Comunicaciones oficiales

• De la Mesa Directiva
• Del diputado Salvador Ortiz García
• Del Congreso de Guerrero, con la cual remite acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se asignen recursos para generar empleo a través del servicio nacional respectivo
• De la Cámara de Senadores, con la cual remite un acuerdo y catorce proposiciones con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se asignen recursos a distintos ramos, presentadas por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Minutas

• Con proyecto de decreto, que reforma el quinto párrafo del artículo 10 de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; y los artículos primero y tercero transitorios del artículo primero del decreto por el que se expide la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009

Iniciativas de ley o decreto de senadores

• Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Benjamín Robles Montoya, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada y Dolores Padierna Luna
• Con proyecto de decreto, que reforma las fracciones I, III y IV del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, presentada por Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

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De la Mesa Directiva

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de la siguiente

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 27 de noviembre de 2012.

“Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Comunicaciones, para opinión.”

México, DF, a 13 de diciembre de 2012.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Presidente

Del diputado Salvador Ortiz García

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Presidente de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para comunicarle mi decisión de retirar la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 39, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 25 de septiembre de 2012, misma que fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; en la que se propone crear la Comisión ordinaria de Agroindustria, en la Cámara de Diputados.

Le agradezco su amable atención y solicitándole hacer del conocimiento de la comisión referida mi determinación, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Diputado Salvador Ortiz García (rúbrica)

Del Congreso de Guerrero, con la cual remite acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se asignen recursos para generar empleo a través del servicio nacional respectivo

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 15 de noviembre de 2012.

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión

México, DF

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos legales conducentes el acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Congreso de la Unión a asignar más recursos económicos etiquetados a la generación de empleos a través del Servicio Nacional de Empleo, aprobado en sesión celebrada el jueves 15 de noviembre del año en curso.

Atentamente

Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica)

Oficial Mayor

La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 15 de noviembre de 2012, el diputado Eduardo Montaño Salinas presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con estricto arreglo y respeto a las esferas de competencia, emitimos un exhorto al Congreso de la Unión para que asigne más recursos económicos etiquetados a la generación de empleos a través del Servicio Nacional de Empleo, en los siguientes términos:

En los últimos días hemos sido testigos de un tema que se está discutiendo en el Congreso de la Unión y que es de gran importancia para la vida económica y social del país, la reforma laboral es un asunto que tiene que ver con la vida nacional y, obviamente, de Guerrero.

Debemos estar conscientes de que esta reforma laboral no será la panacea que resolverá los grandes problemas nacionales ni del estado; se requerirán otras iniciativas y acuerdos de gobernabilidad para el desarrollo con justicia y que ello contribuya a restablecer la paz social en el país y en el estado.

Los debates y las discusiones que los actores políticos expresan en torno del tema son diversos; algunos pretenden crear condiciones que permitan a las empresas generar empleos, otros están más preocupados en la democracia y transparencia sindical, por lo que sólo están pensando en los que ya tienen trabajo, sin considerar que un gran porcentaje de la población no lo tiene, siendo estos últimos los que deberían preocuparnos y pensar en ellos.

Considero que en el caso de Guerrero, lo que ha agravado los grandes contrastes son, por un lado, la concentración de la riqueza, por otro, la pobreza y marginación social, porque no hemos sido capaces de pensar en grande, de hacer cosas extraordinarias, pese a ser un estado potencialmente rico, hemos dejado ir oportunidades que se reflejan negativamente, aumentando el desempleo y la precarización de las condiciones laborales, y nos da como resultado un desempeño mediocre de la economía. Por ejemplo, millones de jóvenes en los últimos años han sido lanzados a la desesperanza, algunos han encontrado una alternativa en la emigración al país vecino del norte y, lo que es peor, otros son los famosos ninis, que cada año aumentan considerablemente.

Según datos del Inegi, el desempleo es de 5.6 por ciento a escala nacional, y Guerrero no queda exento de esta problemática. Por eso es fundamental que sea éste el centro de las estrategias económicas y sociales. Con ello lucharemos con la persistencia de la pobreza que hoy nos está ganando. Ciertamente, la iniciativa privada te da implementos de desarrollo, con políticas de trabajo, pero el principal motor para crear empleo, sin duda, debe ser el gobierno del estado, a través de programas, proyectos y acciones en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Guerrero.

El 13 de julio de 2011 se firmó por el titular del Poder Ejecutivo del estado el decreto para crear la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acto al que asistió el ciudadano Javier Lozano Alarcón, en su carácter de secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, en el cual expresó: “Guerrero es el único estado que no sólo no ha generado empleo, sino que perdió más de 2 mil 600 plazas, ocupa el lugar 31 en la lista de 32 entidades en cuanto a competitividad”.

En este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, que es la instancia de coordinación de acciones entre la federación a través del Servicio Nacional de Empleo y el gobierno del estado, se canalizaron 47 millones de pesos por la federación, más 17 millones de pesos presupuestados por el Ejecutivo del estado, para su aplicación y estar en condiciones de implantar acciones reales que ayudaran a crear empleos en el estado, de los que sólo se ejecutaron 2 millones de pesos. Conviene comentar que no basta presupuestar: lo más importante es ejercer esos recursos en los programas para los que fueron etiquetados. Tampoco es suficiente ser interlocutor de las llamadas “ferias del empleo” o implantar programas relámpago sin resultados positivos que ayuden a mitigar el desempleo y la pobreza. Guerrero en esta materia ha ido a la baja: ocupa el decimoquinto y el vigésimo noveno lugares en 2009 y 2010, respectivamente, pero lo que es aún peor, en los últimos dos años, es decir, 2011 y 2012, ni siquiera figuramos en las estadísticas, no se consideró nuestro estado para la evaluación, obviamente por no crear empleos. Estos datos revelan la crisis en que vivimos, lo cual es preocupante. ¿Cómo llegamos a estos lugares?, ¿tal vez será porque no se han inyectado recursos a esta dependencia? Se requiere un mayor esfuerzo por la Secretaría del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo del estado, por lo que será interesante conocer los resultados o avances que guardan actualmente estas dependencias y cómo han ayudado para generar empleos.

El Servicio Nacional de Empleo es la única dependencia gubernamental donde los programas aplicados en los estados son evaluados para verificar su eficiencia en la generación de empleo. Así, en 2008 la entidad ocupó el honroso quinto lugar nacional, pero desafortunadamente de esa fecha a nuestros días hemos perdido competitividad. Considero que este tipo de dependencias no debe ser castigado sino estimulado con mayor presupuesto.

En mi etapa como presidente municipal pude cerciorarme de que efectivamente el Servicio Nacional de Empleo tiene bondades, programas nobles y de buenos resultados, que generan bienestar a quienes participan en él, pues está centrado para que a través de la capacitación se fortalezcan y se adquieran las habilidades laborales necesarias, para aprender un oficio o profesión y así poder insertarse en el campo laboral o crear su propia fuente de empleo. Por eso estoy convencido de que a esta generación nos corresponde pensar y actuar con visión de Estado, de ver por las generaciones presentes y en las del porvenir. Se trata de combatir un asunto de preocupación nacional y toral en el desarrollo económico del país. Adam Smith, padre de la economía, afirmaba que “la riqueza de las naciones no radica en la acumulación de la riqueza sino en el trabajo”. Federico Engels señalaba: “El hombre antes de hacer política, arte o literatura necesita alimentarse y para alimentarse requiere un trabajo”. Considero que ése es el secreto a voces del desarrollo del estado: crear empleos reales, pues hasta el momento sólo nos hemos dedicado a dar paliativos a nuestros grandes problemas.

Sin duda, el tema rector y de prioridad en el país y en Guerrero es generar oportunidades de empleo y de educación. Ambos rubros son el motor del desarrollo y de bienestar social que nos van a permitir disminuir la pobreza y, por ende, el aumento económico y social, fundamental para la vida de una nación.

Si el trabajo dignifica, el gobierno del estado debe ser el principal promotor de ello. En ese sentido, debe etiquetar mayor presupuesto para generar empleos en Guerrero.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 15 de noviembre de 2012, la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el diputado Eduardo Montaña Salinas. Asimismo, se sometió a discusión y aprobación, en su caso, la propuesta de modificación del artículo segundo de la citada propuesta, presentada por el diputado Nicanor Adame Serrano, aprobándose por unanimidad de votos.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, el Congreso de Guerrero expide los siguientes

Acuerdos Parlamentarios

Primero. La Sexagésima Legislatura del Congreso de Guerrero, con estricto arreglo y respeto a las esferas de competencia, emitimos un exhorto al Congreso de la Unión para que asigne más recursos económicos etiquetados a la generación de empleos a través del Servicio Nacional de Empleo.

Segundo. La Sexagésima Legislatura del Congreso del estado exhorta al Ejecutivo del estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social en el estado para que de manera coordinada con el Servicio Nacional de Empleo implante políticas que generen empleos reales, y promuevan la iniciativa empresarial en el estado, estableciendo los mecanismos y las acciones necesarios para que los recursos económicos se apliquen en tiempo y forma y cumplan así su propósito fundamental: crear empleos.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario a los integrantes del Congreso de la Unión, para los efectos legales conducentes.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al ciudadano Ángel Heladio Aguirre Rivero, en su carácter de gobernador de Guerrero, para los efectos legales conducentes.

Cuarto. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno Estado y en la página web del Congreso del estado, para conocimiento general.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, a 15 de noviembre de 2012.

Diputados: Antonio Gaspar Beltrán, presidente; Laura Arizmendi Campos, Delfina Concepción Oliva Hernández, secretarias.

De la Cámara de Senadores, con la cual remite un acuerdo y catorce proposiciones con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se asignen recursos a distintos ramos, presentadas por integrantes de diversos grupos parlamentarios

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

“Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las Reglas de Operación del Fondo Regional, para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa, sea el indicador de ingreso que se utilice para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las Reglas de Operación del Fondo Regional, a efecto de incrementar a doce el número de entidades federativas con menor Índice de Desarrollo Humano en el país, respetando y mejorando las condiciones que guardan las entidades más rezagadas y permitiendo la oportunidad de participar a otras entidades como Campeche.

Tercero. De tal forma, el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados, para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, incremente de manera considerable la bolsa general de recursos destinados al Fondo Regional, para que todas entidades federativas que están en este fondo tengan un incremento real e importante en los recursos presupuestados, y las entidades que formen parte del mismo, no se vean perjudicadas por los cambios propuestos.

Cuarto. En este sentido, exhortamos a la Cámara de Diputados para que el Fondo Regional sea una prioridad en el Presupuesto de Egresos para 2013, dado que todas las entidades federativas que participan de éste, necesitan de mayores recursos para el desarrollo de sus comunidades”.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 incorpore a los recursos asignados en el Programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural en el Programa del Derecho a la Alimentación un rubro específico para atender el abasto de huevo.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

El que suscribe senador Fidel Demédicis Hidalgo, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 108, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, incorpore a los recursos presupuestales asignados en el Programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC) en el Programa del Derecho a la Alimentación, para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013, un recurso especifico para atender el abasto de huevo en bien de la población que menos tiene en el país, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La crisis del precio del huevo durante 2012, significó un golpe a los más necesitados del país, ya que privó a miles de familias mexicanas que dejaron de consumir la proteína básica más importante en la dieta de los más pobres de México.

Ante la negligencia de diversas instancias gubernamentales, la propagación de la gripe aviar H3N7, implicó el sacrificio de más de 23.5 millones de gallinas ponedoras, estimado casi en 10 por ciento de la población productora, generando una crisis en el precio final al consumidor, generando la inaccesibilidad a este producto, que conforme a las estadísticas nacionales, constituye la principal proteína de consumo en México, ya nos sitúa como el primer consumidor de ese producto.

Que es por demás injustificado que ante la pérdida de sólo 8.7 por ciento de la planta productiva se tuvo un incremento promedio de 18 a 45 pesos por kilo de huevo, que no corresponde ni a la situación de los costos de producción que se mantuvieron, ni a la reposición de la planta productiva, ya que fue atendido con importaciones. Visto así, el precio del kilo de huevo se triplicó.

Debemos considerar que la rama de producción avícola y de huevo, se ha concentrado en 7 empresas, que monopolizan más de 70 por ciento de la producción de este insumo. Y sólo la intervención de algunos importadores en el lapso de julio a septiembre por lo que fueron muy deficientes las acciones gubernamentales en la Secretaría de Economía (SE) y la Procuraduría del Consumidor (Profeco), para poder realizar un verdadero control de precios de este producto básico.

El incremento de 300 por ciento del precio final, y el efecto que tuvo en el índice del precio de los alimentos, arrojó un daño mayor en el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, que quedó muy lejos de lo que fue para el abasto alimenticio de la población, y en afectación especialmente de los más pobres.

Trascurridos cinco meses de la epidemia, tenemos que no se ha logrado regresar al precio, antes del fenómeno de la crisis.

Durante la LXI Legislatura, en la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se autorizó un monto de 38 mil 830 millones de pesos en acciones para la instrumentación del Programa del Derecho a la Alimentación, de los cuales 33 mil 982.3 millones de pesos fueron asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 4 mil 848.4 millones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), identificados como programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC) con la siguiente estructura:

Debemos tener presente que la promulgación del 13 de octubre de 2011, la Reforma Constitucional al artículo 4o. reconoce y garantiza el derecho a la alimentación sana y suficiente de todos los mexicanos, así como una adición a la fracción XX del artículo 27 de la misma constitución donde se establece que deberán de adecuarse las políticas públicas del desarrollo rural para que el estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Es por eso que se hace indispensable que dicho programa además de incrementarse para el presente presupuesto anual, considere como mínimo la inclusión de un nuevo programa, por el cual se destinen recursos suficientes para financiar el abasto del huevo en México, aprovechando la estructura de los programas sociales, como les Liconsa, para lo cual no debe dejarse desprotegido el sector, antes bien, debe atenderse la gravedad del problema incrementando en forma substancial el monto presupuestado con respecto al año anterior, atendiendo las condiciones y problemática del campo mexicano.

Para poder avanzar en materia de atención del derecho a la alimentación, es fundamental garantizar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 incremente el monto asignado en el programa 11 del PEC, particularmente respecto a la asignación de recursos para garantizar el abasto de huevo:

La operación es a partir de Liconsa, que se abastecerá como política de apoyo particularmente de los pequeños productores de huevo del país mediante compras directas al precio de mercado, y distribuirá este producto mediante tiendas en que distribuye la leche el programa social de distribución de leche Liconsa. Por tratarse de un producto medianamente perecedero que no requiere instalaciones especiales como la leche, el abasto no tendrá mayor gasto de operación por lo que no se requerirá de mayor presupuesto de operación para la institución de los que ya tiene el sistema de tiendas de Liconsa.

El padrón de beneficiarios será inicialmente el mismo que tiene Liconsa, estimado en 60 por ciento de la población que vive en condiciones de pobreza alimentaria en México. La distribución se hará a solicitud de los beneficiados, misma que se hará a la par de la adquisición de la leche del programa existente.

En este sentido el subsidio de mil 200 millones de pesos contempla, una población beneficiada aproximada de 3 millones 300 mil familias, con un alcance de mil 900 municipios atendidos, mediante un apoyo por kilo de siete pesos sobre un volumen de distribución de 171 mil 426 toneladas de huevo; lo que se traduce en un apoyo por familia 51.9 kilogramos de huevo, siendo un volumen de la producción nacional subsidiada de 2.25 por ciento para 2013.

En ese sentido y por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo para turno directo a la Cámara de Diputados.

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos, mantenga este programa en la estructura presupuestal e incremente los recursos asignados en el programa 11 del Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC), considerando específicamente la inclusión de la cantidad de mil 200 millones de pesos para garantizar el abasto de huevo a nivel nacional mediante Liconsa, en el Programa del Derecho a la Alimentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los seis días de diciembre de dos mil doce.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con puntos de acuerdo que exhortan a la Cámara de Diputados y al Congreso de Tlaxcala a asignar en sus respectivos Presupuestos de Egresos de 2013 recursos para la debida aplicación del Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala, por el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión contra la Trata de Personas.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

La suscrita, Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Congreso de Tlaxcala a asignar en los respectivos Presupuestos de Egresos de 2013 recursos para la debida aplicación del Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala por el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, con las siguientes

Consideraciones

La esclavitud constituye una de las mayores afrentas que sufre la humanidad. Por ello, la trata de personas, conocida como la moderna esclavitud, es una de las conductas que más lastiman las entrañas de la sociedad mexicana.

Este delito va en aumento en todo el mundo, así como en nuestro país, pues lamentablemente y de acuerdo con la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, somos país de alta incidencia y se reconoce como uno de origen, tránsito y destino.

Debemos recordar que la trata de personas es un delito que no se limita a un Estado: rebasa cualquier frontera, y tiene consecuencias nacionales e internacionales.

Muchos estados de la república sufren hoy incremento significativo de este crimen. Tlaxcala es uno de ellos, por su elevada incidencia y denunciada por organizaciones de la sociedad civil.

Desgraciadamente, las familias tlaxcaltecas viven sometidas a la voluntad de las redes delictivas dedicadas a la trata de personas.

Estas bandas, con el paso de los años se han expandido territorialmente y perfeccionado sus mecanismos operativos, consolidando y aumentando su poder contra la sociedad tlaxcalteca, pero también de otras entidades del país.

Por eso es de suma importancia que las autoridades de Tlaxcala articulen acciones firmes y concretas para combatir a los tratantes; asimismo, es menester que la sociedad civil se siga involucrando en esta difícil lucha contra la criminalidad.

En la Ley para la Prevención de la Trata de Personas del Estado de Tlaxcala, aprobada en 2009, se crea el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, como un organismo consultivo del gobierno estatal que se encarga de coordinar las acciones en favor de la prevención y la atención de las víctimas del delito de trata de personas que desarrolle el Estado, a través de la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas.

El 17 de noviembre de 2011, durante la sesión del Consejo Estatal contra la Trata de Personas, fue presentado el Plan Estatal Sexenal contra la Trata de Personas, elaborado con las propuestas de los integrantes de las dependencias gubernamentales, de las instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

Dicho plan opera en cuatro ejes fundamentales, señalados en la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala:

1. Eje de Prevención.

2. Eje de Atención y Protección Integral y Multidisciplinaria.

3. Eje de Investigación y Judicialización.

4. Eje de Coordinación de la Administración Pública.

Lo anterior se registra como grandes avances en materia legislativa y de construcción de política pública contra la trata de personas en Tlaxcala, en respuesta de la presencia, exigencia y propuesta ciudadana; sin embargo, no se han tenido los resultados esperados para la ejecución de la estrategia y el plan sexenal.

Por tal razón, las autoridades de Tlaxcala deben asumir la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias para detectar factores de riesgos, combatir eficazmente a los delincuentes, y la promoción de medidas eficaces para atender y proteger interdisciplinaria e integralmente a las víctimas de este delito.

Las acciones señaladas deben impulsarse mediante la generación de infraestructura, recursos humanos y tecnológicos suficientes.

No obstante, para ello se requiere el interés del Ejecutivo estatal para hacer asignaciones presupuestarias que permitan la debida operación del Plan Sexenal contra la Trata de Personas. Lamentablemente, en la propuesta de Presupuesto estatal de 2013, presentado por el gobernador, no se consideraron recursos para la aplicación del citado plan.

Asimismo, es necesario que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asigne recursos económicos para la implantación de este plan y con ello dar operatividad a cada una de las acciones que permitan prevenir y atender a las víctimas del delito de trata de personas.

Debemos tomar en cuenta que en este momento la trata de personas es un foco rojo en Tlaxcala, y que por tratarse de un delito propio del crimen organizado causa estragos en toda la nación.

El Congreso y el Ejecutivo de Tlaxcala deben asumir y reconocer la urgencia de garantizar los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de los hombres víctimas del delito de trata de personas. Por ello resulta indispensable que se destine dinero suficiente para implantar el Plan Sexenal contra la Trata de Personas.

La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Tales Delitos considera la responsabilidad de las entidades federativas para coincidir con la federación en el financiamiento de la prevención, sanción y erradicación de los delitos relativos a la trata de personas.

La misma ley establece que los recursos federales que reciban los estados y el Distrito Federal para el combate de los delitos de trata de personas y la respectiva atención de las víctimas no pueden transferirse a otros rubros y, en consecuencia, deberán aplicarse exclusivamente a la prestación de servicios y acciones para los cuales fueron aprobados.

En tal virtud, es oportuno exhortar a la Cámara de Diputados federal y al Congreso de Tlaxcala a asignar en sus respectivos Presupuestos de Egresos de 2013 recursos para la debida aplicación de la Estrategia y el Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala.

Por lo expuesto se someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 asigne recursos para la debida aplicación de la Estrategia y el Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala por el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

Segundo. El Senado de la República exhorta al Congreso de Tlaxcala para que en su Presupuesto de Egresos de 2013 asigne recursos específicos para la debida aplicación de la Estrategia y el Plan Sexenal contra la Trata de Personas en Tlaxcala por el Consejo Estatal contra la Trata de Personas.

Senado de la República, a 11 de diciembre de 2012.

Senadora Adriana Dávila Fernández (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con puntos de acuerdo que exhortan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 una ampliación presupuestal a fin de crear el fondo de desarrollo del sur-sureste, como parte del ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

El suscrito, Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 164, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como consecuencia de la desterritorialización de las políticas públicas en favor de su implantación desde lo nacional (e incluso desde lo global) y desde una perspectiva sectorial y no integral, las disparidades económicas y sociales se multiplicaron en México, traduciéndose en grandes desigualdades entre regiones, en el incremento de las brechas entre pobres y ricos, en polarización de la distribución de la riqueza y acceso a oportunidades de desarrollo, en iniquidades entre los sectores urbano y rural, en el acceso a benefactores como salud y educación de calidad, e incluso en el acceso a servicios públicos básicos. Por tanto, el rescate de las regiones como espacios para el desarrollo resulta hoy más vigente que nunca.

Dada la relevancia de las regiones como ámbitos prioritarios y funcionales para la implantación de políticas de desarrollo, es muy importante que los programas públicos así como los recursos que les corresponden puedan incorporar una visión integral, sustentable, participativa y de largo plazo, que hasta ahora no han tenido.

Con el propósito de fortalecer el presupuesto que se destina a la región sur-sureste, formada por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y en pleno alineamiento con el compromiso 67 del recientemente firmado Pacto por México “Aplicar una Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste”, que de acuerdo con el pacto está comprometida para iniciar su aplicación a partir de 2013 y con el fin de no afectar a los estados que hoy se benefician con los recursos del Fonregion, donde cuatro de los nueve estados que integran la región sur-sureste no son beneficiados con recursos del fondo, siendo éstos Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, es sumamente deseable que se integre en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 un fondo específico de recursos para el desarrollo de la región sur-sureste, el que denominaremos Fonsur.

Presupuestalmente, el Fonsur deberá ser parte del renglón “Otras provisiones económicas” del ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, el cual deberá iniciar su operación con una asignación igual a la que se asigne al Fonregion para el ejercicio de 2013 y deberá distribuirse entre los nueve estados miembros con el mismo principio con que se distribuyen hoy los recursos del Fonregion; es decir, los recursos del Fonsur tendrán carácter de subsidio federal y se destinarán a programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento. El monto por asignar a cada Estado se determinará conforme al índice de desarrollo humano de los nueve estados del sur-sureste, considerando la desviación de cada uno de ellos respecto a la media nacional.

El Fonsur tendrá un efecto mayor que el que se tiene hoy con el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (Fidesur). De entrada, el Fonsur de ninguna manera es un fideicomiso al cual los estados de la región tendrían que estar haciendo aportaciones de su ya de por sí escaso presupuesto. En segundo lugar, por no depender de la aportación que la Secretaría de Hacienda haga al fideicomiso según las aportaciones de los estados, éstos tendrían mayor libertad para determinar dónde aplicar sus recursos y no estarían sujetos a la camisa de fuerza que les implican las reglas de operación del Fidesur. De ninguna manera estamos señalando que debería darse una nula regulación, sino que se requiere mayor holgura para determinar en que deben aplicarse los recursos.

Es urgente que tomemos medidas legislativas que ayuden a recortar las grandes asimetrías que se viven en esta región respecto al resto del país.

Por lo expuesto se propone a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se crea el Fondo de Desarrollo del Sur-Sureste (Fonsur), como parte del renglón “Otras provisiones económicas” del ramo general 23, “Provisiones salariales y económicas”, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Segundo. Los recursos del Fonsur tendrán el carácter de subsidio federal y se destinarán a programas y proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento. El monto por asignar se determinará conforme al índice de desarrollo humano de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, considerando la desviación de cada uno de ellos respecto a la media nacional.

Transitorio

Único. En el primer año de operación del Fonsur, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, la asignación presupuestal del fondo deberá ser igual a la que se asigne al Fonregion.

Dado en el salón de sesiones, a 11 de diciembre de 2012.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2013 una partida presupuestal para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala, Guerrero.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

El suscrito, Sofío Ramírez Hernández, Senador de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Tuxpan es un pueblo pequeño y atractivo de la región norte del estado de Guerrero en el municipio de Iguala. Ahí está el paisaje natural que hace algunos años era considerado un espectáculo para aquellos que lo visitaban: la laguna de Tuxpan, que tiene una superficie de alrededor de 3 kilómetros cuadrados; cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, desgraciadamente deteriorados por el mal uso de ellos.

La laguna de Tuxpan es el único lugar considerado como zona turística del municipio de Iguala, Guerrero. Existen algunos intentos por lanzar a la zona como un proyecto ecoturístico, desafortunadamente, lo contaminado de la Laguna, no contribuyen mucho al desarrollo del mismo.

En los últimos meses se ha tratado de mantenerla como la alternativa turística de Iguala, por la zona restaurantera y balnearios ahí ubicados; se han llevado a cabo eventos con el apoyo y organización entre pobladores y autoridades que buscan atraer al turismo, como son vuelos en parapente y papalotes.

No obstante que el ayuntamiento municipal no cuenta con recursos para actividades de rescate de la laguna, ha buscado éstos para inyectarle y convertirlo en el principal destino turístico.

Para contribuir de manera oportuna en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sustentable y sostenible, el H. ayuntamiento de Iguala, ha decidido participar dentro del programa nacional de micro cuencas.

Sin embargo, a consecuencia, entre otras cosas, del azolvamiento del arroyo de El Tomatal, la inconsciencia de pobladores y visitantes, y en su momento, el vertido del drenaje del penal de Iguala, han propiciado evidentes niveles de contaminación. Esto mismo está originando que varias especies de animales y vegetales estén en proceso de desaparición.

Ya la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se han pronunciado y han advertido la necesidad de hacer un frente común para rescatar la laguna de Tuxpan y de esa forma resolver la problemática ambiental que existe en dicho manto acuífero. Es necesario hacerle frente a la problemática de la Laguna con la creación de fondos concurrentes en los tres órdenes de gobierno.

También la Semaren ha advertido la posibilidad de que el lago de Tuxpan desaparezca en un corto periodo de tiempo si no se realiza de manera urgente una reforestación en su entornó; calificando como grave la problemática de contaminación por la que atraviesa este atractivo natural. Si no se reforesta el contorno del lago, en pocos años, se va a azolvar e irá desapareciendo.

Este cuerpo de agua ha sido objeto de un acelerado proceso de degradación, principalmente por las descargas de aguas residuales y de desechos sólidos, azolvamiento derivado de la deforestación y las actividades pecuarias.

Asimismo, si no se detiene la contaminación por las aguas negras o residuales que van a dar directamente al espejo de agua, se volverá un peligroso foco de infección para los pobladores de la zona.

Durante los seis años del gobierno anterior, no se liberó ningún recurso para atender esta situación, por eso, consideramos que tanto la Semarnat como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no han hecho nada para evitar que este lago siga contaminándose.

Por ello queremos hacer un llamado a los tres órdenes de gobierno para que se trabaje en el rescate de este importante manto acuífero, considerado como uno de los principales atractivos turísticos de la Zona Norte del Estado.

El deterioro presente en esta microcuenca hace notar la necesidad de establecer estrategias integrales con la participación interinstitucional, que permitan lograr el rescate ecológico de la zona y mejorar el desarrollo de la población.

Se está muy a tiempo de atender el rescate de esta importante zona de Guerrero. Es necesario contar con recursos para realizar los trabajos que se deban hacer a favor del medio ambiente y rescate de la zona.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se contemple en el Proyecto de Presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, una partida presupuestal para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala Guerrero.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Comisión Nacional Forestal, y a la Comisión Nacional del Agua para que realicen un estudio exhaustivo de contaminación ambiental en la Laguna de Tuxpan, Guerrero.

Dado en la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los once días del mes de diciembre de dos mil doce.

Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el que suscribe presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013 destine mayores recursos para la operación del programa de Fonhapo –denominado Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular– y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que modifique los esquemas de participación de financieros públicos y privados en la operación del programa mencionado.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

José Rosas Aispuro Torres, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre propio y con fundamento en lo que se establece en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que en el presupuesto 2013, destine mayores recursos para la operación del programa de Fonhapo –Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular– y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que modifique los esquemas de participación de financieros públicos y privados en la operación del programa mencionado, lo anterior, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra “vivienda” como lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.

La casa, la vivienda, es el lugar donde los seres humanos afianzan sus hogares; donde crecen y se desarrollan sus familias; es pues, el lugar donde se generan las condiciones para que los habitantes encuentren los elementos de convivencia, realización y estabilidad que traen como consecuencia la felicidad de sus moradores.

Todos aspiramos a alguna vez tener nuestra casa propia; la vivienda es un derecho humano de segunda generación y es un derecho constitucional de los mexicanos, reconocido en el párrafo 8 del artículo 4 de la Carta Magna, el cual establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

En razón de lo anterior, el Estado es el responsable de que la población cuente con una vivienda digna donde pueda alcanzar sus aspiraciones, sus sueños.

Cabe mencionar que en relación con la segunda parte del párrafo leído, el Estado mexicano cuenta con instituciones encargadas de facilitarle a los mexicanos la obtención de créditos para adquirir vivienda, sobre todo si pertenecen al sistema de seguridad social; ya sea a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual cotizan en el Infonavit; o si pertenecen al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, con lo cual cotizan el Fovissste, de igual forma el caso de trabajadores de que cotizan en sistemas autónomos de seguridad social con los del sector petrolero o de las fuerzas armadas, cuentan con esquemas de financiamiento para adquisición de vivienda; sin embargo, existe un número indeterminado de mexicanos que son parte de la fuerza productiva de nuestro país que no tiene pertenece a ninguno de los esquemas de seguridad oficiales.

Para atender a esta población, el 28 de marzo de 2011, el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) acordó la creación del Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular (Fonagavip), con el objetivo principal de incrementar el otorgamiento de crédito formal para vivienda a las familias en situación de pobreza patrimonial y/o con ingresos menores a los 5 salarios mínimos, a través de cubrir a los otorgantes del crédito las posibles pérdidas derivadas del incumplimiento de los acreditados.

Asimismo, se estableció el alcance del programa en 300 mil acciones de vivienda con una inversión total de 8 mil millones de pesos; sin embargo, con todos los esfuerzos presupuestales que se han hecho hasta ahora, no se ha logrado cubrir con la demanda de la población que se encuentra en los supuestos que el programa requiere.

Tan sólo en los meses junio y julio de este año, el Fonhapo detectó, a través del programa Fonagavip, una demanda superior a las 17 mil acciones de vivienda en 23 entidades federativas, de las cuales se procesaron 10 mil 352 expedientes.

Es necesario fortalecer este esquema de financiamiento de vivienda ya que los beneficiarios objetivo son familias de recursos económicos limitados que no son parte del esquema de seguridad nacional, sin embargo, tienen derecho a obtener su propia vivienda, su propio hogar.

Con base en lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: El Senado de la República exhorta, de manera respetuosa, a la Cámara de Diputados a fin de que en la integración del Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2013 destine mayores recursos para la operación del programa de Fonhapo, denominado Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular.

Segundo: El Senado de la República exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que mediante su órgano de gobierno autorice la participación de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y la participación de financiaros privados, que operan con recursos propios, en el otorgamiento del servicio de créditos del Programa Nacional de Garantías para la Vivienda Popular.

Dado en el salón de plenos del Senado de la República, a siete de diciembre de 2012.

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adolfo Romero Lainas, a nombre propio y de diversos senadores, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 un incremento en el presupuesto asignado para la construcción de infraestructura hospitalaria, para la contratación de recursos humanos médicos, afines y administrativos; y para el abasto de medicamentos que permitan lograr los objetivos del Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular, en el estado de Oaxaca.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

Los suscritos senadoras y senadores Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Angélica de la Peña Gómez, Lorena Cuéllar Cisneros, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Fidel de Médicis Hidalgo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco, Zoé Robledo Aburto, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Venancio Luis Sánchez Jiménez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Eviel Pérez Magaña, Miguel Romo Medina y José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Martha Palafox Gutiérrez y David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, un incremento en el presupuesto asignado para la construcción de infraestructura hospitalaria, para la contratación de recursos humanos médicos, afines y administrativos; y para el abasto de medicamentos que permitan lograr los objetivos del Sistema de Protección Social en Salud, Seguro Popular, en el estado de Oaxaca, donde sus habitantes presentan uno de los mayores rezagos a nivel nacional en materia de protección a la salud, con los siguientes

Considerandos

Primero. El derecho a la salud está reconocido como una garantía individual en el artículo 4o. de nuestra Constitución, ahí se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la federación concurrirá con las entidades federativas para asegurar el acceso por igual de todos los mexicanos a este servicio fundamental. La protección social en salud debe ser garantizada por el estado de manera oportuna, de calidad, sin desembolso en el momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, servicios que deben ser proporcionados bajo los criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, tal y como establece el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud.

Segundo. Por su parte, el Seguro Popular debe contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, según establece esa misma ley.

Tercero. El Seguro Popular surgió como una política para ofrecer en todo el territorio nacional los servicios de salud al sector de la población que no gozaba de protección social al no estar inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o en otra entidad pública del sector. Desde el año 2002 y hasta 2011 el Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, incrementó sustancialmente su cobertura, pasando de 1.1 millones a 51.8 millones de afiliados, lo que ha significado un notable esfuerzo del segmento más pobre de la población por sufragar los costos que implica recibir este servicio.

Cuarto. El estado de Oaxaca tiene una población de poco más de 3.8 millones de personas, cerca del 70 por ciento está afiliada al Seguro Popular, sin embargo, 65 por ciento, más de 2.4 millones de oaxaqueños, vive en condiciones de alta marginación según el último Censo de Población y Vivienda de 2010. Además, la población está distribuida en casi 94 mil kilómetros cuadrados, separada por una orografía accidentada con medios de transporte y comunicación insuficientes e ineficientes; en el estado existen 536 municipios que tienen menos de 20 mil habitantes, y de los 570 que conforman el estado de Oaxaca, 269 municipios tienen menos de 2 mil 500 personas, situación que hace más difícil la cobertura médica.

Quinto. Oaxaca necesita fortalecer su sistema de salud con acciones de estado bajo la perspectiva de la transversalidad y con la participación subsidiaria y coordinada de los tres órdenes de gobierno, que tome en cuenta las necesidades específicas de la entidad; que considere que la única homologación aceptable es la igualdad que tienen los oaxaqueños para acceder a los servicios de salud, derecho hasta hoy no cumplido ya que según datos del Instituto Nacional de Estad´sitica y Geografía (Inegi) de 2008, en el estado sólo hay 1.2 médicos por cada mil habitantes; 1.6 enfermeras por cada mil; 0.5 camas censables de hospital por cada mil; 0.6 consultorios médicos por cada mil; y 0.02 quirófanos por cada mil habitantes; si regionalizamos estos datos las carencias serían aún mayores.

Sexto. La homologación que hace la Secretaría de Salud para la planeación de los centros de salud en el medio rural, sólo contempla la instalación de Unidades Básicas de Servicios de Salud, tomando como referencia el número de habitantes, sin considerar que en Oaxaca, por ejemplo, las localidades son pequeñas y están dispersas en extensas superficies, con comunicaciones insuficientes, lo que incrementa los costos de transporte de las familias para recibir ese servicio; esto, en situaciones de emergencia médica tiene graves riesgos para los enfermos.

Séptimo. Atendiendo las necesidades propias del estado, la Secretaría de Salud de Oaxaca, requiere para el ejercicio fiscal de 2013, recursos para concluir 98 obras en proceso de construcción y su equipamiento por un monto de 609 millones de pesos, más mil 265 millones para su operación, incluyendo los servicios personales; en tanto que necesita mil 415 millones de pesos para realizar 34 obras nuevas incluyendo su equipamiento. Para el mantenimiento y fortalecimiento a infraestructura, está requiriendo un total de 844.9 millones de pesos para 612 acciones en obra y equipo en 487 centros de salud de un núcleo básico, y 54 centros de salud de 2 y 3 núcleos básicos; para 16 centros de salud urbanos; para 7 centros de salud con servicios ampliados, para 30 hospitales y para 18 unidades médicas. Para mantenimiento complementario, la Secretaría de Salud estatal está solicitando 415.5 millones de pesos para las regiones de valles centrales, Istmo, Papaloapan, Costa, Mixteca y Sierra.

Octavo. Al solicitar los recursos necesarios para proporcionar los servicios de salud, en Oaxaca no se ignora la difícil situación económica que se cierne sobre el futuro inmediato para México, pero estamos seguros que no es aceptable posponer el desarrollo social de los mexicanos si contamos con el talento y el esfuerzo de mujeres y hombres que diariamente construyen la riqueza de esta nación. Al solicitar estos recursos no se procuran privilegios para Oaxaca, sino justicia ante la historia de atraso y pobreza que tristemente nos distingue; el desarrollo regional constituye una base sólida para que México logre un crecimiento y desarrollo nacional viable y conjure de la mejor manera las amenazas que provienen de la economía global.

Por lo antes expuesto, sometemos al pleno de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para hacer un exhorto al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 sea tomada en cuenta la urgente necesidad de asignar más recursos presupuestales para dotar al estado de Oaxaca de una mayor infraestructura hospitalaria, con personal médico general y especializado y con abasto suficiente de medicamentos para cubrir las necesidades del amplio sector de la población que no tiene acceso a la protección social en salud, y para que las familias inscritas en el Seguro Popular tengan cerca de sus localidades los servicios de salud que ese sistema ofrece reduciendo los altos costos de transporte que hasta ahora deben cubrir para recibir atención médica oportuna y para la obtención de sus medicamentos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 22 días del mes de noviembre de 2012.

Senadores: Dolores Padierna Luna, Luz María Beristain Navarrete, Angélica de la Peña Gómez, Lorena Cuéllar Cisneros, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Luis Miguel Barbosa Huerta, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Fidel de Médicis Hidalgo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, Sofío Ramírez Hernández, Raúl Morón Orozco, Zoé Robledo Aburto, Isidro Pedraza Chávez, Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Píter, Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio, Venancio Luis Sánchez Jiménez, Eviel Pérez Magaña, Miguel Romo Medina, José Francisco Yunes Zorrilla, Maki Esther Ortíz Domínguez, Francisco Salvador López Brito, María Elena Barrera Tapia, Martha Palafox Gutiérrez, David Monreal Ávila (rúbricas).

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores, integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 se asignen recursos para la adquisición de parque vehicular y aeronaves para la Secretaría de Defensa Nacional.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

Los suscritos, senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en los artículos 8, párrafo 1 fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se asignen recursos para la adquisición de parque vehicular y aeronaves para la secretaría de defensa nacional, con base en las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de la Defensa Nacional es una institución prestigiada en nuestro país y reconocida en gran parte del mundo. Su valor y amor por México le han valido igualmente el reconocimiento de todos los mexicanos.

Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han trabajado a lo largo de nuestra historia bajo el lema “La patria es primero”. Es precisamente este lema el que ha permitido que los militares se entreguen a su país, con los recursos disponibles, siempre buscando maximizar estos, y sin más que su convicción de luchar por su país.

No sólo en cuanto a combate al crimen se refiere, si no también haciendo labores de rescate, el Ejército Mexicano es ejemplo de eficiencia y disciplina. Sin embargo, los recursos económicos que reciben podrían parecer siempre insuficientes, ya que una institución como éstas debe estar siempre a la vanguardia y acorde a las necesidades de todos los mexicanos.

En ese sentido, es importante señalar que el parque vehicular se va haciendo obsoleto para seguir cumpliendo su función básica y que es el estar al servicio de la ciudadanía. De acuerdo a los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los vehículos del Ejército tienen en promedio 22 años de operación. Actualmente se cuenta con 13 mil 763 vehículos, de los cuales 4 mil 760 son operativos, 6 mil 733 administrativos y 2 mil 269 de propósito múltiple.

Asimismo, algunas de las aeronaves con que cuenta la Fuerza Aérea comienzan a ser obsoletas por el largo período de vida que han tenido.

Actualmente la Secretaría cuenta con 387 aeronaves, de las cuales, 90 son de combate, 96 de reconocimiento, 114 de transporte y 57 de adiestramiento. Estas aeronaves tienen en promedio 30 años de antigüedad.

Es importante señalar que los vehículos y las aeronaves con que cuenta la Secretaría, son tan importantes como los elementos castrenses, ya que el parque vehicular y las aeronaves son los que transportan a los valiosos elementos del Ejército Mexicano, así como están siempre a la disposición de su uso, ya sea para el combate al crimen, o para el rescate de seres humanos en casos de desastres naturales.

Para continuar consolidando a esta digna institución, es imperante que se tomen nuevas medidas, como la modernización del parque vehicular y aeronaves con que actualmente cuenta la Secretaría.

En los últimos años el ejercicio de las fuerzas armadas han estado a la vista de todos, los resultados están igualmente a la vista de todos.

Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, en diversos momentos, han mostrado su apoyo a las labores que realiza el Ejército. Como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, mostramos nuestra capacidad de diálogo y de acuerdo, para emitir el presente punto de acuerdo.

Este apoyo económico que debe recibir la Secretaría, está fuera de colores, fuera de distingos partidistas y fuera de ideologías. Lo que nos une es el amor por México y el valor democrático de emplear nuestros esfuerzos para coadyuvar a que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sigan renovándose y preparándose para enfrentar las vicisitudes que tenga nuestro país.

En ese tenor, resulta fundamental para esta Soberanía, solicitar de manera respetuosa a la Cámara de Diputados, a que con amor a México y de igual forma bajo el lema “La patria es primero”, realicen los acuerdos necesarios para asignar recursos especiales a fin de actualizar el parque vehicular, así como las aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el marco de la revisión, análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se etiqueten recursos presupuestales dirigidos a renovar el parque vehicular y las aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de diciembre de dos mil doce.

Senadores: Fernando Yunes Márquez, presidente; Joel Ayala Almeida, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Carlos Romero Deschamps, Arturo Zamora Jiménez, Patricio Martínez García, Manuel Cavazos Lerma, Javier Lozano Alarcón, Francisco Domínguez Servién, Luis Armando Melgar Bravo (rúbricas).

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas y Lorena Cuéllar Cisneros presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y destinar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 mayores recursos con relación al Presupuesto de 2012 a la Conavi, particularmente al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, que permita dar continuidad y fortalecer el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas y Lorena Cuéllar Cisneros, senadores de la república en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 se consideren y destinen mayores recursos en relación con lo asignado en el Presupuesto de 2012 a la Conavi, particularmente al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, que permita dar continuidad y fortalecer el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa tiene como objetivo ampliar el acceso al financiamiento de la población de bajos ingresos para soluciones habitacionales en un entorno sustentable.

Operado por la Conavi, el programa Ésta es tu Casa tiene como finalidad apoyar a personas de bajos ingresos para adquirir una vivienda digna y decorosa con un subsidio para vivienda con recursos del gobierno federal.

Ésta es tu Casa tiene justificación teórica y empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población más vulnerable. La justificación es consistente con el diagnóstico del problema, y hay evidencia nacional e internacional de los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la población de bajos ingresos.

Con su creación, en 2007, se pretendió que el programa atendiera la demanda de vivienda en los sectores socioeconómicos más bajos. En el país existe hoy la necesidad de vivienda. Para dimensionar la necesidad de la inversión patrimonial de los próximos años como punto de partida, es preciso apuntar que en el país hay un rezago habitacional de 9 millones de hogares, de los cuales 6.5 millones pertenecen al segmento de no afiliados a la seguridad social.

Esta realidad se suma al hecho de que en la actualidad más de 67 por ciento de la población ocupada en el país se mantiene con ingresos de hasta 3 salarios mínimos, de los que sólo 25 por ciento tiene acceso a la seguridad social; el poder adquisitivo individual y las condiciones laborales de estos trabajadores son insuficientes para acceder a una vivienda en el mercado habitacional con sus propios medios o a través de las instituciones de crédito hipotecario. Sin duda, éste es el segmento de la población con mayor necesidad de vivienda presente y futura.

Desde la creación del programa, el gobierno federal ha realizado una inversión acumulada por 34 mil 286 millones de pesos en subsidios a la vivienda, apoyando a poco más de 1 millón 86 mil 381 familias que han mejorado su calidad de vida con una solución habitacional, sin este apoyo, por ejemplo en el Infonavit existen 2.3 millones de derechohabientes, que representan 49.5 por ciento de su demanda actual de vivienda, que sin el refuerzo del programa Ésta es tu Casa no podrían adquirir vivienda.

El programa genera un efecto multiplicador de aproximadamente 175 mil millones de pesos; es decir, por cada peso de subsidio por pagar en 2013 hay una derrama de 4.97 pesos que repercute de manera positiva en las 37 ramas de la economía que participan en la cadena productiva, por lo que dicho subsidio a la vivienda es una inversión que representa ingresos fiscales para el gobierno, es decir, por cada peso invertido en subsidios al fisco se le regresan 1.36, lo que proporciona rendimientos económicos tangibles, además de patrimonio para las familias.

La vivienda en el país representa el núcleo familiar. Por ello es vital que los subsidios a la vivienda en México sean considerados elemento fundamental en la constante lucha por cerrar brecha a la pobreza, ya que con su obtención los beneficiarios acceden a una solución no sólo habitacional sino la de crear patrimonio de manera directa, permitiéndoles mejorar de manera sustantiva la calidad de vida y su economía familiar.

Ahora bien, en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados para 2012 se destinaron 9 mil 236 millones de pesos al programa Ésta es tu Casa, por lo que para 2013 se requieren 11 mil millones de pesos, lo cual permitirá satisfacer todas las necesidades de subsidios para dicho año y no sería necesario realizar un programa especial.

Resultaría lamentable que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 el programa tuviera una reducción en los recursos económicos, más aún porque sus reglas de operación son claras y transparentes, por lo que recortarle suficiencia económica para otorgarla a otro programa sin las mismas reglas de transparencia representaría un descalabro para la vivienda de los más desprotegidos.

El país tiene que continuar atendiendo la necesidad de dotar de vivienda de manera rápida y eficiente a la población de estratos socioeconómicos bajos.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y destinar en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 mayores recursos con relación a los de 2012 a la Conavi, particularmente al Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, que permita dar continuidad y fortalecer el acceso a la vivienda de la población de menores ingresos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 diciembre de 2012.

Senadores: Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Isaías González Cuevas, Adolfo Romero Lainas, Lorena Cuéllar Cisneros, Francisco García Cabeza de Vaca, María Elena Barrera Tapia, Angélica Araujo Lara, Joel Ayala Almeida, Fernando Herrera Ávila (rúbricas).

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para asignar una partida presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la creación del espacio educativo interactivo denominado Tú tienes Derechos.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

La suscrita, Angélica de la Peña Gómez, senadora de la república a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para asignar una partida presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la creación del espacio educativo interactivo denominado Tú tienes Derechos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) diseñó en colaboración con el Museo Interactivo de Economía (MIDE) un proyecto maestro, el cual consiste en la creación de un espacio interactivo educativo denominado Tú tienes Derechos, en la Ciudad de México, como un centro de difusión, promoción y educación de los derechos humanos para todo el público en general tanto nacional como internacional.

Este proyecto fue presentado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Cultura, del Distrito Federal, de Derechos Humano y de Gobernación de la Cámara de Diputados de la legislatura pasada mediante diversos escritos, resaltando el oficio número CDHDF/OE/P/0217/2011 de fecha 10 de octubre de 2011, dirigido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sin que el proyecto hubiera sido analizado y discutido por dichas comisiones.

Ante la V Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se presentó el proyecto en mención y se aprobó etiquetar en el ejercicio fiscal 2012 a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cantidad de 5 millones de pesos para la construcción del espacio educativo interactivo, con lo que se acredita la posibilidad de concretar este proyecto tan noble.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pretende ampliar sus horizontes y nos presenta la oportunidad de participar y contribuir en la creación de un espacio para todas y todos basado en el conocimiento de los derechos humanos, a través de un museo cultural, interactivo y educativo que incida en la sociedad civil para que conozca y ejerza a plenitud sus derechos humanos.

El proyecto de este espacio, es producto del trabajo interdisciplinario de un equipo de expertas y expertos de diferentes áreas museográfica, cultural, conceptual, arquitectónica, de diseño e instalación de equipos interactivos, infraestructura, seguridad, evaluación y administración, por lo que se garantiza el debido funcionamiento y cumplimiento del objeto para lo cual se pretende crear.

Asimismo, el equipo de trabajo tanto de la CDHDF como del MIDE, proyectaron un espacio espléndido y único para que la Comisión abra sus puertas a todo tipo de público con diferentes deseos, intereses y necesidades alrededor de los derechos humanos. Se pretende dar una atención especializada a quienes integran el servicio público, a la sociedad y a la comunidad escolar.

Las personas y grupos que se sumen a esta estrategia educativa, serán capaces de visibilizar las relaciones de poder en su vida cotidiana, analizar los desequilibrios, enfrentarlos de manera efectiva y asertiva para modificar su realidad y establecer una deseable convivencia solidaria, en la cual los derechos humanos son el sustento ético, legal, histórico, cultural y político.

El proyecto garantiza la accesibilidad de las personas visitantes diversas, de todas las edades, de cualquier nivel de escolaridad, de cualquier sexo y condición social; el motivo de su visita puede ir de lo personal a lo institucional, por su propia voluntad o acompañando a un grupo de niños y niñas, de jóvenes, de personas con distintas capacidades o discapacidades, entre otros grupos, con el fin de conocer, entender y comprender qué son los derechos humanos desde sus propios esquemas, aprendizajes previos y experiencias.

Este espacio educativo interactivo abre posibilidades y permite a las personas visitantes identificarse como parte de la humanidad capaz de construir humanidad.

Presenta posibilidades para descubrir cómo hacer valer los derechos, para reducir los niveles de violencia estructural, cultural y directa y elevar los niveles de justicia.

Ayuda a recuperar la esperanza en lo propio y en lo ajeno.

Es un espacio en donde los derechos humanos transitan de la desesperanza a la esperanza para la convivencia solidaria, sin violencia, en donde cada persona visitante se ve como artífice de su propio espacio vital, pasando por la indignación, la lucha, la exigencia y la construcción de puentes entre las personas y las instituciones.

Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y para la suscrita, la construcción del espacio interactivo educativo Tú tienes Derechos es un proyecto de sustantiva importancia, porque representa la cristalización de años de trabajo y refleja la participación activa de diversos sectores involucrados en la defensa y promoción de los derechos humanos en México, este espacio será seguramente una fuente de difusión nacional e internacional de las actividades de la propia Comisión, de las organizaciones de la sociedad civil que han dedicado sus esfuerzos por lograr la apropiación de los derechos humanos, a través de la capacitación, educación, cultura y promoción de los mismo.

Actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un espacio 100 por ciento accesible dentro de sus instalaciones, así como por su ubicación; y desde la remodelación de su sede, quedó proyectada la construcción de un tercer edificio para albergar el espacio interactivo educativo Tú tienes Derechos, el cual contará con

• La Casa del Árbol (espacio lúdico-educativo en derechos humanos);

• La biblioteca o centro de documentación;

• Un museo especializado;

• Las aulas de capacitación; y

• El archivo histórico de la institución.

Debido a la crisis financiera del 2009, la ampliación presupuestal que se había prometido para este objeto no pudo ser otorgada, de tal manera que el proyecto del edificio C, en dónde se pretende construir el espacio interactivo educativo, quedó suspendido.

Aprobar la asignación presupuestal del proyecto permitirá colocar a la comisión como uno de los centros más importantes de difusión de la cultura de derechos humanos, multiplicando su capacidad de atención directa al público en general, y contribuyendo a la construcción de la ciudadanía a través de la apropiación de los derechos humanos y la convivencia en la diversidad.

La proyección estimada de visitantes al espacio interactivo educativo podría ascender aproximadamente a 100 mil personas anualmente.

En concordancia con la reforma al artículo 1 constitucional del 2011, y sabedora del compromiso de esta LXII Legislatura con los derechos humanos, estoy segura de contar con su apoyo para impulsar este proyecto y aprobar el presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta atentamente a la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 se asigne una partida presupuestal a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para la creación del espacio educativo interactivo denominado Tú tienes Derechos, en la Ciudad de México, por la cantidad de 113 millones 100 mil pesos, en su sede oficial para la educación, promoción, cultura y difusión de los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de diciembre de 2012.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a diseñar una estrategia con perspectiva de género con presupuesto etiquetado, que contemple las desigualdades y obstáculos a las que se enfrentan las mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia intrafamiliar; y exhorta a las Comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 recursos para la vivienda de mujeres jefas de familia y las que son víctima de violencia intrafamiliar.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Comisión de Equidad y Género y el segundo a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desigualdad de género, surge a partir de las construcciones socioculturales e históricas que transforman las diferencias sexuales en situaciones discriminatorias, las cuales se expresan en la división sexual del trabajo y en un acceso diferencial a los bienes y recursos materiales entre mujeres y hombres.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la división sexual del trabajo consiste en la asignación casi exclusiva de las tareas domésticas de carácter reproductivo y de cuidado de las mujeres. Además de otorgarles una sobrecarga de trabajo, que les resta tiempo para la capacitación, la recreación y constriñe sus opciones de incorporarse al mercado laboral formal. Por lo tanto, impide su acceso a puestos de trabajo más diversificados y a la obtención de ingresos suficientes que les permitan acceder en igualdad de condiciones al uso y control de los recursos productivos tales como el trabajo, la tierra, la información, la tecnología, la vivienda o los recursos naturales.

Lo anterior, explica algunas de las limitaciones que tienen las mujeres para generar ingresos y acceder a cuestiones tan básicas como el derecho a la vivienda. No obstante, las mujeres que por diversas situaciones tienen a su cargo la jefatura de su hogar se ven mayormente afectadas que los varones.

La jefatura de hogar desagregada por sexo permite una aproximación al vínculo entre género y pobreza. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con base en las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010, el 24.5 por ciento de los hogares mexicanos tienen a una mujer como jefa de familia. Para el año 2008 el ingreso de las mujeres representaba el 70.5 por ciento del aporte económico en los hogares que cuentan con ingresos femeninos, es decir, en 7 de cada 10 hogares las mujeres realizan una aportación a los ingresos familiares.

En este marco, datos estadísticos diversos revelan que1

De los hogares con jefatura femenina (6.9 millones): 82.3 por ciento son familiares y 17.3 por ciento no familiares; de los familiares, 56.9 por ciento son nucleares, 39.6 por ciento son ampliados y 1.7 por ciento compuestos; de los no familiares, 94.9 por ciento son unipersonales y 5.1 de corresidentes.2

Lo anterior implica que casi 5.6 millones de mujeres son jefas de familia en hogares que se integran con hijos e hijas, con cónyuges y/o con otros familiares o con personas ajenas a la familia en el menor de los casos. Por otra parte, las que son jefas de hogar no familiar son aproximadamente 1.2 millones que viven solas o que son corresidentes.

En las zonas rurales, aproximadamente el 19.3 por ciento de los hogares tienen al frente a una mujer como jefa de familia. Casi el 80 por ciento de los hogares rurales jefaturados por una mujer son familiares, es decir, aproximadamente 950 mil mujeres en el sector rural son jefas de hogar que se integran por cónyuges y/o hijos, familiares no nucleares y personas ajenas en algunos casos.

En este sentido, 5.6 millones de mujeres tienen la carga de sostener económicamente un hogar con todo y su familia. Por otra parte, de estas mujeres casi un millón se encuentran ubicadas en el sector rural, donde en ocasiones las condiciones son más desfavorables respecto a los niveles de ingreso.

Asimismo, el trabajo doméstico no remunerado, imprescindible para la supervivencia en los hogares, históricamente se encuentra asignado de manera casi exclusiva a las mujeres.

De acuerdo con datos del Inmujeres, cuando el jefe de la familia es varón, dedica en promedio 13.02 horas a la semana para las labores domésticas, en cambio, la mujer que se encuentra esta misma condición, dedica en promedio 38.19 horas a la semana a este tipo de actividades.3 Esto constituye un obstáculo para compatibilizar el trabajo reproductivo con el trabajo remunerado, situación particularmente difícil para mujeres jefas de un hogar e implica una sobrecarga de responsabilidades para las mujeres en comparación con los hombres y visibiliza una clara brecha de desigualdad.

Una grave problemática a las que se enfrentan deriva en la posibilidad de acceder a la adquisición de un patrimonio. Esta situación, se agrava cuando las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar permanecen en casas donde en la mayoría de las ocasiones la propiedad es del cónyuge, por lo que las mujeres se ven en la necesidad de permanecer en ellas por no contar con una residencia propia, para ellas y para sus hijos.

Por otra parte, la Ley de Vivienda mandata la creación de una política nacional de vivienda cuyo órgano rector será la Comisión Nacional de Vivienda y del mismo modo, establece la creación de un programa nacional de vivienda.

No obstante, que la ley es clara en que las disposiciones deberán aplicarse bajo los principios de equidad e inclusión social de manera tal que cualquier persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil puedan ejercer su derecho constitucional a la vivienda; las mujeres no acceden por igual a las oportunidades de hacerse de un patrimonio.

Ante la problemática, desde hace varios ejercicios fiscales, la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Equidad y Género ha destinado recursos etiquetados específicos para que las mujeres tengan la oportunidad de contar con créditos y/o subsidios para adquirir o remodelar sus hogares.

En este sentido, los recursos etiquetados a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se destinan para que las mujeres obtengan créditos para adquisición, mejoramiento, adquisición con lote de servicios o la autoconstrucción de vivienda. Por ejemplo, en 2011 se etiquetaron 2,189.3 millones de pesos de los cuales se ejercieron 2,064.6 millones de pesos en estas actividades dentro del programa esquema de financiamiento y subsidio federal de vivienda. Sin embargo, de acuerdo a la Cuenta Pública 2011, con este recurso se atendió únicamente a 68,862 mujeres y 73,370 hombres. Es decir, a pesar de estar etiquetado para mujeres la Conavi ejerció este recurso de manera desigual. Sin embargo estas políticas no han sido suficientes para cubrir las necesidades de vivienda del sector de la población antes descrito.

En el ramo de desarrollo social se encuentra el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el cual ejerce dos programas denominados: Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa y Vivienda Rural, cuyos objetivos son entregar subsidios a la población para contribuir mediante acciones de vivienda a la disminución del hacinamiento y a la carencia de calidad y espacio de la vivienda, de los hogares en pobreza patrimonial. Estos programas también han sido incorporados a los programas con presupuesto etiquetado específicamente para mujeres.

En 2011, el Programa Tu Casa atendió a 39,755 mujeres jefas de familia otorgándoles subsidios para adquisición, mejoramiento o ampliación.

Del mismo modo, el Programa Vivienda Rural, en 2011, otorgo subsidios en el medio rural a cerca de 38,753 mujeres jefas de familia para la adquisición, ampliación o mejoramiento de vivienda.

Los recursos etiquetados en materia de gasto para la igualdad entre mujeres y hombres en 2011 para estos tres programas ascendió a un monto de 3,077.2 millones de pesos, esto implica que esta asignación del presupuesto, cubrió aproximadamente 110 mil mujeres de acuerdo a la cifras arrojadas en la Cuenta Pública 2011. Es decir, de lo anterior se desprende que estas mujeres fueron beneficiadas en promedio con 27,974 pesos en promedio para adquirir, mejorar o ampliar su hogar.

La situación económica que se vive actualmente implica que dichos recursos son necesarios para que las mujeres y en especial las jefas de familia mejoren sus condiciones de vivienda, sin embargo, estos esfuerzos pueden ser aislados si no se contempla una política pública que visualice las dificultades que presentan este sector de la población.

En ocasiones, las condiciones de las que son sujetas les impiden acceder a las solicitudes de un crédito o subsidio o les dificultan cumplir con los requisitos que se establecen en las reglas de operación.

Por lo anterior, es necesario que la política nacional de vivienda, así como el programa nacional de vivienda, establezcan una estrategia específica para este sector de la población, en específico para las jefas de familia y aquellas mujeres que son víctimas de violencia y que necesitan de un patrimonio propio para romper con los círculos de violencia que viven en su entorno.

Por lo antes expuesto, presento ante esta honorable Cámara de Senadores la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a diseñar una estrategia con perspectiva de género y con presupuesto etiquetado, que contemple las desigualdades y obstáculos a las que se enfrentan las mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia intrafamiliar, para su acceso a una vivienda digna y adecuada.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que asignen dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, la etiquetación de recursos para la vivienda de mujeres jefas de familia y las que son víctima de violencia intrafamiliar.

Notas

1 Disponible en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Hogares.pdf, consultado en octubre de 2012.

2 Hogares familiares están formados por personas relacionadas por alguna forma de parentesco; hogares nucleares son hogares familiares formados por una pareja conyugal con o sin hijos y/o hijas solteros (as), o por padre con hijos y/o hijas solteras (os), o madre con hijos y/o hijas solteras (os); hogares familiares ampliados son los que están conformados por un hogar nuclear y algún otro pariente; hogares familiares compuestos están formados por un hogar familiar más alguna persona sin relación de parentesco. Los hogares no familiares se forman por personas que no tienen lazos de parentesco; los unipersonales están formados por una sola persona y los hogares de corresidentes por personas sin lazos de parentesco que comparten la misma vivienda.

3 Disponible en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Hogares.pdf, consultado en octubre de 2012

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 5 de diciembre de 2012.

Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 considere un incremento a la infraestructura y los servicios turísticos para el desarrollo del estado de Guerrero.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo a la Comisión de Turismo.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

El que suscribe, Sofío Ramírez Hernández, senador del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del honorable pleno del Senado la presente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El estado de Guerrero es un lugar lleno de historia y tradiciones. Es uno de los estados más privilegiados por las riquezas naturales que posee, con una diversidad de playas, montañas, bosques e infinidad de ecosistemas que lo hacen único.

Este día compañeros legisladores, quiero hacer una pequeña radiografía de mi estado, destacando sus principales características, la entidad ha sido semillero de grandes literatos como Juan Ruiz de Alarcón, nacido en Taxco a finales del siglo XVI.

Por lo que hace a su historia durante la etapa de la Independencia, Guerrero es un territorio importante desde diversas aristas, un hecho trascendente fue la expedición de la Constitución de Apatzingán en 1814, primer documento en la historia del constitucionalismo mexicano. Otro hecho histórico es la firma del Plan de Iguala o de las tres garantías (independencia, libertad y religión) que realizaron Iturbide y Guerrero.

Por lo que hace a sus características geográficas, Guerrero es uno de los estados de la República Mexicana con más caudales hidrológicos; ocupa el duodécimo sitio en cuanto a disponibilidad acuífera, su aprovechamiento es de 602,626 millones de metros cúbicos.

Conforme a los resultados del segundo Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Guerrero tenía hasta entonces un total de 3 millones 388 mil 768 habitantes, por lo que ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional; el municipio más poblado es Acapulco de Juárez con 789 mil 971 habitantes, y el que tiene menos habitantes es Juchitán con un total de 7 mil 166 habitantes.

Es necesario considerar las condiciones de pobreza en que, dolorosamente se encuentra la entidad, el cual ocupa el tercer lugar a nivel nacional, superado sólo por Chiapas y Oaxaca, en este estado se localiza una de las zonas más pobres de México, la Región de la Montaña, donde se ubica el municipio más pobre de México, Cochoapa el Grande.

La migración es un fenómeno que ya forma parte de la vida de Guerrero, ya que cada año 73 mil guerrerenses emigran a Estados Unidos; por lo que hace a este penoso fenómeno, Guerrero ocupa a nivel nacional el primer lugar en migración interna y el quinto en migración externa.

Por lo que hace a sus actividades económicas en el sector agrícola se producen importantes cantidades de granos, leguminosas y frutas; los productos agrícolas, principalmente los tropicales, van no sólo a los mercados nacionales, sino también al extranjero, principalmente a Estados Unidos.

La ganadería se lleva a cabo más en la Costa Chica; en los municipios de las costas se desarrolla la pesca, como una actividad principalmente de manutención. Sus principales puertos pesqueros son Zihuatanejo y Acapulco.

Por lo que hace a los productos del sector artesanal son apreciados tanto en el interior de México como en el extranjero; esta actividad económica se localiza en Olinalá, Zitlala, Xochistlahuaca, Taxco y Tetipac.

El sector turístico es la actividad económica que más recursos deja a la entidad, 30.689.750 pesos al PIB total del estado, y emplea a 140.000 trabajadores. Entre sus atractivos turísticos, a parte de las playas, se encuentran las grutas de Juxtlahuaca, Oxtotitlán y las Grutas de Cacahuamilpa.

Todo ello, le dio la oportunidad de ser anfitriones de diversos promotores del sector turístico, desde hace más de treinta y seis años, Guerrero sirvió de cuna para el reconocido tianguis turístico. Este es un evento comercial donde los expositores ofrecen una gran gama de productos, servicios y paquetes turísticos mexicanos, invitando a los compradores de los tour operadores y agencias de viajes mayoristas, atractivas promociones que permiten por un lado, una mayor derrama económica y por el otro, la promoción de las principales zonas turísticas de toda la República Mexicana.

Durante muchos años ha sido el mejor escenario para aquellos dedicados a la industria de los productos y servicios turísticos mexicanos. Este exitoso modelo fue inspiración para eventos similares realizados en Latinoamérica y el evento catalogado como el segundo más grande del mundo, el Fitur en Madrid, España.

Por otro lado, es una realidad que en la última década, se ha venido desvirtuando la parte comercial y este evento de promoción comercial ha dejado de ser atractivo para aquellos dedicados al sector turístico.

Para el estado, el tianguis turístico es determinante para el desarrollo de su economía, ya que la derrama que deja a los lugareños representa un porcentaje importante de ingresos. Uno de los principales motivos en los que se han fundado para tomar la decisión de trasladar a otra entidad este importante evento, es que Acapulco ha dejado de ser la mejor cara de turismo en México, justificándose en los altos índices de inseguridad que se viven en el puerto, sin embargo les puedo decir compañeros legisladores que el gobernador del estado y el presidente municipal del puerto han tomado como uno de los principales asuntos el tema de la seguridad en el Estado y en especifico en el puerto.

Si bien es cierto se ha decidido cambiar de ciudad el evento, también es cierto que durante la gira de campaña que realizó el ahora titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, externó: Vamos a trabajar para recuperar y potencializar y modernizar el Acapulco tradicional que ha perdido esplendor (...) Vamos a recuperar el tianguis turístico pero también lo vamos a compartir con otros destinos. Hoy vengo a comprometerme a Acapulco, que de llegar a la Presidencia de la República devolvamos el tianguis turístico a los acapulqueños.

En ese tenor, estamos conscientes de la importancia que reviste a cada estado este importante evento y al mismo tiempo de la derrama económica que el tianguis representa para su anfitrión.

Es necesario considerar una inversión turística de aproximadamente 90 millones de pesos que permitan generar una derrama económica alrededor de 200 millones de pesos; es decir la derrama económica será una cifra superior en un 25 por ciento a la obtenida en el 2012 cuando se celebró en la sede compartida Puerto Vallarta-Riviera Nayarit.

La inversión del gobierno federal deberá ser de por lo menos 35 por ciento del total (35 millones de pesos aproximadamente); y la administración guerrerense aportará el importe restante, es decir, entre 40 y 45 millones de pesos.

Los recursos que se asignen se destinarán a obras de infraestructura y a operaciones propias del evento, pero sobre todo enfocadas a la promoción en medios electrónicos y redes sociales.

Además junto con los municipios, habrá una inversión vinculada al turismo por concepto de imagen urbana por más de 1,000 millones de pesos.

Sobre todo para recuperar el papel que se ha tenido en el pasado y ofrecer una excelente imagen y proyección del estado a los más de 33 países participantes; entre ellos Estados Unidos de América, así como de Asia y América Latina. Se estima concretar 35 mil citas de negocios y contar con alrededor de mil 550 compradores tanto nacionales como internacionales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Prepuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2013 considere un incremento a la partida que corresponde a infraestructura y servicios para el desarrollo del estado de Guerrero y una detonación del sector turístico.

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir con el compromiso firmado con los guerreases de devolver el evento denominado “tianguis turístico”, a fin de promocionar la industria turística de todas las entidades federativas que conforman los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en la honorable Cámara de Senadores, a once de diciembre de 2012.

Senador Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo relativo al decreto emitido por el ex presidente de la República por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y diversos relacionados con la materia.

La presidencia dispuso que el primer, segundo, tercer y quinto resolutivo de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnaran a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y el cuarto la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al Decreto emitido por el ex titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, por el que se modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y diversos relacionados con la materia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El 23 de noviembre próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se modifican tarifas contenidas en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y un diverso por el que se modifican aranceles que se establecen en programas de promoción sectorial;

II. En los considerandos del decreto en comento se establece:

a) Que el 18 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que establece la tarifa con los aranceles aplicables a la importación y exportación de mercancías al territorio nacional;

b) Que es necesario ofrecer a la industria nacional y a los consumidores mexicanos mejores condiciones de acceso a los insumos o bienes no producidos en el país o producidos de forma insuficiente para abastecer el mercado nacional, disponibles en los mercados internacionales, a fin de abatir costos y con ello propiciar su competitividad y mejores precios al consumidor final, por lo que es recomendable modificar el arancel de algunas fracciones arancelarias;

c) Que en el país existen algunas tasas arancelarias muy superiores al promedio mundial, por lo que se estima necesario ajustarlas para aproximarlas a aquéllas que aplican países con nivel de ingreso similar al de México y así, reducir la media y la dispersión arancelaria, lo que mejorará la posición competitiva del país en los mercados internacionales; y

d) Que conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior, las medidas arancelarias a que se refiere el presente decreto fueron opinadas favorablemente por la Comisión de Comercio Exterior.

III. El decreto ordena reducir los aranceles de importación a 315 productos agropecuarios y 165 del sector químico, lo que representa la mayor apertura comercial desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994.

IV. En atención al decreto, la Secretaría de Economía puso en marcha un programa para ejecutar los contenidos, para lo cual se estableció un calendario de aplicación que establece una apertura gradual, que deberá culminar en 2017 y que en suma recortará de 21.7 por ciento a 14.2 por ciento. El arancel promedio aplicado a las importaciones de productos agropecuarios y de 4.2 por ciento a 4 por ciento los aplicables a productos industriales.

V. Al final del proceso de desregulación arancelaria ya no pagarán tarifas de importación 48 productos agropecuarios, entre estos cebada, malta, cacao, pasta y manteca de cacao, pollitos, huevo fértil, alimentos para ganado, alpiste, alforfón, avena, centeno y arroz partido.

VI. Además se tendrán reducciones relevantes a otros productos agrícolas, entre los que destaca el trigo cuyo arancel pasará de 67 por ciento a 15 por ciento, la papa baja de 245 por ciento a 75 por ciento, la leche en polvo baja de 63 por ciento al 45 por ciento y la cebada que pagaba entre 9 por ciento y 115 por ciento, dejará de pagar aranceles.

VII. La anterior medida que beneficia sobre todo al sector industrial y afecta directamente a los medianos y pequeños productores, se toma a unos días de que termine la administración del presidente Calderón.

VIII. Una parte de la industria alimentaria acaba de ser desnacionalizada. Ahora la cerveza se producirá en México con cebadas y maltas americanas, que dejarán de pagar aranceles, o sea que nos convertiremos en “maquiladores” de cerveza para las empresas transnacionales.

IX. El argumento de que México se ubica como el octavo país más proteccionista no es suficiente: al no proteger la producción primaria, ni a los productores y comercializadores nacionales, estamos entregando el mercado a las grandes exportadoras norteamericanas que reciben subsidios agrícolas en los Estados Unidos.

X. Durante la primera década del siglo XXI la balanza de pagos agropecuaria fue crecientemente deficitaria y la dependencia en la importación de alimentos con respecto a los Estados Unidos es abrumadora. En 2011 las importaciones de maíz desde los Estados Unidos representaron 80.0 por ciento del total, en cereales 86.5 por ciento, en oleaginosas 61.8 por ciento, en soya 94.4 por ciento; y en cárnicos y aves que es el producto de mayor consumo nacional, la dependencia también es avasalladora.

XI. Dicho en otras palabras, México depende enteramente para su consumo nacional alimentario del suministro de los proveedores de Estados Unidos, elemento que por definición agudiza la vulnerabilidad existente en este renglón, el cual debe ser parte de la agenda de seguridad nacional.

XII. Concluyo mencionando que la medida en comento fue tomada en una etapa de transito de una administración a otra, y sin haberse realizado consulta alguna a los productores potencialmente afectados por la importación de los productos comprendidos en el decreto, por lo que someto a la consideración de esta soberanía el siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República manifiesta un extrañamiento al ex presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y al ex secretario de Economía, licenciado Bruno Ferrari García de Alba, por la inoportunidad de la medida que reduce los aranceles a productos agropecuarios y el daño que significa para los productores mexicanos.

Segundo. El Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la comparecencia del secretario de Economía de la administración entrante, para que explique a esta soberanía las medidas compensatorias que se tomarán para paliar el daño a los productores mexicanos.

Tercero. El Senado de la República, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Secretaría de Economía, información puntual y sustentada sobre los efectos que la medida tiene en la balanza agroalimentaria, en la inflación nacional y en los precios de referencia de los productos que se eximen de aranceles.

Cuarto. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en uso de la facultad que señala el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, un programa especial emergente para estimular la producción de cebadas, maltas, avena, trigo, maíz, alpiste, huevo, pollitos y cacao, para que los productores mexicanos estén en condiciones de competir.

Quinto. El Senado de la República exhorta a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación entrantes, para que se establezcan las condiciones de operación inmediata del programa emergente de producción de cebadas, malta, avena, trigo, maíz, alpiste, huevo, pollitos, cacao y sus derivados, para reducir los volúmenes de importación de estos productos.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días de diciembre de 2012.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo con relación a la operatividad del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua en el Distrito Federal.

La Presidencia dispuso que el primero y segundo resolutivos de dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión del Distritito Federal y el tercero a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador de la República en la LXII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la asamblea, la siguiente: Proposición con punto de acuerdo con relación a la operatividad del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) en el Distrito Federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entre sus múltiples atribuciones, es la dependencia responsable de articular las Reglas de Operación de diversos Programas a su encargo.

Por lo anterior, el pasado 30 de diciembre de 2011 publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que incluye los lineamientos a seguir para obtener los recursos designados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 al componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

El componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua deriva del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales operado por la Sagarpa. El objetivo específico del componente COUSSA consiste en contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio futuro en favor de las nuevas generaciones de productores rurales1 .

Los apoyos y servicios que se proporcionan en el marco del COUSSA tienen una cobertura nacional y se dirigen a personas físicas o morales que se dedican a diversas actividades de producción agrícola y pecuaria, sin embargo la Sagarpa realiza de cada entidad federativa una clasificación de los municipios o localidades que necesiten de mayor prioridad según el grado de deterioro, escasez o sobreexplotación de sus recursos productivos primarios.

Las Reglas de Operación adicionalmente señalan que:

I. El anexo XLIX de las Reglas de Operación de la Sagarpa nos señala en primer término que las delegaciones Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco serán las entidades beneficiarias de los apoyos en el marco del COUSSA 2012.

II. Las autoridades o instancias ejecutoras, es decir, a quienes se les otorga la responsabilidad de operar algunos de los programas o componentes y el ejercicio de los recursos públicos federales del COUSSA serán: a) Unidad administrativa de la estructura central de la SAGARPA (Delegaciones estatales); b) órganos administrativos desconcentrados; c) Entidades Federativas; d) Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados2 .

III. El pasado 23 de Julio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de la SAGARPA 2012, mismo en el que se establece que la Unidad Responsable [3] será la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias de la Secretaría, en substitución de la Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural.

Lo descrito en la fracción II permite un trato diferenciado para el caso del Distrito Federal, en virtud de que los recursos públicos federales rubricados para el componente COUSSA DF, se asignan vía delegación de la Sagarpa en la Ciudad de México y no directamente como sucede con las entidades federativas.

Es importante que se corrija esta situación porque en el Distrito Federal desde que se aplica el COUSSA (2008-2012), han sido atendidas en superficie 6 mil 731 hectáreas con obras de conservación de suelo y de agua una capacidad de almacenamiento 561 mil 493 metros cúbicos, es decir, que el impacto del apoyo hacia las localidades beneficiarias posibilita el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de habitantes4 .

De acuerdo a la Memoria Documental del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 2008-2012, en el Distrito Federal se benefició a 7 delegaciones, 31 localidades y 1 mil 471 personas en el año 2009; 5 delegaciones, 9 localidades y 208 personas en el año 2010; 6 delegaciones, 28 localidades y 1 mil 821 personas en 2011. Resultando un total de 3 mil 500 personas favorecidas.

La Cámara de Diputados reconoció la importancia que tiene para los municipios o localidades el apoyo que brinda el COUSSA y por ello, etiquetó una partida presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 para el COUSSA en el Distrito Federal de 400 millones de pesos5 .

No obstante los esfuerzos y los recursos (económicos y humanos) que se han realizado para fortalecer la operatividad del programa no representaron lo esperado en el caso del Distrito Federal. Se afirma la expresión, en razón de la falta de la delegación de la Sagarpa en la Ciudad de México por no aplicar los 400 millones de pesos del Presupuesto designado para las delegaciones Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Según se informa en el comunicado de prensa 080/12 de la Presidencia de la República, con fecha 7 de febrero de 2012, la delegación de la secretaría en comento invirtió 188.4 millones de pesos para realizar obras dentro del componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).

Mencionan que en la primera etapa se liberaron más de 55 millones de pesos para realizar obras de captación y almacenamiento de agua para la conservación del suelo en zonas rurales del D.F., bajo el rubro del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

Sin embargo lo anterior adolece de plena certeza, pues al realizar una consulta directa con las personas encargadas del seguimiento al COUSSA en el DF, detallaron que la delegación de la Sagarpa, se negó a la firma del convenio correspondiente tal y como lo establece el artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

Lo más preocupante es que pese a los exhortos y esfuerzos constantes de las autoridades del DF, la administración pública federal saliente no asignó los recursos públicos. Necesariamente estamos frente a un esquema sistemático de hacer crecer el subejercicio y mostrar la incompetencia o falta de voluntad de coordinarse con otros órdenes de gobierno en una materia de evidente concurrencia e importancia para los mexicanos.

Resulta preciso en primer término, la aclaración de parte de la autoridad federal sobre el seguimiento real que se le ha dado a los recursos encaminados para diversos proyectos en el Distrito Federal y posteriormente, si es posible revertir los efectos causados por la tardanza o negación de las instancias competentes para utilizar los recursos presupuestales.

Por último, es preciso enfatizar en el sentido de que la operatividad del COUSSA también generan beneficios adicionales como la generación de empleos, basados fundamentalmente en la obra de mano local comprometida con su territorio de origen, tal y como es el caso de diversas localidades de la delegaciones Milpa Alta y Xochimilco. La Sagarpa en este tenor informa que a nivel nacional, con la aplicación del COUSSA se crearon aproximadamente 7.8 millones de jornales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que transfiera al gobierno de la Ciudad de México, el presupuesto designado para el componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) del Distrito Federal, por la inactividad de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la Ciudad de México, frente a la operatividad del componente.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que considere en la realización del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa de 2013, la inclusión del gobierno del Distrito Federal o las delegaciones del DF, como instancias ejecutoras o unidades responsables, de manera específica en lo concerniente al componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que siga considerando al gobierno de la Ciudad de México en la asignación de recursos económicos del componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

Notas

1 Artículo 40 de las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa 2012.

2 Ibídem.

3 Entidad o unidad administrativa de la secretaría, incluidos los órganos administrativos desconcentrados, que es responsable de la interpretación para efectos administrativos del programa y/o componente y del control supervisión y seguimiento de los programas o componentes a que se refieren las Reglas de Operación, y aquella designada por el titular de la secretaría y que dará a conocer mediante aviso en la página de internet de la misma.

4 Memoria Documental del Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 2008-2012, Sagarpa.

5 Ramo 08 del Anexo 8 referente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de diciembre de 2012.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se aseguren recursos económicos para diversos proyectos de infraestructura a realizarse en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador de la república en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se aseguren recursos económicos para diversos proyectos de infraestructura a realizarse en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El Banco Mundial informa que la infraestructura determina en cierta medida el éxito de las actividades manufactureras y agrícolas. Las inversiones en agua, saneamiento, energía, vivienda y transporte también mejoran la calidad de vida y ayudan a reducir la pobreza.

II. Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe nos dice que la infraestructura abarca un conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios para los sectores productivos y los hogares.

Sobre el particular, abunda en el caso de México con indicadores subjetivos de calidad de infraestructura. De acuerdo con un ranking sobre 139 países, en calidad de infraestructura en general obtuvimos en el periodo 2010-2011 la posición número 79; en calidad de carreteras 62; calidad de infraestructura ferroviaria 76; calidad de infraestructura portuaria 89; calidad aeroportuaria 65; calidad de la oferta eléctrica 91; líneas de telefonía fija 72 y líneas de telefonía móvil 93.

III. El Foro Económico Mundial considera diversos factores para incrementar la productividad de un país, mismos que clasifica en 12 pilares y se dividen en 3 secciones. Entre los pilares señalados, se encuentra la infraestructura.

En el Informe Anual de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial se detalla que en el rubro de infraestructura nuestro país mantuvo su calificación de 4.0 mismo índice que obtuvo en el período 2011-2012. Situación que le permitió colocarse en la posición 68 de un total de 144, descendiendo 2 lugares respecto al 2011-2012.1

IV. En el orden federal, atendiendo al contexto señalado, se da a notar que México a pesar de los esfuerzos realizados sigue presentando asignaturas pendientes en el ámbito de inversión para la infraestructura y el desarrollo.

Además, en los órdenes de gobierno estatal y municipal, subsisten los obstáculos para hacer llegar recursos económicos para invertir en infraestructura, agenda de vital importancia que contribuye a disminuir las desigualdades de oportunidades para la población, a la vez que se generan directa e indirectamente la creación de empleos.

V. No obstante las adversidades que se presentan en el desarrollo de infraestructura, diversos municipios del país pugnan desde el ámbito de su competencia para hacer llegar sus propuestas de creación, mejoramiento o reparación de caminos, puentes, canales de riego, presas, entre otras obras que representan verdaderos insumos en las actividades productivas y comerciales, turísticas o de alta concentración de la industria manufacturera.

Un ejemplo de ello, lo presentan diversos municipios del estado de Hidalgo. En la región del Valle del Mezquital, los municipios de Ixmiquilpan, Tasquillo, Cardonal, Tecozautla, Chilcuatla y San Salvador, además de contar con una mayor superficie territorial respecto a otros municipios del estado y concentración de población, en ellos se desarrolla la industria turística a grandes pasos, dando empleo a vecinos de San Luis Potosí, Querétaro y estado de México.

VI. El municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, tiene una población total de 86 mil 363 personas, de las cuales 45 mil 623 son mujeres, y 40 mil 740 son hombres. Asimismo, entre la población se tiene registro de que 31 mil 5 personas hablan lengua indígena, lo que representa una concentración importante de población indígena respecto a todo el estado de Hidalgo.

Además en Ixmiquilpan, Hidalgo, presentan rezagos importantes en la prestación de servicios de beneficio colectivo, como el de agua potable, drenaje sanitario y pavimentación de calles, resultado de la insuficiencia de recursos financieros para atender las necesidades que genera la rápida expansión de la ciudad y la dispersión de localidades rurales.

Derivado de la problemática mencionada, el ayuntamiento de Ixmiquilpan de acuerdo con Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016, plantea como objetivo general tener un municipio ordenado, competitivo y sustentable que mejore las condiciones de vida tanto de la población que reside en el municipio, como de la población de los municipios con los que colinda, debido a ser el centro del flujo económicos de la región, a través de la dotación de servicios de infraestructura para un mejor desarrollo humano que estimule las ventajas económicas del municipio y su región.

VII. Para lograr el cumplimiento de tal objetivo, entre las estrategias o acciones destacan:

•Inducir con un programa permanente la pavimentación de los principales accesos viales a las localidades y colonias del municipio.

•Impulsar un programa de reencarpetamiento de las principales calles del centro histórico de la ciudad.

•Programar las obras y servicios públicos de manera priorizada con las delegaciones municipales.

•Impulsar el estudio y utilización de nuevas tecnologías para el mantenimiento del pavimento.

•Proyectar nuevas vialidades que le den opciones reales de desarrollo a todo el municipio, incluyendo el libramiento norte de Ixmiquilpan.

•Dar mantenimiento de pavimentación (incluyendo bacheo, riego de sello, reconstrucción de pavimento de asfalto y construcción de pavimento de concreto).

•Respecto a Infraestructura vial, desarrollo de un sistema de administración de pavimentos, así como la construcción y operación de redes de ciclo vías y rutas peatonales.

Para la realización de tales proyectos, se tienen aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuentan con clave de cartera o folio un total de 24 proyectos de inversión para infraestructura y 5 proyectos que sólo cuentan con estudios técnicos.

El proceso para obtener dicha clave no es menor, se emprenden una serie de procesos que ameritan el cumplimiento de numerosos requisitos y comprobaciones, de ahí la importancia de asignar recursos desde la Cámara de Diputados para permitir que la ejecución de obra sea considerada como insumo para la formación de polos de desarrollo y generación de empleos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 74 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, asigne recursos a diversos proyectos de infraestructura en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, mismos que ya cuentan con todos los requisitos establecidos por ley.

Nota

1 Cabe señalar que en la evaluación del 2011-2012 participaron un total de 142 países, mientras que en el 2012-2013 fue de 144.

Salón de sesiones, a 11 de diciembre de 2012.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

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Con proyecto de decreto, que reforma el quinto párrafo del artículo 10 de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; y los artículos primero y tercero transitorios del artículo primero del decreto por el que se expide la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009

México, DF, a 11 de diciembre de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto que reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos primero; y tercero de los artículos transitorios del artículo primero, del “Decreto por el que se Expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

Proyecto de Decreto

Que reforma la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman los artículos primero; y tercero de los artículos transitorios del artículo primero, del “Decreto por el que se Expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de agosto de 2009.

Primero. Se reforma el quinto párrafo, del artículo 10 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

...

...

...

En caso de que la sociedad reciba un dictamen desfavorable del Comité de Supervisión Auxiliar, por no cumplir con los requisitos señalados en la presente ley, podrá solicitar la revisión del dictamen en un plazo de 90 días naturales a partir de la fecha en que dicho dictamen haya sido notificado ante el propio Comité de Supervisión Auxiliar, quien podrá ratificarlo o modificarlo dentro de los siguientes 60 días naturales. De ratificarse el dictamen desfavorable, la sociedad podrá solicitar la revisión de su solicitud ante la comisión quien deberá resolver sobre la misma dentro de los siguientes 120 días naturales. Las sociedades contarán con un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se les notifique la ratificación del dictamen desfavorable, para presentar directamente a la comisión dicha solicitud de revisión. En el caso de que la comisión resuelva en sentido negativo la solicitud de revisión presentada directamente por una sociedad que hubiera obtenido un dictamen desfavorable, la comisión deberá comunicar su resolución a la sociedad, dentro del periodo mencionado.

...

...

...

...

...

Segundo. Se reforman los Artículos primero primer párrafo; y tercero primer párrafo; fracciones I primer párrafo; II primer párrafo; III, primer y tercer párrafos y IV segundo y quinto párrafos, de los artículos transitorios del artículo primero del “Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, para quedar como sigue:

Transitorios del artículo primero

Primero. Las sociedades cooperativas de cualquier tipo que a la fecha de entrada en vigor de este decreto realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios para su colocación entre estos, deberán registrarse ante el Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo a más tardar el 31 de enero de 2014.

...

Tercero. Las Sociedades Cooperativas de cualquier tipo, distintas a la señaladas por el artículo segundo transitorio anterior, cuyo monto total de activos rebase el equivalente en moneda nacional a 2 millones 500 mil UDIS que a la fecha de entrada en vigor de este decreto realicen operaciones que impliquen la captación de recursos de sus socios para su colocación entre éstos y no hubiesen presentado una solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrán hasta el 31 de marzo de 2014 para constituirse como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo, siempre y cuando se ajusten a lo siguiente:

I. La asamblea general de socios de la sociedad de que se trate, a más tardar el 31 de enero de 2014, acuerde llevar a cabo los actos necesarios para constituirse como Sociedad cooperativa de ahorro y préstamo conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo y sujetarse a los términos y condiciones previstos en este artículo. Dicho acuerdo de la asamblea deberá incluir su consentimiento para que la sociedad sea evaluada y clasificada, manifestando además que conoce y está de acuerdo con el contenido de la metodología y criterios que se utilicen para efectos de dicha evaluación y clasificación, así como la conformidad de la asamblea respectiva para que la sociedad asuma las obligaciones que se originen de los programas, en términos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo.

...

...

II. Se sometan a una evaluación por parte del Comité de Supervisión Auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a más tardar el 31 de enero de 2014, con base en la metodología y criterios establecidos por el comité técnico a que se refiere la propia Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a fin de que este efectúe un diagnóstico puntual de la situación financiera, mecanismos de control interno y sistemas de información de las sociedades cooperativas, así como para que clasifique a dichas sociedades cooperativas en función al cumplimiento de los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar operaciones de ahorro y préstamo en términos de Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

...

...

a). ...

b) . ...

c) . ...

d). ...

...

...

III. Sujetarse a programas de trabajo con el comité de supervisión auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Dichos programas deberán desarrollarse por el referido comité de supervisión auxiliar con la opinión de un consultor, auditor externo, o bien, del área de asistencia técnica de una federación constituida al amparo de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que reúnan los requisitos que al efecto establezca el comité técnico a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y deberán considerar el resultado de las evaluaciones a que se refiere la fracción II.

...

El comité de supervisión auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con la opinión de los consultores, auditores o del área de asistencia técnica de que se trate, deberá evaluar de manera periódica el cumplimiento de los programas señalados en los 2 párrafos anteriores, pudiendo emitir recomendaciones o efectuar modificaciones a aquellos que contribuyan a que las sociedades cooperativas evaluadas obtengan su autorización en los tiempos previstos en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como modificar la clasificación originalmente asignada, como consecuencia de la evaluación periódica antes citada.

...

IV. ...

a). ...

b). ...

c). ...

d) . ...

e). ...

Adicionalmente, las sociedades cooperativas a que se refiere la presente fracción, no podrán abrir nuevas sucursales ni incrementar sus activos crediticios en un porcentaje superior al 20 por ciento anual.

...

...

El comité de supervisión auxiliar a que se refiere la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo publicará dentro de cada semestre en el Diario Oficial de la Federación y en su página electrónica en la red mundial Internet, un listado en el que se mencionen las sociedades que cumplan con los requisitos señalados en este precepto y, a partir de marzo de 2010, el resultado de las evaluaciones periódicas a que se refiere la fracción III anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Senadores., a 11 de diciembre de 2012.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)

Secretaria

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Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Benjamín Robles Montoya, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada y Dolores Padierna Luna

México, DF, a 11 de diciembre de 2012

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Benjamín Robles Montoya, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Víctor Hermosillo y Celada y Dolores Padierna Luna, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

Marcela Torres Peimbert, Mario Martín Delgado Carrillo, Gabriela Cuevas Barron, Ernesto Ruffo Appel, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo Celada, Luis Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Martín Orozco Sandoval, Luz María Beristaín, Mario Martín Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández y Ángel Benjamín Robles Montoya, senadores de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8o., numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Esta iniciativa se presenta con el aval de los siguientes diputados (37 en total):

Heberto Neblina Vera, Fernando Rodríguez Doval, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, José Ángel González Serna, Juan Carlos Muñoz Márquez, Karina Labastida Sotelo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Eufrosina Cruz Mendoza, Enrique Alejandro Flores Flores, Martha Leticia Sosa Govea, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Carlos Alberto García González, Juan Pablo Adame Alemán, María Teresa Jiménez Esquivel, Omar Antonio Barboa Becerra, Leslie Pantoja Hernández, María Isabel Ortiz Mantilla, José de Jesús Oviedo Herrera, Andrés de la Rosa Anaya, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Mario Alberto Dávila Delgado, Alberto Díaz Trujillo, Glafiro Salinas Mendiola, Julio César Lorenzini Rangel , José Guillermo Anaya Gómez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Laura Barrera Fortoul, Francisco Javier Fernández Clamont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rosario Pariente Gavito, Rubén Acosta Montoya, Bárbara Romo Fonseca, Felipe Arturo Cámara, Ruth Zavaleta Salgado, Analilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Roberto López González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

(Se anexan firmas)

A. Base constitucional.

El derecho a la protección de la Salud, como uno de los derechos sociales de contenido prestacional por definición, implica que el Estado debe desarrollar una serie de acciones positivas (de hacer) que busquen resguardar la salud de su población, o bien, repararla cuando ha sido afectada.

Así, el artículo 4 constitucional en tanto dispone que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (...)”, hace que “el legislador, al llevar a cabo delimitaciones de las esferas individuales exigidas por los derechos de protección, configura(e) una parte decisiva del orden jurídico y, con ello, una parte esencial de la vida social”, por lo que lo obliga a establecer normas que permitan tal protección, mismas que no pueden ser solamente vinculadas con el acceso a los servicios de salud, sino a crear las condiciones para que la población, en el desarrollo normal de sus actividades, pueda ver protegido dicho derecho fundamental.

De ahí que la protección a la salud sea una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos y represente una de las claves del Estado de bienestar, al obligarlo a la creación de políticas públicas tendientes a hacerlo efectivo, como lo son, incluso, las de carácter tributario.

Al respecto, es necesario tener presente lo que se entiende por Salud, ya que todas las acciones del Estado deben, como ya se mencionó, tender a mantenerla. Así, la salud implica, de acuerdo con lo señalado por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria a la Salud, “el estado de completo bienestar físico, mental, y social y no solamente como ausencia de afectaciones o enfermedades (...)”, de ahí que todas las normas emitidas por el poder legislativo deben contribuir a su mantenimiento y protección.

Lo anterior, se confirma, incluso, con lo dispuesto en el párrafo 56 de la Observación General número 14 al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que establece que los Estados deben adoptar una legislación marco para dar mayor efectividad a la estrategia nacional que deben dictar para hacer realidad el derecho a la salud.

De igual forma y a nivel interamericano, tenemos que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce (artículo XI) que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.

Como puede observarse, la creación de normas que permitan la efectiva protección a la salud no puede entenderse solamente vinculada con la materia sanitaria, sino a otras, como la tributaria, particularmente con la intención de establecer contribuciones que, por un lado, inhiban conductas nocivas para la salud y, por otro, ante su realización, generen recursos para satisfacer los gastos para su atención.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así ha comprendido el derecho a la protección de la salud, al establecer que éste es “una responsabilidad social que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso”.

De ahí que pensar que el establecimiento de contribuciones que permitan cumplir con dicha función debe ser vista como una política de Estado, esto es, la política impositiva con un fin eminentemente social, en este caso, vinculada con el derecho a la salud y a su protección.

B. El impuesto especial sobre producción y servicios, como impuesto con fines fiscales y extrafiscales en materia de salud pública.

La obligación del Estado de satisfacer los gastos públicos, entre ellos, los vinculados con la protección a la salud, constituye una tarea esencial, no sólo para hacer efectivo el derecho a la salud, sino para crear condiciones que permitan su protección. Por ello, la necesidad de establecer contribuciones que generen los ingresos que permitan solventar tales gastos y, de manera paralela, que inhiban conductas nocivas a la salud, es una herramienta fundamental. Máxime si consideramos que nuestro país requiere de más recursos tributarios, especialmente no petroleros (para evitar estar sujeto al comportamiento volátil de los mismos), que le permitan sufragar esos y otros gastos.

De ahí que pensar en un aumento en impuestos indirectos, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que por definición tiene una función recaudatoria, y que además permite cumplir con una finalidad extrafiscal, dependiendo del objeto del gravamen, como lo es inhibir el consumo de ciertos productos que pueden generar un problema de salud pública (como refrescos o bebidas con alto contenido de azúcares, por ejemplo), resulta ser un mecanismo idóneo para cumplir con los objetivos señalados, esto es, lograr una mayor recaudación de ingresos tributarios y evitar el consumo de productos que atentan contra la salud pública del país.

Además, se trata de un impuesto de fácil recaudación, administración, manejo y control por parte de las autoridades fiscales, ya que la forma en que se entera se realiza a través de pocos contribuyentes que auxilian a la administración tributaria.

En este sentido, el establecimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre refrescos y bebidas azucaradas, no sólo permitiría una mayor recaudación para sufragar el gasto público de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios (dado el carácter participable y de asignación directa que tiene el citado impuesto), sino que sería un instrumento para inhibir el consumo de tales bebidas, ya que se ha comprobado que un aumento en su precio incide directamente en una disminución en su consumo (se trata de un producto con una demanda elástica en términos económicos).

C. El sobrepeso y la obesidad como problema de Salud Pública en México.

En México, el sobrepeso y la obesidad representa uno de los mayores problemas de salud pública, ya que el 39.05% de la población tiene sobrepeso y 32.15% obesidad, incrementándose substancialmente el riesgo de sufrir enfermedades como diabetes y cáncer.

Al respecto, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, presentaron una prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 de 34.4%, 19.8% para sobrepeso y 14.6 para obesidad, mientras que en los adultos la prevalencia combinada es de un 73% para las mujeres y 69.4% para los hombres.

Estos problemas de salud pública tienen como una causa central el consumo de refrescos, ya que México es el principal consumidor de éstas bebidas en el mundo. Nuestro país consume un promedio de 163 litros de refresco por persona por año, lo que es 40% mayor que el consumo de un estadounidense promedio (118 litros).

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010, el gasto de las familias mexicanas en bebidas no alcohólicas (incluyendo a los refrescos) representó 5.7% del gasto en alimentos y bebidas. Los hogares mexicanos destinaron la misma cantidad de dinero en refrescos que en carne de res y ternera.

De acuerdo a la investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Stephanie Seneff, una porción de 500 mililitros de refresco contiene 220 calorías, sin aportar ningún tipo de nutrientes. Este volumen de refresco contiene 60 gramos de azúcar, lo que equivale a 12 cucharaditas de azúcar.

Según el artículo “Onzas de Prevención – el Caso de Política Pública para los Impuestos a Bebidas Azucaradas”, publicado por el Dr. Kelly Brownell y el doctor Thomas Friedman en el New England Journal of Medicine, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta 60% por cada porción de refresco (227 ml) que consume al día, al mismo tiempo que se aumenta la probabilidad de padecer diabetes y otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso.

En el caso de las mujeres, el consumo de una porción diaria de refresco aumenta en 23% el riesgo de enfermedades del corazón, mientras que incrementa en 35% para las que consumen dos o más porciones al día.

Otro estudio realizado en 2009 por la Universidad de California en Los Ángeles demuestra que los adultos que consumen refrescos de manera ocasional son 15% más propensos a padecer sobrepeso y obesidad. Esta cifra aumenta a 27% si el consumo es de una o más porciones diarias. El estudio señala además que en niños y adolescentes, el sobrepeso y la obesidad están asociados con un mayor riesgo cardiovascular, colesterol alto, presión arterial alta, diabetes, entre otras.

El Centro de Investigación en Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud afirma que el aumento en el consumo de refrescos provocó un incremento en los casos de diabetes y obesidad temprana en los niños y jóvenes mexicanos por ser bebidas elaboradas con sacarosa, glucosa y fructosa, mismas que afectan el páncreas y fácilmente llegan a la sangre, integrándose en los tejidos y convirtiéndose en grasa.

De acuerdo a David L. Katz, especialista en medicina interna y preventiva y Director del Centro de Investigación Preventiva de la Universidad de Yale, el consumo de azúcar en exceso puede resultar dañino en cualquiera de sus formas (sucrosa, fructosa, sacarosa, etc.), y brinda sólo calorías vacías, lo que contribuye el aumento de peso, al desequilibrio hormonal, a la resistencia a la insulina y a la diabetes.

El aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad a escala mundial está estrechamente vinculado a una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasa y azúcares, incluidos los refrescos y las bebidas azucaradas, que contienen escasas vitaminas, minerales y otros nutrientes.

Asimismo, la obesidad y el sobrepeso tienen un alto costo para el país, no sólo porque 8 de cada 10 muertes en el país son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles, relacionadas con estos padecimientos, sino por el creciente gasto que representa para el sistema de salud pública.

En México, el costo total del sobrepeso y la obesidad se duplicó entre 2000 y 2008, pasando de $35,429 millones de pesos a por lo menos $67,345 millones de pesos. Se estima que dicho gasto aumentará a $150,860 millones de pesos en el año 2017, equivalente a cinco veces el presupuesto de la UNAM para 2012 ($32 mil millones de pesos).

De igual forma, el costo indirecto estimado por la pérdida de productividad por muerte prematura provocada por la obesidad fue de $25 mil millones de pesos en 2008, el cual tiene un crecimiento anual de 13.51%. Si este problema no se soluciona mediante programas y políticas públicas de prevención y disminución de los factores obesogénicos, este costo alcanzará los $73 mil millones de pesos en 2017, equivalente al PIB de estados como Nayarit y Colima, lo que afectará a aproximadamente 68 mil familias por año.

Según el estudio “Impacto del cambio del consumo de bebidas azucaradas en la ingesta calórica en niños y adolescentes”, del Centro Nacional de Información en Biotecnología de los Estados Unidos de América, el reemplazo de bebidas azucaradas por productos libres de energía está relacionado con la reducción de la ingesta calórica, por lo que representa una estrategia clave para eliminar el exceso de calorías y prevenir la obesidad. Los resultados de este estudio indican que por cada porción adicional (230 mililitros) de bebidas azucaradas, manteniendo las otras bebidas constante, corresponde un incremento de 106 kcal por día. Por otro lado, no se vio ningún incremento neto en el consumo energético total en el caso del agua (8 kcal/d). El estudio concluye que el reemplazo de bebida azucarada con agua ayudaría a disminuir la ingesta calórica en 235 calorías al día.

Los líquidos tienen una falta absoluta de compensación dietética, lo que sugiere que el organismo no registra la ingestión de energía a partir de bebidas para luego regular el apetito y la ingestión de alimentos. Durante el periodo de 1999-2006 se duplicó el consumo de energía a partir de bebidas en todos los grupos de edad. Se recomienda el consumo de bebidas con azúcar y bajo contenido de nutrimentos (refrescos, jugos, aguas frescas y café con azúcar) sólo de manera esporádica y en porciones pequeñas, ya que proveen excesivas calorías y ninguno o muy escaso beneficio nutricional. Dada la baja saciedad que producen las bebidas, su efecto neto es un aumento del consumo de energía y por lo tanto la obesidad.

La licenciada en Nutrición Guadalupe Elsa Quijano Romo, jefa de Nutrición del Hospital General de Zona No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en la Ciudad de México, ratifica que las calorías vacías no ayudan al desarrollo ni al crecimiento de los seres humanos, y solamente se convierten en un riesgo para la salud. Además, asevera que debido al alto consumo de calorías vacías que existe en México nos hemos convertido en uno de los países con mayor obesidad en el mundo, sin olvidar que la población con enfermedades crónico degenerativas (de larga duración y que se agravan con el tiempo) como diabetes (incremento en la concentración de azúcar en sangre debido a la incapacidad del organismo para utilizarla), hipertensión (presión arterial elevada), hiperlipidemia (altos niveles de grasa en sangre) y problemas circulatorios aumenta permanentemente.

D. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios sobre refrescos y bebidas azucaradas como instrumento recaudatorio e inhibidor de conductas nocivas para la salud pública.

En virtud de la situación descrita en el punto anterior y considerando las bases constitucionales señaladas, así como la factibilidad de utilizar instrumentos de política fiscal, como el establecimiento de contribuciones, con la presente Iniciativa, se pretende dotar al Estado de mayores recursos para hacer frente a los gastos del sector salud que se derivan del sobrepeso y la obesidad, y, por lo tanto, para estar en posibilidad de dar una atención médica a los afectados y desincentivar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas, como medida de carácter extrafiscal.

Este tipo de gravámenes dan la oportunidad a los gobiernos de procurar un bien público (la salud pública) y también un beneficio al erario (mayor recaudación).

En este sentido, resultan aplicables, por analogía, las aseveraciones contenidas en la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 1088/2007 y que condensan en la siguiente tesis de Jurisprudencia:

“Producción y servicios. El fin extrafiscal pretendido al gravar con una tasa mayor los tabacos labrados a granel es distinto e independiente de la facultad del congreso de la unión para imponer el impuesto especial relativo.

El artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, con base en la cual se estableció el tributo por la enajenación e importación de los bienes señalados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ahora bien, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el legislador estableció una tasa impositiva mayor para los tabacos labrados a granel en relación con otros productos, con la finalidad de desalentar su consumo, es decir, con la indicada medida no atendió al propósito de todo impuesto de contribuir al gasto público, sino al fin extrafiscal consistente en desincentivar el consumo de un producto nocivo para la salud, lo cual es distinto e independiente de la facultad del Congreso de la Unión para imponer el tributo respectivo, pues si bien el impuesto especial sobre producción y servicios tiene un fin recaudatorio, éste es distinto al hecho de que pretenda desincentivarse el consumo del tabaco, lo que se logra mediante la imposición de una tasa alta, no por el tributo en sí.”

De igual forma, resultan aplicables, igualmente por analogía, las tesis que enseguida se transcriben, por resultar ilustrativas:

“Contribuciones. Fines extrafiscales.

Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos.

Contribuciones. Los fines extrafiscales no pueden justificar la violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto.”

De donde se desprende la facultad del legislador para establecer contribuciones y expedir, entre otras, las leyes que resulten indispensables para encauzar y fomentar el desarrollo económico del país, así como para lograr una más justa distribución de la riqueza. Cabe precisar que los fines extrafiscales se alcanzan no únicamente mediante el establecimiento de contribuciones, sino también con las exenciones.

En efecto, el fin extrafiscal perseguido y que justifica el establecimiento del gravamen que más adelante se propone, es lograr una reducción en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas y, por lo tanto, de todos los costos públicos que en materia de salud se asocian al mismo.

E. Contenido de la iniciativa

Por ello, mediante la presente Iniciativa se propone, fundamentalmente: i) establecer un impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas, y ii) establecer que los recursos tributarios recaudados por este concepto se destinen a satisfacer los gastos que provocan las enfermedades originadas por su consumo, a través del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley del Coordinación Fiscal.

A continuación se detallan tales propuestas:

I. Establecimiento del gravamen

Se estima necesaria la aplicación de un impuesto especial ad valorem del 20% sobre el precio de venta al público en general de cualquiera de las siguientes bebidas y productos para producir bebidas que se encuentren endulzados con azúcares y por lo tanto tengan un aporte calórico: aguas naturales y minerales gasificadas; refrescos; concentrados, polvos, jarabes; esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, ya que, como se mencionó, el contenido de éstas en tales bebidas es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad.

Al respecto, además de la definición que se propone de refrescos, se contempla la definición de “azúcares”, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria, con el objeto de precisar de manera clara cuál es el objeto del gravamen.

Asimismo, es necesario mencionar que este gravamen encuentra sustento, incluso, en lo establecido en el artículo XX, inciso b, del Acuerdo General en materia de Aranceles y Comercio (GATT), al establecer que:

“(...) ninguna disposición del presente Acuerdo [el GATT] será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: (...)

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales; (...).”

Lo anterior, ya que la medida tributaria que se propone tiene como explicación y justificación la protección de la salud pública en México, dado el contexto descrito en el capítulo respectivo de la presente iniciativa, por lo que no debe tomarse como una medida que atenta contra los compromisos internacionales suscritos por nuestro país. Además, la medida aplica a todos los refrescos, según la definición que se propone, y bebidas que contienen azúcar, con independencia del tipo de ésta.

En este sentido, si bien, el principal objetivo del impuesto a refrescos y bebidas azucaradas es desincentivar el consumo de estos productos al estar relacionados con un aumento en los índices de sobrepeso y obesidad, la recaudación que podría generar con el gravamen propuesto, según la Dra. Arantxa Colchero, Investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública,, tomando como base la tasa propuesta por cada litro de refresco, ayudaría a disminuir el consumo de estos productos de 163.3 litros por persona al año a 120.9 litros.

Hay que recordar que la demanda de refresco en México es elástica, por lo que incrementar los impuestos desincentivaría el consumo de estos productos y fortalecería la capacidad recaudatoria del país.

El impuesto recaudaría, según la citada Doctora, cerca de $22 mil 861 millones de pesos, lo que permitiría al gobierno destinarlos al sector salud, o bien, a introducir bebederos de agua potable en las escuelas y espacios públicos, además de la implementación de programas en contra de la obesidad y el sobrepeso.

El impuesto ayudaría, según la doctora Colchero, a reducir en 12 por ciento la prevalencia de diabetes en el país, así como a disminuir en 26 por ciento los costos de nuevos casos de diabetes en los próximos 10 años. Esto reduciría el costo directo de la atención médica de enfermedades relacionadas con la obesidad de $42 mil mdp a $35 mil mdp.

Además, el impuesto no implica una carga financiera desproporcionada para las familias de menores recursos, ya que el gasto en refrescos como proporción del gasto en alimentos es similar al desagregar la información por quintil de ingreso, disminuyendo en la misma proporción el consumo de estos productos.

Ahora bien, considerando la citada incorporación de nuevos bienes al impuesto especial sobre producción y servicios, tales como los refrescos, aguas naturales o minerales, etc., que contengan cualquier tipo de endulzante, y toda vez que los mismos tributarán en el esquema de ad-valorem, contemplado para los bienes gravados por la Ley que nos ocupa, es necesario incorporar dichos conceptos en la mecánica de acreditamiento establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, por lo que se proponen las medidas pertinentes para realizar las adecuaciones respectivas.

Además, establecer un impuesto como el que se propone no es del todo ajeno al sistema tributario mexicano, ya que de 2002 a 2006 se estuvo en vigor en México un impuesto similar, mismo que desapareció por considerarse que resultaba incompatible con los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, al prever que el citado gravamen se pagara solamente sobre refrescos y otras bebidas endulzadas con alta fructuosa, situación que en el caso que nos ocupa no ocurre, ya que el gravamen se prevé para todas las bebidas endulzadas con azúcares en general, sin hacer ninguna distinción entre el tipo de azúcar.

Con independencia de lo anterior, es de destacar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró constitucional el citado gravamen.

De igual forma, la experiencia internacional soporta una propuesta como la que se hace, ya que en distintos países y con diversas modalidades se contemplan gravámenes como el que nos ocupa. Tales países son Rumania, Francia, Grecia, Hungría, Finlandia, Dinamarca y Argelia, así como el Estado de New York, en los Estados Unidos de América.

En razón de los argumentos expuestos, se propone incorporar el gravamen antes mencionado a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

II. Destino de la contribución a un gasto público especial

Por otro lado y por lo que se refiere al fin extrafiscal del impuesto que nos ocupa, se estima que si bien existe un fin recaudatorio en la reforma planteada, el fin extrafiscal de la misma es el más importante, toda vez que permite adoptar medidas para combatir el sobrepeso y obesidad, así como las enfermedades que producen, a través del diseño de una política impositiva que inhiba el consumo de bebidas azucaradas.

En este contexto, la reforma propuesta permite proveer al Estado de mayores recursos que permitan al sector salud hacer frente a los gastos que provocan el sobrepeso y la obesidad considerando que éste representa una de las principales causas prevenibles de diversas enfermedades, así como para continuar o implementar nuevos programas para la prevención, control y tratamiento de dichos padecimientos, o bien, para financiar proyectos de infraestructura hidráulica para generar un mayor acceso a agua potable.

Por ello y considerando que el costo que se genera por los padecimientos asociados al sobrepeso y la obesidad es muy alto para el Estado, se estima necesario que los recursos extraordinarios que se generarían con la reforma planteada se destinen a cubrir estos costos.

Lo anterior, no implica ninguna violación de índole constitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante jurisprudencia, que las contribuciones destinadas a un gasto público especial no violan el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna.

Ello se observa en la Jurisprudencia 106/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, noviembre de 1999, página 26, que establece:

“contribuciones. Las destinadas al pago de un gasto público especial no violan el artículo 31, fracción IV, Constitucional.

Al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos deben destinarse al pago de los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja común en la que se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su origen, sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación es destinado al pago de un gasto público especial que beneficia en forma directa a la colectividad, no sólo no infringe, sino que acata fielmente lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En efecto, se considera congruente contar con mayores recursos fiscales que puedan ser canalizados a los rubros que directamente combaten el sobrepeso y la obesidad, dado el problema de salud pública que representa en nuestro país, en esta caso, a través del Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 29/2008, que:

“...la garantía de los gobernados de que los tributos que paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva a que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o de gastos generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca dicha Constitución, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -que es inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe edificarse, esencialmente, en cumplir con las obligaciones y aspiraciones que ese ámbito describe la Carta Fundamental.

De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, pues es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman tales necesidades de una persona no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social; (...)”

Al respecto, emitió la Jurisprudencia del Pleno No. 15/2009, cuyo rubro y texto establecen:

Gasto público. El principio de justicia fiscal relativo garantiza que la recaudación no se destine a satisfacer necesidades privadas o individuales.

El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la Ley Suprema, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social.

Ahora bien, respecto de esta propuesta, es decir, de destinar los recursos que se recauden por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicable a refrescos y bebidas azucaradas, a cubrir los gastos que genera la atención a padecimientos como el sobrepeso y la obesidad, así como a las enfermedades que derivan de ellos, se estima necesario señalar que tampoco se vulnera la autonomía financiera de las entidades federativas, ya que los recursos que tendrán ese destino específico serán los que resulten después de aplicar tanto la asignación directa como el monto participable del mismo, de conformidad con la Ley del Coordinación Fiscal.

En otras palabras, no se propone ninguna ‘etiqueta’ de los recursos que por disposición legal les corresponden y que altere la libertad de gasto que poseen las entidades federativas, demarcaciones políticas y los ayuntamientos, sino simplemente a nivel Federal, con los recursos que le corresponden a la Federación, se destinen a cumplir con el objeto señalado.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 2º, fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, X, XI y XIII; se adicionan al artículo 2º, fracción I, un inciso I) y un último párrafo, y al artículo 3, una fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., fracción II, inciso A), 4, segundo y cuarto párrafos, 5-A, primer párrafo, y 19, fracciones II, tercer párrafo, VIII, X, XI y XIII; se adicionan al artículo 2º, fracción I, un inciso I) y un último párrafo, y al artículo 3, una fracción XVIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

Incisos A) al H)...

I) Refrescos, aguas mineralizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos...... 20%

II. ...

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I de este artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación en territorio nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de bienes por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 8o. de la misma.

Incisos B) al C)

Artículo 3. ...

Fracciones I a XVII

XVIII. Refrescos, las bebidas no fermentadas, elaboradas con agua, agua carbonatada, extractos o esencias de frutas, saborizantes o con cualquier otra materia prima, gasificada o sin gas, pudiendo contener ácido cítrico, ácido benzoico o ácido sórbico o sus sales como conservadores, endulzados con azúcares.

Se entiende por azúcares, todos los monosacáridos y disacáridos presentes en dichas bebidas.

No se consideran refrescos los jugos y néctares de fruta. Para tales efectos, se entiende por jugos o néctares de fruta, los que tengan como mínimo 20% de jugo o pulpa de fruta o 2º brix de sólidos provenientes de la misma fruta.

Artículo 4. ...

...

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), E), F) e I) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley.

...

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley, las tasas a que se refiere la fracción I, incisos A), F) e I) del artículo 2o. de la misma, o de la que resulte de aplicar las cuotas a que se refieren los artículos 2o., fracción I, inciso C), segundo y tercer párrafos y 2o.-C de esta Ley. Se entiende por impuesto acreditable, un monto equivalente al del impuesto especial sobre producción y servicios efectivamente trasladado al contribuyente o el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación, exclusivamente en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, en el mes al que corresponda.

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Fracciones I a V

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Artículo 5-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

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Artículo 19. ...

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II. Expedir comprobantes sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.

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Los contribuyentes que enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que trasladen en forma expresa y por separado el impuesto establecido en la misma, deberán asegurarse de que los datos relativos al nombre, denominación o razón social de la persona a favor de quien se expiden, corresponde con el registro con el que dicha persona acredite que es contribuyente del impuesto especial sobre producción y servicios respecto de dichos bienes. Asimismo, los citados contribuyentes deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria en forma trimestral, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la relación de las personas a las que en el trimestre anterior al que se declara les hubiere trasladado el impuesto especial sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria.

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Fracción III a la VII

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.

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Fracción IX...

X. Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas energetizantes, concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes, refrescos, aguas mineralizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, deberán llevar un control físico del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior al de su declaración.

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XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XII...

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F) e I) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior.

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Fracciones XIV a la XXII...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2012.

Senadores: Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barron, Luis Fernando Salazar Fernández, Martín Orozco Sandoval, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Salvador López Brito, Luz María Beristáin Navarrete, Mario Martín Delgado Carrillo Benjamín Robles Montoya, Ernesto Ruffo Appel, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Javier Corral Jurado, Víctor Hermosillo y Celada, Mario Delgado Carrillo, Sofío Ramírez Hernández, Francisco García Cabeza de Vaca, Martha Palafox Gutiérrez, Patricio Martínez García, René Juárez Cisneros, Luis Juan Carlos Romero Hicks (rúbricas).

Diputados: Francisco Javier Fernández Clamont, Laura Barrera Fortoul, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Roberto Gil Zuart, Fernando Rodríguez Doval, María Teresa Jiménez Esquivel, Omar Antonio Barboa Becerra, Leslie Pantoja Hernández, María Isabel Ortiz Mantilla, José de Jesús Oviedo Herrera, Andrés de la Rosa Anaya, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Mario Alberto Dávila Delgado, Alberto Díaz Trujillo, Glafiro Salinas Mendiola, Julio César Lorenzini Rangel, José Guillermo Anaya Llamas, Heberto Neblina Vera, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Juan Carlos Uribe Padilla, José Ángel González Serna, Juan Carlos Muñoz Márquez, Karina Labastida Sotelo, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Eufrosina Cruz Mendoza, Enrique Alejandro Flores Flores, Martha Leticia Sosa Govea, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Carlos Alberto García González, Juan Pablo Adame Alemán, Roberto López González, Rosario Pariente Gavito, Rubén Acosta Montoya, Bárbara Romo Fonseca, Felipe Arturo Cámara, Ruth Zavaleta Salgado, Analilia Garza Cadena (rúbricas).

Con proyecto de decreto, que reforma las fracciones I, III y IV del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, presentada por Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

México, DF, a 11 de diciembre de 2012

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)

Vicepresidente

Quien suscribe, senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8o. numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos para efecto de fortalecer los recursos presupuestarios para la promoción turística de México a nivel internacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El turismo es uno de los mayores motores económicos a nivel mundial, dicha actividad sirve para reducir la pobreza en países en vías de desarrollo, según la Organización Internacional del Trabajo, para 2010 se esperaba que el sector generará 235 millones de puestos lo que significa el 8% del empleo a mundial.

Este sector representa más de una tercera parte del comercio mundial de servicios. Es una de las fuentes más importantes de empleo a nivel mundial ya que requiere diversos niveles de cualificación y permite la incorporación de jóvenes, mujeres y trabajadores migrantes en la población activa. La Organización Mundial del Turismo (OMT) espera que el sector proporcione a escala mundial 296 millones de puestos de trabajo para 2019. Según la OMT los ingresos por el turismo internacional se elevaron a 625,000 millones de euros en 2007, lo que corresponde a un incremento en términos reales del 5.6% en relación con 2006.

A pesar de la crisis de 2008 y la emergencia de salubridad durante el pasado sexenio, el sector turístico se proyecta para colocarse del lugar 23 al lugar 15 a escala mundial, generando divisas por un monto de 17 mil millones de dólares, después de décadas de magros resultados, el sector turístico se ubica por encima de la media de crecimiento nacional, en 2011, la tasa de crecimiento en turismo fue de 1.8%, para 2012 se estima un crecimiento del 3.5%.

Uno de los indicadores que fortalecen la tesis de fortalecimiento del sector en México, es el sector hotelero tradicional y de tiempos compartidos, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, en 2012, se registra un 69 % es la tasa de ocupación de tiempo compartido y el 57% de la hotelería tradicional en los principales destinos de playa, el promedio es de 5.5 noches de estancia, las ventas del sector hotelero alcanzo los 3.1 mil millones de dólares de derrama económica. Y por si fuera poco, los empleos generados representan casi400 mil empleos, que son casi 24% de la industria.

Sin embargo, el potencial turístico es todavía amplio, parte de los retos de la nueva administración, es el relanzamiento de la promoción de cada uno de los enclaves turísticos de México, como son el tradicional puerto de Acapulco, Cancún, Rivera Maya, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, los Cabos, Mazatlán, Ixtapa, así como puntos estratégicos del turismo religioso y artístico como la Basílica de la Ciudad de México, artístico-cultural en Guanajuato, y demás actividades de turismo alternativo y médico por explotar en la próxima década.

Los empresarios del sector turístico están convencidos que es fundamental fortalecer la promoción a nivel internacional de nuestras zonas turísticas, que permitiría cumplir con dos objetivos, el primero, consolidarse en los mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa, y ampliar nuestra oferta para la atracción de los llamados baby boomers, y nuevos nichos de turismo juvenil, y segundo, ampliar nuestra presencia en los mercados de América Latina y Asia. A la par de los cambios en las tendencias comerciales en el mundo, nuestro sector turístico debe tener la posibilidad presupuestaria para hacer una mayor promoción para impulsar la diversificación de mercados y productos.

Sin embargo, como toda política pública, el financiamiento de la promoción requiere una fuente de recaudación, un estudio comparativo con diversos países nos indica lo siguiente:

a) Colombia: El impuesto de salida de Colombia tiene el valor de USD $66, ($845.282, MXN) aplicable a todas las salidas internacionales, para los ciudadanos colombianos y extranjeros que permanecieron en el territorio de Colombia por más de 2 meses. En caso de una estadía más corta que dos meses, el valor del impuesto de salida para los extranjeros es de 33 USD. ($422.641MXN)1 Algunas aerolíneas, como Air France, American Airlines y Avianca, dependiendo de la ruta en la cual operan, incluyen este impuesto en el precio del tiquete aéreo.

El impuesto de salida se debe consignar a la salida del país en el aeropuerto en efectivo y en una sola moneda (pesos colombianos o dólares, excluyendo los billetes de US $100).

b) Argentina: El criterio es cobrar una tasa de reciprocidad a viajeros que visiten el país, con un precio equivalente a lo que un argentino paga por una visa en sus países de origen. La implementación de esta norma es parecida a las que utilizan distintas naciones como son Chile y Brasil. En tanto desde el Ministerio del Interior, se aseveró que si bien no se les solicitará visa a los turistas extranjeros cuando estos lleguen a la aduana, deberá abonar un impuesto con un costo semejante al que un argentino debe pagar por la obtención de una visa. Además, informaron que la tasa no consiste en una visa, sino de un impuesto que los turistas pagarán una vez, y tendrá el mismo periodo de duración que las visas que esos países otorgan a los argentinos. En tanto el impuesto que se cobrará en aeropuertos, tiene como finalidad de invertir en infraestructura y tecnología y quedará efectiva a partir del año próximo. De esta forma, la tasa para ingresar al país será afín al precio del visado que requieren en otras naciones a los turistas argentinos.

c) Estados Unidos: Se aplica anatasa turística de 14 dólares, 10,5 euros, ($179.302 MXN) que se paga una vez cada dos años, independientemente del número de viajes que se hagan al país los viajeros que no necesitan visa para entrar en el país. Además las pernoctaciones en este país se recargan con un impuesto que equivale al 5.10 por ciento del precio de la habitación. Sólo es el más reciente, no el único. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, precisa que diez de los catorce dólares se destinan íntegramente a la promoción del país, mientras que los cuatro restantes servirán para cubrir los gastos administrativos de la autorización electrónica obligatoria que se requiere para viajar. Una autorización que desde enero del 2009 afecta a 35 países exentos de visa para entrar a Estados Unidos (entre ellos España y 21 países más de la Unión Europea). El impuesto forma parte de la Travel Promotion Act de marzo de 2009, actualmente renombrada por el presidente Obama como la Brand USA, es un programa de promoción turística. Con esta tasa se financiará hasta el 50% de las actividades de promoción turística de EEUU, la cual es mucho menor a las que pagan los estadounidenses cuando entran o salen de países extranjeros. Se destaca que con el plan de promoción turística generará miles de millones de dólares de gasto de nuevos turistas y cientos de empleos.

d) Chile: Existe el Impuesto de Reciprocidad, tratado internacional con Australia, Canadá, Estados Unidos y México en orden a responder recíprocamente al trato que reciben ciudadanos(as) chilenos (as) cuando se les aplica un impuesto por ingresar a estos países. Chile aplicaría la misma política con los ciudadanos provenientes de estos países a su ingreso por Policía Internacional, respondiendo de manera recíproca:

•Australia US$ 56 ($717.209MXN)

•Canadá US$ 132 ($1690.564MXN)

•Estados Unidos US$ 100($1280.72MXN)

•México US$ 15($192.11MXN)

En el caso particular de México, el 31 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) en la que se agregaron las fracciones I, III y VII al artículo 8, que establece que “por la expedición de autorización en la que se otorga la calidad migratoria de No migrante a extranjeros y por las prórrogas correspondientes se pagará el derecho por servicios migratorios”. El Derecho de No Inmigrante es la contribución por servicios migratorios que deben pagar los extranjeros que ingresen a México con la calidad migratoria de no inmigrantes.

Los turistas, los visitantes personas de negocios o visitantes concejeros y transmigrantes, de acuerdo con las fracciones I, III y VIII del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos establecen como cuota la cantidad de 295.00 pesos. Los turistas deben enterar este derecho a su ingreso al País, esto conforme a lo establecido en el último párrafo del mencionado artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. En 2010 se obtuvieron 343 millones 823 mil pesos, de los cuales se dieron al Consejo de Promoción Turística de México 240 millones 676 mil pesos y a Fonatur 34 millones 382 mil pesos, y los principales puntos turísticos de recaudación de dicho derecho fueron Quintana Roo, actual generadora del 46% de lo recaudado por el DNI; el Distrito Federal 21%; Baja California Sur 9%; Puerto Vallarta 9.5%, y la Riviera Nayarit 4.5%.

Cabe señalar, que el artículo segundo transitorio, fracción IV del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de noviembre de 2010 establece como excepción a la fracción I. del artículo 8 que los turistas que visiten el País vía terrestre y cuya estancia no sea mayor a 7 días, no tendrán que pagar esta contribución.

Al igual que el caso norteamericano, una parte de la recaudación de este derecho, conforme a lo que establece el artículo 18-A, primer párrafo, el 20% al Instituto Nacional de Migración (INM) para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y el 80% al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para la promoción turística del país, mismo que en términos del artículo 18-A del total de los ingresos que obtenga por este derecho, deberá transferir el, 10% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, así mismo, dichos ingreso podrán ser utilizados para pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo.

A la luz de la revisión de la experiencia internacional, se puede concluir que:

a) Es una contribución que no afecta por el nivel de ingreso promedio del turista norteamericano y europeo.

b) El monto del derecho de 22 dólares que actualmente se aplica en México se ubica por debajo de la norma internacional, incluso, el Congreso de la Unión debe legislar para integrar este derecho a una estrategia de promoción federal de puntos estratégicos, tal como es el ejemplo en los Estados Unidos.

c) Es necesario fortalecer integralmente la política de turismo, siendo uno de los sector más competitivos a nivel mundial, pero que en el caso mexicano contamos con un importante potencial de desarrollo, la experiencia, nuestras riquezas naturales y el potencial, nos da una ventaja comparativa con otros destinos, por lo que es una obligación para los trabajos de la LXII legislar en la materia.

Pero a la luz de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se abre la oportunidad para el Congreso de la Unión de fortalecer los recursos presupuestarios destinados para proyectar a México uno de los mejores destinos turísticos a nivel internacional, por lo que consideró indispensable impulsar una reforma a las fracciones I, III y VIII del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos con el objeto de incrementar el Derecho No Migrante en diez dólares, para quedar en 412 pesos (alrededor de 32 dólares[1]) esta pequeña modificación representa una recaudación de 3,500 millones de pesos anuales, lo anterior de acuerdo a las estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC).

Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con el sector turístico para convertirlo en el primer generador de divisas del país, elevar su competitividad y promover la creación de empleos para nuestros jóvenes egresados en el ramo, y en plantearnos como objetivo de la nación recuperar nuestro liderazgo internacional como destino turístico a nivel mundial.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman las fracciones I, III y IV del artículo 8o., de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Por la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas... $412.00

II. Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas... $2,350.00

III. Visitante Regional .......................... $412.00

IV. Visitante Trabajador Fronterizo ..... $412.00

V. Visitante con fines de adopción ... $2,280.00

VI. Residente Temporal:

a) Hasta un año ............................ $3,130.00

b) Dos años .................................. $4,690.00

c) Tres años .................................. $5,940.00

d) Cuatro años .............................. $7,040.00

VII. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota

1 De acuerdo al tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar estimado dentro de los Criterios Generales de Política Económica para 2013, presentado por el Ejecutivo Federal el pasado 7 de diciembre de 2012.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los once días del mes de diciembre de 2012.

Senadores: Armando Ríos Piter, Óscar Román Rosas González, Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Barroso Agramont, Carlos Mendoza Davis, Fernando Herrera Ávila, Salvador Vega Casillas (rúbricas).