Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la importación de pescado panga y a la implantación de un programa en apoyo de los productores piscícolas del país, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Gilberto Antonio Hirata Chico, María Fernanda Schroeder Verdugo, Benjamín Castillo Valdez, María Elia Cabañas Aparicio, Jaime Chris López Alvarado y Mayra Karina Robles Aguirre, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos al Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ha llegado a nuestra atención que, últimamente, el panga es el nuevo pescado asiático que encontramos en las cadenas de supermercados, sobre todo en forma de filetes, a precio muy barato.

Cabe mencionar que el panga es un pescado de piscicultura intensiva/industrial en Vietnam, en el delta del río Mekong y está invadiendo el mercado debido a su precio ya que parece un filete hermoso y muy económico.

Sin embargo, lo que nos preocupa es que, en realidad, el panga esconde secretos y deficiencias en su crianza, manejo y comercialización, lo que puede traer consecuencias indeseables para los que lo consumen.

El río Mekong es uno de los ríos con mayor contaminación del planeta, lo que provoca que, muchos de los pangas que llegan a nuestro mercado, estén infectados con elevados niveles de venenos y bacterias, como: el arsénico de los residuos industriales; algunos residuos tóxicos y peligrosos de subproductos del creciente sector industrial en aquél país; metales contaminantes; fenoles policlorados PCB o DDT; clorato y compuestos relacionados; sólo por mencionar algunos.

Además, para abaratar los precios de producción, son alimentados con peces muertos, restos de huesos, con la harina proveniente de la mandioca y residuos de soya y grano, lo que, obviamente, no es comparable con la alimentación en un ambiente natural; y lo que es peor, la alimentación de los pangas está completamente fuera de toda reglamentación sanitaria.

También, para incrementar los ingresos, los panga son inyectados con hormonas y otros suplementos para acelerar el proceso de crecimiento y reproducción; por ejemplo: el panga que se comercializa, crece 4 veces más rápido que uno que se encuentra en la naturaleza.

Lo anterior ya ha sido analizado y puesto en evidencia en otros países en los que se ha comercializado el panga, como en España, donde, en 2010, la Organización de Consumidores y Usuarios emitió un comunicado recomendando no consumir el panga, puesto que se encontraron restos de pesticidas y trazas de mercurio en algunos de los 23 filetes de este pescado que fueron analizados por dicha organización.

En concreto, en cuatro de las muestras de panga se encontró la trifluoralina, un herbicida prohibido en Europa y detectaron mercurio en nueve de las 23 muestras de panga.

Lo realmente preocupante es que, debido a la prodigiosa cantidad de pangas disponibles, estos acabarán en otros alimentos: como el surimi (barras con pasta de pescado), pescado en lata y probablemente en algunos alimentos para animales.

Ante esta situación, resulta menester que las autoridades mexicanas, adopten las medidas necesarias a fin de evitar, en la medida de lo posible, que la comercialización de estos pescados pueda provocar una crisis sanitaria en nuestro país.

En este orden de ideas, el titular del Ejecutivo federal, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, se encuentra facultado para restringir e incluso prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país; y que más benéfico para el país, que la protección de la salud de los mexicanos.

De igual forma, se estima oportuno emitir un exhorto a la Cofepris, autoridad sanitaria de nuestro país, para que redoble esfuerzos en la inspección y vigilancia de los productos que entran a nuestro país, sobre todo los destinados para consumo humano, evitando así una posible crisis sanitaria causada por este tipo de productos que no cumplen con las medidas legales en esta materia.

Pero no sólo podemos quedarnos en limitar la entrada de este producto a nuestro país, es necesario que se adopten medidas para apoyar la producción y comercialización de los pescados que se crían en nuestro país.

Por esto, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, gire las instrucciones necesarias a fin de que se restrinja la importación del pescado conocido como “panga”, hasta que se garantice su calidad e higiene y se descarten riesgos a la salud por su consumo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que intensifique sus labores de inspección y vigilancia sobre los productos destinados para consumo humano que entran a nuestro país, en especial del pescado denominado “panga”, a fin de garantizar que se cumple con las disposiciones legales en materia sanitaria y que su venta y consumo no signifiquen riesgos a la salud.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las Secretarias de Economía y de Desarrollo Social a que, conjuntamente, implementen un programa emergente de apoyo a los productores piscícolas del país y se incentive la crianza y comercialización de los peces nativos de México.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 6 días del mes de septiembre de 2012.

Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Jaime Chris López Alvarado, Gilberto Antonio Hirata Chico.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la evaluación de productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados, a cargo del diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN

Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que solicita la creación de la Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Poder Legislativo, ha adquirido, cada vez más, un papel central en el sistema político mexicano, desempeñándose como contrapeso al Poder Ejecutivo, obligándole a rendir cuentas de sus actos y teniendo una mayor injerencia en la forma en la que éste ejerce el presupuesto.

De este modo, los legisladores contribuyen a fortalecer la democracia, y el Estado mexicano se acerca al ideal de James Madison plasmado en El Federalista, por el cual los diferentes órganos de gobierno se controlan unos a otros, impidiendo así, que todo el poder se concentre en manos de una minoría o de una mayoría.

