De la Comisión Permanente, con la que remite el inventario de asuntos presentados en el primer receso del tercer año de ejercicio que no se dictaminaron
Asuntos presentados durante el primer receso del tercer año de ejercicio que no fueron dictaminados
1. Proposición con punto de acuerdo relativo a la construcción de un acuerdo nacional de emergencia para resolver el problema de la sequia en México, entre el Poder Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, para enfrentar juntos esta grave contingencia, presentada por el diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno a la Junta de Coordinación Política.
2. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que instrumente la aplicación de programas y recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequias y las heladas que atraviesan los rarámuris de la Sierra Tarahumara, e implemente políticas publicas eficientes y eficaces que contribuyan a abatir el rezago social en esa región, presentada por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno a la Comisión de Desarrollo Social.
3. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, que asegure la permanencia y cobertura de los apoyos en materia de abasto de alimentos a bajo precio, en particular el maíz y la leche, suscrita por el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno a la Comisión de Desarrollo Social.
4. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, emprenda acciones emergentes que permitan combatir el crecimiento de precios de la canasta básica, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno a la Comisión de Economía.
5. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, implemente los instrumentos necesarios para privilegiar la compra de algodón nacional, suscrita por la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno a la Comisión de Economía.
6. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP, informe sobre la aplicación de recursos obtenidos por conceptos de exportaciones petroleras a lo largo del actual sexenio, particularmente en el ejercicio fiscal recien concluido, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
7. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, atienda y solucione asuntos relacionados con la UCREAM, Universidad Autónoma del estado de Nuevo León y su hospital universitario, infraestructura carretera y otras obras, presentada por el diputado Arturo Zamora Jiménez, en nombre del diputado Eduardo Alonso Bayley Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
8. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSP, informe el motivo por el que ni sus agentes ni sus vehiculos son inspeccionados en los puntos de acceso del AICM, suscrita por el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Comisión de Seguridad Pública.
9. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a supervisar el actuar de la CFE en los cobros de luz por la temporada de invierno, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno a la Comisión de Energía.
10. Proposición con punto de acuerdo relativo a los derrames en las instalaciones petroleras, suscrita por el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno a la Comisión de Energía.
11. Proposición con punto de acuerdo relativo al derrame de hidrocarburos en el rio Coatzacoalcos, presentada por el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno a la Comisión de Energía.
12. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar una política de emergencia para la creación masiva de empleos dignos y ponga en marcha un seguro de desempleo a nivel nacional, presentada por el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
13. Proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la SCT, para que explique las razones y condiciones de la compra de acciones del tren suburbano, presentada por el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno a la Comisión de Transportes.
14. Proposición con punto de acuerdo para impedir el establecimiento del cobro de cualquier cuota, derecho, contribución o gravamen en cualquier modalidad de internamiento a territorio estadounidense, a través del cruce fronterizo numero 1 de San Luis Rio Colorado, Sonora, suscrita por los diputados Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno a la Comisión de Transportes.
15. Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la SCT y a la Profeco, para que conjuntamente regulen y sancionen el cobro excesivo de las tarifas de los estacionamientos en los aeropuertos del país, suscrita por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno a Comisiones Unidas de Transportes, y de Economía.
De la Cámara de Senadores, con la que remite solicitud de los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas para que se presente el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma las Leyes Federal de Defensoría Pública, General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles
México, DF, a 14 de febrero de 2012.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la directiva de la Comisión de Asuntos Indígenas, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
La Presidencia acordó remitir la documentación, misma que se anexa, a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)
Vicepresidente
México, DF, a 9 de febrero de 2012.
Senador José González Morfín
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
Estimado senador González:
En mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, hago de su conocimiento el interés de los integrantes de la comisión rescatar y dar seguimiento al proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Civiles aprobado en esta Cámara el 27 de marzo de 2007 y que se encuentra pendiente de dictamen en la colegisladora, por lo que solicitamos que a través de su conducto se haga la excitativa correspondiente a efecto de que se dictamine a la brevedad, pues se trata de un tema de gran relevancia para el acceso a la justicia plena de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.
Sin otro asunto, agradezco la atención reiterando mis consideraciones.
Atentamente
Senador Andrés Galván Rivas (rúbrica)
Presidente
Senador Armando Contreras Castillo (rúbrica)
Secretario
Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica)
Secretaria
Senadora María Serrano Serrano (rúbrica)
Integrante
De la Secretaría de Gobernación, por la que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rogelio Jared Estrada Paz, Mariana Barranco Bonilla, Aranzazú Jiménez Martínez, Catalina Huitrón Reyes, Dulce Yanuel Abarca Peralta, Rafael Rubio González y Leyla Valeria Narváez Trueba puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, del Reino de Dinamarca, del Estado de Kuwait, y de Georgia en México, así como en los Consulados Generales del primero en Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua
México, DF, a 13 de febrero de 2012.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-0211/12, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Dulce Yanuel Abarca Peralta.
Puesto: Secretaria particular.
Lugar de trabajo: Embajada de Georgia en México.
Nombre: Catalina Huitrón Reyes.
Puesto: Empleada doméstica.
Lugar de trabajo: Embajada del Estado de Kuwait en México.
Nombre: Aranzazú Jiménez Martínez.
Puesto: Asistente administrativo
Lugar de trabajo: Embajada de Dinamarca en México.
Nombre: Rogelio Jared Estrada Paz.
Puesto: Asistente de vivienda residencial.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: Mariana Barranco Bonilla.
Puesto: Asistente de Pasaportes y Ciudadanía/asistente de Servicios Consulares.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: Rafael Rubio González.
Puesto: Operador de comunicaciones/ayudante de mensajería.
Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Nombre: Leyla Valeria Narváez Trueba.
Puesto: Asistente de Visas.
Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez Chihuahua.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas, y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
México, DF, a 13 de febrero de 2012.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-4303, signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSP/UAJ/066/2012, suscrito por el maestro Gilberto Higuera Bernal, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al traslado de la población penitenciaria interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 noroeste, El Rincón, situado en Tepic, Nayarit, al complejo penitenciario Islas Marías.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 7 de febrero de 2012.
Maestro Antonio Hernández Legaspi
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaría de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Distinguido maestro Hernández Legaspi:
En atención al volante número 0497, remitido a esta Unidad de Asuntos Jurídicos el 22 de noviembre de 2011, mediante el cual la Coordinación de Asesores del secretario de esta dependencia solicitó que se atendiera el requerimiento contenido en el oficio número SEL/UEL/311/3997/11, signado por el licenciado Carlos Angulo Parra, en ese entonces titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por medio del cual hace del conocimiento que mediante oficio número DGPL 61-11-9-4303 , el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el pasado 10 de noviembre de 2011, por el que solicita a esta dependencia lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal para que con fundamento en sus facultades legales, realice con la mayor brevedad posible los estudios técnicos, jurídicos y económicos que permitan el traslado de la población penitenciaria interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 noreste, El Rincón, situado en Tepic, Nayarit, al complejo penitenciario Islas Marías, así como la concesión de las instalaciones donde actualmente se ubica dicho centro, al gobierno del estado de Nayarit, para su operación como Centro de Readaptación Social Estatal.
Por lo anterior, esta Unidad de Asuntos Jurídicos solicitó la información requerida para el desahogo del punto de acuerdo planteado mediante oficio número SSP/UAJ/917/11 , dirigido al subsecretario del Sistema Penitenciario Federal de esta dependencia.
Derivado de dicha solicitud, el subsecretario remitió a esta Unidad de Asuntos Jurídicos la información solicitada mediante oficio número SSP/SSPF/57/2012, de fecha 31 de enero de 2012 y recibido en esta unidad el 1 de febrero del año en curso, por medio del cual se da respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la honorable Cámara de Diputados, misma documentación que se anexa para los trámites conducentes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Gilberto Higuera Bernal (rúbrica)
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
México, DF, a 31 de enero de 2012.
Maestro Gilberto Higuera Bernal
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente
Doy atención a su oficio número SSP/UAJ/917/11, del 22 de noviembre pasado, relacionado con el exhorto que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hizo a la Secretaría de Seguridad Pública para que con fundamento en sus facultades legales, realice a la mayor brevedad posible los estudios técnicos, jurídicos y económicos que permitan el traslado de la población penitenciaria interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 noroeste, El Rincón, situado en Tepic, Nayarit, al complejo penitenciario Islas Marías, así como la concesión de las instalaciones donde actualmente se ubica dicho centro al gobierno del estado de Nayarit para su operación como Centro de Readaptación Social Estatal.
Al respecto, con fundamento en las fracciones II, IV y XVI del artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, informo a usted que el exhorto de referencia se considera inatendible, por las razones siguientes:
1. Antecedentes sobre la transferencia del penal del gobierno del estado al gobierno federal
a) Las instalaciones penitenciarias donde inició operaciones el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, Noroeste, fueron inicialmente construidas por el gobierno del estado de Nayarit entre 1989 y 1999 para crear el nuevo centro de readaptación social (Cereso) de Tepic. Las obras quedaron inconclusas y abandonadas varias veces durante ese lapso de 10 años.
b) En 2001, el gobierno del estado de Nayarit solicitó al gobierno federal hacerse cargo de la instalación, ante la imposibilidad de concluirla y operaria por falta de recursos. Para esos efectos, el 10 de agosto de ese año se firmó un contrato de comodato con promesa de donación entre el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y el gobierno del estado Libre y Soberano de Nayarit, a fin de que el gobierno federal asumiera el inconcluso Cereso y lo operara como un centro federal de readaptación social, en tanto el Gobernador del Estado obtenía del Congreso del Estado la autorización para la donación.
En dicho contrato la entidad federativa manifestó que para que los internos procesados y sentenciados por delitos federales en el estado de Nayarit se concentraran en un centro de readaptación social federal en Tepic, proponía que dicho complejo fuera equipado y administrado por el gobierno federal.
El contrato se motivó en los Planes Nacionales de Desarrollo 1989-1994 y 1995-2000; el primero preveía la creación de nuevas y más funcionales instalaciones penitenciarias para atender la problemática de sobrepoblación; y el segundo, la construcción de centros penitenciarios mediante esquemas de financiamiento compartidos entre la federación y las entidades federativas, a fin de mejorar los espacios.
c) En octubre de ese año, el Congreso del estado emitió el decreto número 8352 de donación del Cereso del gobierno de Nayarit a la Secretaría de Seguridad Pública federal, publicado en el Periódico Oficial el 10 de octubre de 2001.
d) A partir de ese año, el gobierno federal tuvo que invertir recursos para limpiar todo el predio; rescatar y adecuar las instalaciones para hacerlas habitables; concluir servicios indispensables y equipar el centro con la tecnología requerida en un centro de reclusión federal.
d) El 12 de diciembre de 2003, se firmó el contrato CD-A 39/2003 de donación gratuita, pura y simple, celebrado entre la Entidad Federativa y el gobierno federal, a través de la entonces Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. En la cláusula cuarta se establece que el inmueble se destinará a la Secretaría de Seguridad Pública, para el Centro Federal de Readaptación Social denominado El Rincón.
f) El 9 de enero de 2004, el Cefereso inició operaciones con 42 internos del fuero común provenientes del Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza de la entidad. Para 2005 tenía 104 internos y hacia 2006 ya custodiaba a 490 internos.
2. Administración actual
a) Los instrumentos de planeación del desarrollo nacional definen el papel que desempeña el sistema penitenciario en el combate a la delincuencia. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, al igual que el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, proponen consolidar el propósito de proteger a la sociedad al establecer como objetivo fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz. La Estrategia 6.1 del Plan Nacional de Desarrollo contempla la modernización del sistema penitenciario, al señalar:
Se recuperará el sentido original de los centros penitenciarios como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados. Se invertirá en la infraestructura necesaria para asegurar que los centros penitenciarios cuenten con la tecnología que garantice la seguridad al interior de los mismos.
(...) se adoptarán lineamientos y metodologías operativas para el traslado de reos y su separación de acuerdo con su perfil criminológico y peligrosidad. Se generará inteligencia de orden criminal a partir de una efectiva vigilancia de los internos. (...).
b) Por su parte, la Estrategia 6.3, Reconstruir los mecanismos de caución y readaptación social, reconoce los efectos de la sobrepoblación en los centros penitenciarios, como un obstáculo para la aplicación de la ley en su interior y para garantizar condiciones dignas de habitabilidad y readaptación de los reclusos.
c) Asimismo, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 establece que es necesario articular los programas y mecanismos de reclusión y de reinserción social de los internos sentenciados en los tres ámbitos de gobierno, así como recuperar el sentido original de los centros penitenciarios como espacios donde se promueva la reincorporación de los sentenciados a la sociedad (...).
d) Adicionalmente, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en el marco de la reforma de justicia penal aprobada por el Congreso de la Unión en junio de 2008, establece:
Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto (...).
3. Estrategia Eenitenciaria 2008-2012
a) Sobre la base del mandato constitucional y los documentos normativos de la planeación del desarrollo nacional, se diseñó la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, que busca superar el papel de contención que históricamente ha dominado al sistema penitenciario y centrarlo en el mandato de reinserción social que establece la Constitución.
b) Para esos efectos, se ha emprendido el reordenamiento de las instalaciones federales y la redistribución de la población interna, para reducir la sobrepoblación en los estados y separar los grupos de población por situación jurídica, fuero, género y nivel del riesgo.
c) En 2006, el sistema penitenciario federal contaba con seis instalaciones penitenciarias en las que se custodiaba a alrededor de 3 mil 500 internos del fuero común y federal, conforme al arreglo institucional según el cual el gobierno federal se hacía cargo de los internos de alto riesgo de ambos fueros.
No se contaba con la infraestructura necesaria para lograr una separación efectiva entre la población del fuero común y del fuero federal, ni la población sujeta a proceso y la sentenciada. Tampoco se contaba con un sistema evaluable de clasificación del nivel de riesgo de la población, por lo que convivían internos de distintos niveles de riesgo en la misma instalación.
d) A partir de 2008, el gobierno federal inició un programa intensivo de construcción y recuperación de instalaciones ociosas o inconclusas, las cuales fueron adecuadas y escaladas hasta alcanzar condiciones de operación de un centro federal de reclusión; el rediseño de los procesos de clasificación y tratamiento de la población interna; y la formación de personal especialmente capacitado, para corregir las debilidades con las que operaba el sistema.
e) El fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria se planeó, desde el principio, con el propósito de asignar a cada una de las instalaciones una vocación específica; es decir, que cada instalación custodiara a un tipo de población ya fuera sentenciada o procesada, y diferenciara el nivel de riesgo alto, medio o bajo de los internos.
f) De 2008 a 2011, el sistema penitenciario federal agregó cinco instalaciones penitenciarias a su red y hoy tiene 18,283 internos bajo custodia. Estas nuevas instalaciones han permitido redistribuir a la población bajo custodia del gobierno federal, según las directrices establecidas en el artículo 18 constitucional. El sistema penitenciario federal cuenta ahora con instalaciones exclusivas para población sujeta a proceso (Ceferesos 1, 2, 3, 4, 5 y 9) y para población sentenciada (Ceferesos 6, 7, 8 y el complejo penitenciario Islas Marías). De la misma forma, las instalaciones están destinadas para población de un nivel de riesgo previamente determinado: mínimo, bajo, medio, alto y máximo.
g) Todas las instalaciones del sistema penitenciario federal se consideran de máxima seguridad, porque su primer objetivo es asegurar la custodia de quienes están privados de la libertad, ya sea para que no evadan la acción de la justicia o bien para que cumplan su sentencia en condiciones de seguridad.
Lo que diferencia a los centros es el nivel de riesgo de las personas internas y el régimen penitenciario que les corresponde, en consecuencia.
El nivel de riesgo, por su parte, no se determina por el delito cometido o del que se es presunto responsable, sino por el conjunto de capacidades y necesidades que tienen las personas internas, cuya detección y evaluación son la base para diseñar los programas de intervención y tratamiento con un enfoque centrado en la reinserción social.
h) Para esos efectos, el sistema penitenciario federal ha implantado un sistema objetivo de clasificación de las personas internas, que ha permitido el reordenamiento de las instalaciones y la separación de los grupos de población por situación jurídica, género y nivel de riesgo.
i) El proceso de reinserción va de la mano con la construcción de instalaciones penitenciarias adecuadas, organizadas bajo el modelo de complejos penitenciarios. La existencia de instalaciones destinadas a poblaciones con distintos grados de riesgo supone la posibilidad de alternar a los internos de instalación, dependiendo de su evolución en el tratamiento técnico progresivo individualizado, sin vulnerar la seguridad de la sociedad.
Es decir, según los cambios en el perfil de riesgo del sentenciado, como consecuencia del tratamiento, se le podrá transferir a instalaciones con mayores o menores incentivos y libertad de movimiento. A mayor riesgo de los internos, corresponden instalaciones con menor libertad de movimiento, interacción con otros internos y cantidad de incentivos. Por el contrario, a menor riesgo de la población, corresponden instalaciones con más incentivos y oportunidades de interacción.
j) Un sistema penitenciario centrado en la reinserción social debe tener como objetivo el crecimiento de la población interna de bajo riesgo como resultado del tratamiento, de modo que al recuperar la libertad las personas se integren a la sociedad y permanezcan en el marco de la ley.
4. El Cefereso número 4 Noroeste
a) En este contexto, el Cefereso número 4, Noroeste, se ha perfilado como un establecimiento para internos varones de riesgo medio, 90 por ciento de los cuales están sujetos a proceso, la mayoría de ellos por delitos del fuero federal. La población actual es de 1,379 internos y la ampliación que se concluirá en marzo de 2012 aumentará la capacidad en 2,300 espacios más, para población varonil de bajo riesgo. Tiene, además, un centro penitenciario femenil, con capacidad para 120 mujeres sujetas a proceso. El Cefereso número 4 se convertirá en un complejo penitenciario de conformidad con la estrategia penitenciaria.
b) Para consolidar el perfil del centro como establecimiento para personas sujetas a proceso, el Poder Judicial federal ha invertido en la creación de cuatro juzgados federales que reducirán a su mínima expresión la necesidad de trasladar a los internos fuera de la instalación para realizar diligencias judiciales, con los que se reducen también los riesgos para la sociedad.
c) El sistema penitenciario federal ha invertido en la formación de personal especialmente capacitado para el desempeño de las funciones penitenciarias y ha robustecido el equipamiento tecnológico para consolidar una operación segura en sus establecimientos.
d) El 2 de junio de 2011 se publicó en el DOF el acuerdo suscrito por el secretario de Seguridad Pública, por el que se incorpora al sistema penitenciario federal el Centro Femenil Noroeste, en cumplimiento de los artículos 21 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el eje 1, objetivo 6, del Plan Nacional de Desarrollo, y la estrategia 6.1 del Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012. La incorporación se motiva en la necesidad de contribuir a la reducción de la sobrepoblación penitenciaria.
Beneficios
e) La operación del Cefereso número 4, Noroeste, trajo consigo, desde el principio, diversos beneficios para la población de Nayarit. Significó la creación de 874 empleos directos más los indirectos por servicios de transporte aéreo y terrestre, mantenimiento y producción de alimentos. Adquisiciones de materiales y equipo para la operación y el mantenimiento.
f) El gobierno federal ha invertido entre 2009 y 2011 alrededor de 4,250 millones de pesos en la rehabilitación y la ampliación de las instalaciones del Cefereso número 4, la cual generará mil 200 empleos directos más. Casi 2 mil familias se beneficiarán con la operación del Complejo Penitenciario.
g) La ampliación de las instalaciones generó empleo para otras mil 645 personas de la entidad y la construcción ha dejado en el estado 65 centavos de cada peso invertido, por compra de materiales, renta de equipo y pago a transportistas.
h) La construcción de los dos primeros juzgados federales en las instalaciones del penal significó la inversión de 84 millones de pesos y dio empleo fijo a 200 profesionistas. Los otros dos que se construyen actualmente tienen beneficios semejantes.
i) Alrededor de 9.5 millones de pesos es la derrama mensual por sueldos y salarios del personal del centro.
j) Se estima que la visita de familiares y abogados produce en el estado casi 4.5 millones de pesos mensuales por servicios de transporte terrestre y aéreo, hospedaje y alimentación.
k) La operación del Cefereso requiere insumos por 1.3 millones de pesos mensuales, que son suministrados por 275 proveedores locales.
l) Por impuestos y derechos, las autoridades locales han recibido 20.8 millones de pesos.
m) En suma, el estado de Nayarit recibe una derrama económica de alrededor de 200 millones de pesos anuales, por sueldos y salarios, empleos indirectos, proveedores locales e impuestos.
5. Consideraciones finales
a) En el marco de la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, el sistema penitenciario federal está inmerso en un proceso de reforma orientado a la reinserción social.
Se está cumpliendo con el mandato constitucional de separar a los tipos de poblaciones en reclusión.
Se está cumpliendo el objetivo de recuperar el sentido original de los centros penitenciarios como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados.
Se ha invertido en la infraestructura y la tecnología necesarias para garantizar la seguridad al interior de los centros penitenciarios federales.
b) El reordenamiento de las instalaciones penitenciarias federales de reclusión está en curso y la custodia de internos federales en ellas ha avanzado de manera acelerada.
c) La administración y custodia de internos federales en instalaciones federales ha aumentado de 3 mil 500 en 2006 a 18,283 en diciembre de 2011.
Se está cumpliendo también con la separación de las personas en reclusión, según el fuero de los delitos, la situación jurídica, el género y el nivel de riesgo.
d) La Estrategia Penitenciaria 2008-2012 ha contribuido a reducir la sobrepoblación en penales estatales con el traslado de más de 13 mil 600 internos federales a instalaciones del sistema penitenciario federal.
e) En la operación del Cefereso número 4, Noroeste, el sentido de protección y servicio a la sociedad se ha cumplido completamente:
No se han producido fugas de internos.
No se han generado incidentes violentos en su interior.
Custodia a 255 internos del fuero común a petición del gobierno del estado, por considerar que no tiene las condiciones de seguridad para garantizar su reclusión.
La operación de los juzgados federales ha permitido reducir a cero los traslados de internos fuera de las instalaciones penitenciarias para hacer diligencias judiciales durante su proceso, cuando antes había un promedio de 20 traslados semanales, lo que significa un impacto directo en la seguridad de la sociedad nayarita.
f) No se cuenta con elementos que acrediten que los factores que originaron su transmisión al gobierno federal hayan sido superados.
g) El exhorto hecho por la Cámara de Diputados es inatendible porque:
El complejo penitenciario Islas Marías es una instalación para personas sentenciadas. El 90 por ciento de los internos del Cefereso número 4, Noroeste, son personas sujetas a proceso.
Alteraría toda la estrategia de reordenamiento de los establecimientos penitenciarios federales para cumplir el mandato constitucional de mantener separadas a las poblaciones, según su situación jurídica, fuero, género y nivel de riesgo.
El complejo penitenciario Islas Marías ha alcanzado sus niveles de eficiencia con la población actual bajo custodia, en los términos en los que fue planeado como una instalación donde las personas sentenciadas de bajo riesgo cumplan la última parte de su condena, en condiciones de mayor movilidad e interacción que faciliten el ejercicio de las habilidades para su regreso a la sociedad.
h) Restringiría la capacidad del sistema penitenciario federal para asumir la administración de la custodia de todos los sentenciados por delitos federales en instalaciones federales.
i) Causaría perjuicios legales y patrimoniales tanto al Ejecutivo federal como al Poder Judicial de la Federación por las inversiones realizadas hasta la fecha y las que están en curso.
Atentamente
Maestro José Patricio Patiño Arias (rúbrica)
Subsecretario del Sistema Penitenciario Federal
(Se remite a la Comisión de Seguridad Pública.)
De la Secretaría de Gobernación, dos con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del primer receso del tercer año
México, DF, a 13 de febrero de 2012.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-4646 signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, original del similar número PFPN3/8C.17.5/ 0056-12 suscrito por el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los rellenos sanitarios del estado de México.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 2 de febrero de 2012.
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves
Subsecretario de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación
Presente
Hago propicio este conducto para hacer de su conocimiento que mediante oficio número DGPL 61-II-9-4649, de fecha 11 de enero de 2012, recibido en la Subprocuraduría de Inspección Industrial, el viernes 13 del mismo mes y año, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, informó al doctor Hernando Rodolfo Guerrero Cázares, procurador federal de Protección al Ambiente, sobre el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el miércoles 11 de enero, que en su segundo punto a la letra dice: Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.
Al respecto, y en atención a dicho documento, me permito comunicarle que mediante oficio número PFPA/3/8C.17.5/0056-12, de fecha 30 de enero de 2012, la Subprocuraduría a mi cargo, informa al diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, que esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, carece de competencia para vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental en rellenos sanitarios del estado de México. Asimismo, me permito acompañar al presente el oficio a que se ha hecho referencia, solicitándole de la manera más atenta, de no existir inconveniente para ello, se sirva hacerla llegar al destinatario.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
Atentamente
Licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres (rúbrica)
Subprocurador
México, DF, a 30 de enero de 2012.
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga
Vicepresidente de la Mesa Directiva
De la Comisión Permanente
Del Honorable Congreso de La Unión
Presente
Me refiero al oficio número DGPL 61-II-9-4649, de fecha 11 de enero de 2012, recibido en esta Subprocuraduría de Inspección Industrial, el sábado 16 del mismo mes y año, a través del cual informó al doctor Hernando Rodolfo Guerrero Cázares, procurador federal de Protección al Ambiente, sobre el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el viernes 11 de enero, que en su segundo punto a la letra dice: Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.
Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este conducto para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, carece de competencia para verificar el cumplimiento de las normas ambientales correspondientes a la operación de sitios en donde se deposite basura, específicamente la Norma Oficial Mexicana NOM-083- SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, toda vez que en la misma se indica que su vigilancia le corresponde a los gobiernos de los estados y municipios.
Asimismo, de conformidad con las fracciones VI y XIII del artículo 7o. y fracciones IV, XII y XIV del artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, le corresponde a los gobiernos estatales y municipales, respectivamente, vigilar el cumplimiento de la citada Norma Oficial Mexicana, es decir, la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos.
Además, de acuerdo a las fracciones II, III, IV y XVIII del artículo 9o., fracciones III, IV, V y VII del artículo 10 y artículo 97 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, corresponde a los gobiernos estatales y municipales, vigilar el manejo de los residuos de manejo especial y regular la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y vigilar el cumplimiento de la citada NOM- 083-SEMARNAT -2003, correspondiente.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
Atentamente
Licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres (rúbrica)
Subprocurador
México, DF, a 13 de febrero de 2012.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-4-2265, signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SSP/ UAJ/ 069/ 2012, suscrito por el maestro Gilberto Higuera Bernal, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a un informe detallado sobre las acciones implantadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 8 de febrero de 2012.
Maestro Antonio Hernández Legaspi
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaría de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
En atención del volante número 0017, recibido en la Unidad de Asuntos Jurídicos el 20 de enero de 2012, mediante el cual la Coordinación de Asesores del titular de esta dependencia solicitó que se atendiera el requerimiento contenido en el oficio número SEL/ UEL/ 311/ 191/ 12, de fecha 19 de enero de 2012, signado en su nombre, por medio del cual hace del conocimiento que mediante el oficio número DGPL 61-II-4-2265, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, comunica el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 18 de enero de 2012, por el que se solicita a esta dependencia lo siguiente:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a los Titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos que rindan, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las acciones implantadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por el robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2066 a la fecha.
Por lo anterior, la Unidad de Asuntos Jurídicos solicitó la información requerida para el desahogo del punto de acuerdo planteado, mediante el oficio número SSP/ UAJ/ 032/ 12, dirigido al comisionado general de la Policía Federal de esta dependencia.
Derivado de dicha solicitud, el comisario jefe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos remitió a la Unidad de Asuntos Jurídicos la información solicitada mediante el oficio número PF/ DGAJ/ 0533/ 2012, de fecha 31 de enero de 2012 y recibido en esta unidad el 2 de febrero del año en curso, por medio del cual se da respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, documentación que se anexa para los trámites conducentes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Gilberto Higuera Bernal (rúbrica)
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
México, DF, a 31 de enero de 2012.
Maestro Gilberto Higuera Bernal
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Secretaría de Seguridad Pública
Presente
Hago referencia a su oficio número SSP/ UAJ/ 032/ 12, dirigido al comisionado general de la Policía Federal, a través del cual solicita que le remita la respuesta del diverso DGPL 61-II-4-2265, del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que comunica el punto de acuerdo de 18 de enero de 2012, cuyo punto único precisa lo siguiente:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos que rindan, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las acciones implantadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles de diciembre de 2006 a la fecha.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal; y 1, 9, fracciones IV y VI, y 44, fracción I, de su Reglamento, me permito informar usted que esta institución policial, para cumplir las atribuciones en materia de prevención y combate del delito de robo de hidrocarburos, ha implantado las siguientes acciones:
En materia de prevención:
a) Operaciones de prevención y disuasión en las vías de comunicación de la República Mexicana, mediante la instalación de puestos de control carretero para la inspección de autotanques, así como la investigación de sujetos y organizaciones criminales vinculadas con dicho ilícito.
b) El 10 de diciembre de 2007, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, se instruyó la creación de una unidad para fortalecer la seguridad de Pemex, jerarquizando prioridades de trabajo coordinadas entre la paraestatal, la SSP-PF, la PGR y la SFP.
En materia de combate del delito en cuestión, el 19 de septiembre de 2008 se acordó crear el grupo interinstitucional para el combate del robo, adulteración, transporte y comercialización ilícita de combustibles, integrado por los titulares de las siguientes dependencias: SSP-PF, Sedena, Semar, PGR-DGCAP, Segob-Cisen, SHCP-UIF y SAT, y Pemex, con las siguientes directrices:
1. Aportar información de las instituciones, y coordinar sus capacidades de inteligencia, análisis e investigación.
2. Integrar un diagnóstico técnico sobre las manifestaciones de este delito, y emitir las recomendaciones sobre las medidas tecnológicas, legales y normativas para su atención.
3. Presentar el diagnóstico al Consejo de Seguridad Nacional para su seguimiento.
4. Crear un grupo operativo de trabajo para combatir el delito.
Al dar cumplimiento a dichas acciones, se han generado los siguientes resultados:
Se aseguró en flagrancia a 116 personas.
Se cumplimentaron 41 órdenes de aprehensión.
Se cumplimentaron 20 órdenes de localización y presentación.
Se realizaron 69 operaciones interinstitucionales.
Se cumplieron 21 órdenes de cateo.
Se localizaron, desactivaron y encapsularon 40 tomas clandestinas.
Se aseguraron 2 millones 586 mil litros de petróleo crudo.
Se aseguraron 443 mil 850 litros de gasolina.
Se aseguraron 178 mil litros de gas LP.
Se aseguraron 23 mil 350 litros de gasóleo de alto vacío.
Se aseguraron 110 mil 90 litros de diesel.
Se aseguraron 45 mil 600 litros de turbosina.
Se aseguraron 400 mil litros de diesel adulterado.
La Policía Federal, por conducto de la División de Investigación, participa activamente en las operaciones interinstitucionales para prevenir y erradicar el robo de hidrocarburos a Pemex, mediante la implantación de inspecciones domiciliarias, investigaciones de campo y gabinete, así como el cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales.
Reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.
Respetuosamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Moisés Robles Cruz (rúbrica)
Director General de Asuntos Jurídicos
Del gobierno de Nuevo León, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que se mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Mipyme
Monterrey, Nuevo León, a 26 de enero de 2012.
Diputado Jesús María Rodríguez Hernández
Vicepresidente de la Comisión de Economía
Honorable Cámara de Diputados LXI Legislatura
Presente
En atención a su atento oficio número D.G.P.L. 31-II-8-1762, remitido al gobernador del estado de Nuevo León, licenciado Rodriga Medina de la Cruz, en razón de la sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 20 de septiembre del año 2011, y en el cual cita los puntos resolutorios del respectivo dictamen, por este conducto me permito comentar a usted, que los mismos serán tomados en cuenta en razón de los argumentos vertidos y además aprovechando este medio me permito comentarle los avances al respecto.
Acorde a los siguientes resolutivos expresados en el seno de esa comisión y a efecto de impulsar la competitividad, el gobierno del estado de Nuevo León, actualmente se encuentra realizando distintas acciones encaminadas a mejorar la competitividad, entre ellas, la agenda de mejora regulatoria para los municipios del área metropolitana de Nuevo León y el acuerdo por la calidad regulatoria en el estado de Nuevo León; ambos proyectos tienen como objetivo principal la simplificación administrativa-regulatoria, en los trámites y/o procesos que se realizan en el estado, así como en los distintos municipios del área metropolitana de Monterrey buscando a su vez la homologación de los mismos.
De igual manera y con el propósito de elevar el índice de competitividad, esta unidad a mi cargo se encuentra trabajando en un anteproyecto de Ley de Firma e Identificación Electrónica, con la cual se pretende la simplificación y automatización de los principales trámites y servicios que presta el gobierno del estado y municipios de Nuevo León, entre otros.
Sin más por el momento y poniéndome a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera, le reitero a usted, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Eugenio Montiel Amoroso (rúbrica)
Jefe de la Unidad de Mejora Regulatoria
del Estado de Nuevo León
(Se remite a la Comisión de Economía.)
Del Banco de México, por la que remite informe donde se analizan la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el periodo octubre-diciembre de 2011
Ciudad de México, Distrito Federal, a 15 de febrero de 2012.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de octubre a diciembre de 2011.
Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.
Atentamente
Doctor Agustín Carstens Carstens (rúbrica)
Del diputado Fernando Morales Martínez
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Guadalupe Acosta Naranjo
Presidente de la Mesa Directiva
De la Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento del H. Congreso de lo Unión, me permito solicitar a usted mi reincorporación a mis actividades legislativas como diputado federal por el distrito 8 del estado de Puebla de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de lo Unión a partir del día de hoy 14 de febrero de 2012.
Reciba las muestras de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Diputado Fernando Morales Martínez (rúbrica)
Del diputado Omar Fayad Meneses
Ciudad de México, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Guadalupe Acosta Naranjo
Presidente de la Mesa Directiva
De la Honorable Cámara de Diputados
Presente
Estimado señor presidente:
Junto con un afectuoso saludo, me permito hacer de su conocimiento que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito mi reincorporación al ejercicio del cargo de diputado federal a partir del próximo 16 de febrero del año en curso, lo anterior para los fines legales y administrativos pertinentes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica)
Del diputado Juan Carlos Lastiri Quirós
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Guadalupe Acosta Naranjo
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1; y 13, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia, por tiempo indefinido, para separarme del cargo que actualmente desempeño como diputado federal por el II distrito electoral del estado de Puebla, a partir del 14 de febrero de 2012.
Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes al presente.
Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar, agradezco de antemano su fina atención.
Atentamente
Diputado Juan Carlos Lastiri Quirós (rúbrica)
De la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a resolver la controversia con el sector piñero respecto a los apoyos del programa Trópico Húmedo
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Miguel Martín López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a unificar sus criterios de actuación basándose en las Reglas Generales de Operación y Lineamientos del Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur-Sureste de México Trópico Húmedo.
Segundo. Asimismo, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a detener de manera inmediata todo procedimiento de notificación de requerimiento en la devolución del recurso otorgado a los productores de piña, en tanto no se analice y resuelva la controversia presentada por el sector piñero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
De la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados solicita a diversas dependencias gubernamentales que investiguen presuntas conductas delictivas de servidores públicos en el manejo de recursos federales respecto a la adquisición de medicamentos por el Instituto de Seguridad Social de Guanajuato
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación que respectivamente y por separado, en el ejercicio de las facultades especiales que cada una de ellas tiene, como autoridades competentes para investigar el manejo de recursos federales en lo que concierne a la materia administrativa, y la supervisión del ejercicio auditado de la cuenta anual de los recursos patrimoniales de la federación que hayan sido asignados a programas de los gobiernos de los estados, se aboquen de inmediato a la investigación de los hechos denunciados por la prensa nacional con respecto a la adquisición de medicamentos por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
De la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cerrar las fronteras al ingreso de algodón extranjero hasta en tanto no se coloque el de origen nacional
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Héctor Fernández Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a cerrar las fronteras al ingreso del algodón extranjero hasta en tanto no se consuma el producto de origen nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
De la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados condena la represión de que fueron objeto los obreros de Motor Coach Industries, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, el 12 de enero de 2012
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a que se aplique todo el peso de la ley contra los autores materiales e intelectuales de la brutal represión de que fueron objeto los trabajadores de la empresa trasnacional Motor Coach Industries, y que ha dejado hasta la fecha como saldo la muerte de José Matilde Cotonieto Sánchez y Alejo Ortega Rosas, obreros de la factoría; así como cinco heridos, uno de ellos de gravedad.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobernador del estado de Hidalgo, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, intervengan de inmediato a fin de que les sean entregadas a los trabajadores y a los familiares de los obreros fallecidos, las liquidaciones que por derecho les corresponden.
Tercero. Se exhorta igualmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que a la brevedad les sean otorgadas a los familiares de los obreros fallecidos, las pensiones previstas en la ley de la materia; y a los obreros heridos, las prestaciones en dinero y en especie a que tienen derecho.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los Ejecutivos de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus competencias, impulsen una renovación de la política laboral basada en el humanismo, la legalidad y la tutela de los derechos humanos laborales, tanto individuales como colectivos de la clase trabajadora.
Quinto. Las diputadas y los diputados expresan a los familiares de los trabajadores asesinados sus más sentidas y profundas condolencias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
De la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados condena las agresiones de que ha sido víctima la defensora de los derechos humanos Norma Andrade y formula un llamado urgente al Ejecutivo federal para que dicte medidas cautelares que garanticen su seguridad e integridad física y la de su familia
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena de manera enérgica las agresiones de las que ha sido objeto la defensora de los derechos humanos Norma Andrade, y hace un urgente llamado al Ejecutivo federal para que dicte las medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de dicha activista y de su familia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
De la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta al Infonavit a poner fin a los desalojos contra trabajadores y decretar una prórroga indefinida en el cobro de créditos, especialmente en las zonas del país más afectadas por la crisis económica, la sequía y la violencia
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Rodolfo Lara Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Administración del Infonavit, para que de inmediato ponga fin a los desalojos y declare una prórroga indefinida sobre los créditos otorgados a los trabajadores que se encuentran en estado de insolvencia, especialmente respecto a los que habitan en las zonas del país más golpeadas por la crisis económica, la violencia y la sequía, a fin de que preserven su patrimonio familiar.
Segundo. Asimismo, se exhorta al director general del Instituto, para que inicien los procesos de investigación para el deslinde de responsabilidades respecto a los autores del desalojo llevado a cabo el 1º. de febrero de 2012 en el fraccionamiento Los Encinos de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
Tercero. Se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos y a la Secretaría de la Función Pública, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen los desalojos que está llevando a cabo el Infonavit.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
De la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados exhorta a los tres órdenes de gobierno a ejecutar medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de Cherán, Michoacán
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal para que en el marco del Pacto Federal diseñen programas o lleven a cabo operativos con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de Cherán, Michoacán, y los derechos constitucionales de libre tránsito y de residencia, así como salvaguardar las riquezas naturales de la región.
Segundo. Asimismo, se exhorta a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal para que instruyan a las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia correspondientes, para que en el marco de coordinación y colaboración entre órdenes de gobierno, formulen y ejecuten las medidas pertinentes que les permitan investigar, detener y enjuiciar a los responsables de diversos delitos amenazas, extorsión, secuestro o tala ilegal cometidos en perjuicio de los habitantes del municipio de Cherán Michoacán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2012.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano