Que expide la Ley para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes, a cargo del diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el artículo 122 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los jóvenes, bajo las siguientes consideraciones:

I. Planteamiento del Problema

Resulta indispensable, en las condiciones actuales, garantizar el desarrollo integral y equitativo para todas y todos los ciudadanos. Sin embargo, un sector que ha sido absurdamente desatendido para la formulación específica de políticas públicas ha sido la juventud. La presente iniciativa tiene por objeto no sólo garantizar los derechos y hacer explícitos los deberes de las y los jóvenes, sino también establecer mecanismos de coordinación, entre los tres Poderes de la Unión y los tres ámbitos de gobierno, que permitan el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de Estado enfocadas directamente en la problemática concreta que afronta la juventud.

II. Exposición de Motivos

México es uno de los pocos países que no cuenta con una Ley que garantice los derechos de la Juventud. Es decir, los y las jóvenes mexicanos no tienen reconocimiento de derechos a pesar de que son la mayoría poblacional, pues el 30% de ésta, se encuentra entre los 25-29 años, cifra que aumenta al 55% de la población si consideramos a cualquier persona menor de 30 años. 1 Los esfuerzos para lograr el reconocimiento de derechos a la juventud han sido pocos: en el año 1999 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, reformada en 2006. En ésta, se establece que el Instituto debe definir y aplicar una política nacional para la juventud, población comprendida entre las edades de los 12 a los 29 años, e incorporarlos plenamente al desarrollo del país; política e instituto que han quedado rebasados dada la magnitud del problema. Lo anterior ha colocado a este importantísimo sector social como un grupo vulnerable y sujeto a permanentes procesos exclusión social: falta de educación, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente así como la violencia directa e indirecta constituyen dificultades que las y los jóvenes de nuestro país, deben afrontar.

En octubre de 2005, México firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en la ciudad de Badajoz, España. En la actualidad dicho documento se encuentra en la Secretaría de Relaciones Exteriores sin su debido trámite de ratificación turnado al Senado, dejando desprovista a la juventud de un marco de derechos que hagan efectiva una política integral de Estado. El deterioro de las instituciones en México y en el contexto de la violencia directa, la categoría de jóvenes es la más afectada: de cada 100 estudiantes, 48% no asisten a la escuela y, únicamente 2 de cada 10, tienen la oportunidad de estudiar en la universidad. 2 Múltiples datos señalan que, debido a la Estrategia Nacional de Seguridad, la tasa de homicidios ha aumentado considerablemente en adolescentes desde los 15-17 años y las posibilidades de niños y jóvenes para el desarrollo de una calidad de vida digna, se ven disminuidas por la muertes de uno o ambos padres, 3 además de que no existe un reconocimiento del resarcimiento del daño patrimonial, físico o psicológico causado.

La Encuesta Nacional de la Juventud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social STPS señalan que son alrededor de 1, 561, 641 los niños desde los 5 hasta los 17 años que no estudian ni trabajan, y 7, 796,630 de jóvenes desde los 12 hasta los 29 años en edad que se encuentran en la misma situación, lo cual sitúa a esa población como presa fácil del narcotráfico y de la delincuencia organizada; existen 7 millones de madres solteras en el rango de 12 a 19 años, entre otras cifras.

Debemos señalar que no podemos acceder al fortalecimiento democrático si no existe atención a las necesidades de la mayoría de la población en nuestro país, es por ello que México no debe carecer de un política integral de juventud con perspectiva de pluralidad y equidad. El problema de los jóvenes es un problema estructural, ante tales circunstancias resulta primordial que los legisladores y las autoridades de los tres Poderes de la Unión y de los tres ámbitos de gobierno, reconozcamos a las y los jóvenes como: un “actor social estratégico para la transformación y mejoramiento del país”, que permita a este sector diseñar, organizar y llevar a cabo los programas que repercutan en la calidad de vida de ellos mismos y sus demás iguales que conforma la sociedad.

