Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SRE que remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes para poder dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76, fracción I, constitucional, a cargo de la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se encuentra en un proceso de transición demográfica única en su historia. La población entre 12 y 29 años representa el 35% de los mexicanos.1 Los jóvenes son el sector poblacional que se encuentra en formación, se introduce al sector productivo, quienes mueven la economía, la cultura, la política. Determinamos los usos y las costumbres del México contemporáneo, tenemos demandas, pensamientos, necesidades, aspiraciones y deseos diversos.

Un estudio de la Organización Iberoamericana de la Juventud coloca a nuestro país en una etapa avanzada de la transición demográfica. México experimentó una tasa elevada de fecundidad hasta mediados de los años sesenta, que ha descendido en los últimos 40 años hasta llegar a un nivel cercano al promedio de reemplazo.2

El desarrollo de los jóvenes atraviesa todos los temas: seguridad, educación, desarrollo científico, protección del medio ambiente, trabajo, esparcimiento. Los estudios y las políticas públicas que se vienen realizando en el tema juvenil son relativamente recientes.

La Organización de las Naciones Unidas declaró 1985 como el Año Internacional de la Juventud. Junto con ello, los organismos oficiales de juventud han celebrado conferencias intergubernamentales, reuniones de jefes de Estado, reuniones interparlamentarias, han desarrollado proyectos regionales, planes de acción y programas de trabajo nacionales y regionales.

En agosto de 1992, diversas naciones de habla hispana firmaron el Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), órgano de discusión regional que, dentro de sus fines se encuentran impulsar los esfuerzos que realizan los Estados Miembros para mejorar la calidad de vida de los jóvenes; promover el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales de juventud y la coordinación interinstitucional e intersectorial a favor de políticas integrales hacia la juventud.3

La OIJ es una institución supranacional, que integra a 22 países de América Latina y Europa, con el fin de articular y promover derechos y políticas públicas enfocadas a la población entre los 15 y 24 años de edad.

Las políticas regionales en materia de juventud deben de tener su referente a nivel nacional. Para ello, el gobierno federal cuenta con el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), órgano descentralizado de la administración pública, y referente obligado para conocer los trabajos que se han realizado a favor de los jóvenes.

La creación del Imjuve se remite a enero de 1999, durante la presidencia de Ernesto Zedillo. Tiene por objeto, entre muchos otros, definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; fungir como representante del gobierno federal en materia de juventud, ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación. Asimismo, es el responsable de velar por el cumplimiento de los tratados y convenios que firma el Ejecutivo en materia de juventud.

La OIJ celebró en España en 2005 la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. El resultado final, el Acta de Badajoz, establece tres objetivos primordiales: promover en los países la generación de políticas públicas de juventud; investigar las diferentes realidades juveniles y capacitar funcionarios y representantes juveniles; así como promover proyectos integración para jóvenes a nivel nacional y regional.

México se adhirió y firmó la Convención en octubre de 2005, sin embargo, no ha sido ratificado por el Senado de la República debido a que, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha enviado el expediente respectivo a la colegisladora, y el proceso se encuentra detenido desde ese momento.

El Acta de Badajoz es un importante tratado que reafirma el compromiso de los Estados para garantizar los derechos esenciales y propios de los jóvenes. El tratado ha sido firmado y ratificado por República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia, y se encuentra en proceso de ratificación en Cuba, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela.

La ratificación del tratado representa el compromiso del Estado mexicano con el sector poblacional más numeroso, con mayores demandas y necesidades, así como el sector más activo y propositivo.

Por lo expuesto se propone a esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita al Senado de la República el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de estar en posibilidad de dar curso al procedimiento previsto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 XX Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, http://www.censo2010.org.mx/

2 Saad, Paulo, y otros. Juventud y bono demográfico en Iberoamérica, Organización Iberoamericana de la Juventud, Madrid, 2009.

3 Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de Juventud, http://www.oij.org/es_ES/la-oij/acta-de-fundacion

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputada María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la integración de un legislador representante de la Comisión de Desarrollo Municipal de esta soberanía en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Ernesto Núñez Aguilar, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, expone la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvio resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 22 de enero de 2013, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, expidió el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, conocido por sus siglas como: Sinhambre. Su creación se enmarca en varios ordenamientos jurídicos e instrumentos internacionales en los que se establecen el derecho a la alimentación y el deber del Estado de garantizarla.

Con tal sistema se busca abastecer de alimentos, productos básicos y estratégicos a la población; promover el acceso a la alimentación en los grupos sociales más desfavorecidos; dar prioridad a la producción nacional, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria y asumir un enfoque integral que conjunte a los tres órdenes de gobierno iniciando con 400 municipios.

Dicho sistema se conforma de la manera siguiente:

a) Una Comisión Intersecretarial compuesta por 19 organismos públicos, entre los que se encuentran, 16 secretarías de Estado, 2 organismos públicos descentralizados no sectorizados y el Sistema Nacional DIF;

b) Acuerdos integrales promovidos por la Secretaría de Desarrollo Social;

c) Un Consejo Nacional integrado por representantes de organizaciones de los sectores social y privado, de instituciones académicas, de organismos e instituciones internacionales y por al Secretaria de Desarrollo Social.

d) Comités Comunitarios integrados por beneficiarios de programas sociales; y,

e) Gobernadores de los estados de la república y el jefe de gobierno del Distrito Federal como invitados permanentes.

En la conformación del Consejo Nacional, el suscrito diputado, considera que es imprescindible que las y los legisladores que integran el Congreso de la Unión, sobre todo los integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados participen, a través de un representante en el Consejo Nacional.

Se propone dicha participación con pleno respeto al ámbito competencial que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de contribuir al desarrollo coordinado y complementario de las acciones para fortalecer a los municipios.

La labor de los legisladores estaría enfocada principalmente en lo siguiente:

• Ser un vínculo de las demandas del municipio y conocer las necesidades presupuestales de los 11 diferentes ramos que integran el sistema;

• Establecer una comunicación directa entre los integrantes de los diferentes órdenes de gobierno y organismos que se integraran, con la Comisión referida; y

• Dar cumplimiento a la agenda de trabajo de la Comisión de Desarrollo Municipal en referencia, creada en la presente legislatura, principalmente en:

a) Proveer de mayores recursos a los ayuntamientos;

b) Fortalecer el presupuesto de 2014 en materia municipal;

c) Sacar adelante los proyectos municipales;

d) Promover el desarrollo integral del municipio;

e) Proveer al ayuntamiento de instrumentos para fortalecer su autonomía;

f) Realizar una reforma integral municipalista; y,

g) Potenciar la capacidad de progreso de los ayuntamientos. Desarrollo económico sustentable con equidad presupuestal, financiera, capacitación.

Lo anterior también, en concordancia y alcance de las atribuciones de las comisiones ordinarias dispuestas en el artículo 39 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de dictamen legislativo, información y de control evaluatorio.

En ese orden de ideas, se propone que la Comisión de Desarrollo Municipal, participe en los esfuerzos del gobierno federal señalados en el decreto de mérito, lo que dejaría un precedente más en la concurrencia y cooperación de los Poderes de la Unión, ordenes de gobierno y otras instancias, con el objeto de erradicar el hambre.

Por lo expuesto y fundado, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, considerar la integración de un legislador representante de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, en el Consejo Nacional del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de abril de 2013.

Diputado Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los poderes de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía de Tinum, y de sus autoridades constitucional y popularmente electas, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Cinthya Noemí Valladares Couoh, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor siguiente:

Primero. El 1 de julio de 2012 resultó elegida para ejercer el cargo de presidenta municipal de Tinum, Yucatán, la ciudadana Natalia Mis Mex. El cabildo que encabeza está integrado por siete regidores del PAN, tres del PRI y uno del PRD. El ayuntamiento inició su periodo el 1 de septiembre de 2012. Como todo ayuntamiento, su cabildo aprobó su Ley de Ingresos, por 10 votos a favor y 1, priista, en contra. De inmediato se envío al Congreso del estado, donde tiene mayoría el PRI, y la ley con que da sustento a sus actos de autoridad en materia de recaudación en todas las áreas fue aprobada por unanimidad.

Los actos de autoridad de dicho municipio están igualmente regidos por la Ley de Hacienda Municipal, cuya vigencia data de una administración priista, y se complementa su aplicación con la Ley de Ingresos señalada.

Segundo. El 24 de febrero del año en curso, un grupo de aproximadamente 100 personas se apostó a las puertas del edificio que ocupa la comisaría de Pisté, impidiendo en forma indefinida el acceso a él, alegando infundadamente como sustento de su acción la clausura ilegal de tres restaurantes de la comisaría referida. Dichos lugares fueron sancionados por carecer de la licencia respectiva de funcionamiento por negarse al pago de los derechos correspondientes derivados de la Ley de Hacienda Municipal, emitida y publicada conforme a derecho.

Con posterioridad a la ilícita ocupación, el ayuntamiento, por medio de su alcaldesa, intentó generar el diálogo conciliatorio con las personas que se habían apostado a las puertas del edificio público de dicha comisaría, percibiendo que la mayoría de los “manifestantes” era ajena a la comunidad y al municipio, pero que se encontraban encabezadas y patrocinadas por el propietario de uno de los establecimientos irregulares clausurados.

Al día siguiente, en forma por demás diligente, se encontraba dispuesta a las puertas del inmueble municipal de Pisté una fuerte operación policiaca, formada por elementos de la Policía Estatal, quienes ante la petición de la alcaldesa de permitirle el acceso al edificio, se negaron rotundamente y además hasta la fecha permiten que los inconformes se mantengan en poder de las instalaciones municipales de la comisaría. Igual suerte corrieron las instalaciones municipales de San Francisco y la cabecera municipal.

Vale la pena señalar que el artículo 115 constitucional dice en la fracción I, primer párrafo, lo siguiente:

1. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

Y a mayor abundamiento, siendo que desde la toma de las instalaciones por los manifestantes y hasta la fecha, la fuerza pública estatal se ha encargado de dar protección a los “ciudadanos” involucrados en la comisión del ilícito establecido en el Código Penal del Estado de Yucatán denominado “delitos contra el orden constitucional” que, de acuerdo con la fracción VII del artículo 137, se tipifica en la forma que a continuación se refiere:

VII. Impedir a las autoridades administrativas, legislativas, jurisdiccionales o municipales el libre acceso a las instalaciones en que deban realizar sus funciones.

Ante esa circunstancia, es evidente la invasión de la esfera municipal por el Ejecutivo del estado y, peor aún, en la protección en la comisión de un delito a particulares que obstaculizan las funciones propias de una autoridad municipal.

Tercero. La presidenta municipal Natalia Mis Mex es una de las pocas alcaldesas que hay en el ámbito nacional, y no dejo pasar el dato de que cuenta con sólo 22 años de edad. Con ello podemos entender lo absurdo de las acciones en su contra llegando al grado no sólo de proteger a los que despojan a una autoridad legalmente constituida, mujer, de 22 años, con la fuerza de una policía estatal y todo lo que conlleva sino que, adicionalmente, amagan iniciar un juicio político en su contra para destituirla por el único pecado de cumplir su función y hacer cumplir la ley. ¿No es la actitud del gobierno estatal misógina y contra dos valores que tanto se promueve para defender por esta soberanía: la mujer y la juventud?

Por lo anterior proponemos, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los poderes de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía de Tinum y sus autoridades constitucional y popularmente elegidas, así como garantizar la integridad física de éstas y el libre ejercicio de sus funciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2013.

Diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes de la Unión a promover en las dependencias el uso sustentable de la energía, el agua y los recursos naturales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Sergio Augusto Chan Lugo, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Rafael Acosta Croda, Fernando Alejandro Larrazábal, Máximo Othon Zayas, J. Jesús Oviedo Herrera, María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés, José Enrique Reina Lizárraga, Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La protección del derecho de toda persona a vivir en un medioambiente adecuado, requiere de la adopción de mejores prácticas de consumo y producción que impulsen el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales.

Pese a esto, México está ubicado en el lugar 13 entre los primeros 15 países generadores de Gases Efecto Invernadero, y emite 2 por ciento del total a la atmósfera, por lo que es uno de los principales responsables del cambio climático.

Sin embargo, bajo los gobiernos de Acción Nacional, nuestro país adoptó acciones concretas y estratégicas con la finalidad de disminuir la generación de gases efecto invernadero. Tan es así que en 2010, México fue sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 16) en la que pugnó porque las naciones signatarias se comprometieran de forma seria y responsable para reducir los Gases Efecto Invernadero y sus efectos.

Además, como es del conocimiento de todos, México es miembro activo del Protocolo de Kioto desde el 16 de febrero de 2005, acuerdo internacional suscrito por 128 países cuyo objetivo consiste en tomar medidas para reducir la contaminación derivada de las emisiones de gases como el bióxido de carbono, el gas metano, entre otros, que contribuyen al cambio climático en la mayoría de las regiones del mundo.

El calentamiento del planeta que pensábamos tan lejos, evidentemente esta a la orden del día, y la conciencia del impacto ambiental y de las políticas de responsabilidad por la conservación del medio ambiente son ya una prioridad.

Lo anterior, compañeras y compañeros Diputados, nos compromete a dar el ejemplo desde este Recinto, por lo que debemos encausar mayores esfuerzos no sólo para aprovechar todo tipo de materiales, sino para prohibir aquellos que resultan altamente contaminantes o que además de tomar mucho tiempo en degradarse, contienen sustancias potencialmente cancerígenas en deterioro del medio ambiente y de la salud de los seres vivos.

Precisamente, uno de dichos materiales que no contribuyen al medio ambiente es el unicel, ya que tarda bastante tiempo en degradarse, y cuya utilización no es necesaria si consideramos que los avances tecnológicos permiten sustituirlo por productos biodegradables elaborados con fécula de maíz y caña de azúcar.

Afortunadamente, existen instituciones educativas en el país como la UNAM, que han tomado la decisión de volverse más verdes mediante acciones como la prohibición del unicel en sus instalaciones.

Asimismo, reducir el consumo de papel es importante no sólo porque ayudaría a disminuir la tala de árboles, sino también por los efectos contaminantes asociados a su producción y uso, por ejemplo, en el consumo de agua y energía.

En nuestro país, lamentablemente escasea en las ciudades el concepto de oficina verde, aquellas donde existe visión y compromiso por no continuar perjudicando a la naturaleza y al medio ambiente. Por lo que este concepto y esta visión, el gobierno en todos sus órdenes debe implementarlos y ser un ejemplo serio ante la sociedad.

Hoy en día, se calcula que los empleados imprimen un promedio de 8 páginas por día. Compañeras y compañeros diputados, si calculamos la cantidad de empleados que laboran en la Cámara de Diputados, tan solo por mencionar una dependencia, nos daríamos cuenta de la cantidad de papel usado solo para imprimir documentos.

Compañeras y compañeros legisladores, está en nuestras manos realizar acciones que contribuyan a este cambio de consciencia en el uso de los recursos, que nos permitan su mejor aprovechamiento en empatía con un mejor medio ambiente.

Así por ejemplo, en el caso del papel, la impresión en doble cara resulta prioritario o recurrir al uso intensivo del correo electrónico como mecanismo de comunicación y de traslado de información, aprovechando la tecnología que está al alcance de muchos trabajadores, en lugar de continuar desperdiciando papel a costa de una mayor tala de árboles.

Otras de las medidas a favor de un medio ambiente amigable compañeros, es la selección del tipo de artículos de limpieza que usan las empresas contratadas para el aseo de las oficinas de gobierno. Está comprobado que algunos limpiadores pueden ocasionar dolor de cabeza a la gente, en cambio, hay otros basados en esencias como lavanda y naranja, que energizan y producen sensación positiva en el ambiente mejorándose la productividad laboral.

