inseguridad que sigue viviendo nuestro país, siendo que desde que el nuevo titular del poder ejecutivo asumió el mando, dejamos de saber sobre ejecuciones, enfrentamientos entre cárteles, la aparición de narcofosas, el lavado de dinero, secuestros, entre otros delitos; mismos que ya no existen para los medios de comunicación, aunado a esto, tampoco sabemos nada del hombre que se supone acabaría con esta violencia y ríos de sangre que siguen corriendo por los municipios de nuestro país; el General Naranjo, y a quien con tanto ímpetu se nos presento como el hombre que resolvería dicha situación.
No es ajeno saber que muchos funcionarios, representantes populares y el propio Presidente, siguen embriagados con las mieles del “Pacto por México”, mientras que en cientos de rincones del país la población sufre los embates de la delincuencia. De acuerdo con distintos recuentos, realizados por algunos medios mexicanos, la violencia en el país sigue en aumento; por ejemplo, Milenio informó que sólo en diciembre de 2012 (primer mes de gobierno de EPN) se registraron 982 ejecuciones y en el Estado de México, la lucha entre bandas del crimen organizado, dejó 86 personas muertas en los primeros 27 días del 2013, justo el Estado del cual era Gobernador, el ahora Presidente y que ahora tiene bajo su tutela otro priista, Eruviel Ávila.
Cabe señalar que en el año 2011, el gobierno del Estado de México fue exhibido por la revista inglesa “The Economist”, al declarar que manipulo información sobre homicidios, y ante este escándalo, el mismo ex gobernador Peña tuvo que reconocer en televisión nacional que había ofrecido datos alterados en un su último informe de gobierno, es por ello que no queremos que esta situación vuelva a ocurrir y mucho menos a nivel federal, pretendiendo dar una falsa idea de que el problema de inseguridad se ha resuelto.
Simplemente, en los últimos días, han sido ejecutadas al menos 119 personas en diferentes zonas del país, siendo los estados con más asesinatos: Guerrero con 19, Morelos con 17, Sinaloa con 13, Michoacán con 12, 6 en Tamaulipas, 6 en Chihuahua, 5 en Nuevo León al igual que Jalisco, Veracruz y Sonora, cuatro muertes en el Estado de México y Coahuila, así como Tijuana, el Distrito Federal, Oaxaca y Durango con 3 ejecuciones, Quintana Roo y Zacatecas con 2, y por último, Nayarit y San Luis Potosí con 1. Aunado a estos datos, en los últimos 4 días del mes de marzo se registraron 72 asesinatos, un promedio de 18 ejecuciones al día, mismas que ocurrieron en el país, siendo Sinaloa la entidad con mayor cantidad de decesos con al menos 16, le sigue Chihuahua, con 14; Morelos, con 7; Durango con 6; el Estado de México, con 5 y Guerrero y Jalisco, con 4; cifras absolutamente alarmantes.
Es por ello que a través de diferentes fracciones parlamentarias, de quienes integramos la Cámara de Diputados, se ha manifestado el rechazo al cambio de política de comunicación en materia de seguridad, que ha ejecutado el gobierno federal, ya que busca limitar la difusión de datos para no hacer de este terrible flagelo, como se le ha llamado, una “apología de la violencia”; sin embargo ocultar el problema no es la solución, sino que se debe atacar desde sus orígenes y cumplir todo lo que la anterior administración dejo de hacer para proteger ante todo los derechos e integridad de los ciudadanos, no queremos que Gobierno federal busque determinar o dosificar la información sobre hechos violentos que ocurren en el país, al pretender que así se tiene la percepción de que la situación está mejorando, no podemos pretender esto, siendo que esta situación tan grave debe combatirse firme y eficazmente, a través de nuevas políticas de seguridad y no solo con un doble discurso sobre el tema, sino con un interés serio por dar una mejor realidad a los ciudadanos.
No queremos que México siga siendo el país en el que el narcotráfico, la trata de personas, la pornografía infantil, los casinos ilegales, la venta de inmuebles, joyas, robos a mano armada, asesinatos a plena luz del día, secuestros y otras vías delictivas, encuentran un terreno fértil para desarrollarse.
Por tal motivo, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática hemos denunciado y exigido, en diversas ocasiones, que el gobierno federal tome cartas en el asunto e implemente las acciones necesarias para mitigar los efectos de la violencia e inseguridad que afectan a la población mexicana, sabemos y tenemos el firme compromiso de que México tiene que cambiar y como representantes populares estamos contribuyendo a que esto suceda, por lo que pese a las modificaciones que se hagan a la nueva estrategia de seguridad, estamos convencidos de que la ciudadanía siempre debe estar informada de manera puntual sobre estos hechos, pero sobre todo resguardar la integridad de la población ante tales situaciones, así como respaldar políticas que pongan más énfasis en la prevención del delito y participación ciudadana para su protección.
Desde el Congreso de la Unión hacemos un llamado enérgico al Presidente de la República para que informe puntualmente a la ciudadanía de lo que está ocurriendo en materia de seguridad ya que este es un problema que debe atacarse de fondo y no con discursos demagógicos; demandamos nos anuncien las acciones a realizar para combatir tan alarmante problema, ya que los mexicanos no queremos seguir viviendo en la incertidumbre y la zozobra de que en algún momento pudiese ocurrir algún hecho violento que vulnere la estabilidad de nuestras familias.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, exhorta al presidente de la República, al secretario de Seguridad Publica y al procurador General de la República, para que implementen un plan emergente a efecto de combatir la inseguridad y la fuerte ola de violencia que aqueja a diversos estados del país;
Segundo. Se exhorta al Gobierno de la República, para que de manera inmediata informe a la población sobre las acciones que se han emprendido para garantizar la seguridad en los diversos estados de la República que sufren el flagelo de la violencia, así como evaluar su política de comunicación con respecto a dar a conocer información veraz sobre la situación actual que vive México.
Palacio Legislativo, a 11 de abril de 2013.
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la solución del conflicto de Compañía Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía todas ellas del Gobierno Federal, para que coadyuven en la solución definitiva del conflicto de la Compañía Mexicana de Aviación, en beneficio de los 8,640 empleados, así como de los más de 600 jubilados de la misma empresa. Además de investigar las irregularidades presentadas durante las administraciones, las cuales originaron un desastre económico y de transportación, además de inseguridad laboral en la empresa, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD.
La que suscribe, Claudia Elena Águila Torres, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 apartado 1, fracción II, apartado 2 fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de la siguiente;
Exposición de Motivos
Ayúdenos para sacar a volar la empresa;
Ayúdenos a recuperar nuestra fuente de empleo y tener una pensión segura;
Ayúdenos para que Mexicana vuelva a ser la empresa pionera en la aviación, no permitan que malos administradores destruyan su historia y que a sus trabajadores los dejen sin empleo y sin pensiones;
Ayúdenos para que se transparente la adjudicación, que los inversionistas tengan la oportunidad de expresarse y demostrar que Mexicana si puede volar.
Trabajadores de la empresa Mexicana de Aviación .
Hablar de Mexicana de Aviación, es sinónimo del inicio de esta actividad en el país.
A principios del siglo XX, México se movía a través del ferrocarril, por lo que ante una petición del diario el Universal en 1919, para transportar su periódico entre la capital de la República y las ciudades de Puebla, Pachuca y Toluca, se ve la falta de un marco legal al respecto y la necesidad de legislar sobre esta materia.
Mediante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas El Presidente, Adolfo de la Huerta, crea el 20 de septiembre de 1920 la Mesa de Navegación Aérea, así como su reglamento, ese mismo año en octubre, también se construyeron las “Bases para el establecimiento de líneas aéreas de navegación de servicio público”, que normaban la actividad aérea comercial en la República Mexicana.
Con el Presidente Álvaro Obregón, en 1921, se inicia a su decir el inexorable camino de la modernidad, donde la “Sección Técnica de Navegación Aérea” fue la base para el surgimiento de esta actividad. Se emitió la convocatoria el 31 de marzo en el Diario Oficial para el establecimiento de un servicio aéreo diario, entre México, D.F. y Tampico, Tamaulipas, transportando pasajeros y correspondencia.
De esta forma la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, otorgó el 12 de julio de 1921, la primera concesión de un Servicio de Transportación Aérea, a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea , S. L., a: Lody A. Winship, Elmer Hammond y Harry J. Lawson, residentes en Tampico para prestar el servicio de pasajeros, correo y carga, por avión, en la ruta México-Tampico-Matamoros y México-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.
Es aquí donde nace Mexicana de Aviación la primera línea aérea del país y la cuarta más antigua del mundo.
