De la Secretaría de Gobernación, cuatro con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del primer receso del tercer año

México, DF, a 7 de febrero de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-2088, signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 345-006, suscrito por el ciudadano Miguel Messmacher Linartas, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cual responde el punto de acuerdo relativo al informe sobre el estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 2 de febrero de 2012.

Maestro Antonio Hernández Legaspi

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

De la Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 18 de enero del año en curso, donde “se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a remitir un informe a esa soberanía del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan a nuestro país”.

Al respecto, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se anexa el informe estimaciones del desempeño de la economía mexicana durante 2012, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar cumplimiento al acuerdo antes citado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Miguel Messmacher Linartas (rúbrica)

Titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública

Estimaciones del Desempeño de la Economía Mexicana durante 2012

En respuesta al punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobado el 18 de enero de 2012, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a remitir un informe a esa soberanía del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan a nuestro país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta el siguiente

Informe

En septiembre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió al honorable Congreso de la Unión la propuesta de paquete económico para 2012, el cual incluyó los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2012 (CGPE2012). El documento CGPE2012 contiene proyecciones de los principales indicadores de la economía mexicana para 2012, así como los supuestos que las sustentan.

Derivado del análisis del paquete económico de 2012 y considerando la información adicional que se dio a conocer durante el periodo de análisis, discusión y aprobación del mismo, el Congreso de la Unión realizó modificaciones a algunos de los pronósticos de indicadores económicos de México para 2012. En particular, se redujo la estimación de crecimiento del PIB de 3.5 a 3.3 por ciento y se incrementó el tipo de cambio promedio del peso respecto al dólar de Estados Unidos de América de 12.2 a 12.8 pesos por dólar.

Cabe notar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha realizado una modificación a las proyecciones de los principales indicadores de la economía mexicana para 2012 publicados en los CGPE2012, si bien cuando fue consultada su opinión sobre las modificaciones propuestas en el Congreso de la Unión durante las sesiones de trabajo en las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, se manifestó que estas eran adecuadas dada la información adicional que se observó en el periodo entre la entrega de los CGPE2012 y la aprobación de la Ley de Ingresos para 2012.

Los pronósticos más recientes para la economía mexicana de los principales organismos internacionales así como las encuestas que recopilan las predicciones de los principales analistas del sector privado, los cuales son totalmente independientes del gobierno federal, fueron publicados entre la segunda semana de enero y la primera semana de febrero del presente año.

Específicamente, las últimas encuestas a los especialistas del sector privado recabadas por el Banco de México y Banamex se publicaron el 1 de febrero y el 19 de enero de 2012, respectivamente; la encuesta Blue Chip Economic Indicators, más reciente, es del 10 de enero de 2012; y el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó una actualización de sus proyecciones el 24 de enero pasado.

Cabe destacar que, dada su temporalidad, incorporan la información relativa al deterioro en las condiciones económicas en la zona del euro así como la estabilización en el dinamismo de la economía de Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2011, información que es adicional a la que se contaba al momento de la aprobación del paquete económico de 2012.

Las proyecciones actualizadas de los analistas especializados y el FMI son consistentes con las estimaciones incluidas en los CGPE2012 y las modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión. Las expectativas de crecimiento del PIB se ubican en un rango de 3.1 a 3.5 por ciento, el cual incluye las contempladas en el paquete económico de 2012. Cabe notar que las mismas se han estabilizado, después de revisiones a la baja durante el tercer trimestre y el inicio del cuarto trimestre, ambos de 2011.

Las proyecciones de crecimiento del PIB y la producción industrial de Estados Unidos se estabilizaron también al inicio del cuarto trimestre de 2011, y posteriormente se revisaron ligeramente al alza.

En el caso de la tasa de interés, los analistas esperan que ésta se sitúe alrededor de 4.5 por ciento al cierre del año, ligeramente por debajo del 4.8 por ciento proyectado en el paquete económico de 2012.

Lo anterior se debe a que ante un escenario de mayores riesgos a la baja para el crecimiento global, ahora se considera menos probable un aumento de la tasa de interés por parte del Banco de México.

Ello difiere de lo observado al momento de la aprobación y discusión del paquete económico de 2012 cuando tanto los analistas como la curva de tasas de interés observada en los mercados financieros eran consistentes con un aumento. Por el contrario, las cotizaciones actuales de los futuros de tasas de interés de cierre de año para México implican una ligera disminución de las mismas; por ejemplo, las cotizaciones del 31 de enero de 2012 indican que la tasa de los cetes a tres meses será de 4.52 por ciento al cierre de este año, mientras que el 15 de noviembre de 2011 se esperaba que al cierre de 2012 está fuera de 4.60 por ciento.

Las estimaciones más recientes de los analistas indican que el tipo de cambio gel peso respecto al dólar cerrará el año entre 13.0 y 13.1 pesos por dólar, cifras que implican un promedio superior al contemplado en el paquete económico de 2012. Lo anterior fue resultado de la depreciación del tipo de cambio en el periodo septiembre-noviembre de 2011. Sin embargo, es importante notar que a partir de entonces se ha dado un proceso de apreciación del mismo, llevando a que el tipo de cambio se ubicara en 13.03 pesos por dólar al cierre del 31 de enero de 2012. De continuar la tendencia reciente, el tipo de cambio se ubicaría en niveles consistentes con los empleados en la aprobación del paquete económico de 2012.

Es responsabilidad mencionar que en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece lo siguiente:

“El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión, a más tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos:

a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente;

b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit;

d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos.”

En el documento que se enviará en 2012 al Congreso de la Unión para cumplir con esa disposición, se incorporará la información adicional que se observe durante el resto del primer trimestre de 2012, llevando a cabo las actualizaciones adicionales que sean pertinentes a las estimaciones de los principales indicadores macroeconómicos para 2012.

México, DF, a 7 de febrero de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-4646, signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPN3/8C.17.5/ 0057 -12, suscrito por el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la realización de una inspección a fin de evaluar el cumplimiento de las normas ambientales correspondientes, durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 30 de enero 2012.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves

Subsecretario de Enlace Legislativo

De la Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/131/12, de fecha 12 de enero de 2012, por el que el maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo a su digno cargo, informó al licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que mediante oficio número DGPL 61-11-9­4646, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de La Unión, hizo del conocimiento de la Secretaría de Gobernación sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 11 de enero de 2012, que en su punto segundo a la letra dice: Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este conducto para acusar recibo del referido oficio, y hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente carece de competencia para verificar el cumplimiento de las normas ambientales correspondientes a la operación de sitios en donde se deposite basura, específicamente la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, toda vez que en la misma se indica que su vigilancia le corresponde a los gobiernos de los estados y municipios.

Asimismo, de conformidad con las fracciones VI y XIII del artículo 7o. y IV, XII y XIV del artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, le corresponde a los gobiernos estatales y municipales, respectivamente, vigilar el cumplimiento de la citada norma oficial mexicana, es decir, la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos.

Además, de acuerdo con las fracciones II, III, IV y XVIII del artículo 9o., III, IV, V y VII del artículo 10o. y con el artículo 97 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, corresponde a los gobiernos estatales y municipales, vigilar el manejo de los residuos de manejo especial y regular la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y vigilar el cumplimiento de la citada NOM-083-SEMARNAT­2003 correspondiente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres (rúbrica)

Subprocurador de Inspección Industrial

México, DF, a 8 de febrero de 2012

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-4685 signado por el diputado Gustavo González Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 0228/2012 suscrito por el licenciado Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos procedentes de dicho fondo, en los términos de ley, para la atención de la problemática y contingencia climática de la Sierra Tarahumara.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Maestro Antonio Hernández Legaspi

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Presente

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/20l/12 de fecha 20 de enero de 2012 dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, por medio del cual se comunica que mediante oficio DGPL 61-II-9-4685 el diputado Gustavo González Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace del conocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob), el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 18 de enero de 2012, y cuyo punto resolutivo segundo se reproduce a continuación:

“Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la división y colaboración de poderes, exhorte respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua para que solicite la liberación de recursos procedentes del Fondo de Desastres Naturales al Ejecutivo federal a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación de ser procedente, lleven a cabo la liberación de los mismos, en los términos de ley para la atención de la problemática y contingencia climática de la Sierra Tarahumara” .

Sobre el particular, y considerando que el asunto de mérito fuera remitido a esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el 24 de enero de 2012 para efectos de su atención correspondiente, se comunica que en el presente oficio nos pronunciaremos específicamente sobre el punto resolutivo antes transcrito, por ser el único que guarda una relación directa con la esfera de competencia de la Segob, y por ende, de esta unidad administrativa. Ello, solicitando atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo siguiente:

I. En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), son diversas las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Federal (centralizada y paraestatal), y cada una de ellas cuenca con atribuciones, presupuesto y programas propios e independientes para dar atención a los asuntos que les son encomendados. En esa lógica, cada dependencia o entidad puede ejecutar los programas que tengan a su cargo y manejar su respectivo presupuesto sin que para ello resulte necesario comunicar de su actuación a alguna otra dependencia y/o entidad en particular. Por su parte, cada entidad federativa cuenta con instituciones y legislación (específicas y propias), para atender las encomiendas de orden local que resultan de su competencia.

Atentos a lo anterior, y toda vez que las atribuciones conferidas a cada una de las instancias antes mencionadas pueden válidamente permitir que éstas converjan en brindar apoyo a un mismo asunto en particular, debe entenderse que no podría existir una única institución responsable de dar atención a las necesidades de la población que hubiere resultado afectada en su patrimonio, o bien para llevar a cabo las acciones tendientes para mitigar los daños ocasionados por la ocurrencia de un desastre natural, ya que cada una puede prestar el auxilio correspondiente, dentro de la esfera de su competencia y a través de los programas, apoyos y montos que sus propias atribuciones y respectiva normatividad les facultan.

Así también, serán dichas instancias quienes, atentas a la normatividad que rija los procesos de acceso a los apoyos que proporcionan, establezcan los medios, requisitos y formalidades que se deban satisfacer a efecto de ser beneficiarios de los mismos, así como de los montos a otorgarse.

II. En ese orden de ideas, y considerando que esta unidad administrativa carece de atribuciones para conocer, disponer y/o concentrar la información relativa a los recursos que, en su caso y en el ejercicio de sus atribuciones, pudieron haber erogado otras dependencias o entidades (ya sea federales o locales), para la atención del asunto a que se refiere el punto de acuerdo que nos ocupa, en el presente únicamente se centrará en las acciones que, una vez cubiertos los requisitos, formalidades y procedimientos previstos en la normatividad aplicable, han sido llevadas a cabo por la Segob, a través de la DGF y en la implementación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para atender la ocurrencia de diversos fenómenos naturales perturbadores en el estado de Chihuahua.

De igual manera, en el presente oficio informaremos respecto a la forma y términos en los que el apoyo correspondiente fue puesto a disposición del estado de Chihuahua, y sobre las instancias encargadas de su manejo, distribución y/o control, según corresponda. Sin demérito de ello, podemos válidamente adelantar que en el marco del Fonden, el apoyo respectivo en ningún caso se entrega directamente a las autoridades municipales, a los órganos políticos-administrativos, o a la población en general.

Tal aseveración obedece a que, según se observará, en la normatividad que rige a este programa federal, ya se encuentran claramente definidos los instrumentos a través de los cuales se atiende la ocurrencia de algún fenómeno natural perturbador, el tipo de apoyo que por virtud de cada instrumento se brinda, las instancias y/o procedimientos a través de los cuales el apoyo correspondiente es puesto a disposición de las entidades federativas afectadas, y las instancias encargadas de su distribución, manejo, control y/o seguimiento, según corresponda.

III. Ahora bien, con la finalidad de lograr un mejor entendimiento de la información que antecede, así como de aquella que suministramos líneas adelante, ofrecemos a usted las consideraciones siguientes, relativas a las características generales y alcances del Fonden, los instrumentos financieros que lo integran, y el procedimiento de acceso a los mismos, vistos a la luz de la normatividad vigente y aplicable a este programa federal al día de la fecha, a saber el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales. 1

(en lo sucesivo las Reglas Generales ):

Comenzaremos por mencionar que el Fonden, en términos de lo dispuesto en el artículo 1 de las Reglas Generales se define como un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Para el cumplimiento de su objeto, cuenta con los instrumentos financieros siguientes:

a) El Fondo Revolvente Fonden , que se utiliza cuando exista una Declaratoria de Emergencia y con ello que esta DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio (insumos) 2 , para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (según el numeral 3, fracción I de las Reglas Generales, y los artículos 1 y 3 del “Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden 3 , en lo sucesivo los Lineamientos ).

En el marco del Fondo Revolvente Fonden se generan Declaratorias de Emergencia , para efectos del acceso a los suministros de auxilio que se autorizan con cargo a este instrumento, mismas que están entendidas como el acto mediante el cual la Segob, reconoce que uno o varios municipios u órganos político-administrativos de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un fenómeno perturbador de origen natural, que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Dicha declaratoria podrá subsistir aún ante la presencia de una Declaratoria de Desastre Natural (artículo 7 de los Lineamientos).

Cabe señalar que, si bien es cierto en términos de los Lineamientos a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también lo es que esta unidad administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en particular, ya que según el artículo 15 del ordenamiento en cita, dichos insumos son adquiridos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) de la Segob, y entregados por esa unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, para que esta última proceda a su distribución.

b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3 fracciones II y III de las Reglas Generales), a través del cual se autorizan recursos destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, así como a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.

Por virtud de este instrumento en el marco de las Reglas Generales, la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) de la Segob, emite Declaratorias de Desastre Natural, entendidas como el documento mediante el cual la Segob declara formalmente en zona de desastre natural a determinados municipios, así como a los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que se pueda tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Cabe igualmente señalar que, atentos a lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la implementación del Fonden Reconstrucción la participación de la Segob, por conducto de la DGF, se limita a coordinar el procedimiento de acceso a los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las Reglas Generales, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio u órgano político-administrativo en particular, y tampoco actúa como instancia ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, resulta necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos:

Al respecto, diremos que para la autorización de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los Lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de Declaratoria de Emergencia, dirigida a la CGPC, de la Segob, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal respecto de los que se solicita la Declaratoria de Emergencia.

Por su parte, para la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las Reglas Generales establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada 4 para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, suscrita por el titular del Ejecutivo estatal correspondiente, dirigida a la CGPC de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, los municipios u órganos político-administrativos afectados que han sido corroborados por la instancia técnica facultada, incluyendo la descripción del fenómeno natural perturbador y la fecha de su ocurrencia; así como que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos del fenómeno.

Contando ya con el conocimiento que plantean las consideraciones anteriores, y aun cuando en el punto de acuerdo que se atiende no se establece algún periodo específico de tiempo sobre el cual pudiéramos enmarcar la información del apoyo proporcionado a través de Fonden al estado de Chihuahua, hemos estimado oportuno comunicar sobre los suministros de auxilio y los recursos autorizados con cargo al Fonden durante el ejercicio 2011 y lo que va del presente 2012, con motivo de la ocurrencia de diversos fenómenos naturales perturbadores en dicha entidad federativa, respecto de los cuales medió una declaratoria de emergencia o de desastre natural, según corresponda.

En ese orden de ideas, precisamos que los municipios que han sido declarados en emergencia o como zona de desastre a la fecha, no necesariamente pueden coincidir con aquellos que abarca la Sierra Madre Occidental, conocida también como Sierra Tarahumara (es decir los municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava del estado de Chihuahua). Ello, obedece principalmente a que, según se ha puntualizado, son las entidades federativas, en una primera instancia, las encargadas de incluir en sus correspondientes solicitudes de corroboración, los municipios u órganos político-administrativos que consideren que de manera particular sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate.

