Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover e implantar programas que impulsen la denominación de origen, el turismo gastronómico y las rutas alimentarias, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracciones I y II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover e implementar programas que impulsen la denominación de origen, el turismo gastronómico y las rutas alimentarias, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La nueva ruralidad reconoce las variadas formas en que es posible integrar sectores productivos y espacios territoriales en términos de aprovechar sus recursos y las enormes potencialidades de desarrollo de forma armónica, sostenible y multidimensional.
El turismo rural y las rutas alimentarias, son una excelente oportunidad para alcanzar logros concretos en torno al desarrollo territorial, el mejoramiento de la calidad de vida rural, la conservación, uso sostenible y restauración de recursos y atractivos, así como una valoración positiva y uso sostenible de los recursos de la diversidad biológica y cultural. Por esta razón, el turismo rural como política pública puede convertirse en una herramienta para solventar los principales problemas o desafíos que se presentan en los Estados de nuestro país.
Este tipo de turismo, puede a través de las rutas alimentarias considerarse como un itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la degustación de la cocina regional, expresiones de la identidad cultural de la zona.
Estas se organizan en torno a un producto clave que las caracteriza y les otorga en la mayor parte de las ocasiones su nombre. Además, ofrecen una serie de placeres y actividades relacionadas con los elementos distintivos de la misma. Asimismo, se organizan para consolidar la cultura productiva regional, revalorizar los productos regionales y dinamizar las economías regionales a través de la promoción de los productos.
El establecimiento de una política pública que apoye las rutas alimentarias por parte de la Secretaría de Turismo en coordinación con las entidades federativas, podría promover nuevas actividades económicas para mantener y mejorar las condiciones de vida de la población rural y lograr el posicionamiento de productos que integren la mayor cantidad de actores, que generen más empleos en estas zonas y diversificar la oferta existente.
En México hemos escuchado sobre el tequila, el mezcal, la talavera, el café, el ámbar y el mango, porque son productos muy conocidos en las diferentes regiones de México, y también en el extranjero, sin embargo, es lamentable que no conozcamos productos como el sotol, la bacanora o el Olinalá que ya cuentan con denominación de origen. Sin duda, una buena promoción de estos productos, podría lograr una detonación en el turismo rural, lograr nuevas cadenas productivas y lo más importante, que las regiones y productos sean más conocidas, no sólo en el país, sino en el extranjero.
Debemos tomar en cuenta que además del turismo rural, las denominaciones de origen han potenciado la economía rural de varios países europeos, basada en la generación de productos tradicionales. Estos han encontrado acomodo en mercados selectivos, donde los consumidores conocen y exigen atributos diversos de inocuidad, calidad y autenticidad.
Lo anterior contrasta con la situación en México, donde tan sólo algunos productos cuentan con la denominación de origen, como: el ámbar de Chiapas; la bacanora; el café de Chiapas; el café de Veracruz; el charanda; el mango ataulfo del Soconusco de Chiapas; el mezcal; el Olinalá; el sotol; la talavera; y, por supuesto, el tequila, entre otros.
A pesar de que a la fecha sólo hay poco más de una docena de productos mexicanos con denominación de origen, se cuenta con una gran variedad de productos tradicionales con potencial en el mercado internacional que pudieran ser susceptibles de protegerse con la denominación de origen y promoverse a través de las rutas alimentarias.
Sin duda, la promoción del turismo gastronómico, de las rutas alimentarias y de la denominación de origen, son medios que pueden coadyuvar al posicionamiento de los productos regionales mexicanos, a nivel nacional e internacional.
Nuestro país es origen de una enorme cantidad de productos agroindustriales y artesanales de alta calidad. Por ello, como representantes de nuestros Estados debemos impulsar la protección y revalorización de estos productos y así preservar el patrimonio cultural de nuestras entidades.
Por ello, es necesario difundir entre nuestros productores y artesanos una conciencia de los beneficios de la Denominación de Origen y el turismo gastronómico, comprendida su promoción como una estrategia de triple efectividad, al resguardar productos nacionales, desarrollar industrias y combatir la piratería.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y Turismo a promover e impulsar la protección de la propiedad industrial de productos nacionales a través de la denominación de origen, al ser uno de los principales instrumentos para fomentar la competitividad de los sectores productivos y de los productos regionales mexicanos en los mercados nacionales e internacionales; así como la promoción y desarrollo de programas que impulsen el turismo gastronómico y las rutas alimentarias.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial instrumente y ejecute las acciones correspondientes para proteger el patrimonio natural y cultural de los mexicanos en el ámbito de la propiedad industrial, a través del registro y reconocimiento internacional del aguacate de Michoacán; el amaranto de Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal; el cempasúchil de Puebla y Morelos; los chiles (poblano, habanero, jalapeño, piquen, serrano, ancho, guajillo, chipotle, pasilla, amachito, entre otros); la flor de Jamaica de Veracruz, Puebla y Chiapas; los maíces mexicanos y sus derivados (huitlacoche); la flor nochebuena del Distrito Federal y estado de México; los quesos (ranchero, Chihuahua, panela, sierra, morral, Oaxaca y asadero); la machaca de Nuevo León y Sinaloa; los moles de Oaxaca, Puebla y Distrito Federal; el piloncillo de Monterrey; el pipián de Oaxaca, Puebla y Distrito Federal; la alfarería de cobre de Santa Clara del Cobre y Michoacán; los árboles de la vida del Estado de México; los alebrijes de Oaxaca; el barro negro de Oaxaca y Guerrero; la cantera del Estado de México y San Luis Potosí ; las guitarras de Paracho, Michoacán; las hamacas de Yucatán; los rebozos de Santa María, San Luis Potosí; los textiles de Temoaya, estado de México y el vidrio soplado de Jalisco; que son productos susceptibles a obtener la denominación de origen.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el 16 de febrero de 2012.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a retirar definitiva e inmediatamente por la Segob los comerciales televisivos de desodorantes English Lady, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que retire de forma definitiva e inmediata las transmisiones en televisión de los anuncios comerciales de la marca English Lady, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Todas las sociedades, a lo largo de la historia se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos, convirtiendo éstas en desigualdad social y política.
El enfoque basado en las variables sexo y género, permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, contribuye a reconocer las causas que las producen y ha ayudado a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la problemática no en las mujeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión.
El concepto sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres; son características universales e inmodificables. En cambio el género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, que se construye en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual.
El hecho de que mujeres y hombres sean diferentes anatómicamente los induce a creer que sus valores, cualidades intelectuales, aptitudes y actitudes también lo son. Las sociedades determinan las actividades de las mujeres y los hombres basadas en los estereotipos, estableciendo así una división sexual del trabajo.
Estas creencias, sin embargo, no son elecciones conscientes que se puedan aceptar o rechazar de manera individual, sino que surgen del espacio colectivo, de la herencia familiar y de todos los ámbitos en que cada persona participe. Se trata de una construcción social que comienza a partir del nacimiento de los individuos, quienes potencian ciertas características y habilidades según su sexo e inhiben otras, de manera que quienes los rodean, les dan un trato diferenciado que se refleja en cómo se relacionan con ellos, dando lugar a la discriminación y a la violencia de género.
A lo largo de la historia quienes han padecido de la discriminación y la violencia producida por los estereotipos de género de forma más grave, frecuente y evidente son las mujeres, lo que desde hace varias décadas las ha llevado a luchar por la eliminación de los mismos y por la igualdad.
Es importante señalar que tanto las mujeres que iniciaron la lucha por la igualdad de género, como las que desde nuestras diferentes trincheras la continuamos, con el pleno convencimiento de que es el único camino para la construcción de sociedades democráticas, con desarrollo humano y en paz, de ninguna manera buscamos una revancha que nos coloque por encima de los derechos y dignidad de los hombres.
Lamentablemente, hace aproximadamente un par de meses, se comenzaron a transmitir por televisión anuncios comerciales de la marca English Leather, ahora English Lady, con mensajes que atentan de manera directa contra la dignidad tanto de hombres, como de mujeres. Uno de ellos menciona, por ejemplo, que todos los hombres de esa empresa han quedado despedidos y se señala de manera expresa que todos los hombres son ineptos.
En otros se transmite una imagen de superioridad de la mujer sobre el hombre, en el que ella violenta y él tiene una actitud absolutamente sumisa y abnegada.
Cabe destacar que en los tres anuncios televisivos que transmite esta marca comercial existen mensajes “hembristas” que inducen a la discriminación y a la violencia, ridiculizando a uno de los sexos y distorsionando un movimiento social histórico mundial, que ha tenido importantes costos tanto individuales como sociales y que hasta ahora comienza a cosechar logros importantes, la lucha por la igualdad de género.
La transmisión de estos desafortunados anuncios por televisión, violenta diversos ordenamientos legales, comenzando por supuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, los mensajes transmitidos en los citados anuncios transgreden lo establecido en el artículo 4 y en la fracción XV del artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación los cuales disponen:
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
...
XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación;
...
En virtud de lo anterior, y toda vez que de acuerdo a la fracción I del artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, compete a la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen los derechos de tercero, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos, es que someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que retire de forma definitiva e inmediata las transmisiones en televisión de los anuncios comerciales de la marca English Lady.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2012.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta preocupación por la actual tensión en el Atlántico Sur, a cargo del diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Marcos Carlos Cruz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El jueves 9 de febrero de 2012, el canciller argentino, Héctor Timerman, acusó ante el secretario general de la ONU al Reino Unido de militarizar e introducir armamento nuclear en el Atlántico sur, precisó que un submarino nuclear británico, Vanguard, fue enviado a la región equipado con armas nucleares. También denunció que desde las Malvinas, los británicos tienen la capacidad de atacar a buena parte de Argentina, todo Uruguay, una parte de Chile y el sur de Brasil con misiles Taurus, y que su poder militar en el Atlántico sur se ha cuadruplicado en los últimos años.
2. Con esta acción militar británica se ha violentado el “Tratado para la Prescripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe”, que define a la región como libre de armamentos nucleares. Este documento, conocido como “Tratado de Tlatelolco”, fue ratificado por todos los países de la región y suscrito en México en el año 1967. Y es considerado el precursor de los posteriores acuerdos de distención y desmantelamiento de las ojivas nucleares que precedieron a la “guerra fría”. Por este instrumento jurídico, que fue conceptualizado y promovido por la diplomacia mexicana, le valió el merecimiento al Premio Nobel de la Paz al mexicano Alfonso García Robles.
3. El Tratado de Tlatelolco (Tratado de Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe) fue suscrito en 1967 por el Reino Unido y en 1969 lo ratificó. En este tratado se estableció la primera zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe.
4. El Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (suscrito en 1968 y prorrogado indefinidamente en 1995) también ha sido suscrito por el Reino Unido.
5. La cancillería argentina ha expresado que su país quiere una solución pacífica al conflicto y espera que el Reino Unido responda a los llamamientos de Naciones Unidas para que ambas naciones se sienten a negociar sobre la soberanía de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. La asamblea general de la ONU resolvió desde 1966 que las partes se sienten a negociar, pero Reino Unido nunca ha aceptado discutir con Argentina acerca de la soberanía de las islas que ocupa militarmente desde el siglo XIX. Reino Unido arrebató las Malvinas a Argentina en 1833, desde entonces los argentinos han reclamado durante siglos por vías diplomáticas la soberanía de ese archipiélago del Atlántico Sur.
6. En 1982, el dictador argentino Leopoldo Galtieri ordenó la invasión militar de las islas. Pero dos meses después los británicos las recuperaron. Ahí murieron 649 argentinos y 258 británicos. Desde entonces la actividad tradicional de la crianza de ovinos y la pesca han abierto paso a las empresas estadounidenses y europeas, que actualmente y de manera frenética exploran y perforan los yacimientos petroleros localizados en las islas ocupadas. Esto último explica la negativa británica al diálogo y a la negociación.
7. Desde noviembre de 2011 Argentina convocó a los países sudamericanos para que cerraran sus puertos a los buques con bandera de Malvinas por considerarla ilegal. Países como Chile, Uruguay y Brasil se adhirieron a ese acuerdo y han ratificado que no recibirán buques con insignia malvinense.
8. El gobierno argentino ha aglutinado a los países latinoamericanos en su reclamación de un diálogo con el Reino Unido sobre el tema de la soberanía de los archipiélagos del Atlántico Sur. Y la OEA, a través de su Secretario General, José Miguel Insulza, ya expresó el respaldo total al diálogo pacífico que promueve Argentina en el conflicto por las Malvinas y alertó del peligro que representa el envío de naves de guerra y armas nucleares a las islas del Atlántico sur.
Por las anteriores consideraciones, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión refrenda los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en torno a la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza y la lucha por la paz y expresa su preocupación ante la probable introducción de armas nucleares en las islas Malvinas por parte de del Reino Unido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días de febrero de 2012.
Diputado Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo estrategias de mitigación del riesgo inminente en que se encuentran los alumnos, el personal docente y el administrativo, y los padres de familia de la primaria Joaquín Baranda, situada a unos pasos de la estación Tacuba del Metro, en Miguel Hidalgo, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Del Mazo Morales Gerardo, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.1.II.2.III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Para las maestras y maestros de la Escuela Primaria Joaquín Baranda, ubicada a escasos metros de la estación Tacuba del transporte colectivo Metro en la Delegación Miguel Hidalgo, existe temor fundado que de un momento a otro truene el “diablo mayor” con el que sus vecinos, los comerciantes del Metro, roban energía eléctrica.
2. De acuerdo con información publicada en el periódico Reforma el 8 de febrero de 2011 Sección Ciudad, la Directora de la citada Primaria Ángeles Huerta ha solicitado apoyo a la Delegación Miguel Hidalgo para despejar la entrada y salida de los niños y este ha sido en vano. En la misma fuente se detalla que ninguna administración había prestado atención al problema aunque la directora de Gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo, Lilian Guillé, ha descartado alguna intención de retirarlos ante la oposición por parte de algunos dirigentes de los informales a un programa de reordenamiento para el cual se disponía de 20 millones de pesos.
3. Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que desde julio de 2010 están en pláticas para la integración de al menos 200 ambulantes a un servicio regular. Asimismo, peritos del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, han advertido que el riesgo de electrocución es latente para comerciantes y miles de peatones.
4. Ante el riesgo inminente en el que se encuentran tanto las personas que transitan por la zona, los comerciantes pero sobre todo las niñas niños, personal docente y administrativo de la Escuela Joaquín Baranda, es urgente que tanto el Gobierno del Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública implementen las medidas precautorias necesarias con la finalidad de salvaguardar la integridad física y la seguridad de la comunidad estudiantil y personal que labora en dicha institución. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 párrafo primero de la Ley General de Educación que determina que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
5. Por su parte la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 4 párrafos primero y segundo determina que de conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes .
...
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las estrategias necesarias de mitigación de riesgo inminente en el que se encuentran las niñas y niños alumnos, personal docente y administrativo así como padres y madres de familia de la Escuela Primaria Joaquín Baranda ubicada a escasos metros de la estación Tacuba del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 13 de febrero de 2012.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los estados, a los municipios y a las delegaciones políticas a generar, impulsar y, en su caso, fortalecer el desarrollo laboral y económico de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal Carlos Bello Otero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los estados, municipios y a las delegaciones políticas que integran la república mexicana para generar, impulsar y, en su caso, fortalecer el desarrollo laboral y económico de las personas con discapacidad, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Generalmente las personas con discapacidad son víctimas de discriminación. Con frecuencia, encuentran barreras que les impiden participar en igualdad de condiciones, a una vida social y productiva a nivel nacional, en afectación al ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Esta discriminación es más pronunciada en aquellas personas con discapacidad en condiciones de pobreza, marginación y exclusión social. Así, la discapacidad y la pobreza suelen estar relacionadas. Por lo que toca a la reproducción de la pobreza, las barreras a las que se enfrenta una persona con discapacidad para incorporarse a un trabajo digno le impiden percibir ingresos suficientes para ser autosustentable, lo que lleva a su familia a dedicarse a su cuidado, limitando también sus oportunidades de emplearse y aportar al ingreso del hogar.
Al ser excluidas de la vida social y económica, las personas con discapacidad están siendo privadas de las medidas destinadas para combatir la pobreza, perdiendo también esas oportunidades para mejorar su condición de vida.
En México, al día de hoy, nuestros ordenamientos legales y los suscritos y ratificados en convenios e instrumentos internacionales, se compromete a otorgar igualdad de oportunidades y a promover la integración social de las personas con discapacidad.
Entre otras garantías individuales, el párrafo tercero del Artículo primero y párrafo primero Artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece respectivamente:
Artículo 1. ... queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; Artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil...
En el marco de lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para las autoridades competentes se establecerán principalmente las siguientes medidas en materia de trabajo y empleo:
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:
I. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables;
II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad;
III. Elaborar e instrumentar el programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad, que comprenda la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado;
IV. ...; VIII. ....
Por otra parte el Estado mexicano hacer cumplir los tratados internacionales, ratificados, tales como:
1. Convenio Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas —Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, ratificado por México el 5 de abril de 2001, en vigor el 22 de abril del 2002, y que establece en su Artículo primero, párrafo segundo:
Artículo l. ...
A los efectos del presente Convenio, todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.
...
2. Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, instrumento jurídico internacional en vigor el 3 de mayo de 2008.
Artículo 27. Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
...
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
...
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación que llevaron a cabo en 2005 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social, 90 por ciento de las personas con discapacidad afirma haber sido discriminada por su condición en México y el 52.1 por ciento considera que sus derechos no han sido respetados.
Esta discriminación se da principalmente en el ámbito educativo, lo que después repercute en el acceso a oportunidades laborales, como lo reflejan las siguientes cifras y estadísticas.
La Encuesta Nacional referida en materia de Discriminación encontró que 49 de cada 100 personas mayores de 12 años tienen empleo en México, pero en comparación, sólo 25 de cada 100 personas con alguna discapacidad gozan de este derecho y a 42% de las personas con discapacidad en México les ha sido negado un trabajo debido a su condición.
Por otro lado la misma Encuesta Nacional sobre la Discriminación, realizada para el año 2010 establece que son los Estado de Puebla, Tlaxcala y Guadalajara, donde cinco de cada diez personas con discapacidad consideran en mayor medida que el desempleo es su principal problema.
Asimismo se reporta que cuatro de cada diez personas con discapacidad refieren que familiares distintos a sus padres son la fuente de donde proviene la mayor parte de sus ingresos. La segunda fuente de ingresos es el trabajo propio .
Finalmente el municipio mexicano es la forma primera de la sociedad civil, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores de la convivencia local.
En nuestro orden constitucional el municipio es la célula básica de organización política, social, territorial y administrativa en nuestro país. Es a través del Municipio que la población recibe la prestación de los servicios básicos, por lo cual se le ha asignado un papel central en la atención de las necesidades primarias de la ciudadanía.
Artículo 115 [Constitucional] ...
Fracción III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) a c)
d) Mercados y centrales de abasto.
e) a i)
...
Es nuestra obligación como diputados federales promover mejores condiciones laborales para las personas con discapacidad en sus diferentes tipos.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los Estados de la República y a los municipios que los integran así como a las Delegaciones Políticas, a generar, impulsar y en su caso, reforzar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento laboral de las personas con discapacidad.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos de los Municipios y a las Delegaciones Políticas, que integran la República Mexicana, para que autoricen o expidan, en forma gratuita, “permisos de tolerancia”, en caso calificados que determinen, a personas con discapacidad para realizar labores de comercio en espacios públicos.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2012.
Diputado Carlos Bello Otero (rúbrica)
Relativa al decimosexto aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, a cargo del diputado Juan Carlos Regis Adame, del Grupo Parlamentario del PRD
Un día como hoy de hace 16 años, se firmó uno de los principales acuerdos entre el gobierno federal con los indígenas zapatistas que se levantaron en armas por causas justas el primero de enero de 1994: Los Acuerdos de San Andrés, son el resultado de un proceso de diálogo entre las partes, relacionados con los derechos y los aspectos de la cultura indígena, que deben plasmarse en la ley.
La propuesta partía del reconocimiento de que el levantamiento zapatista era la expresión de una insurrección comunitaria, cuyas razones y causas compartía la mayoría del pueblo mexicano. A partir de esta premisa, el proceso de negociación caminaría por un lado en el desahogo de la agenda pactada entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en paralelo en un proceso donde se impulsaría un amplio diálogo nacional para la reforma democrática del estado, donde el Congreso de la Unión sería el convocante y la sociedad sería el escenario. En este proceso el EZLN sería uno de los actores que participarían, junto al conjunto de fuerzas políticas, sociales y económicas que conforman el espectro nacional.
Esta dinámica esperanzadora, donde el eje fundamental radicaba en la formulación táctica esgrimida por el zapatismo, y las causas que defendía, y lo sigue haciendo, se colapsó cuando el gobierno federal y los intereses que representa se negaron a cumplir con lo pactado y desataron una ofensiva mediática para descalificar el esfuerzo desplegado por segmentos importantes de la sociedad, e incluso por la misma delegación gubernamental, que a pesar de las diferencias había logrado concretar un acuerdo con los zapatistas, que trascendía la coyuntura y se ubicaba en la perspectiva de la construcción de un nuevo país.
Sin embargo, la descalificación para lo pactado en San Andrés fue la constante que imperó en el gobierno de Zedillo, con la finalidad de no cumplir con la palabra signada con los zapatistas.
A partir del incumplimiento del gobierno federal de lo pactado en San Andrés Larráinzar, los zapatistas se han dedicado a reorganizar sus fuerzas, consolidar sus relaciones internas y esperar mejores tiempos que les permitan lograr los propósitos de vivir en una sociedad más justa y democrática. El zapatismo vive, camina y en términos organizativos ha consolidado su presencia en las comunidades indígenas del país. En toda lucha hay desgaste, sin embargo también hay renovación, anhelos y nuevas esperanzas.
Debemos reconocer que tenemos una asignatura pendiente con los pueblos indígenas y con la sociedad en su conjunto, debemos reconocer que no se ha resuelto el conflicto porque hasta el momento, no se reconoce en la Constitución a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y por ende, poder facultar a las comunidades indígenas para que lo ejerzan.
Se trata de plasmar en la Constitución el acuerdo de dos partes en conflicto, acuerdo convocado por este Poder Legislativo. El mismo que aprobó la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas, el que mandató al EZLN y al gobierno federal a negociar, el que ofreció recoger en la ley los acuerdos a que llegaran dichas partes.
Por parte de la presente legislatura, se evitó discutir estos temas a pesar de que se volvió a presentar la Ley Cocopa con la finalidad de complementar los temas que quedaron pendientes en la reforma de 2001. Esperamos que los candidatos al gobierno de la República Mexicana incorporen en sus programas el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el derecho por la libre determinación que tienen por decidir sobre su presente y futuro.
Diputado Juan Carlos Regis Adame (rúbrica)