El rol que los legisladores juegan, por lo tanto, es fundamental. Por ello, el trabajo legislativo ha de estar sujeto a estrictos mecanismos de control y de rendición de cuentas, que garanticen que los diputados y los senadores se encuentren sujetos al escrutinio y a la voluntad de sus representados. Para que esto suceda, la información sobre las acciones de cada legislador debe de estar disponible de modo que los ciudadanos puedan monitorear su desempeño.1

Desafortunadamente, en México existe la percepción de que el Poder Legislativo ha logrado mantenerse ajeno a tales mecanismos de rendición de cuentas. Lo anterior hace muy difícil que los ciudadanos puedan ejercer un debido control sobre los órganos de representación. Pareciera que todas las acciones u omisiones que se cometen en estos espacios de deliberación entraran en una caja negra totalmente inaccesible para la ciudadanía. Esto pone en peligro el juego democrático, que requiere que los electores sean capaces de atribuir los méritos o las culpas de decisiones políticas a personas y partidos políticos en concreto.2

Esta percepción de falta de rendición de cuentas y opacidad por parte del Poder Legislativo se hace evidente en el Reporte Legislativo, presentado por Integralia, una empresa de análisis legislativo, que busca transparentar el trabajo del Congreso de la Unión a través de indicadores específicos. En dicho reporte se indica que tan sólo el 9 por ciento de las comisiones de la Cámara de Diputados presentó, en tiempo y forma, un informe de sus actividades.3 Es decir, más del 90 por ciento de las comisiones de este órgano legislativo en la legislatura pasada se guardó para sí información valiosísima, con la cual los representados podrían evaluar y presionar a sus representantes para sacar adelante importantes temas.

La opacidad con la que se maneja el trabajo legislativo da pie a que las comisiones no funcionen óptimamente. Así, en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados el 41 por ciento de las iniciativas turnadas a comisiones quedó pendiente de dictamen y el 47 por ciento de las minutas que la Cámara de Senadores envió a la de Diputados quedó en la congeladora. Además, las comisiones no se reunieron el número mínimo de veces que indica la ley (36); en promedio, cada comisión se reunió 19 veces en los tres años que duró la legislatura4 ; con casos francamente deplorables, como el de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que solamente tuvo 2 reuniones ordinarias, de 36 que debió haber tenido. El rezago legislativo, por tanto, es alarmante, y consecuencia clara de la falta de rendición de cuentas.

En ese sentido, el trabajo de los diputados de la legislatura saliente en el pleno tampoco fue óptimo. Mientras que el promedio de asistencia a las sesiones fue de cerca del 85 por ciento, el porcentaje de participación en las votaciones fue considerablemente menor: 68.7 por ciento, con ciertos diputados que apenas participaron en poco más del 10 por ciento de las votaciones. Además, el porcentaje promedio de asuntos atendidos por sesión fue, en algunos periodos, de apenas el 47 por ciento.

La opacidad en la Cámara de Diputados no sólo se da en el trabajo legislativo, la información de las finanzas de los Grupos Parlamentarios también permanece reservada. No existen mecanismos por los cuales se transparente el uso de los recursos que cada Grupo Parlamentario recibe, por lo que éstos pueden terminar financiando campañas políticas o satisfaciendo lujos innecesarios.

Dada la falta de transparencia en la labor legislativa de la Cámara de Diputados, ésta mantiene niveles de aprobación sumamente bajos. Según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2008, sólo el 11.5 por ciento de la población se siente representada por los legisladores, y más de la mitad percibe que éstos ven únicamente por sus propios intereses. Por otro lado, casi el 70 por ciento de los ciudadanos encuestados no mostró interés en quién sería su siguiente diputado, lo que revela una absoluta desconexión entre representantes y representados.

Además, tan sólo el 40.2 por ciento de la población aprueba la labor de los diputados federales. Mientras que en el caso del Presidente de la República, la aprobación es del 67.6 por ciento, casi treinta puntos porcentuales arriba.

De igual forma, la confianza de la población mexicana en esta institución es muy baja. Menos de la mitad de la población confía algo o mucho en la Cámara de Diputados, mientras que hay instituciones como el Ejército o el Instituto Federal Electoral, que mantienen la confianza de cerca del 70 por ciento de la población.

Por lo expuesto, se hace evidente la necesidad de una comisión especial encargada, en primer lugar, de proponer mecanismos que favorezcan la rendición de cuentas de los diputados federales a los ciudadanos representados. Es decir, un órgano que propicie una relación más cercana entre legislador y representado.

Una comisión que busque acercar a representantes y representados, por lo tanto, deberá de propiciar acuerdos que eleven la productividad, eficiencia y el rendimiento del trabajo legislativo. Es imprescindible que se abra un espacio en el que se discutan abiertamente propuestas para optimizar la labor legislativa y en el que se dictaminen todas aquellas iniciativas que tengan como finalidad hacer de la Cámara de Diputados un órgano de gobierno más productivo.

Con una comisión responsable de transparentar el trabajo de las comisiones de la Cámara de Diputados, de propiciar mecanismos de rendición de cuentas y de elevar la eficiencia y productividad legislativa, este órgano legislativo sería capaz de sacar adelante, con mayor facilidad y con mayor apoyo popular, aquellas reformas que el país necesita. Adicionalmente, una Comisión con dichas características y tareas terminaría por elevar el prestigio y la confianza en esta institución.

Hay que señalar que comisiones con estas características existen en varios parlamentos de todo el mundo. En el Reino Unido, por ejemplo, existe la Comisión de Información; en Argentina la Comisión Especial sobre modernización del funcionamiento parlamentario; en Chile la Comisión de Ética y Transparencia Legislativa.

Por lo anterior, solicito a la Junta de Coordinación Política de esta LXII Legislatura y al pleno de la Cámara, se considere el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad la creación de la Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados.

Con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados será analizar las estadísticas y resultados del proceso legislativo en relación con la eficiencia, productividad y rendimiento de cada uno de los legisladores y de sus respectivos grupos parlamentarios, y proponer, en el ámbito de su competencia, modificaciones que permitan tomar las medidas legales, reglamentarias y administrativas conducentes a optimizar la labor legislativa de los diputados integrantes de esta Soberanía y fomentar la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Tercero. La Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial para la evaluación y productividad legislativa y la rendición de cuentas de los diputados tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Notas

1 Carey, John M. Legislative Voting and Accountability. New York: Cambridge University Press, 2009.

2 Grynaviski, Jeffrey D. Partisan Bonds. Political Reputations and Legislative Accountability. New York: Cambridge University Press, 2010.

3 Integralia. «Reporte Legislativo Número Tres.» LXI Legislatura (2009-2012). 2012. http://www. integralia.com.mx/files/reporte_legislativo_lxi.pdf (último acceso: 4 de septiembre de 2012).

4 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.

Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a lo sucedido en Tabasco, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los feminicidios son la forma más extrema de violencia de género, pero también el signo más alarmante de la descomposición social de una comunidad.

Así lo fue en Ciudad Juárez, y ahora en gran parte del país, pues de acuerdo con los más recientes estudios de la comisión especial para conocer sobre los feminicidios de la Cámara de Diputados, diariamente mueren seis mujeres por delitos relacionados con la violencia de género.

En Tabasco, el 24 de marzo de este año se tipificó el delito de feminicidio, en el artículo 115 Bis del Código Penal estatal, y hasta la fecha se han documentado tres casos.

Sin embargo, de acuerdo con datos obtenidos por la Codehutab a través de solicitudes de información a la Procuraduría General de Justicia en Tabasco, obtenidos en 2009, de las 124 averiguaciones previas abiertas de 2005 a 2009 por asesinatos de mujeres, sólo 30 estaban resueltas; es decir, consignadas con detenidos. Ello indica que la justicia está fallando.

De acuerdo con los mismos datos de la procuraduría estatal, en 2010 se documentaron 14 casos de homicidios dolosos contra las mujeres, y 16 el año pasado.

Pero los casos más preocupantes se viven en los últimos meses en municipios como Tacotalpa, donde durante abril y agosto se ha secuestrado, y luego torturado y asesinado a 11 niños y adolescentes, 5 del sexo femenino.

La situación ha llevado incluso a la cancelación de clases ante el temor entre la población por la seguridad de los niños.

Tacotalpa es un municipio colindante con Chiapas, una zona de migración donde se presenta trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de órganos. En consecuencia, hay delincuencia organizada.

Es evidente que la violencia está trastocando la vida de los pobladores del estado, y que particularmente hay un desinterés de autoridades por investigar los asesinatos de mujeres y las desapariciones en la entidad, como demanda la Asociación Ecológica de Santo Tomás, al exigir que se dejen de ignorar los feminicidios, que se investigue y que sancione a los responsables.

Todo lo relatado fundamenta la urgencia de atender el problema a fondo, y de implantar medidas urgentes consideradas por la alerta de género a fin de restituir la paz y evitar más muertes.

Consideraciones

Primera. Que conforme al artículo 30 de Reglamento para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “procede la declaratoria de alerta de violencia de género cuando se demuestre que en un territorio determinado se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”. Por ello se solicita a la Secretaría de Gobernación que inicie investigaciones para declarar la procedencia de la declaratoria de alerta por violencia de género en Tabasco.

Segunda. Que conforme al acuerdo número A/024/08, publicado en el DOF el 31 de enero de 2008, mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, ésta fue creada para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, para contribuir al derecho de la ciudadanía a que se le procure justicia. Por ello se considera importante la colaboración de la Fevimtra con la procuraduría estatal en las investigaciones relacionadas con los asesinatos en Tacotalpa, pues hay indicios de delitos del fuero federal.

Tercera. Que conforme a las recientes reformas del Código Penal Federal, publicadas en el DOF el 14 de junio del 2012, se establece:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; y

II. A la víctima se hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia.

En los antecedentes y las consideraciones relatados, los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos permitimos someter a consideración de esta representación popular del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaria de Gobernación que inicie investigaciones para determinar la procedencia de la declaratoria de alerta por violencia de género en Tabasco.

Segundo. Se solicita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR que coadyuve con la procuraduría estatal en las investigaciones relacionadas con los asesinatos de adolescentes y mujeres en Tacotalpa, Tabasco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.

Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de conectividad social, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscribimos la presente, diputados federales pertenecientes al Grupo Parlamentario Nueva Alanza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante este pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de conectividad social.

Exposición de Motivos

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares Inegi 2010, México cuenta con 112,336,538 habitantes en 28,346,120 hogares; de estos, casi 20 millones de hogares no cuentan con una computadora ni acceso a Internet. Complementariamente, había 32.8 millones de personas con acceso a internet, de estos 17 millones lo usan fuera del hogar.

En base a estas cifras, las escuelas de educación básica constituyen para los alumnos la única posibilidad real de tener acceso a Internet y en consecuencia de trabajar en redes colaborativas.

