Dictámenes a discusión

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirla y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 16 de octubre de 2012, el diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo en la que solicita se exhorte a los Congresos de las Entidades donde no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación a expedir disposiciones legales encaminadas a prohibirla y desarrollar acciones institucionales para compensar la violación de esa garantía.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo propuesto, en palabras del proponente, es que [...] La Cámara de Diputados –exhorte- respetuosamente a los congresos de las entidades federativas en las que no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, a que expidan las disposiciones legales necesarias, encaminadas a la prohibición de la discriminación y al desarrollo de acciones institucionales para compensar la violación de este derecho, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y los Instrumentos Internacionales en la materia.

Su pretensión la motiva en los antecedentes y las consideraciones siguientes:

I. Antecedentes:

1. El diputado promovente hace alusión a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación –Conapred- enuncia que: “tres de cada 10 personas encuestadas resaltan que sus derechos no han sido respetados por su tono de piel. Seis de cada 10 migrantes, puntualizan que no se respetan sus derechos en México. En cuanto al sufragio, 7.7 por ciento de las mujeres piden permiso para votar. Y cuando se encuestó a los jóvenes se encontró que 35.4 por ciento manifestó que los principales problemas son la falta de oportunidades y empleo. Y dentro de las minorías étnicas, 19.5 por ciento considera que su mayor problema es la discriminación, seguido de la pobreza y el desempleo.”

2. El diputado proponente da cuenta del avance que ha tenido la reglamentación del derecho a la no discriminación en nuestro país y cita la reforma constitucional de 2001 en la que se incluyó la prohibición de la discriminación en el artículo 1º de la Ley Suprema. Asimismo, refiere la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de junio de 2003 y hace alusión a algunos instrumentos internacionales del sistema internacional de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del sistema interamericano, integrado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han sido suscritos y ratificados por el Estado Mexicano en materia de igualdad y no discriminación.

3. El diputado proponente cita también el avance que para la política nacional orientada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación representó “la creación en 2004 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), como órgano del Estado Mexicano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades.”

II. Consideraciones:

1. El diputado Cortés Berumen, citando al Conapred,2 da cuenta que distintas entidades federativas aún no cuentan [...] con una ley que ampare y proteja el derecho a la no discriminación de los habitantes [...].

2. Precisa que “16 entidades federativas no cuentan con una cláusula constitucional antidiscriminatoria [...] trece [...] no han incorporado a su legislación estatal una ley para prevenir y erradicar la discriminación [...] y 18 [...] no han tipificado el delito de no discriminación.”

3. Adicionalmente, relata que es de notarse que “entidades como Baja California, Sinaloa, Sonora y Jalisco” no cuenten con “legislación alguna que garantice el derecho a la no discriminación de sus habitantes.”

Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

I

Este órgano Legislativo desaprueba enérgicamente la comisión de conductas que constituyan acciones u omisiones discriminatorias contra las personas y ante ello destaca la importancia que reviste el impulsar acciones legislativas que coadyuven en la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, así como para promover la igualdad en todas sus vertientes.

La falta de regulación normativa del derecho humano a la igualdad con su correlativa prohibición a la discriminación como su expresión material, contradice los principios constitucionales de no discriminación, máxime a la luz de los recientes avances en materia de derechos humanos que entraron en vigor a partir de junio de 2011.

Quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, estamos ciertos que tales omisiones legislativas no tienen cabida en un Estado Democrático como el mexicano.

II

Como ya ha sido señalado, el punto de acuerdo tiene como finalidad que el Pleno de esta Soberanía exhorte a los Congresos de las Entidades Federativas en los que no se ha legislado sobre el derecho a la no discriminación, para que:

[...] expidan las disposiciones legales necesarias, encaminadas a la prohibición de la discriminación y al desarrollo de acciones institucionales para compensar la violación de este derecho, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y los Instrumentos Internacionales en la materia.

Para dictaminar sobre dicha propuesta se estima conveniente realizar el siguiente análisis:

1. El diputado promovente bien da cuenta de la omisión legislativa en la que han incurrido diversas legislaturas locales al precisar cuáles son los congresos que no han incorporado en su legislación la cláusula antidiscriminatoria; que otros no han expedido un cuerpo normativo en materia de prevención y eliminación de la discriminación; cuales no han tipificado en sus códigos sustantivos penales el delito de discriminación, y que otros no han emitido disposición alguna referente a este derecho humano.

2. En virtud de que el proponente identifica los distintos tipos de omisión legislativa en los que han incurrido los Congresos Locales y en consecuencia su propuesta la plantea en el sentido de exhortar a dichas legislaturas para que expidan las disposiciones legales necesarias, así como para que desarrollen las acciones institucionales que compensen la violación de este derecho, cabe manifestar lo siguiente:

La Constitución Política establece en su artículo 1º, párrafos tercero y quinto:

“Artículo 1. (...)

(...)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 2 tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Con fundamento en lo anterior, esta Dictaminadora coincide en que esta Soberanía realice un respetuoso exhorto a los Congresos Locales que no han legislado sobre el derecho a la no discriminación para que expidan las disposiciones legales que reglamenten dicha prerrogativa. Asimismo, propone hacer extensivo el exhorto a las legislaturas locales que ya habiendo expedido normatividad en la materia para que armonicen su marco jurídico acorde a lo establecido en la Carta Magna, los Instrumentos Internacionales en la Materia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

No obstante, esta Comisión no coincide con el proponente en el sentido de exhortar a dichas soberanías para que desarrollen las acciones institucionales que compensen la violación de este derecho, en virtud de que la función propia de dichos congresos se circunscribe a la labor legislativa, correspondiéndoles en todo caso el desarrollo de las referidas acciones institucionales a los organismos estatales encargados de llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación, así como a las instancias públicas encargadas de formular y promover las políticas públicas que impulsen la igualdad de las personas, lo anterior en apego al respeto del principio de legalidad.

En adición a lo anterior, cabe precisar que el promovente no especifica de manera precisa cuales son las violaciones al derecho a la no discriminación por las que habría de exhortarse, en su caso, a las autoridades competentes para que emprendan las acciones institucionales que compensen las violaciones a dicha prerrogativa y, ante ello, esta Comisión considera que sólo ha lugar a proceder al primero de los exhortos propuestos, es decir, al relativo para que las legislaturas locales expidan las disposiciones legales en la materia, o en su caso, armonicen su normatividad de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y los Instrumentos Internacionales en la materia.

Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados en un marco de pleno respeto a la autonomía de las Entidades Federativas, exhorta a las Legislaturas Locales de: Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, para que expidan las disposiciones legales que reglamenten el derecho a la no discriminación, o en su caso, armonicen su normatividad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos Internacionales y la Legislación Nacional en la materia.

Notas

1 Este organismo cita en su portal web que solamente 17 entidades federativas han creado paulatinamente leyes locales contra la discriminación. Consultado en la página: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=3323&id_opcion=108&op=214, el 16 de diciembre de 2012.

2 El subrayado es nuestro.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo contra las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa de Tulum

Honorable Asamblea

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen

Al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2012, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno de esta Cámara Proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía rechaza la violencia en contra de las mujeres, especialmente de las diputadas Graciela Saldaña Fraire, Alicia Ricalde Magaña, y Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa de municipio de Tulum, realizada en medios de comunicación de Quintana Roo, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD, y suscrita por diversas integrantes de la Comisión de Equidad y Género.

2. En esa fecha, la Mesa Directiva turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis, discusión y dictamen.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo se explicita en sus dos resolutivos.

El primero es la expresión de rechazo por parte de la Cámara de Diputados hacia las manifestaciones de violencia verbal en diversos medios de comunicación del Estado de Quintana Roo, en contra de las diputadas Graciela Saldaña Fraire, Alicia Ricalde Magaña, y Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa de municipio de Tulum.

En el segundo, exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que investigue los actos y prácticas presuntamente discriminatorias derivadas de tales manifestaciones realizadas por medios de comunicación de Quintana Roo.

La promovente del punto de acuerdo que se dictamina refiere sus consideraciones al siguiente tenor:

1. El martes 30 de octubre de 2012 las diputadas Graciela Saldaña Fraire, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y Alicia Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del PAN, así como el diputado Silvano Blanco Deaquino, también del PRD, convocaron a los medios de comunicación de Quintana Roo a una conferencia de prensa en las instalaciones de la Cámara de Diputados a fin de expresar su respaldo hacia Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa de Tulum. Ahí argumentaron el severo conflicto político que podría generarse por el acoso mediante procedimientos legales que se iniciaron en contra de Mendoza Pino, así como otras manifestaciones de violencia que culminaron en su renuncia forzada al cargo para el que fue electa popularmente.

2. Señala que dicha conferencia de prensa provocó diversas reacciones en los medios locales y, lamentablemente, el miércoles 31 de octubre, algunos de ellos publicaron notas que pueden calificarse de misóginas en contra de las diputadas y de la ex alcaldesa; en ellas omitieron aludir la presencia en el acto del diputado Silvano Blanco Deaquino, ya que se concentraron en manifestar expresiones discriminatorias y estigmatizadoras en contra de las referidas diputadas y de la ex alcaldesa.

3. Apunta que un medio de comunicación utilizó el encabezado: “Noche de Brujas”; otro afirmó sobre que una de ellas tiene “insuficiencia mental”, en tanto que las otras dos “son producto del voto que no se razona”.

Estas notas de prensa notoriamente misóginas y degradantes fueron difundidas en el noticiero Enfoque Radio, perteneciente al gobierno del estado.

4. Los actos de violencia expresados en esos medios de comunicación en contra de las diputadas Saldaña y Ricalde, y de la ex presidenta municipal, denotan un desprecio, subestimación y estigmatización hacia las mujeres y violentan sus derechos humanos, además de que esos mensajes sexistas incitan al odio y a la violencia contra ellas.

5. Destaca la proponente que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos prohíben expresamente la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, cometidas por un agente del Estado o bien por un particular, como puede ser un medio de comunicación que lo formularía bajo la forma de violencia verbal.

6. Cita en su escrito diversas disposiciones nacionales e internacionales que determinan el marco de protección a los derechos de las mujeres, así como aquél que prohíbe la discriminación en contra de ellas.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

Del análisis de la proposición planteada se desprende que el punto de acuerdo propuesto tiene como finalidad que el pleno de esta Soberanía:

1. Manifieste su rechazo a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación de Quintana Roo, a través de manifestaciones hechas por medios de comunicación privados y públicos, en especial de la que fueron víctimas las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

2. Exhorte al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue presuntos actos y prácticas discriminatorias que se hayan cometido en virtud de tales manifestaciones en los medios de comunicación de Quintana Roo.

Bajo esa tesitura, y examinando la primera propuesta del acuerdo presentado, identificada con el numeral 1, debe decirse que la misma, a juicio de esta comisión dictaminadora, en lo general resulta procedente considerando que efectivamente diversas normas jurídicas nacionales e internacionales determinan un marco de protección a las mujeres contra actos de discriminación y violencia; señalan sus derechos, así como los mecanismos a partir de los cuales debe garantizarse por el Estado su ejercicio y pleno goce y, también definen las acciones y conductas que vulneran esa esfera de protección.

Así, se estima, en concordancia con el escrito de la Diputada que propone el punto de acuerdo, que han de traerse a este análisis tales disposiciones, así como aquellas que regulan, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la actuación que deben observar determinados sujetos o entes y que en este caso, se identifican como diversos [...] medios de comunicación privados y públicos [...] 1

En ese contexto, el artículo 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, pero también señala el límite a ese derecho: el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en esa misma sintonía, garantiza el derecho a la libertad de expresión, pero asegurando el respeto a los derechos de las demás personas.2 De igual forma, así lo determina la Convención Americana sobre Derechos Humanos.3

Entonces debe considerarse que el ejercicio de la libertad de expresión en la prensa no entraña el derecho a causar un daño a las personas y menos aún violentarlas. Por tal motivo, quienes sufran de infundios u ofensas en un medio de comunicación, cuentan con los instrumentos legales pertinentes para presentar su inconformidad. Asimismo, las normas prevén el derecho de réplica para salvaguardar la integridad de las personas que puedan ser víctimas de comentarios discriminatorios en medios de comunicación. Derecho que no fue concedido a las ofendidas.4

Ahora bien, por cuanto hace al derecho a la no discriminación a nivel internacional, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina en su artículo 26 que [...] la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala en su artículo 1º que la «discriminación contra la mujer» denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (de Belem do Pará) establece el derecho a una vida libre de violencia. En la Plataforma de Acción de Pekín se determinó específicamente la prohibición de la utilización de materiales informativos con contenido violento o degradante hacia la mujer en los medios de comunicación.5

En consonancia con los instrumentos internacionales, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe con rigor toda forma de discriminación, puesto que se considera un menoscabo a los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, ese texto constitucional determina que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define en su artículo 4 a la discriminación como un acto de distinción, exclusión o restricción que basada en el [...] sexo [...] o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Dicho ordenamiento establece además, en su artículo 9, fracción XV, que se considera como una conducta discriminatoria prohibida la de ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación.

Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera a la violencia como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público 2 y, precisa en su artículo 6, fracción I, que la violencia psicológica abarca tanto actos como omisiones que dañen la estabilidad sicológica tales como insultos, humillaciones y devaluación, entre otras.

Con base en las prevenciones citadas, así como en las referencias textuales que cita la proponente en su escrito de las notas aparecidas en los medios de comunicación de Quintana Roo, y que fueron difundidas también por un órgano estatal, es de observarse que las mismas efectivamente denotan desprecio hacia las diputadas y la ex presidenta municipal por el hecho de ser mujeres, según puede apreciarse, y más cuando ninguna referencia hicieron a la persona del varón que las acompaño en la citada conferencia de prensa.

La Comisión dictaminadora coincide con la proponente en el sentido de que la Cámara de Diputados no puede pasar por alto dichos agravios que atentan en contra de la dignidad humana de sus integrantes y que, además, constituyen una violación a los derechos humanos de las mismas.

En tanto parte integrante del Estado mexicano, esta Cámara de Diputados como se anota líneas atrás, tiene la responsabilidad constitucional en la esfera de su competencia, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

Por lo que con base en las anteriores consideraciones, la Comisión dictaminadora coincide con la necesidad de expresar su rechazo hacia las manifestaciones de violencia aparecidas en diversos medios de comunicación del Estado de Quintana Roo en contra de las legisladoras y de la ex presidenta municipal.

Si bien en la propuesta se omite identificar cuáles fueron los medios de comunicación escritos que incurrieron en la práctica discriminatoria y de violencia –aun cuando sí se identifica al órgano estatal que las difundió, el noticiero “Enfoque Radio”- se estima procedente la solicitud de la legisladora, en virtud de que sí se reconoce la conducta lesiva que aquellos realizaron en contra de personas concretas, por lo que, en esos términos se estima debe realizarse el pronunciamiento, es decir, rechazar la violencia y discriminación de que fueron objeto las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum, de manera que ello procure mayor efectividad al pronunciamiento.

Ahora bien, respecto a la propuesta identificada con el numeral 2, de exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que investigue los actos y prácticas discriminatorias y violentas contenidas en tales manifestaciones, cabe señalar que este organismo tiene a su cargo, en los términos del artículo 20, fracciones III y IX, verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias. Para tal efecto, de acuerdo con el procedimiento que determina esa ley podrá iniciar sus actuaciones a petición de parte o de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine.7

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo el 31 de octubre de 2012, por medios de comunicación públicos y privados de Quintana Roo, en contra de las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, así como de Edith Mendoza Pino, ex alcaldesa del municipio de Tulum.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue de oficio los presuntos actos y prácticas discriminatorias que se hayan cometido en virtud de tales manifestaciones en los medios de comunicación de Quintana Roo.

Notas

1 Es de considerarse que esta proposición aborda cuando menos dos materias específicas que atiende esta Comisión legislativa: la libertad de expresión y la no discriminación.

2 Así lo determina el artículo 19 al señalar que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, mismo que entraña deberes y responsabilidades especiales y, por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. Artículo 13.

4. El artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el derecho de rectificación o respuesta a través del cual toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Por otra parte, a nivel nacional, la Ley sobre Delitos de Imprenta señala en su artículo 4 que se considerará maliciosa una manifestación o expresión cuando por los términos en que está concebida sea ofensiva, o cuando implique necesariamente la intención de ofender. Agrega en su artículo 27 que los periódicos tendrán la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se hagan en artículos, editoriales.

5 Destaca que los medios de información de masas y las organizaciones de publicidad deben establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión, directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de contenido violento, degradante o pornográfico sobre la mujer en los medios de información, incluso en la publicidad;

6 Artículo 5, fracción IV.

7 Artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de diciembre de 2012.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra, Verónica Sada Pérez, María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel, Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, José Luis Muñoz Soria, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a promover y privilegiar en el ámbito de sus competencias la dignificación del adulto mayor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión , fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo, presentado por la Diputada Federal María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno, el presente Dictamen.

I. Antecedentes

El punto de acuerdo que se dictamina fue presentado al pleno el 20 de noviembre de 2012 por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Una vez que la Mesa Directiva constató que el punto de acuerdo fue publicado en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria y cumplidos los requisitos para ser admitida la proposición, la turnó a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, de la LXII Legislatura para los efectos conducentes.

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

A continuación se cita textualmente el contenido de la proposición con punto de acuerdo:

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a establecer medidas para promover y privilegiar la dignidad de los adultos mayores, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI.

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción IL y numeral 2, fracción L del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales que establezcan las medidas necesarias a fin de promover y privilegiar la dignificación del adulto mayor, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La vertiginosa dinámica social nos ha obligado como nación, y por mandato constitucional que establece que todos somos iguales ante la ley y consagra el derecho de acceso a una vida digna; a realizar un adecuado ejercicio de observancia sobre las necesidades especificas de toda nuestra población que la compone, requerimientos que no sólo atiendan diferencias derivadas del género, sino también de la pluralidad que se motiva resultado de distintas formas de pensar, expresarse, relacionarse e incluso de aquellas surgidas por la edad.

Es así que tenemos requerimientos específicos de carácter políticos, sociales, de servicios, económicos, culturales, entre otros; que deben de atender y responder a sectores de la población identificados y claramente diversos en su composición, finalmente es en la tolerancia hacia la diversidad donde radica la fortaleza y solidez de cualquier sociedad.

Sólo por mencionar algunos rubros específicos de la población como niños, jóvenes, mujeres, hombres, de cuidad o zonas rurales, padres de familia, solteros, con preferencias diferentes, en edad laboral, estudiantes, asalariados, de la economía informal, jefas o jefes de familia, con capacidades diferentes y también, y no menos importantes, adultos mayores; son la/pluralidad que compone nuestra sociedad y que como tal debemos de asumir el compromiso y la capacidad de proveer los satisfactores necesarios para desarrollarse en plenitud en las mejores condiciones posibles y favorables.

En nuestro país, desafortunadamente como sociedad no hemos solventado deudas históricas con muchos de estos sectores que no hemos atendido del todo. En especial con los adultos mayores tenemos todavía muchos rezagos en materia de atención, procuración, integración en distintos ámbitos, e incluso en procesos de dignificación en sus condiciones de vida y reconocimiento a sus capacidades.

Además, junto a esto tenemos aspectos coyunturales que agravan aún más la precariedad a la que se enfrenta esta población, por ejemplo: nuestros servicios de salud no garantizan la atención integral que necesita este sector en respuesta a patologías propias de su edad, como tampoco con los estándares de atención profesional y personalizada que ameritan; o que el Estado en sus tres niveles de gobierno no les provee de los espacios o estancias establecidas exclusivamente para su atención.

La situación se torna alarmante si observamos la tendencia en nuestro país de un marcado envejecimiento en su población, que pronostica que para el año 2030 habrá más adultos mayores que menores de 15 años y para 2050 habrá más del doble de la cantidad de adultos mayores de 60 años que hoy tenemos; es decir un 30 por ciento del total de nuestra población estará en este segmento poblacional.

Aunado a lo anterior y según datos estadísticos, de cada 100 hogares en nuestro territorio, 27 tienen al menos una persona de 60 años o más, existen cerca de 11 millones de adultos mayores, es decir 11 de cada 100 mexicanos tienen al menos 60 años y al día cerca de 850 habitantes llegan a esta edad y por ende cada año tenemos cerca de 306 mil nuevos adultos mayores.

Asimismo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores “tres millones de adultos mayores se hallan dentro de la población económicamente activa, pero de éstos, cerca de dos millones trabajan en el sector informal; sin sueldo fijo, sin seguro ni prestaciones, y sólo uno de cada cinco recibe una pensión”.

Además de este total, las cifras muestran que aproximadamente siete millones de adultos mayores se encuentran en condición de pobreza, aproximadamente un millón de esta población se encuentra en condiciones de pobreza y marginación extrema y poco más de millón y medio de este total, presenta alguna discapacidad que los excluye todavía más.

Cabe señalar que del total de las personas de 60 años y más 12 por ciento viven solas, el 70 por ciento de estos mexicanos tiene prevalencia de cuadros de diabetes mellitus no insulinodependiente que le implican ingresos hospitalarios y atención médica especializada focalizada, el 80 por ciento ha sufrido alguna manifestación de violencia en cualquiera de sus formas donde cerca del 60 por ciento de estas expresiones violentas provienen de sus familiares principalmente de sus hijos o nietos, y finalmente, el 90 por ciento de las personas adultas mayores en nuestro país sufren discriminación por su edad.

Concretamente, tenemos que reconocer no solo como legisladores sino como sociedad en su conjunto, que los adultos mayores en México viven en una comunidad que los vuelve invisibles, que los excluye y que los asume como si estuvieran fuera de contexto y ajenos a ella.

A los adultos mayores sin importar su condición o clase en nuestro territorio, se les niegan sus derechos básicos establecidos internacionalmente como:

• El derecho a ser tratado en todo con dignidad y respeto.

• El derecho a participar enteramente y libremente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar, desarrollo y futuro.

• El derecho al acceso a condiciones dignas de vida con el disfrute de un estándar adecuado, incluyendo rubros como la alimentación, vivienda, vestimenta y esparcimiento.

• El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad u otro estatus, en todos los aspectos de la vida, incluyendo el acceso al ámbito laboral, acceso a vivienda, cuidado, atención, prevención y procuración de su salud y el goce de servicios sociales básicos.

• El derecho a altos estándares de servicios profesionales y especializados médicos de salud.

• El derecho de protección institucional ante cualquier rechazo o cualquier tipo de abuso físico o mental.

• El derecho a la cobertura integral de seguridad social, asistencia y protección.

• El derecho al disfrute y acceso a una amplia y activa participación en todos los aspectos de su desarrollo ‘tanto social, económico, político y cultural de la sociedad y entorno al que pertenecen.

Desde esta soberanía, debemos de asumir que en nuestro país los adultos mayores son sometidos, sufren o experimentan situaciones graves de segregación y rechazo del núcleo familiar, despojo de sus bienes patrimoniales, intimidación y amenaza física, psicológica y emocional, pobreza, exclusión y aislamiento social, discriminación general, violencia en todas sus expresiones, explotación y abuso en todas sus formas.

Tienen un acceso nulo o en el mejor de los casos limitado a servicios sociales, de procuración y seguimiento a su salud; carecen de espacios públicos destinados a ellos, de estancias gratuitas auspiciadas por el gobierno y un marco adecuado que les provea información, protección y asistencia legal, y también de amplios instrumentos legales e institucionales que castiguen los principales tipos de maltrato que sufren y que entre otros son:

• Un maltrato físico repetitivo enfocado en causarles dolor o lesiones visibles de poca, mediana o prolongada permanencia.

• Coerción física mediante el uso o no de fuerza y la restricción de su libertad de movimiento.

• Un maltrato psicológico y emocional con acciones o actitudes que les producen sufrimiento y daño reiterativo.

• Abuso económico o material que los somete a explotación de sus recursos en forma ilícita o a la utilización, disposición o disfrute de terceros sin su autorización de sus bienes o propiedades.

• Abuso sexual que los obliga a mantener contacto sexual no consentido de cualquier tipo con otra persona.

• Y finalmente, al descuido y negligencia consciente e intencional que les niega o los excluye de la atención a su persona y alcance de la satisfacción de sus necesidades especificas.

En resumen, estamos permitiendo la permanencia y el desarrollo de- una sociedad cada vez más insensible ante su población adulta mayor; que carece de instituciones, acciones, políticas y programas exclusivos y necesarios para brindarles una atención integral y no solo de subsistencia, que no prevén medidas de sensibilización y respeto a sus demandas, problemas y requerimientos específicos para su desarrollo e incluso desplazamiento físico. Carecemos de los mecanismos y protocolos institucionales, incluso en nuestras dependencias gubernamentales, que les faciliten su inserción amplia en la dinámica política, social, económica, laboral, educativa y cultura, sólo por mencionar algunas. Y sobre todo carecemos de los instrumentos necesarios y mínimamente indispensables para proteger sus derechos.

Necesitamos urgentemente desde nuestras instituciones y en corresponsabilidad con la sociedad, el construir específicamente para los adultos mayores en nuestro país protocolos de convivencia civilizada en el marco del respeto irrestricto, de la solidaridad consecuente, y de una amplia cobertura de protección, promoción y reconocimiento social. Finalmente esta soberanía debe de impulsar la elaboración de protocolos, políticas, estrategias y acciones afirmativas que privilegien el respaldo comunitario a este sector en especial, posicionándolos en el lugar aventajado que su experiencia intergeneracional, sus conocimientos de vida y la sabiduría que los años de vida les provee.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los gobiernos de todas las entidades federativas a crear, aplicar, mantener y promover protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, la protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores; que deberán de ser de observancia general y obligatoria en la elaboración y ejecución de políticas públicas, programas sociales y servicios de atención a este sector especifico de la población.

Artículo Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instalar en todas las entidades federativas estancias gratuitas para la atención del adulto mayor, que brinden atención médica-geriátrica básica de primera instancia, protección, apoyo, orientación jurídica y defensa contra la discriminación, maltrato, explotación o abandono y promoción de sus derechos.

Artículo tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a establecer en los sistemas de atención, servicios y centros de salud federales, estatales y municipales; la obligatoriedad por parte del personal médico de reportar toda señal física de maltrato en los adultos mayores; creando los mecanismos interinstitucionales para proceder a la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de noviembre del 2012.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura

III. Solicitud de modificación

Con fecha tres de diciembre de dos mil doce, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, mediante oficio sin número, solicitó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a la Subcomisión de Atención a personas Adultas Mayores, la modificación de los puntos de acuerdo contenidos en la proposición, agrupándolos en uno solo para quedar como sigue:

Se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor.

Dicha comunicación, fue recibida en la Coordinación de la Subcomisión de Atención a personas Adultas Mayores, en la misma fecha.

IV. Consideraciones

Todo lo antes descrito fue considerado, estudiado y valorado por los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en sesión ordinaria, celebrada el _ de diciembre de 2012, y luego de proceder a su discusión fue votada en sentido positivo, por considerar que es muy necesario, importante y trascendente que se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor, motivo por el cual se aprobó la proposición con un solo punto acuerdo que modifica lo inicialmente propuesto y que a la letra diga: Se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor.

Por lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente

V. Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y Ejecutivos estatales, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor.

Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Sosa Govea (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).

De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar en el ámbito de sus atribuciones acciones para esclarecer los hechos en que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez, en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de octubre

Honorable Asamblea:

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Relaciones Exteriores a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora, el pasado 10 de octubre, presentada por el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 numeral 1, 85, 157 fracción I, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

1. El 18 de octubre de 2012, el diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora el pasado 10 de octubre.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Relaciones Exteriores para su análisis y dictamen.

Contenido

El proponente, solicita que se exhorte a las Secretarías de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales Sonora, el pasado 10 de octubre.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictaminen, alimentación e información remitida por las autoridades vinculadas a este tema.

Consideraciones

El proponente señala que el pasado 10 de octubre ocurrió un lamentable asesinato en la ciudad de Nogales, Sonora, de un joven de 16 años de nombre José Antonio Elena Rodríguez que falleció en el lado del territorio nacional de la frontera, tras haber recibidos disparos de arma de fuego por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

Asimismo, menciona que recientes investigaciones indican que el menor, junto con otros jóvenes, habían cruzado de manera ilegal la franja fronteriza para internarse en el país vecino y al ser descubiertos por los agentes norteamericanos, emprendieron su huida a territorio mexicano desde donde comenzaron a lanzar piedras a los agentes, los cuales respondieron el ataque abriendo fuego contra dicho grupo de jóvenes, causando la muerte del mencionado menor.

Condena el uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio por parte del agente de la patrulla fronteriza del vecino país. Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país.

En consecuencia, considera necesario tener plena claridad sobre lo ocurrido ese día, así como las políticas y acciones concretas emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral, fortaleciendo así, las acciones conjuntas entre ambos países dedicados a la prevención de la violencia en la región fronteriza para estar en condiciones de evitar y en su caso, atender oportunamente situaciones de esta naturaleza.

Por último, estima imperativo que las autoridades competentes tanto mexicanas como estadounidenses realicen una investigación oportuna y transparente hasta sus últimas consecuencias, brindando la asesoría jurídica y asistencia consular que resulte necesaria a los familiares de la víctima.

Al respecto, las comisiones dictaminadoras aprecian oportuno puntualizar que la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, emitió el jueves 11 de octubre de 2012, el comunicado número 287, mediante el que condena enérgicamente el gobierno de México un nuevo incidente de violencia fronteriza ocurrido en Nogales y en él que señala las acciones emprendidas, mismo que a continuación se transcribe:

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresa la enérgica condena del gobierno de México por el incidente ocurrido el miércoles 10 de octubre en la línea fronteriza entre Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona. De acuerdo a la información disponible, oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizaron disparos de arma de fuego hacia territorio nacional que ocasionaron el fallecimiento de un menor de edad de nacionalidad mexicana.

El uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Los casos de esta naturaleza, en especial por su recurrencia, han generado el rechazo de la sociedad mexicana y de todos los poderes y fuerzas políticas del país. Resulta fundamental tener plena claridad sobre lo ocurrido, así como sobre las políticas y acciones concretas emprendidas por el Gobierno de Estados Unidos para atender este serio problema bilateral.

El Consulado General de México en Nogales remitió de inmediato una comunicación oficial a las autoridades estadounidenses solicitando una investigación exhaustiva, oportuna y transparente, que sea llevada hasta sus últimas consecuencias y derive en todas las sanciones que correspondan. Esta misma exigencia fue transmitida por canales diplomáticos. El gobierno de México permanecerá atento a la información y conclusiones que presenten las autoridades estadounidenses. Al mismo tiempo, las autoridades estatales y federales mexicanas de procuración de justicia han iniciado investigaciones para deslindar las responsabilidades que resulten en sus respectivas jurisdicciones.

La SRE ha instruido al Consulado General de México en Nogales a brindar a los familiares del connacional fallecido toda la asistencia consular y asesoría jurídica necesaria.

El gobierno de México reitera su compromiso de continuar trabajando con el gobierno de Estados Unidos para garantizar la plena implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y los Protocolos para la Prevención de la Violencia Fronteriza, a fin de prevenir y responder ante situaciones de esta naturaleza”

Asimismo, el martes 13 de noviembre se recibió un informe completo de las acciones llevadas a cabo por la cancillería, entre las que se incluyen la asignación de un abogado a los familiares de la víctima, la coordinación con diversas autoridades en el desarrollo de las investigaciones y los trámites correspondientes de las oficinas consulares mexicanas ante las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos.

Las comisiones que dictaminan, también consideran que el Senado de la República ha emitido un punto de acuerdo de naturaleza similar al presente en la misma materia en los días recientes.

Por lo anterior, los integrantes de estas comisiones consideran que es oportuno mantenerse informadas sobre la realización de las acciones de seguimiento que se requieren para esclarecer y sancionar, a quien resulte responsable de este hecho, por lo que aprecian adecuado aprobar el presente punto de acuerdo con las modificaciones correspondientes, además de externar el repudio de esta honorable Cámara de Diputados a este tipo de hechos que agravian de manera irreparable a nuestros connacionales y que no contribuyen a una relación internacional estable y justa con los Estados Unidos de América.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Relaciones Exteriores, consideran que la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen es de aprobarse con las modificaciones apuntadas, por lo que somete a la consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores; a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que realicen las acciones y el seguimiento necesario, inclusive en instancias internacionales, para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el connacional menor de edad José Antonio Elena Rodríguez en la línea de la frontera de Nogales, Sonora el pasado 10 de octubre y remitan a esta soberanía un informe de los resultados de dicho seguimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados condena el asesinato del menor mexicano José Antonio Elena Rodríguez, ocurrido en la frontera de la ciudad de Nogales, Sonora con Estados Unidos de América el pasado 10 de octubre, y externa sus condolencias a la familia de la víctima, esperando que las investigaciones en curso permitan sancionar debidamente a los responsables de este lamentable hecho

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los 14 días del mes de noviembre de 2012.

La Comisión de Justicia

Diputados: Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas, Alejandro Carbajal González, Margarita Elena Tapia Fonllem, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Armando Cordova Díaz (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón, Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel, (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba, María Fernanda Romero Lozano, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Andrés de la Rosa Anaya.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Cordova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Agustín Barrios Gómez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos, David Cuauhtémoc Galinda Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Carla Alicia Padfilla Ramos (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Crystal tovar Aragón (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).

De la Comisión de Competitividad, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales a aprobar el proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

A la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del 30 de enero de 2013 por los Diputados Ricardo Cantú Garza y Adolfo Orive Bellinger, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 162, 167, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión efectuó el estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento conforme a los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 30 de enero de 2013 de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los diputados Ricardo Cantú Garza y Adolfo Orive Bellinger presentaron la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Por oficio número D.G.P.L. 62-II-3-405 del 30 de enero de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turnó la proposición con punto de acuerdo de referencia a la Comisión de Competitividad para su dictamen.

3. La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En el apartado de consideraciones y antecedentes de la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican enseguida:

1. El 13 de diciembre de 2012 la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la que se introduce en la norma suprema el concepto de competitividad al señalar que por ésta se entenderá al “conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

2. Al 24 de enero de 2013 solamente 7 Congresos locales (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, estado de México, Nayarit y Zacatecas), habían aprobado la minuta referida.

3. Si bien el artículo 135 constitucional no señala plazos para que los Congresos de las entidades federativas se pronuncien a favor o en contra de las reformas constitucionales puestas a su consideración por el Congreso de la Unión, es imperioso que lo hagan respecto a la minuta en comento pues le urge al país contar con el marco jurídico que regule al tema de la competitividad. Para así sentar las bases que conduzcan a la economía mexicana a salir del estancamiento en el que se haya desde hace ya tres décadas.

En vista de lo anterior, los diputados que promueven la proposición con punto de acuerdo solicitan se exhorte respetuosamente a los restantes 24 congresos locales a efecto de que aprueben el proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos:

Primero. Que la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo . Que la proposición con punto de acuerdo en análisis plantea exhortar respetuosamente a 22 de los 31 congresos locales para que den su visto bueno respecto del proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero . Que la Comisión de Competitividad comparte el planteamiento de los diputados que formulan la proposición con punto de acuerdo en el sentido de que “la competitividad es un tema que ha cobrado enorme relevancia a nivel mundial pues de ella depende en gran medida la posibilidad de los países para generar crecimiento económico. En el caso de México los retos que enfrentamos en esta materia son enormes e impostergables, muestra de ello es que el Reporte Global sobre la Competitividad 2012-2013 del Foro Económico Global nos ubica en el lugar 53 de 144 países”.

Cuarto. Que esta comisión dictaminadora concuerda con lo señalado en el cuerpo de la proposición con punto de acuerdo respecto a que “si bien el artículo 135 constitucional no señala plazos para que los congresos de las entidades federativas se pronuncien a favor o en contra de las reformas constitucionales puestas a su consideración por el Congreso de la Unión, es imperioso que lo hagan respecto a la minuta en comento pues le urge al país contar con el marco jurídico que regule al tema de la competitividad. Para así sentar las bases que conduzcan a la economía mexicana a salir del estancamiento en el que se haya desde hace ya tres décadas”.

Quinto. Que toda vez que la Comisión de Competitividad coincide con lo formulado en la proposición con punto de acuerdo, es de aprobarse la misma en términos de lo señalado en el resolutivo único de este dictamen.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reunida en sesión plenaria el 6 de febrero de 2013, a las 17 horas, en el salón de protocolos del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, aprueba la proposición con punto de acuerdo para quedar como sigue:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión extiende un exhorto, en pleno respeto al principio de soberanía, a los Congresos de las entidades federativas de: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán para que en uso de sus atribuciones constitucionales y en vista de la importancia del asunto para el desarrollo económico del país, aprueben el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Competitividad

Diputados: Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), presidente; Cecilia González Gómez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla, José Ángel González Serna (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández (rúbrica), Armando Contreras Ceballos, secretarios; Irazema González Martínez Olivares, Juan Manuel Diez Francos (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales, José Noel Pérez de Alba, Fernando Charleston Hernández, Gerardo Xavier Hernández Tapia (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal, José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Juan Carlos Muñoz Márquez, Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Uriel Flores Aguayo, María Guadalupe Moctezuma Oviedo.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana

Honorable Asamblea

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Turismo se establezca el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, presentada por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; fracción IV; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presente a la honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. Con fecha 28 de febrero de 2013 en Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Turismo, se establezca el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, presentada por la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y ordenando su turno a la Comisión de Turismo, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

2. Con fecha 1 de marzo de 2013 la Comisión de Turismo recibió el expediente número 1393, que contiene la Proposición con punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Turismo, se establezca el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana para elaboración de dictamen.

3. Con fecha 5 de marzo de 2013, la Comisión de Turismo se reunió en su primera Sesión Extraordinaria para analizar, discutir y en su caso aprobar a la Proposición con punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Turismo, se establezca el segundo sábado de marzo como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

Contenido de la Proposición:

La gastronomía mexicana se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo y en la actualidad es considerada como una de las más variadas y originales del mundo, esto gracias a la biodiversidad de su medio natural y a la creatividad de los pueblos que la han desarrollado.

La historia de la gastronomía mexicana se remonta aproximadamente a 10.000 años; a la época en que, se estima, fue domesticado el maíz para convertirse en el cultivo que posteriormente sería la base alimentaria de las culturas mesoamericanas.

Fue durante la época prehispánica donde aparece un mosaico de muchas culturas muy distintas entre sí que al encontrarse en un entorno natural con distintos recursos, idearon su propia manera de aprovecharlos para alimentarse.

Durante tres siglos la gastronomía fue influenciada fuertemente por España; fue a partir de la Independencia de México que la gastronomía mexicana fue consolidando las características que hoy la identifican.

En la última década del siglo XX se ha desarrollado un movimiento gastronómico conocido como “alta cocina mexicana” que ha permitido que los chefs y sommeliers expresen su creatividad y destaquen a nivel internacional.

El acto de cocinar en México es considerado una de las actividades más importantes, cumple funciones sociales y rituales, porque es un motivo que une a las familias.

La gastronomía mexicana ha tomado tal importancia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicó un libro denominado “Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas” que destaca esta actividad en la cultura mexicana.

Surge, además, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana (CCGM) que es una Organización de la Sociedad Civil. Éste propone, como fin esencial, la preservación, rescate, salvaguardia y promoción de usos, costumbres, productos, prácticas culturales y saberes que constituyen el tronco común que define a la cocina tradicional mexicana, siendo un agente coadyuvante en la conservación del patrimonio gastronómico, así como en la protección de la soberanía alimentaria de México.

No debemos dejar de lado las estadísticas que la industria restaurantera en México representa, por mencionar algunos datos y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 428 mil establecimientos de alimentos y bebidas a nivel nacional, entre torerías, loncherías, juglerías, taquerías, antojarías, cafeterías, restaurantes de comida rápida y los restaurantes de servicio completo.

En 2011, el crecimiento del sector fue de 3.7% con ventas cercanas a los $182,992 millones de pesos. De igual manera, representó el 1.4% del PIB y el 13% del PIB turístico; la industria restaurantera es el segundo mayor empleador y primero en autoempleo a nivel nacional.

La cocina mexicana y los hábitos alimentarios se podrían definir como un sistema cultural que rebasa con mucho a los aspectos meramente nutricionales, alimenticios o gastronómicos, ya que se involucra en aspectos de religiosidad, rituales y tradiciones de siglos atrás, incluso milenios, que continúan vigentes en pleno siglo XXI.

El turismo de gastronómico ha ganado cada vez más atención en los últimos años. Los viajeros son atraídos por productos locales y muchos destinos se han centrado en el desarrollo de los mismos y el marketing como consecuencia se ha adecuado a ellos.

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona que muchos de los miles de millones turistas de todo el mundo están volviendo a destinos conocidos para disfrutar platillos y recetas probados con anterioridad, o viajar más lejos en busca de cocina nueva y especial; la gastronomía se ha convertido en una parte central de la experiencia de turismo.

Por otro lado, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, durante su Quinta Reunión Ordinaria que se llevó a cabo en la Ciudad de Nairobi, Kenia, del 15 al 19 de noviembre del 2010, inscribió a la Cocina Tradicional de México en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Reconocimiento que hasta ese entonces únicamente detentaba la cocina francesa.

La inquietud por dar reconocimiento a la cocina mexicana de todo el país fue el motivo para dar paso a las primeras acciones por parte de algunos periodistas, entre ellos Víctor Hugo Rodríguez y Alfonso Valdés, así como el fotógrafo Virro Borja, en 2005; quienes decidieron reunir en las inmediaciones del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, a algunos chefs para la primera foto en su género hasta ese momento: un recuerdo gráfico de un sector sumamente importante para la cultura de nuestro país. El resultado fue la apertura de un panorama de opciones para las personas dedicadas a la industria gastronómica.

La pronunciación de la gastronomía mexicana como patrimonio intangible de la humanidad, realizada por la UNESCO en noviembre del 2010, fue el marco ideal que fortaleció la noción dentro del sector de que esta iniciativa debía tener mayor difusión y promoción a lo largo y ancho del país, lo cual se ha reflejado al romper, año con año, el record Guinness del mayor número de chefs fotografiados en el 2008, fecha de la primera fotografía a los Chefs de México.

La propuesta de instituir el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana el segundo sábado de marzo responde a las cifras emitidas por la Canirac de ventas promedio en el 2011; de la misma forma, concretar las actividades entre los gobiernos y la sociedad, para establecerlo como parte de las festividades de nuestro país, que enriquezca el acervo cultural de la nación. Y que mejor ocasión para comenzar que hacerlo en un sitio tan emblemático de nuestro país como lo es el Ángel de la Independencia.

Consideraciones de la Comisión Dictaminadora

Sin duda alguna, México es un país con una extraordinaria riqueza gastronómica; cada Estado, cada región y cada pueblo de nuestra República ofrecen distintos picores, dulzuras, espesores, temperaturas, olores, sabores y colores lo que permite ofertar una gran variedad de platillos que poseen una configuración gastronómica propia.

Tal es la importancia que ha adquirido el tema gastronómico en nuestro país, que el pasado 16 de noviembre de 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La Secretaría de Turismo estableció en su publicación “Turismo Gastronómico”, que las tendencias actuales del turismo buscan ofrecer una relación más estrecha y directa con las comunidades que se visitan. En este tenor, la gastronomía es un factor determinante, ya que proporciona al viajero la oportunidad de conocer y experimentar los destinos turísticos del país, a través de sus comidas y bebidas.

La gastronomía mexicana se distingue no solo por su sabor, sino porque representa la preservación, rescate, salvaguardia y promoción de usos, costumbres, productos, prácticas culturales y saberes que constituyen la esencia del pueblo mexicano que entre otros incluyen ritos, celebraciones, etc., propiciados por un sinfín de motivos, como lo son: fechas específicas que coinciden con fiestas cívicas o culturales de importancia local y/o nacional, de temporada o porque representan alguna técnica artesanal o conocimiento ancestral que se ha preservado a través del tiempo.

Es así, que el llamado turismo gastronómico ha ido creciendo y se ha convertido en uno de los principales atractivos y promotores que tiene México en materia turística tanto a nivel local como internacional, lo que ha incidido en el establecimiento de 18 rutas como: “La ruta del vino y el acuario del mundo”, “La ruta de los 1000 sabores del mole”, etc., que se destacan por su riqueza no solo gastronómica sino por su bagaje cultural que redunda en el incremento del empleo y por tanto en la calidad de vida de las regiones en que se desarrollan.

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), estableció que en el año 2012 la industria gastronómica fue la segunda rama económica en la generación de empleos y la primera en autoempleo, aportando el 1.5% del PIB y el 13% del PIB turístico, lo que represento un valor estimado de $200 mil millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto ésta Comisión de Turismo está de acuerdo con el planteamiento general esbozado en el Punto de Acuerdo, pero considera conveniente realizar algunas precisiones mediante el consenso de los distintos actores involucrados en la gastronomía, ya que para definir una fecha de tan importante trascendencia como sería el “Día Nacional de la Gastronomía Mexicana”, es necesario consultar y/o consensar con autoridades como la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Conservatorio Gastronómico de México, los sectores social y privado relacionados con la industria gastronómica entre otros.

Derivado de esto y con el objetivo de que la fecha elegida potencie la gran gama de nuestra riqueza gastronómica, se acordó por mayoría de votos que en la Proposición con punto de Acuerdo se omita el segundo sábado de marzo para la celebración del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana y que la SECTUR y CONACULTA establezcan la fecha más idónea para su celebración, quedando la Proposición con Punto de Acuerdo de la siguiente manera:

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Turismo somete a la consideración de la Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo, se establezca una fecha como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

Segundo. Que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Secretaría de Turismo en sus respectivos ámbitos de competencia en conjunto con el gremio gastronómico, se encarguen de la organización, difusión y coordinación de los festejos y las actividades a nivel nacional e internacional que se deriven de la designación de una fecha como Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

México, DF, a 5 de marzo de 2013.

La Comisión de Turismo

Diputados: Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Rafael González Reséndiz (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Eduardo Roman Quian Alcocer, Agustín Barrios Gómez Segués, Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, José Luis Valle Magaña (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante, Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo, Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Laura Barrera Fortoul (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca Elena Corrales Corrales (rúbrica), Socorro de la Luz Quinta León (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica).

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a tomar medidas para erradicar la extracción, el manejo y la distribución ilícitos de gas LP en el país

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, correspondiente a la LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

En sesión celebrada por la Comisión Permanente en fecha 30 de enero de 2013, se presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, Sener, a tomar medidas para erradicar la extracción, el manejo y la distribución ilícitos de gas LP en el país, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Objeto y contenido de la proposición

La proposición que suscriben los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, tiene por objeto que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Energía a tomar las medidas necesarias para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícita de gas licuado de petróleo.

En la exposición de motivos los diputados promoventes destacan la situación del robo de combustibles en el país. Al respecto señalan que actualmente en México existe una cifra considerable de tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales, representan, entre otras cosas, pérdidas millonarias, ocurrencia de graves accidentes y además, un riesgo latente para la vida de los habitantes.

A decir de los diputados, se debe considerar este problema como un tema prioritario en virtud de que diariamente se comercializan alrededor de 2 mil 500 litros de gas LP de origen clandestino, los cuales se transportan y distribuyen de manera ilegal en el centro del país en los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, México y Distrito Federal.

Asimismo señalan que se ha denunciado en los últimos tres años que la industria en México ha observado el surgimiento de una red ilegal de distribución de gas LP robado, que opera con autotanques que ostentan una gran variedad de marcas, esto ha provocado que proliferen sin obstáculo alguno pipas clonadas, robadas o de empresas fantasma, que venden el gas a precios inferiores a los del mercado, dejando cuantiosas ganancias para los grupos delictivos.

En virtud de lo anterior los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía a tomar las medidas necesarias para erradicar la extracción, manejo y distribución ilícita de gas LP en el país”

Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición en comento, los integrantes de la Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes

III. Consideraciones

Primera. Como se describió en el apartado anterior, la proposición en análisis aborda el tema de la extracción, manejo y distribución ilícita de gas LP, al respecto la que dictamina reconoce la magnitud de la problemática toda vez que el tema de robo de combustibles ha sido motivo de preocupación de diversos legisladores que así lo han expuesto ante el pleno de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión.

Bajo esta premisa, la Comisión de Energía comparte el interés y la inquietud de los legisladores promoventes en cuanto a la necesidad de hacer frente al mercado ilícito de combustibles, en virtud de afectar un área estratégica en el desarrollo y la soberanía de toda nación como lo es, el sector energético.

Segunda. Mediante el punto de acuerdo de la proposición en comento, los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía plantean que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Energía a tomar las medidas necesarias para erradicar el mercado ilícito de gas LP.

En relación con el tema central de la propuesta de los promoventes, respecto del mercado ilícito de combustibles, en sesión celebrada en la Cámara de Diputados en fecha 6 de febrero, la Presidencia de la Mesa Directiva turno para conocimiento de la Comisión de Energía copia de oficio SEL/UEL/311/149/13 de fecha 1 de febrero de 2013 de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia del similar número DGPPVCI/0170/13 de fecha 28 de enero de 2013 de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta a puntos de acuerdo aprobados por el H. Congreso de la Unión, referentes a fortalecer las acciones para reducir el robo de combustibles.

A continuación se transcribe textualmente la respuesta de la Procuraduría General de la República:

1. La Procuraduría General de la República, ha desarrollado acciones de coordinación interinstitucional para el combate al robo, adulteración, transporte y comercialización ilícita de combustibles con la participación de las dependencias y entidades competentes en el ámbito federal, entre las que destacan Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Petróleos Mexicanos, entre otras.

2. La Procuraduría General de la República con la participación de sus delegaciones en diversas entidades federativas, ha celebrado diversas reuniones de trabajo con autoridades estatales para atender la problemática relacionada con el robo de hidrocarburos.

3. Los resultados de las acciones emprendidas arrojan a la fecha los siguientes resultados:

Tercera. En continuidad con el tema que nos ocupa, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos –disponible en su sitio electrónico– con el propósito de reducir el robo de hidrocarburos que se presenta, principalmente, en tramos de la Red Nacional de Ductos, mediante la colocación de dispositivos intrusivos denominados tomas clandestinas, y al interior de algunos de sus centros de trabajo, Pemex ha continuado ejecutando su Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito.

Al respecto, la paraestatal ha reconocido que el robo de hidrocarburos continúa presentándose en la Red Nacional de Ductos, debido a que los sistemas están tomados, prácticamente, por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados.

Entre las acciones llevadas a cabo para desalentar el robo de petrolíferos al interior de sus centros de trabajo, Pemex realiza auditorías técnico operativas y con ellas, se verifica la correcta aplicación de los procedimientos operativos, de medición y de manejo de productos, con el propósito de disminuir en las instalaciones los puntos vulnerables, susceptibles de actividades ilícitas. Por lo que toca a la extracción ilícita de combustibles en los sistemas de ductos, Pemex cuenta con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal para fortalecer la vigilancia de los derechos de vía.

Cuarta. De lo anterior se desprende que para el combate del mercado ilícito de combustibles, el gobierno federal ha emprendido con la participación interinstitucional de diversas y dependencias y entidades, entre ellas, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría General de la República, diversas acciones dirigidas a combatir las diferentes etapas de la cadena del mercado ilícito de combustibles tales como: la extracción, adulteración, transporte y comercialización ilícita.

Por otra parte, al reconocer Petróleos Mexicanos que la ejecución de estas prácticas ilícitas continúan presentándose y que han sido de la autoría del crimen organizado, se dificulta el panorama para combatir este delito.

En conclusión, los integrantes de la Comisión de Energía han resuelto respaldar la propuesta de los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja en términos de exhortar a diversas instancias del Gobierno Federal a fortalecer las acciones de la actual Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito en las diferentes etapas involucradas en la cadena de mercado ilícito de combustibles tales como: extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el país. De esta manera no se limita a un tipo de combustible como lo es el gas LP.

Por los razonamientos expuestos, la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente

IV. Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de: Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y Policía Federal a fortalecer las acciones de la actual Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito en las diferentes etapas que forman parte de la cadena de mercado ilícito de combustibles; extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2013.

La Comisión de Energía

Diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), presidente; Juan Bueno Torio (rúbrica), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Luis Ricardo Aldana Prieto, Javier Treviño Cantú (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda, Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), German Pacheco Díaz (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Ricardo Villarreal García (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Agustín Miguel Alonso Raya.

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales a revisar su legislación civil a fin de aumentar la edad mínima de ambos interesados para contraer matrimonio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 7 de febrero de 2013, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de la federación, para que en el ámbito de sus respectivas competencias revisen su legislación civil, con el fin de aumentar la edad mínima de las y los jóvenes para contraer matrimonio.

2. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, mediante número de expediente 1229.

3. A partir del 7 de febrero de 2013, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

4. En sesión celebrada el 12 de febrero de 2013, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno una proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de la federación, para que en el ámbito de sus respectivas competencias revisen su legislación civil, para elevar a 18 años la edad mínima para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio.

5. El presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, mediante número de expediente 1252.

6. A partir del 13 de febrero de 2013, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada por la Comisión de Juventud.

II. Contenido de las proposiciones

La diputada Verónica Juárez Piña, en su proposición presentada el 7 de febrero del presente, busca que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a los congresos locales para que revisen la legislación civil en materia de matrimonio y éstos aumenten la edad mínima para contraer matrimonio.

Lo anterior atiende a la necesidad de dar respuesta a la conmemoración del Día Internacional de la Niña decretado por la Organización de las Naciones Unidas para el 11 de octubre de 2012 y que tuvo como eje temático “Terminar con el Matrimonio Infantil”. Adicionalmente la proposición de la diputada promovente pretende contrarrestar una difícil realidad en la que viven las niñas en México que contraen matrimonio siendo menores de edad, ya que manifiesta la diputada que el matrimonio infantil puede acarrear separación de la familia y amigos, la interrupción de su educación, la reducción de oportunidades, trabajos forzados, esclavitud, prostitución, violencia contra las víctimas, se pone en peligro su salud física y mental, además de propiciar embarazos prematuros.

La diputada Verónica Juárez señala que de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) sólo 113 países, de los 193 estados miembros, prohíben el matrimonio infantil, y que en México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 existían un total de 434 mil niños y adolescentes casados o en unión libre.

La diputada señala que en el Distrito Federal, en el artículo 148 del Código Civil, se prevé que la edad mínima para contraer matrimonio de ambos cónyuges es de 18 años y que sólo con consentimiento del padre, madre o tutor se podrá contraer cuando hayan cumplido 16 años. Sin embargo, establece también que bajo ningún caso podrán contraer matrimonio los menores de 14 años. La diputada enuncia algunas entidades federativas en las que se ha aumentado la edad para contraer matrimonio como el Distrito Federal y por otro lado enuncia algunos que prevén una edad menor como Coahuila y Chiapas. Es por lo anterior, que exhorta a los congresos locales a que revisen su legislación civil y aumenten la edad para contraer matrimonio.

En la proposición de fecha de 13 de febrero de 2013 que también presentó la diputada Verónica Juárez, busca de igual manera que se exhorte a los congresos locales para que revisen su legislación civil y aumenten la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años para ambos cónyuges.

La diputada Verónica Juárez menciona en su segunda proposición que el matrimonio crea vínculos, establece una serie de obligaciones, derechos y mandatos respecto a los roles de género, y que en las mujeres se traduce en relaciones de poder desiguales. La diputada menciona que el Comité de los Derechos del Niño, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, exhortó al Estado mexicano para que aumente a 18 años la edad mínima para casarse, pero menciona que a la fecha algunas entidades federativas no han acatado este señalamiento.

III. Proceso de análisis

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en la que declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los desafíos que enfrentan las niñas y promover el cumplimiento de sus derechos humanos, así como crear conciencia de las realidades que enfrentan éstas en todo el mundo.

En su primera celebración del Día Internacional de la Niña 2012, el tema central se denominó Terminar con el Matrimonio Infantil . El matrimonio infantil ha sido referido como una violación fundamental de los derechos humanos que afecta todos los aspectos de la vida de la niña. Se ha expresado que el matrimonio en la infancia deniega a las niñas su infancia, interrumpe su educación, limita sus oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, pone en peligro su salud y por lo tanto constituye un obstáculo para la consecución de casi todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el desarrollo saludable de las comunidades.1

En el marco de la primera conmemoración del Día Internacional de la Niña, surgió la “Declaratoria conjunta: Día Internacional de la Niña 2010 Directores Ejecutivos del Unicef y el UNFPA y Directora de ONU Mujeres”, donde exhortan a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y al sector privado, a sumar esfuerzos con el fin de que se promulguen leyes para aumentar a 18 años la edad mínima para que las niñas puedan para contraer matrimonio y concienciar a la opinión pública sobre el matrimonio en la infancia como una violación de los derechos humanos de las niñas.

Según la propia declaratoria, alrededor de 1 de cada 3 mujeres de entre 20 a 24 años se casaron antes de cumplir los 18 años, y una tercera parte contrajo matrimonio antes de cumplir los 15. Asimismo, señala que en los países en desarrollo, 90 por ciento de las madres adolescentes de 15 a 19 años están casadas, y las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes de este grupo de edad.

Las niñas que cuentan con bajos niveles de escolaridad tienen más probabilidades de contraer matrimonio a muy edad temprana, a diferencia de las niñas que han recibido un nivel más alto de estudios, por lo que la educación se convierte en una de las mejores estrategias no sólo para combatir el matrimonio en la infancia, sino para mejorar su calidad de vida. Lo anterior, coincide con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donde señala que las mujeres que viven en 20 por ciento de los hogares más pobres muestran una mayor tendencia a contraer matrimonio a una edad más temprana que las que viven en los hogares más prósperos.

En México, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, actualmente 2 de cada 10 jóvenes entre 12 y 29 años de edad viven con su pareja. De estos, 65.1 por ciento son mujeres. A nivel estatal, del total de los jóvenes que actualmente vive con su pareja, la mayor proporción se encuentra en Campeche con 28.9 por ciento. La misma encuesta señala que el embarazo es una de las tres principales razones por las que las parejas jóvenes han decidido casarse. De igual manera señala que 38.2 por ciento de las mujeres de 15 a 29 años reporta haber estado embarazada.

En nuestro país, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad para legislar en materia civil, en particular en cuanto al matrimonio, es una facultad reservada a los estados. De acuerdo a las legislaciones estatales se tiene que los estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, la edad mínima para contraer matrimonio en mujeres es de 16 años; mientras que en Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, estado de México, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, es de 14 años.

Según datos del Inegi, 434 mil niños y adolescentes se encuentran casados o en unión libre, de los cuales más de 32 mil se encuentran en los 12 y 14 años de edad, mientras que alrededor de 402 mil oscilan en edades de 15 a 17 años de edad, asimismo señala que más de 240 mil menores de 18 años se han enfrentado por lo menos a una disolución de su matrimonio como consecuencia de su incapacidad para sobrellevar este tipo de responsabilidades.

Por otro lado, datos del Censo de Población y Vivienda 2010, señalan que los estados en los que se encuentra la tasa más alta de fecundidad en adolescentes en una edad entre 15 a 19 años son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, mismos que permiten el matrimonio prematuro entre jóvenes en edades que oscilan entre 14 años en caso de las mujeres.

Con base en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala que el registro y regulación del procedimiento de los actos del estado civil, entre ellos el matrimonio, son de competencia legislativa de las respectivas entidades federativas, así como a lo establecido en la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, ratificado por el Estado mexicano y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1983, la cual determina que la edad mínima para contraer matrimonio es competencia exclusiva de los estados.

Se considera que evitar el matrimonio en la infancia es útil para proteger los derechos de las niñas y ayuda a reducir los riesgos de violencia, embarazo precoz, y trunque en la vida académica, profesional y personal de las niñas.

Fuentes bibliográficas

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Código Civil de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

• Encuesta Nacional de Juventud 2010, del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

• Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• Declaratoria conjunta: Día Internacional de la Niña 2010 Directores Ejecutivos del Unicef y el UNFPA y Directora de ONU Mujeres.

• Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios.

IV. Consideraciones

Con base en las opiniones recabadas, y el análisis propio de la Comisión de Juventud, se llegó a lo siguiente:

Derivado de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales es importante considerar que la determinación de la edad mínima para contraer matrimonio queda bajo competencia exclusiva de los estados y de los congresos locales, por lo tanto la modificación de la misma queda sujeta a lo señalado por las distintas legislaciones locales.

En este sentido, en relación con los puntos de acuerdo presentados por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, esta comisión exhorta de manera respetuosa a los congresos locales, analizar los argumentos anteriormente expuestos con fin de considerar la edad mínima para contraer matrimonio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, revisen su legislación civil, con el fin de aumentar la edad mínima para que ambos contrayentes puedan celebrar matrimonio.

Notas

1. Organización de las Naciones Unidas,” Mensaje del secretario general en el Día Intencional de la Niña 2012” http://www.un.org/es/events/girlchild/2012/sgmessage.shtml (Consultado el 21 de febrero de 2013)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de marzo de 2013.

La Comisión de Juventud

Diputados: José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Gilberto Antonio Hirata Chico, Zuleyma Huidobro González, María Teresa Jiménez Esquivel, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra, Heberto Neblina Vega (rúbrica).

De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que constituyan una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América, y promuevan su protección más allá de la reunificación familiar

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para análisis y dictamen correspondientes la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la SRE, del INM y del DIF que constituyan una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía repatriados de Estados Unidos de América.

Las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 84, 85, 157, 162, 173, 174, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 26 de febrero de 2013, la diputada Flor Ayala Robles Linares del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida entre estas dependencias de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La proponente asevera que el 6 de abril de 1992, México firmó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que tiene por objeto prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, regular los aspectos civiles y penales de éste y asegurar la pronta restitución del menor víctima del tráfico internacional al Estado de su residencia habitual.

Asimismo, afirma que dicho instrumento internacional fue ratificado el 29 de julio de 1994. La importancia de la ratificación, además de los efectos de su obligatoriedad, radica en el creciente y penoso protagonismo de México ante un complejo fenómeno migratorio que tiene en el tráfico de adultos y de menores una de sus vertientes más perniciosas, y vulnera sin piedad la dignidad humana, pues somete a las víctimas a niveles extremos de degradación, como en los casos de explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.

En ese sentido, detalla que el 27 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, el Observatorio de Trata de Personas sitúa actualmente a México en el segundo lugar mundial en la comisión del delito de tráfico de personas, superado sólo por Tailandia.

Asevera que, datos de la Procuraduría General de la República revelan que 18 entidades del país concentran 90 por ciento del tráfico de personas. Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados más afectados.

Abunda indicando un escalofriante reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que la trata de personas es uno de los negocios más despreciables y lucrativos del crimen organizado, cuyas ganancias anuales ascienden a más de 30 mil millones de dólares en el mundo. Sus víctimas son 4 millones de personas cada año, principalmente adultas, niñas y niños.

Reconoce que faltan políticas públicas y sociales que desactiven la complicidad y condenen la indolencia, que contribuyen y fomentan la comisión de este delito, y que además protejan y atiendan a las víctimas, en especial a niños y a adolescentes.

Manifiesta que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –en términos de lo señalado en el artículo 2o., fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano– es la dependencia encargada de proteger, de conformidad con los principios y las normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y de ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas demandas.

Señala también que entre los objetivos estratégicos y las líneas de acción del Instituto Nacional de Migración (INM), están colaborar en el combate de la trata y el tráfico de personas, garantizar el respeto de los derechos de los migrantes, fortalecer y ampliar los grupos de protección de migrantes y establecer instrumentos de capacitación y supervisión a fin de que los servidores públicos del instituto respeten y tutelen los derechos humanos de los migrantes.

Abunda señalando que, los objetivos del DIF comprenden promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad en situación de riesgo o vulnerabilidad social, y difundir y promover el respeto de los derechos de la infancia, en coordinación con organismos internacionales, gobiernos, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

Considera que el país demanda la implantación y homologación de protocolos que comprometan a las dependencias mexicanas encargadas de recibir a los menores repatriados a asumir una custodia con mayor sentido humano y a uniformar la normativa de los albergues que regulan la atención y la protección de los menores migrantes que se encuentran bajo la custodia del INM, del DIF o de albergues de asociaciones privadas.

En ese sentido, es necesario que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin compañía de un adulto desarrollen y compartan una base de datos integral donde queden registrados los que han intentado hacerlo.

Finalmente, manifestó que la base de datos deberá incluir, entre otros, la información biométrica, el objeto de su traslado y la situación de su detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de un país u otro, el lugar de origen, las ciudades y las rutas de acceso, los sitios donde ha sido detenido y repatriado el menor, el historial familiar y todos los que sea posible recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de niños y de adolescentes mexicanos sin compañía para, a su vez, determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlos.

En consecuencia, someten a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida de niños y de adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

Consideraciones

Primera. Las comisiones dictaminadoras comparten plenamente la preocupación de la promovente por lo que consideran pertinente analizar el fenómeno con el fin de tomar una determinación al respecto. Sobre todo, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

En este tenor, los legisladores de las comisiones dictaminadoras tienen presente que la Convención sobre los Derechos del Niño refiere en el artículo 10 lo siguiente:

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados parte de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 2 del artículo 9, los Estados parte respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente convención.

Así también, en la Ley de Migración, artículo 11, se establece:

En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.

Estas comisiones dictaminadoras tienen presente también, que la misma Ley, se encuentra establecido lo referente a la atención de los niños, niñas y adolescentes a través del DIF, por ello se establece:

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:

I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección;

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de esta ley;

III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes; y

IV. Las demás que señale esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Más adelante, también indica en el artículo 74 lo siguiente:

Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido.

En el reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado.

Segunda. La migración es un fenómeno social, en el cual intervienen múltiples causas de tipo económico, social, político y cultural; un problema mundial que se incrementa considerablemente cada día y que tiene repercusiones en la sociedad, la familia y de manera particular repercute en las mujeres, las niñas y los niños quienes tienen una participación cada vez mayor en el fenómeno.

Como sabemos, la migración infantil también día a día se está incrementando, sin que a la fecha se apliquen las medidas adecuadas que observen ante todo el interés superior de la infancia, los niños y niñas migrantes durante el recorrido para llegar a su anhelado destino, enfrentan engaños, mal­tratos, violaciones, son explotados e inclusive, se reportan casos de reclutamiento por la delincuencia organizada para cometer diversos delitos.

Tercera. Cifras que sin ser exactas, sí nos permiten acercarnos al conocimiento y al asombro por el nivel de omisión que representan, es así que en 2010, se conocieron 15 mil, 540 historias de niñas y niños mexicanos que intentaron cruzar a Estados Unidos sin lograrlo.

En 2011, el gobierno estadounidense entregó a nuestro país a 14 mil 237 niños migrantes no acompañados, de los cuales once mil 520 eran mexicanos y dos mil 717 de otras nacionalidades. La tendencia va en aumento y no sólo en México, por ejemplo en los primeros seis meses de este año Estados Unidos detuvo a 10 mil 5 niños, niñas y adolescentes no acompañados lo que representa más del doble que el año anterior.

Así también, un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicado en mayo del 2011, detalla que la mayoría de los menores son originarios de estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Sonora y Puebla. Noventa por ciento tiene entre 13 y 17 años.

Los niños y las niñas migran por varias razones que en muchos casos, dependen de sus condiciones de vida en su lugar de origen. Encontrándose entre ellas, el huir de situaciones de pobreza y pobreza extrema, la búsqueda de oportunidades fuera de su país. También se incluye los bajos ingresos, la falta de oportunidades educativas y laborales para las y los jóvenes, las familias desintegradas por la migración u otras razones, violencia intrafamiliar o contextos de alta violencia por parte de los grupos de la de­lincuencia organizada.

Cuarta. Ante esta problemática, diversas organizaciones sociales han demandado al Estado mexicano mejorar las condiciones de estancia en los centros de detención en tanto los niños y niñas son canalizados a las instituciones de infancia correspondientes.

Así como la implantación de mecanismos alternativos a la detención de la migratoria de niños, niñas y adolescentes que sean más efectivos y eficientes para proteger y respetar los derechos humanos de la niñez migrante.

Por ello, estas comisiones dictaminadoras estamos convencidas de la justeza y necesidad de la creación de la base de datos que plantea la diputada proponente en la que solicita que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin compañía de un adulto desarrollen y compartan una base de datos integral donde queden registrados los que han intentado hacerlo.

Dicha base de datos deberá incluir, entre otros, la información biométrica, el objeto de su traslado y la situación de su detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de un país u otro, el lugar de origen, las ciudades y las rutas de acceso, los sitios donde ha sido detenido y repatriado el menor, el historial familiar y todos los que sea posible recopilar para estudiar y ampliar el conocimiento del fenómeno de niños y de adolescentes mexicanos sin compañía para, a su vez, determinar con mayor precisión las políticas orientadas a protegerlos.

En razón de lo expuesto, las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a constituir una base de datos confiable, integral y compartida entre estas dependencias de niñas, niños y adolescentes sin compañía que sean repatriados de Estados Unidos que promueva su protección más allá de la reunificación familiar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios

Diputados: Amalia Dolores García Medina, presidenta; Raúl Gómez Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar, José Everardo Nava Gómez, Javier Filiberto Guevara González, Petra Barrera Barrera, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Luis Alberto Villarreal García, Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez, Noé Barrueta Barón, Salvador Ortiz García, Érika Yolanda Funes Velázquez, Loretta Ortiz Ahlf, María del Socorro Ceseñas Chapa, Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis (rúbricas).

La Comisión de Derechos de la Niñez

Diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares (rúbrica).

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pronunciarse por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las autoridades estadounidenses atiendan la opinión número 19/2005, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a cinco ciudadanos cubanos

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión haga un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de Estados Unidos de América para se tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso, presentada por el diputado José Antonio Mendivil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 fracción VI, 85, 157 fracción 1, 176 fracción 1, 182Ydemás relativos yaplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del pleno del martes 19 de febrero de 2013, el diputado José Antonio Mendivil, del Grupo Parlamentario del PRO, presentó la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

Se propone que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realice un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el más reciente pronunciamiento de la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, según los cuales la detención de los ciudadanos cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictamen. También se consideraron los puntos de acuerdo que en años previos han sido aprobados sobre este tema tanto en el Senado de la República como en la honorable Cámara de Diputados.

Consideraciones

El proponente en su exposición de motivos destaca las siguientes consideraciones:

Que desde el año de 1998, los ciudadanos cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, han estado encarcelados en Estados Unidos de América por cargos relacionados con sus actividades como agentes de inteligencia del gobierno cubano y enfrentan, a partir del 2001, penas de prisión que van desde quince años hasta cadena perpetua, derivadas de un total de veintiséis cargos, entre ellos: actuar y conspirar para actuar como agentes no inscritos oficialmente de un gobierno extranjero; fraude y uso indebido de documentos de identidad; y, en el caso de tres de los acusados, conspiración para reunir y transmitir información sobre la defensa nacional.

Al respecto, menciona el promovente, el veintisiete de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la opinión número 19/2005, mediante la cual expresó que “La privación de libertad de los señores Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert, es arbitraria, ya que quebranta el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ...”

Por otra parte, en marzo de 2009 fueron presentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos un total de doce documentos de amigos de la Corte (amicus curiae), en apoyo a la petición presentada por la defensa de los cinco cubanos para que la Corte reexaminara el caso.

Por su parte, refiere que México ha manifestado previamente a través del Poder Legislativo, su interés porque este caso sea resuelto con estricto apego a la ley y con respeto pleno a los derechos humanos, mediante el punto de acuerdo presentado en el Senado de la República el veintiocho de septiembre de dos mil seis y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del veintiséis de febrero de dos mil nueve, ambos pronunciándose en el sentido de que las autoridades estadounidenses atiendan la referida opinión número 19/2005.

Agrega que, en octubre de 2010, Amnistía Internacional dio a conocer un informe sobre el caso, en el que concluye que: “La organización considera que los motivos de preocupación expuestos, combinados, suscitan importantes dudas en relación con la imparcialidad de las actuaciones que dieron lugar a su condena, en particular el efecto perjudicial de la publicidad sobre la causa en un jurado de Miami. Amnistía Internacional confía en que todavía sea posible que estas cuestiones se tengan debidamente en cuenta a través de los canales apropiados de apelación. Si el proceso legal de apelación no proporcionara resarcimiento oportuno, y dada la extensión de las penas de cárcel impuestas y el tiempo ya cumplido por los condenados, Amnistía Internacional apoyaría los llamamientos para que las autoridades ejecutivas estadounidenses revisen el caso a través del procedimiento de indulto u otros medios apropiados.”

Es importante señalar que René González, uno de los cinco hombres condenados a quince años de cárcel, fue autorizado en abril de dos mil doce, para encontrarse con su hermano gravemente enfermo de cáncer, en la isla cubana. No obstante, René González regresó a Estados Unidos a terminar de cumplir una condena accesoria de tres años de libertad bajo palabra.

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora, aprecia que ante la posibilidad de que existan las referidas violaciones en los procesos que se les han seguido a los cinco nacionales cubanos, es pertinente emitir un exhorto para que el proceso que se sigue se realice con completo apego a derecho.

La comisión considera oportuno precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción X del artículo 89, establece que corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y para ello observar los principios normativos que la misma determina, entre ellos, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

Por lo tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores considera procedente que el exhorto sea remitido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por los conductos diplomáticos pertinentes se pronuncie por que las autoridades de Estados Unidos de América tomen en cuenta la opinión 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Conclusiones

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones y argumentos jurídicos que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente

Resolutivo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de Estados Unidos de América atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con los nacionales cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González L1ort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo del dos mil trece.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez (rúbrica), Angelina Carreño Mijares, Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Caria Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar –por la Procuraduría General de la República– al Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, una vez concluidos los procesos penales en desarrollo, la entrega al gobierno de México de los más de 2 millones de dólares detectados en las islas Bermudas a Javier Villareal, ex jefe del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por la que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América a que les sea entregada los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, presentada por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, fracción VI, 85,157, fracción I, 176 fracción I, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados

Antecedentes

1. En sesión del pleno del jueves 21 de febrero de 2013, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América les sean entregados los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila.

2. En la referida fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acordó se turnara a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido

Solicita que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila a que en pleno uso de sus facultades soliciten a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América que les sean entregados los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila y, en el caso de que sean devueltos dichos recursos, sean destinados a cubrir la enorme deuda estatal que actualmente están pagando los ciudadanos de Coahuila.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como la información pública disponible al momento de su dictamen. También, tomó en cuenta lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Consideraciones

El proponente señala que Javier Villarreal Hernández, quien se desempeñó como titular del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, tiene por lo menos tres procesos penales, uno en la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, otro en la Procuraduría General de la República por falsificación de documentos y uno más en Estados Unidos de América por lavado de dinero.

Asimismo, indica en su proposición que durante su encargo al frente del SAT de Coahuila, solicitó diversos créditos, sin contar con la debida autorización del Congreso, lo que contribuyó al endeudamiento del estado por más de 35 mil millones de pesos.

Menciona que el 28 de octubre de 2011, Javier Villarreal fue detenido por la Fiscalía General del de Coahuila y trasladado al Centro de Readaptación Social de Saltillo, Coahuila, acusado de simulación de actos jurídicos, sin embargo, fue liberado al día siguiente.

Asimismo, en febrero de 2012, fue detenido, en la ciudad de Tyler, Texas a 150 kilómetros de Dallas, acusado junto con su esposa de lavado de dinero al encontrárseles 67 mil dólares en efectivo en su automóvil.

Finalmente, indica que derivado de las investigaciones realizadas durante el procedimiento mencionado el Departamento de Justicia y el Servicios de Impuestos Internos de Estados Unidos de América, informaron en días pasados, que se habían detecto en las Islas Bermudas una cuenta por 2 millones 275 mil 544 dólares a nombre de Javier Vi11arrea1.

Al respecto, la Comisión de Relaciones Exteriores considera que el objeto de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen es adecuado, sin embargo, aprecia oportuno precisar que la fracción XI del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores intervenir, por conducto del procurador general de la República en los exhortos internacionales.

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XI. Intervenir, por conducto del procurador general de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y

Por lo anterior, la comisión estima que resultaría eficaz modificar el texto de los resolutivos para quedar en uno sólo y, en primer lugar, determinar que la petición se realice una vez que se hayan concluido los procesos penales actualmente en desarrollo y determinado la culpabilidad del mencionado ex servidor público de Coahuila, en abono de la seguridad jurídica que debe revestir estos procedimientos y para que se establezca jurídicamente el origen de dichos recursos y la pertenencia de éstos al sector público mexicano. Asimismo, para que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores quien realice el exhorto, en coordinación con la Procuraduría General de la República, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Conclusiones

Por lo anterior, los integrantes de Comisión de Relaciones Exteriores con base en las consideraciones y argumentos jurídicos que preceden, estiman aprobar la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen con las modificaciones apuntadas, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las islas Bermudas a Javier Villarreal ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo del dos mil trece.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), Juan Pablo Adame Alemán, Agustín Barrios Gómez, Angelina Carreño Mijares (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Caria Guadalupe Reyes Montiel (rúbrica), Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica), Martin de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del gobierno local a garantizar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que permita a los ciudadanos el uso seguro del espacio público ante las diferentes modalidades de desplazamiento

Honorable Asamblea

A la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permitan a los ciudadanos el uso del espacio público con seguridad ante los diferentes modalidades de desplazamiento; propuesta presentada por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha del 21 de febrero el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, presentó la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

II. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión del Distrito Federal la proposición en comento para su análisis y dictamen.

III. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

Contenido de la propuesta

1. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina toma en cuenta la resolución número 64/255, de marzo de 2010, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en que se proclamó el periodo 2011-2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo. Allí se recomienda a los gobiernos aumentar las actividades preventivas en los planos nacional, regional y mundial.

2. En el documento presentado por la ONU destaca que cada año cerca de 1.3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito –más de 3000 defunciones diarias en el mundo– y más de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Además entre 20 millones y 50 millones de personas más sufrieron traumatismos no mortales provocados por accidentes de tránsito.

Considerando que:

1. De acuerdo con este planteamiento de alcance global, de no adoptarse medidas inmediatas y eficaces las tasas de defunción por accidentes vehiculares en México podría en el corto plazo superar las tasas ascendentes de mortalidad de enfermedades como la diabetes o cáncer.

2. En el contexto de la Ciudad de México, es importante destacar que los accidentes viales ocurridos recientemente, son muestra fehaciente de que el problema de inseguridad y poca cultura vial continúa en ascenso.

3. Las estadísticas destacan que un gran número de los accidentes ocurridos en la Ciudad de México están relacionados con distintos factores como el que no se respeta la prioridad al peatón y las señales de tránsito; además las malas condiciones físicas del terrero y de la unidad automotor.

Sin embargo, la constante sigue siendo la falta de una cultura vial que impera en los operadores de transporte público, vehículos particulares, peatones y usuarios de transporte no motorizado como los ciclistas. De acuerdo con informes publicados por el Centro Nacional de Prevención de Accidentes, 80 por ciento de los atropellamientos de personas se da por errores o distracciones del conductor.

4. De igual manera, las personas que habitamos en la zona metropolitana del Valle de México nos enfrentamos cotidianamente a diversas situaciones derivadas de un problema mayor de movilidad, ya que de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2007 elaborada por la Secretaría de Transporte y Vialidad, cada día hábil se efectúan alrededor de 22 millones de viajes en la zona metropolitana del valle de México, de los cuales 58.4 por ciento (12 millones 760 mil) es al Distrito Federal.

5. Por lo que corresponde particularmente al transporte en bicicleta, estudios de la organización no gubernamental Ctsembarq México destacan que en 2011 realizaron 2 millones 53 mil 244 viajes en el Distrito Federal en ese medio de transporte. Lo anterior guarda especial relación con estadísticas publicadas por la Secretaría de Salud Federal en el segundo informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2012, tan sólo en un año (2009 a 2010), el número de accidentes que involucraron a usuarios de bicicletas en la capital pasó de 521 a 706.

6. En 2010, el número de personas fallecidas por atropellamiento fue de 775 en el Distrito Federal, de acuerdo con el segundo Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2012. Actualmente, en el Distrito Federal, 2 de cada 5 accidentes con personas atropelladas ocurren en ejes viales.

7. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que sólo en 2011 se registraron 16 mil 466 accidentes viales en la Ciudad de México. De éstos, mil 30 casos fueron por atropellamiento. En este sentido es importante considerar la necesidad de infraestructura que permita a los usuarios que se desplazan en la ciudad contar con una señalización adecuada que permita informar y proteger la integridad de las personas que transitan en los diferentes ejes e intersecciones de la ciudad

8. Con base en estadísticas publicadas por la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal en 2011 se tuvo conocimiento de 172 percances en donde estuvieron involucradas unidades de transporte público. El problema se agudizó en 2012 y el número de accidentes se incrementó a 384.

9. La falta de infraestructura exclusiva para usuarios de transporte no motorizado es una de las causas de estos accidentes. Hoy se ven obligados a utilizar carriles destinados al transporte público incrementando el riesgo de accidente o atropellamiento. Por ello se requiere la intervención de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Medio Ambiente para que dentro sus facultades generen políticas de planeación urbana y la aplicación de programas de educación vial con un enfoque sustentables

10. De acuerdo con información de la organización civil Desarrollo y Movilidad México, citada por el diputado proponente, la falta de infraestructura peatonal origina la mayoría de los percances viales, lo cual se suma a deficiencias en el transporte público. Dicha organización sostiene que el primer lugar en vulnerabilidad vial lo ocupa el peatón, seguido de automovilistas, motociclistas y ciclistas.

11. Es necesario hacer un llamado a las Secretarías de Transporte y Vialidad, y de Seguridad Pública para que se aplique con estricto arreglo a derecho el Reglamento de Tránsito Metropolitano, de igual forma realicen acciones destinadas a garantizar la seguridad de los peatones y ciclistas, que conduzcan a la creación de políticas y programas que deriven en mejorar la utilización de las vías y de los diferentes medios de transporte cuyo principio sea el salvaguardar la vida al usuario, fomentando una cultura de educación vial, cortesía urbana y prevención de accidentes.

12. Aunado a las estadísticas aquí presentadas y con base en el segundo Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2.012, de la Secretaría de Salud federal, el problema de seguridad y movilidad se ha agudizado en los últimos años debido al crecimiento exponencial del parque vehicular correspondiente a unidades de transporte público, principalmente microbuses y taxis que circulan en el Distrito Federal.

13. Actualmente, el problema de la movilidad requiere primordial atención; resulta impostergable generar y consolidar programas integrales de gobierno que coadyuven, sin menoscabo de los derechos y las libertades de los ciudadanos, a establecer las bases para asegurar una cordial convivencia en las diversas vialidades del Distrito Federal, garantizando la seguridad de las personas en el uso del espacio público ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

14. La Comisión del Distrito Federal, hace suyas las preocupaciones del diputado Fujiwara y comparte la opinión de enviar un atento exhorto a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, a generar medidas de infraestructura y garantizar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que permita a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como para mejorar la calidad del transporte público y el acceso a él.

15. Para una mayor claridad, congruencia y comprensión para las autoridades a quienes se dirige el exhorto planteado por el diputado proponente, se invierte e orden del cuarto punto petitorio para ser el primero.

Por lo anteriormente expuesto y con las consideraciones realizadas, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal resuelven: es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, con las modificaciones señaladas en el considerando décimo quinto del presente dictamen.

En tal virtud, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permita a los ciudadanos, el uso del espacio público con seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por conducta de su Mesa Directiva, respetuosamente exhorta:

Primero. Al jefe de Gobierno del Distrito Federal a generar un Programa integral de Movilidad y una normatividad acorde para el Distrito Federal.

Segundo. A las Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda, a crear medidas de infraestructura que permitan a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como a generar políticas de planeación urbana y aplicar programas de educación vial con enfoque sustentable.

Tercera. A la Secretaría de Transporte y Vialidad, a establecer medidas que mejoren la calidad del transporte público y el acceso a él; y a fortalecer los requisitos legales y de capacitación para operar cualquier unidad de transporte público en el Distrito Federal.

Cuarto. A la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a garantizar con estricto arreglo a derecho el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que permita a los ciudadanos el uso del espacio público e seguridad ante las diferentes modalidades de desplazamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.

Firman el presente dictamen:

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Adolfo Orive Bellinger (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno local, al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza a apoyar a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 14 de marzo de 2013, la diputada Laura Barrera Fortoul, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, a brindar el apoyo a los locatarios por el incendio de la nave mayor del mercado de la Merced.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su estudio y dictamen correspondiente.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la parte expositiva de la proposición con punto de acuerdo en que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, a brindar el apoyo a los locatarios por el incendio de la nave mayor del mercado de la Merced, se señala que ésta tiene como sustento los razonamientos que se indican a continuación:

Que en la madrugada del miércoles 27 de febrero de 2013, un sobrecalentamiento en el tendido eléctrico de la nave mayor del mercado de la Merced desató un incendio, debido a las conexiones irregulares, conocidas como diablitos, y arrasó con el 70% de dicho inmueble, según determinaron peritos de la Procuraduría Ge al de Justicia del Distrito Federal.

La legisladora Laura Barrera indica que el incendio, que no dejo víctimas mortales ni lesionados, quemó más de mil locales comerciales, distribuidos en el área de siete mil metros cuadrados en que se ubica este centro de abasto, en la delegación Venustiano Carranza.

Expone además que los conductores de 20 unidades de bomberos que arribaron a la zona para la atención del siniestro, tuvieron problemas para el acceso, debido a los obstáculos que presentan los locales improvisados que rodean el centro de abasto.

Que en su momento, el jefe de Gobierno, aseguró a los medios de comunicación, que su administración apoyaría a los locatarios afectados y que se buscarán medidas enérgicas de mitigación para evitar futuros incidentes.

Asimismo, que el secretario de Gobierno del Distrito Federal declaró ante los medios de comunicación que se impulsará el reordenamiento comercial en la vía pública que rodea dicho mercado.

Por su parte, el jefe delegacional en Venustiano Carranza ofreció negociar con la Aseguradora AXXA, contratada por el gobierno capitalino para asumir el costo de los daños en la estructura del mercado y la mercancía perdida por los comerciantes.

Pero que a la fecha esto no se ha visto cristalizado o se ha dado una solución en concreto sobre la indemnización a los locatarios de la nave mayor del Mercado de la Merced.

La legisladora hace énfasis en que a efecto de apuntalar la urgencia de brindar de apoyo y emprender acciones de reordenamiento en la zona, es preciso subrayar la importancia del centro de abasto de la Merced dada en función del volumen de las operaciones comerciales que a diario se realizan, su valor como referente comercial histórico y como expresión cultural.

La promovente señala que no es la primera vez que el centro de abasto se ve afectado gravemente por una conflagración como la del pasado 27 de febrero; recordando los hechos acaecidos en diciembre de 1988, cuando explotó un puesto de fuegos artificiales, causando la destrucción de dos terceras partes de la nave principal del mercado y la muerte de 61 personas.

Refiere además que los problemas de tránsito que generan los puestos semifijos en los alrededores implican también riesgos de seguridad peatonal y vehicular de importancia.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

Primero. Que la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, a brindar el apoyo a los locatarios por el incendio en la nave mayor del mercado de la Merced.

Segundo. La Comisión del Distrito Federal realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, con la información proporcionada por la comitiva de locatarios del mercado de la Merced que fue atendida el pasado 5 de marzo de 2013, por un grupo plural de diputados federales de la Comisión del Distrito Federal, así como con la información pública disponible al momento de su dictaminen.

Tercero. La Comisión del Distrito Federal considera que en situaciones extraordinarias y de emergencia, los servidores públicos estamos obligados a brindar una atención inmediata a la población afectada. Que requiere precisamente de apoyos extraordinarios para poder afrontar y paliar la situación, que les permita sortear la situación; en lo que de manera coordinada las autoridades instrumentan una estrategia definitiva.

Por anteriormente expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, resuelve: es de aprobarse en sus términos, la proposición con punto de cuerdo presentada por diputados de los distintos grupos parlamentarios, por lo que somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza a brindar apoyo a los locatarios afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced

Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal; al secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, a brindar el apoyo comprometido a los locatarios por el incendio en la nave mayor del mercado de la Merced.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades antes mencionadas a dar una amplia difusión ante la ciudadanía de os resultados de las acciones que en este sentido se tomen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.

Firman el presente dictamen:

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Adolfo Orive Bellinger (rúbrica).

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a incorporar en su programa nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha 5 de marzo de 2013, el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo solicitando que se exhorte a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a incorporar en su Programa Nacional las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal para su correspondiente análisis y dictamen.

3. La Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue convocada en términos de ley para el análisis de la proposición con punto de acuerdo, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición materia del presente dictamen plantea:

I. A principios de febrero de este año, el presidente de México presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual, dice su objetivo: el cual integra los esfuerzos de diversas áreas del gobierno federal para la consecución de los objetivos más relevantes: Promover y fortalecer el desarrollo y participación de las y los jóvenes como agentes de transformación social; realizar intervenciones socio-urbanas para mejorar las pautas de convivencia, la identidad y la cohesión comunitaria; promover la implantación de estrategias para el desarrollo de proyectos socio-productivos, que impulsen alternativas y oportunidades de desarrollo en aquellos grupos en condiciones de vulnerabilidad social; ampliar los espacios, procesos mecanismos para que la sociedad civil organizada participe en las políticas públicas de prevención social de las violencias y la delincuencia y en las intervenciones comunitarias.

El programa pretende atender de manera prioritaria un conjunto de 57 municipios del país, entre ellos dos delegaciones del Distrito Federal, debido a que estos son los que presentan las mayores “...tasas delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo para el surgimiento o permanencia de distintos tipos de violencia”. El segundo nivel de atención lo cubren un total de 100 municipios en los cuales se plantea un seguimiento coordinado entre los estados y la federación; el tercer nivel lo constituyen un total de 251 demarcaciones, que son los municipios beneficiados con el Subsidio en Seguridad Pública para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. El cuarto nivel de atención lo constituyen el resto de tos municipios y demarcaciones territoriales del país.

II. En el caso de las dos delegaciones que son atendidas como parte del programa en el Distrito Federal, es menester realizar las siguientes consideraciones, porque en efecto, se trata de las dos entidades más pobladas de la Ciudad de México y, por ende, las que presentan una mayor probabilidad de incidencia delictiva atendiendo a números brutos. Pero, haciendo un análisis más pormenorizado de las situaciones de violencia e inseguridad en la ciudad se observan algunas discrepancias con relación a considerar a estas dos delegaciones como las que presentan los estados más críticos. Considerando la estadística aportada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el mes de enero se pueden tomar las siguientes consideraciones:

a) En cuanto al total de delitos de alto y bajo impacto social la delegación Iztapalapa es la que reporta más delitos, con 2,339, un promedio de 75.5 delitos diarios; sin embargo, no es Gustavo A. Madero la que se encuentra en segundo lugar sino la delegación Cuauhtémoc, el centro de la ciudad, en donde se cometen 2,254 delitos, 72.5 delitos diarios en total, casi el promedio diario de Iztapalapa, que tiene una población tres veces mayor. Gustavo A. Madero se ubica en tercer lugar con un total de 1,762 delitos, un promedio diario de 56.8.

Cómo se puede observar, la incidencia delictiva muestra que delegaciones como Cuauhtémoc muestran un escenario más complicado que las dos beneficiarias del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esto sin considerar que las delegaciones que mostraron un incremento de la incidencia delictiva en enero fueron Xochimilco (13.3); Azcapotzalco (10.5) y Gustavo A. Madero (9.6).

b) Considerando la tasa delictiva por cada 10 mil habitantes, las delegaciones con mayor incidencia de delitos son Cuauhtémoc (44.9), Benito Juárez (25.3), Miguel Hidalgo (23.1) y Venustiano Carranza (19.8); todas estas delegaciones se encuentran por encima del promedio de incidencia del Distrito Federal que es de 16. 1 delitos diarios por cada 10 mil habitantes. De acuerdo con esta estadística, Iztapalapa se ubica hasta el doceavo lugar considerando la tasa más afta (Cuauhtémoc).

(http://pgjdf.gob.mx/images/Estadisticas/0113.pdf)

Los que muestra la estadística, es que la situación de incidencia delictiva en el Distrito Federal es muy diversa; la tasa delictiva depende más, creemos nosotros, de la posición geográfica y económica que de la población total de cada una de las delegaciones.

3. En materia de incidencia delictiva el Distrito Federal muestra indicadores más positivos, que otras entidades de la República, producto de la una acertada política en materia de prevención del delito y seguridad pública, que es muy recomendable se reproducir en otras entidades federativas pero además fortalecer en el propio Distrito Federal.

De acuerdo con cifras de los primeros ocho meses de 2012, en el Distrito Federal se iniciaron un promedio de mil 362 averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes comportamiento en esta materia es el siguiente:

• En la comisión del delito de homicidio doloso, el DF registró 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, ubicándonos en el lugar vigésimo tercero a nivel nacional, por debajo de la tasa nacional que es de 12.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

• Se registraron 22 robos a vivienda con violencia, por cada 100 mil viviendas habitadas. Este comportamiento posiciona al Distrito Federal en el lugar decimoséptimo en el país, por debajo de la tasa nacional que es de 31 robos.

• Por lo que respecta al delito de violación, fueron registradas 6 violaciones por cada 100 mil habitantes, que nos ubica en el lugar vigésimo primero a nivel nacional, también por debajo de la tasa nacional que es de 8 violaciones.

• En cuanto al robo de vehículos, el Distrito Federal se encuentra en el lugar decimoséptimo, con una tasa de 297 vehículos robados por cada 100 mil vehículos en circulación, por debajo de la tasa nacional que es de 427 robos.

• Cabe destacar, que de 2010 a 2011 la tasa porcentual del delito de secuestro disminuyó 0.68 por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, de enero a agosto de 2012, nos encontramos en el lugar vigésimo con 0.43 secuestros por cada 100 mil habitantes, incluso por debajo de la tasa nacional que es de 0.72 secuestros.

• Asimismo, por lo que hace a los 7 delitos de alto impacto (7 delitos homologables a nivel nacional) en el 2012 (enero-agosto), se registraron 204 delitos por cada 100 mil personas, presentando una notable disminución en este concepto en los últimos 6 años, con una tasa de crecimiento promedio anual de -4.0 por ciento mientras que a nivel nacional la tasa de crecimiento promedio anual es de 6.4 por ciento.

III. Análisis y valoración de los argumentos y textos propuestos

1. Se loman en cuenta el exhorto a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social, la Violencia y la Delincuencia a incorporar en su Programa Nacional las d legaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”

2. La Comisión del Distrito Federal comparte el planteamiento vertido en el inciso razonamientos de la proposición con punto de acuerdo en tratamiento, en el sentido de que “...no es Gustavo A. Madero la que se encuentra en segundo lugar sino la delegación Cuauhtémoc, el centro de la ciudad, en donde se cometen 2,254 delitos, 72.5 delitos diarios en total, casi el promedio diario de Iztapalapa, que tiene una población tres veces mayor. Gustavo A. Madero se ubica en tercer lugar con un total de 1,762 delitos, un promedio diario de 56.8. Cómo se puede observar, la incidencia delictiva muestra que delegaciones como Cuauhtémoc muestran un escenario más complicado que las dos beneficiarias del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.

3. Esta comisión dictaminadora concuerda con lo señalado en el inciso b) de la proposición con punto de acuerdo respecto a que “considerando la tasa delictiva por cada 10 mil habitantes, las delegaciones con mayor incidencia de delitos son Cuauhtémoc (44.9), Benito Juárez (25.3), Miguel Hidalgo (23.1) y Venustiano Carranza (19.8); toda estas delegaciones se encuentran por encima del promedio de incidencia del Distrito Federal que es de 16. 1 delitos diarios por cada 10 mil habitantes. De acuerdo con esta estadística, Iztapalapa se ubica hasta el doceavo lugar considerando la tasa más alta”,

4. La comisión que dictamina comparte lo formulado en la proposición con punto de acuerdo con el fin de enriquecer el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia; por lo tanto sus integrantes proponen aprobar el punto de acuerdo en términos de lo señalado en el resolutivo único del presente dictamen.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión del Distrito Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados somete al pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, incorporar en su programa nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “demarcaciones prioritarias”

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, a través de su Mesa Directiva, exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a incorporar en el Programa Nacional a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza en calidad de “demarcaciones prioritarias”.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa, María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano, Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Adolfo Orive Bellinger (rúbrica).

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se solicita al secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas una opinión donde se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en relación con la regularización de vivienda de las familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa

Honorable Asamblea:

La Comisión de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la LXII Legislatura de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 26 de febrero de 2013, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas, y al Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que den respuesta a la demanda de regularización de vivienda de las familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Primero. El proponente, diputado Humberto Armando Prieto Herrera señala del artículo 4o. de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la vivienda digna y decorosa, asimismo cita la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que se refiere a que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, entre otros bienes la vivienda”

Refiere que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en los resultados del censo de vivienda y población de 2010, en México se tiene registro de 35.6 millones de viviendas (Sic), cifra que creció en los últimos diez años. Asimismo, menciona que en el país existen 5 millones de viviendas deshabitadas, siendo Tamaulipas el segundo lugar en porcentaje de viviendas en esta condición.

Segundo. Bajo este contexto señala que doscientas familias en estado de pobreza tomaron posesión de casas deshabitadas en el fraccionamiento Rincón de la Flores, en Reynosa Tamaulipas, y que solicitan el apoyo del gobernador para que se les otorgue facilidades para la adquisición de las mismas.

De igual manera el proponente hace referencia al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, citando lo siguiente:

...a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos:

• Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen: La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda;

• Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;

• Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales y,

• Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia.

Tercero. Menciona que no trata de legitimar la invasión de predios si no de llamar la atención del gobierno de Tamaulipas y del Ejecutivo federal para que se generen las acciones necesarias que den solución a la demanda de vivienda de 200 familias que tomaron posesión de diversas casas deshabitadas del fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa, Tamaulipas.

Cuarto. El punto de acuerdo propuesto por el legislador es el siguiente:

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador de Tamaulipas y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de sus facultades y competencias den respuesta a la demanda de regularización de vivienda de las 200 familias asentadas en el fraccionamiento Rincón de las Flores, en Reynosa Tamaulipas o en su caso, instrumenten las acciones administrativas y de política pública necesaria para dotar a dichas familias de los mecanismos y facilidades para la adquisición de una vivienda digna.

Consideraciones

Después de haber analizado los antecedentes y contenido de la proposición vertidos en el dictamen que nos ocupa, esta comisión considera procedente aprobarla con cambios, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Primera. Esta comisión dictaminadora coincide con el objetivo del proponente en el sentido de dar respuesta a las necesidades de vivienda de la población para traducir en una realidad social el derecho constitucional contenido en el séptimo párrafo del artículo 4o. de la Carta Magna.

Segunda. Ahora bien, esta dictaminadora concluye que no tiene elementos de información suficientes para derivar un exhorto a la autoridad estatal y federal de referencia en la proposición en estudio.

Aunado a lo anterior, se estima aventurado que esta soberanía adopte una postura institucional respecto de una situación de la cual se pudieran presumir acciones ilegales, ya que el mismo proponente hace mención que “doscientas familias han sido orilladas por la extrema urgencia y principalmente sus condiciones de pobreza, a tomar la posesión de algunas casas deshabitadas...”

Tercera. De lo anterior y a fin de obtener mayores datos y elementos de información sobre el particular, se estima procedente solicitar una opinión a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos respecto de los hechos descritos en la proposición del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, lo anterior en concordancia con lo dispuesto por el artículo 10, fracción XVI, de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, que para su pronta referencia se cita textualmente:

Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas

Artículo 10.

1. Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones:

(Última reforma POE número 139 del 22 de noviembre de 2011.)

I. a XV. ...

XVI. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, emitiendo en su caso opinión ante las autoridades competentes;

XVII. a XXXIV. ...

Cuarta. Esta Comisión determina improcedente dirigir un exhorto tanto al Gobernador del Estado de Tamaulipas como al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno Federal, teniendo como antecedente una situación de la cual se pudieran deslindar responsabilidades y sanciones de tipo jurídico.

Aunado a lo anterior, se estima que de transitar en sus términos el exhorto se estaría violentando los principios del federalismo, plasmados en el artículo 40 de nuestra Carta Magna.

Quinta. Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas una opinión en la que se evalúe el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en los hechos descritos en la proposición con punto de acuerdo presentada el 26 de febrero de 2013 por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera.

Segundo. Remítase el expediente al titular del gobierno de Tamaulipas y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del gobierno federal para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus atribuciones y competencias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de marzo de 2013.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Diputados: Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez, Hugo Sandoval Martínez, Carlos Sánchez Romero, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Diana Karina Velázquez Ramírez, Martha Edith Vital Vera (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, BANOBRAS y CAPUFE, para eximir el cobre en la plaza 164 por la utilización del puento Carmen “El Zacatal”, ubicado en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para que a través del Organismo Descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, procedan a la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del puente Carmen El Zacatal, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

Estas comisiones legislativas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la proposición que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido del proyecto contenido en la proposición de referencia realizaron los integrantes de la comisión legislativa, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En la sesión de fecha 7 de marzo de 2013, el diputado Jorge Rosiñol Abreu del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a nombre propio la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para que a través del Organismo Descentralizado de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, procedan a la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del puente Carmen El Zacatal, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

2. En la misma fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la proposicón que nos ocupa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 62-II7-514.

3. Los diputados integrantes de dichas comisiones legislativas, realizaron diversos trabajos, a efecto de que contaran con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada proposición, expresar sus consideraciones de orden general y específico a la misma, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la proposición

El diputado Jorge Rosiñol Abreu expone en su proposición que Campeche cuenta con gran variedad de recursos naturales, climáticos, culturales y económicos, lo que se traduce como una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.

De la sonda de Campeche, situada frente al municipio de Carmen, se extrae 80 por ciento del petróleo que exporta México, y es el paso obligado para conectar el norte de la república, desde Tamaulipas hasta el sur de Quintana Roo.

En todas las entidades de la república, el Estado mexicano garantiza el libre tránsito y procura el establecimiento de vías libres de peaje a efecto de dar opción a los ciudadanos de cada rincón del país, sin embargo, para los habitantes de la Isla del Carmen no existe esta posibilidad, ya que entrar o salir de la isla tiene un costo obligatorio.

El puente El Zacatal inició operaciones el 24 de noviembre de 1994 con el fin de unir la península de Atasta con la Isla del Carmen, tiene una longitud de 3 mil 861 metros y un ancho de 9 metros, es el más largo de Latinoamérica y uno de los más transitados del país; conecta con la carretera federal 180, la cual, a lo largo de la costa del Golfo de México comunica la ciudad de Matamoros, Tamaulipas con la población de Puerto Juárez, Quintana Roo, y sustituyó a la Panga o Ferri Zacatal que, previo pago de una cuota, transportaba a los viajeros de Carmen a Atasta, tiene un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 5 mil 092 vehículos, de los cuales 26 por ciento corresponde a vehículos de carga pesada de más de 7 ejes, lo cual deja de manifiesto que es un paso obligado de unidades de este tipo que se dirigen al resto de la península.

La cuota de la caseta de referencia es de 70 pesos para automóviles y camionetas, de 140 pesos para autobuses, de 225 a camiones y hasta 295 pesos para camiones pesados (según los ejes que posean), cobrando el eje excedente en 70 pesos.

La anterior es una cifra considerable si se toma en cuenta que el tiempo que se invierte en cruzar la caseta es excesivo derivado de que los habitantes de los municipios y comunidades aledañas deben cruzar frecuentemente por ella, a veces en más de cuatro ocasiones al día.

Por ello, el diputado Rosiñol Abreu argumenta que la economía de los residentes de Ciudad del Carmen ha sido gravemente afectada por los constantes incrementos en el peaje por el uso del puente Carmen Zacatal, ya que tienen la necesidad de transitar a diario por los puentes que comunican a la isla Tris con el resto de la península, al ser su única vía de acceso.

Los habitantes de Atasta y los de Carmen han mantenido desde tiempo atrás su postura de eliminar esta plaza de peaje, pues el costo que implica se ha convertido en una barrera que limita el libre tránsito y el libre comercio, afectando la competitividad de la región.

De acuerdo con los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2011, Carmen contaba con 39 mil 4 automóviles registrados en circulación, cabe hacer mención que a partir del primero de julio de 2001 entró en operación el programa de Residentes, el cual es un instrumento que permite la aplicación de factores de descuento sobre las cuotas establecidas en la política de cobro, a los usuarios que cumplen con la normatividad de residentes y contempla a los vehículos automotores que pertenezcan a la categoría uno, esto quiere decir que están incluidos los automóviles, pick up, panel o motocicletas, pagando únicamente 50 por ciento de peaje.

Este programa tiene más de 11 años de operación y es poco funcional para los habitantes de Ciudad del Carmen, que al 25 de febrero del presente año están registrados únicamente 490 vehículos entre particulares y taxis, lo cual representa menos de dos por ciento del total de vehículos registrados en circulación.

Por tales razones, el diputado Rosiñol Abreu propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), para que se elimine la caseta de cobro situada a la altura de Ciudad del Carmen, Campeche, a fin de permitir el libre tránsito y flujo comercial a través de las vías terrestres de comunicación.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal cita en el artículo 30: “la secretaría podrá otorgar concesiones, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; así como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título por el garantizará, cuando haya vías alternas, la operación de una libre de peaje”, y Ciudad del Carmen carece de una vía alterna, es el único acceso que tiene de norte a sur y es la única ciudad en la república mexicana que paga su entrada y su salida ya sea por aire, tierra y mar.

Consideraciones de las comisiones unidas

Primera. Las comisiones que dictaminan comparten el argumento de que Campeche cuenta con gran variedad de recursos naturales, climáticos, culturales y económicos, lo que se traduce como una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del país.

Asimismo, coinciden con el promovente en el sentido de que la economía de los residentes de Ciudad del Carmen es afectada por los constantes incrementos en el peaje por el uso del puente Carmen Zacatal, ya que tienen la necesidad de transitar a diario por los puentes que comunican a la isla Tris con el resto de la península, como su única vía de acceso, lo que tiene un efecto directo sobre su ingreso disponible, condiciones y volumen de los flujos comerciales.

Segunda. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, consideran importante manifestar lo dispuesto por el artículo 30 de La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que a la letra dice:

“Arti?culo 30. La Secretari?a (de Comunicaciones y Transportes) podra? otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, conforme al procedimiento establecido en la presente ley; asi? como para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier ti?tulo por el gobierno federal. En este u?ltimo caso, las concesiones no podra?n ser por plazos mayores a 20 an?os. La secretari?a garantizara?, cuando haya vi?as alternas, la operacio?n de una libre de peaje.

...

...”

Tomando en consideración el texto legal citado, las que dictaminan consideran que no existe una justificación legal para la susbsistencia de la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicada en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen. Lo anterior, en razón de que la Ciudad del Carmen carece de una vía alterna, esto es, la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen es el único acceso que se tiene de norte a sur en esa región del país.

Tercera. Las comisiones unidas que suscriben, reconocen la importancia de contribuir al bienestar de los campechanos y de todos los mexicanos que se trasladan por esta importante vía de comunicación que conecta al norte del país con la península de Yucatán, mediante la eliminación de la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”. Lo anterior, ya que el costo que implica se ha convertido en una barrera que limita el libre tránsito y el libre comercio que afecta de gran manera la competitividad de la región.

Cuarta. Durante los trabajos de análisis y discusión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, los diputados Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Landy Margarita Berzunza Novelo y Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI; José Angelino Camaal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el propio Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del PAN, representantes todos del estado de Campeche, aportaron valiosos argumentos encaminados a resaltar el derecho de libre tránsito que tutela nuestra Constitución política y el cual se ve vulnerado con la limitación que representa la Plaza de Cobro 164 del Puente Carmen “El Zacatal”. Tales argumentos son compartidos plenamente por estas dictaminadoras, por lo que los hacen suyos y acuerdan la aprobación de la proposición de referencia.

Quinta. Las comisiones unidas coinciden principalmente con los comentarios que los legisladores arriba mencionados expusieron durante la reunión de análisis. Por un lado, el diputado Rosiñol Abreu expuso el antecedente de que, ante las necesidades sociales y económicas de la población aledaña, el gobierno municipal de Ciudad del Carmen ha solicitado en ocasiones anteriores el apoyo del gobierno federal para que el 25 por ciento de los ingresos obtenidos por cuenta de la caseta de peaje en cuestión se destinara a obras de beneficio social en el municipio, sin que las gestiones hayan tenido éxito.

Incluso, argumentó que el costo por transitar hacia el interior o exterior del municipio es muy alto, ya sea para trasladarse a los servicios de salud o a comercializar los productos agropecuarios, es muy alto en comparación con otras ciudades del país, atribuyéndose este sobrecosto a la presencia de la actividad petrolera.

En su intervención, el diputado Camaal Mena, señaló que la plaza de cobro implica un alto impacto a la economía de las familias locales y de la región, al ser ésta la vía que comunica al estado de Tabasco con la península de Yucatán, representando una barrera que impide el flujo comercial y el desarrollo económico de la región, así como el desempeño de las actividades cotidianas de la sociedad.

Por su parte, la diputada Abreu Artiñano basó su análisis en el sentido de que la falta de accesibilidad es un problema añejo en el sentir de los pobladores de isla del Carmen.

Por otra parte, la zona donde se asienta la plaza de cobro 164 está compuesta de 7 comunidades que se dedican a la agricultura y a la pesca, actividades que hacen primordial que los productores se desplacen a la cabecera municipal de Carmen para comercializar sus productos, por lo que además de ser una limitación al derecho constitucional de libre tránsito, el pago de peaje para transportar las mercancías dentro de la zona constituye también un problema de carácter económico para la región de la Península de Atasta, Isla Aguada y para el estado de Campeche en general, que se comunican entre sí por el Puente Carmen “El Zacatal”.

Por ello, las comisiones que dictaminan consideran que la exención del pago de peaje a los pobladores de la región en comento, generaría mejores condiciones para el desempeño económico y las comunicaciones de los ciudadanos.

Sexta. De las consideraciones anteriormente expresadas, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes, consideran prudente exhortar de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para que se valore la posibilidad de eximir del cobro en la plaza número 164, por la utilización del puente Carmen El Zacatal, en el kilómetro 165 de la carretera federal 180, en Campeche.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Transportes que suscriben, someten a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, para eximir del cobro en la Plaza 164 por la utilización del Puente Carmen “El Zacatal”, ubicado en el kilómetro 165 de la carretera federal 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen.

Dado en la sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, en México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de marzo de dos mil trece.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), presidente; Humberto Alonso Morelli (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Sergio Torres Félix (rúbrica), Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), José Sergio Manzur Quiroga (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, Guillermo Sánchez Torres, Rosendo Serrano Toledo (rúbrica), secretarios; Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (rúbrica), Ricardo Anaya Cortés Escárraga (rúbrica), Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola, Jorge Iván Villalobos Seáñez (rúbrica), Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Nuvia Magdalena Mayorga, Fernando Jorge Castro Trenti (Licencia), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Alberto Curi Naime (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Mario Alejandro Cuevas Mena (rúbrica), Jhonatan Jardines Fraire (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Federico José González Luna Bueno (rúbrica), David Pérez Tejada Padilla (rúbrica).

La Comisión de Transportes

Diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), secretarios; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica).

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores que hagan pública la información relativa a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos de América respecto a niños expatriados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 1295 que contiene la proposición con punto de acuerdo para solicitar se hagan públicos los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos de América en materia de personas expatriadas, presentada por el diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 de febrero de 2013.

Para efectos legales y reglamentarios, la proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3713-VII, del jueves 21 de febrero de 2013; en esa misma fecha la Mesa Directiva le dictó turno para estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.

En la exposición de las razones que motivan la presentación de la proposición, el diputado proponente expone su preocupación por el elevado número de menores centroamericanos, más de 40 mil anualmente, que migran hacia los Estados Unidos de América y que son repatriados, para los cuales, indica, no hay políticas claras ni instituciones eficaces que permitan enfrentar las problemáticas que enfrentan ni para garantizar su reintegración al núcleo familiar.

Al respecto, señala el proponente, diversos secretarios de estado de nuestro país se han reunido con autoridades federales y estatales norteamericanas para discutir este problema, sin que se hayan hecho públicos los acuerdos suscritos, para establecer una “...política corresponsable que incida en la reinserción familiar de las personas deportadas y, específicamente, de aquellos menores quienes, dejando atrás su patria y su familia, buscan mejores condiciones que les permitan elevar su calidad de vida.”

Con este fin, acompaña la proposición con dos puntos de acuerdo, en los siguientes términos:

Primero. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a las negociaciones que se han establecido con el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a los niños expatriados.

Segundo. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a los programas y acciones implementados para la reintegración familiar de los menores mexicanos y centroamericanos deportados por el gobierno de los Estados Unidos de América a nuestro país.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora comparte con el proponente la preocupación por la situación de las personas, especialmente las niñas, los niños y adolescentes, nacionales y de otros países, que se ven precisados a emigrar a los Estados Unidos de América, y que por su situación migratoria irregular son repatriados a nuestro territorio.

Se comparte, también, la preocupación por contar con una política corresponsable e integral con aquél país, para dar respuesta a las múltiples problemáticas que estas personas deben enfrentar, para la protección de sus derechos y la asistencia que requieran.

En el análisis realizado de la propuesta en el pleno de la comisión se expuso que tal situación no la viven únicamente infantes de Centroamérica y de nuestro país –reconociendo que son la gran mayoría- sino que también viven tal situación niñas, niños y adolescentes de Sudamérica, del Caribe e incluso de otras latitudes. Por ello consideramos que la redacción del Acuerdo Segundo debe excluir especificar la nacionalidad para así no dejar fuera a ningún infante, sabiendo que ese es el espíritu de la propuesta, por lo que la letra debe estar en armonía con la intención; además cambiar el término menores , por no ser pertinente, por el concepto adecuado.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Migratorios somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a las negociaciones que se han establecido con el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a niños, niñas y adolescentes expatriados.

Segundo. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, hagan pública la información respecto a los programas y acciones implementados para la reintegración familiar de niños, niñas y adolescentes deportados por el gobierno de los Estados Unidos de América a nuestro país.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

La Comisión de Asuntos Migratorios

Diputados: Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Antonio de Jesús Díaz Athié, Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado (rúbrica), Lorena Méndez Denis (rúbrica).

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a integrar en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo políticas públicas sobre cambio climático

Dictamen que emite la Comisión de Cambio Climático, de conformidad con lo establecido por el artículo 39, artículo 45 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal, para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático, al tenor de los siguientes

Antecedentes

• Que en fecha 7 de marzo de 2013, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al Ejecutivo Federal, para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre políticas públicas sobre cambio climático, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

• Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada promovente, manifiesta la necesidad de concebir tanto legislación nacional como acciones internas suficientes para satisfacer de iure y de facto la implementación de políticas en tecnologías renovables así como aquellas encaminadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, reitera el compromiso o meta de nuestro país de reducir para el año 2020, el 30% de las emisiones con respecto a aquellas emitidas en el año 2000, y lograr que la reducción llegue a 50% para 2050.

Menciona que además de la implementación de la ley, se requiere que los tres órdenes de gobierno, trabajen conjuntamente para lograr los compromisos. Debiendo incluir e incentivar al sector social y privado en la participación directa en las políticas y mecanismos de tecnología renovable.

Hacen mención que el Programa Especial de Cambio Climático, deberá contener la planeación sexenal en cuanto a metas de adaptación y mitigación.

Sin un Plan Nacional de Desarrollo, incluyente que indique las directrices para alcanzar los compromisos en esta materia, será imposible concebir los mecanismos de implementación establecidos en la Ley General de Cambio Climático.

Destacando las actividades o políticas para evitar la deforestación, manejo de residuos, generación de energía limpia, transferencia de energía, homologación de los marcos jurídicos, así como la implementación de reglamentos.

Finalmente termina su presentación de argumentos al punto de acuerdo, solicitando se exhorte al Ejecutivo Federal a que integre de manera transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, políticas públicas que permitan cumplir con los compromisos y aspiraciones establecidos por la Ley General de Cambio Climático y por los Acuerdos Internacionales aprobados por México.

Consideraciones de la comisión

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con la diputada Proponente, en el sentido, de que se requieren de acciones para llevar a cabo los objetivos planteados en la Ley General de Cambio Climático.

Que no podemos dejar solo la parte legal, aislada de las acciones concretas y más aún cuando se requiere que estas mismas sean coordinada o llevadas a cabo por los tres órdenes de gobierno.

Es decir, debe verse al tema del cambio climático, como un tema global que requiere la participación de los diversos ordenes de gobierno, así como de los sectores interesados o involucrados en el tema, no obstante, también se requiere de la participación de la sociedad o individuos, toda vez que acciones pequeñas, hacen grandes cambios si se considera la integralidad.

Por otro lado debemos precisar que el Programa especial de cambio climático, estuvo vigente hasta el mes de noviembre de 2012, por lo cual, debemos buscar que los objetivos y metas contenidos en la Ley General de Cambio climático, persigan los mismos fines que los establecidos como principales ejes en el Pacto por México que dice:

Pemex como eje de la lucha contra el cambio climático.

Se hará de Pemex uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía.

(Compromiso 60)

2.4. Desarrollo Sustentable.

El cambio climático es un reto global que se debe enfrentar con responsabilidad y realismo. Es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que modifique nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume e incluso se desecha.

Para lograrlo, se realizarán las siguientes acciones:

• Transitar hacia una economía baja en carbono.

• Replantear el manejo hídrico del país.

• Mejorar la gestión de residuos.

Así mismo, debemos recordar que en el sexenio anterior, ya se establecían en el PND, en el Eje 4 Sustentabilidad Ambiental, en su apartado 4.6 Cambio Climático, el:

Objetivo 10

Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Que entre las estrategias a desarrollar se estipularon:

• “ Impulsar la eficiencia y tecno­logías limpias (incluyendo la energía renovable) para la generación de energía”,

• “Promover el uso eficiente de energía en el ámbito doméstico, indus­trial, agrícola y de transporte”,

• Impulsar la adopción de estándares internacionales de emisiones ve­hiculares.

• Fomentar la recuperación de energía a partir de residuos.

Por último, en el anterior PND, se desarrollaron actividades tendientes a combatir el cambio climático, tal y como se establece en su Objetivo 11 , Impulsar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.

Es por lo anteriormente expuesto, que los integrantes de esta Comisión dictaminadora, debemos no exhortar, al Poder Ejecutivo a integrar políticas pública sobre el cambio climático, pero si consideramos prudente hacerle una atenta solicitud, para que en el proceso de consulta que se está llevando a cabo para recibir las opiniones de los diversos sectores o interesados, retome aquellas que propongan acciones de combate a este tema tan delicado y a la vez de continuidad a los ya establecidos en el pasado PND.

De esta manera los integrantes de esta Comisión dictaminadora, sometemos a consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo Federal para que en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, integre y de continuidad a las políticas públicas transversales sobre Cambio Climático, que permitan cumplir con los compromisos adquiridos en la Ley General de Cambio Climático y los Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados por México.

Palacio Legislativo, a 2 de abril de 2013.

La Comisión de Cambio Climático

Diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), presidente; Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Román Alfredo Padilla Fierro, Hugo Mauricio Pérez, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), secretarios; Verónica Carreón Cervantes (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica en abstención), Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), Javier Orihuela García (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire, Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodrigo Chávez Contreras (rúbrica).