En el caso del uso de muebles y materiales reciclables de oficinas es donde se ha tomado mayor conciencia del uso de materiales reciclables, fabricados con madera de bosques que no son naturales, energía renovable, telas ignífugas, pinturas no tóxicas, etcétera.

En el tema de la iluminación y ahorro de energía compañeros diputados, se puede avanzar no solo en la reformulación de la iluminación, sino con programas de concientización al interior de las dependencias gubernamentales donde se promueva un menor consumo de energía.

También se deben reciclar y minimizar los deshechos como lo hacen ya algunas empresas, cuya política consiste en disponer de tres recipientes de distinto color que clasifiquen los deshechos que luego pueden reciclarse, eso contribuye a promover una cultura “verde”.

También es importante la reducción del consumo del agua en botellas de plástico, contribuyendo con el medio ambiente, reducción de costos y en la generación de basura.

Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional urge la promoción de una verdadera cultura verde responsable en todos los Poderes Federales de la Unión. Por lo que buscamos con el ejemplo contribuir desde esta Cámara de Diputados hacia la construcción de una consciencia social verde real y decidida para que se implementen políticas serias y responsables en todos los Poderes Federales de la Unión que verdaderamente contribuyan a un uso responsable de la energía, el agua y los recursos naturales.

De esta forma, la presente proposición se adhiere y reconoce el decreto publicado el día 10 de diciembre del 2012 en el Diario Oficial de la Federación donde se especifica claramente que todas las dependencias de gobierno federal deberán reducir de manera importante, el consumo de energía, recursos materiales, agua, en beneficio del medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que implemente una política con enfoque ecológico y ambientalmente sustentable en el uso y tratamiento de sus recursos materiales, en la que considere: la reducción del uso de papel; la selección de artículos de limpieza; el uso de muebles y materiales reciclables en las oficinas; el ahorro de energía; el uso racional de materiales y energía en los sistemas de impresión; el reciclado y tratamiento de desechos; en sustituir el uso de productos de unicel; y la reducción de botellas de plástico, a fin de conformar un ambiente laboral en armonía con el medio ambiente.

Segundo. Se exhorta al Poder Judicial de la Federación, al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República para que implementen una política con enfoque ecológico y ambientalmente sustentable en el uso y tratamiento de sus recursos materiales al interior de sus centros de trabajo, en concordancia con el mejoramiento del medio ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputados: Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Rafael Acosta Croda, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al Consejo del Banco de México a analizar la viabilidad de establecer una política de crecimiento activa que considere como una de sus acciones la posibilidad de dar uso productivo al excedente de reservas internacionales, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Consejo del Banco de México a realizar un análisis sobre la viabilidad de establecer una política de crecimiento activa, que considere como una de sus acciones la posibilidad de dar un uso productivo al excedente de reservas internacionales. Todo ello en atención a las siguientes consideraciones

Consideraciones

Primera. Las reservas internacionales de México al 15 de marzo de 2013 estaban estimadas en 165 mil 675 millones de dólares; en los últimos seis años se han duplicado dichas reservas.1 Es necesario apuntar que este fenómeno de acumulación de reservas es mundial. Diversos estudios indican un desproporcionado crecimiento de las reservas internacionales sobre todo de los países en desarrollo, incluyendo dentro de estos a los de Asia-Pacífico y de América Latina. Tan sólo de 1995 a 2005, las reservas internacionales acumuladas por todos los países del mundo reportan un crecimiento de 307 por ciento, pasando de 16.8 billones de dólares a 68 billones de dólares.2

Posterior a la crisis mexicana de 1994, nuestro país y muchos otros países en vías de desarrollo adoptaron “(...) como estrategia, para alcanzar estabilidad financiera, la acumulación de reservas internacionales. Es decir, incrementar, tanto como se pudiese, la liquidez como medida precautoria contra el ciclo de ataques especulativos-fuga de capital-crisis financiera.”3 De esta manera, “(...) Los dólares acumulados en el Banco de México se han convertido en el ancla que garantiza la estabilidad financiera de la economía (...)” mexicana.4 Ahora bien, dado que, en el caso mexicano, la mayor parte de las reservas se encuentran invertidas en dólares, el rendimiento de las mismas no ha sido un factor sido prioritario en este esquema de acumulación.5

Segunda. Con relación a este incremento de las reservas internacionales existen diversas interpretaciones sobre si realmente se trata de un crecimiento desproporcionado, que hipotéticamente se encuentra por encima de un nivel adecuado u óptimo, y que es, por ello, un tanto económicamente irracional. Especialistas en la materia, como el caso de Moritz Cruz, abonando este debate, señalan que un blindaje externo máximo bien podría estimarse en 6 por ciento respecto del PIB.

En este punto debemos considerar que en 2011 el PIB de México ascendió a más de mil 746 mil millones de dólares.6 Si calculamos un blindaje de 6 por ciento del PIB de este año, de acuerdo con estos autores, el punto óptimo de reservas internacionales debería rondar cerca de los 104.8 miles de millones de dólares. Pero, las reservas internacionales de ese año cerraron en 142.3 miles de millones de dólares;7 es decir, un excedente de aproximadamente 38 mil millones de dólares. Sobre este punto es necesario apuntar que no se cuenta aún con información consolidada del PIB para 2012 y 2013, por lo cual no se puede aún realizar una estimación de la cantidad de recursos excedentes en las reservas internacionales, aunque hipotéticamente estos recursos, dado el monto actual de reservas internacionales, deberían rondar cerca de 50 mil millones de dólares.

En este sentido es en el que los especialistas del tema argumentan que el costo de oportunidad por no usar estas reservas de manera óptima es superior a un punto porcentual del PIB.8

La propia Secretaría de Hacienda, en 2005, en un amplio reconocimiento de que las reservas internacionales se encontraban muy elevadas, decidió utilizarlas para pagar una parte de deuda externa.9 Esto además de que el Banco de México “(...) decidió aplicar a partir de mayo de 2003 un mecanismo para reducir el ritmo de acumulación de Reservas Internacionales mediante la venta diaria por subasta de un monto de dólares que se fija cada trimestre y que se da a conocer a través de los Boletines de Prensa Trimestral del Banco de México.”10

Tercera. El debate sobre la posible existencia de reservas internacionales excedentes nutre otro tan importante sobre la posible utilización de éste para invertirlo en proyectos que abonen al crecimiento y el desarrollo nacional. El dilema es que, precisamente, el país necesita una fuerte cantidad de recursos para crecer por encima del promedio en que ha crecido en los últimos 12 años, en los cuales el estancamiento ha sido la constante. De hecho, de acuerdo a los cálculos elaborados por Moritz Cruz, “(...) si el exceso de reservas internacionales hubiera sido absorbido por la economía, el techo de crecimiento durante el período 1996-2004 hubiera sido de 4.3 por ciento promedio anual, en vez del observado que fue de 3.7 por ciento.”11 Este mismo comportamiento permanece en los años subsecuentes.

El problema adicional consiste en que, si logramos ponernos de acuerdo en que existe un exceso de reservas internacionales, y en que esa parte excedente debe ser usada para impulsar el desarrollo nacional, también tendríamos que ponernos de acuerdo sobre el mecanismo más adecuado para usar estos recursos. Otros países marcan la vanguardia en el tema, incluso en Latinoamérica: Argentina y Brasil han tomado la opción de pagar deuda externa riesgosa con el FMI; China optó por recapitalizar su banca pública; Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Corea y Noruega han creado fondos de inversión para maximizar el rendimiento de sus reservas, opción por la que transitan Bolivia, Venezuela e incluso China; Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Costa Rica y Venezuela proponen la creación de un Banco Financiero Internacional para solventar ataques especulativos y financiar proyectos de desarrollo; Venezuela, por su parte, uso sus reservas internacionales en un fondo para desarrollar proyectos sociales y productivos.12 Al respecto, creo que es necesario reseñar con mayor detalle las diferentes alternativas:

Se usan las reservas internacionales para pagar deuda externa

El artículo 10 de la Ley del Banco de México lo faculta para la emisión, colocación, compra y el servicio de la deuda, de tal manera que si reconoce que las reservas se encuentran por encima de un nivel óptimo lo conducente sería que se pudiera saldar la deuda externa de mayor riesgo y cambiarla por deuda interna. El inconveniente que se presenta con esta alternativa es que el pago del servicio de la deuda interna por lo regular es mayor que el de la externa.13

Las reservas se usan para financiar proyectos productivos

Esta es una de las opciones que llama más la atención de los expertos. Es nuevamente Moritz Cruz quien señala que “(...) es claro que el exceso de reservas podría contribuir importantemente en el crecimiento, particularmente si se utiliza en proyectos productivos como infraestructura doméstica –elevando así la competitividad de la economía– o en sectores con alta rentabilidad como el petroquímico. (...) En el caso de los sectores productivos, por ejemplo, el sector petroquímico no sólo ofrece rentabilidad elevada sino es un sector prioritario para el desarrollo de la economía mexicana y los recursos son urgentes tanto para mantener su capacidad productiva como para mejorarla y expandirla. En el caso de proyectos de infraestructura, los recursos podrían canalizarse en la construcción de puertos, aeropuertos, carreteras; en áreas estratégicas (fronterizas) para elevar la competitividad de la economía.”14

De hecho ya en pasadas legislaturas se han realizado exhortos al gobierno federal en el sentido de establecer una política que permita hacer un uso más óptimo de las reservas internacionales, estableciendo como una posibilidad la liquidación de pasivos de Pidiregas, el esquema que se ha utilizado para financiar infraestructura eléctrica.15 El punto central, desde luego es la necesidad de que los recursos realmente se inviertan en sectores que sean palanca y motor del crecimiento de otros sectores de la economía nacional y en donde los proyectos ofrezcan realmente tasas de rendimiento mayores o por lo menos iguales que las que actualmente tienen las reservas. Algunos representantes del sector empresarial se han manifestado en el mismo sentido, argumentando que estos recursos “(...) deben de aprovecharse esquemas como los proyectos para la prestación de servicios (PPS) a través de asociaciones público privadas garantizando que el prestador mantenga las obras mejorando la calidad de vida, aunado a la suma de otros recursos como el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y la banca de fomento.”16

Con las reservas se constituyen Fondos de Inversión para financiar proyectos para el desarrollo nacional

La propuesta consiste en la creación de un fondo financiero para proyectos de alto impacto económico y social pero sin dejar de considerar que son proyectos sostenibles económicamente. Desde luego se trata de proyectos a largo plazo e implica asociaciones posibles entre los gobiernos y la iniciativa privada en proyectos de infraestructura y actividades productivas de alto impacto en los que la iniciativa privada no tenga interés en desarrollar o el suficiente capital para arrancar el proyecto. Entre los países que han desarrollado este tipo de fondos se encuentran Venezuela, Noruega y los Emiratos Árabes Unidos.17

Otras alternativas

Germán Alarco reseña una propuesta del gobierno peruano para financiar proyectos de inversión a través de recursos triangulados los cuales derivan de alguna institución financiera internacional la cual a su vez recibe los recursos de las reservas internacionales. Este esquema tiene la ventaja de establecer criterios de control internacionales para el otorgamiento de los recursos evitando el manejo discrecional para proyectos específicos por parte de los gobiernos.18

Nosotros creemos que, en este caso, es importante destacar que ya existe una experiencia probada en muchos países con relación a la utilización de las reservas internacionales para proyectos de desarrollo nacional, esto a contrapelo de la práctica ortodoxa (y en suma temerosa y conservadora) del gobierno neoliberal mexicano de salvaguardar las reservas para prevenir los voraces ataques especulativos de los capitales golondrinos. Diversas experiencias internacionales nos enseñan que usar estas reservas con mesura y un proyecto de desarrollo planeado, consensuado y definido en términos de viabilidad económica y social, es sumamente provechosa la utilización de las reservas en beneficio de nuestra economía nacional.

Es por ello que, en virtud de lo anteriormente dicho, creemos que la acción más viable, en caso de que se pudiese establecer una estrategia activa para usar los excedentes actuales de las reservas internacionales, que podrían rondar cerca de 50 millones de dólares, la inversión más viable debería ser la construcción de las refinerías que hacen falta el país.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al consejo del Banco de México a realizar un análisis sobre la viabilidad de establecer una política de crecimiento activa, que considere como una de sus acciones la posibilidad de dar un uso productivo al excedente de Reservas Internacionales.

Notas

1 Banxico: “Reserva Internacional”, en: http://www.banxico.org.mx/graph/test/?s=SF43707,CF106,6&period=Dia&l=es...

2 Cruz, Moritz (2006): “¿Pueden las reservas internacionales contribuir al crecimiento mexicano?”, en: Economiaunam, Vol. 3, número 008 y Alarco Tosconi, Germán (2011): “Niveles necesarios, costos y políticas para las reservas internacionales en América Latina”, en: Economía Mexicana, Nueva Época, vol. XX, número 1, 145-180; páginas 152-153 y 175.

3 Cruz: página 118.

4 Sin Autor: “Reservas internacionales. Tesoro intocable: para presumir y no tocar”, en: El Semanario sin Límites, en: http://www.elsemanario.com.mx/edition/news_display.php?edition_id=91&story_id=1890...

5 “Nugée (John) (2004, páginas 2-5) señala que las razones para mantener reservas pueden ser diversas: proveer fondos para el servicio de los pasivos en moneda extranjera y las obligaciones de la deuda, como instrumento de tipo de cambio o política monetaria, fuente de fondos para pagar gastos en ultramar, defensa contra emergencias o desastres, como fondo de inversión (para evitar que ganancias imprevistas puedan desorganizar la economía interna, para poder implantar una política anticíclica y para obtener ganancias financieras), y antiguamente como respaldo formal de la moneda.” (Alarco: página 156) Por su parte, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que “(...) las Reservas Internacionales se utilizan para que el Gobierno Federal y los particulares puedan cumplir sus compromisos en moneda extranjera como la amortización y el pago de intereses de su deuda externa acumulada; para el pago de las importaciones de bienes y servicios; para los depósitos de las cuotas que tenemos asignadas en los organismos financieros internacionales y para el pago de las transferencias en moneda extranjera derivadas de las inversiones extranjeras (directas y de cartera) en nuestro país, así como para la venta de dólares a través del mecanismo para reducir el ritmo de acumulación de Reservas Internacionales, principalmente.” (Cámara de Diputados (2005): “Fuentes y Usos de las Reservas Internacionales en México, 1996–2005/May”, en: Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, CEFP/017/2005, página 8)

6 Inegi: “Producto Interno Bruto Anual”, en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.a spx?s=est&nc=572&c=24498... Se podría generar un ejercicio similar para 2012 y 2013 pero todavía no se tienen cifras consolidadas por parte de la OCDE ni de Inegi.

7 Banco de México: “Reservas Internacionales”, en: http://www.banxico.org.mx/graph/test/?s=SF43658,CF105,2&period=Dia&l=es...

8 Sin Autor: “Reservas internacionales...”

9 Fue el 22 de junio pasado cuando la SHCP anunció que llevaría a cabo el prepago de créditos contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Mundial (BM) por un monto aproximado de 7 mil millones de dólares. La dependencia asegura que ya analiza la posibilidad de realizar otros prepagos de deuda bajo este mecanismo. (Loc. Cit.)

10 Cámara de Diputados: página 11.

11 Cruz: página 124.

12 Calcagno, Alfredo Fernando (2007): “¿Qué hacer con las reservas?, en: Le Monde Diplomatique. Edición Cono Sur , número 96, junio de 2007, en: http://www.insumisos.com/diplo/NODE/1517.HTM...

13 “(...) en teoría y debido a que no se ha definido un concepto de excedentes de reservas, la dependencia no necesita autorización del Congreso para realizar estas transacciones.” (Sin Autor: “Reservas internacionales...”).

