De la Comisión de Economía, derivada de la reunión ordinaria del martes 9 de agosto de 2011

A las 17:25 horas del martes 9 de agosto de 2011, en los salones de usos múltiples números 1 y 2 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Economía, para dar inicio al desahogo del orden del día de la reunión ordinaria correspondiente.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum

En dicha reunión hicieron acto de presencia las diputadas y los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Norma Sánchez Romero, Rodrigo Pérez-Alonso González, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García, Sergio Gama Dufour, Pavel Díaz Juárez, Susana Hurtado Vallejo Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara y Víctor Roberto Silva Chacón.

Diputados que justificaron su inasistencia: María Antonieta Pérez Reyes, Indira Vizcaíno Silva, secretarias.

En virtud de que se contó con el registro de asistencia de 23 diputadas y diputados e integrándose el quórum reglamentario, se procedió a dar lectura al orden del día.

Lectura del orden de día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 2. Lectura discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de las reuniones correspondientes al 12 y al 26 de abril de 2011; 4. Revisión de los proyectos de dictamen que serán discutidos y, en su caso aprobados: a) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica y artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en materia de fijación de precios); b) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 73 Quáter de la Ley Federal de Protección al Consumidor (en materia de garantías de bienes inmuebles); c) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (en materia de normas oficiales mexicanas); d) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (en materia de convenciones mercantiles y tasas de interés); e) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor (en materia de contratos de adhesión); f) Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 20 de la Ley sobre Contrato de Seguros en materia de exenciones de garantía Dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de casas de empeño; f) dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de Casas de Empeño; g) dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de con tarjetas de débito o crédito; y h) dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sobre la creación de la Agencia Pyme. 5. Asuntos generales. 6. Clausura.

Tras haberse leído el orden del día, fue aprobado de manera unánime por las diputadas y los diputados miembros de la comisión.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, sometió a la consideración de los miembros de la comisión incluir en el orden del día el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; ello con base en el hecho de que el dictamen en su momento había sido enviado a las y a los miembros de la propia Comisión, al tiempo de señalar que correspondía a la versión definitiva de una de dos iniciativas presentadas por el diputado Javier Usabiaga Arroyo.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación la integración en el orden del día, lo cual fue aprobado por mayoría.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que independientemente del resultado, deseaba escuchar la opinión de quienes se manifestaron en desacuerdo con respecto a su inclusión, al tiempo de señalar que, en efecto, el dictamen se les había hecho llegar a los miembros de la comisión en un plazo menor.

El diputado José Antonio Arámbula López manifestó su desacuerdo y sorpresa con respecto al dictamen y por tanto con relación a desechar la iniciativa, ya que la Comisión había venido realizando grandes esfuerzos para lograr consensos con respecto a lo planteado por el proponente de la misma; luego de lo cual, a decir del propio diputado, se la desechaba de manera intempestiva y sin el diálogo correspondiente, si bien se trataba de la segunda ocasión en que la iniciativa había sido sometida a la consideración de los miembros de la Comisión de Economía; ello al tiempo de señalar, asimismo, su desacuerdo con respecto a la anticipación insuficiente con que se les había hecho llegar el dictamen en esta ocasión. El diputado El diputado López Arámbula afirmó que consideraba que se había precipitado el proceso en forma deliberada.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –en respuesta a lo planteado por el diputado José Antonio Arámbula López– afirmó que, como el resto de los miembros de la comisión sabían, no se trataba de un dictamen nuevo, sino de uno que, en su esencia, había estado en las manos de todos los miembros de la comisión desde hacía muchos meses, de suerte que el proceso que se venía observando no correspondía a ningún propósito de ocultamiento. Asimismo, el diputado Guajardo Villarreal recordó que, como el conjunto de los miembros de la Comisión sabía, el propio Ejecutivo Federal había planteado serias objeciones sobre la iniciativa de referencia por sus posibles efectos en el sector de los pequeños productores, en caso de aprobarse; en el mismo sentido, el diputado Guajardo señaló que, en rigor, la controversia y la oposición surgieron en las agencias del Ejecutivo Federal, responsables de la materia en cuestión. El presidente diputado asimismo expresó que la Comisión había concedido un largo plazo para que pudieran celebrarse las reuniones que hubieran sido necesarias entre los funcionarios del Ejecutivo Federal, el proponente de la iniciativa y los diputados interesados en el asunto, luego de lo cual la conclusión fue reiterada, en el sentido de que lo que se proponía en la iniciativa causaría problemas en el sector de los pequeños productores, además de que lo que en ella se planteaba no correspondía a las normas oficiales mexicanas.

En este punto de su intervención, el diputado presidente afirmó que, aun cuando la mayoría de los miembros de la Comisión había votado a favor de desechar la iniciativa, en sintonía con el clima de camaradería que caracterizaba el trabajo que venía desempeñando la Comisión, manifestaba su no objeción en caso de que se optara por decidir este asunto en la reunión siguiente. Al respecto, el propio diputado Guajardo manifestó que el único serio inconveniente de ello radicaba en que el cumplimiento del plazo para procesar la iniciativa era inminente, de acuerdo a lo establecido por el nuevo reglamento de la Cámara; por esta razón el diputado Guajardo Villarreal propuso a la minoría de los miembros de la Comisión que votaron contra el dictamen, que si el diputado Usabiaga llegaba a establecer un acuerdo con la autoridad para formular una propuesta diferente y sin los problemas del caso, se le daría trámite en la siguiente reunión mensual de trabajo de la Comisión, es decir, en septiembre, y de esta manera la Comisión no incurriría en incumplimiento del plazo ya mencionado, al tiempo de permanecer en disposición de recibir lo que en su momento propusiera el diputado proponente.

El diputado José Antonio Arámbula López, con el fin de que no fuera necesario que el diputado Usabiaga Arroyo presentara una nueva iniciativa, planteó que el dictamen se procesara en la siguiente reunión de trabajo y que se le diera tiempo al diputado para que llegara a un acuerdo con las autoridades federales, en caso de lo cual se reformularía la iniciativa y en consecuencia el dictamen; y, en caso de que no hubiera acuerdo, dicho dictamen se presentara en la siguiente reunión entonces se procesara.

El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, en intercambio de puntos de vista con el diputado Arámbula López, comentó que si se procedía de la manera que éste proponía, la comisión incumpliría el plazo establecido por el reglamento, mismo que se cumplía el 5 de septiembre, por lo que había sido necesario votar en esa reunión el dictamen respectivo, en la comprensión de que la Comisión manifestaba su disposición a recibir una nueva iniciativa por parte del proponente.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación la aprobación de las actas de las Reuniones Ordinarias correspondientes al 12 y al 26 de abril de 2011; las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Se continuó con el Orden del día procediendo a dar lectura a primer proyecto de dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción I del artículo 7° de la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Comisión de Economía acuerda: Primero: Se desecha la iniciativa. Segundo: Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2011.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que la iniciativa había sido presentada por el diputado Pedro Vázquez, coordinador de la fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, y que en ella se planteaba el establecimiento de precios oficiales o precios tope para algunos productos de la canasta básica. Dicho esto, el diputado Guajardo le pidió al secretario técnico de la Comisión que explicara los argumentos por los cuales se recomendaba rechazar la propuesta de iniciativa.

El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías argumentó que, de acuerdo a la experiencia de los años ochenta en el país, el control de precios generaba efectos negativos en la economía y propiciaba la creación de oligopolios, que era precisamente lo que la iniciativa se planteaba combatir con respecto al comportamiento actual del mercado nacional; ello además de que el establecimiento de precios máximos resultaría sumamente complejo, entre otras razones porque en la iniciativa no se proponía parámetro alguno para ello; el abogado Pérez Frías además argumentó que el establecimiento de precios fijos desalienta la inversión, pues el nivel de utilidad estaría limitado de manera artificiosa, cuando en todo caso es la competencia la que causa que los precios bajen.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para comentar que el dictamen estaba a consideración de los diputados integrantes de la Comisión y, al no haber comentario alguno, instruyó al secretario diputado a someterlo a votación.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el dictamen, mismo que fue aprobado por mayoría, con 21 votos a favor, un voto en contra y una abstención, se abordó el siguiente proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Comisión de Economía, acuerda, se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los nueve días del mes de agosto de 2011.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que ese segundo dictamen, abordaba un tema que recurrentemente era motivo de queja ante los legisladores por parte de quienes residen en colonias y sectores en los que han comprado casas de interés social; ello con respecto al nivel de responsabilidad de los desarrolladores con relación a defectos que en algún momento presentan las viviendas. El diputado Guajardo señaló que en tales casos la ley vigente sólo establece garantía de un año y que, por su parte, el promovente pretendía que se estableciera una general de cinco años. A este propósito, el diputado presidente comentó que tras analizar el secretariado técnico la propuesta, se había concluido que una garantía que cubriera por ese lapso todos los aspectos de una casa habitación resultaba excesiva, ya que durante ese tiempo una casa sufría desgaste por el mero uso, en el caso, por ejemplo, de las instalaciones sanitarias, cuya utilización por definición es intensiva, lo mismo que en el caso de las impermeabilizaciones. De suerte que, en atención a lo planteado por el promovente, se estaban planteando, en efecto, cinco años para los aspectos estructurales de la construcción, pero tres años en el caso de las impermeabilizaciones y un año para el resto de los elementos que componen una casa habitación vendida por desarrolladores. En este punto, el diputado Guajardo precisó que el dictamen enviado a los miembros de la Comisión no contenía las precisiones que recién había comentado, por lo que se establecía la reserva para hacer el cambio correspondiente en el dictamen, de manera que dicha propuesta fuera considerada por los miembros de la Comisión al momento de votar el dictamen.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió el dictamen a consideración de los miembros de la Comisión, mismo que se aprobó por unanimidad. Se procede a continuar con el siguiente proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La comisión de Economía acuerda, Primero: se desecha la iniciativa, segundo: archívese el presente como total y definitivamente concluido. Dado ene le Palacio Legislativo de San Lázaro a los nueve días del mes de agosto de 2011.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, aclaró a los presentes que esta iniciativa no era la que se acababa de incorporar al orden del día, aún cuando el tema tiene que ver con la Ley de Metrología y de Normalización, por lo que solicitó al secretario técnico comentara el por qué del sentido de dicho dictamen.

El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, procedió a comentar las razones por las que se proponía rechazar la iniciativa, señaló que la diputada proponente planteaba modificar la Ley Federal de Metrología y Normalización, específicamente las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), con el fin de que por medio de éstas se privilegiara el consumo de productos mexicanos y así se fomentara el fortalecimiento de la industria nacional. En el mismo sentido, el abogado Pérez Frías explicó que la finalidad de las NOM, son especificaciones técnicas que regulan tanto a productos extranjeros como a productos nacionales, con el fin de proteger al consumidor, cuando ciertas directrices van en contra de la salud.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el dictamen, mismo que fuera aprobado por mayoría, por 22 votos a favor, cero en contra y una abstención. Seguidamente procedió a abordar el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y la Ley Federal de Títulos y Operaciones de Crédito. La Comisión de Economía acuerda, primero, se desecha la iniciativa; segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueves días del mes de agosto de 2011.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra con el fin de explicar que la iniciativa había sido turnada por la Congreso del estado de Colima y que fundamentalmente propone que el Banco de México fijare las tasas de interés puntualmente, lo que evidentemente tendría consecuencias negativas, como bien lo sabían los miembros de la Comisión con experiencia en materia financiera, ya que a partir del momento en que se determinaran de manera fija las tasas de interés, no sería posible utilizar los instrumentos de política monetaria y se correría el riesgo de generar un desbalance; en igual forma, el legislador señaló que de manera adecuada podían inducirse a la baja las tasas de interés mediante acciones de política fiscal y monetaria, pero que lo propuesto en la iniciativa era contraproducente. Por lo anterior, procedió a poner a consideración de los presentes el proyecto de dictamen.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, al no haber comentarios, procedió a someter a votación el dictamen, que fue aprobado por unanimidad; se continuó con el siguiente proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 y 86 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de contratos de adhesión. La Comisión de Economía acuerda, se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2011.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó que, en razón de que el promovente de la iniciativa, el diputado Víctor Roberto Silva Chacón, estaba presente, le pedía que expusiera los motivos por los que había presentado la iniciativa y que explicara cuál había sido el diálogo que había mantenido con la Comisión, con vistas a formular el dictamen que se procesaría.

El diputado Víctor Roberto Silva Chacón explicó que había propuesto la iniciativa, habida cuenta de que aún persiste una práctica comercial que perjudica a los consumidores, consistente en la obligación de contratar un cierto bien o servicio por un plazo forzoso determinado, con relación a lo cual asimismo señaló que si bien es cierto que la fijación de este tipo de plazos responde a la necesidad de las empresas de amortizar el costo del equipo o de la inversión en infraestructura, así como el de la mano de obra utilizada en su instalación para proveer el bien o servicio, también era cierto que algunos proveedores utilizan el referido mecanismo para retener y someter a sus consumidores; ello en el sentido de que, en caso de que un consumidor quiera dar por terminado el contrato antes del plazo convenido, éste se vea obligado a liquidar una cantidad de recursos monetarios como medio para resarcir el incumplimiento y la validación de la recesión del contrato, sin que exista la posibilidad de que goce del bien o del servicio por un plazo definido, una vez que es penalizado por cancelación anticipada.

El diputado Silva Chacón, agregó que la amonestación pecuniaria por contratos cancelados con anticipación, en la mayoría de los casos corresponde a un desembolso similar o igual al que hubiera debido realizarse para gozar del bien o del servicio durante el tiempo de vigencia del contrato; ello con la clara intención de que al consumidor le resulte más costoso cancelar el contrato que continuar con su vigencia. Asimismo, el legislador mencionó el hecho de que los contratos de adhesión que suscriben los consumidores en estos casos, generalmente son elaborados por las empresas proveedoras y son revisados y consolidados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el fin de que no contengan preceptos que afecten el bienestar de los contratantes; sin embargo, a decir del legislador, siguen prevaleciendo los abusos, como en el caso de bienes y servicios ofrecidos por empresas pertenecientes a los sectores de telecomunicaciones, de transportes o de la construcción, entre otros. En este punto de su exposición, el diputado comentó que una de las razones vinculadas a las mencionadas penalizaciones por parte de las empresas proveedoras radica en el cambio de domicilio de los consumidores por razones de la dinámica demográfica y laboral; en igual forma, el legislador mencionó otros ejemplos, que se traducen en penalizaciones que sin duda no son imputables a los consumidores y sí a proveedores de ciertos bienes o servicios, respecto a la deficiente satisfacción en el servicio y por incumplir con lo pactado en el contrato.

En suma, lo que el diputado proponente afirmó haber planteado en el proyecto de iniciativa correspondiente, radicaba en modificar el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que los proveedores que ofrezcan bienes o servicios al público en general y de manera masiva, estén sometidos a la obligación de registrar su contrato de adhesión ante la Profeco; asimismo, en modificar el artículo 86 Ter de la misma ley, a efecto de establecer que en los contratos de adhesión de la prestación de servicios, el consumidor pueda dar por terminado el contrato aun de manera anticipada, cuando existan prácticas comerciales coercitivas o desleales o cuando cambie de residencia o domicilio o cuando existan condiciones que no le sean imputables y que afecten el abastecimiento de la prestación del servicio cuando el proveedor sea sancionado por una práctica monopólica prevista en la legislación correspondiente.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que de acuerdo a su comprensión, la propuesta presentaba dos universos: el primero relativo al propósito de que todos los contratos de adhesión de servicios fueran registrados en la Profeco; y el segundo, relativo a la propuesta de que todos los contratos de adhesión estuvieran sujetos a terminación unilateral por parte de los consumidores, en ciertas circunstancias. Al respecto, el diputado Guajardo comentó que en diálogo los respectivos equipos de trabajo de la Comisión y del proponente, así como en forma directa entre éste y él mismo, se concluyó, en primer término, que la universalidad del registro de los contratos constituiría un esquema extraordinariamente ambicioso, por la cantidad de oferentes de todo tipo en el mercado, y que, por tanto, ello implicaría una gran carga de trabajo a la autoridad que, en muchos casos, no estaría necesariamente justificada; de ahí que se acordara que se propusiera que fuera el propio titular de la Profeco quien determinara, en razón de sus características, importancia e impacto en el consumidor, cuáles contratos debían estar sujetos a regularización. Por otra parte, el legislador comentó que se había analizado que la culminación unilateral sería un elemento que generaría una extraordinaria incertidumbre, en razón de que –sin particularizar y a manera de ejemplo– si repentinamente un consumidor decidía trasladarse de una ciudad a vivir en una cabaña en la parte alta del Chipinque, muy probablemente en ese lugar no encontraría servicio telefónico y cabría preguntarse, entonces, de quién habría sido la responsabilidad del cambio; el legislador comentó, en este punto, que si se refrendaba la propuesta original, se estaría abriendo un horizonte de serios problemas, en la medida en que, por decisiones específicas del consumidor, pudieran incumplirse muchos contratos.

De ahí que –de común acuerdo– se llegara a la conclusión de que la terminación unilateral de un contrato no era necesariamente una práctica saludable para el fomento a la inversión y al desarrollo en los diversos ámbitos del sector servicios. Al mismo tiempo y por último, el diputado manifestó la voluntad de la comisión de continuar conversando con el diputado proponente y su equipo, para avanzar en la materia más allá de esa zona gris que pudiera dar pie a la comisión de abusos en materia de incumplimiento de contratos, mientras que de la iniciativa original se proponía rescatar el registro de los contratos de adhesión, de acuerdo a lo que determinara la autoridad. Dicho esto, el diputado Guajardo invitó a que expresara sus opiniones las diputadas y los diputados miembros de la comisión.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez afirmó que la iniciativa del diputado Silva Chacón, sin duda respondía a una inquietud de la sociedad y que por ello debía trabajarse en tal sentido; por otra parte, el legislador expresó que, en el caso de las modificaciones acordadas respecto al artículo 85, por medio de la cuales se proponía concederle atribuciones al titular de la Profeco para dar por terminados los contratos de adhesión, debía plantearse qué condiciones debían satisfacerse para que el procurador decidiera o no cancelar un contrato.

El diputado presidente Ildefonso Guajardo Villarreal, En este punto, a lo dicho por el legislador comentó que en la iniciativa se estaba planteando concederle facultades a la autoridad, no para cancelar contratos, sino para decidir la necesidad de su registro, lo cual eran dos cosas muy diferentes.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, comentó que, siendo así, de cualquier manera en materia de las facultades que se proponía conceder a la autoridad había poca precisión y que, por tanto, los criterios que aplicara el procurador pudieran ser demasiado discrecionales; así, por ejemplo, si los basara en el número de quejas formuladas por los consumidores, porque una hipotética empresa con un mercado muy grande que hubiera provocado 5 mil quejas, podía ser sujeta de la medida ya mencionada, mientras que, comparativamente, una empresa que abarcara un sector reducido del mercado, pudiera causar mil 500 reclamaciones y ello representar, en términos proporcionales, en realidad un número mayor de quejas que en el caso de la primera empresa, con relación a la cual y respecto al número de sus clientes, 5 mil quejas pudieran representar muy pocas.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para plantear que, de acuerdo a su interpretación, lo que se proponía en el proyecto de iniciativa era que el titular de la Profeco decidiera qué sector o sectores de oferentes de bienes o servicios debieran registrar sus contratos ante la Procuraduría, de manera general, y no con referencia a esta o aquella empresa. En este punto el diputado Guajardo señaló que, en caso de que no fuera así, estaba de acuerdo con lo que planteaba por el diputado Mercado Sánchez, en el sentido de que el procurador debiera aplicar su criterio con respecto a sectores y no a empresas en particular; y, asimismo, dijo que si no fuera ese el caso, le parecía entonces que la redacción no correspondería a lo que él entendía que había sido el espíritu de la propuesta; en este punto de su intervención, el diputado presidente le pidió al secretario técnico de la comisión que aclarara el sentido de lo formulado en ésta.

El secretario técnico, Andrés Alejandro Pérez Frías, señaló que en la redacción del artículo como quedó, se hablaba de proveedores y no de sectores, por lo que la redacción quedaba era para que el Procurador tome en cuenta diversos factores para fundamentar y motivar la razón de porqué está decidiendo que un proveedor de servicios deba registrar su contrato de adhesión.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –al escuchar lo dicho por el abogado Pérez Frías– confirmó que lo señalado por el legislador era lo cierto con respecto a lo formulado en el artículo correspondiente y por ello planteó que era necesario debatir si se debía hacer referencia a sectores en lo general o a empresas en lo específico.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez puntualizó que los motivos por los que, en términos generales, pudiera exigírsele a un proveedor el registro de los contratos que suscribiera con sus clientes, podrían ser señaladamente indeterminados si sólo entrara en juego el criterio del titular de la Profeco, ya que podrían basarse en el número de quejas, en ciertos motivos de reclamación, etcétera, a los que podrían corresponder sanciones por montos variables. En pocas palabras, el legislador señaló que la autoridad no necesariamente actuaría con gran racionalidad en todos los casos, de manera que juzgaba que era necesario que la facultad que se proponía que se le concediera, a su vez fuera acotada con precisión por los propios legisladores.

La diputada Norma Sánchez Romero manifestó que consideraba que la iniciativa era parcialmente viable, porque por una parte sin duda cumplía con los objetivos de proteger los derechos del consumidor, pero asimismo señaló que la redacción era un tanto confusa, porque en el párrafo segundo sólo se facultaba al titular de la Procuraduría a solicitar en cualquier momento a los proveedores el registro del contrato, cuando a consideración suya la Profeco podría aplicar dicha exigencia por medio de diversas áreas; y, en igual forma, la legisladora señaló que era innecesaria la mención de las NOM.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González expresó que deseaba hacer algunas precisiones relacionadas con la técnica legislativa de la iniciativa, y al respecto preguntó si las seis condicionantes mencionadas en el artículo 85 tenían que ser cumplidas, todas ellas, para que se registrara el contrato. Por otra parte, el diputado comentó que para efectos legales ya existía el procedimiento de normalización en la propia Ley de Metrología, así como en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y que, en el caso de ésta última, de hecho se señalaba un procedimiento por medio del cual se procedía a una consulta a la propia industria que se pretendiera regular. Por otra parte, el diputado Pérez-Alonso afirmó que los criterios en que pudiera basarse el procurador pudieran ser sumamente discrecionales, de tal suerte que era mejor, por ejemplo, en el caso de las redes de concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, que suponían aspectos sumamente técnicos, regular por medio de una norma oficial mexicana, como ya se hacía en el caso del comercio exterior o del sector salud y con relación a otros sectores, de manera específica, cuando en cambio la Ley Federal de Protección al Consumidor era una norma general, abstracta e impersonal.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, retomó la palabra para externar que creía que el planteamiento del diputado proponente obedecía al hecho de que en algunos sectores estratégicos de servicios ha habido controversias entre las autoridades y los proveedores que se han traducido en acciones legales que han impedido la publicación de la norma oficial mexicana correspondiente.

En este punto el diputado Guajardo, preguntó a los miembros de la comisión si estaban de acuerdo en que no se aprobara el dictamen a la iniciativa en esa ocasión y que, en cambio, se creara un grupo de trabajo encabezado por el diputado promovente y se invitara a la Profeco, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con el fin de analizar si procedía establecer un criterio normativo más claro. Acto seguido le pidió al diputado secretario que sometiera a la consideración del pleno de la comisión dichas propuestas, con el fin de plantear una alternativa en la siguiente reunión de trabajo, en septiembre.

El diputado Víctor Roberto Silva Chacón pidió a los miembros de la comisión que se considerara que su propuesta obedecía a la imperiosa necesidad de que los consumidores no se vieran afectados de manera cotidiana con relación a todo tipo de servicios y que si bien era cierto que seguramente había aspectos técnicos que en ese momento no era posible identificar de manera precisa, a fin de no incurrir en excesos y afectar indebidamente a las empresas, por otro lado las afectaciones que padecían los consumidores de servicios en diversos sectores eran una realidad cotidiana. Y por último, el diputado expresó su convicción en el sentido de que sí era posible avanzar con respecto a lo propuesto, al tempo de pedir que no se diluyera el propósito, con el fin de de proteger al consumidor.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que se invitaba a los representantes de la iniciativa privada presentes en la reunión en razón del dictamen, a que se acercaran al grupo de trabajo que se formaría, con el objetivo de que sus puntos de vista fueran considerados; luego de lo cual el diputado Guajardo pidió al diputado secretario que procediera a someter a votación lo propuesto por la presidencia.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el planteamiento de diferir de integrar un grupo de trabajo para analizar la propuesta el dictamen y así posponer para la siguiente reunión el citado dictamen, lo cual fue aprobado por unanimidad. Seguidamente, el diputado secretario abordó el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. La Comisión de Economía acuerda, se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de agosto de 2011.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, explicó que la iniciativa había sido presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi y que el análisis del secretariado técnico había arrojado como resultado la inviabilidad de algunos aspectos y la pertinencia de otros; el presidente diputado le pidió al abogado Pérez Frías que presentara la propuestas del diputado Kahwagi y comentara cuáles habían sido consideradas apropiadas y formaban parte del dictamen aprobatorio.

El secretario técnico Andrés Alejando Pérez Frías, expuso que el diputado Kahwagi proponía que se modificara el artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de regular las extensiones de garantía y, asimismo, reformar el artículo 20 de la Ley Sobre del Contrato de Seguro, con el objeto de regular la prestación del servicio financiero como de compra protegida, lo cual es brindado por algunas instituciones de crédito. El abogado Pérez Frías asimismo comentó que el diputado proponente planteaba agregar dos párrafos al artículo 79 en los siguientes términos: “Toda extensión de garantía deberá señalar por escrito y en forma clara las protecciones adicionales o beneficios reales que vayan más allá de los derechos que se estipulan en la garantía original” y el segundo, “El consumidor podrá cancelar la compra de cualquier extensión de garantía durante los siguientes siete días de efectuada la misma y recibirá el importe total pagado, sin penalidad alguna”.

Seguidamente, mencionó que la propuesta se consideraba viable, solo haciendo una pequeña modificación para darle sentido y definir la extensión de garantías; ya que no se encontraba definida en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC); ello con el fin de que quedara asentada como norma establecida, haciendo obligatorio para los proveedores hacerles saber a los consumidores cuáles eran los alcances de las garantías extendidas y darles la oportunidad de que pasado los siete días pudieran cancelar la compra de dicha garantía, ya que con frecuencia sólo con posterioridad los compradores se daban el tiempo para leer las condiciones que suponía dicha compra.

Al respecto, de la segunda modificación que proponía el diputado Kahwagi, el secretario técnico, comentó que ésta consistía en agregar una fracción IV Bis en el artículo 20 de la Ley Sobre del Contrato de Seguro, en el que establecía que la póliza debería de decir: “en el caso de que la prima sea cubierta por el consumidor final, las garantías extendidas, seguros de compra protegida, deberán señalar por escrito y en forma clara las protecciones adicionales o beneficios reales que vayan más allá de los derechos que estipulan en la garantía original.”

Con relación ello, el abogado Pérez Frías comentó que lo cierto era que la Ley Sobre del Contrato de Seguro sólo regula a las compañías de seguros y no a las financieras que expiden tarjetas de seguro y tarjetas de crédito; el abogado en igual forma señaló que además ésta ley ya establece la obligación de que todas las pólizas de seguro consten por escrito y establezcan sus condiciones y alcances, por lo que se juzgó innecesaria dicha propuesta.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, aclaró que de las dos propuestas que incluía la iniciativa, una se presentaba favorable y otra de descartaba dentro del mismo dictamen, por lo tanto sometía a consideración en proyecto de dictamen, no habiendo quien hiciera uso de la palabra, pidió al secretario diputado someterá a votación el dictamen.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez puso a votación el dictamen; fue aprobado por unanimidad. Seguido, el secretario dio lectura a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La Comisión de Economía acuerda, se aprobó la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2011.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, tomó la palabra para señalar que se trataba de un dictamen muy importante en razón de que el tema de referencia versaba sobre las casas de empeño, y que, con respecto a la versión que de él había circulado, la presidencia plantearía varias reservas, además de que seguramente muchos legisladores que no formaban parte de la Comisión expresarían su punto de vista sobre el dictamen cuando éste fuera discutido y votado en el Pleno de la Cámara; de manera que, por ello mismo, por una parte era deseable identificar a los legisladores miembros de otras comisiones que hubieran presentado alguna iniciativa sobre el mismo tema, con el propósito de socializar el dictamen que estaba procesando la Comisión de Economía, luego de lo cual ésta podría plantearse dos vías parlamentarias: regresar el dictamen a comisión para modificarlo, con el fin de incorporar al mismo las ideas que, generadas fuera de su ámbito, se juzgaran valiosas; o bien procesarlo, en caso de que fuera fácil introducir los cambios en reservas, ya en el pleno de la cámara.

A ello agregó que, a grandes rasgos, deseaba mencionar algunos de los elementos fundamentales de la iniciativa, y que, en tal sentido, el propósito de la misma era atender problemas vinculados al funcionamiento de las casas de empeño, entre ellos la ausencia de un registro oficial de dichas casas y la necesidad de establecerlo, bajo la responsabilidad de la Profeco; en segundo término, el legislador se refirió al hecho de establecer mecanismos para garantizar a los clientes de casas de empeño que sus bienes están protegidos, de manera que no se pierdan o sean robados, o desaparezcan porque las propias casas de empeño cierren sus puertas intempestivamente, con referencia a lo cual la iniciativa establecía la obligatoriedad de una fianza que deberán adquirir los proveedores del servicio; en tercer lugar, el diputado presidente se refirió al hecho de que, aun cuando existe una regulación que pretende estandarizar la presentación de la información al público en materia del costo financiero del empeño, es totalmente irregular, lo que ocasiona que con frecuencia el consumidor no pueda comparar una tasa publicada por una casa de empeño contra otra, porque algunas de ellas no informan sobre los costos fijos por apertura del proceso, o porque en algunas otras la tasa de interés es fija, independientemente del plazo de uso, y porque en algunas otras priva el esquema del prorrateo por día.

El diputado Guajardo Villarreal señaló que la iniciativa pretendía establecer una Norma Oficial Mexicana o algún otro esquema por medio del cual se estandarizara la cifra de referencia, con el fin de que los usuarios del servicio pudieran hacer comparaciones fácilmente y se generara así competencia en materia del préstamo prendario. Otro tema más, a decir del propio legislador, radicaba en el reclamo permanente de los gobiernos estatales y de las legislaturas locales, en el sentido de que muchos de los artículos robados circulan a través de casas de empeño, de suerte que se ha intentado combatir este fenómeno por medio de iniciativas que obliguen a estas casas a exigir la factura de los bienes a ser empeñados. En este punto, el diputado presidente subrayó que, por desgracia, para muchas amas de casa y usuarios en general esta posibilidad estaba fuera de su alcance, ya porque hubieran extraviado las facturas o ya porque hubieran comprado los bienes sin ellas; al respecto, el diputado Guajardo comentó que, de manera alternativa frente a una exigencia muy válida, lo que proponía la iniciativa era corresponsabilizar a los propietarios de las casas de empeño, para que se obligaran a reportar a la autoridad las conductas atípicas de quienes acudieran a empeñar bienes y que pudieran estar vinculados a robos; así, por ejemplo, en el caso de un mismo individuo que empeñara varios televisores en el curso de un mes, etcétera.

Otro fenómeno al que se refirió el legislador y que dijo atendía la iniciativa, era el de los extravíos de objetos empeñados, por ejemplo en el caso de joyería, de tal manera que no permaneciera en la indefinición cuál es la obligación de la casa de empeño en cuanto a la reposición del bien, de manera que el usuario del servicio quede plenamente satisfecho en cuanto al resarcimiento del valor de lo extraviado. Por último, el diputado presidente le pidió al secretario técnico de la comisión, que planteara las reservas, a fin de abrir la discusión entre las legisladoras y los legisladores presentes.

El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías señaló que la primera reserva se establecía en el artículo 65 Bis, a efectos de eliminar el término “discrecionalmente”, ya que hasta ese momento en el dictamen se establecía que fuera facultad discrecional de la Profeco otorgar la inscripción en el Registro de Casas de Empeño, cuando en cambio se planteaba que fuera una facultad reglada en el artículo 65 Bis.

En la segunda reserva correspondía al artículo 65 Bis 1, en la fracción IV, en que se agrega la frase “de los bienes empeñados”, fracción en la que se obligaba a las casas de empeño a otorgar una fianza a favor de la Federación para garantizar el valor de los bienes empeñados; de igual forma el abogado mencionó que se proponía modificar la referida fracción para que se estableciera que “la pieza [debía ser] equivalente al valor promedio del inventario de los bienes empeñados”.

Asimismo, el abogado agregó que se proponía eliminar el último párrafo del artículo 65 Bis cuatro, en el que se establecía un costo diario adicional al costo diario total que, por otra parte, se había establecido en un párrafo anterior; en igual forma se proponía la reserva correspondiente, a fin de suprimir el último párrafo del artículo 65 Bis seis, en que se decía que para los efectos de la restitución, en caso de que las prendas fueran robadas, extraviadas o dañadas, las casas de empeño estarían obligadas a contratar seguros que ampararan el valor de las prendas que conservaran en garantía, y sustituir ese por otro párrafo en el que se proponía establecer como obligación taxativa que se restituyeran los bienes afectados a los pignorantes, a efecto de incentivar a las casas de empeño a no perder o extraviar ni dañar las prendas objeto del contrato de mutuo; ello, independientemente de que las casas de empeño decidieran o no contratar un seguro para cubrirse en los casos mencionados.

El secretario técnico comentó que la siguiente reserva se planteaba en el artículo 65 Bis-siete, para que en el último párrafo se agregara la frase “podrá determinar”, de manera que en el caso de que el Ministerio Público presumiera la comisión de un delito, pudiera determinar que las prendas quedaran en depósito en las casas de empeño, ello de manera no taxativa, con el fin de no contrariar los códigos procesales de los estados que establecen reglas diferentes en el caso del depósito de bienes que son objeto de ilícitos. La siguiente reserva se estableció de nueva cuenta en el artículo 65 Bis uno, en el que se proponía eliminar la palabra “usura” en el último párrafo, en el que se establecían los requisitos para que las casas de empeño pudieran inscribirse y obtener su registro en el Registro de Casas de Empeño y, asimismo, algunas restricciones, entre otras, las de no haber sido sancionadas por delitos patrimoniales, de usura, de delincuencia organizada, etcétera, ya que el concepto de usura ha venido despareciendo de los códigos de los estados de la República, por la dificultad de tipificarlo y, además, en razón de que pudiera dar lugar a que con ello ciertas autoridades pudieran chantajear a las casas de empeño. Para concluir, el secretario técnico hizo mención de la última reserva, con respecto a la propuesta de modificar los montos de las multas que en la iniciativa se planteaban en salarios mínimos, a fin de establecerlas en pesos, ya que así se establecen las multas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal propuso a los miembros de la comisión que externaran sus puntos de vista sobre la iniciativa en general, para después hacer lo mismo con respecto a las reservas comentadas por el secretario técnico. Dicho esto, y al no haber comentarios en lo general, se procedió a escuchar los comentarios sobre las reservas.

El diputado Sergio Gama Dufor, hizo una observación con respecto al artículo 65 Bis 7, en su último párrafo, en el sentido de que la palabra “juez” debía ser sustituida por la expresión “Ministerio Público”, y que, además, debía incluirse la expresión “ejercitar la acción penal”, en virtud de que la etapa procesal a la que se hacía referencia era la averiguación previa penal. Por su parte, a estos señalamientos del legislador, el secretario técnico de la comisión, el abogado Pérez Frías, comentó que, en efecto, tenía razón, al tiempo de aprovechar la ocasión para señalar que el caso de la expresión “o acredite la propiedad” se estaría modificando lo que pudieran determinar las legislaciones locales en materia procesal penal, ya que, en todo caso, el propietario tendría que acreditar la propiedad ante el ministerio público, y éste determinará si se levanta el depósito de garantías. Por su parte, el legislador hizo saber al diputado Guajardo y al propio el abogado Pérez Frías que estaba de acuerdo con lo expresado por éste último.

El diputado José Antonio López Arámbula indicó que deseaba establecer una reserva con respecto al cambio que se proponía por medio de una reserva ya planteada, respecto a que la información que las casas de empeño pusieran al alcance de los clientes de manera obligatoria, hiciera referencia al costo diario totalizado de los préstamos; al respecto el diputado José Antonio López Arámbula comentó que a él le parecía que debía permanecer el concepto de costo mensual totalizado y que éste fuera el que se publicara, porque consideraba que de tal manera a los clientes les era y sería más fácil establecer comparaciones con otras casas de empeño, ya que la referencia más común apelaba al costo por mes, que no al diario, referencia que a decir suyo se prestaría a confusiones. El legislador asimismo manifestó que deseaba establecer una reserva con respecto al hecho de que las casas de empeño solían mentir con relación al verdadero costo anual total de los préstamos, el llamado CAT, de suerte que en la ley se estableciera una sanción al respecto; por otra parte, comentó que si bien es cierto que la usura es difícilmente demostrable, le parecía que el término debía permanecer en la ley, porque es posible que eventualmente pudiera tener lugar una sentencia que consignara un caso de esa naturaleza.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –a efecto de organizar la discusión con respecto a las reservas planteadas– comentó que, en efecto, con referencia a las que había establecido la presidencia de la comisión, había una en que se pedía que se eliminara el término usura, mientras el diputado José Antonio López Arámbula pedía que permaneciera; por otra parte, el diputado Guajardo señaló que había un malentendido con respecto a una supuesta reserva por medio del cual la presidencia estaría solicitando la eliminación del CAT, tema que pidió que aclarara el secretario técnico, tras lo cual éste aseguró al diputado José Antonio López Arámbula que no se eliminaba la mención de dicho costo. Por otra parte, el diputado presidente de la Comisión, en referencia a lo expresado por el diputado José Antonio López Arámbula, en el sentido de que se manifestaba como no partidario de la referencia al costo anual total en los préstamos prendarios, sino al costo mensual, le comentó a éste que, al igual que él, en un primer momento también había sido partidario de la referencia mensual y que, de hecho, en su momento así lo había propuesto al interior de la Comisión, porque consideraba que podría ser una referencia de estandarización válida; pero luego consideró que la referencia del costo diario cobraba mayor sentido, ya que con mucha frecuencia la gente empeñaba un objeto por muy pocos días, en tanto, por ejemplo, recibía el pago de la quincena.

El diputado Guajardo comentó que le había convencido el contraargumento que le había sido planteado, en el sentido de que a esa gente nada le decía la referencia del costo mensual, porque el préstamo era por un plazo muy corto, por lo que sería mucho más útil para la gente saber cuánto le cuesta diariamente un préstamo prendario, de forma que la adición de dicha tasa por día, fuera la que le permitiera calcular el costo de préstamos prendarios de más largo plazo.

El diputado José Antonio Arámbula López dijo que estaría de acuerdo en caso de que el costo se expresara en pesos, pero que al ser establecido en términos de porcentaje, le parecía que se perdía el sentido de la comparación, ya que la diferencia se expresaría en decimales; en este punto el legislador afirmó que en todo caso habría que establecer que se publicaran los costos tanto en términos diarios, como en mensuales, o que en el caso de la referencia al costo diario, éste se indicara en pesos y, en el del costo mensual, éste se expresara en términos porcentuales.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó que consideraba que de hecho era muy difícil que se publicara la referencia en pesos, ya que eso dependería de cada artículo, por lo que necesariamente debería establecerse en términos porcentuales, si bien es cierto que, por otra parte y en respuesta a lo planteado por el diputado, podría establecerse la mención obligatoria del costo diario y del costo mensual de los préstamos y, en tal sentido, sometió a la consideración del pleno de la comisión que así fuera, por lo que seguidamente pidió que se abriera una reserva para que en el dictamen se estableciera la obligatoriedad de la publicación de ambos costos, por parte de las casas de empeño. Al no haber otro comentario, el diputado Guajardo Villarreal señaló que, en términos de procedimiento, le parecía adecuado formar un paquete con las reservas que no habían sido objeto de objeción alguna y separar aquellas que sí habían sido objetadas, y preguntó a las diputadas y a los diputados miembros de la comisión si estaban de acuerdo en que así fuera.

El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías señaló que en todos los artículos de Ley Federal de Protección al Consumidor en que se mencionaban las multas, éstas estaban establecidas en pesos y que, en la misma ley, se asentaba que la Procuraduría, por causas de inflación, actualizará cada año los montos respectivos en pesos y, asimismo, que dichas actualizaciones serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, propuso a miembros del pleno de la comisión que primero se votara el paquete de las reservas planteadas por el secretario técnico y, luego de ello, por separado, las tres reservas propuestas por los diputados que hicieron uso de la palabra su oportunidad.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a la consideración de los miembros de la comisión el paquete de reservas como lo presento el secretariado técnico, el cual fue aprobado por unanimidad

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal tomó la palabra para indicar que se procedería a votar por separado cada una de las tres reservas restantes, la primera de ellas interpuesta por el diputado Sergio Gama Dufour, la cual propone cambiar el término juez por “Ministerio Público”.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a consideración del pleno de la comisión la reserva propuesto por el diputado Gama Dufor, que fue aprobada por unanimidad; la segunda reserva hecha por el diputado José Antonio López Arámbula la cual propone que las casas de empeño publiquen la tasa de interés diaria y la tasa de interés mensual de manera obligatoria, reserva fue aprobada por unanimidad; y la tercera reserva propuesta por el diputado José Antonio López Arámbula, en el desacuerdo respecto a la eliminación del delito de la usura, por lo que solicitaba se dejara como impedimento para que alguien pudiera establecer una casa de empeño; propuesta que arrojo 4 votos a favor, siendo rechazada por mayoría de votos.

El diputado José Antonio Arámbula López comentó que había planteado otras observaciones, a lo que el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal respondió que, en efecto, así era; dicho esto, el diputado López Arámbula se refirió al pasaje del dictamen en que se establecía que las casas de empeño en forma obligatoria debían avisar a la autoridad sobre clientes que se comportaran de manera sospechosa, de suerte que pudieran estar vinculados a algún ilícito con relación a las prendas empeñadas. Por otra parte, el diputado Arámbula manifestó su extrañeza con relación a la propuesta de que tan luego las casas de empeño avisaran de presuntas irregularidades, los bienes involucrados quedaran automáticamente en calidad de depósito, lo que por otra parte al legislador le pareció que ello no estimularía a las casas de empeño a denunciar presuntas conductas sospechosas. En este punto y con respecto a ofrecer a las ciudadanos la posibilidad de localizar bienes que les fueran robados y que pudieran haber sido empeñados, el diputado José Antonio López Arámbula planteó que se estableciera la obligación por parte de las casas de empeño de publicar listas de dichos bienes, de manera que una persona que hubiera sido robada pudiera consultar si su bien se encontraba en dichas listas, para presentar entonces la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.

El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal comentó al diputado López Arámbula y al resto de los miembros de la comisión que ello había complicaciones logísticas, ya que el caso de una sola empresa había 600 sucursales en el país y, por lo tanto, el tema remitía a la dificultad de poder establecer los inventarios y además el acceso físico a ellos para quienes hubieran sido objeto de robo; por lo que en tal sentido no era claro si las condiciones que supondrían el cumplimiento de una obligación como la planteada por el diputado Arámbula, fueran susceptible de cumplimiento práctico.

El ciudadano Andrés Alejandro Pérez Frías aclaró al diputado José Antonio López Arámbula, con respecto a una parte de su intervención, que tras el aviso del que diera parte la casa de empeño a la autoridad con referencia a una persona que hubiera empeñado un bien y levantara sospechas por su conducta, el bien empeñado no quedaría inmediatamente en calidad de depósito, porque antes la autoridad deberá integrar una averiguación previa, y sólo tras confirmar que, en efecto, el objeto en cuestión forma parte de un ilícito, éste quedaría en calidad de depósito en la casa de empeño.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –con respecto a lo planteado por el secretario técnico de la comisión– aclaró que en realidad lo que estaba planteando el diputado López Arámbula trascendía lo referente a la mera custodia de un bien posiblemente robado o a la participación del Ministerio Público, porque lo que el legislador proponía era que en forma obligatoria las casas de empeño publicaran listas con los bienes empeñados, de manera que los afectados por un robo pudieran consultar una fuente de información para saber en qué casa de empeño se encontraría el bien de su propiedad. Al respecto, el diputado Guajardo planteó que quizás podría ofrecerse un alternativa a lo planteado por el diputado Arámbula, en el sentido de que cuando existiera una denuncia de por medio, la autoridad circulara entre las casas de empeño los números de serie y otras características de los bienes robados y las casas de empeño obligatoriamente comunicaran si los bienes en cuestión forman o no parte de sus inventarios. En este punto de su intervención, el presidente diputado sugirió al diputado Arámbula que, en virtud de la complejidad que implicaba la propuesta, la Comisión la continuara analizando, en la comprensión de que su reserva podría ser una de las reservas a ser discutidas en el Pleno de la Cámara; y que, mientras tanto, le solicitaba que continuara en procedimiento, ya que prácticamente el Pleno de la Comisión había terminado de analizar las reservas que formaban parte del Orden del Día. Solicitud a la cual accedió el diputado Arámbula. Seguidamente, el diputado Guajardo pidió al diputado secretario que procediera con la votación.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez procedió a someter a votación de las y de los miembros de la comisión el proyecto de dictamen con las respectivas modificaciones; siendo aprobado por unanimidad.

El presidente Ildefonso Guajardo Villarreal tomó la palaba para indicar que el siguiente punto se estaba dictaminando conjuntamente con la primera propuesta y que, por tanto, se trataba de otra iniciativa en materia de casas de empeño, en cuyo dictamen se proponía que se rechazara, ya que lo contenido en ella estaba incorporado en la discusión previa sobre el tema.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez abordó el dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Comisión de Economía acuerda, primero se desecha la iniciativa, segundo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2011. Se somete a consideración del Plano de la Comisión.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –al no existir comentario alguno por parte de los señores diputados– instruyó al diputado secretario someter a votación el dictamen.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el referido dictamen el cual es aprobado por unanimidad. Luego de lo cual, para continuar dando cumplimiento al orden del día, abordó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Comisión de Economía acuerda primero, se desecha la iniciativa, segundo archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los nueve días del mes de agosto de 2011.

El secretario técnico Andrés Alejandro Pérez Frías –tras solicitarle el presidente diputado Guajardo que explicara cuál era el propósito del promovente al presentar la iniciativa y por qué se había desechado– el abogado explicó que la diputada promovente proponía establecer en la Ley General de Protección al Consumidor que los proveedores que hicieran uso de terminales de punto de venta, al momento de cobrar lo hicieran de manera obligatoria siempre a la vista del consumidor; y el motivo del rechazo radicaba en que la legislación vigente va más allá de ello, ya que tener a la vista la tarjeta al momento del cobro no es garantía de que no se hagan cargos indebidos o de que no se la “clone”, en razón de que los dispositivos electrónicos de cobro pueden estar alterados; al respecto el abogado Pérez Frías comentó que independientemente de ello, la ley establecía que, con respecto a los cargos irregulares en tarjetas de débito y crédito, los bancos tienen la obligación de restituir el dinero correspondiente a los usuarios; y que además la legislación vigente imponía sanciones penales severas a quienes alterar al debido funcionamiento de los dispositivos con el fin de cometer los referidos fraudes.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación el dictamen en sus términos, mismo que fuera aprobado por unanimidad; luego de ello, el secretario diputado continuó con el siguiente dictamen, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La comisión de Economía acuerda, se aprueba la iniciativa. Dado en el Palacio Legislativo a los nueve días del mes de agosto de 2011.

El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal tomó la palabra para recordar que dicha iniciativa había sido presentada por un miembro de la propia comisión, el diputado Leoncio Alfonso Morán, en la que se proponía la creación de la Agencia Pymes; iniciativa que ya había sido aprobada en lo general por la Comisión de Economía, y tras lo cual se había concedido un prolongado periodo con el fin de que quien deseara plantear reservas, así lo hiciera; el diputado presidente comentó que, al no haberlas, la iniciativa había sido enviada para su análisis al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara, en el que fue valorada positivamente; por otra parte, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal comentó que también largo tiempo hubo para que el Ejecutivo federal dialogara con el diputado Morán sobre su iniciativa, por lo que era tiempo ya de someterla a votación. Dicho esto, el diputado Guajardo propuso a los miembros del Pleno que se discutiera la iniciativa y, al no haber comentarios, pidió que se sometiera a votación, en lo general y en lo particular.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez sometió a votación de las diputadas y los diputados miembros de la comisión el dictamen en sus términos, fue aprobado por mayoría. Luego de lo cual, el presidente diputado Guajardo Villarreal pidió que se sometiera a consideración del pleno el siguiente dictamen, al tiempo de señalar que los miembros de la Comisión había aprobado su incorporación en el Orden del Día y de pedirle al secretario técnico que se lo entregara al secretario diputado.

El secretario Leoncio Alfonso Morán Sánchez comentó que se trataba del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se proponía adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Púbica Federal y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La comisión de Economía acuerda. Primero se desecha, segundo archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro, a los nueve días del mes de agosto de 2012.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, invitó a los miembros de la comisión a que formularan comentarios y, al no haberlos, pidió que se sometiera a votación.

El secretario Leoncio Alfonso morán Sánchez, hizo lo propio y el referido dictamen fue aprobado por mayoría, con uno voto en contra.

Asuntos generales

El diputado José Luis Velasco Lino tomó la palabra para comentar que desde el 1 de agosto en televisión y en radio se transmitían anuncios en los que el Senado de la República se refería a la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica como un logro exclusivo suyo, por lo que el legislador planteó al presidente Guajardo si sería posible que los miembros de la comisión pudieran hacerle llegar a la ciudadanía mensajes en los que se reivindicara la intervención de la Cámara de Diputados en la aprobación de la mencionada reforma, en la medida en que la Comisión de Economía y la Cámara de Diputados habían contribuido a ello mediante un gran trabajo; en suma, el diputado Velasco Lino, solicitó que se asignara presupuesto para que el área de Comunicación Social tomara cartas en el asunto.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, por su parte afirmó que el diputado tenía razón y que era tarea del área de Comunicación Social de la Cámara de Diputados subrayar el papel que había desempeñado ésta en la aprobación de la reforma de la Ley Federal de Competencia Económica, además de que había sido la Cámara de origen y había redactado el correspondiente dictamen en dos ocasiones: cuando fue enviada la iniciativa de reforma al Senado y cuando fue necesario replantearla en la etapa final.

El diputado Guajardo se comprometió a plantear esta solicitud al diputado Ramírez Marín y a la diputada Vázquez Mota, con el fin de que se le imprimiera mayor acento a la comunicación social de la Cámara, para que el trabajo realizado no fuera devaluado en comparación con el de la colegisladora.

La diputada Norma Sánchez Romero comentó que, con relación a la iniciativa referente a las casas de empeño, sería deseable que se revisaran todas las iniciativas que hubiera sobre el mismo tema, con el fin de procesarlas.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal –tras haberlo confirmado con el secretario técnico– le respondió a la diputada que no había ya ningún proyecto de iniciativa pendiente sobre el tema, pero que el hecho de haberlas dictaminado no significaba que no se hiciera el esfuerzo por contactar a todos los legisladores de la Cámara que se hubieran ocupado del tema, para que se sumaran al dictamen ya aprobado por la comisión, de manera que formularan comentarios que pudieran ser considerados en el propio dictamen o bien para que fueran incorporarlos como reservas ante el pleno de la Cámara a partir de septiembre.

La diputada Norma Sánchez Romero tomó la palabra de nueva cuenta para comentar que en la cadena productiva de la industria cuero-calzado estaba teniendo lugar una problemática muy similar a la planteada por Canacero y que, por esta razón, estaba redactando un punto de acuerdo en que se exhortaba al Ejecutivo Federal para que atendiera dicha problemática; asimismo, la legisladora invitó a los miembros de la Comisión a que se sumaran a este exhorto, y les comentó que para ello les haría llegar el texto correspondiente.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, expresó su acuerdo y no habiendo quien solicite el uso de la palabra comento que la Junta Directiva de la Comisión, tiene pensado realizar un foro en septiembre sobre el tema de la minuta sobre la Ley de Asociaciones Público Privadas, a lo cual les informó que en su momento les estaría haciendo llegar la invitación correspondiente.

Clausura

Tras haber agotado los puntos del orden del día y con la anuencia de las diputadas y los diputados miembros de la comisión, el presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, dio por terminada la reunión de ordinaria.

Atentamente

Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica)

Presidente