Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Diputado Federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal para tipificar los delitos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en los términos que establece el estatuto de la Corte Penal Internacional.

I. Planteamiento del problema

Eliminar la impunidad ha sido una demanda permanente en toda sociedad democrática, demanda que adquiere mayor intensidad en proporción a la gravedad de los crímenes que se cometan. Las dos guerras mundiales y los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda durante el siglo pasado son los más claros ejemplos de las atrocidades a las que puede llegar el ser humano y constituyen los antecedentes directos de las instituciones jurídicas creadas para frenarlas y evitar su impunidad.

Con este objetivo, la comunidad internacional decidió la creación de una Corte Penal Internacional capaz de responder eficazmente a la necesidad de juzgar y castigar los crímenes más graves que se cometan contra la humanidad y disuadir la realización de nuevos delitos. La instauración de la Corte Penal Internacional constituye un avance fundamental en el derecho internacional.

El establecimiento de la Corte Penal Internacional fue resultado de un largo proceso de evolución y de una permanente lucha por no dejar sin castigo los crímenes más atroces. Este proceso puede dividirse en tres etapas: la primera, el intento de juzgar después de la Primera Guerra Mundial a los criminales de guerra; la segunda, la implantación de los Tribunales de Nuremberg y Tokio; y, la tercera, la fundación de los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma es el tratado internacional que crea a la Corte Penal como el primer tribunal penal internacional de carácter permanente, con el objetivo de asegurar el enjuiciamiento y sanción de los individuos que cometan los crímenes establecidos en el Estatuto. El Estatuto se aprobó el 17 de julio de 1998 en el marco de la Conferencia de Plenipotenciarios convocada por la Organización de las Naciones Unidas, llevada a cabo en Roma.

El eje rector del funcionamiento de la Corte lo constituye el principio de complementariedad. Se le llama de esa manera debido a que la jurisdicción de la Corte será complementaria a las jurisdicciones nacionales. Es decir, sólo podrá actuar cuando el Estado parte carezca de voluntad o de capacidad para perseguir un delito que corresponda a la competencia de la Corte Penal Internacional. Sólo será competente la Corte para conocer de un asunto cuando el Estado no ejerza su competencia de manera independiente e imparcial, o cuando el juicio haya sido una simulación para sustraer al sujeto de la jurisdicción internacional.

Por lo tanto, si hay una jurisdicción nacional dispuesta, capaz y suficiente, el asunto debe quedar a su cargo. La Corte no pretende sustituir a las jurisdicciones nacionales, sino que constituye un importante incentivo y alternativa para que aquéllas realicen, con responsabilidad y eficacia, los procesos necesarios para evitar la impunidad de tan graves crímenes.

México firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000, lo ratificó el 28 de octubre de 2005 y entró en vigor para nuestro país el primero de enero de 2006. Es decir, México, hoy en día, es un Estado Parte, sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal.

Sin embargo, para que México esté en posibilidades de cumplir de manera eficaz con sus obligaciones adquiridas al adherirse al Estatuto de Roma, fundamentalmente para que el principio de complementariedad opere plenamente, es necesario adecuar el orden jurídico interno a los estándares, contenido y objetivos del Estatuto. Las adecuaciones de nuestra legislación penal deben garantizar que el Estado Mexicano tenga la capacidad legal y técnica para investigar, enjuiciar, y en su caso, sancionar a los responsables de los delitos tipificados en el Estatuto.

Actualmente el Estatuto de Roma y el Código Penal Federal plantean diversas contradicciones. De los cuatro tipos de delitos previstos en el Estatuto el Código Penal Federal no establece la tipificación de tres de ellos, únicamente prevé el delito de genocidio. Esta omisión constituye un obstáculo para la investigación y el enjuiciamiento de delitos sumamente graves, como los son los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión.

La inclusión en nuestra legislación penal de dichos tipos penales y de principios generales de responsabilidad sería un avance cualitativo en la protección de los derechos humanos en nuestro país. La tipificación de los delitos previstos en el Estatuto de Roma permitirá al Estado mexicano cumplir con su obligación primordial de que tales delitos sean investigados y juzgados por tribunales nacionales, y en caso de que estos no estén dispuestos a llevar a cabo el procedimiento o no puedan realmente hacerlo se acuda a la justicia internacional.

Esta iniciativa tiene el propósito de subsanar esta omisión de nuestra legislación penal federal para cumplir plenamente con el compromiso que México asumió al ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

II. Exposición de motivos

La implementación del Estatuto de Roma es, en general, una obligación para los Estados parte de este instrumento. Esta obligación es expresa en el caso de la implementación de normas relativas a la cooperación con la Corte (artículos 86 y 88 del Estatuto de Roma) y de las relativas a los delitos contra la administración de justicia de la Corte (artículo 70 del Estatuto de Roma), lo cual aún no se ha hecho en México; e implícita para el caso de la implementación de normas sustantivas de derecho penal internacional como son las que se proponen en esta iniciativa.

La obligación de incorporar normas sustantivas de derecho penal internacional a nuestro derecho interno deriva del propio preámbulo del Estatuto. En los párrafos cuarto y sexto del Estatuto se señala de forma clara:

“... los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.”

“es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.”

Adicionalmente, cabe recordar que una de las causas de admisibilidad de un caso ante la Corte es la incapacidad del Estado para llevar a cabo las investigaciones o procesos pertinentes. Una de ellas es la imposibilidad de llevar a cabo el juicio por la inexistencia de un marco jurídico interno que permita la instauración de investigaciones o procesos por las conductas tipificadas en el Estatuto de Roma.

El Estatuto establece la obligación de los Estados parte de investigar, procesar y castigar a los responsables de los crímenes competencia de la Corte, sin embargo, para que los Estados estén en condiciones de cumplir con esta obligación de forma legítima y adecuada, conforme a los requerimientos del principio de complementariedad establecidos en el Estatuto, es necesario que adecuen su orden jurídico nacional a los estándares de derecho penal internacional establecidos en el Estatuto. Implementar el Estatuto significa dar cumplimiento a las obligaciones asumidas al momento de ratificarlo.

El destacado jurista Sergio García Ramírez, considera que no es necesario incorporar a la legislación nacional los tipos delictivos que contempla el Estatuto de Roma para que el Estado Mexicano esté en aptitud de perseguirlos y sancionarlos debido a que el artículo 6 del Código Penal Federal establece que

“Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo.”

Dicha posición se sustenta en al artículo 133 constitucional que incluye a los tratados internacionales como parte de la ley suprema de la Unión. Por ende, siguiendo este orden de ideas, el juez mexicano debería aplicar directamente el Estatuto de Roma, en lo que respecta a los títulos considerados y a las penas previstas en éste. De ésta manera se mantendría firme el principio de juzgamiento complementario por la Corte Penal Internacional, aunque no su carácter primordial.

No obstante la calificada opinión del maestro García Ramírez, resulta incuestionable que la tipificación de los delitos en el Código Penal Federal fortalece la protección de los derechos humanos por varias razones:

• El regularlos en un capítulo especial en el Código Penal les otorga un mayor peso en la legislación nacional, y resalta la importancia que tienen.

• Permite fijarles límites máximos y mínimos en la regulación de las penas que les serían aplicables;

• Permite aumentar la protección de los derechos humanos, debido a que el Estatuto prohíbe a un Estado miembro disminuir el espacio de protección que abarcan, mas no aumentarlo.

• Se propicia su mayor conocimiento, estudio y análisis en la sociedad en general, en las instituciones académicas y en los organismos de profesionales del derecho.

Las razones mencionadas van encaminadas a la consecución del objetivo principal del Estatuto de Roma, que es el de fortalecer el combate a la impunidad. Es necesario reforzar la regulación jurídica nacional para evitar que existan espacios por los que los delincuentes que cometan crímenes considerados sumamente graves contra la humanidad puedan eludir los reclamos de justicia.

No existen argumentos de peso para mantener esta laguna jurídica en nuestra legislación penal en relación con los compromisos adquiridos con la comunidad internacional al ratificar el Estatuto de Roma. En cambio si existe un amplio consenso en que la inclusión en la legislación nacional de los crímenes competencia de la Corte y los principios de derecho internacional aplicables a dichos crímenes, excluirían totalmente la posibilidad de admisibilidad por parte de la Corte por falta de capacidad del Estado para llevar a cabo el procedimiento.

Para la correcta implantación de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma en nuestra legislación nacional es recomendable tener como base la legislación existente. Su incorporación al Código Penal Federal facilitaría su implementación efectiva en nuestro país, debido a la familiaridad que los operadores jurídicos tienen con éste ordenamiento. Asimismo se garantizaría un mayor conocimiento y estudio por parte de los mismos y de la población en general.

El Estatuto de Roma tipifica cuatro delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. El delito de genocidio se encuentra ya contemplado en nuestra legislación nacional, concretamente en el artículo 149-Bis. A pesar de ello, la tipificación de dicho delito está inacabada e imperfecta en nuestra legislación. Aunque cumple con los elementos mínimos marcados por el derecho internacional acerca del mismo, es conveniente homologar su tipificación a los términos establecidos en el Estatuto de Roma.

Por lo que respecta al crimen de lesa humanidad nuestra legislación no lo establece. Para efectos del Estatuto de la Corte Penal Internacional, existe un “crimen de lesa humanidad” cuando se comete cualquiera de los actos siguientes contra bienes jurídicos fundamentales, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzado de personas; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundad en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) Apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Un acto aislado de los mencionados en el Estatuto como delitos de lesa humanidad no constituye un crimen contra la humanidad, a menos que se haya cometido en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El Estatuto de Roma al referirse a “un ataque generalizado o sistemático”, alude a que dichos adjetivos son alternativos, es decir basta que se cometa el ataque con uno de dichos requisitos. El término “generalizado” está referido al número de víctimas, el ataque debe ser masivo. En cambio, el término “sistemático” alude a que el ataque debe ser perpetrado como parte de un plan o política preconcebida. Se entiende además como la existencia de un objetivo político, un plan de ataque o una ideología cuyo fin fuere perseguir o debilitar una comunidad, perpetrar en gran escala un acto criminal contra un grupo de civiles o la comisión continua y repetida de actos inhumanos vinculados unos con otros; o la implicación de políticos o militares de alto rango en la concepción y ejecución de un plan metódico. La expresión “ataque contra una población civil” revela el carácter colectivo del crimen, más que la condición de la víctima. Así, se entiende tanto a civiles como aquellos que han sido puestos fuera de combate. Por lo tanto, la presencia entre la población civil de individuos no civiles no priva a la población de tal carácter. En tiempos de paz el concepto de población incluye a todas las personas, excepto quienes tienen el deber de mantener el orden público y poseen la facultad legítima de ejercer la fuerza. Por lo que respecta al “conocimiento de dicho ataque” el agente debe tener conocimiento de que sus actos forman parte de un contexto global en el cual se inserta su conducta, debe conocer que existe un ataque contra una población civil y que sus actos son parte de dicho ataque.

Los factores mencionados constituyen los elementos comunes de los crímenes de lesa humanidad, por lo que, para que se actualice el hecho delictivo es necesario que acompañen a alguno de los actos punibles tipificados en el Estatuto.

La situación que guardan los tipos penales considerados por el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad en la legislación penal federal de nuestro país es la siguiente:

a) Asesinato. No existe en el ordenamiento jurídico mexicano el tipo penal “asesinato”. Sin embargo, existe la figura del “homicidio”, la cual le es equiparable. Para que se actualice en los términos de los crímenes de lesa humanidad es necesario que se incorporen a su tipificación los elementos comunes a éstos crímenes.

b) Exterminio. No existe el tipo penal de exterminio en el derecho penal mexicano, lo más aproximado a éste crimen sería el homicidio calificado, al contemplar la premeditación.

c) Esclavitud. La esclavitud está expresamente prohibida en nuestra Constitución Federal en su artículo primero, párrafo cuarto. Por lo que respecta al Código Penal Federal, en los artículos 365 se prohíbe que se obligue a otro a prestarle trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño, de la intimidación o de cualquier otro medio; también celebrar con otro un contrato que prive a éste de la libertad o le imponga condiciones que lo constituyan en una especie de servidumbre o que se apodere de alguna persona y la entregue a otro con el objeto de que éste celebre dicho contrato. En el artículo 365-Bis se prohíbe privar ilegalmente a otro de su libertad con el propósito de realizar un acto sexual.

Respecto a este delito se requiere establecer en la legislación mexicana los elementos comunes establecidos en el Estatuto para los crímenes de lesa humanidad.

d) Deportación o traslado forzoso de población. No existe nada equiparable en la legislación mexicana.

e) Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de norma fundamentales de derecho internacional. Este tipo penal está regulado por el Código Penal Federal en sus artículos 364 al 365-Bis, bajo el título “privación ilegal de la libertad y de otras garantías”. Sin embargo, falta que sean establecidos los elementos comunes para considerar que esté tipificado como crimen de lesa humanidad previsto en el Estatuto.

f) Tortura. La tortura es regulada explícitamente por varios ordenamientos jurídicos en el derecho mexicano. En el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción II, prohíbe toda incomunicación, intimidación o tortura en los procesos de orden penal respecto al inculpado. Por otra parte la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece en su artículo tercero:

Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

En el derecho mexicano, por lo tanto, se exige la calidad de servidor público para el sujeto activo, cosa que en el Estatuto no se establece ya que considera que dicha conducta delictiva puede ser cometida también por particulares. Por lo que deben coexistir tipos penales diferenciados para los casos de tortura aislada y para aquellos cometidos dentro del contexto definido por los elementos comunes de los crímenes de la humanidad.

g) Persecución. No existe en el derecho mexicano ningún delito equiparable.

h) Desaparición forzada de personas. La Constitución Federal, en los artículos 18, 19 y 20, establece las garantías mínimas para la privación legal de la libertad o detención de una persona, mientras que la desaparición forzada de personas está regulada por el Código Penal Federal, en el artículo 215-A:

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Es necesario que se incorpore como un delito en el contexto de los crímenes de lesa humanidad del Estatuto, es decir, incluyendo los elementos comunes.

i) Apartheid. No existe en la legislación mexicana delito equiparable.

j) Otros actos inhumanos. Consiste en cometer actos de la misma naturaleza y gravedad que los anteriormente mencionados, que produzcan grandes sufrimientos o un atentado grave contra la integridad física o la salud mental o física. No existe regulación de estas conductas en el derecho mexicano. Resulta uno de los delitos más controversiales para la legislación mexicana que se ha guiado por el principio de legalidad penal de la lex stricta. Este tipo penal constituye una cláusula residual, sin descripción de una conducta concreta, a la cual se le da contenido por medio de la analogía con otras conductas descritas en el Estatuto, por lo que podría considerarse una norma penal en blanco, por lo tanto, inconstitucional en nuestro país.

k) Crímenes de lesa humanidad de naturaleza sexual.

• Violación. Está contemplada como delito en el artículo 265 del Código Penal Federal. Sin embargo, haría falta regularla cuando está dentro del contexto definido por los elementos comunes de los crímenes de lesa humanidad.

• Esclavitud sexual. En el ordenamiento mexicano se hace referencia a la esclavitud sexual mediante figuras jurídicas que pueden equipararse a ella de acuerdo con determinadas circunstancias: 1. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo (artículo 201); 2. Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo (artículo 202); 3. Turismo sexual de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo (artículo 203); 4. Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo (artículo 204); 5. Lenocinio (artículo 206-Bis); 6. Trata de personas (artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas).

Los tipos penales descritos están referidos a conductas aisladas, por lo que se deberán regular con la adición de los elementos comunes de los delitos de lesa humanidad para así ajustarlos a los términos del Estatuto de Roma.

• Prostitución forzada. En la legislación mexicana este delito no está tipificado pero le son equiparables los mismos tipos mencionados en el tipo anterior.

• Embarazo forzado. No existe en nuestro ordenamiento jurídico una figura equiparable al embarazo forzado.

• Esterilización forzada. No existe en nuestro ordenamiento jurídico una conducta equiparable.

• Otras formas de violencia sexual. Igualmente pueden considerarse los delitos de corrupción, pornografía, turismo sexual o lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo (artículos del 201, 202, 203 y 204), Lenocinio (artículo 206-Bis); Trata de personas (artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas) como otras formas de violencia sexual. Sin embargo, es necesario complementarlas con los elementos comunes de los crímenes de lesa humanidad.

Por lo que respecta a los crímenes de guerra nuestra legislación no los prevé. Cuando se habla de “crímenes de guerra”, se entiende que se trata de ciertas violaciones a normas que rigen los conflictos armados. A estas normas se les llama “derecho internacional humanitario o “derecho internacional de los conflictos armados”. Muchas reglas humanitarias son solamente vinculantes para los Estados y su violación no genera responsabilidad penal individual. Se consideran como crímenes de guerra sólo las violaciones más graves y por lo tanto generan esa responsabilidad penal individual.

El derecho internacional humanitario es el conjunto de normas internacionales, de origen convencional y consuetudinario, destinado a ser aplicado específicamente en los conflictos armados, internacionales o no internacionales. El derecho internacional humanitario comprende dos grandes ramas: 1. El derecho de Ginebra cuyo objetivo es proteger a los militares fuera de combate y a las personas que no participan en las hostilidades, se encuentra codificado en los Convenios de Ginebra de 1949. 2. El derecho de la Haya, o derecho de la guerra, que determina los derechos y las obligaciones de los beligerantes en la conducción de las operaciones militares y limita la elección de los métodos para perjudicar al enemigo. A partir de los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, las dos ramas se han unido.

El derecho internacional humanitario es aplicable sólo en tiempo de conflictos armados. Por lo que es necesaria la existencia de un conflicto armado para que puedan perpetrarse este tipo de crímenes. El conflicto armado puede ser de índole internacional o no internacional. El artículo 8 del Estatuto regula a los crímenes cometidos en el contexto de un conflicto internacional separadamente de los crímenes cometidos en el contexto de un conflicto armado nacional. A su vez regula tanto infracciones cometidas contra personas como aquellas cometidas contra la propiedad y otros derechos.

En el derecho mexicano no existe en ningún ordenamiento la regulación adecuada respecto de crímenes de guerra como tal, ni de delitos equiparables plenamente a lo que establece el derecho internacional humanitario. El Código de Justicia Militar regula delitos que concuerdan de manera mínima en algunos elementos con los crímenes previstos en el Estatuto, sin embargo, carecen de aspectos esenciales, como la distinción del tipo de conflicto del que pueda tratarse.

En el Capítulo III del Título Sexto del Código de Justicia Militar se establecen ciertas conductas bajo el título de “Delitos contra el Derecho de Gentes”. El artículo 209 establece “al que, sin exigencia extrema de las operaciones de la guerra, incendie edificios, devaste sementeras, saquee pueblos o caseríos, ataque hospitales, ambulancias o asilos de beneficencia dados a conocer por los signos establecidos, o cuyo carácter pueda distinguirse a lo lejos de cualquier modo, o destruya bibliotecas, museos, archivos, acueductos u obras notables de arte; así como vías de comunicación.” Y el artículo 215 señala que “el que sin estar autorizado exija el pago de alguna contribución de guerra, o servicios personales; haga requisición de víveres, o elementos de transporte, tome rehenes, o ejecute cualquiera otra clase de vejaciones en la población civil de país enemigo”.

En el título décimo del mismo código, el cual se denomina “Delitos cometidos en ejercicio de las funciones militares o con motivo de ellas”, sólo en dos artículos señala conductas que son prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario: el capítulo III, relativo a las conductas de Maltrato a prisioneros, detenidos o presos y heridos; y el Capítulo IV, que se titula “Pillaje, devastación, merodeo, apropiación de botín, contrabando, saqueo y violencia contra las personas.”

La regulación de crímenes de guerra en nuestro país es aún incipiente y lo poco que existe sólo se encuentra dentro de la competencia militar. Por lo tanto excluye la posibilidad de sancionar por éste tipo de crímenes a personas que no pertenezcan a las fuerzas armadas pero que también pueden incurrir en su comisión, como sería el caso de los grupos armados irregulares o de personal civil relacionado con la conducción de las hostilidades.

Es de vital importancia incorporar los crímenes de guerra a la legislación mexicana fuera del ámbito de la justicia militar, además de que la regulación de éstos delitos en el Código Penal Federal les sería aplicable inclusive a los militares conforme a lo establecido en la sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, ahora reforzado en la jurisprudencia de control de la constitucionalidad por parte de la Suprema Corte que a continuación se transcribe:

Registro número 160488

Localización:

Décima Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro III, Diciembre de 2011

Página: 554

Tesis: P. LXXI/2011 (9a.)

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

Restricción interpretativa de fuero militar. incompatibilidad de la actual redacción del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional, a la luz de los artículos 2o. y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Derivado del cumplimiento que el Estado mexicano debe dar a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra el Estado Mexicano, el Poder Judicial de la Federación debe ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio respecto del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, ya que su actual redacción es incompatible con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no es necesario modificar el contenido normativo del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero señaló que su interpretación debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en la propia Constitución y en el artículo 8.1 de la citada Convención Americana. Así, la interpretación de este precepto del Código de Justicia Militar debe ser en el sentido de que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar, porque cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. De este modo, en estricto acatamiento a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la interpretación que corresponde al artículo 13 de la Constitución Federal en concordancia con el artículo 2o. de la Convención Americana, deberá ser coherente con los principios constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenidos en ella, y de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual, entre otras prerrogativas, prevé el derecho a comparecer ante juez competente. Por todo ello, la actual redacción del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, es incompatible con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional, conforme a esta interpretación a la luz de los artículos 2o. y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son los crímenes más graves que una persona puede cometer. Debido a esto les fue atribuida en el artículo 29 del Estatuto de Roma la característica de ser imprescriptibles. Con la intención de adecuar nuestra legislación al Estatuto y por la gravedad que representan tales delitos debe serles propia tal característica también en nuestra legislación nacional. Además, la gravedad de éstos exige que el Estado responda con las penas más enérgicas y severas, tomando como parámetro las penas ya atribuidas a los distintos delitos que prevé el Código Penal Federal y las leyes especiales en materia penal.

III. Objetivos de la iniciativa

Primero: Dar cumplimiento a la obligación que tiene el país de adecuar su legislación interna al contenido y fines del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Segundo: Concentrar la tipificación de los delitos establecidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, con excepción de los delitos de agresión, en el Título Tercero del Código Penal Federal, para así fijar la especificidad e importancia de tales delitos en nuestra legislación penal.

Tercero: Ajustar el tipo penal de genocidio contemplado en el Código Penal Federal a los términos del tipo previsto en el Estatuto de Roma.

Cuarto: Derogar el delito de violación de los deberes de humanidad debido a que los supuestos que contempla están contenidos en el delito de crímenes de guerra a tipificarse.

Quinto: Establecer en el Código Penal Federal la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Es pertinente destacar que la presente iniciativa es complementaria a la iniciativa de reforma del párrafo quinto del artículo 21 constitucional que el suscrito ha presentado también en este periodo de sesiones con el objetivo de eliminar cualquier cortapisa a la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional en nuestro país.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal para tipificar los delitos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en los términos que establece el Estatuto de la Corte Penal Internacional

Artículo Primero: Se reforman los artículos 149 y 149-Bis; se modifica la denominación de los capítulos I, II y se adiciona un capítulo III al Título Tercero del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Tercero
Delitos contra la Humanidad

Capítulo IGenocidio

Artículo 149. Se impondrá pena de prisión de cuarenta a sesenta años a quien cometa cualquiera de los actos siguientes con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso:

I. A quien prive de la vida a miembros de uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso;

II. A quien lesione gravemente la integridad física o mental de los miembros de uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso;

III. A quien someta intencionalmente a miembros de uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

IV. A quien imponga o realice medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso para impedir la reproducción dentro del mismo grupo;

V. A quien traslade por la fuerza a menores de edad de uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso a otro grupo.

El delito de genocidio es imprescriptible. El Estado deberá reparar el daño ocasionado por la violación a los derechos humanos de las víctimas en los términos que establezca la ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo primero constitucional.

Capítulo IICrímenes de lesa humanidad

Artículo 149-Bis. Se impondrá pena de prisión de cuarenta a sesenta años a quien lleve a cabo cualquiera de los actos siguientes como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

I. A quien cometa el delito de homicidio en los términos del artículo 302 de este código;

II. A quien cometa el delito de exterminio. Se entiende por exterminio la imposición intencional de condiciones de vida encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

III. A quien cometa el delito de esclavitud. Se entiende por esclavitud el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de estos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. Son equiparables a este delito las conductas reguladas en los artículos 365 y 365-Bis de este Código;

IV. A quien cometa el delito de deportación o traslado forzoso de población. Se entiende por éste la expulsión o la realización de otros actos coactivos, que impliquen un desplazamiento forzoso de las personas afectadas de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

V. A quien cometa el delito de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Se entiende por éste la ejecución de las conductas establecidas en los artículos 364, 365 y 365-Bis;

VI. A quien cometa tortura. Se entiende por tortura el hecho de causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. Asimismo cuando se actualice alguno de los supuestos normativos establecidos en el artículo 3 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura;

VII. A quien cometa alguno de los delitos de naturaleza sexual previstos en los artículos 201, 202, 203, 204, 206-Bis, 260, 261, 262, 263, 265, 266 de este Código y en el artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas;

VIII. A quien cometa el delito de embarazo forzado. Se entiende por embarazo forzado el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional;

IX. A quien cometa el delito de esterilización forzada. Se entiende por éste la realización de procedimientos quirúrgicos o de cualquier otra naturaleza, con la finalidad de provocar esterilidad en otra persona, sin que medie el consentimiento de ésta;

X. A quien cometa el delito de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia. Se entiende por éste la privación intencional y grave de derechos fundamentales de un grupo o colectividad en razón de su identidad, por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional;

XI. A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas. Se entiende por éste la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por las fuerzas policíacas, de seguridad o militares del Estado o por una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del campo de la ley por un período prolongado. Asimismo, se incurre en este delito cuando se actualice la conducta tipificada en el artículo 215-A de este Código;

XII. A quien cometa el crimen de apartheid. Se entiende por éste la comisión de actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

El delito de crímenes de lesa humanidad es imprescriptible. El Estado deberá reparar el daño ocasionado por la violación a los derechos humanos de las víctimas en los términos que establezca la ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo primero constitucional.

Capítulo IIICrímenes de guerra

Artículo 149-Ter. Se impondrá pena de prisión de cuarenta a sesenta años a quien cometa alguno de los crímenes de guerra. El Poder Judicial Federal tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. A los efectos del presente código, se consideran crímenes de guerra:

I. Cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y constituyan infracciones graves a los mismos convenios:

1. Cometer homicidio intencional;

2. Torturar o ejecutar tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;

3. Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud;

4. Destruir o apropiarse de bienes a gran escala, de forma ilícita y arbitraria sin justificación de las necesidades militares;

5. Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas del adversario.

6. Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;

7. Deportar, trasladar o confinar ilegalmente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida;

8. Efectuar la toma de rehenes;

II. Cualquiera de los siguientes actos que constituyan violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional:

1. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;

2. Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares;

3. Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;

4. Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea;

5. Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;

6. Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción;

7. Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves a otra persona;

8. Trasladar, directa o indirectamente, por la fuerza ocupante, población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;

9. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, a la educación, las artes, las ciencias o a la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;

10. Someter a personas que estén en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

11. Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;

12. Declarar que no se dará cuartel;

13. Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;

14. Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;

15. Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra;

16. Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;

17. Emplear veneno o armas envenenadas;

18. Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos;

19. Emplear armas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;

20. Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminado con violación del derecho internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa por el Estatuto de Roma;

21. Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

22. Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra;

23. Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares;

24. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

25. Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;

26. Reclutar o alistar a menores de edad en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades.

III. Cualquiera de los siguientes actos cometidos, dentro de un conflicto de índole no internacional, contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, que constituyan violaciones graves al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949:

1. Atentar contra la vida y la integridad corporal, cometer homicidio en todas sus formas, mutilar, infringir tratos crueles o tortura;

2. Realizar ultrajes contra la dignidad personal, realizar tratos humillantes o degradantes;

3. Efectuar la toma de rehenes;

4. Dictar o ejecutar condenas sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido o sin todas las garantías judiciales.

IV. Cualquiera de los actos siguientes que constituyan violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional:

1. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;

2. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

3. Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;

4. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o a la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;

5. Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;

6. Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;

7. Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;

8. Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;

9. Matar o herir a traición a un combatiente adversario;

10. Declarar que no se dará cuartel;

11. Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

12. Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo;

13. Emplear veneno o armas envenenadas;

14. Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos;

15. Emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones.

Se entenderá por conflictos armados de índole no internacional aquellos que tengan lugar de manera prolongada en el territorio nacional entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. No se considerará con tal calidad a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Lo dispuesto en este artículo no afectará la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer el orden público interno o de defender la unidad e integridad territorial del país por cualquier medio legítimo.

El delito de crímenes de guerra es imprescriptible. El Estado deberá reparar el daño ocasionado por la violación a los derechos humanos de las víctimas en los términos que establezca la ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo primero constitucional.

Transitorio

Único. Esta reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2012.

Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica).