Que expide la Ley que crea la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México, recibida de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de junio de 2012

La que suscribe, Kenia López Rabadán, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, que expide la Ley que crea la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fundamento en los artículos 3o., fracciones V, VII y VIII, 70, 71, fracción II, y 73, fracción XXV, de la Constitución Política; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa de Ley que crea la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México.

Exposición de Motivos

Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir la universidad y la profesión de su preferencia, le corresponde al estado evaluar las condiciones adversas que existen en las instituciones de educación superior y promover cambios a partir de tales obstáculos para promover la igualdad de oportunidades, tanto a la vida independiente, la plena integración a la vida social, educativa, laboral, económica y cultural.

Por ello resulta relevante promover la satisfacción de las necesidades educativas de las personas con discapacidad auditiva mediante su integración al nivel de educación superior.

Las personas con discapacidad auditiva son sin duda uno de los grupos más discriminados en México. Tal situación se revela en el momento en que una persona sorda acude ante cualquier institución a solicitar un servicio, adquirir un bien o satisfacer alguna de sus necesidades básicas, pues se encuentra una serie de obstáculos que le impiden el acceso a los productos, bienes y servicios buscados.

No hay mejor ejemplo que el de las instituciones educativas, en las cuales la falta de maestros e intérpretes con conocimiento de la lengua de señas mexicana, así como de la cultura de la comunidad sorda, excluye a estos ciudadanos de estos servicios.

Así lo revelan las cifras oficiales en materia educativa, las cuales muestran que mientras el promedio de años de estudio de la generalidad de los mexicanos es de segundo de secundaria, en el caso de las personas con discapacidad auditiva es de apenas de tercero de primaria.

Más preocupante resulta que 40 por ciento de las personas con discapacidad auditiva no cuentan siquiera con un año de estudio, siendo que el promedio general de mexicanos sin escolaridad es de 8.4 por ciento, esto es, casi cuatro veces menos.

De lo anterior resalta la iniquidad educativa que existe en nuestro país en detrimento de las personas con discapacidad auditiva.

Los programas de atención a la población con discapacidad en el ámbito educativo deben ser congruentes con el derecho a la educación que tienen todos los mexicanos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 41 de la Ley General de Educación.

Esta normatividad tiene como objetivo fortalecer de fondo la tarea para la incorporación y desarrollo de las personas con discapacidad, así como la participación de los diversos sectores sociales, proponiendo desde su ámbito de competencia acciones cuyo objetivo principal es apoyar a las personas con discapacidad en su proceso de integración social.

Existen diversas dificultades para estimar la cobertura educativa de las personas con discapacidad, no obstante se considera que ésta es todavía muy pequeña en relación con la demanda de miles de niños con discapacidad, lo cual se ha relacionado con la discriminación, marginación y subvaloración existente en nuestro país para este grupo social.

La visión asistencialista de olvido, de falta de reconocimiento de sus capacidades, y sobre todo del desconocimiento de sus derechos, ha ocasionado que permanezcan al margen del progreso como consecuencia de las graves exclusiones que enfrentan dentro del sistema educativo.

La importancia que tiene la educación para mejorar la calidad de vida de las personas, obliga a contar con información estadística que permita conocer los principales logros alcanzados por la población, en los diversos niveles que integran el sistema de educación formal.

El duodécimo Censo General de Población y Vivienda 2000 captó información a través de la cual se pudieron conocer aspectos básicos, como son: la asistencia a la escuela, la aptitud para leer y escribir, el analfabetismo, el nivel de instrucción y el promedio de escolaridad de la población con discapacidad.

Con relación a los jóvenes de 15 a 29 años con discapacidad, 15.7 por ciento de las mujeres y 15.4 de los varones declararon asistir a alguna de las escuelas del sistema educativo nacional.

Por entidad federativa, la información reveló que el mayor porcentaje de asistencia escolar de la población con discapacidad de 6 a 14 años que asistía a la escuela se ubicó en el Distrito Federal (74.3 por ciento) y Nuevo León (70 por ciento), mientras que en Chiapas (49.6 por ciento), Oaxaca (53.2 por ciento) y Guerrero (53.5 por ciento) se registraron las proporciones más bajas.

A partir de los 15 años, la asistencia de la población en alguno de los niveles del Sistema Educativo Nacional disminuye de forma considerable, ya sea porque concluyeron los estudios o porque las personas tuvieron que dejar la escuela. Mientras que 24.7 por ciento de la población total de 15 a 29 años declaró asistir a la escuela, entre la población con discapacidad este porcentaje fue de 15.5 por ciento. La información por entidad federativa mostró que el mayor porcentaje de jóvenes con discapacidad de entre 15 y 29 años que asistía a la escuela se ubicó en el Distrito Federal (24.9 por ciento), mientras que Chiapas fue la entidad que registró el menor porcentaje (11.8).

De los 3 mil niños que nacen con sordera cada año, sólo 10 por ciento recibe educación. Y si esto ocurre en la educación básica obligatoria, cuyo acceso a las personas con discapacidad se encuentra al menos garantizado en la Ley, la situación es aún de mayor gravedad en el caso de la educación media superior y superior, al no encontrarse igualmente protegidos en la legislación mexicana.

Y esto, en clara contravención de instrumentos internacionales de los que México forma parte, como el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual en su artículo 4 establece que los Estados parte tienen entre sus obligaciones asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

El análisis de la fracción XXV del artículo 73 constitucional arroja que el Congreso de la Unión tiene la capacidad para establecer, organizar y sostener una institución Universitaria como la que se propone crear, ya que dicha facultad fue otorgada al Legislativo federal para que este desarrollase tareas materialmente administrativas en el campo de la educación, con el fundamento de mérito y por las circunstancias expuestas propongo la creación de la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México, para garantizar el derecho de las personas sordas a la educación superior.

Ley Orgánica de la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva en México

Capítulo I

Objeto, Facultades y Patrimonio

Artículo 1. El Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos crea la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva en México, como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía para conocer y resolver todos los asuntos concernientes a sus actividades académicas, administrativas, y las referentes a los ingresos y egresos de sus recursos y su patrimonio. Sin más limitaciones que las que le impone esta ley y la obligación de que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados audite anualmente a la institución.

Artículo 2. La Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México tendrá por objeto

I. Impartir enseñanza superior a personas con discapacidad auditiva de licenciatura y posgrado; éste último tendrá planes de estudio de especialización, maestría y doctorado;

II. Desarrollar tareas programas y proyectos de investigación, humanística, científica y tecnológica; y

III. Difundir la cultura, reforzando los valores a los que se refiere el artículo tercero constitucional, promoviendo la igualdad de las personas y los intereses generales de la sociedad, la democracia, la unidad nacional y el desarrollo social, económico y político.

Artículo 3. La Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México para realizar su objeto

I. Se organizará, de conformidad con esta ley, dentro de un régimen de desconcentración funcional y administrativa.

II. Aprobará con absoluta libertad académica, sus planes y programas de estudios, así como sus planes y programas de investigación y de difusión de la cultura;

III. Otorgará validez a los certificados de estudios, títulos y grados académicos que tendrán validez en todo el territorio nacional; y

IV. Revalidará estudios realizados en otras instituciones nacionales y extranjeras.

Artículo 4. El patrimonio de la Universidad estará constituido por

I. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

II. Las aportaciones presupuestales que le otorgue el Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Las donaciones, derechos, patentes y recursos que obtenga dentro del marco de la ley;

IV. La Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México está autorizada para concursar y obtener recursos de fuentes de financiamiento a nivel nacional e internacional; y

V. Los recursos autogenerados por la Universidad serán aplicados como complemento al presupuesto autorizado y dispondrá de ellos conforme a su reglamento.

Artículo 5. La educación que imparta la Universidad será gratuita.

Los ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad no estarán sujetos a impuestos o derechos federales, locales o municipales. Tampoco estarán gravados los actos y contratos en que ella intervenga, si los impuestos conforme a la ley respectiva, deban estar a cargo de la Universidad.

La Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México podrá recibir donaciones de personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, las que serán deducibles de impuestos en el territorio nacional. Así también, podrá recibir donaciones de organismos internacionales, públicos y privados, si ellas no tienen como condición ceder decisiones estratégicas de la Universidad, si tales donaciones son aprobadas por el rector general con el aval solidario del abogado general y del tesorero general.

La Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México dispondrá de una señal de televisión abierta, para apoyar con estos medios sus tareas académicas. El gobierno federal a través de las dependencias competentes, otorgará los permisos y autorizaciones correspondientes.

La banca de fomento dentro de su competencia dará preferencia a la revisión, viabilidad y financiamiento de los proyectos tecnológicos que le presente la Universidad, para su financiamiento.

Artículo 6. El gobierno federal aportará los locales y el mobiliario necesarios, para el funcionamiento de la Universidad, según las normas y especificaciones que fije la misma para que sus aulas y centros de estudio, así como los campos deportivos estén al servicio de los educandos; sufragará los gastos de agua, gas, teléfono y energía eléctrica de las instalaciones universitarias. Asimismo, pondrá a disposición de la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México los terrenos y locales donde se establecerán las oficinas administrativas de la Universidad.

Por su parte, la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México aportará el equipamiento tecnológico, las comunicaciones, los equipos de cómputo, los maestros y los materiales académicos.

Artículo 7. La Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México tendrá su domicilio en el Distrito Federal y podrá tener representaciones en todas las entidades de la república.

Capítulo II

Los Órganos de la Universidad

Artículo 8. Serán órganos de la Universidad

I. La Junta de Gobierno;

II. El Consejo Universitario;

III. El rector general;

IV. El secretario general;

V. El patronato;

VI. Los consejos académicos;

VII. Secretarios de las unidades universitarias;

VIII. Los consejos departamentales; y

IX. Los jefes de departamento.

Artículo 9. La Junta de Gobierno estará integrada por quince miembros elegidos por el Consejo Universitario por mayoría simple de votos de sus miembros. Todos ellos deberán ser personas de prestigio académico nacional y, cinco de los cuales, cuando menos, deberán ser miembros del personal académico de la Universidad, y cinco de ellos concurrentes o no deberán ser personas con discapacidad auditiva.

Artículo 10. Para ser miembro de la Junta de Gobierno se requiere

I. Ser mexicano;

II. Tener más de treinta años;

III. Poseer por lo menos el grado de maestría y tener experiencia académica; o tener licenciatura y por lo menos veinte años de docencia en enseñanza media superior y superior; y

IV. Ser una persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional.

El cargo de miembro de la Junta de Gobierno será honorario y quien lo desempeñe sólo podrá, dentro de la Universidad realizar además tareas docentes o de investigación.

Los miembros de la Junta de Gobierno no podrán ser designados rector general, secretario general o jefes de departamento, sino hasta que hayan transcurrido dos años de su separación de dichos cargos.

Artículo 11. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias en la forma y términos que señale su reglamento. Cada sesión será presidida por uno de sus miembros, sucediéndose para este efecto en orden alfabético de apellidos.

Artículo 12. Corresponde a la Junta de Gobierno

I. Nombrar al rector general de la Universidad, resolver acerca de su renuncia y removerlo por causa justificada. En ejercicio de estas facultades, observará la opinión de la comunidad, en la forma que establezcan las disposiciones reglamentarias;

II. Resolver en definitiva cuando el rector general vete los acuerdos del Consejo Universitario;

III. Conocer y resolver los conflictos que se presenten entre los demás órganos de la Universidad;

IV. Ejercer derecho de iniciativa ante el Consejo Universitario en las materias de competencia del mismo; y

V. Expedir su propio reglamento.

Para la validez de los acuerdos sobre los casos a que se refieren las fracciones I y V se requerirá el voto aprobatorio de diez miembros de la Junta de Gobierno.

Artículo 13. El Consejo Universitario estará integrado por

I. El rector general de la Universidad, quien lo presidirá; y

II. Un jefe de departamento, un representante del personal académico, uno de los de los alumnos y uno de los trabajadores administrativos, elegidos por cada uno de los consejos académicos de entre sus miembros.

Los representantes del personal académico, de los alumnos y de los trabajadores administrativos durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

El secretario general de la Universidad lo será también del Consejo Universitario, en el cual tendrá voz, pero sin voto.

El Consejo Universitario tendrá dos reuniones ordinarias al año y las extraordinarias que fueran necesarias a juicio del rector general.

El abogado general será asesor ex oficio del Consejo Universitario, a fin de vigilar que los reglamentos que apruebe se ajusten a las disposiciones constitucionales y al sistema jurídico nacional.

Artículo 14. Corresponde al Consejo Universitario

I. Establecer, a propuesta del rector general de la Universidad, los departamentos que se requieran para el cumplimiento del objeto de la Universidad;

II. Expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad;

III. Conocer y resolver los casos que no sean de la competencia de ningún otro órgano de la Universidad;

IV. Elegir anualmente a dos miembros de la Junta de Gobierno que reemplazarán a los de más antigua designación y a los sustitutos para cubrir las vacantes que ocurran en la propia Junta;

V. Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad;

VI. Aprobar los estados financieros con el dictamen que el patronato de la Universidad ponga a su consideración;

VII. Autorizar los planes de organización académica, las especialidades profesionales y las modalidades que se establezcan en la Universidad;

VIII. Establecer el reglamento de ingreso promoción y permanencia del personal académico y el tabulador de las percepciones de los rectores y su personal directivo, de cada unidad universitaria en todas las entidades federativas del país; y

IX. Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento y las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

Artículo 15. Para ser designado rector general de la Universidad se deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano;

II. Ser una persona honorable y de reconocido prestigio que haya ejercido la docencia y realizado investigación en alguna institución de educación superior, tener particular interés por la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva;

III. Tener el grado académico de doctor; y

IV. Haber realizado acciones de dirección en el ámbito de la educación superior.

Artículo 16. El rector general de la Universidad será el representante legal de la institución. Durará en el cargo seis años y no podrá ser reelegido.

Artículo 17. Son facultades y obligaciones del rector general

I. Presentar al Consejo Universitario el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad;

II. Hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias que expida el Consejo Universitario;

III. Presentar en el mes de febrero de cada año un informe al Consejo Universitario de las actividades de la Universidad realizadas durante el año anterior;

IV. Otorgar, sustituir y revocar poderes; nombrar y remover libremente al secretario general, al abogado general y al tesorero general de la Universidad. El secretario general deberá reunir los requisitos a que se refiere el artículo 10 de esta ley;

V. El derecho de veto respecto de los acuerdos del Consejo Universitario;

VI. Presentar un informe al Consejo Universitario en febrero de cada año, sobre el estado que guarda la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México en su situación académica, administrativa y financiera. Se enviará copia del informe a la entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados y a las Comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados;

VII. Mantener una coordinación operativa, con todas las unidades universitarias de las entidades, para apoyarlas técnica y académicamente; y

VIII. Las demás que le señalen este ordenamiento y las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

Artículo 18. El rector general será sustituido en sus ausencias temporales por el secretario general de la Universidad.

Artículo 19. La representación de la Universidad en asuntos judiciales corresponderá al abogado general. Para ser abogado general se requerirá título de abogado otorgado por una universidad o escuela mexicana y ejercicio profesional de más de cinco años.

El abogado general será miembro con voz pero sin voto del Consejo Universitario, preparará los proyectos de reglamentos para la docencia, la investigación, la difusión de la cultura; de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; el que regule el funcionamiento de los Consejos Universitario y Académico; de estudiantes; de estudios de posgrado; y el reglamento de revalidación y acreditación de estudios.

Artículo 20. El patronato estará integrado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y tres vocales.

Los miembros del patronato serán mexicanos y de reconocida solvencia moral. Durarán en el cargo cuatro años y podrán ser reelegidos. El cargo de miembro del patronato será honorario.

Artículo 21. Corresponde al patronato

I. Obtener los ingresos necesarios para el financiamiento de la Universidad;

II. Organizar planes para obtener fondos para la Universidad;

III. Autorizar la adquisición de los bienes que se requieran para las actividades de la Universidad;

IV. Administrar y acrecentar el patrimonio de la Universidad;

V. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad y ponerlo a consideración del rector general, quien lo someterá a la aprobación definitiva del Consejo Universitario;

VI. Presentar al Consejo Universitario, dentro de los tres primeros meses a partir de la fecha en que concluya un ejercicio presupuestal, los estados financieros con el dictamen del auditor externo nombrado para el caso por el propio Consejo;

VII. Nombrar al contralor y al personal que depende de él, para la supervisión de los asuntos financieros de la Universidad; y

VIII. Ejercer las demás atribuciones que le confieran este nombramiento y las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

Artículo 22. En cada unidad universitaria habrá un consejo académico, integrado por

I. Un rector, quien lo presidirá;

II. Los jefes de departamento de la unidad;

III. Un representante del personal académico y otro de los alumnos por cada departamento; y

IV. Un representante de los trabajadores administrativos de la unidad.

Los representantes del personal académico, de los alumnos y de los trabajadores administrativos durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Artículo 23. Corresponde a los consejos académicos

I. Dictaminar y armonizar los proyectos sobre planes y programas académicos que le propongan los departamentos y, en caso de que el dictamen sea favorable, someterlos a la aprobación del Consejo Universitario;

II. Designar a los jefes de departamento de las ternas que le propongan los respectivos rectores de unidades universitarias;

III. Someter a consideración del patronato, por conducto del rector general, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la unidad universitaria;

IV. Proponer ante el órgano correspondiente las medidas que tiendan al mejoramiento de las actividades de la unidad universitaria; y

V. Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento y las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

Artículo 24. Los rectores de las unidades universitarias deberán reunir los requisitos a que se refiere al artículo 9 de esta ley, serán los representantes de las respectivas unidades universitarias, sin perjuicio de la representación legal que se le otorga al rector general en los términos de artículo 15 de esta ley. Durarán en el encargo cuatro años y no podrán ser reelegidos.

Artículo 25. Son facultades y obligaciones de los rectores

I. Nombrar a los secretarios de sus respectivas unidades universitarias, los cuales deberán reunir los requisitos a que se refiere el artículo 10 de esta ley;

II. Hacer cumplir los acuerdos de sus respectivos consejos académicos;

III. Gozar del derecho de veto con relación a los asuntos de sus correspondientes consejos académicos, sometiendo el caso al rector general, quien lo turnará al colegio universitario o a la junta de gobierno, según la naturaleza del asunto; y

IV. Las demás que señalen este ordenamiento y las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

Artículo 26. Los rectores de las unidades universitarias serán sustituidos en sus ausencias temporales por los secretarios de sus respectivas unidades universitarias.

Artículo 27. Los departamentos tendrán consejos departamentales, integrados por un mínimo de cinco y un máximo de nueve profesores. Los miembros de los consejos departamentales deberán ser mayores de 25 años y tener grado de licenciatura en la disciplina o disciplinas que incluya el departamento.

Corresponderá a los consejos departamentales

I. Vigilar la aplicación de los programas de los programas académicos de las disciplinas de las que son responsables en la unidad universitaria;

II. Proponer al consejo académico ternas para la designación de los jefes de departamentos que de la unidad universitaria;

III. Presentar al consejo académico respectivo el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de los departamentos;

IV. Registrar los proyectos de investigación que se propongan en el departamento;

V. Cuidar que el personal académico y administrativo cumpla eficazmente las funciones de su competencia;

VI. Ejercer las demás atribuciones que le confieran este ordenamiento y las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad; y

VII. Los consejos departamentales que sustenten con sus disciplinas y prácticas, los programas de estudio de las diversas carreras y posgrados, se mantendrán en contacto virtual a través de comunicación electrónica, para la elaboración de los proyectos de dichos programas y una vez que lleguen a un acuerdo sobre el contenido y la estrategia pedagógica de ellos, los enviarán al consejo académico de la unidad universitaria para su armonización, y éstos, habiendo armonizado los programas y adoptado el plan de estudios, los enviarán, para su aprobación definitiva al Consejo Universitario.

Artículo 28. Los jefes de departamento deberán reunir los requisitos a que se refiere el artículo 9 de esta ley, salvo el referente a la edad, la que podrá ser como mínimo de 25 años. Durarán en el encargo cuatro años y podrán ser reelegidos, por otro periodo igual. Tendrán las facultades y obligaciones que le señalen este ordenamiento y las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

Capítulo IV

Disposiciones Generales

Artículo 29. La Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México tendrá la modalidad de enseñanza en licenciatura y posgrado: el sistema escolarizado, el sistema abierto y el extraescolar. En posgrado habrá programas de especialización, maestría y doctorado, que serán conducidos, por jefes de departamento nacionales.

I. El sistema escolarizado, estará destinado a la licenciatura en aulas para un máximo de 50 alumnos, que estarán dotadas con una computadora para cada alumno. En las aulas habrá todos los recursos visuales necesarios para recibir la educación.

El sistema escolarizado tendrá plazos determinados de inicio y terminación de cursos y la obligación de los educandos para cumplirlos.

II. El sistema abierto estará destinado a todas las personas que desean estudiar por su cuenta, en su casa o en los sitios que ellas escojan. Estos estudiantes fijarán sus propios tiempos de estudio y de acreditación de las materias de carrera o postgrado en el que se hayan inscrito. Tendrán derecho a recibir las asesorías que necesiten de tutores y maestros, así como los libros, apuntes, guías temáticas, cursos por Internet y demás materiales que requieran.

III. Los cursos extraescolares, destinados a la organización y el desarrollo de la comunidad, estarán normados por el reglamento que expedirá la Universidad.

Artículo 30. La Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México, además de las oficinas administrativas de la rectoría general, dispondrá de instalaciones para sus unidades universitarias.

Artículo 31. La Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México creará su propia editorial visual para formular los cursos que enviará a todo su sistema educativo nacional por Internet de banda ancha o por otro sistema equivalente que cumpla la función y supere éste.

Artículo 32. Los nombramientos definitivos del personal académico deberán hacerse mediante concurso de oposición pública y después de acreditar que el interesado aprobó la maestría educativa impartida por la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México, o bien a juicio de una comisión dictaminadora del personal académico, determinó que cuenta con estudios y habilidades equivalentes a ésta. Para recibir los nombramientos no se establecerán limitaciones derivadas de la posición religiosa, ideológica o política de los aspirantes, ni éstas serán causa para su remoción.

I. No podrán hacerse designaciones de profesores interinos para un plazo mayor de dos semestres;

II. El reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico será el primero en establecer el Consejo Universitario, y contendrá los siguientes criterios de contratación y promoción:

a) El personal académico es aquel que realiza funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura. Los salarios del personal académico serán equivalentes a los más altos que tengan las instituciones públicas de educación superior en el país;

Para evitar el deterioro de sus ingresos, anualmente se incrementarán en el porcentaje que establezcan los índices de inflación que determine anualmente el Banco de México o la institución que lo sustituya en esta función.

Los salarios del personal académico estarán relacionados con las normas de calidad del trabajo que desempeñen considerando los criterios que establezca el Reglamento de ingreso promoción y permanencia, entre otros, resultado del aprovechamiento del grupo, investigación o aportación tecnológica, reprobación, deserción, asistencia del grupo, puntualidad, motivación, eficiencia terminal y calidad e impacto en la sociedad.

b) Se establecerán comisiones dictaminadoras del personal académico, que decidirán sobre los concursos abiertos atendiendo en primer lugar a la más amplia posesión de conocimientos de su disciplina o profesión de los concursantes, y a la claridad con que los expone; en segundo lugar, las comisiones tomarán en cuenta las aptitudes y actitudes que los aspirantes demuestren tener para la transmisión del conocimiento. Este segundo criterio se aplicará como decisivo, cuando varios aspirantes tengan los mismos conocimientos. Un tercer criterio para decidir sobre una plaza, si los dos anteriores fueran equivalentes, será la capacidad de los aspirantes para preparar materiales audiovisuales.

c) Las comisiones dictaminadoras serán de cinco miembros, tres de los cuales serán del departamento o departamentos de las disciplinas que se dictaminen y dos serán profesores externos de instituciones académicas acreditadas; estos últimos recibirán una remuneración de honorarios, que determine la rectoría de la unidad que los contrate, dentro de los parámetros que le proporcione la rectoría general.

d) Las normas y criterios que establezca el reglamento de ingreso promoción y permanencia, tendrá en cuenta las condiciones en las que desarrollarán sus tareas los profesores adscritos a la docencia presencial en las aulas y en las actividades de desarrollo de la comunidad.

Artículo 33. El rector general hará, en los términos de las normas y disposiciones reglamentarias, todas las designaciones o remociones del personal de confianza, administrativo y técnico que no estén reservadas a otros órganos de la Universidad.

Artículo 34. Los alumnos que lo requieran recibirán becas de la Universidad y esta establecerá una partida presupuestal para atender este rubro.

Las asociaciones de alumnos serán independientes de los órganos de la Universidad y se organizarán democráticamente en la forma que los mismos estudiantes determinen.

Artículo 35. Las relaciones de trabajo entre la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Artículo 36. Serán considerados trabajadores de confianza el rector general, el secretario general, el abogado general, los rectores de las unidades universitarias, los secretarios de las unidades, el tesorero general, el contralor, los jefes de departamento, los puestos de dirección administrativa y técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 37. El personal de la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México quedará incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Capítulo V

Sanciones

Artículo 38. Se establecen las siguientes sanciones:

Los funcionarios públicos que incumplan o no hagan cumplir las disposiciones de esta ley en lo que compete a sus atribuciones, serán sancionados en los siguientes términos según la naturaleza de la falta cometida:

a. Amonestación privada.

b. Amonestación pública.

c. Destitución del cargo.

d. Inhabilitación por un lapso de entre cinco y diez años para ocupar otro cargo en la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México.

El resto del personal académico, técnico y administrativo estará sujeto a las sanciones que correspondan según disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las condiciones de trabajo que pacten la institución y sus trabajadores administrativos y el reglamento de la misma Universidad.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para el establecimiento de la primera junta de gobierno no se exigirán los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10 de esta ley, sino que se integrará el cuerpo de quince integrantes como sigue: cinco diputados y cinco senadores de las Comisiones de Educación, y de Hacienda; y los otros cinco académicos que serán designados por los diez legisladores referidos, de entre los que propongan los diversos colegios profesionales registrados en la Dirección General de Profesiones y de la Academia de la Investigación Científica. Todos los legisladores miembros de la junta de gobierno inicial durarán en el encargo dos años como máximo y como mínimo el plazo que por mayoría simple acuerden los legisladores, y en este caso designarán sustitutos académicos con el mismo procedimiento señalado en este artículo. Los cinco académicos integrantes de la junta inicial de gobierno se mantendrán en ella por cuatro años.

Los miembros de la primera junta de gobierno designarán al rector general por esta única vez, así como a los rectores de las unidades universitarias que se instituyan durante los dos años de su mandato y vigilarán que se integren todos los órganos de gobierno, como establece esta ley.

Tercero. Sólo se podrán iniciar cursos de enseñanza media superior y superior, cuando la Universidad para Personas con Discapacidad Auditiva de México disponga de los recursos, inmuebles y sistemas de transmisión del conocimiento a los que se refiere el artículo 5 de esta ley.

Cuarto. El primer consejo universitario se integrará por el rector general, el secretario general y el abogado general de la Universidad del Conocimiento a Distancia, quienes actuarán como presidente, secretario y asesor ex oficio de dicho consejo; integrarán además ese cuerpo colegiado los rectores de las primeras diez unidades universitarias que se instituyan y los jefes de departamento nacionales de esas unidades. Al término de los primeros cuatro semestres de cursos, se integrarán a consejo universitario los representantes del personal académico, de los estudiantes y de los trabajadores administrativos a los que se refiere el artículo 13 de esta ley.

Quinto. El rector general, en coordinación con los rectores de la unidades universitarias que nombre la primera junta de gobierno, contratará a los primeros jefes de departamento nacionales, que a su vez tendrán la responsabilidad de que se preparen los programas de estudio de las distintas disciplinas, con las que se integrarán los planes de estudio que aprobará el propio Consejo Universitario.

Sexto. Al adquirir masivamente computadoras para el inicio de sus actividades, la Universidad integrará un comité de adquisiciones, con la vigilancia del patronato universitario nombrado por la entidad de fiscalización superior de la federación dependiente de la Cámara de Diputados.

Séptimo. Las unidades universitarias de las entidades se organizarán de acuerdo con sus necesidades locales y los recursos que les asignen los órganos legislativos de las entidades.

Octavo. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Sede de la Comisión Permanente, a 20 de junio de 2012.

Diputada Kenia López Rabadán (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Junio 20 de 2012.)