Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar por el Senasica las acciones de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F. J. Múgica, Michoacán, para evitar que las enfermedades o plagas dañen la ganadería estatal, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua, zona norte, a entregar a la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, la información acerca de las desaparecidas y asesinadas, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a aplicar de manera urgente y conforme a la normativa vigente cuotas compensatorias y medidas de salvaguardia, provisionales y definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, a cargo del diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del PT

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión sucedida el 18 de septiembre de 2012 en el centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a poner en marcha por la Sedesol, la SCT, la Semarnat y la STPS el Programa de Empleo Temporal en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima para mitigar la desocupación de pescadores, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a generar condiciones que permitan cumplir la recomendación número 061/2011, emitida por la CNDH, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Ssa a evaluar, intensificar y perfeccionar las campañas centradas en la detección temprana de la hipertensión entre la población susceptible de padecerla, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef a solicitar a la Segob que por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía se den a conocer en tiempos oficiales y en el programa radiofónico La Hora Nacional las instituciones financieras que cobran las mayores comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se restituyan por la SHCP los recursos destinados al programa de repatriación de migrantes, en apoyo de deportados por las garitas de Baja California, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, indígena tzotzil, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar por el Senasica las acciones de barrido contra la tuberculosis y brucelosis bovina, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F. J. Múgica, Michoacán, para evitar que las enfermedades o plagas dañen la ganadería estatal, a cargo del diputado Salvador Ortiz García, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico, se caracteriza por la formación de tubérculos que afecta a bovinos y a otros animales domésticos, también se considera una zoonosis por ser transmisible al hombre, es decir quien la contrae al ingerir productos lácteos contaminados y no pasteurizados o por el contacto con animales infectados. Disminuye la producción láctea y de carne, lo que significa grandes pérdidas a los ganaderos cuando se decomisan canales o partes de los mismos debido a la presencia de lesiones de esta enfermedad1 .

Se han emprendido acciones para erradicar esta enfermedad2 , mismas que han sido necesarias para inhibir los riesgos de contraerla, lo que ha permitido mejorar la productividad de los bovinos y así, evitar pérdidas económicas y restricciones a la movilización de animales, tanto nacional como internacionalmente.

En prácticamente 16 años de campaña, se ha avanzado considerablemente en erradicar la prevalencia de tuberculosis bovina. Tal como lo estableció la visión incluida en el Plan Estratégico Campaña Nacional contra Tuberculosis Bovina en México 2008-2012, al menos el 82% del territorio nacional tiene una prevalencia menor de 0.5% de tuberculosis bovina, con el beneficio de mejorar la producción, favorecer la salud pública y continuar las exportaciones de bovinos a los Estados Unidos y a otros países.

De acuerdo a cifras oficiales, en el año 2012 se incluyeron 407, 178 hatos con 18´240,603 cabezas, lo que corresponde al 54.46 % del total de hatos en el país y al 60.78% de la población ganadera nacional; por lo que hay que destacar que el trabajo para combatir la tuberculosis bovina permitió que los ganaderos mexicanos tengan un escenario positivo y las condiciones para comercializar al extranjero sus becerros.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el mes de agosto del año 2012, precisó que se alcanzó el récord histórico de un millón 500 mil 577 cabezas de ganado comercializadas, la exportación de becerros en pie a Estados Unidos lo cual mostró un incrementó del 18.37 por ciento en relación con el ciclo anterior cuando se comercializaron un millón 271 mil 913 reses.

El estatus sanitario de México, ha propiciado la apertura de nuevos mercados para el ganado mexicano de engorda y sacrificio que actualmente se exporta a países como Jordania y Turquía; productores de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, han aprovechado estos mercados, donde han podido vender más de 64 mil cabezas de ganado, y otras 3 mil 829 cabezas enviadas a Jordania, han permitido fortalecer una apertura de mercado.

Sin embargo situaciones como lo acontecido en el estado de Jalisco, donde derivado de que en entidades como Michoacán y Zacatecas no hay homologación de criterios para el movimiento de ganado, tres animales enfermos de procedencia zacatecana exportados por Jalisco, fueron causales para que este estado no pudiera exportar ganado a Estados Unidos3 . Hechos como éste nos exhorta a continuar trabajando conjuntamente para cumplir cabalmente con las medidas sanitarias necesarias.

Recordemos que al no brindar la atención oportuna, la presencia de la tuberculosis bovina ocasiona serias pérdidas al sector productivo4 :

Primero. Pérdidas Directas de Producción: Reduciendo eficiencia productiva, disminución de fertilidad así como del peso, reducción de inmunidad y predisposición de la inmunidad.

Segundo. En el Comercio interior y exterior: el diferencial de precios percibido por el productor por la venta de sus productos provenientes de animales enfermos, y las regulaciones sanitarias que influyen en mercados internacionales.

Tercero. En lo concerniente a la salud pública, origina pérdidas productivas por invalidez parcial o total de los trabajadores ligados al sector lácteo y ganadero; y quizás lo más importante y difícil de medir es la repercusión de la enfermedad en los consumidores de productos cárnicos y lácteos.

En el pasado mes de mayo del 2012, la ganadería de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, decretó a 2 mil 100 hatos en cuarentena por contraer tuberculosis y 300 vacas tuvieron que ser sacrificadas; las cabezas enfermas de ganado fueron inmovilizadas y quedó prohibido comercializar carne de estos animales por lo que la alerta roja se encendió entre los ganaderos que se dedican a la producción de los derivados como la leche y el queso por considerarse como un riesgo a la salud pública.

En base a documentos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria la zona con menor afectación fue Álvaro Obregón con sólo un hato ganadero de 9 cabezas con la sintomatología de tuberculosis bovina, mientras que en el municipio michoacano de Cojumatlán se inmovilizaron cuatro hatos con 234 cabezas de ganado, no obstante, en Buenavista se decretó la cuarentena en mil 627 cabezas de ganado en 30 ranchos, y en Apatzingán 473 cabezas de ganado de 6 ranchos del municipio.

En la medida que se vaya reduciendo el número de cuarentenas, la prevalencia irá bajando, pero en caso de detectar mayor número de hatos enfermos la ganadería en el estado se verá reducida. Es de destacarse que Michoacán tiene 62 mil hatos de ganado bovino con un total de 2 millones de cabezas5 .

Cabe señalar que se han tomado acciones por las autoridades municipales de Apatzingán, Buenavista, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec del estado de Michoacánm donde se han pronunciaron por un mayor apoyo que dé continuidad a la ejecución de la Campaña de Tuberculosis, respondiendo así a la petición que organismos ganaderos y sus asociados a fin de garantizar la sanidad de los hatos y asegurar la salud de la población consumidora de los productos cárnicos, lácteos y sus derivados.

Conforme a lo proyectado por el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Michoacán, AC, la importancia de dar continuidad a esta campaña, se lograría atender un total de 201,730 cabezas de ganado bovino en 6,330 hatos en esta región, tomando en cuenta por adición la demanda de los productores para elevar el estatus sanitario de sus hatos y obtener un estatus sanitario superior acreditable.

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que implemente a la brevedad las acciones de barrido, atención de cuarentenas e indemnización de reactores en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro y F.J. Múgica del Estado de Michoacán con el objeto de impulsar medidas efectivas y acciones sanitarias para evitar daños a la ganadería estatal.

Notas:

1 Información obtenida del sitio oficial de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria [En línea] http://www.senasica.gob.mx/?id=4367. (Consulta: 15/11/2012)

2 Entre las acciones: "se aplican estrategias de difusión y promoción de las actividades de la Campaña; capacitación del personal involucrado en estas actividades, diagnóstico de campo (en el 100 % de los hatos*), aplicación de cuarentenas en hatos infectados, eliminación e indemnización de animales reactores a las pruebas diagnósticas, inspección en rastros para confirmar y detectar nuevos casos, control de la movilización, reconocimiento y protección de regiones de baja prevalencia, certificación de hatos libres de la enfermedad, seguimiento epidemiológico, etc.", Para más información consultar el sitio http://www.senasica.gob.mx/?id=4367. [En línea]. (Consulta: 15/11/2012)

3 Barba Vizcaíno, Francisco (2012) “Preocupados en la Zona Norte por la brucelosis y la tuberculosis” [En línea] Información obtenida de Barragán Martínez Alfredo, Tesorero de la Unión Ganadera del Estado de Jalisco el 17 de agosto de 2012. (Consulta: 15/11/2012). Para mayor consulta http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2659875.htm

4 Silva Romero, Erandy Yovana, “Tuberculosis Bovina y su Impacto en los Animales”, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. México. Pp. 16-20.

5 Para más información consultar el sitio. http://www.cefppmich.org.mx/CGI-BIN/index.php. (Consulta: 16/11/2012

6 “Ampliación Territorial de la Campaña contra la Tuberculosis Bovina en el estado de Michoacán”, Información obtenida de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación delegación de Michoacán. (Consulta: 14/11/2012)

Anexos: Inventario Ganadero

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.

Diputados: Salvador Ortíz García, Martha Berenice Álvarez Tovar, Ma. del Carmen Martínez Santillán, Alfredo Anaya Gudiño, Rodomiro Estrada Barrera, Eligio Cuitláhuac González Farías, Adriana Hernández Íñiguez, Luis Olvera Correa, Socorro de la Luz Quintana, Salvador Romero Valencia, Blanca Ma.Villaseñor Gudiño, José Luis Zapata Esquivel (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua, zona norte, a entregar a la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, la información acerca de las desaparecidas y asesinadas, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María de Lourdes Amaya Reyes, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo, con el trámite de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace dos décadas, los crímenes y la violencia contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido el caso más representativo de los asesinatos de mujeres en México y la comunidad internacional, no sólo por el número de asesinadas, sino por la brutalidad y la impunidad de los hechos, como lo señaló el Informe Final de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua de 2006, instancia hoy extinta.

Desde sociedad civil y desde la organización comunitaria y solidaria, se han realizado muchos esfuerzos con el objetivo de reducir y frenar las desapariciones y los homicidios de mujeres; éstos han dado resultados importantes para el avance en la materia como lo es la creación de organismos dedicados al tema como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua –única en México–, y la tipificación del feminicidio en algunos estados del país, resultados de la voluntad política y del trabajo de la sociedad civil.

Más allá de la frialdad de los números, el dolor de las familias que han perdido a sus hijas, madres, esposas, debe volvernos sensibles y corresponsables en la búsqueda de soluciones que den fin a los crímenes y violencia contra las mujeres que, en pleno siglo XXI, siguen subsistiendo en nuestras sociedades, producto de múltiples factores como la exclusión, la pobreza, la falta de educación integral, políticas públicas sin perspectiva de género, impunidad y un deficiente sistema de impartición de justicia, entre algunos otros.

Como legisladoras y legisladores, tenemos la obligación de brindar apoyo total a las demandas de justicia y de corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones que den fin a la violencia de género en contra de las mujeres de cualquier parte del país.

En este sentido de responsabilidad, hemos escuchado las demandas de la organización de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación conformada por familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Sus inicios están registrados a partir de febrero de 2001 con una serie de protestas públicas provocadas por la impotencia y la indignación que se agregan al dolor de perder un ser querido en estas circunstancias, en este caso fue especialmente relevante la desaparición y posterior asesinato de Lilia Alejandra García Andrade, quien luego de sufrir intensas torturas durante cinco días, fue estrangulada y su cuerpo arrojado a un lote baldío.

En relación con lo anterior, el pasado 18 de febrero del presente año, la organización social, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuyos objetivos son la búsqueda de justicia a través de la denuncia, el apoyo a las familias afectadas y la educación en derechos humanos y derechos de las mujeres—se dirigieron a la Fiscalía General, zona norte, del estado de Chihuahua, a través de un oficio turnado al maestro Jorge Enrique González Nicolás, fiscal especial para la Investigación y Persecución del Delito, para solicitar información relacionada con el número de mujeres asesinadas y desaparecidas desde el año 2008 a la fecha.

De manera concreta, esta organización solicitó:

1. El número de reportes que se recibió durante 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que va del 2013, de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.

2. Cuántas de estas mujeres fueron localizadas.

3. Cuántas aún están desaparecidas.

4. En cuántos de estos casos se activó el Protocolo Alba.

5. La cifra de mujeres asesinadas de los años arriba mencionados.

6. Cuántos de estos cuerpos se tuvieron que identificar a través del ADN de sus familiares.

7. Cuántos cuerpos aún continúan sin ser identificados en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez.

8. Cuánto tiempo se demoran en identificar cada uno de los cuerpos.

9. Cuál es el tiempo más prolongado para identificar uno de estos cuerpos.

10. Después de ser identificado el cuerpo de la víctima, cuál es el tiempo que la familia espera para que les sea entregado el cuerpo de su familiar.

Asimismo, la organización también solicitó copia de las aplicaciones del Protocolo Alba que se hayan llevado a cabo en dicha ciudad. México ha recibido más de cincuenta recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de la ONU, para que el gobierno esclarezca todos los casos, y se pueda lograr el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas, la reparación integral de los daños y políticas con perspectiva de género, así como erradicar la violencia contra las mujeres y la impunidad.

La Recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –CEDAW, por sus siglas en inglés— dice que los Estados deben alentar “la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia, y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella.”

Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH– insiste en señalar que “un Estado que no cuente con información estadística clara y suficiente sobre el índice y características del feminicidio o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres”.

Al respecto, cabe destacar que ya en noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– había dado a conocer la sentencia conocida como: “Caso González y otras (Campo Algodonero) versus México”, en la que se condenaba al Estado mexicano por la violación de derechos humanos en los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, así como también, por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.

De acuerdo con esta sentencia –en especial en lo que refiere a sus resolutivos 20 y 21– el Estado mexicano tenía un año para entre otras cosas, crear una página electrónica sobre mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993, así como también una base de datos sobre desapariciones y homicidios de mujeres, con información actualizada y específica de cada uno de los casos; sin embargo, tras dos años de haberse vencido el plazo aún no se han obtenido avances.

En la actualidad no existen datos oficiales sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. La información con la que se cuenta es extraoficial, producto de medios de información locales, por lo que la petición hecha por la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, no sólo es pertinente y justa, sino necesaria para sentar las bases que permitan conducirnos hacia una situación diametralmente distinta a la que se vive en Ciudad Juárez.

El Estado no debe olvidar su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas.

La falta de información oficial sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en aquella región del país, no sólo es prueba de la ineficiencia y la indiferencia de nuestras autoridades, sino que la ausencia de datos obstaculiza el acceso a la justicia y alimenta la impunidad, bajo el cobijo de la violencia institucional que, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro país, publicada en el año 2007, alude a todos “los actos u omisiones de servidores públicos que discriminan, dilatan, obstaculizan e impiden el goce de los derechos humanos de las mujeres así como su pleno acceso a las políticas públicas orientadas a erradicar cualquier tipo de violencia contra ellas”. Además, brindar información oficial es una obligación del Estado mexicano para cumplir con la sentencia dictada por la CIDH y con la obligación constitucional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos como señalado en la reforma constitucional de 2011.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua a que gire las instrucciones necesarias, a fin de que la Fiscalía General del estado, zona norte, entregue la información sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde el año 2008 a la fecha, que la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa solicitó, el pasado 18 de febrero del 2013, mediante oficio dirigido al maestro Jorge Enrique González Nicolás, fiscal especial para la Investigación y Persecución del Delito.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para que a través de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo del estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, den cumplimiento a los puntos resolutivos 20 y 21 de la sentencia del 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, –Caso González y otras (“Campo Algodonero”) versus México– relativos a la creación de una página electrónica con una base de datos digital, que contenga la información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, desde el año 1993.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.

Diputada María de Lourdes Amaya Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a aplicar de manera urgente y conforme a la normativa vigente cuotas compensatorias y medidas de salvaguardia, provisionales y definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, a cargo del diputado Adolfo Orive Bellinger, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, diputados Adolfo Orive Bellinger, integrante del Partido del Trabajo y Presidente de la Comisión de Competitividad; Mario Sánchez Ruiz, integrante del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Economía; Víctor Serralde Martínez, integrante del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; José Rubén Escajeda Jiménez, coordinador de la diputación federal del sector agrario del Grupo Parlamentario del PRI; José Antonio Rojo García de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; Salvador Barajas del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Ganadería; Alfonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Pesca; Kamel Athié Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, con fundamento en los artículos 3o., numeral 1, fracción XIX, 6o., numeral 1, fracción I, 65, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y IV, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea de diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar, de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero principalmente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el modelo económico prevaleciente ha puesto el énfasis en la inserción de México en la economía mundial mediante la apertura comercial y financiera, lo que ha llevado, entre otros aspectos, a la firma de 44 tratados de libre comercio. Siendo notable el dinamismo exportador.

Que la economía mexicana adolece, desde hace tiempo, de un magro crecimiento económico. Si bien se ha logrado la estabilidad de las variables macroeconómicas, manteniendo baja la tasa de inflación.

Que el empleo, por su parte, también ha observado tasas muy bajas de crecimiento de sólo el 1.18 por ciento. Esto muestra claramente que el bono demográfico se está desperdiciando.