14 Cruz: páginas 122-123.

15 Sin Autor: “Reservas internacionales...”

16 Sin Autor: “Factible uso de reservas internacionales para detonar infraestructura”, en: Urbe Económica, en:http://www.urbeconomica.com/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=6640:factible-uso-de-reservas-internacionales-para-detonar -infraestructura&catid=10:construccion-y-bienes-raices&Itemid=3 4...

17 Banco Central de Ecuador (2010): “Ahorro público e inversión doméstica para el desarrollo”, en http://www.cemla.org/old/actividades/2010/2010-04-OMA/2010-04-OMA-Ecuad or.pdf y Alarco: p. 174.

18 Alarco página 145-180 y 174.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputado Carlos Augusto Morales López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y de Baja California a establecer acciones de prevención y atención de la rickettsia, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México resulta imperativo atender los efectos surgidos de forma contingente, que en materia de salud, amenazan la vida de las personas o la calidad de la misma.

Como fenómenos que se presentan dentro del territorio nacional, y que amenazan la salud de las personas, es de relevancia hacer mención de los hechos ocurridos en las primeras semanas del mes de enero del presente año en el municipio de Mexicali, Baja California.

De acuerdo a lo establecido en algunos reportes de prensa escrita, la muerte de los menores Brayan Ramsés ocurrido el 4 de enero, y el de Esmeralda García López el 24 del mismo mes, con tan solo 11 años de edad, se le atribuye al conjunto de bacterias denominados rickettsia. Esta enfermedad según se ha dado a conocer, es sumamente agresiva, y presenta diversa sintomatología, y realizar diagnóstico oportuno ha resultado sumamente complicado para las instituciones de salud en el estado.

La Secretaría de Salud federal en un estudio elaborado en 2009, señala que la rickettsia es considerada una enfermedad estacional, que se presenta con mayor frecuencia en los meses de abril a septiembre, y que tiene un periodo de incubación de 3 a 12 días; la sintomatología que presenta, de acuerdo a un estudio elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede variar dependiendo del tipo de rickettsia del que se trate y pueden presentarse escaras, fiebre, cefalea, mialgia/ artralgias y linfadenopatía.

La presencia de aparentemente dos casos relacionados a esta enfermedad en lo que va del año dentro del citado municipio, y que por la dificultad de su diagnóstico y tratamiento se ha convertido en un fenómeno preocupante en la región, hace necesario el desarrollo de acciones en materia preventiva y reactiva que ayuden a contrarrestar los fenómenos negativos que origina, y que además son de preocupación toda vez que esta enfermedad no suele presentarse con frecuencia en estos meses del año.

El caso de la Rickettsia en Mexicali, salió a la luz pública en el año 2009; los antecedentes de esta enfermedad se remontan al inicio de dicho periodo, en el cual se detectó dentro del municipio de Mexicali en Baja California, la presencia de la enfermedad provocada por el parásito intracelular Rickettsia rickettsii y prowasekii, transmitido por la garrapata Riphicefalus sanguineus (de acuerdo a lo establecido dentro del estudio realizado por la Secretaría de Salud federal, en 2009).

En esa ocasión de acuerdo a la información que se retoma, se estudiaron mil 453 casos sospechosos, 734 probables, y 278 confirmados; y que derivaron en ese año en un total de 8 fallecimientos confirmados por la rickettsia, cuestión que además de ser lamentable, es preocupante, toda vez que un diagnóstico a tiempo hubiese generado resultados probablemente distintos.

Valdría la pena mencionar en referencia a estos datos, que el rango de edades en el que se presentó el mayor número de casos sospechosos, comprendió de 1 a 24 años de edad; asimismo se mostró que la distribución por sexo fue de 58 por ciento mujeres y 42 por ciento en hombres.

El ayuntamiento de Mexicali con apoyo del gobierno estatal, implementó acciones contingentes para hacer frente a los contagios por rickettsia: se realizaron tareas de limpieza de predios, fumigación de casas y baldíos, que en ese tiempo representaron un total de 5 mil 514 toneladas de basura. Además de estas acciones de limpieza, se llevaron a cabo brigadas casa por casa, para la detección de casos que presentaran sintomatología atribuible a la rickettsia, las cuales fueron instrumentadas por brigadas federales, personal de empleo temporal y del propio ayuntamiento.

Retomando lo encontrado dentro de los documentos elaborados por la Secretaría de Salud federal, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se establece que la dificultad de identificar los síntomas de la referida enfermedad, dificultan su tratamiento oportuno, lo que genera repercusiones de mayor gravedad en la salud del paciente, que incluso lo pueden llevar a la muerte (en este estudio, se señala en 50 por ciento el índice de mortandad, sobre todo en los casos donde el tratamiento de la rickettsia fue después del sexto día).

Además de que la falta de acciones preventivas concretas y continuas para la atención de esta enfermedad, inciden en que se puedan seguir presentando casos de este tipo, en donde estará en riesgo la salud e incluso la vida de las personas.

Lo expuesto dentro de los párrafos anteriores denota dos cuestiones importantes, por un lado se muestra la gravedad de la enfermedad, y por el otro, la dificultad que existe en hacer un diagnóstico preciso, que establezca con claridad la sintomatología de la misma, así como la morbilidad en cuanto a los casos directamente relacionados a la rickettsia, que desprenda acciones precisas para la prevención, control y tratamiento de la enfermedad y de los casos que se presenten dentro del municipio de Mexicali, así como en las demás regiones del país proclives a presentar esta enfermedad dentro de su población; y que de acuerdo a las observaciones de organismos internacionales como la OPS y la OMS, en referencia al padecimiento de la rickettsia, y a las variantes de este padecimiento que se puedan presentar en algunas regiones de nuestro país se deben de implementar acciones tendientes a:

1. Prevención, atención, tratamiento y control de la enfermedad.

2. Establecer métodos efectivos de diagnóstico y de vigilancia activa.

3. Difundir mediante los medios que se crean convenientes los métodos de prevención, manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y tratamiento.

4. Establecer protocolos para la identificación de población o zonas de riesgo de epidemias o casos relacionados a este padecimiento.

5. Diseñar e implementar protocolos de atención y contingencia con métodos apropiados de diagnóstico.

6. Establecer e implementar protocolos para el estudio de los agentes trasmisores de la rickettsia y de sus variantes.

7. Diseñar e implementar los demás instrumentos que se consideran indicados para contrarrestar la presencia de este tipo de contingencias dentro del municipio de Mexicali, y en las demás entidades que sean proclives a este tipo de padecimientos.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud federal y del estado de Baja California, a fin de poder establecer acciones pertinentes para poder lograr la adecuada prevención, diagnóstico, atención, tratamiento y contención, de la rickettsia y de sus variantes, para atender de forma oportuna los casos que se puedan presentar en el municipio de Mexicali, y demás zonas vulnerables del territorio nacional, que puedan ser propensas a esta enfermedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a promover instrumentos para proteger los derechos de los consumidores ante los cobros injustificados con motivo de deficiencias en la prestación de servicios por Comunicaciones Nextel de México, SA de CV, a cargo del diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Víctor Manuel Jorrín Lozano integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente el concepto telecomunicaciones nos resulta cada vez más familiar, pues la comunicación a distancia se ha convertido en una constante en la vida de las personas, a tal grado que difícilmente concebimos el mundo sin ellas.

La amplia gama de opciones que nos proporcionan los diferentes sistemas de telecomunicaciones como el uso de Internet, los teléfonos móviles, la videoconferencia, el radio y la televisión son parte de las herramientas de las nuevas tecnologías.

Así pues, las telecomunicaciones son fuente de progreso, pero también forman parte del drama cotidiano al que los usuarios son expuestos debido a las constantes fallas en el servicio.

Tan sólo en 2012, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el sector de las telecomunicaciones alcanzo poco más de 22 mil denuncias por malos servicios.

Así, a través de este punto de acuerdo nos pronunciamos respecto a la situación que padecen los clientes de la compañía Nextel con motivo de los daños y perjuicios que ésta ha causado a diversos consumidores con motivo de las constantes fallas que su servicio presenta.

Esta compañía encabeza la lista por número de quejas presentadas ante Profeco con motivo del sinfín de omisiones en las que incurre en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, como lo es la interrupción de manera continua, total o permanente en la prestación del servicio de conexión directa o radio.

Un claro ejemplo de esto es que en diversas entidades del país, los modelos más recientes, comercializados por la compañía Nextel, no son compatibles con la plataforma existente en determinadas regiones.

Lo anterior es resultado de la falta de regulación en la materia, pues resulta inconcebible que se permita a dicha empresa distribuir en el país equipos sin que se garantice que no resultaran obsoletos o que no se podrán explotar adecuadamente sus funciones, dadas las características que la infraestructura de las redes inalámbricas presenta en cuanto a la incompatibilidad con algunas tecnologías.

Cabe mencionar que los hechos mencionados no repercuten en nada la rentabilidad de la empresa, pues ésta, pese a brindar un pésimo servicio, mes con mes cobra a sus clientes las cuotas pactadas sin importar que el servicio sea inadecuado, y sin la posibilidad de devolver, descontar o compensar cantidad alguna a los usuarios con motivo de las fallas que estos soportan.

Aunado a lo anterior, la compañía mantiene sujetos a sus clientes a temporalidades forzosas preestablecidas en los contratos de adhesión, en los que el usuario no puede, casi bajo ninguna circunstancia suspender la relación contractual con la empresa.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el pleno ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor promueva los mecanismos necesarios, a fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores ante los cobros injustificados con motivo de deficiencias en la prestación de servicios por parte de la empresa, Comunicaciones Nextel de México, SA de CV.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a solicitar al gobierno estadounidense que destine mayor número de elementos en todas las garitas de la frontera con México para agilizar los cruces afectados por los recortes presupuestarios aprobados en aquel lado, suscrita por integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte

El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 62 numeral 2, 65 numeral 4; y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados; en mi carácter de Presidente de la Comisión Asuntos Frontera Norte y en representación de los integrantes de la misma comisión pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

1. México cuenta con una extensión fronteriza con Estados Unidos de aproximadamente 3,200 kilómetros, los cuales abarcan a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; dentro de los mismos se encuentran los siguientes cruces fronterizos:

Ciudades Fronterizas                                         Ciudades Fronterizas
(Estados Unidos)                                                   (México)

San Luis (Arizona) / Yuma, Arizona                 San Luis Río Colorado (Garita II), Sonora.
San Luis, Arizona                                                San Luis Río Colorado, Sonora
Lukeville, Arizona                                                Sonoita, Sonora
Sasabe, Arizona                                                   Sásabe, Sonora
Nogales, Arizona                                                 Nogales, Sonora
Naco, Arizona                                                      Naco, Sonora
Douglas, Arizona                                                Agua Prieta, Sonora
Antelope Wells, Nuevo México                       El Berrendo, Chihuahua
Columbus, Nuevo México                                 Puerto Palomas, Chihuahua
Santa Teresa, Nuevo México                            San Gerónimo, Chihuahua
El Paso, Texas                                                      Ciudad Juárez, Chihuahua
Presidio, Texas                                                     Ojinaga, Chihuahua
Del Río, Texas                                                      Ciudad Acuña, Coahuila
Eagle Pass, Texas                                                Piedras Negras, Coahuila
Webb Co., Texas                                                 Colombia, Nuevo León
Laredo, Texas                                                       Nuevo Laredo, Tamaulipas
Mission (Texas)                                                   Reynosa, Tamaulipas
Hidalgo (Texas)                                                    Reynosa, Tamaulipas
Pharr, Texas                                                          Reynosa, Tamaulipas
Donna (Texas)                                                     Río Bravo, Tamaulipas
Progreso Lakes, Texas                                        Nuevo Progreso, Tamaulipas
Brownsville, Texas                                              Heroica Matamoros, Tamaulipas
Otay Mesa, California (Garita Este)                 Tijuana, Baja California
Calexico, California (Garita Este)                       Mexicali, Baja California
San Ysidro, California                                         Tijuana, Baja California
Tecate, California                                                Tecate, Baja California
Calexico, California                                              Mexicali, Baja California
Andrade, California                                             Los Algodones, Baja California

De acuerdo con estudios del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, tan sólo el cruce anual por la garita de San Ysidro es de 13 millones 672 mil 329 automóviles, mientras que el número de pasajeros que se trasladan en dichas unidades ascienden a 34 millones 180 mil personas, demorando alrededor de 45 minutos en el cruce.

2. Con fecha 14 de Noviembre del 2012; el Luis Alfredo Murguía Lardizábal, entregó, al Excmo. Sr. Embajador, Earl Anthony Wayne, misiva por la que informa sobre la preocupación de habitantes de ambos lados de la frontera, agrupaciones comerciales e industriales y organismos no gubernamentales, para que se redujeran los tiempos para cruzar la frontera norte del País, a su vez, solicita a los Estados Unidos de América, implementar medidas conjuntas para evitar el tráfico y contrabando de armamento hacia nuestro País y pidió, sean eliminados los retenes del Departamento de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y se implementen mecanismos en infraestructura requerida para agilizar el flujo vehicular en los cruces internacionales.

3. No obstante a ello, en los últimos días, se ha planteado por parte del Gobierno de Estados Unidos de América, recortes automáticos en su presupuesto federal por 85 mil millones de dólares; generando un impacto en las agencias de Administración, Seguridad y Transporte, Servicio de Control y Migración, y el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza; lo que estaría arrojando un recorte aproximado de 3 mil 400 agentes de aduanas y protección fronteriza y 7 mil 200 oficiales de seguridad en el transporte; con ello se verán seriamente afectados los cruces fronterizos, esto ocasionará mayores tiempos de espera en los cruces entre ambos países; de igual manera, se verá afectado el comercio, ya que el 70% de este rubro entre México y Estados Unidos de América, asciende aproximadamente a 450 mil millones de dólares, el cual se realiza mediante transporte de carga, mientras que alrededor de un millón de personas cruza diariamente la frontera por trabajo, comercio o estudio. Asimismo, se están estableciendo reducción en Fondos Federales del Gobierno de los Estados Unidos de América en Seguridad Fronteriza, Educación, Salud y Seguridad Pública, los cuales tendrán efectos negativos en la frontera con México.

4. Con el excesivo retraso en los cruces fronterizos de más 4 horas, tan solo en Tijuana, Baja California, se estarán perdiendo 25 millones 635 mil 616 horas hombre, mientras que en dinero representa 148 millones 686 mil 577 dólares y en días de trabajo son 3 millones 200 mil días de trabajo perdidos; sin embargo, tendremos otros factores que tendrán un impacto negativo como lo es el comercial, ambiental y uno de los más importantes el turístico, que tan solo en esta temporada de Semana Santa se podrían percibir bajas en las zonas de Playas como lo son la de Rosarito, San Felipe, Puerto Peñasco, la ruta del vino en Ensenada, el municipio de Tijuana, entre otros puntos de atracción turística en los Estados de la franja fronteriza norte del país.

A su vez, en los demás cruces fronterizos también se presentan problemas y dificultades en las garitas; por lo que en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, los tiempos de espera para ingresar a lado americano, son de dos a tres horas y en días festivos de 4 horas; por lo que las áreas perjudicadas serán los restaurantes, el sector hotelero y diversas atracciones turísticas.

5. De igual manera, se afecta al sector agropecuario por el recorte de personal en la aduana de exportación y alargar los tiempos de cruce por dos, tres o más días, por lo que estaría presentando perdidas en sus ingresos por mil 200 millones de dólares, al dejar de producir el Valle de San Quintín el 80% de la mercancía que exportaba a los Estados Unidos; sobre todo en la producción de hortalizas en las que se encuentra la fresa, frambuesa, cereza; productos de ciclo de vida corto y altamente perecederos.

6. El sector del turismo médico se encuentra preocupado por las esperas que se están dando para cruzar a Estados Unidos de América ante la disminución de personal en garitas por el recorte presupuestal en el vecino país, aún no pueden cuantificar las consecuencias, pero se espera una disminución en el número de pacientes que vienen atenderse a esta frontera, en cirugías programadas sobre todo las estéticas y bariátricas en el tratamiento de la obesidad, que difícilmente el paciente pudiera cancelar, este problema es recurrente en todos los cruces relacionados con anticipación y que corresponden a todos los estados del norte de país.

7. Que en la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, de la Cámara de Diputados; diversos diputados integrantes de la misma abordaron el tema de la lentitud en los cruces fronterizos del Norte del País y acordaron la realización de un proyecto legislativo que establezca la necesidad de dar celeridad a los mismos, mediante acuerdos binacionales.

Como legisladores y representantes de la Nación; es nuestro deber velar por el bienestar de los ciudadanos; es por ello, que debemos encontrar alternativas para minimizar los efectos negativos que se están presentando por las medidas tomadas por el Gobierno de Estados Unidos de América con el recorte presupuestal, y que están afectando los cruces fronterizos y a miles de residentes, comerciantes, hoteleros, y agricultores.

En general, es un tema que afecta a la población de la frontera norte del País y se hace necesaria la participación del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de exhortar al Gobierno de los Estados Unidos de América, para que destine mayor presupuesto en las garitas que colindan con territorio nacional y ayudar a la agilización de los cruces.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a nombre de las y los integrantes de la Comisión Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados a la LXII Legislatura, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que la honorable Cámara de diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América, a que destinen un mayor número de elementos en todas las garitas de su frontera con México, con la finalidad de agilizar los cruces fronterizos, que han sido afectados como consecuencia de los recortes presupuestales aprobados, en el lado americano.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 2 de abril de 2013.

Diputados: Jaime Bonilla Valdez (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro, María Carmen López Segura, Lázara Nelly González Aguilar, María de Jesús Huerta Rea, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Flor Ayala Robles Linares, María Fernanda Schroeder Verdugo, Javier Treviño Cantú, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, David Pérez Tejada Padilla, Trinidad Secundino Morales Vargas, Irma Elizondo Ramírez, Martha Beatriz Córdova Bernal.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a los gobiernos locales y del Distrito Federal a intensificar las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas en embarazo, parto y puerperio, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Flor de María Pedraza Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del articulo 6; fracción II de los numerales 1 y 2 del artículo 79, todos del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, a que intensifiquen, en el ámbito de sus competencias, las acciones para la prestación de servicios de atención médica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, el parto y el puerperio, garantizando la atención oportuna, de calidad idónea y en condiciones de seguridad a todas las mujeres, con la finalidad de disminuir la mortalidad materna para cumplir con la meta establecida para esta materia en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Consideraciones

El gobierno mexicano adquirió, ante la Organización de las Naciones Unidas, el compromiso de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Entre esos objetivos, se encuentran los relacionados con la materia de salud, cuya rectoría corresponde a la Organización Mundial de la Salud.

En ese tema se estableció como una de las metas la mejora de la salud materna, reduciendo en un 75% la tasa de mortalidad materna, desde el año 1990 hasta el 2015. La tasa de mortalidad materna, entendida como la muerte anual de mujeres por cada 100,000 niños nacidos vivos, incluye muertes durante el embarazo, parto o dentro de 42 días de interrupción del embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo. En México de 2008 a 2010 se logró una reducción del 41% en mortalidad materna, pasando de 85 a 50 muertes por cada 100 mil niños nacidos vivos, pero el compromiso actual dentro de la meta de desarrollo del milenio es reducir la tasa a un rango entre 14 y 17.25 muertes por cada 100 mil nacimientos exitosos.

La mortalidad perinatal incluye defunciones de fetos desde las 22 semanas o más de gestación hasta las defunciones de niños nacidos vivos dentro de los primeros 27 días de vida. Las etapas pueden dividirse de la siguiente manera:

1. Intermedia: es la muerte del feto antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo, entre las semanas 22 y 27 de gestación o peso entre 500 y 999 gramos de peso antes del nacimiento.

2. Fetal tardía: muerte del feto a las 28 semanas o más de gestación o 1,000 o más gramos de peso antes del nacimiento.

3. Neonatal: muerte entre los 0 y 27 días de vida.

3.1. Neonatal temprana: muerte del recién nacido con 22 o más semanas de gestación, entre los 0 y 6 días de vida.

3.2. Neonatal tardía: muerte del recién nacido entre los 7 y 27 días de vida.

Según el Sistema Nacional de Información en Salud y su tabulador de información sobre mortalidad en México, en el año 2008 hubo un total de 14,767 muertes producidas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en menores de un año de edad. Desafortunadamente no existen publicadas cifras homologadas de los rangos que abarca el periodo de mortalidad perinatal, pues la mayor parte de las fuentes enfocan su cifrado en la mortalidad neonatal hasta el año de nacimiento, pero no de fetos desde las 22 semanas de gestación, pero un estudio realizado en la Unidad Médica de Alta Especialidad Número 23 de Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey de 2002 a 2006, arrojo un total de 1,681 muertes perinatales, de las cuales 747 fueron muertes fetales y 934 neonatales, si llevamos estas cifras a niveles nacionales francamente se queda a deber mucho en cuestiones de seguridad para fetos y bebes recién nacidos.

Específicamente las complicaciones por hipertensión durante el embarazo, parto y puerperio han provocado un importante número de las defunciones anteriormente mencionadas. El padecimiento conocido como preeclampsia/eclampsia es considerado uno de los principales causales de muerte materna y perinatal en todo el mundo, siendo la primera causa de muerte en mujeres embarazadas en México, donde la frecuencia oscila aproximadamente en el 8% del total de embarazos. Del total de complicaciones el 98% se considera preeclampsia leve, el 3.75% preeclampsia severa y el 1.75% a eclampsia, en la catalogación más general que existe, pero una clasificación del Lineamiento técnico: prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia/eclampsia , publicado por la Secretaría de Salud en el año 2007, más ajustada a los síntomas que presenta la madre de acuerdo al periodo del embarazo se describe a continuación:

Hipertensión gestacional

Hipertensión arterial mayor o igual de 140/90 mm Hg después de la semana 20 de gestación en ausencia de proteinuria en la orina. El diagnostico puede considerarla hipertensión transitoria del embarazo si no se desarrolla preeclampsia y se normalizan los indicadores. Se puede clasificar como hipertensión crónica en caso de persistir los síntomas después de las 12 semanas de gestación.

Preeclampsia/Eclampsia

Es un síndrome multisistémico cuya severidad puede ser variable, se presenta después de la semana 20 de la gestación y se caracteriza por la reducción de la perfusión sistémica, generada por vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. También puede presentarse durante el parto o en las primeras 6 semanas después de éste. El cuadro clínico se caracteriza por la hipertensión arterial =140/90 mm Hg acompañada de proteinuria, es frecuente que además se presente cefalea, acufenos, fosfenos, adema, dolor abdominal y/o alteraciones de laboratorio.

Preeclampsia agregada a hipertensión crónica

Ocurre cuando en pacientes con hipertensión conocida antes de la gestación, se agregan datos del síndrome de preeclampsia después de la semana 20 del embarazo.

Hipertensión crónica

Presencia de hipertensión arterial = 140/90 mm Hg antes de las 20 semanas de gestación o la que persiste después de 12 semanas posteriores al nacimiento.

El mismo lineamiento indica como principales factores de riesgo la presencia de Preeclampsia en embarazos anteriores, periodo intergenésico mayor de 10 años, hipertensión arterial crónica, enfermedad renal previa, diabetes mellitus, trombofilias, índice de masa corporal = 30 kg/m2, mujeres mayores de 40 años, primipaternidad, factor paterno positivo para preeclampsia en pareja anterior e historia familiar de preeclampsia, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica crónica e infertilidad.

Siguiendo con el estudio de de cifras se estima que a nivel mundial se presentan más de medio millón de defunciones maternas anualmente, de éstas entre el 12% y 15% se relacionan directamente con trastornos hipertensivos. En México la preeclampsia/eclampsia se presenta entre el 5 y el 10% de los embarazos.

Actualmente existen diversos métodos para prevenir o reducir las complicaciones derivadas de enfermedades hipertensivas durante el embarazo y se debe considerar prioritaria la difusión del Lineamiento Técnico sobre Prevención, Diagnostico y Manejo de la Preeclampsia/Eclampsia, así como diversos estudios realizados por instituciones públicas y privadas sobre el tema, a través de campañas de concientización e informativas encaminadas a la prevención y difusión de las consecuencias derivadas al no atender en tiempo y forma el padecimiento en sus etapas iniciales.

El artículo 51 de la Ley General de Salud menciona que los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a la prestación de servicios de salud oportunos y de calidad idónea, cuestión que en ocasiones se incumple por la falta de las condiciones médicas necesarias para prevenir consecuencias graves derivadas de enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio, las zonas rurales del país, sin duda alguna son las más afectadas.

La Secretaría de Salud federal, así como las dependencias estatales deben priorizar la atención médica integral, dentro de la etapa preventiva, referente a las enfermedades hipertensivas durante el embarazo dentro del presupuesto destinado a la producción y la difusión de material textual y visual distribuido principalmente en hospitales, clínicas y centros de salud de carácter público.

Aunado a esto diversas Asociaciones Civiles han desarrollado una larga lucha para consolidar la atención médica integral por parte de las dependencias gubernamentales correspondientes, entre las que destaca la Fundación Mexicana De Prevención y Salud Materna A. C. cuya propuesta de prevención a través del Tamiz Prenatal durante el primer trimestre de gestación debe ser atendido de manera seria y pronta por esta dependencia en primera instancia y por las que consecuentemente se relacionan con la salud y seguridad de las madres mexicanas.

El compromiso con las necesidades más urgentes en materia de salud debe estar por encima de partidos políticos, intereses de grupo o individuales, este texto representa un primer esfuerzo por analizar desde la máxima instancia legislativa de la nación el tema de la maternidad y las garantías de seguridad que debemos defender como legisladores comprometidos con los valores humanos tácitos e ineludibles.

Por lo anteriormente expuesto se pone a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal, al Consejo de Salubridad General y a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, a que intensifiquen, en el ámbito de sus competencias, las acciones para la prestación de servicios de atención medica integral de las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, el parto y el puerperio, garantizando la atención oportuna, de calidad idónea y en condiciones de seguridad a todas las mujeres, con la finalidad de disminuir la mortalidad materna para cumplir con la meta establecida para esta materia en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, comprometidos por México ante la Organización de las Naciones Unidas y cuyo cumplimiento es vigilado por la Organización Mundial de la Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputada Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a prescindir de la práctica de arrendar equipos informáticos con el presunto objeto de reducir costos y, en consecuencia, adquirir patrimonio propio, a cargo del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Marcos Rosendo Medina Filigrana, diputado a la LXII Legislatura, electo por el quinto distrito electoral de Tabasco y consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con la representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, a prescindir de la práctica de arrendar equipos informáticos con el presunto objeto de reducir costos y en consecuencia adquirir patrimonio propio, mismo que posteriormente puede ser susceptible de donación a las diversas instituciones de educación básica del país, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Que la evolución constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ha llevado a la génesis de los denominados Órganos Autónomos, mismos que no encuadran en la doctrina tradicional del ejercicio tripartita del poder y que tienen como objeto el desarrollo de actividades específicas que la sociedad mexicana demanda que se realicen con plena transparencia, credibilidad, profesionalismo y eficiencia.

En consecuencia, uno de esos órganos autónomos es el denominado Instituto Federal Electoral, mismo que en los términos del artículo 41, apartado D, fracción V, es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

En el mismo sentido, el propio artículo 41 constitucional en su apartado D, fracción V, segundo párrafo, señala que el Instituto Federal Electoral “es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia”.

Derivado de lo anterior, al ser un ente del Estado mexicano, el Instituto Federal Electoral es dotado de recursos públicos para el ejercicio de sus funciones, mismos que no solamente van encaminados a la adquisición y elaboración de materiales electorales, sino también al pago de percepciones de los recursos humanos, al arrendamiento o compra, según sea el caso, de recursos materiales e inmuebles.

Por lo tanto, al ser un órgano autónomo que desarrolla sus funciones con recursos públicos del Estado mexicano, el Instituto Federal Electoral se encuentra constreñido a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal, el cual claramente establece que “los recursos económicos de que disponga la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Que es el caso que durante su evolución, de 1990 a la fecha, el Instituto Federal Electoral ha visto incrementado, de manera significativa, el presupuesto que anualmente se le destina para el cumplimiento de sus objetivos.

Dicho incremento significativo ha derivado en el hecho de atraer la mirada de la opinión pública sobre la forma en que el IFE ejerce los recursos públicos que están bajo su administración.

Que en los últimos tiempos el Instituto Federal Electoral ha determinado el arrendamiento de equipos informáticos en lugar de adquirirlos, lo que incluso significa un costo mayor que los precios comerciales que por adquisición de dichos equipos se encuentran en el mercado.

Al respecto, uno de los argumentos que se esgrime va en el sentido que el arrendamiento permite la renovación sistemática de dichos equipos sin tener que entrar a procesos de desincorporación de los mismos en los términos de la legislación que rige la materia.

No obstante, dicho argumento público soslaya que el arrendamiento resulta más oneroso que la adquisición, independientemente que la adquisición puede permitir la posterior donación de los mencionados equipos informáticos a instituciones educativas, con lo cual se le daría también un sentido social a los recursos económicos que maneja el Instituto Federal Electoral, independientemente que se estaría beneficiando a escuela públicas donde, en múltiples ocasiones, los educandos no tienen la posibilidad de conocer lo que es una computadora.

Más aún, la donación de los equipos de informática del IFE a las escuelas públicas, en la práctica, evitaría un doble gasto al Estado mexicano que hoy debe destinar recursos al equipamiento tecnológico del Instituto Federal Electoral y paralelamente también debe invertir en el equipamiento “paulatino” de las miles de instituciones públicas de educación básica que funcionan en el territorio nacional.

Con base en lo anteriormente expuesto, es de hacer notar que el Instituto Federal Electoral, en los últimos años ha venido ejerciendo un gasto que a consideración del suscrito debiera ser en beneficio y no en detrimento de su patrimonio, toda vez que no ha logrado con estas licitaciones de arrendamiento hacerse de un patrimonio.

A fin de fundamentar mis argumentos, a continuación se señalan los gastos que el Instituto Federal Electoral ha generado en los últimos años correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Por ejemplo, con fecha 06 de diciembre del año 2011, el Instituto Federal Electoral abrió la convocatoria de licitación a efecto de arrendar y administrar los equipos de cómputo que necesita dicho instituto para su operatividad; de esta licitación solo existió una oferta de la empresa denominada Mainbit, SA de CV, la cual se vio beneficiada con el contrato de arrendamiento firmado en fecha 27 de diciembre del 2011 por un monto de $ 129, 794,299.56 pesos (ciento veintinueve millones, setecientos noventa y cuatro mil, doscientos noventa y nueve pesos, con cincuenta y seis centavos).

Asimismo, mediante la identificación precisa de los gastos de renta por equipo de cómputo del Instituto Federal Electoral del ejercicio 2013 se da cuenta del gasto establecido por la institución en los siguientes términos:

La continuidad de los 6,018 equipos contratados bajo el esquema de renta de servicios administrados de cómputo a nivel nacional, que tienen un costo por contrato de $58´600,325 pesos (cincuenta y ocho millones, seiscientos mil, trescientos veinticinco pesos), lo que conlleva a un costo unitario por equipo de $ 9,738.00 pesos (nueve mil setecientos treinta y ocho pesos) lo cual es superior al precio de adquisición que se ofrece en el mercado. Lo anterior, puede apreciarse en el presupuesto del ejercicio fiscal 2013 que se logró desglosar y que se presenta como anexo 1* de la presente propuesta de punto de acuerdo, así como en las cotizaciones realizadas en diversos establecimientos comerciales y que se presentan como anexo 2.*

Lo anterior ha venido provocando un gasto excesivo, por la contratación y renta de dichos equipos de cómputo, lo cual no ha logrado generar beneficio alguno a la institución, si no que al contrario transgrede su presupuesto operativo en razón de que debe pagar el Instituto Federal Electoral por la renta de dichos equipos de cómputo y lo que es peor sin lograr con ello obtener consolidar su patrimonio propio, lo que a juicio del suscrito va en detrimento y menoscabo de presupuesto nacional.

La presente propuesta con Punto de Acuerdo se fundamenta en lo establecido por el artículo tercero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

Así como en lo dispuesto por el artículo 134 de nuestra Carta Magna que a la letra señala:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto, en mi carácter de Diputado Federal y con apego a los derechos que en consecuencia me reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Federal Electoral, a prescindir de la práctica de arrendar equipos informáticos con el presunto objeto de reducir costos y en consecuencia adquirir patrimonio propio, mismo que posteriormente puede ser susceptible de donación a las diversas instituciones de educación básica del país.

*  Anexos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al territorio sagrado denominado “Wirikuta”, en San Luis Potosí, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Lourdes Adriana López Moreno, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Wirikuta se encuentra en el estado de San Luís Potosí, entre los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Villa de Ramos, zona donde los españoles se dedicaron a actividad minera desde los últimos años del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX. La minería de esos años explotaba las reservas de plata de la zona con el uso de cianuro, como queda documentado por la presencia de tanques que contienen restos de cianuro, altas concentraciones de plomo y antimonio, así como la presencia de arsénico. Por otro lado, entre 1970 y 1990 se realizó de manera intermitente, la actividad de beneficio de los residuos, obteniendo el remanente de plata.

La deforestación, el sobrepastoreo y el crecimiento de la población, vinculados al auge minero de Catorce a finales de 1800 y a principios de 1900, trajeron consigo una drástica modificación del paisaje vegetal de la sierra, especialmente en las montañas que rodean el pueblo de Real de Catorce. Las reseñas geohistóricas de Montejano (1993), permiten conocer con certeza cómo era la vegetación circundante. Así, antes del comienzo de la explotación minera, en 1775, la sierra de Catorce estaba casi deshabitada y cubierta de frondosos bosques, los cuales abastecieron de forma próspera y abundante a las haciendas y minas que se desarrollaron en la zona. Transcurridos 50 años, alrededor de 1825, “no quedaba ni un árbol, ni un matorral”.

Por esa época ya no había madera ni en Real de Catorce ni en Matehuala para abastecer a las minas. Así para 1827, ya se decía que Real estaba situado en un terreno tan desigual como árido, limitado por las cimas de cerros desnudos, situación que prevalece en la actualidad.

Fue así que los impactos de las empresas mineras provocaron la deforestación de prácticamente 45 por ciento de la superficie total de la sierra de Catorce, alterándose con esto el ciclo climático natural de toda la región e impactando directamente en las condiciones de precipitación media anual de la zona, tal y como lo hacen notar los ancianos locales cuando señalan que “una vez deforestada la sierra por la actividad minera, las lluvias en toda la región disminuyeron drásticamente” hasta que actualmente el promedio oscila entre 340 y 380 milímetros anuales.

La actividad minera arriba descrita dejó los siguientes impactos específicos en las comunidades que viven en la zona:

• En el agua. Wirikuta es una zona semidesértica con fuertes problemas de abastecimiento de agua para las comunidades que viven en su alrededor. Actualmente el agua, que un tiempo provenía de los cerros, hoy sale por los socavones abandonados en la vena de San Agustín, una de las vetas mineras aprovechadas en el siglo XVIII, causando la desecación de los cerros. Por otro lado, en estudios recientes realizados por los laboratorios de la Universidad de Guadalajara, se ha identificado la presencia de metales pesados (plomo, arsénico y antimonio) en los manantiales, tanques de almacenamiento y presas de jales de la zona, como resultado de la actividad minera realizada1 . Asimismo en los últimos años, se ha registrado la muerte de ganado y una creciente manifestación de enfermedades (dermatológicas, gastrointestinales), en las poblaciones circundantes a la presa de jales, los cuales se atribuyen al consumo de agua de uso domestico, uso cotidiano de la tierra y pastoreo en la zona aledaña a la presa.

• Suelo. Actualmente existe un fuerte contraste entre la conservación de poblaciones arbóreas (bosque de pino, encino y álamo), en las áreas dónde no se ha desarrollado la actividad minera, contra la evidente presencia de erosión, desertificación, deforestación, alteración del ciclo hidrológico y biodiversidad en las zonas donde ha habido esta actividad. Alrededor de Wirikuta, el suelo presenta severos daños por la erosión, lo que trajo como consecuencia que en 2010, por las fuertes lluvias provocadas por el huracán Alex, se deslavara material almacenado en la presa de Jales de San José de Coronados y la ubicada en el ejido de El Potrero, municipio de Catorce.

• Según el relato de los pobladores de la zona, el deslave recorrió una distancia de más de 10 kilómetros y tenía olor a un químico parecido al veneno para ratas. Provocó la muerte de plantas silvestres, cultivos de maíz, sepultó parcelas agrícolas y extensas zonas con presencia de hikurí – “peyote”, y además la muerte de animales que consumieron agua contaminada. Los estudios realizados sobre el material deslavado desde la presa de jales, detectaron una concentración de 54 partes por millón (ppm) de antimonio, cuando la doctrina científica asegura que 9 ppm son suficientes para provocar un impacto en la salud.

• Economía. La actividad minera no resolvió las necesidades de la población de los municipios que están dentro de Wirikuta, sino que por el contrario, en la actualidad sus pobladores viven en situaciones de pobreza o de extrema pobreza. Por ejemplo, el municipio de Catorce en 1990, fecha en que estaba operando la mina del ejido San José, del total de la población 18.55 por ciento no recibía ingresos, 34.75 por ciento percibía de medio a un salario mínimo y 34.08 por ciento sólo hasta 1.5 salarios mínimos.

• Biodiversidad. En el estudio realizado por los laboratorios de la Universidad de Guadalajara, se ha determinado que existe presencia de metales pesados en prácticamente toda la cadena alimenticia: desde los pelos de animales y cabellos de seres humanos, hasta las plumas de aves y en la vegetación silvestre y frutícola. Por otro lado, hoy en el paisaje de la sierra de Catorce, donde se realizaba la actividad minera, es muy evidentemente la erosión y desecación de los suelos, habiendo nula presencia de árboles.

A pesar de esta situación, para el pueblo Wixárika, Wirikuta es uno de los sitios sagrados naturales de mayor jerarquía y fundamental en su cosmogonía y por lo tanto, siempre han velado por su conservación. El devenir histórico de los wixaritari está íntimamente ligado a las prácticas rituales que llevan a cabo en Wirikuta, como la realización de sus peregrinaciones a través de rutas ancestrales. Wirikuta, para el pueblo Wixárika, es un territorio vivo, donde a lo largo de una muy antigua ruta tradicional, se recrea el caminar de los antepasados para que continúen encendidas las velas de la vida. Por ese camino hay manantiales sagrados, sitios donde viven y hablan los antepasados, por lo que la ruta misma y cada paso son sagrados.

En 1994 se decretó a Wirikuta patrimonio histórico y cultural, zona sujeta a conservación ecológica y ruta histórica cultural. En 2000 se revocó el precedente decreto, estableciendo la protección y la conservación del sitio de Wirikuta como Área Natural Protegida bajo la modalidad de Reserva Estatal de Paisaje Cultural de Wirikuta, los Lugares Sagrados y ruta histórica cultural del pueblo Wixárika.

En 1998 se incorporó la Reserva de Wirikuta y la Ruta Tradicional de los Huicholes al Programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) denominado Conservación Ambiental con base en la Cultura para el Desarrollo Sustentable (red mundial de conservación de sitios sagrados naturales); en 2004, la Ruta Tradicional de los wixaritari a Wirikuta se inscribe en la Lista Indicativa Mexicana de la Convención del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Unesco –Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El 22 de abril de 2008, el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, y los gobernadores de los estados de Nayarit, Durango, Jalisco, Zacatecas y San Luís Potosí firmaron el Pacto de Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika en el que se comprometieron a realizar las acciones necesarias para proteger, preservar y favorecer la continuidad histórica de los Lugares Sagrados y Rutas de Peregrinación del Pueblo Wixárika, de manera especial la que se emprende para ir a Wirikuta.

Por otro lado, Wirikuta está también integrada en el Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) número 81, debido que se registraron en su interior 156 especies de aves entre las que se encuentran Spizella wortheni (gorrión de Worthen). Esa especie está protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2001 y ha sido declarada como una de las 35 Especies Prioritarias por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la cual está implementando el Programa de Acción y Conservación de las Especies (PACE) para garantizar su conservación. Asimismo, en la zona de Wirikuta ha sido registrada el Charadrius montanus, especie considerada como vulnerable a nivel mundial y para la cual se están desarrollando programas internacionales para promover su conservación.

La zona de Wirikuta es también lugar de anidación del águila real (Aquila chrysaetos ), una especie por demás trascendente para la cultura wixárika, puesto que está presente en el camino de los antepasados para la formación del mundo, guardando en sus plumas la comunicación con los antepasados. El águila real también es de importancia cultural para todos los mexicanos y está dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 bajo la categoría de riesgo “amenazada” y también es considerada como “especie prioritaria” por la Conanp, así como una de las 51 especies que cuenta con un programa PACE.

El ANP de Wirikuta, desde el 10 de junio de 2008, cuenta con su plan de manejo donde se establece la prohibición de las actividades mineras en la mayor parte de la reserva. En la zona denominada “Zona de Amortiguamiento para Aprovechamiento Especial”, el plan permite continuar con las actividades mineras existentes, pero no explicita la posibilidad de realizar nuevas actividades mineras. Al respecto, se establece solamente como objetivo general “asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, garantizando la participación justa y equitativa de las comunidades locales y wixaritari en los beneficios que se deriven de su utilización”. Por otro lado, en las zonas donde se permite la actividad minera, se establece la prohibición de verter desechos contaminantes, así como alterar el paisaje y los cursos de agua superficiales o subterráneos, condición que, por la naturaleza de la actividad minera, no se podrá cumplir.

Como se ha detallado en los párrafos precedentes, Wirikuta, es uno de los principales sitios sagrados del pueblo Wixárika. Cuenta con el reconocimiento de área natural protegida a nivel estatal y a nivel federal ha sido declarada patrimonio cultural de México y está en proceso de ser declarada patrimonio cultural por la Unesco. Por otro lado, Wirikuta y la zona de Real de Catorce, han sido objeto de notables impactos ambientales y sociales que hacen suponer que una nueva explotación minera en la zona sería devastadora en su concepción misma, independientemente de los métodos a emplearse.

Sin embargo, a pesar de la existencia del Plan de Manejo del ANP, que no prevé la posibilidad de realizar nuevas actividades mineras, el estado mexicano ha otorgado 22 concesiones a diferentes empresas mexicanas para la extracción de cualquier material que se encuentre.

De estas concesiones mineras, casi 70 por ciento de la superficie concesionada se encuentra dentro del área natural protegida, en zonas clasificadas como de aprovechamiento sustentable para la agricultura, de recuperación, de aprovechamiento especial y de uso tradicional. En particular, de las 6 millones 326 mil 58 hectáreas que se concesionaron, mil 756.3 has están dentro de la llamada Zona de Amortiguamiento de Uso Tradicional; otras mil 287.65 has están dentro de la Zona de Amortiguamiento Sustentable de Agroecosistemas, en donde sólo se puede practicar la agricultura tradicional; otras mil 038.97 hectáreas se encuentran dentro de la reserva clasificada como Zona de Amortiguamiento de Aprovechamiento Especial, en las que se pueden realizar actividades minero metalúrgicas, siempre y cuando no ocasionen alteraciones significativas a los ecosistemas, quedando prohibido “verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cauce, vaso o acuífero; interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos, así como modificar de forma sustancial el paisaje”.

Por otro lado, las 22 concesiones para la explotación de minerales que la Secretaría de Economía otorgó en Wirikuta a diferentes empresas mexicanas, también en los últimos años, han sido concedidas sin ninguna consulta con el pueblo Wixárika, violándose la legislación vigente en México y los tratados internacionales de derechos humanos, como ha sido denunciado por las autoridades tradicionales y agrarias del pueblo Wixárika de comunidades de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

El pueblo Wixárika tiene derechos territoriales, no solamente sobre los espacios ocupados físicamente, sino también en aquellos que son utilizados para sus actividades culturales o de subsistencia. Según la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales y de sus miembros se extienden sobre la superficie terrestre, y sobre los recursos naturales que están sobre dicha superficie y en el subsuelo”2 . En términos similares el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169)3 , en su artículo 13.2, dispone que “la utilización del término ‘tierras’ (...) deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

Este derecho ancestral de los pueblos indígenas contempla, entre otras, la obligación del Estado mexicano4 de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales. La CIDH ha sido enfática en subrayar que “cualquier decisión administrativa que pueda afectar jurídicamente los derechos o intereses de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios debe estar basada en un proceso de participación plena”5 , lo cual se basa en un proceso de total información y mutuo consentimiento de parte de la comunidad indígena en su conjunto. “Esto requiere, como mínimo, que todos los miembros de la comunidad estén plena y cabalmente informados de la naturaleza y las consecuencias del proceso y se les brinde una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente”6 .

Por lo tanto, el otorgamiento de las 22 concesiones para la explotación minera sobre el territorio de Wirikuta por parte de la Secretaría de Economía a varias empresas mexicanas sin haber informado, consultado o permitido una efectiva participación del pueblo Wixárika, viola su derecho a la propiedad, su derecho a ser informado, a ser consultado y a participar en la toma de decisiones sobre sus recursos naturales, según los estándares internacionales de derechos humanos.

El Pueblo Wixárika tiene una estrecha y necesaria relación con el lugar sagrado de Wirikuta. En Wirikuta nació el mundo y en su cosmogonía, es uno de los cinco puntos cardinales de donde emanaron los dioses. Cada año, desde tiempos inmemorables, durante la temporada de sequía, el pueblo Wixárika recuerda el origen del mundo, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados a través del peregrinaje hacia Wirikuta, la tierra del hikurí, considerada como un lugar sagrado donde moran los dioses y donde los wixaritari pueden hallarlos para “encontrar la vida”.

La CIDH ha reconocido que “la estrecha relación entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios tradicionales y los recursos naturales que allí se encuentran es un elemento constitutivo de su cultura en tanto forma de vida particular. Los cementerios ancestrales, los lugares de significado e importancia religiosa y los sitios ceremoniales o rituales vinculados a la ocupación y uso de sus territorios físicos constituyen un elemento intrínseco del derecho a la identidad cultural”7 .

La falta de garantía del derecho a la propiedad, como el otorgamiento de las concesiones mineras en este caso, perjudica la preservación de las formas de vida, costumbres e idioma de las comunidades indígenas y tribales. Al respecto la CIDH ha señalado que “las limitaciones al derecho de propiedad indígena también pueden afectar el derecho al ejercicio de la propia religión, espiritualidad o creencias, derecho que se reconoce en el artículo 12 de la Convención Americana y el artículo III de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Los estados tienen la obligación de garantizar a los pueblos indígenas la libertad de conservar sus formas propias de religiosidad o espiritualidad, incluyendo la expresión pública de este derecho y el acceso a los sitios sagrados”8 .

Por lo tanto, consideramos que el otorgamiento de 22 concesiones para la explotación minera en el territorio de Wirikuta, lugar sagrado para el pueblo Wixárika, puede perjudicar también el ejercicio de la propia religión, sobre todo en caso que se emitieran los permisos administrativos para emprender la actividad minera.

El derecho al agua es un derecho humano internacionalmente reconocido9 : últimamente también la Asamblea General de Naciones Unidas declaró como derecho humano el derecho al agua y al saneamiento10 . Por otro lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señaló, en su Observación General 15 las características fundamentales del derecho al agua determinando que toda persona humana debe disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico11 . En particular el estado debe respetar, proteger, garantizar el derecho humano al agua en relación a la disponibilidad, a la calidad y la accesibilidad física, económica y de la información12 .

Wirikuta se encuentra en la sierra de Catorce, un área semidesértica y montañosa perteneciente a la región hidrológica del Salado, región entre las que registran la mayor escasez de escurrimientos de agua en el país. En esa zona viven miles de personas en cinco diferentes municipios, que sufren de estructural deficiencia en el acceso al agua, puesto que se abastecen de agua con tanque o trayendo agua de los manantiales que se encuentran en la sierra. Por otro lado, el agua subterránea de los municipios mineros tiene grandes cantidades de minerales y está contaminada de manera natural13 .

Por lo tanto, es evidente que la posible actividad de First Majestic Silver Corp. pone en riesgo el derecho al agua de los habitantes de la zona, los cuales ya viven en una situación de vulnerabilidad.

La contaminación del agua, del suelo, de la flora y fauna, la erosión y la deforestación provocan una violación al derecho al medio ambiente de los habitantes de la zona de Wirikuta, los cuales ya viven en una región donde la actividad minera de los siglos precedentes ha dejado una grave situación de contaminación del medio ambiente, que no ha sido reparado por el Estado mexicano. Cabe señalar que el derecho a un medio ambiente sano esta garantizado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es, sin duda, un derecho humano fundamental, y presupuesto para el disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida en general.

Al respecto, el Estado mexicano no ha garantizado el derecho al medio ambiente de los habitantes de la zona de Wirikuta, puesto que no ha realizado estudios de análisis de la situación medio ambiental de la región, ni estudios de la contaminación de la presa de jales, ni del agua subterránea, ni del niveles de metales pesados en flora y fauna de la zona.

En ese contexto, activar nuevamente la actividad minera en Wirikuta es un riesgo inmensamente grande para el medio ambiente, puesto que la actividad afecta directamente el medio ambiente a causa de su toxicidad aguda y crónica y por la amplia variedad de fuentes de exposición, al arrojar al ambiente metales tóxicos como plomo, cadmio, arsénico y antimonio.

Como se ha visto, la precedente actividad minera ha dejado una grave situación de contaminación en la zona de Wirikuta, lo cual ha causado efectos dañinos en la salud de las personas que ahí viven. En los últimos años, se ha registrado una creciente manifestación de enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y pulmonares entre otras, en las poblaciones que viven alrededor de la presa de Jales. Por otro lado, los habitantes de la región relatan que en Potrero, municipio de Catorce, se ha construido sobre material tóxico, lo cual produce un grave riesgo para la salud de las personas.

Al respecto se señala que el derecho humano a la salud es un derecho internacionalmente reconocido y aceptado por México desde 1981, cuando ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, además de estar presente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano.

Finalmente hay que subrayar que el Estado mexicano a través de sus diferentes instituciones, no ha podido diseñar un plan de desarrollo sustentable para los habitantes de la zona de Wirikuta, puesto que la única actividad propuesta a la población es, nuevamente, la actividad minera, la cual no genera muchos empleos (en este caso First Majestic Silver Corp. considera que se crearán 700 empleos en total), que explota recursos limitados y no renovables y que causa un impacto devastador en el ambiente y en la salud humana.

De esta forma, el Estado mexicano no garantiza ni ha garantizado el derecho al desarrollo sustentable de los habitantes de la zona de Wirikuta, concepto desarrollado en el derecho internacional de los tratados como un objetivo común de varios tratados de comercio internacional tanto a nivel global como regional, así como de tratados con finalidad ambiental14 . La Corte Permanente de Arbitraje ha puntualizado que el deber de impedir el daño al medio ambiente para garantizar el desarrollo sustentable ha devenido un principio del derecho internacional común. Este principio no sólo se aplica a las actividades autónomas, sino también a las actividades emprendidas para la implementación de tratados específicos entre estados, señalando que “el derecho del medio ambiente y el derecho del desarrollo no representan alternativas sino que se refuerzan mutuamente como conceptos integrales, que requieren que donde el desarrollo puede causar un daño significativo al medio ambiente, existe el deber de impedir, o por lo menos de reducir tal daño15 .

Por lo anteriormente fundamentado y expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría Gobernación a efecto de que emita un reconocimiento de hecho por parte del Estado mexicano del territorio sagrado denominado Wirikuta como parte del territorio del pueblo Wixárika, al resultar fundamental para su subsistencia como pueblo originario de la nación, por lo que es imperioso e indispensable que se garantice la protección integral y el desarrollo sustentable del territorio, así como que sea negada cualquier autorización que represente o pueda representar una devastación, deterioro y/o menoscabo en cualquiera de sus recursos y componentes.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Economía, la cancelación de las concesiones otorgadas dentro del territorio sagrado de los Wixaritari en Wirikuta, en virtud de que las mismas violentan su derecho de territorialidad, y no cumplen con el debido proceso, al no haberse realizado una consulta en los términos culturalmente aceptados sin haber obtenido de manera previa el consentimiento libre e informado del pueblo Wixárika de conformidad a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí que en los términos del Reglamento de la Ley Ambiental de San Luis Potosí en Materia de Áreas Naturales Protegidas, se revoquen las autorizaciones que dicha secretaría ha otorgado para el desarrollo de diferentes actividades de aprovechamiento de los recursos naturales y usos de la tierra y la gestión de los recursos naturales dentro de la circunscripción territorial del Área Natural Protegida bajo la modalidad de Sitio Sagrado Natural de Huiricuta y la Ruta Histórica Cultural del Pueblo Huichol, en los municipios de Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas y Villa de Ramos del estado de San Luis Potosí en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí decretada el 27 de octubre de 2000 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, que en términos del Reglamento Administrativo del Plan de Manejo publicado en el Periódico Oficial del Área Natural Protegida bajo la modalidad de Sitio Sagrado Natural de Huiricuta y la Ruta Histórica Cultural del Pueblo Huichol, en los Municipios de Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas y Villa de Ramos del Estado de San Luis Potosí en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el martes 10 de junio de 2008, se cumplan a cabalidad las unidades de gestión ambiental destinadas para cada actividad, siempre y cuando no perturben la calidad del sitio o el recurso y que no se autorice, por la grave implicación ambiental, dentro del área natural protegida, ninguna actividad que implique verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo o cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante, interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos.

Quinto. La honorable Cámara de Diputados solicita al titular del gobierno federal y a los titulares de los gobiernos de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, que previa autorización de cualquier actividad dentro de la reserva, se cumpla con lo establecido en el Punto 9 del Plan de Manejo (y que hasta la fecha no se han realizado), para que exista certeza respecto del estado en el que se encuentra el hábitat y el grado de contaminación, los cuales consisten en:

9.1. Investigación sobre el marco jurídico del sitio sagrado natural Wirikuta;

9.2. Valoración de la calidad del agua superficial en el sitio sagrado de Wirikuta;

9.3. Proyecto de comunicación de la cultura;

9.4. Identificación de sistemas de flujo subterráneo en el noroeste del estado de San Luis Potosí;

9.5. Inventario de suelo, flora y fauna;

9.6. Ecología del hikuri;

9.7. Historia ambiental del sitio sagrado natural;

9.8. Mercurio en tierra sagrada: estudio de sitios mineros en Wirikuta;

9.9. Evaluación de riesgos sanitarios en comunidades del pueblo Wixárika;

9.10. Desarrollo del programa de administración del sitio sagrado natural;

9.11. Documentación del proceso de recuperación de sus tradiciones culturales por el pueblo Wixarika.

Sexto. La honorable Cámara de Diputados solicita al gobierno federal y al gobierno de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas cumplan los principios establecidos por el Pacto de Hauxa Manaká para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, de conformidad con los derechos fundamentales que les asisten y se encuentran reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las Constituciones Políticas de los Estados y las Leyes Reglamentarias en Materia de Protección de los Derechos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí mediante el cual se comprometieron a proteger y preservar la continuidad histórica de los lugares sagrados y rutas de peregrinación del pueblo Wixárika.

Séptimo. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que en atención al recorrido de inspección y vigilancia realizado por dicha procuraduría (Subdirección de Recursos Naturales), mediante la cual se constató la existencia de graves contravenciones a la legislación ambiental federal respecto al cambio de uso de suelo e impacto ambiental, solicitamos que en los términos de la legislación de referencia se dejen sin efectos las resoluciones administrativas números PFPA/30.5/1957/2011 y PFPA/30.5/1945/2011, en virtud que las mismas sólo imponen sanciones económicas y medidas correctivas sin tomar en consideración la comprobación de la realización de un cambio de uso de suelo en el kilómetro 12.5 al costado sur del camino rural que parte de Estación Catorce a Tanque de Dolores, en el municipio de Catorce para la construcción de un invernadero agroindustrial, acreditándose que el mismo no cuenta con ninguna de las autorizaciones respectivas, no cumple con el plan de manejo ni con el Reglamento Administrativo del Área Natural Protegida, por lo cual se solicita que en su lugar se dicte la clausura total definitiva y se obligue al infractor a realizar los trabajos necesarios para restaurar el suelo y establecer las medidas de compensación necesarias por la afectación a la flora y fauna que se ocasionaron.

Octavo. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación que de conformidad con la Ley de Consulta Indígena para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Leyes Reglamentarias en Materia de Protección de los Derechos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí, se consulte al pueblo Wixárika mediante los procedimientos apropiados y a través de sus instituciones, toda medida legislativa o administrativa que se pretenda llevar a cabo en territorio sagrado Wirikuta, por afectarles directamente, a través de las medios y procedimientos establecidos en sus comunidades y, en su caso, otorguen su consentimiento libre, previo e informado respecto a su territorio cultural e histórico.

Noveno. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental que el estudio técnico de ordenamiento ecológico regional del Área Natural Protegida bajo la modalidad de Sitio Sagrado Natural de Huiricuta y la Ruta Histórica Cultural del Pueblo Huichol, en los Municipios de Catorce, Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas y Villa de Ramos del Estado de San Luis Potosí en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí que realizará la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) de San Luis Potosí, que pretende caracterizar, diagnosticar y proponer forma de utilización del espacio territorial y sus recursos naturales observe lo establecido en el plan de manejo y en los estudios justificativos de dicha área natural protegida.

Décimo. La honorable Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Economía se cumpla con la Ley Minera y su reglamento y se CANCELEN las concesiones que han iniciado las actividades de exploración y explotación sin tener los permisos ni autorizaciones necesarias para que se lleven a cabo, tal y como consta en el recurso presentado ante la Secretaría de Economía el pasado 1 de marzo de 2013 por comuneros integrantes del pueblo indígena Wixárika.

Notas

1. Diagnóstico de la presencia de metales pesados en Wirikuta, SLP.; Universidad de Guadalajara- AJAGI, AC (agosto de 2010).

2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas op. cit., par. 39.

3. México ratificó dicho convenio en el 1990, siendo el segundo país al mundo y permitiendo su entrada en vigor.

4. El Estado mexicano ratificó en marzo de 1981 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en la cual se reconoce el derecho a la participación en los asuntos públicos (artículo 23) y a la propiedad (artículo 21), tanto individual como colectiva.

5. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas op. cit., par. 277.

6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas op. cit., par. 277.

7. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas op. cit., par. 160.

8. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas op. cit., par. 161.

9. Véase Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres y la Convención sobre los Derechos del Niño , también en Convenios de Derecho Internacional Humanitario, tales como el Protocolo Adicional a los Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a las víctimas de los conflictos armados internacionales, (Protocolo I) de 1977, y el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II de 1977), así como en Declaraciones Ministeriales como la Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 1977; Declaración de Dublín sobre Agua y Desarrollo Sostenible de 1992 ; Declaración Ministerial del Foro Mundial del Agua de Kyoto de 2003; de forma regional en la Carta Europea del Agua de 1968; Carta Europea de los Recursos del Agua de 2001 y la Recomendación 1731 de 2006 del Consejo de Europa “Contribución de Europa por el mejoramiento de la gestión del Agua”; y la Convención de 1992 sobre la protección y la utilización de los recursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, adoptado en Londres en 1999 en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas; Carta Africana de de los derechos y bienestar del niño de 1990; Convención Africana para la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales de 2003; Protocolo a la Carta Africana de los derechos del hombre y de los pueblos sobre los derechos de la mujer en África de 2003; Carta de las Aguas del Río Senegal de 2002; Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) de 1988

10. ONU. Resolución sobre derecho humano al agua y el saneamiento. A/64/L.63/Rev.1

11. Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación general 15 de la Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 29 sesión celebrada en Ginebra, del 11 al 29 de noviembre de 2002, par. 1

12. Comité sobre DESC de las Naciones Unidas, Observación general 15 op. cit.

13. Entrevista a Ramón Ortiz Aguirre, geólogo, La Jornada , 31 de diciembre de 2010, visible en http://www.lajornadasanluis.com.mx/pol1.php

14. Véase entre otros, Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica de 1992 y su Protocolo de Cartagena del año 2000; la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático de 1992 y su Protocolo de Kioto de 1997; la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación y la Sequía de 1994; el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994; el Acuerdo de la ONU de Poblaciones de Peces de 1995 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982; el Acuerdo de Cotonou entre la Unión Europea y los países del África, el Caribe y el Pacífico de 2000; el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de 2001.

15. Permanent Court of Arbitration: In the Arbitration Regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway, between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands (May 24, 2005) at 59, 114, Award of the Arbitral Tribunal, online: Permanent Court of Arbitration.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al titular del Instituto Mexicano de la Juventud; y a la Sedesol, a adecuar el Estatuto Orgánico de éste para que dichas disposiciones sean acordes con sus atribuciones, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea los siguientes punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 29 de marzo del presente de año, el titular del Poder Ejecutivo federal, emitió un “Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales denominadas Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), al Sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)”, con la finalidad de cumplir con las modificaciones que el año pasado se realizaron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En dicho decreto, se menciona que “se encomendó a Sedesol, entre otras cosas las de fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento de las políticas relativas a la atención de los jóvenes y de las personas con discapacidad, así como fomentar y elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva, y de aquellos que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad.”

Los diputados de Movimiento Ciudadano no estuvimos de acuerdo cuando se planteó en la iniciativa preferente del Ejecutivo federal de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras modificaciones, la sectorización a la Secretaría de Desarrollo Social, instituciones como el Imjuve, pues consideramos que las juventudes en México requieren más que políticas sociales de corte asistencialista para atender las problemáticas que enfrentan y abrir oportunidades reales de desarrollo para las y los jóvenes.

Las personas jóvenes en México requieren de políticas que garanticen su derecho a estudiar y el acceso y permanencia a estudios medios y superiores, que abran oportunidades de trabajo productivo para el desarrollo de sus capacidades y habilidades en beneficio del crecimiento económico del país, que atiendan los problemas de salud que enfrentan que van desde enfermedades de transmisión sexual, prevención de adicciones y de enfermedades crónico degenerativas, que garanticen el pleno goce de su salud sexual y reproductiva con responsabilidad; políticas que atiendan los problemas de inseguridad y cooptación por parte de la delincuencia organizada; que consideren, asimismo, la recreación y esparcimiento al que tienen derecho, políticas que garanticen el ejercicio de cada uno de sus derechos humanos.

Es importante reconocer que un importante grupo de jóvenes han sido cooptados por la delincuencia organizada a falta de oportunidades de trabajo, estudio y desarrollo que el Estado no le ha dado a los jóvenes, a pesar de ser su responsabilidad.

Todo ello, requiere de una política de Estado para la juventud que no puede, ni debe estar sectorizada al área que, como lo estamos viendo, sólo implementa programas de corte asistencialista, con fines electorales, como lo es la Secretaria de Desarrollo Social, y que al final busca atemperar, pero no resolver, la situación de vulnerabilidad y pobreza en la que viven millones de mexicanos.

En lugar de fortalecer a las instituciones y darles mayores facultades, se les achica y minimiza, demostrando con ello el poco interés que el actual gobierno tiene por las y los jóvenes.

Cabe destacar que desde la creación del Imjuve, en 1999, uno de sus principales objetivos es “promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano” a la par de “definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país”.

Asimismo, en la ley de dicho organismo, se contempla que “los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad”, ante ello y a sabiendas de que en nuestro país habitan aproximadamente 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años; cuestionamos que a más de 120 días de haber entrado en funciones, el Ejecutivo federal no haya designado al titular del Imjuve; tal y como lo establece el artículo 11 de la Ley del mencionado Instituto.

De esta forma, nos sumamos a la exigencia de cientos de personas y de organizaciones de la sociedad civil como Red Global de Acción Juvenil (GYAN México), Fuerza Ciudadana, Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, Espolea; entre otras, quienes desde hace un par de semanas emitieron una petición en miras de que la vacante del Imjuve sea ocupada por “una persona con trayectoria reconocida en la materia y con capacidad de incluir a las y los diversos actores políticos y sociales en el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos que atiendan las necesidades de la diversidad de juventudes mexicanas”.

De acuerdo con ello, la persona que ocupe la titularidad del Imjuve debe estar ajeno a cubrir cuotas partidistas, y debe ser una persona comprometida con el desarrollo de políticas integrales para las juventudes, que tenga la capacidad de decisión y el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado desde hace años para que en nuestro país se diseñen políticas transversales para las juventudes en México.

Por último, vale la pena considerar lo que se establece en el tercer artículo transitorio del Acuerdo publicado al decir que “la Secretaría de Desarrollo Social realizará las gestiones necesarias para la adecuación del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud, así como del Estatuto del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que dichas disposiciones sean acordes con sus atribuciones, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, ante ello y por lo anteriormente expuesto presentamos a esta asamblea la siguiente proposición, con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a designar a la persona que se desempeñará como titular del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar, lo antes posible, las gestiones necesarias para la adecuación del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de que dichas disposiciones sean acordes con sus atribuciones, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputados: Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la Ssa las acciones de vigilancia y control para que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan las disposiciones legales aplicables, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Flor de María Pedraza Aguilera, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas y la segunda causa de muerte en general en mujeres de entre 30 y 54 años de edad.

Según datos de la Secretaría de Salud, en 2010 ocurrieron 5,001 decesos atribuibles al cáncer de mama. Esto significa que en ese año murieron por cáncer de mama casi 14 mujeres cada día. La tasa de mortalidad por causa del cáncer de mama en México es de 16.6 mujeres por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años.

Las tasas de supervivencia de las pacientes con esta enfermedad son mucho menores en nuestro país que en países desarrollados, debido fundamentalmente a que la enfermedad es diagnosticada en etapas tardías. Por ejemplo, en Estados Unidos el 60 por ciento de los casos de cáncer de mama se diagnostican en estadios tempranos con tasas de superviviencia del 98 por ciento, mientras que en México el 90 por ciento de los pacientes son diagnosticadas en fases tardías de la enfermedad con tasas de supervivencia de entre 7 y 36 por ciento.

Las principales razones de la presentación tardía de las pacientes con cáncer de mama en México parecen ser 1) La baja participación de las mujeres en prácticas de detección oportuna, 2) la postergación en la búsqueda de atención médica, 3) barreras de acceso al tratamiento médico, y 4) problemas de calidad en los servicios de salud accesibles.

El cáncer de mama no se puede prevenir por lo que su detección oportuna es fundamental para el éxito del tratamiento.

La mastografía es la única intervención que ofrece un diagnóstico suficientemente oportuno para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes ya que puede visualizar lesiones no palpables, calcificaciones, asimetrías en la densidad mamaria y/o distorsiones en la arquitectura de la glándula. Además, desde 1990 la mamografía de tamizaje ha demostrado la disminución de la mortalidad en 30 por ciento.

Por esa razón diversas organizaciones de la sociedad civil han pugnado por mantener la edad de inicio de los programas de tamizaje a los 40 años, y de hecho esta demanda quedó plasmada en la recientemente modificada NOM041-SSA-2009 que versa de la siguiente manera:

La mastografía de tamizaje se recomienda en mujeres aparentemente sanas de 40 a 69 años de edad, cada dos años.

Sin embargo, además de la necesidad de ampliar la cobertura de los programas de tamizaje, se expresa la preocupación respecto a la calidad de las mastografías, ya que es un desperdicio de recursos tomar placas cuyos resultados sean inciertos, porque conlleva a malos diagnósticos y al retraso en el inicio del tratamiento.

En la planeación de un protocolo de tamizaje en cáncer de mama, la Organización Mundial de la Salud recomienda para obtener resultados confiables incluir al 70 por ciento de la población en estudio, cumpliendo con la periodicidad del método, los equipos en condiciones óptimas y en control de calidad, así como contar con el personal técnico capacitado y radiólogos especializados en la interpretación de los estudios.

Para una servidora y grupos de la sociedad civil especializados en el tema, la cobertura de los programas de tamizaje es un tema fundamental para la salud de las mujeres siempre y cuado se garantice que dichas mastografías son tomadas bajo las normas de calidad que la misma NOM establece, ya que de nada sirve someter a la mujer a una mastografia que arroja dudosos resultados y, por tanto, “falsos negativos”, situación que se ha detectado tanto en gabinetes públicos como privados.

Esto es relevante porque la supervivencia de cáncer mamario es inversamente proporcional al estado del tumor. Las mujeres con tumores in situ tienen una supervivencia mayor al 95 por ciento durante los próximos 5 años, mientras que las mujeres en estadios IIIB, IIIC y IV sólo tienen una supervivencia mayor de 5 años sólo en 27 por ciento de los casos.

Actualmente no existe una base de datos confiable donde se enlisten los sitios seguros para la realización de una mastrografía y existen testimonios de mujeres que han padecido los resultados incorrectos al momento de realizarse un estudio..

En la NOM 041-SSA2-2011 se establecieron las pruebas de control de calidad de equipos de mastografía y la obligatoriedad de los prestadores de servicios de informar indicadores de calidad de manera periódica, si embargo no existe certeza sobre el cumplimiento cabal de estos requerimientos en la totalidad de establecimientos que prestan el servicio.

Un estudio piloto desarrollado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en 33 unidades, arrojó que una tercera parte de los equipos de mastografía se encontraban funcionando con fallas mecánicas que comprometían la calidad de las imágenes y por tanto, la efectividad de los estudios de detección.

Llevar a cabo las revisiones pertinentes en la mayor cantidad posible de gabinetes públicos y privados, implica un alto costo al que se grega el gasto de contratación de personal debidamente capacitado, pero ningún gasto es excesivo cuando se trata de preservar la salud de la mujer y por ende el bienestar de la familia.

Por lo anterior nos permitimos solicitar a la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud para que intensifique las acciones de vigilancia y control, a fin de que los servicios de diagnóstico proporcionados por gabinetes de mastografía cumplan con las disposiciones legales aplicables para garantizar la sensibilidad y especificidad de las mastografías en todo momento. Asimismo, para que en cumplimiento del numeral 15.1.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, se difunda mediante la página web de la Secretaría y/o a la vista del público en los establecimientos, los resultados del monitoreo y la evaluación de las instituciones privadas y públicas que conforman el sistema nacional de salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputada Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a indemnizar al grupo de Pescadores Unidos de Alta Mar del Golfo de Tehuantepec, de Salina Cruz, Oaxaca, afectados por la contaminación y la restricción de las áreas de pesca, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Desde que inició operaciones la refinería de Pemex Ingeniero Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, se han suscitado contingencias y perjuicios a la pesca, daños al ecosistema marino y afectaciones por los derrames y fugas de petróleo y sus derivados.

Si bien, en 1958 los pescadores del Golfo de Tehuantepec producían grandes cantidades de camarón situándose a nivel nacional entre los primeros lugares de producción del crustáceo; hoy, la pesca en el Golfo de Tehuantepec ha caído en una grave crisis.

La llegada de la refinería de Pemex produjo una restricción a la pesca en las áreas más ricas para la captura de camarón, aunado a la importante contaminación ambiental generada por la empresa paraestatal. Antes de la instalación de esta industria, se producían al mes entre 500 y 800 toneladas de camarón de exportación, generando cerca de 15 por ciento de la producción nacional, desgraciadamente hoy en día ya no se producen ni un kilogramo de camarón de exportación.

Segunda. En la investigación Los contaminantes orgánicos persistentes en el istmo mexicano , elaborada por Lorenzo M. Bozada Robles y Fernando Bejarano González, quedó expuesta la existencia de un alto grado de contaminación en el golfo de Tehuantepec. El estudio señala la gran dominancia de grupos de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) de alto peso molecular entre los que se ubican compuestos muy tóxicos cuyo origen está asociado a la combustión incompleta o pirolisis de combustible como las gasolinas, el combustóleo y otras fuentes de desechos de aceites y lubricantes.

Además, se ha detectado una crónica contaminación atmosférica sobre el área de laguna superior proveniente de la refinería Antonio Dovalí Jaime, después del medio día se hace sentir el efecto de la brisa y entonces soplan vientos débiles (aproximadamente 3 metros/segundo) del sur; esta velocidad es suficiente para arrastrar las emisiones de la refinería hacia la zona de la laguna superior, lo anterior con datos de Jáuregui (1984), en su estudio sobre los vientos del puerto de Salina Cruz.

En el mismo sentido, Namihira-Santillán (2005) afirman que las principales fuentes de aportes de HAP al complejo lagunar del Istmo de Tehuantepec están constituidas por: derrames accidentales de hidrocarburos, fuentes móviles (automóviles y embarcaciones de motores fuera de borda) y fuentes fijas (refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz y el transporte eólico de contaminantes provenientes de los complejos petroquímicos y petroleros de la región de Coatzacoalcos en el istmo norte).

Así, con relación a los antecedentes señalados, se puede afirmar que la contaminación de las aguas marinas del Golfo de Tehuantepec, por parte de Pemex ha sido recurrente, impactando la flora y fauna marina, así como a los recursos naturales de las playas que comprenden desde la región chontal hasta el puerto de Salina Cruz.

Tercero. Recordemos que Salina Cruz es el único puerto en el estado de Oaxaca que dispone de infraestructura portuaria, naval y pesquera que aunque se ha visto deteriorada en la última década, sigue constituyendo un pilar importante para la reactivación de la industria pesquera en el estado.

Con la llegada de la refinería Dovalí Jaime, la flota camaronera pasó de contar con aproximadamente 500 embarcaciones a solamente 40 embarcaciones en la actualidad. Esto quiere decir que las embarcaciones camaroneras en el Istmo de Tehuantepec han disminuido en los últimos 30 años en 98 por ciento, generando la desaparición de la producción de camarón de exportación.

El padrón de embarcaciones ha ido disminuyendo de forma progresiva, con el paso del tiempo, sin que a la fecha se haya sustituido las embarcaciones hundidas o transferidas a otros puertos, generando con esto un creciente desempleo en la región y una disminución en la producción pesquera.

A causa de lo anterior, cientos de familias del Istmo de Tehuantepec han tenido que sufrir las consecuencias de la contaminación causada por la empresa paraestatal, viendo incluso mermados sus ingresos.

La realidad es que la producción de camarón en el Golfo de Tehuantepec ha disminuido en más de 50 por ciento en los últimos 30 años. Además, esta situación se ha traducido en un olvido para los pescadores y sus familias, los cuales han perdido su fuente de trabajo sin tener posibilidad alguna de recuperarlo.

De esta manera, la disminución de la producción de camarón, y de la pesca en general en Oaxaca, ha tenido graves consecuencias económicas y sociales. Esta situación les ha arrebatado la posibilidad de trabajar dignamente, en la captura de alta mar a cientos de pescadores, eliminando la posibilidad de subsistencia de quienes dependían enteramente de esta actividad.

Por lo antes expuesto, presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a Pemex a indemnizar al grupo de pescadores unidos de alta mar del Golfo de Tehuantepec del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, por las consecuencias de la contaminación y la restricción de las áreas de pesca, las cuales han afectado sustancialmente la vida económica de ese puerto.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sagarpa y de la SE a implantar acciones que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El azúcar es uno de los productos básicos de consumo, su producción se realiza en los ingenios a partir de los jugos de caña de azúcar y de remolacha, dando origen a una agroindustria que genera gran cantidad de empleos, participando directamente en la economía nacional.

La caña de azúcar es un cultivo agrícola que permite una amplia diversidad productiva. Esto debido a que de ella se pueden obtener los siguientes derivados azúcar, papel y cartón, alimento para animal, alcohol y etanol, entre otros.

En México, la industria azucarera es muy importante, requiriendo en los últimos diez años una superficie cultivada del orden de 650 mil hectáreas por año, cuya producción alcanza en promedio los 48 millones de toneladas de caña de azúcar.

En 2012, la caña de azúcar se cultivó en 15 de los 32 estados de la República Mexicana, por lo que tiene una gran importancia económica, social y ecológica para nuestro país.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el 2011, México ocupó el sexto lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Brasil, India, China, Tailandia y Pakistán.

Veracruz ocupa el primer lugar nacional en el cultivo de caña de azúcar, aportando 36 por ciento de la producción total nacional y de la superficie total cosechada.

Con relación a las modalidades de producción (riego o temporal), Veracruz es el estado que obtiene un mayor volumen de producción de caña de azúcar. Veracruz ha aportado bajo riego el 24.6 por ciento del total de volumen de producción nacional, mientras que bajo temporal ha generado 50.1 por ciento del volumen. Por otra parte, Jalisco ocupa la segunda posición, al aportar en la modalidad de riego 21.9 por ciento del volumen total nacional y el 2.6 por ciento en la modalidad de temporal.

De acuerdo con datos preliminares del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2012, el área destinada a este cultivo alcanzó una superficie de 786 mil 539 hectáreas, de las cuales se cosecharon 736 mil 483. Con ello, se alcanzó una producción de 51 millones 304 mil 319 toneladas, cifra que representó el 99.4 por ciento del total programado inicialmente por la SAGARPA. Los estados de Veracruz, Jalisco, Tamaulipas y Oaxaca concentraron el 60.23 por ciento del total de la producción nacional obtenida en 2012.

Dada la manifiesta importancia de esta industria y su impacto dentro de la economía nacional, es necesario fomentar esta rama de la producción a fin de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento.

Sin embargo, actualmente la producción de caña se enfrenta a diversos factores que impactan de manera negativa en la productividad de este cultivo; factores que van desde aspectos técnicos, económicos y sociales; tanto de carácter nacional como internacional.

La aparente sobreoferta en la producción de azúcar, en lo que va del ciclo 2012-2013, ha provocado una disminución en los precios de este insumo, y a pesar de que la caída de los precios inició desde octubre de 2011 y logró una ligera recuperación en mayo de 2012, a partir de este mes se acentuó su tendencia a la baja.

Esto hizo que el kilogramo de azúcar estándar cayera 33.1 por ciento, al pasar de 11 mil 888.80 de pesos la tonelada en mayo de ese año a 7 mil 907 pesos la tonelada en la tercera semana de enero de 2013.