Para Nueva Alianza la consolidación de la las Redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno hoy en día es una oportunidad. Éste proyecto tecnológico originalmente se instrumentó como una alianza interinstitucional entre diversos organismos y ordenes de gobierno para apuntalar una iniciativa educativa que requería la conectividad en las escuelas y también se incluyó a hospitales, oficinas de gobiernos estatales, locales y bibliotecas.

Esta alianza permitió en una primera etapa la integración de esfuerzos, recursos, e iniciativas en beneficio de una política pública en materia de conectividad nacional, con los siguientes elementos:

1. Una red de transporte en cada estado utilizando para el desplazamiento de la señal las torres estatales.

2. El uso de una frecuencia oficial 3.3 - 3.35 Ghz otorgada por la Cofetel a la SCT.

3. El uso de la red de fibra óptica de la CFE.

4. La inversión realizada para el proyecto de Redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno ha sido significativa y pasó por la aprobación del Congreso. Se han invertido recursos, no sólo por la federación, sino también por los gobiernos de los estados. Esa combinación de recursos es lo que lo hizo viable.

A la fecha se cuenta con los siguientes avances:

• 26 Estados con infraestructura de conectividad que incluye red de transporte: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

• 26 Redes de última milla con 347 radio bases Wimax

• 13 entidades federativas conectadas a la Red NIBA a través de la Red de Fibra Óptica de CFE (Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán).

La conectividad social es una infraestructura tecnológica de comunicaciones de banda ancha en base a fibra óptica, que contempla el fortalecimiento de 32 Redes Estatales alrededor de la Red Nacional de fibra óptica de CFE.

Con esta infraestructura se facilitaría el acceso a Internet de Banda ancha dedicado exclusivamente al fortalecimiento social de los ciudadanos en materia de educación, salud, competencias productivas y prácticas de buen gobierno, en el ámbito Federal, Estatal, y Municipal estableciendo un intercambio de información, aplicaciones y competencias en favor de una Educación de calidad, mejores servicios de Salud en hospitales y clínicas, tecnologías de vanguardia para eficientar los tramites e intercambio de los gobiernos, apuntalar la difusión de la cultura y sobre todo abrir posibilidades reales para el ciudadano de una participación directa para la obtención de información y conocimientos que incidan en la creación de bienes y servicios en el aparato productivo, en la participación ciudadana y sobre todo en la injerencia social en la democracia del país.

En el aspecto internacional esta infraestructura de Conectividad Social es vital para el cumplimiento de los compromisos internacionales signados por nuestro País en las Agendas de: La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (UIT-ONU); Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y del Caribe (eLAC 2015-CEPAL); de la Cumbre de las Américas del 2012 (OEA) y del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC).

La conectividad social estaría financiada por recursos públicos federales. Conviene señalar que este apoyo gubernamental de México iría en sintonía a las tendencias internacionales de apoyo gubernamental de Países desarrollados y en desarrollo que invierten en la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones para propósitos de cobertura social de acuerdo a la siguiente gráfica:

La Comisión Especial de conectividad social, buscaría facilitar el establecimiento del marco legal que permita la articulación de los esfuerzos sectoriales e interinstitucionales, entre los actores de la industria y de los gobiernos Federales, Estatales y Municipales, para hacer viable el acceso a la banda ancha. Así mismo coadyuvaría con los esfuerzos de otras comisiones relacionadas con el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás que correspondan, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Conforme a lo establecido por el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la creación e integración de una Comisión Especial de conectividad social a efecto de ser contemplada dentro del acuerdo por el que se creen las Comisiones Especiales, Bicamerales, Comités y Delegaciones Permanentes que se conformaran para el trabajo de la LXII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados.

Segundo. Los objetivos principales de la Comisión Especial de conectividad social son:

• Hacer de Internet el nuevo derecho humano del siglo XXI, a través de consolidar esta aspiración en el marco normativo que permita instrumentar políticas públicas innovadoras.

• Aprovechar los esfuerzos desarrollados.

• Mejorar el Indicador de personas y hogares con acceso a banda ancha, de acuerdo a los términos establecidos para ello por la OCDE. Colocando a nuestro País de la media de dicha organización.

• Articular los esfuerzos de los diversos actores de la industria en beneficio de la competitividad del país.

• Hacer propio la instrumentación del propósito medular de la CEPAL que dice que ... “Para los Países de América Latina y del Caribe, la universalización del acceso a banda ancha tiene en el siglo XXI la misma importancia para el crecimiento y la igualdad que en el siglo XX tuvieron la infraestructura eléctrica y de caminos. La banda ancha s un servicio fundamental para el desarrollo económico y social de los países de la región, es indispensable para el progreso, la inclusión, la igualdad y la democracia”.

Tercero. La Comisión Especial de conectividad social estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial de conectividad social tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para la niñez, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal Carmen Lucia Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial para la Niñez, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico.

Asimismo, con base en la normatividad que rige esta Cámara de Diputados, corresponde a la Junta de Coordinación Política aprobar la creación de una comisión especial.

En razón de lo anterior, ahora que comenzamos la LXII Legislatura, pongo a su consideración la creación de la Comisión Especial para la Niñez, con la finalidad de trabajar por nuestras niñas, niños y adolescentes, para garantizarles una mejor legislación federal, en razón del reconocimiento de sus derechos humanos con el objetivo claro y contundente de lograr la protección y la promoción de cada uno de sus derechos.

La creación de la Comisión Especial para la Niñez para esta legislatura, heredara la importante labor realizada por la misma Comisión en la LXI Legislatura, comprometiéndose con mayores acciones encaminadas al bien de este sector de la población, promoviendo las reformas necesarias, para conseguir una plena adecuación, modernización y armonización.

Estos compromisos se basarán en lo establecido en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, principales instrumentos jurídicos que albergan sus derechos.

De acuerdo con los datos del UNICEF, México es el segundo país de América Latina con mayor población infantil y según los datos del Censo 2010, las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años constituyen una suma de más de 39 millones de personas, cifra equivalente a casi el 35% de la población nacional.

Por ello y ante la importancia que revisten, el tema nos plantea nuevos paradigmas. Nuestras niñas y niños viven día a día violaciones a sus derechos más fundamentales, muchos en situación de calle, víctimas de la delincuencia, de la pobreza, del trabajo infantil, de la prostitución forzada y del tráfico de órganos, sin educación, maltratados, víctimas de abusos, niñas y niños que migran solos, que no cuentan con lo más básico.

Implica que la familia y el Estado, atendiendo al interés superior de la infancia, procuremos las condiciones necesarias para su pleno desarrollo personal y social. Nos corresponde mantener a la infancia alejada de las drogas, de la pornografía, defenderlos de situaciones como el abandono, el maltrato, cualquier forma de abuso, de la explotación, de todo lo que les cause un daño. Evitar la desintegración familiar, la violencia, la falta de oportunidades para los adolescentes, el acoso, la violencia escolar, el sobrepeso y la obesidad, entre muchos otros problemas, no son atendidos correctamente.

Ejemplo de ello, y sólo por mencionar algunas de las problemáticas que viven, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, en el documento “La Violencia contra niños, niñas y adolescentes en México. Miradas regionales” Ensayo Temático de la Infancia Cuenta en México, 2010, indica que nuestro país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Con relación al trabajo infantil el cual está prohibido, la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo en el Módulo de Trabajo Infantil, en nuestro país en el año 2007 había 3.64 millones de niños y niñas menores de 17 años trabajando, de los cuales 1.1 millones se encontraban entre los cinco y los 13 años, es decir, alrededor de una tercera parte se encuentra por debajo del límite legal para trabajar.

Según datos de la OIT, en el Norte de México cerca del 32% de la mano de obra indígena son niños que migran de otras zonas del país. En su camino se enfrentan a distintas formas de discriminación como la desvalorización de la lengua materna y de su identidad indígena. Las niñas, niños y adolescentes indígenas constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales.

En particular, las niñas son aún más vulnerables en todos los casos y en cualquier nivel socioeconómico, sobre todo, son objeto de tratos discriminatorios intencionados y en muchas ocasiones hasta culturalmente aceptados.

Estos son sólo algunos hechos que entristecen, que alarman, que duelen, pero que nos comprometen a redoblar esfuerzos, ya que miles de niños que nos piden que luchemos por ellos y para ellos. En su visión de un futuro siguen teniendo esperanzas e ilusiones, desean vivir en espacios seguros, con educación, trabajo, casa, en medio ambiente sano, libre de violencia, en familia, con oportunidades.

De manera permanente, niñas, niños y adolescentes reclaman justicia y transparencia, pues requieren y confían en que sean cumplidas las leyes y se castigue la delincuencia, la corrupción, el abandono y todo lo que quebranta sus derechos, visualizan que con ello tendremos un mejor país. Ellos, requieren y reclaman de legisladoras y legisladores, de gobernantes que los escuchen, que los tomen en cuenta, como sujetos de derechos.

Es también el reconocer y sin duda alguna que se ha avanzado en el tema, pero no ha sido suficiente, aún siguen muchos asuntos pendientes. Como legisladoras y legisladores, tenemos la oportunidad y responsabilidad de trabajar para el reconocimiento pleno de sus derechos, segura estoy que en un tema tan noble todos trabajaremos con ahínco.

Sólo si trabajamos de manera integral y conjunta podremos brindarles un panorama de respeto a sus derechos humanos y leyes eficaces que les brinden seguridad jurídica en todos sus ámbitos. Esta Cámara de Diputados, requiere de una agenda en materia de niñez a la altura de la problemática, siempre por el respeto pleno a los sus derechos, siempre desde la perspectiva de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Honorable sobraría la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objetivo de la Comisión Especial para la Niñez será, garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, logrando su aplicación, cumplimiento y protección.

Tercero. La Comisión Especial para la Niñez, estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias.

Cuarto. La Comisión Especial para la Niñez, tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro a, 5 de septiembre de 2012

Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para el desarrollo sustentable, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscribimos la presente, diputados federales pertenecientes al Grupo Parlamentario de Nueva Alanza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante este Pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la comisión especial para el desarrollo sustentable.

Exposición de Motivos

México afronta un gran reto en los albores del siglo XXI: fortalecer la competitividad de su economía mientras garantiza un desarrollo social equitativo al mismo tiempo que explota y protege racionalmente sus recursos naturales.

En México existe una profunda desarticulación entre leyes, entre políticas públicas y entre ambas. No podemos seguir teniendo una visión de corto plazo frente a la finitud de la mayoría de los recursos naturales que sustentan nuestras sociedades.

Debe imperar la planeación estratégica racional del país de acuerdo a la disponibilidad de recursos y su posible término o renovación para lograr la prosperidad.

La disponibilidad y el impacto ambiental que provoca la extracción y transformación de recursos puede saberse a través de mapeos, estudios y sistemas de información precisos; de la misma manera puede saberse la afectación ambiental de todas las políticas públicas, leyes y regulaciones que emprende el gobierno. Es indispensable que México comience a tener una planeación estratégica integral entre el marco jurídico existente y las políticas públicas implementadas para aminorar los impactos ambientales de todos los sectores y garantizar la viabilidad y sustentabilidad de la nación en un futuro próximo.

El desarrollo sustentable no es un asunto ideológico sino un modelo racional de largo plazo que contempla la transversalidad de todos los temas concernientes al Estado y al individuo.

Por ejemplo: tan sólo en 2011, México perdió alrededor de 155 mil hectáreas de superficie forestada1 debido a actividades económicas diversas, legales o ilegales. Mientras esto sucede, existen programas federales, estatales, municipales; leyes, regulaciones, etc. que promueven la deforestación mediante la incentivación irracional o poco sostenible.

2 por ciento2 del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) son producidas por nuestro país, tendencia que sigue en aumento. Esta situación contribuye al fenómeno del cambio climático antropogénico, que a su vez, tiene afectaciones exponenciales en la población y en la economía nacional. Mientras esto sucede, existen leyes y políticas públicas que fomentan la emisión de GEI y promueven la utilización de hidrocarburos.

79 por ciento3 de la población mexicana vive en ciudades; para el año 2050 se espera que 90 por ciento4 de la población viva en zonas urbanas. Mientras esta tendencia es clara, se pretende seguir privilegiando a la población rural por encima de la urbana; existen leyes y políticas públicas que fomentan la atomización de las ciudades provocando la falta y desatención de servicios públicos y la emisión de GEI, la inseguridad y el rompimiento del tejido social Así mismo, no existe una legislación y política adecuada para el manejo integral y conectividad de las áreas urbanas y metropolitanas.

En diversas zonas del campo mexicano, debido al cambio climático y a la erosión de la tierra por la continua explotación, se empieza a perder rentabilidad y productividad. En Oaxaca, Chiapas y Guerrero, estados poco productivos por sus características biogeográficas y donde la tenencia de la tierra es sumamente atomizada, llegan a producir una tonelada por hectárea anualmente en el caso del maíz, esto significa alrededor de 4 mil 300 pesos anuales. Mientras tanto, existen políticas y leyes que mantienen subsidios5 a estas zonas improductivas atando a los campesinos a la pobreza sin garantizar la soberanía alimentaria, y peor aún, provocando la deforestación de ecosistemas prioritarios para la conservación que dotan de bienes públicos ambientales a todo el país; bienes que pudieran aprovecharse de manera más rentable por los mismos campesinos.

Ante esta situación, el grupo parlamentario de Nueva Alianza planeta la creación de la comisión especial para el desarrollo sustentable a fin de crear leyes que tiendan a la armonía entre la esfera social, la económica y la ecológica; en aquellos puntos que afecten el equilibrio ecológico a través de los temas económicos y sociales así como en temas prioritarios del Poder Ejecutivo tanto a nivel federal como local.

Consideramos que actualmente se excluye un análisis transversal y una consciencia racional de largo plazo, en especial lo relativo al impacto ambiental, en temas del sector agropecuario, pesquero, energético, de vivienda y ciudades y agua. Es urgente integrar un trabajo legislativo coherente en todas las comisiones correspondientes que no frene el desarrollo de México pero que tampoco agote sus recursos y ponga en jaque a las futuras generaciones.

Puntos de Acuerdo

Primero. Conforme a lo establecido por el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la creación e integración de una Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable a efecto de ser contemplada dentro del acuerdo por el que se creen las comisiones especiales, bicamerales, comités y delegaciones permanentes que se conformaran para el trabajo de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados.

Segundo. Los objetivos de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable son

• Armonizar el marco legal para impulsar el desarrollo sustentable en nuestro país; conocer y analizar las iniciativas de la LXII Legislatura relativas al manejo y explotación recursos naturales emitiendo recomendaciones y modificaciones que garanticen la sustentabilidad;

• Evaluar las políticas públicas que los tres niveles de gobierno emprendan en materia de recursos naturales y todas aquellas que tengan una afectación al medio ambiente;

• Promover la orientación del gasto público del Presupuesto de Egresos de la Federación a programas y proyectos dirigidos a fortalecer el desarrollo sustentable del país.

Tercero. La Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación.

2 1.58 por ciento para México bajo el estimado de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Metas del Milenio para el Desarrollo (medición de emisiones de dióxido de carbono, a las que hay que sumarles las emisiones del sector forestal y agropecuario así como la emisión de otros GEI como el metano y clorofluorocarbonos, con lo que se estima un 2 por ciento para México de acuerdo con el inventario de la UNFCCC).

3 77.8 por ciento de población urbana para 2010 de acuerdo con datos del Inegi.

4 Quadri, Gabriel: “Derecho a la ciudad y vivienda”. Diario El Economista, 2011.

5 El subsidio de Procampo oscila entre 963 y $1,300 pesos anuales por hectárea productiva dependiendo del ciclo agrícola y la elegibilidad de las superficies. Información del portal de Aserca, Sagarpa. Gobierno Federal. Reglas de operación del programa, 2009.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial para impulsar la competitividad, la innovación y el desarrollo regional, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscribimos la presente, diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos ante este pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional.

Exposición de Motivos

A nivel internacional organismos como el IMD (Institute for Management Development, Lausanne, Suiza), o IMCO (Instituto Mexicano por la Competitividad AC.) en el caso de México, han venido midiendo la competitividad de los países con el objeto de comparar la capacidad de un país para atraer y retener inversiones y talento.

Para lograr estos dos objetivos, los países, los estados y las ciudades deben crear condiciones integrales que permitan a las personas y a las empresas maximizar su potencial productivo.

Para medir lo anterior se han identificado, en el caso del IMCO al menos 10 subíndices que pretenden medir la competitividad, tales como:

1. Sistema de derecho confiable y objetivo.

2. Manejo sustentable del medio ambiente.

3. Sociedad incluyente, preparada y sana.

4. Macroeconomía estable.

5. Sistema político estable y funcional.

6. Mercado de factores eficiente.

7. Sectores precursores de clase mundial.

8. Gobiernos eficientes y eficaces.

9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales.

10. Sofisticación e innovación en los sectores económicos.

En atención de lo anterior, cabe recalcar que México en el contexto del desempeño de los países en el índice de competitividad internacional, al 2010 según información del IMCO, ocupa el lugar 32, el país en los últimos 10 años en promedio ha sido menos competitivo en relación a los países denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) quienes se han posicionado y han ido ganando espacio en la atracción de inversiones y por ende en el crecimiento per cápita de su población.

Según el IMCO, en 2010: “México retrocedió posiciones respecto a los demás países evaluados en 4 de los 10 subíndices. Estos son: sistema de derecho (del 34 al 35), medio ambiente (del 38 al 39), sistema político (del 35 al 38) y sectores precursores (del 27 al 30). A pesar de que México mejoró en la calificación de sectores precursores, esto no fue suficiente para seguirle el paso a sus principales competidores en el subíndice (Rusia y Tailandia), quienes al mejorar más rápidamente lograron rebasar a nuestro país.”

En México hay que seguir fortaleciendo las condiciones para generar un entorno competitivo que mejore la vida de los mexicanos. La coordinación de los actores económicos, sociales y políticos es un prerrequisito para avanzar en una agenda nacional. El fortalecimiento de la competitividad e innovación impactarán definitivamente en el bienestar de los ciudadanos.

Es impostergable el fortalecimiento del estado de derecho estableciendo reglas claras, libertades y garantías indispensables para garantizar un correcto desempeño económico. La estabilidad del entorno otorga certidumbre a inversionistas, empresas e individuos para planear y tomar las decisiones de corto y largo plazo. La legitimidad, estabilidad y efectividad del Sistema Político garantizan paz social, por lo que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la consolidación de la democracia son indispensables.

Es necesario mejorar los niveles de inclusión, salud y educación e intensificar la conservación ambiental así como las sustentabilidad, ya que son prerrequisitos para que el crecimiento y desarrollo sean sostenibles en el largo plazo y beneficie a generaciones futuras.

La eficiencia en los mercados de insumos para la producción en la industria, los servicios y la agricultura hace indispensable mejorar los costos de producción y la productividad del trabajo. La mejora de la calidad, eficiencia y costos de los sectores precursores tales como los de telecomunicaciones, transportes y financiero, inciden en la productividad de muchos otros sectores de la economía ya que facilitan el intercambio comercial, la provisión de servicios de punta, la innovación y el desarrollo de productos y empresas.

La interacción de los diversos niveles de gobierno en la economía, afectan o benefician el desempeño del país de manera directa o indirecta. El costo de hacer negocios, asociado a trámites e interacción con autoridades; calidad de la regulación sectorial, así como el contar o no con suficiencia y eficiencia en el gasto público inciden en el desarrollo de México.

Es relevante además capitalizar sus relaciones con el exterior para ser más competitivos en casos como el turismo, el comercio exterior y los flujos de capitales. México debe competir con éxito en la economía global, generando valor a través de la innovación.

La competitividad y productividad son imperativas para el crecimiento económico de un país y deben apoyarse en la innovación. Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza propone la creación de la Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional.

Hasta hoy el Estado mexicano ha visto a la competitividad como algo propio y exclusivo del área económica del gobierno, cuando los principales organismos internacionales y nacionales (IMD e IMCO) lo ven como algo transversal que impacta en factores como el estado de derecho, lo social e incluso lo ecológico, por ende es necesario que desde el Congreso de la Unión se impulse la modificación y adecuación del marco normativo que integralmente favorezca la competitividad e innovación y asimismo se dé seguimiento puntual a los avances en los diversos rubros que inciden en ello.

Enfrentar estos grandes desafíos para hacer a México más competitivo e innovador implica situar el debate también en el terreno del desarrollo regional. Las disparidades existentes en el país están a la vista de todos.

Mientras los estados del norte gozan de una economía pujante, los del sur son presa del subdesarrollo. Sin embargo, más preocupante es que el actual modelo económico no ha contribuido a abatir la brecha en materia de desarrollo prevaleciente en nuestro país.

El estado tiene la obligación de atender esta realidad por dos principales motivos. Primero, las condiciones que hoy caracterizan a México no permiten que explote todo su potencial. La falta de infraestructura adecuada en las regiones menos desarrolladas del país constituye un obstáculo para la inversión, la creación de empleos y el crecimiento económico. Segundo, actualmente no existe una verdadera política de estado que promueva la competitividad, innovación y desarrollo regional de forma integral. Los programas gubernamentales incluidos en el presupuesto de egresos para este fin carecen de articulación y de una visión holística del problema.

La Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional busca subsanar estos dos aspectos y así contribuir a la institucionalización de la política de desarrollo regional y al impulso de la competitividad en México.

Busca, a través de una visión de largo plazo, fomentar el análisis del gasto público para que éste atienda las necesidades que las diferentes regiones de México requieren en diversas materias. Busca también ser un espacio de análisis, discusión y promoción de legislación que pueda tener un impacto positivo en el desarrollo equitativo del país.

En fechas recientes la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer un estudio donde revisa la situación que guarda la innovación regional en México, y que en parte explica y hace pronunciamientos sobre el estancamiento de la productividad y competitividad de todo el país.

El documento advierte que es preciso reconocer cada vez más la importancia de los sistemas de innovación regional, donde se requiere mayor participación de los estados para fomentar la ciencia, tecnología e innovación.

Los hechos indican que se siguen registrando importantes disparidades socioeconómicas entre las regiones de nuestro país. Los estados más ricos en México tienen un producto interno bruto (PIB) per cápita similar a naciones como Corea o Polonia, mientras los más pobres están en niveles como el de Irak.

Hoy nuestras entidades federativas y sus respectivas regiones deben estar en situación de competencia para atraer actividades económicas, empleo e infraestructura. Sin embargo, no todos los territorios están implicados en este proceso de competencia sobre bases iguales, lo que implica ineficacias y desigualdad regional, es decir, se carece de una política con enfoque territorial integral, lo que no permite generar una adecuada competencia entre las economías regionales, por no entender, en no pocas ocasiones las vocaciones económicas de las regiones.

Por otra parte, la Ley Federal de Competencia Económica debe representar el cimiento de la libertad empresarial y jugar un rol fundamental en mantener y defender la libertad de los gobernados para acceder a los mercados y beneficiarse de la competencia en ellos.

En México, estas libertades tienen su origen en el artículo 28 constitucional, y debe ser la Ley Federal de Competencia Económica el instrumento jurídico que hace efectivo el mandamiento de la Carta Magna respecto de la garantía que tiene todo individuo para acceder a un mercado en competencia.

Sin embargo, el contenido del artículo 28 constitucional no se limita a proteger una garantía individual, sino que va más allá, al ser el fundamento del derecho que tiene la sociedad de beneficiarse de los efectos de un mercado en competencia, es decir:

1. Obtener mejores precios, mayor surtido y mejor calidad en los bienes y servicios que se adquieren; y

2. Garantizar que los recursos limitados de una sociedad se utilicen y asignen de la manera más eficiente, y que se generen incentivos constantes para la innovación tecnológica.

Consecuencia de lo anterior es un mayor crecimiento económico en beneficio de todos los mexicanos.

Temas como el déficit del comercio exterior, como consecuencia del crecimiento de importaciones baratas, implican un drenaje de recursos cuantiosos al exterior. La entrada de capitales y la baja inflación, no genera los espacios suficientes para flexibilizar la política económica a favor del crecimiento, ante el temor de que con ello resurja la inflación y la inestabilidad del tipo de cambio.

La aplicación de una disciplina fiscal reduce la inversión pública, aumenta rezagos productivos, atentando contra la productividad y la competitividad. Además, reduce la demanda y el crecimiento del mercado interno, afectando los ingresos de los productores hacia dicho mercado, lo cual impide el crecimiento de la inversión.

Asimismo, la aplicación de una política económica de estabilidad monetaria-cambiaria predominante ha derivado en el desplazamiento de la esfera productiva, como resultado de los estragos de la apertura comercial y de la competencia desleal configurada.

De la lectura de las experiencias históricas de crecimiento económico, y de su análisis en la literatura económica, se desprende un conjunto de elementos mínimos que debe incluir cualquier estrategia de crecimiento económico.

El constituir una Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional , busca impulsar los factores endógenos del país que inciden en la competitividad, innovación y desarrollo regional.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás que correspondan, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Conforme a lo establecido por el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita la creación e integración de una Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional, a efecto de ser contemplada dentro del acuerdo por el que se creen las comisiones especiales, bicamerales, comités y delegaciones permanentes que se conformaran para el trabajo de la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados.

Segundo. Los objetivos principales de la Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional.

Son:

• Impulsar una mejora en la competitividad, innovación y desarrollo regional del país.

• Generar una visión transversal sobre competitividad, innovación y desarrollo regional propiciando la adecuación del marco normativo.

• Impulsar los factores endógenos del país que inciden en la competitividad, innovación y desarrollo regional.

• Impulsar el fortalecimiento de las condiciones para generar un entorno competitivo que mejore la vida de los mexicanos, coordinando en la medida de lo posible a los actores económicos, sociales y políticos para avanzar en una agenda nacional sobre competitividad, innovación y desarrollo regional.

• Impulsar que los sectores industriales, los servicios educativos y gubernamentales se entrelacen para generar acciones tangibles, que incentiven la competitividad, la innovación y el desarrollo regional.

Tercero. La Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional estará integrada por el número de miembros de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la proporción que guarda la composición del pleno de esta legislatura, y cuyos integrantes serán propuestos por las fracciones parlamentarias, contando para la dirección de sus trabajos con un presidente y tres secretarías.

Cuarto. La Comisión Especial para impulsar la competitividad, innovación y desarrollo regional tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria hasta el 31 de agosto de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2012.

Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica)