Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3671-V, jueves 20 de diciembre de 2012
De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y los permisionarios de la pesca de camarón del golfo de California y delta del río Colorado, de Sonora y Baja California, para que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implantar en la NOM-002-PESC-1993
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Pesca fue turnada, para estudio y dictamen, el expediente número 844 mediante oficio D.G.P.L. 62-II-1-0235, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, a fin de que demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte de pesca del camarón que se quiere implementar en la NOM-002-PESC-1993, suscrita por el diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 9 de octubre de 2012.
Antecedentes
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 157, fracción I demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.
I. Con fecha 27 de noviembre de 2012, el diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un Grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se requiere implementar en la NOM-002-PESC-1993.
2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.
3. Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta citada, la Comisión de Pesca se avocó al estudio y análisis para cumplir con el mandato del pleno de esta Cámara de Diputados con base en las siguientes
Consideraciones
El diputado proponente expone que el aprovechamiento del camarón en los sistemas lagunarios estuarinos y bahías tanto del litoral del Océano Pacífico y Golfo de California, como del Golfo de México y Mar Caribe mexicanos, ha generado el establecimiento de pesquerías comerciales de particular importancia económica y social que es necesario mantener buscando un balance óptimo con otras pesquerías que permita el adecuado aprovechamiento de estos recursos.
Explica que para los propósitos antes señalados, la antes Secretaría de Pesca quien hoy forma la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), junto con la Conapesca y el Inapesca, ha venido realizando investigaciones biológico pesqueras en los distintos sistemas lagunarios estuarinos y bahías de ambos litorales del país, cuyos resultados hacen recomendable emitir normas para controlar el esfuerzo pesquero reglamentando el número, tipo y especificaciones de las artes, métodos y equipos de pesca; la potencia de los motores fuera de borda y la determinación de zonas y periodos de veda.
Y que por ello es que surge la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, y derivado de ello el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, en reunión celebrada el 14 de diciembre de 1993, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM- 002-PESC1993 para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.”2
Explica también que esta Norma tiene como propósito garantizar la conservación, la preservación y el óptimo aprovechamiento de las poblaciones de las distintas especies de camarón, en los sistemas lagunarios estuarinos, bahías yaguas marinas de jurisdicción federal. La norma regula el aprovechamiento de las especies del camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.
Expone también que en este sentido, la norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2011, en el numeral 0.9, que establece “la información técnica y datos estadísticos aportados por el sector productivo, así como las investigaciones científicas y tecnológicas realizadas por el Instituto Nacional de Pesca acerca de la selectividad y eficiencia de la captura de las artes de pesca conocidas como chinchorro de línea, se desprende que es factible autorizar su uso para la pesca de las diferentes especies de camarón con embarcaciones menores con motor fuera de borda en las zonas descritas en los apartados precedentes así como las zonas de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado, en virtud de que se ha demostrado que dicho arte de pesca incide mayormente sobre camarones adultos, contribuyendo con el aprovechamiento sustentable del recurso”.
Por lo anterior, la norma tiene que ser vigilada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, es un órgano consultivo para la elaboración, promoción y observancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que son competencia de la Sagarpa en materia de pesca y acuacultura.
Presentó las demandas expresas por las Sociedades Cooperativas y Permisionarios pesqueros del Camarón del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California y que tienen como propósito que no se modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993 , misma que el pasado 10 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las respuesta a los comentarios efectuados al “proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece que se incorpore los comentarios del promovente 12 establecidas por la Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas en donde impone una nueva arte de pesca de camarón y equipamiento con redes de arrastre RS-INP-MEX. Ya que consideran que la investigación realizada por el Inapesca no demuestran la eficacia de su prototipo en el campo de trabajo, dando así incertidumbre a los pescadores ribereños ya que las especificaciones de las redes propuestas por Inapesca son más pequeñas de tal modo que tiene un impacto presupuestal para los pescadores ya que afectaría la rentabilidad de la pesca.
De tal suerte que los pescadores ribereños del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado son el primer grupo de pescadores artesanales en presentar una manifestación de impacto ambiental (MIA) por actividades pesqueras en áreas naturales protegidas (ANP). Esta primera manifestación fue presentada y aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma condicionada, por el plazo de un año, y sujeta al cumplimiento de una serie de condicionantes entre los cuales se encuentra la elaboración de una nueva MIA técnicamente más sólida.
Informa que en fechas recientes, los pescadores ribereños de las comunidades de Santa Clara, Puerto Peñasco y San Felipe contrataron al Centro Intercultural de Estudios de los Desiertos y Océanos, AC (CEDO), para elaborar dicha MIA.
Un componente importante de este nuevo proceso es el interés y la disposición tanto de los pescadores como del consultor de llevar a cabo un proceso de elaboración socialmente incluyente, participativo y transparente para lograr los mejores resultados.
Con base en los antecedentes y consideraciones relacionados, esta Comisión de Pesca emite el siguiente
Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a crear un grupo de trabajo con las asociaciones cooperativas y permisionarios de la pesca de camarón del Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, a fin de que se demuestre la supuesta eficacia del nuevo arte y equipo de pesca del camarón que se quiere implementar a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993.
Segundo. Se solicita al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable que en caso de que no se demuestre la efectividad de la red prototipo RS-INP-MEX y la nueva técnica de pesca a que se hace referencia en el primer resolutivo del presente acuerdo legislativo, se solicita la autorización a la dependencia a que implemente otros mecanismos de pesca, a fin de proteger a la vaquita marina y que los pescadores ribereños del Alto Golfo de California y delta del Río Colorado, de los estados de Sonora y Baja California, se vean beneficiados.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de diciembre de 2012.
La Comisión de Pesca
Diputados: Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, Angélica Rocío Melchor Vázquez (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a establecer medidas para promover y privilegiar la dignidad de los adultos mayores
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, presentado por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, de la LXII Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente
Dictamen
I. Antecedentes
El punto de acuerdo que se dictamina fue presentado al pleno el 20 de noviembre de 2012 por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Una vez que la Mesa Directiva constató que el punto de acuerdo fue publicado en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria y cumplidos los requisitos para ser admitida la proposición, la turnó a esta Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, de la LXII Legislatura para los efectos conducentes.
II. Contenido de la proposición con punto de acuerdo
A continuación se cita textualmente el contenido de la proposición con punto de acuerdo:
“Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a establecer medidas para promover y privilegiar la dignidad de los adultos mayores, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente al Ejecutivo federal y ejecutivos estatales que establezcan las medidas necesarias a fin de promover y privilegiar la dignificación del adulto mayor, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La vertiginosa dinámica social nos ha obligado como nación, y por mandato constitucional que establece que todos somos iguales ante la ley y consagra el derecho de acceso a una vida digna; a realizar un adecuado ejercicio de observancia sobre las necesidades especificas de toda nuestra población que la compone, requerimientos que no sólo atiendan diferencias derivadas del género, sino también de la pluralidad que se motiva resultado de distintas formas de pensar, expresarse, relacionarse e incluso de aquellas surgidas por la edad.
Es así que tenemos requerimientos específicos de carácter políticos, sociales, de servicios, económicos, culturales, entre otros; que deben de atender y responder a sectores de la población identificados y claramente diversos en su composición, finalmente es en la tolerancia hacia la diversidad donde radica la fortaleza y solidez de cualquier sociedad.
Sólo por mencionar algunos rubros específicos de la población como niños, jóvenes, mujeres, hombres, de cuidad o zonas rurales, padres de familia, solteros, con preferencias diferentes, en edad laboral, estudiantes, asalariados, de la economía informal, jefas o jefes de familia, con capacidades diferentes y también, y no menos importantes, adultos mayores; son la pluralidad que compone nuestra sociedad y que como tal debemos asumir el compromiso y la capacidad de proveer los satisfactores necesarios para desarrollarse en plenitud en las mejores condiciones posibles y favorables.
En nuestro país, desafortunadamente como sociedad no hemos solventado deudas históricas con muchos de estos sectores que no hemos atendido del todo. En especial con los adultos mayores tenemos todavía muchos rezagos en materia de atención, procuración, integración en distintos ámbitos, e incluso en procesos de dignificación en sus condiciones de vida y reconocimiento a sus capacidades.
Además, junto a esto tenemos aspectos coyunturales que agravan aún más la precariedad a la que se enfrenta esta población, por ejemplo: nuestros servicios de salud no garantizan la atención integral que necesita este sector en respuesta a patologías propias de su edad, como tampoco con los estándares de atención profesional y personalizada que ameritan; o que el estado en sus tres niveles de gobierno no les provee de los espacios o estancias establecidas exclusivamente para su atención.
La situación se torna alarmante si observamos la tendencia en nuestro país de un marcado envejecimiento en su población, que pronostica que para el año 2030 habrá más adultos mayores que menores de 15 años y para 2050 habrá más del doble de la cantidad de adultos mayores de 60 años que hoy tenemos; es decir 30 por ciento del total de nuestra población estará en este segmento poblacional.
Aunado a lo anterior y según datos estadísticos, de cada 100 hogares en nuestro territorio, 27 tienen al menos una persona de 60 años o más, existen cerca de 11 millones de adultos mayores, es decir 11 de cada 100 mexicanos tienen al menos 60 años y al día cerca de 850 habitantes llegan a esta edad y por ende cada año tenemos cerca de 306 mil nuevos adultos mayores.
Asimismo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) “tres millones de adultos mayores se hallan dentro de la población económicamente activa, pero de éstos, cerca de dos millones trabajan en el sector informal, sin sueldo fijo, sin seguro ni prestaciones, y sólo uno de cada cinco recibe una pensión”.
Además de este total, las cifras muestran que aproximadamente siete millones de adultos mayores se encuentran en condición de pobreza, aproximadamente un millón de esta población se encuentra en condiciones de pobreza y marginación extrema y poco más de millón y medio de este total, presenta alguna discapacidad que los excluye todavía más.
Cabe señalar que del total de las personas de 60 años y más 12 por ciento viven solas, 70 por ciento de estos mexicanos tiene prevalencia de cuadros de diabetes mellitus no insulinodependiente que le implican ingresos hospitalarios y atención médica especializada focalizada, 80 por ciento ha sufrido alguna manifestación de violencia en cualquiera de sus formas donde cerca de 60 por ciento de estas expresiones violentas provienen de sus familiares principalmente de sus hijos o nietos, y finalmente, 90 por ciento de las personas adultas mayores en nuestro país sufren discriminación por su edad.
Concretamente, tenemos que reconocer no sólo como legisladores sino como sociedad en su conjunto, que los adultos mayores en México viven en una comunidad que los vuelve invisibles, que los excluye y que los asume como si estuvieran fuera de contexto y ajenos a ella.
A los adultos mayores sin importar su condición o clase en nuestro territorio, se les niegan sus derechos básicos establecidos internacionalmente como:
• El derecho a ser tratado en todo con dignidad y respeto.
• El derecho a participar enteramente y libremente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar, desarrollo y futuro.
• El derecho al acceso a condiciones dignas de vida con el disfrute de un estándar adecuado, incluyendo rubros como la alimentación, vivienda, vestimenta y esparcimiento.
• El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad u otro estatus, en todos los aspectos de la vida, incluyendo el acceso al ámbito laboral, acceso a vivienda, cuidado, atención, prevención y procuración de su salud y el goce de servicios sociales básicos.
• El derecho a altos estándares de servicios profesionales y especializados médicos de salud.
• El derecho de protección institucional ante cualquier rechazo o cualquier tipo de abuso físico o mental.
• El derecho a la cobertura integral de seguridad social, asistencia y protección.
• El derecho al disfrute y acceso a una amplia y activa participación en todos los aspectos de su desarrollo tanto social, económico, político y cultural de la sociedad y entorno al que pertenecen.
Desde esta soberanía, debemos asumir que en nuestro país los adultos mayores son sometidos, sufren o experimentan situaciones graves de segregación y rechazo del núcleo familiar, despojo de sus bienes patrimoniales, intimidación y amenaza física, psicológica y emocional, pobreza, exclusión y aislamiento social, discriminación general, violencia en todas sus expresiones, explotación y abuso en todas sus formas.
Tienen un acceso nulo o en el mejor de los casos limitado a servicios sociales, de procuración y seguimiento a su salud; carecen de espacios públicos destinados a ellos, de estancias gratuitas auspiciadas por el gobierno y un marco adecuado que les provea información, protección y asistencia legal, y también de amplios instrumentos legales e institucionales que castiguen los principales tipos de maltrato que sufren y que entre otros son:
• Un maltrato físico repetitivo enfocado en causarles dolor o lesiones visibles de poca, mediana o prolongada permanencia.
• Coerción física mediante el uso o no de fuerza y la restricción de su libertad de movimiento.
• Un maltrato psicológico y emocional con acciones o actitudes que les producen sufrimiento y daño reiterativo.
• Abuso económico o material que los somete a explotación de sus recursos en forma ilícita o a la utilización, disposición o disfrute de terceros sin su autorización de sus bienes o propiedades.
• Abuso sexual que los obliga a mantener contacto sexual no consentido de cualquier tipo con otra persona.
• Y finalmente al descuido y negligencia consciente e intencional que les niega o los excluye de la atención a su persona y alcance de la satisfacción de sus necesidades especificas.
En resumen, estamos permitiendo la permanencia y el desarrollo de una sociedad cada vez más insensible ante su población adulta mayor; que carece de instituciones, acciones, políticas y programas exclusivos y necesarios para brindarles una atención integral y no sólo de subsistencia, que no prevén medidas de sensibilización y respeto a sus demandas, problemas y requerimientos específicos para su desarrollo e incluso desplazamiento físico. Carecemos de los mecanismos y protocolos institucionales, incluso en nuestras dependencias gubernamentales, que les faciliten su inserción amplia en la dinámica política, social, económica, laboral, educativa y cultura, sólo por mencionar algunas. Y sobre todo carecemos de los instrumentos necesarios y mínimamente indispensables para proteger sus derechos.
Necesitamos urgentemente desde nuestras instituciones y en corresponsabilidad con la sociedad, el construir específicamente para los adultos mayores en nuestro país protocolos de convivencia civilizada en el marco del respeto irrestricto, de la solidaridad consecuente, y de una amplia cobertura de protección, promoción y reconocimiento social. Finalmente esta soberanía debe impulsar la elaboración de protocolos, políticas, estrategias y acciones afirmativas que privilegien el respaldo comunitario a este sector en especial, posicionándolos en el lugar aventajado que su experiencia intergeneracional, sus conocimientos de vida y la sabiduría que los años de vida les provee.
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los gobiernos de todas las entidades federativas a crear, aplicar, mantener y promover protocolos para la protección de los derechos, el respeto a su integridad, la protección a su dignidad, autonomía, pensamiento y la eliminación de todas formas de discriminación contra los adultos mayores; que deberán de ser de observancia general y obligatoria en la elaboración y ejecución de políticas públicas, programas sociales y servicios de atención a este sector especifico de la población.
Artículo Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instalar en todas las entidades federativas estancias gratuitas para la atención del adulto mayor, que brinden atención médica-geriátrica básica de primera instancia, protección, apoyo, orientación jurídica y defensa contra la discriminación, maltrato, explotación o abandono y promoción de sus derechos.
Artículo Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a establecer en los sistemas de atención, servicios y centros de salud federales, estatales y municipales; la obligatoriedad por parte del personal médico de reportar toda señal física de maltrato en los adultos mayores; creando los mecanismos interinstitucionales para proceder a la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2012.
Diputada María del Rocío Corona Nakamura”
III. Solicitud de modificación
Con fecha tres de diciembre de dos mil doce, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, mediante oficio sin número, solicitó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a la Subcomisión de Atención a Personas Adultas Mayores, la modificación de los puntos de acuerdo contenidos en la proposición, agrupándolos en uno solo para quedar como sigue:
“Se exhorta al Ejecutivo federal y ejecutivos estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor.”
Dicha comunicación, fue recibida en la Coordinación de la Subcomisión de Atención a Personas Adultas Mayores, en la misma fecha.
IV. Consideraciones
Todo lo antes descrito fue considerado, estudiado y valorado por los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en sesión ordinaria, celebrada el 18 diciembre de 2012, y luego de proceder a su discusión fue votada en sentido positivo, por considerar que es muy necesario, importante y trascendente que se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor, motivo por el cual se aprobó la proposición con un solo punto acuerdo que modifica lo inicialmente propuesto y que a la letra diga: Se exhorta al Ejecutivo federal y ejecutivos estatales, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor .
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:
V. Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y ejecutivos estatales, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se promueva y privilegie la dignificación del adulto mayor.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2012.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Adriana Hernández Iñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro, Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría, Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).
De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue devuelta, por la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 72 inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la minuta con proyecto de decreto que reforman el inciso i) de la fracción III, del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón, el 26 de marzo de 2009, en la LX Legislatura.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 fracción I, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 85, 157 fracción I, 176, 182 y demás correlacionados del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, corresponde a los diputados integrantes de la Comisión de Pesca deliberar respecto al asunto previamente citado, a partir de los siguientes:
Antecedentes
1. Con fecha 26 de marzo de 2009, el diputado José Luis Blanco Pajón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura presentó al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i de la fracción III, del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó en expediente 5764 con la iniciativa a la Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
3. En sesión ordinaria del 15 de abril de 2009, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, aprobó con trescientos trece votos, la iniciativa citada, turnándola a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. En sesión ordinaria celebrada el 16 de abril de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la minuta en comento y la turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
5. En sesión ordinaria del 2 de diciembre de 2010, celebrada en la Cámara de Senadores se aprobó dictamen de la Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, por el que se declara sin materia el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
6. En sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2010, en la Cámara Diputados se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i, de la fracción III del artículo 24 de la Ley General Pesca y Acuacultura Sustentables, para efectos de lo dispuesto en la fracción D, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Descripción de la minuta
La minuta tiene como finalidad actualizar la legislación en materia pesquera y acuícola con el fin de que los recursos para fomento de la pesca y la acuacultura incluyan los costos de los cursos de capacitación que establece la autoridad marítima a los pescadores ribereños. La minuta objeto del presente dictamen reforma el inciso i de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:
Artículo 24.
I. y II. ...
III. a. a h. ...
i. La aplicación de estímulos fiscales, económicos y de apoyo financiero necesarios para el desarrollo productivo y competitivo de la pesca y la acuacultura que incluyan, entre otros aspectos, los recursos necesarios para cubrir los costos derivados de los cursos de capacitación y la actualización para la obtención de certificados de competencia, licencias o libretas de mar clase 8 o tarjetas de control, que impone esta ley, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y demás normatividad aplicable al sector pesquero ...
Con base en los antecedentes y la descripción mencionados, los integrantes de la comisión formulamos las siguientes:
Consideraciones
Primera. La Comisión de Pesca, en su calidad de comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la minuta referida con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Segunda. Una vez valorado el alcance del contenido de la minuta referida, esta comisión dictaminadora coincide con la colegisladora, en que, de aprobarse esta iniciativa en los términos que propone, se estaría contraviniendo el carácter general de la ley, que busca dar atención a las necesidades del sector pesquero y acuícola en su conjunto, no únicamente a una parte de un sector.
Tercera. Aunado a lo anterior, esta comisión verificó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su quinto informe, correspondiente al periodo 2010-2011, reportó que en coordinación con la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) que se capacitó a 10 mil 886 pescadores ribereños y prestadores de servicios turísticos, reflejando 42 por ciento más respecto al mismo periodo anterior. También se encuentra contemplado en su programa anual de trabajo 2012, del que todavía no hay un informe de resultados.
Esta Comisión de Pesca de la LXII Legislatura considera que las razones utilizadas por la Cámara de Senadores para determinar desechar la minuta son contundentes y correctas, por lo que hace suya la posición de la Cámara de Senadores, así como las argumentaciones que aquélla expresa.
Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha en su totalidad la minuta a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso i) de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de diciembre de 2012.
La Comisión de Pesca
Diputados: Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete, María del Carmen Ordaz Martínez, Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz.
De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue devuelta, por la Cámara de Senadores, para los efectos del artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la minuta con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez, presentada el 19 de noviembre de 2008, en la LX Legislatura.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos; 80, fracción 1, 81, numeral l, 82, numeral 1, 85, 157, fracción 1, 176, 182 y demás correlacionados Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, corresponde a los diputados integrantes de la Comisión de Pesca deliberar respecto al asunto previamente citado, a partir de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 20 de noviembre de 2008, el diputado Carlos Orsoe Morales Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4, se derogan las fracciones IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXXV, XXXVI y XXXIX del artículo 8 y se adiciona el Capítulo III al Título Cuarto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con objeto de precisar cuestiones relativas a la figura que inviste a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como sus facultades y atribuciones.
2. El 21 de noviembre de 2008, la Mesa Directiva turnó la citada Iniciativa a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente;
3. En sesión ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2009, la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó con 329 votos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, turnándose a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
4. En sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2009, se recibió en el Senado la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
5. En sesión ordinaria del 30 de diciembre de 2010 se aprobó el dictamen presentado ante el pleno del Senado de la República, por 88 a favor y 2 en contra, por lo que se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del Apartado D del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Descripción de la minuta
La minuta objeto del presente dictamen tiene como finalidad actualizar la legislación en materia pesquera y acuícola a fin de precisar no solo la definición de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), sino también distinguir las facultades y atribuciones de ésta, de aquellas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la materia. En ese sentido, la Minuta objeto del presente dictamen propone adicionar una nueva fracción XV, recorriéndose las demás fracciones del artículo 4o., un artículo 8o. Bis y deroga las fracciones IV,V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XIX, XX, XXI, XIII, XXVII, XXXV, XXXVI y XXXIX del artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de la Comisión de Pesca formulamos las siguientes
Consideraciones
Primera. La Comisión de Pesca, en su calidad de comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos expuestos en la minuta referida con el objeto de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Segunda. Esta comisión coincide con la colegisladora en que la adición al artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para definir la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es improcedente ya que se hace referencia a la Conapesca se encuentra en la fracción XLIII de ese artículo, que en efecto dispone que, las referencias a la Sagarpa aluden a la Conapesca, con excepción de los casos en los que corresponda a Senasica.
Tercera. Los integrantes de esta comisión consideramos, del mismo modo, que las fracciones que el diputado Morales propone derogar del artículo 8o. tratando de evitar repeticiones de facultades y atribuciones que la Sagarpa tiene ya reconocidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal causaría problemas de aplicabilidad en la ley, ya que habría conflictos de competencia entre las facultades de la Conapesca y la Sagarpa y hasta con las del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Cuarta. Al igual que la Colegisladora esta Comisión Dictaminadora considera improcedente lo que propone la minuta en la lo que el primer párrafo del Artículo 80 BIS que se pretende adicionar, que dispone que la Conapesca sería un órgano administrativo desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, porque sólo los órganos descentralizados tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, tal como lo disponen los artículos 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 11 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Y aunque el legislador plantea que no es objeto de la presente reforma descentralizar a al CONAPESCA, sino dotarla de autonomía técnica y de gestión, razón suficiente para desechar las propuestas planteadas ya que sería necesario plantear reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a varios artículos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, otros tantos de la Ley de Entidades Paraestatales y adecuaciones al Reglamento Interno de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las cuales irían encaminadas a la descentralización de la dependencia.
Quinta. Del mismo modo esta comisión dictaminadora considera improcedente la adición del párrafo 8o. Bis, en el que se dispone que en materia de pesca acuacultura, la Conapesca será el órgano ejecutor de las facultades y atribuciones conferidas a la Sagarpa, ya que se encuentra contemplado en la fracción XLIII del artículo 40 de la ley vigente, que la minuta objeto del presente dictamen no propone derogar y traslada las fracciones derogadas al actual artículo 8o. Bis, sin que ello tenga efectos distintos a los que ahora tiene la ley vigente.
Por lo expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso d) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la minuta a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por el diputado Carlos Orsoe Morales de la LX Legislatura.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de diciembre de 2012.
La Comisión de Pesca
Diputados: Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Antonio Hirata Chico (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres, Angélica Rocío Melchor Vázquez (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Nabor Ochoa López, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan cuatro iniciativas con proyectos de decreto que reforman el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas, para su estudio, análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 2, inciso a) y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85 y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1. En la sesión del 20 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3605-II, el martes 18 de septiembre de 2012.
3. En la sesión del 25 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
4. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3610-II, el martes 25 de septiembre de 2012.
5. En la sesión del 27 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Marino Miranda Salgado (PRD) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
6. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3612-III, el jueves 27 de septiembre de 2012.
7. En la sesión del 6 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) y determinó turnarla a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
8. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3597-II, el jueves 6 de septiembre de 2012.
Contenido de las iniciativas
• La iniciativa presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas, propone crear la Comisión Ordinaria de “Alimentación”. En la exposición de motivos la diputada expresa que “Diputados y senadores de la LXI Legislatura constituyeron el 7 de diciembre de 2011 el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el movimiento de parlamentarios y organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, para crear espacios de diálogo e impulso de reformas legislativas que permitan la ejecución de políticas públicas que contribuyan a la erradicación del terrible flagelo del hambre que afecta más de 52 millones de personas en la región y de las que en el país se encuentran más de la mitad”.
• Además de lo anterior, la iniciativa de la diputada Bautista reconoce que la reforma constitucional aprobada en la LXI Legislatura y que el 14 de octubre del 2011 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, cuyo contenido modificó el artículo 4o., a fin de reconocer el derecho a la alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, “se trata de un proceso legislativo, de gestión, de cabildeo y de concertación que significaron 17 años de intenso trabajo hasta llegar a la aprobación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y 18 congresos locales de dicha reforma”.
• De ahí que la propuesta considere oportuna la creación de una Comisión ordinaria de Alimentación, con el objetivo de atender este tema que ahora está reconocido en la Constitución.
• La iniciativa presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano, propone crear la Comisión Ordinaria de “Desarrollo Regional Sur-Sureste”.
• El proponente argumenta en su iniciativa que “La propuesta que se presenta a la consideración de esta soberanía es que se brinde atención al problema del desarrollo regional sur-sureste, mediante la conformación de la comisión ordinaria del mismo nombre ....” La conformación de la comisión especial, dice su iniciador “fue una medida inicial que permitió, hace varias legislaturas, canalizar los reclamos de las entidades de manera emergente en las últimas cuatro legislaturas. Ahora con esa experiencia, se ha madurado lo suficiente y se puede avanzar en la conformación de la comisión ordinaria para el desarrollo regional sur-sureste”.
• En ese mismo sentido la iniciativa menciona que la Comisión de Desarrollo Regional Sur-Sureste “será un espacio parlamentario adecuado para atender lo relativo al desarrollo social que establece la Constitución, así como las leyes relativas a la planeación, el desarrollo social y los decretos de gasto correspondientes en lo que hace al ramo 23”.
• La iniciativa presentada por el diputado Marino Miranda Salgado, propone crear la Comisión Ordinaria de “Asuntos Mineros”.
• En su exposición de motivos la iniciativa establece que “la Ley Minera y la legislación reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de minería expedida en junio de 1992, fue diseñada con el objetivo de establecer condiciones competitivas para las inversiones”; sin embargo no se obtuvieron resultados favorables pues no se contaba con un completo control de la actividad minera. Asimismo, el iniciador menciona que de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Economía, “el territorio nacional concesionado a empresas mineras para la extracción de metales y minerales del subsuelo aumentó 53 por ciento en 5 años y medio del gobierno de Felipe Calderón, al pasar de 21 millones 248 mil hectáreas en 2007, a 32 millones 573 mil hectáreas hasta junio de 2012”.
• La iniciativa presentada por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, propone crear la Comisión Ordinaria de “Trabajadores Ex Braceros Mexicanos”. Cabe mencionar, que la propuesta se respalda a través de los siguientes argumentos: “derivado de la publicación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, el 25 de mayo de 2005, se constituyó en esta Soberanía, la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, con la finalidad de coordinar con la Secretaría de Gobernación, mediante el fideicomiso expresamente creado para dispersar los pagos a los ex braceros mexicanos”.
• Además de lo anterior, la iniciativa menciona que el fideicomiso creado para dispersar los pagos a los ex braceros mexicanos, no se ha cumplido a cabalidad por lo que es necesario que el programa siga operando con la finalidad de devolver los ahorros a los mexicanos que dejaron la mayor parte de su vida laboral en los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí que advierte la necesidad de crear una Comisión ordinaria que se haga cargo del tema.
Consideraciones
1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Las Comisiones son órganos de gran relevancia para que el Congreso pueda llevar a cabo sus funciones legislativas y atender de manera integral las necesidades en todos los órdenes de la problemática nacional; es preciso señalar que, para la Cámara de Diputados su sistema de Comisiones es de fundamental importancia para desarrollar una eficiente labor de control político, así como de desarrollo y perfeccionamiento de la legislación nacional, en términos de los artículos 73 y 93 constitucionales.
3. La Ley Orgánica del Congreso, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados precisan que a las comisiones, según el caso de la que se trate, pueden corresponderles alguna o algunas de las funciones siguientes: De dictamen a iniciativas de ley o decreto; de solicitud, recepción y análisis de información; de control de la administración pública; de dictamen para dar cumplimiento a la facultad de designar servidores públicos; de preparación de proyectos de ley y desahogo de consultas sobre los ordenamientos que rigen el funcionamiento de la Cámara; de información y de control evaluatorio; de conocimiento y resolución de denuncias por responsabilidad de servidores públicos; y de investigación sobre el funcionamiento de las entidades de la Administración Pública Federal.
4. De lo anterior se desprende la importancia de que la Cámara de Diputados cuente con órganos legislativos fuertes y con facultades claramente definidas, que le permitan desempeñar su labor de control y evaluación, de manera eficaz.
5. El artículo 39, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso, que se refiere a la materia y competencia de las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados establece que “Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
6. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que las materias que ocupan a las iniciativas aquí dictaminadas, actualmente están siendo atendidas en las comisiones ordinarias que integran la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo siguiente:
• En lo que respecta al tema de Alimentación, está contenida en los temas de la Comisión de Desarrollo Social y de Economía, de acuerdo a la competencia de las Secretarías del mismo nombre, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 32 y 34 respectivamente. “ A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: XVI. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales;(...)”. “A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: IX.- Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población; XI.- Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el Abasto, con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población; (...)”
• Por cuanto al tema sur-sureste, ésta propuesta puede considerarse superada, porque la materia es atendida actualmente por la Comisión de Desarrollo Social, de acuerdo a la competencia de la Secretaría del mismo nombre, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 32: “A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I.- Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda; II.- Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional; III.- Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control; IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; V.- Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en favor de estados y municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las fracciones anteriores; (...)”.
Además de lo anterior, el tema del sur-sureste ahora se atenderá través de la recién creada Comisión ordinaria “Asuntos Frontera Sur-Sureste”.
• Respecto al tema de asuntos mineros, podemos afirmar que corresponde a una materia que atiende la Comisión de Economía, que en correspondencia con la Secretaría el ramo, analiza y dictamina los asuntos que señala artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: “A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos (...) XXVII.- Formular y conducir la política nacional en materia minera; XXVIII. Fomentar el aprovechamiento de los recursos minerales y llevar el catastro minero, y regular la explotación de salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las formadas directamente por las aguas del mar; XXIX. Otorgar contratos, concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y asignaciones en materia minera, en los términos de la legislación correspondiente (...)”.
• Por último, el tema de los trabajadores ex braceros mexicanos está contenido en la materia que atiende la recién creada Comisión de Asuntos Migratorios.
7. Las diversas reformas a la Ley Orgánica del Congreso, promovidas con el fin de incrementar el número de comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, han dado como resultado la proliferación de estos órganos en su carácter ordinario de manera desproporcionada, a pesar del mandato expreso de la Ley Orgánica, en el artículo 39, párrafo tercero, que como ya se apuntó, señala que las comisiones deben corresponderse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
8. El pasado mes de octubre del presente año, conforme el acuerdo de los Grupos Parlamentarios, se presento y aprobó por el Pleno de la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica del Congreso, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de octubre de 2012, con el objetivo de crear once nuevas Comisiones ordinarias, tomando en consideración las propuestas de los legisladores, así como “el nuevo entorno social, político y económico del país, se hace necesario general una nueva configuración respecto de la cantidad y nomenclatura en algunos de los órganos legislativos de la Cámara de Diputados, así como en su competencia que permita presentar una atención con mayor especificidad en las materias que se atienden”.1 Así, se conformaron nuevas comisiones ordinarias con temas diversos, con el fin de atender los requerimientos que a través de diversas legislaturas se habían expresado, en asuntos de sur-sureste, protección civil, asuntos migratorios, entre otros.
9. Esta dictaminadora estima que la aprobación de las iniciativas que aquí se resuelven, generarían mayor complejidad en la integración actual de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, así como duplicarían sus funciones o disminuyendo su capacidad técnica y distorsionando su relación con las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXII Legislatura proponemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desechan las siguientes iniciativas:
1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD).
2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD).
3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Marino Miranda Salgado (PRD).
4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT).
Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
Nota
1 Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el 16 de octubre del 2012.
Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión Ordinaria del día 19 del mes de diciembre de 2012.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Diputados: Marcos Aguilar Vega (rúbrica), presidente; Alberto Díaz Trujillo, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila, Roberto López Suárez (rúbrica), secretarios; Rubén Camarillo Ortega, Fernando Rodríguez Doval, María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Norma Ponce Orozco (rúbrica), Miguel Sámano Peralta, Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).