Que la capacidad productiva instalada se encuentra desperdiciada y por lo tanto está semi obsoleta, principalmente en sectores como la pesca donde más impacta y se nota actualmente en el país.

Que el modelo económico imperante también ha provocado otros efectos nada deseables en la economía nacional, tales como: nulo crecimiento económico, desempleo, pobreza y desigualdad en aumento, escaso valor agregado doméstico en las exportaciones mexicanas (prendas de vestir 36.9 por ciento, automóviles 35.2 por ciento, autopartes 26.7 por ciento, equipo eléctrico 24.7 por ciento, equipo de audio y video 13.5 por ciento, y equipo de cómputo y periférico 9.1 por ciento), alta elasticidad en el ingreso de las importaciones, inversión pública y privada escasa, poco financiamiento al aparato productivo primario y secundario, incremento nulo de la productividad total de los factores, desindustrialización, perdida del nivel y calidad de vida de la población y varios más.

Que aunado a lo anterior, es menester señalar que por lo que hace a ciertos sectores económicos, la autoridad ha sido omisa en implementar medidas legales que los defiendan de prácticas desleales de comercio internacional de otros países, como lo muestran los siguientes ejemplos, que con datos del Inegi, se mencionan:

1. Industria Siderúrgica: la producción siderúrgica nacional cayó un 2 por ciento en 2012, esto como consecuencia de que las importaciones desleales provenientes de Corea del Sur, China, Rusia y otros países crecieron un 38.1 por ciento entre 2011 y 2012. Otras naciones, como Estados Unidos y la Unión Europea, han tomado medidas antidumping sobre esta materia. Es ineludible que la Secretaría de Economía aplique cuotas compensatorias provisionales y definitivas para restablecer las condiciones de competencia leal en este sector.

2. El crecimiento de las importaciones totales de cerdo han desplazado a la planta productiva nacional ante la apertura comercial indiscriminada; la Confederación de Porcicultores Mexicanos afirma, con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sagarpa, que las importaciones han crecido de 1995 al año 2012 un 1,720 por ciento, pasando de 30 a 516 mil toneladas. Concentrándose estas importaciones en las piernas y espaldillas, ya que tan sólo de las primeras han aumentado un 70.8 por ciento en los últimos 5 años. Esto ha tenido como consecuencia que las importaciones sustituyan un equivalente a 350 mil vientres, que representan el 50 por ciento del hato en producción. Lo que se traduce en la pérdida de 175 mil empleos directos y 875 mil indirectos, derivando también que se haya reducido el consumo de toneladas de grano forrajero hasta en 2 millones de toneladas, en términos monetarios esto equivaldría a aproximadamente 1,225 millones de dólares. La importación de carne de cerdo sustituye al 42 por ciento de la producción nacional.

3. Sector lechero: con la apertura comercial indiscriminada se han importado leche y sobre todo de fórmulas lácteas. Al respecto organizaciones lecheras, como el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, AC, con datos del Inegi, SIAP, SE y Sagarpa, señalan que del año 1994 al 2007 se importaron 383 mil 897 toneladas de leche, y que fuera de cupo se les condonó a los importadores el pago de 8 mil 650 millones de pesos por concepto de arancel; en el recuento, se afirman que en el año 2010 las importaciones de leche en polvo llegaron a 560 mil toneladas, en el 2011 pasó a 618 mil toneladas y para el tercer trimestre de 2012 esas 600 mil toneladas ya habían sido rebasadas. Lo anterior ha tenido como consecuencia la quiebra de más de 600 mil unidades de producción.

4. El sector pesquero y acuícola se ve impactado por tres rubros importantes, según datos proporcionados por el sistema producto nacional tilapia las importaciones de dicho producto son de dudosa calidad y a precios inferiores a los nacionales; es de ejemplificar que la importación y control del mercado nacional de tilapia proveniente de Taiwán, Estados Unidos, Argentina, China y Costa Rica condujo a que en el año 2011 se importaran 23 mil 300 toneladas, con un valor superior a los 60 millones de dólares, representando el 89 por ciento del consumo total nacional. Asimismo, el Sistema Nacional Producto Bagre reporta que la importación de bagre variedad basa ha representado un valor de importación para 2011 superior al 40 por ciento de la producción nacional, con un valor de importación de 12 millones de dólares aunado a esto se debe considerar el control de la producción nacional de diferentes especies acuícolas por parte de extranjeros que principalmente se han asentado en la región sureste del país.

5. Los productores de manzana del país llevan más de díez años gastando cuantiosos recursos en litigios para denunciar ante las autoridades las prácticas de dumping. En el año 2012 entró al país una cantidad sin precedentes de manzana, 240 mil toneladas o lo que es lo mismo 12 millones de cajas de 20 kilogramos cada una provenientes el 96 por ciento de Estados Unidos. Lo que ingresó equivale al 50 por ciento de la producción nacional. Al estar libres de aranceles, las importaciones han aumentado año con año y cada vez son de menor calidad. En los últimos 5 años, el aumento ha sido del 49 por ciento. En 2012 aumentó 17 por ciento respecto a 2011. Además de lo anterior, ocurre la clonación de documentos de un mismo permiso, para introducir dos o tres veces la cantidad registrada.

6. La importación de los insumos es un área sumamente sensible que afecta y encarece la producción nacional agropecuaria y forestal, un caso concreto es el de la industria de fertilizantes donde el sulfato de amonio, que es una de sus principales materias primas, es importado a precios dumping, principalmente de los Estados Unidos, siendo su precio promedio de 208.3 dólares por tonelada métrica, cuando su precio nacional es de 281.5 dólares por tonelada métrica.

7. El pasado 23 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifican tarifas y aranceles de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el que cerca del 60 por ciento de productos agropecuarios tuvieron modificación. Lo anterior, va en detrimento de la agroindustria nacional, ya que se reducen los aranceles con la justificación de abastecer el mercado nacional, así como abatir costos y con ello propiciar la competitividad y mejores precios al consumidor final.

Con la reducción de aranceles a diversos productos, entre ellos 315 productos relacionados con el campo, de los cuales se encuentran 175 productos pesqueros, 29 productos de aves, 8 productos lácteos, 29 cereales, entre otros, se está yendo en contra de nuestra Seguridad Alimentaria y, por lo tanto, de nuestra Seguridad Nacional.

Por ello en el estudio de economía global y estrategia titulado El aumento de los precios de los alimentos que viene, se define que México es de los países de América más vulnerables en el tema alimentario. En el Índice de Vulnerabilidad de Alimentos México ocupa el lugar número 31 de 80 países y es uno de los 10 países más expuestos al impacto inflacionario por los alimentos, en donde ocupa el lugar número 8.

Que ante este contexto es de destacar las opiniones de especialistas de la CEPAL, quienes propusieron la necesidad de un cambio estructural de la planta productiva con el objetivo de que la economía mexicana pueda ser competitiva no sólo en los mercados internacionales sino también en los mercados domésticos donde, en la actualidad, está viéndose rebasada por las importaciones, principalmente del este asiático. También plantean impulsar el cambio estructural hacia sectores intensivos en tecnología y conocimiento, articulándolos con sectores con rápido crecimiento de la demanda interna y externa, para garantizar la expansión del empleo, sin perder de vista las restricciones externas de este nuevo modelo de crecimiento; modelo alternativo al predominantemente que no ha generado ni crecimiento económico ni suficiente empleo. Insistiendo en el papel clave que tienen las políticas y la inversión públicas en la promoción del cambio estructural al inducir inversiones privadas complementarias e identificar sectores y actividades de mayor crecimiento en el futuro.

Que la problemática del nulo crecimiento económico y la falta de empleos deben, en consecuencia, tener un papel central en las acciones del nuevo gobierno. El Estado mexicano tiene que recuperar la rectoría del desarrollo nacional conforme a lo mandatado por el artículo 25 constitucional.

Que resulta ineludible que el ejecutivo federal aplique, por conducto de la Secretaría de Economía, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero. Esto último en pleno ejercicio de la facultad establecida en el párrafo segundo del artículo 131 constitucional que lo habilita para “aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación... y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos”, así como en los artículos 1, 3, fracción III, 4, fracción II, 5, fracciones II y VII, 28, 45, 49, 57, fracción I, 59, fracción I, 62, 75, 78 y demás aplicables de la Ley de Comercio Exterior.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a aplicar, de manera urgente y de conformidad con la normatividad vigente, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, por prácticas desleales de comercio internacional en los sectores siderúrgico, agroalimentario y pesquero, principalmente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.

Diputados: Adolfo Orive Bellinger, Mario Sánchez Ruiz, Víctor Serralde Martínez, José Rubén Escajeda Jiménez, José Antonio Rojo García de Alba, Salvador Barajas del Toro, Alfonso Inzunza Montoya, Kamel Athié Flores (rúbricas).

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de Pemex y de la PGR a agilizar las investigaciones sobre las causas de la explosión sucedida el 18 de septiembre de 2012 en el centro receptor de gas y condensados de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La suscritos, diputados Amira Gricelda Gómez Tueme, Enrique Cárdenas del Avellano, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Rosalba de la Cruz Requena y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I; 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de estos

Antecedentes

La explosión que ocurrió el día 18 de septiembre de 2012 en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción ubicado a la altura del kilómetro 19 de la carretera libre Reynosa-Monterrey, en Tamaulipas, fue un hecho que marcó la vida de muchas familias, y trajo consigo daños sociales, así como ambientales. Pese a la trascendencia de este hecho, las autoridades que conocieron inicialmente del asunto no proporcionaron la información que esclarezca las causas del accidente.

Debido a esta explosión, perdieron la vida 31 personas y 42 más resultaron heridas. Se tiene conocimiento de que en el momento del accidente se encontraba personal de la paraestatal y de empresas contratistas llevando a cabo trabajos de operación y mantenimiento. A la fecha no se sabe si se cumplían las normas de seguridad y los requisitos técnicos y legales necesarios para llevar a cabo sus trabajos; asimismo, se desconoce si se respetaban los derechos laborales de los trabajadores.

La consecuencia más lamentable de este accidente, que en materia de energía ha sido el de mayor impacto registrado en la zona, es sin duda la pérdida de vidas y las personas que resultaron heridas. Más preocupante aún, si la administración que estaba al frente en septiembre del año pasado no proporcionó la ayuda necesaria a los familiares de las víctimas para enfrentar el problema, situación que hasta la fecha no conocemos a detalle.

El valor de la vida de una persona, así como su integridad deben ser prioridad en cualquier sociedad y deben estar garantizadas en cualquier trabajo. Su bienestar debe ser puesto antes que cualquier interés económico o político, por tanto, es fundamental tener muy claras las cusas del accidente, con el fin de atender y corregir las causas antes de que se corra el riesgo de tener otro percance.

Los afectados con este accidente, que somos todos, necesitamos explicaciones; tenemos la confianza de que esta nueva administración sí ofrecerá respuestas claras. Sólo así se podrá hacer justicia a quienes trabajaban y trabajan ahí.

No sabemos si los riesgos de que un accidente de esta naturaleza vuelva a suceder están presentes, pues no estamos enterados de si se han tomado las medidas pertinentes. Es importante conocer de si ya se han implementado mecanismos de seguridad que permitan disminuir el riesgo de accidentes que ponen en riesgo a quienes ahí laboran. También es necesario tener información sobre las medidas de prevención que se han tomado a partir del accidente.

Asimismo, es prioritario tener conocimiento de si las empresas contratistas cumplían con las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental exigidas a proveedores y contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleo Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

La pasada administración no brindó la información necesaria, por lo que no tenemos aún el resultado de la indagatoria que llevaba a cabo Pemex y la Procuraduría General de la República. Las familias tamaulipecas no tienen certidumbre sobre las causas de la explosión y tampoco de si hoy existen las medidas de seguridad que eviten un nuevo percance.

En su momento, el director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, expresó que la explosión se debió a una acumulación de gas, pero que la causa seguía en proceso de investigación.

Las autoridades aseguraron que se llevarían a cabo las indagatorias hasta las últimas consecuencias y eso es lo que pedimos, toda vez que no se sabe quiénes son responsables de estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría General de la República a agilizar los trabajos de investigación sobre las causas de la explosión en el Centro Receptor de Gas y Condensados de la Subsidiaria Pemex Exploración y Producción en Reynosa, Tamaulipas, sucedida el pasado 18 de Septiembre de 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.

Diputados: Amira Gricelda Gómez Tueme, Enrique Cárdenas del Avellano, Elsa Patricia Araujo de la Torre, Rosalba de la Cruz Requena y Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a poner en marcha por la Sedesol, la SCT, la Semarnat y la STPS el Programa de Empleo Temporal en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima para mitigar la desocupación de pescadores, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Tania Margarita Morgan Navarrete, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución bajo el tenor de las siguientes

Consideraciones

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establecerá veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima a partir del 8 de marzo. Además, a partir del 1 de mayo, se establecerá por primera vez la veda en otras especies como la jaiba y no se ha presentado aun la fecha de conclusión, aunque se conoce que con base en investigaciones y muestreos biológicos realizados por el Inapesca y mediante acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, podremos conocer la fecha de término de la veda.

Esta será la primera ocasión en la que un periodo de veda para camarón sea coincidente con el periodo de veda de la jaiba.

Los periodos de veda son dados a través de estudios realizados por el Inapesca en los que se han abordado, además de otras temáticas, la fecundidad y el ciclo de madurez gonádica del camarón blanco y de otras especies. Por lo que es de reconocer la necesidad de establecer la veda para la captura de dichas especies con el fin de proteger la fracción reproductora de sus stocks.

La actividad pesquera en Estados como Sinaloa, representan una importante actividad económica. Por citar un ejemplo, la pesquería del camarón blanco (Litopenaeus vannamei) contribuye al menos con el 13% de la producción de camarón capturado. Esta actividad ayuda a mantener niveles de desarrollo sustentable, por los empleos e ingresos que genera, tanto en su fase extractiva como en las de procesamiento, distribución y comercialización en los mercados internos y externos.

Cada vez que se publica un acuerdo de veda, se trata de conservar el equilibrio de las especies a través de su reproducción natural; pero al mismo tiempo, se intensifican otras problemáticas como el desempleo de los miles de trabajadores que dedican su vida a la pesca.

Se espera que un promedio de 6000 trabajadores se vean afectados por la veda de este año puesto que no solo será de camarón sino también de jaiba.

Cabe destacar, que Conforme a las Reglas de Operación 2013, el Programa de Empleo Temporal (PET) tiene como objetivo específico proporcionar a hombres y mujeres de 16 años de edad en adelante, apoyos temporales para afrontar los efectos negativos generados por emergencias o situaciones económicas que provocan la disminución de sus ingresos, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.

Opera a nivel nacional en municipios de muy alta, alta o media marginación así como en municipios con alta pérdida del empleo y en aquellos en los que ocurren emergencias que producen efectos negativos en sus actividades productivas; como es el caso que se plantea en el presente.

Dicho lo anterior y tomando en cuenta que las Reglas de Operación del PET son establecidas en un marco de coordinación intersectorial, dadas por el Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, integrado por los subsecretarios de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social; Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presento ante esta honorable asamblea con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a poner en marcha de manera inmediata el Programa de Empleo Temporal, bajo la emergencia suscitada tras la puesta en marcha de la veda temporal de camarón y jaiba en los estados de de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, a fin de mitigar el efecto del desempleo en pescadores.

Segundo: Que los gobiernos de los estados afectados, en conjunto con las delegaciones federales de las dependencias que operan el programa, promuevan la puesta en marcha de dicho programa a fin de que los pescadores y sus familias puedan cubrir sus necesidades básicas.

Notas

1 Publicación del Diario Oficial de la Federación:

http://sagarpa.gob.mx/normateca/Normateca/Acuerdo%20veda %20camaron%2007032013.pdf

2 Reglas de Operación 2013 del Programa de Empleo Temporal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.

Diputada Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a generar condiciones que permitan cumplir la recomendación número 061/2011, emitida por la CNDH, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Marcos Rosendo Medina Filigrana, diputado a la LXII Legislatura, electo por el quinto distrito electoral de Tabasco, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a hacer uso de sus facultades a efecto de generar condiciones que permitan cumplir la recomendación 061/2011, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En octubre y noviembre de 2007, una importante porción del territorio de Tabasco fue inundada, como consecuencia de una serie de circunstancias climáticas y errores humanos.

Dicha inundación afectó en forma significativa el patrimonio de miles de tabasqueños, inutilizó miles de hectáreas productivas y mató a cientos de animales vacunos y de traspatio.

Derivado lo anterior se inició una serie de trabajos de construcción de infraestructura destinada a proteger, principalmente, a las zonas urbanas de posibles futuras inundaciones.

Como resultado de ello, en los años subsecuentes se salvó a la capital del estado, Villahermosa, de volver a ser inundada, pero en detrimento de amplias zonas rurales, esencialmente asiento de pueblos indígenas, que se vieron afectadas por prolongadas inundaciones “artificiales” que se prolongaron más allá de la época de lluvias y que en un total de alrededor de diez meses terminaron por dañar la economía tradicional de esas regiones.