Es por ello que resulta indispensable la expedición de una nueva ley que garantice políticas de Estado para la atención de la juventud. La Ley que proponemos tiene carácter general y se divide en dos partes. La Parte Primera, en donde se exponen los fundamentos de las políticas e instrumentos por los cuales el Estado garantizará el desarrollo integral y equitativo de la juventud. En ella se establecen, como principios rectores del desarrollo de la juventud, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad y la transversalidad de los derechos humanos, la sustentabilidad, la equidad, la laicidad, la transparencia y la pluralidad, cuyos ejes rectores serán la paz y la vida digna de la juventud.

En el Título Tercero de esta primera parte, se hacen explícitos los derechos civiles y políticos así como los derechos económicos, sociales, sexuales, culturales y ambientales. En el Título Cuarto, establecemos los deberes civiles y políticos de las y los jóvenes. En el Título Quinto, instituimos el Programa Permanente para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los jóvenes, como parte de los instrumentos que los Poderes de la Unión y los tres ámbitos de gobierno deberán implementar para garantizar este desarrollo. Estas acciones deberán ser consideradas como prioritarias y estratégicas y estar enfocadas en, cuando menos, responder a las necesidades de la juventud para el acceso a una vida digna, la superación de las situaciones de desventaja que las y los jóvenes deben afrontar por pertenecer a grupos sociales vulnerables, la educación de calidad, el acceso a la cultura, el ejercicio del derecho a la salud, el trabajo digno, la promoción de la cultura de paz y de una vida libre de violencia así como la cultura de la legalidad.

Asimismo, se establecen los principios que deben regir las políticas de protección de la juventud, que estarán enfocadas en la restitución del libre goce de los derechos de la juventud, desde todos los ámbitos de la acción social, para erradicar e impedir cualquier práctica que tenga como fin dilatar, obstaculizar o imposibilitar su ejercicio.

Es por lo anterior que, en la parte segunda de esta Ley, proponemos la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los jóvenes, cuyo máximo órgano de coordinación lo será un Consejo Nacional, integrado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, cuya finalidad será el establecimiento de políticas integrales y equitativas, sistemáticas, continuas y evaluables para garantizar y proteger los derechos de las y los jóvenes.

Dicho consejo será integrado por el presidente de la república, los secretarios de Gobernación, Educación Pública, Trabajo, Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales, el titular del Instituto Nacional de la Juventud, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los gobernadores de las entidades federativas, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes de las Juntas de Coordinación Política y los Presidentes de las Comisiones relativas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un representante de las instituciones públicas nacionales de educación superior y representantes de la Sociedad Civil. Esta estructura deberá ser replicada en las entidades federativas y el Distrito Federal así como en los municipios y órganos político administrativos del Distrito Federal, en la medida de lo posible, pero siempre integrando a los representantes de las instituciones de educación y de la sociedad civil.

Debemos señalar que resulta imprescindible la participación de la sociedad civil, específicamente de las y los jóvenes, en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas dirigidas a atender la problemática juvenil. Es por ello que proponemos mecanismos eficientes que regulen la participación de las organizaciones civiles.

III. Fundamento

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, plenamente convencido de que únicamente con el desarrollo integral y equitativo de las y los jóvenes, México podrá saldar la onerosa cuenta que tiene con la juventud, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se expide la Ley para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes, para quedar como sigue:

Ley General para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes

Parte Primera: De las Políticas e instrumentos para el desarrollo integral y equitativo de las y los jóvenes

Título Primero
Disposiciones preliminares

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto garantizar los derechos de las y los jóvenes. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2. Se entiende por:

I. Autoridad responsable, a todas aquellas dependencias o entidades de las administraciones públicas federal, estatales, del Distrito Federal, municipales y órganos político administrativos del Distrito Federal, que diseñan, implementan o evalúan políticas públicas para las y los jóvenes;

II. Consejo Nacional, al Consejo Nacional para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes, en términos de lo establecido en el artículo 17 de esta Ley;

III. Desarrollo integral y equitativo de las y los jóvenes, el proceso sistémico económico, social, cultural y político que garantiza el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todas y todos los individuos, especialmente las y los jóvenes, sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan;

IV: Las y los jóvenes, personas comprendidas entre los 15 y los 29 años de edad.

V. Participación ciudadana, la acción de la sociedad civil organizada y de la comunidad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo integral de la juventud, según lo establecido en el Capítulo IV del Título Único de la Parte Segunda de esta Ley;

VI. Políticas de desarrollo integral y equitativo de las y los jóvenes, aquellas acciones y programas implementados por los tres ámbitos de gobierno y los tres Poderes de la Unión, encaminados a garantizar el libre goce de los derechos de la juventud, en términos del Título Quinto de la Parte Primera de esta Ley;

VII: Políticas de protección de la juventud, aquellas acciones y programas implementados por los tres ámbitos de gobierno y los tres Poderes de la Unión, encaminados a restituir el libre goce de los derechos de la juventud, en términos del Título Quinto de esta Ley:

VIII. Sistema Nacional, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes;

Artículo 3. La aplicación de esta Ley y las acciones de coordinación que de ella se deriven, se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones y autoridades que intervienen en el Sistema Nacional.

Título Segundo
De los Principios y Ejes Rectores

Capítulo IDe los Principios Rectores del Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes

Artículo 4. Los principios rectores que deben regir al Estado para garantizar el desarrollo integral y equitativo de las y los jóvenes, son:

I. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y transversalidad de los derechos humanos;

II. La sustentabilidad;

III. La equidad;

IV. La laicidad;

V. La transparencia; y

V. La pluralidad.

Artículo 5. Son ejes rectores que guiarán el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las y los jóvenes:

I. La paz y la fraternidad; y

II. La vida digna y sin violencia.

Título Tercero
De los derechos de las y los jóvenes

Capítulo IDe los Derechos Civiles y Políticos

Artículo 6. Son derechos civiles y políticos de las y los jóvenes:

I. La integridad personal, la seguridad física y mental, con medidas de protección contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes;

II. La objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio así como no ser llamados a prestar sus servicios en hostilidades militares;

III. El acceso a la justicia y la restitución de las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos, que implican el derecho a la denuncia, la audiencia, la defensa, un trato justo y digno, la gratuidad, la igualdad de la justicia y las garantías del debido proceso;

IV. La no criminalización;

V. La identidad, formada en atención a sus especificidades y características de sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación sexual, creencia y cultura;

VI. La nacionalidad, a no ser privado de ella y a adquirir otra voluntariamente;

VII. El honor, la intimidad y la imagen propia;

VIII. La libertad y la seguridad personal, sin ser coartados ni limitados en las actividades que derivan de ellas, prohibiéndose cualquier medida arbitraria que atente en contra de las y los jóvenes;

IX. La libertad de pensamiento, conciencia y religión;

X. La libertad de expresión, reunión y asociación;

XI. La pertenencia, la formación y el respeto a las familias, que promuevan el afecto, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros así como la protección de todo tipo de maltrato o violencia. Asimismo, tienen derecho a la libre elección de la pareja, la vida en común y a la constitución del matrimonio o relación en pareja dentro de un marco de igualdad de sus miembros así como a la maternidad y paternidad responsables y a la disolución de la relación.;

XII. La participación y la representación política, mediante acciones afirmativas;

XIII. La participación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para jóvenes;

XIV. La no discriminación.

Capítulo IIDe los Derechos económicos, sociales, sexuales, culturales y ambientales

Artículo 7. Son derechos económicos, sociales, sexuales, culturales y ambientales de las y los jóvenes:

I. La educación de calidad, el acceso al sistema educativo nacional que garantice su universalidad, gratuidad y laicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° constitucional. Asimismo deberán fomentarse la práctica de los valores civiles, las artes, las ciencias y la técnica, la interculturalidad y la multiculturalidad, el acceso a las nuevas tecnologías, promoviendo los valores democráticos, los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la aceptación de la diversidad, la tolerancia y la equidad de género;

II. La educación sexual, que deberá promover una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad así como a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, los embarazos no deseados y el abuso o la violencia sexual;

III. El acceso a la cultura y el arte; tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, al goce y disfrute de las artes, así como a participar activamente en todas las manifestaciones de la vida cultural y en el proceso del desarrollo cultural;

IV. Utilizar, gratuitamente, los bienes y servicios culturales que presta el Estado en materia de cultura, con una razonable comodidad física, información adecuada y la preservación, reconocimiento y promoción de las diversas identidades culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

V. La salud universal, gratuita y de calidad, al acceso y protección de su salud entendida como el estado de bienestar físico, mental y social, que incluya la atención primaria gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado así como la información y prevención contra adicciones;

VI. El trabajo digno y socialmente útil, la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, promoción y condiciones en el trabajo;

VII. La organización sindical;

VIII. La protección social, frente a situaciones de enfermedad, accidente laboral, invalidez, viudez y orfandad y todas aquellas situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo;

IX. La formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de calidad, que garanticen su incorporación al trabajo;

X. La vivienda digna y sustentable, que le permitan desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones con la comunidad;

XI. El medio ambiente saludable, de calidad y sustentable;

XII. El deporte, de acuerdo a sus gustos y aptitudes;

XIII. El ocio, la recreación y el esparcimiento, para el aprovechamiento positivo y constructivo de su tiempo libre;

XIV. La creación y disfrute del espacio público;

XV. El salario digno y suficiente para la satisfacción de las necesidades que su desarrollo impone;

XVI. El acceso a la información y los servicios informáticos;

XVII. Los servicios públicos amigables, de calidad y calidez;

XVIII. La movilidad y el transporte de calidad, accesible y sustentable;

XIX. El reconocimiento, respeto y promoción a la pluralidad cultural y sus formas de organización;

XX. El reconocimiento, respeto y promoción de la multiculturalidad y sus formas de organización; y

XXI. La soberanía corporal;

XXII. La autonomía sexual y de reproducción;

XXIII. La protección del Estado y procuración de justicia contra los abusos sexuales, físicos y psicológicos así como contra la trata de personas y lenocinio.

Título Cuarto
De los Deberes de las y los Jóvenes

Capítulo IDe los Deberes civiles y políticos

Artículo 8. Son deberes civiles y políticos de las y los jóvenes:

I. Respetar la integridad personal de todas y todos sin distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo edad discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación o preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra conforme a lo establecido en esta ley;

II. Recrearse, expresar su creatividad, su diversidad cultural y su multiculturalidad así como emitir opiniones y difundirlas, sin lesionar los derechos de las y los otros;

III. Participar, a fin de desarrollar una opinión pública informada, que contribuya al debate público a la formación de capital social para el efectivo cumplimiento de sus derechos, haciendo usos de los bienes y servicios informáticos y el acceso a la información;

IV. Ejercer su sexualidad con responsabilidad, de manera informada, reconociendo y respetando la sexualidad de las y los otros;

V. Ejercer su derecho a la reproducción de manera informada y responsable, decidiendo sobre el número y espaciamiento de sus hijos;

VI. Al fomento de expresiones culturales del país y de todos los países del mundo, favoreciendo el aprecio por las minorías culturales, protegiendo su identidad;

VII. Organizarse para la promoción y defensa de los valores democráticos, culturales, laborales y sexuales y adoptar las formas de organización que crean pertinente;

VIII. Garantizar que, en el ejercicio de sus derechos, se procure la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente;

IX. Trabajar y organizarse para la utilidad social y defensa del trabajo digno;

X. Contribuir en el desarrollo de prácticas que promuevan una mejor calidad de vida;

XI. Aprovechar la infraestructura social y educativa del Estado para el desarrollo del país;

XII. Ejercer su derecho a la objeción de conciencia de manera informada y responsable;

XIII. Procurar y fomentar la paz social;

XIV. Respetar el derecho de las y los otros así como a la infraestructura de bienes y servicios para el ocio y la recreación, la movilidad y el transporte, la cultura, la salud, la educación y el trabajo;

XV. Las demás que deriven del ejercicio de los derechos consignados en el Título Tercero de esta Ley.

Título Quinto
De las políticas e instrumentos para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes

Capítulo IDe las políticas

Artículo 9. El Estado garantizará el desarrollo integral y equitativo de las y los jóvenes a través del diseño transversal de políticas de atención y protección así como de su implementación efectiva.

Artículo 10. Los tres Poderes en los tres ámbitos de gobierno estarán obligados a implementar acciones y programas para el desarrollo integral de la juventud, en la esfera de sus respectivas competencias, los que deberán estar enfocados, cuando menos, a lo siguiente:

I. Acceso a una vida digna;

II. Superación de las situaciones de desventaja por pertenecer a un grupo social vulnerable por su orientación sexual, origen étnico o racial, nivel socioeconómico, edad o cualquier otra circunstancia;

III. Educación de calidad y abatimiento del analfabetismo;

IV. Acceso a la cultura;

V. Ejercicio efectivo del derecho a la salud;

VI. Promoción del trabajo digno, disminución de la pobreza y erradicación de la pobreza extrema;

VII. Promoción de la cultura de la paz y de una vida libre de violencia; y

VIII. Promoción de la cultura de la legalidad.

Artículo 11. Las acciones y programas contemplados en el artículo anterior, tendrán el carácter de permanentes y estratégicos y conformarán el Programa Permanente para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes, el cual estará sujeto a la evaluación de la sociedad civil, en términos de lo establecido en esta Ley.

Artículo 12. El seguimiento al Presupuesto para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes deberá ser especificado en un anexo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente aprueba la Cámara de Diputados.

Los congresos locales proveerán lo necesario para el cumplimiento de lo establecido en este capítulo, en los términos del artículo 116 constitucional.

Capítulo IIDe la protección

Artículo 13. El Estado garantizará la restitución del libre goce de los derechos de la juventud, a través del diseño e implementación de políticas que restablezcan el libre ejercicio de los derechos de la juventud, desde todos los ámbitos de acción y tendrán como objetivo, impedir y erradicar cualquier práctica que tenga como fin aplazar, obstaculizar o imposibilitar el goce y ejercicio de los mismos.

Artículo 14. Las políticas de protección deberán contemplar, al menos:

I. La atención inmediata de cualquier violación a los derechos de las y los jóvenes;

II. La prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos;

III. La implantación de medidas de protección del interés superior de las y los jóvenes;

IV. La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que ocasionen la violación de los derechos de las y los jóvenes o, en su caso, la impunidad de los responsables;

V. La reparación del daño, que debe incluir, la aceptación del Estado de su responsabilidad y su compromiso de repararlo, cuando el daño sea causado o agravado a consecuencia de la actuación de alguno o algunos de los funcionarios de las autoridades responsables.

Capítulo IIIDe los Deberes de los Servidores Públicos para la Aplicación de la Presente Ley

Artículo 15. Los servidores públicos tendrán los siguientes deberes:

I. Respetar en el ejercicio de su función los derechos que consagra esta ley;

II. Aceptar y respetar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los acuerdos adoptados por los órganos competentes regulados por la presente ley;

III. Acudir a las reuniones y sesiones a que sean convocados por los órganos competentes regulados en la presente ley;

IV. Implementar, en el ámbito de sus competencias, las políticas y acciones aprobadas por las instancias correspondientes que se refieran a cualquiera de las materias reguladas por la presente ley;

V. Los demás que se establezca la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 16. Cualquier violación a los deberes establecidos en la presente ley será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

Parte Segunda
Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes

Título Único
Del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes

Capítulo IDel Sistema Nacional para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes

Artículo 17. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes se integra por el Presidente de la República, los Gobernadores constitucionales de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, las instituciones nacionales de educación superior y la sociedad civil.

Artículo 18. Son atribuciones del Sistema Nacional:

I. La formulación de políticas equitativas, plurales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables en materia de trabajo, vivienda, salud, cultura, medio ambiente y educación para las y los jóvenes;

II. La formulación de políticas equitativas, plurales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables para la protección de los derechos de las y los jóvenes;

III. Determinación de criterios uniformes para la organización, operación y modernización de las dependencias e instituciones encargadas de la atención a la juventud;

IV. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas, en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas para las y los jóvenes, así como de sus instituciones, a través de mecanismos eficaces, de acuerdo a lo establecido en esta Ley;

V. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los recursos federales, estatales y municipales para la juventud, de acuerdo a lo estipulado en la presente Ley;

Capítulo IIDel Consejo Nacional para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes y la Protección de la Juventud

Artículo 19. El Consejo Nacional es una instancia deliberativa y de coordinación, que estará integrado por:

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;

II. El Secretario de Gobernación;

III. El Secretario de Educación Pública;

IV. El Secretario del Trabajo;

V. El Secretario de Salud;

VI. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VII. El titular del Instituto Nacional de la Juventud, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo;

VIII. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

IX. Los gobernadores de los estados;

X. El jefe de gobierno del Distrito Federal;

XI. Los presidentes de las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados;

XII. Los presidentes de las Comisiones de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados;

XIII. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XIV. Un representante de las instituciones públicas nacionales de educación superior;

XV. Representantes de la Sociedad Civil.

Los acuerdos del Consejo Nacional se tomarán por mayoría de votos de los presentes. Todos los miembros del Consejo Nacional podrán someter a la aprobación del pleno del Consejo, acuerdos, propuestas, lineamientos y los demás temas que consideren necesarios para alcanzar el desarrollo equitativo, plural e integral de la juventud así como su protección.

Artículo 20. El Consejo Nacional se reunirá, cuando menos, cada tres meses a convocatoria de su presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar.

Artículo 21. El Consejo Nacional deberá asesorarse de las instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil, para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Nacional:

I. Establecer los instrumentos y políticas públicas equitativas, plurales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de esta Ley;

II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema;

III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de trabajo, vivienda, salud, cultura, medio ambiente y educación para las y los jóvenes;

IV. Promover la implementación de políticas en materia de protección de los derechos de las y los jóvenes;

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;

VI. Vigilar que en la distribución de recursos presupuestales federal, estatales y municipales, se observen las disposiciones establecidas en esta Ley;

VII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de desarrollo para las y los jóvenes;

VIII. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas;

IX. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;

X. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;

XI. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y

XII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema.

Artículo 23. El Consejo Nacional contará con un secretario técnico, que será el Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, en términos de lo establecido en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Artículo 24. El secretario técnico del Consejo Nacional tendrá, además de las que le atribuye la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, las siguientes funciones:

I. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevando su archivo y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo;

II. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional;

III. Elaborar y publicar los informes de actividades del Consejo Nacional;

IV. Elaborar las propuestas de contenido de los programas relativos al desarrollo equitativo, plural e integral de las y los jóvenes;

V. Proponer al Consejo Nacional, para su aprobación, políticas, lineamientos y acciones para el buen desempeño de sus instituciones;

VI. Rendir, una vez al año, informe de sus actividades, al Consejo Nacional; y

VII. Realizar estudios especializados sobre la materia.

Capítulo IIIDe los Consejos Estatales, Municipales y de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes.

Artículo 25. En las entidades federativas, el Distrito Federal, en los municipios y en los órganos político-administrativos del Distrito Federal se establecerán consejos encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema Nacional. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de gobierno, en materia de:

I. Políticas equitativas, plurales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables en materia de trabajo, vivienda, salud, cultura, medio ambiente y educación para las y los jóvenes;

II. Políticas equitativas, plurales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables para la protección de los derechos de las y los jóvenes;

III. Organización, operación y modernización de las dependencias e instituciones encargadas de la atención a la juventud;

IV. Participación de la comunidad y de instituciones académicas, en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas para jóvenes, así como de sus instituciones, a través de mecanismos eficaces, de acuerdo a lo establecido en esta Ley;

V. Evaluación en la aplicación de los recursos federales, estatales y municipales para la juventud, de acuerdo a lo estipulado en la presente Ley;

En el caso de los Consejos Estatales y del Consejo del Distrito Federal, participarán los municipios o los órganos político administrativos, se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para garantizar el desarrollo integral de la juventud, en sus ámbitos de competencia y deberán integrar, ineludiblemente, a representantes de la comunidad, según lo establecido en esta ley.

Capítulo IVDe la Participación ciudadana y de la Comunidad para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes

Artículo 26. La participación de las y los jóvenes para su desarrollo equitativo, plural e integral, tendrá como objetivo establecer mecanismos de cogobernabilidad y corresponsabilidad con las autoridades y podrá realizarse a través de:

I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa;

II. La sociedad civil organizada.

Artículo 27. Los Consejos Nacional, Estatales y del Distrito Federal deberán contar con, al menos, dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Para tal efecto, los titulares de los Ejecutivos en los tres ámbitos de gobierno emitirán la convocatoria correspondiente para que las organizaciones civiles elijan a sus representantes.

Los Consejos Municipales y de los órganos político administrativos deberán contar con, al menos, dos representantes de la comunidad elegidos para tal efecto, previa convocatoria de la autoridad correspondiente, quienes participarán en el diseño de las políticas de desarrollo equitativo, plural e integral de la juventud.

Artículo 28. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil podrán participar en la evaluación de las políticas de desarrollo equitativo, plural e integral de la juventud así como en el desempeño de las autoridades responsables.

Artículo 29. Las organizaciones de la sociedad civil que participen en el diseño de las políticas de desarrollo integral, no podrán intervenir en su evaluación.

Artículo 30. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior que participen en el proceso de evaluación de las políticas públicas, podrán:

I. Evaluar los programas implementados por las autoridades responsables;

II. Validar los indicadores de gestión en esta materia;

III. Publicar los resultados; y

IV. En su caso, proponer el rediseño o redireccionamiento de la política de que se trate para elevar su efectividad.

Estos informes deberán ser entregados a los Consejos Nacional, Estatales, del Distrito Federal y Municipales y los de los órganos políticos administrativos, los cuales estarán obligados a tomar en consideración esta información para el rediseño o redireccionamiento de las políticas públicas en la materia.

Artículo 31. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil que realicen funciones de evaluación, podrán acceder a toda la información necesaria para estos trabajos. Cuando se trate de información reservada, la autoridad responsable establecerá los mecanismos para su consulta.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. El Consejo Nacional se instalará dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Los consejos estatales y del Distrito Federal deberán quedar instalados en el plazo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la publicación de la presente Ley. Los consejos municipales y de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, deberán quedar instalados en el plazo de sesenta días naturales contados de la misma manera.

Cuarto. La Cámara de Diputados deberá integrar el Programa Permanente para el Desarrollo Integral y Equitativo de las y los Jóvenes, en un anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación en el año fiscal subsiguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Notas

1 Inegi, Encuesta Nacional de Población y Vivienda 2010.

2 Encuesta Nacional de la Juventud 2005.

3 REDIM/Informe sobre conflicto armado y la infancia en México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2012.

Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)