De la Comisión de Justicia, concerniente a la trigésima primera reunión, que tuvo lugar el miércoles 22 de febrero de 2012

En el vestíbulo del edificio E del Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 11:30 horas del miércoles 22 de febrero de 2012 se llevó a cabo la trigésima primera reunión de la Comisión de Justicia, convocada con el siguiente orden del día:

1. Lista y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se reforman las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Procuraduría General de la República, y Federal de Defensoría Pública, en materia de justicia para adolescentes (sentido positivo).

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 del Código Civil Federal, como lo que se adiciona un párrafo a fin de establecer expresamente la analogía y los principios implícitos en el derecho común mexicano (sentido positivo).

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan el capítulo V al titulo cuarto del libro segundo y el artículo 164 Ter al Código Penal Federal; y se reforma el numeral 3 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales (sentido positivo).

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y adiciona un segundo párrafo al artículo 247 del Código Penal Federal, en materia de responsabilidades (sentido negativo).

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 211 Bis 5 del Código Penal Federal (sentido positivo).

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforma los artículos 134 y 200 del Código Federal de Procedimientos Penales (sentido negativo).

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (sentido positivo).

11. Asuntos generales.

12. Clausura y cita para la próxima reunión.

Se emite la presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 17 de febrero de 2012.

Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño

Presidente

Se declaró la existencia del quórum legal.

Se inició la reunión con 22 firmas, de los diputados Víctor Humberto Benítez Treviño, Sergio Lobato García, Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martín Arce Paniagua, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Olga Luz Espinoza Morales, María de Jesús Aguirre Maldonado, Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño, Arturo Zamora Jiménez.

En el punto número dos del orden del día, éste fue aprobado por unanimidad.

En el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la trigésima reunión y fue aprobada por unanimidad.

El punto número cuatro fue el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del dictamen del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se reforman las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Procuraduría General de la República, y Federal de Defensoría Pública, en materia de justicia para adolescentes, en sentido positivo.

El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: No omito subrayar que éste es uno de los grandes temas que vamos a tener en la Comisión de Justicia.

La reforma del 18 de junio de 2008 del artículo 18 constitucional nos obliga a legislar en materia de adolescentes.

Actualmente tenemos lagunas legales y lo más grave que los principios del debido proceso legal no se aplican a los adolescentes. De tal suerte que mucho entendiéndose por adolescente, los jóvenes que están en el rango de 12 a 18 años de edad. Adolescente significa en latín “el que está creciendo”, y para muchos de los adolescentes es más fácil agregarse la edad, porque tienen más garantías en el debido proceso como adultos que como adolescentes y esto es inadmisible en un sistema como el nuestro.

Por eso subrayo la importancia de la expedición de esta ley federal, porque se están aplicando los principios del juez natural, de presunción de inocencia que es otro de los grandes temas que no se aplica a los adolescentes, la libertad bajo caución o de alguna otra de las formas alternativas de la prisión preventiva que deben tener vital trascendencia cuando se trata de los adolescentes. No llegar a los brazaletes electrónicos, como los adultos, sino el confinamiento, la vigilancia a través de los padres de familia, a través de instituciones respetables de ONG, y otras fórmulas que tenemos que explorar porque es un mandato constitucional. Tenemos obligaciones de buscar formas alternativas de la prisión preventiva.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Esta iniciativa es propuesta por su servidor, con la fundación Miguel Estrada Iturbide, la trabajamos. Tiene 404 artículos, y lo que precisamente decía el doctor que es una ley que no existe, que estamos obligados a hacerla y que los jóvenes no pueden quedarse en materia federal sin ninguna regulación.

Es una ley que protege a los jóvenes, que por supuesto se especializa en las funciones de la política, en las funciones de los Ministerios Públicos, incluso en el proceso especializado nada más para los jóvenes.

También quiero comentarles, en el ánimo de responsabilidad parlamentaria, que esta iniciativa la hice llegar al presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González y Alcocer, y fue tomada en cuenta por la Comisión de Justicia del Senado sobre una iniciativa que presentó el senador Murillo Karam y que ya tenemos como minuta en la Comisión de Justicia. Es decir, la mayoría, casi todo, el contenido de esta ley, viene en la minuta que envió el Senado, del senador Murillo Karam.

Entonces, en ánimo de poder sacar lo más por esta comisión, puesto que como lo sabemos nos queda muy poco tiempo de sesiones ordinarias, pediría, señor presidente, siendo mi iniciativa que esta iniciativa se dictaminara en conjunto, bueno, también agregándose antecedentes de la minuta que viene del Senado, para poder tener la ley. De otra manera si enviamos ésta al Senado, tendríamos doble dictamen sobre justicia para adolescentes.

El contenido que viene en la minuta, les pediría no solamente el retiro del dictamen, por lo que les acabo de comentar que ya está considerado en la minuta del Senado, si no también –ya revisé la minuta–, les pediría que en la manera de los posible la consideraran para pasarla en sus términos y ya tener esta ley que es muy fundamental.

El diputado Arturo Jiménez Zamora comentó: Para efecto de procedimiento en torno del tema que tiene que ver con la sesión del día de hoy, a lo que fuimos convocados y toda vez que el señor diputado Óscar Martín Arce Paniagua, hace una relación muy clara y precisa, respecto de la minuta que llega del Senado en torno a esta ley, que es muy importante, que es necesaria que este instrumento se requiere que el Estado mexicano lo tenga en el ámbito federal.

Sobre todo, porque en este momento tenemos un vacío de normas, habida cuenta de que prácticamente todos los jueces del país, del orden común tienen que estar llevando a cabo procedimientos en contra de jóvenes entre edades de 12 y 18 años, cuando finalmente sabemos todos que la competencia tiene que radicar en exclusivamente en jueces del orden federal cuando se trata de delitos de la misma naturaleza.

Considerando esto, coincido plenamente con el planteamiento del diputado Arce Paniagua en el sentido de que ya que se tomaron en consideración la iniciativa que él presentó, que es un trabajo abundante, muy responsable es un trabajo metódico, un trabajo que ha venido alimentando seguramente como ya lo dijo la propia minuta que proviene del Senado y habida cuenta que sobre el mismo tema existe otra iniciativa presentada por los diputados Carlos Alberto Pérez Cuevas y José Luis Ovando Patrón.

Considero importante para los efectos de que salga esto adelante sin entrar en este momento en el fondo del asunto que seguramente tendremos todos nosotros elementos para defender una ley de esta naturaleza tomar en consideración que pudiésemos hacer un ajuste en el orden del día con la finalidad que se someta a votación que se incluya en este momento la minuta del Senado para los efectos que pueda ser discutida y pueda ser votada por los integrantes de esa comisión.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: Estando de acuerdo con lo expresado por los diputados Óscar Arce Paniagua y Zamora, conviene señalar que como lo hemos hecho en otros dictámenes, creo que es correcto y conveniente construir un grupo de trabajo que pudiera hacer una redacción final, tomando en cuenta desde luego la minuta del Senado y las observaciones que tal vez algunos de nosotros podamos hacer, de tal manera que en la siguiente reunión tengamos ya todos los elementos y podamos expresar cada quien el sentido del voto, si es afirmativo o no.

Tenemos observaciones muy puntuales que no quisiéramos expresar ahorita para no entrar al fondo, pero sí así se acordará que un grupo de trabajo se constituyera para una redacción final, por escrito, nosotros haremos llegar nuestras consideraciones.

Aprobado por unanimidad en lo general. Se creó una subcomisión, con los diputados Óscar Martín Arce, Pedro Vázquez y Arturo Zamora, para las observaciones correspondientes.

El punto número cinco fue el análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 del Código Civil Federal, con el que se adiciona un párrafo, a fin de establecer expresamente la analogía y los principios implícitos en el Derecho Común Mexicano.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: Como se señaló, esta iniciativa recae en la propuesta del diputado Jaime Cárdenas y en ella se pretende que se dé suficiente certeza jurídica a los juzgadores para resolver conflictos que se planten ante ellos.

Como todos sabemos, y ahorita usted lo señalaba en materia penal se exige la exacta aplicación de la ley a la conducta presuntamente constitutiva de delito. Esto es, el tipo penal debe ser suficientemente claro, preciso, en la definición de la conducta antijurídica, ¿verdad? Así lo establece el párrafo tercero del artículo 14 constitucional.

Sin embargo, en materia civil, al margen de la interpretación jurídica es más amplio para resolver el conflicto planteado y esto viene en el cuarto párrafo, del artículo 14 constitucional que establece que: “En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, o a falta de esto se fundamentará en los principios generales del derecho”.

Ahora bien, en el artículo 19 del Código Civil Federal, en el dictamen se propone que en la parte final del primer párrafo se agregue después de: “Principios generales del derechos”, “o con arreglo a la analogía” y se adicione un segundo párrafo que establece: “En caso de lagunas de principios explícitos estará en principios implícitos que orienten y fundamenten el ordenamiento jurídico.

En todo sistema jurídico, por la amplitud de las normas que lo integran, siempre quedan lagunas o vacíos normativos que son necesarios subsanar a través de la interpretación jurídica.

Por ello, el texto normativo ambiguo o confuso se aclara con la aplicación de los principios generales del derecho y ahora se nos propone en el dictamen y lo apoyamos, y si los principios implícitos no complementan la norma, se estará a los principios implícitos, en el ánimo de que el conflicto planteado ante el órgano jurisdiccional sea resulto adecuadamente y no incurrir en la denegación de justicia por ausencia a norma aplicada.

Estas consideraciones son para apoyar el dictamen. Sin embargo, tenemos una presión de orden técnico. En el texto del artículo único se establece: “Se reforma y adiciona un párrafo al artículo 19, del Código Civil Federal para quedar en los siguientes términos: Articulo 19, ya existe. Lo correcto, en nuestra opinión, es que se establezca lo siguiente: Se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo al artículo 19, del Código Civil Federal, para quedar en los siguientes términos.

El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Quisiera compartir con los integrantes de esta comisión que no estoy de acuerdo con la iniciativa. Porque una reforma al artículo 19, del Código Civil en materia federal en donde se establece, claramente, en la disposición del código en comento, en este momento, con toda precisión y como producto del trabajo del legislador permanente una fórmula que me parece que es clara, una fórmula que me incluso está apegada a la propia Constitución General de la República.

El actual artículo 19 establece claramente que las controversias judiciales del orden civil, y en este ámbito estamos hablando de controversias en el ámbito de derecho familiar de controversias estrictamente en el ámbito del derecho civil en todas las vías que se presenten, de controversias incluso en el ámbito del derecho mercantil, habida cuenta que el derecho civil es complementario en el procedimiento, y en partes sustantivas del derecho mercantil.

Considerando, entonces, que el 19 dice que todas esas controversias del orden civil “deberán”; es decir, no hay ninguna opción, simplemente “deberán” resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, la literalidad de la norma establece claramente los caminos de interpretación de los distintos intérpretes que existen en el ámbito del derecho: el interprete doctrinal, el interprete legítimo que pudiésemos decir que es el interprete que lleva a cabo el trabajo jurisdiccional, esto es, los jueces y magistrados al resolver las sentencias definitivas en diferentes ámbitos, como ya lo dijimos.

Entonces, las únicas fuentes de interpretación son la propia ley y su interpretación, y a falta –lo dice claramente– de esa ley, se resolverá conforme a los principios generales del derecho.

En este ámbito, por supuesto, los principios universales del derecho que permean prácticamente todas las decisiones jurisdiccionales son los que tradicionalmente nos han dado certeza jurídica no solamente a la labor de los jueces, sino también de los justiciables, esto es, de las personas que acuden a los tribunales con la finalidad de llevar a cabo una acción correspondiente para que un juez determine en sentencia.

Luego entonces, si además de que se tome como base de acuerdo con lo que establece el 19 actualmente, en la letra de la literalidad de la ley y su interpretación, que lo sabemos, la interpretación, los caminos son a través de los precedentes y la jurisprudencia que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los casos de entidades federativas donde ya se tiene el sistema de jurisprudencia, también ellos han sentado precedentes y han orientado los criterios de decisión de los jueces.

Si a esto pretendemos plantear que también se tome en cuenta la analogía, quiero decir a ustedes que estaríamos atentando contra lo que dispone precisamente el 14 constitucional. Si ustedes revisan el 14 constitucional, en el último párrafo establece: “en los juicios del orden civil la sentencia definitiva nos remite al 19 –dice– cuando se resuelva la controversia, la sentencia definitiva deberá ser –o sea, no tenemos ninguna opción; esto es una obligación– deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho.

Luego entonces, esta reforma de una norma secundaria en tanto no se proponga una reforma al 14 constitucional sería evidentemente contradictoria a las normas fundamentales de nuestro país.

Por el otro lado, en la iniciativa no observo un gran problema al que podríamos exponer a muchos mexicanos que actualmente en estos ámbitos del derecho civil, familiar, mercantil, etcétera, están planteándose ante las autoridades jurisdiccionales, asuntos de su interés.

¿Cuál es el problema? El asunto relativo al tema de la retroactividad de las leyes. Si entramos al terreno de la retroactividad de las leyes el propio 14 constitucional en el párrafo primero es explícito y es muy claro en ese sentido, en el aspecto de que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

En el ámbito del derecho civil, mercantil o familiar, pues no sabemos realmente en perjuicio de quién pudiese ser la incorporación de un nuevo criterio orientador para las decisiones en sentencia que sería, finalmente, lo que propone nuestro compañero legislador que sería la analogía.

Si se aplica por analogía que en todos los juicios que actualmente se ventilan en el territorio nacional y que ya fueron sentenciados en una primera instancia y que están pendientes de ser sentenciados en segunda instancia o que están pendientes de resolverse en juicios de amparo o finalmente, en devoluciones de amparo para dictarse de nueva cuenta sentencias definitivas, entramos con un problema de analogía y me parece que estaríamos propiciando al sistema de justicia y al Poder Judicial de la Federación y, en su caso, a los poderes judiciales de los estados, los estaríamos metiendo en gravísimos problemas de interpretación de leyes.

Me parece muy claro lo que dispone el 14 constitucional, que establece con toda precisión y con todo cuidado cuáles son los elementos que los juzgadores deben tener para pronunciar, en su momento, una sentencia.

Estaríamos, pues, entrando en terrenos fangosos, estaríamos entrando a terrenos –jurídicamente hablando– muy difíciles, en donde lo único que estaríamos promoviendo sería la incertidumbre jurídica

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Es interesante el planteamiento que hace el diputado Cárdenas y que el diputado Pedro nos ha expuesto.

Agregaría a la explicación del diputado Zamora –que estoy de acuerdo con la mayoría de su exposición– que recordemos que los tribunales colegiados tienen autonomía desde el 94, que ahí... plenos de circuito.

Entonces, usar la analogía de un asunto de Campeche con uno de Chihuahua, con criterios diferentes, antes que haya una jurisprudencia por contradicción o una sola tesis con situaciones regionales diferentes arguyendo que en un caso específico se utilizó ese criterio podríamos tener algunas cuestiones, creo, difíciles de comprender las sentencias diversas.

Para eso, las tesis y la jurisprudencia pues son los que interpretan o de alguna manera suplen a la analogía; sin embargo, me queda claro que actualmente en materia de Código Federal de Procedimientos Civiles el juez goza de la plena libertad de interpretación de las pruebas.

Esa valoración por supuesto se revisa cuando se interponen los recursos correspondientes. Dice el 197 que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras y para fijar el resultado final de dicha evaluación contradictoria; a no ser que la ley fije reglas para hacer esta valoración observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba lo dispuesto en el capítulo. Entonces no solamente estamos hablando del criterio; estamos hablando de valorar, por ejemplo, pruebas técnicas, pruebas periciales, etcétera.

Entonces, hacerlo por analogía no estaría en duda, es lo menos que puedo decir, que podamos tener ya un precedente de sentencias como es el star-system , que es el sistema americano, anglosajón que lo conocemos, que precisamente es un sistema por analogías y ahí te dicen: la sentencia en el caso fulano de tal aplica por analogía a este caso. No es un tema menor.

Si la comisión quiere ir a transformar el derecho civil mexicano para que la analogía quede ya interpretada creo que lo podríamos estudiar un poquito más de fondo, entonces por qué no, presidente, tengo duda, lo repito, si hacia allá vamos a caminar, pero sí quiero dejar mi punto de vista muy claro si hacia allá hay que mandar el derecho civil mexicano.

Estaría dispuesto a sentarme a revisarlo con Pedro, con Jaime, con quienes estuvieran y con gusto plantearlo, pero ahorita sí me sería muy difícil votarlo a favor.

Si lo tuviéramos que votar ahorita, en los términos, a lo mejor lo tendría que votar en contra por lo que les acabo de explicar, lo que acaba de decir el diputado Zamora.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales comentó: Tengo otra propuesta. Por qué no armamos un grupo de trabajo, como se ha hecho con otras iniciativas, invitando al diputado promovente, en términos del Reglamento, para que nos hiciera una visión técnica de cómo él ve la iniciativa o cuáles son los alcances de la misma dándole la oportunidad a que él defienda la pretensión que tiene con esa iniciativa.

Lo decía el diputado Zamora: hay que reconocer que el diputado Cárdenas Gracia se ha caracterizado por su razonamiento jurídico. ¿Por qué no hacemos un grupo de trabajo? Que lo sometiera a consideración; hacemos el grupo de trabajo respecto de esta iniciativa, invitamos al diputado promovente y sacamos una conclusión que vaya conforme al trabajo de la Comisión de Justicia.

Se creó un grupo de trabajo, con los diputados Olga Luz Espinoza, Óscar Arce, Leticia Salazar, Arturo Zamora y Pedro Vázquez para que en la próxima reunión se presente el dictamen final.

El punto número seis es el análisis, discusión y, en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un capítulo quinto al título cuarto del libro segundo, y un artículo 164 Ter del Código Penal Federal, y se reforma el numeral 3 de la fracción primera del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en sentido positivo.

El diputado Guillermo Cueva comentó: Se pide una adición del capítulo cinco, agregar el artículo 64 Ter del Código Penal.

El capítulo cinco habla de acechos a las instituciones de seguridad pública. Buscamos regular el problema del halconeo. Desafortunadamente, no hay un tipo penal que regule estas actividades que afectan a las instituciones de seguridad pública. Y lo que estamos buscando es dar más armas al Ministerio Público para detener a este tipo de delincuentes.

Voy a leer las adiciones propuestas. Artículo 164 Ter. Se impondrá una pena de 2 a 15 años de prisión y multas al equivalente de 200 a 400 veces el salario mínimo a quien aceche o vigile, para obtener información vigile para obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o, en general, las labores de seguridad pública para cometer otro u otros delitos. Además de las penas previstas en el párrafo anterior, se impondrá desde un tercio hasta una mitad más de las sanciones privativas de libertad que le corresponden al que realice la conducta descrita en este artículo, utilizando para ello cualquier vehículo de servicio público de transporte de pasajeros, u otro que pretende un servicio similar que por sus características exteriores sea similar a las apariencias de los vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros. Las penas señaladas en este artículo se aumentan desde un tercio hasta una mitad más de la pena que le corresponde, y se impondrán además destitución de cargos o comisión, e inhabilitación de 3 a 10 años para ocupar otro. O cuando el delito sea cometido por servidores públicos o por ex servidores públicos de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad pública, o de Procuraduría de Justicia.

En otras palabras, compañeros, se pide regular el tema y el problema que tenemos de halcones en todo el país. Soy de Monterrey... Halcones malos, no de los buenos. Ésos los cuidamos. En Monterrey es un problema que ya está regulado en el Código Penal Estatal.

Creo que esto se tiene que hacer a nivel federal, pues es un problema grave. Y con esto estaríamos dando más armas a nuestras instituciones para poder combatir el crimen organizado.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Resulta interesante leer este dictamen propuestos sobre tipificar el espionaje a través de los llamados “halcones”.

Sin embargo, quisiera comentar que hay una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 14 de abril de 2011. En el contenido de la iniciativa ahí se considera un tipo penal similar a lo que se debate en este dictamen. Incluso ya está en las Comisiones Unidas del Senado de la República, de Justicia, y de Estudios Legislativos para ser dictaminado.

La propuesta del Ejecutivo federal es la creación de tipos penales, incluyendo uno similar al que se está debatiendo. Viene el tema de facilitación delictiva, del acecho. Hay varias cosas que se están debatiendo en esas comisiones.

La propuesta que quisiera hacer es que este dictamen pueda ser retirado en este momento, y que se incluya en el análisis, discusión del que nos va a enviar el Senado de la República, para que hagamos un dictamen más fuerte. Si no viene considerado textualmente, que éste pueda quedar contemplado con el que envíe el Senado de la República. Si no, va a llegar el de allá, y nosotros vamos a enviar éste, y resulta que nos vamos a contradecir con lo que están enviando.

Me gustaría que se retirara, que tuviéramos conocimiento de cómo viene la minuta del Senado, esperar que llegue e incorporar ese dictamen para que tengamos más amplio el texto, con las nuevas conductas delictivas que se pretenden dictaminar.

El diputado Gregorio Hurtado Leija comentó: Estoy a favor de la propuesta del diputado Guillermo Gómez.

También soy de Monterrey, y realmente es una necesidad tener la tipificación de este tipo de conductas. Por cuestión de redacción, en caso de que lo discutiéramos a fondo, habría hecho algunas apreciaciones, para que se actualice. Pero de hecho estoy a favor de la propuesta.

Sin embargo, por los argumentos que comenta la diputada Leticia, me gustaría proponer que entabláramos comunicación con el Senado, para ver si ellos ya iniciaron el análisis de la iniciativa. Porque no vaya a ser que nos esperemos y allá ni siquiera han iniciado a ver el asunto. Sería importante saber si ya están en él, o si no que lo vieran a la brevedad posible, porque es una necesidad.

Si estamos por comenzar algo, ya tenemos un proyecto, y ellos también ya lo tienen, pues buscar la forma que salga lo más pronto posible. Pero no esperarnos a ver cuándo lo mandan, sino entablar comunicación con ellos lo más pronto posible.

El diputado Israel Madrigal Ceja comentó: Coincido con la propuesta del proponente. Pero tomando en cuenta lo que comenta la diputada, creo que debemos partir de ahí.

Es importante que tengamos la información si se trata del mismo tipo penal... y si no, tendríamos que redundar un poquito más. Incluso ampliar la propuesta del diputado.

Si lo que está en el Senado se trata de algo muy similar o igual, hay que ver... por ejemplo, la sanción es mínima. La sanción mínima de 2 a 15 años... creo que tendríamos que aumentar de 5 a 15 años, para que una pena intermedia fuera de 7 u 8 años. Créanme que hay que ir al fondo del asunto. Cuántos recursos no se destinan... lo que implica este ilícito. Cuántos recursos no se destinan a las Fuerzas Armadas para que hagan su trabajo... y que las personas... porque todos los que vivimos en los estados conflictivos nos damos cuenta de toda la gente que está en las orillas del pueblo cuidándolos, del transporte público... Un montón de gente involucrada.

Creo que esto permitiría que pudiéramos fortalecer más las instituciones.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González: Nada más, en lo personal manifestar mi absoluta concordancia con la iniciativa del diputado Cueva, también manifestar, por lo que he oído aquí de los distintos diputados de diferentes fracciones parlamentarias estamos todos de acuerdo con la iniciativa, y por ende, diría que en términos de procedimiento estamos de acuerdo, tanto con el contenido, pero estamos difiriendo en el procedimiento.

En el Senado está la iniciativa del presidente de la República. Sin embargo, como se ha hecho aquí en otras ocasiones, quisiera proponer que votemos en lo general, si estamos de acuerdo con esta iniciativa y presentemos observaciones en lo particular, para efectos de la siguiente sesión, que sería me imagino, que la siguiente semana.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella: Desconozco el sentido de la iniciativa del presidente de la república, no sé Lety, si traes la definición que da o cómo pretenden ellos abordar, desde el punto de vista del Ejecutivo, este problema.

Soy de Sonora, no soy de Nuevo León, pero allá tenemos muy serio con esta figura que se conoce como los halcones . No me gustaría que esperáramos más tiempo y que llegue el dictamen del Senado con una redacción completamente distinta o un objetivo totalmente distinto del que está planteando el diputado Memo Cueva, si pudiera, o no sé si el secretario técnico tenga conocimiento de cómo viene esa redacción.

Dice la diputada que es parecida. Me gustaría saber, si la tiene, que no sé si ustedes estén de acuerdo en que nos diera una lectura de cómo viene la del Ejecutivo, pues capaz que no tiene nada que ver con ésta que estamos aquí viendo, y desaprovechamos esta oportunidad.

Todos estamos de acuerdo en que hay que regular esta conducta, y sería una pena que una vez que llegue la iniciativa del presidente, que no fuera pues, en el mismo sentido.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez comentó: Sé que viene muy similar. Están por sacar el dictamen, me comuniqué y están por sacar el dictamen, porque han estado debatiendo, porque vienen además, más tipos penales que pretenden enviar.

Viene muy similar la redacción varía el tema de la penalidad, pero sí considero que es preferible que nos pongamos, a partir de hoy o mañana en contacto con la comisión de allá del Senado, finalmente ellos pretenden enviarnos algo, y nos va a atorar aquello. E igual nosotros vamos a enviar algo de lo que ellos están por sacar y dictaminar, y que les ha costado esfuerzo sacarlo.

Entonces, mejor vayámonos poniendo de acuerdo. Si en determinado momento llega la propuesta y es muy similar, finalmente queda subsanada la propuesta del diputado, adelante. Y si creemos que hay que hacerle alguna adecuación considerando que la mayoría estamos de acuerdo con la propuesta del diputado proponente, lo incorporamos.

Creo que finalmente estamos de acuerdo en eso, pero preferiría que no se dictaminara toda vez de que vamos quizás a chocar con la propuesta que viene ya del Senado de la República y nos va a pasar, como siempre nos ha pasado, que por no ponernos de acuerdo previamente en las comisiones de origen y en la revisora, siempre quedan las propuestas atoradas en ambas Cámaras y no sacamos una propuesta, que es de vital importancia y que es trascendental para los estados de la república.

Se acordó revisar la minuta del senado para que en fecha próxima se pueda votar.

El punto número 7 se refiere al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 247 del Código Penal Federal en Materia de Responsabilidades, en sentido negativo.

El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: El argumento de fondo de la comisión es que sería repetitivo. No olvidemos que el Título IV de la Constitución, que comprende de los artículos 108 a 114, establece la definición de servidor público. “Todo aquel que desempeñe un cargo o comisión en la administración pública centralizada, paraestatal, de cualquier naturaleza”, y aquí la iniciativa estaríamos acotando el concepto genérico. El Título IV de la Constitución, que establece las responsabilidades de los servidores públicos ubica tres distintas responsabilidades. La responsabilidad administrativa. Que es la que prevé fundamentalmente la Ley Federal del Responsabilidades para los Servidores Públicos. La responsabilidad penal. Que la envía a las leyes especiales, es decir, al Código Penal. La responsabilidad política. Que establece el juicio político en la cual nosotros tenemos intervención a través del juicio de procedencia. Entonces, por eso viene en sentido negativo el dictamen, y si no hay opinión en contra, le ruego al secretario someterlo a consideración.

Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en el sentido del dictamen.

El punto número ocho fue el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 211 Bis, numeral 5, del Código Penal Federal, en sentido positivo.

El diputado Pedro Vázquez González: Compañeros, ustedes han sido testigos de que reiteradamente nos hemos pronunciado por elevar las sanciones penales, porque consideramos que estas no inhiben la realización de los delitos. Sin embargo, en este dictamen sí conviene señalar que vamos a hacer una excepción, al sentido de nuestro voto. Toda vez que estamos a favor de que haya nuevas disposiciones que garanticen la protección informativa o de la información que tengan las instituciones bancarias y que estás, obviamente, están en poder y tiene acceso los trabajadores de éstas. Estamos de acuerdo que también en el sentido que la pena establecida en el texto actual que es de 3 meses a dos años la consideramos baja. Claro que preocupa que la utilización de esta información sea indiscriminadamente traficada entre ellos mismos. Tuve una experiencia personal con un gerente de una sucursal bancaria que después de estar laborando ahí alrededor de 6 años, lo despiden. Seguramente por problemas internos, y al cabo de dos meses me llama para ofrecerme información de inversiones y un montón de cosas. Entonces, le digo — ¿Tú cómo tienes mi información?–, y la única explicación que me dio fue –acuérdate que tú fuiste cliente del banco donde trabajaba–. No propuso nada ilegal, ni nada, pero si era molesto que me estuviera llamando para hacer propuestas de qué fondo de inversión meter equis y qué te daba más rendimiento. Entonces, creo que esto de alguna manera consideramos viables aumentar la penalidad y evitar que ese tipo de situaciones se dé con la información que nosotros, los cuentahabientes o los clientes de los bancos depositen a las instituciones bancarias y que los trabajadores gerentes y ejecutivos tienen acceso total y pleno a esa información. Entonces apoyaremos el sentido del dictamen.

El diputado Óscar Arce Paniagua comentó: Nada más les voy a dejar unas apreciaciones, basado en lo que acaba de divulgar. Hay un artículo anterior, el 211 Bis, que sanciona el copiar o conocer información. Entonces, lo dejo aquí. Porque para que nos esperamos que se divulgue la información y no vemos ni revisamos el 211, que se refiere a copiar o conocer esa información anterior. Porque vamos a estar también mencionando la divulgación y el no el meterse a obtener la información Ésa es mi observación y la dejo para que la considere la comisión de que se revise el 211 Bis, con el ánimo de no echar a perder la votación. Pero, sí, creo que sería más sancionar más fuertemente a quien obtenga la información porque si a ella tu escritorio, y lo divulgas, vas a tener una penalidad más fuerte que quien la copio. Entonces, habría que revisar el artículo que les estoy diciendo para efectos de poder aplicar correctamente que se quiera aquí, el sentido es que esa información no esté circulando por cualquier lado y que se... mayoritariamente. Vuelvo a repetir, si vamos a sancionarnos que la van a divulgar, más fuertemente que a quienes les van a copiar, entonces habría que verlo.

El diputado Rodrigo Pérez Alonso González comentó: En abono de lo que elaboró la propia comisión quisiera manifestar que la sesión pasada votamos justamente modificación a estos artículo. Por lo cual me surge una duda, si hay alguna contradicción, lo cual no lo creo, pero sí se complementa. Y habla en específico del artículo 211 bis cinco en la sesión anterior votamos en lo general y aprobamos de hecho este artículo, porque no hubo observaciones que se incrementaran las penas hasta en dos terceras partes, y en el caso de este dictamen estamos diciendo que se incremental el doble. Lo cual creo que no hay ningún problema. Nada más manifestar también que lo que votamos en la sesión anterior también va más allá de este dictamen.

Se acordó que se dictaminaran las dos iniciativas juntas y se votaran en una reunión posterior.

El siguiente punto, que era el 9 del orden del día, se refería al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 134 y 200 del Código Federal de Procedimientos Penales, en sentido negativo.

El diputado Pedro Vázquez González comento: Insisto mucho en que esta comisión ha sido una constante el que con profundidad y una vez que se manifiestan algunas opiniones, críticas o para precisiones, siempre ha habido el espacio para que la comisión pueda replantearse alguno de los aspectos y de los contenidos de los dictámenes y es en este caso también. Estas dos iniciativas que estamos estudiando coinciden en proponer la posibilidad de que el inculpado pueda promover vía incidental la cancelación de la orden de aprehensión o de comparecencia cuando librada ésta sobrevinieran hechos o aparecieran pruebas inéditas que demuestren la inexistencia de los hechos presuntamente delictivos o de la inocencia del indiciado. Esto con el objetivo de que esta atribución no recaiga solamente en el Ministerio Público sino que también sea facultad del inculpado.

Los comentarios siguientes tienen el siguiente punto de vista. Respecto a que se deseche la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 del Código Federal de Procedimientos Penales formulada por el diputado Jorge Kahwagi, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos a favor. Con relación a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 200 del Código Penal Federal de Procedimientos Penales también que presenta nuestro compañero Jorge Kahwagi, consideramos que ésta no está suficientemente fundamentada y motivada. Nosotros consideramos positiva la iniciativa coincidiendo con el proponente en el sentido de que no le dejemos el monopolio al Ministerio Público sobre la cancelación de una orden de aprehensión y consideramos importante y positivo otorgarle herramientas jurídicas al gobernado y no estar a expensas a la representación social.

En el dictamen se señala que los gobernados cuentan con el juicio de amparo y la pregunta que les formulo es: ¿Para qué esperar a que la autoridad responsable informe que ha quedado sin materia la causa penal en contra del quejoso? Recordar que son dos procedimientos diferentes. Esto es cuando el quejoso tenga recursos económicos para promover un juicio de amparo, ¿y si no los tiene? Por estas consideraciones vemos positivo revalorar y fundamentar más la Secretaría Técnica, el contenido del este dictamen y haga una propuesta de redacción y de contenido nueva. Pensamos que es positivo el hecho de que también los gobernados puedan, por sus propios derechos... quién más interesado que él mismo para salir de un problema teniendo nuevos elementos y pruebas supervinientes o el desvanecimiento de los datos o situaciones que le beneficien y que la autoridad por exceso de trabajo en este caso el Ministerio Público, la representación social, esté imposibilitado materialmente para hacerlo en un periodo corto; le damos esa posibilidad al gobernado. Le solicito esto a la comisión que se pudiera profundizar y motivar más el contenido de este dictamen y pudiera hacerse una nueva redacción.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comento: Coincido con lo que propone Pedro. Agregaría dos cuestiones. La primera, que tenemos un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales por dictaminar. Ahí incluimos figuras como el juez de control que va a librar algunas cosas que tenemos aquí, el día de hoy. La facultad del ministerio público y del juez va mucho más allá y creo que varias de las cuestiones aquí planteadas se retoman en esta propuesta de Código Federal. Entonces si lo incorporamos al estudio del Código, Pedro, porque es en la misma materia, creo que ahí lo debemos de dictaminar porque de otra manera vamos a cambiar el sistema acusatorio y sin tomar en cuenta esta cuestión.

Se acordó volverá a dictaminar.

El punto 10 era el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido positivo.

El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: No omito recordar a ustedes que, con la reforma del 18 de junio de 2008 se establece el régimen de extinción de dominio; que en mayo de 2009 se expide la primera Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitucional; que se establece una acción jurisdiccional independiente de la responsabilidad penal. Quienes tuvimos la oportunidad de ir a Colombia –varios de los que están aquí presentes– conocimos el sistema colombiano en donde la extinción de dominio –como debe ser– persigue bienes, no personas, por eso es independiente la acción penal de la acción de extinción de dominio. Y en la acción de extinción de dominio se persiguen todos los bienes que estén incluidos en el comercio. Es una forma de combatir a la delincuencia organizada desalentando la utilización de los recursos, sobre todo el narcotráfico, el secuestro, el lavado de dinero y otros delitos tipificados en la propia ley como delitos graves. Éste es de la mayor importancia y les ruego que lo votemos favorablemente. El diputado Rétiz quiere hacer la introducción.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez comentó: Estamos a punto de votar uno de los dictámenes que va a dotar al Estado mexicano de una herramienta para el combate al crimen organizado y a la delincuencia, que ha cobrado formas múltiples de operación a través de redes criminales. En efecto, como lo señalaba el presidente de la comisión, en mayo del año pasado, miembros de esta comisión acudimos en una gira de trabajo a Colombia para conocer la dinámica de operación del Estado, cómo le hizo frente al crimen organizado, cómo modificó su esquema legal constitucional y en buena medida creo que se enriquece lo que ya de por sí conocíamos, que la extinción de dominio en México carecía de algunos elementos que hoy por hoy vamos a incorporar. En Colombia, de 2006 a 2010 se extinguieron bienes por un valor de 3 mil 100 millones de pesos; en 2009 que fue un año en donde pudieron extinguir bienes con un régimen legal distinto al que aquí tenemos, la extinción de dominio logró que se extinguieran mil 256 millones de pesos de acuerdo con información del Ministerio de Justicia.

Continuó: En México hemos logrado a nivel federal sentencias favorables por un monto de apenas 52 millones de pesos con relación a la extinción de dominio. Qué es lo que estamos viendo en la ley como está actualmente. Que carece de un elemento fundamental, que ya señalaba el presidente, que es perseguir bienes que sean producto de hechos ilícitos, que sean producto de actividades ilícitas, y no de personas. Darle la autonomía a la extinción de dominio que le permita al Estado incautar todos los bienes que sean producto de la delincuencia organizada, bienes muebles e inmuebles. Independientemente del proceso penal. Es uno de los avances que le podemos dotar hoy al Estado mexicano, como una herramienta, y como un sentido de corresponsabilidad de esta soberanía con el Ejecutivo. Y desde luego la autoridad jurisdiccional tendrá que hacer su parte. Quisiera compartirles que actualmente hay 29 expedientes de acción de extinción de dominio. Hay 29 demandas radicadas. Y los números que señalamos son muy por debajo de lo que se había esperado de la ley, que fue aprobada en 2009. Tenemos en total demandas de extinción de dominio en la SIEDO por... 30 demandas de esta naturaleza. Ello revela que no hemos logrado el avance para debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales. Aprobar una reforma en los términos planteados en el dictamen va a brindar al Estado mexicano una herramienta que le dé fortaleza para combatir al crimen organizado, debilitar su estructura financiera y asestar golpes que le permiten una operación de corrupción e impunidad en todos los niveles. Quienes estuvimos en Colombia nos regresamos con la sensibilidad de lo que teníamos que avanzar en materia jurídica. Creo que arropamos el sentir de lo que padeció Colombia años anteriores, y el nivel de descomposición que había en las instituciones públicas. En México podemos detener este escenario si es que dotamos al Estado de una herramienta eficaz en materia de extinción de dominio, como se propone en el presente dictamen. Señalo algunos aspectos fundamentales con cuales se modifica y se pone a consideración de la presente comisión este dictamen. Primero. Se amplíale concepto de bienes objeto de la extinción de dominio. Esto es que serán objeto de la extinción de dominio aquellos bienes que provienen directa o indirectamente de un hecho ilícito. Entendiéndose por tal el acto contrario a las leyes, respecto del cual se cuente con elementos suficientes para presumir su existencia. Todo ello con base en elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos de la descripción típica en los casos de los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional. De esta manera no se requiere la existencia del cuerpo del delito o la comisión de un delito. Basta la existencia de un hecho ilícito con las características mencionadas. Con esta aclaración se otorga mayor capacidad de operación de la ley al no vinculara la acción de extinción de dominio al concepto del cuerpo del delito, tal como se encuentra actualmente. En esta reforma se hace más operativa la ley y se propone excluir la vinculación de la acción de extinción de dominio a la existencia de una averiguación previa, que en la preparación de la acción el Ministerio Público puede ampliar cualquier fuente de información, ya que el procedimiento de extinción de dominio debe referirse a los bienes que se relacionan con ciertos ilícitos, pero debe desvincularse del procedimiento de naturaleza penal. En este orden se amplían también las fuentes de información que pueden sustentar la acción de extinción de dominio por las que podría sustentarse en la información que se genere en las investigaciones para la prevención de los delitos que realicen las autoridades competentes de cualquier fuero en las averiguaciones previas federales y de delincuencia organizada, en las averiguaciones previas que se inicien en el fuero común, siempre que no exista un procedimiento de extinción de dominio iniciado por la autoridad competente local en el Sistema Único de Información Criminal, o en otros órganos o dependencias de la administración pública estatal, del Distrito Federal o municipal distintas de la autoridad penal o de algún particular dotado o no de fe pública. En este sentido, se pone a consideración de los integrantes de esta comisión la presente ley, que permite desvincular, en esta ocasión, del procedimiento penal con los hechos que puedan derivar en el enriquecimiento y en la capacidad financiera de las estructuras de los criminales. Está a consideración el presente dictamen. Pido a los integrantes de la comisión que votemos la presente ley como un refuerzo, como un esfuerzo de esta soberanía en el combate a la delincuencia, para que podamos brindar al Estado una herramienta que lo dote de mejores elementos para brindar seguridad pública a los habitantes, a los cuales todos aquí nos debemos.

El diputado Pedro Vázquez González sostuvo que: Coincido plenamente con lo expuesto por el diputado Ezequiel Rétiz. Coincidimos totalmente en la necesidad de mejorar este instrumento normativo que tiene el propósito de combatir a las organizaciones delictivas en donde más les duele. Y es precisamente en la propiedad de bienes muebles e inmuebles adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas. Todos sabemos que la actual Ley de Extinción de Dominio es reglamentaria del artículo 22 constitucional. Y en el dictamen que se presenta, se reforman y adicionan disposiciones para hacer más eficaz el proceso de extinción de dominio. Y para nosotros esta reforma resulta totalmente atendible. La fracción II del artículo... para sustituir textualmente lo de “cuerpo del delito”, por “hecho ilícito”. En virtud de que este concepto es más amplio en el encuadramiento del tipo penal específico por cuya comisión, al obtener recursos ilícitos se adquieren bienes muebles o inmuebles.

Siguió: De igual forma resulta oportuna la reforma del artículo 6o., para ampliar la información de la que pueda disponer el Ministerio Público en la preparación de la extinción de dominio, y que va desde las averiguaciones previas, en términos del Código Penal Federal y el de Procedimientos Penales, hasta las que se realicen en el fuero común y en el Sistema de Información Criminal, e incluso en la información que se genere en la administración pública federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios. Y en el caso del artículo 12, de las medidas cautelares, se amplían éstas de simple aseguramiento de bienes o embargo precautorio, previstas en la fracción I y II del texto actual... mismas que acuerpan en una sola fracción, ampliando las fracciones II y III, ésta a la vigilancia sobre bienes y demás medidas cautelares previstas en la legislación que resulte supletoria de esta ley.

Concluyó: En síntesis, con esta reforma estamos dando al Ministerio Público de la federación instrumentos jurídicos más eficaces, para que le permitan promover de manera pronta y eficiente las solicitudes de extinción de dominio ante los jueces correspondientes. A los delincuentes no les duele tanto purgar una pena privativa de la libertad como les duele la pérdida de bienes ilícitamente adquiridos. Si esta ley se aplicara adecuadamente, la consecuencia natural es desposeer a los delincuentes de los bienes con los que cuentan. Y entonces cesará el móvil principal para delinquir, que es el enriquecimiento inmediato.

El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Sin duda estamos ante una ley que permitirá dar una herramienta más eficaz al gobierno, al Estado mexicano, con la finalidad de combatir de manera más eficiente a las organizaciones criminales. La Ley de Extinción de Dominio, como ya lo dijo el presidente de nuestra comisión, que se crea y se integra a la legislación penal mexicana, tiene como finalidad, buscar caminos o procedimientos que garanticen a las autoridades que los productos de delito, los bienes afectos a delito, los bienes que son utilizados para cometer delitos o los bienes que incluso son utilizados para ocultar los efectos de los delitos puedan, en un momento dado pasar a manos del erario público, y que estos bienes, que son de naturaleza material, y ahora por la incorporación, los bienes reales también, los derechos, que estos bienes dejen de ser instrumentos que hagan más eficaz, en un momento dado, a la conducta de los criminales. En eso estamos completamente de acuerdo (el Grupo Parlamentario del PRI) en que obsequiemos a las autoridades una reforma muy importante, de gran calado, que es una reforma que lleva como finalidad precisamente, que se tenga un instrumento muy fuerte que pegue en donde duele, que es precisamente en la economía de las organizaciones criminales, para que se pueda ir ganando esta batalla contra la delincuencia y tengamos la aspiración de cumplir con el anhelo que tenemos todos los mexicanos, de que gocemos después de nuestra paz y libertades que paulatinamente hemos perdido. En este sentido solamente un par de observaciones, que son más de forma. El artículo 6, actualmente en la propuesta establece que la extinción de dominio, el Ministerio Público podrá ampliar la información dice, en la Fracción II: “...en las averiguaciones previas que inicie, en términos del Código Federal de Procedimientos Penales...”.

Prosiguió: El 22 constitucional establece que procederá la extinción de dominio en casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, o sea, nos habla realmente hacia dónde se puede enfocar la extinción de dominio. Entonces, aquí habla de Código Federal de Procedimientos Penales ,y en su caso, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que sí es citada por la propia Constitución. Sería simple y sencillamente establecer que la extinción de dominio sería exclusivamente, en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, y lo que establezca la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Explicó: Lo que dice la propia Constitución, para no tener una dicotomía, en términos de una ley secundaria, respecto de la norma fundamental, porque finalmente también se trata de que tengamos un instrumento jurídico que le brinde certeza al Ministerio Público y que le dé certeza a los jueces, que en un momento dado van a ordenar los procesos de extinción de dominio. Por el otro lado, el artículo 44, que también me parece que no es como para que frenemos este avance, y lo podamos votar favorablemente, el 44 actualmente establece que el no ejercicio o desistimiento —perdón— dice “...la absolución del afectado en el proceso penal por no haberse establecido su responsabilidad o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien...”. Y la propuesta es “el no ejercicio de la acción penal”, complementaría el no ejercicio de la acción penal, el desistimiento o la extinción del dominio, me parece que complementa muy bien, así como la absolución del afectado en un proceso penal por no haberse establecido su responsabilidad o la no aplicación de la pena decomiso de bienes no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien. Me parece que hasta ahí debe quedar la fórmula, porque actualmente se plantea ni de la procedencia de la acción de extinción de dominio. Esto nos lleva a un terreno de incertidumbre jurídica, a alguien que fue absuelto, y no obstante que fue absuelto y fue declarado inocente, con esta disposición todavía dejamos abierta la puerta para que la autoridad siga afectando los bienes de la persona, no obstante que la persona, jurídicamente y en sentencia definitiva a aclarado que es inocente. Entonces, el 44 me parece que debe quedar con la parte del inicio y la parte final complementaria debe de omitirse. Con estas dos observaciones, presidente, y compañeras diputadas y diputados, me parece que estaríamos por lo menos desde mi perspectiva, en condiciones de votar de manera favorable una Ley de Extinción de Dominio, que es una ley reglamentaria, precisamente, del artículo 22 constitucional, y que se requiere –como lo dije hace unos momentos– urgentemente, que se pueda votar.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella: Es una inquietud, lo decíamos ahorita vengo del norte; en el artículo 7, en la Fracción III, se establece... perdón, en el artículo 8, en la acción de extinción de dominio “se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con hechos ilícitos, en cualquiera de los casos siguientes...” nos remite a la fracción III, a la modificación que dice, “aquellos que estén siendo utilizados por un tercero para la comisión de hechos ilícitos o de actos preparativos o previos, relacionados con estos, si su dueño tuvo conocimiento de ello, y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo”. Retomando lo que decía, y muy bien, el diputado Zamora, la Constitución nos establece en tratándose de qué delitos operaría este supuesto. Aquí el problema es, diputado presidente, compañeros, muchos de los ranchos de nosotros, en el norte, Sonora, Chihuahua, y seguramente en otros estados de la república son utilizados por la gente que trasiega droga o que trasiega en el caso del norte, a los indocumentados, o que por ahí cruzan incluso, los carros zonapafas, el contrabando de vehículos norteamericanos hacia México. El riesgo aquí, se me hace que queda muy abierto, presidente. Dice “...si tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad...”, ¿a qué autoridad? Y le voy a comentar un caso muy genérico, para no meternos “en camisa de once varas”; ha habido casos de gente que tiene ranchos, y le informa al Ejército de movimientos raros que están sucediendo en sus territorios, y los delincuentes vienen, y se desquitan en contra de quien “les puso el dedo” con el Ejército o con otra autoridad. En ese caso pudiera aplicarse, si la droga es confiscada en ese territorio o si se detiene a las personas que están transportando personas a Estados Unidos, o los agarran con contrabando, lo que sea pueden aplicarles la extinción de dominio a alguien que “no tiene vela en el entierro”, y que por temor a represalias no le informó a la autoridad, o que habiéndole informado a la autoridad porque ésta estaba coludida con los malhechores, no sé si me estoy explicando. Se me hace que estamos dejándolo, porque aquí ya, a diferencia de la Constitución habla de actos preparativos o previos, relacionados con los delitos; va más allá de lo que establece el artículo 22. Entonces, ver de qué forma pudiéramos darle la certeza. Las leyes, estoy de acuerdo en que le peguemos al crimen organizado en donde más le duele, y es en el dinero, es en los bienes y en sus posiciones; totalmente de acuerdo en eso. Pero no tenemos que hacer que “justos paguen por pecadores” hay gente que allá en el norte, por las grandes extensiones de terreno o por el temor a las represalias, en vez de ir con el Ministerio Público federal, incluso por la distancia, presidente, en vez de ir a denunciar esto con el Ministerio Público federal, se limitan a decírselo al Ejército que está haciendo los rondines. Pero no lo van a hacer por escrito. Estamos dejando —creo yo— muy abierto, si yo, al darme cuenta de que aterrizó una avioneta en mi rancho detienen esa avioneta era la primera vez que aterrizaba; yo ya había denunciado que en mi rancho estaban queriendo aterrizar aviones, nunca hizo nada la autoridad para impedirlo, me dice “es que nunca me dijiste”. Y por ese solo hecho me van a quitar el rancho, ¿sí me explico? O sea, son casos, bienes del Distrito I de Sonora, donde ahorita no hay autoridad del estado ni federal, que entre en territorios de Saric, de Oquitoa, de Atil, de Tubutama, es tierra de nadie. E incluso, la gente allá tiene temor es más, Tubutama no tenía policías hasta hace poquito, ¿a quién le van a ir a decir que sus territorios están siendo utilizados por gente que se dedica a este ilícito? Eso lo dejo como duda, yo sé que aquí con la sapiencia que tienen ustedes sabrán dilucidar de qué mejor forma pudiéramos redactar esto. Porque repito, está yendo más allá de lo que contempla la propia Constitución en ese artículo 8o. Fracción III. Por un lado, ya no nomás traemos el problema en el norte del narcotráfico, de los indocumentados, del contrabando de vehículos de Estados Unidos a México, también tenemos ahorita que el crimen organizado se está dedicando al abigeato. Si en el rancho de nosotros detienen a estos —que no lo han hecho, desafortunadamente las autoridades—, pero si detuvieran a esos que están cometiendo el abigeato con el ganado del rancho del vecino, también van a poder aplicarme esto. ¿Por qué no? Donde la ley no distingue, no podemos distinguir. Y aquí queda muy abierto, este es un puesto, que pudieran aplicar esta ley en perjuicio de personas que se dedican a vivir lícitamente, que vamos a pagar el plato porque otros no lo hacen. Lo dejo como una inquietud.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Como veo el ánimo de la comisión, el día de hoy daremos un gran avance en contra del crimen organizado, en contra de la corrupción, es un tema muy importante, es un asunto totalmente de fondo, en donde los bienes mal habidos o producto de la delincuencia organizada, como lo comentaban... mis compañeros diputados, será susceptible de extinguirse. Esto qué quiere decir, que le estamos quitando el brazo o una parte de un brazo financiero muy importante a la delincuencia organizada. Definitivamente el mermar a las instituciones del crimen en su facilidad de poder, a través de bienes, moverse, hacer riqueza, por supuesto utilizarlos para las complicidades y cometer los crímenes. Igualmente a las personas que viven de la corrupción, que no tengan justificación de los bienes, el día de hoy daremos un gran paso con esta reforma a la Ley de Extinción de Dominio, que la naturaleza, como lo decía el doctor, viene a perseguir bienes, no a perseguir personas, independientemente de que tenga una sentencia condenatoria en materia penal, que ha sido el obstáculo primordial para no poder extinguir bienes, se extinguirán los bienes por cuerda totalmente separada. Yo creo que esto nos va a poner en un nivel de combate como lo tiene Colombia, como lo tiene España, como lo tienen...

Añadió: Una de las observaciones que tengo, precisamente coincide con el Pedro Vázquez, en el artículo sexto. Sé que hay muchas inquietudes, la que acaba de comentar el diputado, yo la suscribiría, independientemente que hay que analizarla y hay que retomarla en la comisión, a que tiene que tener ciertas características del bien para poderla extinguir. O sea, que ese conocimiento conlleve, por supuesto, una retribución, un producto, para que te hagas de algo ilícito que no te correspondía. A la mejor ahí, analizando el contexto general, podemos despejar algunas dudas y también podemos mejorarla, para anotar específicamente los informes, cómo se tienen que hacer, si son de... o no ante las autoridades, pero el cálculo comenta. Creo que estos detalles como los que comentó el diputado Zamora, se pueden circunscribir afinar esta ley, pero en el fondo, creo que coincidimos, va a ser una gran reforma que el día de hoy estamos pasando y que creo que con esos pequeños cambios que haremos, mandaremos un mensaje muy claro que nosotros como Cámara de Diputados estamos haciendo nuestra parte para evitar el crecimiento del crimen organizado y la corrupción.

Finalizó: Creo que ese es un gran mensaje, si el día de hoy la aprobamos sería un gran día. Lo que pediría, presidente, si hay este voto de confianza, que esos pequeños detalles lo hiciéramos en una comisión redactora, nada más para ajustas esos pequeños detalles que no entra al debate de los detalles de la... los supuestos que he escuchado aquí, creo que son perfectamente entendibles, son menores, no son de fondo, de fondo sería si no podemos perseguir bienes, cosa que considero que estamos totalmente de acuerdo en irnos por el camino que lo ha hecho Chile, España y Colombia.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina comentó: En principio coincido con la exposición que da el diputado Óscar Arce, creo que es la mejor forma sugerida, por usted también, de darle un cauce y que no nos detenga, aquí en algo que estamos todos de acuerdo. Es decir, estas modificaciones, esta iniciativa que presenta el Ejecutivo. Nosotros celebramos en principio que haya una real coordinación entre el Poder Ejecutivo, que se está encargando de ese combate a la delincuencia organizada, y lógicamente ese sentido de responsabilidad de justicia que estamos apoyando, no confrontando a un gobierno federal. Aquí estamos dando testimonio de la coordinación que debe de haber, que lamentablemente no es con todos los temas legislativos, pero sí en los temas de justicia ha sido así. Lo felicitamos, presidente, por esos trabajos que ha sabido privilegiar, la institucionalidad y darle estas herramientas al gobierno federal. Yo dejaría la siguiente reflexión, en cuanto a lo comentado por mi compañero Miguel Pompa, efectivamente somos vecinos de distrito, coincido en mucho de lo que dice, creo que aquí vale la pena hacer un exhorto también a las autoridades, a los congresos locales, porque si bien es cierto la experiencia que aquí estamos comentando, de países como Colombia que se metieron de lleno al tema de extinción de dominio, que buscaron las estrategias, los mecanismos, para combatir de manera más eficiente la delincuencia organizada, también tenemos algunas asignaturas pendientes. Algunas de ellas precisamente están en la competencia local, uno de ellos es el tema del mando único de las policías, es decir, esta herramienta que hoy aquí estamos votando, va a ser de mucha utilidad, es un instrumento de mucha utilidad para el gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada. Pero también necesitamos tener uniformidad en las acciones de las policías en los estados, en los municipios, esa coordinación que en muchas partes se da, la celebramos, pero lamentablemente en otras no sucede así, sí amerita una reflexión seria de que los congresos locales tomen esta responsabilidad, porque los controles de confianza es donde ahí nos debemos de meter, no basta inyectarle recursos, no basta que el Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados haga el esfuerzo para dotar de más recursos a las entidades federativas. También se necesita ese compromiso y esa responsabilidad para que haya un mejor nivel de confianza, controles de confianza, respecto a los policías que operan en cada entidad y en cada municipio. Por último, presidente, celebrar. Yo estoy de acuerdo, insisto, en la propuesta hay una observación que nosotros tenemos, que también la someto a esta modificación con la comisión redactora, respecto a la adición de una fracción quinta al artículo 22. Aquí me parecería, lo digo de manera muy concreta, quizá vaya un poco más allá de lo que indica la Constitución en el artículo 22, sería de la idea, lo dejo aquí en la reflexión para la comisión redactora, que se suprima esa fracción quinta, y con eso Miguel, a lo que tú anotabas posiblemente de herramientas, precisamente para quienes tienen sus propiedades que no necesariamente cuentan por no tenerlos regularizados, no que sean ilegales, simplemente y sencillamente no tienen regularizados o en orden los documentos de propiedad. Pudiera ser menos agresivo para las personas que viven en todas partes del país, yo coincido, los que somos de frontera, –soy también de Sonora–,se da mucho tener vehículos que las personas los tienen con documentos americanos y no tienen legal la propiedad o regularizada su propiedad, como debe de ser en territorio nacional. Esto podría provocar situaciones de mucha agresión a población que se ve beneficiada estas situaciones de poder utilizar vehículos con documentos americanos. Insisto, presidente, el punto principal que tenemos que celebrar todos, es la manera inteligente en la que se tiene que combatir a la delincuencia organizada, no derramar más sangre en este país, sino simple y sencillamente atacarlo donde más les duele, que es el quitarles los bienes que son producto de esa delincuencia organizada.

El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Yo también celebro este momento, como siempre... sobre todo a los medios de comunicación, decirles que me siento muy orgulloso de ser el presidente de esta comisión, de todas y todos los diputados que la integran, por su sentido de responsabilidad, por su compromiso con México. Aquí no hay colores, ni afiliaciones partidistas, yo que soy priista, pero aquí fungo como presidente de la comisión, sin duda, reconozco el esfuerzo del presidente Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Agregó: Siento que ha enfrentado al crimen organizado con los instrumentos que tiene a su alcance, pero hoy lo estamos dotando de un instrumento muy importante que es despojar a la delincuencia organizada de sus bienes, porque son empresas criminales, y la Ley de Extinción de Dominio que vamos a aprobar será un instrumento fundamental porque es autónomo, ya lo dijeron, independiente de responsabilidades penales, de averiguaciones previas inclusive, de sentencias condenatorias o absolutorias, es autónomo. Por eso si les parece bien, lo sometemos a votación y creamos la subcomisión para afinar estos detalles, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos pero quienes participaron: Leonardo Guillén, Arturo Zamora, Ezequiel Rétiz, Óscar y Miguel Pompa, si les parece bien; para que redacten el documento final con estas observaciones.

Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad en lo general y se creó una subcomisión integrada por los diputados Arturo Zamora, Miguel Pompa, Leonardo Guillén para integrar las observaciones.

El punto número 11 son asuntos generales en el cual no hubo participaciones.

Se citó para el miércoles 29 de febrero a las 11:00 horas.

El presidente agradeció a todos su participación y dio por clausurada la trigésima primera reunión ordinaria siendo las 13:00 horas del miércoles 22 de febrero de 2012.