Cabe comentar que en octubre de 2012, se dio a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar para el pago de la caña de azúcar correspondiente a la zafra 2012-2013, el cual se anunció en 10 mil 617.72 pesos por tonelada. Sin embargo, de acuerdo con el precio promedio de mercado se tiene una pérdida de 2 mil 702.17 pesos por tonelada, lo que equivale a una reducción de 25.53 por ciento.

Este problema llevó a que los cañeros demandaran la aplicación del fideicomiso de exportación de los excedentes de la producción nacional con el fin de desahogar el mercado interno y equilibrar los precios. No obstante, a pesar de que los cañeros lograran colocar sus excedentes en otros mercados, el precio de referencia internacional se cotizó en 480.70 dólares la tonelada en la semana del 22 de enero, valor que equivale a alrededor de los 6 mil pesos, por lo que también estarían enfrentando un mercado internacional con bajos precios de compra.

Por lo anterior, el índice de precios del azúcar, calculado por la FAO, alcanzó en diciembre su valor más bajo desde agosto de 2010, registrando una caída anual de 17.1 por ciento en 2012, mostrando volatilidad hasta mediados de 2011. A partir del último trimestre de ese año, los precios internacionales y nacionales presentaron un comportamiento similar, debido a que coincidieron con una mayor oferta del producto.

Es importante que tomemos las acciones necesarias para apoyar al campo cañero mexicano, se debe de pedir el apoyo a las autoridades encargadas de diferentes programas federales, para buscar que se les otorgue un apoyo económico a este sector.

Es necesario asegurar el abasto permanente de azúcar; otorgar equidad a todos los participantes dentro de la cadena de producción y se debe de realizar un esfuerzo sostenido para mejorar la eficiencia del campo cañero y de la planta industrial azucarera.

Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción frente a un mercado restringido, con la caída de los precios de exportación del azúcar, las disputas sobre la negociación de las cuotas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y una mayor utilización de los sucedáneos del azúcar (jarabes de maíz de alta fructuosa y edulcorantes sintéticos como el aspartame, entre otros), que han deprimido el consumo industrial doméstico.

Así, tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación como la Comisión Nacional del Agua deben trabajar en comunicación constante a fin de preservar los recursos naturales agua y suelo, y generar mejores rendimientos y mayor productividad en el cultivo de la caña de azúcar, a fin de solventar los requerimientos del mercado nacional y disponer de producto para la exportación.

Pese a contar con programas como el Nacional de la Agroindustria de Caña de Azúcar 2007-2012, que tiene como propósito el brindar certidumbre a productores del campo, obreros, industriales y a todos los agentes que integran la cadena productiva, que coadyuven a mejorar la productividad y competitividad de las actividades de la agroindustria de la caña de azúcar, no resultan suficientes para hacer frente a esta problemática.

El daño económico es para todo el país, provocado por la disminución del precio del producto que afecta ya los ingresos de 165 mil productores y provoca pérdidas por ocho mil 500 millones de pesos, como se estiman hasta el momento los afectados.

Frente a esta situación, desde el 21 de enero, productores cañeros de las confederaciones Nacional Campesina (CNC) y de Propietarios Rurales (CNPR) mantienen bloqueados los ingenios y las bodegas del país, como protesta por la caída del precio del edulcorante y el aumento constante en la importación de alta fructosa.

Necesitamos evitar que el precio del azúcar continúe a la baja, así como exigir a las autoridades que detengan la importación de la fructosa y tratar de alcanzar con ello un equilibrio que evite que la producción de la zafra de este año se junte con los inventarios del ciclo anterior, lo que resultará todavía más perjudicial para el sector.

Los precios de la tonelada de azúcar hoy en día ronda los seis mil 500 pesos, cuando el año pasado estaba en ocho mil pesos en promedio, lo que es verdaderamente alarmante por lo que debemos buscar que el precio del bulto no baje de los 400 pesos, ya que de lo contrario los productores cañeros no tendrán ganancias ni recuperarán la inversión realizada, además de que tendrán fuertes pérdidas económicas.

El punto de acuerdo que se propone no busca que se eleve el azúcar a precios desorbitados que tengan un impacto infortunado para las familias mexicanas, lo que se busca es un precio justo, ya que en el precio que se encuentra ahora estamos teniendo una perdida muy grande, y que puede tener un impacto negativo para la economía del país, lo que buscamos es sanear el mercado doméstico que permita equilibrar el precio interno.

El desplome del dulce en el país viene a perjudicar directamente la economía del productor de caña, en el sentido de que la producción de azúcar conlleva todo un proceso a diferencia de otros productos del campo como el maíz o el tomate.

De acuerdo con las demandas escuchadas de los productores de caña, necesitan para recuperar lo que han perdido, y que no varíe el precio de aquí a que termine el ciclo, necesitan que el precio del azúcar salga de bodega a 500 pesos, para que el precio ponderado quede en 475 o 450 pesos y permitir al productor obtener el precio por tonelada de azúcar entre 9 mil y 9 mil 500 pesos, lo que le ayudaría a cubrir los gastos de la cosecha, el corte y acarreo de la caña, así como solventar sus necesidades y pagar los créditos que solicitó para la siembra.

Urge tomar acciones tendientes a resolver esta problemática que aqueja a los productores cañeros ya que y que pueden provocar graves consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas, tanto para la industria azucarera como para la economía nacional.

Por lo anterior, y con objeto de equilibrar el mercado azucarero nacional y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, someto a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Economía del gobierno federal a implantar acciones inmediatas que estabilicen los precios del azúcar en el mercado nacional; asimismo pedir apoyo a las autoridades encargadas de los programas federales para que se otorguen apoyos económicos para los campesinos cañeros con la finalidad de darle a quienes en ella intervienen, certidumbre y las condiciones que la vuelva a ser rentable, e incremente su capacidad para generar empleos e impulse su propio crecimiento.

Fuentes consultadas

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en http://www.conadesuca.gob.mx

FAO, Índice de la FAO para los precios de los alimentos, enero de 2013 en http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/

Inegi, Índices de Precios, en http://www.inegi.org.mx.

Infoaserca, Reporte diario de Precios a Futuro con base en información de Reuters, en http://infoaserca.gob.mx.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en http://www.siap.gob.mx.

Secretaría de Economía, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en http://www.economia-sniim.gob.mx.

Unión Nacional de Cañeros, A.C. , en http://www.caneros.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar los trabajos de construcción de la autopista Oaxaca-Tehuantepec y generar un reporte público bimestral de los avances y las metas para concluirla, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La comunicación carretera del Istmo de Tehuantepec es de importancia estratégica para el estado de Oaxaca y el desarrollo de la región sur sureste del país. La importancia económica y social de la conexión entre el Istmo de Tehuantepec y la ciudad de Oaxaca queda de manifiesto si se considera que:

a) El Istmo de Tehuantepec aporta 71 por ciento del producto interno bruto (PIB) del estado de Oaxaca por medio de la refinación petrolera, minería no metálica y generación eléctrica.

b) La región de La Ventosa tiene el mayor potencial eólico de américa latina.

c) La disminución del tiempo de traslados desde Salina Cruz a la ciudad de Oaxaca es una prioridad, pues actualmente se requieren 5 horas cuando con la construcción de la carretera las condiciones de seguridad permitirán reducir el traslado a la mitad.

Segunda. Debe decirse que la construcción de la autopista Oaxaca-Tehuantepec ha avanzado de manera parcial y sin que la sociedad tenga conocimiento de las acciones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las empresas contratadas para realización del proyecto.

Hasta ahora se ha construido un trayecto desde Mitla hasta Santa María Albarradas y por otra parte de Santiago Lachiguiri al entronque con la carretera transístmica. Eso significa que aproximadamente se requieren concluir 90 kilómetros para conectar la región de valles centrales con el Istmo de Tehuantepec y así potenciar el desarrollo del estado de Oaxaca de manera significativa.

Para potenciar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec no basta con la carretera a Oaxaca, pues también es necesario fomentar el desarrollo del puerto de Salina Cruz, el desarrollo productivo en actividades pesqueras y agrícolas, mejorar el manejo de las cuencas e impulsar el reordenamiento urbano. Pero sin duda que contar con una comunicación eficiente y segura entre el Istmo y la capital del estado permitirá mejores condiciones de competencia económica y bienestar de la población.

Por todo ello es que resulta imperioso que el gobierno federal intensifique los trabajos para concluirlos en beneficio de todos los oaxaqueños.

No puede ser que un trayecto de 90 kilómetros sea el que impida la conexión de los dos principales centros de actividad económica del estado.

Es posible que existan dificultades técnicas o constructivas, pero en otras ocasiones se han podido superar por lo que debe ponerse especial atención en mantener un ritmo de trabajo constante.

Tercera. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia federal que ejecuta, desde abril de 2010, dicho proyecto por medio de la compañía ICA, quien trabaja con empresas subsidiarias a las que subcontrata la realización de acciones específicas. El esquema de financiamiento incluye la prestación de servicios a largo plazo, al permitirse que las empresas constructoras ejecuten la obra con recursos propios y obtenga a cambio los cobros correspondientes por el uso de la carretera.

No obstante la importancia de la obra y la conveniencia de que se brinde información a la sociedad sobre el desarrollo de ésta, ello no ha ocurrido de manera sistemática, lo cual da entrada a especulaciones sobre los motivos que han impedido la culminación de la obra.

Es evidente que en una acción pública, el interés general debe ser informado de manera accesible y regular, como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por ello se propone que la mencionada dependencia genere un reporte de los avances de la obra, en que incluya los obstáculos o imprevistos físicos o económicos que pudiera haber encontrado en su ejecución, la capacidad operativa y financiera de las empresas que trabajan mediante subcontratación, los calendarios de trabajo y, en su caso, las modificaciones que hubieran sido necesarias, así como el calendario y las actualizaciones a los costos con que se culminará el proyecto carretero.

Por lo anteriormente expuesto y con la fundamentación señalada, el suscrito somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que intensifique los trabajos de construcción de la autopista Oaxaca-Tehuantepec y por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, genere un reporte público bimestral de los avances y metas para su conclusión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incluir –por la oficina de la Presidencia de la República– en el Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2013-2018 una política multisectorial para combatir el sobrepeso y la obesidad, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Gloria Bautista Cuevas, diputada federal, presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios de la Cámara de Diputados, LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Oficina de la Presidencia de la República a incluír una política pública multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad en el Plan Nacional de Desarrollo para el Periodo 2013-2018, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los principales factores de riesgo para la salud de la población y para el propio Sistema de Salud Pública. Por ello, es de importancia fundamental incluir la atención de estos temas mediante una estrategia o una Política Pública multisectorial que incluyan el ejercicio verdadero del Derecho a la Alimentación y la promoción de ambientes saludables dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2013-2018.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, el 71.2 por ciento de los adultos mexicanos sufren de sobrepeso y obesidad; lo que nos coloca, en el segundo lugar en obesidad a nivel mundial en general y en el primer lugar en el caso de mujeres (37.5 por ciento), según la Organización Mundial de la Salud.

El sobrepeso y la obesidad tienen una alta incidencia en enfermedades como diabetes y cáncer, así como en diversas enfermedades crónicas no transmisibles, mismas que ocasionan 8 de cada 10 muertes en el país. Según los datos del Inegi (Causas de defunción, 2010), la diabetes es la segunda causa de muerte en México, responsable de más de 80 mil fallecimientos al año, con un aumento del 33 por ciento en el último sexenio. A su vez, el cáncer ocasiona 70 mil muertes al año y es la segunda causa de mortalidad infantil.

Ahora bien, según el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria de 2010, el costo total del tratamiento de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad casi se duplicó entre 2000 y 2008, incrementando de 35 mil a 67 mil millones de pesos; y se estima que dicho gasto aumentará a 151 mil millones de pesos en el año 2017.

El mismo documento señala además, que el costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por muerte prematura provocada por la obesidad fue de 25 mil millones de pesos en 2008, con un crecimiento anual de 13.51 por ciento. Si este problema no se soluciona mediante adecuada planeación nacional y sectorial, Políticas Públicas y programas integrales de alimentación adecuada y sana así como de prevención y disminución de los factores obesogénicos, este costo alcanzará los 73 mil millones de pesos en 2017, afectando a aproximadamente 68 mil familias por año. La obesidad incide, además, en altos costos de atención médica y en el aumento de incapacidades en todas las edades. Comparado con una persona de peso normal, aquellas con sobrepeso gastan 36% más en servicios de atención médica y 77% más en medicamentos. Por otra parte, las personas con obesidad mórbida o severa mueren entre 8 y 10 años antes que aquellas con un peso equilibrado. Con cada 15 kilogramos extra de peso, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares aumenta en un 30%, lo que representa un gasto más para los servicios de salud pública. Además, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las personas que sufren estos padecimientos estarán enfermas aproximadamente 18.5 años de su vida, afectando su desarrollo personal y profesional.

La carga económica que representan para el sistema de salud pública los costos de atención de las enfermedades ocasionadas por un peso excesivo, son un riesgo para la sustentabilidad de dicho sistema, pero también para los hogares mexicanos. Si el número de personas con sobrepeso y obesidad continúa en aumento, México será incapaz de atender estos casos debido al costo tan alto que implican, lo que llevará a un colapso del sistema de salud nacional.

Para hacer frente al enorme reto que representa la obesidad y el sobrepeso en México es necesaria la implementación de acciones más allá del Sector Salud y del Sector Educativo, mediante una política integral de Estado que contemple estrategias multisectoriales, intersectoriales y generales.

En este sentido, reconoce el rol del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA) como un eje rector de la política pública en materia de salud, en especial en el tema del sobrepeso y la obesidad, por lo que debería ser fundamental en el capítulo de salud en el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el periodo 2013-2018.

La publicación “Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado”, de la Academia Nacional de Medicina, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta una serie de recomendaciones de política pública entre las cuales sirve destacar el “Incluir a la política nacional de prevención de obesidad, como parte del Plan Nacional de Desarrollo y otorgarle suficiente presupuesto para la implementación de las acciones y evaluación de las mismas”.

Para la elaboración de PND es imprescindible contar con las aportaciones y la participación no sólo de los diferentes órdenes de gobierno, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, para de esta manera lograr un mayor impacto en el control de las causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad en el país.

En el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio anterior 2006-2012, solamente se le dio prioridad a la actividad física en las escuelas como un elemento clave para combatir la obesidad infantil, más se dejaron de lado estrategias multisectoriales y de prevención a nivel nacional, por lo que el presente punto de acuerdo pretende modificar esta situación.

La intención que nos motiva es favorecer el desarrollo humano y la calidad de vida de los mexicanos, a la vez que se busca impulsar medidas preventivas que ayuden a disminuir los costos relacionados con el sobrepeso y la obesidad, mediante la asignación de recursos y la canalización de la participación de la sociedad civil.

De esta manera, entre los principales obstáculos para el control y la prevención de la obesidad en México que se deberán incluir en el PND son: disminución del consumo de refrescos y bebidas azucaradas; regulación del etiquetado de los alimentos; regulación de la publicidad destinada a los niños; regulación de la calidad de la alimentación en las escuelas públicas y privadas, y mayor acceso al agua potable en espacios públicos, oficinas de gobierno y escuelas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Oficina de Presidencia de la República, a incluir, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 una política pública multisectorial para el combate al sobrepeso y la obesidad, tomando como base, el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria y enfatizando las siguientes acciones:

• Disminución del consumo de bebidas azucaradas, tales como refrescos y jugos.

• Regulación del etiquetado frontal de los alimentos.

• Regulación de la publicidad dirigida a niños en medios masivos de comunicación, como la televisión, radio y otros.

• Promoción de una alimentación saludable y equilibrada en las escuelas públicas y privadas de todo el país; y

• Mayor acceso al agua potable en espacios públicos y escuelas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2013.

Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)