Con la firma, el 1 de noviembre de 1926, en Madrid y la ratificación del Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea en el año de 1928 se le dio el impulso definitivo al desarrollo de la Aviación Comercial en México; además se firmó el Convenio sobre Aviación Comercial de La Habana. Además el 1° de julio, la Sección Técnica de Navegación Aérea se transformó en el Departamento de Aeronáutica Civil, y en este mismo año se iniciaron las obras del que hoy conocemos como Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
A la par de las acciones del Gobierno para impulsar la Aviación Comercial, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, se transforma y diversifica, en 1924 se convierte en la Compañía Mexicana de Aviación S.A.
A partir de este hecho la empresa realizo fusiones que favorecieron su crecimiento e internacionalización, en los años 30 inicio servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica y Cuba, así como a la ciudad de Los Ángeles, California.
La modernidad entra a la transportación aérea con nuevos aviones con los mayores avances de seguridad y tecnología, como el piloto automático, se incorporaron aviones que contaba con bimotor.
En 1950, crea la Escuela para Sobrecargos cuya función principal es desarrollar habilidades para el manejo y control de situaciones de emergencia.
Mexicana de aviación enfrenta en los años 60, la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, algo positivo que le permite realizar cambios en su administración y nuevas estrategias comerciales, lo que conlleva el desarrollo de las compañías aéreas latinoamericanas.
En 1968 Mexicana en una empresa con capital y con inversionistas mexicanos.
La historia de la transportación de Mexicana de Aviación habla por sí misma, en los años setenta fue considerada como la primera Línea Aérea de Latinoamérica, transportó más de tres millones de pasajeros en un año, en 2003 supera la cifra de ocho millones de pasajeros anuales en sus 800 destinos, en 2009, el grupo de aerolíneas de Mexicana de Aviación, traslado a más de 11 millones de pasajeros, 6.6 millones en rutas domésticas y 4.5 millones en rutas internacionales, en su mayoría a Estados Unidos de América con una flota de aproximadamente 110 aviones.
Este hecho habla por sí mismo de la fortaleza de la empresa y de la entrega de sus trabajadores, sin embargo la administración de la misma ha dejado mucho que desear, en 1982 el gobierno compró 54% de las acciones de la empresa, iniciando una época de operaciones con capital mixto.
Sin embargo, ante el regreso de Mexicana de aviación en los años noventa, a la iniciativa privada con el Grupo Falcón, inicia una campaña de transformación de imagen y adquisición de equipos, pero también de vaivenes producto de la crisis económica, en ella intervienen empresas como Cintra e instituciones como Bancos y el IPAB.
Las nuevos retos hacen que la Aerolínea realice alianzas con empresas para atender al mercado ya sea con United Airlines y Lufthansa, Western Unión en Estados Unidos y Canadá, además de MasterCard Internacional.
La última administración de la Compañía Mexicana de Aviación se gestó el 16 de diciembre de 2005, por Gastón Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien se convirtió en propietario del 100% de los títulos de la empresa y en diciembre de 2009 crea la sociedad Nuevo Grupo Aeronáutico.
La falta de experiencia en la Aeronáutica por parte de los administradores de la Compañía Mexicana de Aviación, la llevó a la ruina y junto a ella a los 8,640 empleados, así como a los jubilados de la misma empresa, el 28 de agosto de 2010.
A más de dos años de suspender operaciones la Compañía Mexicana de Aviación persisten las dudas en el manejo de los activos de la empresa por parte de sus administradores, así como la incertidumbre de los trabajadores de conservar su fuente de empleo, por lo que será fundamental:
1. Encontrar una alternativa para resolver la problemática de la compañía Mexicana de Aviación y de la misma forma atender a sus trabajadores que han hecho grandes sacrificios, como el ver reducido sus percepciones salariales y sus prestaciones estando en activo, se debe mantener volando a esta empresa que es pionera y emblemática de esta actividad en nuestro país.
2. Retomar las Palabras del entonces Candidato Enrique peña Nieto, hoy titular del Ejecutivo Federal “Me parece que es una empresa emblemática de nuestro país que debe llevar a que el gobierno resuelva el problema y que debe ser una empresa que se mantenga, yo estoy a favor de que tenga presencia y siga operando”. Para sumarla a las exigencias de solución.
3. Que se detallen los mecanismos financieros que permitan agilizar la inversión en la aerolínea para estimular la compra y capitalización de la empresa y sus filiales, garantizando en todo momento los derechos de los 8,640 empleados activos y jubilados (de los activos ya 30 fallecieron).
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Titular del Gobierno Federal Lic. Enrique Peña Nieto para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga en el conflicto de mexicana de aviación que afecta a uno de los ejes de transportación básicos para la nación, además de ensombrecer el panorama de las más 8,640 familias que dependen de los empleos directos sin contar los indirectos que genera esta empresa.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes todas de la administración pública federal, para que realicen una investigación para transparentar los Fideicomisos a favor de los trabajadores y que estos no sean desviados o desaparecidos, además de investigar a los administraciones que precedieron a la quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación, así como a los funcionarios en turno que estuvieron involucrados, para fincar y deslindar responsabilidades.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía todas de la administración pública federal para que en el ámbito de su competencia abran una mesa de diálogo, integrada por todas las partes involucradas, para que se facilite la expresión de todos los inversionistas interesados en la Compañía Mexicana de Aviación y que la mejor de las opciones sea considerada para que la empresa pueda volver a volar”, además de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2013.
Diputada Claudia Elena Águila Torres (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el aprovechamiento sustentable del agua como estrategia de seguridad nacional, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado federal Javier Orihuela García y los que suscriben, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguiente
Exposición de Motivos
No hay futuro posible, si no tenemos un presente viable y en materia del recurso agua, sin duda es condición de seguridad nacional, ya que éste recurso es condición de vida para todo organismo vivo en nuestro planeta, por supuesto que para los humanos también.
Recientemente la gestión de este recurso en nuestro país, se transforma en un reto para el crecimiento y bienestar de la población y en muchas regiones de nuestro territorio ya enfrenta una situación crítica, ya que más de la mitad de nuestros recursos hídricos se encuentran utilizados por encima de sus tolerancias ambientales, producto de la sobrexplotación, acentuada por los efectos negativos del cambio climático natural y de origen antropogénico, que reta sin duda la viabilidad de nuestra sociedad, no solamente en el futuro inmediato, sino en el presente de muchas de nuestras regiones hídricas y de la población y recursos naturales bióticos emplazados en nuestro territorio.
Nuestro país presenta condiciones territoriales y ambientales que condicionan la disponibilidad natural del recurso hídrico, creando regiones de abundancia o escases relativas y por lo mismo, de disponibilidad de agua distintas a lo largo y ancho de nuestro país, destacando que de las 37 regiones hídricas en las que se puede integrar nuestro territorio en tres de ellas: Lerma-Chapala; aguas del valle de México y el Río Bravo o Grande se concentra poco más del 50 por ciento de la Población y de la actividad económica de nuestro país, creando una ocupación de nuestro territorio altamente concentrada
Esta concentración se asocia en relación directa a los recursos hídricos sobreexplotados, si incluimos la región hídrica del Balsas alcanzamos más del 60 por ciento de nuestra población y actividad económica creando un esquema de la población y actividad económica extremadamente concentrado que se traduce en una presión regional excesiva de los recursos hídricos en donde se emplaza.
Si a ello le sumamos que en relación a los servicios ambientales asociados con el territorio integrado por regiones hídricas, podemos observar que de manera sistemática hemos trasformado las zonas de cabecera, recarga, traslado, embalse y emisión de todas nuestras principales cuencas de manera intencional y deliberada y en muchos caso de manera inconsciente, pero que tienen un efecto sistemático de deterioro eco-sistémico de los ciclos superficiales y subterráneos del recurso agua en nuestro territorio .
Ejemplos hay muchos, en la cuenca Texcoco-Zumpango en donde hemos poblado y seguimos poblando las zonas de embalse de los antiguos lagos de Texcoco, Chalco, Zumpango y pavimentando las zonas de recarga de los acuíferos, represando los causes de traslado, urbanizando las zonas de embalse y recarga y con ello profundizando su deterioro y favoreciendo su potencial extinción, privilegiando la importación del recurso de otras regiones hídricas y trasladando los impactos ambientales negativos y económicos de nuestra falda de visión y planeación a otras regiones.
En el mismo sentido, actualmente el deterioro de nuestra condición hídrica es muy importante, al grado que por condiciones antropogénicas hemos redefinido sus características naturales de algunas de ellas: recientemente la RH Lerma Chapala de ser naturalmente una región hídrica que drenaba al pacifico a través del río Santiago , hoy en día artificialmente es una cuenca endorreica ya que su flujo hídrico en los años recientes no fluye al océano pacífico transformándose en una región hídrica endorreica por abatimiento y alteración de su flujo de agua natural.
Si a ello le agregamos que de las 37 RH, cuatro de ellas son endorreicas y se encuentran emplazadas en la biogeoregión neártica: Nazas Aguanaval; el Salado; cuencas cerradas del norte Casas Grandes y Mapimí, en donde se emplaza que presentan restricciones naturales para su aprovechamiento.
Sin lugar a dudas, sino transformamos la forma en que aprovechamos nuestros recursos naturales y la forma en que ocupamos nuestro territorio difícilmente podremos contener el deterioro de nuestros ecosistemas y nuestras regiones hídrica.
Fundamentos
El aprovechamiento sustentable tiene el objetivo de garantizar la conservación de las aguas tantos superficiales como subterráneas, a fin de satisfacer las necesidades humanas de las comunidades actuales y, preservar su existencia para las generaciones futuras.
Garantizar la permanencia del recurso implica un aprovechamiento que respete las tolerancias naturales, es decir, la capacidad de resistencia entendida como la capacidad del sistema hídrico de soportar la utilización del recurso sin que pierda su funcionalidad, y resiliencia que se entiende como la capacidad de restablecer su equilibrio posterior a una perturbación garantizando la conservación del balance hídrico natural.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a
Primero. Establecer como una estrategia de seguridad nacional el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos hídricos
Segundo. Que el PND 2013-2018 se considere la planeación por región hídrica o por cuenca.
Tercero. Que todos los proyectos que se evalúen para su ejecución, consideren el emplazamiento hídrico como una condición necesaria para su aprobación.
Cuarto. Que exista una estrategia nacional para garantizar la permanencia y conservación de los servicios ambientales asociados al los ciclos superficiales y subterráneas del agua en nuestro territorio con planes de ordenamiento territorial regional sustentable con enfoque de región hídrica.
Quinto. Garantizar de manera sustentable el derecho humano al agua logrando una cobertura universal de nuestra población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputado Javier Orihuela García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cambiar la denominación del Espacio Conmemorativo y Monumento Estela de Luz por “Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz”, y transformar en Centro de la Memoria y de la Paz el de Cultura Digital Estela de Luz, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el trámite de urgente u obvia resolución, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
La Estela de Luz es el resultado de un proyecto multidisciplinario elegido dentro del concurso para constituir un monumento que conmemorara el bicentenario de la Independencia Mexicana y el centenario de la Revolución Mexicana; idea que, inicialmente, fue controvertida por múltiples especialistas en arte, historia y arquitectura.
La Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana estableció en la convocatoria que el proyecto ganador concluiría su construcción en septiembre de 2010, y sería inaugurado el 15 de ese mes en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, en la emblemática avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
De igual forma, cabe mencionar que en ningún lugar de la convocatoria se mencionaba la construcción de una Estela de Luz, por lo que el proyecto fue socialmente conocido como “Arco del Bicentenario” o “Arco Bicentenario”. A partir del anuncio del proyecto ganador, el gobierno federal se refirió a la obra como “Estela de Luz”, como llamó el arquitecto Pérez Becerril al elemento vertical del proyecto original que comprendía además una plaza cubierta, un espacio público con fuentes y jardines de 2 mil metros cuadrados que unirían el Altar a la Patria, la plaza de la Secretaría de Salud, la Torre Mayor y el Parque Ariel, así como sala de exhibiciones subterránea.
No obstante, múltiples errores y actos de negligencia por parte de autoridades y particulares motivaron que la obra se concluyera hasta diciembre de 2011 y fuera inaugurada el 7 de enero de 2012, con lo que el proyecto se vació de significado. A la entrega tardía de la obra se suma un costo exorbitante de más de 1,050 millones de pesos, cifra que resulta casi el cuádruple del presupuesto original de alrededor de 280 millones de pesos y que implicó una serie irregularidades detectadas en la adjudicación directa a la constructora.
De tal forma, el monumento Estela de Luz enfrentó graves cuestionamientos de la sociedad y de los actores políticos. En vez de cumplir con la intención inicial de celebrar los procesos históricos y fortalecer la identidad, la construcción ha sido renombrada popularmente de múltiples maneras que aluden a la corrupción, a la impunidad, al desaseo y a su semejanza con una galleta.
Como sostiene la petición firmada por defensores de derechos humanos, escritores, artistas y personalidades, con fecha 2 de abril de 2013: “Lejos de ser un referente legítimo de la identidad compartida y de los anhelos de justicia social que la fecha de 2010 evocó, ha sido motivo de burla, escarnio y humillación, una afrenta en el rostro de la patria que hay que lavar resignificándola”.
El ex titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, declaró que la Estela de Luz sería un emblema de la nueva era para México, donde florecería una nación más segura, justa y próspera. Sin embargo, esa nueva era no ha llegado, pues la injusticia, inseguridad e impunidad permean nuestra sociedad, lo que se refleja en un monumento sin significado político y carente de reconocimiento ciudadano.
Los procesos de verdad histórica comprometen al Estado con la sociedad civil y requieren de una colaboración permanente entre ambos a fin de que el reconocimiento de los hechos, las víctimas y los culpables evolucione a un proceso social, colectivo, por una paz real y duradera.
Es por todo lo anteriormente descrito que hacemos nuestra la propuesta generada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que fue entregada al titular del Poder Ejecutivo el 9 de enero de 2013, para transformar el nombre, la función y el significado del complejo arquitectónico de la Estela de luz.
Estamos plenamente convencidos que saldar el pendiente con la historia requiere de la verdad y la reconciliación, por lo que muchas naciones han instituido comisiones de la verdad para investigar, clarificar, reinterpretar e incluso sancionar los hechos históricos en el ámbito público. En países como Chile, Argentina, Guatemala y Perú se han inaugurado placas, cédulas, esculturas, instalaciones, obras de arte, parques, museos, galerías, monumentos, que sobrecogen a cada visitante desde el primer contacto sensorial. Por los acontecimientos de los últimos años, que significaron la muerte de varias decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas, México debe iniciar un proceso de memoria retomando las experiencias de naciones hermanas.
En nuestro continente, los conflictos armados internos y gobiernos autoritarios que han derivado procesos de paz, tienen un componente de justicia, tanto para los responsables de violaciones como para las víctimas de la violencia, pero también se han fundado en el pilar de recuperación de la memoria histórica.
Desde sus inicios, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que conjuntó a movimientos, organizaciones y víctimas de la violencia en la administración de Felipe Calderón, emprendió múltiples acciones de memoria, como la colocación de siete placas en el Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos, por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras víctimas, o bien la placa de Marisela Escobedo en Chihuahua, en el marco de la Caravana del Consuelo.
Es necesaria una decisión de Estado a partir del planteamiento de la sociedad civil, para que a la vez de renombrar logre resignificar la Estela de Luz. Con su altura y su luz en un lugar destacado de la capital, la Estela de Paz se convertiría en un símbolo público que reconozca y recuerde con dignidad a todas las víctimas de la violencia de nuestra nación, como ha manifestado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en varias movilizaciones y actos en dicho monumento.
Consideramos que el memorial inaugurado en las cercanías del Campo Marte no cumple con la legitimidad entre la sociedad civil ni con las características necesarias para recordar y detener el flagelo de la violencia que incluye también la “guerra sucia”, la represión contra activistas y personas que han sido consideradas simples “daños colaterales”.
Cabe mencionar que el 16 de septiembre de 2012 fue inaugurado el Centro de Cultura Digital Estela de Luz, un espacio para actividades artísticas que se ubica debajo al monumento. Consideramos que el Centro cultural debe mantener sus objetivos de difusión, educación, producción y contacto cultural, pero a la vez debe desarrollar actividades como centro para la cultura de la paz y derechos humanos, por su vinculación directa con el monumento y por la posibilidad de que esta interacción detone un proceso social de paz y de justicia, en atención a una de las obligaciones constitucionales del Estado para promover los derechos humanos.
Estamos conscientes que la emergencia nacional amerita un sinnúmero de medidas legislativas y políticas públicas que destierren la impunidad y frenen la violencia. Con este acto singular, es posible que en memoria de las víctimas se haga un firme compromiso para que los lamentables hechos y los inocultables fenómenos que hoy nos ocupan no se repitan más.
Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a fin de que en el ámbito de sus atribuciones modifique la denominación del “espacio conmemorativo y monumento Estela de Luz” por la de “Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz”, y ponga en marcha con la brevedad los procedimientos administrativos necesarios para transformar el “Centro de Cultura Digital Estela de Luz” en “Centro de la Memoria y de la Paz”.
Segundo. Para efectos del resolutivo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a convocar conjuntamente a una mesa de trabajo con los movimientos y organizaciones de víctimas para instalar un consejo directivo ciudadano para el diseño y la aprobación de los lineamientos generales para la creación y operación del espacio cultural “Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz” y el “Centro de la Memoria y de la Paz”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputados: Margarita Elena Tapia Fonllem, Alfa Eliana González Magallanes, José Luis Muñoz Soria, Víctor Reymundo Nájera Medina, Loretta Ortiz Ahlf, Crystal Tovar Aragón, Joaquín Navarrete Contreras, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, Luisa María Alcalde Luján, Teresita Borge Pasos, Trinidad Morales Vargas, Socorro Ceseñas Chapa, Zuleyma Huidobro González, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Lilia Aguilar Gil, Miguel Alonso Raya, Silvano Aureoles Conejo, Roberto López Suárez, Carla Reyes Montiel, Arturo Cruz Ramírez, Teresa Mojica Morga, Jhonatan Jardines Fraire, Alejandro Carbajal González, José Arturo López Cándido, María del Carmen Martínez Santillán, Jaime Bonilla Valdez, José Benavides Castañeda, Ricardo Cantú Garza, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Alliet Mariana Bautista Bravo, Marino Miranda Salgado, Guadalupe Flores Salazar, Julisa Mejía Guardado, Roxana Luna Porquillo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Conagua que haga del conocimiento público por qué se incrementó el monto y reprogramó el periodo de ejecución del contrato para construir el túnel emisor oriente, a cargo del diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
Que la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) tiene como finalidad desalojar aguas residuales y pluviales y operar de manera alterna con el Túnel Emisor Central (TEC) en las temporadas de estiaje (en una temporada operaría un túnel y en la siguiente el otro), a fin de inspeccionar y dar mantenimiento a ambas estructuras con objeto de conservar en condiciones óptimas de operación el sistema de drenaje profundo y mitigar el riesgo de falla que prevalece en la actualidad sobre el TEC.
Que como meta física, el TEO tendrá 7.0 metros de diámetro, una longitud aproximada de 62.3 kilómetros, una capacidad de desalojo de hasta 150.0 metros cúbicos por segundo (m³/s) y un tiempo estimado originalmente de construcción de cuatro años conforme al periodo del contrato original.
Que el contrato de obras públicas mixto número SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD que tiene por objeto la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción del TEO en el Distrito Federal y el estado de México, dentro de la cuenca del Valle de México y el estado de Hidalgo; fue adjudicado directamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea, SA de CV, con la participación conjunta y solidaria de las personas Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, Carso Infraestructura y Construcción, SAB de CV, Construcciones y Trituraciones, SA de CV, Constructora Estrella, SA de CV, y Lombardo Construcciones, SA de CV, por un monto de 9 mil 595 millones 580.5 pesos y un periodo de ejecución del 14 de noviembre de 2008 al 15 de septiembre de 2012 (mil 402 días naturales).
Que el 5 de julio de 2011, la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron un convenio adicional para incrementar el monto en 4 mil 207 millones 935.9 pesos y reprogramar el periodo de ejecución de los trabajos en 763 días naturales, por lo que su fecha de conclusión se modificó del 15 de septiembre de 2012 al 17 de octubre de 2014, debido a que durante la ejecución de la obra fue necesario realizar trabajos adicionales.
Que el contrato de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado número SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD tiene por objeto realizar la supervisión técnica y administrativa, el control de calidad del proyecto ejecutivo y de la construcción del Túnel Emisor Oriente; fue adjudicado directamente por conducto de la Conagua a Dirac, SA de CV, y empresas asociadas, Lumbreras y Túneles, SA de CV, y Consultoría Integral de Ingeniería, SA de CV, con un monto de 651 millones 401 mil 4 pesos, y un periodo de ejecución del 11 de diciembre de 2008 al 10 de diciembre de 2012 (mil 461 días naturales).
Que el 30 de septiembre de 2011, la entidad fiscalizada, Dirac SA de CV, y las empresas asociadas formalizaron un convenio adicional para incrementar el monto en 382 millones 091 mil pesos y reprogramar el periodo de supervisión de los trabajos en 751 días naturales, por lo que su fecha de terminación se modificó del 10 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014. En 2011 se ejercieron 229 millones 964.2 pesos.
Que el pasado 7 de abril de 2013, senadores, diputados federales y locales del Distrito Federal, acusaron irregularidades en el costo y desarrollo del Túnel Emisor Oriente, lo que pone en riesgo a la ciudad ante la próxima temporada de lluvias.
Que tales irregularidades en la obra han registrado modificaciones presupuestales en su costo original, cuyo monto era de 9 mil 595 millones de pesos para su ejecución del 14 de noviembre de 2008 al 15 de septiembre de 2012.
Que lo anterior de acuerdo al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-16B00-04-0374 - DE-108, el 5 de julio de 2011, la entidad fiscalizada (Comisión Nacional del Agua) y la contratista (Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea SA de CV), formalizaron un convenio adicional para incrementar el monto en 4 mil 207 millones 935.9 pesos y reprogramar el periodo de ejecución de los trabajos en 763 días naturales, por lo que su fecha de conclusión se modificó del 15 de septiembre de 2012 al 17 de octubre de 2014, debido a que durante la ejecución de la obra fue necesario realizar trabajos adicionales.
Que extraoficialmente la Conagua ha dicho que el costo final de la obra será de 19 mil 500 millones de pesos, lo que significaría un sobrecosto de más de 100 por ciento. De acuerdo a la cifra original.
Por las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto, propone los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
Primero. Se solicita a la Comisión Nacional del Agua, haga del conocimiento de la opinión pública los motivos por los que el contrato para la construcción del Túnel Emisor Oriente incrementó su monto en 4 mil 207 millones 935.9 pesos y se reprogramó el periodo de ejecución de los trabajos en 763 días naturales, por lo que su fecha de conclusión se modificó del 15 de septiembre de 2012 al 17 de octubre de 2014. Así como aclarar si la obra erogará un costo total de 19 mil 500 millones de pesos aproximadamente.
Segundo . Se solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua haga público el porqué la entidad fiscalizada, Dirac, SA de CV, y las empresas asociadas formalizaron un convenio adicional para incrementar el monto del contrato para la supervisión técnica y administrativa, el control de calidad del proyecto ejecutivo y de la construcción del Túnel Emisor Oriente en 382 millones 091 mil pesos y reprogramar el periodo de supervisión de los trabajos en 751 días naturales, por lo que su fecha de terminación se modificó del 10 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a terminar los trabajos de construcción del Túnel Emisor Oriente a la brevedad, ante la necesidad de evitar riesgos de inundaciones en la ciudad y zona colindante del estado de México durante la próxima temporada de lluvias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público por el director general de la CFE los efectos sociales, económicos y ambientales del Proyecto Integral Morelos, en perjuicio de los pobladores de ese estado, de Puebla y de Tlaxcala, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Proyecto Integral Morelos (PIM) consistente en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como infraestructura complementaria. Este PIM fue concesionado a tres empresas españolas: Elecnor y Enagas, para la construcción del gasoducto, y Abengoa para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas.
De acuerdo con la carpeta del Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos”, emitida por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y Subdirección de Desarrollo de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en julio de 2011. El PIM consiste en:
• Dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios cada una que consumen gas natural como energético.
• Un ducto para transportar el gas desde los ductos de Pemex, al sitio de las centrales, de 150 kilómetros y diámetro de 30 pulgadas, en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
• Línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación Yautepec.
• Y un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla con longitud de 10 kilómetros.
• La inversión total es cercana a los mil 600 millones de dólares.
Aunque son tres estados mexicanos que se ven afectados por el Proyecto Integral Morelos, cada uno ha vivido el proyecto de diferente manera, aunque en todos ha permeado la imposición y la amenaza. El ejemplo máximo que este proyecto enfrenta ahora es la imposición de las dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado en la comunidad de Huexca, Morelos, mientras que en el estado de Tlaxcala, la problemática ocasionada tiene que ver con la trayectoria del gasoducto, ya que esta instalación atraviesa terrenos ejidales y zonas habitacionales densamente pobladas.
En ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra, que se inició en mayo de 2011. Asimismo, ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comunicaron a la población en general los detalles del proyecto, del mismo modo que omitieron informar a los organismos estatales o municipales de protección civil, los riesgos que la construcción de esta obra implica, así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas metano diariamente a menos de 2 metros de profundidad.
Es evidente que el Proyecto Integral Morelos ha causado un descontento social de grandes magnitudes, pues ha experimentado momentos de represión y criminalización de los pobladores afectados mediante la incursión de la policía estatal y federal en la comunidad de Huexca, además del incumplimiento de acuerdos y omisiones graves por parte de la Comisión Federal de Electricidad como el gobierno del estado de Morelos, con lo cual lastiman a la comunidad en su integridad más básica.
El PIM cuenta con dos manifestaciones de impacto ambiental, una correspondiente al gasoducto con clave 21PU2011G0009, y otra correspondiente a la construcción de las dos centrales termoeléctricas y acueducto de 10 kilómetros: 17MO2011E0001, las cuales adolecen de contradicciones, omisiones y faltas administrativas que deslegitiman un trabajo objetivo y serio por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para evaluar los impactos del proyecto.
En el caso de la MIA 21PU2011G0009 correspondiente al gasoducto, la Semarnat consultó al Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred), sobre la viabilidad del proyecto, ya que se encuentra dentro de la zona de riesgo volcánico del volcán Popocatepetl, ante lo cual el Cenapred contestó que el proyecto era inviable en esta zona, justamente porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo, considerando inviable la construcción del gasoducto.
Los planes de ordenamiento territorial de la zona de los volcanes que fueron consultados desde las comunidades y con la participación de las diferentes representaciones gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal, dando lugar al Programa de Ordenamiento Territorial del Volcán Popocatépetl, no han sido respetados, pues se dictamina que los proyectos no deben modificar el uso suelo o impulsar políticas que promuevan el crecimiento poblacional, sino se debe recuperar y preservar primordialmente los recursos naturales.
Respecto a las normas de seguridad del gasoducto, los folletos entregados por la CFE a las diversas poblaciones en los tres estados da testimonio de que para la seguridad de la población, las válvulas de seccionamiento se encontrarán a 4 kilómetros una de otra. Sin embargo, en caso de fuga y explosión, un tramo del gasoducto aislado en 4 kilómetros equivaldría a más de 2 millones de litros de gas natural, lo cual es una suma bastante considerable que implica comprender mayores medidas de seguridad. No obstante, el trazo del gasoducto se encuentra a 50 y 200 metros de los centros de población.
Cabe señalar que, la viabilidad del Proyecto 264 CC Centro debió haber sido analizado, consultado y aprobado por el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Sin embargo dicho proceso fue omitido por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Existen elementos para considerar que la termoeléctrica producirá contaminación, la cual incidirá en el aire, el agua y por consiguiente la tierra. La MIA en su página 71, describe las consecuencias ambientales que traerá el proyecto, específicamente la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera y la contaminación del agua por los procesos químicos que empleará la termoeléctrica con las torres de enfriamiento: gas cloro, ácido sulfúrico, etcétera. Sin embargo dicha descripción es fragmentada e incompleta.
Se hace importante conocer cuál es la necesidad que implica la construcción del Proyecto Morelos para la producción de energía, tomando en cuenta que los estándares internacionales es recomendable el exceso de producción de energía en un Margen de Reserva de 18 por ciento, en México, el Margen de Reserva es de 50 por ciento, según la Cuenta Pública 2009 y 2010 de la Auditoría Superior de la Federación. Aunado a eso se debe considerar que la política energética en México está desmantelando la producción de energía eléctrica nacional, y otorgando concesiones que le resultan más caras al país, que obligan al estado a pagar la sobreproducción de energía a empresas transnacionales. La entrada de los proyectos termoeléctricos producidos a base de gas natural, implica directamente la administración y comercialización del gas natural a través de la concesión eléctrica, lo cual abre un nuevo mercado, sobrepasando la CFE sus competencias en materia de política y administración energética, y que no corresponden a ser administradas por la Comisión Federal de la Electricidad, sino por Petróleos Mexicanos.
Tomando en cuenta lo anterior, el PIM tiene mayor relación con un proyecto de industrialización en la región que no beneficiará a la población y, por el contrario, hasta el momento, ha traído como consecuencia la violación al derecho de los pueblos campesinos de la región. Asimismo, que el PIM implica diversos riesgos por encontrarse en Zona de Riesgo del Volcán Popocatépetl; manejo de sustancias altamente riesgosas como el gas cloro y gas metano; contaminación del agua y aire; provocación de lluvia ácida y efecto invernadero, entre otras cosas.
En mérito de lo expuesto, la suscrita diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, para que instruya al director general de la Comisión Federal de Electricidad para hacer del conocimiento público los impactos sociales, económicos y medioambientales que implica el Proyecto Integral Morelos, en perjuicio de los pobladores de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en virtud de que se atenta contra la vida y las fuentes de trabajo de los pobladores, así como contra el medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de pobladores de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril 2013.
Diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la CFE y de la PGR a cesar la criminalización y penalización contra usuarios de electricidad por la imposibilidad económica para pagar el servicio, a cargo de la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
El costo para la accesibilidad del servicio público de energía eléctrica en el país ha generado enormes desigualdades sociales, principalmente para las familias más pobres que se ven en la necesidad de escoger entre cubrir las necesidades más elementales o el pago de tarifas a la Comisión Federal de Electricidad.
Gran parte de este problema se debe a la forma en cómo están estructuradas las tarifas eléctricas que poco toman en cuenta la capacidad económica de las familias mexicanas, volviéndose casi impagables y colocándolas en una situación de inseguridad en el disfrute de este servicio público.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2011, los precios de los energéticos y tarifas autorizadas aumentaron 4.68 por ciento ante el fin de los subsidios a la energía eléctrica en 10 ciudades del país; mientras que en el 2012 aumentaron 22.29 por ciento.
En el 2011, la Auditoría Superior de la Federación determinó que debido a los criterios mal aplicados de los subsidios al consumidor por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el daño causado al erario fue de 62 mil 77 millones 626 mil pesos. Asimismo, determinó que la política de subsidios otorgados a las tarifas eléctricas se concentró en la población de mayores ingresos.
Al respecto, la ASF apunta que en las zonas donde habitan personas con mayores ingresos absorbieron el 20.0 por ciento, 13.8 por ciento y el 12.2 por ciento del subsidio, mientras que las más pobres el 5.2 por ciento, 5.7 por ciento y 6.8 por ciento por ciento para un total de 17.7 por ciento, “lo cual no se ajustó al criterio de racionalidad establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”.1
Cabe señalar que, entre los años 2008 a 2010, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, en México hubo un incremento de 48.8 a 52.0 millones de pobres,2 agravándose la situación de extrema pobreza y discriminación entre las comunidades con mayor población indígena, como son Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Es precisamente en estos estados de la república con características de mayor pobreza y carencia de servicios básicos, además de otras regiones que cuentan con características climatológicas particulares, en donde se concentra la mayor cantidad de usuarias y usuarios de la energía eléctrica que se ven imposibilitados de pagar el costo que genera este servicio, sufriendo el corte de la luz, y por ende, la disminución de su calidad de vida.
Lo anterior, ha provocado indignación y resistencia a no pagar la luz, e incluso ha generado que la sociedad civil se organice para exigir la instauración de un sistema tarifario más justo que reconozca el reconocimiento al acceso general a la energía eléctrica sin discriminación.
Uno de los movimientos sociales que se han constituido en torno a esta exigencia es la red nacional de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica, integrada por aproximadamente 32 mil usuarios y usuarias de la CFE a nivel nacional, quienes por falta de asequibilidad económica, han venido denunciando las prácticas irregulares que existen en la Comisión Federal de Electricidad y han resistido en el pago del suministro de la energía eléctrica, lo que ha generado que muchos de sus integrantes se enfrenten a procesos judiciales, además de amenazas y hostigamiento.
Un ejemplo de ello es el caso de los señores Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, quienes en 2008 fueron encarcelados durante once meses tras ser acusados de tomar como rehén a un empleado de la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente, un Tribunal Colegiado determinó su libertad por falta de pruebas y fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional.3
De acuerdo con los integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad visitan las casas de las y los usuarios con el fin de entregarles oficios en donde se les requiere el pago de recibos de cobros desproporcionados e injustificados que oscilan entre los 70 mil pesos, además de amenazarlos con que se iniciarán cargos penales por los delitos contra el consumo y la riqueza nacionales y robo de fluido eléctrico establecidos en el Código penal federal, pretendiendo equiparar al robo la exigencia y lucha por el derecho a una tarifa justa.
Hasta el momento esta Red tiene registrados aproximadamente 43 procesos penales iniciados en contra de usuarias y usuarios de la energía eléctrica en los estados de Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz. De los procesos penales mencionados, son 23 de robo de fluido eléctrico; 2 de delitos contra el consumo y la riqueza nacional; 5 de oposición de que se ejecute una obra o servicio público; 2 ataques contra las vías de comunicación; 1 de amenazas y daño a propiedad ajena; 4 de extorsión; 2 de motín; 3 de privación ilegal de la libertad; y 1 de violencia.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en su Observación General número 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, los Estados parte del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece que “todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado...”, y que los Estados parte tienen la obligación de “adoptar medidas para garantizar que “los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso”.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorte respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a encontrar medidas adecuadas para la realización de los cobros de la energía eléctrica, y que no incluyan la realización de actos lesivos a los derechos de las usuarias y usuarios del servicio público de la energía eléctrica que, por motivos de falta de recursos económicos, se ven imposibilitados de pagar el costo por el suministro de la energía eléctrica.
Segundo. Se exhorte al titular de la Procuraduría General de la República a evitar el inicio de procesos penales en contra los usuarios y usuarias que, por carecer de recursos económicos, se ven imposibilitados para pagar el recibo de luz. Asimismo, que se haga una revisión de los procesos penales en contra de las personas a las cuales se les haya condenado o iniciado una averiguación previa por los delitos mencionados anteriormente, con el fin de instigarlos al pago de la luz o por el hecho de pertenecer a movimientos sociales que exigen el establecimiento de una tarifa eléctrica más justa para sus condiciones socioeconómicas.
Notas
1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subsidios al consumo de la energía eléctrica. Auditoría Especial: 11-0-06100-06-0069.
2 De acuerdo con el estudio La medición de la pobreza en México 2010. Resultados a nivel nacional y por entidad federativa, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
3 Consultar
http://amnistia.org.mx/en/library/asset/AMR41/040/2010/e n/0032df43-d99a-4d5f-afec-31a4c777692c/amr410402010en.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013
Diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales, en particular a los de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, a resolver el conflicto magisterial con base en el respeto, el diálogo y la negociación, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, 31, numeral 2, y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La ley no se negocia, menos la justicia, particularmente cuando muchas veces, en México, éstas no van de la mano.
El viernes 5 de abril, la Policía Federal desalojó a más de 3 mil profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que bloqueaban la Autopista del Sol México-Acapulco, el saldo cinco lesionados y cinco detenidos de parte de los profesores, algunos policías resultaron también lesionados.
La historia ha probado una y otra vez, que la violencia nunca ha resuelto los problemas sociales. De igual forma, conflictos mal manejados, han devenido en agresiones muy serias que incluso han costado vidas, pues los ánimos se enardecen, y quedan fuera de control. Al magisterio, se le ha perseguido y agredido durante muchos años por defender derechos, demandar mejoras en las condiciones laborales, incluso, por defender la gratuidad de la educación, por pelear por mayor presupuesto.
La reforma constitucional en materia educativa, presentada por el Ejecutivo federal, en los hechos podríamos considerarla como preferente, pues en unos cuantos días fue aprobada. La ley prohíbe que las reformas constitucionales se vayan por esta vía rápida, pero no hubo discusión ni participación de todos los sectores involucrados para su aprobación.
Sin embargo, no se hizo así. Quedaron fuera del proceso de aprobación de esta Reforma Educativa los profesores, los padres de familia y los especialistas. Luego, no es de extrañar, que en cuanto ocurre el fast track legislativo y, los sectores involucrados se dan cuenta del tamaño de la agresión que sufren, comiencen las acciones para echar atrás la reforma. Una reforma legal, es más que el formalismo de su aprobación, para serlo en esencia, requiere contar con el aval de los sujetos involucrados en su normativa.
Los profesores no sólo han tomado la calle para manifestar su inconformidad, han interpuesto miles de amparos, por lo que la reforma constitucional está sub júdice, y puede haber cambios en la misma. Destacadamente, respecto a la pretensión de que la evaluación que se aplique a los profesores, defina su permanencia en su empleo, lo cual va en contra de la previsión de la propia reforma constitucional que señala que su aplicación debe hacerse con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación; entre los cuales se encuentra la pervivencia de la tutela de las y los profesores por el apartado B del artículo123 Constitucional, por lo que su estabilidad o permanencia en el trabajo se regula y debe seguirse regulando por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) de Artículo 123 Constitucional. Para no referirnos a otros aspectos, que impactan otros derechos laborales o la tutela de la educación pública.
Cobra decisiva relevancia, que el legislativo federal en la elaboración de la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia educativa, abra ahora sí una amplio diálogo social y no busque de ninguna manera usar una reforma educativa para ante todo obtener dividendos políticos a costa de los derechos individuales y colectivos de los profesores.
En tal virtud, el diálogo debe ser el único camino para atender y resolver el conflicto magisterial, que aunque se ha exacerbado en estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en realidad suma inconformidades a nivel nacional, incluido el Distrito Federal.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos locales, para que no utilicen la fuerza pública como instrumento para resolver el conflicto magisterial que viven y sea el diálogo, basado en el respeto, la negociación y la ley, el instrumento principal para poner fin a este problema.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados a convocar con urgencia a un diálogo profundo y plural con los profesores, los padres de familia, especialistas, autoridades y demás actores involucrados, para la dictaminación de la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 2013, una vez que el Ejecutivo Federal presente la iniciativa de ley respectiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2013.
Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora a observar y hacer respetar el derecho de libre manifestación y asociación de los ciudadanos, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del PRD
La que suscribe integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura del Congreso General, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a esta asamblea proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de Sonora el ciudadano Guillermo Padrés Elías al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Sonora se encuentra inmersa desde principios de año y a partir de la aprobación de la Ley de Ingresos Estatal de 2013, el 13 diciembre de 2012, en un movimiento social derivado del alza de impuestos y del sostenimiento de la tenencia vehicular, en la denominación de Contribución al fortalecimiento municipal, conocido en Sonora como Comun. En la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal del Año 2013; el Ejecutivo de Sonora planteo en su exposición de motivos:
“Entre los aspectos más notables se encuentra la disponibilidad de una vigorosa fuente de ingresos, el Impuesto Especial para el Fortalecimiento de la Infraestructura Municipal, que permitirá subsanar la ausencia del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que ha menoscabado profundamente la base de ingresos locales de las haciendas estatal y municipales. Cabe señalar que se ha sometido a consideración de esa Legislatura el cambio de dominación del citado gravamen por el de Contribución al Fortalecimiento Municipal. “MEDIDAS PARA FORTALECER LOS INGRESOS ESTATALES • Se aplicará la Contribución al Fortalecimiento Municipal, término propuesto para sustituir la contribución aprobada por el Honorable Congreso del Estado, bajo la denominación de Impuesto Especial para el Fortalecimiento de la Infraestructura Municipal. Este gravamen permitirá expandir sustancialmente la capacidad para desarrollar nuevas obras de infraestructura y mejorar las existentes, dentro de los municipios del Estado. Constituirá un importante apoyo para que los ayuntamientos sonorenses puedan dar respuesta a las demandas que deben ser atendidas mediante la ejecución de obras públicas en sus comunidades. Asimismo, permitirá que los propietarios de vehículos contribuyan al mantenimiento, construcción y conservación de la infraestructura pública que se precisa para la circulación de sus vehículos. Este concepto de ingresos públicos permitirá generar una recaudación estimada de 783.6 millones de pesos, por lo que se constituirá en el segundo concepto más importante en la estructura de ingresos estatales, precedido únicamente por el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.”
Por su parte, El movimiento ciudadano que se denomina así mismo como “No más impuestos o Mal nacidos”, por los dichos que se atribuye al gobernador de Sonora en conferencia de prensa de que: “Si tienen una inconformidad con el Gobierno, con los diputados, que nos la hagan saber a nosotros, no tienen por qué castigar a la ciudadanía”, respondió el Gobernador. “Eso no es de un sonorense bien nacido, el querer castigar a Sonora, Sonora no tiene la culpa, no tienen la culpa los aficionados o los visitantes de otra parte si tenemos alguna diferencia”.
Los eventos que se castigarían y a que se refería el Gobernador de Sonora son el Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2013 con sede en Álamos y la Serie del Caribe 2013 a celebrarse en Hermosillo, en los cuales la ciudadanía inconforme se manifestó y fueron exageradamente custodiadas e incluso se les impidió el ejercicio de libre manifestación, por la fuerzas policiacas del Estado y la Federación; en este orden, el movimiento social ha enfrentado persecuciones de índole Federal y Estatal lo que nos dice que las libertades públicas en México y Sonora, como los derechos de asociación y manifestación son, a pesar de ser derechos constitucionales solo discurso hueco de los gobernantes, que solo se usa para jalar mercado electoral, pero no para solucionar los problemas de la población.
En este sentido, la Contribución al Fortalecimiento Municipal, no tiene una razón clara de existir, su recaudación verdaderamente no impacta en el presupuesto de egresos del Estado pues solo representa el 1.8 del total de gasto presupuestado de Sonora, que ronda por encima de los 42 mil millones de pesos lo cual no puede ser tomado como de vida o muerte para el funcionamiento de los servicios públicos, como lo presenta el gobierno de Sonora.
Asimismo, según dichos de la clase gobernante en Sonora, esto es derivado de años y años de malos manejos de la hacienda estatal y municipal, acusando a los gobiernos priistas de malos manejos de la hacienda pública, por lo que los ayuntamientos requieren recursos adicionales para poder funcionar.
Aunado a esto, la Auditoría Superior de la Federación, destaco en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta pública federal para el 2011 que debido a sus altos niveles de endeudamiento Sonora, está en situación de riesgo por la vulnerabilidad y falta de sostenibilidad de sus finanzas para poder pagar empréstitos adquiridos.
Sin embargo, los reclamos crecieron derivado en su momento de las promesas del Gobernador, el ciudadano Guillermo Padrés Elías, de que, de llegar a ganar como lo hizo, los impuestos no subirían en su gobierno, ofrecimiento de la plataforma electoral de campaña, compromiso que no cumplió y que como venimos planteando se le exige su cumplimiento en las manifestaciones de rechazo al alza de impuestos.
Por otra parte, a finales del mes de enero del año en curso, los empresarios de Sonora a través de un manifiesto se sumaron con la ciudadanía inconforme y solicitaron un cambio en la política fiscal del Gobierno de Sonora exponiendo:
“En referencia al incremento del 16 por ciento al impuesto sobre sueldos, los dirigentes señalaron que esta contribución frena la generación de empleo, y que, por el contrario, es necesario exentar a los contribuyentes que estén al corriente para que aporten a la tasa del 2.5 por ciento, tal como en el ejercicio fiscal 2012. Asimismo, cuestionaron el establecimiento del impuesto vehicular conocido como Contribución al Fortalecimiento Municipal (Comun), mismo que generó un desplome de 18 por ciento en la venta de autos nuevos. “Por ello se propone que Sonora se ubique en igualdad de circunstancias que los estados vecinos de Sinaloa, Chihuahua y Baja California, para disminuir el impacto que el incremento del gravamen tiene en la venta de autos nuevos”, indicaron. Los empresarios aseguraron que en Sonora existe la necesidad de una mayor transparencia y claridad de las finanzas públicas estatales “que favorezca la rendición de cuentas en esta administración en sus tres años de Gobierno, evitando incrementos sustanciales en impuestos que dañen la economía de los ciudadanos y de las empresas”. Exhortaron a implementar un programa de austeridad para el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado, el Poder Judicial y los municipios con el objetivo de aumentar el gasto en inversión y disminuir el gasto corriente, con el fin de mejorar la calidad de vida de los sonorenses. El manifiesto fue firmado por la delegación en Sonora de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles; las dirigencias locales de Canacintra en Agua Prieta, Nogales, Hermosillo, San Luís Río Colorado, Obregón y Navojoa.” (Tomado del universal 23 de enero de 2013).
Por su parte, entre los días 28 de enero y 7 de febrero de los corrientes, el Ejecutivo Estatal expidió varios decretos publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, mediante los cuales algunos empresarios se vieron beneficiados por estímulos fiscales, garantizándoles pagar menos en sus obligaciones fiscales con la condición de que no realicen o que se desistan de ser así, de las acciones legales intentadas vía amparo. Parte de los beneficios son los siguientes:
Las unidades de 3.5 toneladas en adelante para autobuses de 15 o más pasajeros, se aplicará un 50 por ciento de descuento en la Contribución al Fortalecimiento Municipal (Comun), Este es en beneficio fiscal de los contribuyentes de Sonora que posean vehículos automotores destinados al transporte de personas, efectos y mercancías de las líneas denominadas camiones, con motor de gasolina, gas o diesel, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, ómnibus, autobuses integrales, minibuses y midibuses. Se establece también un estímulo a la extracción de grava, arena, arcilla, calizas, carbonato de calcio, óxido e hidróxido de calcio, puzolana, sulfato de calcio (yeso), así como los boleos respecto al impuesto sobre la extracción de materiales pétreos, aplicándose una derogación del 100 por ciento en la aplicación de este impuesto para el sector de la construcción. Asimismo, se establece subsidios porcentuales sobre los derechos que se causen por servicios de registro público, siendo de hasta 74 por ciento de descuento en lo que se refiere a créditos mayores de 40 millones de pesos. Se incentiva a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas establecidas en el Estado que hayan generado empleos durante los últimos 12 meses con el programa “Estímulos a la generación de empleos”, otorgando un equivalente al 13.8 por ciento del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal que cause, mismo que vendrá a disminuir el propio gravamen.
El ofrecimiento del Gobierno del Estado de Sonora a los inconformes o movimiento No más impuestos fue un descuento del 5% en el pago y en plazos del Comun, que actualmente sigue vigente.
Hay que destacar también que, en el artículo de Oscar Nicasio Lagunes López, “El marco legal de la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno del Estado de Sonora un estudio exploratorio” publicado en la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública Volumen 5 Número 9 Enero-Junio de 2012, se lee en sus conclusiones que:
“Las leyes vigentes en materia de fiscalización no dejan claro cuál es el proceso de rendición de las cuentas públicas estatales, pues los plazos y las acciones correspondientes de cada una de las dependencias carecen de precisión. Por ejemplo, no existen plazos para que se sancione a las dependencias que no solventen sus observaciones. Por si fuera poco, el actual sistema de contabilidad que se aplica a la administración estatal no toma en cuenta los activos, sino sólo los pasivos. En las dependencias de gobierno del estado de Sonora, no se sabe cuántos autos hay, tampoco se tiene un inventario completo de los bienes inmuebles de cada una de ellas. Existen muchas observaciones de los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas del Estado que quedan sin solventarse y que se van acumulando cada año en los siguientes informes por falta de hacer efectiva la ley, por no aplicarla.”
En principio los dichos del Gobierno del Estado de Sonora, de que el mal manejo de los recursos lo obligan a imponer contribuciones no deben quedar impunes, se debe actuar en consecuencia denunciando ante las autoridades los responsables de los desfalcos a la hacienda estatal y las municipales, que sea el Ministerio Público o el Juez competente el que diga que la acción esta prescrita o no, pero no se puede quedar sin accionar los órganos de procuración de justicia sobre todo que los daños son a las y los sonorenses en el manejo de los recursos públicos, lo cual trae como resultados menos obra social que beneficie al Estado y los municipios de Sonora, dado que toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público de conformidad con los artículos 117 del Código Federal de Procedimientos Penales y 118 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.
Por otra parte, el movimiento no más impuestos o malnacidos, convoco para el día 24 de febrero pasado, a una marcha a palacio de gobierno, de la que da cuenta detalladamente la prensa estatal, fue repelida a golpes, por jóvenes que ocultaban su rostro y provocaron a los manifestantes, que de ninguna manera cayeron en la trampa de responder en su legítima defensa, se reportan varios lesionados de esos hechos, de igual forma fueron agredidos y violentados varios periodistas en la marcha, por hacer su trabajo de información a la sociedad, como en los tiempos más violentos del PRI gobierno.
Sin duda, estos hechos son sumamente graves, nos demuestran que la ciudadanía que se manifiesta pacíficamente, está a merced de intolerantes y gente que está al servicio del poder, que solo busca que su voluntad y sus intereses se imponga, lo cual no se vale. Las y los sonorenses no pueden estar sujeta a actos de violencia provocada por gente embozada, tienen derecho a asociarse y manifestarse, de ser informados, sin que se les coarte su libertades públicas y sin temor a una agresión provocada por halcones y golpeadores sin escrúpulos, como de igual manera la tienen los medios de comunicación de informar a la gente lo que pasa en la sociedad, sin temor a represalias y agresiones.
Para el 14 de marzo del los corrientes el Gobernador del Estado ciudadano Guillermo Padrés Elías, se reunió con el movimiento social de los ciudadanos inconformes con el Comun, lo que puede ser un comienzo de una solución real al problema, pues se establecieron mesas de trabajo, para llegar acuerdos concretos.
En los pasados días 4 y 5 de abril del año en curso en Sonora, han sido detenidos ejidatarios que reclaman derechos sobre el uso de sus tierras por una minera canadiense y choferes del transporte urbano, dado que los concesionarios del servicio mantienen diferencias desde hace tres años con el Gobierno del Estado lo que conflictúa más las relaciones sociedad y gobierno, pues se afecta el funcionamiento del servicio público de transporte.
Sin embargo, pareciera que a los gobernantes se les olvida que la Constitución Federal de la Republica establece en sus artículos 1, 6, 7, y 9 que “Queda prohibida toda discriminación motivada por las opiniones; que La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura; y que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.
México no es una dictadura aunque a algunos se les antoje, el poder público tiene límites y es la Constitución, aquellos que quieran apoyar al gobierno convenzan con palabras no con violencia, que no se use a los que menos tienen para intereses políticos por dadivas que se les ofrecen, lo anteriormente narrado no puede quedar impune, que actúen las autoridades demostrando su vocación de servicio.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo en Sonora, ciudadano Guillermo Padrés Elías, a respetar y hacer respetar el derecho de libre manifestación y asociación de las y los ciudadanos en el estado de Sonora.
Segundo: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo en Sonora ciudadano Guillermo Padrés Elías, a respetar y hacer respetar el derecho de informar que tienen las y los reporteros, periodistas, comunicadores y medios de comunicación en el estado de Sonora.
Tercero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo en Sonora ciudadano Guillermo Padrés Elías, a deslindar las responsabilidades que correspondan por el desfalco a la hacienda estatal y municipal en Sonora que lo obligó al alza de impuestos y la creación de nuevas contribuciones en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013.
Cuarto: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo en Sonora ciudadano Guillermo Padrés Elías, a llegar a un acuerdo con las y los ciudadanos inconformes con la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013, mediante el cual se les dé una propuesta satisfactoria a sus reclamos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de abril de 2013
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a incorporar en el Pacto por México y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia planes, estrategias y acciones específicos dirigidos a la atención de los niños y los adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
No cabe duda de que la niñez en cualquier sociedad del mundo es futuro promisorio, y dentro de la familia es la parte más sensible. En el caso de nuestro país, el estado debe garantizar a las niñas y niños su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, libre de violencia y sin discriminación, para lo cual el Estado debe obligarse desde el contexto institucional en el desarrollo integral de la niñez mexicana a promover acciones desde su nacimiento para su desarrollo físico y psíquico.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
En este mismo sentido, hoy contamos con la reforma constitucional, relativa a los Derechos Humanos, la cual fue publicada el 10 de junio de 2011. Dicha reforma dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De manera que en su artículo 1º, se determina el principio de Convencionalidad, en el sentido de que los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano están en el mismo parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados contemplan lineamientos de carácter vinculante para el Estado mexicano, encontrándose entre ellos: la Convención de los Derechos del Niño, la cual observa una serie de aspectos a los que se ha comprometido a asegurar a la niñez la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.
Por ello, el Estado, al suscribir y ratificar la Convención, se comprometió a adecuar sus leyes y establecer políticas públicas necesarias para proteger el interés superior del niño como una consideración primordial. Para tal efecto, el Estado mexicano se compromete a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y jurisdiccionales apropiadas para proteger a la niñez contra cualquier forma de violencia.
Esta Convención de los Derechos del Niño, establece en sus artículos 1, 2 y 3, lo siguiente:
Artículo 1
Para los efectos de la presenta Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Por lo anterior, resulta incomprensible la ausencia de planteamientos y propuestas que contemplen a un importante grupo poblacional, como son las niñas, niños y adolescentes de México, que no se contemplan en los ejes rectores que están previstos en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como parte fundamental del Pacto por México.
Frente a este problema, entendemos que la situación que guarda la población infantil y adolescente, nos obliga a señalar nuestra más profunda preocupación y rechazo a las frecuentes y anómalas situaciones de discriminación en el goce de sus derechos entre las que resaltan:
• Más de un tercio de la población total: 37%, son niñas, niños y adolescentes.
• 3.6% de la población de 8 a 14 años, no sabe leer ni escribir.
• Uno de cada diez niños (10.7%) de 5 a 17 años forman parte de la población ocupada.
• Los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas, aparecen entre las primeras tres causas de morbilidad hospitalaria a partir de los 5 años de edad.
• La atención de partos es la sexta causa de morbilidad hospitalaria entre la población de 10 a 14 años.
• En 2009 se la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia recibió 48 mil 591 denuncias por maltrato infantil y se atendieron a 41 mil 437 menores.
• 33.6% de los niños menores de 15 años habitan viviendas que presentan una o más carencias materiales, es decir, 10.1 millones de niños(as) viven en esta situación.
Estos datos ilustran la necesidad de formular, reformular y consolidar acciones y estrategias para asegurar la primacía del principio del Interés Superior de la Niñez y la prevalencia de sus derechos sobre los demás.
De ahí la importancia de promover modificaciones legislativas en pro de su protección integral y establecer políticas públicas para su pleno cumplimiento, en armonía con los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado. Disposiciones legislativas y políticas públicas que van a servir de marco para el análisis de la situación de las niñas y niños en relación con los hechos de violencia que los afectan y que vulneran sus derechos.
Así también, reforzar la protección a los niños, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad: migrantes, indígenas, trabajadores, víctimas de violencia en todas sus formas y niños y niñas con discapacidad. Para lo anterior, será necesario estrechar los vínculos entre todos los individuos y organizaciones de la sociedad civil dedicados al trabajo a favor de la infancia y la adolescencia. Y generando sinergias entre los tres órganos de gobierno, a lo largo y ancho del territorio nacional, en coordinación con la academia y el sector social y empresarial para integrar acciones en común en la materia para que las niñas, niños y adolescentes tengan una vida digna y un desarrollo integral que les permita llegar a ser personas felices, responsables e integras.
La importancia de brindar la mayor atención y garantía de derechos a las niñas, niños y adolescentes, estriba en que estamos convencidas y convencidos de que si lo anterior lo implementamos desde sus primeros años de su formación, lograremos construir generaciones nuevas, sensibles al cambio y a la construcción de una nueva cultura de la paz, desarrollada y consciente de su derecho a una vida libre sin violencia y a la no discriminación.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el Pacto por México y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se incorporen programas, estrategias y acciones específicas dirigidas a la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2013.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la detención de ejidatarios de San Antonio de la Huerta, en el municipio de Soyopa, Sonora, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Trinidad Morales Vargas, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
La minería en Sonora comienza con la llegada de las misiones jesuitas alrededor de 1610; la minería propició la fundación de muchos de los principales centros de población del estado, originó directamente la construcción de varios medios de comunicación incluyendo los ferrocarriles, fue generadora de empleo, ocupando en esta actividad a la mayor parte de la fuerza de trabajo de la región e influyó en el desarrollo del resto de las actividades tales como comercio, agricultura, entre otras. Lo anterior resalta la importancia que ha tenido esta actividad económica en Sonora.
La minería en Sonora no solo ha tenido un impacto económico, también lo ha sido en lo social y político. Es sin duda, la Revolución Mexicana el movimiento social que ha producido los más grandes avances en la cobertura educativa, el acceso a la atención médica, en la cultura y en la economía de nuestro país, y fue el estado de Sonora el gran partícipe de esa oleada de cambios revolucionarios de la nación.
Los ideales de la Revolución Mexicana se enraizaron profundamente a la minería sonorense, cuya inversión era principalmente extranjera; las principales inversiones mineras estadounidenses localizadas cerca de la frontera, como Cananea o Nacozari, casi siempre fueron protegidas por los revolucionarios que les cobraban impuestos por producción para financiar al constitucionalismo.
Ante esto, he de señalar el vergonzoso papel histórico que las autoridades están haciendo en contra de ejidatarios y líderes sociales de la comunidad de San Antonio de la Huerta, en el municipio de Soyopa.
La justicia en Sonora se ha vuelto parcial, y peor aún, parcial en contra de los nacionales y a favor de los extranjeros. En San Antonio de la Huerta Soyopa, los ejidatarios se le ha violentado los acuerdos por los cuales habían rentado sus tierras a favor de la empresa Minerales Libertas, SA de CV, por ello los ejidatarios, dueños de las tierras comunales han reclamado con justo derecho, el pago de lo incumplido así como la reestructuración del contrato de arrendamiento.
Pareciera que en Sonora, luchar por lo que es justo se ha vuelto delito, pues lo ocurrido con los ejidatarios y líderes sociales de San Antonio de la Huerta Soyopa no es otra cosa más que un acto más de autoritarismo. Se han detenido a cinco líderes y ejidatarios solo por haberse propuesto la construcción de un ambiente de justicia social, no reclamaban más allá de lo mínimo, solo solicitaban el pago de la renta vencida, así como la reestructuración del contrato de arrendamiento donde pedían:
1. Pago de una renta mensual,
2. Pavimento hidráulico para la comunidad,
3. Reubicación de un pozo de agua potable,
4. Acceso a medios de comunicación,
5. Corresponsabilidad en los derechos de explotación de carbón y oro,
6. Cumplir con las medidas mínimas sobre medio ambiente que estipulan la legislación,
7. Retirar procesos penales instaurados
Contrario a ello, la minera no solo violentó el contrato de arrendamiento al no cumplir con sus obligaciones financieras, sino que cínicamente demandó penalmente a líderes y ejidatarios.
El jueves 4 de abril de 2013, fueron detenidos 40 ejidatarios de la comunidad San Antonio de la Huerta, perteneciente al municipio de Soyopa, por la Policía Estatal Investigadora a causa de un plantón de 20 días en el acceso principal de la Minera. Luego de manifestaciones han sido liberados la mayoría de los ejidatarios, quedando en situación de arraigo 5 de ellos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Sonora, a cesar el hostigamiento a las manifestaciones sociales que se están desarrollando en todo el estado.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al poder Ejecutivo Estatal, así como al Legislativo y Judicial a defender a los nacionales sobre los extranjeros, en la lucha de sus derechos y la construcción de la justicia social.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta se solidariza con los ejidatarios y líderes sociales arraigados de la comunidad San Antonio de la Huerta del municipio de Soyopa.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia a liberar a los presos, que no han cometido otro delito más que el de buscar la justicia social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de abril de 2013
Diputado Trinidad Morales Vargas (rúbrica)