Asimismo, se comunica que la información que ponemos a disposición, se encuentra actualizada al martes 7 de febrero de 2012, y aún podría sufrir una constante actualización por virtud de la dinámica propia del programa Fonden.

Instrumento Fondo Revolvente Fonden 2011-2012

Estado de Chihuahua

Declaratoria de Emergencia por la ocurrencia de helada severa del 2 al 3 de febrero de 2011, en 11 municipios del estado de Chihuahua.

• Con oficio P.P 034/2011, de fecha 3 de febrero y recibido el 4 de febrero de 2011 por la CGPC, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jáquez, solicitó a la Segob a través de la CGPC la emisión de la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Aldama, Bocoyna, Casas Grandes, Chihuahua, Coyame, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Manuel Benavides, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Temósachi, por el fenómeno de Temperaturas Mínimas Extremas, a consecuencia del arribo el día primero de febrero del frente frío número 26 que se asoció con una masa de aire frío polar ártica, provocando nevadas ligeras en la zona fronteriza.

• Mediante oficio número CGPC/211/2011, de fecha 4 de febrero de 2011, la CGPC con el objeto de emitir la declaratoria de emergencia respectiva, solicitó la opinión a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto de su procedencia.

• A través del oficio número BOO.-152, de fecha 4 de febrero de 2011, la Conagua emitió su opinión técnica respecto de dicho evento, misma que en su parte conducente dispone lo siguiente: se corrobora el fenómeno de helada severa del 2 al 3 de febrero de 2011, en los municipios de Aldama, Casas Grandes, Chihuahua, Coyame de Sotol, Delicias, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Manuel Benavides, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Temósachi del estado de Chihuahua.

• Con fecha 4 de febrero de 2011, se emitió boletín de prensa 041/11, mediante el cual la CGPC declara en emergencia a los municipios citados en el punto que antecede, con lo que se activaron los recursos del Fondo Revolvente del Fonden para dar atención inmediata a la población damnificada. La declaratoria de emergencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de febrero de 2011.

• Por virtud de tal declaratoria de emergencia fueron autorizados los siguientes suministros de auxilio:

• Con el boletín de prensa 076/11, de fecha 8 de marzo de 2011 se cerró esta declaratoria de emergencia, motivo por el que se concluyó con la atención de este evento en el estado de Chihuahua.

Declaratoria de emergencia por la ocurrencia de helada severa del 1 al 3 de febrero de 2011, en 4 municipios del estado de Chihuahua

• Con oficio P. P 033/2011, de fecha 2 de febrero y recibido el día 3 de febrero de 2011 por CGPC, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua solicitó a la Segob través de la CGPC, la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Ascensión, Guadalupe D.B., Juárez y Praxedis G Guerrero, por el fenómeno de nevada derivada del frente frío número 26 que arribó al estado e interaccionó con una alta presión y una masa de aire frío muy densa lo que provocó nevadas ligeras acompañadas de vientos de 30 a 45 kilómetros por hora, y temperaturas que sobrepasan los 10 grados centígrados bajo cero, iniciándose esto el día 1 de febrero.

• Mediante oficio número CGPC/208/2011, de fecha 3 de febrero de 2011, la CGPC, con el objeto de emitir la declaratoria de emergencia respectiva, solicitó la opinión a la Conagua respecto de su procedencia.

• Con el oficio número BOO.-151, de fecha 4 de febrero de 2011, la Conagua emitió su opinión técnica respecto de dicho evento, misma que en su parte conducente dispone lo siguiente: se corrobora el fenómeno de helada severa del 1 al 3 de febrero de 2011, en los municipios de Ascensión, Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero del estado de Chihuahua.

• Con fecha 4 de febrero de 2011, se emitió boletín de prensa 042/11, mediante el cual la CGPC declara en emergencia a los municipios citados en el punto que antecede, con lo que se activaron los recursos del Fondo Revolvente del Fonden para dar atención inmediata a la población damnificada. La declaratoria de emergencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de febrero de 2011.

• Por virtud de tal declaratoria de emergencia fueron autorizados los siguientes suministros de auxilio:

• Mediante boletín de prensa 077 /11, de fecha 8 de marzo de 2011 se cerró esta declaratoria de emergencia, motivo por el que se concluyó con la atención de este evento en el estado de Chihuahua.

Declaratoria de emergencia por la ocurrencia de helada severa el 3 de febrero de 2011, en 8 municipios del estado de Chihuahua

• A través del oficio P.P 035/2011, de fecha 7 de febrero y recibido el 8 de febrero de 2011 por CGPC, la secretaria general de Gobierno del estado de Chihuahua, licenciada Graciela Ortiz González, solicitó a la Segob a través de la CGPC, la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Aquiles Serdán, Bachiniva, Cuauhtémoc, Madero, Matachi, Riva Palacio, Rosales y Satevó, por el fenómeno de heladas severas.

• Mediante oficio número CGPC/239/2011, de fecha 8 de febrero de 2011, la CGPC, con el objeto de emitir la declaratoria de emergencia respectiva, solicitó la opinión a la Conagua respecto de su procedencia.

• Con oficio número BOO.-253, de fecha 16 de febrero de 2011, la Conagua emitió su opinión técnica respecto de dicho evento, misma que en su parte conducente dispone lo siguiente: se corrobora el fenómeno de helada severa el 3 de febrero de 2011, en los municipios de Aquiles Serdán, Bachíniva, Cuauhtémoc, Madera, Matachí, Riva Palacio, Rosales y Satevó, del estado de Chihuahua.

• Con fecha 17 de febrero de 2011, se emitió boletín de prensa 055/11, mediante el cual la CGPC declara en emergencia a los municipios citados en el punto que antecede, con lo que se activaron los recursos del Fondo Revolvente del Fonden para dar atención inmediata a la población damnificada. La declaratoria de emergencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de febrero de 2011.

• Por virtud de tal declaratoria de emergencia fueron autorizados los siguientes suministros de auxilio:

• Mediante Boletín de Prensa 070/11, de fecha 4 de marzo de 2011 se cerró esta declaratoria de emergencia, motivo por el que se concluyó con la atención de este evento en el estado de Chihuahua.

Declaratoria de emergencia por la ocurrencia de nevada severa el 23 y 24 de diciembre de 2011, en 9 municipios del estado de Chihuahua

• Con el oficio número DE-159-2011, recibido con fecha 26 de diciembre de 2011 en la CGPC, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, solicitó a la Segob a través de la CGPC, la emisión de la declaratoria de emergencia para los municipios de Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Madera, Namiquipa y Nuevo Casas Grandes, por el fenómeno de nevada severa, y los municipios de Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bachíniva, Balleza, Belisario Domínguez, Bocoyna, Camargo, Carichí, Chihuahua, Coronado, Coyame del Sotol, La Cruz, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, El Tule, Gómez Farías, Guadalupe D.B. Guadalupe y Calvo, General Trías, Gran Morelos, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Jiménez, Julimes, Maguarachi, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Meoqui, Moris, Nonoava, Ocampo, Ojinaga, Práxedis G. Gro, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Temósachi, Uruachi y Valle de Zaragoza del estado de Chihuahua por el fenómeno de helada severa, con el propósito de poder acceder a los recursos del Fondo Revolvente Fonden.

• En atención al oficio DE-159-2011, y mediante oficio CGPC/2052/2011, de fecha 27 de diciembre de 2011, la CGPC solicitó a la Conagua su opinión técnica sobre la procedencia de emitir la declaratoria de emergencia para los municipios solicitados del estado de Chihuahua.

• Con oficio Boo.-22, de fecha 6 de enero de 2012, la Conagua emitió su opinión técnica en atención al oficio CGPC/2052/2011, disponiendo en su parte conducente que se corrobora el fenómeno de nevada severa el 23 y 24 de diciembre de 2011, en los municipios de Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Namiquipa y Nuevo Casas Grandes del estado de Chihuahua.

• Con fecha 7 de enero de 2012, se emitió boletín de prensa 010/12, mediante el cual la CGPC declara en emergencia a los municipios citados en el punto que antecede, con lo que se activaron los recursos del Fondo Revolvente del Fonden para dar atención inmediata a la población damnificada. La declaratoria de emergencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de enero de 2012.

Por virtud de tal declaratoria de emergencia fueron autorizados los siguientes suministros de auxilio:

• Al día de la fecha esta declaratoria de emergencia continúa abierta, motivo por el que aún no se concluye con la atención de este evento en el estado de Chihuahua.

Para el caso de que se desee conocer la forma en que los suministros de auxilio que hemos detallado han sido distribuidos en el estado de Chihuahua, se sugiere atentamente solicitar dicha información ante las instancias que hayan sido designadas por el gobierno de dicha entidad federativa para esos efectos, en razón de que, según se ha visto, en el marco de los Lineamientos, los insumos autorizados por la DGF serían adquiridos por la DGRMSG de la Segob, y entregados por dicha unidad administrativa a la entidad federativa de que se trate, a efecto de que esta última procediera a su posterior distribución.

Instrumento Fonden Reconstrucción

Estado de Chihuahua 2011-2012

Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de sequía severa del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2011, en 37 municipios del estado de Chihuahua.

• A través del oficio DE-154-2011, en cumplimiento al artículo 7 de las reglas generales, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, licenciado César Horacio Duarte Jáquez, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la corroboración del fenómeno natural perturbador descrito como sequía severa, en los municipios de Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachiniva, Balleza, Batopilas, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichi, Casas Grandes, Coronado, Coyame, La Cruz, Cuauhtémoc, Cusihiriachi, Chihuahua, Chinipas, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, Galeana, Santa Isabel, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, López, Maguarichi, Madera, Manuel Benavides, Matachi, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Barbará, Satevó, Saucillo, Temosáchic, El Tule, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza de dicha entidad federativa.

• Mediante oficio Boo-3255, de fecha 26 de diciembre de 2011 y en atención al oficio DE-154-2011, la Conagua emitió su opinión técnica al respecto, disponiendo en su parte conducente que se corrobora la ocurrencia de sequía severa del 1 de mayo de 2011 al 30 de noviembre de 2011, para los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachiniva, Balleza, Camargo, Chihuahua, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Jiménez, Juárez, Julimes , La Cruz, López, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Meoqui, Nonoava, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevó, Saucillo y Valle de Zaragoza del estado de Chihuahua.

• Que con fecha 28 de diciembre de 2011, y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno del estado de Chihuahua presentó la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva.

• Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecen las Reglas Generales, la CGPC emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 3 de enero de 2012 la “Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de sequía severa del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2011, en 37 municipios del estado de Chihuahua.

• Con fecha 24 de enero de 2012 se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del CED.

• Por virtud de esta declaratoria de desastre natural se han autorizado con cargo al Fonden Reconstrucción los siguientes recursos, para la atención del sector hidráulico estatal:

No se omite señalar que al diagnóstico definitivo de obras y acciones que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) (en su carácter de instancia Federal 5 encargada del sector hidráulico) presentó a la DGF, acompañó también el respectivo anexo al convenio marco de coordinación que suscribieron la Segob, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Chihuahua. En dicho anexo ya se han identificado expresamente las obras y acciones que serán atendidas por cada uno de los órdenes de gobierno.

Abundando en las ideas anteriores, diremos que las obras a cargo de cada uno de los órdenes de gobierno y el tiempo estimado de ejecución para atender el fenómeno natural perturbador de que se trate, son acordados en un anexo del convenio marco de coordinación que, de conformidad con el artículo 22 de las Reglas Generales, ya tuvieron a bien suscribir la Segob y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el gobierno de cada una de las entidades federativas con el fin de acordar los términos generales para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, que serán llevadas a cabo a través de las dependencias y entidades federales, por sí o a través de un tercero, hasta por 50 por ciento con cargo al Fonden según se ha mencionado, y la entidad federativa por el porcentaje restante.

No se omite señalar que el anexo a que se refiere el párrafo que antecede, será suscrito exclusivamente por las dependencias y entidades federales responsables de la ejecución de obras y acciones de reconstrucción y por la entidad federativa dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la sesión de entrega de resultados del CED, con la intervención que en su caso corresponda al testigo social que designe el gobierno federal.

Asimismo, consideramos importante mencionar que la ejecución de las obras y acciones de reconstrucción que le corresponda llevar a cabo a las dependencias y entidades federales para la atención del fenómeno natural perturbador que nos ocupa, no estarán sujetas a que los recursos federales se ejerzan de manera concurrente con recursos de los otros órdenes de gobierno.

Acciones de la Segob en torno al “Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequia que atraviesan diversas entidades federativas”

Adicionalmente a las acciones que actualmente lleva a cabo la Segob a través del Fonden Reconstrucción para atender la ocurrencia de sequía severa por la que atraviesa el estado de Chihuahua, diremos que en cumplimiento a las disposiciones del “Acuerdo por el que se instruyen acciones para mitigar los efectos de la sequía que atraviesan diversas entidades federativas” 6 emitido por el titular del Ejecutivo federal, la Segob ha remitido a diversas dependencias de la administración pública federal. 7

la lista de aquellas entidades federativas y sus respectivos municipios que al día de la fecha se encuentran declarados como zona de desastre por la ocurrencia de sequía en el marco del Fonden 8 y del “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos” a través de su Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena) que implementa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Lo anterior, con la finalidad de que dichas dependencias indiquen a la DGF si a través de los programas que implementan en materia de atención del fenómeno natural perturbador aludido, existen municipios que no estén incluidos en la lista mencionada, pero que invariablemente requieran de una declaratoria de desastre para que puedan ser atendidos. Ello, en aras de que los municipios que, en su caso se sirvan señalar, sean igualmente contemplados en las acciones que la Segob y la Sagarpa llevarán a cabo para dar debida observancia al mandato contenido en el acuerdo de mérito, y se atienda de forma inmediata la apremiante situación que se vive en diversas entidades federativas como consecuencia de las sequías.

Al día de la fecha nos encontrarnos a la espera de la respuesta que se sirvan emitir las dependencias a las que se efectuó tal petición.

Sin otro particular, y en espera de que la información suministrada en el ámbito de nuestras atribuciones resulte de utilidad, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

Notas

1. Publicado en el Diario Oficial de Federación el 3 de diciembre de 2010.

2. Productos consumibles (despensas alimenticias, agua para beber, medicamentos, materiales de curación, insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o en riesgo). Productos duraderos (artículos de abrigo y protección como colchonetas, cobertores, láminas, bolsas para cadáveres, costales, hule y/o plásticos para evitar que traspase el agua proveniente de lluvias o fenómenos naturales similares en las viviendas de los damnificados, herramientas, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, mochilas aspersoras para la atención de incendios forestales), servicios (arrendamiento de letrinas, arrendamiento de regaderas, fletes o transportes, combustible), según el Anexo I de los Lineamientos.

3. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

4. Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para el caso de los fenómenos geológicos.

5. Según el artículo 5, fracción IX de las Reglas Generales, dependencias federales son aquellas a las que se refiere el artículo 2, fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Para efectos de las Reglas Generales, las dependencias federales se considerarán normativas, cuando realizan funciones de validación y supervisión de la ejecución de obras y acciones conforme a sus atribuciones; asimismo, se considerarán ejecutoras en el caso de que realicen acciones de reconstrucción. Por su parte, las entidades federales son las entidades paraestatales a que se refiere el artículo 2, fracción XVI, de la propia LFPRH.

6. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2012 y en cuyo artículo tercero, fracción III, se establece que la Segob “... se coordinará con los titulares de las dependencias y entidades que corresponda, a efecto de que en términos de la Ley General de Protección Civil y las demás disposiciones aplicables, se emitan de manera prioritaria e inmediata las declaratorias de desastre natural relativas a las entidades federativas y municipios que hayan sido severamente afectados por la sequía y aún no cuenten con dichas declaratorias.

7. A saber, las Secretarías de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP); de Economía (SE); de la Reforma Agraria (SRA); de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Salud (Ssa); de Desarrollo Social (Sedesol), así como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

8. Incluidos los 37 municipios del estado de Chihuahua referidos con antelación en el presente oficio.

Atentamente

Licenciado Rubem Hofliguer Topete (rúbrica)

Director General

México, DF, a 8 de febrero de 2012

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-2136 signado por el diputado Gustavo González Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0298/12 suscrito por el licenciado Abel Jiménez Alcázar, encargado de la Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 31 de enero de 2012.

Maestro Antonio Hernández Legaspi

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Presente

En respuesta a su oficio SEL/UEL/311/114/12, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que, en el contexto del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.

Sobre el particular, me permito informarle que esta Institución a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas participa en diversas acciones institucionales con el fin de concretar importantes proyectos de políticas públicas que redunden en la prevención de delitos relacionados con desapariciones especialmente de mujeres y niñas, así como en la activación de mecanismos eficaces para la búsqueda de personas en caso de reportes de desaparición y extravío. En este tenor de ideas le comparto los siguientes esfuerzos institucionales que se llevan a cabo:

En cumplimiento de la sentencia González y otras contra México (Campo Algodonero) emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano desarrolla una serie de acciones con miras a su cumplimiento, de manera específica y en relación con el resolutivo 18 de la sentencia, se conformó un grupo de trabajo ad hoc integrado con personal de la Procuraduría General de la República (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Dirección General de Servicios Periciales y la Agencia Federal de Investigación) y de la Secretaría de Gobernación (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), con la participación además de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). con el propósito de recabar las experiencias que dichas áreas tienen en integración de la averiguación previa, determinación de investigación científica; seguimiento e investigación de los delitos materia del protocolo base.

El 15 de abril de 2011, el Inacipe entregó a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR la versión preliminar del Protocolo único de investigación de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género, el cual se puso a consideración de diversas instancias con la finalidad de recabar comentarios y observaciones con miras a su fortalecimiento.

El grupo de trabajo ad hoc continuó con las acciones de análisis, perfeccionamiento e inclusión de las aportaciones recibidas por parte de las Procuradurías y las Fiscalías de 26 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas), y las que fueron emitidas por las organizaciones civiles Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, las cuales fueron transmitidas por conducto de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los Feminicidios registrados en México de la Cámara de Diputados.

Así, el 25 de noviembre de 2011, en el marco de la XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se adoptó la aplicación del instrumento técnico titulado Lineamientos Generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género. El acuerdo tomado por las y los titulares de las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas del país es el siguiente:

CNPJ/XXVI/ll/2011. Investigación de ilícitos cometidos contra mujeres.

La Conferencia aprueba los Lineamientos Generales para la estandarización de las investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, violación de mujeres y homicidio de mujeres por razones de género, Con base en estos lineamientos, cada instancia de procuración de justicia formulará su protocolo, conforme a los recursos económicos, científicos, humanos, técnicos y jurídicos disponibles, y precisando las medidas especiales que adoptarán para lograr su aplicación y cumplimiento en su ámbito de competencia.

Asimismo, en el término de 6 meses a partir de la aprobación de 105 Lineamientos Generales, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en colaboración con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, coordinarán la instalación de una mesa técnica por cada especialidad (investigación ministerial, investigación policial e investigación pericial), con la participación de representantes de las procuradurías y fiscalías generales de justicia del país, para evaluar su aplicación y adecuaciones, en su caso, con miras a su fortalecimiento.

Estatus actual de cumplimiento del resolutivo 18.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento al acuerdo anterior tomado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República realiza actualmente las siguientes acciones:

• La Dirección General de Normatividad de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales analiza el mecanismo institucional o, en su caso, el instrumento jurídico mediante el cual se establezca la obligatoriedad de la aplicación de los lineamientos referidos al interior de la institución la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, realiza una análisis minucioso con miras al fortalecimiento y aplicación de los lineamientos generales para la estandarización de las investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, violación de mujeres y homicidio de mujeres por razones de género, incluyendo estándares internacionales establecidos en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Manual de las Naciones Unidas para la Prevención e Investigación Eficaces de las ejecuciones extralegales, sumarias, las ejecuciones arbitrarias de la ONU (Protocolo de Minnesota); los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptados por la Asamblea General en la resolución 55/89; estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, además de la inclusión de estándares señalados en jurisprudencia internacional determinada por Cortes Internacionales.

Resolutivo 19

Respecto a los avances sobre la adecuación del Protocolo Alba o, en su defecto, la implementación de un nuevo dispositivo análogo, de acuerdo a las directrices señaladas en la propia sentencia de la CIDH, es importante informar que la instancia responsable de la coordinación interinstitucional para el seguimiento de este resolutivo es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, por las atribuciones legales de la Fevimtra en materia de búsqueda y localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, esta Fiscalía ha tenido una participación activa en las sesiones de trabajo, el análisis de documentos, la emisión de propuestas, la aportación de enfoques, lineamientos y directrices internacionales en materia de derechos humanos y en la retroalimentación de los trabajos realizados por el grupo interinstitucional que coordina para este efecto la Conavim.

Actualmente los trabajos continúan con la finalidad de lograr el mecanismo de búsqueda que señala la CIDH en la sentencia, bajo los más altos estándares que produzcan en la práctica la activación inmediata y sin dilación alguna, de los mecanismos de búsqueda y localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, eliminando los obstáculos de jure y de facto para la obtención de resultados eficaces.

Resolutivo 21

Base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional.

De conformidad con las reuniones sostenidas entre el grupo de trabajo encargado de dar cumplimiento al resolutivo 21 y funcionarías de la Secretaría de Seguridad Pública federal, se estableció que para dar cumplimiento a la creación o actualización de una base de datos que contenga la información disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, se tome como referente el sistema que integra la Secretaría de Seguridad Publica Federal, denominado Registro Nacional de Personas Extraviadas (Renpe). el cual es parte del programa “Plataforma México”, y es operado a través de su Centro Virtual de Atención a Víctimas.

Este programa se encuentra en adecuación en términos de los lineamientos establecidos en la sentencia dictada por la CIDH; en él se publica la información que proporcionan las autoridades y la ciudadanía para la búsqueda y localización de personas extraviadas; está ubicado en la página de Internet: www.ssp.gob.mx, seleccionando la liga Personas Extraviadas y tiene cobertura mundial con disponibilidad los 365 días del año.

Asimismo, el Renpe forma parte del sistema de atención a víctimas y cuenta con el servicio telefónico gratuito a través de los números 088 01800 32 Ayuda (29832) y 01800 4403 690, opción 6 y por ese medio se permite la obtención de indicios para las autoridades competentes sobre la posible ubicación de la persona extraviada, por lo cual el expediente que se genere será dado de baja una vez que la persona sea localizada, sin que sea necesario el inicio de averiguación previa para el registro y publicación de la persona extraviada en el Renpe.

Como parte de las adecuaciones para el cabal cumplimiento de la sentencia, el RENPE cuenta con los filtros de búsqueda para niñas, adolescentes y mujeres no sólo aplicables para el municipio de Ciudad Juárez, sino para todos los municipios de la República Mexicana. Se tiene conocimiento que será incluido el campo para ingresar el “código de ADN” en las fichas de registro.

Por otro lado, en el marco de la XXV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) celebrada el ro de junio de 2011 en el Estado de Chiapas, se estableció un punto de acuerdo referente a la elaboración de un protocolo de intercambio de información, a fin de potenciar las acciones ministeriales en materia de denuncias de personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional.

Adicionalmente, en los trabajos del XI Encuentro Nacional de Presidentes/as de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores/as Generales de Justicia celebrado el 22 y 23 de septiembre de 2011 en el Estado de Veracruz, se firmó el Convenio de colaboración para la unificación, integración e intercambio de información en materia de personas no localizadas, entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia del país.

Este documento se conforma por un protocolo de intercambio de información, el cual tiene como principal objetivo, coadyuvar en la investigación y la actuación de las Procuradurías y Fiscalías con información consistente y confiable enriquecida por estas instancias, sobre los casos correspondientes a personas que se encuentran en calidad de no localizadas.

Base de datos genéticos.

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento respecto a la construcción de la base de datos genética, existe un acuerdo entre la Procuraduría General de la República y el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos de América, a fin de suministrar un software denominado Codis, para la instalación de una Base de Datos Nacional, conformada por información genética que mejore la investigación de diversos delitos en México.

El Codis es de acceso restringido, motivo por el cual en México únicamente será la Procuraduría General de la República la encargada de administrar tanto la base como los derechos de uso. No obstante el software y el protocolo Codis se compartirá con las distintas procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas para su implementación e intercambio de información, a fin de homologar criterios respecto a técnicas, reactivos e insumas utilizados. Sobre esta plataforma se pretende crear la Base Nacional de Datos Genéticos de personas fallecidas en un hecho delictivo. Asimismo, se contempla brindar capacitación al personal responsable en las entidades federativas que cuenten con laboratorios forenses que cumplan con los estándares exigidos por el FBI.

Con relación a la Carta de Entendimiento entre el FBI y la PGR para la utilización del Codis, suscrita el 25 de septiembre de 2009, y a fin de dar cumplimiento a los compromisos alcanzados en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República elaboró un proyecto de bases de coordinación y colaboración para alimentar la base de datos relativa al sistema indexado combinado de ADN en el territorio nacional e integrar información completa y exacta relacionada con investigaciones efectuadas en territorio mexicano, el cual se planea suscribir entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y Fiscalías Generales de justicia de las entidades federativas. Dicho documento tiene como objetivo establecer el mecanismo de coordinación y colaboración para alimentar la base de datos del Codis, con información relacionada con investigaciones efectuadas en territorio mexicano, que estén a cargo de las instituciones de procuración de justicia del país.

Además de lo anterior, es importante destacar que actualmente el Ejecutivo Federal, desarrolla proyectos interinstitucionales de alcance nacional e internacional como el Programa Alerta Amber, el cual constituye un mecanismo operativo de coordinación y respuesta inmediata para la búsqueda de personas menores de edad reportadas como desaparecidas; su objetivo es la implantación de dispositivos de oficio y sin dilación alguna para la protección de la vida, libertad e integridad, hasta dar con su paradero, eliminando los obstáculos de jure y de facto para el inicio y consecución de las investigaciones y procedimientos pertinentes; vincula la cooperación de autoridades de los tres ámbitos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e iniciativa privada.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

Licenciado Abel Jiménez Alcázar (rúbrica)

Encargado de la Dirección General de Políticas

Públicas y Coordinación Interinstitucional