Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3671-VII, jueves 20 de diciembre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto del 29 de noviembre de 2012 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un mandato caracterizado por la corrupción, la permanencia de las viejas prácticas de opacidad y la impunidad. Mientras el resto del mundo siguió creciendo y apostando a políticas públicas efectivas, México se sumió aún más en el rezago.
Sin miedo a equivocarnos la decisión más desafortunada de su gestión fue la de emprender una guerra sin analizar las consecuencias que ésta traería.
Para el ex presidente Calderón, los 90 mil muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico significaban daños colaterales, un costo que se tenía que pagar en aras de ganar la batalla contra el crimen organizado.
Así, las personas fallecidas eran estadísticas para el gobierno, no eran padres que dejaban huérfanos a sus hijos, esposos que dejaban viudas, hermanos, hijos, amigos. Al pasado ejecutivo no le importó tener cabeza fría ante los atroces crímenes cometidos contra civiles inocentes.
Ahora que ha dejado la presidencia parece comenzar a importarle, parece comenzar a tomar dimensión del clima de inseguridad que dejó en el país. Sus “daños colaterales” han dejado de ser un costo necesario de la guerra, para convertirse en riesgos reales.
El pasado 30 de noviembre, el mandatario emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia. A través de una modificación al Reglamento del Estado Mayor Presidencial facultó al general Roberto Miranda, nuevo jefe de dicho órgano militar, a autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias según el riesgo que cada caso particular presente.
La fracción IX del artículo 11 de dicho Reglamento ahora establece que:
Artículo 11. El jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:
IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular.
Con esta medida, el ex presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país, a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de la consecuencias que sus propios actos propiciaron.
Haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho obligatorio, se obliga a que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su seguridad.
El pasado titular del ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que, ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir en un gasto de esta naturaleza resulta indignante.
Según la descripción oficial del gobierno, la misión del Estado Mayor Presidencial es “dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia”.
En ningún momento se especifica que la misión de este órgano militar sea proteger a los ex presidentes de los errores cometidos durante su administración.
¿Cómo se pueden pedir más concesiones a ex mandatarios cuando México tiene el primer lugar de salarios mínimos mensuales e infraestructura destinados a los ex presidentes, superando incluso a países como Estados Unidos e Inglaterra?
Se destinan aproximadamente 5.8 millones de pesos mensuales a los ex titulares del ejecutivo, lo que implica un costo aproximado para los mexicanos de 280 millones de pesos al año.
El salario mínimo promedio en México es de 60.86 pesos, por lo que esto equivale a 4 millones 600 mil 722.97 de remuneraciones en un país en el que sector informal genera 2 millones 8 mil empleos.
¿Cómo nos podemos dar el lujo de otorgar estas pensiones cuando, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país existen 52 millones de pobres? Esto representa a 2010 el 46.2 por ciento de la población total, es decir la mitad de la población vive en pobreza mientras 5 ex presidentes reciben millones de pesos al año.
Si se repartiera este dinero entre los 90 mil “daños colaterales” de la guerra a la que ahora finalmente dimensiona Calderón, se podrían otorgar en el sexenio 18 mil 666.67 pesos por persona. ¿Quién necesita más ese dinero, las familias de los muertos en la guerra o políticos sátrapas que sólo buscan blindar las deficiencias de su administración?
Aún cuando el artículo tercero transitorio del decreto establezca que “las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente los recursos destinados a ex presidentes ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero sino también de equidad.
Ya basta de aumentar la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y la clase política, el país es uno, los problemas nos involucran a todos. Si todos pagamos las consecuencias de las decisiones tomadas, todos debemos contar con las mismas condiciones de seguridad, las consideraciones especiales no tienen cabida en este contexto.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se derogue el decreto oficial, con fecha 29 de noviembre del 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías de Acapulco de Juárez, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Junta de Coordinación Política, la creación de un grupo de trabajo plural de diputados, que dé seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías municipales de Acapulco de Juárez, conozca el deslinde de responsabilidades y promueva el ejercicio de la acción penal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Por diversos medios nacionales, hemos sido testigos de una serie de abusos cometidos por los policías municipales de Acapulco, los cuales hasta el momento no han sido castigados, prevalece la impunidad auspiciada desde el gobierno municipal y resulta indispensable que esta soberanía le dé seguimiento a este hecho de violencia que ha indignado a la sociedad del puerto de Acapulco.
Desde hace 481 años, que apareció la Virgen de Guadalupe y que iniciaron las peregrinaciones en todos los rincones de nuestra nación, jamás se había suscitado una agresión policiaca en contra de peregrinos; por el contrario, es costumbre, que las diversas policías coadyuvan al buen desarrollo de esta tradición popular, dando vialidad y garantizando la seguridad de los feligreses.
El día 12 de diciembre, cuando se realizaba una peregrinación guadalupana de comerciantes del Mercado Central que se dirigían a la Catedral de Acapulco, ubicada sobre la Costera Miguel Alemán, estando ya a unos metros de llegar, los policías municipales empezaron a disparar en contra de los peregrinos, donde como es costumbre iban familias completas, ante los disparos de policías todos empezaron a correr, entre ellos mujeres y niños. El saldo fue de tres peregrinos heridos.
Este hecho lamentable de violencia tuvo un impacto nacional, porque nunca en la historia de ningún gobierno municipal, se había registrado una agresión de esta naturaleza en contra de peregrinos, que pacíficamente acuden a venerar a la Virgen de Guadalupe; ni en los peores momentos del país, se habían registrado hechos violentos de esta magnitud en contra de una peregrinación, que para la gente en México tiene un rango de sagrada y de unión familiar.
Si los hechos de violencia son condenables, más aún resulta condenable la serie de contradicciones y encubrimiento desde el poder municipal que se registraron posteriormente.
El Alcalde Luis Walton Aburto publicó un día después de los hechos, consultable en su cuenta personal de Twitter: @LuisWalton, que había “puesto a disposición del MP a 25 policías municipales”, sin embargo sólo entregó a 11. De los otros 14 hasta la fecha no se sabe nada.
Como era de esperarse, de los 11 entregados, a todos les resultó negativa la prueba de rodizonato y con una fianza salieron libres. Lo anterior generó aún mayor indignación en la población de Acapulco, porque con un pago ante el MP se podría disparar a la ciudadanía, o que finalmente, ya nadie es culpable; con Acapulco tenemos contacto muchos de nosotros, porque el puerto representa nuestro destino turístico por excelencia y acudimos con frecuencia a él.
Como se advierte, son dos aspectos indignantes: primero el hecho de violencia en contra de peregrinos, el cual no se reduce a una renuncia de funcionarios, sino a la sanción ejemplar, sean del nivel que sean. Y el segundo, a la impunidad que se registra hasta el momento, derivado en parte, por la entrega tan solo de 11 elementos y no de los 25 como había aseverado el Alcalde que ya había consignado.
Amigas y amigos, que nadie se confunda y en aras de una cuestión partidista pretenda encubrir o desdeñar un tema que es de interés de todos, no se trata de un asunto de partidos, es un asunto estrictamente de justicia, y nadie puede contravenir estos principios básicos, por ello es indispensable la participación de esta soberanía.
La actuación indebida de una policía municipal y de sus superiores jerárquicos, pone en riesgo la preeminencia del estado de derecho.
Hasta el momento, lo que se ha leído es que el gobierno de Acapulco pretende trasladar su responsabilidad a otras administraciones e inclusive a los partidos políticos, valdría la pena citar las palabras textuales, con las cuales coincidimos, del diputado Silvano Aureoles, coordinador de los diputados del PRD, con motivo del acuerdo para integrar un grupo de trabajo en el caso Michoacán, que en el pleno aprobamos por unanimidad: “Son muy irresponsables quienes se han atrevido a señalar a los partidos de izquierda, como los causantes por estar detrás del conflicto, no se debe ante el pedido de una actuación acorde a la gravedad de los hechos, que el gobierno derive su deber y se escude trasladando a los adversarios políticos su propia responsabilidad”.
En el PVEM, tenemos claro que la sociedad demanda las mejores condiciones de convivencia para el desarrollo, y que es inadmisible la comisión de hechos, que agravien a los ciudadanos, en cualquier lugar del país.
Como representantes populares, estamos más que obligados a preservar el Estado de Derecho y erradicar la impunidad. Es por ello, que con respeto a la pluralidad, presento a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda crear un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados, para dar seguimiento a los hechos de violencia perpetrados por policías municipales de Acapulco de Juárez, conozca el deslinde de responsabilidades y promueva el ejercicio de la acción penal.
Segundo. El grupo plural de trabajo se formará por 8 ocho miembros integrado por 2 dos diputadas o diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 1 uno por cada uno de los diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.
Tercero. El grupo de trabajo empleará el diálogo, la mediación y la conciliación como los medios esenciales de su encomienda y se allegará de toda la información de la investigación del caso.
Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero para que realice sus actuaciones apegadas a derecho.
Quinto. El grupo de trabajo contará con los apoyos necesarios que determine la Junta de Coordinación Política. Dicho grupo estará vigente hasta la conclusión de su objeto y deberá presentar al Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de su objeto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para atender las amenazas contra los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios del país derivadas de fenómenos naturales, sociales y biológicos que pudieren desencadenar desabasto, mala calidad agroalimentaria o crisis alimentarias, a cargo de la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Cecilia González Gómez, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción XVIII, artículo 3; fracción I, articulo 6; numeral 2, artículo 62; fracción IV, numeral 1, articulo 76; y artículos 79, 97, 100 y 113, todos ellos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como en el párrafo 11 del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al pleno de la Cámara de Diputados crear la comisión especial para atender las amenazas a los recursos agrícolas, acuícolas, y pecuarios del país, derivadas de fenómenos naturales, sociales y biológicos que pudiesen desencadenar desabasto, mala calidad agroalimentaria o crisis alimentaria, con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 20 de junio de 2012, fue confirmada la presencia del virus de influenza aviar tipo A, subtipo H7N3 en el territorio nacional, información publicada por el Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Virus que se transmitió a través de contacto directo e indirecto con productos y subproductos derivados de animales expuestos e infectados a las aves, principalmente las de corral.
Segundo. La infección con el agente virulento alcanzó la impresionante cifra de más de veinticuatro millones de aves de postura que perecieron, lo que impactó de manera directa en la disminución de la producción de huevo en el país en un cincuenta por ciento en relación con el mismo periodo en el año anterior. Lo anterior llevó a que se tuvieran que tomar medidas emergentes, como la importación de huevo para lograr atenuar el consecuente incremento de precios, lo que terminaría mermando la calidad de vida de los mexicanos y de cientos de miles de familias que dependen de manera directa de este sector de la producción.
Tercero. Lo precisado en los puntos anteriores no es un hecho aislado, en el año dos mil nueve nos enfrentamos a la influenza porcina que no solo afectó a esta especie, sino que se propagó entre la población humana, alcanzando niveles de pandemia y en lo que respecta a nuestro país, afectó de forma grave a los productores de este cárnico.
Cuarto . Hechos como los arriba descritos se pueden sumar a la encefalopatía espongiforme bovina o “mal de las vacas locas” que afectó a Europa; la plaga de la mosca blanca del tomate; el ácaro rojo del plátano; la mosca pinta, que merma el maíz; el tripse oriental que actúa sobre la calabaza y el chile (estos últimos sólo en el territorio nacional, han afectado miles y miles de hectáreas en los años recientes), o el grave caso del “desorden de colapso de colonias de abejas” que está mermando la producción de miel en toda América del Norte, y no obstante esto, el empleo de transgénicos sin estudios a largo plazo, el drástico cambio climático de los últimos años, que trae sequias e inundaciones; la explotación y contaminación de los recursos acuíferos y zonas de pastoraje que derivan en daño directo a los productores nacionales, nos llevan inminentemente a formar parte de la crisis alimentaria mundial que se avecina.
Estos antecedentes son analizados según los siguientes
Considerandos
Como diputados federales debemos estar consistentes en todo momento de la importancia que representa el sector productivo mexicano en las vertientes de agricultura, ganadería y pesca, para alcanzar y mantener la soberanía alimentaria y el desarrollo nacional, con miras a cubrir el consumo interno y participar con real competitividad en los mercados internacionales, afrontando con claridad el gran cúmulo de complejidades presentes y futuras que atentan a estos tres rubros.
En los últimos años los productores nacionales se han visto inmersos en una serie de situaciones que bien pueden ser calificadas de desastrosas, por efecto de agentes biológicos, como lo son pandemias, plagas y el uso indiscriminado de transgénicos; agentes sociales como lo es la especulación de precios, los conflictos sociales, la nula regulación de las transnacionales, el mal empleo de tecnologías y por fenómenos naturales como lo han sido el cambio climático, derivando en inundaciones, sequias y afectación a los ciclos naturales de plantas y animales. Problemáticas que no han sido atendidas con la celeridad o fuerza que el estado debe darles, orillando a miles de productores y sus familias a la quiebra y a sumarse a las filas de pobreza y desempleo que tanto nos hacen daño.
La importancia de la creación de la comisión especial para atender las amenazas a los recursos agrícolas, acuícolas, y pecuarios del país, derivadas de fenómenos naturales, sociales y biológicos que pudiesen desencadenar desabasto, mala calidad agroalimentaria o crisis alimentaria, versa en la necesidad de que la Cámara de Diputados cuente con un órgano capaz de analizar, proteger, prever y proyectar de forma ordenada y consensada, las medidas necesarias para afrontar de forma eficaz las contingencias biológicas, tecnológicas, medioambientales y sociales de que son sujetos los productores y sus productos y toda la cadena de producción hasta llegar al consumidor final.
Logrando lo antes descrito por medio de la facultad de elaboración de opiniones parlamentarias, revisión de las normas existentes, participación en los procesos de creación y de reforma a las leyes federales concernientes a las materias; impulso a la constitución de fondos presupuestales contingentes o preventivos y la coordinación a nivel municipal, estatal y federal de los esfuerzos dirigidos a atender estas problemáticas.
Además de que esta comisión especial que se plantea podrá en su momento encontrarse coaligada con la iniciativa de reforma que presentó la suscrita ante el pleno de esta soberanía, en la que proponemos reformar el artículo 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a fin de que el gobierno federal, con la participación de las dependencias que considere necesarias el presidente de la República, cree un fondo administrado y operado con criterios de equidad social, para atender a los productores afectados por contingencias sanitarias agropecuarias el cual se sumaría al ya existente en el articulo arriba citado, que atiende a la población rural afectada por contingencias climatológicas, ya que el fondo que actualmente contempla dicho precepto legal está limitado. Considero seriamente que el tema de creación de la comisión debe ser tomado como una prioridad de todos los que formamos parte de esta Cámara de Diputados.
El México competitivo que queremos necesariamente implica dar un nuevo rumbo al campo mexicano y a la producción acuífera. Resolver su problemática es una prioridad actual. En los años porvenir enfrentaremos el desafío de empatar, desde esta legislatura, las necesidades del México productivo y del desarrollo sustentable con las exigencias que demandan los mercados globales y las amenazas que conllevan.
Para dimensionar la vastedad del campo mexicano, es necesario señalar que se cuentan poco más de ciento ocho millones de hectáreas destinadas a la producción de doscientas ocho variedades de cultivos de naturaleza cíclica y otros ciento noventa y ocho perennes.
En cuanto a la actividad pecuaria nos encontramos con dos millones de ejidatarios propietarios de ochenta y cuatro punto cinco millones de hectáreas, seiscientos ocho mil comuneros dueños de dieciséis punto ocho millones de hectáreas y un punto seis millones de propietarios rurales tenedores de setenta y tres punto uno millones de hectáreas, de todas estas, veintisiete punto seis millones de hectáreas pertenecen a indígenas.
Sin embargo de todas estas ochenta y nueve millones de hectáreas presentan suelos degradados, un millón de hectáreas se encuentran deforestadas y ciento diez millones de hectáreas carecen de agua para riego, por lo que su uso es de temporal, la situación es tan alarmante como dramática.
México no es esta lejos de la crisis alimentaria que afecta al mundo, expresada en incrementos de los precios internacionales de los principales productos agrícolas y, en consecuencia, de los alimentos, por las disminuciones de los niveles de producción y la afectación de agentes externos tan variados como los que ya he citado. Como ejemplo de esto podemos observar que desde el año dos mil siete se ha venido observando un aumento en el precio de la tortilla derivado de la especulación por la llamada crisis del maíz, uno de los principales elementos de la dieta de los mexicanos, que significó un daño al patrimonio de las familias mexicanas y de afectaciones similares en otros productos de consumo básico.
En el ámbito sanitario, hemos presenciado que se han tomado medidas que resultaron insuficientes. Tal fue el caso de la influenza porcina en el año 2009, aunando a ello los efectos sociales y económicos que se derivaron de la crisis económica mundial, dejaron mermada a la población. Fue notable que este tipo de fenómenos deban ser contemplados dentro del catalogo de actos o hechos que ponen en riesgo la estabilidad social de la población, mismos que se contemplan en la Ley de Seguridad Nacional, toda vez que con tal suceso, se puso en riesgo la vida de la población y la economía de todos los mexicanos al paralizarse por unos días las actividades productivas o en el mejor de los casos se redujeron al mínimo, por lo tanto, debemos considerar que el vernos afectados por un brote virulento, resulta peligroso para la integridad y estabilidad del estado Mexicano en su totalidad.
En otros sectores como lo es el de los apicultores también nos enfrentamos a crisis que los científicos han llamado “desorden del colapso de colonias” que puede devastar una colonia de abejas en cuestión de semanas. Los insectos afectados vuelan para recolectar polen, pero nunca regresan, o simplemente se debilitan y mueren en las colmenas. Más allá de los efectos mayores en la cadena alimenticia, las implicaciones económicas de estas muertes son inmediatas, porque las abejas son esenciales para la polinización de cultivos por valor de decenas de millones de pesos en toda América del Norte.
Por su parte, en los últimos meses del presente año, los precios del arroz, los aceites comestibles, carnes, huevos y legumbres también se han elevado, afectando el poder adquisitivo de la población y en mayor medida a aquella en condiciones de pobreza. Los datos indican que estamos ante una situación que no es pasajera ni temporal sino de largo plazo y lo que es peor, cíclica. En particular cuando se señala que los precios elevados en las materias primas, entre ellas los granos, se mantendrán por lo menos 10 años más y que estos no descenderán a los precios que tenían antes iniciada la crisis.
En México no se producen los comestibles suficientes para satisfacer la demanda de la población, La población rural mexicana constituye una tercera parte de la población total del país, y en ella confluyen la mitad del total de mexicanos en situación de hambre, ocho punto nueve millones de mexicanos con rezago educativo y otros ocho punto ocho millones que sin estar en situación de pobreza sufren de carestía en los alimentos, que en números totales se generan más de doscientas millones de toneladas, pese a lo cual catorce millones de personas en el país se encuentran en pobreza alimentaria. En términos generales, el incremento del costo de los alimentos fue de diez punto dos por ciento para las familias con ingresos de hasta tres salarios mínimos. La gente resiente este tipo de crisis por dos razones. La primera es porque destinan más de la mitad de su salario diario a la compra de estos productos. La segunda es que el incremento promedio de su salario en los recientes años ha sido sólo 3.5 cinco por ciento, mientras que el crecimiento de costos de algunos productos básicos para la alimentación como el maíz, arroz y frijol fue desmedido, un ejemplo de ello es el kilo de tortilla se incrementó a más del 40 por ciento respecto a finales del año pasado, o el arroz cuyo precio creció cincuenta y siete por ciento en el mismo lapso.
La crisis mundial de los alimentos podría prolongarse y agudizarse los años por venir, debido a los cambios climáticos, el azote de nuevas plagas más resistentes y diseminadas, el uso de granos para producir combustibles y a la especulación que hay sobre los precios y un mayor costo de la energía y transporte. El sector primario nacional contribuye al producto interno bruto con el tres punto nueve por ciento y es una de las más importantes fuentes de empleo al ocupar al trece punto uno por ciento de la población económicamente activa, lo que nos permite dimensionar el problema.
Así también en México nos aproximamos a la crisis global del agua, con miles de familias sin acceso al agua potable, y un número indeterminado de envenenamientos progresivos por metales pesados, por contaminación tóxica, no biológica, derivada de los agro tóxicos y con unos impactos demoledores sobre la salud pública de las personas.
Ejemplos como los anteriores hay cientos y cada uno de ellos enfrasca nuevos y más complejos retos que deben ser atendidos desde los poderes federales. No podemos olvidar de manera alguna que no habrá desarrollo competitivo e incluyente, sin el campo mexicano y la industria acuífera, por lo que solicito su apoyo a fin de respaldar la propuesta que aquí se describe.
Como diputada federal del estado de Jalisco, mi deber es aún mayor con los campesinos, apicultores, ganaderos, piscicultores y en si con todos los productores nacionales y el cual les invito a compartir.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita la creación en la Cámara de Diputados de la Comisión Especial para atender las amenazas a los recursos agrícolas, acuícolas, y pecuarios del país, derivadas de fenómenos naturales, sociales y biológicos que pudiesen desencadenar desabasto, mala calidad agroalimentaria o crisis alimentaria, y que sean asignados para su debido funcionamiento los recursos humanos, financieros y materiales conducentes.
Segundo. Se solicita que el periodo de duración de funciones de dicha comisión especial comprenda los tres años de ejercicio de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y que el acuerdo de creación sea debidamente publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, sede de la honorable Cámara de Diputados, durante el primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, a veinte de diciembre de dos mil doce.
Diputada Cecilia González Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob y al gobernador de Chihuahua a realizar operaciones y velar por la seguridad de quienes transitan por la sierra de Chihuahua, comunidades y caminos rurales, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, 76, fracción IV, 79, numeral 2, 100, numeral 1, 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, promueve la presente proposición con punto de acuerdo, que somete a su consideración, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado miércoles 12 de diciembre del presente año, fueron brutalmente asesinadas cuatro mujeres en la carretera que va de Ciudad Cuauhtémoc a Guachochi en Chihuahua. Dicha noticia se dio a conocer en los medios nacionales.
Las cuatro mujeres eran profesionistas y dos de ellas esposas y madres.
Las citadas mujeres, fueron sorprendidas por un "narco retén" en la carretera, quiénes al resistirse a que les robaran el vehículo en el que se dirigían al funeral de un familiar, fueron secuestradas, torturadas y finalmente asesinadas.
El domingo 9 de diciembre al menos once personas fueron asesinadas a tiros por presuntos delincuentes en el poblado de Guadalupe y Calvo, ubicado en la sierra Tarahumara.
Habitantes de la localidad dijeron que los accesos por carretera a la población estuvieron cerrados por sujetos armados que, al parecer, entraron a varias viviendas a secuestrar a personas de la localidad. Al menos una vivienda fue incendiada por el grupo de agresores.
El sábado 8 de diciembre las autoridades hallaron a otras cinco personas más acribilladas en el poblado de Santa Rosalía, del mismo municipio de Guadalupe y Calvo, quienes al parecer fueron atacadas por un grupo de presuntos sicarios desde un automóvil en movimiento.
El sábado 24 de noviembre, 8 cuerpos fueron localizados a la altura del kilómetro 46 de la carretera Delicias-Satevó, cerca del camino al rancho San Miguel, en Chihuahua.
Como es del conocimiento de todos, las investigaciones con relación a los asesinatos de las mujeres en Chihuahua no han encontrado una solución.
La delincuencia organizada opera sin ningún desasosiego en el Estado de Chihuahua, y los "narco-retenes" se han convertido una realidad que los habitantes, sobretodo de la serranía, tienen que enfrentar todos los días con el temor de que ellos o alguno de los suyos pueda perder la vida en un trayecto que es necesario recorrer.
Con fundamento en los artículos 21 constitucional, 2,4, 7, 12, 14, 39 y demás aplicables de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las acciones que aquí se requieren, son corresponsabilidad de la federación, los estados y los municipios.
Por las razones expuestas, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Chihuahua, a realizar operativos y velar por la seguridad de las personas que transitan por la sierra de Chihuahua, comunidades y caminos rurales, ya que se encuentran instalados retenes falsos que atentan contra la seguridad de las personas del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2012.
Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer –por la SHCP y la SRE– en los consulados fronterizos una oficina exclusiva de derechos humanos para los connacionales detenidos por autoridades migratorias, a cargo del diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Rodimiro Barrera Estrada, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 76 y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La protección y salvaguarda de los derechos humanos a través de la evolución social, ha sido fortalecida mediante la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, cuya redacción expresa "un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse", estableciendo con claridad los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos debemos gozar, adoptándose como norma fundamental por cada uno de los estados que comprenden la comunidad internacional.
Como parte de este compromiso, el estado mexicano llevó a cabo la reforma al artículo primero constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011, donde se incorporó expresamente la responsabilidad de que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, se prevé que la interpretación de las normas en las que se establezcan los derechos humanos, tendrá que efectuarse con estricto apego a lo que la propia carta magna y los tratados internacionales disponen al respecto, favoreciendo en todo tiempo y circunstancia a las personas en su protección más amplia.
Es así que la reforma a la constitución mexicana aporta elementos trascendentales para transitar hacia una globalización con rostro humano, en la que los derechos sean el principal referente de la actuación pública y la convivencia civil pacífica; los derechos humanos son ahora el parámetro de valoración para saber si estamos avanzando o retrocediendo, y es así como resulta necesario diluir las fronteras de la política doméstica para transformar el contexto institucional a través de mecanismos que establezcan un marco normativo donde los derechos humanos sean elevados a un rango supraconstitucional, que contribuya a la salvaguarda y protección eficaz de los derechos fundamentales.
A través de muchas décadas nuestro país ha sido por su ubicación geográfica una nación caracterizada por su marcado flujo migratorio de connacionales hacia el vecino país del norte, donde el racismo, la rigidez de las leyes migratorias y las prácticas antimigrantes de grupos radicales, han hecho de la vejación de los derechos humanos de los mexicanos, una constante a lo largo y ancho principalmente de la frontera mexicano-estadounidense.
La saturación en las actividades administrativas y consulares de las representaciones de México en el exterior y en particular de los consulados mexicanos fronterizos, han obstaculizado que los migrantes mexicanos tengan la atención oportuna y adecuada para la estrecha vigilancia del respeto a los derechos humanos, una vez que éstos hayan sido detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses, en su intento de alcanzar el sueño americano, o en casos extremos el abandono a su suerte por los traficantes de personas en zonas inhóspitas y de peligro que podrían derivar en el fallecimiento del migrante.
Ante tal circunstancia, resulta de manera prioritaria y urgente que el gobierno mexicano establezca los mecanismos necesarios, para que nuestros connacionales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en su carácter de migrantes, potenciales presas de violación a sus derechos humanos, tengan en su travesía las garantías de protección que les permitan la seguridad de que, aún en la más ardua adversidad de su intento por cruzar la frontera, su gobierno velará por su seguridad y la tutela del respeto a sus derechos humanos.
A mayor abundamiento cabe destacar que entre 2003 y 2006 emigraron a los Estados Unidos de América un aproximado de 4 millones de mexicanos; derivado de este fenómeno en el año 2006, ingresaron al país 23,053.75 millones de dólares, cuyo beneficio alcanzó de manera directa, a un millón 532 mil hogares de nuestro país, por lo cual es factible señalar que las remesas han jugado un papel trascendente a nivel macroeconómico, superando al menos 9 veces el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en contraste con el gasto de 106 mil millones de pesos erogados en 2011 en materia de seguridad y justicia, y 77 mil millones en seguridad nacional, para la ejecución de estrategias fallidas en el combate a la delincuencia organizada.
Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destine los recursos públicos necesarios para la implementación de un programa permanente de atención a los derechos humanos de migrantes mexicanos detenidos por la autoridad migratoria estadounidense.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus atribuciones se coordine con la comisión nacional de derechos humanos, a efecto de establecer en los consulados mexicanos fronterizos una oficina exclusiva para la vigilancia y protección de los derechos humanos de los connacionales detenidos por la autoridad migratoria norteamericana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2012.
Diputados: Rodimiro Barrera Estrada, Miriam Cárdenas Cantú, Salvador Romero Valencia, Alfredo Anaya Gudiño, Salvador Ortiz García, Luis Olvera Correa, Adriana Hernández Íñiguez, Eligio Cuitláhuac González Farías, Blanca María Villaseñor Gudiño, Socorro de la Luz Quintana León, Ernesto Núñez Aguilar (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial de citricultura, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por el que se solicita la continuidad de la Comisión Especial de Citricultura, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Para México, la citricultura representa una actividad socioeconómica de gran importancia dentro de la fruticultura nacional, ya que se cuenta con una superficie de 549 mil hectáreas, de las cuales se obtienen anualmente alrededor de 7 millones de toneladas, lo que coloca a México como el cuarto país en producción de cítricos en el mundo. La superficie citrícola, propiedad de 67 mil productores, se encuentra distribuida en 23 estados, con beneficio de más de 10 mil 200 millones de pesos que se obtienen todos los años por la producción de esta fruta.
México es considerado el cuarto productor de cítricos en el mundo; cuenta con más de 512 mil hectáreas establecidas con este cultivo, distribuidas en 23 estados del territorio nacional, mediante las cuales se obtienen 5.2 millones de toneladas anuales, con un valor de 5 mil 242 millones de pesos, en beneficio de 67 mil productores; esta actividad genera 70 mil empleos directos y unos 250 mil indirectos (fuente: Dirección General de Fomento a la Agricultura, 2007).
De la superficie establecida, el 61.7 por ciento corresponde a naranja, 20.5 por ciento a limón mexicano, 5.2 por ciento a limón persa, y el resto a toronjas, mandarinas y tangerinas.
Es la tercera actividad de importancia en los cultivos agrícolas mexicanos. Se refiere al cultivo de productos que contienen ácido cítrico o sabor citrino; como lo son el limón, la naranja, la mandarina y la toronja, los cuales en suma representan un 94 por ciento de la superficie sembrada y cosechada con cítricos en nuestro país.
A nivel mundial son producidas más de 90 millones de toneladas de cítricos, en la cual ocho países concentran casi el 80 por ciento de la producción. México es considerado el cuarto productor de cítricos en el mundo ya que sus más de 550 mil hectáreas establecidas con este cultivo, le permiten generar cerca de 7 millones de toneladas métricas.
• La superficie en producción asciende a poco más de 549 mil hectáreas.
• El volumen de producción en 2007 fue de 5.2millones de toneladas y en la actualidad asciende a más de 7 millones.
• En cuanto al valor de la producción se arrojan resultados de 10, 206, 000.00 millones de pesos, destacando así:
Exportación de fruta: 322 MDD
Exportación de jugo: 225 MDD
Exportación de aceite: 27 MDD
Por tanto, la citricultura en México requiere fortalecerse con una visión integradora y de largo alcance, con alta visión de miras, para ir más allá del cuarto lugar que en el ambito internacional, ya que se cuenta en nuestro país con los recursos naturales y climáticos necesarios, lo que permite ofertar productos de alta calidad capaces de incursionar y competir satisfactoriamente en los mercados mundiales, para lograr que el campo mexicano genere desarrollo económico, mayor oferta laboral y mejores condiciones de vida para quienes se desarrollan en la actividad agrícola.
Sin respaldo, es decir, sin la creación de la Comisión Especial de Citricultura la citricultura quedaría a la deriva; genera más de 70 mil empleos directos y 250 mil indirectos, además de que son 23 Estados de 32 que incluyen a la citricultura como actividad de campo básica.
Asimismo es importante gestionar y garantizar que el sector citrícola se vea y sienta atendido, que mejor si damos seguimiento a los trabajos realizados durante la LXI Legislatura.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se acuerda la continuidad de la Comisión Especial de Citricultura, con objeto de dar seguimiento a los asuntos pendientes en materia citrícola y no solo aquellos que quedaron en la LXI Legislatura
Segundo. Exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, así como a los gobiernos estatales a conjuntar esfuerzos con los trabajos de esta comisión especial para evaluar y apoyar acciones e inversiones que puedan aplicar para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de la citricultura.
Tercero. De conformidad con los términos establecidos en el Reglamento de la Cámara de Diputados, para dictaminar los asuntos en comisiones, así como en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará al pleno una propuesta de integración plural de esta comisión especial.
Cuarto. La comisión especial deberá contar con los recursos y personal necesario para su operación y su duración será hasta el término de la actual legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2012.
Diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Sedesol acciones para garantizar el abasto de los productos comercializados en el Programa de Abasto Rural, de Diconsa, a cargo del diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Héctor García García y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, diputados a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracción III y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa atiende a la población de las localidades de alta y muy alta marginación, que no cuentan con un servicio de abasto local suficiente y adecuado. Su objetivo es contribuir al desarrollo de capacidades básicas, en particular las nutricias, mejorando la alimentación de la población que habita en localidades rurales, a través de tiendas que comercializan el abasto de productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna.
El programa tiene cobertura nacional a través de tiendas comunitarias, a las cuales puede acudir cualquier persona interesada en comprar sus productos. De esta manera, se genera un ahorro a los beneficiarios al comprar productos de la canasta básica, respecto a lo que gastarían si compraran los mismos productos en las tiendas privadas.
Como ejemplo de esto, podemos mencionar que durante el periodo de enero a junio de 2012 se comercializaron 67 mil 083 toneladas de harina de maíz, de las cuales 39 mil 888 correspondieron a las ventas de la harina de maíz marca propia "Mi Masa", es decir, el 59.5 por ciento.
A partir de octubre de 2011, el precio de venta del maíz, como el de la harina "Mi Masa" cerraron su precio de venta en cinco pesos por kilogramo de maíz y ocho pesos por kilogramo de harina de maíz, precios que continúan vigentes. Lo anterior, ha producido un margen de ahorro sustantivo al consumidor, que al mes de junio de 2012 fue de 21.1 por ciento en maíz y 40.2 por ciento en harina de maíz en comparación con los precios del mercado.
Los resultados antes mencionados, aunque son buenos, resultan insuficientes, ya que este programa refleja debilidades con el resto de productos manejados por Diconsa, pues no todos están subsidiados y por lo tanto su costo no es menor, dificultando su acceso a la gente desprotegida. De igual forma, las tiendas con un alto volumen en la demanda de maíz, que va desde 250- 450 sacos al mes, presentan dificultades en su abasto, a más de la mitad de las tiendas no les llega la cantidad de maíz solicitada o el tiempo de espera del abasto se encuentra valorado en irregular y malo por más de la mitad de los encargados de tienda.
De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno, en el periodo de 2007 a junio de 2012 se han destinado al Programa de Abasto Rural un total de recursos fiscales por 12 mil 521.9 millones de pesos y se amplió su cobertura e infraestructura en 10.2 por ciento, de 21 mil 038 a 23 mil 178 localidades beneficiadas, mientras que las tiendas establecidas crecieron 13.3 por ciento, de 22 mil 421 a 25 mil 401. Asimismo, la población atendida por el programa se incrementó de 45.6 millones de personas a 48.4 millones, esto es, 6.1 por ciento.
Por la relevancia que tiene este programa, es importante seguir contribuyendo a su fortalecimiento, a través de las políticas que propicien el ingreso de nuevos productos y optimicen su distribución en las localidades más vulnerables de nuestro país, lo que se traducirá en un bienestar a la población.
Con base en las consideraciones anteriores se somete a la aprobación del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social implemente las acciones necesarias para garantizar el abasto de los productos que se comercializan en el Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa; así como incrementar el número de productos de marca propia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2012.
Diputados: Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Héctor García García (rúbricas).