Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a iniciar acciones y destinar recursos suficientes para controlar y combatir la plaga de insectos descortezadores en las zonas boscosas de Durango, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SSP y la SEP acciones coordinadas para garantizar la seguridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la alcaldesa de Veracruz a conducirse con estricta sujeción a la legalidad y la civilidad, así como con respeto y tolerancia de la pluralidad política; y a la ASF, a fiscalizar los recursos del ramo 33 que el estado otorga a dicho municipio, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del PAN

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar en el DOF el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar con la mayor brevedad las iniciativas sobre desechos electrónicos presentadas en la LXI Legislatura, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para analizar la legislación y la política en materia de minería y su efecto en los ámbitos social, económico y ambiental, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a crear un modelo de atención e investigación para mejorar la salud de los adolescentes, concretamente la reproductiva, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a desarrollar por la Ssa, la SEP, la Sedesol y el DIF acciones para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Cofetel a realizar acciones para homologar las tarifas de larga distancia entre Orizaba y Córdoba, Veracruz, e integrarlas como servicio local, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías Generales de la República y de Justicia de Coahuila a agilizar la investigación sobre los actos cometidos por Javier Villarreal Hernández, ex jefe del SAT en la entidad, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF, al titular del gobierno del Distrito Federal y a diversos jefes delegacionales a transferir instalaciones a fin de formar centros deportivos de alto rendimiento y considerar recursos para promover y desarrollar el deporte masivo y el de alto rendimiento, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a implantar medidas para retirar de las carreteras los topes innecesarios y considerar opciones que no obliguen a hacer un alto casi total, a fin de evitar peligros a usuarios, a cargo del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a disponer por la SHCP métodos para hacer extensivo el pago extraordinario del bono sexenal a todos los jubilados y pensionados de la administración pública federal, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdoba Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas Transmisibles a difundir por los principales medios de comunicación, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, acciones preventivas y de detección oportuna, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el jitomate mexicano, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en Nueva York, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la Semarnat a atender la grave contaminación de Hidalgo, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la SEP a instaurar una campaña exhaustiva de prevención sobre el consumo de sustancias inhalables entre los jóvenes, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar gestiones para que la región Cráter de Chicxulub, al noroeste de Yucatán, sea declarada patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar por la Sagarpa la vigencia de la NOM-EM-047-FITO-2009 para mantener las acciones fitosanitarias contra el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing entre los cítricos de las entidades afectadas, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar de manera preferente en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, situados en Morelos, la propuesta del gobernador de participar en ello, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SRE a llevar a cabo acciones, con las autoridades estadounidenses, sobre las deportaciones realizadas en la frontera, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la conmemoración del centenario luctuoso del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, a cargo del diputado Tomás Brito Lara, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a establecer una campaña de promoción turística del pueblo mágico Mineral de Pozos, en San Luis de la Paz, Guanajuato, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a reconsiderar la demanda presentada contra Fabián Gómez Hernández y Adrián Ruiz, director del portal Contraparte Informativa y columnista de El Heraldo de Puebla, respectivamente; y a encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP a vigilar el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a fortalecer de manera coordinada acciones y programas para prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol entre la población, particularmente los jóvenes, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer pública la situación de la deuda de Tabasco y la información sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario estatal y el costo total de las emisiones de deuda de corto y largo plazos contraída en el periodo 2007-2012, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar por la Sedesol, el Inegi y el Consejo Nacional de Población estudios técnicos para establecer como zona metropolitana, si se cumplen los requisitos, Irapuato y Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor a iniciar acciones y destinar recursos suficientes para controlar y combatir la plaga de insectos descortezadores en las zonas boscosas de Durango, a cargo de la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada, Sonia Catalina Mercado Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Durango tiene una superficie total de 12 millones 318 mil 100 hectáreas, de las cuales 4 millones 989 mil 401 son bosques, lo que representa el 41 por ciento de la superficie.

Desde hace varios años Durango ha ocupado el primer lugar en producción maderable a nivel nacional, con un promedio aprovechado en la última década cercano a los 2 millones de metros cúbicos de madera en rollo; beneficiando a más de 7 mil 562 productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que se dedican a esta actividad y a la industria forestal la cual genera un total de 17 mil 714 empleos directos, adicionalmente se estima que esta actividad genera alrededor de 35 mil empleos de manera indirecta.

La riqueza de la biodiversidad en materia forestal en el estado es inmensa ya que en su inventario florístico reporta que existen 27 especies de coníferas, 40 especies de encino y varias especies tropicales, además de diversas especies de flora y fauna solamente se encuentran en esta región, por lo que su importancia no solamente es económica, sino también ecológica; por tal motivo urge que a la brevedad se implementen medidas de control y combate de las plagas y enfermedades que en este momento están causando graves daños a los ecosistemas y a la economía del sector forestal.

El reporte de la Comisión Nacional Forestal señala que en Durango se han registrado más de 160 incendios, que han causado daños a más de 10 por ciento de la superficie forestal, derivado de la falta de lluvias por la que atravesó el norte del país el año pasado y los primeros seis meses del presente año, lo que provocó un fuerte estrés hídrico a los bosques y plantaciones forestales del estado.

El daño no es menor, ya que los bosques tienen una función en la regulación del sistema hidrológico puesto que sirven para retener y propiciar la infiltración del agua, en beneficio de las comunidades del propio estado, así como de las entidades aledañas. Recordar que Durango es la primera reserva forestal del país y como consecuencia el primer productor de madera, pero además es un gran generador de servicios ambientales que beneficia no solamente a los duranguenses, sino a la sociedad en general por lo que es apremiante el esfuerzo de los diferentes ordenes de gobierno para controlar el problema fitosanitario que se ha generado por el ataque de diversas plagas, principalmente por los insectos descortezadores que se tienen identificados de los géneros Dendroctonus e Ips considerados de las plagas forestales más dañinas y que han causando pérdidas considerables no solamente a los propietarios de los bosques sino a todos los eslabones de la cadena productiva forestal y otras también importantes para la actividad económica de estas regiones como el ecoturismo, dejando al desamparo a las comunidades que ejercen dicha actividad y no sólo eso, sino el problema más importante es la pérdida de la cubierta vegetal provocando grandes impactos ecológicos y poniendo en riesgo la biodiversidad de sus ecosistemas, contribuyendo con esto a acelerar el proceso de desertificación.

Por lo expuesto, es necesario y urgente que las autoridades federales implementen acciones que permitan controlar y erradicar las plagas mencionadas, con la finalidad de que los propietarios de los bosques y los que se dedican a la actividad forestal no pongan en riesgo su patrimonio.

Por otro lado, se requiere que se implante el Programa de Empleo Temporal, con la finalidad de mitigar las necesidades más apremiantes de las comunidades afectadas.

En virtud de las razones antes expuestas y a la importancia que tiene la actividad forestal en Durango, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada y al director general de la Comisión Nacional Forestal, doctor Juan Manuel Torres Rojo para que, de manera inmediata, inicien acciones y destinen recursos suficientes para el control y combate de la plaga de insectos descortezadores que actualmente está atacando a las zonas boscosas en el estado de Durango.

Segundo. Con fundamento en el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 79, numeral 2, fracción III, que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SSP y la SEP acciones coordinadas para garantizar la seguridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Los que suscriben, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la última década México ha vivido un incremento alarmante en los índices de criminalidad, mismo que no ha podido detenerse ni disminuirse; los delitos totales se han aumentado sensiblemente, en 2004 se reportaron 81 mil 539 delitos, mientras que en 2008 se registraron 136 mil 091 ilícitos del fuero federal. En el mismo periodo se aumentaron ciento vente por ciento los delitos contra la salud o narcotráfico (INEGI, Seguridad pública y justicia, 2010, principales indicadores) . Pero además el tipo de delincuencia que se reporta es llevada a cabo por organizaciones dedicadas a delitos sumamente nocivos como la extorsión, secuestro o narcotráfico.

Los homicidios totales reflejan claramente el aumento de la violencia y criminalidad que vive el país. En 2009 se cometieron diecinueve mil ochocientos nueve homicidios, en 2010 aumentó la cifra considerablemente a treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete; y en 2011 a treinta y siete mil cuatrocientos treinta y siete; por mucho, el año más violento en la historia reciente de México. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega Marín, más de cincuenta por ciento de los homicidios tienen relación con rivalidades del crimen organizado.

En toda sociedad existen márgenes tolerables de criminalidad que pueden ser controlados por la fuerza pública de los gobiernos; pero, cuando la delincuencia rebasa los índices normales, es que se puede decir que la sociedad presenta niveles patológicos de delincuencia.

Las acciones del gobierno federal han traído como consecuencia que las bandas criminales busquen diferentes formas de costear sus actividades y para ello, han dejado el narcotráfico y se han dedicado a amenazar, extorsionar y secuestrar a ciudadanos, empresas e incluso a organizaciones propias del gobierno. Tan sólo en 2010 la extorsión ocupó el segundo lugar en número de delitos, con siete mil doscientos veintiséis extorsiones por cada cien mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). En el caso del secuestro, este delito se disparó de forma alarmante, entre 2006 y 2011 los plagios aumentaron en trescientos ochenta y cuatro por ciento, llegando a la cifra de dos mil novecientos setenta y nueve secuestrados, de los cuales ciento doce víctimas fueron asesinadas. Con esto, México llega a la tasa más alta en la historia, incluso por encima de Colombia, afirma el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Desgraciadamente la cifra negra, es decir la cantidad de delitos que no se denuncian, todavía es muy alta, a pesar de que se presentó un aumentó de cuarenta y siete por ciento en el periodo de 2004 a 2009 de delitos federales denunciados. (INEGI, Seguridad pública y justicia, 2010, principales indicadores ).

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que entre 2007 y agosto de 2010 habían muerto en enfrentamientos con el Ejército seiscientos cincuenta y seis civiles, número que crece día con día, mientras los enfrentamientos con las organizaciones criminales se desarrollan en el entorno de las ciudades.

En el último año, en diferentes entidades de la república, se ha suscitado de manera preocupante la extorsión a profesores y autoridades educativas; lo que ha ocasionado manifestaciones enérgicas por parte de las comunidades escolares para exigir que el gobierno federal y los gobiernos de los estados garanticen condiciones suficientes de seguridad.

En 2011, en Monterrey Nuevo León, la maestra Martha Rivera Alanís fue reconocida por cumplir puntualmente los procedimientos de seguridad en contingencias, mientras se desarrollaba un tiroteo en los alrededores de la escuela preescolar Alfonso Reyes. La coordinación del Programa Nacional Escuela Segura ha informado que se suscitaron cuando menos veinte reportes de balaceras en el entorno de escuelas en Tamaulipas y Nuevo León.

En Piedras Negras, Coahuila, el cierre de escuelas y comercios es usual cuando existen persecuciones y tiroteos en la ciudad; además, las actividades fuera de los recintos escolares como visitas guiadas y recorridos han sido canceladas por el riesgo de realizarlas sin poder garantizar la seguridad mínima de los alumnos.

Desgraciadamente la delincuencia ha escalado de los enfrentamientos en los alrededores de los planteles, sino que las escuelas, los maestros y los directivos se han vuelto el objetivo del crimen organizado.

La situación de las escuelas que se encuentran cerradas debido a los amagues de la delincuencia en el estado de Guerrero, es uno de los casos más graves en el país, puesto que a lo largo de un año han cerrado actividades más de cien planteles de diferentes zonas escolares, dejando sin clases a más de cincuenta mil niños. Las acciones del gobierno del estado no han sido suficientes para garantizar la seguridad de los profesores para que estos puedan regresar a las aulas en su totalidad. En respuesta, los maestros y padres de familia han empezado un movimiento con el objetivo de exigir mayores resultados al operativo Guerrero Seguro, intensificar las acciones contra los secuestros de profesores, y sobretodo el establecimiento de condiciones de seguridad y paz en las escuelas de la entidad.

Caso similar sucede en Salina Cruz, Oaxaca, donde las comunidades escolares de más de treinta y un centros educativos han organizado marchas para pedir mayor tranquilidad y seguridad.

En Gómez Palacio, Durango, debido al clima de violencia, se están tomando las medidas preventivas de reducir horas de clase y recorrer el horario vespertino con el objetivo de tener más horas de luz y evitar riesgos a los alumnos.

El 6 de septiembre del presente año, fue evidente la falta de protocolos de seguridad en contingencias en la mayoría de las escuelas del estado de México y Distrito Federal, al desatarse una alarma en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y en la delegación Iztapalapa, que puso en sobresalto a los maestros y padres de familia.

Además, en el mismo municipio de Nezahualcóyotl, personal docente de más de diecisiete escuelas incorporadas a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), se manifestaron en las instalaciones de la presidencia municipal para denunciar la violencia de la que han sido víctimas.

Escuelas en los municipios de Chicoloapan, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Amecameca y Tepetlixpa en el estado de México, han recibido llamadas de extorsión amenazando a maestros y alumnos. Los criminales poseen información detallada de las plantilla de maestros, sus familiares y de las actividades que se realizan. Con causa justificada, los miembros de las comunidades escolares temen que se cumplan las amenazas.

A principios de febrero de 2012, el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, cerró los centros escolares a todos los niveles por amenazas del crimen organizado. Asimismo, en marzo, en Cuernavaca, Morelos, se dieron cierres de los planteles ante amenazas de balaceras; estudiantes de nivel bachillerato y secundaria fueron víctimas de bandas criminales.

En las ciudades de Pachuca, Matamoros y Ciudad Juárez, se han debido desalojar escuelas por amenazas de bomba, con el objetivo de atemorizar a la población. Este tipo de acciones del crimen organizado pone a prueba la gobernanza de las diferentes autoridades, pero sobretodo al gobierno Federal.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en los 358 municipios con mayor índice delictivo del país están ubicadas cuarenta y dos mil trescientas escuelas públicas, es decir veintidós por ciento de todas las escuelas del territorio nacional, mismas que están más expuestas al narcotráfico, extorsión y secuestros. De los once estados que la SEP ha identificado como focos rojos, según los índices delictivos, siete de ellos son los que concentran cincuenta y siete por ciento del total de homicidios en el país (Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas).

Si bien es cierto que el Programa Escuela Segura es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el cual se han podido diseñar acciones interinstitucionales para evitar condiciones de violencia en el entorno de los planteles, dicho programa no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de las escuelas que han sido blanco de los criminales.

Por tratarse de una delincuencia con gran capacidad de organización y de violencia, de tratarse en muchos casos de escuelas federales, por el tipo de delitos de jurisdicción federal, así como por el contexto nacional de un combate al narcotráfico y al crimen organizado, la federación debe asumir de forma determinante su responsabilidad y tomar acciones eficaces para acabar con estas prácticas delictivas que están lesionando la educación en el país. Según Fernando Escalante Gonzalbo, investigador y catedrático de El Colegio de México, el recrudecimiento de la violencia del crimen organizado podría ser consecuencia de la presencia de las fuerzas federales, sobre todo en entidades de la república donde se han desplegado operativos conjuntos, además de fuerzas militares para preservar el orden, tales como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero.

Es deber imperante del gobierno federal, en coordinación con autoridades municipales y estatales, garantizar la seguridad e integridad de todos los maestros, alumnos y autoridades escolares en los centros educativos.

El gobierno es el encargado de establecer y mantener el orden y la paz social, haciendo uso legítimo de la fuerza pública. Esta es una de las funciones centrales de todo gobierno.

Es de gran importancia que se coordinen acciones conjuntas de diferentes dependencias de gobierno, para garantizar la seguridad de las escuelas, de los profesores y de los alumnos, en el marco de la violencia generalizada y del crimen organizado que se presenta en diferentes entidades de la república.

El Estado mexicano no puede permitir que la educación se desarrolle en un entorno de violencia para los estudiantes. Además deberá garantizar el ejercicio de la profesión de los maestros y directores con plena seguridad del respeto a la integridad física de todos los individuos pertenecientes a la comunidad escolar.

En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Con carácter de urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pública se realicen acciones coordinadas a fin de garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la alcaldesa de Veracruz a conducirse con estricta sujeción a la legalidad y la civilidad, así como con respeto y tolerancia de la pluralidad política; y a la ASF, a fiscalizar los recursos del ramo 33 que el estado otorga a dicho municipio, a cargo del diputado Rafael Acosta Croda, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Rafael Acosta Croda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la alcaldesa del municipio de Veracruz, Veracruz, Carolina Gudiño Corro, a fin de que se conduzca con estricto apego a la legalidad y el estado de derecho, civilidad, respeto y tolerancia a la pluralidad política.

Consideraciones

Un país en donde se respete la legalidad y el estado de derecho exige invariablemente conducirnos con civilidad, tolerancia y respeto de la pluralidad política, asumíendolos como valores imprescindibles de la cultura democrática.

México, sin lugar a dudas, es un país plural y multicultural, en donde se hace indispensable el diálogo y los valores democráticos para la construcción de una sociedad ordenada. No podemos y no debemos conducirnos bajo la ley del más fuerte ni bajo argumentaciones de absolutos.

La tolerancia consiste en aceptar al otro con sus diferencias, reconociendo que dichos rasgos pueden ser enriquecedores; significa respetar el legítimo derecho que tienen los demás a expresarse y actuar. Este concepto, incluso implica soportar lo que no es común y lo que nos parece extraño.

Desde el proceso electoral, los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz nos comprometimos con las y los veracruzanos a desarrollar con recursos propios un programa de “rebacheo” de calles y vialidades en el municipio, así como otras actividades como reparación de luminarias, equipamiento de escuelas, becas, etcétera para contribuir a darles solución a las quejas más sentidas de las y los ciudadanos.

Acorde a las facultades de gestoría con las que contamos los diputados federales y a los principios de Acción Nacional, ideamos un programa innovador para mejorar las condiciones del pavimento de nuestras calles. Este programa es una respuesta subsidiaria ante un problema grave de la ciudad que sólo ha despertado la inactividad y el poco interés del gobierno municipal por responder a sus promesas de campaña.

Es importante mencionar que en tiempo y forma y en repetidas ocasiones presentamos por oficio varios exhortos a las autoridades correspondientes para que cumplan con esta responsabilidad que tienen encomendada y están obligados a cumplir, sin recibir respuesta.

El pasado viernes 9 de noviembre del presente año el suscrito, acompañado de varios diputados federales del PAN, personal, camiones de asfalto, maquinaria compactadora y cuadrillas de trabajo, nos dirigimos a la esquina de las calles Francisco I. Madero y Juan Soto, para iniciar con el programa de “rebacheo”.

A punto estaba de dar el “banderazo de salida” al programa, cuando fuimos agredidos en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz por un grupo de personas encabezadas por personal del ayuntamiento, entre los que destacaban inspectores de comercio, incluido concretamente el señor Jonathan Vicarte, fotógrafo personal de la alcaldesa Carolina Gudiño Corro.

Mis compañeras y compañeros diputados, así como ciudadanas y ciudadanos simpatizantes con este proyecto, fuimos objeto de la intolerancia de quienes piensan distinto. Sufrimos agresiones físicas y verbales. Lo lamentable no son estas conductas que les describo, lo más grave es que exista quien considera que puede seguir apegando sus acciones a los valores antidemocráticos y dictatoriales del viejo régimen priista.

México ya cambió y no es el mismo de hace ochenta años. Los diputados del PAN no permitiremos que vuelva ese sistema antidemocrático de funcionarios públicos desprovistos de toda responsabilidad que siguen pagando a los más necesitados para manifestarse y agredir. Es indignante que existan políticos que sigan lucrando con la necesidad de la gente.

Mucho nos ha costado alcanzar mejores niveles de democracia en el país, no podemos permitir que las autoridades del ayuntamiento de Veracruz sigan utilizando en el quehacer político la denostación, la violencia y la sinrazón como estrategias para dirimir diferencias ideológicas.

Debe condenarse que las instituciones públicas construidas para todas y todos, sean utilizadas en contra de los adversarios políticos y se impida que los esfuerzos redunden en beneficios para la sociedad.

En Acción Nacional así lo hacemos y exigimos, la generosidad del PAN alcanza para reconocer en otros, incluso a quienes se considera adversarios políticos, su capacidad de aportar ideas y esfuerzos para contribuir a resolver los problemas que aquejan a nuestra comunidad.

Desde esta tribuna, convocamos a todos los actores políticos a conducirse bajo los valores de la democracia y el respeto a la legalidad. Son los ciudadanos quienes pueden otorgar el respaldo a las acciones de los servidores públicos, son ellos quienes nos otorgan o no la confianza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la alcaldesa del municipio de Veracruz, Veracruz, a fin de que se conduzca con civilidad y pleno respeto a la legalidad, al estado de derecho, a la pluralidad, y cese en su persecución política a toda persona que no comparta la misma posición ideológica política.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al ayuntamiento de Veracruz, a que cese en utilizar las instituciones públicas en contra de adversarios políticos así como a que los funcionarios y servidores públicos se conduzcan con absoluto y pleno respeto a la legalidad y el estado de derecho.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de auditar los recursos otorgados vía Ramo 33, al municipio de Veracruz, en específico los recursos otorgados al mismo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incluyendo los relacionados con el capítulo de obras y gastos personales .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Rafael Acosta Croda (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir y publicar en el DOF el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracciones I y IV; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita Aurora Denisse Ugalde Alegría, diputada federal a la LXII Legislatura por el distrito 19 del estado de México, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, el 5.3 por ciento de la población nacional padece de una disminución en sus funciones intelectuales o físicas, derivada de una alteración que afecta alguna de sus actividades cotidianas. Este porcentaje representa que 5 millones 739 mil 300 de mexicanas y mexicanos son sujetos a múltiples situaciones que vulneran el pleno goce de sus derechos constitucionales, de sus derechos humanos y de su ánimo de enfrentar la vida en el día a día. (Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado.)

Encontramos entonces que, al existir diversos tipos de discapacidades, existen también diversos tipos de violaciones y diversos tipos de limitantes al derecho de las personas con discapacidad. De este escenario, se derivan una multitud de hechos basados en la falta de educación, de cultura, de criterio, o del total o parcial desconocimiento de los derechos tutelados por las normas jurídicas nacionales e internacionales de las personas con discapacidad.

En la actualidad, encontramos diversos instrumentos internacionales vigentes que tutelan la protección de los derechos de las personas con discapacidad. A continuación, citaremos algunos de los que nuestro país es suscribiente

• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. La Convención es un instrumento internacional multilateral que vincula a México y se encuentra registrado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Adoptada en Guatemala el 7 de junio de 1998, y firmada por los Estados Unidos Mexicanos el 8 de junio de 1999, fue aprobada por el Senado de la República el 26 de abril del 2000 y ratificada el 25 de enero del 2001. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo del 2001.

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 13 de diciembre del 2006, y firmada por los Estados Unidos Mexicanos el 30 de marzo de 2007, fue aprobada por el Senado de la República el 27 de septiembre del 2007, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 2008. Este instrumento internacional multilateral vincula a México, y se encuentra registrado ante la Organización de las Naciones Unidas.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adoptado en Nueva York, EUA, el 13 de diciembre del 2006, y firmado por los Estados Unidos Mexicanos el 30 de marzo de 2007, fue aprobado por el Senado de la República el 17 de septiembre del 2007, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 2008. Este Instrumento internacional multilateral vincula a México, y se encuentra registrado ante la Organización de las Naciones Unidas.

Nuestro país ha hecho esfuerzos significativos para la creación de un marco regulatorio que tutele y obligue a la observancia de los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas con discapacidad. El 14 de agosto del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el último párrafo del artículo 1o. encontramos que:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. (negritas nuestras).

Este sería el primer paso que aportaría los elementos necesarios para que, en mayo de 2011, fuera creada la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Esta ley, como su objeto lo menciona, reglamenta lo conducente al artículo 1o. de la Carta Magna, y establece las condiciones para que el Estado mexicano promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es la Ley Reglamentaria del quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo anterior, nuestro país armoniza una parte de su marco legal, y se coloca entre los países más adelantados en la salvaguarda de este tipo de derechos.

Sin embargo, es evidente que aún falta mucho por hacer. Es necesario sembrar en la conciencia de la población la importancia de respetar los derechos fundamentales de los más vulnerables. En el tema de la discapacidad, la realidad supera en mucho tanto la letra escrita de la Ley, como el ánimo del legislador que, en su buena intención, ha dotado a nuestra legislación de esta Ley que todavía debe ser revisada y complementada.

Existen diversos casos que muestran la falta de compromiso de muchos sectores de la sociedad, así como su desconocimiento del marco jurídico de protección a los derechos de las personas con discapacidad. Como ejemplo, podemos citar algunos casos que en su momento fueron denunciados y llevados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien emitió las siguientes recomendaciones al efecto:

Recomendación número: 056/2011.

Institución responsable: Secretaría de Educación Pública.

Fecha: 25 de octubre del 2011.

Recomendación: Sobre la omisión de proveer libros de texto gratuitos actualizados en braille a nivel primaria para los niños con discapacidad visual.

Recomendación número: 044/2008.

Instituciones responsables: Secretarías de Seguridad Pública, y de Comunicaciones y Transportes.

Fecha: 11 de septiembre del 2008.

Recomendación: Sobre el caso de discriminación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Recomendación número: 086/1998.

Instituciones responsables: gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Salud, y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Fecha: 30 de octubre de 1998.

Recomendación: Caso del envío de personas con discapacidad al centro “El Recobro”, en el Distrito Federal.

Fuente: Dirección de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Estos son sólo algunos de los miles de casos que cotidianamente acontecen en nuestro país, derivados de la inexistencia de una adecuada reglamentación que complemente la aplicación, a nivel nacional, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que, a la fecha, no cuenta con un reglamento , a pesar de haber sido contemplado desde la expedición de la ley en el contenido de su artículo transitorio cuarto.

Resulta necesario que el titular del Poder Ejecutivo federal ejerza su atribución, contenida en la fracción I del artículo 86 de de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que, con la exacta observancia de la esfera administrativa de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se obtengan los resultados que los legisladores de las diversas fuerzas políticas buscaron con la generación, aprobación y expedición de este marco regulatorio.

Si bien existe voluntad política respecto al tema, y ya se cuenta con un anteproyecto para el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, (avanzado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y en el cual han participado la Secretaría de Salud, así como la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud), resulta imperiosa la necesidad de acelerar las revisiones y la inclusión de comentarios de todas las áreas jurídicas, administrativas y técnicas de las dependencias de la administración pública federal, y así dar cumplimiento cabal al acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de reglamentos del Ejecutivo federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de diciembre del 2004.

Por lo expuesto, y por ser este tema uno de los asuntos de mayor interés nacional que redundan en el bienestar y la salud de millones de mexicanas y mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a que expida y publique en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2012.

Diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar con la mayor brevedad las iniciativas sobre desechos electrónicos presentadas en la LXI Legislatura, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

En sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 29 de abril de 2010, la Mesa Directiva recibió Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, presentada por los Diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Agustín Torres Ibarrola, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional, respectivamente.

El pasado 31 de marzo de 2011 en sesión plenaria celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva recibió Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5, 7, 19, 28, 101 y 106 y se adicionan el artículo 17 bis, 25 tercer párrafo, 30 bis, un titulo sexto bis para adicionar los artículos 100 bis a 100 dicies de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos(LGPGIR), presentada por los Diputados Rodrigo Pérez-Alonso González y Alejandro Carabias Icaza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En sesión plenaria llevada a cabo por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el día 13 de octubre de 2011, la Mesa Directiva recibió Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Estas tres iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados LXI Legislatura, iniciándose un proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen.

Dicho dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados y turnado a la Cámara de Senadores el pasado 6 de diciembre de 2011.

Consideraciones

Es importante reconocer que dentro de las prácticas agresivas del hombre a su entorno natural, una manifestación constante es el incremento en la generación de residuos electrónicos en nuestro país y el problema del destino de los mismos, es por ello el propósito del presente punto de acuerdo, con el objetivo de atender el tema que con el paso del tiempo se está convirtiendo en un retroceso para la humanidad.

Con la finalidad de darle una solución a esta problemática, en la pasada Legislatura Diputados interesados en el tema manifestaron algunas propuestas en las cuales, se consideran diversos aspectos como el homologar los residuos tecnológicos y que en su defecto son peligrosos por el daño que causan a la salud y al medio ambiente. Asimismo, se propuso incorporar el concepto de residuos electrónicos en una clasificación nueva de residuos cuya gestión sea responsabilidad de la federación así como, establecer lineamientos para el manejo integral de estos el fin, disminuir su impacto a la salud y al medio ambiente, de la misma manera se propuso crear el Programa Nacional para el Aprovechamiento y Gestión de los Residuos Electrónicos de Producto.

De hecho la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y que desde el año 2003, tiene la facultad de expedir normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental de los residuos de manejo especial así como, determinar los criterios para los planes de manejo, subraya que, el pasado 11 de agosto de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el PROY-NOM-161-Semarnat-2011, que establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo por un lado, el listado de los mismos y por otro el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado así también, los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo, norma oficial que abonaría y daría claridad a los planes de manejo que se emitan.

Asimismo, se señala el arduo trabajo que se ha realizado en materia tanto de Instituciones privadas como públicas, tal es el caso del Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Ecología que en el año 2009 publicaron el “Diagnóstico sobre la generación de basura electrónica en México”, concluyendo que la vida útil de las computadoras es de 5 años; de los televisores de 10; celulares 3; reproductores de sonido 6 y teléfonos inalámbricos 6 años. Por otra parte, determinaron que dichos productos electrónicos contienen sustancias y materiales tóxicos como: plomo, mercurio, cromo, cadmio y cromo hexavalente, que según el tiempo y cantidad de exposición de una persona pueden ser mortales, mientras que los compuestos orgánicos policromados como bifenilos policlorados y éteres bifenilos polibromados son cancerígenos, bioacumulables y permanecen largos periodos en el medio ambiente.

Dicho documento presenta datos aproximados de la importación clandestina de productos electrónicos que se calcula puede ser de mil 700 toneladas a datos del 2001, 80 por ciento de los cuales se comercializó en las calles.

La descomposición y las sustancias que se generan en un tiradero pueden hacer que los metales o algunas de las otras sustancias que están en los aparatos electrónicos se liberen a la atmósfera o los mantos acuíferos.

Se estimaba que en México y hasta el año 2006 se generaban 257 mil toneladas de desechos electrónicos, muchos de los cuales contienen sustancias químicas, tóxicas y metales que no pueden ser eliminados o reciclados de forma segura. Es de señalarse que en el país no existe una Norma Oficial Mexicana que establezca el contenido y alcances de los planes de manejo que promueva el adecuado manejo de los residuos electrónicos, en este sentido, algunas entidades federativas han mostrado su interés en el tema implementando acciones que promueven el manejo responsable de los residuos electrónicos a fin de reducir su impacto ambiental y a la salud pública. Basta mencionar el caso del Gobierno del Distrito Federal el cual implementó el Programa denominado “Manejo responsable de pilas y celulares utilizados en el Distrito Federal”, que tiene por objeto recuperar esos residuos a través de la adaptación de columnas instaladas en las calles de la Ciudad para que la población deposite en ellas celulares y pilas que considera deben ser desechadas. Estas columnas publicitarias ya estaban instaladas en las avenidas principales, por lo que únicamente fue necesaria su adaptación y la capacitación del personal que venía realizando las actividades de mantenimiento, para la recolección de los residuos ahí depositados y su transferencia a los Centros de acopio temporal. En esos centros se seleccionan los celulares viables para ser vendidos en mercados con tecnologías más precarias para su reúso o bien, son llevados a los centros de disposición final. Esfuerzo que ha redituado, pues se han recabado 25 mil toneladas de pilas y baterías.

En base a lo anterior, es importante considerar que la LGPGIR actualmente no prevé características ni condiciones para el manejo integral de los residuos electrónicos o tecnológicos, ni establece disposiciones para la reducción, reutilización, reciclaje, acopio, almacenamiento, transporte coprocesamiento y/o disposición final, lo que limita las oportunidades de reciclaje y reutilización de estos productos de la industria de la tecnología, como computadoras de escritorio, portátiles, impresoras, equipo de fotocopiado, por citar algunos ejemplos, o de poseer alguna de éstas características, se encuentran por debajo de los límites y parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-Semarnat-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

En relación a homologar los residuos tecnológicos como residuos peligrosos, hay que recordar que la LGPGIR considera a los residuos tecnológicos como residuos de manejo especial, es decir aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados peligrosos o residuos sólidos urbanos, en este sentido, es fundamental tomar en cuenta que el legislador que promulgó la LGPGIR en el año 2003, estimó que los residuos tecnológicos provenientes de la industria de la informática no poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad y que en consecuencia, no requerirían un manejo especial, pero si un plan de manejo para su recolección, tratamiento y disposición final dejando su regulación a las entidades federativas.

Por tanto, se deben diseñar mecanismos adecuados para la gestión y administración de los residuos electrónicos a nivel nacional, sin embargo es fundamental hacer una distinción en el Artículo 5 de la LGPGIR de los conceptos de residuos electrónicos de proceso y residuos electrónicos de producto, de igual forma se estima procedente que en la LGPGIR se deben establecer normas generales y abstractas que promuevan el manejo adecuado de los aparatos, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, por citar algunos ejemplos que son desechados de forma inadecuada y que se pueden encontrar en los hogares mexicanos. Que los residuos electrónicos se mantengan en la categoría de residuos de manejo especial, facultad de las entidades federativas, pero que la Federación en aras de abonar al manejo adecuado de los residuos electrónicos dicte las normas técnicas y directrices generales para la elaboración del plan y que pueda registrar los planes que tengan cobertura nacional.

Es necesario especificar que el reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, coprocesamiento, incineración y disposición final de los residuos electrónicos, deberá llevarse a cabo en las instalaciones autorizadas por las entidades federativas, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.

El considerar la creación de un Programa Nacional específicamente para residuos electrónicos tendría un impacto presupuestario y operativo considerable, pues ya existe un Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el que se deben incluir las estrategias para el manejo de los residuos electrónicos.

Siendo que la problemática de los residuos electrónicos está aumentando considerablemente y que el destino y control de los mismos carecen de una atención y regulación adecuada, considero de gran importancia que se dictamen las propuestas en relación al tema, con la finalidad de ver la viabilidad de las mismas y seguir trabajando en nuevas propuestas relacionadas con este tema, que se adecuen a los tiempos actuales y en beneficio de la humanidad y el medio ambiente.

La necesidad de establecer una fecha límite para su dictamen, se deriva de la urgencia con la que se debe atender dicha problemática, a través de los tres órdenes de gobierno, que los daños colaterales en la población día a día va en aumento. México está en riesgo de alcanzar niveles exorbitantes de basura electrónica generada por el reemplazo de equipos: celulares, televisores y computadoras, que por falta de información y políticas adecuadas de reciclaje terminan en basureros ilegales.

La basura tecnológica es un problema que debe resolver gobierno Municipal, Estatal y Federal en conjunto pero, también los fabricantes de equipos tecnológicos y las empresas que los venden como responsables indirectos, e incluso el propio consumidor.

En razón de lo expuesto, se somete a su consideración la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para que excite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que emita el dictamen antes del 31 de diciembre del 2012, de las iniciativas en materia de desechos electrónicos presentadas en la LXI legislatura

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 15 de noviembre de 2012.

Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para analizar la legislación y la política en materia de minería y su efecto en los ámbitos social, económico y ambiental, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Marino Miranda Salgado, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1; y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que los minerales y todas las actividades relacionadas con su extracción, transformación y uso como materia prima o bienes de consumo, han estado presentes a lo largo del desarrollo de nuestro país, constituyendo un elemento toral para el crecimiento económico y la conservación o deterioro de núcleos sociales y ecosistemas enteros.

Segunda. Que México es un país de gran tradición y riqueza minera que, sin embargo, no se ha visto reflejada a través de su contribución al desarrollo local y nacional.

Actualmente, se ubica entre los primeros 15 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes, ocupando el primer lugar en producción de plata y ubicándose entre los 10 principales en la extracción de oro, bismuto y plomo.

Lo anterior se tradujo en que en 2011, el valor de la producción minera fuera de 16 mil 761 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 46 por ciento respecto a 2010, año en el que inició el repunte de esta industria. Sólo la minería extractiva representó el dos por ciento del producto interno bruto, mientras que la minería ampliada (excluyendo petróleo) el 5.0 por ciento, ubicándose como el tercer rubro productivo después de los sectores automotriz y del petróleo.

Ese mismo año, conforme a la Cámara de Minería Mexicana, las exportaciones tuvieron un valor de 22 mil 526 millones de dólares, un crecimiento de 45 por ciento con respecto a 2010.

Hoy, la industria minera se ubica como el cuarto generador de divisas netas al país con un monto de 22 mil 516 millones de dólares.

Estas cifras adquieren aún más relevancia si consideramos que la exploración en nuestro país alcanza apenas el 30 por ciento de los yacimientos del país. Por mencionar sólo un caso, en las montañas de Guerrero, estado que vergonzosamente destaca por sus altos índices de pobreza y marginación, se han descubierto depósitos que compañías mineras piensan podrían convertirse en las minas de mayor concentración de la historia reciente de nuestro país.

Tercera. Que durante la última década del siglo XX, el contexto para el desarrollo de las actividades mineras sufrió modificaciones importantes, a nivel mundial, debido a los procesos de apertura y liberalización de la economía que tuvieron lugar en la mayoría de los países del sur global , los cuales, en el terreno de la minería, sostenían que ésta generaría importantes beneficios para las comunidades, como la creación de empleos y de infraestructura, así como la obtención de ingresos monetarios adicionales relacionados con la dinamización y diversificación de la economía.

En este sentido, en muchos países, entre ellos el nuestro, la legislación se modificó sustancialmente con el objeto de crear entornos favorables y “competitivos” para la atracción de inversiones. América Latina y el Caribe se convirtieron así en la región de mayor atracción para la inversión minera en exploración a nivel mundial.

En este contexto, la Ley Minera, expedida en junio de 1992, fue diseñada con el objetivo de establecer condiciones competitivas para las inversiones, cuyo resultado fue un enfoque claramente sesgado hacia la promoción de dicha actividad, dejando prácticamente de lado su control y la protección y promoción de diversos derechos humanos consagrados en nuestra Carga Maga –que van desde los derechos sociales y económicos hasta los culturales y medioambientales.

Dos elementos centrales de esta legislación que hacen patente dicha inequidad, son la prioridad que se otorga a la minería sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra y el papel marginal que juegan las comunidades en las decisiones y condiciones de inversión.

Cuarta. Que de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Economía, el territorio nacional concesionado a empresas mineras para la extracción de metales y minerales del subsuelo aumentó 53 por ciento en cinco años y medio del gobierno de Felipe Calderón, al pasar de 21 millones 248 mil hectáreas en 2007 a 32 millones 573 mil hectáreas hasta junio de 2012, las cuales equivalen a 16.6 por ciento del territorio nacional, superficie que supera los territorios de Chihuahua y Chiapas.

Además, las cifras contenidas en el Sexto Informe de Gobierno revelan que más de la tercera parte del total del territorio concesionado en ese periodo se otorgó en el primer semestre de este año. Es decir, a punto de concluir el sexenio, las autoridades salientes concesionaron a la industria minera 4 millones de hectáreas en la primera mitad de 2012, lo que implica un disparo de 322 por ciento respecto a la superficie que en conjunto se cedió al sector en el mismo lapso del año pasado.

En contraste, por un lado, el número de puestos de trabajo en este sector, durante la actual administración, subió tan sólo 12.7 por ciento, al pasar de 292 mil 993 empleos a alrededor 330 mil, según cifras oficiales.

Y, por otro, conforme al Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, diversas irregularidades y anomalías se han presentado en lo que respecta al registro de las concesiones y el pago de derechos correspondientes.

Todo lo anterior configura un escenario en el que se hace no sólo necesario, sino prioritario analizar los requisitos para la entrega de concesiones –que por cierto, tienen una duración de hasta 50 años con la posibilidad de renovarse otro medio siglo– y las obligaciones de quienes las obtienen.

Aunado a lo anterior, se encuentra la baja tributación que las empresas tienen la obligación de entregar al gobierno. En México, a diferencia de lo que sucede en otros países, las empresas mineras sólo pagan un “derecho” de explotación que no guarda relación con las enormes ganancias que obtienen y, sobre todo, con el hecho de que los recursos minerales son propiedad de todos los mexicanos.

Así lo avala el Informe mencionado que afirma que el importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, y cita como ejemplo, el periodo 2005 a 2010, en el que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, mientras que el de los derechos cobrados equivalieron a 6,543,417.4 miles de pesos, es decir, al 1.2 por ciento de la primera. A este respecto, diversos expertos, incluso internacionales como PwC, señalan la conveniencia de cobrar un impuesto sobre las ganancias obtenidas.

Por tanto, la idea “lógica” de que la explotación de los abundantes recursos naturales mineros se traduciría per se en un elevado nivel de vida para las comunidades, ha resultado una falacia para gran parte de ellas, ya sea porque su entorno y los núcleos sociales asociados a él se han deteriorado severamente; o porque las alternativas de desarrollo que pudieran ser más equitativas y sostenibles han sido canceladas; o porque, conforme a lo señalado en el punto anterior, la creación de nuevas fuentes de empleo no ha registrado el mismo ritmo de crecimiento tanto geográfico como de inversión; o porque la recaudación de impuestos que pudieran ser utilizados para potenciar otros sectores de la sociedad, no es proporcional a los ingresos obtenidos por las empresas.

De igual forma, para los trabajadores tampoco ha resultado consecuente. Los empleados mineros laboran en medio de precarias condiciones de higiene y seguridad, violentándose así sus derechos laborales y propiciando diversas tragedias humanas y el llamamiento a huelgas en regiones de estados como Guerrero, Sonora y Zacatecas, varias de las cuales continúan sin resolverse en detrimento de familias y comunidades enteras.

Por lo anteriormente expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la revisión y análisis de la legislación y política en materia de minería y su impacto en los ámbitos social, económico y ambiental.

Segundo . El objetivo de la comisión creada será emprender una revisión profunda a la legislación y las políticas mineras y generar las propuestas conducentes para un funcionamiento del sector más justo y equitativo, acorde a las oportunidades del mercado internacionales y las necesidades de desarrollo social de nuestro país.

Tercero . La comisión especial se integrará por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión, entre la integración del pleno y su conformación. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial deberán ser aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. La comisión especial deberá presentar semestralmente, un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados, o bien, ante la Comisión Permanente del Congreso.

Quinto. La comisión especial estará vigente hasta el 31 de agosto de 2015, o en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediera antes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a crear un modelo de atención e investigación para mejorar la salud de los adolescentes, concretamente la reproductiva, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Carla Alicia Padilla Ramos, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud reproductiva en el país ha tenido grandes avances, si nos referimos particularmente a la planificación familiar. En los años setenta, la tasa global de fecundidad era de 7.1 hijos por mujer y en 2009 de 2.2, lo cual habla de los enormes avances en el rubro.1

En cuanto a la fecundidad adolescente, hay un descenso importante en las últimas décadas, es proporcionalmente menor que el observado en otras edades. Como ejemplo: en 1992, la tasa de fecundidad adolescente era de 81.4 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años de edad. Entre 1992 y 2009, el cambio porcentual se redujo a poco menos de la mitad (14.7), para quedar en 69.5 nacimientos por cada mil adolescentes.

Por otro lado, el aporte relativo de los nacimientos ocurridos en menores de 20 años no ha variado de manera notable a escala nacional. Entre 1990 y 2005, la participación porcentual de los nacimientos provenientes de madres adolescentes pasó de 17.4 a 16.9 por ciento .Sin embargo, cifras del sistema de información de salud indican que el número de embarazadas menores de 20 años en las unidades médicas y fuera de ellas se acrecentado: pasó de 24.5 por ciento en 2007 a 25.7 en 2008 y a 26.8 en 2009.2

El uso de métodos anticonceptivos ha aumentado; se tiene mayor conocimiento de ellos: las mujeres adolescentes identifican al menos un método. La proporción pasó de 79.8 a 97 por ciento de 1976 a 2009. Sin embargo, las adolescentes reportaron el uso de sólo un método en 38.5 por ciento de los casos: hay conocimiento, pero no uso. La diferencia entre el conocimiento y el ejercicio ha llevado a este grupo de edad a cifras alarmantes de embarazo no planeado y no deseado, que según el Conapo se sitúan en 40.6 por ciento en comparación con mujeres jóvenes, donde la cifra es de 32.7 por ciento.3 Otro dato es el lugar donde los adolescentes obtienen un método anticonceptivo: ISSSTE, 3.5 por ciento; Ssa, 27.1; IMSS, 28.7; y farmacias, 39.8.4

Estas referencias nos obligan a recapacitar en la necesidad de un modelo de atención específico, sobre todo para adolescentes, donde puedan expresar sus necesidades o sus dudas sobre el tema de los anticonceptivos y otras inquietudes reproductivas.

Un rubro pendiente y quizá poco analizado desde el punto de vista de políticas públicas en el país corresponde a los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población joven y adolescente.

Datos del Colegio Estadounidense de Ginecología y Obstetricia hablan de que al año ocurren 19 millones de casos nuevos de ITS, de los cuales 48 por ciento se presenta entre la población de 15 y 24 años.

Aún más: la prevalencia del virus de papiloma humano (VPH) en jóvenes se halla entre 17 y 28 por ciento (en promedio 30 por ciento de los 19 millones).5 Esas cifras no pueden continuar. Por ello es necesario reforzar la lucha coordinada y controlar las ITS, a fin de que todas las mujeres del país cuenten con acceso a la prevención, la curación, la rehabilitación y los cuidados paliativos requeridos, respecto a su dignidad, así como a su integridad moral y física.6

En México, datos publicados por el Instituto Nacional de Perinatología señalan la incidencia del VPH fue de 28 por ciento en mujeres de 16 años y menos.

Lo más impresionante de estas cifras podemos resumirlo en un par de líneas: de las muertes maternas ocurridas en México en 2009, mil 281, 36.5 por ciento correspondió a menores de 24 años (de entre 11 y 19, años 13.8 por ciento; y de entre 20 y 24 años, 22.7).7

El Instituto Nacional de Perinatología señala que si bien hay Servicios Amigables de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescentes, poco sabemos del efecto que han tenido, pues sus resultados y los recursos invertidos en ellos no se han medido.

Por ello tomemos cartas en el asunto, pues si bien debemos fomentar una cultura de prevención para erradicar el embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual, no podemos ser indiferentes ante la situación, que afecta a los adolescentes y sigue creciendo.

Al respecto, el Instituto Nacional de Perinatología cuenta con un proyecto llamado Modelo de atención en medicina para el adolescente, donde sus objetivos son prestar una atención amigable, que otorgue información precisa, y acceso a todos los métodos anticonceptivos y auxiliares diagnósticos para las infecciones de transmisión sexual. Este modelo básicamente fundamenta su acción en una clínica de atención y asesoría vespertina para la población adolescente, que no cuente con seguridad social, y sus servicios sean gratuitos, es importante señalar que dentro de este proyecto se deberá contar con personal interesado en medicina para el adolescente, la finalidad de este proyecto, es proporcionar atención y asesoría en métodos modernos y eficaces para evitar embarazos no deseados como por ejemplo los anticonceptivos hormonales (píldoras, parche, anillo vaginal e implante subdémico), anticonceptivos intrauterinos (cobre y levonorgestrel) y métodos de barrera (condón masculino y femenino) y enfermedades de transmisión sexual.

Se pretende que en el futuro, este proyecto se lleve a cabo en todos los estados del país con la intención de reducir las tasas de muertes maternas, embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, entre otros.

Por lo anterior, es urgente crear este modelo de investigación y atención en medicina del adolescente encaminado a resolver los principales problemas de salud que aquejan a la población.

Con este proyecto se busca es mejorar la salud de los adolescentes, con un énfasis en la salud reproductiva.

Sin duda, el esfuerzo coordinado de la Secretaría de Salud con las instituciones del sector salud ha permitido dar una atención a los menores, pero las cifras señaladas, son un indicativo de que no son eficaces, por ello es necesario un cambio de modelo que permita mejorar la salud de los adolescentes.

Por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud a efecto de que en el ámbito de su competencia y en su calidad de coordinador del sistema nacional de salud, al cual corresponden entre otras funciones apoyar las funciones de los sectores público, social y privado del país en las áreas de atención y prevención en medicina del adolescente, así como proponer y coadyuvar en la evaluación de modelos relativos en la materia, evalúe los modelos hasta ahora implantados y que han resultado ineficientes, y se dirija a nuevos modelos que den atención que permita mejorar la salud de los adolescentes, con énfasis en la salud reproductiva.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud a apoyar la creación del modelo de atención en medicina para el adolescente que se encuentra en el Instituto Nacional de Perinatología a fin de dar atención y asesoría gratuitas a los adolescentes.

Notas

1 “Perfil de la salud reproductiva de la República Mexicana”, en La situación demográfica de México 2011, Conapo. Asequible en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Perfil-de-la-Republica-Mexicana

2 “Principales indicadores de salud reproductiva 2009”, Conapo. Asequible en http://www.gob.mx/es/CONAPO/principales-indicadores.de.salud.Reproducti va-2009

3 “Perfil de la salud reproductiva de la República Mexicana”, en La situación demográfica de México 2011, Conapo. Asequible en http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Perfil-de-la-Republica-Mexicana

4 Ídem.

5 ACOG commute Opinio 301.Sexually Transmitted Disease in Adolescent Obstetrics Gynecologic 2004; 104:891. Asequible en http://ncbi.nih.gov/pubmedTERM=Obstet20Gynecol2020043B20143A20891

6 Análisis de los resultados perinatales de los primeros cinco años del funcionamiento de una clínica de atención para adolescentes embarazadas. Ginecología y Obstetricia México. 200.74: 241. Asequible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/197220

7 “Numeralia sobre morbimortalidad materna en adolescente México 1990-2009”, Ipas, México. Asequible en http://ipasmexico.org/images/2011-Morbi-Mortalidad-mateerna-en-adolesce ntes-1990

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputada Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a desarrollar por la Ssa, la SEP, la Sedesol y el DIF acciones para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, los derechos de las niñas y niños además de irrenunciables, son una plataforma ética; todo niño tiene derecho a vivir en familia, a una vida libre de violencia, y a la corresponsabilidad de los integrantes de ese núcleo, del Estado y la sociedad a garantizarlo. No debe darse un paso atrás a favor de la infancia.

El 60 por ciento de los niños de entre uno a 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. De acuerdo con estadísticas gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres quienes vulneran la integridad física y emocional de los menores.

Existen múltiples maneras de maltratar a un niño, no solamente a través del daño físico se puede infligir perjuicio a un menor, la falta de atención y el maltrato psicológico también constituyen formas de violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que origine un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Maltrato físico: Un adulto utiliza la fuerza física para dañar a un menor intencionalmente a través de golpes, torceduras, quemaduras, etcétera.

Negligencia: La madre o cuidadora no manifiesta ningún interés en la alimentación, ropa, vacunas y atención general del niño, en quien se percibe abandono y descuido total.

Por ello, debe involucrarse a los padres y personas a cargo de su cuidado en el respeto de sus garantías, reconocidas en la Constitución y en diversos instrumentos legales internacionales.

El maltrato infantil debe ser considerado como un grave problema de salud pública de agenda nacional, ya que este fenómeno cuenta con cifras alarmantes, según datos del DIF en México existen 8 millones de menores en condición de maltrato y 2 millones de ellos en maltrato extremo. Además de ser la primera causa de muerte e invalidez en la población infantil.

No debemos permanecer pasivos ante el problema del maltrato infantil que prevalece en los ámbitos familiar y escolar. Se deben de poner en práctica estrategias que protejan la integridad física de niñas y niños que viven en México con el propósito de garantizar sus derechos humanos.

Por otra parte, a pesar de contar con un marco normativo especifico referente en la Ley de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el establecimiento de sanciones correspondientes contra quienes maltratan a los menores, esta problemática se sigue día con día tanto en los hogares, en las escuelas y en los diversos espacios de la comunidad, desafortunadamente esto se está legitimando y aceptando socialmente, de forma que se hacen naturales y por tanto invisibles las diferentes formas de violencia, lo cual contribuye a su persistencia y reproducción.

Muestra de ello, es la violencia en el noviazgo, siete de cada diez jóvenes sufre violencia física, en cuanto violencia en la familia, un 66% ha vivido al menos una de las formas de violencia.

Asimismo, cabe recalcar que en la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 50, establece que: “el gobierno federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito federal, estados y municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por lo tanto se deben de establecer acciones y políticas públicas necesarias para prevenir atender y erradicar el maltrato infantil. Adoptar las medidas necesarias para ampliar y profundizar los conocimientos que se tienen acerca del fenómeno del maltrato infantil en nuestro país y promover entre las niñas, niños y adolescentes la generación de una cultura de no violencia.

En México existe una brecha entre el discurso de la protección de los derechos de la infancia y algunas prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de niños, niñas y adolescentes. La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, de Educación, y de Desarrollo Social, y del Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia, desarrolle acciones inmediatas con el fin de prevenir, proteger y atender de manera integral el maltrato infantil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de noviembre de 2012.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Cofetel a realizar acciones para homologar las tarifas de larga distancia entre Orizaba y Córdoba, Veracruz, e integrarlas como servicio local, a cargo del diputado Juan Manuel Diez Francos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Juan Manuel Diez Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) a proceder a la homologación del cobro de las llamadas de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba en el estado de Veracruz, se integre como servicio de llamada local, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante varias años la población de los municipios de Orizaba y Córdoba, pertenecientes al estado de Veracruz, han planteado ante las autoridades encargadas en materia de telecomunicaciones, su demanda de contar con el servicio de telefonía básica a costos de servicio local, en razón de que continúan pagando las llamadas entre estos municipios como llamadas de larga distancia.

Es importante recalcar que esta exigencia de la eliminación de la larga distancia lleva más de veinte años. Esta medida beneficiara según datos del Censo de Población 2010 en Orizaba a 120,995 habitantes, y en Córdoba 196,541 habitantes, aunado a ello, en los municipios de Orizaba y Córdoba se desarrolla un importante intercambio comercial, educativo y cultural.

Así mismo, resulta importante señalar que la distancia que separa a estos municipios es aproximadamente 20 kilómetros. Por ello, será de suma trascendencia que las autoridades encargadas de las telecomunicaciones atiendan a la brevedad esta petición, ya que con ello, se contribuirá a potencializar el desarrollo económico, debido a que los costos de las llamadas se verán reducidos considerablemente en beneficio de la economía de los pobladores.

El alto costo que representa el pago de una llamada de larga distancia que se realizan entre los pobladores de Orizaba a Córdoba y viceversa, ocasiona un alto impacto en la economía familiar, y por supuesto en aquellos que efectúan una actividad comercial, cultural, de beneficencia, entre otras actividades de suma importancia para el desarrollo de la zona, así como para la convivencia familiar, por consecuencia es importante que las autoridades federales asuman un compromiso por elevar la competitividad de la región de Orizaba-Córdoba, y para ello, es trascendental que el cobro de la llamada en esta región sea considerada como local.

Resultan significativos los esfuerzos emprendidos por el gobierno estatal para tratar de reducir los costos de las llamadas telefónicas, durante la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán, se concreto un convenio con la empresa Telmex, implementándose el programa de Ciudades Vecinas, este instrumento fue de gran apoyo para la economía de las poblaciones, observándose altos índices de eficiencia y productividad entre ambos municipios, se tradujo en beneficio de todos al no aumentar sus precios y con la consecuente reducción en sus tarifas nominales. Para que se lograra el diseño del plan de ciudades vecinas o ciudades par, se logro la autorización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Aunque es de señalar que esta acción es un primer paso, porque actualmente se continua cobrando las llamadas entre Orizaba y Córdoba bajo el concepto de larga distancia, ya que, no se ha conseguido la autorización para la eliminación de dicho cobro, y este servicio sea considerado bajo el concepto de llamada local, por parte de las autoridades federales en materia de telecomunicaciones. Ante esta situación es preciso mencionar que la infraestructura y red telefónica que se cuenta en la región es eficiente, eficaz y optima para la transferencia del servicio.

Es imperante que en nuestro país, existan estrategias y políticas públicas tendientes a elevar la competitividad desde un punto de vista integral, por ello, en el marco del desarrollo regional de las entidades federativas, concretamente de sus municipios, se ha observado que los beneficios se han distribuido en forma desigual.

En ese contexto, los estados y municipios deben contar con mejores mecanismos de comunicación a un costo adecuado que beneficie la economía de sus pobladores, principalmente en aquellas zonas conurbadas, así como con una mejor infraestructura, ya que está demostrado que los municipios con estas características muestran un mejor desempeño, mientras que los estados y regiones que no tienen estos atributos, muestran fuertes retrocesos. La competitividad tiende a mejorar el desarrollo de la economía contribuyendo al avance regional.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente extiende un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias procedan a realizar los estudios, análisis y acciones correspondientes con el objetivo de proceder a la eliminación del cobro de las llamadas telefónicas consideradas actualmente con el carácter de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba en el estado de Veracruz, en razón de que por su situación geográfica son ciudades conurbadas motivo por el cual deben ser integradas las llamadas telefónicas entre estos municipios como servicio local, además de beneficiar la economía de sus pobladores.

México, DF, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Juan Manuel Diez Francos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías Generales de la República y de Justicia de Coahuila a agilizar la investigación sobre los actos cometidos por Javier Villarreal Hernández, ex jefe del SAT en la entidad, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila agilicen las investigaciones sobre el peculado cometido por Javier Villarreal Hernández, titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Javier Villarreal Hernández fue titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila desde donde sin autorización del Congreso local y, falsificando documentos solicito diversos créditos, contribuyendo con eso al endeudamiento del estado de más de 35 mil millones de pesos. Deuda que los coahuilenses están pagando sin tener un beneficio que se refleje en infraestructura, servicios o empleos que tanta falta hacen en el estado.

Tenemos conocimiento que esta persona tiene por lo menos tres procesos penales, uno en la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, otro en la Procuraduría General de la República por falsificación de documentos y uno más en Estados Unidos por lavado de dinero.

En junio de 2011 es señalado Javier Villarreal como el principal artífice de la deuda en que incurrió Humberto Moreira como gobernador de Coahuila, ante el escándalo y lejos de explicar a la opinión pública los montos, las supuestas inversiones y el total de la deuda, esta persona, renuncia como titular del Servicio de Administración Tributaria del estado, el 19 de agosto de 2011. Desde entonces a la fecha no ha aparecido y mucho menos explicado las imputaciones que se le hacen.

Si bien es cierto que el 28 de octubre de 2011, Javier Villarreal es detenido por la Fiscalía General del estado de Coahuila y trasladado al Centro de Readaptación Social de Saltillo acusado de simulación de actos jurídicos, es liberado al día siguiente. Lo que incrementa la indignación de la ciudadanía al considerar que solamente se estaba jugando con el procedimiento penal para protegerlo, con la finalidad de que no incrimine a sus entonces jefes superiores.

Fue en enero de este año que el Fiscal del estado reconoce que se ha perdido la pista a Javier Villarreal al no presentarse a firmar estando en libertad condicional.

En febrero de 2012 Villarreal es detenido en la Ciudad de Tyler, Texas a 150 kilómetros de Dallas, donde fue acusado junto con su esposa de lavado de dinero al encontrárseles 67 mil dólares en efectivo en su automóvil.

Posteriormente se informa que las autoridades estadounidenses lo buscan por invertir dinero probablemente procedente de la deuda de Coahuila en negocios y propiedades en Texas. Por lo que incluso, informan los medios de comunicación, procedió a decomisar propiedades de Villarreal con valor de 20 millones de dólares.

En febrero de este año la PGR emitió un comunicado en donde informaba que siete ex funcionarios eran investigados y giradas las ordenes de aprehensión correspondientes, entre ellos Javier Villarreal.

Como se deduce son varios los ilícitos cometidos por este ex funcionario y muchos los motivos por el cual la sociedad coahuilense y la opinión pública nacional están a la expectativa de que sea sancionado, que no haya impunidad en el presente caso. Por lo que a un año de que ha evadido la acción de la justicia este ex funcionario, se presenta este Punto de acuerdo con la finalidad de que las autoridades competentes en la investigación de los hechos señalados agilicen las investigaciones e integren debidamente los procesos que se le siguen en su contra.

El problema del endeudamiento en el estado de Coahuila como todos sabemos es muy grave, pues como ha quedado señalado ya, no sólo por las maniobras fraudulentas en que se incurrió para contraer esa deuda, sino por el monto de la misma al hipotecar el futuro de los coahuilenses, sin que hasta el día de hoy se conozca en que se ha gastado el dinero. El pasado 23 de octubre, el gobernador ha solicitado al Congreso local, el cual ha autorizado un nuevo endeudamiento por casi 1000 millones de pesos más. Por esta razón es imprescindible que se exija a las autoridades que conocen de las investigaciones a que nos hemos referido a que actúen de manera diligente y profesional integrando los expedientes y realizando las acciones que en derecho procedan.

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, agilicen la investigación de los delitos y actos cometidos por Javier Villarreal Hernández ex titular del Servicio de Administración Tributaria del estado de Coahuila, así mismo, informen a la opinión pública del avance de las referidas investigaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de noviembre de 2012.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF, al titular del gobierno del Distrito Federal y a diversos jefes delegacionales a transferir instalaciones a fin de formar centros deportivos de alto rendimiento y considerar recursos para promover y desarrollar el deporte masivo y el de alto rendimiento, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD

El infrascrito, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 71, fracción II, y 122, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I y IV, 76, fracción IV, 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales de los órganos político-administrativos en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, del Distrito Federal, para transferir instalaciones deportivas para la conformación de centros deportivos para alto rendimiento, y para la asignación de presupuesto para la promoción y el desarrollo del deporte masivo y de alto rendimiento, con base en los siguientes elementos:

Exposición de Motivos

El deporte capitalino ha sufrido un deterioro constante en la última década debido principalmente a 2 factores: la transferencia de las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF) a los Órganos Político-Administrativos (Delegaciones), y la disminución constante del presupuesto del gobierno capitalino en la materia.

El proponente considera que, independientemente de que cada entidad federativa en este país tiene plena autonomía en su administración sobre materia deportiva, esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene especial corresponsabilidad constitucional con el Distrito Federal, no sólo de forma estructural, sino también sobre su población y, por ende, sobre la garantía de la cobertura de los servicios públicos a que son derechohabientes. Esta es la razón principal por la que se pone a consideración del pleno de esta Cámara federal el punto de acuerdo en materia deportiva capitalina que a continuación se sustenta.

El 31 de enero de 2001 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se transfieren a los Órganos Político-Administrativos, las instalaciones deportivas, actualmente a cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal.1 Las 12 instalaciones involucradas en el proceso de transferencia fueron:

• La Ciudad Deportiva Francisco I. Madero, delegación Iztapalapa

• El Centro Deportivo Guelatao, delegación Cuauhtémoc

• El Centro Deportivo Margarita Maza de Juárez, delegación Gustavo A. Madero

• El Centro Hípico de la Ciudad de México, delegación Miguel Hidalgo

• El Centro Deportivo Rosendo Arnaiz, delegación Gustavo A. Madero

• El Centro Deportivo Plan Sexenal, delegación Miguel Hidalgo

• El Centro Deportivo Tiempo Nuevo, delegación Tlalpan

• La Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza

• El velódromo olímpico, delegación Venustiano Carranza

• La Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, delegación Xochimilco

• La Alberca Olímpica Francisco Márquez, delegación Benito Juárez

• El Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, delegación Benito Juárez

Cuando el Gobierno del Distrito Federal realizó dicho proceso se perseguían los objetivos de facilitar el acceso de los servicios deportivos a la población, fortalecer el sistema de detección de deportistas para el alto rendimiento, además de coadyuvar en el combate a la corrupción en dichos centros. Al día de hoy y a más de 10 años de entrar en vigor esta decisión, se puede ver con lamentación que ninguno de estos objetivos ha sido cumplido.

Según lo establecido en el punto 3 de los considerandos del acuerdo en comento, “que es necesario que la administración de las instalaciones deportivas esté a cargo de los órganos político administrativos, para lograr un funcionamiento más adecuado y eficaz de los mismos, así como para su mejor conservación y mantenimiento (sic)”, la finalidad de la descentralización no se ha cumplido en ninguna de las 12 instalaciones involucradas.

Los propios vecinos y usuarios han dado testimonio de cómo dichas instalaciones se han ocupado para eventos de todo tipo, tales como conciertos, exposiciones, puestas de circos, espectáculos privados y hasta actos político-electorales, con lo que evidentemente el uso deportivo ha quedado menospreciado ante el voraz deseo de las delegaciones por rentarlas el mayor tiempo posible y obtener así recursos financieros autogenerados.

Sobre esto, el artículo 6 de dicho Acuerdo sentenció que “La utilización y destino de los recursos que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se generen mediante el mecanismo de aplicación automática, derivados de las instalaciones deportivas mencionadas en este acuerdo, quedan a cargo de los órganos político administrativos a los que éstas se transfieran, con el objeto de que sean utilizados para el mantenimiento, sostenimiento, seguridad, desarrollo y funcionamiento de las instalaciones que los generen; de conformidad con lo estipulado por el Código Financiero del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

El problema comenzó al no crear medidas coercitivas para hacer cumplir a la letra a los Órganos Político-Administrativos en este aspecto: en otras palabras, cada Jefe Delegacional desde entonces ha podido administrar bajo su libre criterio (porque hay que recordar que no cuentan con ningún cabildo para contrapesar sus decisiones) el uso de los recursos financieros autogenerados por distintos conceptos relacionados con la renta de estas instalaciones deportivas, lo que siempre ha sido una sombra en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Es decir, nunca se ha sabido con certeza si el total de recursos financieros obtenidos de las instalaciones deportivas se han aplicado precisa y únicamente al uso de las instalaciones deportivas y a la promoción y desarrollo deportivo, lo cual fue la meta presupuestal de este proceso. Por consiguiente, jamás se conocerán las cifras reales de cuánto ingresó a las arcas delegacionales bajo este concepto.

Por cuanto a la promoción y desarrollo deportivos se refiere, se ha visto en esta década cómo las delegaciones designan, por ejemplo, menos personal para la enseñanza de deportes, utilizando incluso el régimen de autogenerados para explotar a varios profesores de disciplinas que cobran una miseria por su tiempo y esfuerzo; y ni qué decir sobre las escuelas técnico-deportivas, las cuales, en algunos casos, sólo se han desarrollado en la tinta y el papel de los informes anuales que entrega cada Jefa o Jefe Delegacional, porque, en la realidad, no existen.

Sin duda, el desarrollo del deporte de alto rendimiento ha sido el más castigado de toda la escala deportiva: mientras que antes de 2001 el IDDF dedicaba tiempos y espacios para sus atletas olímpicos en estas 12 instalaciones, ahora cada delegación negocia directamente con las asociaciones, ligas y/o con los profesores y evalúa la conveniencia de rentar o dejar libres los espacios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del acuerdo de descentralización citado. Ante la imposibilidad de contar con instalaciones seguras en tiempo y forma para sus entrenamientos, muchos atletas prefieren irse a vivir a otros estados y competir a su nombre; el Distrito Federal cede atletas a otras entidades.

El resultado de lo anterior: del 2° lugar obtenido por el Distrito Federal en 2000 en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional con 468 medallas, con tristeza podemos apreciar nuestra caída libre al 9° puesto con apenas 239 metales, superados por estados como Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sonora, México, Yucatán, Quintana Roo y Guanajuato, cuya mayoría no cuenta con la cantidad de instalaciones deportivas que tenemos en esta ciudad.

Este fenómeno también ha sido denunciado por diversos medios: según el periódico La Crónica de Hoy en su edición del miércoles 2 de julio de 2003, “las delegaciones deciden qué hacer con sus instalaciones, qué hacer con sus deportistas y ahora está todo disperso a falta de coordinación de una rectoría del deporte capitalino ”.3 El domingo 04 de noviembre pasado Milenio Televisión hizo público el abandono y la falta de transparencia en los millonarios permisos para uso de las instalaciones deportivas en La Magdalena Mixhuca.4 De continuar esta situación así, los grandes afectados serán los usuarios de las instalaciones deportivas y los atletas de alto rendimiento.

Por igual suerte corre el IDDF, el organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal: al verse desprovisto de sus instalaciones deportivas, se vio inutilizado para coordinar los procesos de preparación de atletas de alto rendimiento, además de que su principal tarea, a saber, la promoción y el desarrollo del deporte, se ha confinado a eventos mínimos en las calles o en lugares no aptos para el deporte masivo.

Al perder la coordinación deportiva de facto, el IDDF se vio obligado a negociar con los Jefes Delegacionales el uso de las instalaciones y la participación de los deportistas (ya en manos de cada demarcación) en las justas atléticas de cada año; lo anterior no hace más que perjudicar el proceso de formación de atletas, pues los coloca en la indefensión y en medio de la rebatinga política entre la administración central y las delegacionales, lo cual empeora cuando gobierna la oposición en las segundas; el factor político-electoral también perjudica al deporte capitalino.

Cuando el IDDF perdió las instalaciones, también disipó su importancia frente al Jefe de Gobierno en el momento de realizar el presupuesto: de casi $125 millones que recibió en 2001, en este ejercicio fiscal sólo percibirá $55 millones;5 este dinero sólo sirve para pagar nóminas, comprar hojas, combustible para transporte obsoleto y algunos balones, medallas y trofeos, además de uniformes y transportes para los seleccionados en Olimpiada y Paralimpiada Nacional. En términos administrativos, este instituto perdió el control sobre su única materia: el deporte.

Este año el IDDF sólo recibirá una cuarta parte del presupuesto que ejercerán estados como Jalisco, Baja California Quintana Roo y Guanajuato; es decir, que mientras hay entidades que invertirán entre $70 y $171 por habitante para el deporte, el Distrito Federal sólo erogará $6 ¿Qué se puede hacer con seis pesos? ¿comprar una pelota de plástico, un silbato, una barrita de magnesia? ¿alcanzará esa cantidad para que una o un joven hagan ejercicio al aire libre?

La Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal hace énfasis en la superioridad del IDDF ante las delegaciones en materia de instalaciones deportivas: de acuerdo con lo señalado por su artículo 69 “Los responsables o administradores de toda instalación deportiva deberán tramitar su registro ante el Instituto del Deporte del Distrito Federal, quien verificará que cuente con las condiciones adecuadas para la práctica del deporte, calidad y seguridad que se requiere”. Es decir, el espíritu de la ley implica la necesidad de que el Instituto mantenga el orden necesario para el uso correcto de dichos espacios; pero, al mismo tiempo, no le da armas para cumplir con este ideal.

Con esta exposición de motivos se pretende sensibilizar a esta Soberanía para tomar acciones inmediatas en torno a estos fenómenos que han producido inestabilidad en el proceso deportivo capitalino, toda vez que también es nuestra responsabilidad lo que sucede en el Distrito Federal y sus habitantes en el ejercicio de sus derechos sociales.

Por lo anteriormente expuesto, es de someter a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los Jefes Delegacionales de los Órganos Político-Administrativos en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, del Distrito Federal, a realizar la inmediata transferencia de las 12 instalaciones deportivas señaladas por el Acuerdo por el que se transfieren a los Órganos Político-Administrativos, las instalaciones deportivas, actualmente a cargo del Instituto del Deporte del Distrito Federal, emitido por el Gobierno del Distrito Federal el 31 de enero de 2001, al organismo público descentralizado llamado Instituto del Deporte del Distrito Federal para cumplir con los objetivos previstos por tal acuerdo.

Segundo. Una vez realizado el proceso de transferencia de las 12 instalaciones deportivas señaladas, se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que instruya al Instituto del Deporte del Distrito Federal a generar en ellas centros de alto rendimiento y promoción y desarrollo deportivo, en estricta observación con lo establecido por la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.

Tercero. De igual manera se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para asignar un presupuesto suficiente a partir del ejercicio fiscal 2013 al Instituto del Deporte del Distrito Federal para que éste cumpla con sus tareas de promoción y desarrollo del deporte masivo y de alto rendimiento, y de administrar las 12 instalaciones transferidas previstas por este punto de acuerdo.

Notas

1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1130.doc

2 http://on2012.deporte.org.mx/

3 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=72692

4 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0f3f4dc87152c7cd20421624d26 78f7e

5 http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2012/decreto_presupuesto_egresos_ 2012.pdf

i Tabla de datos obtenida a través de los siguientes sitios:

2001.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2001/banco/o.pdf

2002.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2002/banco/n.pdf

2003.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2003/decreto/titulo1.html

2004.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2004/banco/i.pdf

2005.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2005/bi/i.pdf

2006.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2006/rg/decreto.pdf

2007.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2007/decretoEgresos2007.html

2009.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2009/decretoEgresos2009.html

2010.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2010/decretoEgresos2010.html

2011.- http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2012/DECRETO_EGRESOS-LEY20 11.pdf

2012.- http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2012/decreto_presupuesto_egresos_ 2012.pdf

6 http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo148&s=e st&c=29192

7 http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/Presupuesto%20egresos %20jalisco%202012.pdf

8 http://sg.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/INDE_0005_0004_2012_A00 _000001.pdf

9 http://www.transparenciabc.gob.mx/transparencia_fiscal/marco_programati co/ppto_egresos/Presupuesto%20de%20Egresos%202012.pdf

10 http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/C156DFE7-B9A2-467C-B23 B-90D710F1C140/71630/organismosweb.pdf

11 http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig084.pdf

12 http://www.yucatan.gob.mx/servicios/diario_oficial/diarios/2011/2011-12 -23.pdf

13 http://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/fiscal/ley002/L132011012019.pdf

14 http://sfa.guanajuato.gob.mx/presupuesto_2012/pdf/ley-presupuesto-gral- egresos-2012.pdf

15 http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2012/decreto_presupuesto_egresos_ 2012.pdf

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a implantar medidas para retirar de las carreteras los topes innecesarios y considerar opciones que no obliguen a hacer un alto casi total, a fin de evitar peligros a usuarios, a cargo del diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las carreteras son vías de comunicación, vías de libre tránsito vías de acceso a otras ciudades, pueblos, ejidos, rancherías, para promover el comercio, para reducir la desigualdad de oportunidades, para fomentar el turismo, para acortar las distancias, solo por mencionar algunas de sus funciones.

Sin embargo estos importantes medio de enlace, en múltiples ocasiones presentan deterioro que afecta la circulación por la mismas. Un hecho que debe llamar nuestra atención, es el relativo a los topes que tienen algunas de estas vías, perturbando a los usuarios que las transitan.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace referencia a los objetivos de la Dependencia, por medio de su página de Internet, dos de ellos señalan:1

1. Construir y modernizar la red carretera federal a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de las distintas regiones del país.

2. Abatir el costo económico, social y ambiental del transporte asociado con el estado físico de la infraestructura carretera, en beneficio de toda la población y la seguridad del tránsito vehicular.

Sabemos que actualmente el tema de la seguridad en el país es delicado, y que debemos tratar de evitar colocarnos en situaciones de peligro, pero definitivamente las autoridades deben colaborar para no ponernos en escenarios que podamos lamentar. Hoy por hoy las carreteras no son los caminos seguros que alguna vez fueron, y es de todos conocido, que el crimen organizado utiliza estas vías para delinquir.

En noviembre del año pasado el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, presentó ante el Senado de la República datos sobre el robo en carretera a camiones de carga entre enero a agosto de 2011. El estado de Puebla encabezó este rubro con 166 asaltos, seguido de Chihuahua con 81, Tamaulipas con 31, Hidalgo 27, San Luis Potosí 21, Guerrero 16 y Tlaxcala 14.

Respecto al robo con violencia en autobuses de pasajeros, en Michoacán se reportaron 59, en Tamaulipas 58 y en Hidalgo 45.

En el apartado de asalto con violencia a vehículos particulares, Veracruz encabeza la lista con 43, Chihuahua 29, Puebla 25 e Hidalgo 20.

Sobre otros delitos cometidos con violencia en carreteras, Guerrero tuvo 216, seguido por Hidalgo 95, San Luis Potosí 95, Chiapas 72, Jalisco 51, Puebla 49, Oaxaca 44 y Coahuila 35.

Al respecto, los topes que se encuentran en las carreteras se han convertido en coautores de estos crímenes, ya que al obligar a los vehículos a reducir considerablemente la velocidad, generan una ventana de oportunidad para los criminales.

Pero los topes no solo ocasionan delincuencia, sino hacen que el turismo que utiliza estas carreteras, disminuya, esto debido a que gran cantidad de personas no quieren manejar una carretera que se encuentre tapizada de topes como una metrópoli.

De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) y por el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM,2 los topes en México no cumplen con la función para lo que fueron diseñados, al contrario provocan más accidentes.

El problema es que para pasar un tope, primero debe frenarse, pasarlo y segundo, volver a acelerar para llegar a la velocidad permitida, en esto gasta energía y gasolina, y genera alta contaminación.

Según este análisis, en el trayecto de la carretera de Jojutla-Alpuyeca en Morelos, se contabilizaron aproximadamente 50 topes, uno cada trescientos metros; en promedio cada 30 segundos pasa un coche, por lo que en un día transitan tres mil coches que desperdician siete mil litros de gasolina y energía con un costo de más de 70 mil pesos diarios.

La energía que se desperdicia en esta carretera, serviría para mantener encendidos 1.5 millones de focos ahorradores durante cuatro horas al día, o tener funcionando tres mil 500 refrigeradores, asimismo, en este trayecto se arrojan a la atmósfera seis mil toneladas de dióxido de carbono cada año, gas responsable del calentamiento global, en este sentido.

Para el Partido Verde resulta de suma importancia tomar medidas que ayuden a reducir los delitos cometidos en estas carreteras, de igual forma estos topes provocan accidentes ya que en muchas ocasiones los automovilistas no alcanzan a frenar, golpeando sus vehículos bruscamente contra los topes.

Con nuestra propuesta, pretendemos generar ahorro de energía y reducción de contaminación, en particular de óxido de carbono. De acuerdo con el análisis mencionado, al menos 10 por ciento de la contaminación generada por automóviles podría evitarse al quitar los topes.

Es por lo aquí expuesto, y tomando en cuenta que entre los objetivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encuentra el modernizar la red carretera federal a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población y abatir el costo económico, social y ambiental del transporte asociado con el estado físico de la infraestructura carretera en beneficio de toda la población, que me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se implementen las medidas necesarias para poder retirar todos los topes en carreteras que no sean estrictamente necesarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que sustituya esos topes que considere estrictamente necesarios por alternativas como desaceleradores que no obliguen a los vehículos a hacer un alto casi total, previniendo de esta forma el peligro al que son sujetos los usuarios y los peatones.

Notas

1 http://www.sct.gob.mx/carreteras/conocenos/

2 http://www.invdes.com.mx/medio-ambiente/2222--topes-urbanos-altos-gener adores-de-contaminacion-concluyen-especialistas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de noviembre del 2012.

Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a disponer por la SHCP métodos para hacer extensivo el pago extraordinario del bono sexenal a todos los jubilados y pensionados de la administración pública federal, a cargo de la diputada Martha Beatriz Córdoba Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Martha Beatriz Córdova Bernal, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Al concluir un sexenio en nuestro país el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece las disposiciones mediante las cuales se da conocimiento del pago extraordinario como complemento a las medidas de fin de año que se otorgará a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Mediante estas medidas el gobierno federal estimula, con una compensación extraordinaria, pagable en efectivo, como fue el caso del año 2000 o vales de despensa, modalidad en el que fue devengado dicho bono en el año 2006.

Las disposiciones enunciadas son claras al declarar que el estimulo será otorgado al personal operativo únicamente.

Este punto es el que nos viene a reflexión, siendo una firme creyente de la lucha laboral, considero que el estimulo denominado Bono Sexenal, debe hacerse extensivo al personal pensionado y jubilado, por ser ellos los iniciadores de la negociación que dio fruto y lograron tan valioso estimulo.

La retribución extraordinaria otorgada al término de cada periodo sexenal es el verdadero compromiso solidario de parte del estado y sus instituciones con sus empleados.

El compromiso del estado, con todos sus trabajadores de base, en activo, pensionados y jubilados sin excepción, debe ser gratificado en la aplicación del pago extraordinario denominado Bono Sexenal, como complemento a las percepciones de fin de año.

Los que trabajamos en el servicio público sabemos que todo reconocimiento a un empleado motiva su moral y fomenta un mayor nivel de rendimiento.

Más que considerar este pago extraordinario como un gasto oneroso, se tiene la obligación de verlo como una oportunidad por la que cualquier empleado trabajará duro y con compromiso. Vale la pena recordar que los empleados felices son empleados más productivos.

Tenemos lo oportunidad propicia para reconocer el desempeño de los empleados públicos y aprovechar una renovación con su compromiso de seguir laborando con la misma dedicación y vocación de servicio a favor del país.

Asimismo es ineludible la ocasión para agradecer la experiencia, la colaboración y el alto sentido de responsabilidad de los jubilados y pensionados, abonando en eficiencia administrativa y de prestación de servicios en beneficio de miles de mexicanos.

Los jubilados y pensionados, fueron el inicio del semillero de mujeres y hombres de gran talento, compromiso y dedicación, que el día de hoy se convierten en un factor determinante para el cumplimiento de todos nuestros objetivos como dependencias públicas al servicio del estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el marco de sus alcances y atribuciones, disponga los mecanismos para hacer extensivo el pago extraordinario denominado Bono Sexenal, a todos los trabajadores jubilados y pensionados de la administración pública federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas Transmisibles a difundir por los principales medios de comunicación, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, acciones preventivas y de detección oportuna, a cargo de la diputada Marina Garay Cabada, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Marina Garay Cabada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 5 de febrero de 2010, el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se creó el Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, institución encargada de la coordinación permanente en materia de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor prevalencia en la población mexicana y sus factores de riesgo.

En México, una de las enfermedades crónicas que más afecta a la población es la diabetes mellitus, pues ocupa el primer lugar dentro de las causas de mortalidad en el país con 72 mil fallecidos por año. Según registros oficiales, esta cifra se ha elevado en 30 por ciento en las últimas dos décadas, siendo los adultos la población mayormente afectada. Aunque también debido a los problemas de sobrepeso que presentan el promedio de los mexicanos (2 de cada 3), esta enfermedad ya comienza a afectar también a niños y jóvenes, con lo cual sus tendencias no son nada favorables para el sistema de salud pública.

Sin duda, la diabetes mellitus es un severo problema de salud pública que requiere ser atendido con prontitud, pues se estima que entre 6.5 y 10 millones de mexicanos padecen esta enfermedad y al menos 2 millones más no han sido diagnosticados. De no suceder así, en los próximos años México podría ocupar el séptimo lugar de países con diabetes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado a esta enfermedad crónica como una amenaza mundial. Por ello, en colaboración con la Federación Internacional de la Diabetes en 1991 instituyó el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes, buscando “generar en todo el mundo mayor conciencia del problema que supone la diabetes, del vertiginoso aumento por doquier de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los casos”.1

Esta fecha que conmemora el aniversario del nacimiento de Frederick Banting —descubridor de la insulina en 1922— constituye, pues, una oportunidad para impulsar la toma de consciencia entre las naciones acerca de las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de la diabetes. Por esa razón, en el marco de esta celebración resulta indispensable para los mexicanos saber qué medidas son oportunas tomar para la prevención y detección de esta enfermedad, siendo ésta una responsabilidad directa del Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, a realizarse el 14 de noviembre de 2012, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su determinación y compromiso para contribuir en la disminución del número de casos que entre los mexicanos se presentan año con año y que representa la principal causa de morbilidad en nuestro país.

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, a que en el marco de la próxima celebración del Día Mundial de la Diabetes difunda a través de los principales medios de comunicación del país, medidas para la prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

Nota

1 Sitio Web Oficial de la Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados, LXII Legislatura, a 15 de noviembre de 2012.

Diputada Marina Garay Cabada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para el jitomate mexicano, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la creación de la Comisión Especial para el jitomate mexicano, con base en las siguientes

Consideraciones

• Que las exportaciones de frutas y hortalizas frescas de México hacia Estados Unidos y Canadá han inducido el desarrollo de una importante infraestructura y generación de un gran número de empleos, tanto en el sector privado como en el gubernamental en los tres países de la zona norte del continente.

• Que uno de los problemas tradicionales de México en este tema ha sido la pulverización de la oferta de jitomate mexicano y la alta intermediación en el proceso de comercialización en los mercados internacionales, concentradas principalmente en Estados Unidos en donde durante el año pasado, el intercambio comercial de jitomates hacia el vecino país rebasó la cifra de 1.8 mil millones de dólares en beneficio de exportadores, comercializadores, trabajadores de la agroindustria y del consumidor estadounidense y que lo anterior abarca sectores como transportes y bodegas especializadas, centros de acopio, comisionistas, agentes aduanales, inspectores de alimentos, capturistas para registrar importaciones, servicios de distribución de productos frescos, publicistas y puntos de venta al detalle.

• Que las cantidades de frutas y hortalizas exportadas por los productores mexicanos colaboran en forma importante en asegurar la inocuidad y disponibilidad de esos productos agrícolas con precios que apoyan a la economía de los consumidores en Estados Unidos y Canadá.

• Que en fechas recientes hemos visto como el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha mostrado la intención de terminar con la investigación antidumping de 1996 y el acuerdo de suspensión que ha regido las exportaciones del jitomate mexicano al vecino país en los últimos 16 años. Esta actitud de las autoridades estadounidenses demuestran cómo no se valoran las implicaciones adversas que se generan sobre los precios para el consumidor de ese país y sobre todo los empleos en ambos lados de la frontera.

• Que sólo durante el año pasado, el intercambio comercial de Jitomate hacia Estados Unidos rebasó la cifra de 1.8 mil millones de dólares en beneficio de exportadores, comercializadores, trabajadores de la agroindustria y del consumidor estadounidense. Es decir, el crecimiento del comercio del jitomate mexicano en el ámbito global ha ido en ascenso y que de este volumen exportable, Estados Unidos absorbió 95 por ciento.

• Que en el caso de Canadá y Estados Unidos se ha vuelve necesario realizar un mapeo de la red de valor en coordinación entre los tres países, con el fin de encontrar áreas de oportunidad para mejorar la competitividad con los Jitomates y de esa forma se definir la necesidad de mejorar en productividad y costos, tanto en el campo como en los invernaderos, esto a través de organizarse para contar con asesoría técnica y tomar medidas en cuanto a las compras de insumos en común, así como optimizar los centros de acopio y distribución. Es precisamente en ese punto en donde se hace necesaria la existencia de una Comisión Especial para el jitomate mexicano, la cual servirá de instancia de generación de investigación e información para todos los interesados.

• Que la creación de una Comisión Especial del jitomate mexicano, permitiría generar las condiciones para que en conjunto con los sectores involucrados, el Poder Legislativo pueda atender y participar en forma oportuna y directa con todas las situaciones que se originen alrededor del jitomate y su importante mercado del cual dependen muchas familias y gran parte de la economía del campo mexicano el cual requiere de toda la atención que sea posible, ya que este depende de muchos factores para su estabilidad, por ejemplo, los precios del Jitomate Mexicano son muy volátiles y responden a una cuestión de oferta y demanda. Hace dos años se alcanzaron máximos históricos por fenómenos naturales que afectaron a la Florida y Estados Unidos requirió un abastecimiento de emergencia; y después nos toco vivir la helada de Sinaloa y volvieron a colocar de nuevo el producto en un precio máximo histórico, luego se volvió a saturar mercado y tuvimos una fuerte caída de precio.

Quiero señalar que, sólo en Sinaloa se concentra el 60 por ciento de la producción nacional de jitomate, pero esta también se extiende a Baja California, Morelos, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí, donde la producción encuentra sus destinos principales en nuestros socios comerciales Canadá y Estados Unidos pero también fluyen a Reino Unido, España, Alemania, Suiza y Australia. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del estado, el 90 por ciento de la producción anual de tomate de Sinaloa (682 mil 267 toneladas en promedio) se coloca en el mercado estadounidense, mientras que estas exportaciones representan entre 40 y 50 por ciento de todo el jitomate que sale de México hacia allá.

• Que el jitomate mexicano ha triplicado sus exportaciones y se ha convertido en los últimos 10 años, en 1 de los 4 productos agroalimentarios a nivel nacional más demandados en el extranjero, es el que da más empleos y junto con la cerveza de malta, el azúcar y el aguacate, están entre los productos agroalimentarios que triplicaron su valor en las exportaciones en los últimos 10 años, por ello, crear las mejores condiciones políticas, sociales y legales para este producto del campo mexicano representa no solamente ingresar a nuevos mercados y darle mayor rentabilidad a la actividad, si no que permite ofrecer opciones de alimentos de mejor calidad a los consumidores y una Comisión Especial en este tema brindaría un espacio para darle la adecuada atención.

• Que la Comisión Especial para el jitomate mexicano, buscaría también incentivar la eficiencia, la cual es una de las claves para poder conseguir resultados contundentes, por medio de la gestoría de foros, capacitación y difusión de los logros, los cuales complementados con una producción de gran calidad, permitan buscar nuevos mercados y ampliar los existentes, ya que con la participación de todos los sectores es posible mejorar la situación actual de este importante productos.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para el jitomate mexicano en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. Esta comisión tendrá por objeto analizar y discutir el marco normativo para perfeccionar la legislación existente en términos de defensa y protección de los productores y familias que dependen directamente del Jitomate, abarcando sectores como transportes y bodegas especializadas, centros de acopio, comisionistas, agentes aduanales, inspectores de alimentos, capturistas para registrar importaciones, servicios de distribución de productos frescos, publicistas y puntos de venta al detalle, y toda actividad relativa al jitomate mexicano.

Tercero. La comisión especial podrá solicitar la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Cuarto. La Comisión Especial para el jitomate estará integrada por diputados de todos los grupos parlamentarios, mismos que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando así la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.

Quinto. La comisión especial estará vigente a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta el 31 de agosto de 2015, para alcanzar su objetivo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de noviembre de 2012.

Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en Nueva York, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Víctor Manuel Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a consideración de la asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la federación a instaurar un programa de apoyo y asistencia para los mexicanos afectados por los recientes fenómenos climáticos en Nueva York, Estados Unidos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según la Segunda edición de datos sobre emigración y remesas, estudio de 2011 del grupo auspiciado por el Banco Mundial e integrado por Dilip Ratha, Sanket Mohapatra y Ani Silwal, Estados Unidos es el país con mayor número de inmigrantes, con 43 millones de personas, y México ocupa la proporción más alta de emigrantes, con 11.9 por ciento de la población, que representan casi 12 millones de personas, cuya mayoría ha cruzado la frontera en busca de las oportunidades que aquí no encuentran.

Arturo Santamaría Gómez, de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, señala en el estudio El movimiento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que en 2006 los hispanos representaron 14.4 por ciento de la población de aquel país.

Los trabajadores inmigrantes indocumentados, según el Centro Hispánico PEW, en el nivel nacional forman 14 por ciento de los trabajadores de la construcción; 17 por ciento labora en la limpieza, 12 en restaurantes y 25 en la agricultura.

Su presencia es sumamente notoria en ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco, California; San Antonio, Houston y Dallas, Texas; Chicago, Illinois; y Nueva York.

Por lo que hace a esta última ciudad, los datos aportados por el mismo Centro Hispánico y citados en La inmigración ilegal, estudio de Hans Johnson y Laura Hill publicado en Cuestion Public Policy del Instituto de California, en Nueva York residen más de medio millón de inmigrantes, de quienes cerca de 300 mil participaron en las históricas marchas de protesta de 2006.

Esa ciudad ha sido históricamente una de las más amables para el migrante, sobre todo para el ilegal, un santuario de tolerancia y diversidad, donde numerosas organizaciones civiles y de asistencia han desarrollado intensos trabajos para asistir a quienes arriban ahí.

En la ciudad se presentan proyectos como la Ciudadanía de Nueva York, lanzada por el alcalde Michael Bloomberg en octubre de 2011, para ayudar a empleados y a sus familias a obtener la ciudadanía.

Dennis Walcott, encargado de escuelas públicas de Nueva York: señaló: “Nuestros 1.1 millones de estudiantes y sus familias vienen de todos los países, hablan más de 180 idiomas y han creado el sistema escolar más diverso del país y probablemente del planeta”.

Según datos de la alcaldía, unos 30 mil padres con hijos en escuelas de la ciudad pueden optar por la ciudadanía estadounidense, aunque la falta de acceso a asistencia legal correcta y los altos costos para iniciar los trámites suponen dos grandes obstáculos.

Frente a ese tipo de proyectos, otras políticas públicas, como el Programa Comunidades Seguras, han vuelto conflictiva la convivencia de nuestros connacionales, más aún si consideramos que el Departamento de Seguridad Interna proyecta implantar a escala nacional dicho programa para 2013, lo que implicaría que la policía local comparta la base de datos con la oficina federal de inmigración.

Esas circunstancias gubernamentales, los graves efectos provocados por el huracán Sandy, los destrozos, la paralización de servicios públicos, la destrucción de hogares, la pérdida de empleos y las grandes necesidades de subsistencia afectan el nivel de vida de la población, especialmente de la comunidad latina inmigrante.

Desgraciadamente, al huracán ha seguido una serie de fenómenos atmosféricos que siguen afectando a la población en general; entre ellos, la más reciente tormenta invernal, que provocó la suspensión de los trabajos de protección civil y de recuperación que mantiene sin servicio eléctrico a 70 mil usuarios, quienes carecen de calefacción y agua caliente. Esos problemas son adicionales a la lenta repartición de ayuda.

Tenemos noticias de que en medio de esa tragedia, nuestros connacionales, por temor a la aplicación de los programas de deportación, no acuden a los refugios temporales establecidos y tampoco recurren a la asistencia gubernamental.

Por esas razones y considerando que los mexicanos residentes en el exterior deben contar con el respaldo total de su gobierno, sobre todo quienes con grandes sacrificios, muchas veces enfrentando condiciones de discriminación y persecución permanentes, con su esfuerzo y trabajo siguen contribuyendo al desarrollo económico del país con sus remesas.

Nuestras instituciones han fallado a esos mexicanos por no garantizarles las condiciones de empleo, educación y salud que merecen; han tenido que ir en pos de ellas trascendiendo las fronteras. Por esa razón es indispensable que el gobierno del país destine recursos para instaurar un programa urgente de asistencia y apoyo de quienes han perdido sus bienes y enfrentan graves condiciones de subsistencia como resultado de las tormentas.

Los mexicanos residentes en Nueva York son como cualquiera de nosotros, tienen los mismos derechos y, si observamos escrupulosamente el mandato consignado en el artículo 1o. de la Carta Magna, no deben ser discriminados por nuestras autoridades por el hecho de no residir temporalmente en nuestro territorio.

Emprender un programa inmediato y urgente por el Consulado en Nueva York es un imperativo ético de urgente e inmediata aplicación, pues si la contingencia hubiera ocurrido en cualquier lugar de nuestro país, se habrían liberado recursos para atender desastres.

Y si bien es cierto que no podemos desplegar al Ejército ni a las dependencias gubernamentales para atender a nuestros hermanos en desgracia, sí podemos destinar recursos, enviar ayuda y promover el trabajo voluntario en coordinación con las autoridades de aquel país.

Que se asista a los mexicanos residentes en las zonas afectadas y, en lo posible, al resto de las personas aquejadas por esas contingencias. Que se destinen recursos para financiar la reparación de los hogares si fueron afectados, en la gestión para que se rehabiliten los servicios y, lo más importante, en el acceso a los medios inmediatos de subsistencia.

Para lo anterior son indispensables la labor del Consulado en Nueva York y la estrecha colaboración con las asociaciones civiles y sociales en aquella ciudad.

En mérito de lo referido se somete a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la federación a instaurar un programa urgente e inmediato de atención y apoyo de los mexicanos residentes en Nueva York y las zonas afectadas en Estados Unidos por el huracán Sandy y los fenómenos climáticos subsecuentes, sin importar su estatus migratorio; y, de ser posible, al resto de las personas afectadas.

Segundo. Los recursos destinados a tal efecto se utilizarán del Fondo de Desastres Naturales, debiéndose adaptar los criterios de fiscalización, sin dejar de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad en el manejo de dichos recursos, cuyo ejercicio atenderá las disposiciones legales aplicables y se integrará en los informes fiscales respectivos.

Tercero. El programa se instaurará por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado de México en Nueva York, propiciando la cooperación y colaboración con las autoridades de Estados Unidos y las organizaciones civiles, sociales, fundaciones y cualquier otra con experiencia previa en la atención de las comunidades migrantes en las zonas afectadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la Semarnat a atender la grave contaminación de Hidalgo, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada, Mirna Esmeralda Hernández Morales, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los procesos del desarrollo e industrialización de los pueblos implican la constante investigación, explotación, procesamiento y uso de diferentes fuentes de energía, como son el petróleo y sus derivados, procesos que siempre originan alteraciones de importante consideración en los ecosistemas por las gigantes obras que se edifican y que alteran y degradan los entornos ecológicos de las regiones en donde se construyen, además provocan serias transformaciones en la organización social; tal es el caso de la nueva refinería en Tula, Hidalgo Bicentenario, misma que se encuentra en vías de construcción y de la cual no contamos con la información suficiente que nos alerte sobre el impacto que tendrá su operación ante la naturaleza y a la salud de la población.

El Estado de Hidalgo, de manera particular, desde hace ya varias décadas se ha caracterizado por presentar peligrosos niveles de contaminación en el agua, aire y suelo, lo que ya ha repercutido severamente en la salud de su población, contaminación que se origina precisamente en la aguas residuales que provienen de diferentes, entidades federativas como lo son el Estado de México y el Distrito Federal; los desechos industriales que producen la refinería Miguel Hidalgo; la Termoeléctrica, Francisco Pérez Ríos; las cementeras, carboneras, caleras, textileras y demás empresas asentadas en la región que generan grandes cantidades de basura toxica y que en su mayoría se liberan al medio ambiente sin ser sometidas a los tratamientos adecuados para mitigar su impacto a la naturaleza.

El medio ambiente no ha sido el único que ha padecido descomposición, el impacto de los contaminantes ha ido a dañar directamente la salud de la población, la cual se ha visto seriamente dañada por los procesos industriales que ahí se presentan aunado a la mala y equivocada política ambiental que lleva a cabo el gobierno federal en nuestra región, las empresas asentadas en el parque industrial localizado en la región suroeste del Estado de Hidalgo, como la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica, son las principales causantes de la generación de enfermedades como las llamadas respiratorias, silicosis, cáncer, infecciones en la piel, anencefalia, leucemia, entre otras, resultando como siempre ser el sector más pobre de nuestra gente el más afectado y sin alternativas para su atención y cura.

Por ello, compañeros diputados, es necesario hacer un llamado a la Secretaría de Salud con el propósito de implementar de manera inmediata las acciones más acertadas en la región en donde se encuentra operando la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica, para detectar y dar el tratamiento necesario a la población, que como consecuencia de los altos índices de contaminación presentados, hayan contraído alguna enfermedad que ponga en peligro su vida y la de sus familias.

Por si fuera poco, la construcción de la nueva refinería “Bicentenario”, en el lugar considerado como una de las áreas más contaminadas de América Latina, agudizará los problemas de contaminación de nuestra entidad, principalmente a los municipios de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Atotonilco, Tezontepec, Tlahuelilpan, Mixquiahuala y otros más asentados en esa región.

Dentro de los problemas que se tienen identificados y que seguramente se van a agudizar con esta nueva industria de Pemex, será una mayor contaminación en los cuerpos y corrientes de agua; el incremento de la desforestación de la región; mayor consumo del agua subterránea para fines industriales y por ende disminución para el consumo humano; alteraciones graves en biodiversidad por el deterioro de hábitats y ecosistemas propios de la región; proliferación de enfermedades contagiosas que se originan por los problemas de contaminación ambiental; incremento de aguas negras por los procesos industriales y por el crecimiento de la concentración de núcleos poblacionales; aparición de cinturones de miseria y de actos delincuenciales; disminución de la producción agropecuaria por la contaminación del entorno, entre otros.

El problema actual de la refinería Bicentenario en construcción, es que a la fecha las autoridades federales no han dado a conocer el Manifiesto de Impacto Ambiental que se tiene contemplado para la región en donde se construye este enorme complejo industrial; los hidalguenses queremos conocer como nos va afectar en la salud, la ecología y en lo social esta magna obra. Es responsabilidad de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la paraestatal Pemex informarnos cuál será la estrategia que se desarrollará para disminuir las alteraciones del equilibrio ecológico, cómo se va a solucionar la degradación de la calidad del aíre, agua, tierra y los ecosistemas, información que aún no conocemos y que se nos ha negado constantemente. No estamos en contra del desarrollo siempre y cuando éste logre conciliarse y estar en armonía con la naturaleza.

La refinería Bicentenario, es cierto, representa una oportunidad de desarrollo económico e industrial para nuestra región, pero también, es necesario señalarlo, que de no instrumentarse las estrategias adecuadas para solucionar correctamente los daños naturales que se producirán, se nos convertirá en un problema sumamente peligroso para nuestra población y el entorno natural.

Es facultad de esta soberanía debatir los grandes problemas del país, presentar soluciones y alternativas a los mismos, y como representantes de la nación estamos obligados, a proporcionar a nuestros representados la seguridad jurídica que requieren para su desarrollo personal y familiar; por ello, debemos emplazar a la brevedad posible al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a la población que vive en los márgenes del parque Industrial de Tula, Hidalgo y demás municipios colindantes, sobre las estrategias contempladas para hacer frente a los trastornos ecológicos que se generaran con motivo de la construcción de la refinería Bicentenario para que desde hoy, la sociedad y gobierno se concienticen de las situaciones que se puedan presentar y adoptar las medidas precautorias más acertadas para alcanzar un desarrollo en armonía con la tecnología y la naturaleza.

Compañeros diputados, hagamos posible el espíritu contenido en el párrafo quinto del Artículo 4º de nuestra Carta Magna para nuestros paisanos del Estado de Hidalgo, “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Salud para que implemente de manera inmediata las acciones médicas y asistenciales necesarias para atender a la población asentada en la zona del suroeste del estado de Hidalgo que ha resultado con graves problemas de salud, con motivo de los altos índices de contaminación que producen las empresas industriales ahí ubicadas.

Segundo. Se exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que inmediatamente dé a conocer el Manifiesto de Impacto Ambiental proyectado para la región en donde se construirá la Refinería Bicentenario en el Estado de Hidalgo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 15 de noviembre de 2012.

Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la SEP a instaurar una campaña exhaustiva de prevención sobre el consumo de sustancias inhalables entre los jóvenes, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del PAN

Juan Pablo Adame Alemán, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Educación Pública, a instrumentar una campaña exhaustiva de prevención para inhibir el consumo de inhalables como droga recreativa entre la población joven del país.

Consideraciones

El 29 de octubre del presente año el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, presentó la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 que elaboraron el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic), la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), el Instituto Nacional de Psiquiatría, y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Los resultados de dicha encuesta señalan que el aumento en el consumo de algunas sustancias ilícitas (particularmente los inhalables utilizados como drogas recreativas) se ha convertido en un conjunto de graves amenazas para el sector poblacional joven, cuyo bono demográfico es el más grande en la historia del país si consideramos que de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la población entre los 12 y 29 años de edad representa aproximadamente 32 por ciento de la población total, es decir 36.2 millones de personas.

La vulnerabilidad de la juventud ante el fenómeno creciente del consumo de drogas queda de manifiesto cuando se observa que el grupo poblacional ubicado en un rango de edad entre los 18 y 34 años tiene las prevalencias más altas de consumo de drogas ilícitas entre la población que va de los 12 a los 65 años, con 2.8 por ciento.

Si volteamos a ver el porcentaje de menores de edad que usó una droga (en el intervalo que va de los 12 a 17 años) nos encontramos, por ejemplo, que en la región norte del país se incrementó de manera preocupante el porcentaje de este sector de la población que consumió una sustancia ilícita (de 1.8 por ciento a 2.9 por ciento).

Resulta preocupante que las prevalencias de consumo de drogas ilícitas más altas sigan siendo la mariguana (1.6 por ciento), la cocaína (0.5 por ciento), y que en el caso de los inhalables (0.4 por ciento), su consumo muestre un crecimiento desde 2008. De manera particular sobre los inhalables, en las regiones noroccidente, la Ciudad de México y la región sur, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 muestra que ahora hay prevalencias de 0.5 por ciento, cuando antes su consumo era menor, resaltando que en la región centro del país los inhalables se han convertido en la segunda droga de preferencia para el consumo.

Tendencias del Consumo de Drogas Ilícitas en el Último Año en Población Total de 12-65 años

Fuente: Tomado directamente de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

En el caso particular del Distrito Federal, por poner un ejemplo de la región centro, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (Iapa) ha señalado que “los inhalables son la droga preferida antes de los 14 años, sobre todo por las mujeres”, ubicándose con altos niveles de consumo, sobre todo en las secundarias en donde 23 por ciento de los alumnos consume alcohol, 16 por ciento fuma tabaco, y 8 por ciento ha inhalado psicoactivos volátiles, casi alcanzando un 9 por ciento quienes han consumido otras drogas ilegales.

Otros indicadores sobre el incremente en el consumo de inhalables

Antes de la presentación de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 , Centros de Integración Juvenil también señalo que la problemática del consumo de inhalables como droga ha venido en ascenso particularmente entre los jóvenes de esta generación que estudian los niveles educativos de secundaria y bachillerato; situándose su consumo como la tercer droga de inicio y segunda de preferencia (10.4 por ciento), después de la mariguana (11.4 por ciento) y antes de la cocaína (3.5%).1

La misma institución ha señalado que en sus pacientes de primer ingreso se ha registrado una tendencia al alza que han consumido inhalables alguna vez en su vida, que va de 33.8 por ciento en 2004 a 44.1 por ciento en 2011. Destaca que las sustancias inhalables más utilizadas son los solventes (35.3 por ciento), los pegamentos (7.2 por ciento), y los esmaltes y pinturas (5.3 por ciento).

Este organismo tiene información que del total de jóvenes ingresados por primera vez a los centros, 45.1 por ciento señaló haber utilizado inhalables alguna vez en la vida y 21.4 por ciento comentó haberlo hecho durante el mes previo a la solicitud de tratamiento en los centros.

En el mismo sentido, resalta que 22.3 por ciento de jóvenes que reciben atención en los Centros de Integración Juvenil inició el consumo de drogas con inhalables.

De acuerdo con la información de Centros de Atención Juvenil, la edad de inicio en el consumo de inhalables registra un promedio de 15.2 años entre la población joven. Si este promedio se analiza por género, nos encontramos con que la edad promedio de inició para la utilización de inhalables como drogas en las mujeres es de 14.3 años de edad y en los hombres es de 15.4 años.2

Es de resaltar que aunque el aumento del consumo de inhalables como droga no se ve ampliamente reflejado al hacer los cálculos respecto de la población total con problemas de adicciones, las preferencias por este tipo de drogas en el sector joven sí registran incrementos considerables sobre lo cual las autoridades debemos trabajar. En ese sentido, resulta fundamental que quienes tomamos decisiones legislativas de política pública consideremos diseñar instrumentos que permitan inhibir el aumento en el consumo de estas substancias que hoy son de fácil acceso para los jóvenes.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que, a través de las instancias a su cargo responsables en materia de adicciones, inicie una campaña exhaustiva de prevención y concientización en la población joven sobre los riesgos en la salud que genera el consumo de inhalables.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que en inicie una campaña exhaustiva de prevención y concientización en todas las escuelas y niveles educativos del país sobre los riesgos en el entorno social que genera el consumo de inhalables en la población joven, tomando en cuenta a los padres de familia y a los jóvenes estudiantes.

Tercero. Se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Educación Pública, a que el diseño e instrumentación de esta campaña para prevenir el consumo de inhalables se realice de manera conjunta y coordinada, en el ámbito de las atribuciones de cada una de las dependencias.

Notas

1. Centros de Integración Juvenil, A C. Presentación del libro Inhalables: un problema reemergente de salud pública, http://www.encuentra.gob.mx/resultsAPF.html?q=inhalables&client =cij (último acceso: 15 de octubre de 2012).

2. Centros de Integración Juvenil, AC Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar gestiones para que la región Cráter de Chicxulub, al noroeste de Yucatán, sea declarada patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, perteneciente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El cráter de Chicxulub es un antiguo cráter de impacto cuyo centro aproximado está ubicado al noroeste de la península de Yucatán. Este centro se encuentra cerca de la población de Chicxulub, a la que el cráter debe su nombre. La traducción al español del nombre en lengua maya del poblado, que se encuentra al oriente del puerto de Progreso en Yucatán, es “pulga del diablo”. Chicxulub Puerto, es famoso por ser el epicentro del cráter que tomó su nombre, provocado por el impacto de un meteorito que colisionó con la Tierra hace aproximadamente 65 millones de años. El cráter que data del periodo Cretácico tardío es de unos 180 kilómetros de diámetro ya que el tamaño del asteroide que cayó se estima de unos 10 kilómetros de diámetro, y posiblemente fue una fracción de otro mayor. Este evento cataclísmico liberó una energía estimada de 4.3×10²³ julios de energía (equivalente a 191 793 gigatones de trinitotolueno) al momento del impacto y como resultado de lo cual se produjo, según varias teorías, la extinción masiva de los dinosaurios.

Este cráter fue descubierto en 1978 por Antonio Camargo y Glen Penfield, geofísicos que trabajaban en Yucatán para la empresa paraestatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de una prospección magnética aérea del Golfo de México, al norte de la península de Yucatán y su trabajo consistía en utilizar datos geofísicos para estudiar posibles localizaciones a fin de extraer petróleo. En dicha investigación, Penfield encontró un enorme arco subterráneo con una “extraordinaria simetría” y con la forma de un anillo que medía alrededor de 70 kilómetros de radio.

Aunque inicialmente no se pudieron encontrar pruebas que evidenciaran que esa inusual estructura geológica era, en realidad, un cráter de impacto, por lo que se abandonaron las investigaciones. Entonces se obtuvo un mapa gravitatorio de Yucatán realizado en la década de 1960. Una década antes, el mismo mapa sugirió una estructura de impacto al contratista Robert Baltosser, pero la política corporativa de Pemex de aquella época le prohibió hacer pública su conclusión. Penfield descubrió otro arco en la península, cuyos extremos apuntaban hacia el norte. Comparando los dos mapas, encontró que los dos arcos formaban un círculo, de 180 kilómetros de diámetro, cuyo centro se encontraba cerca del pueblo de Chicxulub; fue así como, a partir de esto, estuvo prácticamente seguro de que la formación había sido creada por un evento cataclísmico en la historia geológica.

Al mismo tiempo, el científico Luis Walter Álvarez presentó su hipótesis de que un gran cuerpo extraterrestre había impactado contra la Tierra, y en 1981, desconocedor del descubrimiento de Penfield, el estudiante de la Universidad de Arizona, Alan R. Hildebrand, y el consejero de la facultad, William V. Boynton, publicaron un borrador de la teoría de un impacto contra la Tierra, mientras se encontraban buscando un cráter candidato. Ya en 1990, el periodista del Houston Chronicle, Carlos Byars, informó a Hildebrand del descubrimiento previo de Penfield de un posible cráter de impacto, Hildebrand se puso en contacto con Penfield, y los dos obtuvieron muestras de los pozos de Pemex; las cuales analizaron y encontraron material metamórfico.

En 1996, un equipo de investigadores de California, incluyendo a Kevin Pope, Adriana Ocampo, y Charles Dullin, estudiando imágenes de satélite de la región, descubrieron un semi-anillo de cenotes con centro en el poblado de Chicxulub, que se correspondía con el que Penfield había visto anteriormente. Se creía que las “dolinas” o cenotes habían sido provocados por la subsidencia de la pared del cráter de impacto. Dentro de la estructura, el límite K/T está deprimido entre 600 y mil 100 metros respecto a la profundidad normal de unos 500 metros a la que se encuentra alejándose cinco kilómetros de la estructura de impacto.

A lo largo del borde del cráter, las agrupaciones de cenotes, sugieren que hubo una cuenca de agua dentro de la estructura durante la Era Cenozoica, después del impacto. Las aguas subterráneas de esta cuenca disolvieron la caliza y crearon las cavernas y cenotes que se encuentran hoy bajo la superficie. Pruebas más recientes sugieren que el cráter real mide 300 kilómetros de diámetro, y que el anillo de 180 kilómetros es una pared interior. Este evento ha sido descrito recientemente en un libro editado y publicado en 2007, por el gobierno del estado de Yucatán, escrito por el astrónomo mexicano Arcadio Poveda Ricalde y por Fernando Espejo Méndez, quienes actualizaron el conocimiento que se tiene del acontecimiento.1

En marzo de 2010, y tras una revisión de estudios, 38 expertos de Europa, Estados Unidos, México, Canadá y Japón, confirmaron, en un trabajo publicado por la revista Science, que la extinción masiva que se produjo hacia finales del periodo Cretácico, hace unos 65,5 millones de años, y que acabó con el dominio de los dinosaurios en la Tierra, fue originada por el impacto de un asteroide. Con ello quedan desvirtuadas otras hipótesis anteriormente postuladas. El cráter de Chicxulub apoya la teoría que hace alusión al hecho de que la extinción de numerosos grupos de animales y plantas, incluyendo los dinosaurios, podría haber sido el resultado del impacto de un bólido.

Actualmente esta teoría goza de una aceptación amplia por parte de la comunidad científica. De ser válido este escenario, podemos hacer la siguiente reflexión: ¿hubiera habido alguna oportunidad histórica para los mamíferos y para los primates, de no haberse impactado en nuestro planeta un asteroide en Chicxulub, destruyendo a la especie que, de haber sobrevivido, quizá hubiera impedido el desarrollo y la evolución de los homínidos? ¿Estaríamos diciendo esto?

Dicha formación natural despierta tanto interés, que en julio de 2008 un grupo de investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos de América (NASA) y de Yucatán conjuntaron esfuerzos para conformar un grupo interdisciplinario que elaboró una propuesta para convertir al cráter de Chicxulub en el primer sitio con denominación científica de Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, este apartado no existe para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), pues sólo contempla el cultural, natural y mixto, por lo que dicho esfuerzo ha sido superior en la búsqueda de que se instaure por primera vez una categoría científica, considerando que un sitio como el cráter es un parteaguas en la historia de los mamíferos y la aparición del hombre en la Tierra.

Es por ello que siguiendo las bases de la Unesco, la cual menciona que “El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio y lo define como aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental” . El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza.

Al cumplir con dichas características, exhortamos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que inicie las gestiones necesarias, con la finalidad de que la zona conocida como Cráter de Chicxulub, sea declarado Patrimonio Natural por la Unesco.

Tal es su relevancia, que este año comenzó una nueva campaña de investigación científica en el Cráter de Chicxulub, Jaime Urrutia Fucugauchi, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), explicó que con esta nueva campaña de investigación se busca conocer más a fondo el origen del anillo de picos en la estructura del cráter y otras características del impacto. La parte de geofísica es conocida por las misiones planetarias, ya que ahora hay más datos de Marte, Mercurio, Venus y la Luna, y los cráteres de impacto son parte de sus superficies; por eso interesa conocer cómo funcionan esas estructuras. Todo ello aunado a que esta región natural representa, adicionalmente, una enorme aportación histórica para las actuales y futuras generaciones de científicos e investigadores.

Por lo anteriormente expuesto someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice las gestiones necesarias, con la finalidad de que la zona natural conocida como Cráter de Chicxulub, ubicada al noroeste del estado de Yucatán, sea declarada Patrimonio Natural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.

Segundo. El objetivo principal de esta proposición radica en que el Cráter de Chicxulub, al cumplir con las siguientes características, cuenta con una variedad de paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio, es una formación geológica única, cuenta con lugares y paisajes naturales tiene un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental y constituye un santuario de la naturaleza; es un claro candidato para que se le otorgue dicha distinción por parte de la Unesco.

Tercero. El Pleno de esta soberanía respaldara en todo momento dicha iniciativa y cumplirá con las encomiendas derivadas de la distinción que otorgue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.

Notas

1. Poveda Ricalde, A. y Espejo Méndez, F. (2007) El cráter de Chicxulub y la extinción de los dinosaurios. Mérida. Gobierno del Estado de Yucatán. 200 páginas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar por la Sagarpa la vigencia de la NOM-EM-047-FITO-2009 para mantener las acciones fitosanitarias contra el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing entre los cítricos de las entidades afectadas, a cargo de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

De la diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, amplié la vigencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-047-FITO-2009, para que sigan vigentes las acciones fitosanitarias para combatir y mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing (HLB) De los cítricos en todas las entidades afectadas como son: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el huanglongbing, conocido como “Dragón Amarillo”, es una plaga que afecta a los cítricos y es provocada por la bacteria Candidatus liberibacter. Dicha enfermedad, que destruye en poco tiempo a los árboles, es transmitida por algunos insectos, entre ellos el llamado Diaphorina citri así que el proceso de afectación se da en algunas plantas ornamentales, dañando el vigor del árbol, la maduración del mismo, y provocando la caída de fruta, el amarillamiento del follaje y eventualmente, el colapso de la planta. Los huevos del insecto diaphorina son depositados únicamente en los brotes de hojas tiernos de los cítricos, son ovoides, de color amarillo anaranjado

2. Que esta plaga se originó por primera vez en China en el año 1919 y en México fue detectada a partir de 2009 en el municipio de Tizimín, Yucatán, pero rápidamente se fue multiplicando y hasta el día de hoy ya ha afectado a estados como son: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Sinaloa, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Sonora, Baja California, Veracruz y Morelos. En el caso de Colima, la enfermedad fue detectada en una plantación de limón de la comunidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, y citricultores colimenses urgieron acciones para atacar el mal denominado huanglongbing o “Dragón Amarillo” de los cítricos.

3. Que es necesario mencionar que en el territorio mexicano, casi 70 mil productores cultivan 549 mil hectáreas citrícolas en 23 estados, cuyo valor oscila entre 8 y 10 mil millones de pesos, según datos del organismo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que informa que en los años de la vigencia del programa se ha invertido más del 238 millones de pesos para combatir el Dragón amarillo en las entidades que se encuentran en “zona bajo control fitosanitario” por presencia de HLB, como Campeche, Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Sonora, Baja California Sur y Baja California.

4. Que de acuerdo con el estudio de Evaluación del Impacto Económico del huanglongbing, en la Cadena Citrícola Mexicana en el año 2009, el sector agropecuario de siembra de cítricos abarca casi el 40 % de las superficie nacional de plantas frutales y de ella dependen 69 mil productores, más de 70 mil empleos directos y 250 mil empleos indirectos; asimismo, nuestro país es el segundo productor mundial de limón, con casi un millón 200 mil toneladas, seguido por Argentina y Brasil (juntos estos dos países producen alrededor de un millón 972 mil toneladas anuales).

5. Que la producción en Colima es de aproximadamente 450 mil 306 toneladas en fruta y es generada por 3600 productores, el valor de producción rebasa los 1700 millones de pesos y se cuenta con empleos para más de 20 mil familias. Esta producción beneficia a viveristas, productores, asesores técnicos, jornaleros, empacadores, industriales y comerciantes.

6. Que ante la amenaza de que la plaga denominada Dragón Amarillo de los cítricos pudiera expandirse a las 25 mil hectáreas de cultivos en este estado, de acuerdo con información del Gobierno de Colima, deberán eliminarse todos los árboles de limón, naranjo agrio, limas y otras variedades frutales, incluidos los sembrados en la vía pública de los 10 municipios de la entidad, poniendo en riesgo a 23 mil familias que dependen de estos cultivos. De no actuar en forma emergente para controlar el brote, Colima corre el riesgo de quedarse sin plantaciones de limón en unos seis años.

7. Que la Ley Federal de Sanidad Vegetal, establece en su artículo 19 que le corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tomar las medidas pertinentes para combatir o erradicar las plagas que afecten a los cultivos o sus productos cuando puedan presentar un riesgo fitosanitarios.

8. Que es de mencionar que el 8 de julio de 2009 y el 12 de febrero del año 2010, se público en el Diario Oficial de la Federación la NOM-EM-047-FITO-2009 y su prórroga, respectivamente, en la cual se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del HLB en el territorio nacional.

9. Que la norma antes mencionada tiene por objeto establecer las acciones fitosanitarias para implementar un programa de monitoreo que incluya la toma de muestras, diagnóstico, inspección y vigilancia para detectar oportunamente la eventual introducción y dispersión del huanglongbing al territorio nacional y, en su caso, la aplicación de las acciones fitosanitarias para su control, entre las que se considerará la delimitación de las zonas bajo control fitosanitario, la eliminación de material infectado, aplicación de métodos de control del vector, toma de muestras, inspecciones, restricción y/o control de la movilización de material vegetal de especies hospederas de la enfermedad, entre otras, conforme a lo establecido en el “Protocolo de actuación ante la emergencia por la detección del huanglongbing”.

10. Que dada la emergencia que están padeciendo distintos Estados de la República en relación a esta plaga en sus cultivos en especial al estado de Colima, el Congreso Local del estado de dicha entidad aprobó el pasado mes de octubre una solicitud al Ejecutivo Federal para establecer una partida adicional dentro del Presupuesto de Egresos 2013, a fin de atenuar, controlar y erradicar los efectos del “Dragón Amarillo” en la citricultura, que a la fecha sigue afectando el campo colimense y la economía de las familias de esa entidad.

11. Que en consecuencia y siendo solidarios con nuestros agricultores hago uso de esta tribuna para solicitar la ampliación de la vigencia de esta norma, con el fin de que continúen las acciones necesarias para combatir la plaga Dragón Amarillo y evitar que el campo Colimense siga afectándose por esta plaga que puede ser contralada, al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, amplié la vigencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-047-FITO-2009, para que sigan vigentes las acciones fitosanitarias para combatir y mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing de los cítricos en todas las entidades afectadas como son: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputada Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar de manera preferente en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, situados en Morelos, la propuesta del gobernador de participar en ello, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados del estado de Morelos de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha reciente el Congreso del Estado de Morelos, encabezados por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, de la Quincuagésima Segunda Legislatura, aprobaron un punto de acuerdo en donde se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el proceso de desincorporación de los ingenios azucarares del país, expropiados por el gobierno federal en 2010, se considere de manera preferente al gobierno de Morelos para que participe en la adquisición y usufructo de dichos ingenios.

Este proceso de desincorporación crea la oportunidad de reconocer la importancia que tiene esta rama de actividad económica, no solo por el potencial que en si mismo tiene el producto frente a la transición energética, sino como una actividad económica que integra regionalmente a la entidad, a la sociedad y en varias cadenas de producción relacionadas con el producto, no solo en Morelos, sino en todas las entidades en donde se llevan a cavo este actividad.

En este sentido, en el mismo exhorto en comento, hacen referencia a la premura de dicha acción legislativa por que el proceso de desincorporación está en marcha por lo que requiere actuar con la premura del caso para que podamos evitar otra acción de exclusión de los que históricamente este sistema ha excluido.

Reconocer el derecho de la sociedad y principalmente de nuestros campesino y agricultores organizados en cooperativas o en asociaciones de productores que históricamente han vivido del y para el cultivo de la caña de azúcar y su transformación, para que de manera solidaria junto con el Ejecutivo estatal, participen de manera preferente en este proceso de desincorporación y el derecho que tienen para ser los principales beneficiarios de este proceso de adjudicación y del usufructo de estos ingenios azucareros en particular y de todos los ingenios que estén en este proceso de desincorporación por parte del Ejecutivo federal, es una necesidad y es un saldo negativo que tenemos que pagar.

Es por ello que conmino a todos los integrantes de esta soberanía a que votemos a favor de este punto de acuerdo para en este proceso de venta sea considerada la propuesta del Ejecutivo de Morelos y de todas aquellas autoridades estatales que manifiesten su voluntad de participar de manera solidaria en esta importantísima actividad agroindustrial.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, para que en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros en comento, considere de manera preferente la propuesta del Ejecutivo estatal de Morelos de participar en el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Javier Orihuela García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la SRE a llevar a cabo acciones, con las autoridades estadounidenses, sobre las deportaciones realizadas en la frontera, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que lleve a cabo las acciones necesarias, en colaboración con las autoridades de los Estados Unidos de América, para que las deportaciones que se realizan en la frontera norte de nuestro país, se lleven a cabo en los diferentes estados fronterizos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la actual interdependencia y comunicación de todas las naciones, la globalización se ha convertido en la base para que las relaciones internacionales permitan avances y logros significativos, principalmente en materia política, económica, social y cultural, teniendo como propósito fundamental el beneficio de los habitantes de cada país.

Dada la cercanía geográfica que existe entre México y Estados Unidos, sin lugar a dudas existen múltiples razones por la cuales se deben propiciar acciones que permitan reforzar aún más los lazos que unen a los dos países; una de esas razones es la gran cantidad de mexicanos que radican y laboran desde hace varias décadas en el vecino país, permitiendo con ello un avance en el desarrollo económico para ambas naciones.

Con las oportunidades de crecimiento que han tenido millones de personas en Estados Unidos de América, diariamente miles de migrantes intentan cruzar la frontera norte de nuestro país en busca de un empleo que les permitan tener una fuente de ingresos para el sustento y bienestar de sus familias.

Sin embargo, las medidas de seguridad que ha implementado el gobierno norteamericano desde hace algunos años en su frontera sur, se han convertido en un gran obstáculo para los migrantes, siendo el principal motivo de detención y de su posterior deportación a los distintos puntos que se ubican en las ciudades fronterizas del norte de nuestro país.

Al respecto podemos mencionar que datos del Instituto Nacional de Migración señalar que de enero a septiembre del presente año, se han registrado 288 mil 498 eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas.

No omito señalar que en los últimos 6 meses Tamaulipas ha sido la entidad en la cual se han recibido el mayor número de deportaciones con un total de 66 mil 179 en el periodo comprendido de abril a septiembre; asimismo, es el municipio de Matamoros el punto con mayor recepción de indocumentados provenientes de Estados Unidos con un total de 49 mil 161 en todo lo que va del año, motivo que ha originado un incremento considerable de aquellas personas que están en espera de ser enviadas a sus lugares de origen.

Por otro lado, Chihuahua ha registrado el menor número de deportaciones, con un total de 9 mil 378 en lo que va del año, lo que dejar notar que existe una enorme diferencia con Tamaulipas, variación que genera una mayor afluencia de personas que vuelven a intentar cruzar de manera ilegal la frontera norte.

Ante ello, es importante mencionar que derivado del asentamiento de migrantes deportados se presentan ciertas circunstancias que deterioran la vida cotidiana de la población en aquel municipio, tales como aumento considerable de basura que generan las personas que deciden vivir provisionalmente en las calles, originando con ello posibles enfermedades; así mismo, la seguridad de los ciudadanos se pone en riesgo por los delitos que suelen ser cometidos en algunas ocasiones por los propios migrantes.

Por otro lado, una de las cuestiones que no podemos pasar por alto, son los riesgos que corren las personas que buscan atravesar de manera ilegal la frontera norte, toda vez que en la gran mayoría de las ocasiones suelen ser objeto de abusos para la delincuencia organizada, y principales víctimas para formar parte de sus filas, incrementando así el número de personas que laceran al país cometiendo delitos como robo, narcotráfico, secuestro, homicidio, entre otros.

No omito señalar que actualmente Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y, especialmente, Tamaulipas son de las entidades en las que la falta de seguridad sumado a los actos constantes que lleva a cabo la delincuencia, han afectando de manera grave la tranquilidad de todos los ciudadanos que habitamos dicha entidad, afectando de manera grave el esparcimiento y convivencia de las niñas, niños y jóvenes.

Por otro lado, cabe resaltar que en su sexto Informe, el gobierno federal implantó medidas brindando atención mediante el Programa de Repatriación Humana, a 228 mil 952 mexicanos repatriados por Estados Unidos de América a través de módulos ubicados en la frontera norte: Tijuana y Mexicali en Baja California; Nogales en Sonora; Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Ciudad Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas. El apoyo consistió en brindarles información, alimentación, albergue, atención médica, comunicación con sus familiares, ofertas laborales, apoyos para transportarse a sus lugares de origen o residencia, entre otros servicios; ello representa un aumento de 3.3 por ciento en comparación con lo reportado en igual periodo del año anterior.

Es por lo anterior, que en la presente proposición planteo que esta honorable asamblea realice un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dentro de los marcos legales, la Embajada de México en Estados Unidos, lleve a cabo las acciones necesarias para que la deportación de mexicanos se realice de una manera equitativa y con base a la capacidad que tienen los centros de recepción en los diferentes estados, permitiendo que los connacionales sean enviados a los diferentes puntos ubicados en la frontera norte.

Con ello, permitiremos que los ciudadanos que viven en ciudades donde existen centros de repatriación para migrantes, tengan la tranquilidad y la certeza de que no habrá asentamientos con los que se generen un mayor índice de inseguridad, generación de basura y enfermedades; entre otras cosas.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que lleve a cabo las acciones necesarias, en colaboración con las autoridades de Estados Unidos de América, para que las deportaciones que se realizan en la frontera norte de nuestro país, se lleven a cabo en los diferentes estados fronterizos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la conmemoración del centenario luctuoso del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, a cargo del diputado Tomás Brito Lara, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Tomás Brito Lara, diputado a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, numeral 1, inciso c) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Indudablemente el proceso revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910, constituyó el movimiento político, económico y social más importante del siglo XX en los Estados Unidos Mexicanos.

Que dicho parteaguas histórico tuvo como origen el denominado Plan de San Luis, concebido y publicado por don Francisco I. Madero.

En consecuencia, la invitación a la lucha armada suscitada en el Plan de San Luis, generó diversos levantamientos que dieron como resultado, en mayo de 1911, la renuncia del general Porfirio Díaz Mori a la Presidencia de la República, cargo en el cual se había entronizado por alrededor de 30 años.

Que ante la ausencia de titular del Poder Ejecutivo se nombró como presidente interino a Francisco León de la Barra, y se convocó a nuevas elecciones, resultando triunfadora la fórmula integrada por Francisco I. Madero, y José María Pino Suárez, en sus calidades de presidente y vicepresidente de la república, respectivamente.

Así pues el 6 de noviembre de 1911, como consecuencia del mandato de las urnas, Madero y Pino Suárez tomaron protesta de sus cargos de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de tratarse de un gobierno surgido de un proceso revolucionario, el régimen maderista se encontró con una serie de obstáculos y dificultades que tenían por objeto impedirles pacificar el país, evitar que implementaran su modelo de gobierno y obstaculizar que instauraran plenamente la democracia en todo el territorio nacional.

Hoy hay evidencia histórica que demuestra la serie de intereses que se conjugaron en contra del gobierno de Madero, lo mismo partidarios del régimen porfirista, representantes de gobiernos extranjeros, diversos medios de comunicación de la época, legisladores del Congreso de la Unión e incluso, algunos revolucionarios que no veían en lo inmediato representadas sus aspiraciones en el nuevo gobierno.

Tales circunstancias generaron un caldo de cultivo que permitió la génesis y consolidación de la asonada en contra del gobierno legal y legítimamente constituido.

En tal contexto, el 9 de febrero de 1913 se inició el golpe de estado que, en un primer momento, fue dignamente repelido por las tropas del general Lauro Villar, a cargo de la defensa del Palacio Nacional.

En un gesto de valentía, civismo y alta responsabilidad política, Madero salió ese mismo 9 de febrero de la residencia oficial, en ese entonces ubicada en el Castillo de Chapultepec, con dirección a Palacio Nacional para estar al frente de la defensa de la vida democrática y republicana de las instituciones.

Allí también habría de encontrarse, entre otros, con el vicepresidente Pino Suárez y con su hermano don Gustavo A. Madero.

En las siguientes horas y días una serie de intrigas, componendas y traiciones habrían de dejar al presidente y a sus leales seguidores en una situación de extrema vulnerabilidad, quedando de los instigadores del golpe militar y de quienes, al interior del propio gobierno, lo promovían y encauzaban.

El Pacto de la Embajada, signado el 18 de febrero de 1913, entre Victoriano Huerta, general a cargo de la defensa del gobierno maderista, Félix Díaz, el iniciador del golpe militar, y bajo los auspicios de Henry Lane Wilson, embajador estadounidense de esa época, habría de definir y condenar la vida del presidente Madero y de su vicepresidente Pino Suárez.

El 19 de febrero el presidente y el vicepresidente fueron apresados y obligados a renunciar a sus cargos. Se nombró un presidente interino que duró en su encargo tan solo 45 minutos, tiempo necesario para que se hicieran los trámites que pretendieron investir de legalidad el arribo al poder del traidor Victoriano Huerta.

La mañana del 22 de febrero de 1913, a un costado de la entonces penitenciaria de Lecumberri, fueron asesinados el presidente don Francisco I. Madero y el vicepresidente don José María Pino Suárez.

Nos encontramos a menos de tres meses de que se cumplan 100 años de tan lamentables hechos, por ello consideramos prioritario traerlos a la memoria de los mexicanos en el afán de que se conozcan y valoren las dificultades que ha enfrentado la democracia para irse consolidando en México.

Pero sobre todo que se recuerde el sacrificio de dos hombres como Madero y Pino Suárez, que de buena fe se entregaron al ejercicio de gobierno con el noble propósito de construir un México diferente.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para la conmemoración del centenario luctuoso del presidente don Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXII Legislatura, encargada de organizar, coadyuvar y dar seguimiento a una serie de eventos que permitan explicar a las mexicanas y los mexicanos las circunstancias históricas en que fallecieron tan distinguidos compatriotas.

Segundo. Con pleno respeto a su soberanía, respetuosamente, se exhorta a los gobiernos estatales de Coahuila y Tabasco para que en el ámbito de sus facultades se sumen a esta importante conmemoración, en virtud de tratarse de dos próceres mexicanos nacidos en dichas entidades federativas, y que con el sacrificio de sus vidas contribuyeron de manera fundamental a la construcción del México de hoy.

Tercero. La Comisión Especial para la conmemoración del centenario luctuoso del presidente don Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, estará integrada por diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, su presidencia será rotatoria entre los tres grupos parlamentarios más numerosos, de tal suerte que cada uno presida un año el ejercicio de esta comisión especial, y cada grupo parlamentario que no ocupe la presidencia contará con un secretario; y funcionará durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 38 del Reglamento, la Cámara de Diputados celebrará una sesión solemne para conmemorar el centenario luctuoso del presidente don Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, el 22 de febrero de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Tomás Brito Lara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a establecer una campaña de promoción turística del pueblo mágico Mineral de Pozos, en San Luis de la Paz, Guanajuato, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 76, fracción IV, 79, numeral 2 fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que elabore una campaña de promoción turística de Mineral de Pozos, declarado pueblo mágico, ubicado en San Luis de la Paz, Guanajuato.

Consideraciones

El sector turístico en México está considerado como la tercera fuente generadora de divisas, sólo después del petróleo y las remesas enviadas por trabajadores migrantes, y está llamado a ser la segunda fuerza, ya que a diferencia del petróleo este es sustentable y tiene la característica de dar empleo sin distinción de género, situación geográfica o condición social.

Cabe mencionar que actualmente de cada dólar que entra a México por divisas de turismo, 44 centavos son generados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el cual se encuentra hasta ahora bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo (Sectur) y por cada millón que invierte el órgano, genera 981 empleos directos y 314 empleos indirectos. Para ello no sólo se debe consolidar la oferta turística existente, sino que se requiere ofrecer más y mejores servicios de turismo tales como transporte, telecomunicaciones, comercio, entretenimiento y alimentación, entre otros, por lo que es necesario que la política pública mantenga a este sector como una actividad prioritaria del estado.

Las principales demandas del país van encaminadas a que al turismo se le siga dando la importancia que hasta hoy ha tenido, y que se posicione al país como uno de los líderes en el mercado regional y mundial, explotando de forma adecuada y sustentable sus recursos naturales y culturales para el desarrollo regional.

Mineral de Pozos es un poblado ubicado en San Luis de la Paz, Guanajuato. Pozos fue un asentamiento sumamente importante en la antigüedad, famoso por los yacimientos de oro, plata, mercurio, cobre y otros metales.

El desarrollo minero de la zona tuvo un crecimiento paralelo en actividades comerciales. Sin embargo, la bonanza desapareció con el estallido de la Revolución Mexicana y la falta de dinero, lo que provocó el éxodo masivo a otros centros de trabajo, y motivó el abandono total del pueblo. No hace mucho tiempo Mineral de Pozos era considerado un pueblo fantasma, pues las oportunidades de empleo en la zona eran escasas.

En los meses recientes, San Luis de la Paz fue una de las regiones más afectadas por la sequía que azotó al campo mexicano, lo que provocó una crisis en el municipio, ya que las personas residentes del lugar basan su economía en el cultivo del temporal.

En febrero pasado la Secretaría de Turismo, con el apoyo del gobierno estatal declaró Pueblo Mágico a Mineral de Pozos, con la extraordinaria oportunidad de dar a conocer su historia y costumbres.

No cabe duda que Mineral de Pozos lo necesita y se lo merece por guardar las grandes historias que hay en cada una de sus calles, de sus ex haciendas, edificaciones y sobretodo de las experiencias que cada una de las personas que habitan tienen que contar. De tal forma que el nombramiento como pueblo mágico sea una esperanza para los pobladores de este hermoso lugar, pues se fortalecerá la economía de la entidad a través de la generación de empleos.

Recordemos que es nuestra obligación como legisladores preservar las tradiciones y velar por el desarrollo de nuestras comunidades.

Es por eso, que lo invito a apoyar la presente propuesta, pidiendo a la Secretaría de Turismo a que realice una campaña de difusión de la entidad, para incrementar el turismo tanto nacional como extranjero.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer una campaña de promoción turística de Mineral de Pozos, pueblo mágico, ubicado en San Luis de la Paz, Guanajuato. A fin de contribuir en el desarrollo económico, social, cultural e histórico de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a reconsiderar la demanda presentada contra Fabián Gómez Hernández y Adrián Ruiz, director del portal Contraparte Informativa y columnista de El Heraldo de Puebla, respectivamente; y a encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Roxana Luna Porquillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 22 de febrero de 2011, entre opiniones a favor y en contra y sin realizar los foros solicitados por los trabajadores de los medios, el Congreso de Puebla aprobó, con 40 votos a favor y 1 abstención (del Partido del Trabajo), la despenalización del “daño moral”, como la figura legal que engloba los llamados “delitos de prensa”, difamación y calumnia, y colocarlos en el rango civil, para que los “infractores” ya no paguen con cárcel su “falta” sino que sea por medio de una sanción económica fijada por un Juez, quien a su criterio “castigue” con un monto económico al periodista. Empero, la sanción económica puede tan alta que lo despoje de su patrimonio.

La iniciativa fue presentada al congreso por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Éste pretendía definir como daño moral la “afectación que una persona sufre en su prestigio, sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos” y dar la responsabilidad en la obligación del derecho de réplica al periodista y no al medio. Finalmente, la iniciativa tuvo algunos cambios.

Los diputados también aprobaron que el monto máximo de la sanción por “daño moral” sea de 3 mil días de salario mínimo (170 mil 100 pesos de acuerdo con el tabulador 2011 para la zona C). Además, un artículo transitorio que obliga al Congreso del estado a legislar en un periodo no mayor de seis meses una “ley de responsabilidad civil sobre la personalidad para puntualizar los derechos al honor, vida privada y propia imagen”.

Esta propuesta fue calificada como “ley mordaza” y en las redes sociales llegó hasta la creación de un hashtag: #rafamordaza.

Esta reforma –señalaron algunos trabajadores de los medios– dejó abierta la posibilidad de un mecanismo de autocensura que, sin una regulación, es el juez quien establece la sanción económica a su arbitrio, que puede ser estratosférica, de tal magnitud que será imposible que el sancionado la pueda pagar.

Pues bien, y... la “ley mordaza” funcionó.

El director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Ejecutivo local, Sergio Ramírez Robles, tramitó las querellas en que se asienta que Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, violaron los artículos 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y 6o. y 7o. de la Constitución General de la República, y de que, fuera de contexto, insultaron a funcionarios del gobierno de Puebla”. Que varios funcionarios han “soportado” durante año y medio “humillaciones e insultos”. Los acusados han publicado que Moreno Valle es intolerante ante la crítica y pretende imponer una relación autoritaria entre el gobierno, los medios de comunicación y los periodistas.

“Sobrepasaron –dice la querella– los límites del libre ejercicio del periodismo y abusaron de la libertad de expresión en perjuicio del honor del gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos”. Los medios han filtrado que se trata de una lista en la que aparecen otros 17 periodistas que han criticado a la administración estatal, quienes podrían enfrentar acciones similares.

El gobierno de Puebla exige que el Poder Judicial declare a los informadores responsables “de daño moral causado por hecho ilícito, cometido en agravio de diversos funcionarios del gobierno estatal” y que “por vía de reparación del daño moral, (se ordene) la publicación de un extracto de la sentencia que se dicte en el presente juicio, en la cual se declare la existencia de la responsabilidad civil”.

Consideramos preocupante que se demande a periodistas, pues es evidentemente un rasgo de autoritarismo, que inhibe el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la pluralidad, exigido por un régimen democrático. Los funcionarios públicos, por tener esa calidad, son parte de la observación y crítica permanentes, y de ellos lo que se espera es precisamente tolerancia a la crítica. Este tipo de gobernadores no sólo no ve ni oye la crítica y las observaciones de los opinadores públicos sino que ahora, como gobierno, un funcionario introduce una querella en nombre de todo un gobierno y del conjunto del aparato estatal, exigiendo una reparación del daño, posiblemente pretendiendo que los informadores rectifiquen diciendo que el gobierno “ha cumplido todas las promesas que ha anunciado.”

No es una demanda individual, de una persona física que alega un daño específico, sino una acusación de un funcionario público que sale en defensa de su jefe, el gobernador y de todos los demás funcionarios públicos y, por su carácter, obviamente, los juzgados deben desechar las querellas.

“La atribución del vocero de tramitar demandas en nombre del gobernador o de funcionarios de gobierno es inconstitucional –han dicho públicamente los especialistas–. Los derechos a la personalidad, la vida privada, el honor y la propia imagen son personalísimos; sólo quien considera que se violó su derecho puede demandar. El decreto que concede facultades al vocero no puede estar por encima de la Constitución”. Además, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresamente concluyen que “el derecho a la información está por encima de los personales de los funcionarios públicos, quienes son personalidades que permanentemente son observados en su actuar como tales y que tienen por obligación entablar una relación pública con la sociedad”.

Los medios de comunicación han informado que los otros periodistas amenazados con la demanda son

1. Adrián Ruiz (El Heraldo de Puebla);

2. Selene Ríos Andraca (Central);

3. Salvador Ríos (El Sol de Puebla);

4. Fabián Gómez (Contraparte Informativa);

5. Enrique Núñez Quiroz (Intolerancia Diario);

6. Álvaro Delgado (Proceso);

7. Iván Tirzo (El Sol de Puebla);

8. Alejandro Mondragón Quintero (Status);

9. Valentín Varillas (Status);

10. Rodolfo Ruiz Rodríguez (e-consulta);

11. Fernando Pérez Corona (e-consulta);

12. Ricardo Morales (Intolerancia Diario);

13. Jorge Castillo (Intolerancia Diario);

14. Cirilo Calderón (El Sol de Puebla);

15. Carlos Macías Palma (El Popular);

16. Eduardo Rivera Santamarina (Unomásuno);

17. Fermín Alejandro García (La Jornada de Oriente);

18. Fernando Maldonado (Periódico Digital); y

19. Arturo Rueda (Cambio).

Ante tales hechos, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular Poder Ejecutivo de Puebla a reconsiderar la demanda presentada contra los periodistas, Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista de El Heraldo de Puebla, y a encabezar un diálogo que exprese la tolerancia a la crítica y sea un avance en defensa de la libertad de expresión.

Palacio Legislativo, a 15 de noviembre de 2012.

Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP a vigilar el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a cargo del diputado Gerardo Peña Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Gerardo Peña Avilés, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 6, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, a vigilar con estricta rigurosidad el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido la plaza mediante concurso, evitando con esto su despido, al tenor de la siguientes

Consideraciones

El Servicio Profesional de Carrera se establece como un sistema que sirve para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito y a fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. Sirve para atraer, retener, motivar y formar a los mejores hombres en el servicio público, garantizando que la administración pública transite por los distintos cambios de gobierno con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, asegurando que siendo políticamente neutro, sea un factor estratégico de la competitividad del país.

La profesionalización de la administración pública es importante porque cuanto mejor preparados estén los servidores públicos, mayor será la calidad de los bienes y servicios que el gobierno pueda brindar a los ciudadanos. El manejo de los recursos públicos será más eficiente si sus administradores están bien capacitados. La imagen social de las instituciones gubernamentales mejora en la medida en que los ciudadanos se dan cuenta de que en cada trámite hay intención de mejorar la relación con ellos.

Profesionalizar significa mejorar los procesos de selección para atraer a los mejores candidatos del mercado laboral. También significa crear mecanismos que permitan garantizar de forma permanente que los servidores públicos cuentan con los conocimientos y las habilidades requeridos para desempeñar sus tareas y actividades, estableciendo mecanismos que permiten valorar periódicamente si los servidores públicos cumplen las metas y si lo hacen de manera más efectiva y eficiente.

El Servicio Profesional de Carrera se fundamenta en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003; entró en vigor el 7 de octubre del mismo año. Su implantación gradual inició el 5 de abril de 2004, fecha en que entró en vigor su reglamento.

La operación plena del Servicio Profesional de Carrera se realizó en 2006. A 2010, los datos reportados de la Cuenta Pública ya fiscalizados nos decían que había 1 millón 698 mil plazas en la administración pública federal y que de ella solamente 35 mil 689 (2.1 por ciento) estaban registradas en el Servicio Profesional de Carrera.

Actualmente, el Servicio Profesional de Carrera cuenta con un registro de 29 mil 938 servidores activos registrados.

El próximo gobierno tendrá la posibilidad de designar nada menos que 1 millón 662 mil 785 plazas. Además de los secretarios, los subsecretarios, los oficiales mayores y los titulares de unidad, que juntos suman 643 plazas, el próximo presidente podría nombrar a casi 4 mil 500 directores generales –incluidos los adjuntos–, a casi 10 mil directores de área y a más de 50 mil subdirectores y jefes de departamento.

Un factor que repercute al Servicio Profesional de Carrera es el cambio de autoridades. El simple hecho de que éstas se encuentren en un sistema de administración diferente puede ocasionar el despido de personal o, por otro lado, el uso indiscriminado de contratación de servidores públicos, justificándose con el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, el cual a la letra menciona:

Artículo 34. En casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el oficial mayor respectivo u homólogo, bajo su responsabilidad, podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier servidor público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta ley. Este personal no creará derechos respecto al ingreso en el sistema.

Una vez emitida la autorización deberá hacerse de conocimiento de la secretaría en un plazo no mayor de quince días hábiles, informando las razones que justifiquen el ejercicio de esta atribución y la temporalidad de la misma.

Por otro lado, las prácticas político-partidistas observadas históricamente al cambio de cada administración son el acomodo de personas en puestos clave, cuotas partidistas, negociaciones previas y despidos.

La rotación de personal de cada sexenio impide la profesionalización y el aprovechamiento de la experiencia adquirida por los servidores públicos, pues lo remplaza quienes en algunas ocasiones no cuentan con la profesionalización que requieren los puestos.

Como ejemplo actual podemos mencionar el caso del gobierno de Michoacán, donde incuso hace días renunció el titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, quien ha denunciado que la estructura gubernamental se plagó de amigos, compadres y familiares de las nuevas autoridades.

La situación ha generado incertidumbre con la llegada de la próxima administración al gobierno federal. Los funcionarios ven en riesgo la permanencia en el puesto, aun con el servicio profesional de carrera.

De ahí que sea indispensable que los funcionarios y sus familias cuenten con la certeza de garantizar su estabilidad económica y permanencia en el gobierno federal, respaldada y defendida con las prerrogativas que les otorga la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

De ahí la importancia de no perder de vista los aspectos por resolver de corto, mediano y largo plazos, en los cuales se pueden conseguir grandes resultados y consolidar un servicio profesional de carrera eficaz, oportuno, sin temor a los cambios de gobierno, anteponiendo el profesionalismo y la preparación de los funcionarios.

Por esto urge que se tomen medidas al respecto, para garantizar los puestos de trabajo que tienen los servidores públicos de carrera, otorgándoles certeza laboral, fortaleciendo un sistema que apenas cumple nueve años de existencia.

Por las razones expuestas, pongo a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, a vigilar con estricta rigurosidad el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal durante el periodo de transición y entrada en funciones de la siguiente administración, a fin de que se salvaguarden los derechos de los servidores públicos que han obtenido su plaza mediante concurso, evitando con esto su despido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Gerardo Peña Avilés (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada por la LXII Legislatura, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios, es creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y campo entre otros.

Considerando que las obras y acciones que se realizan con el fondo III están encaminadas a acciones sociales e inversiones en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.

De acuerdo a datos del Censo 2010 tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención del rezago social. Por consecuencia muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por la reducción.

Chiapas fue el que recibió mayor incremento, por el contrario Guerrero y Oaxaca fueron los de mayor reducción.

El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura –aunque no necesariamente se perciba- quedan fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación y por ende se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del presupuesto.

Junto con los municipios con alta migración por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, desplazamiento por inseguridad y rompimiento del tejido social.

Es por eso que el Inegi debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.

Además, debemos subrayar que los municipios dependen en un 81.1% de los recursos federales, frente al 10.1% que representa en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos, es decir, aproximadamente sólo el 1% por cien de los municipios de todo el país (21 municipios) son capaces de cubrir más del 75% de sus gastos operativos con ingresos propios.

Por eso, compañeros y compañeras, hago la siguiente propuesta:

Que ante la caída de los recursos del ramo 33 en los estados y municipios, el Pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social de 6266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos, de los cuales 5889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y el resto, que son 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del fondo III en el año fiscal 2012, con respecto al año 2011.

Este fondo que beneficiará a 1256 municipios de 28 estados de la república, se destinará exclusivamente para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del fondo III, o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, Aportaciones Federales, en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y deberá ser vigente hasta que se reformen los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y a los Municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los recursos del Fondo de Contingencias se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

• Agua potable,

• Alcantarillado,

• Drenaje y letrinas,

• Urbanización municipal,

• Electrificación rural y de colonias pobres,

• Infraestructura básica de salud,

• Infraestructura básica educativa,

• Mejoramiento de vivienda,

• Caminos rurales, e

• Infraestructura productiva rural.

Asimismo, esta legislatura deberá convocar a una mesa de trabajo para analizar el tema donde estén presentes la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, Asociaciones municipales y diputados federales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en virtud de sus facultades, constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social por la cantidad de 6,266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos.

Segundo. El fondo de contingencia será distribuido de la siguiente manera: 5,889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se destinarán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al año fiscal 2012 con respecto al 2011; el resto, es decir, 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos se destinarán a los estados que vieron reducidos sus ingresos del citado fondo III, correspondientes al año fiscal 2012, con respecto al 2011.

Diputada Teresa de Jesús Mojica Morga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a fortalecer de manera coordinada acciones y programas para prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol entre la población, particularmente los jóvenes, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Humberto Armando Prieto Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2; y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a fortalecer de manera coordinada las acciones y los programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol entre la población, particularmente los jóvenes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El consumo de alcohol es el principal problema de adicción en el país, revela la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011. De acuerdo con sus resultados, pese a que el consumo de drogas ilegales es aún elevado, sobre todo la mariguana, éste no ha aumentado de manera drástica.

Sin embargo, respecto a las drogas lícitas –por una parte–, el uso de tabaco y de medicamentos de prescripción presenta disminuciones relativas, pero –por la otra– el consumo de alcohol, sobre todo en jóvenes y mujeres, ha aumentado de manera alarmante.

Los datos más preocupantes tienen que ver con el consumo de alcohol: mientras en 2008 de la población de entre 12 y 65 años de edad, 61.3 por ciento aceptó haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas, para 2011 la proporción subió a 71.3. La cantidad de personas que admitieron tener dependencia al alcohol se incrementó de 5 por ciento en 2008 a 6.2 en 2011.

Por género, las cifras arrojan que de 2002 a 2011 la dependencia al alcohol aumentó en los hombres de 8.3 por ciento a 10.8 y en las mujeres se triplicó: de 0.6 a 1.8.

Entre los adolescentes, los hombres comienzan a beber alcohol a los 16 años y las mujeres a los 19. En este sector de la población, de acuerdo con la encuesta, el consumo de alcohol aumentó significativamente.

El consumo ocasional por alguna vez pasó de 31.7 por ciento en 2008 a 42.9 en 2011. Por otro lado, la dependencia se incrementó de 2.7 en 2008 a 4.1 en 2011. La Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 revela que el principal problema de adicción de los mexicanos es el alcohol y que la bebida predilecta es la cerveza, seguida de los destilados como brandy, tequila, ron, whisky, coñac y vodka.

Las regiones centro y norcentral del país presentan una prevalencia, en el último año, por arriba del promedio nacional. La sur y la centro-sur son las menos afectadas.

Según el Informe de la situación mundial sobre el alcohol y la salud 2011, de la Organización Mundial de la Salud, México se encuentra entre los países con mayores tasas de consumo de alcohol y con alto riesgo, junto con Kazajistán, la Federación Rusa, Sudáfrica y Ucrania.

El informe establece que las tasas de muerte y discapacidad atribuibles al consumo de este tipo de bebidas son altas en México y en la mayoría de los países de Sudamérica. Las muertes por cirrosis de personas de 15 años y más fueron de 69 por cada 100 mil habitantes en el grupo de los hombres, mientras que en el caso de las mujeres se situaron en 19.5 por cada 100 mil habitantes. Para el caso de los accidentes de tránsito vinculados al consumo de alcohol, los decesos fueron 28.6 por cada 100 mil habitantes en hombres y 6.3 para las mujeres.

Según algunas estimaciones, el alcoholismo absorbe 6 por ciento del gasto público y genera improductividad, pues se pierden 160 mil horas-hombre quincenales, mientras que representa 15 por ciento del ausentismo laboral, e incrementa la deserción escolar.

Cada año se suman a las filas del alcoholismo 1.7 millones de mexicanos; además, de acuerdo con autoridades judiciales, un alto porcentaje de los delitos y de los suicidios en el país se relaciona estrechamente con las bebidas embriagantes. También contribuye con mayores índices de violencia, criminalidad, vandalismo y descomposición social.

El consumo excesivo de alcohol es una constante preocupación en salud pública debido al número de muertes y de años de vida saludables perdidos por la sustancia. El consumo excesivo daña tanto la salud del individuo como a las familias y a la sociedad en general.

Si bien desde hace algunos años hay una tendencia a implantar medidas, como mayor control de la publicidad en materia de alcohol, o bien, la instauración de estrategias como las campañas de difusión que buscan disuadir a la población del uso de la sustancia, los resultados no han sido favorables y la accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor.

El diagnóstico que la encuesta nacional y los estudios sobre el tema ofrecen debe tomarse en cuenta en la planeación de acciones y de políticas públicas en la materia. Ésta es tarea de todos. Corresponde a los expertos apoyar a la sociedad a pensar en las estrategias más adecuadas para combatir las adicciones; y a los padres de familia, hablar con los hijos acerca del consumo de alcohol y sus consecuencias, darles información realista de los peligros que conlleva, que se preocupen verdaderamente por ellos.

A los gobiernos, en sus distintos ámbitos, toca reforzar las acciones y los programas preventivos o, en su caso, desarrollar políticas de mayor eficacia que la alcanzada hasta ahora.

Compañeras y compañeros legisladores: no podemos permanecer como simples espectadores ante esta problemática, que destruye el futuro de muchos jóvenes, ni ser omisos ante la magnitud de los patrones de consumo indebido y excesivo de alcohol que caracterizan a la población, sobre todo a los jóvenes; es condenarlos a un futuro sin esperanza y garantizar que serán parte de los problemas de adicciones que tendremos como país.

Ante esa problemática, el Estado debe enfrentar con toda su capacidad y recursos el fenómeno, que crece a pasos agigantados. No podemos permitirnos la pasividad e indiferencia ante ello, sobre todo porque está en juego el futuro de niños y de jóvenes.

Por lo expuesto, someto a su consideración, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a fortalecer de manera coordinada las acciones y los programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo excesivo de alcohol entre la población, particularmente los jóvenes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria a impulsar acciones para solucionar el conflicto territorial de la zona de los Chimalapas, que ha mantenido en disputa a Oaxaca y Chiapas por 45 años, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Roberto López Rosado, diputado federal por el estado de Oaxaca, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno; proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, intervengan en la solución del conflicto territorial de la zona de Los Chimalapas, que durante 45 años han mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas, con base en las siguientes

Consideraciones

Los Chimalapas, zona indígena de las etnias Zoques y Tzotziles, ubicada entre el bosque tropical de los estados de Oaxaca y parte de Chiapas. Actualmente considerada una de las últimas reservas de selva tropical del país con un delicado ecosistema de gran riqueza al producir el 40% de los escurrimientos pluviales que alimentan lagunas y estuarios que enriquecen de variedades de pesca al Golfo de México y al Istmo de Tehuantepec, y que además dan nacimiento a los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá, así como una parte de los muy caudalosos Grijalva-Usumacinta. Con una extensión de 594 mil hectáreas, 460 mil pertenecen a Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapas.

Por muchas razones, los Chimalapas resultan ser una de las regiones indígenas con más procesos de intervención institucional del país, y al mismo tiempo de las menos conocidas para la población mexicana.

En este sentido, los antecedentes del territorio Chimalapa nos remontan a miles de años de ocupación y poblamiento, como se testifica en los restos prehispánicos que los comuneros guardan, y los propios estudios arqueológicos de los mixe-zoques, antes llamados olmecas .

Lamentablemente durante los últimos 45 años, los indígenas, comuneros y ejidatarios de esta región (Santa María y San Miguel Chimalapas), se encuentran enfrentando una lucha permanente por la reivindicación agraria del conflicto territorial surgido de la resolución presidencial de Gustavo Díaz Ordaz en 1967, que legalizó la posesión de 594,000 has. (6,759.31 km2), a favor de estos dos municipios, en contra de controversias promovidas por ejidos y colonias de Municipios inconformes.

Los principales puntos de conflicto se encuentran en la zona oriente con ejidos de Chiapas, abarcando más de 100,000 hectáreas de ejidos ubicados en bienes comunales de Los Chimalapas, por lo que están asentados de manera irregular. Cabe señalar que algunos cuentan con decretos o resoluciones presidenciales en controversia con las resoluciones de Los Chimalapas.

Es importante mencionar que a pesar de los incipientes avances obtenidos por los comuneros de los Chimalapas en la defensa de sus territorios, el conflicto de la zona oriente con ejidatarios y terratenientes adscritos a Cintalapa sigue vigente, y que por el hecho de ser una zona interestatal, aparenta ser una invasión agraria y se presta a falsas controversias por límites entre estados, aunque en realidad se trata de errores acumulados por las instituciones que hace 45 años les entregaron resoluciones presidenciales hechas desde el escritorio sin el conocimiento necesario de las zonas en conflicto, lo que ha provocado un grave problema social entre hermanos indígenas zoques y tzotziles de los estados involucrados, quienes en la lucha por defender sus territorios, han violentado la paz y armonía social e incluso derramado su propia sangre.

Esta situación ha favorecido la tala clandestina de su vasto ecosistema y la explotación desmedida de sus recursos minerales; pero lo más alarmante del conflicto es la imposibilidad de llevar el desarrollo de infraestructura básica que las comunidades exigen desde tiempos inmemorables, lo que hace que el progreso se vea cada vez más lejano.

El 2 de agosto de 1999, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, convocados por las secretarías de la Reforma Agraria (SRA) y Medio Ambiente (Semarnat), reconocieron que en el origen del conflicto estaba el problema agrario y no era por límites entre estados, y las autoridades agrarias ofrecieron regularizar 9 ejidos con resoluciones presidenciales posteriores a las de Santa María y San Miguel Chimalapa, y que en conjunto suman 22,929 has, en una zona de conflicto que en algún momento fue calculada hasta en 160,000 hectáreas incluyendo todos los poblados.

Sin embargo, la falta de voluntad de las diferentes instancias de gobierno, e intereses mezquinos, por las grandes riquezas que posee la zona de Los Chimalapas, han impedido durante décadas la solución del conflicto.

A principios de 2012, los Chimalapas presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el gobierno de Oaxaca presentó una tercera. Éstas se encuentran en proceso de revisión luego de que el Ministro Instructor que revisó el caso pretendió rechazarlas y enviarlas al Senado.

Actualmente Las autoridades comunales Chimas ganaron dos amparos por los cuales el gobierno de Chiapas tiene prohibido realizar cualquier acto jurídico o administrativo dentro del territorio comunal. Sin embargo, por su complejidad, el conflicto sigue latente.

Ante esta situación, exijo la urgente intervención del gobierno federal y la secretaria de la Reforma Agraria, para que en el ámbito de sus respectivas competencias; en coordinación con las Gobiernos de ambos estados (Chiapas y Oaxaca), participen para facilitar el diálogo entre las partes en conflicto y se dé una solución integral en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto, y fundado en el Artículo 79, someto a la consideración de esta soberanía y con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal y la Secretaría de la Reforma Agraria para que en el ámbito de sus respectivas competencias y con el carácter de urgente, impulsen las acciones pertinentes para dar solución del conflicto territorial de la zona de Los Chimalapas, que durante 45 años ha mantenido en disputa los estados de Oaxaca y Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Roberto López Rosado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer pública la situación de la deuda de Tabasco y la información sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario estatal y el costo total de las emisiones de deuda de corto y largo plazos contraída en el periodo 2007-2012, a cargo del diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal por Tabasco, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, propone punto de acuerdo, por el que se exhorta de urgente u obvia resolución a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento de la opinión pública el informe de la situación de la deuda pública de Tabasco, así como la información de los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario estatal y el costo total de las emisiones de deuda a corto y largo plazo contraída por el estado en el periodo 2007-2012.; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según informes de la secretaría de hacienda y crédito público al segundo trimestre de 2012 la deuda de los estados asciende a 404 mil 409 millones 498 mil 790 pesos, endeudamiento que incrementó más del 200 por ciento del 2000 a 2012, lo que representa un incremento anual de 24 por ciento.

En Tabasco no ha sido la excepción, los estados de situación financiera al tercer trimestre de 2012 reportan que la deuda a corto y largo plazo registrada por la secretaría de administración y finanzas asciende a los 10 mil 138 millones de pesos lo que sin duda representa una carga considerable a las finanzas del estado.

Aunado a esto, el pasado martes 13 de noviembre el Ejecutivo estatal –a cargo del gobernador Andrés Rafael Granier Melo– solicitó un nuevo empréstito para Tabasco por un monto de 4 mil 130 millones de pesos que según su exposición de motivos serán utilizados 2 mil 116 millones de pesos para refinanciar deuda y los otros 2 mil 14 millones de pesos para inversión de fortalecimiento a la infraestructura.

Actualmente Tabasco mantiene una deuda pública de 3 mil 45 millones 158 mil pesos, generada en su gran mayoría por la administración que encabeza el gobernador antes mencionado y que ha sido incrementada en 2 mil 506 millones de pesos lo que equivale a un aumento porcentual de 693 por ciento.

Con la autorización de este nuevo empréstito, Tabasco pasará de un endeudamiento de 3 mil 45 a 7 mil 175 millones de pesos que representaría un incremento de endeudamiento sexenal por 6 mil 736 millones de pesos y porcentual de mil 634 por ciento.

Ante este hecho en el Partido Acción Nacional hemos sido incisivos con el tema del control de la deuda de los estados, y consideramos que estos instrumentos sin transparencia de los recursos públicos deben ser estudiados y analizados a fondo con la finalidad de mantener un estado con finanzas fuertes y estabilidad financiera.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 79, numeral 2 fracciones III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta –de urgente u obvia resolución– a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento de la opinión pública el informe de la situación de la deuda pública de Tabasco, así como la información de los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario estatal y el costo total de las emisiones de deuda a corto y largo plazo contraída por el estado en el periodo 2007-2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar por la Sedesol, el Inegi y el Consejo Nacional de Población estudios técnicos para establecer como zona metropolitana, si se cumplen los requisitos, Irapuato y Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado Genaro Carreño Muro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Genaro Carreño Muro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al Consejo Nacional de Población (Conapo) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a realizar las acciones necesarias para aprobar la integración de Irapuato y Salamanca, Guanajuato, como una zona metropolitana, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Varias regiones del país han experimentado un acelerado proceso de urbanización: concentración de población que se materializa en el crecimiento del número y del tamaño de las ciudades, lo cual provoca la multiplicación de zonas metropolitanas.

El crecimiento de las ciudades da paso a procesos cada vez más complejos, donde éstas desempeñan un papel de la mayor importancia en la dinámica económica, política, social y cultural del país.

Zona metropolitana se define como el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa municipios vecinos predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.1

En 1940 se reconoció la existencia de 5 zonas metropolitanas. El número no ha dejado de aumentar de acuerdo con diversas fuentes y autores, hasta alcanzar 56 en el país para 2005.

Las zonas metropolitanas concentran 56 por ciento de la población, representan 79 por ciento de la población urbana y 75 por ciento del producto interno bruto nacional. Por tanto, el perfil demográfico y económico de México ha cambiado hacia un carácter predominantemente urbano y particularmente metropolitano.

La delimitación de las zonas metropolitas es llevada a cabo por un grupo interinstitucional integrado por la Sedesol, el Inegi y el Conapo, que considera como criterios que la población sea superior a 50 mil habitantes. Otro es el criterio de conurbación: unión física entre las localidades de dos o más municipios.

Ése es uno de los principales criterios en que se sustentan las delimitaciones, las cuales se complementan con los de integración funcional y carácter urbano, cuyos indicadores y parámetros específicos varían.

Actualmente, Guanajuato cuenta con cuatro zonas metropolitanas: León, que comprende la participación de cinco municipios vecinos; Uriangato-Moroleón; Pénjamo-La Piedad; y Laja-Bajío, que abarca nueve municipios, entre ellos Celaya.

En mayo del año pasado, el todavía gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, y los presidentes municipales hasta ese entonces firmaron el convenio de constitución de la zona metropolitana Irapuato-Salamanca, reconocida con tal carácter en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio vigente.

Con esos instrumentos se pretende impulsar el bienestar general y el desarrollo urbano, y potenciar el desarrollo económico de esas ciudades, favoreciendo a los 786 mil habitantes de ambas.

La constitución de esta zona metropolitana cumple los requisitos marcados por el grupo interinstitucional y pretende alcanzar altos estándares de calidad de vida a través de la definición conjunta de políticas públicas en áreas como desarrollo social, seguridad pública, economía y ambiente privilegiando la conservación y el mejoramiento del ambiente, así como la movilidad no motorizada y el transporte público de calidad.

Irapuato cuenta con una población total de 529 mil 440 habitantes, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado por el Inegi en 2010.2 Se encuentra limitado al este con Salamanca, de 270 mil 732 habitantes. El promedio de densidad media urbana de ambas ciudades es de 58 habitantes por hectárea.

En cuanto a extensión territorial, en conjunto ocupan 5.28 del territorio de Guanajuato, y hay una distancia entre las dos ciudades de 8.4 kilómetros, presentando desarrollos inmobiliarios e industriales entre ambas localidades.

Como se mencionó, uno de los principales criterios que considera el grupo interinstitucional para delimitar una zona metropolitana es que la población sea superior a 50 mil habitantes, ampliamente superado por esos municipios, igual que el de conurbación, integración funcional y carácter urbano.

Adicionalmente, los municipios tienen un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades industriales, comerciales y de servicios superior o igual a 75 por ciento.

Ambos municipios representan un importante polo de desarrollo económico y social, integrándose en 3 de los 7 corredores económicos del estado, dato que resalta la ubicación estratégica y la dinámica económica. Además, la población crece rápidamente, con una tasa de 1.73 por ciento anual, que supera el promedio nacional, de 1.4.

Por tanto, esta iniciativa aprovecha las capacidades competitivas y la vocación socioeconómica con visión de desarrollo regional de forma equilibrada y complementaria.

De constituirse la zona metropolitana podrá contarse con una política de desarrollo sustentable que considere lineamientos de uso de suelo y construcción de vivienda con criterios incluyentes que atiendan preferente a los grupos sociales en situación de pobreza y protejan el ambiente. Además, permitirá implantar mecanismos de financiamiento para la construcción de infraestructura, el equipamiento y el mejoramiento urbano, así como hacer más eficiente el ordenamiento del territorio que contenga la dispersión urbana y aumente la densificación de ambas ciudades.

En virtud de lo anterior es necesario integrar Irapuato y Salamanca al Atlas Nacional de Zonas Metropolitanas y potenciar así su desarrollo, contribuyendo a tener ciudades abiertas e integradas que constituyan espacios públicos seguros, activos y de alta calidad, así como generar una imagen urbana ordenada y sustentada en lineamientos de diseño urbano que fomenten los conceptos de identidad y patrimonio.

Con todas las ventajas esbozadas, la zona podrá ser beneficiada por las asignaciones del Fondo Metropolitano, cuyos recursos están destinados a gastos de inversión con efecto directo también en inversión privada, lo que contribuye a cubrir la demanda de bienes y servicios y generar empleos indirectos sin ejecutar gasto corriente. Asimismo, los municipios estarán sujetos a la planificación metropolitana producto de la coordinación de éstos entre sí y con el estado.

Exhortamos al grupo interinstitucional formado por la Sedesol, el Inegi y el Conapo a aprobar la integración de Irapuato y Salamanca al Atlas Nacional de Zonas Metropolitanas, pues cumplen los requisitos de dicha instancia.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al gobierno federal a realizar por la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Población, como parte del grupo interinstitucional que realiza la delimitación de las zonas metropolitanas, los estudios técnicos a que haya lugar para que en caso de que se cumplan los requisitos necesarios, se establezcan como zona metropolitana Irapuato y Salamanca, Guanajuato.

Notas

1 Sedesol, Conapo, Inegi. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005.

2 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2012.

Diputado Genaro Carreño Muro (rúbrica)