En consecuencia, y ante la actitud omisa de las entonces autoridades estatales y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un grupo de ciudadanas y ciudadanos de las zonas afectadas decidieron trasladarse a la ciudad de México e interponer sus respectivas quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por ello, en el lapso que comprendió los meses de septiembre de 2010 a enero de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió 51 expedientes, mismos a los cuales se fueron agregando las quejas que fueron interpuestas hasta julio de 2011, por habitantes de decenas de comunidades de alrededor de siete municipios de Tabasco.

Según la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “de entre todas las mencionadas localidades, el número de personas afectadas ascendió a 5 mil 710, por hechos cometidos en su agravio atribuibles a servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Desarrollo Social federal, gobierno de Tabasco y de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, en dicha entidad del sureste”.

Asimismo, continúa la CNDH, “las víctimas señalaron, en términos generales, que Tabasco es una entidad que se encuentra en una región del país que, por sus condiciones geográficas, está expuesta a sufrir inundaciones que se producen por diversos eventos climáticos; ejemplo de ello son las ocurridas en los años 2007, 2008 y 2009, situación que ha generado en los habitantes de esa entidad federativa, cada vez que suceden acontecimientos de esta naturaleza, una serie de afectaciones como en el caso de la ciudad de Villahermosa, inundada en 2007 y en la que aproximadamente resultaron 1.5 millones de personas agraviadas, es decir, 75 por ciento de la población en aquella época”.

En cumplimiento de sus facultades legales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió personal a Tabasco para realizar supervisiones, visitas de campo y realizar entrevistas que le permitieran tener una visión clara de los hechos que motivaron las quejas señaladas.

Asimismo, la CNDH se allegó de una serie de documentos públicos relativos a las inundaciones padecidas en la planicie tabasqueña durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

En tal contexto, en uno de los párrafos de su apartado intitulado “Situación Jurídica” la CNDH señala lo siguiente: “En este orden de ideas, es importante destacar que la Auditoría Superior de la Federación, en los Informes de los Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2008 y 2009; publicados y disponibles en su página de internet www.asf.gob.mx, realizó observaciones respecto la gestión financiera de los recursos federales erogados por la Comisión Nacional del Agua para cumplir con los objetivos y metas de diversos programas, que tenían como finalidad, entre otros, prever y prevenir daños causados por fenómenos naturales, la competencia profesional de sus servidores públicos, así como para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron, conforme a la legislación aplicable”.

Finalmente, producto de un trabajo serio, profesional y responsable, con fecha 10 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su recomendación 061/2011, cuyas principales recomendaciones me permito transcribir textualmente:

A ustedes, señores director general de la Comisión Nacional del Agua, gobernador constitucional del estado de Tabasco y miembros de los ayuntamientos de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca:

Primera. Instruyan a quien corresponda, a efecto de que de manera coordinada, se implementen las acciones necesarias para reparar los daños en términos de lo que establecen los procedimientos administrativos previstos, a todas aquellas personas que acrediten precisamente haber sufrido afectaciones, independientemente de que hayan tenido la calidad de quejosos o no en el presente asunto, con motivo de las omisiones en las que se incurrieron antes, durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas, elaborando un registro que permita identificarlas y determinar el tipo de reparación que se les proporcione, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda. Giren sus instrucciones a quien corresponda, para que de manera coordinada y junto con la participación de la población del estado de Tabasco, implementen un plan para contingencias conforme a la legislación en materia de protección civil, con la finalidad de establecer medidas efectivas que permitan, brindar la atención oportuna durante el desarrollo del evento hidrometeorológico; y, posteriormente, apoyar a las personas que resulten afectadas a fin de brindar mayor seguridad y salvaguardar a los habitantes, sobre todo las relacionadas con el derecho a la protección de la salud, enviando a esta Comisión Nacional las constancias con las que acredite su cumplimiento.

Tercera. Giren sus instrucciones para que de forma coordinada, diseñen y realicen sistemática y permanentemente, campañas de difusión en la que se proporcione a los habitantes del estado de Tabasco, información detallada y fácilmente comprensible, sobre las zonas de alto riesgo de inundación en esa entidad federativa; así como, del peligro que existe para su integridad física y su patrimonio en caso de establecerse en ellas, y envíen a este organismo nacional, las constancias con las que acrediten su cumplimiento.

A usted, señor director general de la Comisión Nacional de la Agua:

Primera. Instruya a quien corresponda, a fin de que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, por una parte, se concluyan en tiempo y forma, las obras hidráulicas planeadas para realizarse entre el periodo de 2007 a 2012, en el estado de Tabasco, con la finalidad de disminuir la situación de vulnerabilidad que enfrentan a causa de las inundaciones; y, por otra, se realicen los estudios y trabajos respectivos en todos los afluentes de los ríos que escurren libremente, y con ello, se tomen las medidas técnicas para desarrollar y ejecutar, un sistema hídrico de protección en los mismos, para evitar en un futuro inundaciones como las ocurridas en 2010 y se envíen a este organismo nacional, las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda. Instruya a quien corresponda para que se colabore con este organismo nacional en la presentación y trámite de la queja que promueva ante el Órgano Interno de Control, por los hechos narrados en la presente recomendación, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que le sean requeridas.

Tercera . Se colabore debidamente en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente la Comisión Nacional ante la Procuraduría General de la República, con la finalidad de que investigue la responsabilidad penal en que hayan incurrido servidores públicos federales, y remita a este organismo nacional las constancias que le sean solicitadas.

Cuarta. Se instruya a quien corresponda, para que cuando se tenga previsto desarrollar obras consistentes en infraestructura hidráulica, específicamente en el estado de Tabasco, se implementen medidas para informar a la población que será impactada por las mismas, atendiendo a los principios que sustentan la política hídrica nacional, con especial énfasis, en el derecho que tiene la sociedad a recibir información oportuna, plena y fidedigna; a efecto de evitar, en un futuro, daños similares o mayores a los ya acontecidos, así como pérdidas patrimoniales y de salud, enviando a este organismo nacional las constancias con las que acredite su cumplimiento.

Quinta. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos, así como del conocimiento, manejo y observancia de legislación administrativa aplicable, dirigido a los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, en la que se les oriente a observar y a garantizar que los procedimientos administrativos se integren con total apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, y envíe a este organismo nacional los indicadores de gestión y evaluación que se apliquen al personal capacitado y las demás constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Sexta. Gire instrucciones a quien corresponda, para que la Comisión Nacional del Agua a través del organismo de cuenca frontera sur, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Aguas Nacionales, establezca un seguro contra daños por inundaciones en zonas de alto riesgo en el estado de Tabasco, en atención a que no fue remitida a esta Comisión Nacional, prueba alguna que evidenciara su existencia y vigencia durante las inundaciones de 2010, y envíe a este organismo nacional, las constancias con las que acredite su contratación.

A usted, señor gobernador constitucional del estado de Tabasco:

Primera. Instruya a quien corresponda, para que se diseñen e impartan cursos de capacitación para los servidores públicos de esa entidad federativa, que realizan funciones durante emergencias y desastres, en materia de derechos humanos, con la finalidad de que apeguen su conducta a la normatividad aplicable; y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento, así como los indicadores de gestión o de evaluación que se apliquen al personal que reciba los mismos, en los cuales se señale el impacto efectivo de la capacitación.

Segunda. Instruya a quien corresponda, para que se colabore ampliamente con este organismo nacional en la presentación y trámite de la queja que promueva ante la Contraloría del estado de Tabasco, por los hechos narrados en la presente recomendación, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que le sean requeridas.

Tercera. Se colabore debidamente en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente la Comisión Nacional ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se determine la responsabilidad penal en que hayan incurrido servidores públicos estatales, y remita a este organismo nacional las constancias que le sean solicitadas.

A ustedes, miembros de los ayuntamientos de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca:

Primera. Giren instrucciones a quien corresponda, para que se diseñen e impartan cursos integrales de capacitación y formación a los servidores públicos municipales, relacionadas con la materia de protección civil, que tengan como finalidad orientar la actuación de las autoridades y con ello evitar hechos similares a los que dieron origen al presente pronunciamiento, y se envíen a este organismo nacional, las constancias que acrediten su cumplimiento; así como ,los indicadores de gestión o de evaluación que se apliquen al personal que reciba los mismos, en los cuales se señale el impacto efectivo de la capacitación.

Segunda. Se colabore ampliamente con esta Comisión Nacional, en la presentación y trámite de la queja que promueva ante las Contralorías de su municipio, y envíen a este organismo nacional las constancias que les sean requeridas.

A la fecha dicha recomendación no ha sido cumplida, persistiendo un grave problema social en la zona que va en detrimento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que habitan en la misma y que pone en riesgo la tranquilidad y armonía social en una de las principales regiones productoras de petróleo en el sureste mexicano.

De allí que sea de vital importancia la intervención de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a efecto de coadyuvar en la mediación y en la suma de voluntades de las diversas instancias de los tres niveles de gobierno que han sido señaladas en la recomendación, con objeto de poder otorgar una atención y una solución integral a tan lamentable problemática.

La presente propuesta con punto de acuerdo se fundamenta en lo establecido en el artículo 102, Apartado B, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 102. B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999.)

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o, en sus recesos, la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Asimismo, el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece:

Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

b) La comisión nacional determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso.

c) Las autoridades o servidores públicos a quienes se hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.

d) Si persiste la negativa, la comisión nacional podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

Así como en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra señala:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VII. ...

VIII. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticas nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales;

...

Por lo expuesto, en mi carácter de diputado federal y con arreglo a los derechos que en consecuencia me reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación del orden federal a hacer uso de sus facultades a efecto de generar condiciones que permitan cumplir la recomendación 061/2011, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.

Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Ssa a evaluar, intensificar y perfeccionar las campañas centradas en la detección temprana de la hipertensión entre la población susceptible de padecerla, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Carla Alicia Padilla Ramos, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el fin de conmemorar el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, y en este año, el tema prioritario es la hipertensión arterial, misma que pone en evidencia la relevancia epidemiológica de esta afección, y el impacto que ejerce sobre la salud pública.

Hoy en día entre 50 y 60 por ciento de las muertes, se dan por enfermedades ligadas al corazón, y en 90 por ciento de los casos la hipertensión arterial está presente de forma directa o indirecta.

Bajo el lema “conoce tus números, mide tu presión arterial y cuida tu corazón”, la OMS se enfoca este año en la hipertensión arterial, ya que es el principal factor de riesgo de muerte y enfermedad en todo el mundo.

La hipertensión puede causar además insuficiencia renal, ceguera, vasculopatías periféricas y una pérdida prematura y silenciosa de las capacidades cognitivas, porque afecta la irrigación cerebral, el riesgo es mucho mayor cuando se le suman otras condiciones más que frecuentes en la vida actual, como la diabetes, el tabaquismo, la obesidad o el consumo excesivo de alcohol.

La hipertensión es una enfermedad que padece 1 de cada 3 personas adultas en el mundo1 , y su prevalencia aumenta con la edad, ya que afecta a un 10 por ciento de los jóvenes entre 20 y 30 años, pero pasados los 50 afecta a más de la mitad de la población. Se habla de hipertensión arterial (HTA), cuando la persona no puede mantener su presión arterial por debajo de 140 y 90 milímetros de mercurio (mmHg), en sus niveles sistólico y diastólico.

En México, alrededor de 30 por ciento de la población adulta padece hipertensión arterial, y cerca de 60 por ciento de los individuos afectados desconoce su enfermedad. Esto significa que en nuestro país existen más de 15 millones de personas con este padecimiento, de las cuales un poco más de 9 millones no han sido diagnosticados2 .

La hipertensión arterial es una de las más importantes enfermedades cardiovasculares, debido a su prolongado tiempo de evolución y a las complicaciones que puede generar. Este padecimiento tuvo una prevalencia de 23.8 por ciento en 1963 y de 30.05 por ciento en 20043 y4 .

Diversos estudios han identificado como factores que contribuyen a la aparición de esta enfermedad, la edad, una alta ingesta de sodio, dietas elevadas en grasas saturadas, el tabaquismo, estilo de vida sedentario y la presencia de enfermedades crónicas como obesidad, dislipidemias5 y diabetes entre otros factores6 .

Sin embargo, la hipertensión se puede prevenir y tratar, por ello en el Partido Verde Ecologista de México creemos firmemente que es necesario evaluar, intensificar y perfeccionar las campañas para abordar este problema de salud pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, solicitamos a esta soberanía se someta a consideración de este pleno la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que evalúe, intensifique y perfeccione las campañas enfocadas a la detección temprana de la hipertensión entre la población susceptible de padecer esta enfermedad, con el fin de asegurar un tratamiento oportuno.

Notas

1. Barquera S, Campos-Nonato I, Hernández-Barrera L, Villalpando S, Rodríguez-Gilabert C, Durazo-Arvizu R, Aguilar-Salinas CA. Hypertension in Mexican adults: results from the National Health and Nutrition Survey

2006. Salud Pública Mex 2010;52 suppl 1:S63-S71.

2. Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial.

3. Encuesta Nacional de Salud 2000. 2. La salud de los adultos. Instituto Nacional de Salud Pública. Primera edición. 2003.

4. Rosas P. Lara E. Pastelón H. y cols. Re-encuesta Nacional de Hipertensión Arterial (RENAHTA): consolidación mexicana de los factores de riesgo cardiovascular. Cohorte Nacional de Seguimiento. Arch. Cardiol. Mex. 2005:75(1):96-111.

5. Las dislipidemias o dislipemias son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento común es una alteración del metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre

6. Kearney P, Whelton M, Reynolds P, Whelton H, Jiang H. Worldwide prevalence of hypertension. Journal of Hypertension 2004, 22:11–19.

Palacio Legislativo de San Lázaro,

a 4 de abril de 2013.

Diputada Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef a solicitar a la Segob que por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía se den a conocer en tiempos oficiales y en el programa radiofónico La Hora Nacional las instituciones financieras que cobran las mayores comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Alberto García González, a la LXII legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que solicite a la Secretaría de Gobernación, que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, sea dado a conocer en tiempos oficiales de radio y televisión, así como en el programa semanal de radio La Hora Nacional, cuáles son las instituciones financieras que cobran las más altas comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito que ofrecen, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país las crisis económicas y financieras han sido incluso, causa de suicidio en personas que vieron disminuido y perdido su patrimonio a causa de las enormes devaluaciones. Como olvidar al famoso Fondo Bancario de Protección al Ahorro mejor conocido por sus siglas Fobaproa, que propicio el rescate bancario que le ha costado a nuestro país austeridad y retraso en su crecimiento económico.

Estas crisis económicas fueron ocasionadas principalmente por los bancos que prestaron demasiado dinero, cobraron altos intereses y comisiones a gente que simplemente no podía pagar y solamente se dedicó a gastar lo que no tenía, haciendo mal uso del crédito bancario y/o financiero que otorgaron las instituciones bancarias así como las de ahorro y préstamo, endeudando a todo México.

No obstante los antecedentes de crisis económicas, devaluaciones y rescates bancarios, es impresionante ver como actualmente personas que no tienen un empleo, un historial crediticio ni referencias bancarias o financieras, siguen teniendo acceso a créditos y préstamos a los que no pueden hacer frente, sin tener idea de los altos costos que genera el retraso y la falta de pago de esos adeudos.

Esta ignorancia se presenta, porque las instituciones otorgantes de los créditos y/o préstamos no les explican detalladamente a los usuarios las cláusulas contractuales que prevén los porcentajes de las tasas de interés que se cobran así como el costo de las comisiones y cuotas que se generan por la mora o falta de pago del capital otorgado en préstamo. Resultando preocupante esta situación, ya que, en poco tiempo las deudas llegan a duplicarse o triplicarse volviéndose impagables para los deudores.

Situación que es de prioritaria atención, ya que, de permanecer indiferentes ante estos casos aumentan las posibilidades de una nueva crisis bancaria que podría terminar convertida en deuda pública de todos los mexicanos.

Para frenar esta ignorancia financiera, es necesaria la intervención del gobierno federal, echando mano de los medios de información con que cuenta el país a efecto de mantener informado al país sobre las instituciones que cobran las más altas tasas de interés así como las más altas cuotas por manejo de cuentas y las más altas comisiones, para que los mexicanos conozcan los costos que se pagan por los servicios de crédito, préstamo y por manejo de las cuentas de ahorro.

Uno de los medios idóneos para que la población mexicana esté informada es la radio, que como medio auditivo de información es una puerta para que el radio-escucha, pueda conocer mediante los tiempos oficiales de programación, toda la información relacionada con los servicios de banca y crédito que otorgan las instituciones financieras públicas y privadas, con énfasis en aquellas que cobran las más altas comisiones y tasas de interés, para que así los mexicanos eviten la celebración de contratos con ese tipo de instituciones.

Es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, la unidad encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaria de Gobernación en materia de radio, televisión y cinematografía, por lo tanto, al ser la encargada de coordinar y supervisar técnicamente la transmisión, enlace y distribución de los programas oficiales en cadena nacional y del programa de radio La Hora Nacional, entre otros, es quien se encargará de diseñar el formato del programa en el que se darán a conocer cuáles son las instituciones financieras que cobran las más altas comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito que ofrecen.

Además sería importante que en esos programas se invitará a funcionarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que sean ellos quienes den a conocer a los mexicanos de manera detallada cuales son las máximas tasas de interés y comisiones que pueden cobrar las instituciones financieras así como la información sobre las instituciones que presentan el mayor numero de quejas y sanciones ante dicha comisión.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero a solicitar a la Secretaría de Gobernación que dentro de sus respectivas atribuciones y a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, sea dado a conocer en tiempos oficiales de radio y televisión, así como en el programa semanal de radio La Hora Nacional, cuáles son las instituciones financieras que cobran las más altas comisiones y tasas de interés por los servicios de banca y crédito que ofrecen, a fin de crear conciencia en los mexicanos reduciendo las posibilidades de una nueva crisis bancaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.

Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las solicitudes, los permisos o las licencias otorgados o en trámite para operar salas de juegos y sorteos en sitios considerados monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, así como los próximos a centros educativos, públicos o privados, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Zárate Salgado, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción I, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública que hagan pública la información relativa a las solicitudes de autorización para la operación de salas de juegos y sorteos en sitios considerados como monumentos históricos, culturales y arqueológicos y/o se encuentren próximos a centros de educación, públicos o privados; asimismo, se suspendan las solicitudes para la operación de salas de juegos y sorteos que se encuentren en trámite o que pretendan iniciar operaciones en zonas de monumentos históricos, artísticos o arqueológicos, y específicamente las que se encuentren en trámite o que pretendan iniciar operaciones en la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal; y se proceda a la instauración inmediata de una mesa de trabajo con la Comisión Especial en la materia de la Cámara de Diputados para examinar los requisitos, procedimientos y expedición de las licencias de operación para salas de juegos y sorteos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años hemos sido testigos del exponencial crecimiento y cada vez mayor presencia urbana de las –así llamadas– salas de juegos y sorteos, coloquialmente, casinos. En ellas se han manifestado desde adicciones al juego, que deben ser atendidas como un grave problema de salud pública, hasta la presencia de redes de la criminalidad organizada que, sin mayores miramientos, han ocasionado graves daños a la cohesión social y, en algunas ocasiones, la muerte de nuestros conciudadanos.

En este tenor, es menester indicar que el correcto control de estos centros de juego redunda en una mejor calidad de vida para los cohabitantes de los lugares en donde se sitúan y estos centros no pueden ser instalados en donde, por su naturaleza misma, causarían un daño inmanente a la imagen urbana, al patrimonio histórico o a sitios de interés cultural, artístico o arqueológico o al desarrollo integral de las niñas y niños de nuestro país.

Debemos señalar que México ha reconocido la importancia de la protección del patrimonio cultural, mismo que es indispensable para sostener la identidad nacional cuya transmisión a las generaciones futuras es indispensable. Las autoridades mexicanas han asumido la obligación de brindar protección a distintos monumentos y zonas que constituyen patrimonios indispensables para el entendimiento del nacimiento, costumbres y el porvenir de distintos grupos de la ciudadanía.

En congruencia, el Congreso de la Unión ha expedido distintos instrumentos jurídicos para la protección del derecho humano a la cultura como la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, cuya observancia depende en gran medida de la Secretaría de Educación Pública. El Estado Mexicano, en coherencia con las razones anteriormente planteadas, ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales que lo obligan a proteger, frente a cualquier amenaza, al patrimonio cultural.

En el Distrito Federal existen zonas de monumentos históricos protegidos por su valor cultural entre las que destaca la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal. En dicha colonia se encuentran “zonas y sitios de la Ciudad delimitados a fin de conservar y consolidar la fisonomía propia y de su patrimonio cultural urbano-arquitectónico, incluyendo aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados, merecen conservarse”. La protección de la colonia implica: 1). Preservar la identidad de la capital y la República; 2). Garantizar el acceso a la cultura, como derecho humano y, 3). Cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de protección al patrimonio cultural.

Debemos señalar que diversos instrumentos legales emitidos por las autoridades federales y del Distrito Federal, resguardan a la zona de Chimalistac como patrimonio cultural de la humanidad, como ejemplo, el día 27 de septiembre de 1934, el titular del Ejecutivo federal emitió un decreto por el que se “... declara Zonas Típicas Pintorescas, deslindándolas de las Delegaciones Villa Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco”, incluyendo la colonia Huerta del Carmen –hoy Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac–, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de octubre de 1934.

El día 27 de noviembre de 1986, el titular del Ejecutivo Federal emitió un decreto por el que “se declara una zona de monumentos históricos en la Delegación Villa de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, D.F.”. El día 6 de octubre de 1993 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y se aprueba la normatividad para el mejoramiento y rescate de las colonias Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, DF”.

No obstante lo anterior, distintos vecinos, intelectuales y asociaciones de protección de la cultura y la historia han denunciado reiteradamente la construcción, instalación y/o apertura de un casino ubicado en Insurgentes Sur 2374, Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal.

Este establecimiento ha iniciado una constante discusión sobre el deterioro que puede generarse en la zona protegida, ya que resulta violatorio de la normatividad nacional e internacional que protege el patrimonio cultural y, principalmente, por la violación expresa al programa parcial de desarrollo que estipula de manera precisa el tipo de establecimientos que pueden operar en esta zona de patrimonio cultural e histórico.

El probable funcionamiento del casino ha generado un clima de tensión social que pone en peligro la estabilidad de la zona. Los vecinos, intelectuales y asociaciones de protección a cultura, historia y patrimonio nacional, han expresado su desagrado por el funcionamiento del casino dado el daño que éste puede generar en el patrimonio cultural que le da sentido a su vida diaria. Es de conocimiento y experiencia ciudadana que los casinos han alterado la vida cotidiana de distintas zonas del país: se fomentan los juegos y el azar en lugar del conocimiento cultural de la nación.

Debemos señalar, sin embargo, que el problema principal de estos centros no reside fundamentalmente en su naturaleza, sino en una incorrecta supervisión de sus actividades que deriva en la comisión, por parte de dueños y funcionarios públicos, de delitos graves de corrupción y cohecho.

Esto es, el Estado de Derecho y sus instituciones, amparan y protegen cualquier actividad empresarial en tanto ésta se desarrolle sin violar el marco jurídico normativo.

En este sentido y dada la importancia que, para nosotros como representación ciudadana tiene el resguardo de zonas de protección natural y medioambiental, zonas de monumentos históricos y de patrimonio cultural que forman parte de la reserva cultural, artística y turística de nuestro país y que, como tales, constituyen un fuerte foco de atención para la operación de centros de entretenimiento como los de juegos y sorteos, es que debemos redoblar los esfuerzos para la protección y resguardo de todas aquellas zonas protegidas por leyes especiales, en coordinación con las autoridades responsables.

Ninguna actividad empresarial, personal y de lucro puede estar por encima de los intereses de la Nación, específicamente de lo que nos dota de identidad y genera patrimonio a nuestra cultura.

Estamos plenamente conscientes de que un problema como el que afrontamos en este momento, únicamente puede ser resuelto desde una óptica de Estado que involucre a todos los poderes de la Unión, desde una perspectiva integral.

Es por ello que solicitamos a las Secretarías de Gobernación y Educación Pública que se suspendan toda emisión de licencias, permisos o autorizaciones en zonas de patrimonio histórico, arqueológico y cultural así como aquellas que se encuentren en las proximidades de centros educativos, de manera genérica, y de manera específica aquellas que se ubiquen en el perímetro de la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, así como el establecimiento de una mesa de trabajo con la Comisión Especial en la materia que, para el efecto, ha conformado esta Cámara, en la que examinemos, conjunta y corresponsablemente, los procedimientos establecidos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y operación de las llamadas salas de juegos y sorteos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero . Se solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, específicamente la Dirección General de Juegos y Sorteos haga pública la información respecto a las solicitudes, permisos o licencias otorgadas o en trámite para el establecimiento de salas de juegos y sorteos –casinos—, en zonas de monumentos históricos, artísticos y/o arqueológicos, así como el listado de aquellos establecimientos que hayan manifestado su apertura.

Segundo . Se solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Gobernación y Educación Pública, hagan pública la información relativa a las solicitudes, permisos o licencias otorgadas o en trámite para el establecimiento de salas de juegos y sorteos –casinos–, así como el listado de aquellos establecimientos que hayan manifestado su apertura en aquellas zonas que se sitúen en las proximidades de centros de educación, públicos y privados.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación el establecimiento de una mesa de trabajo, con la Comisión especial que para el efecto se constituyó en la Cámara de Diputados, que examine los requisitos, procedimientos, revistas y expedición de las licencias de operación para las salas de juegos y sorteos –casinos.

Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Gobernación la suspensión de trámites, otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones de salas de juegos y sorteos –casinos- en zonas de monumentos históricos, artísticos y arqueológicos hasta en tanto esta mesa de trabajo tenga certeza de que los procedimientos, permisos, licencias, establecimiento e inicio de operación de los mismos no atentan en contra del patrimonio cultural, histórico, artístico del país ni contra los objetivos que persiguen dichas zonas, así como la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales.

Quinto. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que, de manera inmediata, proceda a cancelar cualquier licencia, permiso o autorización, en trámite u otorgado, para la operación de salas de juegos y sorteos en la colonia Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 días de abril de 2013.

Diputado Fernando Zárate Salgado

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que se restituyan por la SHCP los recursos destinados al programa de repatriación de migrantes, en apoyo de deportados por las garitas de Baja California, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando al titular del Ejecutivo federal, se restituyan los recursos para el programa de repatriación de migrantes, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas de Estados Unidos de América establecidas en el estado de Baja California, bajo los siguientes

Considerandos

Una de las particularidades que significan al estado de Baja California, es precisamente la migración, dada su posición geográfica, que lo hace colindar con el estado de California de los Estados Unidos de América.

La migración de ciudadanos de otras entidades del país, incluso de otras naciones y por tanto nacionalidades, es un hecho cotidiano, que hace a esta entidad un estado receptor de migrantes, y esto se ha tornado en un gran reto para el gobierno del estado y los propios gobiernos municipales involucrados en este tema. Particularmente a la autoridad estatal le exige crear condiciones y oportunidades para que las personas que migran tengan acceso al empleo, a la salud, a la educación y a los servicios que el gobierno debe otorgarles y también a ser apoyados para regresar a sus lugares de origen cuando así lo decidan.

Los bajacalifornianos podemos dar testimonio de la gran cantidad de personas de otras entidades del país que son deportadas diariamente por las autoridades de migración de los Estados Unidos de América; y que en un número importante solicitan apoyo para regresar a su estado natal para reincorporarse a su familia y continuar su búsqueda de bienestar y desarrollo.

Algo que ha caracterizado a los bajacalifornianos es su permanente generosidad, solidaridad y apoyo con nuestros hermanos de otras entidades del país que nos solicitan apoyos, pero también, hemos luchado por ser institucionales, para que los apoyos no sean una limosna o una dádiva, sino una actitud generosa y un método de servicio subsidiario hacia nuestros semejantes en el entendimiento de que lo que buscan es una vida plena y más digna.

De acuerdo a información hecha del conocimiento público en pasados días fueron recortados millones de pesos al Programa de Repatriación de Migrantes, derivado de un recorte presupuestal del gobierno federal de alrededor de veinte millones de pesos.

Para este año, más de 100 mil migrantes que son deportados anualmente por Baja California no recibirán apoyo económico para regresar a su lugar de origen.

En 2012, fueron deportados por las garitas mexicanas alrededor de 370 mil personas. Siendo de Baja California casi 126 mil de los cuales 66 mil fueron por Mexicali y 59 mil por Tijuana.

Las cifras hablan por sí mismas si las analizamos retrospectivamente ya que de 1995 a 2011 fueron deportados por Baja California 5 millones 108 mil 977 personas. Vale la pena destacar que dentro del mismo periodo 95-2011 el total general por las diversas garitas es de 12 millones 122 mil 137, lo cual indica por Baja California transitan casi 50 por ciento de los seres humanos que son deportados.

Se trata de personas en su mayoría de nacionalidad mexicana, que llegan sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir, muchas veces, deportados por las madrugadas.

De acuerdo a estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), alrededor de 300 personas son deportadas diariamente por Tijuana, cantidad que rebasa la capacidad de las autoridades.

Según datos del INM, a partir de que inició el Programa de Repatriación Humana (PRH) en 2007, se han atendido a más de 700 mil migrantes en los diferentes módulos de la región.

Aunque la cantidad de personas atendidas bajo este sistema ha ido en aumento, los esfuerzos resultan insuficientes ante la carencia de una política pública que atienda las diferentes aristas del problema.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha explicado los motivos de este recorte; por lo cual se hace necesario más allá de una explicación, el reconocimiento de la gravedad del problema y la oportunidad de mantener este programa.

Ante este escenario, expresamos nuestra preocupación por las decisiones unilaterales que el gobierno federal ha tomado al respecto, sin tomar en cuenta la realidad que vive el estado de Baja California en el rubro migratorio, decisiones centralistas como esta afectan gravemente la convivencia y el bienestar de los bajacalifornianos y de los migrantes, y además reconocemos y nos sumamos a las gestiones del gobernador del estado de Baja California ante la Secretaría de Gobernación federal, para que sean restituidos los recursos del fondo relacionados con el Programa de Repatriación de Migrantes.

En virtud de lo previamente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, LXII Legislatura, solicita al titular del Ejecutivo federal, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de restituir los recursos que ascienden a 20 millones de pesos, destinados para el Programa de Repatriación de Migrantes, operado por el Instituto Nacional de Migración, en apoyo a personas deportadas por las diversas garitas con sede en Baja California desde los Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.

Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar al ciudadano Alberto Patisthán Gómez, indígena tzotzil, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados a la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El profesor Alberto Patishtán Gómez, de familia indígena tzotzil y activista político del estado de Chiapas, es una víctima paradigmática de violación sistemática de los derechos humanos consagrados en nuestro texto constitucional y en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

Alberto Patishtán Gómez es actualmente el preso de conciencia mexicano más conocido en el mundo entero, su caso es defendido por organizaciones sociales y de derechos humanos de toda la república y muchos países del mundo han manifestado su apoyo y su interés por este caso emblemático de faltas al debido proceso, del uso faccioso de la procuración de justicia y de una carencia en el acceso a la justicia, lo cual resulta especialmente grave a la luz del artículo 2o. constitucional.

El profesor tzotzil ha purgado una pena de 13 años de prisión en forma injusta e inhumana en un penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en distintas prisiones del país al ser acusado por una emboscada en que murieron siete policías, pero que a decir de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas “la defensa demostró su inocencia” , como lo declaró públicamente el propio gobernador Juan Sabines Guerrero, hace más de dos años. A decir de muchas organizaciones de derechos humanos la verdadera causa por la que fue condenado a 60 años de cárcel fue por motivos políticos, ya que era considerado como un líder político “peligroso” por el presidente municipal Manuel Gómez Ruiz y por el diputado local Ramiro Miceli Maza.

A lo largo de estos 13 años de encarcelamiento nunca ha dejado de reclamar el reconocimiento de su inocencia, aun teniendo que recurrir a poner en riesgo su vida con huelgas de hambre y ayunos y no solamente buscando justicia, sino defendiendo los derechos de otros reos injustamente encarcelados como él, y siempre ayudando a sus compañeros de prisión a no desesperar y reivindicar justicia, siempre de forma pacífica y digna, y como parte del movimiento democrático magisterial.

Lamentablemente, los abusos, prejuicios, discriminación, explotación, sojuzgamiento y opresión siguen vigentes y nos recuerdan que las condiciones de exclusión social hacia los pueblos indígenas no han terminado, particularmente en Chiapas, donde hay una gran diferenciación racial, y donde la cárcel es el único refugio seguro para indígenas por delitos menores o por delitos que no se cometieron pero que la incriminación es más fácil que seguir las huellas de los verdaderos delincuentes.

Diputadas y diputados, las historias de injusticias hacia las comunidades indígenas siguen vivas. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por mayoría, su incompetencia para analizar el Incidente de Reconocimiento de Inocencia presentado por el profesor Alberto Patishtán, puesto que no reunía los requisitos de interés y trascendencia necesarios para entrar a su análisis y el expediente se devolvió a un tribunal de circuito de Chiapas, para su resolución definitiva.

Hay que señalar que el proyecto de resolución fue presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero y avalado por el ministro Arturo Zaldívar, que consideraban que bajo el contexto de la reforma constitucional en derechos humanos y de diversas tesis del Poder Judicial de la Federación, las pruebas que sustentaron la sentencia del profesor Patishtán carecen de validez.

Por las graves irregularidades en el proceso, sentencia y riesgos a su vida e integridad, el caso también fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2010, por violaciones principalmente a los artículos 8 y 25, entre otros, de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Por eso, la importancia de recordar a Rosario Castellanos, que con su percepción aguda en su obra Ciudad Real, nos sigue inquiriendo y nos recuerda que el caso Patishtán, es también un hecho del pasado y del presente, como una historia dolorosa que está en un rincón del tiempo estancado, y nos hace recordar una vez más que una cultura milenaria sigue sojuzgada y oprimida desde hace siglos y que nos clama justicia, y su derecho a existir.

Por último, y de conformidad con el último párrafo del inciso del artículo 102 de nuestra Constitución Política, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorgue el indulto al ciudadano Alberto Patishtán Gómez, indígena tzotzil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2013.

Diputados: Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina.